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Res. 08643-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 28/08/2025

MEP contractual liability for indefinite suspension of awarded public works contractResponsabilidad contractual del MEP por suspensión indefinida de obra adjudicada

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The claim is partially upheld; the MEP is ordered to issue a formal statement regarding the suspended contract; the State and the School Board are jointly and severally ordered to pay lost profits, performance bond costs, and both legal costs; and records are referred to the MEP Internal Audit Office.Se acoge parcialmente la demanda, se ordena al MEP pronunciarse formalmente sobre la situación del contrato suspendido, se condena solidariamente al Estado y a la Junta Administrativa al pago de lucro cesante y gastos de garantía, más ambas costas, y se remiten piezas a la Auditoría Interna del MEP.

SummaryResumen

The Fifth Chamber of the Contentious-Administrative Tribunal partially upheld a claim brought by the consortium Consultoría y Construcción P y S S.A. and Multiservicios Machado S.A. against the State and the Administrative Board of the Enrique Menzel de Turrialba Night School. The Chamber ruled that although the public works contract was validly awarded and ratified, the Administration breached its contractual duties by keeping execution suspended for over five years without resolving the matter as required by the Public Procurement Regulations. The initial suspension was ordered by the Constitutional Chamber due to possible impacts on a water source; later, SENARA confirmed the existence of a spring and five water outflows, rendering the project unfeasible. Despite being informed of this in May 2016, the DIEE of the Ministry of Public Education (MEP) continued demanding that the consortium renew the performance bond under penalty of enforcement. The Chamber rejected extracontractual liability arguments and found the State and the School Board jointly and severally liable. It awarded lost profits (10% of the contract amount), costs related to the performance bond to be determined in the enforcement phase, and ordered payment of both legal costs. It also directed the MEP to issue a formal statement on the contract status and referred the matter to the Internal Audit Office to investigate administrative omissions.La Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió parcialmente con lugar una demanda presentada por el consorcio Consultoría y Construcción P y S S.A. y Multiservicios Machado S.A. contra el Estado y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba. El tribunal determinó que, si bien el contrato de obra pública fue válidamente adjudicado y refrendado, la Administración incurrió en responsabilidad contractual al mantener suspendida la ejecución por más de cinco años sin resolver la situación conforme al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. La paralización obedeció a que la Sala Constitucional ordenó suspender la construcción por la posible afectación de un recurso hídrico, y posteriormente SENARA confirmó la existencia de una naciente y cinco afloramientos de agua en el sitio, lo que hizo inviable la obra. No obstante, la DIEE del MEP continuó exigiendo al consorcio la renovación periódica de la garantía de cumplimiento bajo amenaza de ejecución, pese a tener certeza desde 2016 de que el proyecto no podría ejecutarse. El tribunal rechazó la tesis de responsabilidad extracontractual y la alegada por la Junta como tripartita, y condenó solidariamente al Estado y a la Junta al pago de lucro cesante (10% del monto adjudicado), los costos de las garantías a determinar en ejecución de sentencia, y ambas costas. Asimismo, ordenó al MEP pronunciarse formalmente sobre la situación del contrato y remitir testimonios a la Auditoría Interna para investigar las omisiones administrativas.

Key excerptExtracto clave

Thus, according to that evidence, the contractor complied on every occasion with that requirement which extended over several years. This situation is even more serious given that the DIEE of the MEP had known since May 25, 2016, of the existence of the spring, confirmed by SENARA, which led to the withdrawal of the environmental viability application before SETENA. At that point, the factual and legal certainty of the spring’s existence was irrefutable evidence that no works could be developed on the site. Despite that, the claimant companies were required to renew the performance bonds issued by INS on fourteen occasions, with the contract suspended indefinitely. Regarding the temporary suspension of the contract, the bidding terms in their general conditions state: ‘...The inspecting professionals may suspend the works, in whole or in part, for the period they deem necessary, for justified reasons or contractor breach…’ On the other hand, the Public Procurement Regulations on this matter state: ‘...Article 210.-Suspension of the contract. Once the contract becomes effective and during its execution, the Administration for reasons of public or institutional interest or unforeseen or unforeseeable circumstances at the time of processing, may suspend execution of the contract for a maximum of six months, extendable for an equal period… If the contract is not restarted within the stipulated period, the Administration must immediately initiate proceedings for its rescission…’ Under the cited provision, given the hierarchy of sources of Administrative Law set forth in canons 6, 7 and 8 of the LGAP, the Procurement Regulations prevail over the bidding terms. In accordance with this norm superior to the bidding terms, the temporary suspension period of the contract far exceeded the time allowed by the legal system to keep a contract suspended, especially considering that when the existence of the spring on the site was declared, nothing more could be done regarding the construction. For these reasons, in this case it is legally possible to impute liability to the Administration for this omission.De ese modo, conforme a esa prueba el contratista atendió en todas las ocasiones ese requerimiento que se prolongó por varios años. Esta situación se agrava más cuando la DIEE del MEP tuvo conocimiento desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, de la existencia de la naciente, que confirmó el SENARA, motivo por el cual retiró el trámite ante el SETENA para que le fuera otorgada la viabilidad ambiental. Para ese momento, la certeza fáctica y jurídica de la existencia de la naciente era un hecho irrefutable que apuntaba a que en el lugar no era posible desarrollar obras en el sitio. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades accionantes en catorce ocasiones debieron renovar las garantías de cumplimiento emitidas por el INS, con un contrato suspendido de manera indefinida. En lo concerniente a la suspensión temporal del contrato el cartel en sus condiciones generales indica: "...Los profesionales inspectores podrán suspender la obra, en todo o en parte, y por el período que consideren necesario, por razones justificadas o incumplimiento del contratista. Dicha suspensión se ordenará por escrito, indicando las razones de la decisión. Si fuere por un tiempo indefinido..." Por su parte el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en lo concerniente a este tema señala: "...Artículo 210.-Suspensión del contrato. Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante su ejecución, la Administración por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite, podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses como máximo, prorrogable por otro plazo igual... De no reiniciarse el contrato dentro del plazo estipulado, la Administración deberá iniciar de forma inmediata el procedimiento tendiente a su rescisión..." Conforme la disposición citada, que en la escala jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo, dispuesta en los cánones 6, 7 y 8 de la LGAP, el Reglamento de la Contratación está por encima del cartel. De acuerdo con esta norma superior al cartel, el plazo de suspensión temporal del contrato sobrepasó en exceso el tiempo permitido por el ordenamiento jurídico para mantener en suspenso un contrato, máxime si se tiene en cuenta que cuando fue declarada la existencia de la naciente en el sitio, ya nada se podía hacer en lo relativo al levantamiento de obras. Por lo expuesto, en el caso de marras es posible desde el punto de vista jurídico imputar responsabilidad a la Administración por esta conducta omisiva.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Conforme la disposición citada, que en la escala jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo, dispuesta en los cánones 6, 7 y 8 de la LGAP, el Reglamento de la Contratación está por encima del cartel. De acuerdo con esta norma superior al cartel, el plazo de suspensión temporal del contrato sobrepasó en exceso el tiempo permitido por el ordenamiento jurídico para mantener en suspenso un contrato, máxime si se tiene en cuenta que cuando fue declarada la existencia de la naciente en el sitio, ya nada se podía hacer en lo relativo al levantamiento de obras."

    "Under the cited provision, given the hierarchy of sources of Administrative Law set forth in canons 6, 7 and 8 of the LGAP, the Procurement Regulations prevail over the bidding terms. In accordance with this norm superior to the bidding terms, the temporary suspension period of the contract far exceeded the time allowed by the legal system to keep a contract suspended, especially considering that when the existence of the spring on the site was declared, nothing more could be done regarding the construction."

    Considerando V

  • "Conforme la disposición citada, que en la escala jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo, dispuesta en los cánones 6, 7 y 8 de la LGAP, el Reglamento de la Contratación está por encima del cartel. De acuerdo con esta norma superior al cartel, el plazo de suspensión temporal del contrato sobrepasó en exceso el tiempo permitido por el ordenamiento jurídico para mantener en suspenso un contrato, máxime si se tiene en cuenta que cuando fue declarada la existencia de la naciente en el sitio, ya nada se podía hacer en lo relativo al levantamiento de obras."

    Considerando V

  • "La responsabilidad solidaria es un concepto jurídico, que implica que varias personas o entidades comparten la misma obligación de cumplir con una deuda o responsabilidad, pudiendo ser requeridas por el total de la obligación sin importar su grado de participación."

    "Joint and several liability is a legal concept that implies several persons or entities share the same obligation to satisfy a debt or liability, and may be required for the entire obligation regardless of their degree of participation."

    Considerando V

  • "La responsabilidad solidaria es un concepto jurídico, que implica que varias personas o entidades comparten la misma obligación de cumplir con una deuda o responsabilidad, pudiendo ser requeridas por el total de la obligación sin importar su grado de participación."

    Considerando V

  • "El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido declarada se considerará que es un 10% del monto total cotizado."

    "Lost profits corresponding to the unexecuted portion may be recognized always within reasonableness and proportionality criteria, evaluating aspects such as the outstanding execution period, degree of contract execution progress, and complexity of the object. When the profit has not been declared, it shall be considered 10% of the total quoted amount."

    Considerando VI (citando Art. 216 RLCA)

  • "El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido declarada se considerará que es un 10% del monto total cotizado."

    Considerando VI (citando Art. 216 RLCA)

Full documentDocumento completo

**IN THE NAME OF THE PEOPLE AND BY AUTHORITY OF THE LAW** **RESOLUTION No. 2025008643** **CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, FIFTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA,** at ten hours and fifty-three minutes on the twenty-eighth of August, two thousand twenty-five.- A declaratory proceeding filed by Consultoría y Construcción P y S S.A., legal identification number 3-101-269155, and Multiservicios Machado S.A., identity card number 3-101-278668; represented by their unlimited general agents Randall Pérez Castillo, identity card 1-735-574, and Gilberto Machado Cortés, identity card number 3-213-569, whose lead attorney is Lic. Randall Solano Fallas, identity card number 3-328-953, Bar Association identification number 25,118, Against: the State, represented by Deputy Procuradora María del Rosario León Yanarella, of legal age, attorney, resident of Heredia, identity card number 1-851-444, and the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba), represented by Maritza Méndez Agüero, granting special judicial power of attorney to Lic. Guillermo Brenes Cambronero, identity card number 3-212-041, Bar Association identification number 8237.

**Whereas (Resultando)** 1.- That on December 22, 2017, the plaintiff companies filed a complaint in this jurisdictional venue, asserting the following claims: "...1- I request that the decision of non-execution of the work by the MEP be formally indicated to me in order to release my represented parties from present and future financial and administrative responsibilities regarding this project, such as the extension of the validity of the Performance Guarantee (Garantía de Cumplimiento). 2- That the originals of the Performance Guarantees and their Addenda, held by the DIEE of the MEP, be returned to us, so that we can eliminate their validity within the Line of Credit that the Consortium companies have with the INS. 3- That the State be ordered to pay both cost awards of this process. 4- That we be paid an indemnity of ¢356,684,898.00 (Three hundred fifty-six million six hundred eighty-four thousand eight hundred ninety-eight colones), relating to the following breakdown of expenses incurred at the request of the State and economic damages incurred due to the non-execution by the Ministry of Public Education of the Awarded Contract and due to the Administration's omission in closing this process in a timely manner, as well as its corresponding indexation on the respective amounts. QUANTIFICATION OF DAMAGES. DAMAGE CAUSED a) Preparation of the Bid, Clarifications, and Preparation for Start of Work. 300 hours of work were invested by an interdisciplinary group involving people hired specifically for this project or who are part of our administrative structure, such as an electromechanical engineer, civil engineer, and cost estimator, at an average hourly cost of ¢3,000 for a total of ¢900,000 (Nine hundred thousand colones). Cost of Financial Statement certifications: ¢400,000 (Four hundred thousand colones). Legal expenses costs: ¢107,500 (One hundred seven thousand five hundred colones). Stationery, copies, printing, plan copies, and binding: ¢100,000 (One hundred thousand colones). Total Bid Preparation: ¢1,407,500 (One million four hundred seven thousand five hundred colones) b) Fiscal Stamps: ¢1,997,419.48 (One million nine hundred ninety-seven thousand four hundred nineteen colones and 48/100). Payment date: June 6, 2012. Present value as of December 2017: ¢3,454,152 (Three million four hundred fifty-four thousand one hundred fifty-two colones). c) Performance Guarantee Costs 1- Guarantees from 06/18/12 to 03/18/13, payment date June 6, 2012: ¢826,480 (Eight hundred twenty-six thousand four hundred eighty colones). Present value as of December 2017: ¢1,429,237 (One million four hundred twenty-nine thousand two hundred thirty-seven colones) 2- Guarantees from 03/18/13 to 06/18/13, payment date March 6, 2013: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢391,251 (Three hundred ninety-one thousand two hundred fifty-seven colones). 3- Guarantees from 06/18/13 to 03/18/14, payment date June 10, 2013: ¢826,480 (Eight hundred twenty-six thousand four hundred eighty colones). Present value as of December 2017: ¢1,113,814 (One million one hundred thirteen thousand eight hundred seventy-four colones). 4- Guarantees from 03/18/14 to 06/18/14, payment date March 3, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢352,270 (Three hundred fifty-two thousand two hundred seventy colones). 5- Guarantees from 06/18/14 to 09/18/14, payment date June 3, 2014: ¢273,000 (Two hundred seventy-three thousand colones). Present value as of December 2017: ¢346,721 (Three hundred forty-six thousand seven hundred twenty-seven colones). 6- Guarantees from 09/18/14 to 12/18/14, payment date September 11, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢348,274 (Three hundred forty-eight thousand two hundred seventy-four colones). 7- Guarantees from 12/18/14 to 03/18/15, payment date November 26, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢331,310 (Three hundred thirty-seven thousand three hundred seventy colones). 8- Guarantees from 03/18/15 to 06/18/15, payment date March 13, 2015: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢336,079 (Three hundred thirty-six thousand seventy-nine colones). 9- Guarantees from 06/18/15 to 12/18/15, payment date June 3, 2015: ¢552,500 (Five hundred fifty-two thousand five hundred colones). Present value as of December 2017: ¢656,195 (Six hundred fifty-six thousand one hundred ninety-five colones). 10- Guarantees from 12/18/15 to 03/18/16, payment date November 23, 2015: ¢66,913 (Sixty-six thousand nine hundred thirteen colones). Present value as of December 2017: ¢77,706 (Seventy-seven thousand seven hundred six colones). 11-Guarantees from 03/18/16 to 09/18/16, payment date March 2, 2016: ¢126,276 (One hundred twenty-six thousand two hundred seventy-six colones). Present value as of December 2017: ¢139,488 (One hundred thirty-nine thousand four hundred eighty-eight colones). 12- Guarantees from 09/18/16 to 03/18/17, payment date September 2, 2016: ¢124,219 (One hundred twenty-four thousand two hundred nineteen colones). Present value as of December 2017: ¢132,048 (One hundred thirty-two thousand forty-eight colones). 13-Guarantees from 03/18/17 to 09/18/17, payment date March 13, 2017: ¢126,276 (One hundred twenty-six thousand two hundred seventy-six colones). Present value as of December 2017: ¢130,651 (One hundred thirty thousand six hundred fifty-one colones). 14-Guarantees from 09/18/17 to 03/18/18, payment date September 5, 2017: ¢124,219 (One hundred twenty-four thousand two hundred nineteen colones). Present value as of December 2017: ¢126,075 (One hundred twenty-six thousand seventy-five colones). Total Present Value as of December 2017 of Performance Guarantee Payments: ¢5,917,251 (Five million nine hundred seventeen thousand two hundred fifty-one colones). d) Line of Credit Cost: ¢186,176.40 (One hundred eighty-six thousand one hundred seventy-six colones and 40/100). Payment date August 9, 2012. Present value as of December 2017: ¢325,140 (Three hundred twenty-five thousand one hundred forty colones). e) Occupational Risk Insurance Policy Cost: ¢11,367,319.00 (Eleven million three hundred sixty-seven thousand three hundred nineteen colones). Payment date June 6, 2012. Present value as of December 2017: ¢19,657,588 (Nineteen million six hundred fifty-seven thousand five hundred eighty-eight colones) LOST PROFIT. a) Lost Profit (Lucro Cesante). Expected Profit according to the Consortium's bid breakdown: ¢45,527,188.44 (Forty-five million five hundred twenty-seven thousand one hundred eighty-eight colones and 44/100). This amount should have been received by the Consortium companies at the latest upon completion of the works. Since we can consider a reasonable period between the signing of the contract on June 8, 2012, and the start of works as 2 months, the start of works was expected on August 8, 2012. Since the execution period according to the bid was 160 calendar days, it was expected that the project would be completed on January 15, 2013. Taking this date as the maximum profit invoicing date, we have a Present value as of December 2017: ¢70,923,267 (Seventy million nine hundred twenty-three thousand two hundred sixty-seven colones). CONSEQUENTIAL DAMAGE a) Consequential Damage (Perjuicio). Our companies' activity was paralyzed by 60% for a period of 5 years (currently in effect). According to fact 16, it stopped receiving at least a conservative profit of ¢45,000,000.00 (Forty-five million colones) per year of damage. Since the non-execution of the project and its conservation as a work awarded to our companies have affected 5 years, this amount amounts to consequential damage of ¢225,000,000 (Two hundred twenty-five million colones). It would be similar to think that this same amount is the result of the expected profit for the project in question (See expected profit in the Consortium's Bid), multiplied by each year that I have been unable to take on similar projects or groups of projects within the public administration, since one works to obtain similar Public Works contracts per year, which is entirely feasible and reasonable within serious business management. That is, the reasoning of 5 years at ¢45,000,000 per year would be maintained, giving the same total of ¢225,000,000. On this aspect, our jurisprudence and doctrine have even indicated that expectation as future damage is also compensable, because the ¢45,000,000 of expected profit in this project were not an expectation, on the contrary, they were certain and demonstrable, based on the full, valid, and effective contract signed for this purpose. In this regard, I allow myself to mention Perrino, Pablo Esteban, an Argentine author, in his book Responsabilidad Contractual del Estado, who on the subject in question states: (The loss of chance (pérdida de la chance) is also compensable insofar as it constitutes certain and not conjectural damage. Compensation for this item requires proof of the frustration of obtaining an economic benefit that has sufficient probability of becoming certain. Not only current or present damages are compensable, but also future damage, to the extent that there is certainty about its existence). b) Moral Damages. Both parties of the Consortium have experienced moral damages, therefore ¢15,000,000.00 (Fifteen Million Colones) per Company is requested, for a total moral damage of ¢30,000,000 (Thirty million colones) (image 2 of the PDF file emanating from the virtual desktop, which reproduces the judicial file). In the preliminary hearing of October 30, 2018, they were set as follows: "...09:02 The plaintiff party indicates that it maintains the claims as they were initially raised. 09:03 The State representation indicates that it is clear on the claims. 09:04 The Judge establishes the claims as they were raised in the complaint..." (image 353 of the PDF file generated by the virtual desktop that reproduces the judicial file). In the preliminary hearing of October 25, 2019, they were set as follows: "...09:02 The Judge, after hearing the parties, indicates that there are no adjustments to be made to the claims, so they are held as they are reflected in the complaint..." (image 454 of the PDF file derived from the virtual desktop, which reproduces the judicial file). On August 1, 2022, when the oral and public trial was held, the plaintiff companies withdrew their claim numbered two (audiovisual support and trial minutes that are recorded in the virtual file).

2.- That on April 12, 2018, through the resolution issued at ten hours and seventeen minutes, the judge in the procedural phase accepted the complaint and granted the corresponding transfer for response (imagen 247 del archivo PDF producido por el escritorio virtual, que reproduce el expediente judicial).

3.- That on September 26, 2018, the State answered the complaint negatively and asserted the defenses of lack of passive standing to be sued (falta de legitimación ad causam pasiva) and lack of right (image 322 of the PDF file derived from the virtual desktop that reproduces the judicial file).

4.- That on October 30, 2018, the first preliminary hearing was held; the claims against the State were established as outlined in the first whereas clause of this judgment. Through resolution No. 1750-2018, the judge in the procedural phase rejected the defense of failure to join a necessary passive litisconsortium (falta de integración del litis consorcio pasivo). The hearing was suspended because an appeal was to be filed against the rejection of the failure to join a necessary passive litisconsortium (image 353 of the PDF file emanating from the virtual desktop that reproduces the judicial file).

5.- That on October 30, 2018, through the resolution issued at nine hours ten minutes, the Court of Appeals granted the appeal, revoking the resolution of the judge in the procedural phase No. 1750-2018, and therefore joined as a party the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (image 357 of the PDF file generated by the virtual desktop, which reproduces the judicial file).

6.- That on April 5, 2019, through the resolution issued at thirteen hours forty-six minutes, the judge in the preliminary phase granted a transfer for response to the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (image 401 of the PDF file produced by the virtual desktop that reproduces the judicial file).

7.- That on July 26, 2019, the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel answered the complaint negatively and asserted the defense of lack of right (image 426 of the PDF file derived from the virtual desktop that reproduces the judicial file).

8.- That on October 25, 2019, the second preliminary hearing was held. The claim was established in the terms indicated in the first whereas clause of this judgment (image 454 of the PDF file produced by the virtual desktop).

9.- That on September 21, 2020, the matter was assigned to the Fifth Section of the Tribunal (image 474 of the PDF file produced by the virtual desktop).

10.- That on September 21, 2020, the Fifth Section of the Tribunal scheduled Monday, August first, two thousand twenty-two, to hold the oral and public trial (image 475 of the PDF file produced by the virtual desktop).

11.- That on August 1, 2022, the evidentiary hearing was held in a semi-presential virtual format (image 515 of the PDF file generated by the virtual desktop).

12.- That on August 24, 2022, the Fifth Section of the Tribunal issued judgment No. 58-2022-V, at ten hours four minutes (images 530 to 574 of the digital judicial file).

13.- That on May 29, 2025, through resolution 000886-F-S1-2025, at nine hours thirty-six minutes, the First Chamber of the Supreme Court of Justice annulled judgment No. 58-2022-V, based on canon 150 of the CPCA, and remanded the matter so that the judges could rule on the allegations of the Administrative Board regarding the tripartite liability it alleges in the specific case. To this effect, in its Considering V, it indicated: "...After a meticulous study of the judgment, this Chamber observes that, in effect, the judges omit to resolve said defense allegation of the Administrative Board, since, when issuing their decision, they develop in Considering V of the judgment the type of liability pertinent to the case, which in their opinion is contractual and not extracontractual. They then analyze whether the contractual liability found was joint and several but only in relation to the State and the Board, without mentioning the reasons why they deemed the allegations of tripartite liability unfounded. Specifically, the judges stated: [...]” (the highlighting is not from the original).

14.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities have been observed that must be corrected or that cause defenselessness (indefensión).

Drafted by Judge Mena García, with the affirmative and unanimous vote of Judge Sánchez Navarro and Judge Giusti Soto; and, **Considering** I.- Proven facts (useful for resolving the case). 1) That without being able to specify the exact day, approximately in the month of September 2011, the Contracting Department (Departamento de Contrataciones, DC) of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, DIEE) of the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública, MEP) issued the set of conditions, divided into two parts: the first called "general conditions of the tender documents for the contracting of work and maintenance of educational infrastructure". The second part was titled: "technical specifications". These general conditions, regarding the objective of the tender, stipulated: "...The objective of this tender is for the execution of construction and maintenance works of educational infrastructure indicated in the particular conditions of the contracting, which meet the necessary specifications to carry out the institution's own educational activities there. The information provided in these documents must be verified by the bidder and the professionals acting as technical directors of the project at the place where the works will be carried out. This abbreviated direct contracting process (contratación directa) is promoted with own resources of the Education Board or Administrative Board of the contracting educational institution, which for all purposes of these tender documents will be referred to interchangeably as the Board (Junta). The Contracting Department of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (DIEE), which for all purposes of these tender documents is located next to the Old Building of the Embassy of the United States of America, Adolcri Building, first floor, Calle 1 y Avenidas 1 y 3, San José, Costa Rica. The entity that contracts and therefore evaluates and awards is the Board. The DIEE and the Contracting Department will act as legal and technical advisors to the Board, in accordance with the provisions of Article 137 of the Regulations to the Administrative Contracting Law. Any notification or clarification must be identified with the name of the contracting Board and the contracting in question..." (image 20 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). Regarding the performance guarantee, it states: "...The performance guarantee (garantía de cumplimiento), if it is cash, must be deposited in the name of the contracting Board, indicating the concept and depositor, in the account established in the respective invitation, and a copy of the deposit must be presented to the Contracting Department prior to the signing of the contract. It shall be for a minimum amount of 5% of the awarded value, with validity starting ten business days after receipt and final approval (firmeza) by the Board or the DIEE Contracting Department, and for a validity period equal to the offered delivery time, plus three months after the expected date for the final acceptance of the works and termination of the contract..." (image 29 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). Regarding the temporary suspension of the work, the tender documents indicate: "...The inspecting professionals may suspend the work, in whole or in part, and for the period they deem necessary, for justified reasons or non-compliance by the contractor. Such suspension shall be ordered in writing, indicating the reasons for the decision. If it is for an indefinite time, the contractor shall store all its materials so that they do not obstruct or unnecessarily impede public traffic, nor suffer any damage. It shall take due precaution to prevent damage or deterioration to the executed work, provide adequate drainage to the land, and build temporary structures where ordered. The contractor shall not suspend the work without prior, express, and written permission from the inspection. If the work is suspended due to non-compliance by the contractor, no extension of the work execution period will be recognized, nor will it be compensated for the expenses incurred. If it is suspended due to causes beyond the contractor's control, it shall be entitled to an extension of the execution period. In no case shall the increase in the period considered for the contractor be greater than the delay caused. Nothing contained in the contract shall exonerate the contractor from responsibility regarding the progress of the work, in a safe manner, during the normal execution of the work. Any extension of the contract period shall be made by the inspection in writing, indicating the extension time. Said extension shall be calculated using as a basis the schedule prepared by the contractor and approved by the inspection..." (image 36 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). The set of conditions regulated contractual resolution (resolución) and rescission (rescisión) in the same clause as follows: "...The Board may unilaterally resolve (resolver) the contract due to breaches attributable to the contractor and shall initiate the corresponding administrative procedures for the collection of damages and penalties. The Board may rescind (rescindir) the contract for reasons of public interest, fortuitous event, force majeure; for this, what is owed to the contractor will be determined based on what has been supplied and the unit prices offered, and the difference will be paid; if it turns out that the difference is in favor of the Board, the contractor shall return such difference, or the Board shall collect it from the performance guarantee..." (image 40 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). 2) That on February 4, 2012, the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, pursuant to Article 137 of the Administrative Contracting Law and resolution DM-790-02-2008, of the Minister of Public Education (MEP), requested from the Contracting Department (DC) of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (DIEE), authorization to carry out the abbreviated competitive direct contracting (contratación directa concursada) for the construction of new buildings and external works for the night school (image 10 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). 3) That on February 22, 2012, through official letter DIEE-DC-A-071-2012, the head of the Contracting Department of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (DIEE), in accordance with Article 137 of the Administrative Contracting Law and resolution DM-790-02-2008, of the Minister of Public Education, in response to the request made by the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba, authorized it to carry out the abbreviated competitive direct contracting for the construction of new buildings and external works for the night school (image 3 of the PDF file called Tomo I (440-001), which is recorded on a compact disc of evidence). 4) That on April 10, 2012, the plaintiff companies submitted a joint bid as a consortium to participate in the abbreviated direct contracting to carry out the construction works for new buildings and exteriors of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (image 69 of the PDF file called Tomo II (822-441), which is recorded on a compact disc of evidence). 5) That on May 4, 2012, through official letter DIEE-DC-AL-188-2012, signed by the legal advisor of the DIEE, addressed to the Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, it recommended awarding the abbreviated competitive direct contracting to the consortium formed by the two plaintiff companies (image 275 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 6) That on May 17, 2012, in an extraordinary session of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba, it was agreed to award to the plaintiff companies that formed the consortium for the abbreviated direct contracting of the case under study in the following terms: "...I. Award the referenced abbreviated direct contracting to the Consortium Consultoría y Construcción P y S S.A. - Multiservicios Machado S.A., which meets the legal, technical, and financial requirements of this abbreviated direct contracting process, said contracting having as its object the construction of new buildings and external works for an amount of ₡849,840,850.88 (eight hundred forty-nine million eight hundred forty thousand eight hundred fifty colones with eighty cents). II. Upon prior fulfillment of the legal requirements and specific conditions established in the set of conditions, and if this award act remains final and binding (en firme), the Contracting Department is authorized to declare final approval (firmeza) and to carry out the internal approval procedures for the contract and possible addenda, the President of the Board to sign the respective contract and possible addenda, and the Execution and Control Department to carry out the control of works ..." .(image 266 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 7) That on June 4, 2012, through official letter DIEE-DC-AL-248-2012, it notified the plaintiff entities of the deposit of the performance guarantee in favor of the Administrative Board of the Colegio Enrique Melzer of Turrialba for an amount of ₡42,492,042.54 (forty-two million four hundred ninety-two thousand forty-two colones with fifty-four cents) (image 243 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 8) That on June 8, 2012, the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba signed the contract for the construction of infrastructure with the plaintiff companies that formed the consortium to carry out the work (image 245 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 9) That on June 12, 2012, the Administrative Contracting Division of the Comptroller General of the Republic rejected outright the appeal filed by Mr. Constancio Umaña Arroyo against the award act of the abbreviated competitive direct contracting promoted by the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (image 213 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 10) That on June 18, 2012, the National Insurance Institute (INS) established two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel on behalf of the plaintiff companies that formed the consortium in the abbreviated competitive direct contracting, with validity from June 18, 2012, until March 18, 2013, the first for the sum of ₡5,000,000 (five million colones) and the other for ₡37,500,000 (thirty-seven million five hundred thousand colones) (image 194 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 11) That on July 5, 2012, the Internal Approvals and Accreditation of Suitability Unit granted internal approval to the contract signed between the plaintiff companies and the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba (image 186 of the PDF file called Tomo IV (1695-1251) which is recorded on a compact disc of evidence). 12) That on September 27, 2012, the Constitutional Chamber communicated to the Minister of Public Education the operative part (Por Tanto) of vote number 2012-13389, issued in an amparo appeal under file 12-009051-0007-CI. The operative part indicates the following: "...The appeal is granted, only with respect to the Ministry of Public Education. Consequently, Leonardo Garnier Rímolo, in his capacity as Minister of Education, or whoever holds the position in his stead, is ordered to suspend the construction of the new Colegio Nocturno Enrique Menzel of Turrialba, until such time as the necessary hydrogeological studies are available that make it possible to rule out any threat to the water resource and the supply of the precious liquid to the rest of the inhabitants of the aquifer's zone of influence. The respondent is warned that failure to comply with said order will result in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.

The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Let this decision be personally served upon Leonardo Garnier Rímolo, in his capacity as Minister of Education, or upon whomever holds the office in his place. Judge Jinesta Lobo dissents and declares the appeal without merit. Let it be communicated..." (image 182 of the PDF file named Volume IV (1695-1251) contained in the evidence compact disc). 13) That on October 8, 2012, by means of official letter DIEE-DEC-2093-2012, the Department of Execution and Control of the Ministry of Public Education notified the plaintiff corporations of the ruling of the Constitutional Chamber in the following terms: "...You are hereby informed that, in accordance with vote number 2012-13389 of the Constitutional Chamber, said judicial body has ordered the Ministry of Public Education to suspend the construction of the new Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel in Turrialba, Cartago. On the basis of the foregoing, this department will await the subsequent official communication regarding the lifting of said suspension, in order to process the order for the Start of works..." (image 182 of the PDF file named Volume IV (1695-1251) contained in the evidence compact disc). 14) That on February 11, 2013, by means of official letter DIEE-DC-044-2013 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee (garantía de cumplimiento), under penalty of preventive enforcement (ejecución preventiva) (image 175 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 15) That on March 6, 2013, INS, by means of addendum 1, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2013, to June 18, 2013 (images 172 and 173 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 16) That on March 7, 2013, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until June 18, 2013 (image 171 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 17) That on May 8, 2013, by means of official letter DIEE-DC-266-2013 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 167 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 18) That on June 10, 2013, INS, by means of addendum 2, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from June 18, 2013, to March 18, 2014 (images 164 and 165 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 19) That on June 10, 2013, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until March 18, 2014 (image 163 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 20) That on February 11, 2014, by means of official letter DIEE-DC-041-2014 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 150 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 21) That on March 3, 2014, INS, by means of addendum 3, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2014, to June 18, 2014 (images 146 and 147 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 22) That on March 3, 2014, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until June 18, 2014 (image 145 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 23) That on May 13, 2014, by means of official letter DIEE-DC-0137-2014 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 141 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 24) That on June 3, 2014, INS, by means of addendum 4, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from June 18, 2014, to September 18, 2014 (images 138 and 139 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 25) That on June 4, 2014, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until September 18, 2014 (image 137 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 26) That on August 11, 2014, by means of official letter DIEE-DC-AF-243-2014 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 134 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 27) That on September 11, 2014, INS, by means of addendum 5, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from September 18, 2014, to December 18, 2014 (images 131 and 132 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 28) That on September 12, 2014, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until December 18, 2014 (image 130 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 29) That on November 11, 2014, by means of official letter DIEE-DC-AF-0342-2014 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 127 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 30) That on November 26, 2014, INS, by means of addendum 6, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from December 18, 2014, to March 18, 2015 (images 124 and 125 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 31) That on November 27, 2014, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until March 18, 2015 (image 123 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 32) That on February 10, 2015, by means of official letter DIEE-DC-AF-038-2015 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 121 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 33) That on March 13, 2015, INS, by means of addendum 7, issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2015, to June 18, 2015 (images 118 and 119 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 34) That on March 13, 2015, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until June 18, 2015 (image 117 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 35) That on May 11, 2015, by means of official letter DIEE-DC-AF-0168-2015 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 114 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 36) That on June 3, 2015, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from June 18, 2015, to December 18, 2015 (images 111 and 112 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 37) That on June 3, 2015, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until December 18, 2015 (image 110 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 38) That on November 9, 2015, by means of official letter DIEE-DC-AF-0452-2015 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 106 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 39) That on November 23, 2015, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from December 18, 2015, to March 18, 2016 (images 103 and 104 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 40) That on November 24, 2015, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until March 18, 2016 (image 102 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 41) That on February 16, 2016, by means of official letter DIEE-DC-AF-077-2016 from the Financial Area of the MEP's Department of Procurement, it requested the consortium formed by the plaintiff corporations to renew the performance guarantee, under penalty of preventive enforcement (image 98 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 42) That on March 2, 2016, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2016, to September 18, 2016 (images 95 and 96 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 43) That on March 3, 2016, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until September 18, 2016 (image 94 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 44) That on July 6, 2016, by means of official letter DIEE-491-2016, signed by Yoryana Zúñiga Centeno, Rigoberto Villalobos González, and Adriana Brenes Porras, all from the Department of Educational Infrastructure Development, addressed to the defendant Board of Education, the principal of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, and the academic technology advisor, they stated the following: "...In reference to the follow-up on the infrastructure project required for the Colegio Nocturno Enrique Menzel, code 4859 located in the province of Cartago, canton Turrialba, district Turrialba, I inform you that on May 25, 2016, we received official letters N° GG-530-16 from MSc. Carlos Zúñiga Naranjo, Acting General Manager, and official letter N° UGH-106-2016 from Ms. Clara Agudelo Arango, Hydrogeologist (Hidrogeóloga) of the Water Management Unit, and Eng. Carlos Romero Fernández, Head of the Water Research and Management Directorate, forwarding the Inspection Report Turrialba Naciente-Colegio Enrique Menzel by geologists Rafael Matamoros Arguedas, Daniela Herra Herrera Hydrogeologist, and Clara Agudelo Arango, all SENARA officials, and in which they indicate the verification of Spring NAC-2534 and 5 water outcrops (afloramientos de agua) that were also classified as springs (page 8 of the report under official letter number UGH-106-16). Therefore, the Environmental Viability application being processed by the Administrative Board before SETENA must be archived, and it is proposed that the Administrative Board request the closure or archiving of SETENA file D1-12601-14, since based on what is stated in official letter N° UGH-106-2016, it is not feasible to continue with the procedure before said entity. The Department of Development and Infrastructure, and therefore the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, has tried to find a solution to provide dignified educational infrastructure for the Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel; however, technically, the path for implementing the project proposed on the land belonging to cadastral plan C-1226809-2008 is considered exhausted..." (image 86 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 45) That on August 11, 2016, by means of official letter DIEE-558-2016, addressed to the Director of the DIEE, the architect from the Educational Infrastructure department, states the following: "...By means of this letter, in reference to official letter DIEE-DEC-1287-2016, I would like to clarify: 1- The procedure for registering plans before the CFIA was carried out on May 6, 2015, and the last institutional review was obtained on July 17, 2015 (the aforementioned according to official letter DIEE 3878-13, Eng. Carlos Villalobos indicated that he would assume responsibility for the civil design of the Project in question). 2- Regarding the Environmental Viability, the Development Department, in coordination with the Administrative Board, has processed numerous procedures due to the amparo appeals filed against land C-1226809-2008 concerning possible springs, and it was not until May 25, 2016, that official letters N° GG-530-16 from MSc. Carlos Zúñiga Naranjo, Acting General Manager, and official letter N° UGH-106-2016 from Ms. Clara Agudelo Arango, Hydrogeologist of the Water Management Unit, and Eng. Carlos Romero Fernández, Head of the Water Research and Management Directorate, were received, forwarding the Inspection Report Turrialba, Naciente-Colegio Enrique Menzel by geologists Rafael Matamoros Arguedas, Daniela Herra Herrera Hydrogeologist, and Clara Agudelo Arango, all SENARA officials, and in which they indicate the verification of Spring NAC-2534 and 5 water outcrops that were also classified as springs. Therefore, the current Environmental Viability application being processed by the Administrative Board before SETENA must be withdrawn, and the Department of Infrastructure Development proposed that the Administrative Board request the closure of SETENA file D1-12601-14 (Official Letter DIEE-DDIE-491-16)..." (image 85 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 46) That on September 2, 2016, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from September 18, 2016, to March 18, 2017 (images 83 and 84 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 47) That on September 5, 2016, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until March 18, 2017 (image 82 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 48) That on March 13, 2017, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2017, to September 18, 2017 (images 73 and 74 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 49) That on March 14, 2017, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until September 18, 2017 (image 72 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 50) That on September 5, 2017, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from September 18, 2017, to March 18, 2018 (images 57 and 58 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 51) That on September 5, 2017, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until March 18, 2018 (image 56 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 52) That on March 2, 2018, INS issued two performance guarantees in favor of the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, for the sums of ₡37,500,000 and ₡5,000,000, with an expiration date from March 18, 2018, to September 18, 2018 (images 25 and 26 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 53) That on March 9, 2018, in the regular session held by the defendant Administrative Board, in article four, agreement six, it was decided to send an official letter to the director of the DIEE, whereby, relying on article 206 of the Regulations of the Law on Administrative Procurement, he was requested to terminate the contracting process with the plaintiff companies (image 4 of the PDF file Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 54) That on March 12, 2018, the MEP's Department of Procurement acknowledged receipt of the INS guarantees with a validity until September 18, 2018 (image 24 of the PDF file named Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 55) That on March 14, 2018, the principal of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, by means of official letter CND1-008-2018, addressed to the head of the DIEE department, informed him that the president of the defendant Administrative Board spoke with one of the representatives of the plaintiff corporations, who stated that they would file a lawsuit in the contentious-administrative jurisdiction. For this reason, he requested that the contract be terminated (image 22 of the PDF file Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc). 56) That on March 21, 2018, by means of official letter DIEE-773-2018, the Director of the DIEE forwarded to the head of the administrative procurement directorate the official letter from the principal of the Colegio Nocturno Enrique Menzel, CND1-008-2018, whereby he requested the contractual resolution, by virtue of what was indicated by SETENA (image 16 of the PDF file Volume IV 1695-1251, contained in the evidence compact disc).

II.- Facts not proven (useful for the matter). 1) That the existence of the surface spring (yurro) or wetland (humedal) at the construction site of the Colegio Nocturno was well known to the Administration and the professionals responsible for designing the plans (could not be accredited). 2) That the bidding terms expressly included the dredging and filling of a wetland or surface spring (no evidence exists).

III.- Arguments of the parties. The plaintiff corporations: In general terms, they accuse the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, hereinafter DIEE) and the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública, hereinafter MEP) of never issuing the start order for the works contract for the construction of the night school for which they were awarded, as a consequence of not assessing the project's risks, given that the Constitutional Chamber suspended the project due to the existence of alleged water springs or surface springs (yurros). Notwithstanding the foregoing, they reproach that the suspension of the contract has been maintained for more than six years without issuing the start order, yet they have been required to renew guarantees. They consider that this situation causes them not only damages to the corporations but also subjective moral damages to their owners. They criticize the Administration's silence regarding the continuity or not of the project, since the closure of the process has not been formally communicated; however, they affirm that there are internal communications regarding this issue. They assert that the consortium appears in the SIAC as the contract awardees, without having the financial capacity to take on other similar business. They denounce the paralysis of their companies regarding participation in public works bids. They point out that they are directly "sanctioned" with disqualification from contracting with the State. As an example, they indicate that in the year two thousand seventeen, they received less income. For its part, in summary, the State states that there is a lack of passive legal standing (legitimación ad causam pasiva). As it explains, the educational center in question needed to be relocated, which is why a property was purchased, and all relevant steps were taken before the municipality, the Ministry of Environment and Energy, the National Institute of Housing and Urbanism, and other institutions involved in formulating the project. It notes that when the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (hereinafter "the Board") became aware of the suspension ordered by the Constitutional Chamber, it carried out a hydrogeological study. It mentions that the Constitutional Court, in another vote arising from another amparo appeal, held that there was no spring or water outflow in the vicinity of the property or within it, but a zone of block concentration was detected in the southern part and the presence of a moisture concentration zone, so the pertinent recommendation was issued to avoid infrastructure problems, thus the MEP was authorized to continue with the construction process. Notwithstanding the foregoing, studies were conducted before SETENA; however, several complaints were filed with this entity, so investigations continued. As it recounts, due to these inquiries, SENARA determined the existence of five water outcrops that were classified as springs, hence the area's designation as a protection zone. For this reason, the application before SETENA was withdrawn, and the environmental viability file was closed due to the impossibility of construction in a protection zone for water springs. It also mentions that when the land was acquired, it was not known that they were springs, and for this reason, the bidding terms included water treatment for construction purposes. It maintains that the existence of the waters was supervening to the purchase of the land, and for this reason, there is no illegal action by the DIEE. It considers that the exemptions from liability under Article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP) apply. Finally, the Administrative Board of the Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba indicates that there is no reason to attribute liability for the suspension of the work. It considers that there is no causal link by virtue of the absolute nullity of the bidding terms from their publication, since the requirement to divert waters contravenes the provision of the Forest Law (Ley Forestal), which is of public interest, as is the protection of the environment.

IV.- Purpose of the proceeding. Without prejudice to the fact that, at the oral and public hearing, the plaintiff corporations withdrew one of their claims relating to the return of the performance guarantees, we are faced with a proceeding whereby the plaintiff party requires the MEP to rule on the situation of the contractual relationship. Likewise, it seeks damages and losses (civil treasury proceeding).

V.- On the specific case. Criterion for attribution of contractual liability. Before proceeding to resolve this case, which in essence is a civil treasury proceeding (damages and losses), with a claim for the MEP to rule on the situation of the contract that it has kept in suspense, it is necessary to elucidate the type of liability in which the case is framed. This is because, in the Tribunal's judgment, it is not clear whether it involves contractual or extracontractual liability, given the parties' statements at various stages of the proceeding. In this regard, as a legal basis, the plaintiffs in their complaint made reference to Articles 11, 45, and 41 of the Political Constitution; however, in their conclusions, they mentioned the liability scheme of Articles 190 and following of the General Law of Public Administration, which regulate the strict extracontractual liability of the State. The same extracontractual regulatory approach was used by the State in its answer to the complaint and in its conclusions. It must be kept in mind, regarding the claim of the complaint, that the damages claimed in this case originate from the administrative procurement between the plaintiff companies, the MEP's DIEE, and the Administrative Board of the defendant Colegio Nocturno. Thus, the damages claimed are the costs incurred for preparing the bid, those for the performance guarantees, those for the line of credit, the workers' compensation insurance policy, the lost profits (lucro cesante), the consequential damage, and the moral damages, all derived from the aforementioned procurement. To this effect, it must be kept in mind that within the evolution of civil liability, also known in the most recent doctrine as "tort law," several subdivisions have occurred. Thus, one of those major divisions splits it into contractual and extracontractual liability, such that in the former, the duty to repair arises as a consequence of the breach of an obligation whose source is a pre-existing legal relationship, while in the latter, there is no prior obligatory relationship between the creditor and the debtor, so it is the damage inflicted that will produce the bond, which is the reason it is called Aquilian liability and is based on the aphorism neminem laedere, or the duty not to cause harm to another, which, when violated, produces the obligation to repair, even if no contractual bond exists. As things are thus framed, there is no doubt that we are not facing extracontractual liability but one of a contractual nature. Therefore, it must be determined whether the Administration concerned breached any of its contractual obligations arising from the Law on Administrative Procurement, its regulations, the bidding terms, or the contract itself signed with the contractor consortium. The theory of the case set forth by the plaintiff party directly imputes to the Administration and the professionals responsible for designing the plans knowledge of the existence of a surface spring or wetland on the land where the works were to be carried out at the School. So much so that, according to their account, the complementary works included tasks to treat those waters. Thus, from their perspective, the efficient cause of the claimed damages corresponds to an omission aimed at concealing the existence of said waters. For its part, the State refutes these statements by indicating that when the land was purchased, it was unknown that the flowing waters were springs. It adds that it was not until the contract was awarded that complaints were filed, and it was the Constitutional Chamber that ordered the contract suspended. It affirms that complaints were also filed before SETENA, leading to the corresponding investigations, and SENARA determined the existence of five water outcrops. For this reason, the environmental viability application was withdrawn before SETENA. Finally, the Administrative Board maintains that in this case, liability is shared or tripartite, not only with the Administration but also with the contractor companies themselves, pursuant to Article 21 of the Law on Administrative Procurement, which provides that no one may allege ignorance of the consequences of what was agreed. It accuses the plaintiff corporations of acknowledging that they knew of the existence of surface springs and wetlands and nevertheless participated in the procurement to benefit themselves. Criterion of the Tribunal: According to the proven facts derived from the useful and necessary evidence to resolve the cause, provided by the parties, it is accredited that the Department of Procurement (DC) of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (DIEE) of the Ministry of Public Education (MEP) issued the tender specifications for the procurement that is the subject of this proceeding (proven fact No. 1).

At the request of the defendant Administrative Board, the Contracting Department (DC) of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (DIEE) authorized the competitive direct procurement for the construction of the new building and exteriors for the night high school (see proven facts no. 2 and 3). In the procurement under review, the plaintiff companies submitted a bid as a consortium to participate in the direct procurement for carrying out the project construction works (proven fact no. 4). In the chronological order followed, on May 4, 2012, through official letter DIEE-DC-AL-188-2012, signed by the DIEE legal advisor, addressed to the Board of the Enrique Menzel Night High School, it was recommended to award the competitive direct procurement to the consortium formed by the two plaintiff companies (proven fact no. 5). Based on the foregoing, on May 17, 2012, in an extraordinary session of the Administrative Board of the Enrique Menzel Night High School of Turrialba, it agreed to award to the plaintiff companies that formed the consortium for the direct procurement (proven fact no. 6). Subsequently, on June 8, 2012, the contract was signed between the defendant Administrative Board and the consortium formed by the two plaintiff companies (proven fact no. 8). Then, on June 18, 2012, the INS established two performance guarantees (garantías de cumplimiento) in favor of the defendant Board (proven fact no. 10). In the chronological order followed, on July 5, 2012, the contract was countersigned (proven fact no. 11). Having reached this point, as a result of the direct competitive administrative procurement process, the contract not only acquired validity, with the issuance of the aforementioned award act, but also its effectiveness, upon having been countersigned, and it was therefore ready to be executed. Notwithstanding the foregoing, on September 27, 2012, the Constitutional Chamber granted an amparo appeal in which it ordered the suspension of the construction of the works under the procurement being reviewed. This situation was communicated to the plaintiff parties on October 8, 2012, through official letter DIEE-DEC-2093-2012, by the MEP Department of Execution and Control. As has been demonstrated, over a period of approximately five years and nineteen days, running from February 11, 2013, to March 2, 2018, at the request of the Financial Area of the MEP Contracting Department, the plaintiff companies renewed the performance guarantee issued by the INS on fourteen occasions, under penalty of early execution of the performance guarantee in force at the time (see proven facts 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 50, and 52). However, despite this repetitive dynamic of renewal of the performance guarantee that extended over the aforementioned period, as of May 25, 2016, the DIEE was informed, within the framework of the environmental viability application before SETENA, that SENARA had determined the existence of a spring (naciente) and five upwellings in the location where the works were to be built (proven fact no. 44). Nevertheless, it was not until March 9, 2018, that the defendant Administrative Board began the request to the DIEE of the MEP to terminate the contract by way of contractual rescission (hechos probados 54, 55, and 56). With things presented in this manner, in accordance with the facts described, it is necessary to analyze the existence or non-existence of contractual liability, given that the damages claimed derive from the binding relationship under study. The plaintiff companies' theory of the case focuses the criterion of imputation on the existence of a sort of original plot, illegality, or abnormality, that originated from the tender documents (cartel) and—according to their statement—was known to all the professionals responsible for designing the plans, aimed practically at manipulating, hiding, and making disappear the stream (yurro) or wetland whose existence they supposedly had full knowledge of. These subjective assessments appear not only in the facts of the lawsuit, but also in the statements made by Randall Pérez Castillo, the representative of one of the plaintiff companies, in his declaration given on the day of the oral and public trial. For this Deciding Body, such assertions have not been substantiated by the pertinent material evidence, since they derive only from the party's own statement. From a review of the technical specifications of the bid specifications (pliego de condiciones), it is not possible to infer a collusion of this magnitude in the procurement under review. There is also no incriminating evidence that demonstrates which official or officials were aware of the situation and tried to hide it, nor the manner, time, or place in which they engaged in this kind of alleged unlawful conduct aimed at hiding and making the spring disappear. On the contrary, as is evident from the administrative file and has been deemed proven in proven fact no. 44, it was only as of May 25, 2016, that the DIEE was informed, within the framework of the environmental viability application before SETENA, that SENARA had determined the existence of a spring and five upwellings in the location where the works were to be built. Thus, it was not until this date, after the preparation of the tender documents, and even after the award, signing, and countersigning of the contract, that there was factual and legal certainty that the land acquired by the Administration contained a spring, with the legal implications that this entails. Notwithstanding the foregoing, from the facts supported by the evidence reviewed by the Court, it is possible to identify an omissive conduct, after May 25, 2016, contrary to the provisions of the Regulation to the Administrative Procurement Law (Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), which constitutes the criterion for imputing contractual liability, linked to some of the damages claimed, as will be seen in the following section of this judgment, numbered VI. It must be recalled that obligations within the framework of an administrative procurement, governed by Public Law, are found not only in the letter of the contract, but in the entire legal order that permeates it (the Political Constitution, the Administrative Procurement Law and its Regulation, among others). In this sense, it can be seen from the evidence provided, as already mentioned, that the Administration kept the procurement in suspension for an excessive time, during which, for approximately five years and nineteen days, it required the contractor to renew the guarantee under penalty of preventive execution of the performance guarantee in force. In this manner, and according to that evidence, the contractor complied on all occasions with that requirement that extended over several years. This situation is further aggravated when the DIEE of the MEP became aware, as of May 25, 2016, of the existence of the spring, which SENARA confirmed, a reason for which it withdrew the proceeding before SETENA for the granting of environmental viability. At that moment, the factual and legal certainty of the spring's existence was an irrefutable fact indicating that it was not possible to carry out works at the site. Notwithstanding the foregoing, the plaintiff companies, on fourteen occasions, had to renew the performance guarantees issued by the INS, with a contract suspended indefinitely. Regarding the temporary suspension of the contract, the tender documents, in their general conditions, state: "...The professional inspectors may suspend the work, in whole or in part, and for the period they deem necessary, for justified reasons or the contractor's non-compliance. Said suspension will be ordered in writing, indicating the reasons for the decision. If it is for an indefinite time, the contractor will store all its materials in such a way that they do not obstruct or unnecessarily impede public transit, nor suffer any deterioration. It will take due precaution to prevent damage or deterioration to the executed work, will provide adequate drainage to the terrain, and will build temporary structures where ordered. The contractor shall not suspend the work without the prior, express, and written permission from the inspection. If the work is suspended due to the contractor's non-compliance, no extension of the works execution period will be recognized, nor will it be compensated for the expenses incurred. If it is suspended for reasons beyond the contractor's control, it shall be entitled to an extension of the execution period. In no case will the extension of the period considered for the contractor be greater than the delay caused. Nothing contained in the contract shall exonerate the contractor from responsibility regarding the progress of the work, in a safe manner, during the normal execution of the work. Any extension to the contract term shall be made by the inspection in writing, indicating the extension period. Said extension shall be calculated using as a basis the schedule prepared by the contractor and approved by the inspection..." (emphasis not in the original) (proven fact no. 1). For its part, the Regulation to the Administrative Procurement Law, regarding this topic, states: "...Article 210—Suspension of the contract. Once the contract becomes effective and during its execution, the Administration, for reasons of public or institutional interest or unforeseen or unforeseeable causes at the time of its processing, may suspend the execution of the contract for up to a maximum of six months, extendable for another equal period. The suspension must be agreed upon in writing, by means of a reasoned resolution, issued by the competent Hierarch or subordinate head, with a precise indication, among other things, of the part executed up to that moment, its state, on whom the duty to preserve what has been executed falls, the measures that will be adopted to guarantee the financial balance, and the eventual date for resuming execution. The resumption of the contract shall be communicated in writing, before the expiration of the suspension period. The contractor may claim from the Administration compensation for the damages caused by the contractual suspension. If the contract is not resumed within the stipulated period, the Administration must immediately initiate the procedure aimed at its rescission, unless reasons of public interest impose continuing with its immediate execution…" (emphasis not in the original). According to the cited provision, which in the hierarchical scale of the sources of Administrative Law, set forth in canons 6, 7, and 8 of the LGAP, the Procurement Regulation is above the tender documents. In accordance with this rule superior to the tender documents, the temporary suspension period of the contract excessively exceeded the time permitted by the legal order to keep a contract in suspense, especially considering that when the existence of the spring at the site was declared, nothing could be done regarding the commencement of works. For the reasons stated, in the case at hand, it is possible, from a legal standpoint, to impute liability to the Administration for this omissive conduct. The legal order, meaning the Administrative Procurement Law, allows, for cases such as this, carrying out a rescission of the contract, so as not to maintain sterile contractual relationships over time. Finally, it is worth mentioning whether the contractual liability found is joint and several or not. Joint and several liability is a legal concept that implies that several persons or entities share the same obligation to fulfill a debt or responsibility, and may be required for the entirety of the obligation regardless of their degree of participation. In accordance with the provisions of Law No. 181 of August 18, 1944 (Education Code), Law No. 2160 (Fundamental Law of Education), and the General Regulation of Education Boards No. 38.249-MEP, these boards have not only legal personality and their own assets, given that they were created by an act of State authority, they attend to a series of special purposes. However, regarding those boards, with respect to the decentralized Public Administration, the State, as the greater public entity, exercises over them an administrative oversight (tutela administrativa) by generally guiding their actions, in order to achieve greater coherence and unity in the satisfaction of public interests related to official educational policy. This position has been outlined by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice in vote No. 2005-918 of nine forty-five on November 4, 2005, as well as by many opinions issued by the Attorney General's Office itself (see, among others, opinion No. C-386-2003 of December 9, 2003, and C-453-2014 of December 8, 2014). Given this administrative-legal oversight relationship, the State cannot figure as a "simple advisor" to evade its responsibilities in the case. This is especially so considering the proven facts of this judgment, from which it is possible to infer that its active and omissive conduct in this specific case exceeded its function of "advising," as it became that of an active Administration. Given the actions carried out by both defendant entities that constituted the administrative action to which the contractual non-compliance in this case can be imputed, the State and the Administrative Board of the Enrique Menzel Night High School of Turrialba are jointly and severally liable. In its defense, the Board acknowledges having signed the contract for the construction of the High School, object of this litigation. Furthermore, it considers that the agreement establishes "tripartite" responsibilities, meaning that both the plaintiffs and the Department of Execution and Control of the MEP Directorate of Infrastructure and Equipment must fulfill their obligations. It adds that by provision of Article 21 of the Administrative Procurement Law and Article 210 of the Regulation of that Law, neither party can claim ignorance of the consequences of what was agreed, nor of the law in general. Therefore, in its view, no contractor can take advantage of its actions or omissions if it had knowledge of an aspect that it later wishes to use to its benefit. For this reason, it considers that the plaintiffs accepted that, since the earthworks (movimiento de tierras), they knew of the existence of the stream. As previously stated, according to the factual framework that has been deemed proven, this argument does not have the virtue of exonerating the Board from its joint and several liability attributed in this judgment, given that it relates to the subsequent actions, derived from the contractual execution, of maintaining a procurement indefinitely over time, when it could have rescinded it. Emphasis must be placed on the fact that the appearance of the stream or water spring on the land where the construction of the educational center was to take place cannot be attributed to either party. The liability arises from the manner in which the contract was executed, specifically in terms of obliging the contractor to maintain the guarantees and renew them repeatedly, by unilateral decision of the concerned administration, from which it follows that the plaintiff had no choice but to comply with the latter's provisions, with the corresponding economic consequences. In this manner, the thesis of the alleged shared or "tripartite" responsibility is not accepted in the case under analysis, as it bears no relation to the liability that has been determined by the Court in this case. With things presented in this manner, a criterion of imputation having been found, along with the nexus between the damages claimed within the framework of the procurement and the joint and several nature of the liability, the following section proceeds to determine which of these damages are compensable or not.

VI.- On damages. It is appropriate in this section to determine whether it is possible to link the damages alleged by the plaintiff entities with the omissive conduct giving rise to liability in this specific case. It is necessary to indicate beforehand that, from a reading of the breakdown of these damages, no material evidence has been submitted to the case file allowing the Court to corroborate, with absolute certainty, that the costs, amounts, and factual situations indicated are correct. However, as explained in Considerando V of this ruling, some of these claimed damages could indeed be linked through a causal nexus to the conduct imputed to the Administration, given its non-compliance. i) Damages caused: Concerning this item, the plaintiffs request the following: "... a) Bid Preparation, Clarifications, and Preparation for Commencement of Work. 300 hours of work were invested by an interdisciplinary group involving people hired specifically for this project or who are part of our administrative structure, such as an electromechanical engineer, civil engineer, and cost estimator, at an average hourly cost of ¢3,000, for a total of ¢900,000 (Nine hundred thousand colones). Cost of Financial Statement certifications ¢400,000 (Four hundred thousand colones). Legal expenses costs ¢107,500 (One hundred seven thousand five hundred colones). Stationery, copies, prints, blueprint copies, and binding ¢100,000 (One hundred thousand colones). Total Bid Preparation: ¢1,407,500 (One million four hundred seven thousand five hundred colones) b) Fiscal Stamps: ¢1,997,419.48 (One million nine hundred ninety-seven thousand four hundred nineteen colones with 48/100). Payment date June 6, 2012. Present value as of December 2017: ¢3,454,152 (Three million four hundred fifty-four thousand one hundred fifty-two colones). c) Performance Guarantee Costs: 1- Guarantees from 06/18/12 to 03/18/13, payment date June 6, 2012: ¢826,480 (Eight hundred twenty-six thousand four hundred eighty colones). Present value as of December 2017: ¢1,429,237 (One million four hundred twenty-nine thousand two hundred thirty-seven colones) 2- Guarantees from 03/18/13 to 06/18/13, payment date March 6, 2013: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢391,251 (Three hundred ninety-one thousand two hundred fifty-seven colones). 3- Guarantees from 06/18/13 to 03/18/14, payment date June 10, 2013: ¢826,480 (Eight hundred twenty-six thousand four hundred eighty colones). Present value as of December 2017: ¢1,113,814 (One million one hundred thirteen thousand eight hundred seventy-four colones). 4- Guarantees from 03/18/14 to 06/18/14, payment date March 3, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢352,270 (Three hundred fifty-two thousand two hundred seventy colones). 5- Guarantees from 06/18/14 to 09/18/14, payment date June 3, 2014: ¢273,000 (Two hundred seventy-three thousand colones). Present value as of December 2011: ¢346,721 (Three hundred forty-six thousand seven hundred twenty-seven colones). 6- Guarantees from 09/18/14 to 12/18/14, payment date September 11, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢348,274 (Three hundred forty-eight thousand two hundred seventy-four colones). 7- Guarantees from 12/18/14 to 03/18/15, payment date November 26, 2014: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢331,310 (Three hundred thirty-seven thousand three hundred seventy colones). 8- Guarantees from 03/18/15 to 06/18/15, payment date March 13, 2015: ¢276,250 (Two hundred seventy-six thousand two hundred fifty colones). Present value as of December 2017: ¢336,079 (Three hundred thirty-six thousand seventy-nine colones). 9- Guarantees from 06/18/15 to 12/18/15, payment date June 3, 2015: ¢552,500 (Five hundred fifty-two thousand five hundred colones). Present value as of December 2017: ¢656,195 (Six hundred fifty-six thousand one hundred ninety-five colones). 10- Guarantees from 12/18/15 to 03/18/16, payment date November 23, 2015: ¢66,913 (Sixty-six thousand nine hundred thirteen colones). Present value as of December 2017: ¢77,706 (Seventy-seven thousand seven hundred six colones). 11- Guarantees from 03/18/16 to 09/18/16, payment date March 2, 2016: ¢126,276 (One hundred twenty-six thousand two hundred seventy-six colones). Present value as of December 2011: ¢139,488 (One hundred thirty-nine thousand four hundred eighty-eight colones). 12- Guarantees from 09/18/16 to 03/18/17, payment date September 2, 2016: ¢124,219 (One hundred twenty-four thousand two hundred nineteen colones). Present value as of December 2017: ¢132,048 (One hundred thirty-two thousand forty-eight colones). 13- Guarantees from 03/18/17 to 09/18/17, payment date March 13, 2017: ¢126,276 (One hundred twenty-six thousand two hundred seventy-six colones). Present value as of December 2011: ¢130,651 (One hundred thirty thousand six hundred fifty-one colones). 14- Guarantees from 09/18/17 to 03/18/18, payment date September 5, 2017: ¢124,219 (One hundred twenty-four thousand two hundred nineteen colones). Present value as of December 2017: ¢126,075 (One hundred twenty-six thousand seventy-five colones). Total Present Value as of December 2011 of Performance Guarantee Payments: ¢5,917,251 (Five million nine hundred seventeen thousand two hundred fifty-one colones). d) Line of Credit Cost: ¢186,176.40 (One hundred eighty-six thousand one hundred seventy-six colones with 40/100). Payment date August 9, 2012. Present value as of December 2017: ¢325,140 (Three hundred twenty-five thousand one hundred forty colones). e) Work Risk Policy Cost: ¢11,367,319.00 (Eleven million three hundred sixty-seven thousand three hundred nineteen colones). Payment date June 6, 2012. Present value as of December 2017: ¢19,657,588 (Nineteen million six hundred fifty-seven thousand five hundred eighty-eight colones)..." As indicated supra, none of the costs, amounts, and professional service contracts, among others, broken down in this section have been demonstrated with the material evidence to support them, and they must therefore be rejected. Notwithstanding the foregoing, concerning the expenses that the contracting consortium may have incurred with respect to the provision and renewal of the guarantee before the National Insurance Institute (INS), given that it involves a type of policy, if the expenses or costs associated with its subscription (premium or other) are demonstrated, they may be recognized in the phase of execution of judgment, as provided by canon 122 subsection m) sub-subsection iii) of the Contentious Administrative Procedure Code. On the amount that is recognized in the phase of execution of judgment, regarding this item, duly demonstrated, for costs associated with the provision and renewal of the performance guarantee before the INS, the legal interest under Article 1163 of the Civil Code shall run from May 25, 2016, until its effective payment. ii) Lost profits (lucro cesante) and consequential damages (perjuicio): The plaintiffs separately request "lost profits" and "consequential damages." Regarding the first, they indicate the following: "...a) Lost profits (Lucro cesante). Expected profit according to the Consortium bid breakdown ¢45,527,188.44 (Forty-five million five hundred twenty-seven thousand one hundred eighty-eight colones with 44/100). This amount should have been received by the Consortium companies at the latest upon completion of the works. Since we can consider a reasonable period between the signing of the contract on June 8, 2012, and the start of works to be 2 months, the works start was expected on August 8, 2012. Since the execution period according to the bid was 160 calendar days, it was expected that on January 15, 2013, the project would be completed. Taking this date as the maximum billing date for profit, we have a Present value as of December 2017: ¢70,923,267 (Seventy million nine hundred twenty-three thousand two hundred sixty-seven colones)...." Concerning the second, the plaintiffs request: "...a) Consequential damages (Perjuicio). Our companies' activity was paralyzed by 60% for a period of 5 years (currently in force). According to fact 16, at least a conservative profit of ¢45,000,000.00 (Forty-five million colones) per year in consequential damages stopped being received. Given that the non-execution of the project and its preservation as a work awarded to our companies have been affected for 5 years, this amount amounts to consequential damages of ¢225,000,000 (Two hundred twenty-five million colones). It would be similar to think that this same amount is the result of the expected profit for the project in question (See expected profit in the Consortium Bid), multiplied by each year that I have been unable to take on projects or a group of similar projects within the public administration, since one works to obtain similar Public Works contracts per year, which is entirely viable and reasonable within serious business management. That is, the reasoning would be maintained of 5 years at ¢45,000,000 per year, giving the same total of ¢225,000,000. Regarding this aspect, our jurisprudence and doctrine have even indicated that expectation as future damage is also compensable, because the ¢45,000,000 of expected profit in this project were not an expectation; on the contrary, they were certain and demonstrable, based on the full, valid, and effective contract signed to that effect. In this regard, I allow myself to mention Perrino, Pablo Esteban, Argentine Author, in his book Responsabilidad Contractual del Estado, who on the topic in question mentions (The loss of chance is also compensable insofar as it constitutes a certain and not conjectural damage. Compensation for this item requires proving the frustration of obtaining an economic benefit that has sufficient probability of becoming certain. Not only current or present damages are compensable, but also future damage, to the extent that there is certainty about its existence)..." With respect to these two items, in the public procurement regime, "lost profits" (lucro cesante) are equated to material damage, meaning that they correspond to the real profits that the company failed to receive. For their part, consequential damages (perjuicios) would be the returns generated by those utilities or profits. Thus, given that it is the party's obligation to demonstrate, with pertinent material evidence and in accordance with the procurement framework, its true profits—which has not been done within this proceeding—the amount for lost profits corresponds to 10% of the total contract amount, as provided by Article 216 of the Administrative Procurement Regulation, which provides: "...Lost profits corresponding to the unexecuted portion may be recognized always within criteria of reasonableness and proportionality, evaluating aspects such as the outstanding execution period, degree of progress of the contract execution, complexity of the object. When the profit has not been declared, it will be considered to be 10% of the total quoted amount..." As is evident from proven fact no. 6 of this ruling, the amount awarded to the contractors was the sum of: ₡849,840,850.88 (eight hundred forty-nine million eight hundred forty thousand eight hundred fifty colones with eighty centimos). Based on the cited canon, 10% corresponds to the amount of ₡84,984,085.08 (eighty-four million nine hundred eighty-four thousand eighty-five colones with eight centimos). On the other hand, regarding consequential damages, as already indicated supra, the legal interest under Article 1163 of the Civil Code shall run from May 25, 2016, until its effective payment. iii) Subjective moral damages: "...Both parties of the Consortium have experienced moral damages for which ¢15,000,000.00 (Fifteen Million Colones) per Company is requested, for a total moral damage of ¢30,000,000 (Thirty million colones)..." It is impossible to link this moral damage to the contractual omissive administrative conduct mentioned in the preceding Considerando V of this ruling, because the parties bringing this action are two legal entities (corporations, sociedades anónimas) that are persons of an abstract nature and that, for an obvious reason, cannot experience feelings of frustration or stress associated with subjective moral damage. The plaintiff parties have confused the subjective moral damage that the representative of the plaintiff company may have suffered in his personal capacity with that of the abstract entity he represents. This is corroborated by the declaration in the oral and public trial of Randall Pérez Castillo, who narrated the supposed feelings he experienced personally, such as stress, anguish, anger, and frustration, including the appearance of ailments to his health, among others, due to what occurred within the procurement. However, said officer does not appear as a plaintiff (natural person); rather, the party bringing the action is the company he represents (legal entity). As the compensation for subjective moral damage is presented, the suffering, anguish, and stress experienced by the company officer could not be transferred to the legal entity. The representative of the company, legally and procedurally, is not a party. As reiterated, corporations cannot experience subjective moral damages (anguish, suffering, or stress, among others), as this pertains solely to the nature of a human being.

For that reason, this subjective non-economic damage (daño moral subjetivo) is not compensable in the case under examination.

VII.- Regarding the claims. Claim number 1: The plaintiff companies request: "...that I be formally informed of the MEP's decision not to execute the work in order to release my represented parties from present and future financial and administrative responsibilities regarding this project, such as the extension of the validity of the Performance Guarantee (Garantía de Cumplimiento)..." As stated in recitals V and VI of this judgment, the existence of an omissive conduct is proven, which consisted precisely in not resolving, in accordance with the provisions of the legal framework of administrative contracting, the situation of the contract suspension that was prolonged over time. In that sense, regardless of what the Administration resolves, it must rule on this aspect. For this reason, in accordance with its administrative powers derived from administrative contracting, the Ministerial Head of Public Education (State), or whoever holds that office, is ordered to issue a formal ruling regarding the situation of the suspended contract with the plaintiff companies, including the aspects relating to it, and to duly communicate it to the plaintiff companies. Said ruling must be issued within three months following the finality of this judgment, before the execution judge of the Contentious-Administrative Court. In case of non-compliance, she shall be liable in accordance with the provisions of the legal framework. Claim number 2: The plaintiffs request: "...2- That the originals of the Performance Guarantees and their Addenda, held by the DIEE of the MEP, be returned to us, so that we can eliminate their validity under the Line of Credit that the Consortium companies have with INS..." As recorded in the oral and public trial recording, at that procedural moment, the claim was withdrawn.

Claim number 3: The plaintiff entities request: "...3- That the State be ordered to pay both costs of this proceeding..." This claim will be resolved in recital XI of this judgment.

Claim number 4: "4- That we be paid an indemnity of ¢356,684,898.00 (Three hundred fifty-six million six hundred eighty-four thousand eight hundred ninety-eight colones), relating to the following breakdown of expenses incurred at the request of the State and economic damages caused by the non-execution of the Awarded Contract by the Ministry of Public Education and by the Administration's omission in closing this process in a timely manner, as well as their corresponding indexation in the respective amounts..." As stated in recital VI of this judgment, none of the itemized costs, amounts, line items, professional contracting, and factual situations associated with the damages were demonstrated with the pertinent material evidence; therefore, the sum requested cannot be recognized. Notwithstanding the foregoing, in accordance with the provisions of canon 122, subsection m), sub-subsection iii), in the sentence execution phase, if the existence of those damages and losses is demonstrated, the corresponding sums may be recognized. Regarding the claimed subjective non-economic damage (daño moral subjetivo), it is inadmissible as explained in the aforementioned recital VI.

VIII.- Regarding the defenses. 1) Defenses of the State: a) Failure to integrate the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario). This defense was rejected by resolution 1750-2018 issued in the preliminary hearing of October 30, 2018; however, it was upheld by the Court of Appeals, through judgment No. 427-2018-I, by revoking the procedural judge's resolution 1750-2018. Based on the foregoing, the Administrative Board (Junta Administrativa) of the Enrique Menzer Night School of Turrialba (Colegio Nocturno Enrique Menzer de Turrialba) was joined. b) Lack of passive standing to be sued (legitimación ad causam pasiva). On this matter, it argues that the Board of Education (Junta de Educación), although attached to the MEP, has full representation in court. It indicates that under canon 36 of Law No. 181 of August 18, 1944, the boards have full legal personality to contract and appear before the courts of justice, thus having sufficient capacity to act. On the other hand, although it acknowledges that the DIEE's participation in the specific case did exist, this is limited to support and oversight of the procurement, but the contracting parties are the Board and the company. Court's Criterion: To resolve this aspect, it is necessary to consider not only the general conditions of the bidding terms, but also the way the relationship between the MEP's DIEE and the defendant Board developed in the procurement under analysis. This is due to the very particular administrative relationship between the MEP and the Board, which affects the process's functioning. As accredited in proven fact No. 1, the direct competitive procurement under study was promoted with the defendant Administrative Board's own funds, in which the DIEE acted as legal and technical advisor, in accordance with the provisions of Article 137 of the Regulation to the Law on Administrative Contracting (Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Notwithstanding the foregoing, as accredited in the third fact, the entity that authorized the defendant Board to carry out the procurement was the MEP's DIEE. The recommendation for the award was made by the DIEE, as indicated in proven fact number 5. Furthermore, it was the DIEE that instructed the contracting consortium to deposit the guarantees (proven fact No. 7). At the same time, the entity that granted the internal endorsement or approval to the contract was the DIEE. As already mentioned in recital V of this judgment, it was the Financial Area of the MEP's Procurement Department that, on fourteen occasions, required the renewal of the performance guarantee (garantía de cumplimiento) issued by INS, under penalty of early execution of the performance guarantee (garantía de cumplimiento) in effect at the time (see proven facts 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 50, and 52). It was also the MEP's Procurement Department that acknowledged receipt of the performance guarantees (garantías de cumplimiento), by issuing formal resolutions to this effect, to release the contractor from an early execution as was announced each time the guarantee was required to be renewed (proven facts 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 49, 51, and 54). Note that it was the MEP's Execution and Control Department that communicated the Constitutional Chamber's ruling regarding the contractor to the plaintiff companies (proven fact No. 13). Furthermore, acknowledgment of SETENA's official letters referring to the existence of the spring (naciente) was received at the DIEE (proven facts No. 44 and No. 45). Finally, the request to terminate the contract made by the defendant Board, as evidenced by the submitted file, remained in the red tape at the DIEE, with no formal response to the Board being found (see proven facts 55 and 56). Based on the body of evidence reviewed, the Court cannot uphold the State's thesis that the MEP acted as a "mere advisor" to the Board in the procurement in question. On the contrary, it carried out active and omissive procedural conducts that are evident in the case file, some of which are even related to the criterion for attributing liability that has been set forth in recitals V and VI of this judgment. In this case, given these actions that link the State, through the MEP and its various involved departments and directorates, it is impossible to dissociate it from the material claim. At the same time, one cannot ignore that the plaintiff companies have direct material claims against the State for the (MEP) to rule on the procurement. In other words, in this cause, there is a material-procedural legal relationship between the conducts the State, through the MEP, carried out in the procurement—and which are even still pending resolution—that link it to the material claim of this cause. Given these circumstances, the defense of lack of passive standing to be sued (legitimación ad causam pasiva) must be rejected. Even the liability for the omissive conduct, as accredited, is shared with the defendant board, meaning their liability is joint and several regarding the possible damages that may be determined in the sentence execution phase. To avoid reiteration on this point, reference is made to recital V of this judgment, regarding what was developed concerning the administrative guardianship (tutela administrativa) relationship the State exercises over the Boards of Education, based on the provisions of Law No. 181 of August 18, 1944 (Education Code), Law No. 2160 (Fundamental Education Law), and the General Regulation of the Boards of Education No. 38,249-MEP. As well as what was stated by the Second Chamber in its jurisprudence and by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) itself in its advisory role. c) Lack of right. In accordance with what is stated in recitals V and VI of this judgment, this defense must be partially upheld. 2) Defense of the Administrative Board of the Enrique Menzer School of Turrialba: Lack of right. In accordance with what is stated in recitals V and VI of this judgment, this defense must be partially upheld.

IX.- Regarding costs. In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code, procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The waiver of this condemnation is only viable when there was, in the Court's opinion, sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations and to break the principle of condemning the losing party. Therefore, both costs are imposed on the State and the Administrative Board of the Enrique Menzel Night School (Colegio Nocturno Enrique Menzel) in favor of the plaintiff companies, ends that will be liquidated in the sentence execution phase.

X.- Certification of documents to the Internal Audit of the Ministry of Public Education (Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública). From the evidence this Collegiate Body has reviewed in analyzing the merits of this matter, several situations whose irregularity is obvious arise, covering not only the phase of acquiring the land for the construction of the works of the Enrique Menzel Night School (Liceo Nocturno Enrique Menzel), but also the contract execution phase, as mentioned in the proven facts and in recitals V and VI of this judgment. Considering that we are dealing with public funds, destined for a public service provided by the State, namely public education, whose roots originate not only in the Political Constitution but also in human rights treaties and in constituting a fundamental Human Right, the responsibilities and the disciplinary and civil administrative procedures corresponding to officials of the Ministry of Public Education, related to the acquisition of the property and the procurement, concerning the omissive conducts, must be thoroughly investigated. Based on the foregoing, the certification of documents to the Audit of the Ministry of Public Education is ordered so that it complies with the stated mandate. A term of three months is granted, counted from the notification of this resolution to the Internal Auditor of the MEP, for him to inform the Execution Phase Judge about the investigation indicated above as well as its results.

Therefore

The defense of lack of passive standing to be sued (legitimación ad causam pasiva) filed by the State is rejected. The defenses of lack of right filed by the State and the Administrative Board of the Enrique Menzel Night School of Turrialba (Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba) are partially upheld. Consequently, the lawsuit is declared partially granted; anything not expressly stated herein is understood as denied. 1) In accordance with its administrative powers derived from administrative contracting, the Minister of Public Education (State), or whoever holds her office, is ordered to issue a formal ruling regarding the situation of the suspended contract with the plaintiff companies, including the aspects relating to it, and to duly communicate it to the plaintiff companies. Said ruling must be issued within three months following the finality of this judgment, before the execution judge of the Contentious-Administrative Court. In case of non-compliance, it will generate the legally corresponding liabilities. 2) The State and the Administrative Board of the Enrique Menzel Night School of Turrialba are jointly and severally condemned to pay in favor of the plaintiff companies: a) the expenses they incurred for the initial provision of the performance guarantee (garantía de cumplimiento) and its renewals before INS, as provided in numeral 122, subsection m), sub-subsection iii), which is left for the sentence execution phase. b) loss of profit (lucro cesante) for the sum of ₡84,984,085.08 (eighty-four million nine hundred eighty-four thousand eighty-five colones with eight cents). c) On the sum recognized in the sentence execution phase for costs associated with the provision and renewal of the performance guarantee (garantía de cumplimiento) before INS, indicated in subsection a) of this operative part, as well as on the sum for loss of profit mentioned in subsection b), the legal interest of Article 1163 of the Civil Code shall accrue from May twenty-fifth, two thousand sixteen, until its effective payment. 3) The State and the Administrative Board of the Enrique Menzel Night School of Turrialba are condemned to pay both costs in favor of the plaintiff companies in this proceeding, Consultoría y Construcción P y S S.A. and Multiservicios Machado S.A. 4) The certification of documents to the Audit of the Ministry of Public Education (Auditoría del Ministerio de Educación Pública) is ordered for it to thoroughly investigate the responsibilities and the disciplinary and civil administrative procedures corresponding to the officials of the Ministry of Public Education, related to the acquisition of the property and the procurement in this proceeding, concerning all the omissive conducts that have been found. A term of three months is granted, counted from the notification of this resolution to the Internal Auditor of the MEP, for him to inform the Execution Phase Judge about the investigation indicated above as well as its results.

Sergio Mena García Ileana Sánchez Navarro Juan Luis Giusti Soto  SERGIO MENA GARCIA, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) JUAN LUIS GIUSTI SOTO, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:29:24.

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente  CONOCIMIENTO ACTOR/A:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION PYS S.A.

DEMANDADO/A:

EL ESTADO N° 2025008643 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento interpuesto por Consultoría y Construcción P y S S.A., cédula jurídica número 3-101-269155 y Multiservicios Machado S.A., cédula de identidad número 3-101-278668; representadas por sus apoderados generalísimos sin límite de suma Randall Pérez Castillo, cédula de identidad 1-735-574 y Gilberto Machado Cortés, cédula de identidad número 3-213-569, cuyo abogado director es el licenciado Randall Solano Fallas, cédula de identidad número 3-328-953 carné del Colegio de Abogadas y Abogados 25.118, Contra: el Estado, representado por la Procuradora Adjunta María del Rosario León Yanarella, mayor, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad número 1-851-444 y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, representada por Maritza Méndez Agüero, otorga poder especial judicial al licenciado Guillermo Brenes Cambronero, cédula de identidad número 3-212-041, carné del Colegio de Abogados número 8237.

Resultando

1.- Que el 22 de diciembre del 2017 las sociedades accionantes presentaron demanda en esta sede jurisdiccional esgrimiendo las siguientes pretensiones: "...1- Solicito se me indique formalmente la decisión de no ejecución de la obra por parte del MEP para eximir a mis representadas de las responsabilidades presentes y futuras de tipo financiero y administrativo para con este proyecto, tales como la extensión de la vigencia de la Garantía de Cumplimiento. 2- Que se nos devuelvan los originales de las Garantías de Cumplimiento y sus Adendas, en poder de la DIEE del MEP, para poder eliminar su vigencia dentro de la Línea de Crédito que tienen las empresas del Consorcio con el INS. 3- Que se condene al Estado a cancelar ambas costas de este proceso. 4- Que se nos cancele una indemnización de ¢356.684.898,00 (Trescientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho colones), relativo al siguiente desglose de gastos incurridos por solicitud del Estado y daños económicos ocurridos por la no ejecución por parte del Ministerio de Educación Pública del Contrato Adjudicado y por la omisión de la Administración en cerrar este proceso en forma oportuna, así como su correspondiente indexación en los montos respectivos. CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS. DAÑO CAUSADO a) Preparación de la Oferta, Aclaraciones y Preparación de Inicio de Obra. Se invirtieron 300 horas de trabajo de un grupo interdisciplinario involucrando gente que se contrató específicamente para este proyecto o que son parte de nuestra estructura administrativa, tales como un ingeniero electromecánico, ingeniero civil y presupuestista a un costo promedio por hora de ¢3.000 para un total de ¢900.000 (Novecientos mil colones). Costo de certificaciones de Estados Financieros ¢400.000 (Cuatrocientos mil colones). Costos de gastos legales ¢107.500 (Ciento siete mil quinientos colones) Papelería, copias, impresiones, copias de planos y empastes ¢100.000 (Cien mil colones). Total Preparación de la Oferta: ¢1.407.500 (Un millón cuatrocientos siete mil quinientos colones) b) Especies Fiscales ¢1.997.419,48 (Un millón novecientos noventa y siete mil cuatrocientos diecinueve colones con 48/100). Fecha de pago 6 de Junio 2012. Valor presente a Diciembre 2017:¢3.454.152 (Tres Millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos colones). c) Costos Garantías de Cumplimiento 1- Garantías del 18/06/12 a 18/03/13, fecha de pago 6 Junio 2012: ¢826.480 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢1.429.237 (Un millón cuatrocientos veintinueve mil doscientos treinta y siete colones) 2- Garantías del 18/03/13 a 18/06/13, fecha de pago 6 Marzo 2013; ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones).Valor presente a Diciembre 2017: ¢391.251 (Trescientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete colones). 3- Garantías del 18/06/13 a 18/03/14, fecha de pago 10 Junio 2013: ¢826.480 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢1.113.814 (Un millón ciento trece mil ochocientos setenta y cuatro colones). 4- Garantías del 18/03/14 a 18/06/14, fecha de pago 3 Marzo 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢352.270 (Trescientos cincuenta y dos mil doscientos setenta colones). 5- Garantías del 18/06/14 a 18/09/14, fecha de pago 3 Junio 2014: ¢273.000 (Doscientos setenta y tres mil colones). Valor presente a Diciembre 2011:¢346.721 (Trescientos cuarenta y seis mil setecientos veintisiete colones). 6- Garantías del 18/09/14 a 18/12/14, fecha de pago 11 Setiembre 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢348.274 (Trescientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro colones). 7- Garantías del 18/12/14 a 18/03/15, fecha de pago 26 Noviembre 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢331.310 (Trescientos treinta y siete mil trescientos setenta colones). 8- Garantías del 18/03/15 a 18/06/15, fecha de pago 13 Marzo 2015: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢336.079 (Trescientos treinta y seis mil setenta y nueve colones). 9- Garantías del 18/06/15 a 18/12/15, fecha de pago 3 Junio 2015: ¢552.500 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢656.195 (Seiscientos cincuenta y seis mil ciento noventa y cinco colones). 10- Garantías del 18/12/15 a 18/03/16, fecha de pago 23 Noviembre 2015: ¢66.913 (Sesenta y seis mil novecientos trece colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢77.706 (Setenta y siete mil setecientos seis colones). 11-Garantías del 18/03/16 a 18/09/16, fecha de pago 2 Marzo 2016: ¢126.276 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y seis colones). Valor presente a Diciembre 2011: ¢139.488 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho colones). 12- Garantías del 18/09/16 a 18/03/17, fecha de pago 2 Setiembre 2016: ¢124.219 (Ciento veinticuatro mil doscientos diecinueve colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢132.048 (Ciento treinta y dos mil cuarenta y ocho colones). 13-Garantías del 18/03/17 a 18/09/17, fecha de pago 13 Marzo 2017: ¢126.276 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y seis colones). Valor presente a Diciembre 2011: ¢130.651 (Ciento treinta mil seiscientos cincuenta y un colones). 14-Garantías del 18/09/17 a 18/03/18, fecha de pago 5 Setiembre 2017: ¢124.219 (Ciento veinticuatro mil doscientos diecinueve colones).Valor presente a Diciembre 2017: ¢126.075 (Ciento veintiséis mil setenta y cinco colones). Total Valor Presente a Diciembre 2011 de Pagos Garantías de Cumplimiento: ¢5.91 7.251 (Cinco millones novecientos diecisiete mil doscientos cincuenta y un colones). d) Costo de Línea de Crédito ¢186.176,40 (Ciento ochenta y seis mil ciento setenta y seis colones con 40/100). Fecha de pago 9 de Agosto 2012. Valor presente a Diciembre 201 T:¢325.140 (Trescientos veinticinco mil ciento cuarenta colones). e) Costo Póliza Riesgos del Trabajo. ¢11.367.319,00 (Once millones trescientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve colones). Fecha de pago 6 de Junio 2012. Valor presente a Diciembre 2017: ¢19.657.588 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y ocho colones) LUCRO CESANTE. a) Lucro Cesante. Utilidad Prevista según desglose de oferta del Consorcio ¢45.527.188,44 (Cuarenta y cinco millones quinientos veintisiete mil ciento ochenta y ocho colones con 44/100). Este monto debió ser recibido por las empresas del Consorcio a lo mucho al concluir las obras. Puesto que podemos considerar un plazo razonable entre la firma del contrato en fecha 8 de Junio del 2012 y el inicio de las obras en 2 meses, era de esperar el inicio de obras el 8 de Agosto del 2012. Puesto que el plazo de ejecución según oferta era de 160 días naturales, era de esperar que en fecha 15 de Enero del 2013 estuviera el proyecto concluido. Tomando esta fecha como fecha máxima de facturación de utilidad, tenemos Valor presente a Diciembre 2017: ¢70.923.267 (Setenta millones novecientos veintitrés mil doscientos sesenta y siete colones). PERJUICIO a) Perjuicio. La actividad de nuestras empresas se paralizó en un 60% por el plazo de 5 años (actualmente vigente). Según hecho 16 dejó de recibirse, al menos una utilidad conservadora de ¢45.000.000,00 (Cuarenta y cinco millones de colones). por año de perjuicio. Siendo 5 años los que ha afectado la no realización del proyecto y la conservación del mismo como una obra adjudicada a nuestras empresas este monto asciende a un perjuicio de ¢225.000.000 (Doscientos veinticinco millones de colones). Sería similar pensar que este mismo monto es el resultado de la utilidad prevista para el proyecto en cuestión (Ver utilidad prevista en Oferta del Consorcio), multiplicada por cada año que he estado imposibilitado para tomar proyectos o grupo de proyectos similares dentro de la administración pública, ya que se trabaja para obtener contratos similares de Obra Pública al año, lo cual es totalmente viable y razonable dentro de un manejo empresarial serio. Es decir se conservaría el razonamiento de 5 años a ¢45.000.000 por año dando el mismo total de ¢225.000.000 Sobre este aspecto, nuestra jurisprudencia y la doctrina ha sido hasta en indicar, que la expectativa como daño futuro es también indemnizable, porque los ¢45.000.000 de utilidad esperada en este proyecto no eran expectativa, por el contrario eran ciertos y demostrables, con fundamento en el contrato pleno, válido y eficaz firmado al efecto. Al respecto me permito mencionar a Perrino, Pablo Esteban. Autor Argentino en su libro Responsabilidad Contractual del Estado, que sobre el tema en cuestión menciona. (La pérdida de la chance también es indemnizable en tanto constituye un daño cierto y no conjetural. El resarcimiento de este rubro exige acreditar la frustración de obtener un beneficio económico que cuente con probabilidad suficiente de convertirse en cierto. No solo los perjuicios actuales o presentes son resarcibles, sino también el daño futuro, en la medida en que medie certidumbre acerca de su existencia). b) Daño Moral. Ambas partes del Consorcio han experimentado daño moral por lo que se solicita ¢15.000.000,00 (Quince Millones de Colones) por Empresa para un daño moral de ¢30.000.000 (Treinta millones de colones) (imagen 2 del archivo PDF emanado del escritorio virtual, que reproduce el expediente judicial). En la audiencia preliminar del 30 de octubre del 2018 quedaron fijadas de la siguiente forma: "...09:02 La parte actora indica que mantiene las pretensiones tal y como se plantearon al inicio. 09:03 La representación Estatal indica que tiene claras las pretensiones. 09:04 El señor Juez establece las pretensiones tal y como se plantearon en el escrito de demanda..." (imagen 353 del archivo PDF generado por el escritorio virtual que reproduce el expediente judicial). En la audiencia preliminar del 25 de octubre del 2019 quedaron fijadas de la siguiente forma: "...09:02 El Señor Juez posterior a escuchar a las partes indica que no hay ajustes a realizar en las pretensiones, por lo que se tienen tal y cual como se reflejan en la demanda..." (imagen 454 del archivo PDF derivado del escritorio virtual, que reproduce el expediente judicial). El día 1 de agosto del 2022, en el que se celebró el juicio oral y público, las sociedades accionantes desistieron de su pretensión con el número dos (soporte audiovisual y minuta del juicio que constan en el expediente virtual).

2.- Que el 12 de abril del 2018, mediante la resolución de las diez horas y diecisiete minutos, el juez de la fase de trámite tuvo por establecido y concedió el traslado de rigor (imagen 247 del archivo PDF producido por el escritorio virtual, que reproduce el expediente judicial).

3.- Que el 26 de setiembre del 2018, el Estado contestó la demanda de forma negativa e interpuso las defensas de falta de legitimación ad causam pasiva y falta de derecho (imagen 322 del archivo PDF derivado del escritorio virtual que reproduce el expediente judicial).

4.- Que el 30 de octubre del 2018, se celebró la primera audiencia preliminar, las pretensiones contra el Estado quedaron establecidas como se reseña en el resultando primero del presente fallo. Mediante la resolución n.° 1750-2018, el juez de la fase de trámite rechazó la defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo. La audiencia fue suspendida en virtud de que se iba a presentar recurso de apelación en contra del rechazo de la falta de integración del litis consorcio pasivo necesario (imagen 353 del archivo PDF emanado del escritorio virtual que reproduce el expediente judicial).

5.- Que el 30 de octubre del 2018, mediante la resolución de las nueve horas diez minutos, el Tribunal de Apelaciones declaró con lugar el recurso de apelación, revocando la resolución del juez de la fase de trámite n.° 1750-2018, por lo que tuvo como parte a la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (imagen 357 del archivo PDF generado por el escritorio virtual, que reproduce el expediente judicial).

6.- Que el 5 de abril del 2019, mediante la resolución de las trece horas cuarenta y seis minutos, el juez de la fase preliminar concedió traslado a la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (imagen 401 del archivo PDF producido por el escritorio virtual que reproduce el expediente judicial).

7.- Que el 26 de julio del 2019, la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel contestó la demanda en forma negativa e interpuso la defensa de falta de derecho (imagen 426 del archivo PDF derivado del escritorio virtual que reproduce el expediente judicial).

8.- Que el 25 de octubre del 2019, se llevó a cabo la segunda audiencia preliminar. La pretensión quedó establecida en los términos que indica el resultando primero del presente fallo (imagen 454 del archivo PDF producido por el escritorio virtual).

9.- Que el 21 de setiembre del 2020, el asunto fue turnado a la Sección Quinta del Tribunal (imagen 474 del archivo PDF producido por el escritorio virtual).

10.- Que el 21 de setiembre del 2020, la Sección Quinta del Tribunal señaló el día lunes primero de agosto del dos mil veintidós para celebrar el juicio oral y público (imagen 475 del archivo PDF producido por el escritorio virtual).

11.- Que el 1 de agosto del 2022, se celebró la audiencia de evacuación de prueba de forma virtual semi presencial (imagen 515 del archivo PDF generado por el escritorio virtual).

12.- Que el 24 de agosto del 2022, la Sección Quinta del Tribunal dictó la sentencia n.° 58-2022-V, de las diez horas cuatro minutos (imágenes 530 a 574 del expediente judicial digital).

13.- Que el 29 de mayo del 2025, mediante la resolución 000886-F-S1-2025, de las nueve horas treinta y seis minutos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia n.° 58-2022-V, con fundamento en el canon 150 del CPCA, reenvió el asunto, para que las personas juzgadoras se pronunciaran sobre los alegatos de la Junta Administrativa, sobre la responsabilidad tripartira que alega en el caso concreto. Al efecto en su considerando V indicó: "...Luego de un estudio minucioso del fallo, esta Sala observa que en efecto, los jueces omiten resolver dicho alegato de defensa de la Junta Administrativa, por cuanto, al emitir su decisión, desarrollan en el considerando V del fallo, el tipo de responsabilidad atinente al caso, que en su criterio es contractual y no extracontractual. Para luego analizar si la responsabilidad contractual encontrada, era solidaria pero únicamente en relación al Estado y la Junta, sin mencionar los motivos por los que estimaron improcedentes los alegatos de la responsabilidad tripartita. En concreto refirieron los jueces: [...]” (lo destacado no es del original).

14.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión.

Redacta el juez Mena García, con el voto afirmativo y unánime de la jueza Sánchez Navarro y el juez Giusti Soto; y,

Considerando

I.- Hechos probados (útiles para resolver el caso). 1) Que sin poder precisar el día, exacto, aproximadamente en el mes de setiembre del 2011, el Departamento de Contrataciones (DC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió el pliego de condiciones, dividido en dos partes, la primera denominada "condiciones generales del cartel para la contratación de obra y mantenimiento de infraestructura educativa". La segunda parte fue titulada: "especificaciones técnicas". Dichas condiciones generales, con respecto al objetivo del concurso, dispuso: "...El objetivo de este concurso es para la realización de obras de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa que se indique en las condiciones particulares de la contratación, que cumpla las especificaciones necesarias, para desarrollar en ellas actividades educativas propias de la institución. La información dada en estos documentos debe ser verificada por el oferente y los profesionales que funjan como directores técnicos del proyecto en el lugar donde se realizarán las obras. Esta contratación directa se promueve con recursos propios de la Junta de Educación o Administrativa de la institución educativa contratante, que para todos los efectos del presente cartel se denominará indistintamente como la Junta. El Departamento de Contratación de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que para todos los efectos de este cartel se encuentra ubicado contiguo al Edificio Antiguo de la Embajada de los Estados Unidos de América, Edificio Adolcri, primer piso, Calle 1 y Avenidas 1 y 3, San José, Costa Rica. El ente que contrata y por lo tanto evalúa y adjudica es la Junta. La DIEE y el Departamento de Contrataciones actuarán como asesores legales y técnicos de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Cualquier notificación o aclaración deberá identificarse con el nombre de Junta contratante y la contratación que se trate..." (imagen 20 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). En lo concerniente a la garantía de cumplimiento señala: "...La garantía de cumplimiento, que sea dinero efectivo, tendrán (sic) que depositarse a nombre de la Junta contratante, indicando concepto y depositante, en la cuenta establecida en la invitación respectiva y presentar una copia del depósito en el Departamento de Contrataciones, previo a la firma del contrato. Será por un monto mínimo del 5% del valor adjudicado con vigencia a partir de los diez días hábiles después de recibido y la firmeza por parte de la Junta o Departamento de Contrataciones DIEE, y por un período de validez igual al tiempo de entrega ofrecido, más tres meses después de la fecha prevista para la recepción final de las obras y terminación del contrato..." (imagen 29 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). En cuanto a la suspensión temporal de la obra el cartel indica: "...Los profesionales inspectores podrán suspender la obra, en todo o en parte, y por el período que consideren necesario, por razones justificadas o incumplimiento del contratista. Dicha suspensión se ordenará por escrito, indicando las razones de la decisión. Si fuere por un tiempo indefinido, el contratista almacenará todos sus materiales de modo que no obstruyan ni impidan innecesariamente el tránsito del público, ni sufran deterioro alguno. Tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros a la obra ejecutada, proveerá drenaje adecuado al terreno y construirá estructuras temporales donde se le ordenare. El contratista no suspenderá la obra sin el permiso previo, expreso y escrito por parte de la inspección. Si se suspende la obra por incumplimiento del contratista, no se reconocerá la prórroga en el plazo de ejecución de las obras ni se le indemnizará por los gastos ocurridos. Si se suspende por causas ajenas al contratista, tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución. En ningún caso el aumento del plazo que se considere al contratista será mayor que la demora causada. Nada de lo contenido en el contrato exonerará al contratista de la responsabilidad en cuanto al progreso del trabajo, de manera segura, durante la ejecución normal de la obra. Cualquier extensión en el plazo del contrato, lo hará la inspección por escrito con indicación del tiempo de la prórroga. Dicha ampliación será calculada utilizando como base el cronograma elaborado por el contratista aprobado por la inspección..." (imagen 36 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). El pliego de condiciones regulaba la resolución y rescisión contractual en una misma cláusula de la siguiente manera: "...La Junta podrá unilateralmente resolver el contrato por incumplimientos imputables al contratista e iniciará los procedimientos administrativos para el cobro de daños y perjuicios, y sancionatorios correspondientes. La Junta podrá rescindir el contrato por razones de interés público, caso fortuito, fuerza mayor, para ello se determinará lo adeudado al contratista con base en lo suministrado y a los precios unitarios ofertados, y se cancelará la diferencia, si resultara que la diferencia es a favor de la Junta el contratista devolverá tal diferencia, o la Junta lo cobrará de la garantía de cumplimiento..." (imagen 40 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). 2) Que el 4 de febrero del 2012, la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, conforme el artículo 137 de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución DM-790-02-2008, del Ministro de Educación Pública (MEP), solicitó al Departamento de Contrataciones (DC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), la autorización para realizar la contratación directa concursada para construcción de obra nueva y obras exteriores para el colegio nocturno (imagen 10 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). 3) Que el 22 de febrero del 2012, mediante el oficio DIEE-DC-A-071-2012, el jefe del Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo DIEE, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución DM-790-02-2008, del Ministro de Educación Pública, en atención a la solicitud realizada por la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, la autorizó para realizar la contratación directa concursada para construcción de obra nueva y obras exteriores para el colegio nocturno (imagen 3 del archivo PDF denominado Tomo I (440-001), que consta en disco compacto de prueba). 4) Que el 10 de abril del 2012, las sociedades accionantes presentaron oferta en consorcio para participar en la contratación directa para realizar las obras de construcción de obra nueva y exteriores del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (imagen 69 del archivo PDF denominado Tomo II (822-441), que consta en disco compacto de prueba). 5) Que el 4 de mayo del 2012, mediante el oficio DIEE-DC-AL-188-2012, suscrito por la asesora legal del DIEE, dirigido a la Junta del Colegio Nocturno Enrique Menzel, recomendó adjudicar la contratación directa concursada al consorcio conformado por las dos sociedades accionantes (imagen 275 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 6) Que el 17 de mayo del 2012, en sesión extraordinaria de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, se acordó adjudicar a las sociedades actoras que conformaban el consorcio para la contratación directa del caso bajo estudio en los siguientes términos: "...I. Adjudicar la contratación directa de referencia al Consorcio Consultorio y Construcción P y S S.A. - Multiservicios Machado S.A., misma que cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros del presente proceso de contratación directa, dicha contratación tendrá por objeto la construcción de obra nueva y obras exteriores por un monto de ₡849.840.850,88 (ochocientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta colones con ochenta céntimos). II. Previo cumplimiento de los requisitos legales y condiciones específicas establecidas en el pliego de condiciones, y de mantenerse en firme el presente acto de adjudicación, se autoriza al Departamento de Contrataciones a declarar la firmeza y a realizar los trámites de aprobación interna del contrato y posibles adendas, al Presidente de la Junta a la suscripción del respectivo contrato y posibles adendas y al Departamento de Ejecución y Control para que realice el control de obras ..." .(imagen 266 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 7) Que el 4 de junio del 2012, mediante el oficio DIEE-DC-AL-248-2012, previno a las entidades demandantes el depósito de la garantía de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Enrique Melzer de Turrialba por un monto de ₡42.492.042,54 (cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil cuarenta y dos colones con cincuenta y cuatro céntimos) (imagen 243 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 8) Que el 8 de junio del 2012, la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba firmó el contrato para la construcción de infraestructura con las sociedades demandantes que conformaban el consorcio para llevar a cabo la obra (imagen 245 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 9) Que el 12 de junio del 2012, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República rechazó de plano el recurso de apelación que interpuso el señor Constancio Umaña Arroyo en contra del acto de adjudicación de la contratación directa concursada promovida por la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (imagen 213 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 10) Que el 18 de junio del 2012, el Instituto Nacional de Seguros (INS) estableció dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel por cuenta de las sociedades accionantes que conformaban consorcio en la contratación directa concursada con vigencia desde el 18 de junio del 2012 hasta el 18 de marzo del 2013, la primera por la suma de ₡5.000.000 (cinco millones de colones) y la otra por ₡37.500.000 (treinta y siete millones quinientos mil colones) (imagen 194 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 11) Que el 5 de julio del 2012, la Unidad de Aprobaciones Internas y Acreditaciones de Idoneidad, le confirió aprobación interna al contrato suscrito entre las sociedades accionantes y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (imagen 186 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 12) Que el 27 de setiembre del 2012, la Sala Constitucional le comunicó al ministro de Educación Pública el Por Tanto del voto número 2012-13389, dictado en recurso de amparo bajo expediente 12-009051-0007-CI. La parte dispositiva indica lo siguiente: "...Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Educación Pública. En consecuencia, se ordena a Leonardo Garnier Rímolo, en su condición de Ministro de Educación, o a quien en su lugar ejerza el cargo, suspender la construcción del nuevo Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, hasta tanto se cuente con los estudios hidrogeológicos necesarios que permitan descartar cualquier amenaza al recurso hídrico y al suministro del preciado líquido para el resto de habitantes de la zona de influencia del acuífero. Se advierte al recurrido que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la esta resolución a Leonardo Garnier Rímolo, en su condición de Ministro de Educación, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso. Comuníquese..." (imagen 182 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 13) Que el 8 de octubre del 2012, mediante el oficio DIEE-DEC-2093-2012, el Departamento de Ejecución y Control del Ministerio de Educación Pública le comunicó a las sociedades accionantes lo resuelto por la Sala Constitucional en los siguientes términos: "...Se les informa que, de conformidad con el voto número 2012-13389 de la Sala Constitucional, dicho ente judicial ha ordenado al Ministerio de Educación Pública la suspensión de la construcción del nuevo Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel de Turrialba de Cartago. Sobre la base de lo anterior, este departamento estaría a la espera de la subsecuente comunicación oficial sobre el levantamiento de la suspensión indicada, para gestionar la orden de Inicio de las obras..." (imagen 182 del archivo PDF denominado Tomo IV (1695-1251) que consta en disco compacto de prueba). 14) Que el 11 de febrero del 2013, mediante el oficio DIEE-DC-044-2013 del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 175 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 15) Que el 6 de marzo del 2013, el INS mediante addendum 1, rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2013 al 18 de junio del 2013 (imágenes 172 y 173 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 16) Que el 7 de marzo del 2013, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de junio del 2013 (imagen 171 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 17) Que el 8 de mayo del 2013, mediante el oficio DIEE-DC-266-2013 del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 167 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 18) Que el 10 de junio del 2013, el INS mediante addendum 2, rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de junio del 2013 al 18 de marzo del 2014 (imágenes 164 y 165 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 19) Que el 10 de junio del 2013, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de marzo del 2014 (imagen 163 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 20) Que el 11 de febrero del 2014, mediante el oficio DIEE-DC-041-2014, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 150 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 21) Que el 3 de marzo del 2014, el INS mediante addendum 3 rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2014 al 18 de junio del 2014 (imágenes 146 y 147 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 22) Que el 3 de marzo del 2014, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de junio del 2014 (imagen 145 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 23) Que el 13 de mayo del 2014, mediante el oficio DIEE-DC-0137-2014, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 141 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 24) Que el 3 de junio del 2014, el INS mediante addendum 4 rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de junio del 2014 al 18 de setiembre del 2014 (imágenes 138 y 139 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 25) Que el 4 de junio del 2014, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de setiembre del 2014 (imagen 137 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 26) Que el 11 de agosto del 2014, mediante el oficio DIEE-DC-AF-243-2014, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 134 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 27) Que el 11 de setiembre del 2014, el INS mediante addendum 5 rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de setiembre del 2014 al 18 de diciembre del 2014 (imágenes 131 y 132 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 28) Que el 12 de setiembre del 2014, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de diciembre del 2014 (imagen 130 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 29) Que el 11 de noviembre del 2014, mediante el oficio DIEE-DC-AF-0342-2014, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 127 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 30) Que el 26 de noviembre del 2014, el INS mediante addendum 6 rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de diciembre del 2014 al 18 de marzo del 2015 (imágenes 124 y 125 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 31) Que el 27 de noviembre del 2014, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de marzo del 2015 (imagen 123 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba) 32) Que el 10 de febrero del 2015, mediante el oficio DIEE-DC-AF-038-2015, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 121 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 33) Que el 13 de marzo del 2015, el INS mediante addendum 7 rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2015 al 18 de junio del 2015 (imágenes 118 y 119 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 34) Que el 13 de marzo del 2015, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de junio del 2015 (imagen 117 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 35) Que el 11 de mayo del 2015, mediante el oficio DIEE-DC-AF-0168-2015, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 114 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 36) Que el 3 de junio del 2015, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de junio del 2015 al 18 de diciembre del 2015 (imágenes 111 y 112 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 37) Que el 3 de junio del 2015, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de diciembre del 2015 (imagen 110 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 38) Que el 9 de noviembre del 2015, mediante el oficio DIEE-DC-AF-0452-2015, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 106 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 39) Que el 23 de noviembre del 2015, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de diciembre del 2015 al 18 de marzo del 2016 (imágenes 103 y 104 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 40) Que el 24 de noviembre del 2015, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de marzo del 2016 (imagen 102 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 41) Que el 16 de febrero del 2016, mediante el oficio DIEE-DC-AF-077-2016, del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, le solicitó al consorcio conformado por las sociedades accionantes renovar la garantía de cumplimiento, bajo pena de ejecución preventiva (imagen 98 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 42) Que el 2 de marzo del 2016, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2016 al 18 de setiembre del 2016 (imágenes 95 y 96 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 43) Que el 3 de marzo del 2016, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de setiembre del 2016 (imagen 94 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 44) Que el 6 de julio del 2016, mediante oficio DIEE-491-2016, suscrito por Yoryana Zúñiga Centeno, Rigoberto Villalobos González y Adriana Brenes Porras, todos del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa, dirigido a la Junta de Educación demandada, al director del Colegio Nocturno Enrique Menzel y al académico de orientación tecnológica, indicaron lo siguiente:"...En referencia al seguimiento del proyecto de infraestructura requerido para el Colegio Nocturno Enrique Menzel, código 4859 ubicado en la provincia de Cartago, cantón Turrialba, distrito Turrialba les indico que recibimos el 25 de mayo del 2016, los oficios N°GG-530-16 del MSc. Carlos Zúñiga Naranjo Gerente General a.i. y oficio N° UGH-106-2016 de la señora Clara Agudelo Arango Hidrogeóloga de la Unidad de Gestión Hídrica y el Ing. Carlos Romero Fernández Jefe de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica donde remiten el informe de Inspección Turrialba Naciente-Colegio Enrique Menzel de los geólogos Rafael Matamoros Arguedas, Daniela Herra Herrera Hidrogeóloga o (sic) Clara Agudelo Arango todos funcionarios de SENARA y en donde nos indican la verificación de la Naciente NAC-2534 y 5 afloramientos de agua que también se catalogaron como nacientes (página 8 del informe bajo número de Oficio N° UGH-106-16). Por lo anterior, la solicitud de Viabilidad Ambiental que se está gestionando por la Junta Administrativa ante SETENA debe ser archivada, de forma tal que se le propone a la Junta Administrativa que solicite el cierre o archivo del expediente D1-12601-14 de SETENA, ya que con base en lo señalado en el oficio N° UGH-106-2016, no es factible continuar con el trámite ante dicha instancia. Desde el Departamento de Desarrollo e Infraestructura y por ende desde la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, se ha tratado de buscar una solución al proveedor de infraestructura educativa digna al Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel, no obstante, técnicamente se da por agotada la vía de implementación del proyecto planteado en el terreno perteneciente al plano catastrado C-1226809-2008..." (imagen 86 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 45) Que el 11 de agosto del 2016, mediante el oficio DIEE-558-2016, dirigido al Director del DIEE, por parte de la arquitecta del departamento de Infraestructura Educativa, señala lo siguiente:"...Por medio de la presente, en referencia al oficio DIEE-DEC-1287-2016 me permito aclarar: 1- El trámite de inscripción de planos ante el CFIA se realizó el 06 de mayo del 2015 y se obtuvo la última revisión institucional el 17 de julio 2015 (lo antes mencionado según oficio DIEE 3878-13 EL Ing. Carlos Villalobos indico que asumiría la responsabilidad del diseño civil del Proyecto en cuestión) 2- En cuanto a la Viabilidad Ambiental el Departamento de Desarrollo en coordinación con la Junta Administrativa ha gestionado múltiples tramites (sic) debido a los recursos de amparo interpuestos al terreno C-1226809-2008 referente a posibles nacientes y no es sino hasta el 25 de mayo del 2016 que se recibe los oficios N° GG-530-16 del Msc. Carlos Zúñiga Naranjo Gerente General a.i. y oficio N° UGH-106-2016 de la señora Clara Agudelo Arango Hidrogeóloga de la Unidad de Gestión Hídrica y el Ing. Carlos Romero Fernández Jefe de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica donde remiten el informe de Inspección Turrialba, Naciente-Colegio Enrique Menzel de los geólogos Rafael Matamoros Arguedas, Daniela Herra Herrera Hidrogeóloga e (sic) Clara Agudelo Arango todos funcionarios de SENARA y en donde nos indican la verificación de la Naciente NAC-2534 y 5 afloramientos de agua que también se catalogaron como nacientes. Por lo anterior, la actual solicitud de Viabilidad Ambiental gestionada por la Junta Administrativa ante SETENA debe ser retirada, de forma tal que el Departamento de Desarrollo de Infraestructura le propuso a la Junta Administrativa solicitar el cierre del expediente D1-12601-14 de SETENA (Oficio DIEE-DDIE-491-16)..." (imagen 85 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 46) Que el 2 de setiembre del 2016, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de setiembre del 2016 al 18 de marzo del 2017 (imágenes 83 y 84 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 47) Que el 5 de setiembre del 2016, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de marzo del 2017 (imagen 82 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 48) Que el 13 de marzo del 2017, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2017 al 18 de setiembre del 2017 (imágenes 73 y 74 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 49) Que el 14 de marzo del 2017, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de setiembre del 2017 (imagen 72 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 50) Que el 5 de setiembre del 2017, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de setiembre del 2017 al 18 de marzo del 2018 (imágenes 57 y 58 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 51) Que el 5 de setiembre del 2017, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de marzo del 2018 (imagen 56 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 52) Que el 2 de marzo del 2018, el INS rindió dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel, por las sumas de ₡37.500.000 y ₡5.000.000, con fecha de vencimiento del 18 de marzo del 2018 al 18 de setiembre del 2018 (imágenes 25 y 26 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 53) Que el 9 de marzo del 2018, en la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa accionada, en el artículo cuarto, acuerdo seis, se dispuso a enviar un oficio al director de la DIEE, mediante el cual amparada en el artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se le solicitó dar por terminado el proceso de contratación con las empresas actoras (imagen 4 del archivo PDF Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 54) Que el 12 de marzo del 2018, el Departamento de Contrataciones del MEP tuvo por recibidas las garantías del INS con una vigencia hasta el 18 de setiembre del 2018 (imagen 24 del archivo PDF denominado Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 55) Que el 14 de marzo del 2018, el director del Colegio Nocturno Enrique Menzel, mediante el oficio CND1-008-2018, dirigido al jefe del departamento de la DIEE, le informó que la presidenta de la Junta Administrativa accionada conversó con uno de los personeros de las sociedades accionantes, quien le manifestó que presentarían una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa. Por tal motivo solicitó que el contrato fuera rescindido (imagen 22 del archivo PDF Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba). 56) Que el 21 de marzo del 2018, mediante el oficio DIEE-773-2018 el Director de la DIEE le trasladó al jefe de la dirección de contratación administrativa el oficio del director del Colegio Nocturno Enrique Menzel, CND1-008-2018, mediante el cual solicitaba la resolución contractual, en virtud de lo indicado por SETENA (imagen 16 del archivo PDF Tomo IV 1695-1251, que consta en disco compacto de prueba).

II.- Hechos no probados (útiles para el asunto). 1) Que la existencia del yurro o humedal en el sitio de construcción del Colegio Nocturno era de sobra conocida por la Administración y los profesionales responsables del diseño de los planos, incluso (no se logra acreditar). 2) Que el cartel contemplara expresamente el dragado y relleno de un humedal o yurro (no existe prueba).

III.- Argumentos de las partes. Las sociedades accionantes En términos generales, acusan que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (en adelante DIEE) y el Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP), nunca dieron la orden de inicio de la contratación de obras para la construcción del colegio nocturno del cual resultaron adjudicadas, como consecuencia de no valorar los riesgos del proyecto, dado que la Sala Constitucional suspendió el proyecto por la existencia de unos supuestos ojos de agua o yurros. Sin perjuicio de lo anterior, reprocha que se ha mantenido por más de seis años la suspensión de la contratación, sin dar la orden de inicio, no obstante, les ha sido exigida la renovación de garantías. Consideran que esta situación les produce no sólo perjuicios a las sociedades, sino daños morales subjetivos a los dueños. Reprochan el silencio que ha guardado la Administración con respecto a la continuidad del proyecto o no, pues no ha sido comunicado formalmente el cierre del proceso, sin embargo, afirman que existen comunicaciones a nivel interno en relación con este tema. Aseveran que el consorcio aparece en el SIAC como adjudicatarios del contrato, sin contar con capacidad financiera para tomar otros negocios similares. Denuncian la paralización de sus empresas en cuanto a la participación en licitaciones de obra pública. Señalan que son "sancionados" en forma directa con la inhabilitación para contratar con el Estado. A modo de ejemplo, indican que en el año dos mil diecisiete recibieron menos ingresos. Por su parte, a modo de síntesis, el Estado manifiesta que existe una falta de legitimación ad causam pasiva. Según explica, el centro educativo del caso objeto del proceso, requería ser reubicado, motivo por el cual fue comprado un inmueble, habiendo sido llevadas a cabo todas las gestiones pertinentes ante la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones involucradas en la formulación del proyecto. Señala que cuando la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba (en adelante "la Junta"), tuvo conocimiento de la suspensión que ordenó la Sala Constitucional, llevó a cabo un estudio hidrogeológico. Menciona que el Tribunal Constitucional en otro voto, producto de otro recurso de amparo, sostuvo que no existía ninguna naciente ni brote de aguas en las cercanías de la propiedad ni dentro de ella, pero se detectó una zona de concentración de bloques en la parte sur y la presencia de una zona de concentración de humedad, de modo que se emitió recomendación del caso para evitar problemas en la infraestructura, por lo que el MEP quedó habilitado para continuar con el proceso de construcción. Sin perjuicio de lo anterior, se realizaron los estudios ante SENTENA, no obstante ingresaron varias denuncias ante esta entidad, por lo que continuaron con las investigaciones. Según reseña, con motivo de estas indagaciones SENARA determinó la existencia de cinco afloramientos de agua que fueron catalogados como nacientes y de ahí la determinación del área como de protección. Por ese motivo, fue retirada la solicitud ante SETENA, así como el cierre del expediente de viabilidad ambiental ante la imposibilidad de construcción en zona de protección a las nacientes de agua. Menciona además, que cuanto el terreno se adquirió no se tenía conocimiento de que se trataba de nacientes, por tal razón, el cartel contempló el tratamiento de las aguas a efecto de la construcción. Sostiene que la existencia de las aguas fue sobreviniente a la compra del terreno, por tal motivo, no existe una actuación ilegal de la DIEE. Considera que aplican las eximentes de responsabilidad del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Finalmente, la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba indica que no existe razón alguna para atribuir responsabilidad por el hecho de haber sido suspendida la obra. Considera que no existe nexo causal en virtud de la nulidad absoluta del cartel, desde su publicación, pues la exigencia de desviar aguas contraviene la disposición de la Ley Forestal, que es de interés público, como lo es la protección al medio ambiente.

IV.- Objeto del proceso. Sin perjuicio de que en el juicio oral y público, las sociedades accionantes desistieron de una de sus pretensiones relativa a la devolución de las garantías de cumplimiento, nos encontramos frente a un proceso mediante el cual la parte actora requiere que el MEP se pronuncie con respecto a la situación de la relación contractual. De igual modo, pide los daños y perjuicios (civil de hacienda).

V.- Sobre el caso concreto. Criterio de imputación de responsabilidad contractual. Previo a ingresar a resolver la presente causa, que en su esencia es un proceso civil de hacienda (daños y perjuicios), con una pretensión para que el MEP se pronuncie respecto de la situación de la contratación que ha mantenido en suspenso, es menester dilucidar el tipo de responsabilidad en la que se enmarca el caso. Lo anterior en virtud de que -a juicio del Tribunal- no existe claridad si se trata de una responsabilidad contractual o extracontractual, dadas las manifestaciones de las partes en las distintas etapas del proceso. En ese sentido, como fundamento jurídico, las accionantes en su demanda hicieron referencia a los artículos 11, 45 y 41 de la Constitución Política, no obstante, en sus conclusiones mencionaron el esquema de responsabilidad de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública que regulan la responsabilidad objetiva extracontractual del Estado. El mismo enfoque normativo extracontractual lo utilizó el Estado en la contestación de la demanda así como en sus conclusiones. Se debe tener en cuenta, con vista de la pretensión de la demanda que los daños reclamados en esta causa tienen su origen en la contratación administrativa entre las sociedades demandantes la DIEE del MEP y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno accionado. De ese modo, se piden como daños los costos incurridos por la preparación de la oferta, los de las garantías de cumplimiento, los de la línea de crédito, la póliza de riesgos del trabajo, el lucro cesante, el perjuicio y el daño moral, todos derivados de la contratación mencionada. Al efecto, se debe tener presente que dentro de la evolución de la responsabilidad civil, conocida también por la doctrina más reciente como "derecho de daños", se han dado varios fraccionamientos. Así una de esas grandes divisiones las fracciona en responsabilidad contractual y extracontractual, de manera tal que en aquella el deber de reparación surge como consecuencia del incumplimiento de una obligación, cuya fuente es una relación jurídica preexistente, mientras que en la última no existe una relación obligacional previa entre el acreedor y el deudor, por lo que es el daño inferido el que va a producir el vínculo, es la razón por la que se le denomina responsabilidad aquiliana y se basa en el aforismo neminem laedere, o el deber de no causar un daño a otro, que al transgredirse produce la obligación de reparar, aunque no exista un vínculo contractual. Así planteadas las cosas, no existe dudas de que no estamos frente a una responsabilidad extracontractual, sino ante una de naturaleza contractual. De ese modo, debe determinarse si la Administración concernida incumplió alguna de sus obligaciones contractuales, derivadas de la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento, el cartel o el mismo contrato suscrito con el consorcio contratista. La teoría del caso que viene a plantear la parte actora imputa directamente a la Administración y a los profesionales responsables del diseño de los planos el conocimiento de la existencia de un yurro o humedal en el terreno donde se iban a llevar a cabo los trabajos en el Colegio. Tanto es así, que según su dicho, dentro de las obras complementarias se incluían trabajos para darle tratamiento a esas aguas. De ese modo, desde su óptica, la causa eficiente de los daños que se reclaman corresponden a una conducta omisiva que pretendió ocultar la existencia de las aguas dichas. Por su parte, el Estado refuta dichas afirmaciones al indicar que cuando el terreno se compró no se conocía que las aguas que discurrían eran nacientes. Añade que no fue sino hasta que se adjudicó el contrato que se presentaron denuncias y fue la Sala Constitucional la que ordenó suspender el contrato. Afirma que también se presentaron denuncias ante SETENA, por lo que se realizaron las investigaciones correspondientes y SENARA determinó la existencia de cinco afloramientos de agua. Por tal razón, se retiró la solicitud de viabilidad ambiental ante SETENA. Finalmente, la Junta Administrativa sostiene que en este caso la responsabilidad es compartida o tripartita, no sólo entre la Administración, sino de las mismas sociedades contratistas, conforme al artículo 21 de la Ley de Contratación Administrativa que dispone que nadie puede aducir desconocimiento de las consecuencias de lo pactado. Acusa que las sociedades accionantes reconocieron que sabían de la existencia de yurros y humedales y aun así, participaron de la contratación para beneficiarse. Criterio del Tribunal: De acuerdo con los hechos probados que se desprenden de la prueba útil y necesaria para resolver la causa, aportada por las partes, se tiene acreditado que el Departamento de Contrataciones (DC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió el pliego de condiciones de la contratación objeto de este proceso (hecho probado n.° 1). Por solicitud de la Junta Administrativa accionada, el Departamento de Contrataciones (DC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) autorizó la contratación directa concursada para la construcción de la obra nueva y exteriores para el colegio nocturno (ver hechos probados n.° 2 y 3). En la contratación bajo examen, las sociedades accionantes presentaron oferta en consorcio para participar en la contratación directa para realizar las obras de construcción del proyecto (hecho probado n.° 4). En ese orden, cronológico que se lleva, el día cuatro de mayo del dos mil doce, mediante el oficio DIEE-DC-AL-188-2012, suscrito por la asesora legal del DIEE, dirigido a la Junta del Colegio Nocturno Enrique Menzel, recomendó adjudicar la contratación directa concursada al consorcio conformado por las dos sociedades accionantes (hecho probado n.°5). Con sustento en lo anterior, del diecisiete de mayo del dos mil doce, en sesión extraordinaria de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, acordó adjudicar a las sociedades actoras que conformaban el consorcio para la contratación directa (hecho probado n.° 6). Seguidamente el ocho de junio del dos mil doce fue suscrito el contrato entre la Junta Administrativa accionada y el consorcio conformado por las dos sociedades demandantes (hecho probado n.° 8). Luego, el dieciocho de junio del dos mil doce, el INS estableció dos garantías de cumplimiento a favor de la Junta accionada (hecho probado n.° 10). En el orden cronológico que se sigue, el día cinco de julio del dos mil doce, fue refrendado el contrato (hecho probado n.° 11). Llegados hasta este punto, derivado del proceso de contratación administrativa concursada directa, el contrato no sólo adquirió validez, con el dictado del acto de adjudicación mencionado, sino su eficacia, al haber sido refrendado, por lo que se encontraba listo para ser ejecutado. Sin perjuicio de lo anterior, el día veintisiete de setiembre del dos mil doce, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo en el que ordenó la suspensión de la construcción de las obras de la contratación bajo examen. Esta situación fue comunicada a las partes demandantes el ocho de octubre del dos mil doce, mediante el oficio DIEE-DEC-2093-2012, por parte del Departamento de Ejecución y Control del MEP. Como se tiene acreditado, por un período de cinco años y diecinueve días aproximadamente, que va entre el once de febrero del dos mil trece y el dos de marzo del dos mil dieciocho, por solicitud del Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, las sociedades accionantes en catorce ocasiones renovaron la garantía de cumplimiento emitidas por el INS, so pena de ejecución anticipada de la garantía de cumplimiento vigente al momento (ver hechos probados 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 50 y 52). Sin embargo de esta dinámica reiterativa de renovación de la garantía de cumplimiento que se prolongó por el lapso mencionado, desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis la DIEE fue informada en el marco de la solicitud de viabilidad ambiental ante el SETENA que el SENARA había determinado la existencia de una naciente y cinco afloramientos en el lugar donde se iba a construir las obras (hecho probado n.° 44). No obstante, no fue sino hasta el nueve de marzo del dos mil dieciocho que la Junta Administrativa accionada inició la solicitud a la DIEE del MEP para dar por terminado el contrato por la vía de la rescisión contractual (hechos probados 54, 55 y 56). Planteadas así las cosas, conforme a los hechos descritos, corresponde analizar la existencia o no de responsabilidad contractual, dado que los daños reclamados derivan del vínculo obligacional que se estudia. La teoría del caso de las sociedades accionantes enfoca el criterio de imputación, en la existencia de una suerte de complot, ilegalidad o anormalidad primigenia, que venía desde el cartel y -que según su dicho- era de conocimiento de todos los profesionales responsables del diseño de los planos, encaminados prácticamente a manipular, ocultar y desaparecer el yurro o humedal del que supuestamente conocían plenamente de su existencia. Estas apreciaciones subjetivas constan no sólo en los hechos de la demanda, sino en las manifestaciones que llevó a cabo el representante de una de las sociedades actoras Randall Pérez Castillo, en su declaración rendida el día del juicio oral y público. Para este Órgano Decisor, tales afirmaciones no se han acreditado con la prueba material pertinente, pues se desprenden solamente del dicho de parte. De una revisión de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones no es posible desprender una confabulación de esta envergadura en la contratación bajo examen. Tampoco existe prueba de cargo que demuestre cuál o cuáles funcionarios eran los que tenían conocimiento de la situación y pretendieron ocultarla, ni el modo, tiempo o lugar en que desplegaron este tipo de supuestas conductas ilícitas encaminadas a ocultar y desaparecer la naciente. Por el contrario, conforme se desprende del expediente administrativo y se ha tenido por demostrado en el hecho probado n.° 44, hasta el día veinticinco de mayo del dos mil dieciséis la DIEE fue informada en el marco de la solicitud de viabilidad ambiental ante el SETENA, que el SENARA había determinado la existencia de una naciente y cinco afloramientos en el lugar donde se iban a construir las obras. De ese modo, no es sino hasta esta fecha posterior a la elaboración del cartel, incluso a la adjudicación, firma y refrendo del contrato, que se tuvo la certeza fáctica y jurídica que el terreno que había adquirido la Administración contaba con una naciente, con las implicaciones jurídicas que esto conlleva. No obstante de lo anterior, de los hechos que se sustentan en la prueba que ha revisado el Tribunal, es posible encontrar una conducta omisiva, con posterioridad al día veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, contraria a las disposiciones del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que se configura en el criterio de imputación de responsabilidad contractual, que se vincula con algunos de los daños reclamados como se verá en el apartado siguiente del presente fallo con el número VI. Se debe recordar, que las obligaciones en el marco de una contratación administrativa, regida por el Derecho Público, no sólo se encuentran en la letra del contrato, sino en todo el ordenamiento jurídico que lo permea (Constitución Política, Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, entre otros). En tal sentido, es posible apreciar, de la prueba aportada, como ya se mencionó, la Administración mantuvo en suspenso la contratación por un tiempo excesivo, en el que por cinco años y diecinueve días aproximadamente, exigió al contratista la renovación de la garantía so pena de ejecución preventiva de la garantía de cumplimiento vigente. De ese modo y conforme a esa prueba el contratista atendió en todas las ocasiones ese requerimiento que se prolongó por varios años. Esta situación se agrava más cuando la DIEE del MEP tuvo conocimiento desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, de la existencia de la naciente, que confirmó el SENARA, motivo por el cual retiró el trámite ante el SETENA para que le fuera otorgada la viabilidad ambiental. Para ese momento, la certeza fáctica y jurídica de la existencia de la naciente era un hecho irrefutable que apuntaba a que en el lugar no era posible desarrollar obras en el sitio. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades accionantes en catorce ocasiones debieron renovar las garantías de cumplimiento emitidas por el INS, con un contrato suspendido de manera indefinida. En lo concerniente a la suspensión temporal del contrato el cartel en sus condiciones generales indica: "...Los profesionales inspectores podrán suspender la obra, en todo o en parte, y por el período que consideren necesario, por razones justificadas o incumplimiento del contratista. Dicha suspensión se ordenará por escrito, indicando las razones de la decisión. Si fuere por un tiempo indefinido, el contratista almacenará todos sus materiales de modo que no obstruyan ni impidan innecesariamente el tránsito del público, ni sufran deterioro alguno. Tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros a la obra ejecutada, proveerá drenaje adecuado al terreno y construirá estructuras temporales donde se le ordenare. El contratista no suspenderá la obra sin el permiso previo, expreso y escrito por parte de la inspección. Si se suspende la obra por incumplimiento del contratista, no se reconocerá la prórroga en el plazo de ejecución de las obras ni se le indemnizará por los gastos ocurridos. Si se suspende por causas ajenas al contratista, tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución. En ningún caso el aumento del plazo que se considere al contratista será mayor que la demora causada. Nada de lo contenido en el contrato exonerará al contratista de la responsabilidad en cuanto al progreso del trabajo, de manera segura, durante la ejecución normal de la obra. Cualquier extensión en el plazo del contrato, lo hará la inspección por escrito con indicación del tiempo de la prórroga. Dicha ampliación será calculada utilizando como base el cronograma elaborado por el contratista aprobado por la inspección..." (lo destacado no es del original) (hecho probado n.°1). Por su parte el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en lo concerniente a este tema señala: "...Artículo 210.-Suspensión del contrato. Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante su ejecución, la Administración por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite, podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses como máximo, prorrogable por otro plazo igual. La suspensión deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el Jerarca o titular subordinado competente, con indicación precisa, entre otras cosas, de la parte realizada hasta ese momento, su estado y a cargo de quién corre el deber de conservar lo ejecutado, las medidas que se adoptarán para garantizar el equilibrio financiero y la fecha de eventual reinicio de la ejecución. El reinicio del contrato se comunicará por escrito, antes del vencimiento del plazo de suspensión. El contratista podrá reclamar a la Administración la indemnización de los daños que le provoque la suspensión contractual. De no reiniciarse el contrato dentro del plazo estipulado, la Administración deberá iniciar de forma inmediata el procedimiento tendiente a su rescisión, salvo que razones de interés público, impongan continuar con su inmediata ejecución…" (lo destacado no es de su original). Conforme la disposición citada, que en la escala jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo, dispuesta en los cánones 6, 7 y 8 de la LGAP, el Reglamento de la Contratación está por encima del cartel. De acuerdo con esta norma superior al cartel, el plazo de suspensión temporal del contrato sobrepasó en exceso el tiempo permitido por el ordenamiento jurídico para mantener en suspenso un contrato, máxime si se tiene en cuenta que cuando fue declarada la existencia de la naciente en el sitio, ya nada se podía hacer en lo relativo al levantamiento de obras. Por lo expuesto, en el caso de marras es posible desde el punto de vista jurídico imputar responsabilidad a la Administración por esta conducta omisiva. El ordenamiento jurídico, entiéndase Ley de la Contratación Administrativa, permite para casos como este llevar a cabo una rescisión del contrato, para no mantener en el tiempo relaciones contractuales estériles. Cabe mencionar, finalmente, si la responsabilidad contractual encontrada, es solidaria o no. La responsabilidad solidaria es un concepto jurídico, que implica que varias personas o entidades comparten la misma obligación de cumplir con una deuda o responsabilidad, pudiendo ser requeridas por el total de la obligación sin importar su grado de participación. Ajustados a las disposiciones de la Ley n.° 181 del 18 de agosto de 1944 (Código de Educación), Ley n.° 2160 (Ley Fundamental de Educación) y al Reglamento General de las Juntas de Educación n.° 38.249-MEP, estas juntas cuentan no sólo con personalidad jurídica y patrimonio propio, dado que han sido creadas mediante un acto de imperio del Estado atienden una serie de fines especiales. Sin embargo, dichas juntas, respecto de la Administración Pública descentralizada, el Estado, como ente público mayor, ejerce sobre ellas una tutela administrativa al orientar, de forma general, su actuación, para lograr así una mayor coherencia y unidad en la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la política educativa oficial. Esta posición ha sido esbozada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el voto n.° 2005-918 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil cinco, así como por muchos dictámenes emitidos por la misma Procuraduría General de la República (véanse entre otros el dictamen n.° C-386-2003 de 09 de diciembre del 2003 y el C-453-2014 del 8 de diciembre del 2014). Dada esta relación jurídico administrativa de tutela, el Estado no puede figurar como un "simple asesor" para evadir sus responsabilidades en el caso. Máxime si se tiene en cuenta los hechos probados de este fallo, de los cuales es posible desprender que sus conductas activas y omisivas en este caso concreto, rebasaron su función de "asesorar", pues se convirtieron en los de una Administración activa. Dadas las actuaciones desplegadas por ambas entidades demandadas que configuraron la actuación administrativa a la que se le puede imputar el incumplimiento contractual de este caso, son responsables solidariamente el Estado y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba. En su defensa, la Junta, reconoce haber firmado el contrato para la construcción del Colegio objeto de litis. Además, considera que establece que el pacto dispone responsabilidades "tripartitas", por lo que tanto los accionantes, el Departamento de Ejecución y Control de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, deben cumplir con sus obligaciones. Añade que por disposición del artículo 21 de la Ley de Contratación Administrativa y el 210 del Reglamento de esa Ley, ninguna de las partes, puede aducir desconocimiento de las consecuencias de lo pactado, ni de la ley en general. Por lo cual, según su criterio, ningún contratista puede sacar provecho de sus acciones u omisiones, si éste tuvo conocimiento de un aspecto que luego lo quiere utilizar en beneficio. Por esta razón, considera que los demandantes, aceptaron que desde el movimiento de tierras conocían de la existencia del yurro. Conforme se expuso con anterioridad, así el cuadro fáctico que se ha tenido acreditado, esta argumentación no tiene la virtud de exonerar a la Junta de su responsabilidad solidaria que se le endilga en este fallo, toda vez que, se relaciona con las actuaciones posteriores, derivadas de la ejecución contractual, de mantener de forma indefinida una contratación en el tiempo, pudiendo haberlo rescindido. Se debe enfatizar, en el hecho de que la aparición del yurro o naciente de agua, dentro del terreno donde se iba a llevar a cabo la construcción del centro educativo, no es posible atribuirla a ninguna de las partes. La responsabilidad, surge con motivo de la forma en la que se ejecutó el contrato, en orden a obligar al contratista a mantener las garantías y renovarlas una y otra vez, por decisión unilateral de la administración concernida, de lo cual se sigue que la accionante no tuvo más remedio que acatar las disposiciones de ésta, con las consecuencias económicas correspondientes. De ese modo, la tesis de la supuesta responsabilidad compartida o "tripartita", no es de recibo en el caso que se analiza, pues no tiene relación con la responsabilidad que ha sido determinada por el Tribunal en esta causa. Planteadas así las cosas, al encontrarse un criterio de imputación, el nexo entre los daños reclamados en el marco de la contratación y la solidaridad de la responsabilidad, procede en el apartado que sigue determinar, cuáles de estos daños resultan resarcibles o no.

VI.- Sobre los daños y perjuicios. Corresponde en este acápite determinar si es posible vincular los daños alegados por las entidades accionantes con la conducta omisiva generadora de responsabilidad en el caso concreto. De antemano es preciso indicar que de una lectura del desglose de estos daños y perjuicios, no ha sido allegada a los autos prueba material que permita corroborar al Tribunal, con certeza absoluta, que los costos, valores y situaciones fácticas que se señalan son correctas. No obstante, como se explicó en el considerando V de la presente sentencia, algunos de estos daños y perjuicios reclamados sí podrían estar vinculados por medio de un nexo causal a la conducta imputada a la Administración, dado su incumplimiento. i) Daño causado: En lo concerniente a este rubro las accionantes solicitan lo siguiente: "... a) Preparación de la Oferta, Aclaraciones y Preparación de Inicio de Obra. Se invirtieron 300 horas de trabajo de un grupo interdisciplinario involucrando gente que se contrató específicamente para este proyecto o que son parte de nuestra estructura administrativa, tales como un ingeniero electromecánico, ingeniero civil y presupuestista a un costo promedio por hora de ¢3.000 para un total de ¢900.000 (Novecientos mil colones). Costo de certificaciones de Estados Financieros ¢400.000 (Cuatrocientos mil colones). Costos de gastos legales ¢107.500 (Ciento siete mil quinientos colones) Papelería, copias, impresiones, copias de planos y empastes ¢100.000 (Cien mil colones). Total Preparación de la Oferta: ¢1.407.500 (Un millón cuatrocientos siete mil quinientos colones) b) Especies Fiscales ¢1.997.419,48 (Un millón novecientos noventa y siete mil cuatrocientos diecinueve colones con 48/100). Fecha de pago 6 de Junio 2012. Valor presente a Diciembre 2017:¢3.454.152 (Tres Millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos colones). c) Costos Garantías de Cumplimiento 1- Garantías del 18/06/12 a 18/03/13, fecha de pago 6 Junio 2012: ¢826.480 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢1.429.237 (Un millón cuatrocientos veintinueve mil doscientos treinta y siete colones) 2- Garantías del 18/03/13 a 18/06/13, fecha de pago 6 Marzo 2013; ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones).Valor presente a Diciembre 2017: ¢391.251 (Trescientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete colones). 3- Garantías del 18/06/13 a 18/03/14, fecha de pago 10 Junio 2013: ¢826.480 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢1.113.814 (Un millón ciento trece mil ochocientos setenta y cuatro colones). 4- Garantías del 18/03/14 a 18/06/14, fecha de pago 3 Marzo 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢352.270 (Trescientos cincuenta y dos mil doscientos setenta colones). 5- Garantías del 18/06/14 a 18/09/14, fecha de pago 3 Junio 2014: ¢273.000 (Doscientos setenta y tres mil colones). Valor presente a Diciembre 2011:¢346.721 (Trescientos cuarenta y seis mil setecientos veintisiete colones). 6- Garantías del 18/09/14 a 18/12/14, fecha de pago 11 Setiembre 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢348.274 (Trescientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro colones). 7- Garantías del 18/12/14 a 18/03/15, fecha de pago 26 Noviembre 2014: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢331.310 (Trescientos treinta y siete mil trescientos setenta colones). 8- Garantías del 18/03/15 a 18/06/15, fecha de pago 13 Marzo 2015: ¢276.250 (Doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢336.079 (Trescientos treinta y seis mil setenta y nueve colones). 9- Garantías del 18/06/15 a 18/12/15, fecha de pago 3 Junio 2015: ¢552.500 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢656.195 (Seiscientos cincuenta y seis mil ciento noventa y cinco colones). 10- Garantías del 18/12/15 a 18/03/16, fecha de pago 23 Noviembre 2015: ¢66.913 (Sesenta y seis mil novecientos trece colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢77.706 (Setena y siete mil setecientos seis colones). 11-Garantías del 18/03/16 a 18/09/16, fecha de pago 2 Marzo 2016: ¢126.276 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y seis colones). Valor presente a Diciembre 2011: ¢139.488 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho colones). 12- Garantías del 18/09/16 a 18/03/17, fecha de pago 2 Setiembre 2016: ¢124.219 (Ciento veinticuatro mil doscientos diecinueve colones). Valor presente a Diciembre 2017: ¢132.048 (Ciento treinta y dos mil cuarenta y ocho colones). 13-Garantías del 18/03/17 a 18/09/17, fecha de pago 13 Marzo 2017: ¢126.276 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y seis colones). Valor presente a Diciembre 2011: ¢130.651 (Ciento treinta mil seiscientos cincuenta y un colones). 14-Garantías del 18/09/17 a 18/03/18, fecha de pago 5 Setiembre 2017: ¢124.219 (Ciento veinticuatro mil doscientos diecinueve colones).Valor presente a Diciembre 2017: ¢126.075 (Ciento veintiséis mil setenta y cinco colones). Total Valor Presente a Diciembre 2011 de Pagos Garantías de Cumplimiento: ¢5.91 7.251 (Cinco millones novecientos diecisiete mil doscientos cincuenta y un colones). d) Costo de Línea de Crédito ¢186.176,40 (Ciento ochenta y seis mil ciento setenta y seis colones con 40/100). Fecha de pago 9 de Agosto 2012. Valor presente a Diciembre 201 T:¢325.140 (Trescientos veinticinco mil ciento cuarenta colones). e) Costo Póliza Riesgos del Trabajo. ¢11.367.319,00 (Once millones trescientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve colones). Fecha de pago 6 de Junio 2012. Valor presente a Diciembre 2017: ¢19.657.588 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y ocho colones)..." Como se indicó supra, ninguno de los costos, valores y contrataciones de profesionales, entre otros, que se desglosan en este apartado se encuentran demostrados con la prueba material que les de respaldo, por lo que deben ser rechazados. Sin perjuicio de lo anterior, en lo concerniente a los gastos en que pudo incurrir el consorcio contratante con respecto de la rendición y renovación de la garantía ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), al tratarse de un tipo de póliza, si se demuestran los gastos o costos asociados a su suscripción (prima u otro), podrán ser reconocidos en la fase de ejecución de sentencia, conforme lo dispone el canon 122 inciso m) sub inciso iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Sobre la suma que sea reconocida en fase de ejecución de sentencia, sobre este rubro, debidamente demostrado, por concepto de costos asociados a la rendición y renovación de la garantía de cumplimiento ante el INS, corre el interés legal del artículo 1163 del Código Civil, desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, hasta su efectivo pago. ii) Lucro cesante y perjuicio: Las demandantes solicitan por aparte un "lucro cesante" y un "perjuicio". Respecto del primero indica lo siguiente: "...a) Lucro Cesante. Utilidad Prevista según desglose de oferta del Consorcio ¢45.527.188,44 (Cuarenta y cinco millones quinientos veintisiete mil ciento ochenta y ocho colones con 44/100). Este monto debió ser recibido por las empresas del Consorcio a lo mucho al concluir las obras. Puesto que podemos considerar un plazo razonable entre la firma del contrato en fecha 8 de Junio del 2012 y el inicio de las obras en 2 meses, era de esperar el inicio de obras el 8 de Agosto del 2012. Puesto que el plazo de ejecución según oferta era de 160 días naturales, era de esperar que en fecha 15 de Enero del 2013 estuviera el proyecto concluido. Tomando esta fecha como fecha máxima de facturación de utilidad, tenemos Valor presente a Diciembre 2017: ¢70.923.267 (Setenta millones novecientos veintitrés mil doscientos sesenta y siete colones)...." En lo concerniente al segundo, las demandantes requieren: "...a) Perjuicio. La actividad de nuestras empresas se paralizó en un 60% por el plazo de 5 años (actualmente vigente). Según hecho 16 dejó de recibirse, al menos una utilidad conservadora de ¢45.000.000,00 (Cuarenta y cinco millones de colones), por año de perjuicio. Siendo 5 años los que ha afectado la no realización del proyecto y la conservación del mismo como una obra adjudicada a nuestras empresas este monto asciende a un perjuicio de ¢225.000.000 (Doscientos veinticinco millones de colones). Sería similar pensar que este mismo monto es el resultado de la utilidad prevista para el proyecto en cuestión (Ver utilidad prevista en Oferta del Consorcio), multiplicada por cada año que he estado imposibilitado para tomar proyectos o grupo de proyectos similares dentro de la administración pública, ya que se trabaja para obtener contratos similares de Obra Pública al año, lo cual es totalmente viable y razonable dentro de un manejo empresarial serio. Es decir se conservaría el razonamiento de 5 años a ¢45.000.000 por año dando el mismo total de ¢225.000.000 Sobre este aspecto. nuestra jurisprudencia y la doctrina ha sido hasta en indicar, que la expectativa como daño futuro es también indemnizable, porque los ¢45.000.000 de utilidad esperada en este proyecto no eran expectativa, por el contrario eran ciertos y demostrables, con fundamento en el contrato pleno, válido y eficaz firmado al efecto. Al respecto me permito mencionar a Perrino, Pablo Esteban. Autor Argentino en su libro Responsabilidad Contractual del Estado, que sobre el tema en cuestión menciona. (La pérdida de la chance también es indemnizable en tanto constituye un daño cierto y no conjetural. El resarcimiento de este rubro exige acreditar la frustración de obtener un beneficio económico que cuente con probabilidad suficiente de convertirse en cierto. No solo los perjuicios actuales o presentes son resarcibles, sino también el daño futuro, en la medida en que medie certidumbre acerca de su existencia)..." En lo que respecta a estos dos rubros, en el régimen de la contratación pública, el "lucro cesante" se equipara al daño material, esto quiere decir que corresponde a las utilidades reales que la empresa dejó de percibir. Por su parte, los perjuicios serían los réditos generados por esas utilidades o ganancias. Así las cosas, dado que es obligación de la parte demostrar, con la prueba material pertinente y acorde con el marco de la contratación sus verdaderas utilidades, lo que no se ha llevado a cabo dentro de este proceso, corresponde por concepto de lucro cesante el 10% del monto total del contrato, conforme lo dispone el artículo 216 del Reglamento de Contratación Administrativa que dispone: "...El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido declarada se considerará que es un 10% del monto total cotizado..." Conforme se desprende del hecho probado n.° 6 del presente fallo, el monto adjudicado a las contratistas fue por la suma de: ₡849.840.850,88 (ochocientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta colones con ochenta céntimos). Con base en el canon citado el 10% corresponde al monto de ₡84.984.085,08 (ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil ochenta y cinco colones con ocho céntimos). Por otro lado, en lo concerniente a los perjuicios, como ya se indicó supra, habrá de correr el interés legal del artículo 1163 del Código Civil, desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, hasta su efectivo pago. iii) Daño moral subjetivo: "...Ambas partes del Consorcio han experimentado daño moral por lo que se solicita ¢15.000.000,00 (Quince Millones de Colones) por Empresa para un daño moral de ¢30.000.000 (Treinta millones de colones)..." Resulta imposible vincular este daño moral a la conducta administrativa omisiva contractual mencionada en el considerando anterior de la presente sentencia con el número V, por cuanto quienes accionan en esta sede son dos entidades jurídicas (sociedades anónimas) que son personas de naturaleza abstracta y que por una cuestión obvia no pueden experimentar sentimientos de frustración o estrés asociados al daño moral subjetivo. Las partes accionantes han confundido el daño moral subjetivo que pudo haber sufrido el representante de la sociedad accionante en su condición personal, con el del ente abstracto que representa. Esto se corrobora con la declaración en el juicio oral y público de Randall Pérez Castillo quien narró los supuestos sentimientos que experimentó en lo personal, como estrés, angustia ira y frustración, incluso la aparición de padecimientos en su salud, entre otros, por lo acaecido dentro de la contratación. No obstante, dicho personero no figura como accionante (persona física), sino que quien acciona es la sociedad que representa (entidad jurídica). Tal y como se plantea el resarcimiento del daño moral subjetivo, el sufrimiento, angustia y estrés experimentado por el personero de la sociedad no se podría trasladar a la entidad jurídica. El represente de la sociedad, jurídica y procesalmente no es parte. Como se reitera, las sociedades anónimas no pueden experimentar daños morales subjetivos (angustia, sufrimiento, o estrés, entre otros), pues compete únicamente a la naturaleza del ser humano. Por tal razón este daño moral subjetivo no resulta indemnizable en el caso bajo examen.

VII.- Sobre las pretensiones. Pretensión número 1: Las sociedades accionantes solicitan: "...se me indique formalmente la decisión de no ejecución de la obra por parte del MEP para eximir a mis representadas de las responsabilidades presentes y futuras de tipo financiero y administrativo para con este proyecto, tales como la extensión de la vigencia de la Garantía de Cumplimiento..." Conforme se expuso en los considerandos V y VI del presente fallo, se logra acreditar la existencia de una conducta omisiva, que consistió precisamente en no resolver conforme lo dispone el ordenamiento jurídico de la contratación administrativa, la situación de la suspensión del contrato que se prolongó en el tiempo. En tal sentido, independientemente de lo que resuelva la Administración, deberá pronunciarse sobre este aspecto. Por tal motivo, en concordancia con sus competencias administrativas derivadas de la contratación administrativa, se ordena a la Jerarca Ministerial de Educación (Estado), o a quien ocupe su cargo, llevar a cabo un pronunciamiento formal con respecto a la situación del contrato dejado en suspenso con las sociedades accionantes, que incluyan los aspectos relativos a esta y lo comunique como es debido a las sociedades demandantes. Dicho pronunciamiento deberá llevarse a cabo dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente sentencia ante la persona juzgadora de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo. En caso de incumplimiento, responderá conforme lo establece el ordenamiento jurídico. Pretensión número 2: Las demandantes requieren: "...2- Que se nos devuelvan los originales de las Garantías de Cumplimiento y sus Adendas, en poder de la DIEE del MEP, para poder eliminar su vigencia dentro de la Línea de Crédito que tienen las empresas del Consorcio con del INS..." Como consta en la grabación del juicio oral y público, en ese momento procesal fue desistida la pretensión.

Pretensión número 3: Las entidades accionantes piden: "...3- Que se condene al Estado a cancelar ambas costas de este proceso..." Esta pretensión será resuelta en el considerando XI del presente fallo.

Pretensión número 4: "4- Que se nos cancele una indemnización de ¢356.684.898,00 (Trescientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho colones), relativo al siguiente desglose de gastos incurridos por solicitud del Estado y daños económicos ocurridos por la no ejecución por parte del Ministerio de Educación Pública del Contrato Adjudicado y por la omisión de la Administración en cerrar este proceso en forma oportuna, así como su correspondientes indexación en los montos respectivos..." Conforme fue expuesto en el considerando VI de esta sentencia, ninguno de los costos desglosados, valores, rubros, contrataciones de profesionales y situaciones fácticas asociadas a los daños fueron demostradas, con la prueba material pertinente, por lo que la suma que se pide no es posible reconocerla. Sin perjuicio de lo anterior, acorde con lo que dispone el canon 122 inciso m) sub inciso iii), en la fase de ejecución de sentencia, si se demuestra la existencia de esos daños y perjuicios podrán ser reconocidas las sumas que correspondan. En lo concerniente al daño moral subjetivo que se reclama este resulta improcedente conforme se explicó en el considerando VI ya indicado.

VIII.- Sobre las excepciones. 1) Excepciones del Estado: a) Falta de integración del litis consorcio pasivo necesario. Esta defensa fue rechazada mediante resolución 1750-2018 dictada en la audiencia preliminar del 30 de octubre del 2018, sin embargo, fue acogida por Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia n.° 427-2018-I, al revocar la resolución del juez de trámite 1750-2018. Con base en lo anterior fue integrada la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzer de Turrialba. b) Falta de legitimación ad causam pasiva. Sobre el particular sostiene que la Junta de Educación si bien está adscrita al MEP tiene plena representación en juicio. Indica que el canon 36 de la Ley n.° 181 del 18 de agosto de 1944, las juntas cuentan con personalidad jurídica plena para contratar y comparecer ante los tribunales de justicia, por lo que tiene la suficiente capacidad de actuar. Por otro lado, aunque reconoce que si bien ha existido en el caso concreto la participación de la DIEE, esta se limita al apoyo y la fiscalización de la contratación, pero las partes contratantes son la Junta y la empresa. Criterio del Tribunal: Para resolver este aspecto, es necesario tener en cuenta no sólo las condiciones generales del pliego de condiciones, sino la forma en la que se ha desarrollado la relación DIEE del MEP con la Junta demandada en la contratación bajo análisis. Lo anterior por cuanto existe una relación administrativa muy particular entre el MEP y la Junta, que inciden en el funcionamiento del proceso. Conforme se encuentra acreditado en el hecho probado n.°1, la contratación directa concursada, bajo estudio, fue promovida con recursos propios de la Junta Administrativa accionada, en la que la DIEE funge como asesor legal y técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, conforme se tiene acreditado en el hecho tercero quien autorizó llevar a cabo la contratación a la Junta accionada fue la DIEE del MEP. La recomendación de la adjudicación la llevó a cabo la DIEE, conforme se indica en el hecho probado número 5. Por otra parte, fue la DIEE la que previno al consorcio contratante el depósito de las garantías (hecho probado n.°7). A la vez, quien otorgó el refrendo o aprobación interna al contrato fue la DIEE. Como ya fue mencionado en el considerando V del presente fallo fue el Área Financiera del Departamento de Contrataciones del MEP, la que en catorce ocasiones requirió la renovación de la garantía de cumplimiento emitidas por el INS, so pena de ejecución anticipada de la garantía de cumplimiento vigente al momento (ver hechos probados 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 50 y 52). También fue el Departamento de Contrataciones del MEP el que tuvo por recibidas las garantías de cumplimiento, al emitir resoluciones formales al respecto, para liberar al contratista de una ejecución anticipada como se anunciaba cada vez que se requería renovar la garantía (hechos probados 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 49, 51 y 54). Nótese que quien comunicó a las sociedades accionantes lo resuelto por la Sala Constitucional al contratista fue el Departamento de Ejecución y Control del MEP (hecho probado n.° 13). A mayor abundamiento, el conocimiento de los oficios del SETENA referentes a la existencia de la naciente se recibió en la DIEE (hechos probados n.° 44 y n.° 45). Finalmente, la solicitud de dar por terminado el contrato que llevó a cabo la Junta accionada, según da cuenta el expediente aportado, quedó en la tramitología en la DIEE, sin que se encontrara alguna respuesta formal al respecto hacia la Junta (ver hechos probados 55 y 56). Con el acervo probatorio que ha sido revisado, para el Tribunal no es dable prohijar la tesis del Estado, en la línea de que en la contratación de marras el MEP ha fungido como un "simple asesor" de la Junta. Por el contrario ha desplegado conductas procesales activas y omisivas que resultan visibles en los autos, algunas de ellas incluso, relacionadas con el criterio de imputación de responsabilidad que ha sido expuesto en los considerandos V y VI del presente fallo. En este caso, dadas estas actuaciones que vinculan al Estado, a través del MEP y sus distintos departamentos y direcciones involucradas, resulta imposible desligarlo de la pretensión material. A la vez, no se puede dejar de lado que las sociedades demandantes tienen pretensiones materiales directas en contra del Estado para que el (MEP) se pronuncie sobre la contratación. Dicho de otro modo, en la causa existe una relación jurídico material procesal entre las conductas que el Estado a través del MEP llevó a cabo en la contratación y que incluso se encuentran pendientes de resolver, lo que lo vinculan con la pretensión material de esta causa. Dadas estas circunstancias, la excepción de falta de legitimación ad causam pasiva debe ser rechazada. Incluso, la responsabilidad por la conducta omisiva, conforme se tiene acreditado es compartida con la junta demandada, por lo que su responsabilidad es solidaria, respecto de los posibles daños que se logren determinar en la fase de ejecución de sentencia. Para no reiterar sobre este punto, se remite al considerando V de la presente sentencia, sobre lo desarrollado con respecto a la relación de tutela administrativa que ejerce el Estado sobre las Juntas de Educación, con fundamento en las las disposiciones de la Ley n.° 181 del 18 de agosto de 1944 (Código de Educación), Ley n.° 2160 (Ley Fundamental de Educación) y al Reglamento General de las Juntas de Educación n.° 38.249-MEP. Al igual que lo dicho por la Sala Segunda en su jurisprudencia y la misma Procuraduría General de la República en su labor consultiva. c) Falta de derecho. De acuerdo con lo expuesto en los considerandos V y VI de la presente sentencia, esta defensa debe acogerse parcialmente. 2) Excepción de la Junta Administrativa del Colegio Enrique Menzer de Turrialba: Falta de derecho. Conforme a lo expuesto en los considerandos V y VI de la presente sentencia, esta defensa debe acogerse parcialmente.

IX.- Sobre las costas. De acuerdo con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al Estado y a la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel a favor de las sociedades accionantes, extremos que se liquidarán en fase de ejecución de sentencia.

X.- Testimonio de piezas a la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública. De la prueba que ha tenido a la vista este Órgano Colegiado, con motivo del análisis del fondo de este asunto, se desprenden varias situaciones cuya irregularidad salta a la vista, que no sólo abarcan la fase de adquisición del terreno para la construcción de la obras del Liceo Nocturno Enrique Menzel, sino la fase de ejecución del contrato, mencionadas en los hechos probados y en los considerandos V y VI del presente fallo. Si se tiene en cuenta que nos encontramos frente a fondos públicos, destinados a un servicio público que brinda el Estado, como lo es la educación pública, cuyo raigambre tiene origen no sólo en la Constitución Política, sino en tratados de derechos humanos y por constituirse en un Derecho Humano fundamental, se debe investigar a fondo lo relativo a las responsabilidades y los procedimientos administrativos disciplinarios y civiles que correspondan a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, relacionados con la adquisición del inmueble y la contratación, en lo concerniente a las conductas omisivas. Por lo expuesto, se ordena testimoniar piezas a la Auditoría del Ministerio de Educación Pública a efectos de que cumpla con el mandato indicado. Se le concede un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución al Auditor Interno del MEP, para que informe al Juez de la fase de ejecución, lo relacionado a la investigación arriba indicado así como sus resultados.

Por Tanto

Se rechaza la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva interpuesta por el Estado. Se acogen parcialmente las defensas de falta de derecho interpuestas por el Estado y la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba. En consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda, en lo no dicho expresamente entiéndase denegada. 1) En concordancia con sus competencias administrativas derivadas de la contratación administrativa, se ordena a la Ministra de Educación Pública (Estado), o a quien ocupe su cargo, llevar a cabo un pronunciamiento formal con respecto a la situación del contrato dejado en suspenso con las sociedades accionantes, que incluyan los aspectos relativos a esta y lo comunique como es debido a las sociedades demandantes. Dicho pronunciamiento deberá llevarse a cabo dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente sentencia ante la persona juzgadora de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo. En caso de incumplimiento generará las responsabilidades que en derecho correspondan. 2) Se condena solidariamente al Estado y a la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba al pago a favor de las sociedades actoras de: a) los gastos en que incurrieron con motivo de la rendición inicial de la garantía de cumplimiento y sus renovaciones ante el INS, conforme lo dispone el numeral 122 inciso m) sub inciso iii), lo que se deja para la fase de ejecución de sentencia. b) el lucro cesante por la suma de ₡84.984.085,08 (ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil ochenta y cinco colones con ocho céntimos).c) Sobre la suma que sea reconocida en fase de ejecución de sentencia por concepto de costos asociados a la rendición y renovación de la garantía de cumplimiento ante el INS, indicada en el aparte a) de este por tanto, así como sobre la suma por lucro cesante mencionada en el apartado b), habrá de correr el interés legal del artículo 1163 del Código Civil, desde el veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, hasta su efectivo pago. 3) Se condena al Estado y a la Junta Administrativa del Colegio Nocturno Enrique Menzel de Turrialba, al pago de ambas costas a favor de las sociedades accionantes del proceso Consultoría y Construcción P y S S.A. y Multiservicios Machado S.A. 4) Se ordena testimoniar piezas a la Auditoría del Ministerio de Educación Pública a efectos de que investigue a fondo lo relativo a las responsabilidades y los procedimientos administrativos disciplinarios y civiles que correspondan a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, relacionados con la adquisición del inmueble y la contratación, del presente proceso, en lo concerniente a todas las conductas omisivas que han sido encontradas. Se le concede un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución al Auditor Interno del MEP, para que informe al Juez de la fase de ejecución, lo relacionado a la investigación arriba indicado así como sus resultados.

Sergio Mena García Ileana Sánchez Navarro Juan Luis Giusti Soto  Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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      • Ley General de la Administración Pública Arts. 6-8, 190 y ss.
      • Ley de Contratación Administrativa Art. 21
      • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 193
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