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Res. 08561-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 26/08/2025

INCOPESCA liability for shrimp trawling cessation after unconstitutionality rulingResponsabilidad de INCOPESCA por cese de pesca de arrastre de camarón tras inconstitucionalidad

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The claim for damages against INCOPESCA is dismissed in its entirety, as no unlawful or omissive conduct attributable to the Administration was proven; costs are awarded against plaintiffs.Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda por daños y perjuicios contra INCOPESCA, al no acreditarse conducta ilícita ni omisiva atribuible a la Administración; se condena en costas a la parte actora.

SummaryResumen

The Administrative Appeals Court dismisses the claim filed by Compañía Pesquera Moncharelo S.A. and the estate of Alfredo Sánchez against INCOPESCA, seeking compensation for the inability to renew a shrimp trawling license for the vessel Punta Guiones. Plaintiffs argued the license was originally granted under norms later declared unconstitutional (Constitutional Chamber ruling 2013-10540) and that INCOPESCA failed to conduct scientific studies or promote legal reform to allow the activity to continue. The Court finds no unlawful or omissive conduct attributable to INCOPESCA: the supervening nullity from the unconstitutionality declaration does not make prior administrative action illegitimate; the license expired by term and impossibility of purpose under Law 8436; and the vessel’s failure to adapt to sustainable technologies constitutes victim’s fault. The claim is dismissed in full with costs awarded against plaintiffs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de Compañía Pesquera Moncharelo S.A. y la sucesión de Alfredo Sánchez contra INCOPESCA, quienes reclamaban indemnización por la imposibilidad de renovar la licencia de pesca de arrastre de camarón para la embarcación Punta Guiones. Los actores alegaban que el otorgamiento original de la licencia se basó en normas luego declaradas inconstitucionales (voto 2013-10540 de la Sala Constitucional) y que INCOPESCA fue omiso en realizar estudios científicos y promover una reforma legal que permitiera continuar la actividad. El Tribunal considera que no existe conducta ilícita ni omisiva imputable a INCOPESCA: la nulidad sobrevenida por la declaratoria de inconstitucionalidad no convierte en ilegítima la actuación administrativa previa; la licencia se extinguió por vencimiento del plazo e imposibilidad del objeto conforme a la Ley 8436; y la falta de adecuación de la embarcación a tecnologías sostenibles constituye culpa de la víctima. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena en costas a la parte actora.

Key excerptExtracto clave

In that logic, we must recall that, as the Constitutional Chamber has stated on countless occasions, in environmental, health, and safety matters there can be no acquired rights. In this regard we cite ruling 2003-05073 of fourteen hours fifty-one minutes of June tenth, two thousand three, which stated: ‘In this sense, the Chamber considers that in environmental matters, not only can the existence of acquired rights not be considered, but also the State always has the possibility of demanding compliance with new requirements for the different activities carried out by individuals, even when the property or the type of work performed predates the legal modification that imposes new conditions. It must be recalled that this Chamber has repeatedly stated that the protection and preservation of the integrity of the natural environment is a fundamental right, so that, in the face of a particular individual’s interest in carrying out an activity, the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment will undoubtedly prevail; a right that also concerns that individual.’ …the plaintiff’s vessel lacked the means to enable the vessel for a sustainable system, being able only to continue using the technique that is precisely classified as an environmental infraction because the sustainability of ecosystems is not possible, hence it must be insisted that the damages and losses alleged to have been suffered derive from the activity itself that the plaintiff carried out and not from an administrative action or omission attributable to Incopesca. …the alleged liability cannot arise under the scenario assessed and consequently the party’s claims cannot succeed, both the declaratory and the economic ones, on the understanding that the economic claims derived from the alleged damages and losses cannot be sustained without a basis of administrative imputation giving rise to the administrative liability governed by article 190 and following of the General Law of Public Administration, and the present claim must therefore be dismissed in its entirety.En esa lógica, debemos recordar, que tal como la Sala Constitucional lo ha dimensionado en innumerables ocasiones, en materia ambiental, salud, y seguridad no puede existir derechos adquiridos. Al respecto citamos el voto 2003-05073 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del diez de junio del dos mil tres, el cual exponía: "En ese sentido, estima la Sala que tratándose de materia ambiental, no solo no puede considerarse la existencia de derechos adquiridos sino que, además, el Estado siempre cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes actividades que desarrollen los individuos, aún cuando el inmueble o el tipo de labor que se realiza, sea anterior a la modificación de la ley que exige nuevas condiciones. Debe recordarse que esta Sala, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que frente al interés particular de un individuo a desarrollar una actividad, prevalecerá sin duda alguna, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho éste que también le concierne a aquél individuo". ...la embarcación de la accionante carecía de los medios para poder habilitar la embarcación a un sistema sostenible, pudiendo únicamente seguir desarrollando la técnica que precisamente es calificada como una infracción al ambiente por no ser posible la sostenibilidad de los ecosistemas, de ahí que deba insistirse, que los daños y perjuicios que se aducen haber sufrido se derivan de la actividad misma que desarrollaba el accionante y no de una acción u omisión administrativa imputable a Incopesca. ...la responsabilidad reprochada no puede surgir en el escenario de valoración efectuado y en consecuencia las pretensiones de la parte no pueden prosperar, tanto las declarativas como la económicas, en el entendido que las pretensiones económicas derivadas de los daños y perjuicios endilgados, no pueden sostenerse sin una base de imputación administrativa que haga surgir la responsabilidad administrativa que regula el ordinal 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, debiéndose entonces declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En esa lógica, debemos recordar, que tal como la Sala Constitucional lo ha dimensionado en innumerables ocasiones, en materia ambiental, salud, y seguridad no puede existir derechos adquiridos."

    "In that logic, we must recall that, as the Constitutional Chamber has stated on countless occasions, in environmental, health, and safety matters there can be no acquired rights."

    Considerando VI

  • "En esa lógica, debemos recordar, que tal como la Sala Constitucional lo ha dimensionado en innumerables ocasiones, en materia ambiental, salud, y seguridad no puede existir derechos adquiridos."

    Considerando VI

  • "…la embarcación de la accionante carecía de los medios para poder habilitar la embarcación a un sistema sostenible, pudiendo únicamente seguir desarrollando la técnica que precisamente es calificada como una infracción al ambiente por no ser posible la sostenibilidad de los ecosistemas, de ahí que deba insistirse, que los daños y perjuicios que se aducen haber sufrido se derivan de la actividad misma que desarrollaba el accionante y no de una acción u omisión administrativa imputable a Incopesca."

    "…the plaintiff’s vessel lacked the means to enable the vessel for a sustainable system, being able only to continue using the technique that is precisely classified as an environmental infraction because the sustainability of ecosystems is not possible, hence it must be insisted that the damages and losses alleged to have been suffered derive from the activity itself that the plaintiff carried out and not from an administrative action or omission attributable to Incopesca."

    Considerando VII

  • "…la embarcación de la accionante carecía de los medios para poder habilitar la embarcación a un sistema sostenible, pudiendo únicamente seguir desarrollando la técnica que precisamente es calificada como una infracción al ambiente por no ser posible la sostenibilidad de los ecosistemas, de ahí que deba insistirse, que los daños y perjuicios que se aducen haber sufrido se derivan de la actividad misma que desarrollaba el accionante y no de una acción u omisión administrativa imputable a Incopesca."

    Considerando VII

  • "…el criterio imputativo de responsabilidad basado en omisión, no es un sistema de responsabilidad basado en la inactividad llana, sino que se trata de un criterio que exige la acreditación de dos circunstancias simultáneas: por un lado, la existencia de un conducta activa imperiosa, no potestativa, es decir, la existencia de un mandato por parte de nuestro ordenamiento jurídico que le exija a la Administración a actuar en determinada manera, y por otro, la omisión propiamente dicha…"

    "…the criterion of responsibility based on omission is not a liability system based on mere inactivity, but rather a criterion that requires proof of two simultaneous circumstances: on the one hand, the existence of a mandatory, non-discretionary active conduct, that is, a requirement imposed by our legal system that demands the Administration act in a certain manner, and on the other, the omission itself…"

    Considerando VII

  • "…el criterio imputativo de responsabilidad basado en omisión, no es un sistema de responsabilidad basado en la inactividad llana, sino que se trata de un criterio que exige la acreditación de dos circunstancias simultáneas: por un lado, la existencia de un conducta activa imperiosa, no potestativa, es decir, la existencia de un mandato por parte de nuestro ordenamiento jurídico que le exija a la Administración a actuar en determinada manera, y por otro, la omisión propiamente dicha…"

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Sections

**CASE FILE:** **PROCEEDING:** ORDINARY PROCEEDINGS **PLAINTIFF:** COMPAÑIA PESQUERA MONCHARELO S.A.

**DEFENDANT:** INCOPESCA **N° 2025008561** CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and eighteen minutes on the twenty-sixth of August of two thousand twenty-five.- Ordinary proceedings brought by the corporation COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A., with legal identification number 3-101-173591, and the ESTATE of the late ALFREDO MARIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, identity card number 5-0131-0474, merchant and resident of Barranca, Puntarenas, both represented by Ms. Ester Chavarría Castro, identity card 6-0089-0575, in her capacity as legal representative of the plaintiff corporation and as executor of the estate; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), represented by licensed attorney Gerardo Castro Salazar, lawyer, resident of Orotina, holder of identity card 1-0652-0589 with Costa Rican Bar Association number 15688, in his capacity as special judicial representative. Appearing as special judicial representative of the plaintiffs is Msc. Álvaro Enrique Moreno Gómez, Lawyer, with Costa Rican Bar Association number 13334, resident of Puntarenas.

**WHEREAS** 1.- The plaintiffs filed this complaint on May 3, 2018, seeking, in essence, that the judgment declare: "1- That it be declared that the granting of the shrimp trawl fishing license (licencia de pesca de arrastre de camarón) in 2005 and its extensions of 6 years each, granted to the vessel Punta Guiones owned by Compañía Pesquera Moncharelo S.A. by INCOPESCA, was carried out based on norms declared unconstitutional by the Sala Constitucional of the Supreme Court of Costa Rica, and therefore its application in favor of my client was an illegitimate and abnormal action by the Administration. 2- That it be declared that INCOPESCA, after the declaration of unconstitutionality of the norms under which it authorized the granting of the shrimp trawl fishing license in 2013, maintained an omission-based conduct until 2017 by not fully complying with the recommendations of the Sala Constitucional, to carry out the corresponding investigations and promote the approval of a new law, allowing the validity period of the fishing license for the vessel Punta Guiones to expire. 3 - That it be declared that the non-granting in 2017 of the extension of the shrimp trawl fishing license for the vessel Punta Guiones owned by Compañía Pesquera Moncharelo S.A. was not for any cause established and contemplated in Article 113 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8384. 4 - That it be declared that INCOPESCA, for its unconstitutional action first and its omission-based conduct later, is obligated to indemnify and pay the damages (daños y perjuicios) caused to Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 5.- That it be declared that INCOPESCA, for its unconstitutional action first and its omission-based conduct later, is obligated to indemnify and pay the damages caused to Alfredo Sánchez Sánchez in his condition as sole shareholder of Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 6.- That it be declared that INCOPESCA, for its unconstitutional action first and its omission-based conduct later, is obligated to indemnify and pay the damages caused to Alfredo Sánchez Sánchez in his condition as captain of the vessel Punta Guiones. 7.- That INCOPESCA be ordered to pay the costs of both parties in this proceeding." (Images 72-73 and 140-141 of the electronic file).

2.- The Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura answered the complaint negatively and raised the defenses of lack of right and lack of active and passive standing. (Images 117-123 of the electronic file).

3.- The preliminary hearing established in section 90 of the Contencioso Administrativo Procedural Code (hereinafter CPCA) was held on December 10, 2018. There, the claims of the complaint were clarified and established in the terms of the first "whereas" clause, the disputed facts were determined, and the admission of pertinent evidence was carried out. (Images 141-143 of the judicial file. Audio, digital support in the system) 4.- On August 4, 2025, the oral and public trial was held; in said hearing, the opening arguments of the parties were heard, the testimonial evidence offered by the representation of the plaintiff and INCOPESCA was deemed unattainable, and the testimony of the plaintiff's witnesses was received. Finally, the parties delivered their closing arguments and the proceeding was declared highly complex. (Audio of the hearing, support in the Case Management System).

5.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities requiring correction or causing defenselessness are observed. This matter is decided within the legal term established in Article 111 of the Contencioso Administrativo Procedural Code, taking into account the holiday of August 15, 2025. After deliberation, this judgment is issued, drafted by presiding Judge Gómez Chacón, with the affirmative vote of Judge Bolaños Salazar and Judge Mejías Rodríguez.

**WHEREAS**

I. PROVEN FACTS

Of relevance to this proceeding, the following is deemed accredited: 1. The company Pesquera Moncharelo S.A. was incorporated on September 14, 1995, whose president with judicial and extrajudicial representation was Mr. Alfredo Mariano Sánchez Sánchez and with corporate participation of Ms. Ester Chavarría Castro, with a share capital of one hundred thousand colones. (Images 4-7 of the judicial file); 2. In 1995, the company Moncharelo S.A. acquired the vessel Punta Guiones, which previously held a fishing license in the name of Mr. Joaquín Da Silva Jesús, which had Registration Certificate P-0040, and had the following basic characteristics: Length 21.80 meters, Beam 5.45 meters, Depth 2.85 meters, Caterpillar brand engine, series 50B1613, power 240,000 KW, certificate of seaworthiness. (Folios 1-62 of the administrative file); 3. By INCOPESCA resolution 086-95 of October 26, 1995, of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, a fishing permit valid for one year was granted and was continuously extended for the capture of shrimp and accompanying fauna to operate in jurisdictional waters of the Costa Rican Pacific Ocean to the company Moncharelo S.A. for the vessel Punta Guiones. (Folios 63-200 of the administrative file); 4. On June 26, 1998, the company Moncharelo acquired the property registered under real folio number 6-014774-000, which is located in La Angostura de Puntarenas bordering the estuary, where a docking pier was built and conditioned for the collection, provisioning, and sale of fishery products produced by the vessel Punta Guiones, as well as for its permanence in port when not engaged in fishing operations. Said property was mortgaged in 2001 for the amount of thirty million colones to the Banco Nacional de Costa Rica. Additionally, a commercial loan was also processed with the Banco Nacional de Costa Rica for the purposes of the ongoing business of the company Moncharelo S.A. The use of both assets were the means and livelihood of economic income for COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A., and for the Sánchez-Chavarría family and the crew of the vessel Punta Guiones. (Images 11-13, 21-28 of the judicial file, testimony of witnesses Walter Castillo Ruiz and Ester Chavarría); 5. Mr. Alfredo Sánchez Sánchez was the captain of the vessel Punta Guiones, registration 0040, a vessel that had a crew of approximately 4 to 5 sailors (Images 14-20 of the judicial file and testimony of witnesses Walter Castillo Ruiz and Ester Chavarría); 6. By resolution of October 10, 2011, of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, RPRI-0218-10-2011, commercial fishing license for shrimp-accompanying fauna, tuna, pelagic sharks N. H-0086-95-PTS-1647-11 was renewed to Compañía Moncharelo S.A. for the vessel Punta Guiones, registration P-0040, using trawl nets, for a period of 6 years, subject to extension for equal periods. (Folios 224-227 of the administrative file, 30 of the judicial file); 7. On August 1, 2017, the representative of Compañía Moncharelo S.A. requested the renewal of the commercial fishing license for the shrimp vessel Punta Guiones before INCOPESCA. (Folios 248-250 of the administrative file); 8. By official letter of August 11, 2017, signed by the Head of Protection and Registration of INCOPESCA, the application for a commercial fishing license for the shrimp vessel Punta Guiones before INCOPESCA was rejected, based on the resolution of the Sala Constitucional 2013-010540 of August 7, 2013. Regarding fishing for tuna and pelagic sharks, it is indicated that it is necessary to submit a formal request to the Board of Directors so that the respective analysis can be carried out. (Folios 251-252 of the administrative file); 9. On October 20, 2017, by document DVMP-DNS-CPP 2017- 357, the División Marítima Portuaria, Dirección de Navegación y Seguridad, Capitanía de Puerto de Puntarenas certifies that, according to its archives and records of national flag vessels maintained by that Capitanía de Puerto, Caldera Office, and Puntarenas Office, it proceeds to indicate that the last national departure issued for the vessel PUNTA GUIONES, P-40, was on 10/11/2017. (Image 41 of the judicial file); 10. By agreement taken in session 051-2017 of December 14, 2017, of the Board of Directors of INCOPESCA, it was agreed to suspend fishing license H-0086-95-PTS-1647 of the vessel Punta Guiones, registration 0040, until the legal situation of the licenses of the shrimp vessels is resolved by the competent bodies; said agreement is based on chapter II of Article 5, subsection h of Law 7384. (Folio 254 of the administrative file); 11. Incorporated Private Accountant Mauren Chaves Mena certifies that La Compañía Pesquera Moncharelo S.A., legal ID 3-101-173591-21, located at Muelle Moncharelo in La Angostura, Puntarenas, Legal Representative Alfredo Sánchez Sánchez, obtains gross income from fishing activity, for approximately twenty-five years. Based on the documentation reviewed, income declared to the Ministry of Finance, corresponding to the last 5 years. As a result of the analysis of the documentation reviewed and according to the income reported to the Ministry of Finance in the last five years, she certifies that the average annual income from seafood sales, of Compañía Pesquera Moncharelo S.A., is on average ¢74,146,229.00 (Seventy-four million one hundred forty-six thousand two hundred twenty-nine exact colones, images 38-39 of the judicial file); 12. By Resolution No. 10540-2013 of August 7, 2013, of the Sala Constitucional, the following was ordered: "The action is granted. Consequently, the phrase 'of shrimp with trawl nets,' of point d) subsection 27 of Article 2 and of subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of section 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. In accordance with Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, this judgment is declarative and retroactive to the date of entry into force of the cited norms, without prejudice to rights acquired in good faith. Consequently, as of the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permits, authorizations, or licenses, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets. In consideration of the rights acquired in good faith, the permits, authorizations, and licenses in force shall retain their validity and effect until the expiration of the term granted for each of them, provided that the holders thereof exercise the activity in strict compliance with the legal framework dictated on the matter and conditioned on their adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies possible under the supervision of INCOPESCA; once the term of validity expires, they may not be extended. The foregoing does not preclude the possibility that, through the corresponding legal reform, the annulled categories A and B may be reinstated in the future, conditional on express reference being made to the obligation to use Bycatch Reduction Devices, with respect to which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction in said bycatch that is compatible with democratic sustainable development is demonstrated. In this regard, it must be noted that, in the current state of technology, not every device of this type meets this requirement or has the same effectiveness. Publish in its entirety in the Judicial Bulletin and summarize in the Official Newspaper La Gaceta Digital. Magistrates Armijo Sancho and Cruz Castro issue a dissenting vote regarding the dimensioning of the effects of this judgment and annul the permits, authorizations, and licenses in force. Magistrate Castillo Víquez finds the action without merit and considers that the norm is not unconstitutional, provided that the use of trawling techniques are those admitted by internationally recognized organizations, such as the FAO. Notify." (Consulta Nexus PJ). 13. In the oral and public trial, Ms. Ester Chavarría Castro, who was Mr. Alfredo's wife, testified, explaining that her husband's main activity was fishing, he had no other occupation, he was the captain of the fishing boat, the boat property was acquired, and the vessel was acquired; it had two licenses for shrimp and for fish. She points out that it was INCOPESCA that granted these licenses. She explains that she had a corporation that was the one that managed the boat. She explains that the fishing licenses were initially given every year and then every 6 years, from 2011 to 2017; the activity was canceled for them as of 2017. She indicates that they were never warned of any problem with these licenses; however, as of October 31, 2017, they could not continue with the activity, which was the only thing he could do, and the vessel ended up being lost due to the deterioration it suffered. They continued surviving only on both of their pensions. Her husband felt as if his wings had been clipped, because he had no other way of living. When the license cancellation happened, her husband was about 67 years old, but he had plenty of strength to continue working as captain. She adds that her husband could not liquidate his employment benefits as boat captain. She states that she does not recall her husband having debts; he had a pier that was acquired with loans, but they had already been paid off. (Audio, SIGAO system); 14. In the trial, Mr. Walter Elías Castillo Ruíz testified; he has dedicated himself to being the manager of shrimp boats, he was the manager of Mr. Alfredo Méndez's boat, he met Mr. Alfredo many years ago, Mr. Alfredo bought the boat Punta Guiones, he was the captain of that boat, he had a corporation that was the owner of the vessel, that boat practiced trawl fishing, the license was renewed several times, until the Sala Cuarta told them that to continue renewing the license, they had to comply with technical studies. The license expired in October 2017, INCOPESCA said the license was not renewed due to the resolution of the Sala Constitucional from 2013. INCOPESCA did not conduct studies; they did so after they were already grounded, only for 5 vessels were studies done. Starting in October 2017, his compadre Alfredo said they clipped his wings, this is as far as we go, they couldn't do anything else; it was very hard, it wasn't just them, there were 6 more colleagues behind them. The corporation and Mr. Alfredo had no other situation to survive; he fell into a depression. They even lost morale because it was a shame, there were debts that couldn't be paid. The vessel was lost, the company produced dividends that were distributed. The corporation had another asset, which was a pier where he worked. What they did to them was an injustice; with the loss of shrimp trawling, the port died. The company did not pay off Mr. Alfredo's benefits; there was no money; the other colleagues were paid. They continued their fishing activity until October 2017. He does not know for certain what happened with the vessel, because it stopped working and he did not find out what happened next. Only trawl fishing was used; the vessel had no other fishing technique possibility other than trawling. They did not have the resources to adapt the boat for another trawling technique, because they had to invest a lot for another type of fishing. (Audio, SIGAO); II.- UNPROVEN FACTS: Of relevance to what is discussed herein and due to the lack of pertinent evidence in the file to support them, the following is deemed unproven: 1. That INCOPESCA had not carried out actions aimed at enabling shrimp trawl fishing for vessels that already had a license granted before the Sala Constitucional ruling. (There is no evidence in that regard). 2. The amount and terms in which the employment benefits of the vessel Punta Guiones were paid. (There is no evidence in that regard).

III.- OBJECT OF THE PROCEEDING: For the purposes of our examination, we must bear in mind that the complaint seeks a declaration of strict liability of INCOPESCA for the damages caused to the corporation owning the vessel Punta Guiones and to Mr. Alfredo Sánchez Sánchez as captain of the boat. In this regard, they state: The Costa Rican State, from 1948 until 1994, by means of Decree-Law on Maritime Fishing and Hunting Number No. 190 of September 28, 1948, promulgated by the Founding Junta of the Second Republic, constituted the central axis of the regulation or legal framework of fishing activity, in which Articles 1 and 6 empowered the Ministry of Agriculture and Livestock, through the Dirección de Pesca y Acuicultura, as the entity in charge of regulating fishing activity via regulation or administrative provisions. And thus, from 1949 to 1994, the first shrimp trawl fishing licenses were granted under this regulation and entity, which were limited and had a validity of one year, indefinitely renewable for an equal period; among the types of fishing licenses, the fishing license for the vessel Punta Guiones, registration P-0040, was initially included. Starting in 1994, through Law No. 7384, the Legislative Assembly approved the creation of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), which assumed the powers and competencies of the Dirección de Pesca y Acuicultura and the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) in fishery matters. From then on, fishing activity had a different, specialized, and deconcentrated state entity to promote the development of the sector, which allowed his client, as holder of the shrimp trawl fishing license for the vessel Punta Guiones, in application of Articles 1, 2, 3, and 5 of the cited law that promoted the development of the activity, to invest long-term in the fishing business, in infrastructure, and in the improvement of the fishing vessel Punta Guiones, so that profitability and the new expectations created by the new specialized governing entity allowed it to have greater operational borrowing capacity and long-term logistics, with much better economic improvements and quality of life. With these expectations, the family business Compañía Pesquera Moncharelo S.A. was incorporated in 1995 by Alfredo Mariano Sánchez Sánchez and his wife, Mrs. Ester Chavarría Castro, who, with their daughter Ilse Sánchez Chavarría, formed its Board of Directors, this corporation becoming their sole family economic support. Having as initial corporate capital the amount of fifty thousand colones, represented by 50 common and nominative shares of one thousand colones each, whose current ownership as sole shareholder corresponds 100% to Alfredo Mariano Sánchez Sánchez. Said company, once incorporated, acquires the shrimp fishing vessel with trawl nets named Punta Guiones, with Registration Certificate P-0040, from its previous owner, which had the following basic characteristics: Length 21.80 meters, Beam 5.45 meters, Depth 2.85 meters, Caterpillar brand engine, series 50B1613, power 240,000 KW. Also, as part of the long-term investment, in 1998, it purchased the property of real folio number 6-14774-000, which is a property located in La Angostura de Puntarenas bordering the estuary, where a docking pier was built and conditioned for the collection, provisioning, and sale of the fishery products produced by the vessel Punta Guiones, as well as for its permanence in port when not engaged in fishing operations. The use of both assets were the sole means and livelihood of economic income for Compañía Pesquera Moncharelo S.A., for the Sánchez-Chavarría family, and for the crew of the vessel Punta Guiones. Since 1990, before the incorporation of the family corporation Compañía Pesquera Moncharelo S.A. and until the last day of fishing on October 30, 2017, of the vessel Punta Guiones, Mr. Alfredo Mariano Sánchez Sánchez was part of the crew of said vessel in his role as fishing captain and highest authority on the vessel. Subsequently, starting in 2005, through the enactment of Law No. 8436, the Fisheries and Aquaculture Law, the rules regarding the validity period of fishing licenses were changed with much more favorable and secure norms for his client. The validity period of shrimp trawl fishing licenses was extended from one to six years, renewable. Therefore, his client, without any fear, took out bank loans and invested millions in the structural renovation of the vessel Punta Guiones, extending its useful life to 40 years or more, with adequate preventive maintenance of its structure, since a drastic change or threat that would violate these legal conditions in the terms and continuous and indefinite renewal of shrimp trawl fishing licenses was not even considered. The vessel Punta Guiones, starting in 2005, had a license to fish shrimp with regulatory bottom trawl nets, granted consecutively by INCOPESCA for a renewable validity period of every 6 years, under the protection of point d) subsection 27 of Article 2 and subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of sections 47, 48, and 104, all of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436 of 2005. The last renewal of the shrimp fishing license had the number H-0086-95-PTS-1647-11 and was issued in October 2011 for a validity period of 6 years, extendable until October 31, 2017. From it, explicitly at the foot of the license issuance itself, the following is stated: "This license is granted for 6 years, extendable for periods equal to those originally granted, Law No. 8436 of 04-25-2005 and taking into account the date of issuance of the license. You must annually pay the fishing license renewal process and present a valid seaworthiness certificate, which must be kept current." According to the representatives of the company Pesquera Moncharelo S.A., by extending the term of the fishing license for the vessel Punta Guiones from 1 to 6 years, indefinitely renewable for equal periods starting in 2005, INCOPESCA was "legally" granting its client a secure vocation for the indefinite continuity of the commercial exploitation of the marine resource shrimp; except for a just cause to the contrary, which would authorize INCOPESCA itself to cancel the license, for the commission of a crime, for expiration or extinction of the term without renewal being requested, which, it points out, practically ensured the possibilities for its clients to dedicate themselves to this activity indefinitely for the rest of their lives, with only the initial granting of the same license and compliance with the regulations that governed it. According to the administrators of the plaintiff corporation, the legal situation of security for the long-term continuity of the fishing activity for its client was further consolidated with the approval of Articles 4 and 5 in the aforementioned law in 2005, as "the granting of differentiated credits for the fisheries sector" is declared feasible and fishing activity is determined as "...of public utility and social interest, and the promotion and development of this activity and of the related industry is declared of national interest." These general declarations that the legislator introduced into the law are, it considers, impossible to ignore; they are pure and simple facts that tended to incentivize and encourage its clients Compañía Pesquera Moncharelo S.A. and Alfredo Mariano Sánchez Sánchez to exercise fishing activity as their main and exclusive economic activity indefinitely, which naturally generated legal certainty and confidence for them, deciding to invest all their capital and economic resources in its practice, improving the vessel's conditions, conditioning it, and renewing marine and land structures to extend a useful life of 40 years or more to the vessel and logistical facilities for the commercial operation on land. For this, own capital and a bank loan were used, with an investment cost of 15 million colones, its repayment projected until 2020, since, in addition to the above, the law even allowed the option to transfer, inherit, or assign the respective license to third parties together with the vessel Punta Guiones. The aforementioned laws No. 7384 and No. 8436 (Article 12) and their regulation, Executive Decree No. 36782 MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS (Articles 108 et seq.) grant INCOPESCA the condition of executing unit and entity in charge of the practical execution of the law. The right to shrimp fishing for his client was issued by the cited institution in 2005 for 6 years, its first extension was also granted for another 6 years by INCOPESCA in 2011, and from then on, until October 31, 2017, the fishing rights were exercised in good faith, in accordance with the legislation in force, by his client Compañía Pesquera Moncharelo S.A., until INCOPESCA denied the renewal of the license, without a previously established legal cause, thereby obtaining passive standing to be sued in this proceeding. The ownership of the license that entitled them to fish for shrimp with trawl nets belonged to Compañía Pesquera Moncharelo S.A. as owner of the vessel Punta Guiones; a third party could not arrogate that individual right to themselves once the granted term ended; the right was maintained over time and only ended unless there was an express and prior resignation by its client to the continuity or extension of the fishing license ownership (Article 113 LPA and 121 of its regulation), becoming a right or public and legally consolidated situation for Compañía Pesquera Moncharelo S.A., since only it was entitled to request the extension of the given license. Thereby obtaining, in the event of a burden being caused to it, the active standing to sue in this proceeding. As the validity period of fishing license number H-0086-95- PTS-1647-11 was about to expire, and in his capacity as legal representative of the corporation Compañía Pesquera Moncharelo S.A., Mr. Alfredo Mariano Sánchez Sánchez, on August 1, 2017, appeared before the INCOPESCA office to pay the annual license fee and filled out the respective form or application for license extension in accordance with all the legal requirements demanded in concordance with Articles 27, 43, 47, and 48, and the second and seventh paragraphs of Article 104 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436. On August 11, 2017, INCOPESCA notified his client of the refusal to extend the fishing license for the vessel Punta Guiones and ordered the archiving of the application indicated in the previous fact through official letter PRI-426-08-2017 signed by the Head of the Department of Protection and Registration of INCOPESCA, Lic. Edwin Salazar Serrano.

Supporting the denial by merely mentioning the scope of the ruling of judgment number 2013-10540 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), issued at 3:50 p.m. on August 7, 2013, which it references in its official communication and which originates from an Unconstitutionality Action (Acción de Inconstitucionalidad) under case file number 12-010016-0007-CO, which, in the pertinent part, states the following: "The action is granted. Consequently, the phrase 'of shrimp with trawl nets' in point d) subsection 27 of Article 2 and subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of ordinal 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. Consequently, as of the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permits, authorizations, or licenses, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp trawling...". In said ruling, the Chamber also states: "The foregoing does not preclude that, through the corresponding legal reform, the annulled categories A and B may be reinstated in the future, conditioned upon an express reference to the obligation to use bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said bycatch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development." Leaving no doubt that INCOPESCA, as the executing entity of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), was the one responsible, prior to the publication of a legal reform with the express reference to the obligation to use bycatch reduction devices, for conducting the corresponding scientific and technological backing to demonstrate a significant reduction of said bycatch in shrimp trawling, and yet, it failed to do so. Mr. Edwin Salazar Serrano neither in his official communication PRI-426-08-2017 nor verbally indicated to his represented party that the refusal to renew the license stemmed from a prior study by INCOPESCA or MINAE as a cause that recommended such action. Article 104 of the aforementioned law states: "Licenses, authorizations, permits, and concessions, as well as their extensions (prórrogas), shall be granted according to the prior study of INCOPESCA or MINAE, as applicable for each particular case." It being clear that since August 1, 2017, his represented party, Compañía Pesquera Moncharelo S.A., requested the extension (prórroga) of the fishing license and that it never tacitly or expressly renounced its right to the license extension (prórroga) granted in its favor since 2005 consecutively for 6-year periods. The non-renewal was due to the provision of the Constitutional Chamber (Judicial Branch-State) which stated that the norms used by INCOPESCA to grant shrimp trawling licenses were illegal due to being unconstitutional, and, therefore, the granting of the fishing license for the vessel Punta Guiones originated from an illegitimate act of the administration represented by INCOPESCA. After judgment number 2013-10540 of the Constitutional Chamber, issued at 3:50 p.m. on August 7, 2013, and until August 2017, INCOPESCA made no scientific, technical, or legal effort to comply with or implement new legislation and regulations in shrimp trawling fisheries that the Constitutional Chamber required in the cited ruling for the continuation of said fishing technique. INCOPESCA, in a negligent and irresponsible manner, allowed the valid fishing licenses to expire, without taking or promoting any legally acceptable alternative measure to minimize the socio-economic impact that could cause potential harm and damages (daños y perjuicios) from a total shutdown of the activity. INCOPESCA ignored the Chamber's recommendations in the cited vote of 2013 during the years 2013-2017 to promote studies and a new law that would allow compliance with the provisions and regulations that the Constitutional Chamber demanded; it did nothing to legalize the continuity and renewal of the validity of the shrimp trawling licenses, thereby harming its represented parties. In addition to the negligent action of INCOPESCA from 2013 onwards, which was evidenced by the brief resolution issued by the head of the Department of Protection and Registration, the institution also failed to order the opening of an administrative proceeding to administratively cancel the fishing license for the vessel Punta Guiones. Leaving his represented party in a total state of defenselessness and uncertainty. After doing nothing in compliance with the ruling of the Chamber of 2013, in November 2017, INCOPESCA, contrary to law, hastily published a resolution or agreement of its Board of Directors (Junta Directiva) number AJDIP/474-2017, again authorizing shrimp trawling, which was obviously declared an ineffective act by the respective constitutional jurisdictional body through vote number 2018-4573 of March 16, 2018, ruling favorably on the cumulative amparo remedy filed against said agreement in case file 17-018790-0007-CO. Therefore, INCOPESCA must assume its administrative and pecuniary responsibility, since its unconstitutional behavior and subsequent omissions have caused harm and damages (daños y perjuicios) to its represented parties, who are not legally obligated to bear them and, therefore, must be financially compensated by the defendant. The total shutdown of the fishing activities of the vessel Punta Guiones and its collection center, as of October 31, 2017, caused the dismissal with employer liability of all the company's workers, with all their labor rights and benefits being paid to them, with the exception of the captain of the vessel Punta Guiones, Alfredo Sánchez Sánchez, co-plaintiff in this proceeding, who is still owed the payment of said labor entitlements and rather, as a partner in the company, has had to pay debts from his own personal funds.

IV.- REGARDING THE ARGUMENTS OF INCOPESCA: Regarding the arguments of the plaintiff, it indicates that for the year 1994, the plaintiff was not the owner of the vessel Punta Guiones, so it is not appropriate to say that since 1994, they were given security to invest. Moreover, it is a capital-based legal entity, not a family business; note that it is a corporation (sociedad anónima) and the nature of this type of company is clearly defined in the Commercial Code. It adds that the company acquired the movable property long after its incorporation. Furthermore, the fact that the plaintiff acquired real estate has no relation to this cause, as we are discussing what pertains to the non-extension (prórroga) of a fishing license. It points out that the legal nature of vessels is defined in the legal system, which ensures that they are subject to the sustainability of the fishery resource; hence, no fishing license can grant a "secure vocation for indefinite continuity of the commercial exploitation of the marine shrimp resource," since INCOPESCA, within its powers, can suspend and cancel fishing licenses, besides the fact that Article 104 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) determines that license extensions (prórrogas) will be granted following a prior study by INCOPESCA, and it can even establish closed seasons (veda) and changes in fishing gear, all to ensure the Precautionary and Preventive Principles, as well as the principle of Democratic Sustainable Development, derived from Article 50 of the Political Constitution. Other than that, the statements made are the plaintiff's personal appraisals and assessments. It adds that INCOPESCA has not denied the renewal of the fishing license to the plaintiff, firstly, because the term renew does not apply; rather, it is an extension (prórroga) as determined by the legal system, and secondly, it turns out that the fishing license has not been canceled but is suspended, according to agreement AJDIP/525-2017 of the Board of Directors (Junta Directiva) of INCOPESCA. It explains that the extension (prórroga) of the fishing license has not been denied. The plaintiff effectively requested the license extension (prórroga), which, due to what the Constitutional Chamber ordered in vote 2013-10540, cannot be extended, and given the problems that have arisen around this matter, which is more than public and notorious, it was determined to establish its temporary suspension; that being the case, then there is no standing, neither active nor passive, for the plaintiff to claim harm and damages (daños y perjuicios). It states that the denial to extend (prorrogar) the fishing license was notified to them by official communication PR1-426-08-2017, just as it is also true that they appealed said action, and this led to the issuance of agreement AJDIP/525-2017, which orders the temporary suspension of the effects of the fishing license. It adds that the plaintiff makes incorrect use of terms, as it is clear, and he himself states, that the non-extension (prórroga) of the fishing license is in accordance with the order issued by the Constitutional Chamber in vote 2013-10540, as indeed is the case, and the action of the Department of Protection and Registration being in accordance with law, in conformity with and obeying the mandate of the Constitutional Chamber. It points out that INCOPESCA has developed initiatives to restore the categories of shrimp fishing licenses through dialogue tables and agreements of the Board of Directors, including agreement AJDIP/474-2017, which was declared unconstitutional by the Constitutional Chamber, not for its substance but for its form, as the Chamber determined that to restore these licenses, it must be done by means of a Law of the Republic, just to cite some examples, and recently a research project was approved to determine if it is possible to obtain a significant reduction in bycatch fauna as ordered by the Constitutional Chamber. At all times, INCOPESCA has obeyed what was indicated by the Constitutional Chamber, and it is not a mere administrative decision but compliance with a constitutional mandate. It expresses that no administrative proceeding to cancel the fishing license has been notified to the plaintiff, precisely because there is no such cancellation of the fishing license; rather, what has occurred is its temporary suspension, in search of a solution to the problems generated as a result of vote 2013-10540 of the Constitutional Chamber. Hence, a state of defenselessness has not been generated for the plaintiff either; quite the contrary, actions have been and are being taken in search of promoting the activity of sustainable shrimp fishing. It explains that the effort made by INCOPESCA to restore the fishing categories is minimized, including agreement AJDIP/474-2017, as well as the compliance with a request for precautionary measures made by the sector itself, which established a precautionary measure obligating its represented entity to provide the pertinent studies, in order to determine if a reduction in bycatch fauna generated by shrimp fishing activities is possible. Under no premise can it be permitted that an unconstitutional behavior of its represented entity be claimed, since the plaintiff himself knows well that it is not a whimsical action of INCOPESCA, but a superior order emanating from the constitutional jurisdiction body, although it seems the plaintiff does not agree with our actions, he has availed himself well of the benefits and services that the institution has provided him in order to have access to the fishery resource. It points out that the plaintiff mixes what is generated from the fishing license with his other commercial activities. It even speaks of the salary of Mr. Alfredo Sánchez, co-plaintiff in this proceeding, when there is no record that he is an employee of the plaintiff Compañía Pesquera Moncharelo S.A., and it is equally incomprehensible that a partner of a commercial company must pay debts from his personal funds, if the only one responsible is the company that owns the vessel and holds a fishing license.

V. REGARDING THE STATE'S LIABILITY REGIME

This Section, in repeated pronouncements, has developed the following on the liability regime: "According to our legal regime, the Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternative, and responsible (Article 9 of the Political Constitution). Particularly, the strict liability regime (régimen de responsabilidad objetiva) of the State is contemplated in general terms in Articles 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), from whose text the duty to compensate all harm and damages (daños y perjuicios) originating from the conduct and omissions of the Public Administration is derived. That is to say, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. From this perspective, under the premise of the Administration's duty to compensate, independently of subjective valuation criteria—fraud (dolo) or fault—in the actions of its servants or agents, a strict liability regime (régimen de responsabilidad objetiva) operates in our country, such that the State must compensate any damage that the administered party or justiciable is not obligated to bear, whether in their pecuniary or non-pecuniary sphere, and their subjective legal situation holds no relevance for that determination. Thus, the Public Administration is liable for its lawful and normal conduct, when it issues an administrative act substantially in conformity with the legal system, or when committing an action through permitted material activity, whether actively or by omission. Of course, the State is also liable for damages generated by virtue of an administrative conduct of an unlawful, abnormal, and formal nature, when the administrative act is illegal, and non-formal, when we are facing a non-permitted or abnormal material action. From what has been transcribed, it is concluded that for the generation of the State's strict liability regime (régimen de responsabilidad objetiva), the concurrence of three fundamental requirements is necessary: The first, the existence of administrative conduct, whether active or by omission, formal or material, lawful or unlawful, normal or abnormal functioning. The second requirement is the generation of a wrongful damage that is effective, evaluable, and individualizable, which the victim is not obligated to bear, whether in their pecuniary or non-pecuniary sphere, and as a third requirement, that a causal link exists between the previous requirements, that is, a direct cause-and-effect relationship between the act attributed and the damage produced that legitimizes the loss caused, without causes for exclusion of the causal link, such as the occurrence of an exonerating situation like force majeure, fault of the victim, or act of a third party. (For further elaboration, see rulings of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice: number 025-F-99 of 2:15 p.m. on January 22, 1999, number 589-F-99 of 2:20 p.m. on October 1, 1999, and number 252-F-01 of 4:15 p.m. on March 28, 2001). Now then, regarding the liability that administered parties may demand from a public official, we have that Article 199 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) establishes, in the pertinent part, that: "1. The public servant who has acted with fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave) in the performance of their duties or on the occasion thereof, even if they have only used the means and opportunities offered by the position, shall be personally liable to third parties. (...) 4. The qualification of the servant's conduct for the purposes of this article shall be made without prejudice to the joint and several liability with the Administration towards the offended party." In addition to the above, numeral 201 of the same regulatory body provides for the joint and several liability of the public servant with the State, so both may be sued in that capacity. From this perspective, we can easily conclude that the public official, besides the criminal and administrative liability that their active or omissive conduct may generate, is obliged to respond civilly to third parties as well as to the Public Administration in the event of a determination, in respect of due process, of the existence of conduct that, through fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave), generated wrongful damages that the administered party or third party is not obligated to bear. In this way, we have that according to the aforementioned numerals of the General Law of Public Administration, to carry out the analysis of liability for the personal fault of the official, subjective attribution criteria are taken into consideration, such as the fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave) invoked by the norm, to which objective criteria are added to determine the conditions under which a personal fault operates, by referencing numeral 191 of said legal body, elements of instrumental, circumstantial, or purposeful connection, by specifying that: "The Administration must repair all damage caused to the subjective rights of others by faults of its servants committed during the performance of the duties of the position or on the occasion thereof, using the opportunities or means it offers, even when for purposes or activities or acts extraneous to said mission." Now, it is important to clarify that in our legal system, subjective qualifications of fraud (dolo) or slight or gross negligence (culpa leve o grave) are not presumed but must be demonstrated, unless by mandate of law the burden of proof is reversed. For the reasons stated, it is also appropriate to clarify when we are facing fraudulent or negligent behavior in any of its forms. Regarding the former, it is understood that fraudulent conduct (conducta dolosa) has occurred when the official, subject, or agent intends to generate physical, pecuniary, or non-pecuniary damage to a person, in such a way that through unlawful behavior they aim to obtain an expected harmful result and seek to generate it by the means available to them. On the other hand, we are in the presence of conduct qualified as gross negligence (culpa grave) when a carelessness or lack of diligence or care by the public official, who is obligated to exercise due conduct, is determined. This carelessness can result from active or omissive conduct reflecting the negligence, imprudence, or incompetence of the public official. Finally, it is worth recalling that within the logic of the system of joint and several liability of the Public Administration and the servant before it, given the eventual interim distribution of liabilities upon the production of an illegitimate damage, the right of recourse (acción de regreso) or recovery action for what has been paid is contemplated in the regulations, which is essential in order to avoid any unlawful impact on the Public Treasury." (Judgment 039-2017-I of four thirty p.m. on March one, two thousand seventeen, of this Court.)

VI. REGARDING THE LIABILITY CLAIMED IN THE SPECIFIC CASE

In the present case, the plaintiff claims the liability of INCOPESCA in relation to actions qualified as illegitimate, which originate from the declaration of nullity of the regulations that permitted shrimp trawling in the country and from omissive conduct regarding the failure to manage scientific studies and administrative actions—including the promotion of a legal reform—that would allow trawling in accordance with the parameters established by the Constitutional Chamber. As developed in the preceding recital (considerando), the strict liability regime (régimen de responsabilidad objetiva) of the State is developed in numerals 9 and 41 of the Political Constitution and Articles 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), from which it is inferred that said regime requires indispensable prerequisites for the liability of the Administration to arise. The first thing that must be distinguished is that this liability is not centered on the subjective element, in the sense that fraud (dolo) or fault must exist, but rather on the existence of damage that the victim has no legal duty to bear. In that sense, the relevance of the qualification of the conduct of the agent producing the damage is set aside to focus on the generation of damage and the causal link in the attribution of conduct—lawful, unlawful, normal or abnormal functioning, legitimate or illegitimate—and that the damage caused is effective, certain, and individualizable. It is clear in that logic that it must be proven that the injury is a direct consequence of those actions or omissions in order to clearly establish the causal link that permits assigning liability to the public authority center. With the foregoing clear, from the analysis of the arguments put forth in the case by the parties and the evidentiary elements incorporated into the case file and the proceeding, this Court has proven in the first instance that the company Pesquera Moncharelo S.A. was incorporated on September 14, 1995, whose president with judicial and extrajudicial representation was Mr. Alfredo Mariano Sánchez Sánchez, with corporate participation by Ms. Ester Chavarría Castro. In that same year, the company Moncharelo S.A. acquired the vessel Punta Guiones, which previously held a fishing license in the name of Mr. Joaquín Da Silva Jesús, who held Registration Certificate P-0040. By resolution INCOPESCA 086-95 of October 26, 1995, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) granted a fishing permit valid for one year, which was continuously extended (prorrogado) for the capture of shrimp and bycatch fauna to operate in waters of the Costa Rican Pacific Ocean. By resolution of October 10, 2011, of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture RPRI-0218-10-2011, commercial fishing license for shrimp-bycatch fauna, tuna, pelagic shark N. H-0086-95-PTS-1647-11 was renewed to the company Moncharello S.A. for the vessel Punta Guiones, registration number P-0040, using trawl nets, for a term of 6 years, extendable for equal periods. However, by resolution Nº 10540-2013 of August 7, 2013, of the Constitutional Chamber, it ordered the following: "The action is granted. Consequently, the phrase 'of shrimp with trawl nets,' in point d) subsection 27 of Article 2 and subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of ordinal 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. In accordance with Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this judgment is declaratory and retroactive to the date of effectiveness of the cited norms, without prejudice to rights acquired in good faith. Consequently, as of the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permits, authorizations, or licenses, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp trawling. In consideration of rights acquired in good faith, valid permits, authorizations, and licenses will retain their validity and effectiveness until the expiration of the term granted to each one, provided that the holders thereof carry out the activity in absolute subjection to the legal rules dictated on the matter and conditioned upon adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be extended (prorrogadas). The foregoing does not preclude that, through the corresponding legal reform, the annulled categories A and B may be reinstated in the future, conditioned upon an express reference to the obligation to use bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said bycatch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development. In this regard, it must be warned that in the current state of technology, not every device of this type meets such requirement or has the same effectiveness." Despite what was resolved by that constitutional body, on August 1, 2017, a request was made by the representative of the company Moncharelo S.A. for the renewal of the commercial fishing license for the shrimp vessel Punta Guiones before INCOPESCA. However, by official communication of August 11, 2017, signed by the Chief of Protection and Registration of INCOPESCA, the request for a commercial fishing license for the shrimp vessel Punta Guiones was rejected before INCOPESCA, based on the resolution of the Constitutional Chamber 2013-010540 of August 7, 2013. Regarding the fishing of tuna and pelagic sharks, it was indicated that it was necessary to submit a formal request to the Board of Directors (Junta Directiva) for the respective analysis. By an agreement made in session 051-2017 of December 14, 2017, of the Board of Directors (Junta Directiva) of INCOPESCA, it was agreed to suspend fishing license H-0086-95-PTS-1647 for the vessel Punta Guiones, registration number 0040, until the legal situation of the licenses for shrimp vessels is resolved by the competent bodies; said agreement is based on Chapter II, Article 5, subsection h of Law 7384. In this factual scenario, according to the arguments of the parties, this Chamber considers that the liability claimed by the plaintiff is inappropriate as we proceed to explain. In the first instance, we note that the party, as indicated, divides the attribution criteria for the alleged liability into two aspects. In a first scenario, it presents as a cause for liability an illegitimate conduct by INCOPESCA derived from the declaration of unconstitutionality issued by the Constitutional Chamber. Court's Criterion: In this first scenario, it is necessary to point out that the cause of liability attributed by the plaintiff arises as a supervening nullity, given the declaration of unconstitutionality of the "phrase 'of shrimp with trawl nets,' in point d) subsection 27 of Article 2 and subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of ordinal 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), Law 8436 of March 1, 2005", legal regulations that permitted shrimp trawling. In that logic, with the declaration of unconstitutionality, what arises is a supervening nullity of the administrative actions that based their actions on such regulations (numeral 159 of the General Law of Public Administration). Therefore, this Chamber cannot consider, precisely because it is a supervening nullity, that the actions of INCOPESCA regarding the granting of the shrimp trawling license and the oversight exercised over said activity can be deemed as illegitimate or unlawful conduct at the time it was granted, since the defect of nullity of the administrative acts granted based on those norms only arises at the moment the declaration of unconstitutionality is made. Consequently, the granting of the license conferred to the plaintiff by INCOPESCA, based on norms that at the historical moment it was granted had not yet been declared unconstitutional and were in force, could not be considered a cause for administrative liability for unlawful conduct, since, from the scenario presented, this could not constitute unlawful conduct as an attribution criterion that finds a causal link to the claimed harm and damages (daños y perjuicios). Now, it is necessary to point out regarding the arguments made under the premise that "on the strengthening of fishing activity in the country and the regulatory framework at the state level for said activity," the plaintiff found motivation to invest in that activity, since there is no right "per se" to the immutability of the legal system, especially in an environmental regulatory matter whose validity is conditioned upon the enabling arising temporarily, once the requirements imposed by the legal system at each historical moment are met; hence, it cannot be considered that there exists in the specific case a vested right or a consolidated legal situation. Note that even, in accordance with that premise, numeral 103 of Law 8436 provides: "The granting of the license, authorization, or permit shall be conditioned upon the availability and conservation of the relevant hydrobiological resource and the development and sustainability needs of the fishing sector, which must be duly based on the results of scientific, technical, economic, or social studies." For its part, ordinal 104 of the same law indicates: "Article 104.- The permits and authorizations referred to in this Law are not negotiable and are non-transferable in nature." Fishing licenses and aquaculture authorizations shall be transferable, subject to prior study and authorization by INCOPESCA, requiring for such purpose the same requirements established in this Law for their original granting. Licenses shall be granted for six years and shall be renewable for periods equal to those originally granted. Authorizations shall be granted for a term of ten years and shall be renewable for periods equal to those originally granted, unless the authorization requires a shorter term. Permits shall be granted for five years and shall be renewable for periods equal to those originally granted. Concessions shall be granted in accordance with the provisions of Article 19 of the Water Law (Ley de Aguas). Said concessions may be transferred, subject to prior authorization from MINAE; for such purpose, the requirements set forth in that Law must be met. Licenses, authorizations, permits, and concessions, as well as their renewals (prórrogas), shall be granted pursuant to the prior study by INCOPESCA or MINAE, as applicable, for each particular case. Payments for licenses, permits, and concessions shall be made annually. All of the foregoing shall apply without prejudice to the provisions of Article 82 of this Law." As is evident from the referenced articles, what has been indicated is confirmed, on the understanding that the legal system itself—independent of what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in 2013—regulates the figure of the license as an enabling act of temporary effect subject to assessments by the Administration itself regarding the environmental condition involved in the matter and the actual fulfillment of requirements, which the Administration, at its discretion, subjects to criteria consistent with science and technology to weigh the fulfillment of public purposes with said economic activity. That is to say, the legal system itself imposes the clear possibility of a mutability of the regulatory framework, regarding requirements for the granting of licenses and the viability of maintaining or granting them; hence, it is inappropriate when the plaintiffs point out, as a cause of liability, what they qualify as a condition of legal certainty that motivated them to invest in a fishing vessel and the corresponding dock for the shrimp trawling activity, especially when, as part of the fishing activity, they knew the scope of the license granted for their activity, which, as we have insisted, had a temporary effect. In other words, that subject who, protected by an administrative enabling title, develops an activity, develops it within a framework of risk and venture, delimited by the very scope of the corresponding authorization, having to develop an economic model of sustainability coherent with such conditions, and it is precisely this risk and exposure to the variability of conditions that is the real content of legal certainty, and which is not exclusive to licenses such as those analyzed in this matter, but rather is characteristic of any administrative real right that allows a private party economic exploitation for their own patrimonial benefit. Therefore, the object of this litigation turns on determining whether the advent of the cessation of the activity is legitimate or not, given that, otherwise, the causa petendi (grounds) for compensation would arise.

Along those same lines, regarding what is qualified as a cause of liability for the cancellation of the fishing license that made it impossible to continue their productive activity and sole means of economic support, it is necessary to indicate that this action does not occur, in itself, as a cancellation, but on the contrary, what arose was the legal impossibility of opting for a renewal (prórroga) in accordance with what was resolved by the Constitutional Chamber, which defined in vote No. 10540-2013 of August 7, 2013, the impossibility for Incopesca to renew licenses on which expiration had fallen; hence, the extinction of the license arises from the provisions of Article 113 of Law 8436, which states: "Article 113.- Licenses, permits, and authorizations are extinguished for the following causes: a) By expiration of the term, without a request for renewal (prórroga) having been filed in legal form. b) The impossibility of carrying out the object. c) Express waiver or abandonment by the interested parties. d) The cancellation of licenses, permits, or authorizations by the competent authorities, respecting due process." As is evident from this article, it is clear then that, since there was no legal authorization for Incopesca to renew licenses for shrimp trawling, what occurred was its extinction by the end of the enabling term—which was preserved according to the very terms of what was resolved by the constitutional body—and the impossibility of carrying out the object; consequently, the extinction of the license, in essence, does not arise from an arbitrary, unlawful, or illegitimate action by Incopesca.

It is also necessary to point out along this line of reasoning that Article 114 of the aforementioned law itself states: "Article 114.- The executing authority shall proceed to cancel licenses, concessions, permits, or authorizations, with respect for due process, when their holders: a) Place the ecosystem at imminent risk. b) Provide information outside the terms and deadlines requested by INCOPESCA or incur in any falsehood when rendering it. c) Deny said authority entry for the inspection of the facilities. d) Fail to comply, without justified cause, with the general conditions of a technical nature for fishing and aquaculture indicated by INCOPESCA. e) When they transfer these rights without proper authorization or in cases where they are non-transferable. f) Fail to comply in the aquaculture concession with the investment and management plans already provided for. g) Incur in a state of bankruptcy, insolvency, receivership, dissolution, or liquidation of assets. h) Fail to properly install the terminal equipment and sensors comprising the satellite tracking system on purse-seine tuna vessels, within the deadlines established in this Law. As can be seen from this article, precisely, it is because of the risk to the ecosystem that the Constitutional Chamber decided to declare the unconstitutionality of the regulations that permitted shrimp trawling; that is to say, even the regulations themselves, beyond what was resolved by the Constitutional Court, foresee that possibility as a reason for the cancellation of licenses; hence, ultimately, the plaintiff must have known the scope of the law itself regarding the risks associated with the activity they were engaged in, which, ultimately, is what causes its cessation. Therefore, the cause of the alleged liability does not arise from a breach of acquired rights, but rather from the risk to the ecosystem posed by the activity being carried out.

In this logic, we must recall that, as the Constitutional Chamber has sized it up on countless occasions, in environmental, health, and safety matters, there can be no acquired rights. In this regard, we cite vote 2003-05073 of fourteen hours and fifty-one minutes of June tenth, two thousand three, which stated: "In that sense, the Chamber considers that in environmental matters, not only can the existence of acquired rights not be considered, but furthermore, the State always has the possibility of requiring compliance with new requirements for the different activities that individuals carry out, even when the property or the type of work being performed predates the modification of the law that requires new conditions. It must be remembered that this Chamber has repeatedly stated that the protection and preservation of the integrity of the natural environment is a fundamental right, so that in the face of the particular interest of an individual to carry out an activity, the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment—a right that also concerns that individual—will undoubtedly prevail." It is worth bringing up here that, aside from what was stated above, the position of the defendant institute that seeks to invoke that it was not a suppression, but a "suspension," is openly improper and inconsistent, given that from the express reading of the operative part (por tanto) of the constitutional vote that suppresses the norm referenced above regarding trawling, it is unquestionably clear that, even under the assumption that it had been "suspended," the fact is that the inactivity of the granted license results, as a consequence of what was ordered by the Constitutional Court, in a supervening impossibility of activation, with which the effects in either scenario turn out to be identical to the tenor of what has been resolved to date. Thus, as indicated, there is no unlawful or illegitimate conduct by the defendant Administration that can be assessed as the cause of the claimed liability.

VII.Now then, a second scenario for analysis revolves around the cause of imputation for omission (conducta omisiva) that the plaintiff indicates is presented because INCOPESCA made no scientific, technical, and legal effort to comply with or implement new legislation and regulations in the shrimp fishery with trawl nets that the Constitutional Chamber required for the continuation of that fishing technique. They state as the cause of that liability that Incopesca, in an omission and irresponsible manner, allowed the valid fishing licenses to expire, without taking or promoting any legally acceptable alternative measure that would minimize the socio-economic impact that possible damages and losses (daños y perjuicios) could cause due to a total paralysis of the activity. Court's Opinion: On this aspect, we must take into consideration that the imputative criterion of liability based on omission is not a system of liability based on plain inactivity, but rather it is a criterion that requires the proof of two simultaneous circumstances: on the one hand, the existence of an imperative, non-discretionary active conduct, that is, the existence of a mandate by our legal system that requires the Administration to act in a certain way, and on the other hand, the omission itself, that is to say, administrative inactivity, it being necessary to warn that, in the event that activity does exist but it is insufficient, defective, or, in general, does not comply with the imperative normative requirement, we would be in the presence of abnormal functioning and not of an administrative omission itself.

Taking into account the foregoing, the Chamber considers that neither does a proven scenario of omission by the defendant authority arise in this case that would give rise to the claimed liability and, therefore, to the damages and losses derived from that claim. Let us see: to determine the alleged omission, it is necessary to start from what was stated in the Constitutional Chamber's own vote No. 10540-2013 of August 7, 2013, from which it can be deduced that the continuity of licenses depended on several variables, a first being that the activity be carried out in absolute subjection to the legal system enacted on the matter and conditioned upon adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA. A second scenario was the existence of a legal reform that could reinstate the annulled categories A and B, conditioned upon making express reference to the obligation to use bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological support, a significant reduction of said bycatch compatible with sustainable democratic development must be demonstrated.

As can be seen, regarding the first scenario, an omission cannot be imputed to Incopesca, since from the evidentiary elements brought to trial, we find that the testimonial evidence itself collected at trial from Walter Castillo Ruiz, administrator of the vessel Punta Guiones and first officer thereof, was conclusive in declaring that the vessel had no other possibility of fishing technique other than trawling and lacked the resources to adapt the boat for another technique, because a large investment would be needed for another type of fishing. That is to say, from the evidence itself, it is evident that the condition imposed by the Constitutional Chamber to continue with the shrimp fishing licenses was impossible for the plaintiff to fulfill; therefore, the non-continuity of the productive activity does not derive from an administrative omission, but from a condition of the plaintiff itself, operating what we would recognize as contributory negligence of the victim (culpa de la víctima), taking into consideration from the evidence on record that the plaintiffs were aware of the scope of the constitutional vote and had several years until the final paralysis of the activity, without it being proven on record that measures were taken for the adaptation of the activity to mechanisms for the reduction of bycatch or, in general, for the adaptation to the new circumstances that were being imposed for the fishing activity, an aspect solely of rebound or reproach from the plaintiffs; therefore, it operates as a cause for exemption from administrative liability; consequently, a claim for damages and losses cannot succeed without a basis of liability.

Now then, regarding the second scenario set forth by the Constitutional Chamber, we have that the condition for continuing the shrimp fishing activity was subject to legal reform, based on scientific and technological support, for a significant reduction of said bycatch that is compatible with sustainable democratic development; that is to say, the condition imposed by the Constitutional Chamber, contrary to what was interpreted by the plaintiff, does not arise from an active conduct incumbent upon the defendant entity, but rather derives from a legislative action, wherein it is the legislative State that is competent for the execution of that condition; hence, if no legal reform has taken place under the terms of the Constitutional Chamber, it cannot be attributed to Incopesca. In any case, beyond what is properly attributed as a criterion of imputation by the plaintiff in the omission reproached to Incopesca regarding scientific studies, we must point out that, firstly, no decisive evidentiary elements were proven in the evidence collected that would indicate an omission in that sense; but furthermore, beyond that, even if the scientific mechanisms to carry out shrimp trawling without affecting the ecosystem had been established, the truth of the matter, as already indicated, is that the plaintiff's vessel lacked the means to be able to enable the vessel for a sustainable system, being able only to continue developing the technique that is precisely classified as an infraction against the environment because the sustainability of the ecosystems is not possible; hence, it must be reiterated that the damages and losses allegedly suffered derive from the activity itself that the plaintiff was carrying out and not from an administrative action or omission attributable to Incopesca.

Although this Chamber understands that there is a duty on Incopesca to carry out studies regarding the viability of the activity with environmental protection, it is necessary to insist that, beyond whether or not those studies were carried out, the plaintiff's vessel did not qualify to continue operating subject to a more sustainable method, and it was not proven that it had opted for its own measures to adapt its activity in that sense, especially taking into consideration the apparent economic solvency that the plaintiffs themselves affirm the activity generated; consequently, it is not the alleged omission that causes the damage, but rather the plaintiff's own condition of being able to adjust to the technical parameters that would allow the ecological sustainability of marine ecosystems.

Notwithstanding the foregoing, it is important for this Chamber to indicate that, while the serious socio-economic impact that the Constitutional Chamber's resolution caused for the fishing sector is recognized—which undoubtedly required state intervention through various institutions and the adoption of public policies to address the problems presented for a sector as socially and economically vulnerable as the country's fishing sector, in which a coastal region could depend on that activity to survive—we must warn that the social or economic actions that the State should have taken to address the indicated problem were not a framework for the imputation of liability in this lawsuit. Moreover, the state representation is not a party to this proceeding, but rather the defendant was solely the entity that granted the licenses as such; hence, despite the awareness of the situation, its analysis is not within the purview of this Court, for the purposes of the claims being pursued in the proceeding. Thus, the alleged liability cannot arise in the assessment scenario carried out, and consequently, the claims of the party cannot succeed, both the declaratory and the economic ones, on the understanding that the economic claims derived from the damages and losses alleged cannot be sustained without a basis of administrative imputation that gives rise to the administrative liability regulated by Article 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); therefore, the present lawsuit must be declared without merit (sin lugar) in all its aspects.

VIII. ON THE DEFENSES RAISED

Regarding the defense of lack of standing (falta de legitimación) raised by Incopesca, it must be declared without merit, considering that, due to the license granted to the plaintiff for the fishing activity by the defendant entity, there exists a legal-administrative relationship that imposes standing for the claim raised as an imputation of liability; therefore, said defense must be rejected. Regarding the defense of lack of right (falta de derecho) raised, for the reasons given in the preceding considerando, it must be upheld, the lawsuit consequently being declared without merit in all its aspects.

IX. ON COSTS (COSTAS)

Article 193 of the CPCA provides that procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. The dispensation of this award is only viable when there exists, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. This Court does not observe that, in this case, there exists a reason that would allow the exceptions set forth in the applicable regulations to be applied and to break the principle of awarding costs against the losing party. Therefore, the plaintiff party is ordered to pay both costs in favor of Incopesca, which shall be determined in the judgment enforcement phase.

THEREFORE (POR TANTO) The defense of lack of standing is rejected and the defense of lack of right raised by Incopesca is upheld, and consequently, the lawsuit filed by COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A. and the ESTATE (SUCESIÓN) of ALFREDO MARIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ against INCOPESCA is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) in all its aspects. The plaintiff parties are ordered to pay both costs, the amounts of which shall be liquidated in the judgment enforcement phase.

Laura Gómez Chacón Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez LAURA GOMEZ CHACON - JUDGE/DECISION-MAKER CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUDGE/DECISION-MAKER CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUDGE/DECISION-MAKER Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:28:32.

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente *180034421027CA* CONOCIMIENTO ACTOR/A:

COMPAÑIA PESQUERA MONCHARELO S.A.

DEMANDADO/A:

INCOPESCA N° 2025008561 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con dieciocho minutos del veintiseis de Agosto del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento establecido por la sociedad COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A. con cédula jurídica número 3-101-173591, y de la SUCESIÓN de quien en vida fue ALFREDO MARIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, cédula de identidad número 5-0131-0474, comerciante y vecino de Barranca Puntarenas, representados ambos por la señora Ester Chavarría Castro, cédula 6-0089-0575, en su condición de representante legal de la sociedad actora y como albacea de la sucesión; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), representado por el licenciado Gerardo Castro Salazar, abogado, vecino de Orotina, portador de la cédula de identidad 1-0652-0589 con carné de Colegio de Abogados N°.15688, en su condición de apoderado especial judicial. Participa como apoderado especial judicial de los actores, el Msc. Álvaro Enrique Moreno Gómez, Abogado, con carnet del Colegio de Abogados N°. 13334, vecino Puntarenas.

RESULTANDO

1.- Los accionantes presentaron esta demanda el día 03 de mayo del año 2018 para que, en lo medular, en sentencia se declare: "1- Que se declare que el otorgamiento de la licencia de pesca de arrastre de camarón en el 2005 y sus prorrogas de 6 años cada una, otorgada a la embarcación Punta Guiones propiedad de Compañía Pesquera Moncharelo S.A. por el INCOPESCA, se realizó con base en normas declaradas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica como normas inconstitucionales, y por lo tanto su aplicación a favor de mi representada fue una actuación ilegítima y anormal de la Administración. 2- Que se declare que el INCOPESCA después de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas con que autorizó otorgar licencia de pesca de camarón con redes de arrastre en el año 2013, mantuvo una conducta omisiva hasta el año 2017 al no acatar en su totalidad las recomendaciones de la Sala Constitucional, de realizar las investigaciones correspondientes y promover la aprobación de una nueva ley, dejando que se venciera el plazo de vigencia de la licencia de pesca de la embarcación Punta Guiones. 3 - Que se declare que el no otorgamiento en el año 2017 de la prórroga de la licencia de pesca de arrastre de camarón para la embarcación Punta Guiones propiedad de Compañía Pesquera Moncharelo S.A. no fue por ninguna causal prevista y contemplada en el artículo 113 de la ley de Pesca y Acuicultura N°8384. 4 - Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a la Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 5.- Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a Alfredo Sánchez Sánchez en su condición de único socio de la Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 6.- Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a Alfredo Sánchez Sánchez en su condición de capitán de la embarcación Punta Guiones. 7.- Que se condene al INCOPESCA al pago de ambas costas de este proceso". (Imágenes 72-73 y 140-141 del expediente electrónico).

2.- El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura contestó la demanda de forma negativa y formuló la excepción de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. (Imágenes 117-123 del expediente electrónico).

3.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) fue celebrada el 10 de diciembre del 2018. Ahí se aclararon y fijaron las pretensiones de la demanda en los términos del resultando primero, se determinaron los hechos controvertidos y se procedió con la admisión de la prueba pertinente. (Imágenes 141-143 del expediente judicial. Audio, soporte digital en sistema) 4-El día 4 de agosto del año 2025, se celebró el juicio oral y público, en dicha audiencia se escuchó los alegatos de apertura de las partes, se tuvo por inevacuable prueba testimonial ofrecida por la representación de la parte actora e Incopesca y se recibió la declaración de los testigos de la parte actora. Por último, las partes rindieron sus conclusiones y se declaró el proceso como muy complejo. (Audio de la audiencia, soporte en el sistema de Gestión).

5.-En los procedimientos ante este Tribunal no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Este asunto se dicta dentro del plazo legal establecido en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, tomando en cuenta el feriado del 15 de agosto del 2025. Previa deliberación, se dicta esta sentencia, con redacción de la jueza ponente Gómez Chacón y el voto afirmativo de la jueza Bolaños Salazar y el juez Mejías Rodríguez.

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS

De relevancia para el presente proceso, se tiene por acreditado lo siguiente: 1. La compañía Pesquera Moncharelo S.A. fue constituida el 14 de setiembre de 1995, cuyo presidente con representación judicial y extrajudicial recaía en el señor Alfredo Mariano Sánchez Sánchez y participación societaria de la señora Ester Chavarría Castro, con un capital accionario de cien mil colones. (Imagen 4-7 del expediente judicial); 2. En el año 1995, la compañía Moncharelo S.A. adquiere la embarcación Punta Guiones, la cual contaba con licencia de pesca con anterioridad a nombre del señor Joaquín Da Silva Jesús, el cual contaba con Certificado de Matrícula P-0040, y contaba con las siguientes características básicas: Eslora 21.80 metros, Manga 5.45 metros, Puntal 2.85 metros, motor marca Caterpillar, serie 50B1613, potencia 240.000 KW, certificado de navegabilidad. (Folios 1-62 del expediente administrativo); 3. Mediante resolución INCOPESCA 086-95 del 26 de octubre de 1995 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, se otorgó permiso de pesca con vigencia de un año y que fue prorrogada de forma continua para la captura de camarón y fauna de acompañamiento para operar en aguas jurisdiccionales del Mar Pacífico Costarricense a la compañía Moncharelo S.A. para la embarcación Punta Guiones. (Folios 63-200 del expediente administrativo); 4. El 26 de junio de 11998, la compañía Moncharelo adquirió la finca con matrícula de folio real número 6-014774-000 la cual, está ubicada en la Angostura de Puntarenas colindante con el estero, donde se construyó y se acondicionó un muelle de atraque, para el acopio, avituallamiento y venta de producto pesquero que producía la embarcación Punta Guiones, como para su permanencia en puerto cuando no estaba en faenas de pesca. Dicha propiedad fue hipotecada en el año 2001 por el monto de treinta millones de colones al Banco Nacional de Costa Rica. Adicionalmente, se tramitó préstamo mercantil también con el Banco Nacional de Costa Rica para efectos del negocio en marcha de la compañía Moncharelo S.A. La utilización de ambos activos, eran el medio y sustento de ingresos económicos de la COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A., y de la familia Sánchez-Chavarría y de la tripulación de la embarcación Punta Guiones. (Imágenes 11-13, 21-28 del expediente judicial, declaración de los testigos Walter Castillo Ruiz y Ester Chavarría); 5. El señor Alfredo Sánchez Sánchez era el capitán de la embarcación Punta Guiones, matricula 0040, embarcación que contaba con una tripulación alrededor de 4 a 5 marineros (Imágenes 14-20 del expediente judicial y declaración de los testigos Walter Castillo Ruiz y Ester Chavarría); 6. Mediante resolución del 10 de octubre del 2011 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, RPRI-0218-10-2011 se renovó licencia de pesca comercial de camarón- fauna acompañamiento, atún, tiburón pelágicos N. H-0086-95-PTS-1647-11 a la Compañía Moncharelo S.A. para la embarcación Punta Guiones matrícula P-0040, utilizando redes de arrastre, por un plazo de 6 años, pudiendo prorrogarse por plazos iguales. (Folios 224-227 del expediente administrativo, 30 del expediente judicial); 7. El 1 de agosto del 2017, se solicitó por parte del representante de la Compañía Moncharelo S.A. renovación de licencia de pesca comercial para embarcación camaronera Punta Guiones ante INCOPESCA. (Folios 248-250 del expediente administrativo); 8. Mediante oficio del 11 de agosto del 2017, suscrito por el Jefe de Protección y Registro del INCOPESCA, se rechazó la solicitud de licencia de pescar comercial para embarcación camaronera Punta Guiones ante el INCOPESCA, con fundamento en la resolución de la Sala Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto del 2013. Respecto a la pesca de atún y tiburones pelágicos se indica que es necesario remitir a la Junta Directiva solicitud formal a efectos de que se realice el análisis respectivo. (Folios 251-252 del expediente administrativo); 9. El 20 de octubre del 2017, mediante documento DVMP-DNS-CPP 2017- 357 se certifica por parte de la División Marítima Portuaria, Dirección de Navegación y Seguridad, Capitanía de Puerto de Puntarenas, que de acuerdo a sus archivos y registros de embarcaciones de bandera nacional que lleva esa Capitanía de Puerto, Oficina Caldera y Oficina Puntarenas, se procede a indicar que el último zarpe nacional emitido de la embarcación PUNTA GUIONES, P- 40, fue el día 11/10/2017. (Imagen 41 del expediente judicial); 10. Mediante acuerdo tomado en la sesión 051-2017 del 14 de diciembre del 2017 de la Junta Directiva de INCOPESCA, se acordó suspender la licencia de pesca H-0086-95-PTS-1647 de la embarcación Punta Guiones, matrícula 0040, hasta tanto se resuelva por parte de los órganos Competentes la situación jurídica de las licencias de las embarcaciones camaroneras, dicho acuerdo se fundamenta en el capítulo II del artículo 5 inciso h de la Ley 7384. (Folio 254 del expediente administrativo); 11. La Contadora Privada incorporada Mauren Chaves Mena hace constar que el La Compañía Pesquera Moncharelo S.A., cédula jurídica 3-101-173591-21, ubicada muelle Moncharelo en la Angostura Puntarenas, Representante Legal Alfredo Sánchez Sánchez, obtiene ingresos brutos proveniente por actividad de Pesca, desde aproximadamente veinticinco años. Con base a la documentación revisada, ingresos declarados en el Ministerio de Hacienda, correspondiente a los últimos 5 años. Producto del análisis de la documentación revisada y de acuerdo con los ingresos, reportados al Ministerio de Hacienda en los últimos cinco años, hace constar que el ingreso promedio anual por ventas de mariscos, de la Compañía Pesquera Moncharelo S.A, es en promedio de ¢74.146.229,00 (Setenta y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil doscientos veintinueve colones exactos, imágenes 38-39 del expediente judicial); 12. Mediante Resolución Nº 10540-2013 del 07 de Agosto del 2013 de la Sala Constitucional. se dispuso lo siguiente: "Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta Digital. Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto en cuanto al dimensionamiento de los efectos de esta sentencia y anulan los permisos, autorizaciones y licencias vigentes. El magistrado Castillo Víquez declara sin lugar la acción y considera que la norma no es inconstitucional, siempre y cuando el uso de las técnicas de arrastre sean aquellas admitidas por organismos internacionales de reconocido prestigio, tales como la FAO. Notifíquese". (Consulta Nexus PJ). 13. En el juicio oral y público declaró la señora Ester Chavarría Castro, quien era la esposa de don Alfredo, explica que la principal actividad que realizaba su esposo era la pesca, no tenía otro oficio, era capitán del barco de pesca, adquirió la propiedad del barco y se adquirió la embarcación, tenía dos licencias de camarón y de pescado. Señala que era Incopesca quien le otorga esas licencias. Expone que tenía una sociedad que era la que administraba el barco. Explica que las licencias de pesca la daban al principio cada año y después cada 6 años, del 2011 al 2017, le cancelaron la actividad, a partir del año 2017. Indica que nunca se le advirtió de ningún problema con esas licencias, sin embargo, a partir del 31 de octubre del 2017, no pudieron continuar con la actividad que era lo único él podía hacer, y la embarcación terminó perdiéndose por el deterioro que sufrió. Siguieron sobreviniendo solo de las pensiones de ambos. Su esposo se sintió como que le cortaron las alas, porque no tenía ningún otro modo de vivir. Cuando se dio lo de la cancelación de la licencia su esposo tenía como 67 años, pero tenía muchas fuerzas para seguir actuando como capitán. Agrega que su esposo no se pudo liquidar sus prestaciones como capitán de barco. Expone que no recuerda que su esposo tuviera deudas, contaba con un muelle el cual se adquirió con préstamos, pero ya se habían cancelado. (Audio, sistema SIGAO); 14. En el juicio declaró el señor Walter Elías Castillo Ruíz, se ha dedicado hacer de administrador de barcos camaroneros, era el administrador del barco de don Alfredo Méndez, conoció a don Alfredo hace muchos años, don Alfredo compró el barco Punta Guiones, él era el capitán de ese barco, tenía una sociedad, que era la dueña de la embarcación, ese barco hacía pesca de arrastre, se renovó varias veces la licencia, hasta que la Sala Cuarta, les dijo que para seguir renovando la licencia debía que cumplir con estudios técnicos. La licencia se vencía en octubre del 2017, Incopesca dijo que no se renovaba la licencia por la resolución de la Sala Constitucional, del año 2013. En Incopesca no hicieron estudios, lo hicieron ya después de que ellos ya estaban varados, solo a 5 embarcaciones, le hicieron estudios. A partir de octubre del 2017, su compadre Alfredo, decía que le cortaron las alas, hasta aquí llegamos, no podían hacer más, era muy duro no solo eran ellos, era 6 compañeros más que venían atrás. La sociedad y don Alfredo, no tenían otra situación para poder subsistir, cayó en una depresión. Se perdió hasta la moral porque daba pena porque hubo cuentas que no se pudieron pagar. Se perdió la embarcación, la empresa producía dividendos, que se repartían. La sociedad tenía otro bien que era un muelle en el que él trabajaba. Fue una injusticia lo que les hicieron con la pérdida de camarón de arrastre se murió el puerto. La compañía no liquido a don Alfredo, no había plata, se les pagó a los otros compañeros. Continuaron su actividad de pesca hasta octubre del 2017. A ciencia cierta no sabe que paso con la embarcación, porque se dejó de trabajar y no supo que más pasó. Solo se utilizaba la pesca de arrastre, la embarcación no tenía otra posibilidad de técnica de pesca que la de arrastre. No tenía recursos para adaptar el barco para otra técnica de arrastre, porque había que invertir mucho para otro tipo de pesca. (Audio, SIGAO); II.- HECHOS NO PROBADOS: De relevancia para lo que aquí se discute y por no haber prueba pertinente en el expediente que lo sustente, se tiene por indemostrado: 1. Que el Incopesca no hubiera realizado acciones tendientes a posibilitar la pesca de arrastre de camarón para las embarcaciones que ya contaban con licencia concedida previo al voto de la Sala Constitucional. (No hay prueba en ese sentido). 2. La cuantía y los términos en que fueron canceladas las prestaciones de la embarcación Punta Guiones. (No hay prueba en ese sentido).

III.-OBJETO DEL PROCESO: A efectos de su examen, debemos tener presente que en la demanda se pretende que se declare la responsabilidad objetiva de INCOPESCA por los daños ocasionados a la sociedad propiedad de la embarcación de punta de guiones y a don Alfredo Sánchez Sánchez como capitán del barco, en ese sentido señalan: El Estado costarricense a partir de 1948 y hasta el año de 1994 mediante Decreto-Ley de Pesca y Caza Marítima Número N°190 del 28 de setiembre de 1948, promulgado por la Junta Fundadora de la Segunda República, constituyó el eje central del ordenamiento o marco jurídico de la actividad pesquera, en la cual mediante los artículos 1 y 6 facultaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Dirección de Pesca y Acuicultura, como la entidad encargada de regular la actividad pesquera vía reglamento o disposiciones administrativas. Y así desde 1949 hasta 1994 se otorgaron por esta normativa y entidad las primeras licencias de pesca de arrastre para camarón, las cuales estaban limitadas y tenían vigencia de un año, renovables en forma indefinida por un período igual, dentro de tipo de licencias de pesca, se encontraba inicialmente incluida la licencia de pesca para la embarcación Punta Guiones de matrícula P-0040. A partir de 1994 mediante la ley N°7384 la Asamblea Legislativa aprobó la creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) que asumió las atribuciones y competencias de la Dirección de Pesca y Acuicultura y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en los asuntos pesqueros. Teniendo la actividad pesquera a partir de ahí un ente estatal diferente, especializado y desconcentrado para promover el desarrollo del sector, que le permitió con seguridad a su patrocinada como titular de la licencia de pesca de arrastre de camarón de la embarcación Punta Guiones en aplicación de sus artículos 1, 2, 3 y 5 de la citada ley que promovían el desarrollo de la actividad, invertir a largo plazo en el negocio pesquero, en infraestructura y en el mejoramiento de la embarcación de pesca Punta Guiones, de tal forma que la rentabilidad y las nuevas expectativas creadas por la nueva entidad rectora especializada, le permitían tener una mayor capacidad operacional de endeudamiento y logística a largo plazo, con mejoras económicas y calidad de vida mucho mejor. Con esas expectativas se constituye la empresa familiar Compañía Pesquera Moncharelo S.A. en 1995 por Alfredo Mariano Sánchez Sánchez y su esposa doña Ester Chavarría Castro, quienes con su hija Ilse Sánchez Chavarría conforman su Junta Directiva, y pasando a ser ésta sociedad, su único sustento económico familiar. Teniendo como capital social inicial el monto de cincuenta mil colones, representado por 50 acciones comunes y nominativas de mil colones cada una, cuya propiedad actual como único socio corresponde en un 100% a Alfredo Mariano Sánchez Sánchez. Dicha empresa una vez constituida adquiere la embarcación de pesca de camarón con redes de arrastre denominada Punta Guiones, con Certificado de Matrícula P-0040, de su propietario anterior, la cual contaba con las siguientes características básicas: Eslora 21.80 metros, Manga 5.45 metros, Puntal 2.85 metros, motor marca Caterpillar, serie 50B1613, potencia 240.000 KW. También como parte de la inversión a largo plazo en el año 1998, compra la finca de matrícula de folio real número 6-14774-000 la cual es una propiedad ubicada en la Angostura de Puntarenas colindante con el estero, donde se construye y se acondiciona un muelle de atraque, para el acopio, avituallamiento y venta de producto pesquero que producía la embarcación Punta Guiones, como para su permanencia en puerto cuando no estaba en faenas de pesca. La utilización de ambos activos, eran el único medio y sustento de ingresos económicos de la Compañía Pesquera Moncharelo S.A., de la familia Sánchez-Chavarría y de la tripulación de la embarcación Punta Guiones. Desde el año 1990, antes de la constitución de la sociedad familiar Compañía pesquera Moncharelo S.A. y hasta el último día de pesca el 30 octubre del 2017 de la embarcación Punta Guiones, el señor Alfredo Mariano Sánchez Sánchez fue parte de la tripulación de dicha nave en su función de capitán de pesca y máxima autoridad en la embarcación. Luego, a partir del año 2005 mediante la publicación de la Ley N°8436 Ley de Pesca y Acuicultura, se cambiaron las reglas del plazo de vigencia de las licencias de pesca con normas mucho más favorables y seguras para su representada. Se amplió el plazo de vigencia de las licencias de pesca de arrastre de camarón de uno a seis años renovables. Por eso, su representada sin ningún temor adquirió préstamos bancarios e invierte sumas millonarias en la renovación estructural de la embarcación Punta Guiones, ampliando su vida útil a 40 años o más, con un mantenimiento preventivo y adecuado de su estructura, ya que ni siquiera se pensaba un cambio drástico o amenaza que violentara estas condiciones jurídicas en los plazos y renovación en forma continua e indefinida de las licencias de pesca de arrastre de camarón. La embarcación Punta Guiones a partir del año 2005 contaba con una licencia para pescar camarones con redes de arrastre por el fondo reglamentarias y otorgada consecutivamente por el INCOPESCA por un plazo renovable de vigencia de cada 6 años, al amparo del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47, 48 y 104 todos de La Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436 del año 2005. La última renovación de la licencia de pesca para camarón tenía la numeración H-0086-95-PTS-1647-11 y se emitió en octubre del 2011 por un plazo de vigencia de 6 años prorrogables hasta el 31 de octubre del año 2017. De ella se desprende taxativamente al pie de la misma emisión de la licencia que dice lo siguiente: "Esta licencia se otorga por 6 años prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente, ley N"8436 del 25-04-2005 y tomando en cuenta la fecha de expedición de la licencia. Deberá cancelar anualmente el trámite de renovación de licencia de pesca y presentar certificado de navegabilidad vigente, mismo que deberá mantenerse vigente". Según los representantes de la compañía Pesquera Moncharelo S.A., al ampliarse el plazo de la licencia de pesca para la embarcación Punta Guiones de 1 a 6 años prorrogables en forma indefinida por períodos iguales a partir del año 2005, el INCOPESCA le estaba otorgando "legalmente" a su representada una vocación segura de continuidad indefinida de la explotación comercial del recurso marino camarón; salvo causa justa en contrario, que autorizara al propio INCOPESCA a la cancelación de la licencia, por comisión de delito, por caducidad o extinción del plazo sin que se solicitara la renovación, lo cual, denota que las posibilidades para sus representados de dedicarse en forma indefinida a esta actividad estaban prácticamente aseguradas por el resto de su vidas, con solo el otorgamiento inicial de la misma licencia y el cumplimiento de la normativa vigente que la regulaba. Según los administradores de la sociedad anónima actora la situación jurídica de seguridad a la continuidad de la actividad pesquera a largo plazo para su representada se consolidaba más con la aprobación de los artículos 4 y 5 en la ley de marras en el año 2005, ya que se declaran factibles "el otorgamiento de créditos diferenciados para el sector pesquero" y se determina como "...de utilidad pública e interés social la actividad pesquera y se declara de interés nacional el fomento y desarrollo de esta actividad y de la industria afín" Estas declaraciones generales que introdujo el legislador en la ley, estima que no pueden ser ignoradas, son hechos puros y simples que tendieron a incentivar y promover en sus patrocinados Compañía pesquera Moncharelo S.A. y Alfredo Mariano Sánchez Sánchez, en el ejercicio de la actividad pesquera como su actividad económica principal y exclusiva en forma indefinida, lo que desde luego les generó seguridad jurídica y confianza, decidiendo invertir todo su capital y recursos económicos en su práctica, mejorando las condiciones de la embarcación, acondicionándola y renovando estructuras marinas y terrestres para extenderle una vida útil de 40 años o más a la embarcación y facilidades de logística de la operación comercial en tierra. Para ello, se utilizó capital propio y un préstamo bancario con un costo de inversión de 15 millones de colones proyectado su cancelación hasta el año 2020, ya que además de lo dicho, la ley permitía la opción incluso, a transferir, heredar o ceder a terceros la licencia respectiva con todo y la embarcación Punta Guiones. Las precitadas leyes N°7384 y N°8436 (artículo 12) y su reglamento decreto Ejecutivo N.°36782 MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS (artículos 108 y siguientes) atribuyen al INCOPESCA la condición de unidad ejecutora y ente encargado de la ejecución práctica de la ley. El derecho a la pesca de camarón para su representada fue extendido por la citada institución en el año 2005 por 6 años, su primera prórroga fue otorgada también por 6 años más por el INCOPESCA en el año 2011 y a partir de ahí, hasta el 31 de octubre del 2017, los derechos de pesca fueron ejercidos de buena fe, apegada a la legislación vigente por su representada Compañía pesquera Moncharelo S.A. hasta que el Incopesca le negó la renovación de la licencia, sin una causal legal previamente establecida, obteniendo con ello la legitimación pasiva para ser demandada en este proceso. La titularidad de la licencia que le daba derecho a pescar de camarón con redes de arrastre era para la Compañía pesquera Moncharelo S.A. como titular de la embarcación punta guiones, un tercero no podía arrogarse para sí mismo ese derecho individual una vez terminado el plazo otorgado, el derecho se mantenía en el tiempo y solo se terminaba a menos que existiere una renuncia expresa y previa de su patrocinada a la continuidad o a la prórroga de la titularidad de la licencia de pesca, (artículo 113 LPA y 121 de su reglamento), convirtiéndose en un derecho o situación pública y jurídicamente consolidada para la Compañía pesquera Moncharelo S.A., ya que solo ella estaba legitimada para solicitar la prórroga de la licencia dada. Obteniendo con ello en caso de causársele un gravamen, la legitimación activa para demandar en este proceso. Estando por vencerse el período de vigencia de la licencia de pesca número H-0086-95- PTS-1647-11 y en su condición de representante legal de la sociedad Compañía Pesquera Moncharelo S.A., el señor Alfredo Mariano Sánchez Sánchez, el día 01 de agosto de 2017, se presenta ante la oficina del INCOPESCA a cancelar el pago anual de la licencia y llena el formulario o la solicitud respectiva de prórroga de licencia de conformidad todos los requisitos legales exigidos en concordancia con los artículos 27, 43, 47 y 48 y párrafos segundo y sétimo del artículo 104 de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436. El día 11 de agosto de 2017, el INCOPESCA notifica a su representada la negativa a prorrogar la licencia de pesca para la embarcación Punta Guiones y ordena archivar la solicitud indicada en el hecho anterior mediante oficio PRI-426-08-2017 firmado por el Jefe del Departamento de Protección y Registro del lncopesca Lic. Edwin Salazar Serrano. Sustentando la negativa con la mención únicamente de los alcances de la resolución de la sentencia número 2013-10540 de la Sala Constitucional, de las 15:50 horas del 7 de agosto del 2013 la cual hace referencia en su oficio y que proviene de una Acción de Inconstitucionalidad cuyo expediente es el número 12-010016-0007-CO, la cual en lo que interesa dice lo siguiente: "Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase "del camarón con red de arrastre", del punto d) inciso 27 del articulo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura Ley 8436 del 1 de marzo del 2005. En consecuencia a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con arrastre...". La Sala en dicha resolución también dice que: "Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro sé puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycacht Reductio De vice), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal con el correspondiente respaldo científico tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático". No quedando ninguna duda que el INCOPESCA como entidad ejecutora de la Ley de Pesca y Acuicultura era la que le correspondía previo a que se publicara una reforma legal con la referencia expresa de la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental, realizar el correspondiente respaldo científico tecnológico, que demostrar a una reducción significativa de dicha captura incidental en la pesca de camarón con redes de arrastre y, sin embargo, no lo hizo. El Lic. Edwin Salazar Serrano ni en su oficio PRI-426-08-2017 ni verbalmente indica a su representada que la negatoria a renovar la licencia, provenía de un estudio previo del INCOPESCA o del MINAE como causal que así lo recomendara. El artículo 104 de la ley de marras dice: "Las licencias, las autorizaciones, los permisos y las concesiones, así como sus prórrogas, se otorgarán conforme al estudio previo del INCOPESCA o del MINAE, según corresponda para cada caso particular". Quedando claro que desde el 01 de agosto del año 2017 su representada Compañía pesquera Moncharelo S.A., solicitó la prórroga de la licencia de pesca y que nunca renunció ni tácita o expresamente a su derecho de prórroga de la licencia otorgado a su favor desde el año 2005 en forma consecutiva por períodos de 6 años. La no renovación fue por la disposición de la Sala Constitucional (Poder Judicial-Estado) que decía que las normas utilizadas por el INCOPESCA para otorgar las licencias de pesca de arrastre de camarón eran ilegales por inconstitucionales, y, por lo tanto, el otorgamiento de la licencia de pesca para la embarcación Punta Guiones provenía de una actuación ¡legitima de la administración representada por el INCOPESCA. Después de la sentencia número 2013-10540 de la Sala Constitucional, de las 15:50 horas del 7 de agosto del 2013 y hasta agosto del 2017, el INCOPESCA no hizo ningún esfuerzo científico, técnico y legal, para cumplir o implementar nueva legislación y regulaciones en la pesquería de camarón con redes de arrastre que exigía la Sala Constitucional en la resolución citada para la continuación de dicha técnica pesquera. El Incopesca en forma omisa e irresponsable dejó que le fueran venciendo las licencias de pesca vigentes, sin tomar o promover ninguna medida alternativa legalmente aceptable que minimizara el impacto socio económico que podría ocasionar posibles daños y perjuicios por una paralización total de la actividad. El INCOPESCA hizo caso omiso a las recomendaciones de la Sala en el voto citado del 2013 durante los años 2013 -2017 de promover estudios y una nueva ley que permitiera cumplir con las disposiciones y regulaciones que la Sala Constitucional exigía, no hizo nada, para legalizar la continuidad y renovación de la vigencia de las licencias de pesca de camarón con redes arrastre, perjudicando con ello a sus representados. Además de la omisiva actuación del INCOPESCA a partir del 2013, que quedó en evidencia con la escueta resolución emitida por el jefe del Departamento de Protección y Registro, la institución tampoco ordenó abrir un proceso administrativo para cancelar administrativamente la licencia de pesca para la embarcación Punta Guiones. Dejando a su representada en total estado de indefensión e incertidumbre. Después de no hacer nada en acato a la resolución de la Sala del año 2013, en noviembre del año 2017, el INCOPESCA contrario a derecho, publica "a la carrera" una resolución o acuerdo de su Junta Directiva número AJDIP/474-2017, autorizando nuevamente la pesca de camarón con redes de arrastre, lo cual obviamente fue declarada como un acto ineficaz por el órgano jurisdiccional constitucional respectivo mediante voto número 2018-4573 del 16 de marzo del 2018 resolviendo favorablemente el recurso de amparo acumulado e incoado contra dicho acuerdo en el expediente 17-018790-0007-CO. Por lo que el INCOPESCA debe asumir su responsabilidad administrativa y pecuniaria, ya que su comportamiento inconstitucional y omisiones posteriores, han causado daños y perjuicios a sus representados, que no tienen la obligación legal de soportarlos y, por lo tanto, tienen que ser resarcidos pecuniariamente por la demandada. La paralización total de las actividades de pesca de la embarcación Punta Guiones y de su centro de acopio, a partir del 31 de octubre del año 2017 provocó el despido con responsabilidad patronal de todos los trabajadores de la empresa, cancelándoseles sus derechos y prestaciones laborales a todos ellos, con la excepción del capitán de la embarcación Punta Guiones Alfredo Sánchez Sánchez co-demandante en este proceso, a quien todavía se le debe la cancelación de dichos extremos laborales y más bien como socio de la empresa ha tenido que pagar deudas de su propio peculio.

IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE INCOPESCA: Indica respecto de los argumentos de la parte accionante que para el año 1994, la actora no era propietaria de la embarcación Punta Guiones, por lo que no procede decir que desde el año 1994, se les dio seguridad de invertir. Además, se trata de una persona jurídica de capitales, no de una empresa familiar, véase que se trata de una sociedad anónima y la naturaleza de este tipo de sociedades está claramente definida en el Código de Comercio. Agrega, que la empresa adquiere el bien mueble mucho tiempo después de constituida. Por otra parte, el hecho de que adquiriera la actora un bien inmueble no tiene relación con esta causa, ya que estamos discutiendo lo que se refiere a la no prórroga de una licencia de pesca. Señala que la naturaleza jurídica de las embarcaciones está definido en el ordenamiento jurídico, en donde se asegura que las mismas están sujetas a la sostenibilidad del recurso pesquero, de ahí que ninguna licencia de pesca, puede otorgar una "vocación segura de continuidad indefinida de la explotación comercial del recurso marino camarón", ya que el Incopesca, dentro de sus competencias puede suspender y cancelar las licencias de pesca, amén de que el artículo 104 de la Ley de Pesca y Acuicultura determina que las prórrogas de las licencias se otorgaran previo estudio del Incopesca, inclusive se puede establecer períodos de veda y cambio en las artes de pesca, todo ello para asegurar los Principios Precautorio y Preventivo, así como el principio de Desarrollo Sostenible Democrático, derivados del artículo 50 de la Constitución Política. En lo demás, lo dicho son apreciaciones y valoraciones personales del actor. Añade que Incopesca no le ha negado la renovación de la licencia de pesca a la actora, en primer término, porque no aplica el término renovar, sino que se trata de una prórroga según lo determina el ordenamiento jurídico y de segundo término, resulta que la licencia de pesca no se ha cancelado sino que se encuentra suspendida, según acuerdo de la Junta Directiva de Incopesca AJDIP/525-2017. Expone que no se ha negado la prórroga de la licencia de pesca. Efectivamente la atora solicitó la prórroga de la licencia la cual debido a lo que dispuso la Sala constitucional con el voto 2013-10540, no puede prorrogar la misma y ante la problemática que ha surgido en torno a este asunto que es más que público y notorio, se determinó establecer la suspensión temporal de la misma, sea así dicho, entonces no existe legitimación ni activa ni pasiva del actor para reclamar daños y perjuicios. Manifiesta que se le notificó la negativa de prorrogar la licencia de pesca por medio del oficio PR1-426-08-2017, como también es cierto que recurrieron dicha acción y ello provocó que se emitiera el acuerdo AJDIP7S25-2017, que ordena suspender los efectos de la licencia de pesca de manera temporal. Agrega que el actor hace un uso incorrecto de los términos, por cuanto es claro y así él mismo lo manifiesta en el sentido de que la no prórroga de la licencia de pesca va en función de la orden emanada por la Sala Constitucional con el voto 2013-10540, como efectivamente ocurre y siendo la actuación del Departamento de Protección y Registro ajustada a derecho conforme y en obediencia con el mandato de la Sala Constitucional. Señala que el Incopesca ha desarrollado las iniciativas para restablecer las categorías de las licencias de pesca de camarón, por medio de mesas de diálogo, acuerdos de Junta Directiva, entre ellos el acuerdo AJDIP/474-2017 mismo que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional, no por su fondo sino por su forma, al determinar la Sala que para restablecer estas licencias, se debe hacer por medio de una Ley de la República, solo para citar algunos ejemplos y recientemente se aprobó un proyecto de investigación para determinar si es posible obtener una reducción significativa en la fauna de acompañamiento tal y como lo ordenó la Sala Constitucional. En todo momento Incopesca ha obedecido a lo indicado por la Sala Constitucional y no es una mera decisión administrativa, sino el cumplimiento de un mandato constitucional. Expresa que no se le ha notificado al actor ningún procedimiento administrativo para cancelar la licencia de pesca, precisamente porque no hay tal cancelación de la licencia de pesca, sino que lo que ha operado es la suspensión temporal de la misma, ello en búsqueda de una solución a la problemática que se ha generado a raíz del voto 201310540 de la Sala Constitucional. De ahí que tampoco se ha generado un estado de indefensión al actor, sino todo lo contrario se han hecho y hacen las gestiones en búsqueda del fomento de la actividad de la pesca sostenible de camarón. Expone que se minimiza el esfuerzo hecho por parte de Incopesca, por reestablecer las categorías de pesca, entre ellos el acuerdo AlDIP/474-2017, así como el allanamiento a solicitud de medidas cautelares que hiciere el mismo sector y que estableció medida cautelar obligando a su representada a aportar los estudios pertinentes, a efecto de que se logre determinar si es posible una reducción en la fauna de acompañamiento que se genera por las actividades de pesca de camarón. No se puede permitir bajo ninguna premisa, que se manifieste un comportamiento anticonstitucional de su representada, ya que el mismo actor bien lo sabe, no es una acción antojadiza del Incopesca, sino una orden superior emanada del órgano de la jurisdicción constitucional, aunque parece que el actor no le parece nuestras actuaciones, bien se ha servido de los beneficios y servicios que la institución le ha facilitado para poder tener acceso al recurso pesquero. Señala que el actor hace una mezcla entre lo que se genera por la licencia de pesca y sus otras actividades comerciales. Inclusive se habla del salario del señor Alfredo Sánchez, codemandante en este proceso, cuando este no consta que sea empleado de la actora Compañía Pesquera Moncharelo S.A., igualmente no entendible que un socio de una sociedad mercantil deba cancelar deudas de su peculio, si quien debe responder es únicamente la sociedad propietaria de la embarcación y titular de una licencia de pesca.

V. SOBRE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Esta Sección en reiterados pronunciamientos ha desarrollado sobre el régimen de responsabilidad lo siguiente: " De acuerdo con nuestro régimen de derecho, el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (artículo 9 de la Constitución Política). Particularmente el régimen de responsabilidad objetiva del Estado se encuentra contemplado en términos generales en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de cuyo texto se extrae el deber de indemnizar todos los daños y perjuicios originados con motivo de las conductas y omisiones de la Administración Pública. Esto es, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Desde esta perspectiva, bajo la premisa del deber de indemnización de la Administración, con independencia de criterios de valoración subjetiva -dolo o culpa-, en la actuación de sus servidores o agentes, en nuestro país opera un régimen de responsabilidad objetiva, de toda suerte que el Estado debe indemnizar todo daño que el administrado o justiciable no se encuentre en la obligación de soportar, ya sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y sin guardar relevancia para esa determinación su situación jurídica subjetiva. Es así, que la Administración Pública responde por su conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico o bien ante la comisión mediante una actuación material permitida, ya sea de forma activa u omisa. Claro está, responde también el Estado por los daños que se generen en virtud de una conducta administrativa de carácter ilícita, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. A partir de lo transcrito se concluye que para la generación del régimen de responsabilidad objetiva del Estado se requiere la concurrencia de tres requisitos fundamentales: El primero, la existencia de una conducta administrativa, ya sea activa u omisa, formal o material, lícita o ilícita, funcionamiento normal o anormal. El segundo requisito es la generación de un daño antijurídico, efectivo, evaluable e individualizable que la víctima no tenga la obligación de soportar, sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y como tercer requisito, que exista el nexo causal entre los requisitos anteriores, esto es, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. (Para mayor abundamiento ver resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y la número 252-F-01 de las16:15 horas del 28 de marzo del 2001). Ahora bien, entratándose de la responsabilidad que los administrados pueden exigir a un funcionario público, tenemos que el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece en lo que interesa que: "1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. (...) 4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido." Aunado a lo anterior, el numeral 201 del mismo plexo normativo prevé la responsabilidad solidaria del servidor público con el Estado, por lo que ambos pueden ser demandados en tal condición. Desde esta perspectiva podemos concluir con facilidad que el funcionario público amén de la responsabilidad penal y administrativa que su conducta activa u omisa pudiese generar, se encuentra obligado a responder civilmente ante terceros así como ante la Administración Pública en caso de determinarse en respeto del debido proceso, de la existencia de una conducta que por dolo o culpa grave generó daños antijurídicos que el administrado o tercero no está en la obligación de soportar. De esta manera, tenemos que al tenor de los numerales dichos de la Ley General de la Administración Pública, para realizar el análisis de la responsabilidad por falta personal del funcionario, se toman en consideración los criterios de imputación subjetivos, tales como el dolo o la culpa grave que invoca la norma, a lo cual se suman criterios objetivos para determinar las condiciones en que opera una falta personal al referenciar el numeral 191 de dicho cuerpo legal, elementos de conexión instrumental o circunstancial o de fines, al precisar que: "La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión." Ahora bien, es importante precisar que en nuestro ordenamiento jurídico las calificaciones subjetivas de dolo o culpa leve o grave, no se presumen sino que deben ser demostradas, salvo que por ministerio de ley se invierta la carga de la prueba. En razón de lo expuesto, conviene precisar además cuando nos encontramos ante un comportamiento doloso o culposo en cualquiera de sus modalidades. Tratándose del primero, tenemos que se entiende que ha operado una conducta dolosa, cuando el funcionario, sujeto o agente, tiene la intención de generar un daño físico, patrimonial o extrapatrimonial a una persona, de toda suerte que a través de un comportamiento antijurídico se dirija a obtener un resultado dañino esperado y procura por los medios que le asisten el generarlo. Por otra parte, nos encontramos en presencia de una conducta que se califica de culpa grave, cuando se determina un descuido o la falta de diligencia o cuidado del funcionario público quien se encuentra en la obligación de ejercer la conducta debida. Este descuido puede obedecer a conductas activas u omisas que reflejen la negligencia, imprudencia o impericia del funcionario público. Por último, no está de más recordar que dentro de la lógica del sistema de responsabilidad solidaria de la Administración Pública y del servidor frente a ésta, ante la eventual distribución interina de responsabilidades ante la producción de un daño ilegítimo, se contempla en la normativa la acción de regreso o de recuperación de lo pagado, la cual resulta de carácter indispensable a fin de evitar cualquier afectación ilícita a la Hacienda Pública." (Sentencia 039-2017-I de las dieciséis horas y treinta minutos del uno de marzo del dos mil diecisiete de este Tribunal.)

VI. SOBRE LA RESPONSABILIDAD RECLAMADA EN EL CASO CONCRETO

En el presente caso la parte actora reclama la responsabilidad de Incopesca en relación a las actuaciones calificadas de ilegitimas, que encuentran su origen en la declaratoria de nulidad de la normativa que permitía la pesca de arrastre de Camarón en el país y por conducta omisa en relación a la no gestión de estudios científicos y acciones administrativas- entre ellas la propiciación de una reforma legal- que permitieran la pesca de arrastre conforme a los parámetros establecidos por la Sala Constitucional. Como se desarrolló en el considerando anterior, el régimen de responsabilidad objetiva del Estado se encuentra desarrollado en los numerales 9 y 41 de la Constitución Política y los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de los cuales se extrae que dicho régimen existe presupuestos indispensables para que se genere la responsabilidad de la Administración. Lo primero que debe distinguirse es que esta responsabilidad no se centra en el elemento subjetivo, en el sentido que exista dolo o culpa, sino en la existencia de un daño que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar. En ese sentido, la relevancia de la calificación de la conducta del agente productor del daño queda de lado para centrarse en la generación de un daño y el nexo de causalidad en la atribución de una conducta licita, ilícita, funcionamiento normal o anormal, legitimo o ilegitimo y que el daño causado sea efectivo, cierto e individualizable. Es claro en esa lógica, que debe acreditarse que la lesión es consecuencia directa de esas acciones u omisiones a efectos de establecer claramente el nexo de causalidad que permita la responsabilidad al centro de autoridad pública. Claro lo anterior, del análisis de los argumentos esbozados en el caso por las partes y los elementos de prueba incorporados al expediente y al proceso, este Tribunal tiene por acreditado en primera instancia que la compañía Pesquera Moncharelo S.A. fue constituida en el 14 de setiembre de 1995 cuyo presidente con representación judicial y extrajudicial recaía en el señor Alfredo Mariano Sánchez Sánchez y participación societaria de la señora Ester Chavarría Castro. En ese mismo año, la compañía Moncharelo S.A. adquiere la embarcación Punta Guiones, la cual contaba con licencia de pesca anteriormente a nombre del señor Joaquín Da Silva Jesús, el cual contaba con Certificado de Matrícula P-0040. Mediante resolución INCOPESCA 086-95 del 26 de octubre de 1995, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura otorgó permiso de pesca con vigencia de un año, el cual fue prorrogado de forma continua para la captura de camarón y fauna de acompañamiento para operar en aguas del Mar Pacífico Costarricense. Mediante resolución del 10 de octubre del 2011 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura RPRI-0218-10-2011, se renovó licencia de pesca comercial de camarón-fauna acompañamiento, atún, tiburón pelágico N. H-0086-95-PTS-1647-11 a la Compañía Moncharello S.A. para la embarcación Punta Guiones matrícula P-0040, utilizando redes de arrastre, por un plazo de 6 años, pudiendo prorrogarse por plazos iguales. No obstante, mediante resolución Nº 10540-2013 del 07 de agosto del 2013 de la Sala Constitucional, dispuso lo siguiente: "Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad". A pesar de lo resuelto por ese órgano constitucional, el 1 de agosto del 2017, se solicitó por parte del representante de la Compañía Moncharelo S.A. renovación de licencia de pesca comercial para embarcación camaronera Punta Guiones ante el INCOPESCA. No obstante, mediante oficio del 11 de agosto del 2017, suscrito por el Jefe de Protección y Registro del INCOPESCA, se rechazó la solicitud de licencia de pescar comercial para embarcación camaronera Punta Guiones ante el INCOPESCA, con fundamento en la resolución de la Sala Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto del 2013. Respecto a la pesca de atún y tiburones pelágicos se indica que es necesario remitir a la Junta Directiva solicitud formal a efectos de que se realice el análisis respectivo. Mediante acuerdo tomado en la sesión 051-2017 del 14 de diciembre del 2017 de la Junta Directiva de INCOPESCA, se acordó suspender la licencia de pesca H-0086-95-PTS-1647 de la embarcación Punta Guiones, matrícula 0040 hasta tanto se resuelva por parte de los órganos Competentes la situación jurídica de las licencias de las embarcaciones camaroneras, dicho acuerdo se fundamenta en el capítulo II del artículo 5 inciso h de la Ley 7384. En ese escenario de hechos, de acuerdo a los argumentos de las partes, estima esta Cámara que la responsabilidad que se reclama por la parte actora resulta improcedente como procedemos a exponer. En primera instancia tenemos que la parte como se indicó, divide en dos aristas el criterio de imputación de la responsabilidad endilgada, en un primer escenario expone como causa de responsabilidad, una conducta ilegitima de Incopesca derivada de la declaratoria de inconstitucionalidad dada por la Sala Constitucional. Criterio del Tribunal: En este primer escenario, es necesario señalar que la causa de responsabilidad, que imputa la parte actora, surge como una nulidad sobrevenida, dada ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la “frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005”, normativa legal que permitía la pesca de arrastre de camarón, en esa lógica, con la declaratoria de inconstitucionalidad, lo que surge es una nulidad sobrevenida de las actuaciones administrativas que sustentaban su accionar en tal normativa (numeral 159 de la Administración Pública), por ende, no puede estimar esta Cámara que precisamente por tratarse de una nulidad sobrevenida, las actuaciones de Incopesca respecto al otorgamiento de licencia de pesca de arrastre de camarón y la fiscalización ejercida sobre dicha actividad, pueda ser estimada como una conducta ilegitima o ilícita al generarse su otorgamiento, por cuanto, es hasta el momento en que se da la declaratoria de inconstitucionalidad, que surge el vicio de nulidad de los actos administrativos otorgados con el fundamento de aquellas normas, consecuentemente, no podría estimarse como causa de responsabilidad administrativa por conducta ilícita, el otorgamiento de la licencia concedida a la parte actora por parte de Incopesca con sustento en normas que en el momento histórico que fue otorgada, aún no habían sido declaradas inconstitucionales y estaban vigentes, por cuanto, desde el escenario expuesto, no podría constituir ésta una conducta ilícita como criterio de imputación que encuentre nexo de causalidad con los daños y perjuicios reclamados. Ahora bien, es necesario señalar respecto a las argumentaciones vertidas bajo la premisa que "sobre el fortalecimiento de la actividad pesquera en el país y el marco de regulación a nivel estatal sobre dicha actividad", encontró motivación la parte actora para invertir en esa actividad, toda vez que no existe un derecho "per sé" a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, sobre todo en una materia regulatoria de orden ambiental cuya vigencia está condicionada a que la habilitación surja temporalmente, una vez cumplidos los requisitos que el ordenamiento jurídico imponga en cada momento histórico, de ahí que no pueda considerarse que exista en el caso concreto, un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada. Nótese que incluso, atendiendo a esa premisa, en ese sentido el numeral 103 de la Ley 8436 dispone: "El otorgamiento de la licencia, la autorización o el permiso estará condicionado a la disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las necesidades de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar debidamente fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, económicos o sociales". Por su parte el ordinal 104 de la misma ley indica: "Artículo 104.-Los permisos y las autorizaciones referidos en esta Ley, no son negociables y tienen el carácter de intransferibles. Las licencias de pesca y las autorizaciones acuícolas serán transferibles, previo estudio y autorización de INCOPESCA, exigiendo para ello los mismos requisitos establecidos en la presente Ley para su otorgamiento original. Las licencias se otorgarán por seis años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente. Las autorizaciones se otorgarán por un plazo de diez años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente, a menos que la autorización requiera de un plazo menor. Los permisos se otorgarán por cinco años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente. Las concesiones se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Aguas. Dichas concesiones podrán transferirse, previa autorización del MINAE; para ello, deberán cumplirse los requisitos fijados en esa Ley. Las licencias, las autorizaciones, los permisos y las concesiones, así como sus prórrogas, se otorgarán conforme al estudio previo del INCOPESCA o del MINAE, según corresponda, para cada caso particular. Los pagos de las licencias, los permisos y las concesiones se harán anualmente. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82 de la presente Ley". Como se desprende de los numerales referenciados, se confirma lo que se ha indicado, en el entendido que, el propio ordenamiento jurídico -independiente de lo resuelto por la Sala Constitucional en el año 2013-, regula la figura de la licencia como un acto de habilitación de efecto temporal sujeto a valoraciones de la propia Administración en torno a la condición ambiental que involucra la materia y al propio cumplimiento de requisitos, que la Administración de forma discrecional somete a criterios acordes de la ciencia y la técnica para ponderar el cumplimiento de los fines públicos con dicha actividad económica. Es decir, impone el ordenamiento jurídico en sí mismo, la posibilidad clara de una mutabilidad del marco regulatorio, en torno a requisitos para el otorgamiento de licencias y viabilidad de mantener u otorgarlas, de ahí que resulta improcedente cuando señalan los accionantes, como causa de responsabilidad, lo que califica como condición de seguridad jurídica lo que le motivo a invertir en una embarcación pesquera y el correspondiente muelle para la actividad de pesca de arrastre de camarón, máxime cuando como parte de la actividad pesquera conocía los alcances de la licencia otorgada a su actividad, la cual como hemos insistido tenía un efecto temporal. En otras palabras, aquél sujeto que, amparado a un título habilitante administrativo desarrolla una actividad, la desarrolla en un marco de riesgo y ventura, delimitado por los alcances mismos de la habilitación correspondiente, teniendo que desarrollar un modelo económico de sostenibilidad coherente con tales condiciones, y es justamente este riesgo y exposición a la variabilidad de condiciones, que es el contenido real de seguridad jurídica, y que no es exclusivo de licencias como las que se analizan en este asunto, sino que es propio de cualquier derecho real administrativo que le permite a un particular la explotación económica en su favor patrimonial. Entonces, el objeto de esta litis versa en determinar si, el advenimiento de la detención de la actividad, resulta o no legítima dado que, caso contrario, se originaría la causa petendi (motivo) indemnizatoria. En esa misma línea, en torno a lo que califica como causa de responsabilidad por la cancelación de la licencia pesquera que imposibilitó la continuación de su actividad productiva y único medio de sustento económico, es necesario indicar, que está acción no se da en sí misma, como una cancelación, sino por el contrario, lo que surgió era la imposibilidad legal de optar por una prórroga de conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional, la cual definió en el voto Nº 10540-2013 del 07 de Agosto del 2013, la imposibilidad para Incopesca de renovar las licencias en las que recayera vencimiento, de ahí que la extinción de la licencia surge por lo establecido en numeral 113 de la Ley 8436, el cual expone: "Artículo 113.-Las licencias, los permisos y las autorizaciones se extinguen por las siguientes causas:a) Por el vencimiento del plazo, sin que medie solicitud de prórroga en forma legal. b) La imposibilidad de realización del objeto. c) La renuncia expresa o el abandono que realicen los interesados.d) La cancelación de las licencias, los permisos o las autorizaciones por parte de las autoridades competentes, respetando el debido proceso". Como se desprende de este numeral, es claro entonces que, al no existir habilitación legal de Incopesca para renovar licencias para pesca de arrastre de camarón, lo que concurrió fue su extinción por el término de plazo de habilitación - que se conservó de acuerdo a los propios términos de lo resuelto por el órgano constitucional- y la imposibilidad de la realización del objeto, consecuentemente la extinción de la licencia, en esencia no surge de una actuación arbitraría, ilícita o ilegítima de Incopesca. Es necesario además señalar en esta línea de ideas, que el propio numeral 114 también de la ley en mención expone que: "Artículo 114.-La autoridad ejecutora procederá a cancelar las licencias, las concesiones, los permisos o las autorizaciones, con respeto del debido proceso, cuando sus titulares: a) Pongan el ecosistema en riesgo inminente. b) Proporcionen la información fuera de los términos y plazos que solicite el INCOPESCA o incurran en alguna falsedad al rendirla. c) Nieguen a esa autoridad el ingreso para la inspección de las instalaciones. d) Incumplan, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico para la pesca y acuicultura, que indique el INCOPESCA. e) Cuando transfieran estos derechos sin la debida autorización o en los casos en que sean intransferibles. f) Incumplan en la concesión acuícola los planes de inversión y manejo ya previstos. g) Incurran en estado de quiebra, insolvencia, concurso, disolución o liquidación del patrimonio. h) No instalen debidamente los equipos terminales y los censores conformantes del sistema de seguimiento satelital en las embarcaciones atuneras cerqueras, en los plazos establecidos en esta Ley. Como se denota de este numeral, precisamente, es por el riesgo del ecosistema que la Sala Constitucional se decanta por declarar la inconstitucionalidad de la normativa que permitía la pesca de arrastre de camarón, es decir, incluso la propia normativa, más allá de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, prevé esa posibilidad como motivo para la cancelación de licencias, de ahí que en definitiva, el accionante debía conocer los alcances de propia ley en torno a los riesgos asociados a la actividad que desempeñaba, que en última instancia es la que origina el cese de la misma, por ende la causa de la responsabilidad acusada no surge un quebrantamiento a derechos adquiridos, sino al riesgo para el ecosistema de la actividad que se realizaba. En esa lógica, debemos recordar, que tal como la Sala Constitucional lo ha dimensionado en innumerables ocasiones, en materia ambiental, salud, y seguridad no puede existir derechos adquiridos. Al respecto citamos el voto 2003-05073 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del diez de junio del dos mil tres, el cual exponía: "En ese sentido, estima la Sala que tratándose de materia ambiental, no solo no puede considerarse la existencia de derechos adquiridos sino que, además, el Estado siempre cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes actividades que desarrollen los individuos, aún cuando el inmueble o el tipo de labor que se realiza, sea anterior a la modificación de la ley que exige nuevas condiciones. Debe recordarse que esta Sala, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que frente al interés particular de un individuo a desarrollar una actividad, prevalecerá sin duda alguna, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho éste que también le concierne a aquél individuo". Vale la pena traer a colación aquí que, al margen de lo dicho supra, la posición del instituto accionado que pretende invocar que no se trató de una supresión, sino de una “suspensión” resulta abiertamente improcedente e inconsecuente, dado que, de la lectura expresa del por tanto del voto constitucional que suprime la norma que se ha referenciado supra sobre la pesca de arrastre, queda indubitablemente claro que, aún bajo el supuesto de que se haya “suspendido”, lo cierto es que la inactividad de la licencia otorgada resulta, como consecuencia de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, en una imposibilidad sobreviniente de activación, con lo que los efectos en uno u otro supuesto resultan ser idénticos al tenor de lo que se ha resuelto hasta el momento. Así las cosas, como se indicó, no existe una conducta ilícita o ilegítima de la Administración demandada que pueda valorarse como causa de la responsabilidad reclamada.

VII.Ahora bien, un segundo escenario de análisis, gira en torno a la causa de imputación por conducta omisiva que indica el accionante se presenta por cuanto INCOPESCA no hizo ningún esfuerzo científico, técnico y legal, para cumplir o implementar nueva legislación y regulaciones en la pesquería de camarón con redes de arrastre que exigía la Sala Constitucional para la continuación de dicha técnica pesquera. Expone como causa de esa responsabilidad, que el Incopesca en forma omisa e irresponsable dejó que le fueran venciendo las licencias de pesca vigentes, sin tomar o promover ninguna medida alternativa legalmente aceptable que minimizara el impacto socio económico que podría ocasionar posibles daños y perjuicios por una paralización total de la actividad. Criterio de Tribunal: Sobre este aspecto, debemos de tomar en consideración que el criterio imputativo de responsabilidad basado en omisión, no es un sistema de responsabilidad basado en la inactividad llana, sino que se trata de un criterio que exige la acreditación de dos circunstancias simultáneas: por un lado, la existencia de un conducta activa imperiosa, no potestativa, es decir, la existencia de un mandato por parte de nuestro ordenamiento jurídico que le exija a la Administración a actuar en determinada manera, y por otro, la omisión propiamente dicha, es decir, la inactividad administrativa, debiendo advertirse de que, en caso de que sí existiese actividad pero esta no es suficiente, es defectuosa o, en general, no se cumple con la exigencia imperativa normativa, estaríamos en presencia de un funcionamiento anormal y no de una omisión administrativa propiamente dicha. Tomando en cuenta lo anterior, estima la Cámara que tampoco surge en la especie un escenario acreditado de conducta omisiva por parte de la autoridad demandada que dé lugar a la responsabilidad reclamada y, por ende, a los daños y perjuicios derivados de ese reclamo. Veamos, para poder determinar la conducta omisiva reprochada es necesario partir de lo expuesto en el propio voto de la Sala Constitucional en el voto Nº 10540-2013 del 07 de Agosto del 2013, del cual se puede extraer que la continuidad de licencias dependía de varias variables, una primera que se ejerciera la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dictara sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA. Un segundo escenario, la existencia de una reforma legal, que pudiera reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se hiciera referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Como puede verse, en cuanto al primer escenario, no podría imputarse una conducta omisiva a Incopesca, ya que de los elementos de convicción traídos a juicio, encontramos que la propia prueba testimonial recaba en juicio de Walter Castillo Ruiz, administrador de la embarcación Punta Guiones y primer oficial del mismo, fue contundente en declarar que la embarcación no tenía otra posibilidad de técnica de pesca que la de arrastre y no se tenían los recursos para adaptar el barco para otra técnica, porque había que invertir mucho para otro tipo de pesca. Es decir, de la propia prueba, se desprende que la condición impuesta por la Sala Constitucional para continuar con las licencias de pesca de camarón era imposible de cumplir por el accionante, por lo que la no continuidad de la actividad productiva no deriva de una omisión administrativa, sino de una condición propia de la actora, operando lo que reconoceríamos como culpa de la víctima, tomando en consideración de la prueba en autos que los demandantes tenían conocimiento de los alcances del voto constitucional y tuvieron varios años hasta la paralización final de actividad, sin que se acredite en autos que se hayan tomado medidas para la adecuación de la actividad a mecanismos para la disminución de la captura incidental o en general, para la adecuación a las nuevas circunstancias que se imponían para la actividad pesquera, aspecto únicamente de rebote o reproche de los accionantes, por lo que opera como causal eximente de responsabilidad administrativa, consecuentemente, no puede prosperar una indemnización de daños y perjuicios sin base de responsabilidad. Ahora bien, en torno al segundo escenario expuesto por la Sala Constitucional, tenemos que la condición para continuar la actividad pesquera de camarón estaba sujeta a reforma legal, que se sustente en el respaldo científico y tecnológico, para una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático, es decir, la condicionante de la Sala Constitucional contrario a lo interpretado por el accionante, no surge de una conducta activa recaída sobre la entidad demandada, sino que deriva de una acción legislativa, en donde es el Estado legislativo, el competente para la ejecución de esa condición, de ahí que si no ha existido reforma legal operada en los términos de la Sala Constitucional, no puede ser atribuida a Incopesca. En todo caso, más allá de lo que se atribuye propiamente como criterio de imputación por parte del accionante en la conducta omisiva reprochada a Incopesca referente a estudios científicos, debemos señalar que, primeramente, no se acreditaron elementos de juicio determinantes en la prueba recabada, que señalara una omisión en ese sentido, pero además, más de eso, aun cuando se hubieran establecido los mecanismos científicos para efectuar pesca de arrastre de camarón sin afectación al ecosistema, lo cierto del caso, tal como ya se señaló, es que la embarcación de la accionante carecía de los medios para poder habilitar la embarcación a un sistema sostenible, pudiendo únicamente seguir desarrollando la técnica que precisamente es calificada como una infracción al ambiente por no ser posible la sostenibilidad de los ecosistemas, de ahí que deba insistirse, que los daños y perjuicios que se aducen haber sufrido se derivan de la actividad misma que desarrollaba el accionante y no de una acción u omisión administrativa imputable a Incopesca. Si bien, entiende esta Cámara que existe un deber de Incopesca de efectuar estudios respecto a la viabilidad de la actividad con resguardo ambiental, es necesario insistir en que, más allá de que si se hubiera realizado o no esos estudios, la embarcación de la parte actora no calificaba para seguir operando sujeto a un medio más sostenible y no se acreditó que hubiese optado por medidas propias de adecuación de su actividad en ese sentido, sobre todo si se toma en consideración la aparente solvencia económica que afirman los propios actores que generaba la actividad, en consecuencia, no es la omisión acusada la que causa el daño, sino la condición propia de la accionante de poder ajustarse a los parámetros técnicos que permitieran la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas marinos. No obstante lo señalado, es importante para esta Cámara indicar, que si bien se reconoce la grave afectación socio-económica que provocó para el sector pesquero la resolución de la Sala Constitucional, que exigía sin duda alguna la intervención estatal a través de varias instituciones y la adopción de políticas públicas para atender la problemática que se presentaba para un sector tan vulnerable social y económicamente, como lo es el sector pesquero del país, en el que una región costera podría depender de esa actividad para subsistir, debemos advertir que las acciones de orden social o económico que debía el Estado efectuar para atender la problemática señalada, no fue marco de imputación de responsabilidad en esta demanda, es más, la representación estatal no es parte de este proceso, sino que la accionada fue solamente la entidad que concedía las licencias como tales, de ahí de que, a pesar de la conciencia de la situación, no es resorte de este Tribunal su análisis, para efectos de las pretensiones que se persiguen en el proceso. Así las cosas, la responsabilidad reprochada no puede surgir en el escenario de valoración efectuado y en consecuencia las pretensiones de la parte no pueden prosperar, tanto las declarativas como la económicas, en el entendido que las pretensiones económicas derivadas de los daños y perjuicios endilgados, no pueden sostenerse sin una base de imputación administrativa que haga surgir la responsabilidad administrativa que regula el ordinal 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, debiéndose entonces declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda.

VIII. SOBRE LAS EXCEPCIONES FORMULADAS

Sobre la defensa de falta de legitimación opuesta por Incopesca, la misma debe ser declarada sin lugar, estimando que, en razón de la licencia concedida a la actora sobre la actividad pesquera por parte de la entidad demandada, existe una relación jurídica -administravia que impone la legitimación sobre el reclamo planteado como imputación de responsabilidad, por ende, dicha defensa debe ser rechazada. Sobre la defensa de falta de derecho opuesta, por las razones dadas en el considerando anterior, la misma debe ser acogida, debiéndose declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos.

IX. SOBRE LAS COSTAS

El numeral 193 del CPCA dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Este Tribunal no observa que, en la especie, exista motivo que permita aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ello, se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor de Incopesca, las cuales serán fijadas en la etapa de ejecución de sentencia.

POR TANTO

Se rechaza la defensa de falta de legitimación y se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por Incopesca y en consecuencia se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda opuesta por la COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A. y la SUCESIÓN de ALFREDO MARIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ contra INCOPESCA. Se condena a las partes actoras al pago de ambas costas, extremos que se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia.

Laura Gómez Chacón Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez  LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A  CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A  CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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