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Res. 08407-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 20/08/2025
OutcomeResultado
The Court denied the damages action because the claimant held no concession or right over the parcel, failed to prove causation linked to administrative conduct or willful misconduct or gross negligence by the officials, and was ordered to pay both categories of costs and interest.El Tribunal declaró sin lugar la demanda indemnizatoria porque el actor carecía de concesión o derecho sobre la parcela, no demostró un nexo causal con conducta administrativa ni dolo o culpa grave de los funcionarios, y fue condenado al pago de ambas costas e intereses.
SummaryResumen
The Court rejected Víctor Hernández Rojas’s damages claim against the Municipality of Parrita, two municipal officials, the Costa Rican Tourism Institute, and the State for failing to place him in possession of a parcel in Esterillos Oeste. It found that the claimant held neither a concession nor any other right entitling him to demand possession, use, or occupation of land within the maritime-terrestrial zone. He performed maintenance and repair work without municipal permits and contrary to the prohibitions established by the Maritime-Terrestrial Zone Law; consequently, any resulting harm was attributable to him, and no causal connection existed with an administrative act or omission. The claimant also failed to identify conduct by the State or the Tourism Institute connected to the alleged harm. As to the municipal officials, he neither alleged nor proved willful misconduct or gross negligence. The Court denied the entire complaint and ordered the claimant to pay both categories of litigation costs and the resulting interest.El Tribunal rechazó la demanda indemnizatoria presentada por Víctor Hernández Rojas contra la Municipalidad de Parrita, dos funcionarios municipales, el ICT y el Estado por la falta de entrega de una parcela en Esterillos Oeste. Determinó que el actor no tenía una concesión ni otro derecho que le permitiera exigir la posesión, el uso o la ocupación del terreno ubicado en la zona marítimo terrestre. Las obras de mantenimiento y reparación fueron realizadas sin permisos municipales y en contravención del régimen de prohibiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, por lo que sus consecuencias eran atribuibles al propio actor y no existía nexo causal con una acción u omisión administrativa. Frente al Estado y al ICT, tampoco se identificó conducta administrativa vinculada con el daño reclamado. Respecto de los funcionarios municipales, no se alegó ni demostró dolo o culpa grave. La demanda fue declarada sin lugar en todos sus extremos, con ambas costas e intereses a cargo del actor.
Key excerptExtracto clave
Under the foregoing parameters, it is clear that the injury alleged by the claimant bears no relationship to administrative conduct—whether an act or omission—because, as reiterated, he placed himself in that situation by carrying out work without holding any right and without authorization from the local government. The alleged injury therefore cannot legally be characterized as a direct or indirect consequence of conduct by the local government, which also prevents the establishment of a causal connection permitting liability to be attributed to any defendant. In this regard, it is clear that even if some type of harm existed, it would be necessary to consider that a precarious-use permit cannot be demanded and, moreover, that an exemption from liability would apply because of the victim’s own fault. Regarding the complaint filed against Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla, this Court determines that the proper course is to declare, on its own motion, the absence of a legal right. As previously stated, because the claimant held no right to require specific conduct from the local government, these officials committed no acts giving rise to administrative liability. Moreover—and of particular importance, because it is an indispensable requirement for establishing a public official’s liability—the claimant neither alleged nor demonstrated willful misconduct or gross negligence by those officials under Article 199 of the General Public Administration Law, which requires proof of these subjective attribution criteria when such liability is sought.Atendiendo a los parámetros expuestos, es claro que la lesión que aduce sufrir la parte actora no guarda relación alguna con una conducta administrativa -acción u omisión-, por cuanto, se reitera, fue él quien se colocó en ese estado al realizar obras sin ostentar derecho alguno y sin autorización de la corporación local, de allí que no podría indicarse que la lesión sufrida se califique jurídicamente dentro del espectro de consecuencia directa o indirecta de una conducta de la corporación local, impidiendo esto a su vez, establecer la existencia de un nexo causal que permita la atribución de responsabilidad alguna a las demandadas. En este particular, es claro que en el supuesto de que existiera algún tipo de daño, se tendría que valorar que, en los permisos de uso en precario, éste no puede ser exigido y, además, habría un eximente de responsabilidad, culpa de la víctima. En relación a la demanda interpuesta contra los señores Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla, determina este Tribunal que lo procedente es declarar de oficio la falta de derecho por cuanto, tal y como se señaló anteriormente, al no ostentar derecho alguno la parte actora para exigir una conducta determinada por parte de la corporación local no hay actuaciones de estos funcionarios que acarreen responsabilidad administrativa, además, y de gran relevancia -al ser un requisito sine qua non para la determinación de responsabilidad de un funcionario público-, la parte actora no argumentó ni demostró la existencia de dolo o culpa grave de los citados funcionarios, en los términos establecidos en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la necesidad de acreditar estos criterios de imputación subjetivos cuando se pretenda dicha responsabilidad.
Pull quotesCitas destacadas
"La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que le corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de la Ley 6043, respecto del dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales."
"The Maritime-Terrestrial Zone Law provides that municipalities are directly responsible for ensuring compliance with Law 6043 regarding the ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone, particularly coastal tourism areas."
Considerando X
"La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que le corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de la Ley 6043, respecto del dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales."
Considerando X
"La parte actora no referencia ni señala conducta administrativa alguna del Estado ni del ICT en relación a los hechos o reproches de la presente demanda y no hay ninguna actuación de éstos que haya afectado algún derecho subjetivo o interés legítimo de la parte accionante, máxime cuando es claro que éste no ostentaba concesión alguna en el Sector de Esterillos Oeste en el cantón de Parrita."
"The claimant neither identifies nor points to any administrative conduct by the State or the Costa Rican Tourism Institute related to the facts or allegations in this action, and neither entity took any action affecting a subjective right or legitimate interest of the claimant, especially since he clearly held no concession in the Esterillos Oeste sector of the canton of Parrita."
Considerando XI
"La parte actora no referencia ni señala conducta administrativa alguna del Estado ni del ICT en relación a los hechos o reproches de la presente demanda y no hay ninguna actuación de éstos que haya afectado algún derecho subjetivo o interés legítimo de la parte accionante, máxime cuando es claro que éste no ostentaba concesión alguna en el Sector de Esterillos Oeste en el cantón de Parrita."
Considerando XI
"Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva opuesta por las representaciones del Estado y del Instituto Costarricense de Turismo y la defensa de falta de legitimación ad causam activa formulada por este último."
"For the reasons stated, the Court upholds the defense of lack of passive standing raised by the State and the Costa Rican Tourism Institute, as well as the defense of lack of active standing raised by the latter."
Por tanto
"Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva opuesta por las representaciones del Estado y del Instituto Costarricense de Turismo y la defensa de falta de legitimación ad causam activa formulada por este último."
Por tanto
"En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven."
"Consequently, the complaint is denied in its entirety. Both categories of litigation costs, together with the interest arising from them, shall be borne by the unsuccessful claimant."
Por tanto
"En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven."
Por tanto
Full documentDocumento completo
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Case File: 21-003265-1027-CA Matter: Ordinary proceedings (proceso de conocimiento) Plaintiff: Víctor Hugo Hernández Rojas Defendants: Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, Instituto Costarricense de Turismo, and the State N° 2025008407 ADMINISTRATIVE AND CIVIL COURT OF THE TREASURY, SECOND SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and twenty-eight minutes on veinte de agosto del dos mil veinticinco.- Administrative litigation proceedings (proceso contencioso administrativo) brought by Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas, identification card 1-0556-0012, against Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, Instituto Costarricense de Turismo, and the State. Attorneys Carlos Alberto Montero Loaiza appear on behalf of the plaintiff, Ingrid Jiménez Díaz on behalf of the local government, Jorge Eduardo Villegas Rojas on behalf of the individual defendants, Jimmy Álvarez García on behalf of the Institute, and Georgina Inés Chaves Olarte on behalf of the State. This Collegiate Court now proceeds to issue the first-instance judgment, by unanimous vote of its members, following the requisite deliberation.
Drafted by Judge Hernández Vargas.
Considerations.
I.Procedural background. For purposes of adjudicating these administrative litigation proceedings, the relevant background is set forth below:
II.Arguments of the plaintiff. In setting forth the complaint, the statements made by the plaintiff are transcribed below—with spelling errors corrected: FACTS: FIRST: That on 22 de octubre del 2015, in the locality of Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, Ms. Ninfa Cerdas Sánchez, holder of identity card number 1-020-0290, and Mr. Rafael Ángel Velásquez Guevara, holder of identity card number 6-0165-0585, in their capacity as equal possessors for more than thirty years of a parcel of land measuring one thousand thirteen square meters and forty square decimeters, located in Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, assigned it to the undersigned, Víctor Hugo Hernández Rojas, and the corresponding document was executed. Thereafter, on 02 de enero del 2018, the pertinent “Assignment of Rights to Land in the Maritime-Terrestrial Zone” (“Cesión de Derechos de Terreno en Zona Marítimo Terrestre”) between the aforementioned parties was executed and notarized before the Notary Public, Lic. Roberto Alonso Rímola Real.
As a result, a series of expenditures were incurred to repair the existing infrastructure and construct other works, for the purpose of properly preparing the site to serve as a residence for enjoyment and rest during the remaining years. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 5 and 6 of Administrative Concession File #3075-2018) SECOND: That, based on the documentation described above, on 04 de enero del 2018 the undersigned Hernández Rojas filed the pertinent “Concession Application” (“Solicitud de Concesión”) with the Municipalidad de Parrita, which was assigned sequential number 3075-2018. This was for the purpose of recording in the pertinent registers of the municipal Maritime-Terrestrial Zone Office and/or Department of Parrita / Puntarenas the corresponding change concerning that parcel of land. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 1 through 7 of Administrative Concession File # 3075-2018) THIRD: That on 06 de febrero del 2018, because the undersigned was unable to take effective possession of the parcel of land described above, as the site had unexpectedly and without warning been occupied by third parties who maintained that the property had no owner or responsible party, a request was submitted to the defendant, Mr.
MARVIN MORA CHINCHILLA, in his capacity as Head of the Municipal Maritime-Terrestrial Zone Office and/or Department, for an administrative eviction (desalojo administrativo) of those occupants. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 8 through 10 of Administrative Concession File # 3075-2018) FOURTH: That on 14 de febrero del 2018, the defendant Mora Chinchilla, in the aforementioned capacity, ordered a “Field Inspection” (“Inspección de Campo”) at the site, which established the existence of several structures (dwelling, shelter, bathrooms), as well as the arbitrary and unlawful occupation thereof by Ms. Marisol Gómez Quesada, holder of identity card number 6-0407-0740. This was recorded in Report number DZMT-IM-INSP-0006-2018. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 11 through 16 of Administrative Concession File # 3075-2018; and, in this regard, EVIDENTIARY EXHIBIT # 2, copies of folios 37 through 40 of Administrative Concession File # 3078-2018) FIFTH: That on 28 de febrero del 2018, by official letter number GDUS¬-DZMT-0082-2018, in response to the Motion for Eviction (Incidente de Desalojo), the defendant Mora Chinchilla, in his aforementioned capacity, ordered: “1.
The eviction request filed by Mr. Víctor Hernández Rojas, identity card number 1-0556-0012, against the violators occupying the parcel described in Cadastral Plan (Plano Catastrado) P-950952-96 is granted. / 2. For such purpose, this department shall gather the necessary information in accordance with the provisions of article 13 of Ley 6043. / 3. Due process (debido proceso) shall be observed during the proceedings. / 4. Acceptance of the eviction request may not be construed as any act, authorization, or recognition of rights over the parcel in favor of Mr. Hernández Rojas. / 5. Once the eviction and demolition of the structures found in the field have been carried out, Mr. Hernández Rojas may NOT occupy the parcel in question, as stated in this decision. / 6. In accordance with article 162 of the Código Municipal, this decision may be challenged by a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) before the body that issued it and an appeal (Apelación) before the Alcaldía Municipal; such challenges shall be filed within the fifth day, may be based on grounds of unlawfulness or inappropriateness, and shall stay enforcement of the act.” (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 17 through 25 of Administrative Concession File # 3075-2018) SIXTH: That the corresponding motion for reconsideration and subsidiary appeal (Apelación en subsidio) were filed against the aforementioned decision.
Those challenges set forth substantiated opposition to the decision to demolish the structure or structures found in the field, together with the prohibition preventing me from occupying the parcel because the requested concession had not been approved; this would cause considerable financial harm in relation to the investment made, whereas other measures could be taken, including provisionally placing the parcel under my responsibility as a precautionary measure (medida cautelar) so as not to aggravate the situation further. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 27 through 31 of Administrative Concession File # 3075-2018) SEVENTH: That by official communication GDUS-DZMT-0101-2018 dated 19 de marzo del 2018, the defendant Mora Chinchilla, in his aforementioned capacity, DENIED the motion for reconsideration. He also forwarded the matter to the Alcalde Municipal (Mr.
Freddy Garro Arias) for consideration of the appeal. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 32 through 40 and 47 of Administrative Concession File # 3075-2018) EIGHTH: That on 20 de marzo del 2018, by Official Letter DAM-0179-2018 addressed to the Catastro Nacional del Registro de la Propiedad, the defendant FREDDY GARRO ARIAS, in his capacity as Alcalde de Parrita / Puntarenas, notified it of the required approval of plan 2015-113342-C, covering an area of 937 square meters and corresponding to the parcel of land located in Playa Esterillos, Distrito 01 Parrita, Cantón 09 Parrita, Provincia 06 Puntarenas. This conformed to the CONCESSION GRANTED in my favor. This information also canceled plan P-950952-1991, in which the deceased Mr. Cayetano Sibaja Quirós appeared as the applicant for that parcel. (See in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 41 through 45 of Administrative Concession File # 3075-2018) NINTH: That by Administrative Decision (Resolución Administrativa) number DAM-RAD-107-2018 issued at 14:00 hours on 30 de Abril de 2018 by the defendant Freddy Garro Arias, in his capacity as Alcalde Municipal de la Alcaldía de Parrita / Puntarenas, he GRANTED the appeal filed against decision GDUS-DZMT-0082-2018 of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita, granting me a precautionary measure for the protection and safeguarding of the parcel of land located in the coastal sector of Esterillos Oeste, in accordance with the plan bearing filing reference 2015-113342-C, with an area of 937 m2 under contract CFIA-645086 in my name.
I was also granted the benefit provided under article 154 of the Ley General de la Administración Pública concerning special land use (uso especial de suelo), for up to one year from notification. It likewise ordered the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita to take the necessary steps to evict the trespassers from the parcel without demolishing the existing structures. It further ordered that Department, once the eviction had been carried out, to place the parcel in my use and possession. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 48 through 53 of Administrative Concession File # 3075-2018) TENTH: That, after the defendant Marvin Mora Chinchilla, in his capacity as Head of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita / Puntarenas, was notified of the decision adopted by the Alcalde (the defendant Garro Arias), he issued decision GDUS-DZMT-0153-2018 dated 16 de mayo de 2018—with copies to Mr.
Garro Arias as Alcalde Municipal, the Concejo Municipal, and the Dpto. Legal de Zona Marítimo Terrestre—and addressed that official letter to Ms. Marisol Gómez Quesada, who was occupying the parcel in question; it transcribed both the decision initially adopted to resolve the Motion for Eviction under Official Letter Nº GDUS-DZMT-0082-2018 dated 28 de febrero de 2018 and Municipal Administrative Decision DAM-RAD-107-2018 dated 30 de abril de 2018. Gómez Quesada was personally served at 08:47 hours on 17 de mayo de 2018. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 1, copies of folios 54 through 76 of Administrative Concession File # 3075-2018; and, in this regard, EVIDENTIARY EXHIBIT # 2, copies of folios 12 through 35 of Administrative Concession File # 3078-2018) ELEVENTH: That the agreed eviction was subsequently scheduled to be carried out on 18 de julio de 2018 at 09:00 hours, by official letter GDUS-DZMT-0231-2018 dated 16 de julio de 2018, prepared by the defendant Mora Chinchilla in his aforementioned capacity; due notice was sent to the participating authorities (Patronato Nacional de la Infancia because minors were present, Fuerza Pública, and Cruz Roja) through Official Letters GDUS-DZMT-0228-2018, GDUS-DZMT-0229-2018, and GDUS-DZMT-0230-2018, respectively, all dated 16 de julio de 2018.
At that same time, he likewise issued Official Letter GDUS-DZMT-0231-2018 to Ms. Gómez Quesada, informing her of the scheduled action; she was duly and personally served with it at 11:18 hours on that same day, 16 de julio de 2018. (see in this regard EVIDENTIARY EXHIBIT # 2, copies of folios 41 through 43 of Administrative Concession File # 3078-2018) TWELFTH: That when the scheduled eviction was to be carried out (18/07/2018), the defendant Marvin Mora Chinchilla appeared in his aforementioned capacity, accompanied by the municipal officials, namely: Licenciadas lngrid Jiménez Díaz (ZMT attorney) and Damaris Jiménez (municipal attorney), as well as Mr. William Cerdas Díaz (ZMT inspector) and an Urban Development Crew; the designated representatives of PANI and Fuerza Pública were also present, as recorded in the Eviction Record (Acta de Desalojo) drawn up at the time. Nevertheless, the eviction WAS NOT CARRIED OUT, even though Mora Chinchilla was aware of it and it had been ordered by his superior authority (Alcalde Municipal).
Instead, in contravention of those orders, Mora Chinchilla proceeded to inform Ms. Gómez Quesada—whose unlawful occupation and even precarious trespass upon the land were fully known to him—of the proper means by which she could remain in possession, in an effort to circumvent the order issued by the Municipalidad. In doing so, he omitted, refused to perform, and delayed an act inherent to his official duties that he was compelled by LAW to perform and for which the entire due process had previously been completed. On the contrary, he provided the necessary means and/or mechanisms to the precarious trespassers, encouraging and enabling them ultimately to express their desire NOT TO VOLUNTARILY VACATE the occupied land, as was recorded in the corresponding Record.
(see in this regard EVIDENTIARY ANNEX # 2, copies of folios 44 and 45 of Administrative Concession File # 3078-2018) THIRTEENTH: That the trespasser on the land, Ms. Marisol Gómez Quesada, taking advantage of the assistance and guidance provided to her by defendant Mora Chinchilla, on 04 de julio de 2018 filed ordinary proceedings (Proceso de Conocimiento) against Freddy Garro Arias, in his capacity as Mayor of the Municipality of Parrita / Puntarenas, before the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea Courthouse, under unique number 18-004362-1027-CA. She was afforded all legal and constitutional guarantees. (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX# 3, copies of folios 1 to 9, 13 to 18, and 21 to 25 of the aforementioned Proceedings) FOURTEENTH: That within the proceedings referenced in the preceding section (18-004362-1027-CA), defendant Freddy Garro Arias, in his previously established capacity (Mayor), when responding to service of the filed ordinary proceedings, stated in Official Letter # DAM-0340-2019 dated 06/Mayo/2019: “First: It is denied that Ms.
Marisol Gómez Quesada, identity card 6-407-740, has resided for five years on a lot in the restricted area (área restringida) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), located in the Province of Puntarenas, Canton of Parrita, District of Parrita. / According to municipal records, Mr. Cayetano Sibaja Quirós has never held a maritime-terrestrial zone concession (concesión de zona marítima terrestre). (…) / Fifth: It is denied, since Administrative File Nº 3078-2018, registered in the name of Marisol Gómez Quesada, shows that due process (debido proceso) was followed before notice of eviction was issued. / Eighth: It is true, because at the time it was considered that Mr. Hernández Rojas had filed the concession application first and had submitted the assignment of rights (cesión de derecho) from the person who had occupied the parcel for more than thirty years, together with documentation supporting that assertion.” (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX #3, copies of folios 30 to 32 of the aforementioned Proceedings) FIFTEENTH: That when the ordinary proceedings were filed (04/07/2018), Ms.
Gómez Quesada also sought an interim measure (Medida Cautelar) requesting that the Municipality be ordered to suspend the Eviction Proceeding (Procedimiento de Desalojo) ordered by the Municipality of Parrita (Municipal Administrative Decision (Resolución Administrativa Municipal) DAM-RAD-101-2018) and refrain from physically carrying out the eviction. In connection with that application, both the applicant (Ms. Gómez Quesada), at 16:48 on 11 de junio de 2018 at the designated address for service ([email protected]), and the Municipality, at 09:40 on 18 de julio de 2018, were notified of the judicial decision issued at 16:16 on 05 de junio de 2018 by the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea Courthouse. Apart from granting the Municipality a mandatory period of TRES DÍAS in which to respond, the decision did not at any time issue a COURT ORDER suspending the ordered and scheduled action (eviction).
Ms. Gómez Quesada thus became fully aware of this, both personally and through the professional counsel assisting her, with more than sufficient time before the Eviction was carried out. (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX# 4, copies of folios 1 to 11 concerning the Interim Measure within Proceedings# 18-004362-1027-CA) SIXTEENTH: That, after defendant Mora Chinchilla decided on his own not to carry out the scheduled Eviction order (17/07/2018), he sent Official Letter GDUS-DZMT-0241-018 dated 19 de julio de 29 to defendant Freddy Garro Arias, Municipal Mayor of Parrita / Puntarenas, in which he argued: “The primary purpose of the action undertaken by this department was to seek a voluntary end to the precarious occupancy (ocupación a título precario) in which they are engaging, because, notwithstanding the precarious nature of that occupancy, evicting them without a court order authorizing such action would be contrary to due process, since the occupied residence is private in nature. / However, as reflected in the record prepared for that purpose and signed by the institutional participants in the proceeding, Ms.
Gómez Quesada did not agree to vacate voluntarily. Therefore, because there was no order or completed proceeding as specified in Articles 12 and 13 of Ley 6043, the action set forth in administrative decision DAM-RAD-107-2018 was NOT carried out, for the reasons and on the grounds detailed below: ...” (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX # 2, copies of folios 46 to 50 of Administrative Concession File #3078-2018) SEVENTEENTH: That on 30 de julio de 2018, in response to my inquiry to defendant Marvin Mora Chinchilla regarding the FAILURE to execute Administrative Decision Nº DAM-RAD-07-2018, he (Mora Chinchilla), through Official Letter GDUS-DZMT-0270-2018 dated 01 de agosto de 2018 and sent to my email address, stated: “In this regard, I inform (sic) you that on 18 de Julio de 2018 at 9:40, the Public Force (Fuerza Pública) notified the Municipality of Parrita of the application for an interim measure filed by Ms.
Marisol Gómez Quesada against Freddy Garro Arias, Municipal Mayor, and against the Municipality of Parrita before the Superior Administrative Court, seeking to halt execution of the eviction initiated against her by this Municipality. / Regarding the interim measure, the Mayor responded to the Court date (sic) 24 de Julio del 2016, rejecting the arguments asserted therein, and we are awaiting the Court’s ruling on that measure. / It is true that on 18 de julio del año en curso we arrived at the site at 9:35 to proceed as ordered. However, because we were informed of the interim measure while the actions were under way, it was ultimately decided at the site to request voluntary eviction. That situation, together with this department’s other actions, was reported to the Municipal Mayor through Official Letter GDUS-DZMT-0241-2018 dated 19 de julio de 2018, because it was his office that issued the administrative eviction decision.
In that letter, he was also informed (sic) of the department’s position in those proceedings and the recommendations to be followed, and we are likewise awaiting a response from the Mayor’s Office.” (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX # 1, copies of folios 77 to 80 of Administrative Concession File# 3075-2018) He thereby sought to justify his personal refusal to perform an act that he was compelled to carry out by a superior’s order, claiming that there had been a court order staying it, which NEVER existed; the judicial decision issued at 16:16 on 05 de junio de 2018 by the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea Courthouse, merely served the Municipality of Parrita with notice of the Interim Measure filed by Ms. Gómez Quesada and solely and exclusively granted it a mandatory period of TRES DÍAS in which to respond. (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX# 3, copies of folios 26 and 27 of Proceedings # 18-004362-1027-CA, as well as folio 17 of EVIDENTIARY ANNEX# 4) EIGHTEENTH: That through DECISION Nº 557-2019-T, issued at eight hours and fifty minutes on veintisiete de marzo de dos mil diecinueve by the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea Courthouse, the INTERIM MEASURE filed by Ms.
Marisol Gómez Quesada was DENIED. That decision was duly served on the parties (Municipality of Parrita, Marisol Gómez Quesada) on 03 de abril de 2019. (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX # 4, copies of folios 20 to 27) NINETEENTH: That defendant GARRO ARIAS, in his capacity as a public official and Mayor of the Municipality of Parrita / Puntarenas, in response to the order issued at nine hours and zero minutes on doce de junio de dos mil diecinueve by the Administrative and Civil Tax Court in the ordinary PROCEEDINGS numbered 18-004362-1027-CA, reported in a filing dated 24 de Junio de 2019: “(…) I appear in a timely and proper manner to respond regarding the filing curing defects in the complaint (escrito de subsanación de la demanda) dated 17 de julio del 2018, submitted by Ms. MARISOL GOMEZ QUESADA, to which I was ordered to respond by the decision issued at nine hours and zero minutes on doce de junio del dos mil diecinueve and served on diecisiete del mismo mes y año. / First: This is admitted as true, subject to the following clarification: On 18 de julio del 2018, at 9:40, notice was received from the Administrative Court informing the Municipality of the application for an interim measure filed by Ms.
Marisol Gómez Quesada (F-073 exp-adm); accordingly, after that notice, the Municipality has not carried out any eviction. / Second: (...) The parcel, Cadastral Plan (Plano Catastrado) N° P-950952-91, with an area of 1013.40 m2, currently occupied by Ms. Marisol Gómez Quesada, for which she filed a concession application on 21 de febrero del año 2013 (after the enactment of Ley 9073, the first moratorium law). According to municipal records, a concession application for that same lot was filed on 3 de octubre del 2007 under file Nº 842-88 B, registered in the name of VALLE DEL ARCOIRIS S.A., cadastral plan P-950952-91, with a stated area of 1013.40 m2; the lot contains a house that, according to the file, dates back more than thirty years. Therefore, the moratorium law would protect the concession applicant VALLE DEL ARCOIRIS S.A., whose application was filed with this Municipality five years before the Law for the Protection of Occupants of Areas Classified as Special, published in supplement N° 191 of La Gaceta 203 dated 28 de noviembre del 2012, which has continued to extend its term.” (see in this regard EVIDENTIARY ANNEX # 3, copies of folios 35 to 37) TWENTIETH: That the information previously provided by defendant Garro Arias, as a public official in the performance of his duties (Municipal Mayor), placed false (untrue) information in the public document sent to the judicial authority, despite his prior knowledge of the facts.
First, because the Concession Application submitted by Ms. Gómez Quesada to the Municipality of Parrita had been filed on 21 de febrero de 2018, not during 2013 as he claimed. Second, when he (Garro Arias) first appeared in the aforementioned proceedings (18-004362-1027-CA), in responding to service concerning the proceeding, he stated in Official Letter # DAM-0340-2019 dated 06 de mayo de 2019: “First: It is denied that Ms. Marisol Gómez Quesada, identity card 6-407-740, has resided for five years on a lot in the restricted area of the Maritime-Terrestrial Zone, located in the (sic) Province of Puntarenas, Canton of Parrita, District of Parrita. / According to municipal records, Mr. Cayetano Sibaja Quirós has never held a maritime-terrestrial zone concession. (…) / Fifth: It is denied, since Administrative File N° 3078-2018, registered in the name of Marisol Gómez Quesada, shows that due process was followed before notice of eviction was issued.
(…) Eighth: This is true, because at the time it was determined that Mr. Hernández Rojas was the first to submit the concession application (solicitud de concesión) and the assignment of rights (cesión de derecho) from the person who had occupied the parcel for more than thirty years, who provided documentation supporting the foregoing.” (see in this regard ANEXO DE PRUEBA # 3, copies, folios 30 to 32) TWENTY-FIRST: By RESOLUTION N° 1420-2020-T issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, at eleven hours and fifty minutes on nueve de setiembre de dos mil veinte, upon adjudicating the ordinary proceeding (Proceso de Conocimiento) brought by Ms. Marisol Gómez Quesada against the Municipalidad de Parrita, the plaintiff’s (Gómez Quesada) failure to comply with the court’s order to cure deficiencies (prevención) resulted in the complaint being declared inadmissible and the case file being closed.
That resolution was served on Ms. Gómez Quesada and defendant Freddy Garro Arias through the means they had designated at the time for receiving service of process (notificaciones), on 16/09/2020 at 05:40 hours. (see in this regard ANEXO DE PRUEBA # 3, copies, folios 62 to 66) TWENTY-SECOND: Although defendant Garro Arias was duly served quite some time ago, as of TODAY he continues to commit an arbitrary act, because, despite having long known that the undersigned has taken the appropriate steps concerning the concession (Concesión) over the aforementioned parcel of land in Esterillos Oeste, he has failed to take the necessary action for the effective enforcement of Municipal Administrative Resolution DAM-RAD-107-2018, issued by him at fourteen hours on treinta de abril del dos mil dieciocho. Instead, he has maintained an entirely indifferent and harmful attitude, allowing fellow defendant Marvin Mora Chinchilla to act as he pleases in his determination to prevent, at all costs, the effective enforcement of the cited Resolution.
TWENTY-THIRD: On 15 de Octubre del 2020, I submitted a petition addressed to defendant Marvin Mora Chinchilla, as head of the Department of the Maritime-Terrestrial Zone (Departamento de Zona Marítimo Terrestre) of the Municipalidad in Parrita / Puntarenas. In addition to informing him of and attaching the judicial decisions issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, namely: a) RESOLUTION Nº 557-2019-T, issued at eight hours and fifty minutes on veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, which DENIED the interim measure (Medida Cautelar) previously sought by Ms. Marisol Gómez Quesada against the Municipalidad de Parrita; and b) RESOLUTION Nº 1420-2020-T, issued at eleven hours and fifty minutes on nueve de setiembre de dos mil veinte, which, upon adjudicating the ordinary proceeding likewise brought by Ms.
Gómez Quesada against the aforementioned Municipalidad, declared the complaint INADMISSIBLE and ordered the case file closed. I also attached copies of the Certificates of Service (Actas de Notificación), which demonstrated that those judicial decisions were FINAL. I therefore requested enforcement of Municipal Administrative Resolution DAM-RAD-107-2018, issued at fourteen hours on treinta de abril del dos mil dieciocho, so that the persons illegally occupying and unlawfully encroaching upon the land under precarious possession (posesión precaria) would be evicted and I would be placed in possession of it. TWENTY-FOURTH: In response to the petition previously submitted, defendant Mora Chinchilla stated in Official Letter Nº GDU-DZMT-536-2020 dated 01 de diciembre de 2020 and sent to my email address that a “Request for resources” had been made to the Municipal Mayor (defendant Garro Arias) for that purpose, because the Department under his authority has neither machinery nor support personnel to demolish illegal structures or carry out evictions and depends on other areas, principally Desarrollo Urbano, from which assistance has been requested.
He further alleged that there was no survey plan (plano), even though it bears noting that, as early as 20 de marzo de 2018, defendant Garro Arias, through Official Letter DAM-0179-2018, requested that Castro Nacional register the NEW plan. (see in this regard ANEXO DE PRUEBA# 1, copies, folios 62 to 66, as well as 41 to 45) TWENTY-FIFTH: Defendant Marvin Mora Chinchilla, abusing his authority and failing to perform his duty, once again refuses to carry out an act inherent to his official duties that was ordered by the Municipal Mayor’s Office as far back as 30 de abril de 2018, alleging the material impossibility of obtaining machinery or support personnel to demolish illegal structures or carry out evictions, despite being fully and repeatedly aware—as he was duly notified and informed through Municipal Administrative Resolution DAM-RAD-107-2018, issued at fourteen hours on treinta de abril del dos mil dieciocho—of the specific circumstance stated therein: “(...) Likewise, the Department of the Maritime-Terrestrial Zone of the Municipalidad de Parrita is ordered to undertake all appropriate actions to evict the trespassers from this parcel, without demolishing the existing structures; once the eviction has been carried out, the Department of the Maritime-Terrestrial Zone shall place Mr.
Víctor Hernández Rojas in use and possession thereof and warn him of the consequences of failing to comply with this resolution.” As a result of this aberrant conduct and position, clear harm continues to be caused to me and has persisted for an excessively long period (both economic, in view of the infrastructure improvements previously made to the land, and pecuniary and emotional), because as of TODAY I have been unable to take possession of the land assigned to me, with respect to which, as stated, ALL required legal formalities were fully satisfied. SUBJECTIVE NON-PECUNIARY DAMAGE (DAÑO MORAL SUBJETIVO). Damages of a non-pecuniary nature are based on the harm itself and on the provisions of Article 197 of the Ley General de la Administración Pública, which establishes liability for purely non-pecuniary damage, as well as for emotional suffering and physical pain caused by death or injury, respectively.
Thus, in the present case, the non-pecuniary damage is actual, assessable, and individualized pursuant to Article 196 ibídem. a) SUBJECTIVE NON-PECUNIARY DAMAGE caused to my principal, VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ ROJAS. He, Víctor Hugo Hernández Rojas, as the person directly affected, suffered irreparable non-pecuniary damage, and there is a causal relationship between that damage and the abnormal conduct of the Administration (Municipalidad de Parrita / Puntarenas) and its officials (Mayor and Head of the Maritime-Terrestrial Zone Office) in the course of their actions: —Undeserved suffering and distress caused by inefficiency and conduct contrary to the legal system, which, since 30 de abril de 2018, have prevented him from exercising his right to possession of a parcel of land in Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, with respect to which ALL applicable requirements were fully satisfied at the relevant time. —Pain and anger caused by the indifferent and arrogant attitude of the defendant, acting through its employees, in enforcing the administrative acts necessary to place him in actual and effective possession of the parcel of land, a right that had previously been recognized because he had complied with the applicable regulatory requirements.
He has at all times been deprived of the exercise of that right and has consequently had to incur expenses in addition to the amount invested in repairing the infrastructure on the parcel of land, together with rent and payment for utilities, which he has continued to bear until he is effectively placed in possession. b) AMOUNT OF COMPENSATION FOR SUBJECTIVE NON-PECUNIARY DAMAGE. The foregoing gives rise to the right of my principal (Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas), as the person directly affected, to compensation and payment for subjective non-pecuniary damage, which is conservatively estimated at FIFTY MILLION COLONES (50,000,000.oo). That amount must be indexed from the very moment the defendant ordered that he be placed in possession. c) AMOUNT OF COMPENSATION FOR PECUNIARY DAMAGE (DAÑO PATRIMONIAL). The foregoing likewise gives rise to the right of my principal (Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas), as the person directly affected, to compensation and payment for the pecuniary damage incurred, which is conservatively estimated at THIRTY-FIVE MILLION COLONES (35,000,000.oo). That amount must be indexed from the very moment the defendant ordered that he be placed in possession.
III.Arguments of the defendant parties. In the answer to the complaint, the statements made by the defendant parties are set out by means of a transcription—with spelling errors corrected: Municipalidad de Parrita. FIRST. Denied; the municipal records do not show that NINFA CERDAS SÁNCHEZ AND RAFAEL ÁNGEL VELÁSQUEZ GUEVARA held a concession (concesión) over public-domain property (bien demanial) in the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre). Private possession as owner (posesión privada a título de dueño) of public-domain real property (inmuebles de dominio público), such as the maritime-terrestrial zone, its acquisition through adverse possession (usucapión), titling (titulación), and private transfers (transmisiones privadas), are contrary to the principles of inalienability (inalienabilidad) and immunity from prescription (imprescriptibilidad) established by the Ley sobre la Zona Marítima Terrestre and its Regulations.
(Art 7 L. 6043) [Transcribes Opinion No. C-272-2002 of 11 de octubre del 2002] SECOND. Denied as inaccurate. The municipal records contain no concession application submitted by Mr. Hernández Rojas on the indicated date. THIRD. Denied as inaccurate. FOURTH. Only the portion concerning official communication DZMT-IM-INSP- 0006-2018 is admitted as true. FIFTH. True. [Transcribes opinion of the Procuraduría General de la República C-004-98 of 7 de enero de 1998] SIXTH. Admitted as true, with the qualification that, on the date the motion for reconsideration with appeal (recurso de revocatoria con apelación) was filed, the concession applications submitted by Mr. Hernández Rojas on 11 de noviembre del 2016 and 12 de enero del 2018 had been VOIDED because they did not pass technical review (revisión técnica), as the deficiencies identified and required to be corrected (prevenciones) were not remedied.
Accordingly, the final paragraph of Article 30 of the Regulations to Ley 6043 applies. [Transcribes Article 30] SEVENTH. True. EIGHTH. Admitted as true, with the following qualification: The municipal records contain no concession in the maritime-terrestrial zone granted to VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS. The only records are two concession applications submitted on 11 de noviembre del 2016 and 12 de enero del 2018, which had been VOIDED because they did not pass technical review, as the identified deficiencies were not remedied. Accordingly, the final paragraph of Article 30 of the Regulations to Ley 6043 applies. NINTH. Admitted as true, with the following qualification: Administrative Decision DAM-RAD-107-2018 provided for granting Mr. Hernández Rojas special land use (uso especial de suelo) for up to one year from the date of notice, a period that has already expired. Furthermore, this municipal representation considers that Mr.
Hernández Rojas holds no right over the public-domain property for which he previously submitted concession applications, which have now been voided. TENTH. True. ELEVENTH. True. TWELFTH. Denied as inaccurate. THIRTEENTH. Denied as inaccurate. It refers to another proceeding. FOURTEENTH. Denied as inaccurate. It refers to another proceeding. FIFTEENTH. Denied as inaccurate. It refers to another proceeding. SIXTEENTH. True. SEVENTEENTH. Denied as inaccurate. EIGHTEENTH. True. NINETEENTH. Denied. It refers to another proceeding. TWENTIETH. Denied. It refers to another proceeding. TWENTY-FIRST. True. TWENTY-SECOND. Denied. It is reiterated that, as of this date, the plaintiff VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS DOES NOT have any active concession application for a parcel of land in the maritime-terrestrial zone. TWENTY-THIRD. True. TWENTY-FOURTH. True. TWENTY-FIFTH. Denied as inaccurate. DEFENSES ON THE MERITS (DEFENSAS DE FONDO). 1.-The maritime-terrestrial zone is public-domain property, part of the national patrimony, belonging to the State, inalienable and immune from prescription, and divided into two zones: the public zone (zona pública), comprising the fifty meters measured from the ordinary high-tide line (pleamar ordinaria) and the areas exposed during low tide (marea baja), and the restricted zone (zona restringida), consisting of the remaining one hundred and fifty meters, which may be subject to a municipal concession for the benefit of private parties, provided that the requirements of Ley 6043 and its Regulations are met.
Private possession as owner of public-domain real property, such as the maritime-terrestrial zone, its acquisition through adverse possession, titling, and private transfers, are contrary to the principles of inalienability and immunity from prescription. 2.-The maritime-terrestrial zone forms part of the State’s national patrimony, and its protection is the obligation of the State, its institutions, and all its inhabitants. Its use and exploitation (uso y aprovechamiento) are governed by Ley 6043; the plaintiff seeks to derive rights from a mere concession application concerning public-domain property, which furthermore did not pass the technical-review stage and has therefore been voided pursuant to Article 30 of the Regulations to Ley 6043. (He demands that the Municipal Authority place him in possession and refrain from demolishing the existing illegal structures, thereby identifying himself as an offender within the maritime-terrestrial zone because he carried out infrastructure repairs and construction without holding a concession or the required municipal authorization, in violation of Article 12 of Ley 6043). [Transcribes Articles 12 and 13] (...) Our Sala Constitucional likewise adheres to the aforementioned position.
In deciding an amparo proceeding (recurso de amparo) against a Municipality that sought to evict the owner of a commercial establishment in the maritime-terrestrial zone, it ruled: “The appellant seeks to derive rights from a mere concession application that has not received a decision on the merits, and the Municipalidad de Puntarenas is correct in quoting the opinion of the Procuraduría General de la República to the effect that the mere application confers no right whatsoever to occupy the property immediately and that, if precisely that has occurred, the law governing this subject matter has been violated. Consequently, the Chamber does not find that the Municipality has violated fundamental rights as alleged in the amparo proceeding, which is inadmissible and must be denied, as hereby ordered” (Voto No. 2658-93 at 8 hours 54 minutes on 11 de junio de 1993). PRELIMINARY DEFENSES (DEFENSAS PREVIAS).
A.-NECESSARY JOINDER OF PARTIES (LITIS CONSORCIO NECESARIA). Pursuant to Article 66 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, I request that the Procuraduría General de la República be joined to the proceeding in its capacity as legal overseer of the maritime-terrestrial zone, which forms part of the national patrimony and belongs to the State, as established by Article 4 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and Article 5 of the Regulations to that same law, as well as the Instituto Costarricense de Turismo, which is responsible for overarching and general supervision of all matters concerning the maritime-terrestrial zone, as provided in Article 2 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. B.-Lack of legal entitlement (falta de derecho). The Authority I represent has acted in accordance with the body of applicable law (bloque de legalidad) and in compliance with the Ley sobre la Zona Marítima Terrestre and its Regulations.
Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla. Mr. Garro Arias and Mr. Mora Chinchilla were declared in default (rebeldes) by a decision issued at fourteen hours fifty-four minutes on diez de agosto de dos mil veintidós, and the complaint was therefore deemed answered in the affirmative as to the facts. Nevertheless, they entered an appearance (se apersonaron) in the proceeding by a filing submitted on 09 de setiembre de 2022, which is therefore deemed incorporated pursuant to Article 65 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. The substantive arguments presented are transcribed below. FIRST: We regretfully state that we became confused by the notices included in the case record and by the timely and properly filed answer submitted by the Municipalidad de Parrita, the principal defendant in this matter. Accordingly, together with our attorney, we offer a formal apology and accept what this Court has entered in the record.
SECOND: In this same matter, we invoke the principle of legality (principio de legalidad) for its resolution, because the relief sought by the plaintiff is not legally viable since, as will be explained, it is outside the stream of commerce (comercio de los hombres). Thus, the plaintiff cannot seek to mislead this Court regarding something that cannot be granted, nor can he attempt to confuse this Court through the relief he is requesting. THIRD: As we have stated, it can be seen that what the plaintiff is doing is relying on concepts specific to civil law (derecho civil), since the transfer of alleged possession is not an appropriate basis for seeking a concession in the Maritime-Terrestrial Zone. Mr. Hernández states that a possessory right was transferred to him, which suggests an instrument transferring title (título traslativo de dominio) of the kind used for adverse possession; this does not constitute a right, as such, to obtain a concession or to be declared by the Administration as having the better right (mejor derecho).
This is because the alleged predecessors whom Mr. Hernández seeks to portray as purported owners of a right are not such owners, since they are not direct concessionaires of the parcel; therefore, they do not hold as a matter of law the alleged instrument transferring title to the parcel in the Maritime-Terrestrial Zone that Mr. Hernández Rojas is now attempting to appropriate. But even if he held that right to a transfer of title, it could not apply to the case at hand. The relief sought by the plaintiff is an institution specific to Civil Law because it is one of the elements of adverse possession, but it is not a means of obtaining a concession for a parcel in the Maritime-Terrestrial Zone of the Municipalidad de Parrita. Granting a concession for a parcel through the legal institution of concession (Instituto de la Concesión) is fully governed by Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre and its Regulations, which establish a procedure for granting concessions; such a concession does not come into legal existence merely upon the submission of a concession application.
Broadly speaking, for a concession to be granted, a form must be completed and accompanied by the corresponding survey plan (plano); it must be approved by the Concejo Municipal, which must refer it to the Comisión de Asuntos Jurídicos and then adopt and publish the corresponding resolution. It must subsequently be forwarded to the Administration so that the preparation of a contract, with all required formalities, may be evaluated; it must therefore be sent to the legal department for approval of the possibility of granting the concession. Once that contract has been signed, it is sent to the ICT for approval of the contract and the concession; it then returns to the Municipality, and notice is given that the concession right has been approved. This is a lengthy process in which errors are continually corrected, and deadlines apply; failure to meet those deadlines voids the proceeding and terminates the possibility of granting the concession.
None of this has occurred. Mr. Hernández Rojas has done absolutely nothing to pursue that application, and the deadlines have therefore expired; the concession application is no longer active before the Municipalidad de Parrita, much less does he have any rights over the aforementioned parcel that he now improperly seeks to appropriate. THIS CONCESSION RIGHT IS NOT TRANSFERABLE MERELY BY PURPORTING TO TRANSFER THE RIGHT; it must be approved by the Municipality through the legally prescribed procedure, which the plaintiff has not followed. Because no right has been granted by law, the plaintiff cannot now attempt to violate the law, lead this honorable Court into error, or use State resources to impose a rule proposed solely by him and for which he has no legal entitlement. FOURTH: I have also stated that the fact that another woman, who is also attempting to obtain a concession for the same parcel, was denied both an interim measure granting possession (medida cautelar de posesión) and a concession right by the court with jurisdiction does not grant Mr. Hernández Rojas the right to believe that he has the better right or that he possesses a right; he has no right by exclusion.
Furthermore, an administrative act (acto administrativo) of the Mayor’s Office, namely official letter number DAM-RAD-107-2018, provided that Mr. Hernández Rojas would have possession (posesión) for a period of one year. That administrative act was intended as a Solomonic solution, but it expressly stated that this parcel was granted to him for a period of one year—a fact that the petitioner maliciously omits—and established a peremptory term (plazo perentorio), which also expired. It could therefore be regarded as an ineffective administrative act (acto administrativo ineficaz), since it is no longer in force, as may readily be seen from the evidence I submit herewith and which appears in the principal case file at folio 00054 of the administrative record (expediente administrativo), which has also been submitted to the principal case file and which, of course, Mr. Hernández Rojas has not mentioned.
Likewise, the undersigned, Marvin Mora Chinchilla, took care to inquire again with the Mayor’s Office as to whether this arrangement remained in force, and it had plainly expired, since the plaintiff herein was granted no additional period of temporary possession. All of this, of course, means that the petitioner has no right to request the interim measure (medida cautelar), and for all these reasons I hereby submit my formal opposition. (...) SIXTH: In light of all the foregoing, it is inadmissible to grant the plaintiff’s claims. The parcel in question cannot be placed at the plaintiff’s disposal, because it cannot be awarded irregularly, without following the procedure established by law. Nor may he take possession (posesionamiento) (sic) of that same parcel, because the actions taken confer no right whatsoever upon him. If the plaintiff herein has no right to obtain, through these judicial proceedings, either the parcel he claims or possession thereof, there can likewise be no subjective non-pecuniary harm (daño moral subjetivo), which the plaintiff misconstrues and claims twice, with such insistence and without any entitlement; accordingly, we reject the argument advanced.
Nor may the plaintiff, without any evidence other than his own assertions, claim that we, as public officials, must pay him any sum whatsoever; what we have done is comply with the law and thereby act properly throughout this proceeding. The plaintiff seeks to take advantage of every circumstance arising from administrative action to claim rights that he does not possess. This Court may note that he does not even refer to Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre, which establishes the procedure for granting concessions (concesiones) over real property in the maritime-terrestrial zone (Zona Marítimo Terrestre). Instituto Costarricense de Turismo. LEGAL GROUNDS. The State has sovereignty over the resources granted to it by the Constitution, international treaties, and laws. It may therefore permit a subordinate public entity to administer them without their ceasing to form part of State property or being exempt from the State’s regulatory authority and administrative oversight, which does not contravene the principle of municipal autonomy (Articles 6, 7, and 121 subsection 14) of the Constitución Política; Sala Constitucional, judgment No. 8928-04, whereas VII; opinion C-323-2004).
This is so because autonomous entities form part of a whole and “under no circumstances may the principle of autonomy prevail over that of unity” (Tribunal Constitucional Español, decision of 2 de febrero de 1981, cited in legal opinion OJ-262-2003). Accordingly, Article 1° of Ley 6043 establishes that the maritime-terrestrial zone is the inalienable and not subject to acquisitive prescription property of the State; that protecting it and its natural resources is the obligation of the State, its institutions, and all inhabitants of the country; and, further, that its use and exploitation are subject to the provisions of the law. Therefore, when a concession is granted, the concessionaire’s right is respected only for the duration of its term; thereafter, that public-domain property (bien demanial) may revert to the State Administration. Because the coastal zone is national public-domain property (bien nacional dominical), matters of municipal autonomy are confined to the provisions of Article 3 of Ley 6043 (opinion C-381-2008), which entrusts municipalities with directly ensuring compliance with the regulations governing the protection, exploitation, and lawful use of the areas subject to their jurisdiction, excluding those belonging to the Patrimonio Natural del Estado (Sala Constitucional, judgment No. 16975-2008), those placed under another special regime, and those lawfully converted to private ownership, which is exceptional and must be proven by the private party, who bears the burden of demonstrating lawful title as claimed; absent such proof, the property shall be deemed public by operation of law (Ley 6043, Articles 6 and 35 first paragraph; opinions C-138-91, C-102-93, and C-128-99).
Since the coastal zone is a resource with a fragile balance whose environmental nature precludes the application of affirmative administrative silence (silencio positivo), the administrative responsibilities allocated among the active administrative authorities must be exercised in a coordinated manner to best serve the public interest (Ley 6043, Articles 2, 3, and 36; opinion C-381-2008). Regarding the necessary coordination among State bodies for the protection of natural resources, see Sala Constitucional judgment No. 17552 of 12:22 hrs. of 30 de noviembre de 2007. At this point, it should be noted that the zoning plans (planes reguladores) to be prepared and approved by the ICT and INVU pursuant to Articles 38 and 57, subsection a), and Transitory Provision VII, second paragraph, of Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre must not be confused with the development plans (planos de desarrollos) referred to in Articles 31 and 33 of the aforementioned Ley 6043.
As correctly stated in opinions C-421-2008 and OJ-096-2005, the latter concern construction plans (planos constructivos) prepared by interested parties for urban or tourism projects on land for which a concession has already been granted (Reglamento a la Ley 6043, Article 54; decree No. 29307 of 26 de enero de 2001, Articles 1, 4, 8, and 9; decree No. 32303 of 2 de marzo de 2005, Articles 20 and 21). This position is consistent with that of the Contraloría General de la República (report No. DFOE-ED-7-2008 of 31 de marzo de 2008). Accordingly, zoning plans must be adopted before concessions are granted, and when such plans are amended, concessions must, upon expiration of their terms, conform to the new planning and become subject to the provisions of that coastal planning instrument (Article 57 subsection a) of Ley 6043 and Article 19 of its Reglamento). Furthermore, there is no factual element whatsoever connecting the ICT to this matter, nor is any claim asserted against that Institution; moreover, it has taken no action concerning the matters alleged in this proceeding.
Official letter DPD-P-024-2023 of 07 de marzo de 2023, issued by the Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT, clearly states: “In response to your official letter AL-0261-2023, requesting information concerning an application for a concession or extension in the name of Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas, identification number 1-556-0012, reportedly processed before the Municipalidad de Parrita, province of Puntarenas, the Dirección de Planeamiento y Desarrollo advises that, according to the files and records to which this Directorate has access in concession-review proceedings, there is no record of any proceeding in the name of Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas; accordingly, we will not address the facts.” DEFENSES ON THE MERITS (DEFENSAS DE FONDO). Based on the foregoing, I raise the following defenses: 1- LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING AD CAUSAM (FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA Y PASIVA).
The plaintiff company is not a concessionaire, which means that it lacks active standing and therefore cannot bring suit against this Administration; this also constitutes a defense of lack of passive standing. See official letter DPD-P-024-2023 of 07 de marzo de 2023, issued by the Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT. 2- FAILURE TO STATE A LEGAL RIGHT (FALTA DE DERECHO). There is no act or omission by the ICT, nor any claim against this representative, and therefore no basis for determining that the conduct was contrary to law. Accordingly, the defense of failure to state a legal right is raised. State. LEGAL BASIS: The substantive claims (pretensiones materiales) asserted in this complaint are as follows: (…) Failure to state a legal right and lack of the State’s passive standing ad causam with respect to all substantive claims in this complaint: the inalienability, immunity from acquisitive prescription, and public-domain nature of the maritime-terrestrial zone.
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (no. 6043 of 2 de marzo de 1977) provides in Articles 1° and 3° that the maritime-terrestrial zone is State public-domain property whose administration is entrusted to the coastal Municipalities, which must ensure compliance with the rules governing ownership, development, exploitation, and use. With respect to the exclusive use (aprovechamiento privativo) of that public-domain property, the law provides that the Municipalities may grant concessions in accordance with the rules established therein and on the basis of the coastal zoning plan issued for the relevant sector. Exceptionally, as stated in opinion C-100-1995, Municipalities may grant use permits (permisos de uso) for the maritime-terrestrial zone without an adopted coastal zoning plan for the development of activities or readily movable structures that will not hinder implementation of a coastal zoning plan establishing a use different from or incompatible with what has already been built.
This is based on Article 154 of Ley General de la Administración Pública. Outside those circumstances, Articles 12 and 13 of the law provide that occupying land and erecting buildings in the maritime-terrestrial zone are prohibited and unlawful, and that the Municipalities and the corresponding judicial authorities must order the eviction (desalojo) of offenders and demolition of the structures. It is relevant to note that the law recognizes the categories of occupant (ocupante) and settler (poblador), but, as is well known, such persons are not owners under Articles 44 and 70 and Transitory Provision VII of Ley 6043, nor may they register the property or transfer it as owners. The status of occupant or settler applies to persons who occupied the property before Ley 6043 entered into force, subject to its requirements, but it may not be assigned or transferred (Sala Primera, judgments 317-2008 whereas XXI, and 616-F-S1-2010; Tribunal Contencioso Administrativo, decisions 307-98-II, 277-2008-II, and 2569-09-IV; Tribunal de Guanacaste, 17-04; opinions C-100-95, C-157-95, C-77-2001, C-191-2002, C-155-2003, and OJ-17-2001).
In addition, those persons are required to pay the fee (canon) established in Transitory Provision VII of Ley 6043 (Reglamento a la Ley 6043, Article 52). In view of the principles of inalienability and immunity from acquisitive prescription that characterize public-domain property, as well as the legal public notice of its public-domain status, anyone who conveys such property passes on the defect in the basis of acquisition: The reason is obvious: “no one may change for himself, or through the passage of time, the basis of his possession. Nor may the qualities or defects of possession be changed by one’s own will or through the passage of time; as possession began, so it always continues” (Ramírez Gronda, Juan. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7ª ed., 1974, p. 227). Settlers and occupants require, among other conditions, an express application to that effect and an administrative act recognizing them as such (doctrine of Ley 6043, Article 70 and Transitory Provision VII; and its Reglamento, Articles 52 and 75; Tribunal Contencioso Administrativo, judgment 321-2003-III; opinions OJ-72-2003, OJ-112-2007, OJ-88-2008, and C-131-2009).
The authorization provided for in Transitory Provision VII creates no right whatsoever to a concession, and that provisional status ends when the relevant development plan enters into force (Tribunal Contencioso Administrativo, judgments 277-2008-II and 439-2016-III).
Nor may the status of settler (poblador) be recognized for persons born after 1949, because when Ley 6043 entered into force, those persons were required not only to have occupied the land for more than ten years, but also to have reached the age of majority by then in order to do so. The occupants’ use of the restricted zone (zona restringida) must also predate Ley 6043 and must have occurred while they were of legal age. It is improper to recognize as occupants (ocupantes) persons born after 1959 (OJ-88-2008; Sala Tercera, judgment 1617-2014). The Sala Constitucional has stated that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is a public-domain asset (bien de dominio público) by operation of law and the Constitution and, therefore, may not be the subject of private possession or ownership: “On numerous occasions, this Constitutional Court has had the opportunity to address the legal nature of the maritime-terrestrial zone and its constitutional protection, as it forms part of the national patrimony as a public-domain asset.
(…) Accordingly, the maritime-terrestrial zone must be regarded as a public-domain asset of the Nation, both by constitutional provision, based on Article 6, and by statutory mandate, in accordance with the provisions transcribed above. (…) From this brief review of the legislation concerning the maritime-terrestrial zone, it is easy to conclude that the 200-meter strip measured from ordinary high tide along both coasts, defined as part of the maritime-terrestrial zone by Article 9 of the current Ley sobre la Zona marítimo terrestre, has been in the public domain—and the lands within it have been public-domain property (bienes demaniales)—since at least 1828. The changes introduced in this area by the legislation of the previous and current centuries have never generally removed these 200 meters from the public domain; indeed, the legislation prior to 1942 and 1943 established a wider strip—the so-called maritime mile (milla marítima)—but never a narrower one.” (Judgment number 007-93 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cited above.) At present, the maritime-terrestrial zone, or coastal zone (zona costera), is governed by Ley número 6043, de dos de marzo de mil novecientos setenta y siete, and by its implementing regulations (Reglamento), Decreto Ejecutivo, número 7841-P, de dieciséis de diciembre del mismo año; the former is the first statute to regulate it specifically.
Regarding these provisions, in judgment number 0477-91, de las quince horas con treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, this Constitutional Court “accepts the position that, in fact, the maritime-terrestrial zone is a public-domain asset within the meaning of Article 261 of the Código Civil” (…) In conclusion, it is clear in this regard that the maritime-terrestrial zone, a public-domain asset by constitutional and statutory provision, may not be the subject of private possession or ownership, and any subconstitutional legislation (normativa infraconstitucional) so providing is manifestly unconstitutional.” (Judgment 3113-2009 de las 14 horas 59 minutos de 25 de febrero de 2009). In addition to the foregoing, it should be noted that in this matter it is clear and manifest that the claimant in no way proves the existence of damage or of a causal link (nexo causal) involving the party I represent.
Quite the contrary. It should be noted that none of the three requirements that must be present to establish the existence of potential governmental financial liability (responsabilidad patrimonial de la Administración) is remotely satisfied, namely: the existence of an act or omission by a public entity; the occurrence of damage that the injured party has no duty to bear and that is actual, real, economically quantifiable, and individualized; and the existence of a direct cause-and-effect relationship between the administrative act or omission and the alleged damage suffered. In this case, there is no conduct by the party I represent that caused damage within the claimant’s financial or non-financial sphere. The party I represent issued no administrative conduct (conducta administrativa), nor does its involvement arise from the content of the acts or the proceeding; consequently, the State’s lack of passive standing on the merits (falta de legitimación ad causam pasiva) is clear and manifest.
It cannot in any way be inferred that the party I represent engaged in conduct capable of constituting the subject matter of the proceeding. There is therefore no basis whatsoever for linking it to the legal and material effects of the claims asserted. I accordingly request that the judgment so declare. LEGAL GROUNDS AND CLAIM (DERECHO Y ACCIÓN): Based on the legal arguments set forth above, I request that the defenses of lack of legal entitlement (falta de derecho) and the State’s lack of passive standing on the merits be sustained and that the claim against the party I represent be dismissed in its entirety. I further request that the claimant be ordered to pay both categories of costs (ambas costas), together with any interest accruing until payment is made in full.
IV.Proven facts (hechos probados). To determine the proven facts in this case, the documentation detailed in point 1 of Considerando I was reviewed; accordingly, for purposes of resolving this matter, based on the evidence admitted and assessed, the following facts are deemed established:
V.Unproven facts. Of relevance to the present case, based on the evidence admitted and assessed, the following is deemed unproven:
VI.Subject matter of the proceeding. The subject matter of this proceeding falls within civil matters involving the Public Treasury (materia civil de hacienda), in which the plaintiff seeks to establish the civil liability of the Municipalidad de Parrita and two of its officials for subjective pecuniary and emotional harm (daño patrimonial y moral subjetivo), based on what the plaintiff characterizes as defective and abnormal provision of a public service (prestación defectuosa y anormal del servicio público). The basis of his claim is that the local government failed to comply with an eviction order (orden de desalojo) issued by the Alcaldía Municipal in administrative decision DAM-RAD-107-2018 at fourteen hours on 30 de abril de 2018. He states that he held a right over a parcel located within the Zona Marítimo Terrestre in the sector of Esterillos Oeste de Parrita—arising from an agreement for the assignment of rights to land in the Zona Marítimo Terrestre (contrato de cesión de derechos de terreno en Zona Marítimo Terrestre) executed in his favor by Ninfa Cerdas Sánchez and Rafael Ángel Velásquez Guevara, who had possessed it for more than 30 years—and that he was unable to use it, despite his investment in repairs, because the eviction ordered in the aforementioned administrative decision was never carried out.
The defendants asserted that the plaintiff could not hold a right in the Zona Marítimo Terrestre because it is public-domain property (bien demanial), given that no concession (concesión) had been granted in his favor.
VII.Applicable rules concerning the administrative liability regime (régimen de Responsabilidad Administrativa). In view of the claims asserted in this case, and given that this is a civil proceeding involving the Public Treasury, in which the first relief sought is to establish the liability of the Municipalidad de Parrita based on the defective and abnormal provision of a public service, this Court considers it important to clarify certain aspects of the provisions applicable to the administrative liability regime under section 190 of the Ley General de la Administración Pública. That provision establishes that the Administration is liable for its lawful or unlawful, normal or abnormal operation, and extends to the functioning of the Administration as a whole (article 49 of the Constitución Política), a concept encompassing any form in which administrative intent is manifested, whether formally or materially, and including dysfunction, that is, administrative omissions.
Such liability falls within a predominantly strict-liability regime (régimen preeminentemente objetivo), founded both on the theories of harm and risk and on maintaining equilibrium in the patrimonial equation (ecuación patrimonial). Its fundamental purpose is to provide compensatory relief to anyone who has suffered an injury imputable and attributable to a public organization as a center of authority, where that injury is legally wrongful in nature. In other words, the Administration will be liable whenever its normal or abnormal, lawful or unlawful operation causes harm that the victim has no duty to bear, whether pecuniary or non-pecuniary, regardless of the victim’s subjective legal position and of the right or authority held, provided, of course, that the indispensable requirement of a causal link is satisfied and that the necessary, mandatory, and unequivocal factual findings establish the harmful effect of the alleged abnormal operation upon the individual subject to the Administration.
From this standpoint, the law establishes unlawful or lawful conduct and normal or abnormal operation as attribution criteria (criterios de imputación), subject to proof. In cases of lawful conduct and normal operation, the Legal System establishes prerequisites and requirements governing the availability of relief, including that the harm must be special or abnormal, meaning that it must affect a small proportion of persons or, in the latter case, must be exceptionally severe. In these circumstances, liability covers only the harm, not consequential losses (perjuicios) (articles 194 and 195 of the Ley General de la Administración Pública). By contrast, liability for unlawful conduct and abnormal operation is full. In each specific case, these attribution criteria must be proven in order for the injury suffered to be legally classified within the scope of a direct or indirect consequence properly generated by the cause-and-effect syllogism arising from the very source of those acts or omissions, so as to establish the causal link permitting liability to be attributed to the public authority sued.
It goes without saying that, in cases involving abnormality and unlawfulness, the adjudicator must examine the operation of the public service on the basis of the evidence duly admitted and assessed, in order to determine whether there was in fact conduct that departed from legality or conflicted with the principles of administrative efficiency. In such cases, it is decisive for the claimant to clearly prove the existence of those criteria and the material, factual, or purely legal grounds demonstrating the relevance and applicability of the attribution criterion invoked as the basis of the action. The necessary corollary arising from the substantive meaning of the foregoing legal framework is that it is NOT sufficient to allege the existence of personal suffering, even if harmful; at a minimum, the facts that theoretically caused such detriment must be proven in order to establish that the harm is certain, actual, assessable, and capable of individual determination.
This follows from the burden-of-proof principle (principio de carga de la prueba) arising from section 41 of the Código Procesal Civil, which requires anyone claiming to hold a right to prove the facts giving rise to it. This does not constitute a reversal of the burden of proof in a field premised on full compensation for harm, but rather requires minimal yet sufficient proof of the attribution criteria and the facts giving rise to the harm, as essential prerequisites for attributing liability and, consequently, for the emergence of the duty to provide reparation. Section 82 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that one of the purposes of the proceeding is to determine the substantive truth of the facts (verdad real de los hechos) through any means of evidence. However, this does not relieve a party claiming to hold a right enforceable against a third party—such as the right to reparation for harm—from proving the factual grounds supporting that right, as well as the existence of the injury itself.
As a counterbalance to the foregoing, the victim’s fault (culpa de la víctima), the act of a third party (hecho de un tercero), and force majeure (fuerza mayor) constitute grounds exempting the Administration from such liability, irrespective of the attribution regime; accordingly, proving the existence of those circumstances logically and exclusively falls to the Administration. In light of the foregoing, the Court will now determine the elements necessary to ascertain whether this specific case involves administrative liability.
VIII.General Aspects of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). For purposes of addressing this matter, given that the core petition is limited to questions concerning the disposition of property located in the maritime-terrestrial zone, the principal elements thereof will be examined in accordance with the regulations established in the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 of 02 de marzo de 1977—which shall serve as the basis for the provisions referenced herein—and its regulations, Decreto Ejecutivo 7841-P of 16 de diciembre de 1977. The maritime-terrestrial zone consists of the two-hundred-meter-wide strip extending along the entire Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, regardless of their nature, measured horizontally from the ordinary high-tide line, as well as the lands and rocks exposed by the sea at low tide, and includes islands, islets, and sea stacks, together with any land or natural formation rising above ocean level within the territorial sea of the Republic (Article 9).
It comprises two sections: the public zone (zona pública), which is the fifty-meter-wide strip measured from the ordinary high-tide line, together with the areas exposed at low tide, islets, sea stacks, and other small areas and natural formations rising above the sea, as well as all mangroves along the mainland and island coasts and the estuaries of the national territory; and the restricted zone (zona restringida), consisting of the remaining one-hundred-and-fifty-meter strip or, in the case of islands, the remaining lands. (Articles 10 and 11). Title to the property situated in this zone is determined as follows: “The maritime-terrestrial zone forms part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and not subject to acquisitive prescription. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all inhabitants of the country.
Its use and exploitation are subject to the provisions of this law” (Article 1). As may be seen, the maritime-terrestrial zone belongs to the State and is inalienable and not subject to acquisitive prescription—except as provided by the exceptions contained in the Law—which means that properties located there may not be the subject of possessory title proceedings (informaciones posesorias), and private parties may not appropriate them or legalize them in their own names by any means. (Article 7). The maritime-terrestrial zone is subject to a special protection regime because the legislature has entrusted responsibility for and oversight of it to three different institutions: Instituto Costarricense de Turismo, Procuraduría General de la República, and the Municipalidades. The Instituto Costarricense de Turismo, on behalf of the State, is responsible for the highest-level and general oversight of all matters relating to the maritime-terrestrial zone, preparation of the general land-use plan, and the authority to declare areas to be tourism or non-tourism zones and determine the scope of such declarations (Articles 2 and 26 to 33); the Procuraduría General de la República shall exercise legal oversight to ensure due compliance with the provisions of Ley 6043, taking the appropriate action with respect to any conduct that violates or tends to infringe the provisions contained therein or in related laws, any attempt to obtain rights or recognition contrary to those rules, or the annulment of concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention thereof (Article 4); and lastly, the Municipalidades are responsible for directly ensuring compliance with the provisions of Ley 6043 concerning ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone, particularly the coastal tourism areas.
They were expressly granted authority to evict offenders and destroy or demolish construction, remodeling work, or facilities erected in this zone; they must also directly oversee the care and conservation of the maritime-terrestrial zone and its natural resources within their respective jurisdictions, including the granting of the various authorizations, approvals, permits, and/or licenses in the maritime-terrestrial zone, both with respect to its disposition and to the infrastructure, construction, activities, or operations carried out there (Articles 3, 16, 18, 22, 34, and 69); and, jointly with the Instituto Costarricense de Turismo, they shall adopt and enforce such measures as they deem necessary to preserve or prevent harm to the original conditions of the maritime-terrestrial zone and its natural resources. (Article 17). With regard to the disposition, use, tenure, and exploitation of the maritime-terrestrial zone, it must be borne in mind that Ley 6043 establishes a clear distinction between the public zone and the restricted zone, as follows: a) With respect to the public zone, it is expressly stated that it may not be occupied under any title or under any circumstances, such that no one may claim any right over it, since it is dedicated to public use and particularly to the free passage of persons (Article 20), except for the exceptions established in that law, namely: i) Areas of cities situated along the coasts, coastal urban areas, properties lawfully registered in the names of private parties, and properties whose legitimacy is recognized by law, because the provisions of Ley 6043 do not apply to them (Article 6).
In the case of properties duly registered in the Registro Público, their private use shall be permitted only pursuant to express agreements of the respective Municipalidad, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Article 25). Furthermore, the provisions of Ley 6043 do not apply to properties whose title proceedings were pending at the time of its enactment, provided that they complied with the law underlying the corresponding filing (Transitory Provision V), or to parcels in the maritime-terrestrial zone declared to be an urban area of District Nine of the Cantón Central of the province of Puntarenas and possessed by persons who had lawfully acquired them and exercised full possession thereof (Transitory Provision VI). ii) Sections that, because of their geographical configuration, topography, or special conditions, cannot be used for public purposes, in which case their development shall be authorized, provided that they are not conveyed, that a free-passage zone is established to facilitate public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries, and that pedestrian safety is guaranteed.
(Article 21). iii) Infrastructure and construction works approved by the respective Municipalidad, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Instituto Costarricense de Turismo, and/or the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, taking into account the public use for which they are intended, or involving the establishment and operation of State-owned tourism facilities of evident benefit to the country (Article 22). This likewise includes tourism development projects approved by the Instituto Costarricense de Turismo before Ley 6043 entered into force (Transitory Provision IV). iv) Persons who, by virtue of concessions or leases, were in possession of lots located wholly or partially in this zone when Ley 6043 entered into force shall, provided their contracts were lawfully granted and remain in effect, continue in possession of their parcels for as long as they remain there, under the terms of their respective contracts and until the buildings or facilities are remodeled or destroyed or the concessions or contracts are canceled or terminated (Article 68)—with respect to this situation, given that the law entered into force in 1977, it is to be expected that no such arrangements remain in effect under those conditions. v) The area of Playa de Tivives leased to Cooperativa Tivives, R. L., because its urban development had been planned on the basis of a contract with the State predating Ley 6043 (Article 80). vi) Additionally, this must include a situation that was not established as an exception and is not contained in the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, but rather arises from the legislature’s powers and dates from a later time, namely that governed by the Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, Ley 7744, of 19 de diciembre de 1997. b) With regard to the restricted zone, occupation has expressly been recognized under two clearly identified legal arrangements—concessions (concesiones) and residents (pobladores)—and, by extension, a third possibility has been added: a precarious use permit (permiso de uso en precario). i) Concession.
The Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre provides that “Concessions shall be granted solely for the use and enjoyment of specified areas within the restricted zone, for the term and subject to the conditions established by this law” (Article 41), reiterating that this form of land use may be granted only in the restricted zone (Article 39) and solely by the Municipalidades of the respective jurisdiction (Article 40), provided that, in tourism zones, the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo have approved or prepared the development plans for those zones (Article 38). It therefore follows that, for a concession to be granted, a coastal Plan Regulador must have been enacted, which, a contrario sensu, means that concessions in the maritime-terrestrial zone may not be approved while no Plan Regulador exists. Ley 6043 and its Regulations establish the procedure to be followed when an application for a concession is submitted.
That procedure is governed by Articles 26 to 47 of the Regulations and constitutes a regulated administrative act (acto reglado), as explained below: Approval of a concession application requires, at a minimum, compliance with the following requirements: a duly completed application form; a declaration by the Instituto Costarricense de Turismo that the area is suitable or unsuitable for tourism; demarcation of the public zone by the Instituto Geográfico Nacional—published in the Diario Oficial; the Plan Regulador duly approved by the Instituto Costarricense de Turismo, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the respective Municipalidad—which must also be duly published in the Diario Oficial—with the application conforming to the uses approved in the Plan Regulador for the specific sector; the appraisal by the Dirección General de Tributación, which shall serve as the basis for setting the concession fee (canon); the Inspection Report stating the location of the land and its intended use; and a topographical description including boundaries, apparent easements (servidumbres aparentes), the approximate area of the lot if no survey plan exists, and any existing crops or improvements.
If the foregoing requirements are not satisfied, a period of 30 calendar days shall be granted for the deficiencies to be cured as directed; otherwise, or in the event of noncompliance, once that period has elapsed, the application shall be deemed “annulled,” without prejudice to the interested party’s right to resubmit it. To invite objections, a notice shall be published once in the official newspaper “La Gaceta,” stating the names and legally required identifying particulars of the applicant or applicants and granting interested parties a period of thirty business days from the date of publication. Once the statutory requirements have been met, if an objection exists, a public hearing shall be held at which the parties must submit the corresponding evidence.
Once the hearing (audiencia) has been held, or if no objections have been filed, the Alcaldía Municipal shall have 30 business days to issue the draft decision (proyecto de resolución) on granting the concession (concesión), in whole or in part, or denying it—which shall include the opinion of the zona marítimo terrestre office, if any—and shall submit it to the Concejo Municipal for such decision as it deems appropriate. If that body approves the concession, the interested party shall be notified and given 30 business days to sign the contract and deposit the amount corresponding to the first annual concession fee (canon) with the respective municipality. Subsequently, the local government shall forward the duly signed concession contract to the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto de Desarrollo Rural—formerly the Instituto de Desarrollo Agrario—as applicable—in tourism areas, approval by the former is required, and in the other areas of the zona marítimo terrestre, approval by the latter is required (Article 42 of Ley 6043)—together with a copy of all documents on which the grant was based; the relevant institute shall have thirty calendar days from the date on which it received the application to approve it.
Lastly, once the concession has been approved, the interested party shall complete the procedures for its registration in the Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre of the Registro Nacional. Regarding the concession, it is important to note that concessions granted in accordance with the law are subject to the condition that concession holders may not change the designated use (destino) of their parcel or of the buildings or facilities constructed on it without the consent of the respective municipality and of the Instituto de Tierras y Colonización or the Instituto Costarricense de Turismo, as applicable (Article 43). Furthermore, regarding the transfer of the right granted under the concession, it is expressly provided that: “It is prohibited to assign or encumber, or otherwise transfer or place a lien on, in whole or in part, concessions or the rights derived from them without the express authorization of the respective municipality and of the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto de Tierras y Colonización, as applicable.
Any acts or contracts that violate this provision shall be wholly invalid” (Article 45); and in the event of the death or declared absence of the concession holder, the holder’s rights may be awarded to the holder’s heirs or presumed heirs who are relatives; if there are none, the concession shall be deemed terminated and shall revert to the respective municipality, including all existing structures and improvements. (Article 49). This Tribunal now considers it relevant to discuss the concept of “occupants” (ocupantes) included in Ley de Zona Marítimo Terrestre, insofar as it has led to comparisons with other legal categories developed in that body of law, although it differs from them in the legal effects arising from its determination. It is therefore relevant to include it in this section, given that the express legal consequence of establishing such status entails a right of priority in the granting of a concession, as provided in Article 44 of Ley 6043, which states that concessions shall be granted according to the principle that “first in time is first in right,” but that preference shall be given to the occupant of the land who has continuously possessed it quietly, openly, and peacefully.
It should also be noted that Transitory Provision VII establishes that municipalities having jurisdiction shall charge occupants the concession fee established by this law. To specify the relevant elements surrounding this legal category, the following passage from the Tribunal Contencioso Administrativo, sitting in a composition different from its current but shared composition, is transcribed: “Lastly, it must be borne in mind that the categories of ‘settlers’ (pobladores) and ‘occupants’ are established in Article 75 and Transitory Provision VII of Ley de la Zona Marítimo Terrestre as two exceptions to the parameters governing private use within the zona marítimo terrestre, conferring a right of priority in concession-granting proceedings. The former category (settlers) comprises those persons who already held a lot within the maritime mile before the enactment of Ley de la zona marítimo terrestre, that is, before mil novecientos setenta y siete, and who had occupied it for more than ten years quietly, openly, and peacefully, under the terms of the cited Article 75: ‘Settlers of the zona marítimo terrestre who are Costa Rican by birth and have resided there for more than ten years, as shown by information from the local Guardia Rural authority or by a certificate from the Registro Electoral concerning the applicant’s domicile, may remain in possession of their respective lots, provided that the lot is their only property.’ Thus, persons who qualify as settlers may remain on the land they occupied when the governing Law entered into force and, for that reason, are required to pay rent (arriendo) for the occupied strip of land.
It must be borne in mind that the law under discussion itself provides that they may be relocated, with due compensation, when the respective zoning plan (plan regulador) is enacted, if their use does not conform to that provided for in those regulations, since ‘...they shall be subject to the planning applicable to the area, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this law. In all cases, the public zone shall be respected.’ (Final paragraph of the cited Article 75). ‘Occupants,’ for their part, are persons who, without meeting the requirements for settlers, occupied the restricted zone (zona restringida) of the zona marítimo terrestre without authorization before Ley de la zona marítimo terrestre entered into force; consequently, they hold no permit whatsoever, and the law itself authorizes municipalities to charge them a concession fee.
Significantly, the law itself recognizes their right of priority in the granting of future concessions once the respective coastal zoning plan (plan regulador costero) has been approved; accordingly, all other conditions being equal, the administration must give preference in granting the concession to whoever possessed the restricted zone quietly, openly, peacefully, and continuously (sic)—without the possibility of transferring such possession inter vivos or mortis causa—and without this encompassing improvements. Regarding this category, this Tribunal ruled in judgment number 277-2008, at quince horas diez minutos del veintiocho de agosto del dos mil ocho, stating that ‘(T)he (sic) legislature did not intendtoestablish (sic) this category permanently, but merely as a matter of tolerance until compliance with the legal system could be achieved; in other words, the category of occupant is used temporarily while it remains legally possible to grant the concession.
This category (occupant) has been subject to multiple interpretations because it is not harmoniously aligned with the cited Law, which has given rise to improper practices and unlawful transactions. The legal nature of the occupant’s status is that of a precarious right (derecho en precario), and therefore it can never be confused with, nor can claims be made to, rights that only an owner may possess, since owners, by virtue of their status, do not require a concession. Nor may occupants be treated as tenants of the zona marítimo terrestre, since they are expressly regulated by Transitory Provisions I and II of the aforementioned provision; in their case, reference is made not to a concession contract but to the extension (sic) of lease contracts predating its enactment, which must be amended to conform to the laws in force. Nor may or should they be confused with persons who clandestinely entered the public-domain zone (zona demanial), since after the enactment of this Law such conduct is prohibited under Article 12 thereof.
We must therefore conclude that an occupant is a person who was located in the restricted zone of the Zona Marítimo Terrestre and who, when Ley 6043 del 2 de marzo de 1977 entered into force, did not have a lease contract in that person’s favor.’ Lastly, and no less importantly, the two categories indicated—settler and occupant—are provided exclusively in relation to natural persons (personas físicas), thus excluding legal entities (ficciones jurídicas), because they were established for persons who had nowhere else to reside, a condition that cannot be attributed to legal fictions; this is also why their transfer, whether inter vivos or mortis causa, is excluded. Having said this, occupant status cannot give rise to any right of ownership or possession because, as the zona marítimo terrestre forms part of the public domain (dominio público) (sic), it cannot be possessed or acquired through adverse possession (prescribirse positivamente) by the passage of time, as provided in Article (sic) 7 of Law number 6043.
This characteristic of immunity from prescription (imprescriptibilidad) results in the legal impossibility of exercising possession over the inalienable strip of land; thus, when this provision grants priority for the award of a concession, it refers clearly and expressly to the occupant of the land who had possessed it quietly, openly, peacefully, and continuously (sic). These requirements are readily ascertainable in the case before us. (For further discussion, interested parties are referred to the considerations set forth by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in judgment number 317-F-2008, at nueve horas diez minutos del dos de mayo del dos mil ocho)’ (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, judgment 328-2009-II at once horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil nueve). In accordance with the foregoing, it is reiterated that the category of occupant is included with respect to the disposition, use, tenure, and exploitation of the zona marítimo terrestre under a concession, given that its sole legal effect is a right of priority in applying for a concession.
It must nevertheless be noted that this category applied only to natural persons who were in the restricted zone of the zona marítimo terrestre when Ley 6043 del 2 de marzo de 1977 entered into force, who were of legal age, had resided there for less than ten years, and did not have a lease or concession contract in their favor. As a final point, the rights granted to an occupant are strictly personal (personalísimos) and nontransferable (intransmisibles), as affirmed by the Sala Primera when it stated: ‘Such occupant status cannot be transferred to third parties because it entails special conditions possessed only by those persons—the occupants—and consequently any legal act intended to transfer it is absolutely null and void. To accept otherwise would entail violating the aforementioned articles of Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its regulations.’ (Sala Primera, judgment N°317-F-2008, del 2 de mayo del 2008). ii) Settlers.
Ley de Zona Marítimo Terrestre expressly recognizes this category in the following terms: ‘Settlers of the zona marítimo terrestre who are Costa Rican by birth and have resided there for more than ten years, as shown by information from the local Guardia de Asistencia Rural authority or by a certificate from the Registro Electoral concerning the applicant’s domicile, may remain in possession of their respective lots, provided that the lot is their only property. However, they shall be subject to the planning applicable to the area, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this law.
“In all cases, the public zone (zona pública) must be respected” (Article 70). In accordance with the provision transcribed above, the law expressly recognizes a right of possession (derecho de posesión) for so-called residents (pobladores), who must meet the following requirements:
IX.Regarding the specific case. The first point to note is that, according to the evidence contained in the case file, Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas held NO right whatsoever over the parcel originally described in cadastral plan (Plano de catastro) P-950952-96, which is the subject of these proceedings and is located in the Canton of Parrita, Esterillos Oeste District, for the following reasons:
Moreover, the statements of Marvin Mora Chinchilla and Freddy Garro Arias provided no information beyond that contained in the proceedings in which they participated as members of the local government.
X.Regarding the civil liability (responsabilidad civil) claimed. The basis of the monetary claim (pretensión pecuniaria) is that the plaintiff considers that he held a right to a parcel in the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), based on an assignment agreement (contrato de cesión), in which he made a monetary investment for the maintenance and repair of existing works; and that the Municipalidad de Parrita and two of its officials, Marvin Mora Chinchilla and Freddy Garro Arias, failed to take the relevant and necessary actions to place him in possession of the parcel, for which reason he seeks reimbursement of the amounts invested and compensation for the subjective emotional distress (daño moral subjetivo) arising from such conduct. In this regard, it was determined that Mr. Víctor Hernández Rojas held no right whatsoever to the parcel originally described in Cadastral Plan (Plano de catastro) P-950952-96; therefore, it is not possible to establish the existence of any legitimate interest (interés legítimo) or subjective right (derecho subjetivo) that was infringed, or could have been infringed, by a municipal omission in the exercise of the powers conferred upon the local government by Ley 6043 to ensure compliance with provisions concerning the ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone.
Thus, in the absence of a right, there is no damage caused by the defendants that must be remedied. It has been established that Mr. Víctor Hernández Rojas performed maintenance and repair work on existing structures on the described parcel (proven fact (hecho probado) 11); nevertheless, that work was performed without having obtained the respective municipal permits, as he himself acknowledged in his testimony at the supplemental hearing (audiencia complementaria). Accordingly, any liability arising from those actions rests solely and exclusively with him, particularly given the breach of the system of prohibitions established in Article 12 of Ley 6043. In light of the foregoing parameters, it is clear that the injury the plaintiff claims to have suffered bears no relationship whatsoever to administrative conduct (conducta administrativa)—whether an act or omission—because, as reiterated, he placed himself in that situation by carrying out work without holding any right and without authorization from the local government.
It therefore cannot be said that the injury suffered may legally be characterized as a direct or indirect consequence of conduct by the local government, which in turn precludes establishing the existence of a causal link (nexo causal) permitting any liability to be attributed to the defendants. On this specific point, it is clear that, even if some type of damage existed, it would be necessary to consider that, in the case of revocable use permits (permisos de uso en precario), such damage cannot be claimed and, moreover, there would be a defense excluding liability (eximente de responsabilidad), namely the victim’s own fault (culpa de la víctima). It must now be noted that, in view of the particular circumstances of the complaint, the plaintiff’s lack of any right to bring the claim makes it unnecessary to assess whether the actions of the Municipalidad de Parrita to evict Ms. Gómez Quesada were lawful, or whether there was any abnormality in the operation of the administrative action undertaken.
This Court confines itself to noting that the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre provides that municipalities are directly responsible for ensuring compliance with the rules of Ley 6043 concerning the ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone, particularly the coastal tourism areas; and that they were expressly granted the power to evict violators and destroy or demolish structures, alterations, or installations built in that zone, as provided in Articles 3 and 13 of the aforementioned statute. This is noted because Ms. Marisol Gómez Quesada currently resides on the parcel in question (proven fact 12). In light of the foregoing, the testimony of Mr. Walter Trejos Méndez is entirely irrelevant with respect to the expenses incurred and work performed by Mr. Víctor Hernández Rojas. Regarding the complaint filed against Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla, this Court determines that the proper course is to declare sua sponte the absence of a legal right to sue (falta de derecho), because, as previously stated, since the plaintiff held no right to demand specific conduct from the local government, there were no acts by these officials giving rise to administrative liability (responsabilidad administrativa).
Moreover—and of great importance, as it is an indispensable prerequisite for determining the liability of a public official—the plaintiff neither alleged nor proved the existence of willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) on the part of the aforementioned officials, under the terms established in Article 199 of the Ley General de la Administración Pública, which requires proof of these subjective attribution criteria (criterios de imputación subjetivos) when such liability is sought.
XI.Regarding the defenses asserted. The representative of ICT raises the defense of lack of standing on the merits, both active and passive (falta de legitimación ad causam activa y pasiva), stating that the plaintiff is not a concession holder (concesionario) and, consequently, cannot bring a claim against that administrative authority. In this regard, the representative states that the Dirección de Planeamiento y Desarrollo, in response to official letter AL-0261-2023 requesting information concerning an application for a concession or extension thereof in the name of Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas, identification number 1-556-0012, reported that, according to the files and records accessible to that Dirección in concession-review proceedings, there is no record of any application in the name of Mr. Víctor Hugo Hernández Rojas. The representative of the State raises the defense of lack of passive standing on the merits (falta de legitimación ad causam pasiva), stating that there was no conduct by the State that caused harm to the plaintiff’s financial or non-financial interests, since the State engaged in no administrative conduct and neither the content of the acts nor the proceeding indicates any involvement by it; therefore, the State’s lack of passive standing on the merits is clear and manifest.
The representative further states that it cannot in any way be inferred that the State engaged in conduct that could constitute the subject matter of the proceeding and, consequently, there is no basis whatsoever for linking it to the legal and material effects of the claims asserted. Court’s Assessment: Having reviewed the claims set forth in the complaint and in accordance with the arguments presented, this Court determines that the plaintiff has indeed neither referenced nor identified any administrative conduct by the State or ICT in connection with the facts or allegations in this complaint, and that neither of them took any action affecting a subjective right or legitimate interest of the plaintiff, particularly since it is clear that he held no concession whatsoever in the Sector de Esterillos Oeste in the cantón de Parrita. Additionally, it must be considered that the claims asserted clearly show that the plaintiff filed the civil action against the Public Treasury (demanda civil de hacienda) on the basis of the normal but defective provision of the public service by the defendant Municipalidad and its officials, Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla, because he considered that they failed to comply with or enforce administrative decision (resolución administrativa) DAM-RAD-107-2018, issued at fourteen hours on 30 de abril de 2018 by the Alcaldía Municipal de Parrita.
This means that the subject matter of the proceeding is confined to the civil liability arising from the cited defendants’ omission and never involved a dispute concerning matters specifically related to the protection or safeguarding of the Zona Marítimo Terrestre. The proper course is therefore to sustain the defense of lack of passive standing on the merits asserted by the representatives of the State and ICT, as well as the defense of lack of active standing on the merits (falta de legitimación ad causam activa) raised by the latter; and, for the reasons stated, the State’s lack of active standing on the merits is declared. At the preliminary hearing held at nine hours and nineteen minutes on tres de octubre del dos mil veintitrés, defendants Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla clarified or reported that they had raised the defenses of absence of a legal right to sue and lack of active standing.
In this regard, because those defenses were not raised within the period granted for answering the complaint—due to the declaration of default (declaratoria de rebeldía)—and because this case does not fall within the circumstances contemplated in Article 67, subsection 3), of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which states: “Substantive defenses may also be raised before the conclusion of the oral and public trial when the facts on which they are based occurred after the answer was filed”; those defenses are rejected as untimely. Based on the considerations set forth in the preceding recitals (considerandos), the defense of absence of a legal right to sue raised by the representative of the Municipalidad de Parrita is sustained, and the absence of a legal right to sue with respect to Garro Arias and Mora Chinchilla is declared sua sponte.
XII.Costs. Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, attorney fees and procedural costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the losing party solely by virtue of having lost. Such an award is not imposed when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party or when, in the Court’s judgment, there was sufficient cause to litigate. In view of the foregoing, this Court finds no basis for exempting this case under the stated circumstances; accordingly, the plaintiff must be ordered to pay both categories of costs of the proceeding, together with the interest accruing thereon.
Por tanto
For the reasons stated, the defense of lack of passive standing on the merits raised by the representatives of the State and the Instituto Costarricense de Turismo is sustained, as is the defense of lack of active standing on the merits raised by the latter. Sua sponte, the lack of active standing on the merits of Mr. Víctor Hernández Rojas against the State is declared. Because it is unnecessary, the Court declines to analyze the defense of absence of a legal right to sue raised by both representatives. With respect to the Municipalidad de Parrita, the defense of absence of a legal right to sue is sustained. Sua sponte, the absence of a legal right to sue with respect to defendants Freddy Garro Arias and Marvin Mora Chinchilla is declared. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. Both categories of costs of the proceeding shall be borne by the plaintiff and losing party, together with the interest accruing thereon. Marco Antonio Hernández Vargas. Eduardo González Segura. Rodolfo Marenco Ortiz.
Case File: 21-003265-1027-CA Matter: Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) Plaintiff: Víctor Hugo Hernández Rojas Defendants: Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, Instituto Costarricense de Turismo, and the State - Verification Code (Código Verificador) - ???????????????
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECIDING JUDGE ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, DECIDING JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE Page 1 of 51.
Documento PJEDITOR ????????????????
Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Víctor Hugo Hernández Rojas Demandados: Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, Instituto Costarricense de Turismo y el Estado N° 2025008407 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con veintiocho minutos del veinte de agosto del dos mil veinticinco.- Proceso contencioso administrativo interpuesto por el señor Víctor Hugo Hernández Rojas, cédula 1-0556-0012, contra la Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, el Instituto Costarricense de Turismo y el Estado. Intervienen los licenciados Carlos Alberto Montero Loaiza en representación de la parte actora, Ingrid Jiménez Díaz, en representación de la corporación local, Jorge Eduardo Villegas Rojas en representación de las personas físicas demandadas, Jimmy Álvarez García en representación del Instituto y Georgina Inés Chaves Olarte en representación del Estado. A continuación, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.
Redacta el juez Hernández Vargas.
Considerando.
I.Antecedentes procesales. A efectos de resolver el presente proceso contencioso administrativo, en las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de relevancia:
II.Argumentos de la parte actora. En la formulación de la demanda, se transcribe -con corrección de errores ortográficos- lo señalado por la parte actora: HECHOS: PRIMERO: Que para el pasado 22 de octubre del 2015 en la localidad de Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, la señora Ninfa Cerdas Sánchez, portadora de la cédula de identidad número 1-020-0290 y el señor Rafael Ángel Velásquez Guevara, portador de la cédula de identidad número 6-0165-0585, en su condición de poseedores por partes iguales y por más de treinta años de un terreno con una medida de mil trece metros con cuarenta decímetros cuadrados, ubicado en Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, cedieron al suscrito Víctor Hugo Hernández Rojas el mismo; creándose el documento correspondiente. Del cual para el pasado 02 de enero del 2018 se procedió en realizar y protocolizar ante el notario público, Lic. Roberto Alonso Rímola Real, el pertinente documento de “Cesión de Derechos de Terreno en Zona Marítimo Terrestre” entre las partes ya expuestas.
Producto de lo cual se llevó a cabo una serie de gastos económicos tendientes en reparación de la infraestructura existente, así como la creación de otras obras, con el propósito de acondicionar en debida forma el sitio que estaría destinado a ser lugar de residencia para el disfrute y descanso de los años pendientes. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 1, copias folios 5 y 6 del Expediente Administrativo de Concesión #3075-2018) SEGUNDO: Que con base a la documentación anteriormente expuesta, para el pasado 04 de enero del 2018 el suscrito Hernández Rojas gestionó ante la Municipalidad de Parrita la pertinente "Solicitud de Concesión", aplicándosele el consecutivo 3075-2018. Con el propósito de quedar consignado en los registros pertinentes ante la Oficina y/o Departamento de Zona Marítimo Terrestre municipal de Parrita / Puntarenas, la variación correspondiente sobre dicha parcela de terreno.
(ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 1 a 7 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018) TERCERO: Que para el pasado 06 de febrero del 2018, al no poder el suscrito tomar posición efectiva en la parcela de terreno antes descrita, pues de manera imprevista e inesperada se contó en el sitio con una invasión de terceras personas; aferrándose al criterio de que dicha propiedad no tenía dueño o responsable, se gestionó ante el demandado, señor MARVIN MORA CHINCHILLA, en su condición de Encargado de la Oficina y/o Departamento de la Zona Marítimo Terrestre Municipal, el practicarse un desalojo administrativo de dichos ocupantes. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 8 a 10 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018) CUARTO: Que para fecha 14 de febrero del 2018 se ordenó por parte del demandado Mora Chinchilla en la condición expuesta, una “Inspección de Campo” en el sitio, que determinó la existencia de varias construcciones (vivienda, rancho, baños); así como la ocupación que arbitraria y contrario a derecho estaba realizando la señora Marisol Gómez Quesada portadora de la cédula de identidad número 6-0407-0740.
Consignado así en Informe número DZMT-IM-INSP-0006-2018. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 11 a 16 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018; así como en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 2, copias folios 37 a 40 del Expediente Administrativo de Concesión # 3078-2018) QUINTO: Que el pasado 28 de febrero del 2018 mediante oficio número GDUS¬-DZMT-0082-2018, en contestación al Incidente de Desalojo el demandado Mora Chinchilla en su condición ya establecida dispuso: “1. Se acoge la solicitud de desalojo presentada por el señor Víctor Hernández Rojas, cédula de identidad número 1-0556-0012, en contra de los infractores que ocupan la parcela descrita en el Plano Catastrado P-950952-96. / 2. Para tal efecto deberá este departamento levantar la información necesaria de conformidad con lo indicado en el artículo 13 de la Ley 6043. / 3. Que dentro del proceso deberá de observarse el respeto al debido proceso. / 4.
Que la aceptación de la solicitud de desalojo, no podrá tomarse como acto, autorización o reconocimiento alguno de la parcela hacia el señor Hernández Rojas. / 5. Que una vez realizado el desalojo y demolición de las construcciones que se constaten en campo. NO podrá el señor Hernández Rojas realizar ocupación de la parcela en cuestión, conforme fue señalado en la presente resolución. / 6. De conformidad con el artículo 162 del Código Municipal con la presente resolución caben los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y Apelación para ante la Alcaldía Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día, podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto”. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 17 a 25 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018) SEXTO: Que contra la decisión antes expuesta resultaron planteados los correspondientes recursos de Revocatoria y Apelación en subsidio.
En que fundadamente se hizo ver la oposición a la decisión sobre demolición de la (s) estructura (s) que se constatasen en el campo, aunado a la imposibilidad de ocupación sobre la parcela de mi parte, por no tenerse la concesión solicitada aprobada; conllevando con ello una afectación económica bastante considerable respecto de la inversión realizada, y de lo cual podrían tomarse otra clase de iniciativas, dejándoseme incluso como responsable de la parcela, de manera cautelar a fin de no agravar más la situación. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 27 a 31 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018) SÉTIMO: Que mediante comunicación de Oficio GDUS-DZMT-0101-2018 de fecha 19 de marzo del 2018, el demandado Mora Chinchilla en su condición ya establecida, RECHAZÓ el recurso de Revocatoria planteado. Remitiendo a su vez ante el Alcalde Municipal (sr. Freddy Garro Arias) para que fuera conocida la Apelación.
(ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 32 a 40 y 47 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018) OCTAVO: Que para fecha 20 de marzo del 2018, mediante Oficio DAM-0179-2018, el demandado FREDDY GARRO ARIAS en su condición de Alcalde de Parrita / Puntarenas, dirigido al Catastro Nacional del Registro de la Propiedad, hizo del conocimiento el visado debido sobre el plano 2015-113342-C, con un área de 937 metros cuadrados el cual amparaba el terreno de parcela ubicado en Playa Esterillos, Distrito 01 Parrita, Cantón 09 Parrita, Provincia 06 Puntarenas. Ajustándose a la CONCESIÓN OTORGADA a mi favor. Con cuya información incluso se cancelaba el plano P-950952-1991 que sobre dicha parcela aparecía como solicitante el señor Cayetano Sibaja Quirós quien se encontraba difunto. (Ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 41 a 45 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018) NOVENO: Que mediante Resolución Administrativa número DAM-RAD-107-2018 de las 14:00 horas del 30 de Abril de 2018, emitida por el demandado Freddy Garro Arias en su condición de Alcalde Municipal de la Alcaldía de Parrita / Puntarenas; ACOGIÓ el Recurso de Apelación planteado contra la decisión GDUS-DZMT-0082-2018 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita, concediéndoseme Medida Cautelar para protección y resguardo sobre la parcela de terreno ubicada en el sector costero de Esterillos Oeste, conforme al plano según citas de presentación 2015-113342-C con un área de 937 m2 según contrato CFIA-645086 a mí nombre.
Concediéndoseme incluso el beneficio del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, sobre el uso especial de suelo, hasta por un año a partir de la notificación. Ordenando en igual medida al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita, la realización de gestiones para ejecutar el desalojo de los invasores en esta parcela, sin ejecutar las demoliciones de las construcciones actuales. Así como el ordenarse a dicho Departamento, una vez practicado el desalojo, ponerme en uso y posición de la parcela. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 48 a 53 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018) DÉCIMO: Que notificado el demandado Marvin Mora Chinchilla en su condición de Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita / Puntarenas de la decisión adoptada por el Alcalde (el demandado Garro Arias), emitió la decisión GDUS-DZMT-0153-2018 de fecha 16 de mayo de 2018; -con copia al señor Garro Arias como Alcalde Municipal, al Concejo Municipal y al Dpto.
Legal de Zona Marítimo Terrestre- dirigiendo dicho oficio a la señora Marisol Gómez Quesada, quien se encontraba invadiendo la parcela de interés; transcribiendo tanto la decisión adoptada inicialmente para resolver el Incidente de Desalojo bajo el Oficio Nº GDUS-DZMT-0082-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, así como también la Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-107-2018 de fecha 30 de abril de 2018. Siendo notificada Gómez Quesada en forma personal al ser las 08:47 horas del pasado 17 de mayo de 2018 (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 54 a 76 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018; así como en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, coplas folios 12 a 35 del Expediente Administrativo de Concesión# 3078-2018) DÉCIMO PRIMERO: Que el desalojo acordado, resultó en su momento programado para su ejecución el pasado 18 de julio de 2018 a las 09:00 horas, mediante oficio GDUS-DZMT-0231-2018 de fecha 16 de julio de 2018 elaborado por el demandado Mora Chinchilla en su condición ya expuesta; dirigiéndose el debido comunicado a las autoridades intervinientes (Patronato Nacional de la Infancia por existir menores, Fuerza Pública y Cruz Roja), mediante Oficios GDUS-DZMT-0228-2018, GDUS-DZMT-0229-2018 y GDUS-DZMT-0230-2018, todos ellos de fecha 16 de julio de 2018 y de manera respectiva.
De igual manera giró el Oficio GDUS-DZMT-0231-2018 para ese mismo momento a la señora Gómez Quesada, haciéndole del conocimiento la acción programada, lo cual le resultó debidamente notificado de forma personal a esta última a las 11:18 horas del mismo día 16 de julio de 2018. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 2, copias folios 41 a 43 del Expediente Administrativo de Concesión# 3078-2018) DÉCIMO SEGUNDO: Que para el momento de llevarse a cabo la ejecución del desalojo programado (18/07/2018), compareció el demandado Marvin Mora Chinchilla en su condición ya conocida, acompañado por las funcionarios (as) municipales, a saber: Licenciadas lngrid Jiménez Díaz (abogada de la ZMT) y Damaris Jiménez (abogada municipal), así como del señor William Cerdas Díaz (inspector de ZMT) y una Cuadrilla de Desarrollo Urbanístico; al igual que los personeros asignados por parte del PANI y de la Fuerza Pública, ello conforme al Acta de Desalojo levantada para su momento.
No obstante dicho acto NO SE EJECUTA, aún y cuando era conocedor de ello Mora Chinchilla y se encontraba ordenado por la autoridad superior de éste (Alcalde Municipal); sino que contrariando las ordenanzas, éste (Mora Chinchilla) procedió en hacerle del conocimiento a la señora Gómez Quesada, de quien tenía pleno conocimiento sobre su ocupación ilegal, invadiendo incluso de forma precaria el terreno; empero con el afán de evitar la orden impartida por la Municipalidad, le hace ver la forma debida para que continúe en su ocupación, omitiendo, rehusando hacer y retardando un acto propio de su función al que estaba compelido por LEY, y del que había sido cumplido previamente todo un Debido Proceso; sino por el contrario brinda los insumos y/o mecanismos necesarios a los invasores precarios, promoviendo y propiciando para que éstos al final manifestaran el deseo por NO ABANDONAR VOLUNTARIAMENTE el terreno invadido, lo que así se llegó consignar en el Acta correspondiente.
(ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, copias folios 44 y 45 del Expediente Administrativo de Concesión # 3078-2018) DÉCIMO TERCERO: Que la invasora del terreno, señora Marisol Gómez Quesada, aprovechando las facilidades y orientación proporcionadas a ésta por el demandado Mora Chinchilla, para el pasado 04 de julio de 2018 planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea; Proceso de Conocimiento en contra de Freddy Garro Arias en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Parrita / Puntarenas, bajo número único 18-004362-1027-CA. Brindándosele a ésta todas las garantías legales y constitucionales. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 3, copias folios 1 a 9, 13 a 18 y 21 a 25 del Proceso acotado) DÉCIMO CUARTO: Que dentro del proceso acotado en el acápite anterior (18-004362-1027-CA), el demandado Freddy Garro Arias en su condición ya establecida (Alcalde), al momento de brindar contestación del traslado sobre el Proceso de Conocimiento establecido, en Oficio # DAM-0340-2019 de fecha 06/Mayo/2019, hizo ver: "Primero: Se rechaza que la señora Marisol Gómez Quesada, cédula de identidad 6-407-740, cuente con cinco años de habitar en un lote del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre, ubicado la Provincia de Puntarenas, Cantón Parrita, Distrito Parrita. / El señor Cayetano Sibaja Quirós, según los registros municipales nunca ha sido titular de una concesión de zona marítima terrestre.
(…) / Quinto: Se rechaza ya que se constata en el Expediente Administrativo Nº 3078-2018. rotulado a nombre de Marisol Gómez Quesada, el debido proceso llevado a cabo previo a la notificación de desalojo. / Octavo: Es cierto, debido a que en su momento se consideró que el señor Hernández Rojas presentó primero en tiempo la solicitud de concesión y la cesión de derecho de quien ostentaba más de treinta años de ocupar la parcela, el cual aporto documentación que sustentaba lo indicado". (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA #3, copias folios 30 a 32 del Proceso acotado) DÉCIMO QUINTO: Que dentro del Proceso de Conocimiento al momento de su establecimiento (04/07/2018), la señora Gómez Quesada igualmente llegó a promover Medida Cautelar para que el Procedimiento de Desalojo (Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-101-2018) ordenado por la Municipalidad de Parrita, le fuera ordenado a la Municipalidad su suspensión y abstenerse de ejecutar materialmente el desalojo.
De cuyo trámite resultó notificada tanto la gestionante (sra. Gómez Quesada) al ser las 16:48 horas del día 11 de junio de 2018 en el lugar de notificación establecido ([email protected]), como la Municipalidad al ser las 09:40 horas del pasado 18 de julio de 2018, sobre la resolución judicial adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las 16:16 horas del pasado 05 de junio de 2018, en la que aparte de conferirse un plazo perentorio de TRES DÍAS para su contestación por parte de la Municipalidad, en ningún momento se estableció ORDEN JUDICIAL para la suspensión del acto ordenado y programado (desalojo). De lo cual la señora Gómez Quesada entró en completo conocimiento tanto a nivel personal como profesional que le asistía, con tiempo más que suficiente y previo a la ejecución de Desalojo. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 4, copias folios 1 a 11 de la Medida Cautelar dentro del Proceso# 18-004362-1027-CA) DÉCIMO SEXTO: Que no habiéndose llevado a cabo la orden de Desalojo programado (17/07/2018) por parte del demandado Mora Chinchilla por decisión propia, remitió Oficio GDUS-DZMT-0241-018 de fecha 19 de julio de 29, dirigido al demandado Freddy Garro Arias, Alcalde Municipal de Parrita / Puntarenas; en el que arguyó: "La finalidad principal de la gestión promovida por este departamento era buscar una salida voluntaria de la ocupación a título precario que se encuentran realizando, esto por cuanto pese a la condición precaria de esa ocupación, resulta contraria al debido proceso, desalojar sin contar con una orden judicial para tales efectos, esto por cuanto el domicilio que se encuentra ocupado tiene carácter de particular. / Sin embargo como consta en acta levantada al efecto y firmada por los participantes institucionales en el proceso la señora Gómez Quesada no accedió a desalojar voluntariamente, razón por la cual al no tener una orden o proceso concluido en los extremos señalados por la Ley 6043 en sus artículos 12 y 13, NO se procedió conforme a lo señalado en la resolución administrativa DAM-RAD-107-2018; por las razones y fundamentos que a continuación detallo: ...
" (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, copias folios 46 a 50 del Expediente Administrativo de Concesión #3078-2018) DÉCIMO SÉPTIMO: Que para fecha 30 de julio de 2018, ante consulta realizada por mí al demandado Marvin Mora Chinchilla en torno a la NO ejecución de la Resolución Administrativa Nº DAM-RAD-07-2018. Este (Mora Chinchilla) mediante Oficio GDUS-DZMT-0270-2018 de fecha 01 de agosto de 2018 enviado a mi correo electrónico indicó: “Al respecto le informe (sic) que en fecha 18 de Julio de 2018 a las 9:40 horas la Fuerza Pública notificó a la Municipalidad de Parrita sobre la solicitud de medida cautelar promovida por la señora Marisol Gómez Quesada en contra de Freddy Garro Arias, Alcalde Municipal y contra la Municipalidad de Parrita ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, para que se paralizara la ejecución del desalojo promovido sobre ella por esta Municipalidad. / Sobre la medida cautelar el señor Alcalde dio respuesta al Tribunal fecha (sic) 24 de Julio del 2016, donde se rechazaban los argumentos de la misma y encontrándonos en espera de que el Tribunal resuelva sobre dicha medida. / Ciertamente en fecha 18 de julio del año en curso nos presentamos a las 9:35 horas en el sitio para proceder con lo ordenado, sin embargo al haber sido puestos en conocimiento de la medida cautelar durante el transcurso de las acciones, finalmente se dispuso en sitio solicitar el desalojo voluntario, situación que junto con las demás actuaciones de este departamento fueron puestas en conocimiento del Alcalde Municipal a través del oficio GDUS-DZMT-0241-2018 de fecha 19 de julio de 2018, esto por cuanto fue su oficina la que emitiera le resolución administrativa de desalojo, en dicho oficio se le informo (sic) además sobre la posición del departamento en dicho proceso, así como las recomendaciones a seguir, de lo cual también nos encontramos a la espera de una respuesta de parte de la Alcaldía".
(ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 77 a 80 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018) Con el cual justificar su negativa personal en realizar un acto al que se encontraba compelido por orden jerárquica, aduciendo el haber contado con una orden judicial de paralización la cual NUNCA existió; pues la resolución judicial adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las 16:16 horas del pasado 05 de junio de 2018, solamente confirió TRASLADO a la Municipalidad de Parrita sobre la Medida Cautelar establecida por la señora Gómez Quesada, en la que única y exclusivamente se confería un plazo perentorio de TRES DÍAS para su contestación. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 3, copias folios 26 y 27 del Proceso # 18-004362-1027-CA; así como folio 17 del ANEXO DE PRUEBA# 4) DÉCIMO OCTAVO: Que mediante RESOLUCIÓN Nº 557-2019-T emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las ocho horas y cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, al resolverse la MEDIDA CAUTELAR interpuesta por la señora Marisol Gómez Quesada, resultó RECHAZADA.
Decisión que resultó debidamente notificada a las partes (Municipalidad de Parrita, Marisol Gómez Quesada) el pasado 03 de abril de 2019. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 4, copias folios 20 a 27) DÉCIMO NOVENO: Que el demandado GARRO ARIAS en su condición de funcionario público, como Alcalde de la Municipalidad en Parrita / Puntarenas, ante prevención de las nueve horas y cero minutos del doce de junio de dos mil diecinueve; realizada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del Proceso de CONOCIMIENTO número 18-004362-1027-CA; en escrito fechado 24 de Junio de 2019 informó: "(…) Me presento en tiempo y forma para contestar respecto al escrito de subsanación de la demanda de fecha 17 de julio del 2018, interpuesta por la señora MARISOL GOMEZ QUESADA, de la cual se me previene mediante la resolución de las nueve horas y cero minutos del doce de junio del dos mil diecinueve, notificada el día diecisiete del mismo mes y año. / Primero: Se admite como cierto, con la siguiente aclaración: El día 18 de julio del 2018, al ser las 9:40, se recibe notificación por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, haciendo de conocimiento de la Municipalidad de la solicitud de medida cautelar interpuesta por la señora Marisol Gómez Quesada (F-073 exp-adm), por lo cual posterior a dicha notificación la Municipalidad no ha realizado ningún desalojo. / Segundo: (...) La parcela, Plano Catastrado N° P-950952-91, con un área de 1013.40 m2, que está ocupando actualmente la señora Marisol Gómez Quesada y que en fecha 21 de febrero del año 2013, presentó solicitud de concesión (posterior a la emisión de la Ley 9073, primera ley moratoria).
Según los registros municipales, sobre ese mismo lote, existe una solicitud de concesión presentada en fecha 3 de octubre del 2007 bajo el expediente Nº 842-88 B rotulado a nombre de VALLE DEL ARCOIRIS S.A., plano catastrado P-950952-91 con una constante de 1013.40 m2, lote que tiene una casa que data de más de treinta años según consta en el expediente. Por lo que la ley moratoria vendría a proteger al solicitante de la concesión VALLE DEL ARCOIRIS S.A., solicitud presentada ante esta Municipalidad cinco años antes de la Ley de Protección a los ocupantes de Zona Clasificadas como Especiales, publicada en el alcance N° 191 de la Gaceta 203 del 28 de noviembre del 2012, que ha venido ampliando su plazo” (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, coplas folios 35 a 37) VIGÉSIMO: Que la información suministrada anteriormente por el demandado Garro Arias, como funcionario público en el ejercicio de su cargo (Alcalde Municipal), insertó dentro del documento de carácter público enviado a la autoridad judicial, una información falaz (falsa); pues era de su conocimiento previo.
Primero porque la Solicitud de Concesión presentada por la señora Gómez Quesada ante la Municipalidad de Parrita, lo había sido el pasado 21 de febrero de 2018 y no para el período 2013 que éste arguyó. Segundo, para el momento en que éste (Garro Arias) realiza su primera intervención en el proceso acotado (18-004362-1027-CA); para la oportunidad en que brinda contestación al traslado sobre el procedimiento, informó en Oficio # DAM-0340-2019 de fecha 06 de mayo de 2019: “Primero: Se rechaza que la señora Marisol Gómez Quesada, cédula de identidad 6-407-740, cuente con cinco años de habitar en un lote del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre, ubicado la (sic) Provincia de Puntarenas, Cantón Parrita, Distrito Parrita. / El señor Cayetano Sibaja Quirós, según los registros municipales nunca ha sido titular de una concesión de zona marítimo terrestre. (…) / Quinto: Se rechaza ya que se constata en el Expediente Administrativo N° 3078-2018, rotulado a nombre de Marisol Gómez Quesada, el debido proceso llevado a cabo previo a la notificación de desalojo.
(…) Octavo: Es cierto, debido a que en su momento se consideró que el señor Hernández Rojas presentó primero en tiempo la solicitud de concesión y la cesión de derecho de quien ostentaba más de treinta años de ocupar la parcela, el cual aporto documentación que sustentaba lo indicado." (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, copias folios 30 a 32) VIGÉSIMO PRIMERO: Que mediante RESOLUCIÓN N° 1420-2020-T emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las once horas y cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil veinte, al resolverse el Proceso de Conocimiento establecido por la señora Marisol Gómez Quesada contra la Municipalidad de Parrita, dio como resultado ante el incumplimiento de prevención realizada a la parte actora (Gómez Quesada), que fuera declarada inadmisible la demanda y ordenara el archivo de los autos.
Resolución que resultó notificada a la señora Gómez Quesada y al demandado Freddy Garro Arias en los medios fijados por éstos en su momento para atender notificaciones, ello el pasado 16/09/2020 al ser las 05:40 horas. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, copias folios 62 a 66) VIGÉSIMO SEGUNDO: Que aun y cuando habiendo sido debidamente notificado el demandado Garro Arias desde bastante data atrás, a la fecha de HOY viene ejecutando un acto arbitrario; por cuanto pese conocer desde bastante tiempo atrás que el suscrito ha gestionado lo pertinente en torno a la Concesión sobre la parcela de terreno en Esterillos Oeste ya expuesta; no ha llevado a cabo lo propio para la ejecución efectiva sobre la Resolución Administrativa Municipal¬ DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho por éste emitida, sino por el contrario ha venido manteniendo una actitud totalmente displicente y perniciosa, permitiendo que el también demandado Marvin Mora Chinchilla realice a su antojo la decisión en imposibilitar a toda costa la efectiva ejecución sobre la Resolución de cita.
VIGÉSIMO TERCERO: Que el pasado 15 de Octubre del 2020 presenté gestión dirigida al demandado Marvin Mora Chinchilla como encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad en Parrita / Puntarenas; en la cual aparte de hacerle ver y acompañar las resoluciones judiciales adoptadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, a saber: a) RESOLUCIÓN Nº 557-2019-T de las ocho horas y cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, que RECHAZÓ la Medida Cautelar interpuesta en su momento por la señora Marisol Gómez Quesada contra la Municipalidad de Parrita; y b) RESOLUCIÓN Nº 1420-2020-T de las once horas y cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil veinte, la que al resolver el Proceso de Conocimiento establecido igualmente por la señora Gómez Quesada contra la Municipalidad indicada, declaró INADMISIBLE la demanda y ordenó el archivo de los autos.
Acompañando igualmente copia de las Actas de Notificación realizadas, con las cuales evidenciaban la FIRMEZA de dichas decisiones jurisdiccionales. Peticionando por ende la ejecución de la Resolución Administrativa Municipal-DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho, a fin de llevarse a cabo el desalojo de las personas que ocupaban ilegalmente, invadiendo de forma precaria el terreno y ponerme en posición del mismo. VIGÉSIMO CUARTO: Que el demandado Mora Chinchilla, como contestación a la gestión promovida anteriormente, refirió mediante Oficio Nº GDU-DZMT-536-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020 dirigido a mi correo electrónico, el haberse llevado a cabo "Solicitud de recursos” al Alcalde Municipal (demandado Garro Arias) para ese fin, ya que el Departamento a su cargo, no cuenta con maquinaria ni con personal de apoyo para llevar a cabo demoliciones de construcciones ilegales o desalojos, dependiendo de otras áreas principalmente de Desarrollo Urbano a quien se ha solicitado colaboración.
Arguyendo a su vez la carencia de un plano, del que valga indicar desde fecha 20 de marzo de 2018 el demandado Garro Arias en oficio DAM-0179-2018, solicitó ante Castro Nacional la inscripción del NUEVO plano. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 1, copias folios 62 a 66, así como 41 a 45) VIGÉSIMO QUINTO: Que el demandado Marvin Mora Chinchilla, Abusando de su autoridad e incumpliendo su deber, nuevamente se rehúsa llevar a cabo un acto propio de su función ordenado por la Alcaldía Municipal desde el pasado 30 de abril de 2018, arguyendo la imposibilidad material de contar con maquinaria ni con personal de apoyo para llevar a cabo demoliciones de construcciones ilegales o desalojos, pese resultar conocedor hasta la saciedad, conforme así resultó notificado y comunicado dentro de la Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho, la circunstancia específica mediante la cual se apuntó: "(...) Así mismo se ordena al departamento de zona marítimo terrestre de la Municipalidad de Parrita realizar todas las gestiones pertinentes a fin de ejecutar el desalojo de los invasores en esta parcela, sin ejecutar las demoliciones de las construcciones actuales, debe el departamento de la zona marítimo terrestre una vez realizado el desalojo poner en uso y posición al señor Víctor Hernández Rojas y advertirlo sobre las consecuencias del incumplimiento de esta resolución".
Producto de cuya actuación y posición aberrante, se me continúa causando y mantiene por un largo y excesivo tiempo en claro perjuicio (tanto económico ante las mejoras de infraestructura realizadas para su momento en el terreno, como patrimonial y moral), pues al día de HOY no he podido entrar en posición del terreno cedido y sobre el cual, como se ha expuesto, se cumplieron a cabalidad TODAS las formalidades legales debidas. DAÑO MORAL SUBJETIVO. Los daños de naturaleza moral se sustentan en el daño propiamente y en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la responsabilidad para los daños puramente morales, lo mismo que para el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o la lesión proferida, respectivamente. Así, en el presente caso, el daño moral es efectivo, evaluable e individualizable conforme al artículo 196 ibídem. a) Por DAÑO MORAL SUBJETIVO causado a mi poderdante VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ ROJAS.
A él, Víctor Hugo Hernández Rojas, en su carácter afectado directo, se le causó un daño moral irreparable, existiendo una relación de causalidad entre éste y la conducta anormal de la Administración (Municipalidad de Parrita / Puntarenas) y sus funcionarios (Alcalde y Encargado de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre) dentro en su actuar: -Sufrimiento y aflicción inmerecidos por la ineficiencia y actuación contra los ordenamientos jurídicos, con los cuales se le ha imposibilitado desde el pasado 30 de abril de 2018 el poder disfrutar su derecho a posición en una parcela de terreno en Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, sobre la cual se cumplieron en su momento y a cabalidad TODOS y cada uno de los requisitos exigibles. -Dolor y rabia por la actitud indiferente y arrogante de la demandada por medio de sus empleados en la ejecución de los actos administrativos para la real y efectiva posición de su parte en la parcela de terreno, de cuyo derecho había sido previamente reconocido ante el cumplimiento de los requisitos normativos exigibles.
Privándole en todo momento de tal ejercicio, concurriendo en deber afrontar un gasto económico adicional a lo invertido para reparación de infraestructura en la parcela de terreno; sumado al arriendo inquilinario y pago de servicios, que ha venido afrontando hasta que de manera efectiva resulte puesto en posición. b) MONTO A INDEMNIZAR POR EL DAÑO MORAL SUBJETIVO. De lo dicho nace el derecho a la indemnización y pago del daño moral subjetivo a mi poderdante (sr. Víctor Hugo Hernández Rojas) como afectado directo, el cual se estima prudencialmente en la suma de CINCUENTA MILLONES DE COLONES (50,000,000.oo). Dicho monto deberá ser indexado desde el momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada. c) MONTO A INDEMNIZAR POR EL DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO. De lo dicho anteriormente, igualmente nace el derecho a la indemnización y pago del Daño Patrimonial incurrido a mi poderdante (sr.
Víctor Hugo Hernández Rojas) como afectado directo, el cual se estima prudencialmente en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE COLONES (35,000,000.oo). Dicho monto deberá ser indexado desde el momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada.
III.Argumentos de las partes demandadas. En la contestación de la demanda, mediante transcripción -con corrección de errores ortográficos- se expone lo indicado por las partes demandadas: Municipalidad de Parrita. PRIMERO. Se rechaza, no consta en los registros Municipales que los señores NINFA CERDAS SÁNCHEZ Y RAFAEL ÁNGEL VELÁSQUEZ GUEVARA, ostentaran una concesión sobre un bien demanial en la zona marítima terrestre. La posesión privada a título de dueño sobre inmuebles de dominio público, como la zona marítima terrestre, su adquisición por medio de usucapión, titulación y transmisiones privadas, son contrarias a los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que señala la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y su Reglamento. (Art 7 L. 6043) [Transcribe Dictamen No. C-272-2002 del 11 de octubre del 2002] SEGUNDO. Se rechaza por inexacta. No existe en los registros municipales ninguna solicitud de concesión presentada por el señor Hernández Rojas, en la fecha indicada.
TERCERO. Se rechaza por inexacto. CUARTO. Se admite como cierto únicamente lo referente al oficio DZMT-IM-INSP- 0006-2018. QUINTO. Es cierto. [Transcribe dictamen de la Procuraduría General de la República C-004-98 del 7 de enero de 1998] SEXTO. Se admite como cierto, con la variante que para la fecha de presentación del recurso de revocatoria con apelación, las solicitudes de concesión presentadas por el señor Hernández Rojas, en fechas 11 de noviembre del 2016 y 12 de enero del 2018, se encontraban ANULADAS, ya que no superaron la revisión técnica, al no subsanar las prevenciones realizadas y solicitadas. Aplicándose entonces lo señalado en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento a la Ley 6043. [Trascribe el artículo 30] SÉTIMO: Es cierto. OCTAVO. Se admite como cierto, con la siguiente variante: No existe en los registros municipales, ninguna concesión otorgada en zona marítima terrestre, al señor VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS.
Lo único que existe son dos solicitudes de concesión presentadas en fechas 11 de noviembre del 2016 y 12 de enero del 2018, las cuales se encontraban ANULADAS, ya que no superaron la revisión técnica, al no subsanar las prevenciones realizadas y solicitadas. Aplicándose entonces lo señalado en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento a la Ley 6043. NOVENO. Se admite como cierto, con la siguiente variante, la Resolución Administrativa DAM-RAD-107-2018, señalaba otorgar al señor Hernández Rojas, el uso especial de suelo hasta por un año, a partir de su notificación, plazo que ya feneció. Además considera esta representación municipal que el señor Hernández Rojas no ostenta ningún derecho sobre el bien demanial que en su momento presento solicitudes de concesión, las cuales a la fecha se encuentran anuladas. DÉCIMO. Es cierto. DÉCIMO PRIMERO. Es cierto. DÉCIMO SEGUNDO. Se rechaza por inexacto.
DECIMOTERCERO. Se rechaza por inexacto. DÉCIMO CUARTO. Se rechaza por inexacto. Refiere otro proceso DÉCIMO QUINTO. Se rechaza por inexacto. Refiere otro proceso. DÉCIMO SEXTO. Es cierto. DÉCIMO SÉTIMO. Se rechaza por inexacto. DÉCIMO OCTAVO. Es cierto. DÉCIMO NOVENO. Se rechaza. Refiere otro proceso. VIGÉSIMO. Se rechaza. Refiere otro proceso. VIGÉSIMO PRIMERO. Es cierto. VIGÉSIMO SEGUNDO. Se rechaza. Se reitera el señor actor VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS, a la fecha NO posee ninguna solicitud de concesión activa sobre una parcela de terreno en la zona marítin1a terrestre. VIGÉSIMO TERCERO. Es cierto. VIGÉSIMO CUARTO. Es cierto. VIGÉSIMO QUINTO. Se rechaza por inexacto. DEFENSAS DE FONDO. 1.-Que la zona marítima terrestre es un bien demanial, patrimonio nacional, perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, dividida en dos zonas, la pública la cual comprende los cincuenta metros contados desde la pleamar ordinaria y las áreas que queden al descubierto durante la marea baja y la zona restringida constituida por los ciento cincuenta metros restantes, la cual puede ser objeto de concesión municipal en beneficio de particulares siempre que se cumpla con las exigencias de la Ley 6043 y su reglamento.
La posesión privada a título de dueño sobre inmuebles de dominio público, como la zona marítima terrestre, su adquisición por medio de usucapión, titulación y transmisiones privadas, son contrarias a los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad. 2.-La zona marítima terrestre constituye parte del patrimonio nacional del Estado su protección es obligación del Estado y de las instituciones y de todos sus habitantes. Su uso y aprovechamiento están sujetos a la ley 6043, el actor pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión sobre un bien demanial, que además no supero la etapa de revisión técnica, la cual en aplicación del artículo 30 del reglamento a la Ley 6043 se encuentra anulada. (Exigiendo al Ente Municipal lo pongan en posesión y que no demuela las construcciones ilegales existentes, señalándose a sí mismo como infractor, de la zona marítima terrestre al haber realizado reparaciones de infraestructura, construcciones sin contar con una concesión y la debida autorización municipal, infringiendo el artículo 12 de la ley 6043). [Transcribe artículos 12 y 13] (...) Nuestra Sala Constitucional es también partícipe del citado criterio, cuando, al resolver un recurso de amparo contra una Municipalidad por pretender desalojar al dueño de un negocio comercial en la zona marítima terrestre, dictaminó: “La recurrente pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión que no le ha sido resuelta por el fondo y lleva razón la Municipalidad de Puntarenas, transcribiendo la opinión de la Procuraduría General de la República, en el sentido que la simple solicitud no confiere derecho alguno a ocupar de inmediato el inmueble y si se ha hecho eso precisamente, se ha violado la ley que regula esta materia.
En consecuencia, no advierte la Sala que la Municipalidad haya incurrido en la violación de derechos fundamentales como lo indica el amparo, el que resulta improcedente y debe ser declarado sin lugar, como se dispone” (Voto No. 2658-93 de 8 horas 54 minutos del 11 de junio de 1993). DEFENSAS PREVIAS. A.-LITIS CONSORCIO NECESARIA. Con fundamento en el artículo 66 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Solicito se traiga al proceso a la Procuraduría General de la República, como contralor jurídico de la zona marítima terrestre la cual constituye patrimonio nacional y pertenece al Estado como lo establece el artículo 4 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 5 del reglamento de la misma ley y al Instituto Costarricense de Turismo, a quien corresponde la superior y general vigilancia en todo lo referente a la zona marítima terrestre según lo indica el artículo 2 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
B.-Falta de derecho, El Ente que represento, ha actuado apegado al bloque de legalidad en apego a lo que establece la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y su Reglamento. Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla. Los señores Garro Arias y Mora Chinchilla fueron declarados rebeldes mediante resolución de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, por lo que se tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, no obstante, se apersonaron al proceso en escrito presentado el 09 de setiembre de 2022, de forma que el mismo se tiene por incorporado en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo. A continuación se procede con la transcripción de las alegaciones de fondo realizadas. PRIMERO: Con pesar manifestamos que nos hemos confundido con las notificaciones incorporadas en autos y la contestación hecha en tiempo y forma por la Municipalidad de Parrita, principal demandada en este asunto.
Para lo cual presentamos junto con nuestro abogado, formal disculpa y aceptamos lo establecido en autos por este despacho. SEGUNDO: En este mismo asunto, invocamos al principio de legalidad, para la resolución de este asunto, toda vez, que lo solicitado por la parte actora no es viable, porque como se dirá no está dentro del comercio de los hombres. Así entonces, no puede el aquí actor, venir a confundir a este Tribunal en algo que no es posible que se otorgue y no puede venir a tratar de confundir a este Tribunal con lo que está solicitando. TERCERO: Como hemos dicho, puede verse que, lo hace la parte actora es utilizar elementos propios del derecho civil, pues el traslado de una supuesta posesión, no es propio un elemento para gestionar una concesión de la Zona Marítima Terrestre; el señor Hernández, dice que le fue trasladado un derecho de posesión, que sugiere un título traslativo de dominio, que se utiliza para la usucapión, lo cual no corresponde a un derecho como tal, para concesionar, o para que se declare como de mejor derecho por parte de la administración.
Esto porque los presuntos antecesores, que el señor Hernández quiere hacer pasar como presuntos propietarios de un derecho, no lo son, puesto que no son concesionarios directos de la parcela, los que han trasladado un supuesto título traslativo de dominio de la parcela en la Zona Marítimo Terrestre que es la que hoy trata de apropiarse el señor Hernández Rojas, no lo son de pleno derecho. Pero aún y cuando tuviera ese derecho de traslación de dominio, no podría aplicarse para el caso de marras, lo solicitado por el actor, es una institución propia del Derecho Civil, porque es uno de los elementos de la Usucapión, pero no para concesionar una parcela en la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita. Concesionar una parcela mediante la aplicación del Instituto de la Concesión, está totalmente regulada por la Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, la que tiene un procedimiento para concesionar, y que dicha concesión no nace a la vida jurídica con el solo hecho de presentar una solicitud de concesión.
Grosso Modo, para que se otorgue una concesión, debe de llenarse un formulario, con el plano respectivo, tiene que aprobarse por el Concejo Municipal, el mismo que la enviará a la Comisión de Asuntos Jurídicos y luego tomar el acuerdo correspondiente y publicarlo; posteriormente debe enviarse a la Administración, para que se valore la elaboración de un contrato, con todas las formalidades del mismo; por lo que debe ir al departamento legal para que se apruebe la posibilidad de concesión, luego de que se firma dicho contrato, se envía al ICT para que aprueba dicho contrato, y dicha concesión; regresa a la Municipalidad y se comunica que el derecho de Concesión fue aprobado; este es un proceso largo, en el que se subsanan errores constantemente, y existen plazos, que de no cumplirlos, se anula el proceso, fenece la posibilidad de otorgamiento de concesión; pero nada de esto ha pasado, el señor Hernández Rojas no ha hecho absolutamente nada para continuar con dicha solicitud y por lo tanto los plazos han vencido y no se encuentra vigente la solicitud de concesión en la Municipalidad de Parrita, y mucho menos dicho señor tiene derechos sobre la mencionada parcela que ahora quiere indebidamente apropiarse.
ESTE DERECHO DE CONCESIÓN NO ES TRANSMISIBLE POR EL SOLO HECHO DE TRASLADAR EL DERECHO, tiene que ser aprobado por la Municipalidad con el procedimiento de Ley, lo que no ha hecho el señor actor. Al no haber derecho otorgado por Ley, el actor no puede ahora tratar de violentar la Ley y hacer incurrir en error a este honorable Tribunal y no valerse de los Recursos del Estado, para imponer una norma que solamente este señor la propone, sin derecho alguno. CUARTO: También he manifestado que, el hecho de que, a una señora, que también está tratando de buscar la concesión de la misma parcela, la vía jurisdiccional correspondiente no le concediera ni la medida cautelar de posesión, ni el derecho de concesión, esa condición, no le otorga derecho al señor Hernández Rojas de creer que tiene mejor derecho y que es poseedor de un derecho, no le asiste derecho por exclusión. Además en un acto administrativo de la Alcaldía, que es el oficio número DAM-RAD-107-2018 en el que se dispuso que el señor Hernández Rojas tuviera una posesión por un plazo de un año, es un acto administrativo que tuvo fines salomónicos, pero siempre en dicho acto se expresó que esta parcela por un plazo de un año, que es lo que omite maliciosamente el gestionante, se le otorgó un plazo perentorio, el cual también feneció, y es lo que podría considerarse un acto administrativo ineficaz puesto que ya no tiene vigencia, como bien puede verse en la prueba que presento de forma adjunta y que puede verse en el expediente principal a folio 00054 del expediente administrativo, el que también ha sido aportado al expediente principal y por supuesto que no lo ha dicho el señor Hernández Rojas.
Asimismo, el señor aquí firmante Marvin Mora Chinchilla, tuvo el cuidado de volver a preguntar a Alcaldía sobre la vigencia de esta situación y evidentemente feneció, pues no se le concedió más plazo al aquí actor para que tuviera una posesión temporal. Por supuesto que todo ello hace que no tenga derecho el gestionante de solicitar la medida cautelar, por todo ello en este acto presento formal oposición. (...) SEXTO: Por todo lo anterior es inadmisible que se le acepten las pretensiones al actor. No puede ponerse a disposición del actor la parcela en cuestión, pues no puede ser adjudicada de forma anormal, sin el procedimiento establecido por Ley. Tampoco el posesionamiento (sic), de la misma parcela, porque lo actuado no le da derecho alguno. Si no tiene derecho el aquí actor a el otorgamiento por esta vía judicial de la parcela que reclama, y la posesión de la misma, tampoco puede haber daño moral subjetivo, que el actor confunde y lo reclama 2 veces, con tanto ahínco, y sin tener derecho, lo que rechazamos el argumento esbozado.
Tampoco puede el actor sin prueba alguna, más que su decir, que nosotros como funcionarios debemos de pagarle suma alguna, lo que hemos hecho es apegarnos a la Ley y con ello actuar adecuadamente en todo este proceso. El actor quiere aprovecharse de toda circunstancia de acción administrativa para reclamar derechos que no tiene, puede notar este despacho, que ni siquiera se refiere a la Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre, que es la que establece el trámite para concesionar inmuebles en la Zona Marítimo terrestre. Instituto Costarricense de Turismo. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO. El Estado es soberano sobre los recursos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes le otorgan. Por ello, puede permitir a un ente público menor administrarlos, sin que dejen de formar parte de su patrimonio o aquéllos estén exentos del poder público regulador y de la tutela administrativa del primero, lo cual no contraría el principio de autonomía municipal (artículos 6, 7, 121 inciso 14) de la Constitución Política; Sala Constitucional, sentencia No. 8928-04, considerando VII; dictamen C-323-2004).
Ello es así porque las entidades autónomas son parte de un todo y "en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad" (Tribunal Constitucional Español, resolución del 2 de febrero de 1981, citado en la opinión jurídica OJ-262-2003). En ese orden, el artículo 1° de la Ley 6043 establece que la zona marítimo terrestre es propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, su protección y la de sus recursos naturales es obligación del Estado, sus instituciones y todos los habitantes del país, agregando además que su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de la ley. Por ello, al otorgarse una concesión se respeta su derecho salvo mientras existe plazo; luego ese bien demanial puede volver a la Administración del Estado. Al ser la zona costera un bien nacional dominical, los aspectos de autonomía municipal están circunscritos a las previsiones del artículo 3 de la Ley 6043 (dictamen C-381-2008), que encarga a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de la normativa para la tutela, aprovechamiento y uso legítimo de la sometida a su jurisdicción, excluida la perteneciente al Patrimonio Natural del Estado (Sala Constitucional, sentencia No. 16975-2008), la puesta bajo otro régimen especial, y la reducida legítimamente a dominio privado, de carácter excepcional y de necesaria comprobación por el particular, a quien incumbe demostrar la titularidad invocada, con ajuste a derecho, de no hacerlo se reputará pública por ministerio de ley (Ley 6043, artículos 6 y 35 párrafo primero; dictámenes C-138-91, C-102-93 y C-128-99).
Ahora bien, en vista de que la zona costera es un recurso de frágil equilibrio, cuyo carácter ambiental impide la aplicación del silencio positivo, los repartos administrativos que ejerce la Administración activa han de ejercer sus competencias singulares en forma coordinada para la mejor satisfacción del interés público (Ley 6043, artículos 2, 3 y 36; dictamen C-381-2008). Sobre la necesaria coordinación de los órganos del Estado para la tutela de los recursos naturales, véase de la Sala Constitucional la sentencia No. 17552 de 12:22 hrs. de 30 de noviembre de 2007. En este punto, ha de observarse que los planes reguladores a elaborar y aprobar por parte del ICT y el INVU en los términos de los artículos 38, 57; inciso a), Transitorio VII, párrafo segundo, de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no deben confundirse con los planos de desarrollos a que refieren los numerales 31 y 33 de la citada Ley 6043, pues como bien se indicó en los pronunciamientos C-421-2008 y OJ-096-2005, éstos últimos conciernen a los planos constructivos que realizan los interesados para hacer los proyectos urbanos o turísticos sobre terrenos donde ya se cuenta con una concesión otorgada (Reglamento a la Ley 6043, artículo 54; decreto No. 29307 de 26 de enero de 2001, artículos 1, 4, 8 y 9; decreto No. 32303 de 2 de marzo de 2005, artículos 20 y 21).
Posición coincidente con la de la Contraloría General de la República (informe No. DFOE-ED-7-2008 de 31 de marzo de 2008). Entonces, los planes reguladores han adoptarse previamente al otorgamiento de concesiones, y al modificarse implican que luego de cumplir el plazo, deben vincularse a la nueva planificación, sujetándose a las disposiciones de ese instrumento de planificación costera (artículos 57 inciso a) de la Ley 6043, y 19 de su Reglamento). En adición, no se encuentra elemento fáctico alguno ligado al ICT, ni pretensión contra esta Institución; siendo que, además, no ha realizado acto alguno en cuanto a lo que se señala en la presente acción. Véase que por oficio DPD-P-024-2023 del 07 de marzo de 2023, emitido por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT, se establece claramente que: “La Dirección de Planeamiento y Desarrollo, en atención a su oficio AL-0261-2023 donde solicita información sobre trámite de concesión o prórroga a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas, cédula 1-556-0012, que tramitara ante la Municipalidad de Parrita, provincia de Puntarenas, nos permitimos indicar que de conformidad con los archivos y registros al que ésta Dirección tiene acceso en procesos de revisión de concesiones, no consta trámite alguno a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas por lo que no nos referiremos a los hechos”.
DEFENSAS DE FONDO. Con fundamento en lo anterior, presento las siguientes defensas: 1- FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA Y PASIVA. La empresa demandante no es concesionaria, lo que implica la no legitimación activa conllevando a la imposibilidad de demandar a esta administración, convirtiéndola, además, en defensa de falta de legitimación pasiva. Véase que por oficio DPD-P-024-2023 del 07 de marzo de 2023, emitido por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT. 2- FALTA DE DERECHO. No existe ningún acto u omisión del ICT, ni pretensión contra esta representación, por lo que no existe posibilidad de determinar que las conductas son contra Ley. Por ello, se interpone la falta de derecho. Estado. FUNDAMENTO JURÍDICO: Las pretensiones materiales deducidas en la presente demanda consisten en lo siguiente: (…) Falta de derecho y de legitimación ad causam pasiva del Estado respecto a todas las pretensiones materiales de esta demanda: inalienabilidad, imprescriptibilidad y naturaleza demanial de la zona marítimo terrestre.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (no. 6043 de 2 de marzo de 1977) dispone en sus artículos 1° y 3° que la zona marítimo terrestre es un bien demanial del Estado, cuya administración está en manos de las Municipalidades costeras, que deberán velar por el cumplimiento de las normas sobre el dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso. En lo que respecta al aprovechamiento privativo de ese bien de dominio público, la ley prevé que las Municipalidades pueden otorgar concesiones, de conformidad con las reglas allí establecidas y con base en el plan regulador costero emitido para el sector correspondiente. Excepcionalmente, como señala el dictamen C-100-1995, los Municipios pueden otorgar permisos de uso sobre la zona marítimo terrestre, sin haberse adoptado un plan regulador costero, para el desarrollo de actividades o construcciones fácilmente movibles y que no vayan a obstaculizar la implementación de un plan regulador costero que establezca un uso distinto o incompatible con lo ya construido.
Ello con fundamento en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Fuera de esos supuestos, según los artículos 12 y 13 de la ley, la ocupación y levantamiento de edificaciones en la zona marítimo terrestre son prohibidas e ilegales, y las Municipalidades y las autoridades judiciales que correspondan deben ordenar el desalojo de los infractores y la demolición de las construcciones. Interesa referir que la ley prevé la figura de ocupante y poblador, pero como se sabe, no son propietarios de acuerdo con los artículos 44, 70 y transitorio VII de la Ley 6043, ni tienen la posibilidad de inscribir el bien o de traspasarlo como dueño. Ocupante y poblador es una condición propia de quienes ocupan con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 6043, según sus requerimientos, pero no puede ser objeto de cesión o traspaso (Sala Primera, sentencias 317-2008 considerando XXI, y 616-F-S1-2010; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 307-98-II, 277-2008-II y 2569-09-IV; Tribunal de Guanacaste, 17-04, pronunciamientos C-100-95, C-157-95, C-77-2001, C-191-2002, C-155-2003 y OJ-17-2001).
Además, a esas personas les corresponden cancelar el canon previsto en el Transitorio VII de la Ley 6043 (Reglamento a la Ley 6043, artículo 52). Ante los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan a los bienes demaniales y la publicidad legal del demanio, quien los enajene transmite el vicio en la causa de adquisición: La razón es obvia, "nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre" (Ramírez Gronda, Juan. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7ª ed., 1974, p. 227). Los pobladores y ocupantes requieren, entre otras condiciones, de una solicitud expresa en ese sentido y de un acto administrativo que así los reconozca (doctrina de la Ley 6043, artículo 70 y Transitorio VII; y su Reglamento, artículos 52 y 75; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 321-2003-III; pronunciamientos OJ-72-2003, OJ-112-2007, OJ-88-2008 y C-131-2009).
La autorización prevista en el Transitorio VII no produce derecho alguno en lo que a una concesión se refiere y esa situación provisional cesa con la vigencia el plan de desarrollo respectivo (Tribunal Contencioso Administrativo, sentencias 277-2008-II y 439-2016-III). Tampoco cabe reconocer la condición de poblador a quienes hubiesen nacido con posterioridad a 1949, pues al entrar a regir la Ley 6043 esas personas no sólo debían tener una ocupación superior a la decenal, sino, además, contar para entonces con la mayoría de edad para ejercerla. El uso de la zona restringida por parte de los ocupantes también debe ser anterior a la Ley 6043 y como sujetos mayores de edad. Es impropio reconocer la figura de ocupantes a quienes hubiesen nacido después de 1959 (OJ-88-2008; Sala Tercera, sentencia 1617-2014). La Sala Constitucional ha indicado que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público por disposición legal y constitucional y, por tanto, no puede ser objeto de posesión o propiedad privada: “En múltiples ocasiones este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de la zona marítimo terrestre y a su protección constitucional, al formar parte del patrimonio nacional como un bien de dominio público.
(…) De suerte que debe tenerse a la zona marítimo terrestre como un bien demanial de la Nación, tanto por disposición constitucional, con sustento en el artículo 6; como por mandato legal, de conformidad con las normas transcritas. (…) De este somero estudio sobre la legislación acerca de la zona marítimo terrestre, es fácil llegar a la conclusión de que la franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas definida como parte de la zona marítimo terrestre por el artículo 9 de la actual Ley sobre la Zona marítimo terrestre, ha sido de dominio público –y los terrenos en ella comprendidos, bienes demaniales– desde 1828, por lo menos. Las variaciones que la legislación del siglo pasado y del presente han introducido sobre la materia nunca han desafectado en forma generalizada estos 200 metros, siendo más bien que la legislación anterior a 1942 y 1943, establecía una franja mayor en extensión –la llamada milla marítima– pero nunca menor." (Sentencia número 007-93, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, supra citada.) En la actualidad, la zona marítimo-terrestre, o zona costera es regulada mediante Ley número 6043, de dos de marzo de mil novecientos setenta y siete, y por su Reglamento, Decreto Ejecutivo, número 7841-P, de dieciséis de diciembre del mismo año, y es la primera que lo hace en forma específica.
Sobre esta normativa, en sentencia número 0477-91, de las quince horas con treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, este Tribunal Constitucional "acoge la tesis de que en efecto, la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil" (…) En conclusión, en este sentido es claro que la zona marítimo terrestre, bien de dominio público por disposición constitucional y legal, no puede ser objeto de posesión o propiedad privada, y la normativa infraconstitucional que así lo establezca resulta evidentemente inconstitucional.” (Sentencia 3113-2009 de las 14 horas 59 minutos de 25 de febrero de 2009). Aunado a lo dicho anteriormente, se añade que en este asunto resulta evidente y manifiesto que la parte accionante de ninguna forma acredita la existencia de un daño ni de un nexo causal con mi representado. Todo lo contrario.
Nótese que ni por asomo se configuran los tres presupuestos que deben concurrir para determinar la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, sea: -la existencia de una acción u omisión por parte de un ente público, -la producción de un daño, que el sujeto perjudicado no tiene el deber de soportar y que tiene como características ser efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado, y -la existencia de una relación directa de causa a efecto entre la acción u omisión administrativa y el supuesto daño sufrido. En este caso, no hay conductas de mi representado que generaran daño en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la parte actora. Mi representado no emite conducta administrativa alguna, ni del contenido de los actos o del procedimiento, se desprende su injerencia, por lo que resulta evidente y manifiesta la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado.
De ningún modo es posible desprender que mi representado ha emitido conducta que pueda tenerse como objeto del proceso. Por tanto, no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas. Y así pido que se declare en sentencia. DERECHO Y ACCIÓN: Con fundamento en los argumentos de derecho expuestos, solicito que se acojan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva del Estado, y que se rechace en todos sus extremos la demanda respecto a mi representado. Asimismo, pido que se condene a la parte actora al pago de ambas costas y a los intereses que se generen hasta su efectivo pago.
IV.Hechos probados. Para determinar los hechos probados de la presenta causa, se realizó la revisión de la documentación que se detalló en el punto 1 del Considerando I; de forma que, de interés para la resolución del presente asunto, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
V.Hechos no probados. De relevancia para la presenta causa, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tiene por no probado:
VI.Objeto del proceso. El objeto del presente proceso es materia civil de hacienda, en donde la parte actora peticiona la responsabilidad civil por daño patrimonial y moral subjetivo de la Municipalidad de Parrita y dos de sus funcionarios, en lo que denomina una prestación defectuosa y anormal del servicio público. El fundamento de su reproche es que la corporación local no dio cumplimiento a una orden de desalojo emitida por la Alcaldía Municipal en la resolución administrativa DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del 30 de abril de 2018. Señala que ostentaba un derecho sobre una parcela ubicada sobre la Zona Marítimo Terrestre en el sector de Esterillos Oeste de Parrita -derivado de un contrato de cesión de derechos de terreno en Zona Marítimo Terrestre suscrito a su favor por los señores Ninfa Cerdas Sánchez y Rafael Ángel Velásquez Guevara, quienes eran poseedores del mismo desde hace más de 30 años- y que no pudo hacer uso del mismo -pese a la inversión realizada en reparaciones- por no haberse materializado el desalojo ordenado en la citada resolución administrativa. Las partes demandadas señalaron la imposibilidad de la parte actora de ostentar un derecho en la Zona Marítimo Terrestre, por tratarse de un bien demanial, dado que no tenía ninguna concesión otorgada a su favor.
VII.Normas aplicables en relación al régimen de Responsabilidad Administrativa. Con vista de las pretensiones formuladas en la presente causa, siendo que nos encontramos en un proceso civil de hacienda, en donde el primer extremo peticionado es la responsabilidad de la Municipalidad de Parrita con base en la prestación defectuosa y anormal del servicio público, considera importante este Tribunal realizar algunas precisiones sobre las disposiciones aplicables al régimen de responsabilidad administrativa, al amparo del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal y trasciende al funcionamiento administrativo global (artículo 49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de voluntad administrativa, sean formales o materiales, y abarca la disfunción, sea, las omisiones administrativas.
La responsabilidad dicha, se enmarca dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que comprende en su fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión imputable y atribuible a la organización pública como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Esto es, en otras palabras, habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extra patrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal y las comprobaciones materiales necesarias, preceptivas e indubitables de la efectividad lesiva del funcionamiento anormal acusado en el fuero interno del administrado.
Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación -sujetos a comprobación- la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. En cada caso concreto, esos criterios de imputabilidad, han de acreditarse para que la lesión sufrida se califique jurídicamente dentro del espectro de consecuencia directa o indirecta propiamente generada por el silogismo causa-efecto proveniente de la fuente misma de esas acciones u omisiones, en orden y efecto de establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública accionado.
Sobra señalar que, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador a partir de los elementos probatorios admitidos y valorados oportunamente, ha de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. En tales casos, resulta determinante para la parte accionante hacer acreditar con claridad la existencia de esos criterios, y las razones materiales, fácticas o puramente de derecho que demuestren la pertinencia y procedencia del criterio de imputación expuesto como base de la acción. Viene por la inteligencia sustantiva del ordenamiento expuesto, el corolario impuesto de que NO basta alegar la existencia de padecimientos internos y hasta lesivos, debe demostrarse al menos, los hechos que, en teoría, han originado tal detrimento, a efectos de determinar que el daño debe ser cierto, efectivo, evaluable e individualizable.
Ello viene como derivación del principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41 del Código Procesal Civil, al establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de probar los hechos constitutivos de aquél. No se trata de una inversión de la carga probatoria en una materia que se sustenta en la reparación integral del daño, sino de la comprobación mínima pero suficiente de los criterios de imputación y hechos que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la atribución de responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El ordinal 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las finalidades del proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera medios de prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho oponible a un tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de acreditar los fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia misma de la lesión.
Como contrapeso a lo anterior, surgen como causas eximentes de tal responsabilidad, con independencia del régimen de imputación, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor, por lo que la concurrencia de esos aspectos incumbe lógica y exclusivamente a la Administración. A la luz de lo expuesto, a continuación se procede con la determinación de los elementos necesarios para identificar si en el caso concreto nos encontramos en un supuesto de responsabilidad administrativa.
VIII.Generalidades de la Zona Marítimo Terrestre. A efectos de abordar el presente asunto, siendo que la petición medular se circunscribe a cuestionamientos propios sobre la disposición de bienes ubicados en la zona marítimo terrestre, se procede a realizar un abordaje sobre los elementos principales de la misma, de conformidad con las regulaciones establecidas en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 del 02 de marzo de 1977 -norma que será la base de las disposiciones que se referenciarán-, y su reglamento, Decreto Ejecutivo 7841-P del 16 de diciembre de 1977. La zona marítimo terrestre se encuentra constituida por la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja y de forma que comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República (artículo 9).
Se compone de dos secciones: la zona pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar y la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional; y la zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. (artículos 10 y 11). La titularidad de los bienes situados en esta zona, se determina de la siguiente forma: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley” (artículo 1).
Como se puede apreciar, la zona marítimo terrestre le pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible -salvo las excepciones contenidas en la Ley-, lo que implica que las propiedades que allí se ubican, no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no pueden apropiarse de ellos ni legalizados a su nombre, por ningún medio. (artículo 7). La zona marítimo terrestre tiene un régimen especial de protección, por cuanto, el legislador ha dispuesto la obligación y vigilancia de la misma por parte de 3 instituciones distintas: Instituto Costarricense de Turismo, Procuraduría General de la República y las Municipalidades. Le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre, la elaboración del plan general de uso de la tierra y la facultad de declarar zonas turísticas o no turísticas y sus alcances (artículos 2 y 26 a 33); la Procuraduría General de la República ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley 6043, realizando las gestiones pertinentes respecto a cualesquier acción que violare o tendiere a infringir las disposiciones allí contenidas o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas (artículo 4); y por último, le corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de la Ley 6043, referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales; en donde se le otorgó expresamente la competencia para realizar el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en esta zona; además, deberán atender directamente al cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, en sus respectivas jurisdicciones, lo que incluye otorgar las diversas autorizaciones, aprobaciones, permisos y/o licencias en la zona marítimo terrestre, tanto a nivel de disposición de la misma como a nivel de infraestructuras, construcciones, actividades u operaciones que se desarrollen en ella (artículos 3, 16, 18, 22, 34 y 69); y, en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo, deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales.
(artículo 17). En lo que respecta a la disposición, uso, tenencia y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre, debe tenerse en cuenta que la Ley 6043 establece una clara distinción entre la zona pública y la zona restringida, lo cual se realiza en los siguientes términos: a) En la zona pública expresamente se indica que no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, de forma que nadie puede alegar derecho alguno sobre ella, ya que está dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas (artículo 20); salvo las excepciones establecidas en dicha ley, que son: i) Las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes; por no serles aplicables las disposiciones de la Ley 6043 (artículo 6).
En el caso de las fincas debidamente inscritas en el Registro Público, el uso particular de las mismas sólo se permitirá de conformidad con acuerdos expresos de la respectiva municipalidad, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (artículo 25). Además, no son aplicables las normas de la Ley 6043 a las propiedades cuyos títulos se encontraban en trámite al momento de su promulgación, siempre y cuando se ajustaran a la ley en que se funda la información correspondiente (Transitorio V) ni a los predios de la zona marítimo-terrestre, declarada zona urbana del distrito nueve del Cantón Central de la provincia de Puntarenas, poseídos por personas, que los hubiesen adquirido legítimamente y que tuvieran plena posesión de ellos (Transitorio VI). ii) Aquellas secciones que, por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones.
(artículo 21). iii) Las obras de infraestructura y construcción que aprueben la respectiva municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo y/o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país (artículo 22). De igual forma se incluyen los proyectos de desarrollo turístico aprobados por el Instituto Costarricense de Turismo con anterioridad a la vigencia de la Ley 6043 (Transitorio IV). iv) Quienes en virtud de concesiones o arrendamientos estén, a la entrada en vigencia de la Ley 6043, en posesión de lotes ubicados total o parcialmente en esta zona, siempre que sus contratos hayan sido otorgados legalmente y estén vigentes, continuarán en posesión de sus parcelas mientras permanezcan en ellas, en los términos de sus respectivos contratos y en tanto no se remodelen, destruyan las edificaciones o instalaciones o se cancelen o extingan las concesiones o contratos (artículo 68) -en relación a este supuesto, siendo que la ley entró en vigencia en el año 1977, es de esperar que no existan supuestos vigentes en dichas condiciones-. v) La zona de la Playa de Tivives arrendada a la Cooperativa Tivives, R. L., por haberse planeado su urbanización sobre la base del contrato con el Estado anterior a la Ley 6043 (artículo 80). vi) Adicionalmente, debe incluirse un supuesto que no fue exceptuado y que no se encuentra en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el cual deviene de las potestades del legislador y data de fecha posterior, mismo que recae en la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, Ley 7744, del 19 de diciembre de 1997. b) En lo que respecta a la zona restringida expresamente se ha reconocido la ocupación bajo dos figuras claramente identificadas, concesión y pobladores, y, por derivación, se ha adicionado una tercera posibilidad, permiso de uso en precario. i) Concesión.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, dispone que “Las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley establece” (artículo 41), reiterándose que, esta forma de aprovechamiento de los terrenos, solamente se puede otorgar en la zona restringida (artículo 39) y pueden ser otorgadas únicamente por las municipalidades de la respectiva jurisdicción (artículo 40), siempre y cuando, en las zonas turísticas, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas (artículo 38); de forma que se concluye que para que pueda otorgarse una concesión, se requiere que se haya promulgado un Plan Regulador costero, lo que, a contrario sensu, implica que mientras no exista un Plan Regulador, no pueden aprobarse concesiones en zona marítimo terrestre.
La Ley 6043 y su Reglamento, establecen cual es el procedimiento a seguir en caso de una solicitud de concesión, mismo que se regula en los artículos del 26 al 47 del reglamento, y se constituye como un acto reglado, de conformidad con lo que se expone a continuación: Para la aprobación de una solicitud de concesión se requiere como mínimo el cumplimiento de los siguientes requisitos: El formulario de solicitud debidamente lleno, la declaratoria de aptitud turística o no turística de la zona por parte del Instituto Costarricense de Turismo, la demarcación de la zona pública por parte del Instituto Geográfico Nacional - publicada en el Diario Oficial-, el Plan Regulador debidamente aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad respectiva -mismo que debe estar debidamente publicado en el Diario Oficial-, debiendo la solicitud ajustarse a los usos aprobados en el plan regulador para el sector en específico, el avalúo de la Dirección General de Tributación que será la base del canon a fijar, el informe de Inspección en el que se indique la localización del terreno y uso que se le va a dar, la descripción topográfica que incluya linderos, servidumbres aparentes, medida aproximada del lote sino existiere plano y cultivos o mejoras existentes, si las hubiere.
En caso de no cumplirse con los requisitos antes indicados se otorgará un plazo de 30 días calendario, a fin que los mismos sean subsanados conforme le fueron prevenidos, caso contrario o ante un incumplimiento, transcurrido ese plazo la solicitud se tendrá por “anulada” sin perjuicio de que el interesado pueda volver a presentarla. Para oír oposiciones se publicará un edicto por una sola vez en el diario oficial “La Gaceta”, en el que se indique el nombre y calidades de ley de el o los solicitantes, concediéndoles a los interesados un término de treinta días hábiles, contados a partir de su publicación. Cumplidos los requisitos de ley, si existe oposición deberá celebrarse una audiencia pública en la que las partes deben aportar las pruebas correspondientes. Una vez realizada la audiencia o no habiendo oposiciones, la Alcaldía Municipal contará con el plazo de 30 días hábiles para emitir el proyecto de resolución sobre el otorgamiento de la concesión en forma total o parcial, o sobre su denegatoria -en el cual deberá constar el criterio de la oficina de la zona marítimo terrestre, si la hay- y deberá enviarla al Concejo Municipal para que decida según lo estime conveniente.
Si este órgano aprueba la concesión se le comunicará al interesado y se le fijará un término de 30 días hábiles para firmar el contrato y depositar el importe correspondiente a la primera anualidad del canon a favor de la municipalidad respectiva. Posteriormente, la corporación local remitirá el contrato de concesión debidamente firmado al Instituto Costarricense de Turismo o al Instituto de Desarrollo Rural -anteriormente Instituto de Desarrollo Agrario-, según corresponda -en las áreas turísticas se requiere la aprobación del primero y en las demás áreas de la zona marítimo terrestre del segundo (artículo 42 de la Ley 6043)-, para su aprobación, acompañándolo de copia de todos los documentos que sirvieron de base para el otorgamiento; el cual dispondrán de un plazo de treinta días naturales para aprobarlo a partir de la fecha en que recibieron la solicitud. Por último, aprobada la concesión, el interesado realizará los trámites para su inscripción en el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre del Registro Nacional.
Respecto a la concesión, es importante señalar que las concesiones otorgadas de conformidad con la ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su parcela y las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, según corresponda (artículo 43). Además, respecto del traslado del derecho otorgado en la concesión, se dispone expresamente que “Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren esta disposición” (artículo 45) y en caso de fallecimiento, o ausencia declarada del concesionario, sus derechos podrán adjudicarse a sus herederos o presuntos herederos parientes, siendo que, si no los hubiere, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad respectiva incluyendo las construcciones y mejoras existentes.
(artículo 49). Ahora bien, es de interés para este Tribunal traer a colación el concepto de “ocupantes” incluido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en tanto el mismo ha derivado en comparaciones con otras figuras desarrolladas en dicho cuerpo legal, pero que distan de los mismos en los efectos jurídicos que conlleva su determinación, de allí que es de relevancia incluirlo en este apartado, dado que, la consecuencia legal expresa de su acreditación, conlleva a un derecho de prioridad en el otorgamiento de una concesión, tal y como lo establece el artículo 44 de la Ley 6043, que dispone que las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que “el primero en tiempo es primero en derecho” pero que se ha de preferir al ocupante del terreno que lo haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua; a lo cual, debe adicionarse que el Transitorio VII establece que las municipalidades con jurisdicción cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma.
Ahora bien, para efectos de precisar los elementos de relevancia en torno a dicha figura, se procede a transcribir lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo, con una integración distinta a la actual, pero compartida, en los siguientes términos: “Finalmente, debe tenerse en cuenta que las figuras del "pobladores" y "ocupantes" están dispuestos en el artículo 75 y Transitorio VII de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre como dos excepciones a los parámetros de utilización privada en la zona marítimo terrestre, que confiere un derecho de prioridad en el trámite de otorgamiento de concesiones. Por los primeros (pobladores), comprende a aquellas personas que ya tenían un lote en la milla marítima antes de la promulgación de la Ley de la zona marítimo terrestre, sea, antes de mil novecientos setenta y siete, que venían ocupando por más de diez años, en forma quieta, pública y tranquila, en los téminos (sic) del citado numeral 75: "Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes, siempre que fuere su única propiedad".
Así, las personas que califican como pobladores pueden seguir en los terrenos que ocupaban al momento de entrada en vigencia de la Ley de la materia, y por tal motivo, están sujetos al pago de arriendo la faja de terreno ocupada. Debe tenerse en cuenta que la propia ley en comentario prevé la posibilidad de que sean reubicados, con la debida indemnización, cuando el respectivo plan regulador se promulgue, en caso de no ser conforme su uso con el previsto en esa normativa; toda vez que "... deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública." (Párrafo final del citado artículo 75). Por su parte, los "ocupantes", son aquellas personas que, sin reunir la condición de pobladores, hayan ocupado la zona restringida de la zona marítimo terrestre, en forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la Ley de la zona marítimo terrestre, en forma; en virtud de lo cual, no ostentan permiso alguno, y la misma ley les autoriza a las municipalidades para el cobro de un canon.
Resulta interesante que la propia ley les reconoce un derecho de prioridad para el otorgamiento de futuras concesiones, una vez que haya sido aprobado el respectivo plan regulador costero; de donde, en igualdad de condiciones, la administración debe preferir otorgar la concesión a quien haya poseído en forma quieta, pública, pacífica, contínua (sic) -esto es, sin ser posible su transmisión intervivos o mortis causa- sobre la zona restringida y sin implicar mejoras. Sobre esta figura, se pronunció este Tribunal en sentencia número 277-2008, de las quince horas diez minutos del veintiocho de agosto del dos mil ocho, al señalar que "(E)l (sic) legislador no pretendióconsolidar (sic) tal figura de forma permanente, sino una simple tolerancia, en el tanto se produce su conformidad con el ordenamiento jurídico, en otras palabras, la categoría de ocupante se utiliza de forma temporal mientras sea jurídicamente posible el otorgamiento de la concesión.
Esta figura (ocupante) ha sido objeto de múltiples interpretaciones, ya que no se encuentra ajustada en armonía con la Ley de cita, lo que ha dado lugar a prácticas viciadas y negocios ilícitos. La naturaleza jurídica del ocupante, es de un derecho en precario y por tanto jamás podrían confundirse ni pretenderse derechos que solo puede tener quién es propietario, ya que estos por su condición no requieren de una concesión. Tampoco pueden tratarse como arrendatarios de la zona marítimo terrestre, ya son sujeto expreso de regulación conforme al transitorio I y II de la norma supra citada, ya que en su caso, no se habla del contrato de concesión sino de la prorroga (sic), de contratos de arrendamiento anteriores a su promulgación, los cuales deben ser modificados en concordancia con las leyes vigentes. Tampoco puede ni deben confundirse con aquellas personas que se introdujerón (sic) en la zona demanial de manera clandestina, ya que con posterioridad a esta Ley, dicha actuación se encuentra prohibida conforme a su artículo 12.
Entonces debemos, concluir que el ocupante, es aquella persona que se encontraba ubicada en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre y que al momento de entrar en vigencia la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, no contaba con un contrato de arrendamiento a su favor". Finalmente, y no por ello menos importante es que las dos figuras indicadas -poblador y ocupante- está prevista en exclusiva en relación a personas físicas, excluyéndose así respecto de las personas físicas, en atención a que se previó en consideración de quienes no tenían otro lugar donde residir; condición que no puede reputarse respecto de las ficciones jurídicas; motivo por el cual, también excluye su transmisión, ya sea, intervivos o mortis causa. Dicho lo anterior se tiene que la condición de ocupante no puede generar derecho de propiedad ni de posesión alguno, ya que al ser la zona marítimo terrestre parte del dominio publico (sic), no puede ser objeto de posesión ni prescribirse positivamente con el transcurso del tiempo, conforme lo dispone el articulo (sic) 7 de la Ley número 6043.
Esta característica de imprescriptibilidad redunda en la imposibilidad jurídica de ejercer posesión sobre la franja de terreno inalienable, por lo que esta norma, cuando otorga la preeminencia, para otorgar una concesión, se refiere en forma clara y expresa al ocupante del terreno que hubiera poseído, éste en forma quieta, pública, pacífica y continúa (sic). Requisitos, que para el caso que nos ocupa, son de fácil constatación. (Para mayor abundamiento, se remite a los interesados a las consideraciones dadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 317-F-2008, de las nueve horas diez minutos del dos de mayo del dos mil ocho)” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia 328-2009-II de las once horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil nueve). De conformidad con lo expuesto, se reitera que se incluye la figura de ocupante en lo que respecta a la disposición, uso, tenencia y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre bajo la figura de concesión, dado que el único efecto jurídico que ello conlleva es un derecho de prioridad para la solicitud de concesión; debiendo eso sí, señalarse que dicha figura alcanzaba únicamente a las personas físicas que se encontraban en la zona restringida de la zona marítimo terrestre al momento de entrar en vigencia la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, que eran mayores de edad, que tenían un período de residencia inferior a diez años y que no contaban con un contrato de arrendamiento o concesión a su favor.
Como último punto a destacar, es que los derechos otorgados al ocupante son personalísimos e intransmisibles, lo cual fue afirmado por la Sala Primera al señalar: “dicha condición de ocupante no puede ser transmitida a terceros, por cuanto reviste especiales condiciones que sólo esas personas –los ocupantes- tienen; por consiguiente, todo acto jurídico tendiente a traspasarla deviene en absolutamente nulo. Aceptar lo contrario implicaría quebrantar lo dispuesto por los artículos antes indicados de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento”. (Sala Primera, sentencia N°317-F-2008, del 2 de mayo del 2008). ii) Pobladores. La Ley de Zona Marítimo Terrestre reconoce expresamente esta figura, en los siguientes términos: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad.
Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública” (artículo 70). De conformidad con la norma transcrita, se tiene que la ley, expresamente reconoce un derecho de posesión respecto de los denominados pobladores, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:
IX.Sobre el caso concreto. El primer aspecto a señalar es que, al tenor de la prueba constante en el expediente, el señor Víctor Hugo Hernández Rojas NO ostentaba derecho alguno sobre la parcela originalmente descrita con el Plano de catastro P-950952-96, que es objeto del presente proceso, la cual se encuentra localizada en el Cantón de Parrita, distrito Esterillos Oeste, por los siguientes motivos:
X.Sobre la responsabilidad civil peticionada. El fundamento de la pretensión pecuniaria se fundamenta en que la parte actora considera que ostentaba un derecho en una parcela de la zona restringida de la zona marítimo terrestre, con base en un contrato de cesión, en la cual realizó una inversión dineraria por concepto de mantenimiento y reparaciones de obras existentes; y que la Municipalidad de Parrita y dos de sus funcionarios, Marvin Mora Chinchilla y Freddy Garro Arias, no realizaron las actuaciones pertinentes y necesarias para ponerlo en posesión de la parcela, por lo que pide la reparación de los montos invertidos y el daño moral subjetivo derivado de dicha actuación. En este sentido, se determinó, que el señor Víctor Hernández Rojas no ostentaba ningún derecho sobre la parcela originalmente descrita con el Plano de catastro P-950952-96, por lo que no es posible determinar la existencia de algún interés legítimo o derecho subjetivo que le haya sido lesionado o que haya sido posible lesionar ante una omisión municipal en el ejercicio de las competencias que le otorga la Ley 6043 a la corporación local de velar disposiciones referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre; de forma que, a falta de derecho, no hay daño alguno provocado por las demandadas que deba ser reparado.
Se tiene por acreditado que el señor Víctor Hernández Rojas realizó labores de mantenimiento y reparación de construcciones existentes en la parcela descrita (hecho probado 11), no obstante, los mismos se realizaron sin haber gestionado los respectivos permisos municipales, como bien lo señaló éste en su declaración en la audiencia complementaria, de forma que cualquier responsabilidad derivada de dichas actuaciones recae única y exclusivamente en éste, máxime cuando hay un incumpliendo al régimen de prohibiciones establecido en el artículo 12 de la Ley 6043. Atendiendo a los parámetros expuestos, es claro que la lesión que aduce sufrir la parte actora no guarda relación alguna con una conducta administrativa -acción u omisión-, por cuanto, se reitera, fue él quien se colocó en ese estado al realizar obras sin ostentar derecho alguno y sin autorización de la corporación local, de allí que no podría indicarse que la lesión sufrida se califique jurídicamente dentro del espectro de consecuencia directa o indirecta de una conducta de la corporación local, impidiendo esto a su vez, establecer la existencia de un nexo causal que permita la atribución de responsabilidad alguna a las demandadas.
En este particular, es claro que en el supuesto de que existiera algún tipo de daño, se tendría que valorar que, en los permisos de uso en precario, éste no puede ser exigido y, además, habría un eximente de responsabilidad, culpa de la víctima. Ahora bien, es necesario señalar que, en vista de las particularidades de la demanda, la ausencia de derecho alguno de la parte actora para formular el reclamo, deriva en innecesario realizar la valoración de si las actuaciones de la Municipalidad de Parrita para realizar el desalojo de la señora Gómez Quesada se encuentra ajustada a derecho o no y si hay anormalidad en el funcionamiento en la gestión realizada, limitándose este Tribunal a señalar que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que le corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de la Ley 6043, respecto del dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales; en donde, expresamente, se le otorgó la competencia para realizar el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en esta zona, tal y como así lo disponen los artículos 3 y 13 del citado cuerpo legal; lo cual se señala en virtud de que en la parcela citada, actualmente se encuentra habitando la señora Marisol Gómez Quesada (hecho probado 12).
En atención a lo expuesto, el testimonio del señor Walter Trejos Méndez carece de total relevancia respecto a los gastos y obras realizadas por el señor Víctor Hernández Rojas. En relación a la demanda interpuesta contra los señores Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla, determina este Tribunal que lo procedente es declarar de oficio la falta de derecho por cuanto, tal y como se señaló anteriormente, al no ostentar derecho alguno la parte actora para exigir una conducta determinada por parte de la corporación local no hay actuaciones de estos funcionarios que acarreen responsabilidad administrativa, además, y de gran relevancia -al ser un requisito sine qua non para la determinación de responsabilidad de un funcionario público-, la parte actora no argumentó ni demostró la existencia de dolo o culpa grave de los citados funcionarios, en los términos establecidos en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la necesidad de acreditar estos criterios de imputación subjetivos cuando se pretenda dicha responsabilidad.
XI.Sobre las defensas formuladas. La representación del ICT interpone la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva señalando que el demandante no es concesionario y por consiguiente hay una imposibilidad de demandar a esa administración. En este sentido, señala que la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, en atención a su oficio AL-0261-2023 donde solicita información sobre trámite de concesión o prórroga a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas, cédula 1-556-0012, manifiesta que de conformidad con los archivos y registros a los que esa Dirección tiene acceso en procesos de revisión de concesiones, no consta trámite alguno a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas. La representación del Estado formula la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva señalando que no hay conductas de su representado que generaran daño en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la parte actora, dado que no se emite conducta administrativa alguna, ni del contenido de los actos o del procedimiento, se desprende su injerencia, por lo que resulta evidente y manifiesta la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado; continúa señalando que de ningún modo es posible desprender que su representado ha emitido conducta que pueda tenerse como objeto del proceso y, por tanto, no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas.
Criterio del Tribunal: Vistas las pretensiones formuladas en la demanda y de conformidad con los argumentos planteados, determina este Tribunal que, efectivamente, la parte actora no referencia ni señala conducta administrativa alguna del Estado ni del ICT en relación a los hechos o reproches de la presente demanda y no hay ninguna actuación de éstos que haya afectado algún derecho subjetivo o interés legítimo de la parte accionante, máxime cuando es claro que éste no ostentaba concesión alguna en el Sector de Esterillos Oeste en el cantón de Parrita. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, de las pretensiones formuladas, se desprende con claridad que la parte actora formuló la demanda civil de hacienda en virtud de la prestación normal y defectuosa del servicio público brindado por la Municipalidad demandada y los señores Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla, funcionarios de ésta, al considerar que no dieron cumplimiento o ejecución a la resolución administrativa DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del 30 de abril de 2018, emitida por la Alcaldía Municipal de Parrita; lo que implica que el objeto del proceso se circunscribe a la responsabilidad civil derivada de una conducta omisiva de los demandados citados y nunca a una discusión en torno a situaciones propias de protección o resguardo de la Zona Marítimo Terrestre, de allí que lo procedente es acoger la falta de legitimación ad causam pasiva formulada por las representaciones del Estado y del ICT y la falta de legitimación ad causam activa planteada por esta última; y, por los motivos dichos, se declara la falta de legitimación ad causam activa del Estado.
En la audiencia preliminar de las nueve horas diecinueve minutos del tres de octubre del dos mil veintitrés, los demandados Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla aclaran o informan que interpusieron las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa. Al respecto, al no haberse planteado las mismas dentro del plazo otorgado para la contestación de la demanda -en virtud de la declaratoria de rebeldía- y no encontrarnos en el supuesto del artículo 67 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo que dice: “También podrán oponerse excepciones de fondo hasta antes de finalizado el juicio oral y público, cuando los hechos en que se funden hayan ocurrido con posterioridad a la contestación”; se rechazan por extemporáneas las mismas. Con fundamento en las consideraciones expuestas en los considerandos previos, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de Parrita y se declara de oficio la falta de derecho respecto a los señores Garro Arias y Mora Chinchilla.
XII.Costas. De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Se exceptúa de dicha condena cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia no haya conocido la parte contraria o cuando, a juicio del Tribunal, haya existido motivo suficiente para litigar. Atendiendo a lo expuesto, no observa este Tribunal que la presente causa pueda ser exceptuada en los términos indicados, por lo que, lo procedente, es condenar a la parte actora al pago de ambas costas del proceso, así como los intereses que de ellos se deriven.
Por tanto
Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva opuesta por las representaciones del Estado y del Instituto Costarricense de Turismo y la defensa de falta de legitimación ad causam activa formulada por este último. De oficio, se declara la falta de legitimación ad causam activa del señor Víctor Hernández Rojas frente al Estado. Por innecesario, se omite el análisis de la defensa de falta de derecho interpuesta por ambas representaciones. En relación con la Municipalidad de Parrita se acoge la falta de derecho. De oficio, se declara la falta de derecho respecto a los demandados Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven. Marco Antonio Hernández Vargas. Eduardo González Segura. Rodolfo Marenco Ortiz.
Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Víctor Hugo Hernández Rojas Demandados: Municipalidad de Parrita, Freddy Garro Arias, Marvin Mora Chinchilla, Instituto Costarricense de Turismo y el Estado ???????????????
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