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Res. 08384-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 19/08/2025
OutcomeResultado
The lawsuit is denied in its entirety; the requested annulments are rejected; the alleged exemptions from liability were not proven; the Guaranteed Commercial Operation Start Date was not modified and the contractual termination procedure was lawful. Plaintiff is ordered to pay both court costs.Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, se rechazan las nulidades pretendidas, no se acreditan los eximentes de responsabilidad alegados, la FGIOC no fue modificada y el procedimiento de resolución contractual fue legítimo. Se condena a la actora al pago de ambas costas.
SummaryResumen
Hidrotárcoles S.A. sued the Costa Rican Institute of Electricity (ICE) seeking nullification of the administrative acts that terminated the energy purchase agreement under the BOT (Build, Operate and Transfer) modality for the Capulín-San Pablo Hydroelectric Project, a declaration of its right to a Guaranteed Commercial Operation Start Date (FGIOC) of June 1, 2017, recognition of additional costs, price adjustments, and damages totaling USD 468.36 million. The plaintiff argued that events of force majeure or fortuitous event—delays in the ARESEP concession and financial closing with Banco Nacional—justified shifting the original FGIOC (August 1, 2015) and that ICE had implicitly accepted the new date. ICE maintained that the FGIOC was fixed, delays were attributable to the contractor, and the contractual termination was lawful due to a serious breach. The Court analyzed the legal nature of BOT contracts, risk allocation, clauses on force majeure, the financial closing, work plan, and the differences between FGIOC and FIOC. It concluded that the alleged exemptions from liability were not proven, the FGIOC was never modified, and the termination procedure was valid, therefore denying all claims and ordering the losing party to pay court costs.La empresa Hidrotárcoles S.A. demandó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitando la nulidad de los actos administrativos que resolvieron el contrato de compra de energía bajo la modalidad BOT (Construcción, Operación y Transferencia) para el Proyecto Hidroeléctrico Capulín-San Pablo, así como la declaración de su derecho a una Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (FGIOC) para el 1 de junio de 2017, el reconocimiento de costos adicionales, reajustes y daños y perjuicios por ¢468.36 millones de dólares. La actora alegó que existieron eventos de caso fortuito o fuerza mayor –como la demora en la concesión de ARESEP y en el cierre financiero con el Banco Nacional– que justificaban el desplazamiento de la FGIOC original (1 de agosto de 2015) y que el ICE había aceptado implícitamente la nueva fecha. El ICE sostuvo que la FGIOC era inamovible, que los retrasos eran imputables al contratista y que la resolución contractual se ajustó a derecho ante el incumplimiento grave. El Tribunal analizó la naturaleza jurídica de los contratos BOT, la distribución de riesgos, las cláusulas sobre caso fortuito/fuerza mayor, cierre financiero, plan de trabajo y las diferencias entre FGIOC y FIOC. Concluyó que no se acreditaron los eximentes de responsabilidad alegados, que la FGIOC no fue modificada y que el procedimiento de resolución contractual fue legítimo, por lo que rechazó todas las pretensiones de la actora, declarando sin lugar la demanda y condenando a la parte vencida al pago de ambas costas.
Key excerptExtracto clave
In the present case, clause 10 of the "Contract" regulates the matter of fortuitous event or force majeure as follows: "..." The cited regulations authorizing and regulating the purchase of energy by ICE, as in this case, do not support that, as a requirement for starting the construction of a hydropower plant, a prior concession is necessary, as alleged by the aggrieved party and asserted by the witness (Eng. Álvaro Mata)... such statement, we reiterate, has no legal basis, and rather contrasts with the statement of the ICE official witness, Eng. José López, who, when asked whether the ARESEP concession was a requirement to start building the Project, emphatically and without hesitation said "no"... As stated above, we insist, from none of the applicable rules or provisions of the cited Contract can it be inferred that it was effectively a "sine qua non" requirement to have the concession granted by ARESEP before starting the construction of the PH... there is no evidence (nor does the party specifically refer to such procedure) of a single express statement by the Contractor to the ICE requesting the declaration of a Fortuitous Event to avoid any liability.En el sub exámine la cláusula 10 del "Contrato", regula el tema sobre el caso fortuito o fuerza mayor de la siguiente forma: "..." De dicho articulado que autoriza y regula la compra de energía al ICE, como el caso que nos ocupa, no se desprende que como requisito para el inicio de la construcción de una planta hidroeléctrica sea necesario tener previo la concesión, como lo alega el agraviado, y lo aseveró el testigo (Ing. Álvaro Mata)... tal afirmación, se reitera, no tiene ningún asidero jurídico, y más bien contrasta con lo indicado con el testigo funcionario del ICE, Ing. José López, que ante la consulta de si era requisito tener la concesión de la ARESEP para empezar a construir el Proyecto, éste, en forma enfática y sin duda alguna, indicó que "no"... Como hasta aquí se ha indicado, se insiste, de ninguna de las normas aplicables al caso o disposiciones en el Contrato, citados, se puede derivar que efectivamente era un requisito "sine qua non", tener previo al inicio de la construcción del PH, el otorgamiento de la concesión por parte del ARESEP... no se encuentra acreditado (ni la parte hace referencia específica a dicho trámite) ni una sola manifestación expresa del Contratista ante el ICE, en el cual se solicite la declaratoria del Caso Fortuito para evitar cualquier responsabilidad.
Pull quotesCitas destacadas
"De dicho articulado que autoriza y regula la compra de energía al ICE, como el caso que nos ocupa, no se desprende que como requisito para el inicio de la construcción de una planta hidroeléctrica sea necesario tener previo la concesión, como lo alega el agraviado."
"From the regulations that authorize and regulate the purchase of energy by ICE, as in this case, it does not follow that having the prior concession is a requirement for starting the construction of a hydropower plant, as claimed by the aggrieved party."
Considerando IX, B.1
"De dicho articulado que autoriza y regula la compra de energía al ICE, como el caso que nos ocupa, no se desprende que como requisito para el inicio de la construcción de una planta hidroeléctrica sea necesario tener previo la concesión, como lo alega el agraviado."
Considerando IX, B.1
"No se encuentra acreditado (ni la parte hace referencia específica a dicho trámite) ni una sola manifestación expresa del Contratista ante el ICE, en el cual se solicite la declaratoria del Caso Fortuito para evitar cualquier responsabilidad."
"There is no evidence (nor does the party specifically refer to that procedure) of a single express statement by the Contractor to ICE requesting the declaration of a Fortuitous Event to avoid any liability."
Considerando IX, B.1
"No se encuentra acreditado (ni la parte hace referencia específica a dicho trámite) ni una sola manifestación expresa del Contratista ante el ICE, en el cual se solicite la declaratoria del Caso Fortuito para evitar cualquier responsabilidad."
Considerando IX, B.1
"Esta fecha (FGIOC) no se puede mover, sin embargo, de forma tácita se puede entender que se podría adelantar, cuando excepcionalmente, por una única vez, pero como ya se indicó anteriormente, solo para ser adelantada, coincidiendo de esta forma con la Fecha de Inicio de Operación Comercial, pero se insiste, no para posponer el plazo de la Fecha Garantizada del Inicio de la Operación Comercial como lo entiende la parte actora."
"This date (GCSD) cannot be moved; however, it can tacitly be understood that it could be brought forward, exceptionally, and only once, to coincide with the Commercial Operation Start Date, but we insist, not to postpone the term of the Guaranteed Commercial Operation Start Date as the plaintiff understands it."
Considerando IX, B.2
"Esta fecha (FGIOC) no se puede mover, sin embargo, de forma tácita se puede entender que se podría adelantar, cuando excepcionalmente, por una única vez, pero como ya se indicó anteriormente, solo para ser adelantada, coincidiendo de esta forma con la Fecha de Inicio de Operación Comercial, pero se insiste, no para posponer el plazo de la Fecha Garantizada del Inicio de la Operación Comercial como lo entiende la parte actora."
Considerando IX, B.2
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VII.- GENERAL ASPECTS OF GOVERNMENT PROCUREMENT [...] the Administration is vested with the power to terminate the contract due to breach attributable to the contractor, or to rescind it for reasons of public interest, act of God, or force majeure, Articles 11 of the Public Procurement Law (Ley de Contratación Administrativa) and 204 and 206 of Executive Decree No. 33411-H; it may unilaterally modify the contract; it has the right to receive the awarded items updated (ARTICLE 12 of the Law); it is called to ensure observance of the procedures established in the legal system; it must ensure the effective fulfillment or execution of the contract (Article 13 of the Law); it has the obligation to fulfill all commitments acquired in the contract (including paying the price) and to collaborate with the contractor for the correct execution of the contract's object (Article 15 of the Law). For its part, the contractor has the right to the complete execution of the contract (Article 17 of the Law), to the maintenance of the economic equilibrium of the contract (Article 18 of the Law), to the recognition of interest, and is obligated to verify the correct application of procedures (Article 21 of the Law) and to comply with the specific conditions and elements contained in the tender documents (cartel), the bid, and the contract, in order to achieve its correct execution (Article 20 of the Law) [...]
VIII.- [...] Criteria of the Court. [...] Before addressing the grievances of the plaintiff, it is necessary to clarify the type of contracts known as "BOT," as this is the subject of the proceeding. The BOT modality (from the English Build, Operate and Transfer), which constitutes a form of indirect management of public service. Regarding the nature of these contracts, in judgment 19-2017-V of three o'clock in the afternoon on March first, two thousand seventeen, the Administrative Litigation Court stated: "These contracts operate under a concession scheme for the work to a private agent, who finances its construction and start-up and obtains in exchange the right to operate it for a long term, charging users determined rates, returning at the end of that concession period the asset to the full ownership and management of the State. The financing of the work will be managed by the contractor by securing against third-party financiers the assured results of the previous operational management, when the project is already in operation. The foregoing, insofar as the financing of the work ultimately falls on the consumers of the product derived from the service to be provided. In the case of the law mentioned, the participation of private parties in the generation of hydroelectric energy is authorized, allowing ICE to purchase the energy generated from them [...]." The procedural judge suspends the proceedings for a period of 2 months so that the parties may seek an extrajudicial settlement. The preliminary hearing is concluded (images 4780-4781, electronic case file).
In the proceedings, the terms and prescriptions of law have been observed, and no defects or omissions susceptible of producing nullity or defenselessness to the parties are noted. This ruling is issued within the period of fifteen business days indicated in article 111, subsection 1, of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This resolution is issued unanimously, after deliberation, and in writing.
Drafted by Judge Marenco Ortiz.
The following are considered proven facts for the resolution of this case:
- Administrative Case File of International Public Tender 1) By official communication Nº 0610-746-2006 of September 25, 2006, Eng. Gilberto De La Cruz Malavassi, General Director, requests the Procurement Directorate to initiate the Public Tender (Licitación Pública) process for the purchase of energy from BOT hydroelectric plants (f. 06, tender case file).
(image 4777-4778, judicial case file).
- Administrative Proceeding Case File for Contractual Resolution Number PA-33-2015. For citation purposes, the pages of the physical case file provided by ICE will be indicated.
- Administrative Proceeding Case File for Guarantee Execution Number PA-08-2018.
III.- OF THE UNPROVEN FACTS: The following are considered unproven facts of importance for the case:
IV.- TESTIMONIES. At trial, three witnesses were heard; of that proceeding, the relevant actions taken at the hearing are recorded below.
ICE participates in this type of contract as supervisor, approves all electrical designs for the substation, since these are works that impact the national electrical system, but regarding the rest it could make observations, for example, on the plans, but these were not binding for the contractor. However, it did have to submit them to ICE to provide follow-up on progress. He states that according to the contract there were three years for start-up and to have the plant operating; in good theory, in the first year all temporary situations and excavations would be carried out, in the second year financing would already be in place and one would be thinking about hydromechanical and electrical works, and in year three equipment would be installed and commissioning would take place. In this particular project, in the first year progress was zero, in the second year zero, in the third year 25%, so it is understood that there were only earthworks (movimientos de tierra), river works; there was no equipment that would allow one to suppose that in the remaining year they could finish what a hydroelectric project entails, because commissioning alone takes about four months, and in this case there was only the river diversion, the powerhouse foundation and some concrete blocks in the river and the access road. The remaining 75% was the core of the project. In these first years the company kept conducting studies, and in this type of project companies conduct these feasibility studies prior to the contract. What is more, in year two SETENA suspended the environmental viability (viabilidad ambiental) for this company. The project had a national convenience (conveniencia nacional) declaration which serves only to facilitate the procedural formalities for trees, and in the first year it had not obtained the tree permits. He clarifies that the national convenience (conveniencia nacional) is only to facilitate procedural formalities and not to oblige ICE to acquire the project or purchase energy. That the updated terms are in the scope of the support that ICE provides, but not in the sense that the delivery date or the commercial operation start date was modified, and the company knew this. The company indicated it had less than thirty million dollars to face the first year and year two. Regarding the questions from the plaintiff, the witness stated: The contract is structured so that there is an inspection by the company and supervision by ICE; the contract provided for a Coordination Committee (Comité de Coordinación); I was ICE’s representative, and the company’s was Mr. José Chacón. The functions stipulated in the contract, to resolve any discrepancy before going to the ICE Administration. ICE did not define the work plan; the contract indicates that it was the company. We met with a certain periodicity. But that project schedule presented disbursements more than work progress where critical activities are defined, among others. According to the contract there was a contract administrator; there were several who could be changed according to the circumstances, which happened in this case. He does not remember who the project administrators were.
V.- ARGUMENTS OF THE PARTIES. When filing the lawsuit and its answer, as well as in the conclusions submitted in writing, the parties stated the following, which is transcribed:
He added that: "During the evidentiary phase it was proven that the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incurred in serious procedural and substantive defects by resolving, without legal basis, to unilaterally terminate the contract in dispute, violating due process and the principle of legality enshrined in Article 11 of the Political Constitution and in the Ley General de Administración Pública (LGAP). It was equally demonstrated that the supposed criterion of the ICE's Area of Planning and Electrical Development dated November 12, 2015, cited on page 41 of the challenged Contractual Resolution (Evidence items 3 and 5 of the second expansion of the complaint, folio 57, images 4108 and 4148), used by the ICE as grounds to assert that the PH Capulín was not of public interest, does not exist in the administrative record. For this reason, and in accordance with Article 63.3 CPCA, the absence of said document requires that the facts alleged in our complaint be considered affirmatively answered (...) The ICE previously granted Hidrotárcoles the extensions established in the Contract in response to delays due to force majeure (fuerza mayor), in accordance with Article 4.1.1 of the Contract (Evidence item 1 of the complaint), such as the financial negotiations with the BNCR, which took more than 13 months to approve the credit, and the processing or permits with the competent government entities, which inexplicably took 10 months of delay, as testified by Ing. Mata in the supplementary hearing at hour 1:12:30. It is important to highlight that the witness Ing. Álvaro Mata, in his testimony, verbally laid out a timeline of the different stages of the implementation of the contract signed between ICE and Hidrotárcoles. The clause contained in Article 4.1.1 of the contract expresses beyond any doubt that the 3-year term and the validity of the contract would be suspended, with the effects determined by the First Chamber, in the event of force majeure events, in this case the delays suffered in both administrative proceedings (ARESEP, 10 months), banking procedures (more than 13 months), and others such as SINAC/MINAE, all of which were beyond the control of our represented party. The ICE, through its competent officials, assessed this force majeure and granted the company the required extensions at the time; hence the FGIOC was accepted by the ICE for June 1, 2017. An administrative act which, in accordance with the LGAP, was timely, valid, and effective, since, as developed by the general principle of law, no one is obligated to do the impossible, and the government permits and approval of the necessary loan to realize the public purpose, put out to tender and contracted, such as the construction of the PH Capulín project, were not within the sphere or domain of our represented party's control. As proven by the testimonial evidence of Ing. Mata and the documentary evidence in the record, admitted in the preliminary hearing held, the only Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (FGIOC) for the PH Capulín was June 1, 2017, as this was the only date accepted by the ICE in the Official Work Plan and Schedule (Articles 4.3.1 to 4.3.5 of the contract signed between the parties); the FGIOC claimed by the ICE for August 1, 2015, is not the FGIOC but rather the date to be fulfilled 3 years from the Start Order, and does not legally exist, as recklessly and maliciously asserted both in the 'GROUNDS' of the contractual resolution and in the statement of defense in the record. These false assertions by the ICE are proof of the bad faith with which the ICE has acted, both in the administrative and judicial forums. Conclusive proof of the nonexistence of the grounds asserted by the ICE in the contractual resolution is document 0610-100-2015 dated June 30, 2015, signed by Mr. Javier Orozco, Director General of Planning and Electrical Development of the ICE, where, in the table attached to said document, found in Evidence item 6, images 4735 to 4738 of the initial complaint filed by our represented party, on page 5, line (16) establishes that: 'PH Capulín enters into operation in June 2017.' It requests that the complaint be granted in all its terms.
VI.OBJECT OF THE PROCEEDING. The plaintiff brings this case for the Tribunal to declare the nullity of the following administrative acts: No. 5225-0943-2015 dated July 7, 2015, Precautionary Measure; PHCSP61100-048-2015 dated July 15, 2015; PHCSP61505-023-2015 dated July 16, 2015; 5225.1559.2015 dated December 3, 2015, Opening of the Procedure; Resolution No. 0510-159-2016 dated January 14, 2016; Document 5201-10-2018 dated January 15, 2018, containing the Final Act of the Contract Resolution Procedure and Warning Sanction; Document 5201-26-2018 dated March 12, 2018; appeal for reconsideration, subsidiary appeal, and motion to nullify against the Final Act of the Contract Resolution Procedure and Warning Sanction; Document 0150-0361-2018 dated April 12, 2018; subsidiary appeal and motion to nullify against the Final Act of the Contract Resolution Procedure and Warning Sanction; and Document 5201-57-2018 dated June 4, 2018, final act of the procedure for partial execution of the performance guarantee for damages. Consequently, based on said declaration of nullity, the plaintiff's right to the fecha garantizada de inicio de operación comercial (FGIOC) for June 1, 2017, must be declared, so that the ICE recognizes a new adjusted date. The ICE must recognize the additional cost, price adjustments, and the damages caused, totalling $468.36 million in United States of America currency.
VII.GENERAL ASPECTS OF ADMINISTRATIVE CONTRACTING. 1) General Principles of Contracting. On this topic, for a long time, our highest constitutional body has been ruling repeatedly, stating initially about the guiding principles in this matter as follows: "V. ADMINISTRATIVE CONTRACTING. Administrative contracting is characterized by being structured around a series of legal principles. Indeed, from the standpoint of the material content of our Political Constitution, the mere enunciation made by Article 182 of the Constitution implies that structure, as Justices Sancho, Calzada, and Molina had stated in the dissenting vote of judgment number 0787-94, of fifteen twenty-one hours on February eighth, nineteen ninety-four: 'The challenged rule contains a formal requirement that must be satisfied by any natural or legal person wishing to participate in administrative contracting procedures, to satisfy the essential principle contained in Article 182 of the Political Constitution, by virtue of which "Contracts for the execution of public works entered into by the Powers of the State, Municipalities, and autonomous institutions, purchases made with funds from those entities, and the sale or lease of goods belonging to them, shall be made through public tender (licitación), in accordance with the law regarding the respective amount." This principle, which is summarized as "all administrative contracting shall be done through a public tender procedure," implies that all public law principles that inform administrative contracting have constitutional rank, to the extent they are reasonable and proportionate to the purposes pursued. The three essential principles recognized by Public Law doctrine are free competition, equality of opportunity, and publicity, principles reproduced by the Financial Administration Law of the Republic in its Article 101 and Article 31 of the Regulation on Administrative Contracting, and the rule being questioned does not infringe upon any of these three principles in any way'; a development that this full Tribunal later adopted in judgment number 1206-96 at nine hours on March fifteenth, nineteen ninety-six: '[...], that by providing in Article 182 of the Constitution that it must be carried out through public tender, it implies that all the essential principles that inform that institution are constitutional, unanimously recognized by Constitutional and Public Law doctrine, such as equity, publicity, equality of opportunity, public interest, and good faith, among others'; and which it reiterated in the following consideration: 'This Chamber has said that if Article 182 of the Political Constitution establishes this principle—that of public tender—then all the principles inherent to Administrative Contracting are included in the concept' (idem). By virtue of the foregoing, it must be understood that all constitutional principles and parameters governing the State's contractual activity derive from Article 182 of the Political Constitution."
Some of these principles that guide and regulate the bidding process are: 1.- free competition (libre concurrencia), which aims to strengthen the possibility of opposition and competition among bidders within the prerogatives of freedom of enterprise regulated in Article 46 of the Political Constitution, intended to promote and stimulate the competitive market, so that the largest number of bidders participate, allowing the Administration to have a wide and varied range of offers, so it can select the one that offers the best conditions; 2.- equality of treatment among all potential bidders, a principle complementary to the previous one and which within the bidding process has a dual purpose: to be a guarantee for the administered parties in the protection of their interests and rights as contractors, bidders, and private individuals, which translates into the prohibition for the State to impose restrictive conditions for access to the competition, whether through the enactment of legal or regulatory provisions for that purpose, or in its specific actions; and to constitute a guarantee for the administration, as it increases the possibility of a better selection of the contractor; all of the foregoing, within the constitutional framework provided by Article 33 of the Fundamental Charter; 3.- publicity (publicidad), which constitutes the prerequisite and guarantee of the principles discussed, as it seeks to ensure the administered parties the broadest certainty of free competition under conditions of absolute equality in the procedures of public procurement (contratación administrativa), and which consists of the invitation to the bidding competition being made in a general, open, and as broad a manner as possible to all potential bidders, giving the bidding documents the widest dissemination, as well as the broadest access to the file, reports, resolutions, and in general to the entire process in question; 4.- legality or transparency of procedures (legalidad o transparencia de los procedimientos), insofar as the contractor selection procedures must be defined a priori in a precise, certain, and concrete manner, so that the administration cannot circumvent the predefined rules in the legal norm that determines the framework of action, as a development of the provisions to that effect in the Political Constitution; 5.- legal certainty (seguridad jurídica), which is derived from the previous one, since by subjecting the procedures of public procurement to the rules contained in the normative provisions, security and guarantee are given to bidders regarding their participation; 6.- formalism of the bidding procedures (formalismo de los procedimientos licitatorios), insofar as formalities are required, these act as endogenous controls and self-auditing of the administrative action; so that they are not considered an obstacle to free competition; 7.- balance of interests (equilibrio de intereses), as it is necessary in these procedures that there be an equivalence between the rights and obligations arising for the contracting party and the administration, so that the contractor is considered a collaborator of the State in the realization of its public purposes; 8.- principle of good faith (principio de buena fe), insofar as in the processing of bidding processes and in general, in everything concerning public procurement, it is considered a basic moral principle that the administration and bidders act in good faith, where the actions of both parties are characterized by clear ethical standards, where public interest prevails over any other; 8.- mutability of the contract (mutabilidad del contrato), since the administration has the necessary powers and prerogatives to introduce modifications to contracts, so that they fulfill the assigned public purpose they must protect and realize; 9.- patrimonial intangibility (intangibilidad patrimonial), by virtue of which the administration is always obliged to maintain the financial equilibrium of the contract, whether by compensating the co-contractor for all the negative effects originating from its own decisions, whether as an effect of the principle of mutability, for reasons of convenience or public interest, or for any other general or special reasons that may affect the initial economic level, always adjusting the variations that have occurred in each and every one of the costs that make up the contract prices to keep intact the originally agreed economic level (price adjustments that may originate from the legal theories of unforeseeability, rebus sic stantibus, act of the prince, and above all, in the so-called equilibrium of the financial equation of the contract); and 10.- control of procedures (control de los procedimientos), a principle by which all tasks of public procurement are subject to control and oversight in the interest of verifying, at least, the correct use of public funds. So it is necessary, throughout the entire public procurement procedure, at least the verification of the following controls: the legal control, to verify that no entity or official performs any act or assumes conduct that transgresses the Law, carried out by verifying the prior existence of economic resources; the accounting control, which is the examination or judgment of the accounts of the dependencies and of the officials in charge of administering State funds and assets, which derives from the constant and systematic review of all operations affecting the budget appropriations approved by the Legislative Assembly or the Comptroller's Office, so that expenditures have their financial backing and conform to the established classification, performed by the budget and accounting control offices of each contracting entity or institution; the financial control, consisting of the oversight of the correct collection of revenues and the legality of public expenditure, within the competence of the institutions' own financial offices, the National Treasury, the Budget Office, and the General Comptroller of the Republic; and the economic or results control, which is carried out on the efficiency and effectiveness of financial management, that is, on the results of said management, the determination of compliance with established goals, and the optimal use of resources, a control that is carried out only very partially by the institutions and has not been conceived as an effective instrument for managerial and institutional development. These principles are recognized both at a doctrinal and jurisprudential level, and have already been developed by this Court on repeated occasions and prior to this judgment, in the following manner: “[...], if the respondent did not follow this procedure, not only was Article 182 of the Constitution infringed, which prescribes the bidding process as an instrument of State procurement, but also the principle of equality, in its specific connotation of equality of treatment for interested parties and potential bidders, also unduly limiting the freedom to contract (derived from the freedom of commerce), established by the Political Charter in its norm 46, and with all this, by not adhering to the applicable legal procedures, it also violated the principle of legality.” (Judgment number 1490-92, at sixteen hours nine minutes on June third, nineteen ninety-two). Likewise, in amparo judgment number 2633-93 at sixteen hours three minutes on June ninth, nineteen ninety-three, it stated: “In relation to private individuals, the bidding procedure, insofar as it is characterized by the principle of ‘publicity’ that informs it, seeks to guarantee the administered parties the broadest guarantee of free competition, under conditions of absolute equality, in the procurement procedure. The system tends to avoid preferential and unfair treatment and the bidding procedure defined by the Law of the Financial Administration of the Republic and the Regulation of Public Procurement, «as the ideal means and the most desired instrument for processing administrative contracts», is based on the dual purpose of achieving the best conditions for the Public Administration and guaranteeing freedom of opportunity for interested parties, all in accordance with the so-called principle of legality of public procurement, to which anyone who wishes to contract with the Administration must adhere (see Article 182 of the Political Constitution)”; and it concluded that bypassing the bidding procedures, in addition to implying a mockery of the constitutional bidding procedure, also constitutes a violation “[...] of the principles of the broadest participation of the administered parties and the search for the best conditions for the Administration, it favors and provokes, in fact, the creation of private monopolies, which the State is called upon to avoid. And precisely the way to do so is by allowing, as indicated, the greatest possible participation of interested private parties, under conditions of absolute equality, in a broad and transparent public procurement procedure.” In unconstitutionality judgment number 5386-93, at sixteen hours on October twenty-sixth, nineteen ninety-three, it reiterates: “[...], the procedure should be competitive, in consideration of the bidding process as a constitutional means of providing for free competition and the equality of potentially bidding companies (Article 182 of the Constitution).” When resolving the unconstitutionality action brought against the limitations established by Articles 107 of the Law of the Financial Administration of the Republic, 252 first paragraph, and 253 of the Regulation of Public Procurement, regarding who can contract with the Administration, it was indicated: “II).- In reinforcement of the foregoing, it should be noted that the questioned norms are also valid in light of the guiding principles of public procurement, especially that of free competition and its derivative, equality, whose validity would be compromised if the thesis proposed in the action were accepted here.- The first of the indicated principles —free competition— aims to strengthen the possibility of opposition among all bidders, and its counterpart lies in the prohibition for the State to impose restrictive conditions for access to the competition, whether through the enactment of legal or regulatory provisions for that purpose, or in its specific actions; its immediate consequence is that it imposes on the Administration the duty to impartially award the best offer, a circumstance that evidently could not occur if the participation in the competition of the highest-level officials in the Republic, or their relatives, were permitted, as they could illegitimately use their position to influence the final selection. By the second of the indicated principles —equality— the Administration must place all bidders on an equal footing, from the beginning of the procedure until the award or formalization of the contract, which implies that it cannot create legal or de facto discriminations among them, susceptible to giving an advantage to certain bidders, or to harming them. That equality comprises, at least, the duty that conditions be the same for all competitors and that preference must always be given to whomever makes the most advantageous offer for the Administration; its non-compliance, violation, breach, or non-application, vitiates with nullity the contract that, as a consequence, was entered into; and therefore, in consideration of the foregoing, this Chamber does not find that, in general, the provisions prohibiting the participation of members of the Supreme Powers and constitutional bodies —and their relatives— in administrative contracts, are in themselves unconstitutional, given that they find constitutional basis in the indicated principles, derived from numerals 33, 112, and 143 of the Political Constitution.” Finally, in judgment number 1205-96, supra cited, it was considered: “From this perspective, the Chamber has declared in Judgment No. 3495-92 at 14:30 hours on November 19, 1992, that there exists a constitutional recognition of the principle and right of private property (Article 45) and freedom of enterprise (Article 46) and based on both, the freedom of contract (libre contratación) is also inscribed as a principle of the same rank for the exercise of both, the content of which has been summarized by this Chamber in four elements; and that jurisprudence literally states: «a) the freedom to choose the co-contractor; b) the freedom in the choice of the very object of the contract and, therefore, of the main service that defines it; c) the freedom in determining the price, content, or economic value of the contract stipulated as consideration; d) the balance of the positions of both parties and between their mutual performances; a balance that demands, in turn, respect for the fundamental principles of equality, reasonableness, and proportionality, according to which the position of the parties and the content and scope of their reciprocal obligations must be reasonably equivalent to each other and, moreover, proportionate to the nature, object, and purposes of the contract. The latter is of necessary application and, therefore, of constitutional rank»”; and it continues stating: “This being so, in any competition the number of bidders cannot have limits, given that, in theory, all those persons or entities that, according to the current norms, are in a position to present a valid offer can participate in it. In this procedure, the existence of a ‘prior’ justification of moral, technical, and financial suitability is presupposed, and it tends, ultimately, to establish which person or entity offers the most convenient proposal for the State, which results from the combination of several objective elements of the contract in question, and which is not necessarily represented by the lowest price” (Res. No. 00988-1998, at 11:30 hrs. on February 16, 1998). A resolution that, although in the case at hand its central point is the termination of the contract entered into between the parties to this proceeding, the reference to the Contractual Principles indicated by the Constitutional Chamber is indeed applicable. 2) On the rights and duties of the parties in public procurement. Regarding the duties and rights derived from administrative contracts, it must be indicated that the Administration has a series of prerogatives and obligations, and the contractor, in turn, has rights and obligations. Thus, the Administration is vested with the power to terminate the contract for breach attributable to the contractor, or to rescind it for reasons of public interest, fortuitous event, or force majeure, Articles 11 of the Public Procurement Law and 204 and 206 of Executive Decree No. 33411-H, it can unilaterally modify the contract, it has the right to receive the awarded objects up-to-date (ARTICLE 12 of the Law), it is called upon to ensure observance of the procedures established in the legal system, it must ensure the fulfillment or effective execution of the contract (Article 13 of the Law), it has the obligation to fulfill all commitments acquired in the contract (among them, paying the price) and to collaborate with the contractor for the correct execution of the contract object (Article 15 of the Law). For its part, the contractor has the right to the full execution of the contract (Article 17 of the Law), to the maintenance of the economic equilibrium of the contract (Article 18 of the Law), to the recognition of interest, and is obliged to verify the correct application of procedures (Article 21 of the Law) and to comply with the particular conditions and elements contained in the bidding documents, the bid, and the contract, in order to achieve their correct execution (Article 20 of the Law). Given the controversy under examination, it is appropriate to specify that we can only speak of fulfillment when a service is fully executed in the terms originally agreed or in accordance with the new specifications provided by the Administration during the course of contractual execution, in those cases in which, for the full satisfaction of the public interest, the contractual object or any of the elements forming part of it is modified. In sum, the fundamental duty of the contractor consists of the effective delivery of the procurement object, through the provision of a service, the delivery of a good, the execution of a work, in compliance with the requirements determined in the bidding documents, the sealed bid, and the contract, regarding quantity, quality or technical specifications, and timeliness. Regarding this topic, authoritative doctrine has indicated: "The public administration has the right to demand from its contracting party the due and regular fulfillment of all the obligations imposed upon the latter by the contract and by the complementary documents that comprise it. What is agreed and as it is agreed must be fulfilled by the contracting party, and all the powers with which the public administration is invested in the administrative contract are aimed at enabling and obtaining that fulfillment. If the administration contracts, it is precisely so that what was agreed is executed, because the public interest sought to be satisfied through the concluded contract demands it. But as contracts oblige not only what is formally expressed in them, but also everything that is a consequence that may be considered to have been virtually included in them...the co-contractor will also be obliged to fulfill those consequences, necessary for the 'regular' and 'due' fulfillment of the contract to exist, which will be interpreted, for these purposes, according to the principle of good faith that must prevail in all contracting parties and in accordance with the rules applicable to that interpretation. But the public administration not only has the right to demand that the stipulated services be fulfilled, but it also corresponds that the co-contractor always act with the necessary diligence, applying in the execution of the services the care that is proper to one who performs in the capacity of a collaborator of the administration in the realization of a general interest purpose. The rules of the trade, the customs, and the usages of each activity must be respected, and thus the co-contractor must not only fulfill, but must fulfill well." (Héctor Jorge Escola. Comprehensive Treatise on Administrative Contracts. Ediciones Depalma. Buenos Aires). At this point, it is necessary to note that public procurement is part of administrative activity, which, in principle, has the purpose of satisfying a public interest, which explains the prerogatives the Administration has to guarantee the fulfillment of the contract. In case of non-compliance, the Administration, as previously stated, has the prerogative to terminate the contract, through the termination (resolución) procedure, as well as to apply the sanctions established in the legal system. Under the applicable regulations, the Administration's right to unilaterally terminate the contract, regulated in Article 11 of the Law and 204 of the Decree referenced above, arises on the occasion of a breach of contractual obligations attributable to the contractor, and its implementation must follow the elementary principles of due process.
VIII.- ON THE SPECIFIC CASE. The arguments of the plaintiff revolve around the central idea that, during the execution of the contract signed between its represented party and ICE, events occurred that caused the invocation of the exculpatory clause indicated in the Contract as "Fortuitous Event or Force Majeure". From these events compensable in its opinion, the grievances arise regarding the violation of due process in what it calls the rescission of the contract (serious non-compliance and deadline to correct them, right to modify the guaranteed Commercial Operation Start Date, compensable events, declaration of public interest). All of them presented repeatedly at different stages of the judicial process, as well as by the different legal representatives who have intervened on behalf of the plaintiff company. Due to this singularity (reiterated ideas presented in different forms), for the sake of order and logic in this resolution, they will be addressed by the Court, not in the order the plaintiff presented them, but in relation to the central idea of its discourse (existence of exculpatory causes). I indicate the foregoing, the plaintiff's representation states that according to clause 4.1.1 of the Contract signed between the parties, the term to build and put the Plant into operation was suspended upon any event categorized as a fortuitous event or force majeure, or upon any non-compliance by ICE with the Contract. That as proven in this proceeding, its represented party, through official letter No. PHCSP-ICE-0177-2014 dated 12/04/2014, delivered the Work Plan to the Project Coordinator, which was accepted by ICE through official letter No. PHCSP61100-002-2015 dated 01/19/2015, being the guaranteed date (hereinafter FGIOC) and it was qualified as certain and updated for June 1, 2017, after its officials assessed the force majeure and the entry date of the FGIOC was extended. It further states that ICE prematurely initiated the Contractual Termination Procedure because the initial guaranteed date is for June 1, 2017, and not as ICE indicates. Furthermore, it alleges that the defendant is in breach of the Contract because in application of clause 11.2.3, it decided at its own account and risk not to assume control of the Plant. Consequently, in its opinion, there is nullity in the elements of motive, content, and purpose of the administrative act that was challenged in the administrative venue and in this jurisdiction. Court's Opinion. Prior to resolving the plaintiff's grievances, it is necessary to clarify the type of contracts called "BOT" (BOT), as this is the object of the proceeding. In this vein, with the enactment of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector No. 8660, the State sought to strengthen, modernize, and provide ICE, its companies, and attached bodies with legislation that would allow it to adapt to all the changes in the legal regime for the generation and provision of electricity, telecommunications, and other services, allowing it with the new regulations to make the mechanisms and procedures of public procurement more flexible and expand them. In that understanding, ICE was authorized to enter into all types of contracts that are lawful and allow it to fulfill its purposes. Law 7200 "Authorizes Autonomous or Parallel Electrical Generation" and it was amended by Law 7508, reforming the structure of the former. In both legal bodies, the purchase of electricity by ICE from private companies is declared of public interest. Law 7200 then provides the legal framework that allows the purchase of energy blocks by ICE from private companies, which would be selected through the public bidding procedure and which would be regulated in light of Purchase Contracts that the awardees of the bidding processes would sign with ICE, with a duration of 20 years, after which the assets of the operating plant would be transferred to the institution, free of cost and encumbrances. In the case under review, through public bidding process No. 6670-E, ICE promoted the competition for the supply of hydroelectric power blocks of up to 50MW, based on an Energy Purchase Contract, projects that would be developed under a Build, Operate, and Transfer scheme where the awardee would have to acquire the land, take charge of the financing, design, supplies, construction, assembly, commissioning, operation, and maintenance of the plant for a period of seventeen years, and at the end of that period must transfer the project to ICE. Thus, the bids had to be presented based on the modality of an administrative contract called Build, Operate and Transfer (BOT) that covers, among other things: the financing, design, construction, supplies, manufacturing, transportation, installation of equipment and materials, tests, commissioning, operation, and maintenance of the hydroelectric plant(s). The aforementioned regulatory framework thus allowed ICE to venture into the construction of public works within the current context where global demands impose a connotation of efficiency and agility, without neglecting the pursued purpose, which is the public purpose, to meet the country's needs and demands for electrical energy that requires large investments and implies considerable financing, not always accessible to the economies of middle or low-income countries, as in our case. The aim was thus to diversify the procurement modalities, to provide the Administration with tools that facilitated the completion of this type of electrical generation projects. In that context, ICE ventured into contracts called open types, regulated in Article 125 of the Regulation to Title II of Law 8660, among which are the franchise, factoring, and the so-called Type C contracts, which are those in which a private party can build and operate a work or activity for a determined time in exchange for a fee and after a period established in the bidding documents, transfer it to ICE; and among them are contracts developed under the BOT modality (from English Build, Operate and Transfer), which constitute a form of indirect management of the public service. Regarding the nature of these contracts, in judgment 19-2017-V at fifteen hours on March first, two thousand seventeen, the Administrative Litigation Court stated: "These contracts function with a concession scheme of the work to a private agent, who finances its construction and start-up and obtains in exchange the right to operate it for a long term, charging users certain rates, returning the asset to the full property and management of the State at the end of that concession period. The financing of the work will be managed by the contractor by securing the insured results of the previous operation's management from third-party financiers, once the project is in operation. The foregoing, insofar as the financing of the work ultimately falls on the consumers of the product derived from the service to be provided. In the case of the law in question, the participation of private parties in hydroelectric power generation is authorized, allowing ICE to purchase the generated energy from them. For this purpose, it establishes two different regimes, the second of which is characterized because the energy is produced in a plant owned by the private party which, in accordance with the indicated nature of the contractual relationship, must revert to ICE at the end of the contract. Due to the foregoing, the private generator can operate the work for a certain period, on the one hand, and the construction and operation costs of the plant by the private party are implicit in the electricity purchase rate. The respective contract will define the legal framework in which the legal relationships derived from the macro relationship signed between the parties must unfold. As noted, BOT contracts, Build, Operate and Transfer, are a modern way of combining public and private resources to make large-scale public works viable. In this regard, one of the main promoters and financiers of this modality, the World Bank, has indicated the following: 'In a BOT project, the granting public sector grants the private company the right to develop and operate a complex or system for a certain period of time or the “concession period,” which would usually be a public sector project. Usually, this project is a new, separate, and distinct construction in an undeveloped area. The operator finances, owns, and builds the new complex or system and operates it commercially during the concession period. After the expiration time of the concession, the complex or system is transferred to the awarding authority. A BOT is the classic tool for project financing. As it is a new construction, there is no profit at the beginning. Therefore, lenders are very anxious to ensure that the project assets are ring-fenced within the operating project company and that all associated risks are assumed by the corresponding actors related to the project. Consequently, the operator is a special purpose vehicle. Generally, the revenues are obtained from a single “contractual product buyer” (offtake purchaser), such as the government or a public utility company, which purchases the service distributed by the project company.' This is different from a concession, in which production is sold directly to the consumer and end user. In the energy sector, it would take the form of a power purchase agreement (Power Purchase Agreement). The project company (power company) obtains financing and executes the contracting, design, and construction of the work, and also operates the complex during the concession period. The project company is a special purpose vehicle (special purpose vehicle); shareholders will include companies with experience in operations and construction. It is essential to include shareholders with experience managing various types of projects, as well as experience working with multicultural and diverse partners, given the particular risks that arise in a BOT project. Thus, the offtake purchaser will be anxious to ensure that key shareholders remain in the company for a long time, since the offtake purchaser was likely awarded the project due to its extensive experience and financial stability. The project company will coordinate the construction and operations of the project in accordance with the concession agreement. The off-taker will want to know the identity of the subcontractor and the operator. In an energy project, the project company and the lenders will be anxious to ensure that there is a reliable and economical energy source. Usually, the company will have a Bulk Supply Agreement (Bulk Supply Agreement), and the supplier would be the same entity that purchases the energy under the power purchase agreement (Power Purchase Agreement), that is, the state energy company. For example, see . (sic) Energy is the principal cost in the operations of water plants or wastewater treatment plants, so operators need certainty of the reliability of the source and the cost of energy. The profits generated in the operation phase are allocated to cover all operating expenses, maintenance, principal debt repayments—which represent a significant portion of the development and construction expense—financing expenses including interest and others, and a return to the shareholders of the special purpose company. The lenders provide non-recourse or limited-recourse financing; therefore, they will assume any residual risk as much as the company to which they grant the project and the shareholders. The company to which the project is granted assumes significant risk. Therefore, it will be anxious to ensure that those risks that remain with the grantor are protected. It is common for a company undertaking the project to ask the government for some form of guarantee and/or government commitments that are incorporated into an Implementation Agreement, especially in the case of an energy project. To minimize residual risks (since the lender will only want to assume, as far as possible, only a limited portion of the commercial risks of the project), lenders will insist on transferring the risks of the project company to the other participants through contract, such as, for example, the construction contract, the operations and maintenance contract for the project. Doctrinally, on a general level, the following has been indicated regarding risk assumption in this type of contract: "In this type of project, mainly BOT (Build, Operate and Transfer), given its special characteristics, a total assumption of risk by the builder is required, not only in the conception, execution, and commissioning of the work but also in its operation..." (Hernández Rodríguez Aurora. Los Contratos Internacionales de Construcción "Llave en Mano"). However, the same author clarifies that "In this type of contract, the emphasis falls on the overall responsibility that the contractor assumes towards the client. This does not mean, however, that the contractor assumes each and every one of the risks derived from the project execution. This will depend in each specific case on factors of various kinds—type of financing, work, client interference in the project execution, etc." In accordance with the legal nature of this contractual relationship, the following characteristics can be determined: a) The contractor's assumption of the phases of conception, execution, and management (operation) of the agreed-upon work. b) Obtaining the necessary financing for the fulfillment of the contractual purpose. c) The delivery of the work to the contracting entity, after a specified period established contractually has elapsed. d) The contracting company will maintain a series of particular obligations towards third-party subcontractors that do not bind the contracting entity. e) The economic consideration paid by users directly or indirectly through payment for the service obtained. All of the foregoing does not exclude the contracting entity reserving certain supervisory and control rights, in order to the public interest underlying the work and the very fact that it will be the final owner of it." In accordance with the foregoing, it is evident that in this type of contract, in contrast to a construction project where tasks are performed separately, the contractor becomes entirely responsible for the work and consequently reduces its possibility of making any type of claim. A consequence of the foregoing is that the contractor assumes the duty to fully comply with what was offered and additionally, is responsible for fulfilling its obligations to expected standards of conduct derived from applicable professional practices and rules. Thus, the contractual activity has a series of obligations that serve as a means for the final fulfillment of the contract, that is, to guarantee the full functionality of the completed work. It is in this sense that the weaknesses of this method have been noted, insofar as the risk and unforeseen events are assumed globally by the contractor, with the project owner needing to verify that there is no significant impact on what is expected to be delivered at the end of the contract. Thus, it has been indicated that: "In this method, the design and construction of a specific work are contracted simultaneously, which must meet certain specific performance objectives, which are very clearly established in the contract. The fundamental difference with the previous model is that the information on which the bidder bases the price is more limited, depending on the level of prefeasibility studies available at the time of the invitation to bid. Ideally, in these cases, feasibility studies or preliminary designs should be available, which allow the cost of the work to be bounded; however, these generally do not allow for the safe establishment of setbacks that may be encountered during construction. Here, the principal must be very clear in specifying the scope of the supplies and services to be contracted, and the results expected upon receiving the project." Banco Interamericano de Desarrollo. Ventajas y Riesgos de los Contratos Llave en mano. September. 2013". A position that, having analyzed the elements of proof and arguments of fact and law, this Section shares, having established that in the present case we are in the presence of a particular administrative contracting, novel in its application for Administrations, for the purchase of blocks of energy, under the Build, Operate, and Transfer scheme, as explained in the following Considerandos.
IX.- CONTINUATION. Having highlighted the foregoing, we proceed to review firstly the grievances regarding the exemptions from liability alleged by the plaintiff company, given that, as indicated above, the central issue to be elucidated is whether or not events effectively existed that could be classified as unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), allowing the Guaranteed Commercial Operation Start Date agreed upon by the parties in the Contract to be shifted.
B.1. Regarding unforeseeable event (caso fortuito) and force majeure (fuerza mayor). In the matter under review, clause 10 of the "Contract" regulates the subject of unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor) as follows: "10.1. An unforeseeable event (caso fortuito) is an unforeseeable fact, but had it been foreseen, it could not have been avoided; while force majeure (fuerza mayor), in addition to being unforeseeable, is unavoidable. 10.2. The following are recognized as unforeseeable event (caso fortuito) events: 1. Belligerence, insurrection, invasion, war, civil war, riots, piracy, rebellion. 2. Strikes. 3. Confiscation, expropriation, destruction, and obstruction ordered by any governmental authority (other than ICE) or its civil or municipal agents. 4. Sinking of ships, derailments of trains. 5. Other causes recognized as such by the doctrine and the administrative and judicial jurisprudence of the competent bodies. 10.3. The following is recognized as a force majeure (fuerza mayor) event: a) Natural disasters such as earthquakes, natural landslides, avalanches, volcanic eruptions, typhoons, hurricanes, etc. b) Other causes recognized as such by the doctrine and the administrative and judicial jurisprudence of the competent bodies. 10.4. In case of unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), neither of the Parties shall incur liability or breach of Contract for the delay in fulfilling its obligations, provided it complies with the following requirements: a) Upon becoming aware of the unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), the affected party must notify the other party in writing, within a term of forty-eight (48) hours, as established in the Contract. In said communication, it must provide a description of the event. b) The affected party must demonstrate, through reliable documentation, the existence thereof and the real effects it produced on the contractual relationship, for which it will have a maximum period of 45 calendar days. c) The suspension of obligations does not extend for a period longer than that required to resolve the unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). d) The affected party makes the reasonably necessary efforts to remedy the effects of the unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). e) The affected party must notify the other party, as established in this Contract, when it is in a position to resume its obligations. 10.5. In a situation of unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), the Term of the Contract shall be suspended for the number of days the Contractor is delayed in resuming the fulfillment of its contractual obligations, except when the unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor) is covered by the business interruption insurance policy. 10.6. The affected Party must take all reasonable measures to minimize losses resulting from unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). 10.7. Any repair made to the Plant as a consequence of damages suffered by unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor) must be carried out in such a way that the repaired part meets or exceeds the original quality levels." The plaintiff in the present case invokes unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor) (without distinguishing between the two concepts), as an exemption and break in the causal link that ICE relied upon as the reason for the termination of the Contract. To this end, it indicated that it was impossible to start construction, present the financial close, and the Work Plan, first because ARESEP took around 10 months to grant the concession, without which, according to the witness proposed by the plaintiff (Eng. Álvaro Mata, who was the person in charge of the project on behalf of the contractor), no work could begin, this being an indispensable requirement, and that, consequently, it shifts the Guaranteed Start Date (listen to recording). In addition, it indicates that Banco Nacional, the entity that was to finance the project, made the granting of the concession a requirement, so the financial close could also not be carried out, since the procedures before the Bank were completed after the concession was granted, which also shifts the initial date. It also highlights that ICE in 2014 accepted the Work Plan and with it the Guaranteed Date of June 1, 2017 (shifted). The plaintiff's arguments are not shared by this Chamber for the following considerations: As already highlighted above, the exemption from liability called "unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor)" has as a special characteristic the unforeseeability of the generating fact or events that cause or alter the normal execution of the contract. In this understanding, the Contract signed by the parties expressly regulates it, stating in its Article 1 that: "unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor) shall be understood as defined in Article 10 of the Contract"; thus, then, in its points 10.2 and 10.3, the events that shall be considered as such are listed, all referring to natural or human events, but each one causing some type of "national commotion," be they human events or acts of nature, in such a way that it is impossible for the parties to foresee that they will happen, there not existing, in that sense, any way that the parties could determine that an event of that nature would materialize in the course of the contractual execution, and if for some reason it did occur, there would be no way to prevent them, thus mitigating said harm with the suspension of the deadline, so that once the event had passed, execution could continue. In this order of ideas, it is not apparent from said article that such events are referred to administrative steps or procedures prior to starting construction, such as those invoked at the time by Hidrotárcoles S.A., such as the Concession procedure, red tape before the bank, institutional procedures for tree felling and others (completion of the Work Plan), so in the consideration of this Chamber, none of them, according to the plaintiff's allegations, would typify as a justification for the delay in the works and delivery within the guaranteed deadline set forth in the Contract (FGIOC). Now, within what was agreed by the parties in that section, there is a residual clause, which in its point 10.5, reads: "Other causes recognized as such by the doctrine and the administrative and judicial jurisprudence of the competent bodies"; a clause that appears open and that would, in principle, give rise to a broad interpretation in which the arguments of the plaintiff could fit, so we proceed next to its analysis. For the case at hand, it is important to review the provisions of Chapter II of Ley 7200, which is the legal framework under which the parties signed the Contract. Thus, in its Articles 20 to 24, the following is provided: "PURCHASE OF ENERGY UNDER COMPETITION REGIME. ARTICLE 20.- Authorization for energy purchase. ICE is authorized to purchase electric energy from privately owned power plants, up to fifteen percent (15%) additional to the limit indicated in Article 7 of this Law. This authorization is to acquire energy of hydraulic, geothermal, wind origin, and from any other non-conventional source, in blocks of no more than fifty thousand kilowatts (50,000 kW) of maximum capacity. ARTICLE 21.- Purchases by tender. Purchases must be made through the public tender procedure, with competition of sale prices and evaluation of the technical, economic, and financial capacity, both of the bidder and of the characteristics of the energy source offered. ARTICLE 22.- Term of contracts. The electricity purchase-sale contracts may not have a term of more than twenty years, and the assets of the operating power plant must be transferred, free of cost and encumbrances, to ICE at the end of the contract term. ARTICLE 23.- Rights and obligations of the awardees. The awardees of these energy purchase tenders shall have the same rights and obligations granted in Articles 10, 11, 12, 17, 18, and 19 of this Law. ARTICLE 24.- Authorization to SNE. SNE(*) is authorized to grant the respective exploitation concessions to the power plants to which ICE awards contracts to acquire electric energy, according to the conditions of Articles 20, 21, 22, and 23 of this Law." From said article that authorizes and regulates the purchase of energy by ICE, as in the case at hand, it is not apparent that having the concession beforehand is a requirement to start construction of a hydroelectric plant, as the aggrieved party alleges, and as the witness (Eng. Álvaro Mata) asserted, when he explained that said compensable events shifted the Guaranteed Commercial Operation Start Date (the witness's personal opinion but without legal basis), such as the concession procedure before ARESEP and subsequently the negotiations with BNCR to present the "Financial Close," which directly impacted the shifting of the guaranteed date, since construction could not start (the witness repeatedly emphasized as impossible) without the concession granted by ARESEP, implying that it was an indispensable requirement demanded by the legal system, but it is reiterated, this is only the witness's appreciation without legal basis. It is important for this Tribunal that said witness, although he stated verbally that he had experience in hydroelectric construction projects both as an ICE official and later as a director of private projects, also spontaneously stated that specifically, regarding this type of project, this was the first one he had been in charge of. This, for this Tribunal, (it is clarified) does not detract from his professional capacity as an engineer, but it does detract from his interpretation of the timeline he explained, events that occurred that shifted the start of construction of the PH, it is insisted, by asserting that it was not possible to start them without the concession, assimilating the projects regulated by Chapter 1 of Ley 7200. Such an assertion, it is reiterated, has no legal basis whatsoever, and rather contrasts with what was indicated by the ICE official witness, Eng. José López, who when consulted whether it was a requirement to have the ARESEP concession to start building the Project, he, emphatically and without any doubt, indicated "no," and explained clearly and extensively that this specific project, in which Hidrotárcoles was contracted, is regulated in Chapter II of Ley 7200, and only small hydroelectric projects, such as those up to 20 MW, which are found in Chapter I of said Law, need the ARESEP concession to start construction, but he insisted that for those of 50 MW, as is the contracting in the present case, such a concession is not required to start construction, but rather construction could begin while simultaneously processing the concession. This assertion can be contrasted with the provisions of Article 30 of the ARESEP Regulation in force at the time of the processing of this case, which reads: "Granting of concession pursuant to Law No. 7200. Applications for concession to operate limited-capacity power plants shall be accompanied by at least the following documents: 1. Approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). 2. Concession of the resource with which the energy will be generated, duly granted by the grantor. 3. Letter of declaration of eligibility. 4. Certification issued by the Instituto Costarricense de Electricidad that the provisions of Law No. 7200 and its amendments have been complied with"; similarly, Executive Decree Number 24866-MINAE (Regulation to Chapter II of the Parallel Generation Law: Competition Regime) does not regulate anything whatsoever regarding the concession granted by ARESEP being an indispensable requirement to start building the PH, it being the case, then, that from the cited regulation, the first requirement that must be provided prior to construction is the environmental study, not, it is reiterated, the concession from the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, as the aggrieved party maintains. As has been indicated up to this point, it is insisted, from none of the rules applicable to the case or provisions in the cited Contract, can it be derived that it was effectively a "sine qua non" requirement to have the granting of the concession by ARESEP prior to starting the construction of the PH, a point so relevant and that can directly affect the time period subscribed by the parties. That is, at the time of seeing the tender conditions and making an offer, the party was clear, first, that the concession would be for 20 years (as provided in Article 5 of Ley 7200), second, that within that term of the energy purchase contract (20 years), the construction of the PH is contemplated, with all the steps prior to construction (plans, earthworks (movimientos de tierra) among others) and commissioning of the project, as well as the Guaranteed Commercial Operation Start Date and Commercial Operation Start Date (topics that will be analyzed later and that have caused confusion between the parties due to their alternating use). In this logic, it is important to add that for this Tribunal, having analyzed the factual picture, it is not possible to think that such an important point as the concession requirement for construction, which could definitively affect the guaranteed delivery period (3 years), would not be expressly regulated in the contract, in such a way, for example, that the start of construction would begin from the moment the concession is granted to the Contractor, or that if, for some reason, the procedure before ARESEP lasted longer than a reasonable time, it would be subject to suspension, but; since there is no express manifestation by the parties regarding this within the contract, it is not possible, via interpretation, to reach said conclusion through the residual clause cited supra, because in sound hermeneutics, according to the provisions of Article 10 of the Civil Code, which indicates that rules must be interpreted not only in the proper sense of their words but also in relation to the context (in this case the other clauses of the Contract), it is not plausible to think that procedures or steps before a public or private institution (concession and financing) could be considered as unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), since these indeterminate legal concepts, both doctrine and jurisprudence, have related them to something unforeseeable and irresistible of a natural order or commotion, and cannot be abstracted from the context contained in clause 10 of the Contract to fill them with another concept. Thus, giving any event or situation that either party faced within the execution of the contract, even if it were beyond their control and not foreseeable, as happened in this case, the concept of "unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor)," thereby granting said figure a broader scope than that foreseen in their will, is not possible within a contractual relationship based on contractual good faith. This makes it clear, it is reiterated, that the parties were aware that within the first three years from the "Start Order" date to the Guaranteed Commercial Operation Start Date (in this case, as has been proven, from 8/1/2012 to 8/1/2015), the Contractor was to carry out all legal, technical, financial, constructive, or other procedures necessary for the proper progress of the project. Moreover, see that from the cited rules, the only requirement for ARESEP to grant the concession was for the interested party, among other requirements demanded by the regulation, to present the ICE award certification, the contract maintaining absolute silence (likewise the applicable regulations) regarding the start of the construction itself of the PH; this was even expressly regulated in clause 14.8, which reads: "Term of the Contract. The Term of this Contract shall be 20 years, which will run from the notification of the Start Order to the contractor" (underlining is not from the original). In the matter under trial, it has been established that the start order was issued through official letter No. 0510-919-2012 dated June 31, 2012, when the Electricity Management gives the start order to begin construction to the company Hidrotárcoles S.A., which is deemed notified on August 1, 2012, thus beginning the count of the 20 years, within which the 3 years for its construction and completion are included, according to the Guaranteed Commercial Operation Start Date (clause 4.1.1).
Lastly, and no less relevant, it is important to highlight that within article 4 of the Contract, the parties agreed on the procedure to follow in the event of an occurrence termed Fortuitous Event or Force Majeure (Caso fortuito o Fuerza Mayor), which in the pertinent part reads: "(...) and that the Contractor comply with the following: a) Upon becoming aware of the cause, notify the ICE in writing within a term of fifteen (15) calendar days. Said communication must include a description of the event. b) Demonstrate, by means of reliable contractual documentation, for which it shall have a period of 15 calendar days. After this period has elapsed, the ICE shall have 15 calendar days to respond to the communication regarding the request submitted by the Contractor. c) the Contractor shall take the measures within its reach to remedy the effects of the cause. The delay in the Guaranteed Commercial Operation Start Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial) may not be used by the Contractor to argue economic imbalance of the Contract" (underlining is not from the original). As is apparent from that clause, it is not sufficient for the party suffering an event of Fortuitous Event or Force Majeure (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) to invoke it for the suspension of the term to occur automatically; rather, an express procedure must be followed for the application of said concepts. First, it is the duty of the party invoking it to expressly notify its counterparty of such situation, but additionally, as a second point, it is a fundamental requirement that said communication must describe the causative event and indicate the remedy to mitigate such situation, and third, indicate the time the affected party will take to address said eventuality; as a fourth point, above all, reliable proof of the event must be provided, all of this process within a period of 15 calendar days from the event that prevents the party from continuing with the construction of the project. As counterparty, the ICE also has the obligation to expressly refer to and resolve that specific and extraordinary request made by the Contractor, hence the days contemplated in the cited clause are calendar days and not business days. In this order of logic and meaning, from a review of the case file and the events occurring in the execution of the contract from the date of the commencement order (1/8/2012) until the moment the ICE notified the Contractor of its intention to terminate the Contract (2015), there is no accreditation (nor does the party make specific reference to said procedure) of even a single express statement by the Contractor before the ICE, requesting a declaration of Fortuitous Event (Caso Fortuito) to avoid any liability. It is reiterated, there is no official communication whatsoever within the administrative file where the plaintiff communicated to the ICE the matter of the fortuitous event, its cause, the manner in which it would be remedied, and above all, the proof, this being a burden of proof of the party invoking it; it is reiterated, there is no evidence of said procedure within the contractual execution process; rather, it is an argument that the plaintiff invokes in this jurisdictional venue, but likewise, it fails to meet the burden of proof, and therefore they are merely subjective arguments lacking legal basis. Consequently, what was argued by the legal representation of the plaintiff both in its writings submitted within the case file and in its arguments during the oral trial and its conclusions made in writing cannot be considered a Fortuitous Event or Force Majeure (Caso Fortuito o Fuerza Mayor). Continuing in this logic, and for greater detail and clarity that the granting of the concession by ARESEP was not necessary to begin construction of the HP, it must finally be highlighted that from the same regulations cited in relation to the ARESEP regulations, it requires as a prerequisite the certification that the applicant has been awarded or is eligible, as appropriate for the type of project; therefore, according to the evidence in the court records, the plaintiff company was awarded the project since 2008, so it could well have started the procedures from that moment; neither the Contract nor, much less, the countersignature was needed, as these are not legal requirements for such procedure before ARESEP.
B.2. Regarding the Guaranteed Commercial Operation Start Date "FGIOC" and the Commercial Operation Start Date "FIOC". An issue that has been the subject of dispute between the parties is the concept and practical application of the FGIOC and FIOC concepts, therefore their analysis proceeds for their correct interpretation, understanding, and application to the case at hand. Thus, in article 1 of the Contract (Definitions) it states in relevant part: "COMMERCIAL OPERATION START DATE (FECHA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL)". Date on which, having met the conditions stipulated in this Contract for the acceptability of the Plant, the ICE authorizes the Contractor to begin commercial operation for the purchase of hydroelectric energy, at the delivery point defined in the Connection Contract. GUARANTEED COMMERCIAL OPERATION START DATE (FECHA GARANTIZADA DE INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL). As defined in article 4.1.1 of this Contract" (this latter definition will be the subject of analysis later in this section). From these first definitions, without an elaborate interpretation, applying the Roman law aphorism "in claris non fit interpretatio" (in situations where a law is clear and its meaning is evident, no interpretation is required), it is clear that there are two clearly differentiated dates, not only in their concept but also in their practical implications. The first, "Commercial Operation Start Date", which corresponds to the moment the Contractor begins to operate the HP, and the ICE buys said energy (purchase-sale of energy, according to the contract object); this is the date that can be varied only once, but such variation always understood as being anticipated, never postponed, as provided in clauses 4.1.2, even referred to as such by all the ICE official witnesses, when stating that: "such a situation is possible (advancing the date), and allows the Contractor to obtain fresh resources and exploit the concession for a longer time, and obliges its counterparty (ICE) to seek and have the resources for the purchase of said energy". The second concept, referred to as the "Guaranteed Commercial Operation Start Date", which corresponds to the first 3 years to begin and finish the construction and commissioning of the Hydroelectric Plant. This date (FGIOC), first, is given with the commencement order, in this case, as already indicated, on August 1, 2012; second, it comprises the construction period of the HP, the presentation of the Financial Close and the Work Plan, the latter within the first six months from the commencement order; third, this date cannot be moved; however, tacitly it can be understood that it could be advanced, when exceptionally, only once, but as already indicated above, only to be advanced, thus coinciding with the Commercial Operation Start Date, but it is reiterated, not to postpone the term of the Guaranteed Commercial Operation Start Date as the plaintiff understands it. Having clarified the above, and continuing with the theme of the case, within the Clause referred to as "Financing", in its articles it provides: "3.7.1. It shall be the Contractor's responsibility to obtain the financial close required for the construction of the Plant, within the period of six (6) months counted from the notification of the Commencement Order by the ICE. This period shall be suspended by the occurrence of any event classified as Force Majeure. 3.7.2. This period may be extended, only once and for the same number of months, provided that, upon expiration of the original period, the Contractor demonstrates that within the new period it can contemplate and formalize the financing. 3.7.3. If upon expiration of the period indicated in paragraph 3.7.1. or upon expiration of the extension provided for in paragraph 3.7.2, the Contractor has not managed to formalize the financing contracts required for the construction of the Plant, the ICE shall study the case in particular and if it considers that the Contractor has not been sufficiently diligent in achieving said close, it shall terminate the Contract in accordance with the provisions of paragraph 11.2 of this Contract". From the above, the following is apparent: 1) the exclusive responsibility to present the financial close for the construction of the Plant, and thus ensure there will be no delay whatsoever, belongs to the Contractor; 2) the period to deliver it is within the first six months from the commencement order, and it shall only be suspended if and only if an event classified as Fortuitous Event (Caso Fortuito) occurs; 3) there is an exception to the first delivery period (6 months), which may only be extended, upon prior demonstration that it effectively and reliably demonstrates that within the next six months (extended period) the financing can be finalized; otherwise, either the period is not extended, or eventually, extraordinarily, the ICE shall evaluate the case in particular to determine if the party was diligent in achieving said financial close, this being the sole reason for the extraordinary extension; if due diligence is not demonstrated and despite that the financial close was not achieved, the ICE shall terminate the contract, as happened in this case. 4) It is required that within the contract execution procedure the party has managed the corresponding matters under the circumstances just indicated. Now then, before proceeding to the analysis of this clause that regulates the matter of the Financial Close, which is another central argument of the plaintiff, for purposes of understanding, what is understood as "Financial Close" will be defined. Within the authoritative literature it is defined as: "The financial close of a project refers to the process that formalizes all financial agreements and commitments, marking the official start of the project. It involves securing the necessary financing for construction and operation, as well as managing all economic aspects related to the project. In detail, the financial close implies: Formalization of agreements: All contracts and financial agreements with the different actors involved (investors, lenders, etc.) are finalized. Securing financing: It is confirmed that the necessary funds for the project are available and the disbursement conditions are established. Start of execution: Once the financial close is completed, the construction and operation phase of the project begins. Financial management: Mechanisms are established for the management of the project's financial resources, including accounting, debt payment, and income generation. Financial reports: Periodic financial reports are generated to monitor the economic situation of the project. In summary, the financial close is a crucial milestone that marks the formal start of a project and ensures its economic viability." (Zúñiga Alemán, Laura. Project Finance for Infrastructure Projects. THEMIS 62. Law Review, 2012. Faculty of Law of the Pontifical Catholic University of Peru. Lima, Perú). From the previous conceptualization and in accordance with the cited contractual clause as well as the spirit of Law 7200, since this is a project in which private participation for achieving the public interest depends exclusively on its financing from the private business sector, the exclusive responsibility of obtaining the financing to reach a successful conclusion rests with the offeror, who must reliably prove that it has the necessary resources to succeed; for this reason, it must provide, within the first 6 months from the date of the commencement order, the financial close of the project, in which it formalizes and ensures that it has the necessary financing for the construction and operation, in this case, of the HP; said close must include the formalization of agreements, whether partners or banking entity, securing of financing, and financial management, and that for this case, according to the clause, it could only be suspended due to Force Majeure and not due to Fortuitous Event (Caso Fortuito). In relation to this exemption, to avoid being repetitive, reference is made to what was indicated and clarified previously, highlighting only that for the matter of the financial close, according to what was agreed by the parties in the Contract, only events related to this concept are taken into account, these being indeed those caused by acts of nature and that could eventually affect not only the national banking system but, above all, the project budget, since it is impossible to estimate the damages that could be incurred after a natural disaster, requiring up to that point an evaluation of the losses and a new budget, which entails a suspension and displacement of the FGIOC, but not in any other scenario. In relation to the extension for the presentation of the financial close, note that the parties agreed that it could be extended up to six more months, provided that the conditions are met that the Contractor first reliably demonstrates that within the extension period it will manage to complete and formalize the financing, that is, that for some reason of formalities with the banking entity, it could not be finalized within the original first six months; furthermore, it is the exclusive burden of the party (Contractor) to demonstrate such situation, and according to a systematic interpretation of the Contract, there is no possibility that this period could affect the three-year period in which the contractual operation start date (FGIOC) was guaranteed, as the party asserts. That is, the extension occurs during the course of the three years, or rather, the contractor has the possibility to present the financial close in the first year from the notification of the commencement order, because it is evident from the Contract itself that there is a minimum investment by the Contractor (partners) that allows the work to start, and this should not entirely affect the start of construction of the hydroelectric project. This is corroborated by all the witnesses, and even Eng. Mata (plaintiff's witness) in his deposition indicated that on the part of the partners there was an initial investment of approximately 30 million, and the rest would be covered by financing from BNCR, so it is clear to conclude that the start of construction did not need such financing, which did not happen in this case. Lastly, regarding this matter of the extension to deliver the financial close, although it is true the ICE extended the term by six more months for its delivery, according to official communication PHCSP61100-005-2013, of February 19, 2013, as indicated therein, it is also evident from the same communication that it was carried out in accordance with the provisions and in compliance with article 3.7.2 of the Contract; therefore, its effects regarding the FGIOC do not affect the three-year period as the plaintiff understands it, because it was already explained above that said period cannot be moved (suspended), except for Fortuitous Event or Force Majeure (Caso Fortuito o Fuerza Mayor), which, according to the court records, neither occurred nor was demonstrated in the sub exámine.
B.3. Regarding the Work Plan. Among the subjects debated by the parties is that referred to as the Work Plan, which, according to the ICE's arguments, supported the grounds for the administrative act of termination, but in the plaintiff's opinion, it was submitted and accepted by the defendant. In this understanding, clause 4.3.1 provides, in the pertinent part and for what is relevant to the case: "The Contractor must deliver to the ICE, no later than six (6) months from the notification of the Commencement Order, the work plan for the construction of the Plant, detailing the main activities comprising the Project (hereinafter referred to as the "Official Work Plan")". From this clause it follows, first, that the purpose of this document is to establish the work objectives, methodology to carry out the activities, and obtain the expected product (HP), and the level of detail of said product. In said document, the sequence, methods, and organization for the execution of the work that Hidrotárcoles S.A. would carry out for the construction of the plant shall be detailed and established. Thus, in the guide Management Body of Knowledge (PMBOK), Seventh Edition, it is defined: "as its name indicates, a work plan is an action plan that helps project teams achieve their objectives. Work plans consider key elements of project planning, such as tasks, milestones, deliverables, resources, budget requirements, and a schedule to integrate everything. The work plan will not be drafted or initiated by a single person, but must be presented to the board of directors and interested parties for approval. Once approved, you may continue developing the rest of your work plan" (underlining is not from the original); and second, that it must be submitted within the first six months, in this case, between August 1, 2012, and January 31, 2013, which is a fact accepted by the parties did not happen; said delay generating official communication number PHCSP-ICE-0004-2013 of February 21, 2013, in which reference is made to official communications numbers PCH-61100-002-2012, PHCSP-61100-004-2013 and PHCSP61100-006-2013, noting therein the non-compliance incurred up to that moment by the Contractor, stating in relevant part: "Due to the absence of an organizational structure on the part of the Contractor, non-compliances have been generated such as: Delivery of Technical Specifications of the Project, Official Work Plan (...)", as can be seen, already at that date the Contractor is made aware of its non-compliance, and despite that, there is no evidence that any of the causes provided in the contract allowing the suspension of said term were invoked at that time by the plaintiff company. To prove its theory, the plaintiff party, when questioning witness Víctor Eduardo Mora Bermúdez regarding official communication number PHCSP61100-002-2015 of January 19, 2015, first asked him if he recognized it, to which the witness stated "yes but that it was not signed by him although his name appears, clarifying that at that moment he was not working on the project, but that in any case, it does not follow from said note that the ICE had accepted the Work Plan, that rather in the last paragraph it indicates it does not imply a modification of the contract and other documents must be added"; he also stated that the phrase "certain and updated" is not an acceptance of the change of date as the plaintiff interprets it, but rather that all the documentation was presented in an updated form; no other meaning could ever be understood, such as, for example, the acceptance of said plan. From what was indicated by the witness as well as from the official communication referred to by the plaintiff, this Tribunal considers it is not possible to conclude with certainty, as the plaintiff party asserts, that the ICE at that moment accepted the Work Plan and thereby implied a change in the guaranteed start date; for as the witness also indicated, the defendant institute was always clear and emphatic in indicating that acceptance did not entail a modification of contractual aspects, and was even emphatic in saying that he continued issuing other official communications where work plans that exceeded the deadline were rejected, and it was from there that in 2014 the issue of "certain and guaranteed" arose, but never with respect to the change of delivery date; rather, the term is referring to the schedule.
B.4. Regarding the extension of the term due to the cure period. Having clarified the above, the plaintiff party states in its claim documents that there was a cure process established by the ICE itself that affected the agreed term, as indicated in official communication number PHCSP61100-128-2013 of November 17, 2013, and which concluded on April 29, 2014, with the correction made by its represented party, setting the contractual operation start date as June 1, 2017, but that, however, later the ICE, disregarding its own acts, initiated the contractual termination. To resolve this grievance, it is necessary to specify, on a timeline, the actions of the parties within the execution of the contract from the commencement order (1/8/2012) until the notification of the anticipated precautionary measure in administrative proceedings issued by the ICE for the start of the administrative procedure for contractual termination in 2015 (the grievances regarding defects in the procedure will be addressed later). As has already been referenced, after the first six months within which the Contractor had to begin and present the Work Plan, the Financial Close, and others, had elapsed, such situation had not occurred, which generated a series of official communications between the parties, being evidenced in official communication number PHCSP61100-0049-2013 of July 4, 2013, in which the current status of the "PH Capulín San Pablo Project" is indicated, stating in relevant part: "To guarantee compliance with what is specified, the ICE established a 'Supervisory Unit' whose main purpose is to record, ensure, and control compliance with the Project's Technical Specifications and deadlines established in the Contract; therefore, we inform you of the current status of the PH Capulín San Pablo Project and the actions taken on our part: An extraordinary meeting of the Coordination Committee of the parties (ICE-Hidrotárcoles S.A.) was held with the Electricity Management to report on the analysis of compliance with pending contractual aspects by Hidrotárcoles S.A. as of February 25, 2013, Minutes PHCSP 2013-003CC; one of the agreements was that the Contractor confirmed that by the month of June 2013 it would have all the necessary conditions for the start of works, a situation that has not occurred. Hidrotárcoles S.A., as of today, has not started works on the project site; therefore, progress is nil, presenting delays that put the commercial operation start of the Plant at risk, as transmitted by the Contractor through the monthly reports from April to May, in the meetings of the Coordination Committee 2013-005CC held on May 15, 2013, and 2013-006CC held on June 12, 2013. The ICE, motivated by this situation, has communicated to the Contractor the need to address this matter in repeated official communications, which are mentioned below: * PHCSP61100-036-2013 dated June 17, 2013, Technical Specifications of the PH Capulín San Pablo Project by Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-039-2013, dated June 17, 2013, Official Work Plan of Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, dated June 17, 2013, Guaranteed Data Forms of the PH Capulín San Pablo Project by Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, of June 17, 2013, Financial Close of the PH Capulín San Pablo Project by Hidrotárcoles S.A. In the event of a possible late entry into operation of the project, given the delays it is experiencing, the ICE expresses its concern that, should it not have the energy foreseen on the contractual date, it will be forced to cover the shortfall by other means, in addition to executing the penalties as indicated in the Contract (...)"; as can be extracted from the quote, by this date the first 6 months established by the Contract had already been exceeded, as well as the extension for an equal period that the Contract itself indicates, and endorsed by the General Comptroller of the Republic (Contraloría General de la República) by official communication number DCA-1684. It is in this context that the ICE notifies the plaintiff party of its intention to terminate the contract as a consequence of the Contractor's non-compliances, even within the cure period; thus, in accordance with what was agreed, the ICE, by official communication PHSCSP61100-128-2013 of December 17, 2013, grants the 4-month period stipulated in article 11.2.1 of the Contract, to make the adjustments previously indicated, stating in said communication, that pursuant to article 11.2, its intention to terminate the contract; thus in its last paragraph it was stated: "For these cases, concerning demonstrated non-compliances, notice is given in accordance with Article 11.2 of the ICE's intention to terminate the CONTRACT, unless within the period of four months counted from December 12, 2013, the non-compliances are corrected. If after said period has elapsed, or the reasonable period agreed upon by the parties based on a correction plan, the Contractor fails to correct the signaled non-compliance(s), the ICE shall initiate the Contract termination process (Article 11.2.3)"; a matter that, as is proven and accepted by the parties (there is no dispute), was not fulfilled by the awarded company, because as has been evidenced from the documentary and testimonial evidence (it is insisted), for the year 2014 there was nil progress, as referenced by witness López Muñoz in response to the questions asked of him regarding whether, in this case, the Contractor had complied with the FGIOC deadlines: "the company had three years to start and have the plant already commercially operating. In good theory, in the first year all temporary installations, excavations, plans, designs, permits and a lot of things on the site were done. In the second year, in good theory, it would already have financing and would be thinking about mechanical and electrical works, and in year 3, it would be installing the equipment and carrying out commissioning for this particular project. In this case, the first year progress was zero. In the second year, zero, and in the third year, it was no more than 23%. When we speak, compared to 125 similar projects, in which there is 25% progress in a work, it is understood that all there was were various excavations and such things. There were no equipment or anything on site that would allow, let's say at least, in the remaining year left here, completing everything that a hydroelectric project entails; commissioning alone in a hydroelectric project takes between 3 and 4 months, and in year 3 there was none of that. What there was was the Powerhouse platform at floor level, the river diversion and some concrete blocks in the river, and access roads. But there was nothing more than that. The remaining 75% was practically the core of this plant, that is, everything. The concrete works and all the metallic equipment, testing, and everything that entailed. So, in these first 2 years practically elapsed, the company spent its time doing studies. Prior to the commencement order, a company does field studies, does foundation studies to try to, when the commencement order is given, start bringing machinery in the first year. In the first year they were still doing investigation boreholes. Furthermore, in the second year, SETENA suspended the environmental viability (regencia ambiental) of the project." With the above, it is clear to this Tribunal that the cure period was granted by the ICE, respecting what was agreed by the parties, but despite that, the plaintiff company did not comply with either the original Contract term or the terms granted by the defendant during the course of the contract execution, resulting in the initiation of the procedure for contractual termination, the analysis of which proceeds below.
X.- ON THE VIOLATION OF DUE PROCESS IN THE TERMINATION OF THE CONTRACT. The second idea developed by the plaintiff company revolves around the violation of due process by the ICE in terminating the Contract; although the substantive matter has already been resolved regarding the right that assisted the defendant entity to terminate the contract, it is clarified that, as part of the legality review, this Tribunal proceeds to review the contractual termination procedure, solely and exclusively, with respect to whether it was carried out in accordance with the law, it is reiterated, not in relation to the substantive subject of the case at hand, that is, in relation to the material or substantial elements of the administrative act that supported the decision to terminate the contract, a subject that, as has just been indicated, was resolved in the preceding whereas clause. In this logic, we proceed to examine the grievances raised by the plaintiff and review them regarding the configuration of the formal elements of the administrative act necessary for its validity and effectiveness, with respect to the resolution adopted by the Procurement Directorate (Dirección de Proveeduría) of the ICE at nine thirty hours on January fifteenth, two thousand eighteen, notified via official communication number 5201-10-2018, in which the final act is issued resolving the Contract signed between the ICE and the company Hidrotárcoles S.A., corresponding to Public Bid 2006LN-000043-PROV.
Likewise, it has been consistently indicated that the constitutional amparo is only appropriate against evidently arbitrary acts that directly violate fundamental rights, that is, serious, gross, and clear violations of the right to defense and due process, given that this venue is not called upon to correct all procedural defects (vicios in procedendo), even though litigants frequently attempt to fix any procedural irregularity, no matter how small, by resorting to amparo, which is not designed for that purpose, but only to remedy infringements of the essential elements of due process (Judgment No. 1998-002109 of 5:24 p.m. on March 25, 1998). Thus, not every infringement of procedural rules becomes, by itself, a situation of legal-constitutional defenselessness and, therefore, a violation of the constitutional right to due process. Now, this Chamber has had ample opportunities to examine what the basic constituent elements of constitutional due process in administrative proceedings are, fundamentally indicating that such a right is constituted by the following principles: a) To transfer the charges to the affected party, which implies communicating, in an individualized, concrete, and timely manner, the facts being attributed; b) To allow unrestricted access to the administrative file; c) To grant a reasonable period for the preparation of their defense; d) To grant a hearing and allow them to present all evidence they deem appropriate to support their defense; e) To provide the reasoning for the Resolutions that conclude the proceeding; f) To recognize their right to appeal the sanctioning resolution (see Judgment No. 1995-005469 of 6:03 p.m. on October 4, 1995). A Vote applicable in its principles to the present case. Now, regarding the concept of due process applicable to contracting matters, both the Law on Administrative Procurement (Ley de Contratación Administrativa, LCA) No. 7494 of May 2, 1995, and its Regulations (Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, RLCA), Executive Decree No. 33411-H of September 27, 2006, in force on the date the facts analyzed in this judgment occurred, stipulated, in what is of interest for the specific case, that “The Administration is obliged to fulfill all commitments, validly acquired, in the administrative procurement and to provide collaboration so that the contractor adequately executes the agreed object” (Art. 15 LCA) and that “Contractors are obliged to fully comply with what was offered in their proposal and in any formal documented manifestation that they have additionally provided during the course of the proceeding or in the formalization of the contract” (Art. 20 ibid). Furthermore, in the event of a potential breach by the contractor, the contracting public administration has a series of mechanisms (also established by law) to ensure the public purpose sought, possessing powers of direction, control, sanction, modification, execution of guarantees, termination, and resolution of the contract. Regarding the latter, Article 11 LCA provided, in what is relevant here, that: “Unilaterally, the Administration may rescind or resolve, as appropriate, its contractual relationships, due to a reason of breach, due to force majeure, act of God, or when it is in the public interest, all in accordance with due process...” (emphasis added). That rule was complemented by numeral 204 of the RLCA, which provided: “The Administration may unilaterally resolve contracts due to a reason of breach attributable to the contractor. Once the contractual resolution is final, the performance guarantee and any other fines shall be executed, if pertinent, without any additional proceeding. In the event that the Administration has provided for retention clauses in the bid specifications (cartel), those amounts may be applied to the payment of recognized damages. Should the guarantees and retentions be insufficient, the necessary measures shall be adopted in administrative and judicial venues to obtain full compensation.” At the time, the Constitutional Chamber explained that: “...regarding resolution, doctrinally, it has been understood as a mode of abnormal dissolution of a contract due to a supervening cause, which corresponds to the breach by one of the parties and which retroactively extinguishes the contract, a resolution that may be declared ex officio by the Administration when it is the contractor who breaches its obligations and without prejudice, in both cases, to the legality control that the competent judge must exercise” (Vote No. 1205-96 of 9:00 a.m. on March 15, 1996). It is inferred from the foregoing that the contractual resolution is a power-duty of the Administration, in safeguarding the public purposes served by the administrative procurement, but its adoption requires respect for due process in favor of the contractor. Precisely, Article 205 RLCA developed a special procedure for contractual resolution; however, that rule was annulled by resolution of the Constitutional Chamber No. 4431 of April 1, 2011, corrected by resolution No. 4518 of April 6, 2011, wherein it considered that the regulation applicable in these cases turns out to be a matter of relative legal reserve, and therefore, ordered that: “VI.- Warning to Public Administrations. As long as the Law on Administrative Procurement does not establish the essential or fundamental characteristics of the administrative procedure to exercise the power of unilateral resolution by the contracting public administrations, these must observe and adhere to the ordinary administrative procedure established in numerals 308 and following of the General Law on Public Administration, which, if carefully and adequately directed, can be processed in reasonable and brief timeframes.” Having clarified the basic concepts of due process in general and the same applied to administrative procurement, we proceed to resolve the grievances of the plaintiff party.
XI.- On the defects in the elements of purpose (motivo), content (contenido), and aim (fin) of the final act. In its closing arguments, the plaintiff party considers that the elements of purpose, content, and aim are flawed. Court's Criterion. Before resolving the grievance, a brief clarification on the elements of the administrative act will be made.
A- Generalities of the Administrative Act. Both nationally and internationally, doctrine has indicated that the administrative act is the most representative form of manifestation of an administrative decision, with direct legal effects on those administered. In this vein, the administrative act has been defined as follows: "The administrative act is a unilateral declaration of will, knowledge, or judgment made in the exercise of the administrative function, which produces concrete or general legal effects, of a normative scope or not, in a direct or immediate manner." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). As material elements of the administrative act, the following can be determined: a) Purpose (Motivo), understood as the factual and legal background and premises that support the necessity, timeliness, convenience, and legitimacy of the administrative act. b) Content (Contenido), which consists of the operative or declarative part of every act. c) Public End (Fin público) sought with the issuance of the corresponding administrative act, as the result pursued based on the purpose of the act. As formal elements of the administrative act, we find both the competence of the body responsible for its issuance, and the investiture and legitimacy of the public servant issuing the act, and the fulfillment of certain requirements in the issuance of their will, i.e., its reasonableness, proportionality, the absence of error, fraud, and violence in the will, and the subjection to the rules of technique and science, fundamentally. From this form of formal and written manifestation, acts and facts of legal significance arise, as executory instruments of the former. In this vein, these latter have been characterized as follows: "... once the formal administrative act that concludes the administrative proceeding has been issued and is final -whether valid or relatively null-, it is necessary to carry out a series of material actions or operations to give it proper execution, even against the will or resistance of the addressee (articles 146, paragraph 1, and 176, paragraph 1, of the General Law on Public Administration). It is clear that we refer to executory administrative acts, that is, those that require their execution to be effective..." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Our legal system has provided that, in the absence or with defects in any of the elements of the administrative act, we would be in the presence of a defect of absolute or relative nullity, as the case may be. Thus, articles 166 and 167 of the General Law on Public Administration state in this regard: "There shall be absolute nullity of the act when one or more of its constituent elements are totally missing, actually or legally." "There shall be relative nullity of the act when one of its constituent elements is imperfect, unless the imperfection prevents the realization of the end, in which case the nullity shall be absolute." With respect to the scope of absolute nullity, the following has been indicated: ".... when the act is manifestly and flagrantly illegal, or, better said, gravely illegal (in the precise sense to be indicated later), it is neither presumed legitimate nor can it be executed without incurring responsibility, so the final result that such execution might add to the legal or real world -should it occur- must be considered a disturbance of the legal order and its 'effectiveness' and repressed as an attack against the possessory state of his rights and interests by the administered person" (Eduardo Ortiz Ortiz. Nulidades del Acto Administrativo en Ley General de la Administración Pública).
B- Non-existence of the alleged defects. From a review of the administrative file and specifically the final act contained in the resolution of 9:30 a.m. on January 15, 2018, communicated in official letter number 5201-10-2018, regarding the constitution of the substantial elements of the administrative act, it is evident that they are in accordance with the law pursuant to the provisions of article 128 of the General Law on Public Administration. B.1. Purpose (Motivo).
This being as defined, the legal and factual background upon which the Administration bases its standing to issue it, in the case under review, the parties, upon contracting, subscribed to what their obligations were and the consequences of non-compliance. From the contract, it is understood, without controversy between the parties, that the plaintiff company had to construct the project subject to the contract within the first three years and deliver it at what is known as the Guaranteed Commercial Operation Start Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial), and that in case of non-compliance, ICE, within its rights and powers derived from the Contract and the Law, could terminate the contract. As has been demonstrated, that is not what happened; rather, even in this venue, the plaintiff invokes liability exemptions such as Fortuitous Event (Caso Fortuito) and Force Majeure (Fuerza Mayor), but these were not conclusively proven by the aggrieved party in the administrative venue. Thus, this factual background, as part of the reasons (motivo) element, allows ICE to initiate proceedings and notify the Contractor of its intentions to terminate the contract, due to non-compliance in the execution of what was agreed; its legal background being, therefore, clauses 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 10, 11.2 of the Contract and Articles 11 of the LCA and 212 of the RCA. In the opinion of this Court, there existed sufficient reason for ICE to exercise the right to unilaterally terminate the Contract, this being legitimate and existent at the time of its adoption, according to the doctrine of section 133.1 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública). B.2. Content. Another of the arguments linked to the reasons (motivo) element, which the party expressed, relates to the content of the administrative act, which it considers does not comply. Article 133 of the LGAP provides: "1. The content must be lawful, possible, clear, and precise and encompasses all questions of fact and law arising from the reasons, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportional to the legal purpose and corresponding to the reasons when both are regulated. 3. When the reasons are not regulated, the content must be, even if in an imprecise form. 4. Its adaptation to the purpose may be achieved through the discretionary insertion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to meeting the characteristics of the content indicated above, the latter are legally compatible with the regulated part of the same." ICE, in the operative part of the challenged act, indicates that based on the cited rules, it proceeds to order, as relevant: "1. The termination of the Contract of Public Tender 2006LN-000043-PROV, awarded to the contractor Hidrotárcoles S.A. 2. The sanction of a warning based on Article 99 subsection a) of the Law on Administrative Procurement (Ley de Contratación Administrativa) against the company Hidrotárcoles S.A. (...)". In contrast to what ICE ordered and the rule, it is inferred that the content is lawful and possible because it is within what was agreed. Consequently, without further reiteration of the arguments, this Court considers that the final administrative act challenged is in accordance with the law under the terms of Article 128 of the LGAP, and there is no nullity to declare. B.3. Purpose (Fin). Section 131 of the LGAP provides: "1. Every administrative act shall have one or several particular purposes to which the others shall be subordinated. 2. The main purposes of the act shall be fixed by the legal system; however, the absence of a law indicating the main purposes shall not create discretion for the administrator in this regard, and the judge must determine them in view of the other elements of the act and the rest of the legal system. 3. The pursuit of a purpose different from the main one, to the detriment of the latter, shall constitute a misuse of power (desviación de poder)." From the rule, it can be indicated that the purpose of the administrative act refers to the objective or result that the Administration seeks to achieve by issuing said act. This purpose must be a public interest and be provided for by the rule. Thus, the scholar Agustín Gordillo defines it as: "The teleological element of the administrative act refers to the finality or purpose with which said act is issued. It is the 'why' of the act, the reason for being that justifies its existence based on the public interest it seeks to satisfy. In essence, it is the ultimate end that the administrative act intends to achieve, and it must be aligned with the legal framework that supports it" (General Theory of Administrative Law. Volume 8. Buenos Aires). In this case, this Chamber considers that the "purpose" (fin) element is configured in the act that ordered the contractual termination, in protection of the public interest that was sought at the time the Contract was signed, but which was affected by the Contractor's non-compliance. Therefore, said element is in accordance with the law.
XII.- CONCLUSIONS. Having analyzed all of the plaintiff's arguments, both on form and on the merits, the following conclusions are reached:
a. Event One. ICE's delay in issuing the Official Letter addressed to ARESEP informing of the Contractor's award. It is not a Fortuitous Event or Force Majeure event, nor was it a legal requirement to begin construction of the project.
b. Event Two. Time taken by ARESEP to grant the concession, as indicated, the time spent at ARESEP for the concession to be granted in no way affects the start of constructing the hydroelectric plant or even its completion; moreover, even under the hypothesis that it took three years, the project could perfectly be completed and energy start being sold once the concession was granted. It must be understood that the concession is for the exploitation of the water resource, not for the construction of the plant.
c. Event Three. Time required to obtain financing. Nor is it an initial requirement for construction; moreover, the Contract grants 6 months, and a 6-month extension, when the Contractor proves that it was not due to its negligence and that the financing will be obtained within that extension period, all within the logic that the awardee of the tender has an initial investment.
d. Correction period prior to contractual termination. Not only is it not a requirement for the start, but as has been shown, it is not a fact that can shift the guaranteed date.
e. Obtaining tree felling permits, exploratory phase. Nor is it a fact that can by itself shift the guaranteed date, as it is a procedure that the Contractor must carry out and must be provided for within its work plans to be able to comply within the three years. Moreover, this matter was even resolved by the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) that declared said decree of national interest so that the procedures before SINAC would be more expeditious.
In summary of everything stated here in these conclusions, this Court considers that the arguments presented by the plaintiff have no legal basis, but are only subjective assessments and personal interpretations of the facts and contract, in order to sustain its contractual non-compliance, which has been demonstrated by ICE, not only during the contractual execution phase but also in the Administrative Termination Proceeding (Procedimiento Administrativo de Recisión). Therefore, this Chamber considers that the actions of the defendant are in accordance with the law.
XIII.- DAMAGES AND LOSSES (Daños y Perjuicios). The plaintiff requests that, by virtue of the declared nullities, it be compensated for the damages and losses caused by ICE's actions, consisting of the costs assumed by Hidrotárcoles S.A. and the claims it was subject to by Hidrochina and Constructora Sánchez Carvajal S.A. It prudentially estimated said damages and losses in the sum of $20,750,905.00 (twenty million seven hundred fifty thousand nine hundred five dollars, currency of the United States of North America). Opinion of the Court. As resolved above, there is no unlawful conduct that ICE carried out in its contractual relationship with the plaintiff company. In that order of ideas, since there is no declaration of nullity of the challenged administrative acts, and the claim for damages and losses being accessory to that claim, there exists no causal link between the challenged conduct and the damages claimed. Consequently, their rejection is required, as is hereby ordered at this moment.
XIV.- DEFENSES AND CLAIMS. ICE's legal representative, upon answering the lawsuit and the amendments to the lawsuit, answered negatively and interposed the defense of lack of right (falta de derecho) at all stages. For the reasons broadly indicated in the preceding recitals (considerandos), it must be upheld, and consequently, the claims of the plaintiff company are declared without merit in all respects.
XV.- COSTS. In accordance with section 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so, with the exceptions contained in subsections a) and b) of the same article. Since the claim has been declared without merit and no cause justifying an exemption is found, the company Hidrotárcoles Sociedad Anónima is ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding, as well as the interest generated by such sum, once these are determined in the execution of the judgment.
POR TANTO
The defense of lack of right is upheld. The lawsuit filed by HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD is declared Without Merit. Costs plus their interest shall be borne by the losing party, which shall be determined in the execution of the judgment. Notify.
Rodolfo Marenco Ortiz Eduardo González Segura Marco Antonio Hernández Vargas ???????????????
ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, DECISION-MAKING JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECISION-MAKING JUDGE MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECISION-MAKING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. E-mail: [email protected] Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Contratación administrativa Subtemas:
Derechos y obligaciones de la Administración y del contratista en la ejecución del contrato administrativo. Naturaleza jurídica y características de los contratos BOT en el ámbito de la generación eléctrica.
"VII.- GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA [...] la Administración se encuentra revestida de la potestad de resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista, o bien, de rescindirlo por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y 204 y 206 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H, puede modificar unilateralmente el contrato, tiene derecho a recibir los objetos adjudicados actualizados (ARTÍCULO 12 de la Ley), está llamada a velar por la observancia de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, debe velar por el cumplimiento o ejecución efectiva del contrato (artículo 13 de la Ley), tiene la obligación de cumplir con todos los compromisos adquiridos en el contrato (entre ellos pagar el precio) y colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato (artículo 15 de la Ley). Por su parte, el contratista tiene derecho a la ejecución íntegra del contrato (artículo 17 de la Ley), al mantenimiento del equilibrio económico del contrato (artículo 18 de la Ley), al reconocimiento de intereses, y está obligado a verificar la correcta aplicación de los procedimientos (artículo 21 de la Ley) y a cumplir con las condiciones y elementos particulares contenidos en el cartel, la oferta y el contrato, con la finalidad de conseguir su correcta ejecución (artículo 20 de la Ley) [...]
VIII.- [...] Criterio del Tribunal. [...] De previo a resolver los agravios de la parte actora, se hace necesario hacer una precisión sobre el tipo de contratos denominados "BOT", al ser este el objeto del proceso.la modalidad BOT (del inglés Build, Operate and Transfer- Construir, Operar y Transferir), que constituyen una forma de gestión indirecta del servicio público. Sobre la naturaleza de estos contratos, en la sentencia 19-2017-V de las quince hora del primero de marzo del año dos mil diecisiete, el Tribunal Contencioso Administrativo refirió: "Estos contratos funcionan con un esquema de concesión de la obra en un agente privado, que financia su construcción y puesta en marcha y obtiene a cambio el derecho a explotarla por un largo plazo, cobrando a los usuarios determinadas tarifas, devolviendo al término de ese período de concesión el bien a plena propiedad y gestión del Estado. El financiamiento de la obra será gestionado por la contratista mediante el aseguramiento frente a los terceros financiadores de los asegurados resultados de la gestión de operación anterior, ya cuando el proyecto se encuentre en funcionamiento. Lo anterior, en tanto que la financiación de la obra recae en última instancia sobre los consumidores del producto derivado del servicio a prestar. En el caso de la ley en mención, se autoriza la participación de los particulares en la generación de energía hidroeléctrica, autorizando que el ICE les compre la energía generada [...]".
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Documento PJEDITOR ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
HIDROTARCOLES S.A.
DEMANDADO/A:
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD N° 2025008384 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de agosto del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento interpuesto por la empresa HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número, 3-101-548713, representada por el Lic. Carlos Hernán Robles Macaya, mayor, abogado, carnet de colegiado número 2416, en su condición de Apoderado Especial Judicial, contra el Instituto Costarricense de Electricidad, representado por la Licda. Lindsay Arguijo Vargas, mayor, abogada, carnet de colegiada número 16077, Licda. Dafne Sánchez Aguirre, mayor, abogada, carnet de colegiada número 8233 y Licda. Karla Méndez Bonilla, mayor, abogada, carnet de colegiada número 12497, todas ostentando la condición de Apoderadas Especial Judicial.
CONSIDERANDO
I.- ASPECTOS PROCESALES.
En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad o indefensión a las partes. Se emite este fallo dentro del plazo de quince días hábiles indicado en el numeral 111, inciso 1, del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se dicta la presente resolución por unanimidad, previa deliberación y de manera escrita.
Redacta el juez Marenco Ortiz.
Como hechos probados para la resolución del presente caso se tienen los siguientes:
- Expediente Administrativo de Licitación Pública Internacional 1) Por oficio Nº 0610-746-2006 del 25 de septiembre de 2006 el Ing. Gilberto De La Cruz Malavassi, Director General, solicita a la Dirección de Proveeduría se inicie trámite de Licitación Pública para compra de energía proveniente de plantas hidroeléctricas BOT (f. 06, expediente de licitación).
(imagen 4777-4778, expediente judicial).
- Expediente Procedimiento Administrativo de Resolución Contractual Número PA-33-2015. Para los efectos de cita se indicará los folios del expediente físico que fue aportado por el ICE.
- Expediente Procedimiento Administrativo de Ejecución de Garantía Número PA-08-2018.
III.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS: Como hechos no probados y de importancia para el caso se tienen los siguientes:
IV.- TESTIMONIOS. En el juicio se recibieron tres testigos, de dicha actuación se consigna en lo conducente lo actuado en la audiencia.
V.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. Al presentar la demanda y su contestación, así como en las conclusiones presentadas por escrito, las partes manifestaron lo siguiente que se transcribe:
VI.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora presenta esta causa para que el Tribunal declare la nulidad de los actos administrativos números: 5225-0943-2015 del 7 de julio de 2015 Medida Cautelar, PHCSP61100-048-2015 del 15 de julio de 2015, PHCSP61505-023-2015 del 16 de julio de 2015, 5225.1559.2015 del 3 de diciembre de 2015 Apertura Procedimiento. Resolución nº 0510-159-2016 del 14 de enero del 2016, Oficio 5201-10-2018 del 15 de enero del 2018 con el Acto Final del Procedimiento de Resolución del Contrato y Sanción de Apercibimiento, Oficio 5201-26-2018 del 12 de marzo del 2018, recurso de revocatoria, apelación en subsidio e incidente de nulidad contra el Acto Final del Procedimiento de Resolución del Contrato y Sanción de Apercibimiento, Oficio 0150-0361-2018 de fecha 12 de abril del 2018, Recurso de Apelación en Subsidio e Incidente de Nulidad contra el Acto Final del Procedimiento de Resolución de Contrato y Sanción de Apercibimiento y Oficio 5201-57-2018 del 4 de junio de 2018, acto final del procedimiento de ejecución parcial de garantía de cumplimiento por daños. En consecuencia, de dicha declaratoria de nulidad se debe declarar el derecho de la actora a la fecha garantizada de inicio de operación comercial para el 1 de junio de 2017, con el fin de que el ICE reconozca una nueva fecha ajustada. Reconociendo el ICE el costo adicional, los reajustes de precio, y los daños y perjuicios ocasionados lo cual suma un total de $468,36 millones de dólares moneda de Estados Unidos de Norte América.
VII.- GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 1) Principios Generales de la Contratación. Sobre este tema desde vieja data, nuestro máximo órgano constitucional se ha venido pronunciando de forma reiterada, indicando primeramente sobre los principios rectores en esta materia lo siguiente: "V. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. La contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir de una serie de principios jurídicos. En efecto, desde el punto de vista del contenido material de nuestra Constitución Política, la sola enunciación que hace el artículo 182 constitucional implica esa configuración, como habían manifestado los Magistrados Sancho, Calzada y Molina en el voto salvado de la sentencia número 0787-94, de las quince horas veintiún minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro: “La norma impugnada contiene un requisito formal que debe satisfacer toda persona física o jurídica, que desee participar en los procedimientos de contratación administrativa, para satisfacer el principio esencial contenido en el artículo 182 de la Constitución Política, en virtud del cual «Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.» Este principio, que se resume en que «toda contratación administrativa, se hará por el procedimiento de licitación», implica que tienen rango constitucional todos los principios del derecho público que informan la contratación administrativa, en la medida en que resulten razonables y proporcionados a los fines que se persiguen. Los tres principios esenciales que reconoce la doctrina del Derecho Público, son la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la publicidad, principios que reproduce la Ley de la Administración Financiera de la República en su artículo 101 y el artículo 31 del Reglamento de la Contratación Administrativa y la norma que se cuestiona, no lesiona, en forma alguna, ninguno de esos tres principios”; desarrollo que recogió este Tribunal en pleno con posterioridad, en sentencia número 1206-96 de las nueve horas del quince de marzo de mil novecientos noventa y seis: “[...], que al disponer el artículo 182 constitucional que debe celebrarse mediante licitación, implica que son constitucionales todos los principios esenciales que informan esa figura, reconocidos unánimemente por la doctrina del Derecho Constitucional y Público, como la equidad, publicidad, igualdad de oportunidades, el interés público y la buena fe, entre otros”; y que reiteró en la siguiente consideración “Ha dicho esta Sala que si el artículo 182 de la Constitución Política establece este principio -el de la licitación-, entonces se encuentran inmersos en el concepto todos los principios propios de la Contratación Administrativa” (idem). En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación son: 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental; 3.- de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate; 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación; 6.- formalismo de los procedimientos licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de autofiscalización de la acción administrativa; de manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia; 7.- equilibrio de intereses, en tanto es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de éste; 8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro; 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar; 9.- de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado ( reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato); y 10.- del control de los procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de la administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional. Estos principios tienen reconocimiento tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, y ya han sido desarrollados por este Tribunal en reiteradas ocasiones y con anterioridad a esta sentencia, de la siguiente manera: “[...], si el recurrido no siguió este procedimiento, se infringió no sólo el artículo 182 constitucional, que preceptúa la licitación como instrumento de contratación del Estado, sino además, el principio de igualdad, en su connotación específica de igualdad de trato para los interesados y potenciales concursantes, limitándose además, indebidamente, la libertad de contratar (derivada de la de comercio), dispuesta por la Carta Política en su norma 46, y con todo ello, al no sujetarse a los procedimientos jurídicos aplicables, violó, también, el principio de legalidad.” (Sentencia número 1490-92, de las dieciséis horas nueve minutos del tres de junio de mil novecientos noventa y dos). Asimismo, en sentencia de amparo número 2633-93 de las dieciséis horas tres minutos del nueve de junio de mil novecientos noventa y tres, manifestó: “En relación con los particulares el procedimiento de licitación, en tanto caracterizado por el principio de “publicidad” que lo informa, busca garantizar a los administrados la más amplia garantía de libre concurrencia, en condiciones de absoluta igualdad, en el procedimiento de contratación. El sistema tiende a evitar tratos preferenciales e injustos y el procedimiento de licitación definido por la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación Administrativa, «como el medio idóneo y el más deseado instrumento para el trámite de los contratos administrativos», se fundamenta en el doble propósito de lograr las mejores condiciones para la Administración Pública y de garantizar la libertad de oportunidades a los interesados y todo ello conforme el llamado principio de legalidad de la contratación administrativa, al que debe sujetarse todo el que quiera contratar con la Administración (véase el artículo 182 de la Constitución Política”; y se concluyó que el obviar los procedimientos licitatorios además de implicar una burla al procedimiento constitucional de la licitación, constituyen también una violación “[...] de los principios de la más amplia participación de los administrados y de la búsqueda de las mejores condiciones para la Administración, propicia y provoca, de hecho, la creación de monopolios de carácter privado, lo que el Estado está llamado a evitar. Y precisamente el camino para hacerlo, es permitiendo, como se indicó, la mayor participación posible de los particulares interesados, en condiciones de absoluta igualdad, en un procedimiento amplio y cristalino de contratación administrativa.” En sentencia de inconstitucionalidad número 5386-93, de las dieciséis horas del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reitera: “[...], el procedimiento debería ser concursal, en atención a la licitación como medio constitucional de proveer a la libre competencia y a la igualdad de las empresas potencialmente oferentes (artículo 182 de la Constitución).” Al resolverse la acción de inconstitucionalidad promovida contra las limitaciones que los artículos 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República, 252 párrafo primero y 253 del Reglamento de la Contratación Administrativa, respecto de quiénes pueden contratar con la Administración, se indicó: “II).- En refuerzo de lo dicho cabe indicar que las normas cuestionadas resultan válidas también, a la luz de los principios rectores de la contratación administrativa, especialmente el de la libre concurrencia y su derivado, el de igualdad, cuya vigencia se vería comprometida de aceptarse en esta sede la tesis propuesta en la acción.- El primero de los principios señalados -libre concurrencia- tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición entre todos los oferentes, y su contrapartida está en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; su consecuencia inmediata es que impone a la Administración el deber de adjudicar imparcialmente la mejor oferta, circunstancia que evidentemente no podría darse, si se permitiera la participación en el concurso de los funcionarios del más alto nivel en la República, o de sus parientes, quienes podrían utilizar ilegítimamente su posición para influenciar la escogencia final. Por el segundo de los principios indicados -igualdad- la Administración debe colocar a todos los oferentes en pie de igualdad, desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación o formalización del contrato, lo que implica que no puede crear entre ellos discriminaciones jurídicas ni de hecho, susceptibles de dar ventaja a ciertos concurrentes, o bien de perjudicarlos. Esa igualdad comprende, al menos, el deber de que las condiciones sean las mismas para todos los competidores y que debe darse preferencia siempre a quien hace la oferta más ventajosa para la Administración; su incumplimiento, violación, quebrantamiento o no aplicación, vicia de nulidad el contrato que, como su consecuencia, fuere celebrado; y por ello, en atención a lo expuesto, no encuentra esta Sala que, en general, las disposiciones que prohíben la participación de los miembros de los Supremos Poderes y órganos constitucionales -y los parientes de aquéllos- en los contratos administrativos, resulten en sí mismas inconstitucionales dado que encuentran asidero constitucional en los principios señalados, derivados de los numerales 33, 112 y 143 de la Constitución Política.” Por último en sentencia número 1205-96, supra citada, se consideró: “Desde esta perspectiva, la Sala ha declarado en Sentencia No. 3495-92 de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992, que existe un reconocimiento constitucional del principio y derecho de propiedad privada (artículo 45) y libertad de empresa (artículo 46) y partiendo de ambos se inscribe también como principio del mismo rango para el ejercicio de ambos, el de libre contratación del cual su contenido, ha sido resumido por esta Sala en cuatro elementos; y literalmente señala esa jurisprudencia: «a) la libertad para elegir al co-contratante; b) la libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo concreta; c) la libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que se estipula como contraprestación; d) el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto último resulta de necesaria aplicación y, por ende, de rango constitucional»”; y continúa diciendo: “Siendo así, en todo concurso el número de oferentes no puede tener límites, dado que, en teoría, pueden concurrir a ella todas aquellas personas o entidades que, de acuerdo con las normas vigentes, estén en condiciones de presentar una oferta válida. En este procedimiento se presupone la existencia de una "previa" justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, y tiende, en definitiva, a establecer cuál persona o entidad es la que ofrece la propuesta más conveniente para el Estado, lo que resulta de la conjugación de varios elementos objetivos del contrato de que se trate, y que no necesariamente está representado por el precio más bajo” (Res. Nº 00988-1998, de las 11:30 hrs. del 16 de febrero de 1998). Resolución que si bien en el caso que nos ocupa su punto central es la resolución del contrato celebrado entre las partes de este proceso, sí son aplicable lo referente a los Principios Contractuales indicados por la Sala Constitucional. 2) De los derechos y deberes de las partes en la contratación administrativa. En lo referente a los deberes y derechos derivados de los contratos administrativos, se debe indicar, que la Administración cuenta con una serie de prerrogativas y obligaciones, y el contratista a su vez, tiene derechos y obligaciones. Así, la Administración se encuentra revestida de la potestad de resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista, o bien, de rescindirlo por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y 204 y 206 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H, puede modificar unilateralmente el contrato, tiene derecho a recibir los objetos adjudicados actualizados (ARTÍCULO 12 de la Ley), está llamada a velar por la observancia de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, debe velar por el cumplimiento o ejecución efectiva del contrato (artículo 13 de la Ley), tiene la obligación de cumplir con todos los compromisos adquiridos en el contrato (entre ellos pagar el precio) y colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato (artículo 15 de la Ley). Por su parte, el contratista tiene derecho a la ejecución íntegra del contrato (artículo 17 de la Ley), al mantenimiento del equilibrio económico del contrato (artículo 18 de la Ley), al reconocimiento de intereses, y está obligado a verificar la correcta aplicación de los procedimientos (artículo 21 de la Ley) y a cumplir con las condiciones y elementos particulares contenidos en el cartel, la oferta y el contrato, con la finalidad de conseguir su correcta ejecución (artículo 20 de la Ley). Dada la controversia bajo examen, es oportuno precisar que únicamente podemos hablar de cumplimiento cuando se ejecuta a cabalidad una prestación en los términos originalmente pactados o bien de acuerdo con las nuevas especificaciones suministradas por la Administración en el curso de la ejecución contractual, en aquellos casos en los cuales, para la satisfacción plena del interés público, se modifique el objeto contractual o alguno de los elementos que forman parte de este. En suma, el deber fundamental del contratista consiste en la entrega efectiva del objeto de la contratación, por medio de la prestación de un servicio, la entrega de un bien, la ejecución de una obra, con observancia de los requisitos determinados en el cartel, la plica y el contrato, en cuanto a la cantidad, calidad o especificaciones técnicas, y oportunidad. Con respecto a este tema la doctrina autorizada ha indicado: "La administración pública tiene el derecho de exigir a su contratante el debido y regular cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a éste por el contrato y por los documentos complementarios que lo integren. Lo que está pactado y tal como está pactado debe ser cumplido por el contratante, y todas las potestades de que está investida la administración pública en el contrato administrativo están dirigidas a posibilitar y obtener ese cumplimiento. Si la administración contrata, es justamente para que lo que fue convenido se ejecute, porque el interés público que se busca satisfacer por medio del contrato celebrado así lo reclama. Pero como los contratos obligan no sólo a lo que está formalmente expresado en ellos, sino también a todo lo que sea una consecuencia que pueda considerarse que hubiese sido virtualmente comprendido en ellos...el cocontratante quedará también obligado al cumplimiento de esas consecuencias, necesarias para que exista el "regular" y el "debido" cumplimiento del contrato, que será interpretado, a estos fines, con arreglo al principio de buena fe que debe imperar en todos los contratantes y conforme a las reglas que son aplicables a esa interpretación. Pero la administración pública no sólo tiene el derecho de exigir que las prestaciones estipuladas se cumplan, sino que además corresponde que el cocontratante actué siempre con la necesaria diligencia, poniendo en la ejecución de las prestaciones el cuidado que es propio a quien se desempeña con el carácter de un colaborador de la administración en la realización de un fin de interés general. Las reglas del arte, las costumbres y los usos de cada actividad deben ser respetados, y así el cocontratante no sólo debe cumplir, sino que debe cumplir bien." (Héctor Jorge Escola. Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ediciones Depalma. Buenos Aires). En este punto es preciso advertir que la contratación administrativa forma parte de la actividad administrativa, la cual, en principio tiene como finalidad la satisfacción de un interés público, lo que explica las prerrogativas con las que cuenta la Administración para garantizarse el cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento, la Administración, según se dijo anteriormente, cuenta con la prerrogativa de ponerle fin al contrato, mediante el procedimiento de resolución, así como de aplicar las sanciones establecidas en el ordenamiento. A tenor de la normativa aplicable, el derecho de la Administración en orden a resolver de forma unilateral el contrato, regulado en el artículo 11 de la Ley y 204 del Decreto antes referenciado, surge con ocasión de un quebranto en las obligaciones contractuales imputable al contratista, y cuya puesta en práctica debe seguir los principios elementales del debido proceso.
VIII.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Discurren los alegatos de la parte actora sobre la idea central que, en el transcurso de la ejecución del contrato suscrito entre su representada y el ICE se dieron eventos que provocaron la invocación de la cláusula eximente de responsabilidad indicada el Contrato como "Caso Fortuito o Fuerza Mayor". De estos eventos compensables a su criterio, se derivan los agravios en cuanto a la violación del debido proceso en lo que él llama recisión del contrato (incumplimiento grave y plazo para corregirlos, derecho a modificar la fecha garantizada de inicio de operación comercial, eventos compensables, declaratoria de interés público). Todos ellos presentados de forma reiterada en diferentes estadios del proceso judicial, como también, por las diferentes representaciones legales que han intervenido en nombre de la empresa actora. En razón de esta singularidad (ideas reiteradas y planteadas en diferente formas), para efectos de orden y lógica de esta resolución, serán abordados por el Tribunal, no en el orden que los planteó la parte actora, sino en relación con la idea central de su discurso (existencia de eximentes de responsabilidad). Indico lo anterior, manifiesta la representación de la parte actora que conforme a la cláusula 4.1.1 del Contrato suscrito entre las partes, el plazo para construir y poner a operar la Planta se suspendía ante cualquier evento catalogado como caso fortuito o fuerza mayor, o ante algún incumplimientos por parte del ICE al Contrato. Que conforme se probó en este proceso su representada mediante oficio Nº PHCSP-ICE-0177-2014 del 04/12/2014 se entregó el Plan de Trabajo al Coordinador del Proyecto, el cual fue aceptado por el ICE por oficio Nº PHCSP61100-002-2015 de fecha 19/01/2015 siendo la fecha garantizada (en adelante FGIOC) y la calificó con carácter de cierta y actualizada para el 01 de junio de 2017, después de que sus funcionarios valoraron la fuerza mayor y se prorrogó la fecha de entrada del FGIOC. Manifiesta además que el ICE inició prematuramente el Procedimiento de Resolución Contractual por cuanto la fecha inicial garantizada es para el 01 de junio de 2017 y no como el ICE indica. Además, alega que el demandado es incumpliente del Contrato por cuanto en aplicación de la cláusula 11.2.3 decidió por su cuenta y riesgo no asumir el control de la Planta. En consecuencia, a su criterio existe nulidad en los elementos motivo, contenido y fin del acto administrativo que se impugnó en sede administrativa y en esta jurisdicción. Criterio del Tribunal. De previo a resolver los agravios de la parte actora, se hace necesario hacer una precisión sobre el tipo de contratos denominados "BOT", al ser este el objeto del proceso. En este orden de ideas, con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones Nº 8660, el Estado buscó fortalecer, modernizar y dotar al ICE, a sus empresas y órganos adscritos, de una legislación que le permitiera adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad, telecomunicaciones y demás servicios, permitiéndole con la nueva normativa flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación pública que tiene. En esa inteligencia, se autorizó al ICE a celebrar contratos de todo tipo, que sean lícitos y le permitan cumplir sus fines. La Ley 7200 "Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" y la misma fue modificada por la Ley 7508, reformando la estructura de aquélla. En ambos cuerpos legales, se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE a las empresas privadas. La Ley 7200 da entonces el marco legal que permite la compra de bloques de energía por parte del ICE a empresas privadas, las que se seleccionaran mediante el procedimiento de licitación pública y que se regulará a la luz de Contratos de compra que suscribirán los adjudicatarios de las licitaciones con el ICE, con vigencia por 20 años, después de los cuales los activos de la planta en operación serán traspasados a la institución, libres de costo y gravámenes. En el caso que se revisa, mediante la licitación pública N°6670-E, el ICE promovió el concurso para el suministro de bloques de potencia de origen hidroeléctricos de hasta 50W, con base en un Contrato de compra de energía, proyectos que serían desarrollados bajo un esquema de Construcción, Operación y Transferencia donde el adjudicatario debería adquirir los terrenos, hacerse cargo del financiamiento, diseño, suministros, construcción, montajes, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta durante un plazo de diecisiete años y al final de ese período deberá transferir el proyecto al ICE. Es así entonces que las ofertas debían de presentarse con base en la modalidad de un contrato administrativo denominado Construcción, Operación y Transferencia (BOT) que cubre, entre otras cosas: el financiamiento, diseño, construcción, suministros, fabricación, transporte, instalación de equipos y materiales, pruebas, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la o las plantas hidroeléctricas. El marco regulatorio aludido, permitió entonces que el ICE pudiera incursionar en la construcción de obra pública dentro del contexto actual en donde las exigencias mundiales imprimen una connotación de eficiencia y agilidad, sin dejar de lado el fin que se persigue, que es el fin público, suplir las necesidades y exigencias del país en energía eléctrica que demanda grandes inversiones y que implican un financiamiento considerable, no siempre accesible a las economías de los países de renta media o baja, como ocurre en nuestro caso. Se buscó así, diversificar las modalidades de contratación, para dotar a la Administración de herramientas que facilitaban la consumación de este tipo de proyectos degeneración eléctrica. En ese contexto, el ICE incursionó en los contratos denominados tipos abiertos, regulados en el artículo 125 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, entre los que se encuentran la franquicia, el factoreo, y los denominados contratos Tipo C, que son aquellos en los que un particular puede construir y operar una obra o actividad durante un tiempo determinado a cambio de una renta y luego de un plazo establecido en el cartel, transferirlo al ICE; y entre ellos se encuentran los contrato desarrollados bajo la modalidad BOT (del inglés Build, Operate and Transfer- Construir, Operar y Transferir), que constituyen una forma de gestión indirecta del servicio público. Sobre la naturaleza de estos contratos, en la sentencia 19-2017-V de las quince hora del primero de marzo del año dos mil diecisiete, el Tribunal Contencioso Administrativo refirió: "Estos contratos funcionan con un esquema de concesión de la obra en un agente privado, que financia su construcción y puesta en marcha y obtiene a cambio el derecho a explotarla por un largo plazo, cobrando a los usuarios determinadas tarifas, devolviendo al término de ese período de concesión el bien a plena propiedad y gestión del Estado. El financiamiento de la obra será gestionado por la contratista mediante el aseguramiento frente a los terceros financiadores de los asegurados resultados de la gestión de operación anterior, ya cuando el proyecto se encuentre en funcionamiento. Lo anterior, en tanto que la financiación de la obra recae en última instancia sobre los consumidores del producto derivado del servicio a prestar. En el caso de la ley en mención, se autoriza la participación de los particulares en la generación de energía hidroeléctrica, autorizando que el ICE les compre la energía generada. Para tal fin establece dos regímenes diferentes, el segundo de los cuales se caracteriza porque la energía es producida en una central propiedad del particular que, de conformidad con la indicada naturaleza de la relación contractual, al término del contrato debe revertir al ICE. En razón de lo anterior, el generador privado puede explotar la obra durante determinado plazo, por una parte, y en la tarifa de compra de electricidad están implícitos los costos de construcción y explotación de la central por el particular. Será en el respectivo contrato en donde se definirá el marco jurídico en el que deberán desenvolverse las relaciones jurídicas derivadas de la relación macro suscrita entre las partes. Como se advierte, los contratos BOT, Build, Operate and Transfer, son una forma moderna de conjugar recursos públicos y privados para viabilizar obras públicas de gran envergadura. Al respecto, uno de los principales impulsores y financista de esta modalidad, el Banco Mundial, ha indicado lo siguiente: "En un proyecto BOT, el sector público otorgante le concede a la empresa privada el derecho de desarrollar y operar un complejo o sistema por cierto período de tiempo o el “período de concesión”, que usualmente sería un proyecto del sector público. Usualmente, este proyecto es una nueva construcción separada y distinta en un área no urbanizada. El operador financia, es propietario y construye el nuevo complejo o sistema y lo opera comercialmente durante el período de la concesión. Después del tiempo de caducación de la concesión, el complejo o sistema es transferido a la autoridad adjudicataria. Un BOT es la herramienta clásica para los proyectos de financiación. Como se trata de una nueva edificación, no hay ninguna ganancia al principio. Por eso, los prestamistas están ansiosos por asegurar que los activos del proyecto estén (that project assets are ring-fenced within the operating project company) y que todos los riesgos asociados sean asumidos por los actores correspondientes relacionados al proyecto. Como consecuencia, el operador es un vehículo de un propósito especial. Generalmente, las utilidades son obtenidas de un solo “comprador contractual del producto” (offtake purchaser), así como el gobierno o una empresa de servicio público, quien compra el servicio distribuido por la compañía objeto del proyecto (project company). Esto es diferente de una concesión, en la que la producción se vende directamente al consumidor y usuario final. En el sector de energía, tomaría la forma de un acuerdo de compra-venta de energía (Power Purchase Agreement). La compañía objeto del proyecto (power company) obtiene la financiación y ejecuta la contratación, el diseño y la construcción del trabajo, además de que opera el complejo durante el período de la concesión. La compañía objeto del proyecto es un vehículo del propósito especial o de uso especial (special purpose vehicle), los accionistas incluirán compañías que tengan experiencia en operaciones y en construcción. Es fundamental incluir accionistas con experiencia en la administración de diversos tipos de proyectos, así como experiencia trabajando con socios multiculturales y diversos dados los riesgos particulares que se presentan en un proyecto de BOT. Así, el comprador offtake estará ansioso de asegurar que los accionistas claves se queden en la compañía por largo tiempo, ya que probablemente se le haya otorgado el proyecto al comprador offtake debido a su amplia experiencia y su estabilidad financiera. La compañía objeto del proyecto coordinará la construcción y las operaciones del proyecto en concordancia con el acuerdo de concesión. El off-taker querrá saber la identidad de la subcontratista y del operador. En un proyecto de energía, la compañía objeto del proyecto y los prestamistas estarán ansiosos de asegurarse de que existe una fuente de energía confiable y económica. Usualmente, la compañía tendrá un acuerdo de Acuerdo de oferta/suministro de combustible a granel (Bulk Supply Agreement), y el proveedor sería la misma entidad que compra la energía bajo el acuerdo de compra de energía (Power Purchase Agreement), es decir, la compañía estatal de energía. Por ejemplo, vaya a . (sic) La energía es el costo principal en las operaciones de plantas de agua o plantas de tratamiento de aguas residuales, así es que los operadores necesitan la certeza de la confiabilidad de la fuente y del costo de la energía. Las ganancias generadas en la fase de operación son consignadas a cubrir todo gasto de operación, mantenimiento, pagos del capital de la deuda principal -que representa una porción significativa del gasto del desarrollo y la construcción- gasto de financiamiento que incluye intereses y otros, y una recompensa a los accionistas de la compañía de propósito especial. Los prestamistas proveen una deuda sin recurso o con recursos de financiación limitados, por lo tanto, asumirán cualquier riesgo residual tanto como la compañía a la que le otorgan el proyecto y los accionistas. La compañía a la que le otorgan el proyecto asume mucho riesgo. Por eso, estará ansiosa de asegurar que aquellos riesgos que quedan en manos del otorgante sean protegidos. Es común para una compañía que asume el proyecto que le pida al gobierno alguna forma de garantía y/o compromisos del gobierno que son incorporados en un Acuerdo de Implementación, especialmente si se trata de un proyecto de energía. Para minimizar los riesgos residuales (ya que el prestamista sólo querrá asumir en lo posible sólo una porción limitada de los riesgos comerciales del proyecto) los prestamistas insistirán en traspasar los riesgos de la compañía objeto del proyecto hacia los demás participantes a través del contrato, como por ejemplo, al contrato de construcción, de operaciones y de mantenimiento del proyecto. Doctrinariamente a nivel general se ha indicado con respecto a la asunción del riesgo en este tipo de contratos, lo siguiente: "En este tipo de proyectos, principalmente BOT (Build, Operate and Transfer), dadas sus especiales características, se requiere una total asunción del riesgo por parte del constructor no sólo en la concepción, ejecución y puesta en marcha de la obra sino también en la explotación de la misma..." (Hernández Rodríguez Aurora. Los Contratos Internacionales de Construcción "Llave en Mano). No obstante la misma autora aclara que "En este tipo de contratos, el énfasis recae en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente. Esto no significa, sin embargo, que el contratista asuma todos y cada uno de los riegos que se derivan de la ejecución del proyecto. Cuestión esta que dependerá en cada caso concreto de factores de diversa índole –tipo de financiación, obra, injerencia del cliente en la ejecución del proyecto, etc". De conformidad con la naturaleza jurídica de esta relación contractual, pueden determinarse las siguientes características de la misma: a)La asunción del contratista de las fases de concepción, ejecución y gestión (explotación) de la obra pactada. b) La obtención del financiamiento necesario para el cumplimiento del objeto contractual. c) La entrega al ente contratante de la obra, luego de transcurrido determinado plazo fijado contractualmente. d) La empresa contratista mantendrá una serie de obligaciones particulares de la misma hacia terceros subcontratistas que no obligan al ente contratante. e) La contraprestación económica pagada por los usuarios directamente o indirectamente por medio del pago del servicio obtenido. Todo lo anterior, no excluye que el ente contratante se reserven determinados derechos de supervisión y control, en orden al interés público subyacente en la obra y al hecho mismo de que él será el propietario final de la misma". De conformidad con lo anterior, es evidente que en este tipo de contratos, en contraste con un proyecto de construcción en que las tareas se ejecutan por separado, el contratista se hace enteramente responsable de la obra y por consiguiente ralentiza su posibilidad de realizar algún tipo de reclamo. Consecuencia de lo anterior, es que el contratista asume el deber de ajustarse plenamente a lo ofertado y adicionalmente, le corresponde realizar sus obligaciones a estándares de conducta esperables y derivados de las prácticas y reglas profesionales que sean aplicables. Así, la actividad contractual tiene una serie de obligaciones que sirven de medio para el cumplimiento final del contrato, sea para garantizar la plena funcionalidad de la obra realizada. Es en este sentido, que se ha advertido las debilidades de este método, en tanto que el riesgo y los imprevistos son asumidos de manera global por el contratista, debiendo el dueño de la obra verificar que no haya un impacto significativo en lo que se espera, sea entregado al final de la contratación. Así se ha indicado que "En este método se contrata simultáneamente el diseño y la construcción de una obra determinada, que debe cumplir con ciertos objetivos específicos de performance, los que están establecidos muy claramente en el contrato. La diferencia fundamental con el modelo anterior, es que la información sobre la cual basa el precio el oferente es más limitada dependiendo del nivel de estudios de prefactibilidad con que se disponga al momento de realizar la invitación a ofertar. En estos casos idealmente se debe disponer de estudios de factibilidad o prediseños, los cuales permiten acotar el costo de la obra, no obstante los mismos por lo general no permiten establecer con seguridad los contratiempos que se pueden encontrar durante la construcción. Aquí el mandante debe ser muy claro en especificar el alcance de los suministros y servicios a ser contratados, y los resultados esperados al recibir el proyecto". Banco Interamericano de Desarrollo. Ventajas y Riesgos de los Contratos Llave en mano. Setiembre. 2013". Posición que, analizados los elementos de prueba, argumentos de hecho y de derecho, comparte esta Sección, al tener por acreditado que en la especie estamos en presencia de una contratación administrativa particular y de novedosa aplicación para las Administraciones, para la compra de bloques de energía, al amparo del esquema Construcción, Operación y Transferencia, como se explica en los Considerandos siguientes.
IX.- CONTINUACIÓN. Resaltado lo anterior se entra a revisar primeramente los agravios en cuanto a los eximentes de responsabilidad alegados por la empresa actora en razón que conforme se ha indicado líneas atrás, el tema central a dilucidar, es si efectivamente existieron o no eventos, que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor, que permitieran desplazar la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial pactada por las partes en el Contrato.
B.1. Sobre el Caso fortuito y Fuerza Mayor. En el sub éxamine la cláusula 10 del "Contrato", regula el tema sobre el caso fortuito o fuerza mayor de la siguiente forma: "10.1. El caso fortuito es un hecho imprevisible, pero que de haberse previsto, no pudo evitarse; mientras que la fuerza mayor, además de imprevisible es inevitable. 10.2. Se reconocen como acontecimientos de caso fortuito: 1. Beligerancia, insurrección, invasión, guerra, guerra civil, motines, piratería, rebelión. 2. Huelgas. 3. Confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por cualquier autoridad gubernamental (que no sea el ICE) o sus agentes civiles o municipales. 4. Hundimiento de barcos, descarrilamientos de trenes. 5. Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa y judicial de los órganos competentes. 10.3. Se reconoce como acontecimiento de Fuerza Mayor: a) Desastres naturales tales como terremotos, deslizamientos naturales, avalanchas, erupciones volcánicas, tifones, huracanes, etc. b) Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa judiciales de los órganos competentes. 10.4. En caso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ninguna de la Partes incurrirá en responsabilidad ni en violación del Contrato por el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones siempre que cumpla con los siguientes requisitos: a) Al tener conocimiento del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la parte que se vea afectada deberá comunicárselo a la otra parte, por escrito, dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas, según lo establece el Contrato. En dicha comunicación deberá hacer una descripción del hecho. b) La parte que se vea afectada debe demostrar, mediante documentación fehaciente, la existencia de la misma y los efectos reales que produjo en la relación contractual, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 45 días naturales. c) La suspensión de las obligaciones no se prolongue por un período mayor que el requerido para solventar el Caso Fortuito o Fuerza Mayo. d) La parte afectada haga los esfuerzos razonablemente necesarios para remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. e) La parte afectada deberá comunicar, según lo establecido en este Contrato, a la otra parte, cuando esté en condiciones de reasumir sus obligaciones. 10.5. Ante una situación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Período de Vigencia del Contrato se suspenderá por la cantidad de días que el Contratista se demore en retomar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, excepto cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor esté cubierto por la póliza de lucro cesante. 10.6. La Parte afectada deberá tomar todas las medidas razonales para minimizar las pérdidas resultantes de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 10.7. Cualquier reparación que se realice en la Planta como consecuencia de daños sufridos por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá realizarse de manera tal que la parte reparada satisfaga o supere los niveles de calidad originalmente". El actor en el presente caso invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (sin hacer distinción de ambos conceptos), como eximente y rompimiento del nexo causal que el ICE sustentó como motivo para la resolución del Contrato. Para ello indicó que le era imposible iniciar la construcción, presentar el cierre financiero y el Plan de Trabajo, primero porque la ARESEP duro alrededor de 10 meses en otorgar la concesión, sin lo cual de acuerdo al testigo propuesto por la parte actora (Ing. Álvaro Mata, el cual era el encargado del proyecto por parte del contratista) no se podía iniciar ningún trabajo, siendo éste un requisito indispensable, y que, en consecuencia desplaza la Fecha de Inicio Garantizada (escuchar grabación). Aunado a ello, indica que, el Banco Nacional, entidad que iba a financiar el proyecto, ponía como requisito el otorgamiento de la concesión, por lo que tampoco se podía realizar el cierre financiero, por cuanto los trámites ante el Banco se realizaron posterior a la entrega de la concesión, lo que también desplaza la fecha inicial. Resalta, también que el ICE para el año 2014 aceptó el Plan de Trabajo y con ello la Fecha Garantizada para el 01 de junio de 2017 (desplazada). Los argumentos de la parte actora no son compartidos por esta Cámara por las siguientes consideraciones: Como ya se resaltó líneas atrás, el eximente de responsabilidad denominado "Caso fortuito o Fuerza mayor", tiene como característica especial, la imprevisibilidad del hecho generador o eventos, que causan o alteran la normal ejecución del contrato. En esta inteligencia, el Contrato suscrito por las partes lo regula de forma expresa al indicarse en su artículo 1 que: "se va entender como Caso Fortuito o Fuerza Mayor lo definido en el artículo 10 del Contrato"; así entonces, en sus puntos 10.2 y 10.3 se enumeran los hechos que se tendrán como tales, todos referidos a eventos naturales o humanos pero cada uno de ellos causante de algún tipo de "conmoción nacional", sean eventos humanos o de la naturaleza, de tal forma que son imposible de prever por las partes que estos van a suceder, no existiendo en ese sentido, forma alguna que las partes pudieran determinar que un evento de esa naturaleza se configurarían en el transcurso de la ejecución contractual, y si por alguna razón se diera, no habría forma de prevenirlos, mitigando entonces dicho perjuicio con la suspensión del plazo, de forma tal que una vez transcurrido el evento se pudiera continuar con la ejecución del mismo. En este orden de ideas, no se desprende de dicho articulado que tales eventos sean referidos a gestiones o trámites previos para iniciar la construcción, como los invocados en su momento por Hidrotárcoles S.A., como trámite de Concesión, tramitología ante el banco, trámites institucionales para corta de árboles y otros (realización del Plan de Trabajo), por lo que a consideración de esta Cámara, no tipificaría ninguno de ellos según los alegatos del actor, como justificante del atraso en las obras y entrega dentro del plazo garantizado consignado en el Contrato (FGIOC). Ahora bien, dentro de lo pactado por las partes en ese apartado, existe una cláusula residual, que en su punto 10.4.d, reza: "Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa judiciales de los órganos competentes"; cláusula en apariencia abierta y que daría en tesis de principio, a una interpretación amplia en la que podrían caber los argumentos de la parte actora, por lo que se pasa seguidamente al análisis de ésta. Para el caso que nos interesa es importante revisar lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 7200, que es el marco jurídico sobre el cual las partes suscribieron el Contrato. Así, en sus artículos 20 al 24 se dispone: "COMPRA DE ENERGIA BAJO REGIMEN DE COMPETENCIA. ARTICULO 20.- Autorización para compra de energía. Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley. Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima. ARTICULO 21.- Compras por licitación. Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida. ARTICULO 22.- Vigencia de los contratos. Los contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una vigencia mayor de veinte años y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato. ARTICULO 23.- Derechos y obligaciones de los adjudicatarios. Los adjudicatarios de estas licitaciones de compra de energía tendrán los mismos derechos y obligaciones que se otorgan en los artículos 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de esta Ley. ARTICULO 24.- Autorización al SNE. Se autoriza al SNE(*) para otorgar las respectivas concesiones de explotación a las centrales eléctricas a las cuales el ICE les adjudique contratos para adquirir energía eléctrica, según las condiciones de los artículos 20, 21, 22 y 23 de esta Ley". De dicho articulado que autoriza y regula la compra de energía al ICE, como el caso que nos ocupa, no se desprende que como requisito para el inicio de la construcción de una planta hidroeléctrica sea necesario tener previo la concesión, como lo alega el agraviado, y lo aseveró el testigo (Ing. Álvaro Mata), cuando explicó que fueron dichos eventos compensables y que desplaza la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (criterio personal del testigo pero sin fundamento jurídico) como es el trámite de concesión ante ARESEP y posteriormente las negociones con el BNCR para presentar el "Cierre Financiero", los que incidieron directamente en el desplazamiento de la fecha garantizada, por cuanto no se podía (el testigo enfatizó en reiteradas ocasiones como imposible) empezar a construir sin la concesión otorgada por la ARESEP, queriendo dar entender que era un requisito indispensable, exigido por el ordenamiento jurídico, pero se reitera, es solo apreciación del testigo sin fundamento jurídico. Importante para este Tribunal, que dicho testigo si bien manifestó, de viva voz, tener experiencia en proyectos constructivos hidroeléctricos tanto como funcionario del ICE como posteriormente, director de proyectos privados, también de forma espontánea manifestó que específicamente en este tipo de proyectos era el primero que tenía a su cargo, lo que para este Tribunal, (se aclara) no le resta su capacidad profesional como ingeniero, pero sí a su interpretación de la línea del tiempo que explicó, hechos ocurridos que desplazaron el inicio de construcción de la PH, se insiste, al aseverar que no era posible iniciarlas sin la concesión, asimilando los proyectos regulados el Capítulo 1 de la Ley 7200. Tal afirmación, se reitera, no tiene ningún asidero jurídico, y más bien contrasta con lo indicado con el testigo funcionario del ICE, Ing. José López, que ante la consulta de si era requisito tener la concesión de la ARESEP para empezar a construir el Proyecto, éste, en forma enfática y sin duda alguna, indicó que "no", y explicó de forma clara y amplia que este proyecto específico, en el cual se contrató a Hidrotárcoles, se encuentra regulado en el Capítulo II de la Ley 7200, y solo, los proyectos hidroeléctricos pequeños, como son de hasta 20 MW, y que se encuentran en el Capítulo I de dicha Ley, ocupan para poder iniciar su construcción, la concesión de la ARESEP, pero insistió que los de 50 MW como es la contratación en el presente, no se requiere tal concesión para iniciar su construcción, sino que se podía empezar a construir y a la vez ir haciendo el trámite de concesión. Esta afirmación se puede contrastar con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la ARESEP vigente al momento del trámite de este caso, que reza: "Otorgamiento de concesión conforme a la Ley Nº 7200. Las solicitudes de concesión para explotar centrales eléctricas de limitada capacidad, vendrán acompañadas al menos de los siguientes documentos: 1. Aprobación del estudio de impacto ambiental. 2. Concesión del recurso con que se generará la energía, debidamente otorgada por el concedente. 3. Carta de declaratoria de elegibilidad. 4. Certificación emitida por el Instituto Costarricense de Electricidad de que se ha cumplido lo dispuesto en la Ley Nº 7200 y sus reformas"; en igual sentido el Decreto Ejecutivo Número 24866-MINAE (Reglamento al Capítulo II de la Ley Generación Paralela: Régimen de Competencia), no regula absolutamente nada en cuanto a que el requisito indispensable para poder empezar a construir la PH, sea la concesión otorgada por el ARESEP, siendo entonces que de la norma citada el primer requisito y que debe ser aportado previo a la construcción es el estudio ambiental, no así, se reitera la concesión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como lo sostiene el agraviado. Como hasta aquí se ha indicado, se insiste, de ninguna de las normas aplicables al caso o disposiciones en el Contrato, citados, se puede derivar que efectivamente era un requisito "sine qua non", tener previo al inicio de la construcción del PH, el otorgamiento de la concesión por parte del ARESEP, punto tan relevante y que puede incidir directamente en el tiempo suscrito por las partes. Es decir, al momento de ver las condiciones de la licitación y ofertar, la parte tenía claro, primero, que la concesión sería por 20 años (así dispuesto en el artículo 5 de la Ley 7200), segundo, que dentro de ese plazo del contrato de compra de energía (20 años) se contempla la construcción de la PH, con todos los pasos previos a la construcción (planos, movimientos de tierra entre otros) y puesta en marcha del proyecto, así como, la Fecha Garantizada de Inicio de Operación comercial y Fecha de Inicio de Operaciones Comerciales (temas que posteriormente se analizarán y que ha causado confusión entre las partes por su uso de forma alternada). En esta lógica, es importante agregar que para este Tribunal, analizado el cuadro fáctico no le es dable pensar que un punto tan importante como es el de requisito de concesión para poder construir, y que en definitiva puede incidir en el plazo de entrega garantizado (3 años) no se encontrara expresamente regulado en el contrato, de forma tal, por ejemplo, que el inicio de construcción iniciara a partir del momento que se le otorga la concesión al Contratista, o que, si por alguna razón el trámite ante la ARESEP durara más de un tiempo prudencial, será objeto de suspensión, pero; al no existir ninguna manifestación expresa de las partes en torno a ello, dentro del contrato, no es posible vía interpretación arribar a dicha conclusión, a través de la cláusula residual citada ut supra, pues en una sana hermenéutica, al tenor de los dispuesto en el artículo 10 del Código Civil que indica que las normas deben ser interpretadas no solo en el sentido propio de sus palabras, sino también en relación con el contexto (en este caso las demás cláusulas del Contrato), no es plausible pensar que los tramites o gestiones ante una institución pública o privada (concesión y financiamiento) se pueda tener como caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto estos conceptos jurídicos indeterminados, tanto la doctrina como la jurisprudencia, lo han relacionado con algo imprevisible e irresistible de orden natural o conmoción, y no puede ser sustraído del contexto contenido en la cláusula 10 del Contrato para llenarlos con otro concepto. Así, darle a cualquier evento o situación que enfrentara alguna de las partes dentro de la ejecución del contrato, aun y cuando fuera ajena a ellos no previsible, como sucedió en este caso, el concepto de "caso fortuito o fuerza mayor", llegando a darle un alcance mayor a dicha figura que lo previsto en la voluntad de ellas, no es posible dentro de una relación contractual que se basa en la buena fe contractual. Esto hace ver, se reitera, que las partes tenían claro que dentro de los tres primeros años desde la fecha de "Orden de Inicio" a la Fecha Garantizada de Inicio de Operaciones Comerciales (en este caso como se ha acreditado del 1/8/2012 al 1/8/2015) se debía por parte del Contratista realizar todos los trámites legales, técnicos financieros, constructivos u otros necesarios para la buena marcha del proyecto. Es más, véase, que de las normas citadas el único requisito para que la ARESEP otorgara la concesión era que el interesado dentro de otros requisitos exigidos en la norma, presentara la certificación del ICE de adjudicación, guardando absoluto silencio el contrato (igualmente la normativa atinente al caso) con respecto al inicio de la construcción en sí de la PH, ello incluso fue expresamente regulado en la cláusula 14.8, que reza: "Vigencia del Contrato. El Período de Vigencia del presente Contrato será de 20 años, que regirán a partir de la notificación de la Orden de Inicio al contratista" (subrayado no es del original). En el sub júdice se tiene por probado que la orden de inicio se dio mediante el oficio Nº 0510-919-2012 de fecha 31 de junio de 2012, cuando la Gerencia de Electricidad da la orden de inicio para empezar la construcción, a la empresa Hidrotárcoles S.A. y la cual se da por notificada el 01 de agosto de 2012, empezando entonces el conteo de los 20 años, dentro de los cuales se incluyen los 3 años para su construcción y finalización de la misma, conforme a la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (cláusula 4.1.1). Por último, y no menos relevante, es importante resaltar que dentro del artículo 4 del Contrato, las partes pactaron sobre el procedimiento a seguir en un eventual hecho denominado Caso fortuito o Fuerza Mayor, el cual en lo conducente reza: "(...) y que el Contratista cumpla lo siguiente: a) Al tener conocimiento de la causa, comunicárselo al ICE por escrito, dentro de un término de quince (15) días naturales. En dicha comunicación deberá hacer una descripción del hecho. b) Demostrar, mediante documentación fehaciente contractual, para lo cual dispondrá de un plazo de 15 días naturales. Transcurrido este plazo, el ICE dispondrá de 15 días naturales para responder a la comunicación sobre la solicitud presentada por el Contratista. C) el Contratista tomará las medidas que estén a su alcance para remediar los efectos de la causa. El atraso en la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial no podrá ser utilizado por el Contratista para argumentar desequilibro económico del Contrato" (subrayado no es del original). Como se desprende de dicha cláusula, no basta que la parte que sufre un hecho de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, invoque la misma, para que se dé la suspensión del plazo de forma automática, sino que se debe seguir un procedimiento expreso para la aplicación de dichas figuras. Primeramente, es deber de la parte que loinvoca comunicarle de forma expresa a su contraparte tal situación, pero además, como segundo punto es requisito fundamental que en dicha comunicación se debe describir el hecho causante e indicar el remedio para palear tal situación, y tercero indicar, el tiempo en que se va a tardar la parte afectada en atender dicha eventualidad, como cuarto punto, sobre todo se debe aportar la prueba fehaciente del evento, todo este trámite, dentro de un plazo de 15 días naturales a partir del evento que imposibilita a la parte continuar con la construcción del proyecto. Como contraparte, el ICE tiene también la obligación de referirse de forma expresa y resolver esa solicitud específica y extraordinaria hecha por el Contratista, de allí que los días contemplados en la cláusula citada, sean naturales y no hábiles. En este orden de lógica y sentido, de una revisión del expediente y los hechos acaecidos en la ejecución del contrato desde la fecha de la orden de inicio (1/8/2012) y hasta el momento en que se le notifica al Contratista por parte del ICE su intención de rescindir el Contrato (2015), no se encuentra acreditado (ni la parte hace referencia específica a dicho trámite) ni una sola manifestación expresa del Contratista ante el ICE, en el cual se solicite la declaratoria del Caso Fortuito para evitar cualquier responsabilidad. Se insiste, no existe oficio alguno dentro del expediente administrativo donde la parte actora le comunicara al ICE el tema del caso fortuito, la causal del mismo, la forma en que se remediara y sobre todo la prueba, siendo esto una carga de la prueba de la parte que lo invocada, se reitera, no existe evidencia de dicho trámite dentro del proceso de ejecución contractual, sino que es un argumento que la actora invoca en esta sede jurisdiccional, pero igual, incumple con la carga de la prueba, por lo que son solo meros argumentos subjetivos sin sustento jurídico. En consecuencia, no se pueden tener como Caso Fortuito o Fuerza Mayor lo argumentado por la representación legal de la parte actora tanto en sus escritos presentados dentro del expediente, como en sus argumentos en el juicio oral y sus conclusiones realizadas por escrito. Siguiendo en esta lógica de ideas, y para mayor abundamiento y claridad de que no era necesario el otorgamiento de la concesión por parte de la ARESEP para poder iniciar la construcción de la PH, se debe resaltar por último, que de la misma normativa citada en relación al reglamento de la ARESEP, esta pide como requisito la certificación de que el solicitante haya resultado adjudicatario o elegible, según sea el tipo de proyecto, por lo que conforme a la prueba que obra en los autos, la empresa actora desde el año 2008 resultó adjudicataria, por lo que bien desde ese momento podía empezar con los trámites, no se necesitaba el Contrato y mucho menos el refrendo, pues esto no son requisitos legales para tal trámite ante la ARESEP.
B.2. Sobre la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial "FGIOC" y la Fecha de Inicio de Operación Comercial "FIOC". Un tema que ha sido objeto de polémica entre las partes es el concepto y aplicación práctica de los conceptos de FGIOC y FIOC, por lo que se procede a su análisis para su correcta interpretación, comprensión y aplicación al caso que nos ocupa. Así, en el artículo 1 del Contrato (Definiciones) se indica en lo que interesa: "FECHA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL". Fecha en que, habiéndose cumplido las condiciones estipuladas en este Contrato par a aceptabilidad de la Planta, el ICE autoriza al Contratista iniciar con la explotación comercial para la compra de energía hidroeléctrica, en el punto de entrega definido en el Contrato de Conexión. FECHA GARANTIZADA DE INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL. Como se define en el artículo 4.1.1 de este Contrato" (esta última definición sera el objeto de análisis posteriormente en este apartado). De estas primeras definiciones, sin una elaborada interpretación, aplicando el aforismo del derecho romano "in claris non fit interpretatio" (en situaciones donde una ley es clara y su significado es evidente, no se requiere interpretación), se desprende, que existen dos fechas claramente diferenciadas, no solo en su concepto, sino en sus implicaciones prácticas. La primera, "Fecha de inicio de operación comercial", que corresponde al momento en que el Contratista comienza a explotar la PH, y el ICE, compra dicha energía (compra-venta de energía, según el objeto del contrato); esta fecha es la que puede ser variada por una única vez, pero siempre entendiéndose dicha variación de forma anticipada, nunca pospuesta, según lo dispuesto en las cláusulas 4.1.2. incluso así referidas por todos los testigos funcionarios del ICE, al indicar que: "tal situación es posible (adelantar la fecha), y le permite al Contratista obtener recursos frescos y explotar por más tiempo la concesión, y le obliga a su contraparte (ICE) a buscar y tener los recursos para la compra de dicha energía". El segundo concepto, referido a la "Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial", que corresponde a los 3 primeros años para iniciar y finalizar la construcción y puesta en marcha de la Planta Hidroeléctrica. Esta fecha (FGIOC), primeramente se da con la orden de inicio, en este caso como ya se ha indicado, el 1 de agosto de 2012, segundo, comprende el período de construcción de la PH, la presentación del Cierre Financiero y el Plan de Trabajo, este último dentro de los seis primeros meses desde la orden de inicio, tercero, esta fecha no se puede mover, sin embargo, de forma tácita se puede entender que se podría adelantar, cuando excepcionalmente, por una única vez, pero como ya se indicó anteriormente, solo para ser adelantada, coincidiendo de esta forma con la Fecha de Inicio de Operación Comercial, pero se insiste, no para posponer el plazo de la Fecha Garantizada del Inicio de la Operación Comercial como lo entiende la parte actora. Clarificado lo anterior, y continuando con el tema del caso, dentro de la Cláusula referida al "Financiamiento", en su artículos dispone: "3.7.1. Será responsabilidad del Contratista la obtención del cierre financiero requerido para la construcción de la Planta, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la Orden de Inicio por parte del ICE. Este plazo se suspenderá por la ocurrencia de cualquier evento clasificado como Fuerza Mayor. 3.7.2. Este plazo podrá ser prorrogado, por una única vez y por igual cantidad de meses, siempre y cuando, al vencimiento del plazo original, el Contratista demuestre que dentro del nuevo plazo podrá contemplar y formalizar el financiamiento. 3.7.3. Si al vencimiento del plazo indicado en el apartado 3.7.1. o al vencimiento de la extensión prevista en el apartado 3.7.2, el Contratista no ha logrado formalizar los contratos de financiamiento requeridos para la construcción de la Planta, el ICE estudiará el caso en particular y si considera que el Contratista no ha sido lo suficientemente diligente en la consecución de dicho cierre, resolverá el Contrato de acuerdo a lo establecido en el apartado 11.2 de este Contrato". De lo anterior se desprende lo siguiente: 1) la responsabilidad exclusiva de presentar el cierre financiero para la construcción de la Planta, y así asegurarse de que no habrá retraso alguno, corresponde al Contratista; 2) el plazo para entregarlo es dentro de los primeros seis meses a partir de la orden de inicio, y, solo se suspenderá, si solo si, ocurre un evento catalogado como Caso Fortuito; 3) existe una excepción al primer plazo de entrega (6 meses), el cual solo podrá ser prorrogado, previa demostración de que efectivamente demuestre de forma fehaciente de que en los próximos seis meses (plazo prorrogado) se podrá concretar el financiamiento, caso contrario, o no se prorroga el plazo, o eventualmente de forma extraordinaria, el ICE evaluará el caso en particular para determinar si la parte fue diligente en la consecución de dicho cierre financiero, siendo este el único motivo para la prórroga extraordinaria, de no demostrarse la debida diligencia y que a pesar de ello no se logró el cierre financiero, el ICE resolverá el contrato, como sucedió en este caso. 4) Se requiere que dentro del procedimiento de ejecución del contrato la parte haya gestionado lo correspondiente ba las circunstancias que se acaban de indicar. Ahora bien, de previo a entrar al análisis de esta cláusula que regula el tema del Cierre Financiero, que es otro de los argumentos centrales de la parte actora, para efectos de comprensión se definirá lo que se entiende como "Cierre Financiero". Dentro de la literatura autorizada se define: "El cierre financiero de un proyecto se refiere al proceso que formaliza todos los acuerdos y compromisos financieros, marcando el inicio oficial del proyecto. Implica asegurar la financiación necesaria para la construcción y operación, así como la gestión de todos los aspectos económicos relacionados con el proyecto. En detalle, el cierre financiero implica: Formalización de acuerdos: Se finalizan todos los contratos y acuerdos financieros con los diferentes actores involucrados (inversores, prestamistas, etc.). Aseguramiento de la financiación: Se confirma que los fondos necesarios para el proyecto están disponibles y se establecen las condiciones de desembolso. Inicio de la ejecución: Una vez completado el cierre financiero, comienza la fase de construcción y operación del proyecto. Gestión financiera: Se establecen los mecanismos para la gestión de los recursos financieros del proyecto, incluyendo la contabilidad, el pago de deudas y la generación de ingresos. Informes financieros: Se generan informes financieros periódicos para dar seguimiento a la situación económica del proyecto. En resumen, el cierre financiero es un hito crucial que marca el inicio formal de un proyecto y asegura su viabilidad económica".(Zúñiga Alemán, Laura. Project Finance de Proyectos de Infraestructura. THEMIS 62. Revista de Derecho, 2012. Faculta de Derecho de la Pontificia Universidad del Perú. Lima, Perú). De la anterior conceptualización y en concordancia con la cláusula contractual citada así como el espíritu de la Ley 7200, al ser este un proyecto en el que la participación privada para la consecución del interés público depende exclusivamente su financiamiento del sector empresarial privado, la responsabilidad exclusiva de conseguir el financiamiento para llegar a buen puerto depende del ofertante, el cual debe probar fehacientemente que cuenta con los recursos necesarios para salir avante, por tal razón debe aportar dentro de los primeros 6 meses desde la fecha de orden de inicio, al cierre financiero del proyecto, en el cual formaliza y asegura que cuenta con la financiación necesaria para la construcción y operación en este caso de la PH, en dicho cierre debe constar la formalización de acuerdos, sean socios o entidad bancaria, aseguramiento de la financiación, y la gestión financiera, y que para este caso, según la cláusula solo podría suspenderse por Fuerza Mayor no así por Caso Fortuito. En relación con este eximente, para no ser reiterativo, se remite a lo que se indicó y clarificó anteriormente, resaltándose únicamente que para el tema del cierre financiero, según lo pactado por las partes en el Contrato, solo se toma en cuenta los eventos relacionados con este concepto, siendo que efectivamente son realizados por hechos de la naturaleza y que eventualmente podrían no solo afectar el sistema bancario nacional, sino sobre todo el presupuesto del proyecto, ya que es imposible estimar los daños en que se pudiera incurrir después de un desastre natural, debiendo hasta ese entonces hacer una evaluación de las pérdidas y un nuevo presupuesto, lo que conlleva una suspensión y desplazamiento de la FGIOC, no así en cualquier otro supuesto. En relación con la prórroga para la presentación del cierre financiero, véase que las partes acordaron que podría extenderse hasta seis meses más, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de que el Contratista primeramente demuestre de forma fehaciente que dentro del plazo de prórroga logrará completar y formalizar el financiamiento, es decir, que por alguna razón de formalidades con la entidad bancaria, no se haya podido concretar dentro de los primeros seis meses originario, además, es carga exclusiva de la parte (Contratista) demostrar tal situación, y conforme a una interpretación sistemática del Contrato, no existe posibilidades de que este plazo pudiera afectar el plazo de los tres años en que se garantizó la fecha de inicio de operación contractual (FGIOC), como lo asevera la parte. Es decir, la prórroga se da sobre la marcha de los tres años, o mejor dicho, la parte contratista tiene la posibilidad de presentar el cierre financiero en el primer año desde la notificación de la orden de inicio, ello por cuanto del mismo Contrato se desprende que existe una inversión mínima del Contratista (socios) que permite dar arranque a la obra, y ello no debería afectar en su totalidad el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico. Esto es corroborado por todos los testigos, e incluso, el Ing. Mata (testigo de la actora) en su deposición indicó que por parte de los socios existía una inversión inicial de aproximadamente unos 30 millones, y el resto sería solventado con financiamiento del BNCR, por lo que es claro concluir, que el arranque de la construcción no necesitaba tal financiamiento, lo que no sucedió en este caso. Por último en cuanto a este tema de la prórroga para entregar el cierre financiero, si bien es cierto, el ICE extendió la prórroga por seis meses más para su entrega, según oficio PHCSP61100-005-2013, del 19 de febrero de 2013, como allí se indica, también del mismo oficio se desprende que se realizón conforme a lo dispuesto y en cumplimiento del artículo 3.7.2 del Contrato, por lo que sus efectos en cuanto a la FGIOC no incide sobre el plazo de los tres años como lo entiende el actor, por cuanto ya se explicó líneas atrás, dicho plazo no es posible trasladarlo (suspender), excepto por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, lo que conforme a los autos no se dio ni quedó demostrado en el sub exámine.
B.3. Sobre el Plan de Trabajo. Dentro de los temas debatidos por las partes, se encuentra el referido al Plan de Trabajo, que conforme a los argumentos del ICE sustentaron el motivo del acto administrativo de rescisión, pero a criterio del actor el mismo fue presentado y aceptado por el demandado. En esta inteligencia, se dispone en la cláusula 4.3.1, en lo conducente y para lo que interesa al caso: "El Contratista deberá entregar al ICE, a más tardar seis (6) meses de la notificación de la Orden de Inicio, el plan de trabajo para la construcción de la Planta, detallando las principales actividades que componen el Proyecto (en adelante denominado el "Plan de Trabajo Oficial")". De esta cláusula se desprende, primero, que el propósito de este documento es establecer los objetivos del trabajo, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado (PH), y el grado de detalle de dicho producto. En dicho documento se detallará y establecerá la secuencia, métodos y organización para la ejecución de la obra que Hidrotárcoles S.A. llevaría a cabo para la construcción de la planta. Así en la guía Management Body of Knowledge (PMBOK), Séptima Edición, se define: "como su nombre indica, un plan de trabajo es un plan de acción que ayuda a los equipos de proyectos a alcanzar sus objetivos. Los planes de trabajo consideran elementos clave de la planificación del proyecto, como tareas, hitos, entregables, recursos, requisitos presupuestarios y un cronograma para integrar todo. El plan de trabajo no será redactado ni iniciado por una solo persona, sino que deberá presentarse a la junta directiva y a las partes interesadas para su aprobación. Una vez aprobado, podrá continuar desarrollando el resto de su plan de trabajo" (subrayado no es del original); y segundo, que debe ser presentado dentro de los primeros seis meses, en este caso, entre el primero de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013, lo cual, es un hecho aceptado por las partes no sucedió; generando dicho atraso, el oficio número PHCSP-ICE-0004-2013 del 21 de febrero de 2013, en el cual se hace referencia a los oficios números PCH-61100-002-2012, PHCSP-61100-004-2013 y PHCSP61100-006-2013, señalándose en el mismo, el incumplimiento incurrido para ese momento por parte del Contratista, consignando en lo que interesa: "Por la ausencia de una estructura organizacional por parte del Contratista, se han generado incumplimientos tales como: Entrega de Especificaciones Técnicas del Proyecto, Plan de Trabajo Oficial (...)" , como puede verse ya para esa fecha se le hace ver al Contratista su incumplimiento, y a pesar de ello, no se encuentra acreditado, que se invocó para ese momento, por parte de la empresa aquí actora, alguna de las causales previstas en el contrato que permitiera suspender dicho plazo. Para probar su teoría, la parte actora al momento de realizar la consulta al testigo Víctor Eduardo Mora Bermúdez con respecto al oficio número PHCSP61100-002-2015 del 19 de enero de 2015, primero le consulta si lo reconoce, a lo cual el testigo indica que "sí pero que no fue suscrito por él aunque aparece su nombre, aclarando que en ese momento no se encontraba en el proyecto, pero que de todos modos de dicha nota no se desprende que el ICE haya aceptado el Plan de Trabajo, que más bien en el último párrafo se indica no implica modificación del contrato y se debe agregar otros documentos", además manifestó que la frase "cierto y actualizado" no es una aceptación del cambio de fecha como lo interpreta la actora, sino que se presentó de forma actualizada toda la documentación, no podría jamás entenderse otra cosa, como por ejemplo la aceptación de dicho plan. De lo indicado por el testigo así como del oficio referido por el actor, considera este Tribunal que no es posible concluir de forma certera como lo asevera la parte actora que el ICE en ese momento aceptó el Plan de Trabajo y con ello se implicaba variada la fecha de inicio garantizada, pues como lo indicó también el testigo, el instituto demandado siempre fue claro y enfático en indicar que la aceptación no llevaba modificación a aspectos contractuales, e incluso fue enfático en decir que él continuó emitiendo otros oficios donde se rechazaba los planes de trabajo que excedía la fecha del plazo, y de allí fue que en el 2014 salió el tema de "cierto y garantizado" pero nunca con respecto al cambio de fecha de entrega, sino el término es referido al programa.
B.4. Sobre la extensión del plazo por el período de cura. Clarificado lo anterior, manifiesta la parte actora en sus escrito de demanda que hubo un proceso de cura establecido por el propio ICE que afectó el plazo pactado, conforme lo indica el oficio número PHCSP61100-128-2013 del 17 de noviembre de 2013, y que concluyó el 29 de abril de 2014 con la subsanación que hizo su representada, fijándose la fecha de inicio de operación contractual el 1 de junio de 2017, pero que sin embargo, posteriormente el ICE desconociendo sus propios actos inició la recisión contractual. Para resolver este agravio, se hace necesario precisar en la línea del tiempo lo actuado por las partes dentro de la ejecución del contrato a partir de la orden de inicio (1/8/2012) y hasta la notificación de la medida cautelar anticipada en sede administrativa dictada por el ICE para el inicio del procedimiento administrativo de recisión contractual en el año 2015 (los agravios sobre los vicios en el procedimiento se abordarán posteriormente). Como ya quedado referenciado después de transcurrido los primeros seis meses dentro del cual el Contratista debía iniciar y presentar el Plan de Trabajo, el Cierre Financiero y otros, tal situación no se había dado, lo que generó una serie de oficios entre las partes, quedando evidenciado en el oficio número PHCSP61100-0049-2013 del 4 de julio de 2013 en el que se indica sobre el estado actual del "Proyecto PH Capulín San Pablo", indicado en lo que interesa: "Para garantizar el cumplimiento de lo especificado, el ICE estableció una "Unidad Supervisora" cuyo principal fin es registrar, asegurar y controlar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto y plazos establecidos en el Contrato, por tanto hacemos de su conocimiento el estado actual del Proyecto PH Capulín San Pablo y lo actuado de nuestra parte: Se realizó reunión extraordinaria del Comité de Coordinación de las partes (ICE-Hidrotárcoles S.A) con la Gerencia de Electricidad para informar respecto al análisis del cumplimiento de aspectos contractuales pendientes por Hidrotárcoles S.A. al 25 de febrero de 2013, Acta PHCSP 2013-003CC, uno de los acuerdo fue que el Contratista confirmó que para el mes de Junio de 2013 contaría con todas las condiciones necesarias para el inicio de obras, situación que no se ha realizado. Hidrotárcoles S.A. al día de hoy no ha iniciado obras en sito del proyecto, por tanto el avance es nulo, presentado atraso que ponen en riesgo la entrada en operación comercial de la Planta, tal y como ha trasmitido el Contratista a través de los informes mensuales de los meses de abril a mayo, en las reuniones del Comité de Coordinación 2013-005CC celebrada el 15 de mayo de 2013 y 2013-006CC celebrada el día 12 de junio de 2013. El ICE motivado por esta situación le ha comunicado al Contratista la necesidad de atender este tema en reiterados oficios los cuales se mencionan a continuación: * PHCSP61100-036-2013 con fecha 17 de junio de 2013, Especificaciones Técnicas del Proyecto PH Capulín San Pablo por parte de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-039-2013, con fecha 17 de junio del 2013 Plan de Trabajo Oficial de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, con fecha 17 de junio del 2013 Formularios de Datos Garantizados del Proyecto PH Capulín San Pablo pr parte de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, del 17 de junio del 2013 Cierre Financiero del Proyecto PH Capulín San Pablo por parte Hidrotárcoles S.A. En una posible entrada en operación tardía del proyecto, dado los atrasos en que se encuentra, el ICE externa su preocupación que, de no contar con la energía prevista en la fecha contractual, se verá obligado a resolver el faltante por otros medios. Además de ejecutar las multas según lo indica el Contrato (...)", como puede extraerse de la cita, ya para esta fecha se había superado los primeros 6 meses que establecía el Contrato y la prórroga por el período igual que el mismo Contrato indica, y refrendado por la Contraloría General de la República mediante oficio número DCA-1684. Es en este contexto que el ICE notifica a la parte actora su intención de rescindir el contrato como consecuencia de los incumplimientos del Contratista aun en el período de cura, es así, al tenor de lo pactado, el ICE por oficio PHSCSP61100-128-2013 del 17 de diciembre de 2013 le otorga el plazo de 4 meses estipulado en el artículo 11.2.1 del Contrato, para realizar los ajustes señalados previamente, dejando plasmado en dicho oficio, que conforme al artículo 11.2 su intención de rescindir el contrato, así en su párrafo último se consignó: "Para estos casos, tratándose de incumplimiento demostrados, se notifica de conformidad con el Artículo 11.2 la intención del ICE de dar por suelto el CONTRATO, salvo que en el plazo de cuatro meses contados a partir del 12 de diciembre de 2013, se corrijan los incumplimientos. Si transcurrido ese plazo o bien el período razonable que convengan las partes con base en un plan de corrección, el Contratista no logra corregir el o los incumplimientos señalados el ICE iniciara el proceso de resolución del Contrato (Artículo 11.2.3)"; asunto que como se encuentra probado y aceptado por las partes (no existe controversia) no se cumplió por parte de la empresa adjudicataria, pues como ha quedado evidenciado de la prueba documental y testimonial (se insiste), para el año 2014 existía un nulo avance, así referenciado por el testigo López Muñoz antes las consultas que se le hicieron de si en este caso el Contratista había cumplido con los plazos de FIGOC: "la empresa tenía tres años para dar inicio y tener la planta ya operando comercialmente. En buena teoría en el primer año se hacían todas las instalaciones temporales, excavaciones, planos, diseños, permiso y un montón de cosas en el plano. En el segundo año, en buena teoría ya tendría financiamiento y estaría ya pensando en lo que son obras de mecánicas eléctricas y en el año 3. Estaría montando los equipos y haciendo puesta en marcha para este proyecto en particular. En este caso el primer año el avance era cero. En el segundo año cero, y en el tercer año andaba no más de un 23%. Cuando hablamos en comparación con 125 proyectos parecido, en que existe un 25% de avance en una obra, se sobreentiende que solamente lo que había eran excavaciones diversas y cosas de esas. No habían equipos ni nada en el sitio que permitiera, por lo menos digamos, en el año restante que quedaba acá. Completar todo lo que todo lo que conlleva un proyecto hidroeléctrico, solo la puesta en marcha en un proyecto hidroeléctrico se lleva entre 3 y cuatro meses y en el año 3 no había nada de eso. Lo que había es la explanada de Casa de máquinas tipo a nivel de a nivel de piso. El desvío del río y unos bloques de concreto en el río y caminos de acceso. Pero no había nada más que eso. El 75% restante era prácticamente lo medular de esta planta, o sea, era todo. Las obras de concreto y todos los equipos de metálicos pruebas y todo lo que conllevaba eso. O sea que en estos primeros 2 años prácticamente pasados la empresa pasó haciendo estudios. Previo a la orden de inicio, una empresa hace estudios de campo hace estudios de fundaciones para tratar de cuando le da en la orden de inicio, empezar a meter maquinaria en el año. En el primer año estaban haciendo sondeos todavía de investigación. Es más en el año segundo la SETENA le suspende la regencia ambiental al proyecto". Con lo anterior es claro para este Tribunal que el período de cura fue dado por el ICE, respetando lo pactado por las partes, pero a pesar de eso, la empresa actora no cumplió ni con el plazo del Contrato original, ni tampoco, con los plazos otorgados por el demandado, en el transcurso de la ejecución del contrato, teniendo como consecuencia el inicio del procedimiento para la resolución contractual, lo que a continuación se pasa a su análisis .
X.- SOBRE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La segunda idea desarrollada por la empresa actora es entorno a la violación del debido proceso por parte del ICE para la resolución del Contrato, que si bien, ya ha quedado resuelto el tema de fondo en cuanto al derecho que le asistió al ente demandado para resolver el contrato, se aclara, que como parte del control de legalidad, este Tribunal entra a revisar el procedimiento de resolución contractual, única y exclusivamente, en cuanto a que el mismo, se haya realizado conforme a derecho, se reitera, no así en relación al tema sustantivo del caso que nos ocupa, es decir, en relación a los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo; que sustentaron la decisión de resolver el contrato, tema que como se ha acaba de indicar, fue resuelto en el considerando anterior. En esta lógica se entra a conocer los agravios planteados por el actor y revisarlos en cuanto a la configuración de los elementos formales del acto administrativo necesarios para su validez y eficacia, con respecto la resolución adoptada por la Dirección de Proveeduría del ICE de las nueve horas treinta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho, notificada mediante oficio número 5201-10-2018, en la cual se dicta el acto final con el que se resuelve el Contrato suscrito entre el ICE y la empresa Hidrotárcoles S.A., correspondiente a la Licitación Pública 2006LN-000043-PROV.
XI.- Sobre los vicio en los elementos motivo, contenido y fin del acto final. En sus alegatos de conclusiones considera la parte actora que los elementos motivo, contenido y fin se encuentran viciados. Criterio del Tribunal. De previo a resolver el agravio, se hará una pequeña precisión sobre los elementos del acto administrativo.
A- Generalidades del Acto Administrativo. Tanto a nivel nacional como internacional la doctrina ha indicado que el acto administrativo es la forma más representativa de manifestación de la decisión administrativa, con efectos jurídicos directos hacia los Administrados. En este orden de ideas, se ha definido al acto administrativo de la siguiente manera: " El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma directa o inmediata." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Como elementos materiales del acto administrativo, se pueden determinar los siguientes: a) Motivo, entendido como los antecedentes y presupuestos de hecho y derecho que fundamentan la necesidad, oportunidad, conveniencia y legitimidad del acto administrativo. b) Contenido, el cual consiste en la parte dispositiva o declarativa de todo acto c) Fin público buscado con la emisión del correspondiente acto administrativo, como resultado perseguido en función del motivo del acto. Como elementos formales del acto administrativo, encontramos tanto la competencia del órgano responsable de su emisión, como la investidura y legitimación del servidor que emite el acto y el cumplimiento de determinados requisitos en la emisión de la voluntad de éste, sea su razonabilidad, proporcionalidad, la ausencia de error, dolo y violencia en la voluntad y la sujeción a las reglas de la técnica y la ciencia, fundamentalmente. A partir de esta forma de manifestación formal y escrita, devienen actos y hechos de trascendencia jurídica, en tanto ejecutorios de la primera. En este orden de ideas, estos últimos se han caracterizado de la siguiente manera: "... una vez dictado y firme el acto administrativo formal que le pone fin al procedimiento administrativo, sea válido o relativamente nulo-, es preciso realizar una serie de actuaciones u operaciones materiales para darle debida ejecución, aún en contra de la voluntad o resistencia del destinatario (artículos 146, párrafo 1 y 176 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública). Es claro que nos referimos a los actos administrativos ejecutorios, es decir, que requieren de su ejecución para tener eficacia..." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Nuestro ordenamiento jurídico, ha previsto que, ante la ausencia o defectos en alguno de los elementos del acto administrativo, estaríamos en presencia de un vicio de nulidad absoluta o relativa, según sea el caso. Es así como el artículo 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto, señala: " Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente". "Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta." Con respecto a los alcances de la nulidad absoluta, se ha indicado lo siguiente: ".... cuando el acto es manifiesta y flagrantemente ilegal, o, mejor dicho, gravemente ilegal (en el sentido preciso que posteriormente se indicará), ni se presume legítimo ni se puede ejecutar sin incurrir en responsabilidad, por lo que el resultado final que esa ejecución pueda agregar al mundo jurídico o real -de darse- deberá reputarse perturbación del ordenamiento y de su "efectividad" y reprimirse como atentado contra el estado posesorio de sus derechos e intereses por el administrado" (Eduardo Ortiz Ortiz. Nulidades del Acto Administrativo en Ley General de la Administración Pública).
B- Inexistencia de los vicios alegados. De una revisión del expediente administrativo y específicamente el acto final contenido en la resolución de las 9:30 hrs. del 15 de enero de 2018, comunicado en el oficio número 5201-10-2018, en referente a la constitución de los elementos sustanciales del acto administrativo, se desprende que los mismos se encuentran ajustados a derecho al tenor de lo dispuesto en el ordinal 128 de la Ley General de Administración Pública. B.1. Motivo. Siendo este como se definió, los antecedentes jurídicos y fácticos, sobre el cual la Administración basa su legitimación para dictarlo, en el sub examine, las partes al pactar suscribieron cuáles eran sus obligaciones y que en caso de incumplimiento las consecuencias de estas. Del contrato se desprende, sin controversia entre las partes, que la empresa actora dentro de los primeros tres años debía construir el proyecto objeto del contrato y entregarlo en lo que se conoce Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial, y que en caso de incumpliendo el ICE dentro de sus derechos y potestades derivadas del Contrato y la Ley, podía resolver el contrato. Como ha quedado acreditado eso no fue lo que pasó, sino que incluso en esta sede la parte actora invoca eximentes de responsabilidad como son el Caso Fortuito y Fuerza Mayor, pero, estos no fueron probados de forma fehaciente por la agraviada en sede administrativa. Es así entonces que este antecedente fáctico como parte del elemento motivo, le permite al ICE iniciar las gestiones y notificarle sus intenciones al Contratista de resolver el contrato, debido a los incumplimientos en la ejecución de lo pactado, siendo entonces, su antecedente jurídico las cláusulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 10, 11.2 del Contrato y los artículos 11 de LCA y 212 del RCA. A criterio de este Tribunal existió motivo suficiente para que el ICE ejerciera el derecho a resolver de forma unilateral el Contrato, siendo este legítimo y existente al momento de su adopción, según doctrina del ordinal 133.1 de la Ley General de Administración Pública. B.2. Contenido. Otro de los argumentos ligados al del elemento motivo, que la parte expresó, es relacionado con el contenido del acto administrativo, el cual considera que no se ajusta. Dispone el artículo 133 de la LGAP: "1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo". El ICE en la parte dispositiva del acto impugnado indica que con fundamento las normas citadas, procede a disponer, en lo que interesa: "1. La resolución de Contrato de la Licitación Pública 2006LN-000043-PROV, adjudicada al contratista Hidrotárcoles S.A. 2. La sanción de apercibimiento con base el artículo 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa para la empresa Hidrotárcoles S.A. (...)". En contraste de lo dispuesto por el ICE y la norma, se extrae que el contenido el lícito y posible por estar dentro de lo pactado. En consecuencia sin mayor reiteración de los argumentos, estima este Tribunal que el acto final impugnado, se encuentra ajustado a derecho al tenor de lo dispuesto en el artículo 128 de LGAP, no existiendo nulidad alguna que declarar. B.3. Fin. Dispone el ordinal 131 de la LGAP: "1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder". De la norma se puede indicar que el fin del ato administrativo refiere al propósito o resultado que la Administración busca alcanzar al emitir dicho acto. Este fin debe ser un interés público y estar previsto por la norma. Así el tratadista Agustín Gordillo lo define como: "El elemento teleológico del acto administrativo, se refiere a la finalidad o propósito con el que se emite dicho acto. Es el "para que" del acto, la razón de ser que justifica su existencia en función del interés público que busca satisfacer. En esencia, es el fin último que el acto administrativo pretende alcanzar, y debe estar alineado con el marco legal que lo sustenta" (Teoría General del Derecho Administrativo. Tomo 8. Buenos Aires). En este caso, estima esta Cámara, se configura ele elmento "fin" en el acto que dictó la resolución contractual, en protección del interés público que en su momento se buscaba al suscribirse el Contrato, pero que se vió afectado por el incumplimiento del Contratista. Por lo que dicho elemento se encuentra ajustado a derecho.
XII.- CONCLUSIONES. Realizado el análisis de todos los argumentos del actor, tanto de forma como de fondo, se arriba a las siguientes conclusiones:
a. Evento Uno. Atraso del ICE en emitir el Oficio dirigido a la ARESEP informando la adjudicación del Contratista. No es un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, pero tampoco era requisito legal para iniciar la construcción del proyecto.
b. Evento Dos. Plazo consumido por la ARESEP para otorgar la concesión, como se indicó, el plazo que se invirtió en la ARESEP para que se le otorgara la concesión, en nada influye para iniciar la construcción de la planta hidroeléctrica e incluso terminarla, es más, aun en la hipótesis de que se durara tres años, perfectamente se podía terminar el proyecto y empezar a vender la energía una vez otorgada la concesión. Debe entenderse que la concesión es para la explotación del recurso hídrico no así para la construcción de la planta.
c. Evento tres. Plazo requerido para la obtención del financiamiento. Tampoco es un requisito inicial para la construcción, es más, el Contrato otorga 6 meses, y una prórroga de 6 meses más, cuando el Contratista prueba de que no fue su negligencia y que se va obtener el financiamiento en dicho plazo de prórroga, todo dentro de la lógica que el adjudicatario de la licitación tiene una inversión inicial.
d. Período de corrección previo a la resolución contractual. No solo no es un requisito para el inicio, sino que como ha quedado demostrado no es un hecho que pueda desplazar la fecha garantizada.
e. Obtención de los permisos de tala de árboles, fase exploratoria. Tampoco es un hecho que pueda por sí mismo desplazar la fecha garantizada, pues es un trámite que debe hacer el Contratista, y debe estar previsto dentro de sus planes de trabajo para poder cumplir dentro de los tres años. Es más este asunto incluso quedó resuelto con el Decreto Ejecutivo que declaró de interés nacional dicho decreto con el fin de que la tramitología ante el SINAC fuera más expedita.
En resumen de todo lo aquí dicho en estas conclusiones estima este Tribunal que los argumentos presentados por la parte actora no tienen asidero jurídico, sino que son solo apreciaciones subjetivas e interpretaciones personales de los hechos y contrato, con el fin de sustentar su incumplimiento contractual, el cual ha quedado demostrado por el ICE, no solo en la fase de ejecución contractual sino también en el Procedimiento Administrativo de Recisión. Por lo que estima esta Cámara que lo actuado por el demandado se encuentra ajustado a derecho.
XIII.- DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. Solicita la parte actora que en virtud de las nulidades decretadas se le indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por las actuaciones del ICE, consistente en los costos asumidos por Hidrotárcoles S.A. y los reclamos de que fue objeto por parte de Hidrochina y Constructora Sánchez Carvajal S.A. Dichos daños y perjuicios los estimó de forma prudencial en la suma de $ 20.750.905.00 (veinte mil setecientos cincuenta mil novecientos cinco dólar moneda americana de los Estados Unidos de Norte América). Criterio del Tribunal. Conforme se resolvió líneas atrás, no existe ninguna conducta contraria a derecho que el ICE haya realizado en su relación contractual con la empresa actora. En ese orden de ideas, al no existir ninguna declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados, y ser el reclamo de los daños y perjuicios, accesorios a dicha pretensión, no existe ningún nexo de causalidad entre la conducta impugnada y los daños reclamados. En consecuencia, se impone el rechazo de estos, como en efecto en este momento se dispone.
XIV.- EXCEPCIONES Y PRETENSIONES. La representación legal del ICE al contestar la demanda y las ampliaciones de demanda contestó negativamente e interpuso en todas las etapas la excepción de falta de derecho. Por las razones indicadas de forma amplia en los considerandos anteriores la misma debe ser acogida, y en consecuencia declarar sin lugar en todos sus extremos las pretensiones de la empresa actora.
XV.- DE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, con las excepciones contenidas en los incisos a) y b) del mismo artículo. Al haber sido declarada con lugar la demanda y no encontrarse ninguna causal que justifique la eximente, se condena a la empresa Hidrotárcoles Sociedad Anónima al pago de las costas personales y procesales del presente proceso, así como los intereses que dicha suma genere, una vez fijadas las mismas en ejecución de sentencia.
POR TANTO
Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara Sin Lugar la demanda interpuesta por HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. Las costas más sus intereses a cargo de la parte vencida, las cuales serán fijadas en ejecución de sentencia. Notifíquese.
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