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Res. 08384-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 19/08/2025
OutcomeResultado
The Court upheld the defense of lack of legal entitlement, denied all of Hidrotárcoles’s claims, sustained ICE’s contract termination as lawful, and ordered the plaintiff to pay costs and interest.El Tribunal acogió la excepción de falta de derecho, declaró sin lugar todas las pretensiones de Hidrotárcoles, confirmó la legalidad de la resolución contractual del ICE y condenó a la actora al pago de costas e intereses.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed Hidrotárcoles S.A.’s entire action against ICE, which sought annulment of the termination of the power-purchase contract for the Capulín-San Pablo Hydroelectric Project, an extension of the guaranteed commercial-operation date, and damages. The Court held that the contract, grounded in Chapter II of Law 7200, placed responsibility on the contractor to build the project and timely secure financing, submit its work plan, obtain the concession, and process tree-felling permits. Delays attributed to ICE, ARESEP, financing, and SINAC did not constitute force majeure or a fortuitous event and did not, by themselves, prevent construction from beginning. Hidrotárcoles also failed to prove and notify ICE of those alleged events through the contractual procedure for suspending the deadline. The contractor was therefore responsible for the delay, and ICE’s contract termination was lawful. Because ICE committed no unlawful conduct and the challenged administrative acts remained valid, the Court also rejected the associated claim for damages and awarded litigation costs and interest against Hidrotárcoles.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó íntegramente la demanda de Hidrotárcoles S.A. contra el ICE, mediante la cual se pretendía anular la resolución del contrato de compra de energía del Proyecto Hidroeléctrico Capulín-San Pablo, ampliar la fecha garantizada de operación comercial y obtener indemnizaciones. Determinó que el contrato, sustentado en el capítulo II de la Ley 7200, imponía al contratista la responsabilidad de construir el proyecto y tramitar oportunamente el financiamiento, el plan de trabajo, la concesión y los permisos de tala. Los atrasos atribuidos al ICE, la ARESEP, el financiamiento y el SINAC no constituían fuerza mayor ni caso fortuito, ni impedían por sí mismos iniciar la construcción. Además, Hidrotárcoles no acreditó ni comunicó esos supuestos eventos conforme al procedimiento contractual para suspender el plazo. El incumplimiento fue imputable al contratista y la resolución contractual del ICE se ajustó a derecho. Al no existir conducta administrativa ilícita, también se rechazaron los daños y perjuicios reclamados.
Key excerptExtracto clave
In summary of everything stated in these conclusions, this Court considers that the arguments advanced by the plaintiff have no legal basis, but are merely subjective assessments and personal interpretations of the facts and the contract intended to justify its contractual breach, which ICE demonstrated both during contractual performance and in the administrative termination proceeding. This Chamber therefore finds that the defendant’s actions were lawful. As decided above, ICE engaged in no unlawful conduct in its contractual relationship with the plaintiff company. Accordingly, because none of the challenged administrative acts has been annulled and the damages claim is ancillary to that request, no causal connection exists between the challenged conduct and the alleged damages. The claim must therefore be rejected, as is hereby ordered. The defense of lack of legal entitlement is upheld. The action filed by HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA against the COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE is denied. Costs and the interest accruing thereon shall be borne by the losing party and quantified during enforcement of the judgment. Let notice be given.En resumen de todo lo aquí dicho en estas conclusiones estima este Tribunal que los argumentos presentados por la parte actora no tienen asidero jurídico, sino que son solo apreciaciones subjetivas e interpretaciones personales de los hechos y contrato, con el fin de sustentar su incumplimiento contractual, el cual ha quedado demostrado por el ICE, no solo en la fase de ejecución contractual sino también en el Procedimiento Administrativo de Recisión. Por lo que estima esta Cámara que lo actuado por el demandado se encuentra ajustado a derecho. Conforme se resolvió líneas atrás, no existe ninguna conducta contraria a derecho que el ICE haya realizado en su relación contractual con la empresa actora. En ese orden de ideas, al no existir ninguna declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados, y ser el reclamo de los daños y perjuicios, accesorios a dicha pretensión, no existe ningún nexo de causalidad entre la conducta impugnada y los daños reclamados. En consecuencia, se impone el rechazo de estos, como en efecto en este momento se dispone. Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara Sin Lugar la demanda interpuesta por HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. Las costas más sus intereses a cargo de la parte vencida, las cuales serán fijadas en ejecución de sentencia. Notifíquese.
Pull quotesCitas destacadas
"El cronograma que se deduce del Contrato, no se cumplió por actuaciones y omisiones achacables exclusivamente al Contratista, estando debidamente acreditado que incluso para el segundo año no existía avance alguno de obras, y para el inicio del procedimiento de resolución contractual apenas un 25% de trabajos."
"The schedule arising from the contract was not met because of acts and omissions attributable exclusively to the contractor; it was duly established that there had been no progress on the works even by the second year and that only 25% had been completed when the contract-termination proceeding began."
Considerando XII, Conclusiones
"El cronograma que se deduce del Contrato, no se cumplió por actuaciones y omisiones achacables exclusivamente al Contratista, estando debidamente acreditado que incluso para el segundo año no existía avance alguno de obras, y para el inicio del procedimiento de resolución contractual apenas un 25% de trabajos."
Considerando XII, Conclusiones
"Debe entenderse que la concesión es para la explotación del recurso hídrico no así para la construcción de la planta."
"It must be understood that the concession is for exploitation of the water resource, not for construction of the plant."
Considerando XII, Conclusión 8.b
"Debe entenderse que la concesión es para la explotación del recurso hídrico no así para la construcción de la planta."
Considerando XII, Conclusión 8.b
"Obtención de los permisos de tala de árboles, fase exploratoria. Tampoco es un hecho que pueda por sí mismo desplazar la fecha garantizada, pues es un trámite que debe hacer el Contratista, y debe estar previsto dentro de sus planes de trabajo para poder cumplir dentro de los tres años."
"Obtaining tree-felling permits during the exploratory phase likewise cannot, by itself, postpone the guaranteed date, because it is a procedure that the contractor must undertake and must account for in its work plans in order to comply within the three-year period."
Considerando XII, Conclusión 8.e
"Obtención de los permisos de tala de árboles, fase exploratoria. Tampoco es un hecho que pueda por sí mismo desplazar la fecha garantizada, pues es un trámite que debe hacer el Contratista, y debe estar previsto dentro de sus planes de trabajo para poder cumplir dentro de los tres años."
Considerando XII, Conclusión 8.e
"Sin embargo, como ha quedado demostrado eso no sucedió, ya que si bien, existe una corridilla de oficios entre las partes, haciendo ver lo del fecha garantizada y el plan de trabajo, de ninguno de ellos se desprende por un lado que el actor haya no solo comunicado al ICE, sino probado el caso fortuito o fuerza mayor, y con base en ello solicitar la suspensión del plazo de los tres años."
"However, as demonstrated, that did not occur: although the parties exchanged a series of letters concerning the guaranteed date and the work plan, none shows that the plaintiff notified ICE and proved a fortuitous event or force majeure and, on that basis, requested suspension of the three-year period."
Considerando XII, Conclusión 9
"Sin embargo, como ha quedado demostrado eso no sucedió, ya que si bien, existe una corridilla de oficios entre las partes, haciendo ver lo del fecha garantizada y el plan de trabajo, de ninguno de ellos se desprende por un lado que el actor haya no solo comunicado al ICE, sino probado el caso fortuito o fuerza mayor, y con base en ello solicitar la suspensión del plazo de los tres años."
Considerando XII, Conclusión 9
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CASE FILE:
PROCEEDING:
MERITS PROCEEDING PLAINTIFF:
HIDROTARCOLES S.A.
DEFENDANT:
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD N° 2025008384 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and forty-five minutes on diecinueve de agosto del dos mil veinticinco.- Merits proceeding (proceso de conocimiento) brought by HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA, legal-entity identification number 3-101-548713, represented by Lic. Carlos Hernán Robles Macaya, of legal age, attorney, Bar membership number 2416, in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact (Apoderado Especial Judicial), against Instituto Costarricense de Electricidad, represented by Licda. Lindsay Arguijo Vargas, of legal age, attorney, Bar membership number 16077; Licda. Dafne Sánchez Aguirre, of legal age, attorney, Bar membership number 8233; and Licda. Karla Méndez Bonilla, of legal age, attorney, Bar membership number 12497, all acting in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact.
CONSIDERING
The statutory time limits and requirements have been observed throughout the proceedings, and no defects or omissions capable of causing nullity or denying the parties an opportunity to present their case are apparent. This judgment is issued within the period of fifteen business days specified in section 111, subsection 1, of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This decision is rendered unanimously, following deliberation, and in writing.
Drafted by Judge Marenco Ortiz.
The following are deemed proven facts for purposes of deciding this case:
- Administrative Record of the International Public Tender (Expediente Administrativo de Licitación Pública Internacional)
(image 4777-4778, court case file).
- Administrative Contract-Termination Proceeding File (Expediente Procedimiento Administrativo de Resolución Contractual) Number PA-33-2015. For citation purposes, the folio numbers of the physical case file submitted by ICE will be indicated.
- Case File for Administrative Proceeding for Enforcement of the Bond (Procedimiento Administrativo de Ejecución de Garantía) Number PA-08-2018.
The following are deemed unproven facts relevant to the case:
Three witnesses testified at trial; the relevant portions of the hearing proceedings are recorded below.
In filing the complaint and the response thereto, as well as in their written closing arguments, the parties stated the following, which is transcribed below:
Notwithstanding the duly substantiated petitions filed, based both on a solid contractual right and on constitutional and administrative case law, and despite such petitions, ICE, in contravention of the principles of good faith, loyalty, and cooperation, and in breach of the principle of legality and the duty of integrity that is presumed to be inherent in all administrative action, has acted unlawfully by failing to comply with the rules clearly established in the current contract, bringing the contractual relationship to a point at which the contractor’s fundamental rights have been rendered ineffective (...) My client persistently sought, through administrative channels (sede administrativa), to have the conduct of ICE and its officials corrected so that it would conform to the contractual rights to which it is entitled and to provisions issued by ICE concerning identical projects of the same nature.
However, it was not possible to obtain cooperation; on the contrary, its conduct was diametrically opposed to the decision reached in another identical case of the same nature, and the result was the issuance of an extremely urgent provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) ordering the complete suspension of the project, which has kept it at a standstill, without any basis for doing so, creating chaos for the project, affecting the public interest and the national interest in its development, as well as the ongoing commitments undertaken by my client with third-party subcontractors and financial institutions. Given the damage caused to the investment that my client has made in the project and the persistent position taken by ICE and its officials of refusing to honor the contractual terms, and because ICE initiated a cure period for correcting breaches (periodo de cura para corrección de incumplimientos) (subsection 11.2.3 of the contract) on 12 de diciembre del 2013, which concluded on 29 de abril del 2014 with Hidrotárcoles S. A.’s cure of the breaches alleged by ICE, according to ICE communications Nos.
PHCSP61100-0037-2014 dated 12 de marzo del 2014 and PHCSP61100-0053-2014 dated 29 de abril del 2014, therefore, in view of ICE’s refusal to honor the contractual agreements, we have had no alternative but to seek relief before this honorable court in order to protect and enforce our contractual rights, obtain an opportunity to exercise a legitimate defense (legítima defensa), and secure a prompt and fully enforced decision from an impartial judicial authority.” In the first amendment to the complaint (ampliación de la demanda), it stated as follows: “The conduct underlying this amendment to the complaint consists of the actions taken by ICE that disregard and breach the rights and obligations agreed upon in the contract. Indeed, as this amendment will show, ICE refuses, without any basis whatsoever, to acknowledge circumstances that arose during contractual performance and that violate the contract executed between Hidrotárcoles S.A. and ICE, since ICE has unlawfully attempted to alter several contractually agreed and approved terms and time commitments.
In particular, with respect to the Project’s Official Work Schedule (Programa de Trabajo Oficial), ICE received and approved to its complete satisfaction that Official Schedule, which specified 1 de junio del año 2017 as the Guaranteed Commercial Operation Start Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial), yet, in complete disregard of its own prior acts, through which it accepted and approved the work schedule, ICE attributed to my client, without technical or legal support, an alleged contractual breach that did not exist. These administrative acts (actos administrativos) by ICE have not only caused an increase in the cost of the Project and significant delays in the construction process, but have also led to an increase in the actual cost of the work offered. Under the contract, which is clearly the ‘law between the parties’ (“Ley entre partes”), clear provisions were established concerning the Cure Period for Correcting Breaches (subsections 11.2.2 and 11.2.3 of the Contract), the Official Work Schedule (subsections 4.1.1, 4.3. and 4.1.2 of the Contract), and Increases in Project Costs (subsection 7.5.2.1).
Far from bringing its actions and decisions into line with contractual performance, which should be guided by principles such as good faith, as expressly stipulated in the contract, ICE has instead been making decisions and issuing administrative acts that have clearly impaired the progress of the work, directly affecting the project’s schedule and cost, all to my client’s detriment. First, during the Cure Period for Correcting Breaches instituted by ICE between Dic/2013 and Abril/2014, Hidrotárcoles S.A. cured all the breaches within the period granted by ICE for the company to do so. These included submission of the Official Work Schedule, which, under the contract (subsection 4.1.1), is the instrument in which the parties, by mutual agreement, specify the date on which the Plant will begin Commercial Operation (the Guaranteed Commercial Operation Start Date); the Official Work Schedule submitted to ICE stated that the Guaranteed Commercial Operation Start Date would be 1 de abril del 2017.
Second, pursuant to the prerogatives granted to the contractor under subsection 4.1.2 of the contract, ICE requested that the contractor set the Guaranteed Commercial Operation Start Date, in response to which Hidrotárcoles stated in writing its decision to set that date as 01 de junio del 2017. At ICE’s own request, Hidrotárcoles S.A. subsequently incorporated that date into the Official Work Schedule, as reflected in an ICE record dated 26 de noviembre de 2014. It bears repeating that Hidrotárcoles delivered the Official Work Schedule to ICE, indicating therein that the Plant would begin commercial operation—the Guaranteed Commercial Operation Start Date—on 1 de junio de 2017, and ICE approved it by communication dated 1 de enero de 2015, stating that the schedule was accurate and current and therefore requesting that it be added to the Official Work Plan stipulated in subsection 4.3. Accordingly, the Guaranteed Commercial Operation Start Date for the Plant was officially and contractually established as 1 de junio del 2017.
The administrative proceeding (procedimiento administrativo)—the administrative precautionary measure (medida cautelar administrativa) and its subsequent purported lifting—carried out by ICE and communicated to Hidrotárcoles S.A. and Banco Nacional de Costa Rica, the latter in its capacity as the entity responsible for financing the Project, expressly stated that it would not recognize expenses or disbursements incurred in connection with the work. This created considerable financial uncertainty, not only causing BNCR to halt disbursements, but also causing ICE’s unclear actions concerning the contract with Hidrotárcoles and the resulting halt in disbursements to generate considerable uncertainty for the Subcontractor responsible for the works and electromechanical equipment, the Chinese company Hydrochina Corporation. Despite Hidrotárcoles S.A.’s extensive efforts to persuade it to abandon its intended course of action, that company decided to terminate the Contract effective 30 de marzo del 2016, all because of ICE’s unlawful actions, which have done nothing but hinder the work.
It bears repeating that all of this resulted from the legal uncertainty caused by ICE’s unlawful actions against Hidrotárcoles, which directly affected the progress and execution of the works. Faced with this situation, and in order to continue executing the work and take advantage of the final portion of the 2016 dry or summer season, the company decided to proceed with the river diversion through another subcontractor, which, despite facing considerable difficulties, managed to complete the river diversion by julio del año 2016, preventing the dam’s construction from failing and thereby preventing the Project from being delayed by another year. In view of the difficult situation involving ICE and BNCR and the departure of Hydrochina Corporation, the Project came to a halt and had to be completely restructured, a process that required a considerable amount of time and effort at both the technical-construction and administrative levels.
Finally, beginning in mayo del año 2016, construction work resumed, and the company elected to develop the detailed engineering and optimize the works that Hydrochina had left unfinished because of ICE’s actions. In the present case, this was done using the design method known as Fast Track (Vía Rápida), under which the design and construction of the works are carried out in parallel. Through this mechanism, not only were minor design modifications introduced to incorporate into the Project the changed conditions established in the ICE-Hidrotárcoles Contract in Articles 6.7 and Anexo 8, compared with the conditions prevailing at the time of the award in el año 2008, thereby adapting the project to new conditions arising from the existence of the Chucás plant, located upstream on the same river and awarded in el año 2008 through the same international public tender for the Acquisition of Power Blocks under the BOT (Construya, Opere y Transfiera) model, but the final design process for the dam, conveyance works, and powerhouse was also restarted.” Regarding the second amendment to the complaint, the plaintiff stated as follows: “The PH Capulín San Pablo project was scheduled to begin operation before 2020 in ICE’s 2014-20234 Generation Expansion Plan; that plan states that the project would begin operation in el año 2016, as set forth in Table 1.1 and Table 10.1 of that plan.
Only two years later, ICE excluded PH Capulín from its 2016-2035 Generation Expansion Plan, purportedly because of termination of the contract. That plan stated not only that PH Capulín had been excluded by ICE because of termination of the contract, but also that PH Chucás’s commercial operation start date was postponed by 18 months relative to the date specified two years earlier in the previous expansion plan. While PH Capulín was arbitrarily excluded from that Plan, PH Chucás had its operation start date postponed, constituting unequal and discriminatory treatment. The decision to exclude PH Capulín arbitrarily and unlawfully was made in late 2015 and early 2016 during preparation of the Plan, when the Administrative Contract-Termination Proceeding (Procedimiento Administrativo de Resolución Contractual) had only just begun and would not conclude until more than two years later. ICE’s stated rationale that the plant was no longer in the public interest because the energy was no longer needed conflicts with the existence of the Executive Decree under which the Executive Branch declared that plant to be in the public and national interest.
To terminate the contract, ICE suspended the company’s Contract through a precautionary measure, initially relying, apparently, on the provisions of Article 183 of the Regulations to Law Nº 8660, which had been declared unconstitutional; however, after realizing the error, and once the damage caused by halting the project had already been done, ICE stated that, in order to follow due process (debido proceso), it would proceed to Terminate the Contract in accordance with Articles 11.2.2. and 11.2.3 of the Contract. The latter provides that if, after the specified period or the reasonable period agreed upon by the parties on the basis of a corrective action plan has elapsed, the contractor fails to correct the breach or breaches identified, ICE shall initiate the termination process.
That after the claim was filed, ICE continued with the administrative contract termination proceeding (procedimiento administrativo de resolución contractual), and when the final act (acto final) was issued, the overall progress of the works recorded in monthly report 2018 submitted to ICE was 50%.” In its theory of the case and closing arguments, the plaintiff alleged that it was submitting for review by this Court a challenge to the administrative decision terminating the contract executed by the parties, which was defective in its constituent elements. That due process (debido proceso) was not followed. That the contract provided for the purchase of energy for the country as a matter of public interest, that the plant was 50% complete and ready to begin production, and that a considerable amount of public funds provided by Banco Nacional de Costa Rica had been invested. It states that if any type of dispute eventually arose between the parties, the contract provided that solutions were to be implemented in stages, seeking to remedy their breaches so that the ultimate purpose—energy production—could be achieved.
The record (autos) shows that ICE did not impose fines but simply terminated the contract in violation of the legal system. It follows from the agreed contract that if ICE had any objection, it was obligated to take over the project, as the governing authority for energy distribution, and bring it to successful completion. It added: “During the evidentiary phase (fase probatoria), it was established that Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) committed serious procedural and substantive defects when it unilaterally terminated the contract at issue without legal grounds, thereby violating due process and the principle of legality (principio de legalidad) enshrined in article 11 of the Constitución Política and in the Ley General de Administración Pública (LGAP). It was likewise demonstrated that the purported opinion of ICE’s Área de Planificación y Desarrollo Eléctrico dated 12 de noviembre de 2015, cited on page 41 of the challenged Contract Termination Decision (Resolución Contractual) (Evidence 3 and 5 from the second amendment to the claim, folio 57, images 4108 and 4148), which ICE invoked as grounds for asserting that PH Capulín was not in the public interest, does not exist in the administrative record (expediente administrativo).
Therefore, pursuant to article 63.3 CPCA, the absence of that document requires the facts alleged in our claim to be deemed admitted (...) ICE granted Hidrotárcoles the extensions established in the Contract at the appropriate time due to delays caused by force majeure (fuerza mayor), pursuant to art 4.1.1 of the Contract (Evidence 1 submitted with the claim); examples include the financing arrangements with BNCR, which took more than 13 months for loan approval, and the procedures or permits before the competent government entities, which inexplicably caused a 10-month delay, as Engineer Mata testified at the supplementary hearing at 1:12:30. It is important to emphasize that the witness, Engineer Álvaro Mata, verbally presented in his testimony a timeline of the different stages in the implementation of the contract executed between ICE and Hidrotárcoles. The provision contained in art 4.1.1. of the contract states unequivocally that the 3-year term and the Contract’s term of validity would be suspended, with the effects established by Sala Primera, in the event of force majeure—in this case, the delays experienced in administrative procedures (ARESEP 10 months), banking procedures (more than 13 months), and others involving SINAC/MINAE, all of which were beyond our client’s control.
Through its competent officials, ICE assessed that force majeure and granted the company the required extensions at the appropriate time; consequently, ICE accepted the FGIOC as 01 de junio del 2017. This administrative act (acto administrativo), in accordance with the LGAP, was timely, valid, and effective because, as the general principle of law establishes, no one is required to do the impossible, and the government permits and approval of the loan necessary to accomplish the public purpose that was tendered and contracted for—namely, construction of the PH Capulín project—were not within our client’s sphere of control. As established through Engineer Mata’s testimony and documentary evidence contained in the record, which was admitted at the preliminary hearing, the sole Guaranteed Commercial Operation Commencement Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial, FGIOC) for PH Capulín was 1 de junio del 2017, because it was the only date accepted by ICE in the Official Work Plan and Schedule (Plan y Programa de Trabajo Oficial) (Art. 4.3.1 a 4.3.5 of the contract executed between the parties).
The date alleged by ICE as the FGIOC, 1 de agosto 2015, is not the FGIOC but rather the date on which 3 years from the Commencement Order (Orden de Inicio) would elapse, and it has no legal existence, contrary to what ICE recklessly and maliciously asserts both in the ‘GROUNDS’ (‘MOTIVO’) of the Contract Termination Decision and in the answer to the claim contained in the record. These false assertions by ICE are evidence of the bad faith (mala fe) with which ICE has acted both at the administrative level (sede administrativa) and in court. Conclusive proof that the grounds invoked by ICE in the Contract Termination Decision do not exist is official letter 0610-100-2015 dated 30 de junio del 2015, signed by Mr. Javier Orozco, Director General de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE. The table attached to that official letter, which appears in Evidence 6, images 4735 to 4738, submitted by our client with the initial claim, shows on page 5, in row (16), the following: ‘PH Capulín begins operations in junio de 2017.’ It requests that the claim be granted in all respects.
It is desirable and expected that both dates coincide. For this reason, the article states that the Commercial Operation Commencement Date must coincide with, or fall on the same day as, the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date; however, this is VERY DIFFERENT from asserting, as the contractor does, that the two concepts are identical/synonymous, since if the dates do not coincide, the appropriate course of action is to impose penalties or initiate the contract termination proceeding (procedimiento de resolución contractual), as applicable. (Article 4.8 Penalties). In any event, we have emphatically stated that, in each and every one of the official communications and work plans submitted by the contractor, it refers to the Commercial Operation Commencement Date and NEVER to the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date, because the latter had been contractually set at a maximum of 3 years.
In addition, we must point out that precisely because subsection 4.1.1 of the contract establishes a maximum period of three years for the Plant to commence operations and begin selling energy to ICE, the authority to modify the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date provided for in subsection 4.1.2 of the same document may be exercised only to bring it forward, since allowing it to be postponed would violate the maximum period established in the aforementioned subsection 4.1.1. This was also the understanding and explanation given by the Contraloría General de la República in point 9 of the note in its official communication DCA-1684-2012 (folios 7926 to 7933 of the administrative record (expediente administrativo)), by which it granted its endorsement (refrendo) of the contract. Consequently, the modification of the Commercial Operation Commencement Date proposed by the contractor has never been accepted by ICE, given that it is inadmissible under the provisions of the contract signed between the Parties (...) Due to an assessment conducted by ICE in July 2015 (note that this was one month before the deadline for the FGIOC) regarding the status and progress of the Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo, which at that time was less than 20% complete, it was evident that Hidrotárcoles S.A. would not begin selling energy on the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date (1 de agosto de 2015) agreed upon by the parties for the supply of the energy committed under the contract.
At that time, the Contractor’s fundamental breach (Incumplimiento grave) was undeniable and, under the legislation in force, entitled the Administration, through ICE, to terminate the contract for just cause. This was confirmed by the witness José López, who at the relevant time had the opportunity to ascertain the degree of completion of the Capulín project (...) On countless occasions, the plaintiff compared the PHCSP with the project developed by Chucás as a result of the same bidding process (licitación). However, as was demonstrated, the circumstances of each project are distinct and independent, and the situations must be assessed on a case-by-case basis; assessments made at a given time for one project are not necessarily the same as those for another and therefore cannot be applied in the same manner, as the plaintiff claims. What is comparable and unavoidable is the body of rules applicable to each project, and, as in the case of PH Capulín, in all other projects (under this bidding process), ICE has not permitted the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date to be extended beyond 3 years from notification of the notice to proceed (orden de inicio), in strict compliance with the rules governing these contracts and the endorsement of the Office of the Comptroller General (refrendo contralor).
Both witnesses offered by ICE testified that the GUARANTEED COMMERCIAL OPERATION COMMENCEMENT DATE could not be modified to postpone it, but only to bring it forward, due to the statutory term of 20 years established by ley 7200. This representation once again asserts that the three administrative records submitted as documentary evidence—namely, the administrative record of the Bidding Process, the record of the Contract Termination Proceeding, and the record of the proceeding for partial enforcement of the performance bond (garantía de cumplimiento)—were indeed submitted in full. Now, the point raised by the plaintiff which, according to its assertion, does not exist, concerns the lack of need for the energy generated by PH Capulín San Pablo; this document refers to the motion for reconsideration (Recurso de revocatoria), subsidiary appeal (apelación en subsidio), and motion for annulment (incidente de nulidad) against the final act terminating the contract, and not against the final termination decision.
The document refers to the need for the energy and to the existence of a Generation Expansion Plan (Plan de expansión de la Generación), which serves as the reference framework for the principal medium- and long-term planning purposes of participants in the country’s electricity sector. The document’s content is wholly incidental to the central issue in the case, namely, the fundamental breach committed by HT that resulted in termination of the contract. Given the impossibility of completing the Project so that the Plant could begin dispatching electricity, and the uncertainty regarding the timeframe for completion, ICE must dispense with that energy and replace it with energy from another source in order to fulfill the public interest, as it is required to do.” It requests that the complaint be dismissed.
The plaintiff brings this action seeking a declaration by the Court that the following administrative acts are null and void: No. 5225-0943-2015 of 7 de julio de 2015, Precautionary Measure (Medida Cautelar); PHCSP61100-048-2015 of 15 de julio de 2015; PHCSP61505-023-2015 of 16 de julio de 2015; 5225.1559.2015 of 3 de diciembre de 2015, Commencement of Proceedings (Apertura Procedimiento); Resolution No. 0510-159-2016 of 14 de enero del 2016; Official Letter 5201-10-2018 of 15 de enero del 2018, containing the Final Act of the Contract Termination Proceedings and Warning Sanction (Acto Final del Procedimiento de Resolución del Contrato y Sanción de Apercibimiento); Official Letter 5201-26-2018 of 12 de marzo del 2018; motion for reconsideration (recurso de revocatoria), subsidiary appeal (apelación en subsidio), and plea of nullity (incidente de nulidad) against the Final Act of the Contract Termination Proceedings and Warning Sanction; Official Letter 0150-0361-2018 dated 12 de abril del 2018, Subsidiary Appeal and Plea of Nullity against the Final Act of the Contract Termination Proceedings and Warning Sanction; and Official Letter 5201-57-2018 of 4 de junio de 2018, the final act in the proceedings for partial enforcement of the performance bond (garantía de cumplimiento) for damages.
Consequently, as a result of that declaration of nullity, the plaintiff’s right to a guaranteed commercial operation start date of 1 de junio de 2017 must be declared, so that ICE recognizes a new adjusted date. ICE must recognize the additional cost, price adjustments, and damages caused, amounting to a total of $468,36 million United States dollars.
The system tends to prevent preferential and unfair treatment, and the tendering procedure (procedimiento de licitación) defined by the Ley de la Administración Financiera de la República and the Reglamento de la Contratación Administrativa, “as the ideal means and the most desirable instrument for processing administrative contracts (contratos administrativos),” is based on the dual purpose of obtaining the best conditions for the Public Administration and guaranteeing equal opportunity to interested parties, all in accordance with the so-called principle of legality in administrative procurement (principio de legalidad de la contratación administrativa), to which anyone wishing to contract with the Administration must adhere (see artículo 182 de la Constitución Política”; and it was concluded that bypassing the tendering procedures, in addition to constituting a mockery of the constitutional tendering procedure, also constitutes a violation “[...] of the principles of the broadest possible participation by private parties and the pursuit of the best conditions for the Administration and, in fact, encourages and causes the creation of private monopolies, which the State is called upon to prevent.
And the way to do so is precisely by allowing, as indicated, the greatest possible participation by interested private parties, under conditions of absolute equality, in a broad and transparent administrative procurement procedure.” Constitutional judgment número 5386-93, de las dieciséis horas del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, reiterates: “[...], the procedure should be competitive, in recognition of tendering as the constitutional means of ensuring free competition and equality among potential bidding companies (artículo 182 de la Constitución).” In deciding the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought against the limitations established by artículos 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República, 252 párrafo primero y 253 del Reglamento de la Contratación Administrativa concerning who may contract with the Administration, it was stated: “II).- In further support of the foregoing, it should be noted that the challenged provisions are also valid in light of the governing principles of administrative procurement, particularly free participation (libre concurrencia) and its derivative, equality, whose continued effectiveness would be jeopardized if the argument advanced in the action were accepted in these proceedings.- The first of the aforementioned principles—free participation—is intended to secure the possibility of competition among all bidders, and its counterpart is the prohibition against the State imposing restrictive conditions on access to the competitive procedure, whether through the enactment of statutory or regulatory provisions for that purpose or through its specific conduct; its immediate consequence is that it imposes upon the Administration the duty to award the contract impartially to the best bid, a circumstance that clearly could not occur if the highest-ranking officials in the Republic, or their relatives, were allowed to participate in the competitive procedure, since they could improperly use their positions to influence the final selection.
Under the second of the aforementioned principles—equality—the Administration must place all bidders on an equal footing from the outset of the procedure through the award or formalization of the contract, which means that it may not create legal or factual distinctions among them that are capable of giving certain competitors an advantage or causing them harm. That equality includes, at a minimum, the duty to ensure that the conditions are the same for all competitors and that preference must always be given to the party submitting the bid most advantageous to the Administration; failure to comply with, violation or breach of, or failure to apply this principle renders void any contract entered into as a consequence thereof; therefore, in view of the foregoing, this Chamber does not find that, in general, the provisions prohibiting members of the Supreme Branches of Government and constitutional bodies—and their relatives—from participating in administrative contracts are in themselves unconstitutional, since they have a constitutional basis in the aforementioned principles derived from numerales 33, 112 y 143 de la Constitución Política.” Finally, sentencia número 1205-96, supra citada, held: “From this perspective, in Sentencia No. 3495-92 de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992, the Chamber declared that the principle and right of private property (artículo 45) and freedom of enterprise (artículo 46) are constitutionally recognized and that, on the basis of both, freedom of contract (libre contratación) is likewise established as a principle of equal rank governing the exercise of both; its content has been summarized by this Chamber in four elements, and that case law states verbatim: ‘a) freedom to choose the contracting party;
Under the applicable regulations, the Administration’s right to terminate the contract unilaterally, as governed by Article 11 of the Law and Article 204 of the aforementioned Decree, arises when the contractor is responsible for a breach of contractual obligations, and its exercise must adhere to the fundamental principles of due process (debido proceso).
The plaintiff’s arguments revolve around the central contention that, during the performance of the contract entered into between the company it represents and ICE, events occurred that triggered the exculpatory clause identified in the Contract as “Fortuitous Event or Force Majeure” (“Caso Fortuito o Fuerza Mayor”). From these events, which it considers compensable events (eventos compensables), arise its claims concerning the violation of due process in what it calls termination of the contract (material breach and the period for curing such breaches, the right to modify the guaranteed commercial operation commencement date, compensable events, declaration of public interest). All of these claims were repeatedly submitted at different stages of the judicial proceedings and by the different legal representatives who have acted on behalf of the plaintiff company. Because of this particular circumstance (ideas repeated and presented in different forms), for purposes of the order and logic of this decision, the Court will address them not in the order in which the plaintiff presented them, but in relation to the central contention of its argument (the existence of grounds for exemption from liability).
Having stated the foregoing, the plaintiff’s representative asserts that, pursuant to Clause 4.1.1 of the Contract entered into by the parties, the period for constructing and commencing operation of the Plant was suspended upon the occurrence of any event classified as a fortuitous event or force majeure, or upon any breach of the Contract by ICE. It asserts that, as proven in these proceedings, the company it represents submitted the Work Plan to the Project Coordinator by means of official letter Nº PHCSP-ICE-0177-2014 of 04/12/2014; that the plan was accepted by ICE through official letter Nº PHCSP61100-002-2015 dated 19/01/2015; and that ICE established the guaranteed date (hereinafter FGIOC), deeming it definite and updated to 01 de junio de 2017, after its officials assessed the force majeure and extended the FGIOC commencement date. It further asserts that ICE prematurely initiated the Contract Termination Procedure (Procedimiento de Resolución Contractual), because the initial guaranteed date was 01 de junio de 2017 and not the date indicated by ICE.
It also alleges that the defendant breached the Contract because, pursuant to Clause 11.2.3, it decided at its own risk not to assume control of the Plant. Consequently, in its view, the administrative act challenged in the administrative proceedings and before this jurisdiction is void with respect to its grounds, substance, and purpose.
The Court’s Assessment. Before ruling on the plaintiff’s claims, it is necessary to clarify the nature of the contracts known as “BOT,” because such a contract is the subject matter of these proceedings. In this regard, through the enactment of the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector Act Nº 8660, the State sought to strengthen and modernize ICE and its companies and affiliated bodies, and to provide them with legislation enabling them to adapt to all changes in the legal framework governing the generation and provision of electricity, telecommunications, and other services. The new legislation allowed ICE to make its public procurement mechanisms and procedures more flexible and to expand them. Accordingly, ICE was authorized to enter into all types of lawful contracts that would enable it to fulfill its purposes. Ley 7200 “Authorizes Autonomous or Parallel Electricity Generation” and was amended by Ley 7508, which reformed its structure.
Both statutes declare ICE’s purchase of electricity from private companies to be in the public interest. Ley 7200 thus provides the legal framework allowing ICE to purchase blocks of energy from private companies, which would be selected through the public bidding procedure (licitación pública) and governed by purchase contracts entered into between the successful bidders and ICE. Those contracts would remain in force for 20 years, after which the assets of the operating plant would be transferred to the institution free of charge and encumbrances. In the case under review, through public tender N°6670-E, ICE invited bids for the supply of blocks of hydroelectric power of up to 50W, based on a power purchase agreement. The projects would be developed under a Build, Operate, and Transfer arrangement, under which the successful bidder would be required to acquire the land and assume responsibility for the financing, design, supplies, construction, assembly, commissioning, operation, and maintenance of the plant for a period of seventeen years, at the end of which it would be required to transfer the project to ICE.
Accordingly, bids were required to be submitted under the form of an administrative contract known as Build, Operate, and Transfer (BOT), covering, among other matters, the financing, design, construction, supplies, manufacturing, transportation, installation of equipment and materials, testing, commissioning, operation, and maintenance of the hydroelectric plant or plants. The aforementioned regulatory framework thus allowed ICE to undertake the construction of public works within the current context, in which global demands impose requirements of efficiency and agility, without losing sight of the objective pursued, namely, the public purpose of meeting the country’s needs and demands for electrical energy, which requires major investments and entails substantial financing that is not always accessible to the economies of middle- or low-income countries, as is true in our case. The aim was therefore to diversify procurement methods in order to provide the Administration with tools that facilitated the completion of this type of electricity-generation project.
In that context, ICE began using contracts known as open-ended types, governed by Article 125 of the Regulations to Title II of Ley 8660, including franchises, factoring, and so-called Type C contracts. Under the latter, a private party may construct and operate a work or activity for a specified period in exchange for revenue and, after the period established in the tender specifications (cartel), transfer it to ICE. These include contracts developed under the BOT model (from the English “Build, Operate and Transfer”—Construir, Operar y Transferir), which constitute a form of indirect management of a public service.
Regarding the nature of these contracts, in judgment 19-2017-V issued at fifteen hours on primero de marzo del año dos mil diecisiete, the Administrative Litigation Court stated: “These contracts operate under a scheme whereby the work is concessioned to a private entity, which finances its construction and commissioning and, in return, obtains the right to operate it for a lengthy period, charging users specified rates and returning the property, upon expiration of that concession period, to the State’s full ownership and management. The contractor will arrange the financing of the work by providing third-party lenders with security based on the assured proceeds of the subsequent operational management, once the project is in operation. This is because the financing of the work ultimately falls upon the consumers of the product derived from the service to be provided. In the case of the law in question, private parties are authorized to participate in hydroelectric power generation, and ICE is authorized to purchase the energy they generate.
For that purpose, it establishes two different regimes, the second of which is characterized by the fact that the energy is produced at a power plant owned by the private party which, in accordance with the stated nature of the contractual relationship, must revert to ICE upon expiration of the contract. In view of the foregoing, the private generator may operate the work for a specified period, while the costs incurred by the private party in constructing and operating the power plant are implicit in the electricity purchase rate. The respective contract will define the legal framework governing the legal relationships arising from the overarching relationship entered into by the parties. As can be seen, BOT contracts, Build, Operate and Transfer, are a modern means of combining public and private resources to make large-scale public works feasible. In this regard, one of the leading proponents and financiers of this model, the World Bank, has stated the following: ‘In a BOT project, the granting public sector entity grants the private company the right to develop and operate a facility or system for a specified period or “concession period,” in relation to what would ordinarily be a public-sector project.
Typically, the project is a separate and distinct new construction in an undeveloped area. The operator finances, owns, and constructs the new facility or system and operates it commercially during the concession period. After the concession expires, the facility or system is transferred to the contracting authority. A BOT is the classic tool for project financing. Because it involves a new facility, there are no earnings at the outset. Lenders are therefore anxious to ensure that the project assets are (that project assets are ring-fenced within the operating project company) and that all associated risks are borne by the corresponding project participants. Consequently, the operator is a special-purpose vehicle. Revenue is generally obtained from a single “contractual purchaser of the product” (offtake purchaser), such as the government or a public utility, which purchases the service supplied by the company established for the project (project company).
This differs from a concession, in which the output is sold directly to the consumer and end user. In the energy sector, this would take the form of a power purchase agreement (Power Purchase Agreement). The project company (power company) obtains financing and carries out the procurement, design, and construction of the work, and also operates the facility during the concession period. The project company is a special-purpose or special-use vehicle (special purpose vehicle); its shareholders will include companies with experience in operations and construction. It is essential to include shareholders with experience managing various types of projects, as well as experience working with multicultural and diverse partners, given the particular risks involved in a BOT project. Thus, the offtake purchaser will be anxious to ensure that the key shareholders remain with the company for a long period, since the project was likely awarded to the offtake purchaser because of its extensive experience and financial stability.
The project company will coordinate the project’s construction and operations in accordance with the concession agreement. The off-taker will want to know the identity of the subcontractor and operator. In an energy project, the project company and lenders will be anxious to ensure that a reliable and economical energy source exists. The company will ordinarily have a Bulk Fuel Supply Agreement (Bulk Supply Agreement), and the supplier would be the same entity that purchases the energy under the power purchase agreement (Power Purchase Agreement), namely, the state-owned energy company. For example, go to .’” (sic) Energy is the principal cost in the operation of water plants or wastewater treatment plants, so operators need certainty regarding the reliability of the source and the cost of energy. The revenues generated during the operating phase are allocated to cover all operating and maintenance expenses, principal debt payments—which represent a significant portion of development and construction costs—financing expenses, including interest and other costs, and a return to the shareholders of the special-purpose company.
Lenders provide non-recourse debt or limited-recourse financing and will therefore bear any residual risk, as will the company awarded the project and its shareholders. The company awarded the project assumes substantial risk. It will therefore be eager to ensure that those risks remaining in the grantor’s hands are protected. It is common for a company undertaking the project to request from the government some form of guarantee and/or government commitments incorporated into an Implementation Agreement, particularly in the case of an energy project. To minimize residual risks (since the lender will want, insofar as possible, to assume only a limited portion of the project’s commercial risks), lenders will insist that risks be transferred from the project company to the other participants through contracts, such as the project’s construction, operation, and maintenance contracts. In general doctrinal terms, the following has been stated regarding the assumption of risk in this type of contract: “In projects of this type, principally BOT (Build, Operate and Transfer), given their special characteristics, the builder must assume full risk not only in the design, execution, and commissioning of the works, but also in their operation...” (Hernández Rodríguez, Aurora.
International “Turnkey” Construction Contracts). Nevertheless, the same author clarifies that “In this type of contract, the emphasis falls on the overall responsibility assumed by the contractor vis-à-vis the client. This does not mean, however, that the contractor assumes each and every risk arising from the execution of the project. This will depend, in each specific case, on factors of various kinds—the type of financing, the works, the client’s involvement in project execution, etc.” In accordance with the legal nature of this contractual relationship, the following characteristics may be identified: a) The contractor’s assumption of the design, execution, and management (operation) phases of the agreed works. b) The procurement of the financing necessary to fulfill the contractual purpose. c) The delivery of the works to the contracting entity after the expiration of a contractually established period. d) The contractor will maintain a series of obligations of its own toward third-party subcontractors that do not bind the contracting entity. e) The financial consideration paid by users, either directly or indirectly, through payment for the service received.
None of the foregoing precludes the contracting entity from reserving certain supervisory and oversight rights, in view of the public interest underlying the works and the very fact that it will ultimately own them.” In accordance with the foregoing, it is evident that in this type of contract, in contrast to a construction project in which tasks are performed separately, the contractor becomes entirely responsible for the works and consequently limits its ability to make any type of claim. As a result, the contractor assumes the duty to conform fully to its bid and, additionally, must perform its obligations in accordance with expected standards of conduct arising from applicable professional practices and rules. Thus, the contractual activity entails a series of obligations that serve as a means of achieving the contract’s ultimate purpose, namely, ensuring the full functionality of the completed works.
In this regard, the weaknesses of this method have been noted, insofar as risks and unforeseen events are assumed globally by the contractor, while the owner of the works must verify that there is no significant impact on what is expected to be delivered upon completion of the contract. Thus, it has been stated that: “Under this method, the design and construction of specified works are contracted simultaneously, and the works must meet certain specific performance objectives that are set forth very clearly in the contract. The fundamental difference from the previous model is that the information on which the bidder bases its price is more limited, depending on the level of pre-feasibility studies available when the invitation to bid is issued. Ideally, feasibility studies or preliminary designs should be available in these cases, as they make it possible to place bounds on the cost of the works; nevertheless, they generally do not make it possible to reliably determine the setbacks that may arise during construction.
Here, the principal must be very clear in specifying the scope of the supplies and services to be contracted and the results expected upon acceptance of the project.” Inter-American Development Bank. Advantages and Risks of Turnkey Contracts. September 2013.” Having analyzed the evidentiary elements and the arguments of fact and law, this Division shares that position, since it has been established that the matter at issue involves a particular form of administrative procurement whose application by government agencies is novel, for the purchase of energy blocks under the Build, Operate and Transfer scheme, as explained in the following recitals.
Having highlighted the foregoing, the grievances concerning the defenses from liability asserted by the plaintiff company will first be reviewed because, as indicated above, the central issue to be resolved is whether events actually occurred that could be classified as a fortuitous event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), thereby allowing the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date agreed upon by the parties in the Contract to be postponed.
B.1. On Fortuitous Events and Force Majeure. In the case under examination, Clause 10 of the “Contract” governs fortuitous events (caso fortuito) and force majeure (fuerza mayor) as follows: “10.1. A fortuitous event is an unforeseeable event that, even if it had been foreseen, could not have been avoided; whereas force majeure, in addition to being unforeseeable, is unavoidable. 10.2. The following are recognized as fortuitous events: 1. Belligerency, insurrection, invasion, war, civil war, riots, piracy, rebellion. 2. Strikes. 3. Confiscation, expropriation, destruction, and obstruction ordered by any governmental authority (other than ICE) or its civil or municipal agents. 4. Sinking of ships, derailment of trains. 5. Other causes recognized as such by legal scholarship and the administrative and judicial case law of the competent bodies. 10.3. The following are recognized as force majeure events: a) Natural disasters such as earthquakes, natural landslides, avalanches, volcanic eruptions, typhoons, hurricanes, etc. b) Other causes recognized as such by legal scholarship and the administrative and judicial case law of the competent bodies. 10.4.
In the event of a fortuitous event or force majeure, neither Party shall incur liability or be in breach of the Contract due to a delay in performing its obligations, provided that it complies with the following requirements: a) Upon becoming aware of the fortuitous event or force majeure, the affected party shall notify the other party in writing within forty-eight (48) hours, as established in the Contract. Such notice shall include a description of the event. b) The affected party must demonstrate, through reliable documentation, the existence thereof and the actual effects it had on the contractual relationship, for which it shall have a maximum period of 45 calendar days. c) The suspension of obligations shall not extend beyond the period required to resolve the fortuitous event or force majeure. d) The affected party shall make all reasonably necessary efforts to remedy the effects of the fortuitous event or force majeure. e) The affected party shall notify the other party, as established in this Contract, when it is able to resume its obligations. 10.5.
In the event of a fortuitous event or force majeure, the Contract Term shall be suspended for the number of days the Contractor takes to resume performance of its contractual obligations, except when the fortuitous event or force majeure is covered by the business-interruption insurance policy. 10.6. The affected Party shall take all reasonable measures to minimize losses resulting from a fortuitous event or force majeure. 10.7. Any repairs made to the Plant as a result of damage caused by a fortuitous event or force majeure shall be performed so that the repaired portion meets or exceeds the original quality levels.” The plaintiff in this case invokes a fortuitous event or force majeure (without distinguishing between the two concepts) as a defense exempting it from liability and breaking the causal link that ICE relied upon as grounds for termination of the Contract. To that end, it stated that it was impossible to begin construction, submit the financial closing (cierre financiero), and submit the Work Plan (Plan de Trabajo), first because ARESEP took approximately 10 months to grant the concession (concesión), without which, according to the witness offered by the plaintiff (Ing.
Álvaro Mata, who was in charge of the project on behalf of the contractor), no work could begin, as it was an essential requirement and consequently postponed the Guaranteed Start Date (Fecha de Inicio Garantizada) (listen to recording). In addition, it states that Banco Nacional, the entity that was to finance the project, required the concession to have been granted, and therefore the financial closing could not be completed either, because the procedures before the Bank were undertaken after the concession was granted, which also postponed the initial date. It also emphasizes that, in 2014, ICE accepted the Work Plan and, with it, the Guaranteed Date (Fecha Garantizada) of 01 de junio de 2017 (postponed). This Chamber does not agree with the plaintiff’s arguments for the following reasons: As already noted above, the defense exempting a party from liability known as a “fortuitous event or force majeure” is specifically characterized by the unforeseeability of the triggering occurrence or events that cause or disrupt the normal performance of the contract.
Accordingly, the Contract executed by the parties expressly governs this matter by stating in Article 1 that: “a fortuitous event or force majeure shall be understood as defined in Article 10 of the Contract”; thus, Sections 10.2 and 10.3 list the events that shall qualify as such, all referring to natural or human events, each of which causes some type of “national upheaval,” whether arising from human activity or nature, such that the parties cannot possibly foresee that they will occur and, in that regard, there is no way for the parties to determine that an event of that nature will arise during contractual performance; and if, for any reason, such an event does occur, there would be no way to prevent it, with the resulting harm therefore being mitigated by suspension of the term so that performance may continue once the event has passed. Following this line of reasoning, these provisions do not indicate that such events encompass preliminary proceedings or formalities required to begin construction, such as those invoked at the time by Hidrotárcoles S.A., including the concession process, banking formalities, institutional procedures for tree cutting, and others (preparation of the Work Plan); therefore, in this Chamber’s view, none of them, based on the plaintiff’s allegations, would qualify as justification for the delay in the work and its delivery within the guaranteed period set forth in the Contract (FGIOC).
However, the terms agreed upon by the parties in that section include a residual clause, Section 10.4.d, which provides: “Other causes recognized as such by legal scholarship and the administrative and judicial case law of the competent bodies”; a seemingly open-ended clause that would, prima facie, permit a broad interpretation encompassing the plaintiff’s arguments, and it is therefore analyzed below. For the case before us, it is important to review the provisions of Chapter II of Ley 7200, which constitutes the legal framework under which the parties executed the Contract. Accordingly, Articles 20 through 24 provide: “PURCHASE OF ENERGY UNDER A COMPETITIVE SYSTEM. ARTICLE 20.- Authorization to purchase energy. ICE is authorized to purchase electric power generated by privately owned power plants, up to an additional fifteen percent (15%) beyond the limit indicated in Article 7 of this Law.
This authorization is for the acquisition of energy generated from hydroelectric, geothermal, wind, and any other nonconventional sources, in blocks with a maximum capacity of no more than fifty thousand kilowatts (50.000 kw). ARTICLE 21.- Purchases through competitive bidding. Purchases shall be made through a public bidding procedure, with competition based on sale prices and an evaluation of the technical, economic, and financial capacity of both the bidder and the characteristics of the energy source offered. ARTICLE 22.- Term of contracts. Electricity purchase and sale agreements may not have a term exceeding twenty years, and the assets of the operating power plant shall be transferred to ICE, free of charge and encumbrances, upon expiration of the contract term. ARTICLE 23.- Rights and obligations of successful bidders. The successful bidders in these energy-purchase proceedings shall have the same rights and obligations granted under Articles 10, 11, 12, 17, 18, and 19 of this Law.
ARTICLE 24.- Authorization of SNE. SNE(*) is authorized to grant the respective operating concessions to the power plants to which ICE awards contracts for the purchase of electric power, subject to the conditions set forth in Articles 20, 21, 22, and 23 of this Law.” Nothing in these provisions authorizing and regulating ICE’s purchase of energy, as in the case before us, indicates that obtaining the concession beforehand is a prerequisite for beginning construction of a hydroelectric power plant, as alleged by the appellant and asserted by the witness (Ing. Álvaro Mata), when he explained that these were compensable events that postponed the Guaranteed Commercial Operation Start Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial) (the witness’s personal opinion, but unsupported by law), namely, the concession process before ARESEP and the subsequent negotiations with BNCR to submit the “Financial Closing,” which directly caused the guaranteed date to be postponed because construction could not begin (the witness repeatedly emphasized that it was impossible) without the concession granted by ARESEP, thereby suggesting that it was an essential requirement imposed by the legal system; however, it bears repeating that this was merely the witness’s opinion, unsupported by law.
It is important to this Court that, although this witness stated orally that he had experience in hydroelectric construction projects, both as an ICE employee and subsequently as a director of private projects, he also spontaneously stated that this was specifically the first project of this type under his charge. In this Court’s view, this fact—it should be clarified—does not detract from his professional qualifications as an engineer, but it does undermine his interpretation of the timeline he described and of the events that postponed the start of construction of the hydroelectric plant (PH), particularly his assertion that construction could not begin without the concession, thereby equating it with the projects governed by Chapter I of Ley 7200. That assertion, it bears repeating, has no legal basis whatsoever and, instead, contrasts with the statement of the ICE employee who testified, Ing. José López.
When asked whether obtaining the ARESEP concession was a prerequisite for beginning construction of the Project, he emphatically and unequivocally answered “no,” and clearly and comprehensively explained that this specific project, for which Hidrotárcoles was contracted, is governed by Chapter II of Ley 7200, and that only small hydroelectric projects, namely those with a capacity of up to 20 MW and governed by Chapter I of that Law, require the ARESEP concession before construction may begin. He insisted, however, that projects with a capacity of 50 MW, such as the contract at issue here, do not require that concession before construction begins; rather, construction could begin while the concession process was carried out concurrently. This statement can be compared with the provisions of Article 30 of the ARESEP Regulations in force at the time this case was processed, which provide: “Granting of a concession pursuant to Ley Nº 7200.
Applications for concessions to operate limited-capacity power plants shall be accompanied by at least the following documents: 1. Approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental). 2. Concession for the resource to be used to generate the energy, duly granted by the granting authority. 3. Letter declaring eligibility. 4.
Certification issued by the Instituto Costarricense de Electricidad confirming compliance with the provisions of Ley Nº 7200 and its amendments”; likewise, Decreto Ejecutivo Número 24866-MINAE (Regulations to Chapter II of the Parallel Generation Law: Competitive Regime) does not regulate in any respect that the indispensable requirement for beginning construction of the hydroelectric plant (planta hidroeléctrica, PH) is the concession granted by ARESEP. Thus, under the cited provision, the first requirement, which must be submitted before construction, is the environmental study (estudio ambiental), and not, it bears repeating, the concession from the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, as maintained by the aggrieved party. As stated thus far, none of the provisions applicable to the case or cited provisions of the Contract supports the conclusion that obtaining the concession from ARESEP before beginning construction of the hydroelectric plant was in fact a sine qua non requirement, even though this is such a significant issue and may directly affect the term agreed upon by the parties.
In other words, when reviewing the tender conditions and submitting its bid, the party clearly understood, first, that the concession would be for 20 years (as provided in Article 5 of Ley 7200); and second, that the term of the power purchase agreement (20 years) encompassed construction of the hydroelectric plant, including all preconstruction steps—plans, earthworks (movimientos de tierra), among others—and commissioning of the project, as well as the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date and the Commercial Operations Commencement Date (matters that will be analyzed subsequently and that have caused confusion between the parties because of their interchangeable use). Following this reasoning, this Court considers it important to add that, after analyzing the factual record, it cannot reasonably conclude that an issue as important as the requirement of a concession in order to build—which could ultimately affect the guaranteed completion period (3 years)—would not have been expressly regulated in the Contract, for example, by providing that construction would commence when the concession was granted to the Contractor, or that if, for any reason, the proceeding before ARESEP lasted longer than a reasonable period, the term would be suspended.
However, because the Contract contains no express statement by the parties in this regard, that conclusion cannot be reached through interpretation of the residual clause cited supra. Under sound principles of interpretation, pursuant to Article 10 of the Código Civil, which provides that rules must be interpreted not only according to the ordinary meaning of their words but also in relation to their context (in this case, the other clauses of the Contract), it is not plausible to regard proceedings or arrangements before a public or private institution (concession and financing) as a fortuitous event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), because both legal scholarship and case law have associated these open-ended legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados) with an unforeseeable and unavoidable natural event or upheaval; they cannot be removed from the context of Clause 10 of the Contract and infused with a different meaning.
Thus, it is not possible, within a contractual relationship based on contractual good faith (buena fe contractual), to characterize any event or situation encountered by either party during performance of the Contract—even one beyond the parties’ control and unforeseeable, as occurred in this case—as a “fortuitous event or force majeure,” thereby giving that doctrine a broader scope than contemplated by their intent. This demonstrates, once again, that the parties understood that, during the first three years from the date of the “Notice to Proceed” to the Guaranteed Commercial Operations Commencement Date (in this case, as established, from 1/8/2012 to 1/8/2015), the Contractor was required to complete all legal, technical, financial, construction-related, or other procedures necessary for the project’s proper progress. Moreover, under the cited provisions, the only requirement for ARESEP to grant the concession was that the applicant, in addition to the other requirements set forth in the provision, submit ICE’s certification of award; the Contract (as well as the regulations relevant to the case) is entirely silent regarding the actual commencement of construction of the hydroelectric plant.
Indeed, this was expressly regulated in Clause 14.8, which reads: “Term of the Contract. The Term of this Contract shall be 20 years, commencing upon notification of the Notice to Proceed to the Contractor” (underlining not in the original). In the case at bar, it has been established that the notice to proceed was issued through official letter Nº 0510-919-2012 dated 31 de junio de 2012, when the Gerencia de Electricidad issued Hidrotárcoles S.A. the notice to proceed with construction; notice was deemed given on 01 de agosto de 2012, thereby commencing the 20-year period, which includes the 3 years for construction and completion pursuant to the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date (Clause 4.1.1). Lastly, and no less importantly, it must be emphasized that in Article 4 of the Contract, the parties agreed upon the procedure to be followed upon the occurrence of an event denominated a Fortuitous Event or Force Majeure, which, in relevant part, reads: “(...) provided that the Contractor complies with the following: a) Upon becoming aware of the cause, the Contractor shall notify ICE in writing within fifteen (15) calendar days.
Such notice shall include a description of the event. b) The Contractor shall substantiate it through reliable contractual documentation, for which it shall have a period of 15 calendar days. Once this period has elapsed, ICE shall have 15 calendar days to respond to the notice concerning the request submitted by the Contractor. C) The Contractor shall take all measures within its power to remedy the effects of the cause. A delay in the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date may not be used by the Contractor to claim an economic imbalance (desequilibrio económico) under the Contract” (underlining not in the original). As follows from that clause, it is insufficient for a party affected by a Fortuitous Event or Force Majeure merely to invoke it in order for the term to be suspended automatically; instead, an express procedure must be followed for those doctrines to apply. First, the party invoking it has a duty to expressly notify the other party of the situation.
Second, the notice must describe the causative event and specify the remedy for mitigating that situation. Third, it must state how long the affected party will take to address the event. Fourth and above all, reliable evidence of the event must be submitted. This entire procedure must be completed within 15 calendar days from the event that prevents the party from continuing construction of the project. ICE, as the counterparty, is likewise required to expressly address and decide the specific and extraordinary request made by the Contractor, which is why the days stipulated in the cited clause are calendar rather than business days. Following this reasoning, a review of the case file (expediente) and of the events that occurred during performance of the Contract from the date of the notice to proceed (1/8/2012) until ICE notified the Contractor of its intention to terminate the Contract (2015) reveals no evidence—and the party makes no specific reference to such a procedure—of even a single express submission by the Contractor to ICE requesting a declaration of a Fortuitous Event in order to avoid liability.
It bears repeating that the administrative record (expediente administrativo) contains no official letter in which the plaintiff notified ICE of the fortuitous-event issue, its cause, the manner in which it would be remedied, and, above all, the supporting evidence. The burden of proof (carga de la prueba) rests with the party invoking it, and, once again, there is no evidence that this procedure was undertaken during contractual performance. Rather, it is an argument raised by the plaintiff in these judicial proceedings, where it likewise fails to satisfy its burden of proof; these are therefore merely subjective arguments without legal support. Consequently, the matters asserted by the plaintiff’s legal representative—both in the filings submitted in the record and in the arguments made at the oral trial and the written closing arguments—cannot be regarded as a Fortuitous Event or Force Majeure.
Continuing with this reasoning, and to further demonstrate and clarify that the concession from ARESEP was not required before construction of the hydroelectric plant could begin, it must finally be emphasized that the cited regulations concerning ARESEP require certification that the applicant was awarded the contract or declared eligible, depending on the type of project. According to the evidence in the record, the plaintiff company was awarded the contract in 2008 and could therefore have commenced the procedures at that time; neither the Contract nor, much less, its endorsement (refrendo) was required, because they are not legal requirements for the proceeding before ARESEP.
B.2. On the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date (“FGIOC”) and the Commercial Operation Commencement Date (“FIOC”). One issue that has been the subject of dispute between the parties is the meaning and practical application of the FGIOC and FIOC concepts; they will therefore be analyzed to ensure their proper interpretation, understanding, and application to the case at hand. Thus, Article 1 of the Contract (Definitions) states, insofar as relevant: “COMMERCIAL OPERATION COMMENCEMENT DATE.” The date on which, once the conditions stipulated in this Contract for acceptance of the Plant have been fulfilled, ICE authorizes the Contractor to begin commercial operation for the purchase of hydroelectric energy at the delivery point defined in the Interconnection Agreement. GUARANTEED COMMERCIAL OPERATION COMMENCEMENT DATE. As defined in Article 4.1.1 of this Contract” (the latter definition will be analyzed later in this section).
From these initial definitions, without requiring an elaborate interpretation and applying the Roman-law maxim “in claris non fit interpretatio” (where a law is clear and its meaning evident, no interpretation is required), it follows that there are two clearly distinct dates, not only in meaning but also in their practical implications. The first, the “Commercial Operation Commencement Date,” corresponds to the time when the Contractor begins operating the hydroelectric plant (planta hidroeléctrica, PH) and ICE purchases that energy (purchase and sale of energy, according to the purpose of the contract); this is the date that may be changed only once, provided that such change is understood to mean moving it forward, never postponing it, pursuant to Clause 4.1.2. Indeed, all ICE employee witnesses referred to it in this manner, stating that: “such a situation is possible (moving the date forward), and it allows the Contractor to obtain fresh funds and operate the concession for a longer period, while requiring its counterparty (ICE) to seek and have available the funds needed to purchase that energy.” The second concept, the “Guaranteed Commercial Operation Commencement Date,” corresponds to the first 3 years for commencing and completing the construction and commissioning of the Hydroelectric Plant.
This date (FGIOC), first, begins with the notice to proceed (orden de inicio), in this case, as previously indicated, on 1 de agosto de 2012; second, it encompasses the PH construction period and the submission of the financial close (cierre financiero) and the Work Plan, the latter within the first six months following the notice to proceed; and third, this date cannot be changed. Nevertheless, it may be implicitly understood that it could be moved forward, exceptionally and only once, but, as stated above, solely for the purpose of moving it forward, thereby making it coincide with the Commercial Operation Commencement Date; it is emphasized, however, that this does not permit postponement of the Guaranteed Commercial Operation Commencement Date, as the plaintiff understands it. Having clarified the foregoing, and continuing with the issue presented in this case, the Clause concerning “Financing” provides in its articles: “3.7.1.
The Contractor shall be responsible for obtaining the financial close required for construction of the Plant within six (6) months from ICE’s notification of the Notice to Proceed. This period shall be suspended upon the occurrence of any event classified as Force Majeure (Fuerza Mayor). 3.7.2. This period may be extended once, for an equal number of months, provided that, upon expiration of the original period, the Contractor demonstrates that it will be able to arrange and formalize the financing within the new period. 3.7.3. If, upon expiration of the period stated in Section 3.7.1 or of the extension provided for in Section 3.7.2, the Contractor has failed to formalize the financing agreements required for construction of the Plant, ICE shall review the particular case and, if it determines that the Contractor has not exercised sufficient diligence in obtaining such financial close, it shall terminate the Contract in accordance with Section 11.2 of this Contract.” The following conclusions arise from the foregoing:
B.3. Regarding the Work Plan (Plan de Trabajo). Among the issues debated by the parties is the Work Plan, which, according to ICE’s arguments, provided the grounds for the administrative act of termination (acto administrativo de rescisión), but which, in the claimant’s view, was submitted to and accepted by the respondent. In this regard, Clause 4.3.1 provides, insofar as relevant to the case: “The Contractor shall deliver to ICE, no later than six (6) months after notification of the Notice to Proceed (Orden de Inicio), the work plan for construction of the Plant, detailing the principal activities comprising the Project (hereinafter referred to as the ‘Official Work Plan’).” This clause establishes, first, that the purpose of this document is to set forth the work objectives, the methodology for carrying out the activities and obtaining the expected product (PH), and the level of detail of that product.
That document would detail and establish the sequence, methods, and organization for the performance of the works that Hidrotárcoles S.A. would undertake to construct the plant. Thus, the Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, Seventh Edition, defines it as follows: “As its name suggests, a work plan is an action plan that helps project teams achieve their objectives. Work plans consider key elements of project planning, such as tasks, milestones, deliverables, resources, budgetary requirements, and a schedule integrating all of them. The work plan shall not be drafted or initiated by a single person; rather, it must be submitted to the board of directors and stakeholders for approval. Once approved, the remainder of the work plan may continue to be developed” (underlining not in the original); and second, that it must be submitted within the first six months—in this case, between August 1, 2012 and January 31, 2013—which, as the parties agree, did not occur.
That delay resulted in official letter number PHCSP-ICE-0004-2013 dated February 21, 2013, which refers to official letters numbers PCH-61100-002-2012, PHCSP-61100-004-2013 and PHCSP61100-006-2013 and identifies the Contractor’s noncompliance as of that time, stating, insofar as relevant: “The absence of an organizational structure on the part of the Contractor has resulted in instances of noncompliance such as: Delivery of the Project’s Technical Specifications, Official Work Plan (...).” As can be seen, by that date the Contractor had already been advised of its noncompliance; nevertheless, there is no evidence that the claimant company invoked at that time any of the grounds provided for in the contract that would have permitted suspension of that deadline. To prove its theory, when questioning the witness Víctor Eduardo Mora Bermúdez regarding official letter number PHCSP61100-002-2015 dated January 19, 2015, the claimant first asked whether he recognized it, to which the witness replied that “he did, but that it was not signed by him even though his name appears on it, explaining that he was not involved in the project at that time, but that, in any event, the letter does not indicate that ICE accepted the Work Plan; rather, the final paragraph states that it does not entail an amendment to the contract and that other documents must be added.” He further stated that the phrase “accurate and updated” does not constitute acceptance of a change in date, as the claimant interprets it; instead, all the documentation was submitted in updated form, and it could never be understood otherwise, for example, as acceptance of that plan.
Based on the witness’s statements and the official letter cited by the claimant, this Court finds that it is not possible to conclude with certainty, as the claimant asserts, that ICE accepted the Work Plan at that time and thereby agreed to a change in the guaranteed commencement date. As the witness also stated, the respondent institution was always clear and emphatic that acceptance did not entail any amendment to contractual terms. He even emphasized that he continued issuing other official letters rejecting work plans that extended beyond the deadline, and that this was why the issue of “accurate and guaranteed” arose in 2014; however, it never concerned a change in the delivery date, but rather the term referred to the schedule.
B.4. Regarding the extension of the term by the cure period (período de cura). Having clarified the foregoing, the plaintiff states in its complaint that there was a cure process established by ICE itself that affected the agreed term, as indicated in official letter number PHCSP61100-128-2013 dated 17 de noviembre de 2013, and that concluded on 29 de abril de 2014 when its principal remedied the deficiencies, with the contractual operation start date being set as 1 de junio de 2017; nevertheless, ICE subsequently disregarded its own actions and initiated contractual rescission (rescisión contractual). To resolve this claim of error (agravio), it is necessary to establish chronologically the actions taken by the parties during performance of the contract, beginning with the notice to proceed (orden de inicio) (1/8/2012) and continuing through notification of the anticipatory interim measure (medida cautelar anticipada) issued by ICE at the administrative level for the commencement of the administrative proceeding for contractual rescission in the year 2015 (the claims concerning defects in the proceeding will be addressed subsequently).
As already noted, after the first six months—within which the Contractor was required to commence and submit the Work Plan, Financial Closing, and other items—had elapsed, this had not occurred, which led to a series of official letters between the parties. This was documented in official letter number PHCSP61100-0049-2013 dated 4 de julio de 2013, which discusses the current status of the “Proyecto PH Capulín San Pablo” and states, insofar as relevant: “To guarantee compliance with the specifications, ICE established a ‘Supervisory Unit’ whose primary purpose is to record, ensure, and monitor compliance with the Project’s Technical Specifications and the deadlines established in the Contract. We therefore hereby inform you of the current status of the Proyecto PH Capulín San Pablo and the actions taken by us: An extraordinary meeting of the parties’ Coordination Committee (ICE-Hidrotárcoles S.A) was held with the Electricity Management to report on the analysis of Hidrotárcoles S.A.’s compliance with pending contractual matters as of 25 de febrero de 2013, Minutes PHCSP 2013-003CC.
One of the agreements was that the Contractor confirmed that by the month of Junio de 2013 it would have all the conditions necessary to commence the works, which has not occurred. As of today, Hidrotárcoles S.A. has not commenced work at the project site; progress is therefore nonexistent, and the delays jeopardize the Plant’s commencement of commercial operation, as the Contractor has communicated through its monthly reports for the months of abril to mayo and at Coordination Committee meetings 2013-005CC, held on 15 de mayo de 2013, and 2013-006CC, held on 12 de junio de 2013. Prompted by this situation, ICE has repeatedly informed the Contractor of the need to address this matter in the following official letters: * PHCSP61100-036-2013 dated 17 de junio de 2013, Technical Specifications for the Proyecto PH Capulín San Pablo by Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-039-2013, dated 17 de junio del 2013, Official Work Plan of Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, dated 17 de junio del 2013, Guaranteed Data Forms for the Proyecto PH Capulín San Pablo by Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, dated 17 de junio del 2013, Financial Closing of the Proyecto PH Capulín San Pablo by Hidrotárcoles S.A. Given the delays affecting the project and the possibility that it may begin operating late, ICE expresses its concern that, if the anticipated energy is not available on the contractual date, it will be compelled to cover the shortfall by other means, in addition to imposing the penalties as provided in the Contract (...).” As may be gathered from the quotation, by that date both the first 6 months established by the Contract and the extension for the equal period provided for in that same Contract had elapsed, as endorsed by the Contraloría General de la República through official letter number DCA-1684.
It was in this context that ICE notified the plaintiff of its intention to rescind the contract as a consequence of the Contractor’s breaches, while still granting the cure period. Accordingly, pursuant to the agreement, ICE, through official letter PHSCSP61100-128-2013 dated 17 de diciembre de 2013, granted it the 4-month period stipulated in Article 11.2.1 of the Contract to make the adjustments previously identified. That letter stated that, pursuant to Article 11.2, ICE intended to rescind the contract, and its final paragraph provided: “In these cases, involving proven breaches, notice is hereby given, pursuant to Article 11.2, of ICE’s intention to terminate the CONTRACT, unless the breaches are cured within four months counted from 12 de diciembre de 2013. If, after that period or the reasonable period agreed upon by the parties based on a corrective plan has elapsed, the Contractor fails to cure the identified breach or breaches, ICE shall commence the process of terminating the Contract (Article 11.2.3).” As has been proven and accepted by the parties (there is no dispute), the successful bidder (empresa adjudicataria) failed to comply with this requirement because, as the documentary and testimonial evidence has shown (it bears repeating), in the year 2014 there had been no progress whatsoever.
This was also stated by witness López Muñoz when asked whether, in this case, the Contractor had complied with the FIGOC deadlines: “The company had three years to begin and have the plant already operating commercially. In theory, during the first year, all temporary facilities, excavations, plans, designs, permits, and a host of other planning matters were to be completed. In the second year, in theory, it would already have financing and would be turning its attention to the electrical-mechanical works, and in year 3 it would be installing the equipment and commissioning this particular project. In this case, progress during the first year was zero. In the second year, zero, and in the third year it was no more than 23%. When we compare this with 125 similar projects in which there is 25% progress on a project, it is understood that all that existed were various excavations and things of that nature.
There was no equipment or anything at the site that would make it possible, at least, let us say, during the remaining year, to complete everything involved in a hydroelectric project. Commissioning alone for a hydroelectric project takes between 3 and four months, and in year 3 none of that existed. What existed was the powerhouse platform, essentially at ground level; the river diversion; some concrete blocks in the river; and access roads. But there was nothing beyond that. The remaining 75% was practically the core of this plant—that is, it was everything: the concrete works, all the metal equipment, testing, and everything that entailed. In other words, during virtually all of those first 2 years, the company spent its time conducting studies.
Before the notice to proceed, a company performs field studies and foundation studies so that, when it receives the notice to proceed, it can begin bringing in machinery during the year. During the first year, they were still conducting exploratory borings. In fact, during the second year, SETENA suspended the project’s environmental oversight (regencia ambiental).” Based on the foregoing, it is clear to this Court that ICE granted the cure period in accordance with the parties’ agreement; despite this, the plaintiff company complied neither with the term of the original Contract nor with the time periods granted by the defendant during performance of the contract. This resulted in the commencement of the proceeding for termination of the contract, which is analyzed below.
The second argument advanced by the plaintiff company concerns ICE’s violation of due process in terminating the Contract. Although the merits concerning the defendant entity’s right to terminate the contract have already been decided, it is clarified that, as part of its review of legality, this Court will examine the contractual termination procedure solely and exclusively to determine whether it was conducted in accordance with law. To reiterate, this review does not extend to the substantive issue in the case before us—that is, to the material or substantive elements of the administrative act (acto administrativo) that supported the decision to terminate the contract—which, as just indicated, was resolved in the preceding recital (considerando). Following this reasoning, the Court proceeds to consider the claims raised by the plaintiff and to review them with respect to whether the formal elements of the administrative act necessary for its validity and effectiveness were satisfied in connection with the decision issued by the Dirección de Proveeduría del ICE at nueve horas treinta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho, notified through official letter number 5201-10-2018, which issued the final administrative act terminating the Contract entered into between ICE and Hidrotárcoles S.A., corresponding to Licitación Pública 2006LN-000043-PROV.
XI.Defects in the Grounds, Content, and Purpose of the Final Administrative Act. In its closing arguments, the plaintiff contends that the grounds, content, and purpose of the administrative act (acto administrativo) are defective. The Court’s Assessment. Before resolving the grievance, the Court will briefly clarify the elements of an administrative act.
A- General Aspects of the Administrative Act (acto administrativo). At both the national and international levels, legal scholarship has indicated that the administrative act is the most representative form in which an administrative decision is expressed, with direct legal effects on regulated parties (Administrados). In this regard, the administrative act has been defined as follows: “An administrative act is a unilateral declaration of will, knowledge, or judgment made in the exercise of the administrative function, which directly or immediately produces specific or general legal effects, whether regulatory in scope or otherwise.” (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). The following may be identified as the substantive elements (elementos materiales) of an administrative act: a) Grounds (motivo), understood as the legal and factual background and prerequisites supporting the necessity, timeliness, appropriateness, and legitimacy of the administrative act. b) Content (contenido), which consists of the operative or declaratory portion of every act. c) The public purpose (fin público) sought through the issuance of the corresponding administrative act, as the intended result based on the grounds for the act.
The formal elements (elementos formales) of the administrative act include the authority (competencia) of the body responsible for issuing it, the appointment and standing of the public servant who issues the act, and compliance with certain requirements in the expression of that official’s will, fundamentally including its reasonableness, proportionality, freedom from error, fraud, and duress, and adherence to the rules of technical and scientific practice. This formal, written expression gives rise to acts and facts of legal significance insofar as they implement the former. In this regard, the latter have been characterized as follows: “...once the formal administrative act concluding the administrative proceeding has been issued and has become final—whether valid or relatively void—it is necessary to carry out a series of material actions or operations to duly enforce it, even against the will or resistance of the addressee (Articles 146, paragraph 1, and 176, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública).
It is clear that we are referring to enforceable administrative acts (actos administrativos ejecutorios), that is, acts requiring enforcement in order to become effective...” (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Our legal system provides that the absence of or defects in any element of an administrative act constitute a defect giving rise to absolute or relative nullity (nulidad absoluta o relativa), as applicable. Thus, Articles 166 and 167 of the Ley General de la Administración Pública state in this regard: “An act shall be absolutely void when one or more of its constituent elements are entirely absent, either factually or legally.” “An act shall be relatively void when one of its constituent elements is defective, unless the defect prevents the fulfillment of its purpose, in which case the nullity shall be absolute.” The following has been stated concerning the scope of absolute nullity: “...when the act is manifestly and flagrantly unlawful or, more precisely, seriously unlawful (in the specific sense to be explained subsequently), it is neither presumed legitimate nor may it be enforced without incurring liability; accordingly, any ultimate result that such enforcement may add to the legal or factual world—should it occur—must be deemed a disruption of the legal system and its ‘effectiveness’ and must be restrained as an infringement upon the regulated party’s possessory status with respect to its rights and interests” (Eduardo Ortiz Ortiz. Nulidades del Acto Administrativo en Ley General de la Administración Pública).
B- Absence of the Alleged Defects. A review of the administrative record (expediente administrativo), and specifically of the final act contained in the decision issued at 9:30 hrs. on January 15, 2018, communicated through official letter number 5201-10-2018, shows, with respect to the constituent substantive elements of the administrative act, that they comply with the law pursuant to Article 128 of the Ley General de Administración Pública. B.1. Grounds. As defined above, these are the legal and factual circumstances upon which the Administration bases its authority to issue the act. In the case under examination (sub examine), when entering into the agreement, the parties established their respective obligations and the consequences of any breach. It follows from the contract, without dispute between the parties, that during the first three years the plaintiff company was required to build the project that was the subject matter of the contract and deliver it by what is known as the Guaranteed Commercial Operation Start Date (Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial), and that, in the event of breach, ICE could, pursuant to its rights and powers under the Contract and the Law, terminate the contract.
As has been established, that did not occur; indeed, even before this Court, the plaintiff invokes defenses excluding liability (eximentes de responsabilidad), namely Acts of God (Caso Fortuito) and Force Majeure (Fuerza Mayor), but the aggrieved party did not reliably prove them in the administrative proceeding. Accordingly, this factual background, as part of the grounds element, entitled ICE to initiate the necessary actions and notify the Contractor of its intention to terminate the contract due to failures to perform the agreed obligations, with clauses 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 10, and 11.2 of the Contract and Articles 11 of the LCA and 212 of the RCA constituting the legal basis. In this Court’s judgment, sufficient grounds existed for ICE to exercise its right to terminate the Contract unilaterally, and those grounds were legitimate and existed when the decision was adopted, in accordance with the doctrine of Article 133.1 of the Ley General de Administración Pública.
B.2. Content. Another argument raised by the party in connection with the grounds element concerns the content of the administrative act, which it considers noncompliant. Article 133 of the LGAP provides: “1. The content must be lawful, possible, clear, and precise and must encompass all factual and legal issues arising from the grounds, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportionate to the legal purpose and correspond to the grounds, when both are regulated. 3. When the grounds are not regulated, the content must be, even if imprecisely. 4. Its adaptation to the purpose may be achieved through the discretionary inclusion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to possessing the attributes of the content stated above, the latter are legally compatible with its regulated portion.” In the operative portion (parte dispositiva) of the challenged act, ICE states that, based on the cited provisions, it orders, insofar as relevant: “1.
Termination of the Contract under Public Tender 2006LN-000043-PROV, awarded to the contractor Hidrotárcoles S.A. 2. Imposition of a warning sanction (sanción de apercibimiento) on Hidrotárcoles S.A. pursuant to Article 99(a) of the Ley de Contratación Administrativa. (...)” A comparison of the action ordered by ICE with the applicable provision shows that the content is lawful and possible because it falls within the parties’ agreement. Consequently, without unnecessarily repeating the arguments, this Court finds that the challenged final act complies with the law pursuant to Article 128 of the LGAP and that there is no nullity to declare. B.3. Purpose. Article 131 of the LGAP provides: “1. Every administrative act shall have one or more specific purposes to which all others shall be subordinate. 2. The principal purposes of the act shall be established by the legal system; however, the absence of a law specifying the principal purposes shall not grant the administrator discretion in that regard, and the judge shall determine them in light of the other elements of the act and the remainder of the legal system. 3.
Pursuit of a purpose other than the principal purpose, to the detriment of the latter, shall constitute misuse of power (desviación de poder).” It may be inferred from this provision that the purpose of the administrative act refers to the objective or result that the Administration seeks to achieve by issuing the act. That purpose must serve the public interest and be provided for by law. Thus, legal scholar Agustín Gordillo defines it as follows: “The teleological element of the administrative act refers to the objective or purpose for which that act is issued. It is the ‘what for’ of the act, its rationale, which justifies its existence in terms of the public interest it seeks to satisfy. In essence, it is the ultimate objective that the administrative act seeks to achieve, and it must conform to the legal framework supporting it” (Teoría General del Derecho Administrativo. Tomo 8. Buenos Aires).
In this case, this Chamber finds that the “purpose” element is present in the act ordering termination of the contract, as it protected the public interest originally pursued when the Contract was entered into, which was subsequently affected by the Contractor’s breach. That element therefore complies with the law.
Having analyzed all of the plaintiff’s arguments, both procedural and substantive, the following conclusions are reached:
a. Event One. ICE’s delay in issuing the official letter addressed to ARESEP reporting the award to the Contractor. This was not an Act of God or Force Majeure event, nor was it a legal prerequisite for beginning construction of the project.
b. Event Two. Time taken by ARESEP to grant the concession (concesión). As indicated, the time spent before ARESEP for the concession to be granted has no bearing whatsoever on commencing construction of the hydroelectric plant or even completing it; moreover, even assuming that it took three years, the project could perfectly well have been completed and the sale of energy begun once the concession was granted. It must be understood that the concession is for the exploitation of the water resource, not for the construction of the plant.
c. Event Three. Time required to obtain financing. Nor is this an initial requirement for construction; moreover, the Contract grants 6 months, and an extension of an additional 6 months when the Contractor proves that the delay was not due to its negligence and that financing will be obtained within that extension period, all based on the rationale that the successful bidder in the tender has an initial investment.
d. Cure period prior to termination of the contract (resolución contractual). Not only is it not a requirement for commencement, but, as has been demonstrated, it is not an event capable of postponing the guaranteed date.
e. Obtaining tree-felling permits, exploratory phase. Nor is this an event that can, in itself, postpone the guaranteed date, since it is a procedure that must be completed by the Contractor and must be contemplated in its work plans in order to comply within the three-year period. Moreover, this matter was even resolved by the Decreto Ejecutivo that declared it to be of national interest, with the aim of expediting the administrative procedures before SINAC.
In summary of everything stated herein in these conclusions, this Court finds that the arguments presented by the plaintiff have no legal basis, but are merely subjective assessments and personal interpretations of the facts and the Contract intended to support its breach of contract (incumplimiento contractual), which ICE demonstrated not only during the contractual performance phase but also in the Administrative Rescission Proceeding (Procedimiento Administrativo de Recisión). Accordingly, this Chamber finds that the defendant’s actions were in accordance with law.
The plaintiff requests that, by virtue of the declarations of nullity sought, it be compensated for the damages caused by ICE’s actions, consisting of the costs incurred by Hidrotárcoles S.A. and the claims brought against it by Hidrochina and Constructora Sánchez Carvajal S.A. It prudentially estimated such damages at $ 20.750.905.00 (twenty million seven hundred fifty thousand nine hundred five United States dollars). Court’s Determination. As decided above, ICE engaged in no unlawful conduct in its contractual relationship with the plaintiff company. Accordingly, since there has been no declaration of nullity (declaración de nulidad) of the challenged administrative acts (actos administrativos impugnados), and the claim for damages is ancillary to that relief, there is no causal link (nexo de causalidad) between the challenged conduct and the damages claimed. Consequently, those claims must be rejected, as is hereby ordered.
Upon answering the complaint and the amended complaints, ICE’s legal representatives denied the allegations and, at every stage, asserted the defense of lack of legal entitlement (excepción de falta de derecho). For the reasons fully stated in the preceding recitals (considerandos), that defense must be sustained and, consequently, all claims of the plaintiff company must be dismissed in their entirety.
Pursuant to section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, court costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being the losing party, subject to the exceptions contained in subsections a) and b) of that same article. Because the complaint was upheld and no grounds exist to justify an exemption, Hidrotárcoles Sociedad Anónima is ordered to pay the attorneys’ fees and court costs of these proceedings, together with the interest accruing on that amount, once they have been determined during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia).
POR TANTO
The defense of lack of legal entitlement is sustained. The complaint filed by HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD is dismissed. Costs, together with interest thereon, shall be borne by the losing party and shall be determined during enforcement of the judgment. Let notice be given.
Rodolfo Marenco Ortiz Eduardo González Segura Marco Antonio Hernández Vargas ???????????????
ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, DECIDING JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr
Documento PJEDITOR ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
HIDROTARCOLES S.A.
DEMANDADO/A:
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD N° 2025008384 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de agosto del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento interpuesto por la empresa HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número, 3-101-548713, representada por el Lic. Carlos Hernán Robles Macaya, mayor, abogado, carnet de colegiado número 2416, en su condición de Apoderado Especial Judicial, contra el Instituto Costarricense de Electricidad, representado por la Licda. Lindsay Arguijo Vargas, mayor, abogada, carnet de colegiada número 16077, Licda. Dafne Sánchez Aguirre, mayor, abogada, carnet de colegiada número 8233 y Licda. Karla Méndez Bonilla, mayor, abogada, carnet de colegiada número 12497, todas ostentando la condición de Apoderadas Especial Judicial.
CONSIDERANDO
En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad o indefensión a las partes. Se emite este fallo dentro del plazo de quince días hábiles indicado en el numeral 111, inciso 1, del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se dicta la presente resolución por unanimidad, previa deliberación y de manera escrita.
Redacta el juez Marenco Ortiz.
Como hechos probados para la resolución del presente caso se tienen los siguientes:
- Expediente Administrativo de Licitación Pública Internacional
(imagen 4777-4778, expediente judicial).
- Expediente Procedimiento Administrativo de Resolución Contractual Número PA-33-2015. Para los efectos de cita se indicará los folios del expediente físico que fue aportado por el ICE.
- Expediente Procedimiento Administrativo de Ejecución de Garantía Número PA-08-2018.
Como hechos no probados y de importancia para el caso se tienen los siguientes:
En el juicio se recibieron tres testigos, de dicha actuación se consigna en lo conducente lo actuado en la audiencia.
Al presentar la demanda y su contestación, así como en las conclusiones presentadas por escrito, las partes manifestaron lo siguiente que se transcribe:
La parte actora presenta esta causa para que el Tribunal declare la nulidad de los actos administrativos números: 5225-0943-2015 del 7 de julio de 2015 Medida Cautelar, PHCSP61100-048-2015 del 15 de julio de 2015, PHCSP61505-023-2015 del 16 de julio de 2015, 5225.1559.2015 del 3 de diciembre de 2015 Apertura Procedimiento. Resolución nº 0510-159-2016 del 14 de enero del 2016, Oficio 5201-10-2018 del 15 de enero del 2018 con el Acto Final del Procedimiento de Resolución del Contrato y Sanción de Apercibimiento, Oficio 5201-26-2018 del 12 de marzo del 2018, recurso de revocatoria, apelación en subsidio e incidente de nulidad contra el Acto Final del Procedimiento de Resolución del Contrato y Sanción de Apercibimiento, Oficio 0150-0361-2018 de fecha 12 de abril del 2018, Recurso de Apelación en Subsidio e Incidente de Nulidad contra el Acto Final del Procedimiento de Resolución de Contrato y Sanción de Apercibimiento y Oficio 5201-57-2018 del 4 de junio de 2018, acto final del procedimiento de ejecución parcial de garantía de cumplimiento por daños.
En consecuencia, de dicha declaratoria de nulidad se debe declarar el derecho de la actora a la fecha garantizada de inicio de operación comercial para el 1 de junio de 2017, con el fin de que el ICE reconozca una nueva fecha ajustada. Reconociendo el ICE el costo adicional, los reajustes de precio, y los daños y perjuicios ocasionados lo cual suma un total de $468,36 millones de dólares moneda de Estados Unidos de Norte América.
Discurren los alegatos de la parte actora sobre la idea central que, en el transcurso de la ejecución del contrato suscrito entre su representada y el ICE se dieron eventos que provocaron la invocación de la cláusula eximente de responsabilidad indicada el Contrato como "Caso Fortuito o Fuerza Mayor". De estos eventos compensables a su criterio, se derivan los agravios en cuanto a la violación del debido proceso en lo que él llama recisión del contrato (incumplimiento grave y plazo para corregirlos, derecho a modificar la fecha garantizada de inicio de operación comercial, eventos compensables, declaratoria de interés público). Todos ellos presentados de forma reiterada en diferentes estadios del proceso judicial, como también, por las diferentes representaciones legales que han intervenido en nombre de la empresa actora. En razón de esta singularidad (ideas reiteradas y planteadas en diferente formas), para efectos de orden y lógica de esta resolución, serán abordados por el Tribunal, no en el orden que los planteó la parte actora, sino en relación con la idea central de su discurso (existencia de eximentes de responsabilidad).
Indico lo anterior, manifiesta la representación de la parte actora que conforme a la cláusula 4.1.1 del Contrato suscrito entre las partes, el plazo para construir y poner a operar la Planta se suspendía ante cualquier evento catalogado como caso fortuito o fuerza mayor, o ante algún incumplimientos por parte del ICE al Contrato. Que conforme se probó en este proceso su representada mediante oficio Nº PHCSP-ICE-0177-2014 del 04/12/2014 se entregó el Plan de Trabajo al Coordinador del Proyecto, el cual fue aceptado por el ICE por oficio Nº PHCSP61100-002-2015 de fecha 19/01/2015 siendo la fecha garantizada (en adelante FGIOC) y la calificó con carácter de cierta y actualizada para el 01 de junio de 2017, después de que sus funcionarios valoraron la fuerza mayor y se prorrogó la fecha de entrada del FGIOC. Manifiesta además que el ICE inició prematuramente el Procedimiento de Resolución Contractual por cuanto la fecha inicial garantizada es para el 01 de junio de 2017 y no como el ICE indica.
Además, alega que el demandado es incumpliente del Contrato por cuanto en aplicación de la cláusula 11.2.3 decidió por su cuenta y riesgo no asumir el control de la Planta. En consecuencia, a su criterio existe nulidad en los elementos motivo, contenido y fin del acto administrativo que se impugnó en sede administrativa y en esta jurisdicción. Criterio del Tribunal. De previo a resolver los agravios de la parte actora, se hace necesario hacer una precisión sobre el tipo de contratos denominados "BOT", al ser este el objeto del proceso. En este orden de ideas, con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones Nº 8660, el Estado buscó fortalecer, modernizar y dotar al ICE, a sus empresas y órganos adscritos, de una legislación que le permitiera adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad, telecomunicaciones y demás servicios, permitiéndole con la nueva normativa flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación pública que tiene.
En esa inteligencia, se autorizó al ICE a celebrar contratos de todo tipo, que sean lícitos y le permitan cumplir sus fines. La Ley 7200 "Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" y la misma fue modificada por la Ley 7508, reformando la estructura de aquélla. En ambos cuerpos legales, se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE a las empresas privadas. La Ley 7200 da entonces el marco legal que permite la compra de bloques de energía por parte del ICE a empresas privadas, las que se seleccionaran mediante el procedimiento de licitación pública y que se regulará a la luz de Contratos de compra que suscribirán los adjudicatarios de las licitaciones con el ICE, con vigencia por 20 años, después de los cuales los activos de la planta en operación serán traspasados a la institución, libres de costo y gravámenes. En el caso que se revisa, mediante la licitación pública N°6670-E, el ICE promovió el concurso para el suministro de bloques de potencia de origen hidroeléctricos de hasta 50W, con base en un Contrato de compra de energía, proyectos que serían desarrollados bajo un esquema de Construcción, Operación y Transferencia donde el adjudicatario debería adquirir los terrenos, hacerse cargo del financiamiento, diseño, suministros, construcción, montajes, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta durante un plazo de diecisiete años y al final de ese período deberá transferir el proyecto al ICE.
Es así entonces que las ofertas debían de presentarse con base en la modalidad de un contrato administrativo denominado Construcción, Operación y Transferencia (BOT) que cubre, entre otras cosas: el financiamiento, diseño, construcción, suministros, fabricación, transporte, instalación de equipos y materiales, pruebas, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la o las plantas hidroeléctricas. El marco regulatorio aludido, permitió entonces que el ICE pudiera incursionar en la construcción de obra pública dentro del contexto actual en donde las exigencias mundiales imprimen una connotación de eficiencia y agilidad, sin dejar de lado el fin que se persigue, que es el fin público, suplir las necesidades y exigencias del país en energía eléctrica que demanda grandes inversiones y que implican un financiamiento considerable, no siempre accesible a las economías de los países de renta media o baja, como ocurre en nuestro caso.
Se buscó así, diversificar las modalidades de contratación, para dotar a la Administración de herramientas que facilitaban la consumación de este tipo de proyectos degeneración eléctrica. En ese contexto, el ICE incursionó en los contratos denominados tipos abiertos, regulados en el artículo 125 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, entre los que se encuentran la franquicia, el factoreo, y los denominados contratos Tipo C, que son aquellos en los que un particular puede construir y operar una obra o actividad durante un tiempo determinado a cambio de una renta y luego de un plazo establecido en el cartel, transferirlo al ICE; y entre ellos se encuentran los contrato desarrollados bajo la modalidad BOT (del inglés Build, Operate and Transfer- Construir, Operar y Transferir), que constituyen una forma de gestión indirecta del servicio público. Sobre la naturaleza de estos contratos, en la sentencia 19-2017-V de las quince hora del primero de marzo del año dos mil diecisiete, el Tribunal Contencioso Administrativo refirió: "Estos contratos funcionan con un esquema de concesión de la obra en un agente privado, que financia su construcción y puesta en marcha y obtiene a cambio el derecho a explotarla por un largo plazo, cobrando a los usuarios determinadas tarifas, devolviendo al término de ese período de concesión el bien a plena propiedad y gestión del Estado.
El financiamiento de la obra será gestionado por la contratista mediante el aseguramiento frente a los terceros financiadores de los asegurados resultados de la gestión de operación anterior, ya cuando el proyecto se encuentre en funcionamiento. Lo anterior, en tanto que la financiación de la obra recae en última instancia sobre los consumidores del producto derivado del servicio a prestar. En el caso de la ley en mención, se autoriza la participación de los particulares en la generación de energía hidroeléctrica, autorizando que el ICE les compre la energía generada. Para tal fin establece dos regímenes diferentes, el segundo de los cuales se caracteriza porque la energía es producida en una central propiedad del particular que, de conformidad con la indicada naturaleza de la relación contractual, al término del contrato debe revertir al ICE. En razón de lo anterior, el generador privado puede explotar la obra durante determinado plazo, por una parte, y en la tarifa de compra de electricidad están implícitos los costos de construcción y explotación de la central por el particular.
Será en el respectivo contrato en donde se definirá el marco jurídico en el que deberán desenvolverse las relaciones jurídicas derivadas de la relación macro suscrita entre las partes. Como se advierte, los contratos BOT, Build, Operate and Transfer, son una forma moderna de conjugar recursos públicos y privados para viabilizar obras públicas de gran envergadura. Al respecto, uno de los principales impulsores y financista de esta modalidad, el Banco Mundial, ha indicado lo siguiente: "En un proyecto BOT, el sector público otorgante le concede a la empresa privada el derecho de desarrollar y operar un complejo o sistema por cierto período de tiempo o el “período de concesión”, que usualmente sería un proyecto del sector público. Usualmente, este proyecto es una nueva construcción separada y distinta en un área no urbanizada. El operador financia, es propietario y construye el nuevo complejo o sistema y lo opera comercialmente durante el período de la concesión.
Después del tiempo de caducación de la concesión, el complejo o sistema es transferido a la autoridad adjudicataria. Un BOT es la herramienta clásica para los proyectos de financiación. Como se trata de una nueva edificación, no hay ninguna ganancia al principio. Por eso, los prestamistas están ansiosos por asegurar que los activos del proyecto estén (that project assets are ring-fenced within the operating project company) y que todos los riesgos asociados sean asumidos por los actores correspondientes relacionados al proyecto. Como consecuencia, el operador es un vehículo de un propósito especial. Generalmente, las utilidades son obtenidas de un solo “comprador contractual del producto” (offtake purchaser), así como el gobierno o una empresa de servicio público, quien compra el servicio distribuido por la compañía objeto del proyecto (project company). Esto es diferente de una concesión, en la que la producción se vende directamente al consumidor y usuario final.
En el sector de energía, tomaría la forma de un acuerdo de compra-venta de energía (Power Purchase Agreement). La compañía objeto del proyecto (power company) obtiene la financiación y ejecuta la contratación, el diseño y la construcción del trabajo, además de que opera el complejo durante el período de la concesión. La compañía objeto del proyecto es un vehículo del propósito especial o de uso especial (special purpose vehicle), los accionistas incluirán compañías que tengan experiencia en operaciones y en construcción. Es fundamental incluir accionistas con experiencia en la administración de diversos tipos de proyectos, así como experiencia trabajando con socios multiculturales y diversos dados los riesgos particulares que se presentan en un proyecto de BOT. Así, el comprador offtake estará ansioso de asegurar que los accionistas claves se queden en la compañía por largo tiempo, ya que probablemente se le haya otorgado el proyecto al comprador offtake debido a su amplia experiencia y su estabilidad financiera.
La compañía objeto del proyecto coordinará la construcción y las operaciones del proyecto en concordancia con el acuerdo de concesión. El off-taker querrá saber la identidad de la subcontratista y del operador. En un proyecto de energía, la compañía objeto del proyecto y los prestamistas estarán ansiosos de asegurarse de que existe una fuente de energía confiable y económica. Usualmente, la compañía tendrá un acuerdo de Acuerdo de oferta/suministro de combustible a granel (Bulk Supply Agreement), y el proveedor sería la misma entidad que compra la energía bajo el acuerdo de compra de energía (Power Purchase Agreement), es decir, la compañía estatal de energía. Por ejemplo, vaya a . (sic) La energía es el costo principal en las operaciones de plantas de agua o plantas de tratamiento de aguas residuales, así es que los operadores necesitan la certeza de la confiabilidad de la fuente y del costo de la energía.
Las ganancias generadas en la fase de operación son consignadas a cubrir todo gasto de operación, mantenimiento, pagos del capital de la deuda principal -que representa una porción significativa del gasto del desarrollo y la construcción- gasto de financiamiento que incluye intereses y otros, y una recompensa a los accionistas de la compañía de propósito especial. Los prestamistas proveen una deuda sin recurso o con recursos de financiación limitados, por lo tanto, asumirán cualquier riesgo residual tanto como la compañía a la que le otorgan el proyecto y los accionistas. La compañía a la que le otorgan el proyecto asume mucho riesgo. Por eso, estará ansiosa de asegurar que aquellos riesgos que quedan en manos del otorgante sean protegidos. Es común para una compañía que asume el proyecto que le pida al gobierno alguna forma de garantía y/o compromisos del gobierno que son incorporados en un Acuerdo de Implementación, especialmente si se trata de un proyecto de energía.
Para minimizar los riesgos residuales (ya que el prestamista sólo querrá asumir en lo posible sólo una porción limitada de los riesgos comerciales del proyecto) los prestamistas insistirán en traspasar los riesgos de la compañía objeto del proyecto hacia los demás participantes a través del contrato, como por ejemplo, al contrato de construcción, de operaciones y de mantenimiento del proyecto. Doctrinariamente a nivel general se ha indicado con respecto a la asunción del riesgo en este tipo de contratos, lo siguiente: "En este tipo de proyectos, principalmente BOT (Build, Operate and Transfer), dadas sus especiales características, se requiere una total asunción del riesgo por parte del constructor no sólo en la concepción, ejecución y puesta en marcha de la obra sino también en la explotación de la misma..." (Hernández Rodríguez Aurora. Los Contratos Internacionales de Construcción "Llave en Mano).
No obstante la misma autora aclara que "En este tipo de contratos, el énfasis recae en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente. Esto no significa, sin embargo, que el contratista asuma todos y cada uno de los riegos que se derivan de la ejecución del proyecto. Cuestión esta que dependerá en cada caso concreto de factores de diversa índole –tipo de financiación, obra, injerencia del cliente en la ejecución del proyecto, etc". De conformidad con la naturaleza jurídica de esta relación contractual, pueden determinarse las siguientes características de la misma: a)La asunción del contratista de las fases de concepción, ejecución y gestión (explotación) de la obra pactada. b) La obtención del financiamiento necesario para el cumplimiento del objeto contractual. c) La entrega al ente contratante de la obra, luego de transcurrido determinado plazo fijado contractualmente. d) La empresa contratista mantendrá una serie de obligaciones particulares de la misma hacia terceros subcontratistas que no obligan al ente contratante. e) La contraprestación económica pagada por los usuarios directamente o indirectamente por medio del pago del servicio obtenido.
Todo lo anterior, no excluye que el ente contratante se reserven determinados derechos de supervisión y control, en orden al interés público subyacente en la obra y al hecho mismo de que él será el propietario final de la misma". De conformidad con lo anterior, es evidente que en este tipo de contratos, en contraste con un proyecto de construcción en que las tareas se ejecutan por separado, el contratista se hace enteramente responsable de la obra y por consiguiente ralentiza su posibilidad de realizar algún tipo de reclamo. Consecuencia de lo anterior, es que el contratista asume el deber de ajustarse plenamente a lo ofertado y adicionalmente, le corresponde realizar sus obligaciones a estándares de conducta esperables y derivados de las prácticas y reglas profesionales que sean aplicables. Así, la actividad contractual tiene una serie de obligaciones que sirven de medio para el cumplimiento final del contrato, sea para garantizar la plena funcionalidad de la obra realizada.
Es en este sentido, que se ha advertido las debilidades de este método, en tanto que el riesgo y los imprevistos son asumidos de manera global por el contratista, debiendo el dueño de la obra verificar que no haya un impacto significativo en lo que se espera, sea entregado al final de la contratación. Así se ha indicado que "En este método se contrata simultáneamente el diseño y la construcción de una obra determinada, que debe cumplir con ciertos objetivos específicos de performance, los que están establecidos muy claramente en el contrato. La diferencia fundamental con el modelo anterior, es que la información sobre la cual basa el precio el oferente es más limitada dependiendo del nivel de estudios de prefactibilidad con que se disponga al momento de realizar la invitación a ofertar. En estos casos idealmente se debe disponer de estudios de factibilidad o prediseños, los cuales permiten acotar el costo de la obra, no obstante los mismos por lo general no permiten establecer con seguridad los contratiempos que se pueden encontrar durante la construcción.
Aquí el mandante debe ser muy claro en especificar el alcance de los suministros y servicios a ser contratados, y los resultados esperados al recibir el proyecto". Banco Interamericano de Desarrollo. Ventajas y Riesgos de los Contratos Llave en mano. Setiembre. 2013". Posición que, analizados los elementos de prueba, argumentos de hecho y de derecho, comparte esta Sección, al tener por acreditado que en la especie estamos en presencia de una contratación administrativa particular y de novedosa aplicación para las Administraciones, para la compra de bloques de energía, al amparo del esquema Construcción, Operación y Transferencia, como se explica en los Considerandos siguientes.
Resaltado lo anterior se entra a revisar primeramente los agravios en cuanto a los eximentes de responsabilidad alegados por la empresa actora en razón que conforme se ha indicado líneas atrás, el tema central a dilucidar, es si efectivamente existieron o no eventos, que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor, que permitieran desplazar la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial pactada por las partes en el Contrato.
B.1. Sobre el Caso fortuito y Fuerza Mayor. En el sub éxamine la cláusula 10 del "Contrato", regula el tema sobre el caso fortuito o fuerza mayor de la siguiente forma: "10.1. El caso fortuito es un hecho imprevisible, pero que de haberse previsto, no pudo evitarse; mientras que la fuerza mayor, además de imprevisible es inevitable. 10.2. Se reconocen como acontecimientos de caso fortuito: 1. Beligerancia, insurrección, invasión, guerra, guerra civil, motines, piratería, rebelión. 2. Huelgas. 3. Confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por cualquier autoridad gubernamental (que no sea el ICE) o sus agentes civiles o municipales. 4. Hundimiento de barcos, descarrilamientos de trenes. 5. Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa y judicial de los órganos competentes. 10.3. Se reconoce como acontecimiento de Fuerza Mayor: a) Desastres naturales tales como terremotos, deslizamientos naturales, avalanchas, erupciones volcánicas, tifones, huracanes, etc. b) Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa judiciales de los órganos competentes. 10.4.
En caso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ninguna de la Partes incurrirá en responsabilidad ni en violación del Contrato por el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones siempre que cumpla con los siguientes requisitos: a) Al tener conocimiento del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la parte que se vea afectada deberá comunicárselo a la otra parte, por escrito, dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas, según lo establece el Contrato. En dicha comunicación deberá hacer una descripción del hecho. b) La parte que se vea afectada debe demostrar, mediante documentación fehaciente, la existencia de la misma y los efectos reales que produjo en la relación contractual, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 45 días naturales. c) La suspensión de las obligaciones no se prolongue por un período mayor que el requerido para solventar el Caso Fortuito o Fuerza Mayo. d) La parte afectada haga los esfuerzos razonablemente necesarios para remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. e) La parte afectada deberá comunicar, según lo establecido en este Contrato, a la otra parte, cuando esté en condiciones de reasumir sus obligaciones. 10.5.
Ante una situación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Período de Vigencia del Contrato se suspenderá por la cantidad de días que el Contratista se demore en retomar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, excepto cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor esté cubierto por la póliza de lucro cesante. 10.6. La Parte afectada deberá tomar todas las medidas razonales para minimizar las pérdidas resultantes de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 10.7. Cualquier reparación que se realice en la Planta como consecuencia de daños sufridos por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá realizarse de manera tal que la parte reparada satisfaga o supere los niveles de calidad originalmente". El actor en el presente caso invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (sin hacer distinción de ambos conceptos), como eximente y rompimiento del nexo causal que el ICE sustentó como motivo para la resolución del Contrato.
Para ello indicó que le era imposible iniciar la construcción, presentar el cierre financiero y el Plan de Trabajo, primero porque la ARESEP duro alrededor de 10 meses en otorgar la concesión, sin lo cual de acuerdo al testigo propuesto por la parte actora (Ing. Álvaro Mata, el cual era el encargado del proyecto por parte del contratista) no se podía iniciar ningún trabajo, siendo éste un requisito indispensable, y que, en consecuencia desplaza la Fecha de Inicio Garantizada (escuchar grabación). Aunado a ello, indica que, el Banco Nacional, entidad que iba a financiar el proyecto, ponía como requisito el otorgamiento de la concesión, por lo que tampoco se podía realizar el cierre financiero, por cuanto los trámites ante el Banco se realizaron posterior a la entrega de la concesión, lo que también desplaza la fecha inicial. Resalta, también que el ICE para el año 2014 aceptó el Plan de Trabajo y con ello la Fecha Garantizada para el 01 de junio de 2017 (desplazada).
Los argumentos de la parte actora no son compartidos por esta Cámara por las siguientes consideraciones: Como ya se resaltó líneas atrás, el eximente de responsabilidad denominado "Caso fortuito o Fuerza mayor", tiene como característica especial, la imprevisibilidad del hecho generador o eventos, que causan o alteran la normal ejecución del contrato. En esta inteligencia, el Contrato suscrito por las partes lo regula de forma expresa al indicarse en su artículo 1 que: "se va entender como Caso Fortuito o Fuerza Mayor lo definido en el artículo 10 del Contrato"; así entonces, en sus puntos 10.2 y 10.3 se enumeran los hechos que se tendrán como tales, todos referidos a eventos naturales o humanos pero cada uno de ellos causante de algún tipo de "conmoción nacional", sean eventos humanos o de la naturaleza, de tal forma que son imposible de prever por las partes que estos van a suceder, no existiendo en ese sentido, forma alguna que las partes pudieran determinar que un evento de esa naturaleza se configurarían en el transcurso de la ejecución contractual, y si por alguna razón se diera, no habría forma de prevenirlos, mitigando entonces dicho perjuicio con la suspensión del plazo, de forma tal que una vez transcurrido el evento se pudiera continuar con la ejecución del mismo.
En este orden de ideas, no se desprende de dicho articulado que tales eventos sean referidos a gestiones o trámites previos para iniciar la construcción, como los invocados en su momento por Hidrotárcoles S.A., como trámite de Concesión, tramitología ante el banco, trámites institucionales para corta de árboles y otros (realización del Plan de Trabajo), por lo que a consideración de esta Cámara, no tipificaría ninguno de ellos según los alegatos del actor, como justificante del atraso en las obras y entrega dentro del plazo garantizado consignado en el Contrato (FGIOC). Ahora bien, dentro de lo pactado por las partes en ese apartado, existe una cláusula residual, que en su punto 10.4.d, reza: "Otras causas reconocidas como tales por la doctrina, la jurisprudencia administrativa judiciales de los órganos competentes"; cláusula en apariencia abierta y que daría en tesis de principio, a una interpretación amplia en la que podrían caber los argumentos de la parte actora, por lo que se pasa seguidamente al análisis de ésta.
Para el caso que nos interesa es importante revisar lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 7200, que es el marco jurídico sobre el cual las partes suscribieron el Contrato. Así, en sus artículos 20 al 24 se dispone: "COMPRA DE ENERGIA BAJO REGIMEN DE COMPETENCIA. ARTICULO 20.- Autorización para compra de energía. Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley. Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima. ARTICULO 21.- Compras por licitación. Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida.
ARTICULO 22.- Vigencia de los contratos. Los contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una vigencia mayor de veinte años y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato. ARTICULO 23.- Derechos y obligaciones de los adjudicatarios. Los adjudicatarios de estas licitaciones de compra de energía tendrán los mismos derechos y obligaciones que se otorgan en los artículos 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de esta Ley. ARTICULO 24.- Autorización al SNE. Se autoriza al SNE(*) para otorgar las respectivas concesiones de explotación a las centrales eléctricas a las cuales el ICE les adjudique contratos para adquirir energía eléctrica, según las condiciones de los artículos 20, 21, 22 y 23 de esta Ley". De dicho articulado que autoriza y regula la compra de energía al ICE, como el caso que nos ocupa, no se desprende que como requisito para el inicio de la construcción de una planta hidroeléctrica sea necesario tener previo la concesión, como lo alega el agraviado, y lo aseveró el testigo (Ing.
Álvaro Mata), cuando explicó que fueron dichos eventos compensables y que desplaza la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (criterio personal del testigo pero sin fundamento jurídico) como es el trámite de concesión ante ARESEP y posteriormente las negociones con el BNCR para presentar el "Cierre Financiero", los que incidieron directamente en el desplazamiento de la fecha garantizada, por cuanto no se podía (el testigo enfatizó en reiteradas ocasiones como imposible) empezar a construir sin la concesión otorgada por la ARESEP, queriendo dar entender que era un requisito indispensable, exigido por el ordenamiento jurídico, pero se reitera, es solo apreciación del testigo sin fundamento jurídico. Importante para este Tribunal, que dicho testigo si bien manifestó, de viva voz, tener experiencia en proyectos constructivos hidroeléctricos tanto como funcionario del ICE como posteriormente, director de proyectos privados, también de forma espontánea manifestó que específicamente en este tipo de proyectos era el primero que tenía a su cargo, lo que para este Tribunal, (se aclara) no le resta su capacidad profesional como ingeniero, pero sí a su interpretación de la línea del tiempo que explicó, hechos ocurridos que desplazaron el inicio de construcción de la PH, se insiste, al aseverar que no era posible iniciarlas sin la concesión, asimilando los proyectos regulados el Capítulo 1 de la Ley 7200.
Tal afirmación, se reitera, no tiene ningún asidero jurídico, y más bien contrasta con lo indicado con el testigo funcionario del ICE, Ing. José López, que ante la consulta de si era requisito tener la concesión de la ARESEP para empezar a construir el Proyecto, éste, en forma enfática y sin duda alguna, indicó que "no", y explicó de forma clara y amplia que este proyecto específico, en el cual se contrató a Hidrotárcoles, se encuentra regulado en el Capítulo II de la Ley 7200, y solo, los proyectos hidroeléctricos pequeños, como son de hasta 20 MW, y que se encuentran en el Capítulo I de dicha Ley, ocupan para poder iniciar su construcción, la concesión de la ARESEP, pero insistió que los de 50 MW como es la contratación en el presente, no se requiere tal concesión para iniciar su construcción, sino que se podía empezar a construir y a la vez ir haciendo el trámite de concesión. Esta afirmación se puede contrastar con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la ARESEP vigente al momento del trámite de este caso, que reza: "Otorgamiento de concesión conforme a la Ley Nº 7200.
Las solicitudes de concesión para explotar centrales eléctricas de limitada capacidad, vendrán acompañadas al menos de los siguientes documentos: 1. Aprobación del estudio de impacto ambiental. 2. Concesión del recurso con que se generará la energía, debidamente otorgada por el concedente. 3. Carta de declaratoria de elegibilidad. 4. Certificación emitida por el Instituto Costarricense de Electricidad de que se ha cumplido lo dispuesto en la Ley Nº 7200 y sus reformas"; en igual sentido el Decreto Ejecutivo Número 24866-MINAE (Reglamento al Capítulo II de la Ley Generación Paralela: Régimen de Competencia), no regula absolutamente nada en cuanto a que el requisito indispensable para poder empezar a construir la PH, sea la concesión otorgada por el ARESEP, siendo entonces que de la norma citada el primer requisito y que debe ser aportado previo a la construcción es el estudio ambiental, no así, se reitera la concesión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como lo sostiene el agraviado.
Como hasta aquí se ha indicado, se insiste, de ninguna de las normas aplicables al caso o disposiciones en el Contrato, citados, se puede derivar que efectivamente era un requisito "sine qua non", tener previo al inicio de la construcción del PH, el otorgamiento de la concesión por parte del ARESEP, punto tan relevante y que puede incidir directamente en el tiempo suscrito por las partes. Es decir, al momento de ver las condiciones de la licitación y ofertar, la parte tenía claro, primero, que la concesión sería por 20 años (así dispuesto en el artículo 5 de la Ley 7200), segundo, que dentro de ese plazo del contrato de compra de energía (20 años) se contempla la construcción de la PH, con todos los pasos previos a la construcción (planos, movimientos de tierra entre otros) y puesta en marcha del proyecto, así como, la Fecha Garantizada de Inicio de Operación comercial y Fecha de Inicio de Operaciones Comerciales (temas que posteriormente se analizarán y que ha causado confusión entre las partes por su uso de forma alternada).
En esta lógica, es importante agregar que para este Tribunal, analizado el cuadro fáctico no le es dable pensar que un punto tan importante como es el de requisito de concesión para poder construir, y que en definitiva puede incidir en el plazo de entrega garantizado (3 años) no se encontrara expresamente regulado en el contrato, de forma tal, por ejemplo, que el inicio de construcción iniciara a partir del momento que se le otorga la concesión al Contratista, o que, si por alguna razón el trámite ante la ARESEP durara más de un tiempo prudencial, será objeto de suspensión, pero; al no existir ninguna manifestación expresa de las partes en torno a ello, dentro del contrato, no es posible vía interpretación arribar a dicha conclusión, a través de la cláusula residual citada ut supra, pues en una sana hermenéutica, al tenor de los dispuesto en el artículo 10 del Código Civil que indica que las normas deben ser interpretadas no solo en el sentido propio de sus palabras, sino también en relación con el contexto (en este caso las demás cláusulas del Contrato), no es plausible pensar que los tramites o gestiones ante una institución pública o privada (concesión y financiamiento) se pueda tener como caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto estos conceptos jurídicos indeterminados, tanto la doctrina como la jurisprudencia, lo han relacionado con algo imprevisible e irresistible de orden natural o conmoción, y no puede ser sustraído del contexto contenido en la cláusula 10 del Contrato para llenarlos con otro concepto.
Así, darle a cualquier evento o situación que enfrentara alguna de las partes dentro de la ejecución del contrato, aun y cuando fuera ajena a ellos no previsible, como sucedió en este caso, el concepto de "caso fortuito o fuerza mayor", llegando a darle un alcance mayor a dicha figura que lo previsto en la voluntad de ellas, no es posible dentro de una relación contractual que se basa en la buena fe contractual. Esto hace ver, se reitera, que las partes tenían claro que dentro de los tres primeros años desde la fecha de "Orden de Inicio" a la Fecha Garantizada de Inicio de Operaciones Comerciales (en este caso como se ha acreditado del 1/8/2012 al 1/8/2015) se debía por parte del Contratista realizar todos los trámites legales, técnicos financieros, constructivos u otros necesarios para la buena marcha del proyecto. Es más, véase, que de las normas citadas el único requisito para que la ARESEP otorgara la concesión era que el interesado dentro de otros requisitos exigidos en la norma, presentara la certificación del ICE de adjudicación, guardando absoluto silencio el contrato (igualmente la normativa atinente al caso) con respecto al inicio de la construcción en sí de la PH, ello incluso fue expresamente regulado en la cláusula 14.8, que reza: "Vigencia del Contrato.
El Período de Vigencia del presente Contrato será de 20 años, que regirán a partir de la notificación de la Orden de Inicio al contratista" (subrayado no es del original). En el sub júdice se tiene por probado que la orden de inicio se dio mediante el oficio Nº 0510-919-2012 de fecha 31 de junio de 2012, cuando la Gerencia de Electricidad da la orden de inicio para empezar la construcción, a la empresa Hidrotárcoles S.A. y la cual se da por notificada el 01 de agosto de 2012, empezando entonces el conteo de los 20 años, dentro de los cuales se incluyen los 3 años para su construcción y finalización de la misma, conforme a la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial (cláusula 4.1.1). Por último, y no menos relevante, es importante resaltar que dentro del artículo 4 del Contrato, las partes pactaron sobre el procedimiento a seguir en un eventual hecho denominado Caso fortuito o Fuerza Mayor, el cual en lo conducente reza: "(...) y que el Contratista cumpla lo siguiente: a) Al tener conocimiento de la causa, comunicárselo al ICE por escrito, dentro de un término de quince (15) días naturales.
En dicha comunicación deberá hacer una descripción del hecho. b) Demostrar, mediante documentación fehaciente contractual, para lo cual dispondrá de un plazo de 15 días naturales. Transcurrido este plazo, el ICE dispondrá de 15 días naturales para responder a la comunicación sobre la solicitud presentada por el Contratista. C) el Contratista tomará las medidas que estén a su alcance para remediar los efectos de la causa. El atraso en la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial no podrá ser utilizado por el Contratista para argumentar desequilibro económico del Contrato" (subrayado no es del original). Como se desprende de dicha cláusula, no basta que la parte que sufre un hecho de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, invoque la misma, para que se dé la suspensión del plazo de forma automática, sino que se debe seguir un procedimiento expreso para la aplicación de dichas figuras. Primeramente, es deber de la parte que loinvoca comunicarle de forma expresa a su contraparte tal situación, pero además, como segundo punto es requisito fundamental que en dicha comunicación se debe describir el hecho causante e indicar el remedio para palear tal situación, y tercero indicar, el tiempo en que se va a tardar la parte afectada en atender dicha eventualidad, como cuarto punto, sobre todo se debe aportar la prueba fehaciente del evento, todo este trámite, dentro de un plazo de 15 días naturales a partir del evento que imposibilita a la parte continuar con la construcción del proyecto.
Como contraparte, el ICE tiene también la obligación de referirse de forma expresa y resolver esa solicitud específica y extraordinaria hecha por el Contratista, de allí que los días contemplados en la cláusula citada, sean naturales y no hábiles. En este orden de lógica y sentido, de una revisión del expediente y los hechos acaecidos en la ejecución del contrato desde la fecha de la orden de inicio (1/8/2012) y hasta el momento en que se le notifica al Contratista por parte del ICE su intención de rescindir el Contrato (2015), no se encuentra acreditado (ni la parte hace referencia específica a dicho trámite) ni una sola manifestación expresa del Contratista ante el ICE, en el cual se solicite la declaratoria del Caso Fortuito para evitar cualquier responsabilidad. Se insiste, no existe oficio alguno dentro del expediente administrativo donde la parte actora le comunicara al ICE el tema del caso fortuito, la causal del mismo, la forma en que se remediara y sobre todo la prueba, siendo esto una carga de la prueba de la parte que lo invocada, se reitera, no existe evidencia de dicho trámite dentro del proceso de ejecución contractual, sino que es un argumento que la actora invoca en esta sede jurisdiccional, pero igual, incumple con la carga de la prueba, por lo que son solo meros argumentos subjetivos sin sustento jurídico.
En consecuencia, no se pueden tener como Caso Fortuito o Fuerza Mayor lo argumentado por la representación legal de la parte actora tanto en sus escritos presentados dentro del expediente, como en sus argumentos en el juicio oral y sus conclusiones realizadas por escrito. Siguiendo en esta lógica de ideas, y para mayor abundamiento y claridad de que no era necesario el otorgamiento de la concesión por parte de la ARESEP para poder iniciar la construcción de la PH, se debe resaltar por último, que de la misma normativa citada en relación al reglamento de la ARESEP, esta pide como requisito la certificación de que el solicitante haya resultado adjudicatario o elegible, según sea el tipo de proyecto, por lo que conforme a la prueba que obra en los autos, la empresa actora desde el año 2008 resultó adjudicataria, por lo que bien desde ese momento podía empezar con los trámites, no se necesitaba el Contrato y mucho menos el refrendo, pues esto no son requisitos legales para tal trámite ante la ARESEP.
B.2. Sobre la Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial "FGIOC" y la Fecha de Inicio de Operación Comercial "FIOC". Un tema que ha sido objeto de polémica entre las partes es el concepto y aplicación práctica de los conceptos de FGIOC y FIOC, por lo que se procede a su análisis para su correcta interpretación, comprensión y aplicación al caso que nos ocupa. Así, en el artículo 1 del Contrato (Definiciones) se indica en lo que interesa: "FECHA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL". Fecha en que, habiéndose cumplido las condiciones estipuladas en este Contrato par a aceptabilidad de la Planta, el ICE autoriza al Contratista iniciar con la explotación comercial para la compra de energía hidroeléctrica, en el punto de entrega definido en el Contrato de Conexión. FECHA GARANTIZADA DE INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL. Como se define en el artículo 4.1.1 de este Contrato" (esta última definición sera el objeto de análisis posteriormente en este apartado).
De estas primeras definiciones, sin una elaborada interpretación, aplicando el aforismo del derecho romano "in claris non fit interpretatio" (en situaciones donde una ley es clara y su significado es evidente, no se requiere interpretación), se desprende, que existen dos fechas claramente diferenciadas, no solo en su concepto, sino en sus implicaciones prácticas. La primera, "Fecha de inicio de operación comercial", que corresponde al momento en que el Contratista comienza a explotar la PH, y el ICE, compra dicha energía (compra-venta de energía, según el objeto del contrato); esta fecha es la que puede ser variada por una única vez, pero siempre entendiéndose dicha variación de forma anticipada, nunca pospuesta, según lo dispuesto en las cláusulas 4.1.2. incluso así referidas por todos los testigos funcionarios del ICE, al indicar que: "tal situación es posible (adelantar la fecha), y le permite al Contratista obtener recursos frescos y explotar por más tiempo la concesión, y le obliga a su contraparte (ICE) a buscar y tener los recursos para la compra de dicha energía".
El segundo concepto, referido a la "Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial", que corresponde a los 3 primeros años para iniciar y finalizar la construcción y puesta en marcha de la Planta Hidroeléctrica. Esta fecha (FGIOC), primeramente se da con la orden de inicio, en este caso como ya se ha indicado, el 1 de agosto de 2012, segundo, comprende el período de construcción de la PH, la presentación del Cierre Financiero y el Plan de Trabajo, este último dentro de los seis primeros meses desde la orden de inicio, tercero, esta fecha no se puede mover, sin embargo, de forma tácita se puede entender que se podría adelantar, cuando excepcionalmente, por una única vez, pero como ya se indicó anteriormente, solo para ser adelantada, coincidiendo de esta forma con la Fecha de Inicio de Operación Comercial, pero se insiste, no para posponer el plazo de la Fecha Garantizada del Inicio de la Operación Comercial como lo entiende la parte actora.
Clarificado lo anterior, y continuando con el tema del caso, dentro de la Cláusula referida al "Financiamiento", en su artículos dispone: "3.7.1. Será responsabilidad del Contratista la obtención del cierre financiero requerido para la construcción de la Planta, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la Orden de Inicio por parte del ICE. Este plazo se suspenderá por la ocurrencia de cualquier evento clasificado como Fuerza Mayor. 3.7.2. Este plazo podrá ser prorrogado, por una única vez y por igual cantidad de meses, siempre y cuando, al vencimiento del plazo original, el Contratista demuestre que dentro del nuevo plazo podrá contemplar y formalizar el financiamiento. 3.7.3. Si al vencimiento del plazo indicado en el apartado 3.7.1. o al vencimiento de la extensión prevista en el apartado 3.7.2, el Contratista no ha logrado formalizar los contratos de financiamiento requeridos para la construcción de la Planta, el ICE estudiará el caso en particular y si considera que el Contratista no ha sido lo suficientemente diligente en la consecución de dicho cierre, resolverá el Contrato de acuerdo a lo establecido en el apartado 11.2 de este Contrato". De lo anterior se desprende lo siguiente:
B.3. Sobre el Plan de Trabajo. Dentro de los temas debatidos por las partes, se encuentra el referido al Plan de Trabajo, que conforme a los argumentos del ICE sustentaron el motivo del acto administrativo de rescisión, pero a criterio del actor el mismo fue presentado y aceptado por el demandado. En esta inteligencia, se dispone en la cláusula 4.3.1, en lo conducente y para lo que interesa al caso: "El Contratista deberá entregar al ICE, a más tardar seis (6) meses de la notificación de la Orden de Inicio, el plan de trabajo para la construcción de la Planta, detallando las principales actividades que componen el Proyecto (en adelante denominado el "Plan de Trabajo Oficial")". De esta cláusula se desprende, primero, que el propósito de este documento es establecer los objetivos del trabajo, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado (PH), y el grado de detalle de dicho producto.
En dicho documento se detallará y establecerá la secuencia, métodos y organización para la ejecución de la obra que Hidrotárcoles S.A. llevaría a cabo para la construcción de la planta. Así en la guía Management Body of Knowledge (PMBOK), Séptima Edición, se define: "como su nombre indica, un plan de trabajo es un plan de acción que ayuda a los equipos de proyectos a alcanzar sus objetivos. Los planes de trabajo consideran elementos clave de la planificación del proyecto, como tareas, hitos, entregables, recursos, requisitos presupuestarios y un cronograma para integrar todo. El plan de trabajo no será redactado ni iniciado por una solo persona, sino que deberá presentarse a la junta directiva y a las partes interesadas para su aprobación. Una vez aprobado, podrá continuar desarrollando el resto de su plan de trabajo" (subrayado no es del original); y segundo, que debe ser presentado dentro de los primeros seis meses, en este caso, entre el primero de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013, lo cual, es un hecho aceptado por las partes no sucedió; generando dicho atraso, el oficio número PHCSP-ICE-0004-2013 del 21 de febrero de 2013, en el cual se hace referencia a los oficios números PCH-61100-002-2012, PHCSP-61100-004-2013 y PHCSP61100-006-2013, señalándose en el mismo, el incumplimiento incurrido para ese momento por parte del Contratista, consignando en lo que interesa: "Por la ausencia de una estructura organizacional por parte del Contratista, se han generado incumplimientos tales como: Entrega de Especificaciones Técnicas del Proyecto, Plan de Trabajo Oficial (...)" , como puede verse ya para esa fecha se le hace ver al Contratista su incumplimiento, y a pesar de ello, no se encuentra acreditado, que se invocó para ese momento, por parte de la empresa aquí actora, alguna de las causales previstas en el contrato que permitiera suspender dicho plazo.
Para probar su teoría, la parte actora al momento de realizar la consulta al testigo Víctor Eduardo Mora Bermúdez con respecto al oficio número PHCSP61100-002-2015 del 19 de enero de 2015, primero le consulta si lo reconoce, a lo cual el testigo indica que "sí pero que no fue suscrito por él aunque aparece su nombre, aclarando que en ese momento no se encontraba en el proyecto, pero que de todos modos de dicha nota no se desprende que el ICE haya aceptado el Plan de Trabajo, que más bien en el último párrafo se indica no implica modificación del contrato y se debe agregar otros documentos", además manifestó que la frase "cierto y actualizado" no es una aceptación del cambio de fecha como lo interpreta la actora, sino que se presentó de forma actualizada toda la documentación, no podría jamás entenderse otra cosa, como por ejemplo la aceptación de dicho plan. De lo indicado por el testigo así como del oficio referido por el actor, considera este Tribunal que no es posible concluir de forma certera como lo asevera la parte actora que el ICE en ese momento aceptó el Plan de Trabajo y con ello se implicaba variada la fecha de inicio garantizada, pues como lo indicó también el testigo, el instituto demandado siempre fue claro y enfático en indicar que la aceptación no llevaba modificación a aspectos contractuales, e incluso fue enfático en decir que él continuó emitiendo otros oficios donde se rechazaba los planes de trabajo que excedía la fecha del plazo, y de allí fue que en el 2014 salió el tema de "cierto y garantizado" pero nunca con respecto al cambio de fecha de entrega, sino el término es referido al programa.
B.4. Sobre la extensión del plazo por el período de cura. Clarificado lo anterior, manifiesta la parte actora en sus escrito de demanda que hubo un proceso de cura establecido por el propio ICE que afectó el plazo pactado, conforme lo indica el oficio número PHCSP61100-128-2013 del 17 de noviembre de 2013, y que concluyó el 29 de abril de 2014 con la subsanación que hizo su representada, fijándose la fecha de inicio de operación contractual el 1 de junio de 2017, pero que sin embargo, posteriormente el ICE desconociendo sus propios actos inició la recisión contractual. Para resolver este agravio, se hace necesario precisar en la línea del tiempo lo actuado por las partes dentro de la ejecución del contrato a partir de la orden de inicio (1/8/2012) y hasta la notificación de la medida cautelar anticipada en sede administrativa dictada por el ICE para el inicio del procedimiento administrativo de recisión contractual en el año 2015 (los agravios sobre los vicios en el procedimiento se abordarán posteriormente).
Como ya quedado referenciado después de transcurrido los primeros seis meses dentro del cual el Contratista debía iniciar y presentar el Plan de Trabajo, el Cierre Financiero y otros, tal situación no se había dado, lo que generó una serie de oficios entre las partes, quedando evidenciado en el oficio número PHCSP61100-0049-2013 del 4 de julio de 2013 en el que se indica sobre el estado actual del "Proyecto PH Capulín San Pablo", indicado en lo que interesa: "Para garantizar el cumplimiento de lo especificado, el ICE estableció una "Unidad Supervisora" cuyo principal fin es registrar, asegurar y controlar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto y plazos establecidos en el Contrato, por tanto hacemos de su conocimiento el estado actual del Proyecto PH Capulín San Pablo y lo actuado de nuestra parte: Se realizó reunión extraordinaria del Comité de Coordinación de las partes (ICE-Hidrotárcoles S.A) con la Gerencia de Electricidad para informar respecto al análisis del cumplimiento de aspectos contractuales pendientes por Hidrotárcoles S.A. al 25 de febrero de 2013, Acta PHCSP 2013-003CC, uno de los acuerdo fue que el Contratista confirmó que para el mes de Junio de 2013 contaría con todas las condiciones necesarias para el inicio de obras, situación que no se ha realizado.
Hidrotárcoles S.A. al día de hoy no ha iniciado obras en sito del proyecto, por tanto el avance es nulo, presentado atraso que ponen en riesgo la entrada en operación comercial de la Planta, tal y como ha trasmitido el Contratista a través de los informes mensuales de los meses de abril a mayo, en las reuniones del Comité de Coordinación 2013-005CC celebrada el 15 de mayo de 2013 y 2013-006CC celebrada el día 12 de junio de 2013. El ICE motivado por esta situación le ha comunicado al Contratista la necesidad de atender este tema en reiterados oficios los cuales se mencionan a continuación: * PHCSP61100-036-2013 con fecha 17 de junio de 2013, Especificaciones Técnicas del Proyecto PH Capulín San Pablo por parte de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-039-2013, con fecha 17 de junio del 2013 Plan de Trabajo Oficial de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, con fecha 17 de junio del 2013 Formularios de Datos Garantizados del Proyecto PH Capulín San Pablo pr parte de Hidrotárcoles S.A., * PHCSP61100-040-2013, del 17 de junio del 2013 Cierre Financiero del Proyecto PH Capulín San Pablo por parte Hidrotárcoles S.A. En una posible entrada en operación tardía del proyecto, dado los atrasos en que se encuentra, el ICE externa su preocupación que, de no contar con la energía prevista en la fecha contractual, se verá obligado a resolver el faltante por otros medios.
Además de ejecutar las multas según lo indica el Contrato (...)", como puede extraerse de la cita, ya para esta fecha se había superado los primeros 6 meses que establecía el Contrato y la prórroga por el período igual que el mismo Contrato indica, y refrendado por la Contraloría General de la República mediante oficio número DCA-1684. Es en este contexto que el ICE notifica a la parte actora su intención de rescindir el contrato como consecuencia de los incumplimientos del Contratista aun en el período de cura, es así, al tenor de lo pactado, el ICE por oficio PHSCSP61100-128-2013 del 17 de diciembre de 2013 le otorga el plazo de 4 meses estipulado en el artículo 11.2.1 del Contrato, para realizar los ajustes señalados previamente, dejando plasmado en dicho oficio, que conforme al artículo 11.2 su intención de rescindir el contrato, así en su párrafo último se consignó: "Para estos casos, tratándose de incumplimiento demostrados, se notifica de conformidad con el Artículo 11.2 la intención del ICE de dar por suelto el CONTRATO, salvo que en el plazo de cuatro meses contados a partir del 12 de diciembre de 2013, se corrijan los incumplimientos.
Si transcurrido ese plazo o bien el período razonable que convengan las partes con base en un plan de corrección, el Contratista no logra corregir el o los incumplimientos señalados el ICE iniciara el proceso de resolución del Contrato (Artículo 11.2.3)"; asunto que como se encuentra probado y aceptado por las partes (no existe controversia) no se cumplió por parte de la empresa adjudicataria, pues como ha quedado evidenciado de la prueba documental y testimonial (se insiste), para el año 2014 existía un nulo avance, así referenciado por el testigo López Muñoz antes las consultas que se le hicieron de si en este caso el Contratista había cumplido con los plazos de FIGOC: "la empresa tenía tres años para dar inicio y tener la planta ya operando comercialmente. En buena teoría en el primer año se hacían todas las instalaciones temporales, excavaciones, planos, diseños, permiso y un montón de cosas en el plano.
En el segundo año, en buena teoría ya tendría financiamiento y estaría ya pensando en lo que son obras de mecánicas eléctricas y en el año 3. Estaría montando los equipos y haciendo puesta en marcha para este proyecto en particular. En este caso el primer año el avance era cero. En el segundo año cero, y en el tercer año andaba no más de un 23%. Cuando hablamos en comparación con 125 proyectos parecido, en que existe un 25% de avance en una obra, se sobreentiende que solamente lo que había eran excavaciones diversas y cosas de esas. No habían equipos ni nada en el sitio que permitiera, por lo menos digamos, en el año restante que quedaba acá. Completar todo lo que todo lo que conlleva un proyecto hidroeléctrico, solo la puesta en marcha en un proyecto hidroeléctrico se lleva entre 3 y cuatro meses y en el año 3 no había nada de eso. Lo que había es la explanada de Casa de máquinas tipo a nivel de a nivel de piso.
El desvío del río y unos bloques de concreto en el río y caminos de acceso. Pero no había nada más que eso. El 75% restante era prácticamente lo medular de esta planta, o sea, era todo. Las obras de concreto y todos los equipos de metálicos pruebas y todo lo que conllevaba eso. O sea que en estos primeros 2 años prácticamente pasados la empresa pasó haciendo estudios. Previo a la orden de inicio, una empresa hace estudios de campo hace estudios de fundaciones para tratar de cuando le da en la orden de inicio, empezar a meter maquinaria en el año. En el primer año estaban haciendo sondeos todavía de investigación. Es más en el año segundo la SETENA le suspende la regencia ambiental al proyecto". Con lo anterior es claro para este Tribunal que el período de cura fue dado por el ICE, respetando lo pactado por las partes, pero a pesar de eso, la empresa actora no cumplió ni con el plazo del Contrato original, ni tampoco, con los plazos otorgados por el demandado, en el transcurso de la ejecución del contrato, teniendo como consecuencia el inicio del procedimiento para la resolución contractual, lo que a continuación se pasa a su análisis .
La segunda idea desarrollada por la empresa actora es entorno a la violación del debido proceso por parte del ICE para la resolución del Contrato, que si bien, ya ha quedado resuelto el tema de fondo en cuanto al derecho que le asistió al ente demandado para resolver el contrato, se aclara, que como parte del control de legalidad, este Tribunal entra a revisar el procedimiento de resolución contractual, única y exclusivamente, en cuanto a que el mismo, se haya realizado conforme a derecho, se reitera, no así en relación al tema sustantivo del caso que nos ocupa, es decir, en relación a los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo; que sustentaron la decisión de resolver el contrato, tema que como se ha acaba de indicar, fue resuelto en el considerando anterior. En esta lógica se entra a conocer los agravios planteados por el actor y revisarlos en cuanto a la configuración de los elementos formales del acto administrativo necesarios para su validez y eficacia, con respecto la resolución adoptada por la Dirección de Proveeduría del ICE de las nueve horas treinta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho, notificada mediante oficio número 5201-10-2018, en la cual se dicta el acto final con el que se resuelve el Contrato suscrito entre el ICE y la empresa Hidrotárcoles S.A., correspondiente a la Licitación Pública 2006LN-000043-PROV.
XI.Sobre los vicio en los elementos motivo, contenido y fin del acto final. En sus alegatos de conclusiones considera la parte actora que los elementos motivo, contenido y fin se encuentran viciados. Criterio del Tribunal. De previo a resolver el agravio, se hará una pequeña precisión sobre los elementos del acto administrativo.
A- Generalidades del Acto Administrativo. Tanto a nivel nacional como internacional la doctrina ha indicado que el acto administrativo es la forma más representativa de manifestación de la decisión administrativa, con efectos jurídicos directos hacia los Administrados. En este orden de ideas, se ha definido al acto administrativo de la siguiente manera: " El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma directa o inmediata." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Como elementos materiales del acto administrativo, se pueden determinar los siguientes: a) Motivo, entendido como los antecedentes y presupuestos de hecho y derecho que fundamentan la necesidad, oportunidad, conveniencia y legitimidad del acto administrativo. b) Contenido, el cual consiste en la parte dispositiva o declarativa de todo acto c) Fin público buscado con la emisión del correspondiente acto administrativo, como resultado perseguido en función del motivo del acto.
Como elementos formales del acto administrativo, encontramos tanto la competencia del órgano responsable de su emisión, como la investidura y legitimación del servidor que emite el acto y el cumplimiento de determinados requisitos en la emisión de la voluntad de éste, sea su razonabilidad, proporcionalidad, la ausencia de error, dolo y violencia en la voluntad y la sujeción a las reglas de la técnica y la ciencia, fundamentalmente. A partir de esta forma de manifestación formal y escrita, devienen actos y hechos de trascendencia jurídica, en tanto ejecutorios de la primera. En este orden de ideas, estos últimos se han caracterizado de la siguiente manera: "... una vez dictado y firme el acto administrativo formal que le pone fin al procedimiento administrativo, sea válido o relativamente nulo-, es preciso realizar una serie de actuaciones u operaciones materiales para darle debida ejecución, aún en contra de la voluntad o resistencia del destinatario (artículos 146, párrafo 1 y 176 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública).
Es claro que nos referimos a los actos administrativos ejecutorios, es decir, que requieren de su ejecución para tener eficacia..." (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I). Nuestro ordenamiento jurídico, ha previsto que, ante la ausencia o defectos en alguno de los elementos del acto administrativo, estaríamos en presencia de un vicio de nulidad absoluta o relativa, según sea el caso. Es así como el artículo 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto, señala: " Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente". "Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta." Con respecto a los alcances de la nulidad absoluta, se ha indicado lo siguiente: ".... cuando el acto es manifiesta y flagrantemente ilegal, o, mejor dicho, gravemente ilegal (en el sentido preciso que posteriormente se indicará), ni se presume legítimo ni se puede ejecutar sin incurrir en responsabilidad, por lo que el resultado final que esa ejecución pueda agregar al mundo jurídico o real -de darse- deberá reputarse perturbación del ordenamiento y de su "efectividad" y reprimirse como atentado contra el estado posesorio de sus derechos e intereses por el administrado" (Eduardo Ortiz Ortiz. Nulidades del Acto Administrativo en Ley General de la Administración Pública).
B- Inexistencia de los vicios alegados. De una revisión del expediente administrativo y específicamente el acto final contenido en la resolución de las 9:30 hrs. del 15 de enero de 2018, comunicado en el oficio número 5201-10-2018, en referente a la constitución de los elementos sustanciales del acto administrativo, se desprende que los mismos se encuentran ajustados a derecho al tenor de lo dispuesto en el ordinal 128 de la Ley General de Administración Pública. B.1. Motivo. Siendo este como se definió, los antecedentes jurídicos y fácticos, sobre el cual la Administración basa su legitimación para dictarlo, en el sub examine, las partes al pactar suscribieron cuáles eran sus obligaciones y que en caso de incumplimiento las consecuencias de estas. Del contrato se desprende, sin controversia entre las partes, que la empresa actora dentro de los primeros tres años debía construir el proyecto objeto del contrato y entregarlo en lo que se conoce Fecha Garantizada de Inicio de Operación Comercial, y que en caso de incumpliendo el ICE dentro de sus derechos y potestades derivadas del Contrato y la Ley, podía resolver el contrato.
Como ha quedado acreditado eso no fue lo que pasó, sino que incluso en esta sede la parte actora invoca eximentes de responsabilidad como son el Caso Fortuito y Fuerza Mayor, pero, estos no fueron probados de forma fehaciente por la agraviada en sede administrativa. Es así entonces que este antecedente fáctico como parte del elemento motivo, le permite al ICE iniciar las gestiones y notificarle sus intenciones al Contratista de resolver el contrato, debido a los incumplimientos en la ejecución de lo pactado, siendo entonces, su antecedente jurídico las cláusulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 10, 11.2 del Contrato y los artículos 11 de LCA y 212 del RCA. A criterio de este Tribunal existió motivo suficiente para que el ICE ejerciera el derecho a resolver de forma unilateral el Contrato, siendo este legítimo y existente al momento de su adopción, según doctrina del ordinal 133.1 de la Ley General de Administración Pública.
B.2. Contenido. Otro de los argumentos ligados al del elemento motivo, que la parte expresó, es relacionado con el contenido del acto administrativo, el cual considera que no se ajusta. Dispone el artículo 133 de la LGAP: "1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo". El ICE en la parte dispositiva del acto impugnado indica que con fundamento las normas citadas, procede a disponer, en lo que interesa: "1.
La resolución de Contrato de la Licitación Pública 2006LN-000043-PROV, adjudicada al contratista Hidrotárcoles S.A. 2. La sanción de apercibimiento con base el artículo 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa para la empresa Hidrotárcoles S.A. (...)". En contraste de lo dispuesto por el ICE y la norma, se extrae que el contenido el lícito y posible por estar dentro de lo pactado. En consecuencia sin mayor reiteración de los argumentos, estima este Tribunal que el acto final impugnado, se encuentra ajustado a derecho al tenor de lo dispuesto en el artículo 128 de LGAP, no existiendo nulidad alguna que declarar. B.3. Fin. Dispone el ordinal 131 de la LGAP: "1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 3.
La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder". De la norma se puede indicar que el fin del ato administrativo refiere al propósito o resultado que la Administración busca alcanzar al emitir dicho acto. Este fin debe ser un interés público y estar previsto por la norma. Así el tratadista Agustín Gordillo lo define como: "El elemento teleológico del acto administrativo, se refiere a la finalidad o propósito con el que se emite dicho acto. Es el "para que" del acto, la razón de ser que justifica su existencia en función del interés público que busca satisfacer. En esencia, es el fin último que el acto administrativo pretende alcanzar, y debe estar alineado con el marco legal que lo sustenta" (Teoría General del Derecho Administrativo. Tomo 8. Buenos Aires). En este caso, estima esta Cámara, se configura ele elmento "fin" en el acto que dictó la resolución contractual, en protección del interés público que en su momento se buscaba al suscribirse el Contrato, pero que se vió afectado por el incumplimiento del Contratista. Por lo que dicho elemento se encuentra ajustado a derecho.
Realizado el análisis de todos los argumentos del actor, tanto de forma como de fondo, se arriba a las siguientes conclusiones:
a. Evento Uno. Atraso del ICE en emitir el Oficio dirigido a la ARESEP informando la adjudicación del Contratista. No es un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, pero tampoco era requisito legal para iniciar la construcción del proyecto.
b. Evento Dos. Plazo consumido por la ARESEP para otorgar la concesión, como se indicó, el plazo que se invirtió en la ARESEP para que se le otorgara la concesión, en nada influye para iniciar la construcción de la planta hidroeléctrica e incluso terminarla, es más, aun en la hipótesis de que se durara tres años, perfectamente se podía terminar el proyecto y empezar a vender la energía una vez otorgada la concesión. Debe entenderse que la concesión es para la explotación del recurso hídrico no así para la construcción de la planta.
c. Evento tres. Plazo requerido para la obtención del financiamiento. Tampoco es un requisito inicial para la construcción, es más, el Contrato otorga 6 meses, y una prórroga de 6 meses más, cuando el Contratista prueba de que no fue su negligencia y que se va obtener el financiamiento en dicho plazo de prórroga, todo dentro de la lógica que el adjudicatario de la licitación tiene una inversión inicial.
d. Período de corrección previo a la resolución contractual. No solo no es un requisito para el inicio, sino que como ha quedado demostrado no es un hecho que pueda desplazar la fecha garantizada.
e. Obtención de los permisos de tala de árboles, fase exploratoria. Tampoco es un hecho que pueda por sí mismo desplazar la fecha garantizada, pues es un trámite que debe hacer el Contratista, y debe estar previsto dentro de sus planes de trabajo para poder cumplir dentro de los tres años. Es más este asunto incluso quedó resuelto con el Decreto Ejecutivo que declaró de interés nacional dicho decreto con el fin de que la tramitología ante el SINAC fuera más expedita.
En resumen de todo lo aquí dicho en estas conclusiones estima este Tribunal que los argumentos presentados por la parte actora no tienen asidero jurídico, sino que son solo apreciaciones subjetivas e interpretaciones personales de los hechos y contrato, con el fin de sustentar su incumplimiento contractual, el cual ha quedado demostrado por el ICE, no solo en la fase de ejecución contractual sino también en el Procedimiento Administrativo de Recisión. Por lo que estima esta Cámara que lo actuado por el demandado se encuentra ajustado a derecho.
Solicita la parte actora que en virtud de las nulidades decretadas se le indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por las actuaciones del ICE, consistente en los costos asumidos por Hidrotárcoles S.A. y los reclamos de que fue objeto por parte de Hidrochina y Constructora Sánchez Carvajal S.A. Dichos daños y perjuicios los estimó de forma prudencial en la suma de $ 20.750.905.00 (veinte mil setecientos cincuenta mil novecientos cinco dólar moneda americana de los Estados Unidos de Norte América). Criterio del Tribunal. Conforme se resolvió líneas atrás, no existe ninguna conducta contraria a derecho que el ICE haya realizado en su relación contractual con la empresa actora. En ese orden de ideas, al no existir ninguna declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados, y ser el reclamo de los daños y perjuicios, accesorios a dicha pretensión, no existe ningún nexo de causalidad entre la conducta impugnada y los daños reclamados. En consecuencia, se impone el rechazo de estos, como en efecto en este momento se dispone.
La representación legal del ICE al contestar la demanda y las ampliaciones de demanda contestó negativamente e interpuso en todas las etapas la excepción de falta de derecho. Por las razones indicadas de forma amplia en los considerandos anteriores la misma debe ser acogida, y en consecuencia declarar sin lugar en todos sus extremos las pretensiones de la empresa actora.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, con las excepciones contenidas en los incisos a) y b) del mismo artículo. Al haber sido declarada con lugar la demanda y no encontrarse ninguna causal que justifique la eximente, se condena a la empresa Hidrotárcoles Sociedad Anónima al pago de las costas personales y procesales del presente proceso, así como los intereses que dicha suma genere, una vez fijadas las mismas en ejecución de sentencia.
POR TANTO
Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara Sin Lugar la demanda interpuesta por HIDROTÁRCOLES SOCIEDAD ANÓNIMA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. Las costas más sus intereses a cargo de la parte vencida, las cuales serán fijadas en ejecución de sentencia. Notifíquese.
Rodolfo Marenco Ortiz Eduardo González Segura Marco Antonio Hernández Vargas ???????????????
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