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Res. 04070-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 30/04/2025
OutcomeResultado
The claim is denied in all respects, the lack-of-right defense is upheld, and the plaintiff is ordered to pay both costs.Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, se acoge la excepción de falta de derecho y se condena a la actora al pago de ambas costas.
SummaryResumen
The Administrative Appeals Court denies the claim of María Teresa Urbina Hidalgo against the State and Yesenia Araya Trejos. The plaintiff, a provisional MINAE employee, was excluded from internal competition 001-2017 for the position she held, after scoring 50% on selection predictors, below the required 70% minimum. She alleged lack of reasoning in the exclusion act and failure to communicate format requirements for her experience certificates. The Court holds that the Administration cured the defect by providing a breakdown of scores and that the plaintiff had an opportunity to defend herself. The Law on Simplification of Procedures does not apply, as this was not an administrative request but a regulated competition. The lack-of-right defense is upheld, and reinstatement and damages are denied, since the plaintiff was already appointed to another permanent position and the vacancy was filled by a qualified candidate through an external competition.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de María Teresa Urbina Hidalgo contra el Estado y Yesenia Araya Trejos. La actora, funcionaria interina del MINAE, fue excluida del concurso interno 001-2017 para el puesto que ocupaba, al obtener un 50% en los predictores de selección, por debajo del 70% mínimo requerido. Alegó falta de motivación del acto de exclusión y omisión de requisitos de formato para sus certificados de experiencia. El Tribunal considera que la Administración subsanó el vicio al proporcionar el desglose de calificaciones y que la actora tuvo oportunidad de defenderse. No aplica la Ley de Simplificación de Trámites porque no se trataba de una solicitud administrativa sino de un concurso reglado. Se acoge la excepción de falta de derecho y se deniega la reinstalación e indemnizaciones, pues la actora ya fue nombrada en propiedad en otro puesto y la plaza fue adjudicada a otra persona idónea mediante concurso externo.
Key excerptExtracto clave
The Court's criterion: in this case, what must be determined is whether the exclusion of the plaintiff from the internal competition by the defendant Administration was in accordance with the legal system. […] Thus, the Court considers that since the Administration cured the lack of reasoning in official letter DRH-378-2017 of September 7 with official letter DRH-462-2017 of the 12th of the same month and year, making its content clear and thereby providing the plaintiff with the possibility to adequately exercise the appeal stage, the Court considers that the sought nullity is not appropriate, because there is no nullity for nullity's sake, and having provided the information that was omitted in the first letter, the alleged lack of reasoning and content no longer exists. […] It should also be noted that in this case the application of Articles 5 and 6 of Law No. 8220, the Law on Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, as claimed by the plaintiff, was not appropriate, because we are not dealing with a request made by Mrs. Urbina Hidalgo to the Administration, but rather an internal competition, in which the requirements that interested parties had to meet in order to be evaluated were published, and if any of them were not submitted, the Directorate could not disregard the established regulations and request correction of documents that had not been submitted as established in the call and in the applicable regulations. This is because the mere presumption of compliance with the subjective standards and parameters required for the position, without the due and timely submission of the necessary documents with the required requirements that would allow the proper individual analysis of the plaintiff, would constitute a singling out exemption from requirements, which would entail a risk of disregard for the principle of proven suitability that must be imposed in this type of competition. Therefore, the claim regarding the nullity of official letter number DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Recruitment and Selection Coordinator of the Human Resources Directorate of the MINAE Department, must be rejected, so it is not appropriate to recognize the excess work experience as requested by the plaintiff.Criterio del Tribunal, en el presente caso lo que debe determinarse es si la exclusión del concurso interno realizado a la actora por parte de la Administración demandada fue o no conforme al ordenamiento jurídico. […] Así las cosas, considera este Tribunal que al haberse subsanado por parte de la Administración la falta de motivo del oficio DRH-378-2017 de fecha 07 de setiembre con el oficio DRH-462-2017 del día 12 del mismo mes y año, ser ahora si ser claro el contenido del mismo y de esa forma darse la posibilidad a la accionante de poder así ejercer adecuadamente la fase recursiva, considera este Tribunal que no es procedente la nulidad pretendida, debido a que no hay nulidad por la nulidad misma, y al haberse brindado la información que era omisa en el primer oficio, ya no se daría la falta de motivo y contenido alegada. […] Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto. Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso. Así las cosas, se debe rechazar la pretensión cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, por lo que no es procedente reconocer la experiencia laboral excedente como lo solicita la accionante.
Pull quotesCitas destacadas
"no hay nulidad por la nulidad misma, y al haberse brindado la información que era omisa en el primer oficio, ya no se daría la falta de motivo y contenido alegada."
"there is no nullity for nullity's sake, and having provided the information that was omitted in the first letter, the alleged lack of reasoning and content no longer exists."
Considerando VII
"no hay nulidad por la nulidad misma, y al haberse brindado la información que era omisa en el primer oficio, ya no se daría la falta de motivo y contenido alegada."
Considerando VII
"la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso."
"the mere presumption of compliance with the subjective standards and parameters required for the position, without the due and timely submission of the necessary documents with the required requirements that would allow the proper individual analysis of the plaintiff, would constitute a singling out exemption from requirements, which would entail a risk of disregard for the principle of proven suitability that must be imposed in this type of competition."
Considerando VII
"la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso."
Considerando VII
"el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba… c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario…"
"the provisional official has an improper stability, since legitimate causes for removal from the position are the following: a.) when the provisional substitutes the permanent holder for a specific period, and the holder returns to occupy the position; b.) when the holder of the position does not successfully complete their probationary period… c.) in cases of vacant positions, when the provisional occupying it fails to win the competition and it is assigned to another official…"
Considerando VI
"el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba… c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario…"
Considerando VI
"Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales, entendiendo por tales aquellas 'cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión'."
"Only the omission of substantial formalities shall cause nullity of the proceedings, understanding as such those 'whose correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects or whose omission would cause defenselessness'."
Considerando VII
"Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales, entendiendo por tales aquellas 'cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión'."
Considerando VII
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VI.PRINCIPLES AND RULES GOVERNING ACCESS TO PUBLIC POSITIONS. In light of the main claim filed in this contentious-administrative proceeding, it is necessary to be clear about the public employment regime governing our legal system, which differs from the regime regulating labor relations in the private sector. It must be kept in mind that there are two types of public servants under this public employment regime: those appointed with tenure (nombrados en propiedad) and those appointed on an interim basis (nombrados interinamente). This difference was already addressed by this Court in judgment number 110-2016-VI of nine o'clock on July twenty-seventh, two thousand sixteen, in the following terms: "...Regarding the interim worker, that designation arises from certain exceptional circumstances in their form of hiring and, generally, in the way the employment relationship develops and ends. Thus, the interim worker is an individual who participates in the employment relationship as a result of an urgent situation or necessity in the provision of the service, to cover or occupy a position for a specific period, which means it has a start date and an end date, due to particular circumstances, whether vacations, sick leaves, leaves of the permanent incumbent, or because the post is vacant—due to various circumstances, such as retirement of the owner, death of the worker, resignation of the permanent incumbent, dismissal, and generally any other situation that makes it necessary to hold a competitive examination (concurso de oposición) to fill the position, such as the creation of new ones. This official does not acquire rights over the position they occupy, given the exceptional nature of their appointment, a characteristic that distinguishes them from the tenured servant—who enjoys job stability, which grants them certain rights not enjoyed by the substitute. (In this regard, see judgment number 4845-99, of sixteen hours and twenty-one minutes of June twenty-second, nineteen ninety-nine, of the Constitutional Chamber.) Notwithstanding the above, the interim official must perform the position with full responsibility, meeting its requirements and duties. The interim worker performs a circumstantial task destined to be exhausted, which does not admit the expectation of its continuity or permanence. The purpose of such substitution or occupation is to guarantee efficiency and continuity in the provision of services in administrative management. Now, the difference in degree between the stability of a servant appointed with tenure and the stability of a servant appointed on an interim basis must be clarified, given that the former enjoys full protection of the statutory relationship, under the terms of Article 192 of the Constitution, insofar as they may only be dismissed or removed from their post "...for the causes of justified dismissal set forth in labor legislation, or in the case of forced reduction of services,..." In contrast, as noted, the interim official possesses an improper stability, as the following are legitimate causes for their removal from the post: a.) when the interim substitutes for the permanent incumbent for a specified time, and the latter returns to occupy their post; b.) when the permanent incumbent of the position does not successfully complete their probationary period in another position due to promotion, and must return to their post; c.) in cases of vacant positions, when the interim occupying it does not succeed in winning the competitive examination and it is assigned to another official; d.) in cases of administrative restructuring, following a series of specific guidelines; e.) application of the disciplinary regime for faults committed by the interim official; f.) establishing the lack of suitability of the latter to perform their duties; and g.) when the interim was appointed due to a lack of qualified candidates (inopia) (interim without requirements) to appoint another interim who does meet the requirements [...]
VII. [...] It is the Court's opinion that, in the present case, what must be determined is whether the exclusion of the plaintiff from the internal competitive examination conducted by the respondent Administration was in accordance with the legal system or not [...] she had been informed that the certifications contained in her personnel file did not meet the requirements established in the regulations. It should also be noted that, in the present case, the application of Articles 5 and 6 of Law No. 8220, the Citizen Protection from Excess Requirements and Administrative Procedures Law, was not appropriate, as alleged by the plaintiff, because we are not dealing with an application filed by Mrs. Urbina Hidalgo with the Administration, but rather an internal competitive examination, in which the requirements that interested parties had to meet in order to be evaluated had been published, and if any of them were not submitted, the Directorate could not disregard the established regulations and request the correction of documents that had not been presented as established in the invitation and the applicable regulations for this purpose. This is because the mere presumption of compliance with the subjective standards and parameters required for the position, without the proper and timely submission of the necessary documents with the required specifications that would have allowed an adequate individual analysis of the plaintiff, would constitute a singular derogation of requirements, which would generate a risk of disregard for the principle of proven suitability that must be imposed in this type of competitive examination. Consequently, the claim must be rejected regarding the nullity of official letter number DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Recruitment and Selection Coordinator of the Human Resources Directorate of the MINAE Department, and therefore it is not appropriate to recognize the excess work experience as requested by the plaintiff [...] Finally, regarding the claims for compensation, these are unaddressable, insofar as the claim for compensation filed is linked to the success of the nullity and reinstatement claims made; that is, they are accessory requests to said claim. Since those requests have been denied, the claims for compensation made are consequently unaddressable, and therefore those items must be denied [...]".
...
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CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF:
MARÍA TERESA URBINA HIDALGO DEFENDANTS:
THE STATE AND YESENIA ARAYA TREJOS N° 2025004070 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, THIRD SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and twenty minutes on April thirtieth, two thousand twenty-five.- Ordinary proceeding, declared to be decided on the merits without further evidence, filed by attorney MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, bearer of identity card number 1-1033-695, lawyer, bar association membership number 26870, in his capacity as special judicial representative of Mrs. MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, bearer of identity card number 7-132-687; against the STATE, represented by the State Attorney appearing in the proceeding, Attorney MARIANELLA BARRANTES ZAMORA, bearer of identity card number 1-790-766, bar association membership number 8494; and YESENIA ARAYA TREJOS, bearer of identity card number 3-354-566, represented by her special judicial representative, Attorney CINDY MARÍA BLANCO GONZÁLEZ, bearer of identity card number 3-384-779, bar association membership number 17889.
CONSIDERING
I.- PRELIMINARY ASPECTS.- A) This resolution is issued in accordance with the formalities established in Law No. 92, the Civil Procedure Code (CPC), and the Regulations on Electronic Judicial Files before the Judiciary (REJEPJ), approved by the Full Court in Article XXXI of Session No. 22-13, held on May 20, 2013; B) The judgment is adopted unanimously, after the respective deliberation, with the drafting of the resolution assigned to the reporting judge, Judge Rodríguez Cubero, with the concurring vote and opinion of Judges Chaves Torres and Marenco Ortiz; II.- PROCEDURAL BACKGROUND. - The following is a summary of the procedural history: 1.- The claims of the plaintiff, according to the complaint filed on September 10, 2018, the briefs filed on November 9 of the same year and March 5, 2019, and the adjustments made at the preliminary hearing held on July fourteenth, two thousand twenty-two, are that the judgment declare: "...1- That this complaint be granted. /2. That the resolution communicated by official letter DRH-378-2017 be annulled. / 3. The Administration be ordered to recognize the excess work experience of my client, which is found in her personnel file, without applying arbitrary requirements that were not communicated or pre-established, with which she achieves 70% of the predictor classification. / 4. Based on the above, the Administration be ordered to appoint my client with tenure, given that in internal competitive examination 001-2017 regarding position number 360668, only my client competed. / 5. The respondent be ordered to pay costs. Amendment to the complaint 1. If claims 1, 2, and 3 of the main complaint are granted, the subsequent acts mentioned, payroll resolution 00816-2018 from official letter SETENA-ASA-0734-2018 and official letter DHR-RS-207-2018, be declared null, (brief dated November 9, 2018) and / 1. Upon the eventual declaration of nullity of the acts challenged in this proceeding, the respondent be ordered to reinstate my client. 2. The respondent be ordered to pay back pay, year-end bonus, school bonus, vacations, annual increases, and statutory raises, from my client's effective termination until she is reinstated. / 3. The respondent be ordered to pay legal interest and indexation on the above amounts from the time they were due until their effective payment. / 4. That the percentage of the costs order cover these new items…" (brief dated March 5, 2019) (see images 10 to 19, 124 to 132, and 357 to 358 of the digital judicial file scanned into a single PDF file and the digital backup of the preliminary hearing).
2.- By order of ten hours and forty-seven minutes of September eleventh, two thousand eighteen, the Court served the complaint upon the State (see images 24 to 25 of the digital judicial file scanned into a single PDF file) 3.- By brief dated November 5, 2018, the State's representation responded negatively to the complaint, requested it be declared without merit, and raised the defense of lack of right, and that the plaintiff be ordered to pay costs of the proceeding (see images 38 to 55 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
4.- On November 9, 2018, the plaintiff filed a brief on new facts and claims and a request for a precautionary measure, on which the State was heard by order of nine hours and fifty-four minutes of November thirteenth, two thousand eighteen (see images 124 to 174 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
5.- By briefs dated December 3 and 10, 2018, the State's representation responded to the hearing granted, requesting the rejection of the precautionary measure and the amendment to the complaint, and raised the defenses of lack of right and lack of current interest (see images 178 to 191 and 264 to 278 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
6.- By brief filed on March 5, 2019, the plaintiff filed an amendment to the complaint (see images 357 to 358 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
7.- By resolution number 1824-2019 of eleven hours and fifty minutes of October seventh, two thousand nineteen, the Procedural Judge denied the requested precautionary measure, which was upheld by the Court of Appeals for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, Section II, by vote 010-2020-II of nine hours and fifty minutes of January ninth, two thousand twenty (see images 386 to 389 and 397 to 399 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
8.- By resolution number 968-2020 of eleven hours and ten minutes of June second, two thousand twenty, Mrs. Yesenia Araya Trejos, who was appointed as the permanent incumbent of position number 360668, which was the one the plaintiff occupied, was joined ex officio (see image 440 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
9.- By order of eleven hours of June fifteenth, two thousand twenty, the Court served the complaint upon Mrs. Yesenia Araya Trejos (see image 445 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
10.- By brief filed on September ninth, two thousand twenty, the plaintiff filed a modification of the claims, which was rejected by order of ten hours and four minutes of February ninth, two thousand twenty-one. Said order was appealed by the plaintiff on February twenty-second of that same year. The reconsideration appeal filed was rejected by order of seventeen hours and thirty-seven minutes of February twenty-sixth, two thousand twenty-one, and the appeal was rejected outright by the Court of Appeals for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, Second Section, at seven hours and thirty-three minutes of May twenty-seventh, two thousand twenty-one (see images 453 to 456, 475 to 477, 481 to 485, and 490 to 492 of the digital judicial file scanned into a single PDF file) 11. A first preliminary hearing was held at thirteen hours and thirty-five minutes of July fourteenth, two thousand twenty-two, at which the claims were defined and the hearing was suspended to notify the service of the complaint upon Mrs. Araya Trejos and to hear the State on the amendment brief to the action filed by the plaintiff on March 5, 2019, to which the Administration responded by brief dated July 15, 2022 (see images 529 to 534 of the digital judicial file scanned into a single PDF file) 12. By brief filed on November 6, 2023, Mrs. Yesenia Araya Trejos responded negatively to the complaint, requested it be declared without merit, and raised the defenses of lack of interest and lack of right, and that the plaintiff be ordered to pay costs of the proceeding (see images 583 a 600 of the digital judicial file scanned into a single PDF file) 13. On June 12, 2024, the preliminary hearing was held with all parties, at which the different stages thereof were carried out. The claims were established in the form already defined in point one of this section. All the facts of the complaint were determined to be contested. The entirety of the documentary evidence offered by the parties was admitted. The proceeding was declared to be decided on the merits without further evidence, and the parties made their closing arguments orally, which proceedings were recorded in the corresponding electronic system and are contained in the associated documents folder of the virtual file (see images 657 to 659 of the digital judicial file scanned into a single PDF file and the digital backup of the preliminary hearing).
14.- There are no defects or omissions that cause procedural nullity of the actions in this matter.
III.- SUBJECT OF THE PROCEEDING. - The claim established by the plaintiff in the present contentious-administrative proceeding is annulment in nature, requesting that resolution DRH-378-2017 be annulled and that the excess work experience she possesses and which is contained in her personnel file be recognized, without the application of arbitrary requirements that were not pre-established or communicated, so that she may be appointed to position number 360668. As well as the subsequent acts, which are payroll resolution 0086-2018 from official letter SETENA-ASA-0734-2018 and official letter DRH-RS-207-2018, and that, since someone has been appointed with tenure to the position, the respondent be ordered to reinstate her, as well as the payment of back pay, year-end bonus, school bonus, vacations, annual increases, and raises from her termination until her reinstatement, along with interest on those sums. In this regard, she states the following: 1) That her client was excluded from Internal Competitive Examination number 001-2017 of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy (hereinafter MINAE) and it was declared void because she was the sole offeror and was excluded for not achieving 70% of the predictors, but she was not informed of the reasons why she did not meet that percentage, so the resolution lacks elements of cause and content. She was never told the basis for not considering the experience certificates her client holds and that are in her personnel file, nor were the formatting requirements communicated during the publication of the competitive examination, so the 20% reduction in the excess work experience score is illegitimate and contrary to law; and 2) Despite the Administration having full knowledge of the present contentious-administrative proceeding, in which the administrative act through which my client was declared ineligible is precisely being challenged, it proceeds to take actions seeking to formalize the award of the position, thereby terminating her. Therefore, the subsequent acts performed by the Administration are entirely dependent on the main act challenged, insofar as if the latter is null, as requested in the main claim, the subsequent ones cannot exist, since two people cannot be appointed to the same position. Finally, she requested an order for costs against the respondents. The representations of the State and Mrs. Araya Trejos opposed the action and raised the defenses of lack of current interest and lack of right. It falls, therefore, to examine whether the plaintiff has a right regarding what has been petitioned.
IV.- PROVEN FACTS: For the purposes of issuing this resolution, the following facts are deemed duly demonstrated according to sound rational criticism, either because they emerge from the body of evidence submitted and admitted in this proceeding, or because the parties have accepted them.
1.) Mrs. Urbina Hidalgo was appointed at MINAE as of November 2, 2015, on an interim basis, to position number 360668, of the class Civil Service Professional 2, PAMAC (see image 93 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
2.) By resolution number DG-155-2015 of fourteen hundred hours on September eighteenth, two thousand fifteen, the General Directorate of Civil Service resolved to establish the regulations for conducting internal competitive examinations for positions covered by the Civil Service Regime that are included in Title I, Title II in its Technical Teaching, and Administrative Teaching Strata, and in Title IV, all of the Civil Service Statute and its Regulations, and that are carried out based on Article 21 of the Regulations to the Civil Service Statute, Executive Decree No. 21 of December 14, 1954, and its amendments (see images 58 to 73 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
3.) By official letter number DRH-759-2016 dated November 28, 2016, signed by MSc. Vianney Loaiza Camacho, Human Resources Director of MINAE, the following was provided: "…each Human Resources liaison is again urged to inform all personnel, whether interim or with tenure, of the importance and mandatory nature of keeping their respective personnel files updated, and that these are different from the so-called Professional Career Archive. / This is because, in the preparatory stage for the Internal Competitive Examination Process, upon preliminary review of some personnel files, it was identified that most have not been updated by the official. / The maximum date for completing the update will be Friday, December 23rd of the current month; any document arriving after that date will not be taken into account for the internal competitive examination. / Likewise, program heads are reminded that they must ensure that Human Resources liaisons duly fulfill their functions…" (see image 57 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
4.) That the Recruitment and Selection Department of the Human Resources Directorate of MINAE called for internal competitive examination 001-2017 for the class of Civil Service Professional 2, specialties: meteorology, industrial engineering, management and conservation of national water resources, agricultural sciences, biotechnology, electromechanical engineering, law, and geology. The general requirements established were: a bachelor's degree in a field related to the specialty of the position, 2 years of experience in professional tasks related to the position, its specialty, or the individual's training. It was stated that the evaluation would be carried out based on the documents and evidence contained in the personnel file maintained by the Human Resources Directorate, pursuant to official letter DRH-759-2016 dated November 28, 2016. In the case of qualifications for seniority, professional experience, or others, they must be requested from the liaison of each department and delivered within the same deadline as the expression of interest form. Among the posts to be selected was the one the plaintiff occupied at that time (see images 75 to 86 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
5.) Mrs. Urbina Hidalgo participated in internal competitive examination number 001-2017 called for by the Human Resources Directorate of MINAE to occupy the position she held on an interim basis, aiming to obtain it with tenure (see images 80 to 86 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
6.) That by official letter number DRH-378-2017 of September 7, 2017, Mrs. María del Pilar Guevara Navarro, Recruitment and Selection Coordinator of the Human Resources Directorate of MINAE, communicated the following to the plaintiff: "…Pursuant to official letter ARSP-UAC-770-2017, dated September 1st of the current year, signed by Mr. Sergio Ulloa Mattey, Head of the Examination Administration Unit of the General Directorate of Civil Service, after having carried out the corresponding procedures, your condition is determined to be:
ELIGIBLE NOT ELIGIBLE X Nonetheless, we deeply regret to inform you that, given that you obtained a score below 70% on the evaluation of predictors, you did not continue participating in internal competitive examination 001-2017 MINAE, in the class Civil Service Professional 2, Specialty: Environmental Protection and Conservation Area Management, pursuant to the provisions of Resolution DG-155-215, in Chapter IV, On the Internal Competitive Examination Process, point VI. Evaluation of Selection Predictors, last paragraph, which states: "… To form a list of eligible candidates, the candidate must obtain a final score equal to or greater than 70% across all the established selection predictors…" (see image 104 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
7.) That by official letter number DRH-462-2017 of September 12, 2017, at the plaintiff's request, the predictors to be evaluated according to the class of the position for which she was competing and the score obtained for each predictor were broken down as follows:
Seniority Performance Evaluation Excess Work Experience Related Training Total Score 20% 30% 30% 20% 100% 20 20 10 0 50 (see images 105 to 106 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
8.) By brief filed on September 14, 2017, Mrs. Urbina Hidalgo filed a reconsideration appeal with a subsidiary appeal against official letter number DRH-378-2017 of September 7, 2017 (see images 107 to 115 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
9.) By resolution number R-DRH-174-2017 of thirteen hours and twenty-five minutes of October thirty-first, two thousand seventeen, MSc. Vianney Loaiza Camacho, Human Resources Director of MINAE, denied the reconsideration appeal filed (see images 116 to 121 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
10.) By resolution number R-374-2017-MINAE of nine hours of November third, two thousand seventeen, the Minister of MINAE denied the appeal filed by the plaintiff (see images 31 to 37 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
11.) By official letter number SETENA-SG-1551-2018 of August 22, 2018, signed by MSc. Sergio Bermúdez Muñoz, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, he requested MSc. Vianney Loaiza Camacho, Human Resources Director of MINAE, that the staffing requests for positions number 349973, 349987, and 360668 be resolved through an external competitive examination; in the specific case of the post occupied by the plaintiff, it is stated that this is requested because Mrs. Urbina Hidalgo did not pass the predictors of the internal competitive examination, and he requests the sending of shortlists with the largest possible number of candidates (see images 192 to 197 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
12.) By official letter number SETENA-ASA-0734-2018 of October 31, 2018, MSc. Vianney Loaiza Camacho, Human Resources Director of MINAE, was notified of payroll resolution 816-2018, corresponding to position 36068, of the class Civil Service Professional 2, PAMAC, in which five people were interviewed, including the plaintiff, and after reviewing the respective curricula vitae and conducting the interviews with each one, it is requested to appoint Mr. Daniel Villavicencio Serrano with tenure, who obtained the highest score (see images 200 to 204 of the digital judicial file scanned into a single PDF file).
13.) That MSc. Vianney Loaiza Camacho, Human Resources Director of MINAE, certified on April sixteenth, two thousand twenty, the following: "…FIRST: That according to the information referenced in the Integra System, Position No. 360668, classified as Civil Service Professional 2 and appearing within the Roster of Positions of the Ministry of Environment and Energy, was occupied on an interim basis by Mrs. MARIA TERESA URBINA HIDALGO, ID No. 0701320687, from 11/01/2015 until 11/15/2018. SECOND: That since then and during the period from November 2018 to date, the referenced position has undergone the following personnel movements: from 11/16/2018 to 07/30/2019 it was occupied with tenure by Mr. DANIEL ALFREDO VILLAVICENCIO SERRANO, ID 0112970821; who was subject to an INTERINSTITUTIONAL LATERAL TRANSFER WITH TENURE to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), as of August 1, 2019. THIRD: That the position left by Mr. Villavicencio (No. 360668) remained vacant until 10/01/2019, when the administration decided to apply a Promotion with Tenure to Mrs.
YESENIA DE LOS ANGELES ARAYA TREJOS, identification number 0303540566; who is currently its occupant…” (see image 432 of the digital judicial file scanned in a single PDF file).
14.) On May 31, 2020, the plaintiff was appointed with full tenure to position number 95114505742, Civil Service 2 professional, specialty Environmental Protection and Conservation Area Management, a position assigned to the Esparza Subregional Office, of the Department of Forest Resources and Wildlife of the Central Pacific Conservation Area (see official communication No. SINAC-ACOPAC-ORDRH-116-2020, images 456 to 457 of the digital judicial file scanned in a single PDF file).
V.- UNPROVEN FACTS. - Also important for the decision in this matter, the plaintiff did not prove the following:
1.) That the plaintiff was unaware of the content of official communication DRH-759-2016 dated November 28, 2016, signed by MSc. Vianney Loaiza Camacho, Director of Human Resources of MINAE.
2.) That the plaintiff made any inquiry or filed any appeals against the invitation to Internal Competition No. 001-2017 conducted by the Human Resources Directorate of MINAE.
VI.OF THE PRINCIPLES AND RULES GOVERNING ACCESS TO PUBLIC POSITIONS. In consideration of the primary claim made in this contentious-administrative proceeding, it is deemed necessary to clarify the public employment regime that governs in our legal system, which differs from the regime regulating labor relations in the private sector. It must be kept in mind that there are two types of public servants in this public employment regime: those appointed with full tenure (nombrados en propiedad) and those appointed on an interim basis (nombrados interinamente). This difference was already developed by this Court in judgment number 110-2016-VI at nine o'clock on July twenty-seventh, two thousand sixteen, in the following terms: "...Regarding the interim worker (trabajador interino), this classification is due to certain exceptional circumstances in their form of hiring and, in general, in the way the employment relationship develops and concludes. Thus, the interim worker is the subject who participates in the employment relationship as a consequence of a situation of urgency or need in the provision of the service, to cover or occupy a position for a specific period, which means it has a start date and an end date, due to particular circumstances, such as vacations, sick leave, leaves of absence of the permanent holder (titular), or because the position is vacant—for various circumstances, such as retirement of the owner, death of the worker, resignation of the permanent holder, dismissal, and in general any other situation that makes it necessary to hold an open competition (concurso de oposición) to fill the position, such as the creation of new ones. This official does not acquire rights over the position they occupy, given the exceptional nature of their appointment, a feature that differentiates them from the permanent servant (servidor propietario)—who enjoys stability in the position, which grants them certain rights that the substitute does not enjoy. (In this regard, see judgment number 4845-99, at sixteen hours and twenty-one minutes on June twenty-second, nineteen ninety-nine, of the Constitutional Chamber). Notwithstanding the foregoing, the interim official (funcionario interino) must perform the duties with absolute responsibility, requirements, and duties thereof. The interim worker carries out a circumstantial task destined to be exhausted, which does not admit the expectation of its continuity or permanence. The objective of said substitution or occupation is to guarantee efficiency and continuity in the provision of services in administrative management. Now, the difference in degree between the stability of a servant with a full tenure appointment (nombramiento en propiedad) and the stability of a servant with an interim appointment must be clarified, given that the former has the full protection of the statutory relationship, under the terms of article 192 of the Constitution, as they can only be dismissed or removed from their position "...for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services,..." In contrast, as noted, the interim official possesses an improper stability, as the legitimate causes for their removal from the position are the following: a.) when the interim substitutes the permanent holder for a specified time, and the latter returns to occupy their position; b.) when the permanent holder of the position does not successfully complete their probationary period in another position under promotion, and must return again to their position; c.) in cases of vacant positions, when the interim occupying it does not succeed in winning the competition and it is assigned to another official; d.) in cases of administrative restructuring, following a series of specific guidelines; e.) application of the disciplinary regime for offenses committed by the interim official; f.) those establishing the lack of suitability of the latter to perform their duties; and g.) when the interim was appointed due to lack of candidates (inopia) (interim without requirements) in order to appoint another interim who does meet the requirements. The foregoing has also been developed by constitutional case law in the following terms: "... may only be removed from their position when certain special circumstances concur, such as the following: when they substitute another person for a specific period and it concludes, when the permanent holder (titular) of the position occupied by the interim official returns to it, when the servant promoted on an interim basis does not successfully pass the probationary period established by law, when the position occupied by the interim is vacant and is opened to competition to be assigned with full tenure, in qualified cases such as those where a restructuring process is underway that involves the elimination of positions—with the respective fulfillment of the legally established requirements to do so—, when the interim was appointed due to lack of candidates (inopia) (interim without requirements) to appoint another interim who does meet the requirements, when there has been a decrease in enrollment in the case of interim lectures, or when it involves the commission of a duly proven offense... " (Judgments number 2007-015728, at fifteen hours and fifty-eight minutes on October thirty-first, two thousand seven. In the same sense, among others, number 4351-93, number 4761-96, number 2007-15167, number 219-98, number 325-98, number 2010-819, and number 2011-4629-2011.) Finally, considering that the right to work is established as a fundamental right, the exercise of which allows for a dignified existence and whose fulfillment the State must monitor, protect, promote, and implement by the appropriate means, ensuring that in all official or private bodies, discriminatory employment policies are not applied when hiring, training, promoting, or retaining a person in employment, it has been deemed that every person (administrated party) has the right to access public functions and positions under conditions of equality, if they meet the reasonable requirements imposed by law. Pursuant to the provisions of articles 191 and 192 of the Political Constitution, a mechanism has been established for accessing public function, through the creation of a civil service regime for the entire Public Administration, based on "proven suitability (idoneidad comprobada)", in order to guarantee "efficiency" in public management—a principle that also has constitutional status— (in this sense, see constitutional judgments 1692-92, at fifteen hours thirty minutes on August twenty-third, nineteen ninety-two, and 140-93, at sixteen hours five minutes on January twelfth, nineteen ninety-three, and 2001-5694, at sixteen hours twenty-three minutes on June twenty-sixth, two thousand one, among others, all from the Constitutional Court); this is done through open competitions (concursos de oposición), so that through the evaluation of merits, it becomes possible to definitively incorporate the subject into a position with full tenure (plaza en propiedad). Thus, "The appointment regime for public servants and officials aims to guarantee the right of every person to have access, under general and reasonable conditions of equality, to public functions (article 23, paragraph 1, subsection c) of the American Convention on Human Rights) and to enjoy stability in employment. Furthermore, it enables the selection of whoever proves to be a suitable candidate to occupy the position for the sake of the efficient provision of public service. (judgment number 2001-5694, of the Constitutional Chamber, supra cited.) It is through this means that an interim (interino) can achieve the desired stability..."
VII.- ON THE LACK OF GROUNDS (MOTIVO) AND CONTENT OF THE CHALLENGED ACT. Regarding the primary claim made in this contentious-administrative proceeding concerning the nullity of official communication number DRH-378-2017 of September 7, 2017, from the Human Resources Directorate of the Recruitment and Selection Department of MINAE, in which the plaintiff is informed that she could not continue participating in Internal Competition No. 001-2017 MINAE, specifically arguing that said act lacks the elements of grounds (motivo) and content. The plaintiff claims that despite possessing suitability for said position, she was excluded from the competition for not achieving 70% of the predictors, but she is not told why she did not reach that percentage, nor does it refer to a concrete decision, who made said decision, what the evaluation parameters were, and how that conclusion was reached; the score obtained and its respective breakdown are not communicated to her, which is contrary to articles 132 and 133 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP). Furthermore, she argues that she was told at the appeal stage that the certifications submitted did not comply with the Civil Service format, but the required format was never communicated to her nor was she warned about it, contrary to articles 05 and 06 of the Law on Simplification of Procedures (Ley de Simplificación de Trámites). The reasons why the experience certifications found in her personnel file are not taken into account are not indicated, nor were the format requirements communicated during the publication of the competition, so the score awarded to her work experience is illegitimate and contrary to law. For its part, the State's representation states that the plaintiff did not achieve, in the sum of the selection predictors, the 70% required to be considered eligible and therefore could not continue as an applicant in competition 001-2017, and she was so informed via official communication DRH-378-2017 of September 7, 2017, issued by the Coordinator of Recruitment and Selection of the Human Resources Directorate of the Ministry of Environment and Energy. The plaintiff requested the breakdown of her score from the Human Resources Directorate of MINAE, which was sent. Therefore, she filed the appeals for revocation (revocatoria) and appeal (apelación), in which she alleges, regarding the scoring percentages she received in the selection predictors of seniority and excess experience, that she was unaware that the documents from some institutions for which she worked did not have the formalities required for recognition in positions covered by the Civil Service Regime (Régimen de Servicio Civil). However, what was alleged does not correspond to reality, since the report of the Department of Registration and Control, of the Human Resources Directorate of the Ministry of Environment and Energy DRH-DRC-EST-001-2016, of January 27, 2016, indicates the reasons why the time worked shown there cannot be recognized to her; there is a copy of this report in the personnel file and a copy was sent to the plaintiff, therefore the lawsuit must be dismissed. Opinion of the Court: In the present case, what must be determined is whether the exclusion of the plaintiff from the internal competition carried out by the defendant Administration was in accordance with the legal system or not. It must be noted that the Recruitment and Selection Department of the Human Resources Directorate of MINAE conducted competition 001-2017, in which the position that the plaintiff occupied on an interim basis was included. Said competition was conducted according to the stipulations established in resolution number DG-155-2015 of the General Directorate of Civil Service (Dirección General del Servicio Civil) (see proven fact 02 of this judgment), which regulates matters related to internal competitions of institutions governed by the Civil Service Regime, as is the case of MINAE. Furthermore, it is established that to participate in that competition, documents and certifications must comply with what is established in official communication DRH-759-2016 (see proven fact 03 of this judgment). It is within this competition that official communication number DRH-378-2017 of September 7, 2017, from the Human Resources Directorate of the Recruitment and Selection Department of MINAE, is issued, which is the one whose nullity the plaintiff requests. It is pointed out that said official communication is null because it has a defect in its grounds (motivo) and content, so we must proceed to analyze what should be understood as the grounds of the administrative act. The element of grounds (motivo) of the administrative act is defined as the factual or legal antecedent that requires, enables, legitimizes, or permits the adoption of the administrative conduct, that is, it refers to the necessary prerequisite for the exercise of competence in the specific case, such that its absence—as a result—prevents the Public Administration from acting, since there would be no legitimate cause for the exercise of the administrative function by its agents. Its regulation is observed in canon 133 LGAP, a norm according to which it must exist at the time of adopting the act, as well as throughout the entire course of its validity, just as it was originally considered, thus allowing the administrative conduct to be adapted or adjusted to the purpose assigned to it by the legal system and, incidentally, with its fulfillment, the Administration ensures the satisfaction of the public interest in each case. In the case of content, in accordance with the conditions imposed by canon 132.1 LGAP, it must be lawful, possible, clear, precise, and cover all questions of fact and law arising from the grounds (motivo), even as an ex officio duty; they could not be contrasted if the act does not set forth the reasons why it assumes a certain position. Therefore, in the case at hand, the plaintiff points out that she was excluded from the competition for not achieving 70% of the predictors, but she is not told why she did not reach that percentage, nor does it refer to a concrete decision, who made said decision, what the evaluation parameters were, and how that conclusion was reached; the score obtained and its respective breakdown are not communicated to her, meaning there is a defect in the statement of reasons (motivación). Therefore, an analysis of the administrative act whose nullity is requested must be carried out to determine if the argued defect occurs. It can be established that official communication DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Coordinator of Recruitment and Selection of the Human Resources Directorate of the Department of MINAE, resolves that Ms. Urbina Hidalgo obtained a score lower than 70% in the evaluation of predictors in Internal Competition 001-2017 in which she was participating for the class of Civil Service 2 professional, specialty: Environmental Protection and Conservation Area Management, according to what is established in resolution number DG-155-2015 of the General Directorate of Civil Service, for which reason it effectively does not indicate where that score was obtained from, as the plaintiff alleges. However, because it did not indicate what percentage had been obtained, the plaintiff requested on September 12, 2017, the score obtained and the respective breakdown, which was provided by the Administration in official communication number DRH-462-2017 (see proven fact 07 of this judgment), where she was told which were the predictors to be evaluated according to the class of position she participated in, what the score was in each predictor, and the final score, which was 50%, which was less than the percentage required to continue participating in the cited competition. With said information provided to Ms. Urbina Hidalgo, the Recruitment and Selection Department of the Human Resources Directorate of the Department of MINAE rectified the missing elements in the official communication DRH-378-2017 in question, by indicating where the score came from and the respective breakdown. Therefore, after said information, the plaintiff was able to exercise her right of defense and file the respective appeals for revocation (revocatoria) and appeal (apelación) (see proven fact 08 of this judgment). Likewise, regarding the claim that it is not indicated who performed the evaluation, it is worth noting that the cited circular DG-155-2015, in its article 10, subsection d), establishes that the Institutional Human Resources Management office is responsible for: "…Evaluating and assessing the contestants, based on the established selection predictors, obtaining the final results, and communicating the results both to the participants and to the Technical Coordination Team for their respective validation…", which is what occurred in the present case, as the official communications were signed and notified to the plaintiff by officials of the Human Resources Directorate of MINAE. This being the case, this Court considers that, since the Administration rectified the lack of grounds (motivo) of official communication DRH-378-2017 dated September 7th with official communication DRH-462-2017 on the 12th of the same month and year, its content now being clear and thereby giving the plaintiff the possibility to properly exercise the appeal phase, this Court considers that the intended nullity is not appropriate, because there is no nullity for nullity's sake, and since the information that was omitted in the first communication was provided, the alleged lack of grounds and content would no longer exist. Likewise, no defenselessness was caused to the plaintiff, as she was able to exercise the respective appeals against the Administration's action. Indeed, in accordance with the provision of the mandate of article 223 of the General Law of Public Administration, "Only the omission of substantial formalities shall cause nullity of the proceedings," understanding as such those "... whose correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects or whose omission would cause defenselessness," which is consistent with article 32 of the Civil Procedure Code containing the following rule: "... 32.2 Impropriety of nullity. Nullity may not be declared in the following cases: (...) 2. If the act, although irregular, has achieved the purpose for which it was intended. ...". These provisions are fundamental, in the sense that if the referred substantiality conditions are not demonstrated, that is, if it is not observed that the administrated party was actually impeded from being able to defend themselves or that, had the infringed procedural norm been applied, the outcome of the process would have changed, there will be no nullity. It is in this sense that the First Chamber of the Supreme Court has considered the following: "Having determined the defect, which the appellant criticizes in his grievances, it is necessary to establish whether this produces absolute or relative nullity. In principle, nullity for nullity's sake does not exist; for this to occur, substantial formalities must have been omitted, understanding as such those whose correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission would cause defenselessness (articles 166 and 223 ibid.), situations which, in the case at hand, are lacking." (Judgment number 398-F-02, at fifteen hours ten minutes on May sixteenth, two thousand two. Emphasis is not from the original). In the same sense, it stated the following: "The foregoing is consistent with the principle ne pas de nullité sans grief (there is no nullity without harm). It is therefore considered that if defenselessness occurs or the act does not achieve the purpose for which it was established, it is null; otherwise, its preservation shall prevail." (Resolution number 496-F-S1-2008, at fifteen hours thirty-five minutes on July twenty-fourth, two thousand eight. Emphasis is not from the original). In the same sense, it has been noted: “…For example, in judgment 749-F-04 at 9 hours 30 minutes on September 10, 2004, it denied a grievance related to the omission of the aforementioned hearing and ordered: “…account must be taken of the anti-formalist nature of the administrative procedure, which manifests itself in our legal system in article 223 of the General Law of Public Administration, when it establishes that only ‘the omission of substantial formalities of the procedure shall cause nullity of the proceedings,’ these being understood as those ‘whose correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission would cause defenselessness,’ all of the foregoing based on the idea that there is no ‘nullity for nullity’s sake’ […]”. Under this understanding, it is necessary to analyze the content of the decree under examination in order to determine its incidence or impact on the corporate interests represented by the plaintiff…” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, Resolution No. 01900 – 2020 at ten hours ten minutes on May fourteenth, two thousand twenty). Therefore, this Court considers that this argument of nullity raised by the plaintiff must be rejected. Regarding the other argument raised, in relation to being told at the appeal stage that the certifications submitted did not comply with the Civil Service format, but that during the competition the required format was never communicated to her nor was she warned about it, contrary to articles 05 and 06 of the Law on Simplification of Procedures. The reasons why the experience certifications found in her personnel file are not taken into account are not indicated, nor were the format requirements communicated during the publication of the competition, so the score awarded to her work experience is illegitimate and contrary to law. Regarding the selection predictors, the repeatedly cited circular DG-155-2015 establishes that related experience shall be understood as the following: “the knowledge and skill accumulated by an applicant through the performance of similar positions or those related to the one being contested in the competition.” To determine said experience in the competition, it was indicated that it would be done with the documents and certifications contained in the personnel file, as indicated in official communication DRH-759-2016 dated November 28, 2016, so interested parties had to update the information, meaning the plaintiff should have known that the documents contained in her personnel file had to be updated in accordance with the regulations governing the General Directorate of Civil Service. It is worth noting that the competition invitation included a series of information and documents that had to be consulted to participate, and in case of doubts, an email address established for that purpose was to be consulted, and it was established that it would be governed by the regulations of the cited Directorate, so the provisions thereof had to be complied with to submit the requirements. If the plaintiff did not agree with the required requirements or had doubts about them, she had to make the pertinent challenges or actions, for which there is no evidence that any of these actions were taken. Furthermore, from a previous action carried out by the applicant (see images 95 to 98 of the digital judicial file scanned in a single PDF file), she had been informed that the certifications contained in her personnel file did not meet the requirements established in the regulations. It should also be noted that in the present case, the application of articles 5 and 6 of Law No. 8220, Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), was not appropriate, as alleged by the plaintiff, because we are not faced with an application made by Ms. Urbina Hidalgo to the Administration, but rather an internal competition, in which the requirements that interested parties had to meet to be evaluated had been published, and if any of them were not submitted, the Directorate could not disregard the established regulations and request correction of documents that had not been submitted as established in the invitation and the applicable regulations for this purpose. This is because the mere presumption of compliance with the subjective standards and parameters required for the position, without the due and timely contribution of the necessary documents and with the required requisites that would allow for the adequate individual analysis of the plaintiff, would constitute an individual exemption from requirements, which would generate a risk of disregarding the principle of proven suitability (idoneidad comprobada) that must be imposed in this type of competition. Thus, the claim regarding the nullity of official communication number DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Coordinator of Recruitment and Selection of the Human Resources Directorate of the Department of MINAE, must be rejected, so it is not appropriate to recognize the excess work experience as requested by the plaintiff. Thus, due to the manner in which the amendment of the complaint was requested, namely: 1. If claims 1, 2, and 3 of the main complaint are upheld, the mentioned subsequent acts, the payroll resolution 00816-2018 of official communication SETENA-ASA-0734-2018, and official communication DHR-RS-207-2018 (filing dated November 9, 2018) are declared null, it would also be appropriate to declare what was requested in said amendment without merit. Finally, regarding the second amendment of the complaint in which she requests: “…1. With the eventual declaration of nullity of the acts challenged in this proceeding, the defendant be ordered to reinstate my client. 2. That the defendant be ordered to pay lost wages (salarios caídos), year-end bonus (aguinaldo), school bonus (salario escolar), vacations, annuities, and statutory increases, from the effective termination of my client until she is reinstated. / 3. That the defendant be ordered to pay legal interest and indexation on the previous amounts from when they were owed until their effective payment. / 4. That the percentage of the award of costs cover these new items…”, these must likewise be declared without merit, because since no administrative act has been annulled, as the Court considers it to be lawful as set forth in this judgment, reinstatement would not be appropriate. Moreover, the same would not be proper because the plaintiff is already appointed with full tenure (nombrada en propiedad) to position number 95114505742, Civil Service 2 professional, specialty Environmental Protection and Conservation Area Management, a position assigned to the Esparza Subregional Office, of the Department of Forest Resources and Wildlife of the Central Pacific Conservation Area (see proven fact 14 of this judgment). Additionally, it must be clear that Ms. Urbina Hidalgo was appointed due to lack of candidates (inopia), an interim without requirements, to position number 360668, so the Administration had to initiate the procedures to appoint a person who did meet the requirements to occupy the position, for which reason it initiated the corresponding competitions, starting with an internal one, to give priority to the people who were appointed to those positions. However, the plaintiff could not be selected as she failed to achieve the minimum score for the competition. Nevertheless, she did participate in the external competition, but was not selected by the Administration; instead, Mr. Daniel Villavicencio Serrano was appointed (see proven fact 12 of this judgment), as he was considered the suitable candidate to occupy the position for the sake of the efficient provision of public service. Finally, regarding the indemnification claims, they are untenable, insofar as the indemnification claim filed is linked to the acceptance of the nullity and reinstatement claims formulated; that is, they are accessory requests to said petition. Since said requests have been denied, the indemnification claims made become improper; consequently, said items must be denied.
VIII.- DEFENSES: The representation of Ms. Araya Trejos filed the defense of lack of current interest (falta de interés actual) on the grounds that the plaintiff had filed an amendment with new facts and a modification of the claim because Ms. Urbina Hidalgo had been appointed as permanent owner (propietaria) to a position in the Conservation Areas System, so it would no longer be pertinent for her to be appointed to position number 360668 where the co-defendant is appointed with full tenure. This Court considers that this defense should not be granted, firstly because said modification of the claim was rejected by the procedural judge by means of an order at ten hours and four minutes on February ninth, two thousand twenty-one, so this Chamber cannot consider it as filed and as part of the present proceeding.
Additionally, the plaintiff has not withdrawn the request for review of official communication number DRH-378-2017, repeatedly cited, nor the request for reinstatement to said position; therefore, if it could have caused harm to the plaintiff, in the event that the administrative act had been annulled, the objection of lack of current interest (falta de interés actual) raised must be dismissed. As for the objection of lack of right (falta de derecho) raised by the State and Mrs. Araya Trejos, it must be upheld, according to the cited regulations and the factual grounds presented, as the right invoked by the plaintiff in support of her claims does not assist her; on the contrary, the action filed must be denied, without having observed the occurrence of null proceedings in the evaluation conducted on the plaintiff in Internal Competition 001-2017, convened by the Recruitment and Selection Department of the Human Resources Directorate of MINAE, which renders the requested claims inadmissible. Accordingly, the lawsuit must be dismissed in its entirety.
IX.- COSTS: Pursuant to the provisions of Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), personal and procedural costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so, and their waiver only proceeds when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and to break the principle of condemning the losing party. Therefore, both costs are imposed on Mrs. MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, amounts to be liquidated during judgment execution (ejecución de sentencia), once this ruling becomes final.
POR TANTO
The objection of lack of current interest (falta de interés actual) raised by the representation of Mrs. Araya Trejos is dismissed. The objection of lack of right (falta de derecho) raised by the representation of the defendants is upheld. Consequently, the lawsuit is declared without merit in its entirety. The plaintiff MARÍA TERESA URBINA HIDALGO is ordered to pay both costs, amounts to be liquidated during judgment execution (ejecución de sentencia), once this ruling becomes final. THAT IS ALL. Let it be notified. - Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres and Rodolfo Marenco Ortiz, Judges. - ???????????????
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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
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Tema: Empleo público Subtemas:
Diferencia entre los servidores nombrados en propiedad con los interinos. Improcedencia de la reinstalación por falta de requisitos para ocupar el puesto.
"VI. DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS QUE RIGEN EL ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS. En atención a la pretensión principal que se formula en este proceso contencioso se estima necesario tener claro el régimen de empleo público que rige en nuestro ordenamiento jurídico, el cual difiere del régimen que regula las relaciones laborales en el sector privado. Se debe tener presente que existen dos tipos de servidores públicos en este régimen de empleo público, los nombrados en propiedad y los nombrados interinamente. Dicha diferencia ya fue desarrollada por este Tribunal en la sentencia número 110-2016-VI de las nueve horas del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, en los siguientes términos: "...En lo que respecta al trabajador interino, dicho calificativo obedece a ciertas circunstancias excepcionales en su forma de contratación y en general, en la manera cómo se desarrolla y culmina la relación laboral. Así, el trabajador interino es aquel sujeto que participa de la relación laboral como consecuencia de una situación de urgencia o necesidad en la prestación del servicio, para cubrir u ocupar una plaza por un período determinado, lo que hace que tenga una fecha de inicio y otra de finalización, por circunstancias particulares, ya sea, vacaciones, incapacidades, permisos del titular o por estar vacante el puesto -por circunstancias diversas, ya sea, jubilación del propietario, muerte del trabajador, renuncia del titular, despido, y en general cualquier otra situación que haga necesaria la realización del concurso de oposición para llenar la plaza, como lo sería la creación de nuevas-. Este funcionario no adquiere derechos sobre la plaza que ocupa, dado el carácter excepcional de su nombramiento, rasgo que lo diferencia del servidor propietario -quien goza de estabilidad en el puesto, lo cual le otorga ciertos derechos de los que no disfruta el sustituto.(En tal sentido, puede consultarse la sentencia número 4845-99, de las dieciséis horas y veintiún minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional). No obstante lo anterior, el funcionario interino sí debe desempeñar el cargo con absoluta responsabilidad, requisitos y deberes del mismo. El trabajador interino realiza una tarea circunstancial y destinada a agotarse, que no admite la expectativa de su continuidad o permanencia. El objetivo de dicha sustitución u ocupaciones la de garantizar la eficiencia y continuidad en la prestación de servicios en la gestión administrativa. Ahora bien, sí debe de clarificarse la diferencia en grado entre la estabilidad de un servidor con nombramiento en propiedad de la estabilidad del servidor con nombramiento interino, dado que el primero sí tiene la protección plena de la relación estatuaria, en los términos del numeral 192 de la Carta Fundamental, en tanto sólo puede ser cesado o removido de su puesto "...por las causales despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios,..."En cambio, según se adelantó, el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba en otro cargo en ascenso, y debe regresar nuevamente a su puesto; c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario; d.) en casos de reestructuraciones administrativas, siguiendo una serie de pautas específicas; e.) aplicación del régimen disciplinario por faltas cometidas por el funcionario interino; f.) que establezcan la falta de idoneidad de éste para desempeñarse en sus labores y g.) cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos) para nombrar a otro interino que sí reúna los requisitos [...]
VII. [...] Criterio del Tribunal, en el presente caso lo que debe determinarse es si la exclusión del concurso interno realizado a la actora por parte de la Administración demandada fue o no conforme al ordenamiento jurídico [...] se le había indicado que las certificaciones que constaban en su expediente personal no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto. Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso. Así las cosas, se debe rechazar la pretensión cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, por lo que no es procedente reconocer la experiencia laboral excedente como lo solicita la accionante [...] Por último, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias, las mismas son inatendibles, en el tanto el reclamo indemnizatorio interpuesto está vinculado al acogimiento de la pretensión de nulidad y de reinstalación formuladas; es decir, se trata de requerimientos accesorios a dicho pedimento. Al haberse denegado dichas solicitudes, devienen en improcedentes los reclamos indemnizatorios que se hacen, en consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas [...]".
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CONOCIMIENTO ACTORA:
MARÍA TERESA URBINA HIDALGO EL ESTADO Y YESENIA ARAYA TREJOS N° 2025004070 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de abril del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, establecido por el licenciado MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, portador de la cédula de identidad número 1-1033-695, abogado, carnet de colegiatura número 26870, en su condición de apoderado especial judicial de la señora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, portadora de la cédula de identidad número 7-132-687; en contra del ESTADO, representado por la procuradora apersonada al proceso, la Licenciada MARIANELLA BARRANTES ZAMORA, portadora de la cédula de identidad número 1-790-766, carnet de colegiatura número 8494; y YESENIA ARAYA TREJOS, portadora de la cédula de identidad número 3-354-566, representada por su apoderada especial judicial la Licenciada CINDY MARÍA BLANCO GONZÁLEZ, portadora de la cédula de identidad número 3-384-779, carnet de colegiatura número 17889.
CONSIDERANDO
I.- ASPECTOS PRELIMINARES.- A) Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley N° 92, Código Procesal Civil (CPC), y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013; B) El fallo se adopta por unanimidad, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo del informante, juzgadora Rodríguez Cubero, con el voto y opinión concurrente de las personas juzgadoras Chaves Torres y Marenco Ortiz; II.- ANTECEDENTES PROCESALES. - A continuación se hace un recuento del íter procesal: 1.- Las pretensiones de la parte actora, según el escrito de demanda presentado en fecha 10 de setiembre del 2018, escritos presentados en fecha 09 de noviembre del mismo año y 05 de marzo del 2019 y ajustes realizados en la audiencia preliminar llevada a cabo el día catorce de julio del dos mil veintidós, son para que en sentencia se declare: "...1- Que se declare con lugar la presente demanda. /2. Que se anule la resolución comunicada por oficio DRH-378-2017. / 3. Se le ordene a la Administración reconozca la experiencia laboral excedente de mi representada, que consta en su expediente personal sin que se le apliquen requisitos arbitrarios, no comunicados y no prevenidos, con los que alcanza el 70% de la clasificación de predictores. / 4. Con base en lo anterior se le ordene a la Administración nombrar en propiedad a mi representada, siendo que en el concurso interno 001-2017 en lo relativo al puesto número 360668, únicamente mi representada concursó. / 5. Se condene al pago de ambas costas a cargo del recurrido. Ampliación de la demanda 1. De acogerse las pretensiones 1, 2, y 3 del escrito principal de demanda, se declaren nulos los actos subsecuentes mencionados, la resolución de nómina 00816-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DHR-RS-207-2018, (escrito de fecha 09 de noviembre del 2018) y / 1. Con la eventual declaratoria de nulidad de los actos impugnados en el presente proceso, se condene al demandado a reinstalar a mi representada. 2. Que se condene al demandado al pago de los salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos de ley, desde el cese efectivo de mi representada, hasta que la misma sea reinstalada. / 3. Que se condene al demandado al pago de los intereses legales e indexación por los anteriores montos desde que fueron debidos hasta su efectivo pago. / 4. Que el porcentaje de la condenatoria en costas abarque estos nuevos extremos…” (escrito de fecha 05 de marzo del 2019) (ver imágenes 10 a 19, 124 a 132 y 357 a 358 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF y respaldo digital de la audiencia preliminar).
2.- Con auto de las diez horas y cuarenta y siete minutos del once de setiembre del dos mil dieciocho el Tribunal le dio traslado de la demanda al Estado (ver imágenes 24 a 25 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 3.- Con escrito de fecha 05 de noviembre del 2018 la representación del Estado contestó negativamente la demanda, solicitó que fuese declarada sin lugar e interpuso la excepción de falta de derecho, y que se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso (ver imágenes 38 a 55 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
4.- En fecha 09 de noviembre del 2018 la parte actora presentó escrito de hechos y pretensiones nuevas y solicitud de medida cautelar, de lo cual se le dio audiencia al Estado con auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del trece de noviembre del dos mil dieciocho (ver imágenes 124 a 174 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
5.- Con escrito de fecha 03 y 10 de diciembre del 2018 la representación del Estado contestó la audiencia conferida solicitando el rechazo de la medida cautelar y la ampliación de la demanda, e interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual (ver imágenes 178 a 191 y 264 a 278 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
6.-Con escrito presentado en fecha 05 de marzo del 2019 la parte actora presenta ampliación de la demanda (ver imágenes 357 a 358 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
7.- Mediante resolución número 1824-2019 de las once horas cincuenta minutos del siete de octubre del dos mil diecinueve la persona juzgadora de Trámite declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta, la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II, con voto 010-2020-II de las nueve horas cincuenta minutos del nueve de enero del dos mil veinte (ver imágenes 386 a 389 y 397 a 399 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
8.-Con resolución número 968-2020 de las once horas con diez minutos del dos de junio del dos mil veinte se integra de oficio a la señora Yesenia Araya Trejos quien fue nombrada en condición de propietaria en el puesto número 360668, que era el que ocupaba la actora (ver imagen 440 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
9.- Con auto de las once horas del quince de junio del dos mil veinte el Tribunal le dio traslado de la demanda a la señora Yesenia Araya Trejos (ver imagen 445 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
10.- Con escrito presentado en fecha nueve de setiembre del dos mil veinte la parte actora presenta una modificación de las pretensiones, la cual es rechazada mediante auto de las diez horas cuatro minutos del nueve de febrero del dos mil veintiuno. Que dicho auto es recurrido por la accionante en fecha veintidós de febrero de ese mismo año. El recurso de revocatoria presentado es rechazado mediante auto de las diecisiete horas treinta y siete minutos del veintiséis de febrero del dos mil veintiuno y la apelación es rechazada de plano por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, de las siete horas treinta y tres minutos del veintisiete de mayo del dos mil veintiuno (ver imágenes 453 a 456, 475 a 477, 481 a 485 y 490 a 492 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 11. Se celebró una primera audiencia preliminar a las trece horas treinta y cinco minutos del catorce de julio del dos mil veintidós, en la cual definieron las pretensiones y se suspendió para notificar el traslado de la demanda a la señora Araya Trejos y dar audiencia al Estado del escrito de ampliación de la acción demanda presentado por la parte actora en fecha 05 de marzo del 2019, el cual la Administración dio respuesta con escrito de fecha 15 de julio del 2022 (ver imágenes 529 a 534 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 12. Con escrito presentado en fecha 06 de noviembre del 2023 la señora Yesenia Araya Trejos contestó negativamente la demanda, solicitó que fuese declarada sin lugar e interpuso las excepciones de falta de interés y falta de derecho, y que se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso (ver imágenes 583 a 600 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 13. En fecha 12 de junio del 2024 se llevó a cabo la audiencia preliminar con todas las partes en la que se realizaron las diferentes etapas de la misma. Se establecieron las pretensiones en la forma ya definida en el punto uno de este apartado. Se determinaron todos los hechos de la demanda como controvertidos. Se admitió la integridad de la prueba documental ofrecida por las partes. Se declaró el proceso con trámite de puro derecho y las partes rindieron las conclusiones en forma oral, diligencias que fueron grabadas en el sistema electrónico correspondiente y constan en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual (ver imágenes 657 a 659 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF y respaldo digital de la audiencia preliminar).
14.- No existen defectos u omisiones que provoquen nulidad procesal de lo actuado en este asunto.
III.- OBJETO DEL PROCESO. - La pretensión establecida por la parte actora en el presente proceso contencioso es de naturaleza anulatoria, en la que se solicita se anule la resolución DRH-378-2017 y se reconozca la experiencia laboral excedente que posee y que constan en el expediente personal sin que se apliquen requisitos arbitrarios, no prevenidos ni comunicados por lo que se le nombre en el puesto número 360668. Así como los actos subsecuentes, que son la resolución de nómina 0086-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DRH-RS-207-2018, y que al haberse nombrado en propiedad en la plaza se condene al demandado a mi reinstalación, así como el pago de salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos desde el cese hasta su reinstalación, así como los intereses de esas sumas. En este sentido señala lo siguiente: 1) Que se excluye a su representada del Concurso Interno número 001-2017 de la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (en adelante MINAE) y se declara desierto al ser ella la única oferente y ser excluida al no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le comunica las razones por las que no cumplió dicho porcentaje, por lo que la resolución carece de elementos de motivo y contenido. Nunca se le indica en que se basa para no tomar en cuenta los certificados de experiencia que su representada ostenta y que se encuentran en su expediente personal, ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el rebajo en la calificación de un 20% en experiencia laboral excedente es ilegítima y contraria a derecho; y 2) A pesar que la Administración tenía conocimiento pleno del presente proceso contencioso administrativo en que se impugna precisamente el acto administrativo por medio del cual a mi representada se le declaró no legible, deriva actuaciones buscando formalizar la adjudicación de la plaza, cesándola de su puesto. Por lo que los actos posteriores realizados por la Administración son completamente dependientes del acto principal impugnado, en tanto si el mismo es nulo, como se solicita en la pretensión principal, los subsiguientes no pueden existir, en tanto no puede nombrarse a dos personas en la misma plaza. Finalmente pidió la condena en costas a los demandados. Las representaciones del Estado y de la señora Araya Trejos se opusieron a la acción e interpusieron las defensas de falta de interés actual y falta de derecho. Corresponde, entonces, ingresar a examinar si le asiste o no el derecho a la parte accionante en relación con lo peticionado.
IV.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta resolución, se tienen los siguientes hechos como debidamente demostrados conforme la sana crítica racional, sea que así se desprenda de la comunidad de pruebas aportadas y admitidas en este proceso, o porque las partes los han aceptado.
1.) La señora Urbina Hidalgo fue nombrada en el MINAE a partir del 02 de noviembre del 2015, en condición interina, en el puesto número 360668, de la clase Profesional del Servicio Civil 2, PAMAC (ver imagen 93 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
2.) Mediante resolución número DG-155-2015 de las catorce horas del dieciocho de setiembre del dos mil quince de la Dirección General del Servicio Civil resolvió establecer las regulaciones para realizar concursos internos de los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil y que estén comprendidos en el Título I, Título II en sus Estratos Técnico Docente, y Administrativo Docente, y en el Título IV, todos del Estatuto de Servicio Civil y sus Reglamentos, y que se efectúen con base en el Artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de1954 y sus reformas (ver imágenes 58 a 73 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
3.) Con oficio número DRH-759-2016 de fecha 28 de noviembre del 2016 suscrito por la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE dispuso lo siguiente: “…se insta nuevamente a cada enlace Recursos Humanos a informar a todo el personal, o sea esté (sic) interino o en propiedad, sobre la importancia y obligatoriedad de mantener actualizados sus respectivos expedientes de personal y que son distintos del denominado Archivo de Carrera Profesional. / Lo en virtud de que, en etapa preparativa para el Proceso de Concurso Interno, en revisión previa de algunos expedientes personales, se identificó que la mayoría no se encuentran actualizados por parte del funcionario. / La fecha máxima para realizar la actualización va ser hasta el viernes 23 de diciembre de los corrientes, todo documento que entre después de esa fecha no se va a tomar en cuenta para concurso interno. / De igual manera se les recuerda a los jefes de programa que deben velar porque los enlaces de Recursos Humanos cumplan debidamente con sus funciones…” (ver imagen 57 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
4.) Que el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos del MINAE convocó el concurso interno 001-2017 para la clase de profesional del Servicio Civil 2, especialidades: meteorología, ingeniería industrial, manejo y conservación del recurso hídrico nacional, ciencias agropecuarias, biotecnología, ingeniería electromecánica, derecho y geología. Se establecieron como requisitos generales: licenciatura en una carrera teniente con el cargo de la especialidad del puesto, 2 años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, la con la especialidad de este o bien con su formación. Se señaló que la evaluación se iba a realizar con base a los documentos y atestados que constan en el expediente personal que resguarda la dirección de recursos humanos, según oficio DRH-759-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016. En el caso de calificaciones de antigüedad, experiencia profesional u otras, deben ser solicitadas al enlace de cada dependencia y ser entregada en el mismo plazo que la boleta es manifestación de interés. Entre las plazas que se iban a seleccionar se encontraba la que ocupaba la actora en ese momento (ver imágenes 75 a 86 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
5.) La señora Urbina Hidalgo participó en el concurso interno número 001-2017 convocado por la Dirección de Recursos Humanos del MINAE para ocupar el puesto que ocupaba de forma interina para hacerlo en propiedad (ver imágenes 80 a 86 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
6.) Que mediante oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, la Licda. María del Pilar Guevara Navarro, Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del MINAE le comunicó a la actora lo siguiente: “…Según oficio ARSP-UAC-770-2017, de fecha 01 de setiembre los corrientes, suscrito por el señor Sergio Ulloa Mattey, Jede de la Unidad de Administración de Concursos de la Dirección General de Servicio Civil, una vez efectuadas las gestiones correspondientes, se determina su condición de:
IDÓNEO NO IDÓNEO X Pese a lo anterior, mucho lamentamos comunicarle que dado que obtuvo una calificación inferior al 70% en la evaluación de predictores, no continuó participando en el concurso interno 001-2017 MINAE, en la clase Profesional de Servicio Civil 2, Especialidad: Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, lo anterior según lo que establece la Resolución DG-155-215, en el Capítulo IV Del Proceso del Concurso Interno, punto VI. Evaluación de Predictores de Selección, último párrafo, que indica: “… Para integrar una nómina, el candidato debe obtener una calificación final o igual a superior del 70% entre todos los predictores de selección establecidos…” (ver imagen 104 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
7.) Que mediante oficio número DRH-462-2017 del 12 de setiembre del 2017 a solicitud de la accionante se desglosan los predictores a evaluar según la clase de puesto para el que participaba y la nota obtenida para cada predictor de la siguiente manera:
Antigüedad Evaluación del Desempeño Capacitación a fin Calificación Total 20% 30% 30% 20% 100% 20 20 10 0 50 (ver imágenes 105 a 106 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
8.) Con escrito presentado en fecha 14 de setiembre del 2017 la señora Urbina Hidalgo presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017 (ver imágenes 107 al 115 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
9.) Mediante resolución número R-DRH-174-2017 de las trece horas con veinticinco minutos del treinta de uno de octubre del dos mil diecisiete, la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado (ver imágenes 116 a 121 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
10.) Con resolución número R-374-2017-MINAE de las nueve horas del tres de noviembre del dos mil diecisiete el Ministro del MINAE declaró sin lugar de apelación presentado por la actora (ver imágenes 31 a 37 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
11.) Con oficio número SETENA-SG-1551-2018 del 22 de agosto del 2018, suscrito por el MSc. Sergio Bermúdez Muñoz, Secretario General de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, le solicita a la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE que el pedimiento de personal de los puestos número 349973, 349987 y 360668 sean resueltos mediante concurso externo, en el caso especifica de la plaza que ocupaba la actora se indica que ello se solicita porque la señora Urbina Hidalgo no aprobó los predictores del concurso interno y solicita el envío de las ternas con la mayor cantidad de oferentes posibles (ver imágenes 192 a 197 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
12.) Mediante oficio número SETENA-ASA-0734-2018 del 31 de octubre del 2018 se le comunica a la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE, la resolución de la nómina 816-2018, correspondiente al puesto 36068, de la clase Profesional del Servicio Civil 2, PAMAC, en la cual se entrevistaron a cinco personas entre ellas la actora, y posteriormente de revisar los respectivos curriculum vitae y realizar las entrevistas a cada uno se solicita nombrar en propiedad al señor Daniel Villavicencio Serrano, quien obtuvo la mayor calificación (ver imágenes 200 a 204 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
13.) Que la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE certificó en fecha dieciséis de abril del dos mil veinte, lo siguiente: “…PRIMERO: Que según la información referida en el Sistema Integra, el puesto No. 360668, clasificado como Profesional de Servicio Civil 2 y que aparece dentro de la Relación de Puestos del Ministerio de Ambiente y Energía; fue ocupado en condición interina por la Sra. MARIA TERESA URBINA HIDALGO, cédula No. 0701320687, desde el 01/11/2015, hasta el 15/11/2018. SEGUNDO: Que desde entonces y durante el periodo comprendido de noviembre 2018 a la fecha: el puesto en referencia; ha sufrido los siguientes movimientos de personal: del 16/11/2018 al 30/07/2019 fue ocupado en propiedad por el Sr. DANIEL ALFREDO VILLAVICENCIO SERRANO, cédula 0112970821; el cual fue objeto de un TRASLADO EN PROPIEDAD INTERINSTITUCIONAL al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a partir del 01 de agosto del 2019. TERCERO: Que el puesto que dejo el Sr. Villavicencio (No. 360668) se mantuvo vacante hasta el 01/10/2019; cuando la administración decide aplicar un Ascenso en Propiedad a la Sra. YESENIA DE LOS ANGELES ARAYA TREJOS, cédula 0303540566; quién es actualmente su ocupante…” (ver imagen 432 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
14.) En fecha 31 de mayo del 2020 la actora fue nombrada en propiedad en el puesto número 95114505742, profesional de Servicio Civil 2, especialidad Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, puesto destacada en la Oficina Subregional Esparza, del Departamento de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Pacifico Central (ver oficio No. SINAC-ACOPAC-ORDRH-116-2020, imágenes 456 a 457 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
V.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS. - También de importancia para la decisión de este asunto, la actora no demostró lo siguiente:
1.) Que la parte actora desconociera el contenido de la DRH-759-2016 de fecha 28 de noviembre del 2016 suscrito por la MSc. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del MINAE.
2.) Que la parte actora haya realizado consulta o presentado recursos contra la invitación al Concurso Interno No. 001-2017 realizado por la Dirección de Recursos Humanos del MINAE.
VI.DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS QUE RIGEN EL ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS. En atención a la pretensión principal que se formula en este proceso contencioso se estima necesario tener claro el régimen de empleo público que rige en nuestro ordenamiento jurídico, el cual difiere del régimen que regula las relaciones laborales en el sector privado. Se debe tener presente que existen dos tipos de servidores públicos en este régimen de empleo público, los nombrados en propiedad y los nombrados interinamente. Dicha diferencia ya fue desarrollada por este Tribunal en la sentencia número 110-2016-VI de las nueve horas del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, en los siguientes términos: "...En lo que respecta al trabajador interino, dicho calificativo obedece a ciertas circunstancias excepcionales en su forma de contratación y en general, en la manera cómo se desarrolla y culmina la relación laboral. Así, el trabajador interino es aquel sujeto que participa de la relación laboral como consecuencia de una situación de urgencia o necesidad en la prestación del servicio, para cubrir u ocupar una plaza por un período determinado, lo que hace que tenga una fecha de inicio y otra de finalización, por circunstancias particulares, ya sea, vacaciones, incapacidades, permisos del titular o por estar vacante el puesto -por circunstancias diversas, ya sea, jubilación del propietario, muerte del trabajador, renuncia del titular, despido, y en general cualquier otra situación que haga necesaria la realización del concurso de oposición para llenar la plaza, como lo sería la creación de nuevas-. Este funcionario no adquiere derechos sobre la plaza que ocupa, dado el carácter excepcional de su nombramiento, rasgo que lo diferencia del servidor propietario -quien goza de estabilidad en el puesto, lo cual le otorga ciertos derechos de los que no disfruta el sustituto.(En tal sentido, puede consultarse la sentencia número 4845-99, de las dieciséis horas y veintiún minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional). No obstante lo anterior, el funcionario interino sí debe desempeñar el cargo con absoluta responsabilidad, requisitos y deberes del mismo. El trabajador interino realiza una tarea circunstancial y destinada a agotarse, que no admite la expectativa de su continuidad o permanencia. El objetivo de dicha sustitución u ocupaciones la de garantizar la eficiencia y continuidad en la prestación de servicios en la gestión administrativa. Ahora bien, sí debe de clarificarse la diferencia en grado entre la estabilidad de un servidor con nombramiento en propiedad de la estabilidad del servidor con nombramiento interino, dado que el primero sí tiene la protección plena de la relación estatuaria, en los términos del numeral 192 de la Carta Fundamental, en tanto sólo puede ser cesado o removido de su puesto "...por las causales despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios,..."En cambio, según se adelantó, el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba en otro cargo en ascenso, y debe regresar nuevamente a su puesto; c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario; d.) en casos de reestructuraciones administrativas, siguiendo una serie de pautas específicas; e.) aplicación del régimen disciplinario por faltas cometidas por el funcionario interino; f.) que establezcan la falta de idoneidad de éste para desempeñarse en sus labores y g.) cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos) para nombrar a otro interino que sí reúna los requisitos. Lo anterior ha sido también desarrollado por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: "... sólo puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas circunstancias especiales como lo serían las siguientes: cuando sustituye a otra persona por un determinado plazo y éste se cumple, cuando el titular de la plaza que ocupa el funcionario interino regresa a ella, cuando el servidor ascendido interinamente no supera con éxito el período de prueba establecido por la ley, cuando la plaza ocupada por el interino está vacante y es sacada a concurso para ser asignada en propiedad, en casos calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de reestructuración que implica la eliminación de plazas -con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para hacerlo-, cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos) para nombrar a otro interino que sí reúna los requisitos, cuando ha habido una disminución en la matrícula en caso de lecciones interinas, o cuando de la comisión de una falta debidamente comprobada se trate... " (Sentencias número 2007-015728, de las quince horas y cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de octubre del dos mil siete. En igual sentido, entre otras, la número 4351-93, número 4761-96, número 2007-15167, número 219-98, número 325-98, número 2010-819 y número 2011-4629-2011.) Finalmente, considerándose que el derecho al trabajo se estatuye en uno de carácter fundamental, cuyo ejercicio le permite la existencia digna y cuyo cumplimiento debe el Estado vigilar, proteger, fomentar e implementar por los medios correspondientes, cerciorándose de que en todos los organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar a una persona en un empleo, es que se ha estimado que toda persona (administrado) tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, si cumple con los requisitos razonables impuestos por la ley. Conforme a las previsiones de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, se ha previsto un mecanismo para acceder a la función pública, mediante la creación de un régimen de servicio civil para toda la Administración Pública, sustentado en la base de la "idoneidad comprobada", a fin de garantizar " la eficiencia" en la gestión pública -principio que también tiene rango constitucional- (en este sentido, se pueden consultar las sentencias constitucionales 1692-92, de las quince horas treinta minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos y la 140-93, de las dieciséis horas cinco minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y tres y 2001-5694, de las dieciséis horas veintitrés minutos del veintiséis de junio del dos mil uno, entre otras, todas del Tribunal Constitucional); lo cual se hace a través de concursos de oposición, de manera que mediante la calificación de méritos, se posibilita incorporar de manera definitiva al sujeto en una plaza en propiedad. Así, "El régimen de nombramiento de los servidores y funcionarios públicos, pretende garantizar el derecho que tiene toda persona de tener acceso, en condiciones generales y razonables de igualdad, a las funciones públicas (artículo 23 párrafo 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y de gozar de estabilidad en el empleo. Además, posibilita la escogencia de quien compruebe ser candidato idóneo para ocupar el cargo en aras de la prestación eficiente del servicio público. (sentencia número 2001-5694, de la Sala Constitucional, supra citada.) Es a través de este medio que un interino podrá lograr la estabilidad anhelada..."
VII.- SOBRE LA FALTA DE MOTIVO Y CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO. En orden a la pretensión principal que se hace en este proceso contencioso en cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017 de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Reclutamiento y Selección del MINAE, en el cual se le indica a la actora que no podía continuar participando en el Concurso Interno No. 001-2017 MINAE, específicamente argumentando que dicho acto carece de los elementos motivo y contenido. Alega la accionante que a pesar de poseer idoneidad para dicho puesto se le excluyo del concurso por no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le indica porque no alcanzo dicho porcentaje ni refiere a una decisión concreta, quién tomó dicha decisión, cuales fueron los parámetros de evaluación y como se llegó a dicha conclusión, no se le comunica la calificación obtenida y su respectivo desglose, lo que es contrario a los artículos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Además, argumenta que se le indica en la etapa recursiva que las certificaciones presentadas no cumplían con el formato del Servicio Civil, pero nunca se le comunicó el formato que se requería ni se previno sobre el mismo, contrario a los artículos 05 y 06 de le Ley de Simplificación de Trámites. No se indica las razones por las que no se toman en cuenta las certificaciones de experiencia que se encuentran en su expediente personal ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el puntaje otorgado a su experiencia laboral es ilegítima y contraria a derecho. Por su parte la representación del Estado señala que la demandante no alcanzó en la sumatoria de los predictores de selección el 70% requerido para ser considerada elegible y por lo tanto no podía seguir como postulante en el concurso 001-2017 y así se le comunicó mediante oficio DRH-378-2017 del 7 de setiembre de 2017, emitido por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía. La actora solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del MINAE el desglose de su calificación la cual fue remitida. Por lo que presentó los recursos de revocatoria y apelación, en ellos alega, en cuanto a los porcentajes de calificación que recibió en los predictores de selección de antigüedad y experiencia excedente, que desconocía que los documentos de algunas instituciones para las que trabajó, no tuvieran las formalidades que se exige para el reconocimiento en los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, sin embargo, lo alegado no corresponde a la realidad ya que en el informe del Departamento de Registro y Control, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía DRH-DRC-EST-001-2016, del 27 de enero de 2016, se indican las razones por las cuales no se le puede reconocer el tiempo laborado que ahí se muestra, de este informe hay copia en el expediente personal y se le envió copia a la demandante por lo que debe rechazarse la demanda. Criterio del Tribunal, en el presente caso lo que debe determinarse es si la exclusión del concurso interno realizado a la actora por parte de la Administración demandada fue o no conforme al ordenamiento jurídico. Se debe señalar que el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del MINAE, realizó el concurso 001-2017 en el cual se encontraba la plaza que ocupaba de forma interina la parte actora. Dicho concurso se realizó según las estipulaciones establecidas en la resolución número DG-155-2015 de la Dirección General del Servicio Civil (ver hecho probado 02 de esta sentencia), que regula lo relativo a los concursos internos de las instituciones que se rigen por el Régimen de Servicio Civil, como es el caso del MINAE. Además, se establece que para participar en ese concurso los documentos y atestados deben de cumplir con lo establecido en el oficio DRH-759-2016 (ver hecho probado 03 de esta sentencia). Dentro de dicho concurso es que se dicta el oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017 de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Reclutamiento y Selección del MINAE, el cual es el que la parte accionante solicita la nulidad. Se señala que dicho oficio es nulo porque posee un vicio en el motivo y contenido, por lo que se debe proceder a analizar que se debe entender como el motivo del acto administrativo, El elemento motivo del acto administrativo, se define como el antecedente de hecho o de derecho que exige, habilita, legitima o permite la adopción de la conducta administrativa, es decir, refiere al presupuesto necesario para el ejercicio de la competencia en el caso concreto, de modo que su ausencia -como resultado- impide el accionar de la Administración Pública, ya que no habría causa legítima para el ejercicio de la función administrativa por parte de sus agentes. Su regulación se observa en el canon 133 LGAP, norma conforme a la cual éste debe existir al momento de adoptar el acto, así como en todo el curso de su vigencia, tal y como ha sido originalmente considerado, permitiendo así adaptar o ajustar la conducta administrativa al propósito que le asigna el ordenamiento jurídico y de paso, con su cumplimiento, la Administración se asegura la satisfacción del interés público en cada caso. En el caso del contenido de conformidad con las condiciones que impone el canon 132.1 LGAP, éste deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, incluso como deber oficioso, no podrían ser contrastadas en el caso de no exponer el acto las razones por las cuales asume determinada postura. Pues bien, en el caso de marras, la parte actora señala que se le excluyo del concurso por no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le indica porque no alcanzo dicho porcentaje ni refiere a una decisión concreta, quién tomó dicha decisión, cuales fueron los parámetros de evaluación y como se llegó a dicha conclusión, no se le comunica la calificación obtenida y su respectivo desglose, por lo que existe el vicio en la motivación, por lo que se debe realizar el análisis del acto administrativo que se soliCIta la nulidad para determinar si de da el vicio argumentado. Se puede establecer que el oficio DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE resuelve que la señora Urbina Hidalgo obtuvo una calificación inferior al 70% en la evaluación de predictores en el concurso Interno 001-20017 en que estaba participando en la clase de profesional de servicio Civil 2, especialidad: Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, según lo que establece la resolución número DG-155-2015 de la Dirección General de Servicio Civil, por lo cual efectivamente no se indica de donde se obtuvo dicha calificación como lo alega la accionante. No obstante, debido a que no se señalaba cuanto porcentaje se había obtenido, la actora solicita en fecha 12 de setiembre del 2017 la nota obtenida y el desglose respectivo, el cual es suministrado por la Administración en el oficio número DRH-462-2017 (ver hecho probado 07 de esta sentencia), donde se le indica cuales eran los predictores a evaluar según la clase de puesto que participaba, cual fue la nota obtenida en cada predictor y la calificación final, que fue de un 50%, lo cual era menor al porcentaje requerido para continuar participando en el concurso citado. Con dicha información suministrada a la señora Urbina Hidalgo se subsana por parte del Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, los elementos faltantes en el oficio DRH-378-2017 de cita, al señalar de donde se obtenía la nota y el desglose respectivo. Por lo que posterior, a dicha información la accionante pudo ejercer su derecho de defensa y presentar los respectivos recursos de revocatoria y apelación respectivos (ver hecho probado 08 de esta sentencia). Asimismo, en lo referente a que no se indica quién fue el que hizo la evaluación, cabe señalar que la circular DG-155-2015 citada, en su artículo 10 inciso d) establece que a la oficina de Gestión Institución de Recursos Humanos le corresponde: “…Evaluar y valorar a los concursantes, en función de los predictores de selección establecidos, obtener los resultados finales, y comunicar los resultados tanto a los participantes como al Equipo Técnico de Coordinación para su respectiva validación…”, que fue lo que se dio en el presente caso al estar los oficios suscritos notificados a la accionante por funcionarias de la Dirección de Recursos Humanos del MINAE. Así las cosas, considera este Tribunal que al haberse subsanado por parte de la Administración la falta de motivo del oficio DRH-378-2017 de fecha 07 de setiembre con el oficio DRH-462-2017 del día 12 del mismo mes y año, ser ahora si ser claro el contenido del mismo y de esa forma darse la posibilidad a la accionante de poder así ejercer adecuadamente la fase recursiva, considera este Tribunal que no es procedente la nulidad pretendida, debido a que no hay nulidad por la nulidad misma, y al haberse brindado la información que era omisa en el primer oficio, ya no se daría la falta de motivo y contenido alegada. Asimismo, tampoco se le causo ninguna indefensión a la actora al poder ejercer los respetivos recursos contra la actuación de la Administración. En efecto tal, conforme a la previsión del mandato del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, "Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales ", entendiendo por tales aquellas "... cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión", lo que resulta conteste con el artículo 32 del Código Procesal Civil contiene la siguiente regla: "... 32.2 Improcedencia de la nulidad. No podrá declararse la nulidad en los siguientes supuestos: (...) 2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba destinado. ...". Estas disposiciones son fundamentales, en el sentido de que si no se demuestran las condiciones de sustancialidad referidas, esto es, que, si no se observa que el administrado estuvo de manera real impedido de poder defenderse o que, aplicada la norma procesal infringida habría cambiado el resultado del proceso, no habrá nulidad. Es en este sentido que la Sala Primera de la Corte Suprema en su jurisprudencia ha considerado lo siguiente: "Determinado el vicio, que en sus agravios reprocha el casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad absoluta o relativa. En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma no existe, para que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, entendiendo por tales, aquellas cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión (artículos 166 y 223 ibídem) situaciones que, en la especie, se echan de menos. " (Sentencia número 398-F-02, de quince horas diez minutos del dieciséis de mayo del dos mil dos. El resaltado no es del original). En el mismo sentido, expuso lo siguiente: "Lo anterior, es acorde con el principio ne pas de nullité sans grief (no existe la nulidad sin daño). Se estima entonces, que si se produce indefensión o el acto no alcanza su finalidad para la cual fue establecido, es nulo, en caso contrario, prevalecerá su conservación". (Resolución número 496-F-S1-2008, de quince horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho. El resaltado no es del original). En igual sentido, se ha señalado: “…Por ejemplo, en la sentencia 749-F-04 de las 9 horas 30 minutos del 10 de setiembre de 2004, denegó un agravio relacionado con la omisión de la susodicha audiencia y dispuso: “…ha de tenerse en cuenta, el carácter antiformalista del procedimiento administrativo, que se manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, cuando establece que sólo “causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento”, entendiéndose como tales, aquellas “cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”, todo lo anterior, basado en la idea de que no “hay nulidad por la nulidad misma” […]”. Bajo esa inteligencia, es necesario analizar el contenido del decreto en examen a efectos de determinar su incidencia o afectación en los intereses corporativos representados por el accionante…” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 01900 – 2020 de las diez horas diez minutos del catorce de mayo de dos mil veinte). Por lo cual considera este Tribunal que debe rechazarse este argumento de nulidad expuesto por la accionante. En cuanto al otro argumento expuesto en relación con que se le indica en la etapa recursiva que las certificaciones presentadas no cumplían con el formato del Servicio Civil, pero que en el concurso nunca se le comunicó el formato que se requería ni se previno sobre el mismo, contrario a los artículos 05 y 06 de le Ley de Simplificación de Trámites. No se indica las razones por las que no se toman en cuenta las certificaciones de experiencia que se encuentran en su expediente personal ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el puntaje otorgado a su experiencia laboral es ilegítima y contraria a derecho. En cuanto a los predictores de selección la circular DG-155-2015 de reiterada cita, establece que se debe entender por experiencia relacionada lo siguiente: “el conocimiento y habilidad que acumula un postulante por el desempeño del puesto similares o relacionados con el que está sometido a concurso”. Para determinar dicha experiencia en el concurso se indicaba que se iba a realizar con los documentos y atestados que constarán en el expediente personal, según lo indicado en el oficio DRH-759-2016 de fecha 28 de noviembre del 2016, por lo que los interesados debían de actualizar la información, por lo que la actora debía de conocer que los documentos que constaban en su expediente personal debían de estar actualizados conforme a la normativa que regula la Dirección General de Servicio Civil. Cabe destacar, que en la invitación del concurso se adjuntaba una serie de información y documentos que se debían consultar para participar en el mismo, y en caso de dudas se debía consultar a un correo electrónico establecido al efecto y se establecía que se iba a regir por la normativa de la Dirección citada, por lo que se debía de cumplir con las disposiciones de ésta para presentar los requisitos. En caso de que no estuviera de acuerdo la parte accionante con los requisitos que se requería o si tenía dudas de estos debía de realizar las impugnaciones o gestiones pertinentes, de lo cual no hay prueba que se haya efectuado alguna de estas gestiones. Además, de una gestión anterior realizada por la gestionante (ver imágenes 95 a 98 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF), se le había indicado que las certificaciones que constaban en su expediente personal no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto. Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso. Así las cosas, se debe rechazar la pretensión cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, por lo que no es procedente reconocer la experiencia laboral excedente como lo solicita la accionante. Así las cosas, por la forma en que fue solicitada la ampliación de la demanda, a saber: 1. De acogerse las pretensiones 1, 2, y 3 del escrito principal de demanda, se declaren nulos los actos subsecuentes mencionados, la resolución de nómina 00816-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DHR-RS-207-2018, (escrito de fecha 09 de noviembre del 2018) también sería procedente declarar sin lugar lo solicitado en dicha ampliación. Finalmente, en cuanto a la segunda ampliación de la demanda en la que solicita: “…1. Con la eventual declaratoria de nulidad de los actos impugnados en el presente proceso, se condene al demandado a reinstalar a mi representada. 2. Que se condene al demandado al pago de los salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos de ley, desde el cese efectivo de mi representada, hasta que la misma sea reinstalada. / 3. Que se condene al demandado al pago de los intereses legales e indexación por los anteriores montos desde que fueron debidos hasta su efectivo pago. / 4. Que el porcentaje de la condenatoria en costas abarque estos nuevos extremos…”, las mismas deben igualmente ser declaradas sin lugar, porque al no haberse anulado ningún acto administrativo, al considerar el Tribunal que el mismo se encuentra a derecho como se ha expuesto en el presente fallo, no sería procedente la reinstalación. Además, la misma no sería procedente porque la accionante ya se encuentra nombrada en propiedad en el puesto número 95114505742, profesional de Servicio Civil 2, especialidad Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, puesto destacada en la Oficina Subregional Esparza, del Departamento de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Pacifico Central (ver hecho probado 14 de esta sentencia). Adicionalmente, se debe tener claridad que la señora Urbina Hidalgo se encontraba nombrada por inopia, interina sin requisitos, en el puesto número 360668, por lo que la Administración debía iniciar los procedimientos para nombrar a una persona que si reuniera con los requisitos para ocupar el puesto, por lo que inicio los concursos correspondientes, iniciando con uno interno, para darle prioridad a las personas que se encontraban nombradas en dichas plazas, pero la accionante no pudo ser elegida al no lograr la nota mínima para el concurso. No obstante, si participó en el concurso externo, pero no fue elegida por la Administración, sino que se nombró al señor Daniel Villavicencio Serrano (ver hecho probado 12 de esta sentencia), al considerar que era el idóneo para ocupar el cargo en aras de la prestación eficiente del servicio público. Por último, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias, las mismas son inatendibles, en el tanto el reclamo indemnizatorio interpuesto está vinculado al acogimiento de la pretensión de nulidad y de reinstalación formuladas; es decir, se trata de requerimientos accesorios a dicho pedimento. Al haberse denegado dichas solicitudes, devienen en improcedentes los reclamos indemnizatorios que se hacen, en consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas.
VIII.- EXCEPCIONES: La representación de la señora Araya Trejos interpuso la excepción de falta de interés actual al haber presentado la parte actora una ampliación de hechos nuevos y una modificación de la pretensión por haberse nombrado a la señora Urbina Hidalgo en condición de propietaria en un puesto en el Sistema de Áreas de Conservación, por lo que ya no sería pertinente que sea nombrada en el puesto número 360668 donde se encuentra nombrada en propiedad la codemandada. Considera este Tribunal que está excepción no debe ser acogida, primeramente porque dicha modificación de la pretensión fue rechazada por la persona juzgadora de trámite mediante auto de las diez horas cuatro minutos del nueve de febrero del dos mil veintiuno, por lo que está Cámara no puede tenerla como interpuesta y como parte del presente proceso. Y adicionalmente, la parte actora no ha desistió de la pretensión de revisión del oficio número DRH-378-2017 de reiterada cita ni de la reinstalación a dicho puesto, por lo que, si le pudo generar un perjuicio a la parte actora, en caso de que el acto administrativo se hubiera anulado, por lo que se debe rechazar la falta de interés actual interpuesta. En cuanto a la excepción de falta de derecho formulada por el Estado y la señora Araya Trejos debe acogerse, según la normativa citada y los fundamentos de hecho expuestos, al no asistirle el derecho invocado a la actora en sustento de sus pretensiones, sino que por el contrario debe denegarse la acción incoada, sin que se haya observado el acaecimiento de actuaciones nulas en la evaluación realizada a la accionante en el Concurso Interno 001-2017, convocado por el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos del MINAE lo que hace improcedentes las pretensiones solicitadas. Así las cosas, procede rechazar la demanda en todos sus extremos.
IX.- COSTAS: Conforme a lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la señora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de interés actúa interpuesta por la representación de la señora Araya Trejos. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación de los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena a la actora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO al pago de ambas costas, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. ES TODO. Notifíquese. - Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres y Rodolfo Marenco Ortiz, Jueces. - ???????????????
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