← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 04070-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 30/04/2025
OutcomeResultado
The Court upheld the claimant's exclusion from MINAE's internal competition, denied annulment, reinstatement, and monetary relief, and ordered her to pay both categories of costs.El Tribunal mantuvo la validez de la exclusión del concurso interno del MINAE, rechazó la nulidad, la reinstalación y las indemnizaciones solicitadas, y condenó a la actora al pago de ambas costas.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed a claim brought by an interim MINAE employee seeking annulment of her exclusion from Internal Competition 001-2017, a permanent appointment, reinstatement, and monetary relief. The Court found that the competition notice informed candidates that their evaluation would be based on documents timely included in their personnel files and would follow Civil Service Directorate rules. The certificates offered to establish additional work experience did not satisfy the applicable requirements, a deficiency the claimant already knew about from an earlier proceeding. Articles 5 and 6 of Law 8220 did not require the Administration to request corrections because this was not an individual administrative application but a competitive hiring process governed by uniform conditions. Allowing documents to be corrected afterward would have created an individual waiver of requirements and endangered the principle of demonstrated suitability. Because the exclusion decision remained valid, the Court also denied annulment of subsequent acts, reinstatement, back pay, employment benefits, interest, and indexation, and ordered the claimant to pay costs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de una funcionaria interina del MINAE que pretendía anular su exclusión del Concurso Interno 001-2017 y obtener el nombramiento en propiedad, la reinstalación y diversas indemnizaciones. Concluyó que la convocatoria informó que la evaluación se efectuaría con los documentos incorporados oportunamente al expediente personal y conforme a la normativa de la Dirección General de Servicio Civil. Las certificaciones aportadas para acreditar experiencia laboral excedente no reunían los requisitos aplicables, situación que la actora conocía por una gestión anterior. El Tribunal consideró inaplicables los artículos 5 y 6 de la Ley 8220, pues no se trataba de una solicitud administrativa susceptible de prevención, sino de un concurso regido por condiciones comunes para todas las personas participantes. Permitir la corrección posterior habría implicado una derogación singular de requisitos y comprometido el principio de idoneidad comprobada. Al mantenerse válido el acto de exclusión, también rechazó la nulidad de los actos posteriores, la reinstalación y las pretensiones económicas accesorias.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, the claim seeking annulment of Official Letter No. DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Coordinator of Recruitment and Selection of MINAE's Human Resources Directorate, must be rejected; consequently, recognition of the additional work experience requested by the claimant is not appropriate. The objection based on lack of a current interest raised by Ms. Araya Trejos's representative is rejected. The objection based on lack of legal entitlement raised by the defendants' representatives is upheld. Consequently, the complaint is dismissed in all respects. Claimant MARÍA TERESA URBINA HIDALGO is ordered to pay both categories of costs, which shall be calculated during enforcement once this judgment becomes final. THAT IS ALL. Let notice be served. — Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres, and Rodolfo Marenco Ortiz, Judges. —Así las cosas, se debe rechazar la pretensión cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, por lo que no es procedente reconocer la experiencia laboral excedente como lo solicita la accionante. Se rechaza la excepción de falta de interés actúa interpuesta por la representación de la señora Araya Trejos. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación de los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena a la actora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO al pago de ambas costas, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. ES TODO. Notifíquese. - Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres y Rodolfo Marenco Ortiz, Jueces. -
Pull quotesCitas destacadas
"Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso."
"This is because merely presuming compliance with the standards and subjective parameters required for the position, without the proper and timely submission of the necessary documents satisfying the applicable requirements for an adequate individual assessment of the claimant, would constitute an individual waiver of requirements and create a risk of disregarding the principle of demonstrated suitability that must govern this type of competition."
Considerando VII
"Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso."
Considerando VII
"Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto."
"Articles 5 and 6 of Law No. 8220, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures, were inapplicable because this was not a request submitted by Ms. Urbina Hidalgo to the Administration, but an internal competition whose published requirements governed evaluation; if a requirement was missing, the Directorate could not disregard those rules and request correction of documents that had not been submitted as required by the notice and applicable regulations."
Considerando VII
"Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto."
Considerando VII
"Al haberse denegado dichas solicitudes, devienen en improcedentes los reclamos indemnizatorios que se hacen, en consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas."
"Because those requests have been denied, the related claims for compensation are unfounded and must therefore also be denied."
Considerando VII
"Al haberse denegado dichas solicitudes, devienen en improcedentes los reclamos indemnizatorios que se hacen, en consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas."
Considerando VII
"Así las cosas, procede rechazar la demanda en todos sus extremos."
"Accordingly, the complaint must be dismissed in all respects."
Considerando VIII
"Así las cosas, procede rechazar la demanda en todos sus extremos."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
EV Template Generation: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF:
MARÍA TERESA URBINA HIDALGO DEFENDANTS:
THE STATE AND YESENIA ARAYA TREJOS N° 2025004070 ADMINISTRATIVE AND CIVIL COURT OF THE TREASURY, THIRD SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine twenty in the morning on treinta de abril del dos mil veinticinco.- Ordinary proceeding (proceso de conocimiento), declared to involve solely questions of law (puro derecho), brought by attorney MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, holder of identity card number 1-1033-695, bar membership number 26870, in his capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, holder of identity card number 7-132-687, against the STATE, represented by the State Attorney who entered an appearance in the proceeding, MARIANELLA BARRANTES ZAMORA, holder of identity card number 1-790-766, bar membership number 8494; and YESENIA ARAYA TREJOS, holder of identity card number 3-354-566, represented by her special judicial attorney-in-fact, CINDY MARÍA BLANCO GONZÁLEZ, holder of identity card number 3-384-779, bar membership number 17889.
CONSIDERING
I.PRELIMINARY MATTERS.- A) This decision is issued in accordance with the formalities established in Law N° 92, Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil, CPC), and the Regulations on Electronic Judicial Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, REJEPJ), approved by the Full Court in Article XXXI of session N° 22-13, held on 20 de mayo de 2013; B) The judgment is adopted unanimously following the corresponding deliberation, with Judge Rodríguez Cubero, the reporting judge, responsible for drafting the decision, and with the concurring votes and opinions of Judges Chaves Torres and Marenco Ortiz;
II.PROCEDURAL BACKGROUND.- The procedural history (íter procesal) is set forth below: 1.- According to the complaint filed on 10 de setiembre del 2018, the pleadings filed on 09 de noviembre del mismo año and 05 de marzo del 2019, and the adjustments made at the preliminary hearing held on catorce de julio del dos mil veintidós, the plaintiff seeks a judgment declaring: “...1- That this action be granted. /2. That the decision communicated through official letter DRH-378-2017 be annulled. / 3. That the Administration be ordered to recognize my client’s additional work experience, as recorded in her personnel file, without applying arbitrary requirements that were neither communicated nor raised with her, thereby enabling her to attain 70% of the predictor classification. / 4. Based on the foregoing, that the Administration be ordered to grant my client a permanent appointment, given that, with respect to position number 360668 in internal competition 001-2017, my client was the only applicant. / 5.
That the respondent be ordered to pay both categories of legal costs (ambas costas). Amendment of the complaint: 1. If claims 1, 2, and 3 of the initial complaint are granted, that the subsequent acts mentioned therein—the roster decision 00816-2018 in official letter SETENA-ASA-0734-2018 and official letter DHR-RS-207-2018—be declared null and void (pleading dated 09 de noviembre del 2018); and / 1. Upon the possible declaration that the acts challenged in this proceeding are null and void, that the defendant be ordered to reinstate my client. 2. That the defendant be ordered to pay lost wages (salarios caídos), year-end bonus (aguinaldo), school-year allowance (salario escolar), vacation pay, seniority increments (anualidades), and statutory increases, from the effective date of my client’s termination until she is reinstated. / 3. That the defendant be ordered to pay statutory interest and indexation on the foregoing amounts from the dates on which they became due until their actual payment. / 4.
That the percentage awarded for costs encompass these additional items…” (pleading dated 05 de marzo del 2019) (see images 10 to 19, 124 to 132, and 357 to 358 of the digital judicial case file scanned into a single PDF file, and the digital recording of the preliminary hearing).
(see images 453 to 456, 475 to 477, 481 to 485, and 490 to 492 of the digital judicial case file scanned into a single PDF file) 11. A first preliminary hearing was held at thirteen thirty-five on catorce de julio del dos mil veintidós, at which the claims were defined and the hearing was adjourned so that the complaint could be served on Ms. Araya Trejos and the State could be heard regarding the plaintiff’s pleading amending the complaint, filed on 05 de marzo del 2019, to which the Administration responded in a pleading dated 15 de julio del 2022 (see images 529 to 534 of the digital judicial case file scanned into a single PDF file).
12. In a pleading filed on 06 de noviembre del 2023, Ms. Yesenia Araya Trejos opposed the complaint, requested that it be dismissed, raised the defenses of lack of interest (falta de interés) and lack of legal entitlement, and requested that the plaintiff be ordered to pay both categories of legal costs of the proceeding (see images 583 to 600 of the digital judicial case file scanned into a single PDF file).
13. On 12 de junio del 2024, a preliminary hearing was held with all parties, at which its various stages were completed. The claims were established in the form already specified in item one of this section. All facts alleged in the complaint were deemed disputed. All documentary evidence offered by the parties was admitted. The proceeding was declared to involve solely questions of law, and the parties presented their closing arguments orally; those proceedings were recorded in the corresponding electronic system and are contained in the associated-documents folder of the virtual case file (see images 657 to 659 of the digital judicial case file scanned into a single PDF file and the digital recording of the preliminary hearing).
- The claim for annulment (pretensión anulatoria) brought by the plaintiff in this contentious-administrative proceeding seeks the annulment of resolution DRH-378-2017 and recognition of her additional work experience, which is documented in her personnel file, without applying arbitrary requirements of which she was neither previously advised nor notified, so that she may be appointed to position number 360668. She also seeks the annulment of the subsequent acts, namely payroll resolution 0086-2018 contained in official letter SETENA-ASA-0734-2018 and official letter DRH-RS-207-2018, and requests that, because she should have received a permanent appointment (nombramiento en propiedad) to the position, the defendant be ordered to reinstate her and to pay back wages (salarios caídos), Christmas bonus (aguinaldo), school salary (salario escolar), vacation pay, seniority increments (anualidades), and raises from the date of termination until her reinstatement, as well as interest on those amounts.
In this regard, she states the following: 1) Her client was excluded from Internal Competition number 001-2017 of the Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (hereinafter MINAE), and the competition was declared unsuccessful because she was the sole applicant and was excluded for failing to attain 70% on the predictors, but she was not informed of the reasons why she failed to meet that percentage; therefore, the resolution lacks the required grounds and substance. She was never told the basis for disregarding the certificates documenting her experience that were in her personnel file, nor were the formatting requirements communicated when the competition was announced. Accordingly, the 20% reduction in her score for additional work experience (experiencia laboral excedente) was unlawful and contrary to law; and 2) Although the Administration was fully aware of this contentious-administrative proceeding, which specifically challenges the administrative act (acto administrativo) by which her client was declared ineligible, it proceeded to take actions intended to formalize the award of the position and terminated her appointment.
The subsequent acts undertaken by the Administration are therefore entirely dependent on the principal challenged act, because if that act is null and void, as requested in the principal claim, the subsequent acts cannot stand, since two persons cannot be appointed to the same position. Finally, she requested that the defendants be ordered to pay costs. Counsel for the State and Ms. Araya Trejos opposed the action and raised the defenses of lack of a current interest and lack of legal entitlement. It is therefore appropriate to examine whether the plaintiff is legally entitled to the relief requested.
For purposes of issuing this decision, the following facts are deemed duly established under the standard of sound rational judgment (sana crítica racional), either because they arise from the body of evidence submitted and admitted in this proceeding or because the parties have accepted them.
ELIGIBLE INELIGIBLE X Notwithstanding the foregoing, we deeply regret to inform you that, because you obtained a score below 70% in the predictor assessment, you did not continue participating in MINAE internal competition 001-2017 for the Civil Service Professional 2 class, Specialty: Environmental Protection and Conservation Area Management. This is pursuant to Resolution DG-155-215, Chapter IV, Internal Competition Process, point VI. Assessment of Selection Predictors, last paragraph, which states: “… To be included on a roster of candidates (nómina), the candidate must obtain a final score equal to or greater than 70% across all established selection predictors…” (see image 104 of the digital court record scanned into a single PDF file).
Seniority Performance Evaluation Additional Work Experience Relevant Training Total Score 20% 30% 30% 20% 100% 20 20 10 0 50 (see images 105 to 106 of the digital court record scanned into a single PDF file).
- Also relevant to the determination of this matter, the plaintiff failed to prove the following:
In view of the principal claim asserted in this administrative proceeding, it is deemed necessary to have a clear understanding of the public employment regime governing our legal system, which differs from the regime governing employment relationships in the private sector. It must be borne in mind that there are two types of public servants under this public employment regime: those appointed permanently and those appointed on an interim basis. This distinction was previously discussed by this Court in judgment number 110-2016-VI, issued at nine o’clock on July twenty-seventh, two thousand sixteen, in the following terms: “…With respect to interim employees, that designation reflects certain exceptional circumstances concerning the manner in which they are hired and, in general, the way in which the employment relationship develops and ends. Thus, an interim employee is a person who enters into an employment relationship as a consequence of an urgent need or necessity in the provision of services, in order to cover or fill a position for a specified period, meaning that the appointment has both a starting and an ending date due to particular circumstances, whether vacations, disabilities, leaves of absence of the permanent incumbent, or a vacancy in the position—for various reasons, such as the retirement of the incumbent, the employee’s death, the incumbent’s resignation, dismissal, and, in general, any other situation requiring a competitive examination to fill the position, including the creation of new positions.
Such an official acquires no rights to the position held, given the exceptional nature of the appointment, a feature that distinguishes the interim official from the permanent public servant—who enjoys stability in the position, thereby granting that person certain rights not enjoyed by the substitute. (In this regard, judgment number 4845-99, issued by the Constitutional Chamber at sixteen hours and twenty-one minutes on June twenty-second, nineteen ninety-nine, may be consulted.) Notwithstanding the foregoing, interim officials must discharge the responsibilities of the position fully and comply with all its requirements and duties. Interim employees perform a temporary task intended to come to an end, which does not permit an expectation of continuity or permanence. The purpose of such substitution or occupancy is to ensure efficiency and continuity in the provision of services within administrative management.
However, the difference in degree between the stability enjoyed by a permanently appointed public servant and that of an interim appointee must be clarified, because the former does enjoy the full protection of the statutory employment relationship under Article 192 of the Constitution and may therefore be dismissed or removed from office only ‘…for the grounds of justified dismissal established in labor legislation, or in the event of a compulsory reduction of services…’ By contrast, as previously stated, an interim official enjoys limited job stability, since the following constitute lawful grounds for removal from the position: a.) when the interim official substitutes for the incumbent for a specified period and the incumbent returns to the position; b.) when the permanent incumbent of the position does not successfully complete the probationary period in another position following a promotion and must return to the former position; c.) in the case of vacant positions, when the interim official occupying the position does not win the competitive examination and the position is awarded to another official; d.) in cases of administrative restructuring, subject to a series of specific guidelines; e.) application of the disciplinary regime for violations committed by the interim official; f.) a finding that the interim official lacks the qualifications necessary to perform the work; and g.) when the interim official was appointed due to a lack of qualified candidates (an interim appointee who does not meet the requirements), in order to appoint another interim official who does meet the requirements.
The foregoing has also been developed in constitutional case law in the following terms: ‘…[the interim official] may be removed from the position only when certain special circumstances are present, such as the following: when the official substitutes for another person for a specified term and that term expires; when the permanent incumbent of the position occupied by the interim official returns to it; when a public servant promoted on an interim basis does not successfully complete the probationary period established by law; when the position occupied by the interim official is vacant and is opened to competition for permanent appointment; in qualified cases, such as when a restructuring process entails the elimination of positions—subject to compliance with the legally established requirements for doing so—; when the interim official was appointed due to a lack of qualified candidates (an interim appointee who does not meet the requirements), in order to appoint another interim official who does meet them; when enrollment has decreased in the case of classes taught on an interim basis; or when the official has committed a duly proven violation…’ (Judgment number 2007-015728, issued at fifteen hours and fifty-eight minutes on October thirty-first, two thousand seven.
To the same effect, among others, judgments number 4351-93, number 4761-96, number 2007-15167, number 219-98, number 325-98, number 2010-819, and number 2011-4629-2011.) Finally, given that the right to work is established as a fundamental right, the exercise of which enables a dignified existence and whose observance the State must oversee, protect, promote, and implement through the appropriate means, while ensuring that no official or private entity applies discriminatory employment policies when hiring, training, promoting, or retaining a person in employment, it has been held that every person (individual subject to the Administration) has the right to access public functions and offices under equal conditions, provided that the person meets the reasonable requirements imposed by law. In accordance with Articles 191 and 192 of the Political Constitution, a mechanism for access to public service has been established through the creation of a civil service regime for the entire Public Administration, founded upon ‘demonstrated suitability,’ in order to guarantee ‘efficiency’ in public administration—a principle that also has constitutional status—(in this regard, Constitutional Court judgments 1692-92, issued at fifteen hours and thirty minutes on August twenty-third, nineteen ninety-two; 140-93, issued at sixteen hours and five minutes on January twelfth, nineteen ninety-three; and 2001-5694, issued at sixteen hours and twenty-three minutes on June twenty-sixth, two thousand one, among others, may be consulted); this is accomplished through competitive examinations, so that the assessment of merit makes it possible to appoint a person permanently to a position.
Thus, ‘The system for appointing public servants and officials seeks to guarantee every person’s right of access, under general and reasonable conditions of equality, to public functions (Article 23, paragraph 1(c), of the American Convention on Human Rights) and to enjoy stability in employment. It also makes it possible to select the person who proves to be a suitable candidate for the position, in the interest of the efficient provision of public services.’ (Judgment number 2001-5694 of the Constitutional Chamber, cited above.) It is through this means that an interim official may achieve the desired stability…”
With regard to the principal claim made in these contentious-administrative proceedings concerning the nullity of official letter No. DRH-378-2017 of September 7, 2017, issued by the Recruitment and Selection Department of MINAE’s Human Resources Directorate, in which the plaintiff was informed that she could not continue participating in MINAE Internal Competition No. 001-2017, it is specifically argued that said act lacks the elements of grounds and content. The plaintiff alleges that, despite being qualified for the position, she was excluded from the competition because she did not attain 70% in the predictors, but she was not told why she failed to attain that percentage, nor was any specific decision identified, who made that decision, what the evaluation criteria were, or how that conclusion was reached; neither was she informed of the score obtained and its respective breakdown, which is contrary to Articles 132 and 133 of the General Law of Public Administration (hereinafter, LGAP).
She further argues that, during the appeals stage, she was told that the certificates submitted did not comply with the Civil Service format, although she was never informed of the required format or given notice to correct them, contrary to Articles 05 and 06 of the Law on the Simplification of Procedures. No reasons are given as to why the experience certificates contained in her personnel file were not taken into account, nor were the formatting requirements communicated when the competition was announced; therefore, the score assigned to her work experience is illegitimate and contrary to law. The State’s representative, for its part, states that the plaintiff did not attain the aggregate score of 70% required in the selection predictors to be deemed eligible and therefore could not continue as an applicant in Competition 001-2017, as she was informed by official letter DRH-378-2017 of September 7, 2017, issued by the Recruitment and Selection Coordinator of the Human Resources Directorate of the Ministry of Environment and Energy.
The plaintiff requested from MINAE’s Human Resources Directorate a breakdown of her score, which was provided to her. She therefore filed motions for reconsideration and appeal, in which she alleged, with regard to the scores she received for the seniority and additional-experience selection predictors, that she was unaware that the documents from some institutions for which she had worked did not meet the formal requirements for recognition in positions covered by the Civil Service System. However, that allegation does not accord with reality, because report DRH-DRC-EST-001-2016 of January 27, 2016, issued by the Registry and Control Department of the Human Resources Directorate of the Ministry of Environment and Energy, states the reasons why the period of employment shown therein could not be recognized. A copy of that report is in her personnel file, and another copy was sent to the plaintiff; consequently, the complaint must be dismissed.
The Court’s assessment: in the present case, it must be determined whether the plaintiff’s exclusion from the internal competition by the defendant Administration was consistent with the legal system. It should be noted that the Recruitment and Selection Department of MINAE’s Human Resources Directorate conducted Competition 001-2017, which included the position occupied by the plaintiff on an interim basis. That competition was conducted in accordance with the provisions established in Resolution No. DG-155-2015 of the General Directorate of Civil Service (see proven fact 02 of this judgment), which governs internal competitions held by institutions subject to the Civil Service System, as is the case with MINAE. It was also established that, to participate in that competition, the documents and credentials had to comply with the requirements of official letter DRH-759-2016 (see proven fact 03 of this judgment).
It was in the context of that competition that official letter No. DRH-378-2017 of September 7, 2017, was issued by the Recruitment and Selection Department of MINAE’s Human Resources Directorate, and it is the nullity of that letter that the plaintiff seeks. It is claimed that the official letter is null because its grounds and content are defective; therefore, it is necessary to analyze what is meant by the grounds of an administrative act. The grounds element of an administrative act is defined as the factual or legal antecedent that requires, authorizes, legitimizes, or permits the adoption of the administrative conduct; that is, it refers to the prerequisite for exercising authority in the specific case, such that its absence consequently prevents the Public Administration from acting, since there would be no legitimate basis for its agents to exercise the administrative function. Its regulation is set forth in Article 133 LGAP, under which it must exist at the time the act is adopted and throughout the entire period during which it remains in force, as originally conceived, thus permitting the administrative conduct to be adapted or adjusted to the purpose assigned to it by the legal system; and through compliance with that requirement, the Administration also ensures the satisfaction of the public interest in each case.
As for content, in accordance with the conditions imposed by Article 132.1 LGAP, it must be lawful, possible, clear, and precise, and must encompass all factual and legal issues arising from the grounds; those matters, even where the Administration has a duty to address them on its own initiative, could not be examined if the act failed to state the reasons for adopting a particular position. In the case at hand, the plaintiff states that she was excluded from the competition because she did not attain 70% in the predictors, but she was not informed why she failed to attain that percentage, nor was any specific decision identified, who made that decision, what the evaluation criteria were, or how that conclusion was reached; neither was she informed of the score obtained and its corresponding breakdown. She therefore claims that the statement of reasons is defective, making it necessary to analyze the administrative act whose nullity is sought in order to determine whether the alleged defect exists.
It may be established that official letter DRH-378-2017 of September 7, 2017, signed by the Recruitment and Selection Coordinator of MINAE’s Human Resources Directorate, determined that Ms. Urbina Hidalgo had obtained a score below 70% in the assessment of predictors for Internal Competition 001-20017, in which she was participating for the Civil Service Professional 2 classification, specialty: Environmental Protection and Conservation Area Management, pursuant to Resolution No. DG-155-2015 of the General Directorate of Civil Service. Thus, as the plaintiff alleges, it did not in fact state how that score had been obtained. Nevertheless, because the letter did not specify the percentage obtained, on September 12, 2017, the plaintiff requested the score and its corresponding breakdown, which the Administration provided through official letter No. DRH-462-2017 (see proven fact 07 of this judgment).
That letter informed her of the predictors to be evaluated according to the class of position for which she was competing, the score obtained for each predictor, and her final score of 50%, which was below the percentage required to continue participating in the competition. By providing that information to Ms. Urbina Hidalgo, the Recruitment and Selection Department of MINAE’s Human Resources Directorate cured the omissions in official letter DRH-378-2017 by explaining how the score had been obtained and providing its respective breakdown. After receiving that information, the plaintiff was therefore able to exercise her right of defense and file the corresponding motions for reconsideration and appeal (see proven fact 08 of this judgment). Likewise, regarding the claim that the person who performed the evaluation was not identified, it should be noted that Article 10(d) of the aforementioned Circular DG-155-2015 provides that the Institutional Human Resources Management Office is responsible for: “…Evaluating and assessing the applicants on the basis of the established selection predictors, obtaining the final results, and communicating those results both to the participants and to the Technical Coordination Team for their corresponding validation…”.
That is what occurred in the present case, since the signed official letters were served on the plaintiff by officials of MINAE’s Human Resources Directorate. Accordingly, this Court considers that, because the Administration cured the lack of grounds in official letter DRH-378-2017 of September 7 through official letter DRH-462-2017 of the 12th day of the same month and year, thereby rendering its content clear and enabling the plaintiff to exercise her rights properly during the appeals stage, the requested declaration of nullity is unwarranted. Nullity does not exist for its own sake, and because the information omitted from the first official letter was subsequently provided, the alleged lack of grounds and content no longer existed. Likewise, the plaintiff was not rendered defenseless, as she was able to file the corresponding appeals against the Administration’s action. Indeed, pursuant to Article 223 of the General Law of Public Administration, “Only the omission of essential formalities shall render the proceedings null and void,” meaning those “…whose proper performance would have prevented or changed the final decision in material respects, or whose omission caused a denial of the right of defense.” This is consistent with Article 32 of the Code of Civil Procedure, which contains the following rule: “…32.2 Inadmissibility of nullity.
Nullity may not be declared in the following circumstances: (…) 2. If the act, although irregular, has accomplished the purpose for which it was intended. …”. These provisions are fundamental in the sense that, unless the aforementioned conditions of materiality are demonstrated—that is, unless it is shown that the person subject to the Administration was actually prevented from defending herself or that application of the infringed procedural rule would have changed the outcome of the proceedings—there shall be no nullity. In this regard, the First Chamber of the Supreme Court has held as follows in its case law: “Having identified the defect challenged by the appellant in his grounds for cassation, it is necessary to determine whether it gives rise to absolute or relative nullity. As a matter of principle, nullity for its own sake does not exist; for nullity to arise, essential formalities must have been omitted, meaning those whose proper performance would have prevented or changed the final decision in material respects, or whose omission caused a denial of the right of defense (Articles 166 and 223 ibid.), circumstances that are absent in this case.” (Judgment No. 398-F-02, at three ten p.m. on May 16, 2002.
Emphasis not in the original). In the same vein, it stated: “The foregoing is consistent with the principle ne pas de nullité sans grief (there is no nullity without harm). It is therefore considered that, if a denial of the right of defense occurs or the act fails to accomplish the purpose for which it was established, it is null; otherwise, its preservation shall prevail.” (Decision No. 496-F-S1-2008, at three thirty-five p.m. on July 24, 2008. Emphasis not in the original).
Similarly, it has been stated: “…For example, in judgment (sentencia) 749-F-04 of 9:30 a.m. on 10 de setiembre de 2004, it rejected a claim of error related to the omission of the aforementioned hearing and ruled: “…account must be taken of the non-formalistic nature of the administrative procedure (procedimiento administrativo), which is reflected in our legal system in Article 223 of the Ley General de la Administración Pública, when it provides that only the omission of substantial procedural formalities ‘shall render the proceedings null and void,’ such formalities being understood as those ‘whose proper observance would have prevented or changed the final decision in important respects, or whose omission would have caused a denial of the right to a defense,’ all of the foregoing based on the principle that there is no ‘nullity for nullity’s sake’ […]”. Under that interpretation, it is necessary to analyze the content of the decree under review in order to determine its impact on or impairment of the corporate interests represented by the petitioner…” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolution Nº 01900 – 2020, issued at ten minutes past ten in the morning on catorce de mayo de dos mil veinte).
Accordingly, this Court considers that this argument for nullity (nulidad) raised by the claimant must be rejected. As to the other argument raised, namely that she was informed at the appeal stage that the certificates submitted did not comply with the Civil Service format, even though during the competitive selection process (concurso) she had never been informed of the required format or given notice to correct it, contrary to Articles 05 and 06 of the Ley de Simplificación de Trámites, no reasons were given for disregarding the certificates of experience contained in her personnel file, nor were the format requirements communicated when the competition was announced; consequently, the score assigned to her work experience is unlawful and contrary to law. Regarding the selection predictors (predictores de selección), the repeatedly cited circular DG-155-2015 provides that related experience must be understood as follows: “the knowledge and skills accumulated by an applicant through performing duties in positions similar or related to the position subject to the competition.” To determine such experience in the competition, it was stated that the documents and credentials contained in the personnel file would be used, as indicated in official letter DRH-759-2016 dated 28 de noviembre del 2016; the interested parties were therefore required to update the information, and the claimant should thus have known that the documents contained in her personnel file had to be current and comply with the regulations governing the Dirección General de Servicio Civil.
It should be noted that the invitation to the competition included information and documents that had to be reviewed in order to participate and provided that, in the event of questions, inquiries were to be sent to an email address designated for that purpose; it also established that the competition would be governed by the regulations of the aforementioned Directorate, whose provisions therefore had to be followed when submitting the requirements. If the claimant disagreed with the requirements or had questions about them, she was required to file the appropriate challenges or requests; there is no evidence that she took any such action. Furthermore, in connection with an earlier request submitted by the claimant (see images 95 to 98 of the scanned digital court record contained in a single PDF file), she had been informed that the certificates in her personnel file did not satisfy the requirements established by the applicable regulations.
It should also be stated that Articles 5 and 6 of Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, were not applicable in the present case, contrary to the claimant’s contention, because this case does not concern an application submitted by Ms. Urbina Hidalgo to the Administration, but rather an internal competition (concurso interno) in which the requirements that interested parties had to satisfy in order to be evaluated had been published. If any such requirement was not submitted, the Directorate could not disregard the established regulations and request the correction of documents that had not been submitted as stipulated in the invitation and in the applicable regulations. This is because merely presuming compliance with the subjective standards and parameters required for the position, without the proper and timely submission of the necessary documents meeting the applicable requirements and permitting an adequate individual assessment of the claimant, would amount to an individual waiver of requirements, creating a risk of disregarding the principle of proven suitability (principio de idoneidad comprobada), which must prevail in this type of competition.
Accordingly, the claim seeking the nullity of official letter number DRH-378-2017 dated 07 de setiembre del 2017, signed by the Recruitment and Selection Coordinator of the Human Resources Directorate of the MINAE Department, must be rejected; therefore, it is not appropriate to recognize the additional work experience requested by the claimant. Accordingly, given the manner in which the amendment to the complaint (ampliación de la demanda) was requested—namely: 1. If claims 1, 2, and 3 of the original complaint are granted, the aforementioned subsequent acts, roster resolution (resolución de nómina) 00816-2018 contained in official letter SETENA-ASA-0734-2018, and official letter DHR-RS-207-2018 shall be declared null and void (filing dated 09 de noviembre del 2018)—the relief requested in that amendment must likewise be denied. Finally, regarding the second amendment to the complaint, in which she requests: “…1.
Upon the possible declaration of nullity of the acts challenged in these proceedings, the respondent shall be ordered to reinstate my client. 2. The respondent shall be ordered to pay lost wages (salarios caídos), the year-end bonus (aguinaldo), school salary (salario escolar), vacation pay, seniority increments (anualidades), and statutory increases, from the date my client’s termination became effective until she is reinstated. / 3. The respondent shall be ordered to pay statutory interest and indexation on the foregoing amounts from the dates they became due until actual payment. / 4. The percentage awarded as legal costs shall encompass these new items…”, these claims must likewise be denied because, since no administrative act (acto administrativo) has been annulled and the Court considers it lawful, as explained in this judgment, reinstatement would not be appropriate. Moreover, reinstatement would not be appropriate because the claimant already holds a permanent appointment (nombramiento en propiedad) to position number 95114505742, Civil Service Professional 2, specialization in Environmental Protection and Management of Conservation Areas, assigned to the Oficina Subregional Esparza of the Departamento de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Pacifico Central (see proven fact 14 of this judgment).
Additionally, it must be clearly understood that Ms. Urbina Hidalgo had been appointed due to a lack of qualified candidates (inopia), on an interim basis and without meeting the requirements, to position number 360668; the Administration was therefore required to initiate procedures to appoint a person who did meet the requirements for the position. It consequently commenced the corresponding competitions, beginning with an internal competition in order to give priority to persons already appointed to those positions, but the claimant could not be selected because she failed to obtain the minimum score required for the competition. Nevertheless, she did participate in the external competition (concurso externo), but was not selected by the Administration; instead, Mr. Daniel Villavicencio Serrano was appointed (see proven fact 12 of this judgment), because he was considered suitable for the position in the interest of providing public services efficiently.
Lastly, the claims for damages (pretensiones indemnizatorias) cannot be entertained because the claim for compensation is contingent upon the granting of the claims for nullity and reinstatement; in other words, those claims are ancillary to that request. Since those requests have been denied, the claims for damages are unfounded and, consequently, those items must be denied.
Counsel for Ms. Araya Trejos raised the defense of lack of current legal interest (falta de interés actual) because the plaintiff had filed an expansion based on new facts and an amendment to the relief sought (pretensión), given that Ms. Urbina Hidalgo had been appointed as a permanent employee to a position in the Sistema de Áreas de Conservación; consequently, it would no longer be appropriate for her to be appointed to position number 360668, to which the co-defendant holds a permanent appointment. This Court finds that this defense should not be sustained, first because the amendment to the relief sought was denied by the case-management judge in an order (auto) issued at ten hours four minutes on February ninth, two thousand twenty-one; therefore, this Chamber cannot deem it to have been filed or to form part of these proceedings. Additionally, the plaintiff has not withdrawn her request for review of official letter (oficio) number DRH-378-2017, repeatedly cited above, or for reinstatement to that position; thus, the administrative act (acto administrativo), had it been annulled, could have caused her harm.
Accordingly, the defense of lack of current legal interest must be rejected. As to the defense of failure to state a legal right (falta de derecho) raised by the State and Ms. Araya Trejos, it must be sustained under the cited rules and the factual grounds set forth, because the plaintiff does not possess the right invoked in support of her claims. Instead, the action brought must be denied, since no invalid proceedings were found to have occurred in the evaluation of the plaintiff in Concurso Interno 001-2017, announced by the Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos del MINAE, thereby rendering the requested relief inadmissible. Accordingly, the complaint must be dismissed in its entirety.
Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, attorney fees and litigation costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the prevailing party solely because it was unsuccessful, and waiver thereof is appropriate only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under consideration, this judicial panel finds no reason to apply the exceptions established by the applicable rules or to depart from the principle that costs are awarded against the unsuccessful party. Therefore, both categories of costs are imposed on Ms. MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, and the amounts thereof shall be determined during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) once this ruling becomes final.
POR TANTO
The defense of lack of current legal interest raised by counsel for Ms. Araya Trejos is rejected. The defense of failure to state a legal right raised by counsel for the defendants is sustained. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. The plaintiff, MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, is ordered to pay both categories of costs, the amounts of which shall be determined during enforcement of the judgment once this ruling becomes final. THAT IS ALL. Let notice be served. - Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres and Rodolfo Marenco Ortiz, Judges. - ???????????????
LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO, DECIDING JUDGE ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, DECIDING JUDGE FRANCISCO CHAVES TORRES, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CONOCIMIENTO ACTORA:
MARÍA TERESA URBINA HIDALGO EL ESTADO Y YESENIA ARAYA TREJOS N° 2025004070 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de abril del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, establecido por el licenciado MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, portador de la cédula de identidad número 1-1033-695, abogado, carnet de colegiatura número 26870, en su condición de apoderado especial judicial de la señora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, portadora de la cédula de identidad número 7-132-687; en contra del ESTADO, representado por la procuradora apersonada al proceso, la Licenciada MARIANELLA BARRANTES ZAMORA, portadora de la cédula de identidad número 1-790-766, carnet de colegiatura número 8494; y YESENIA ARAYA TREJOS, portadora de la cédula de identidad número 3-354-566, representada por su apoderada especial judicial la Licenciada CINDY MARÍA BLANCO GONZÁLEZ, portadora de la cédula de identidad número 3-384-779, carnet de colegiatura número 17889.
CONSIDERANDO
I.ASPECTOS PRELIMINARES.- A) Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley N° 92, Código Procesal Civil (CPC), y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013; B) El fallo se adopta por unanimidad, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo del informante, juzgadora Rodríguez Cubero, con el voto y opinión concurrente de las personas juzgadoras Chaves Torres y Marenco Ortiz;
- A continuación se hace un recuento del íter procesal: 1.- Las pretensiones de la parte actora, según el escrito de demanda presentado en fecha 10 de setiembre del 2018, escritos presentados en fecha 09 de noviembre del mismo año y 05 de marzo del 2019 y ajustes realizados en la audiencia preliminar llevada a cabo el día catorce de julio del dos mil veintidós, son para que en sentencia se declare: "...1- Que se declare con lugar la presente demanda. /2. Que se anule la resolución comunicada por oficio DRH-378-2017. / 3. Se le ordene a la Administración reconozca la experiencia laboral excedente de mi representada, que consta en su expediente personal sin que se le apliquen requisitos arbitrarios, no comunicados y no prevenidos, con los que alcanza el 70% de la clasificación de predictores. / 4. Con base en lo anterior se le ordene a la Administración nombrar en propiedad a mi representada, siendo que en el concurso interno 001-2017 en lo relativo al puesto número 360668, únicamente mi representada concursó. / 5.
Se condene al pago de ambas costas a cargo del recurrido. Ampliación de la demanda 1. De acogerse las pretensiones 1, 2, y 3 del escrito principal de demanda, se declaren nulos los actos subsecuentes mencionados, la resolución de nómina 00816-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DHR-RS-207-2018, (escrito de fecha 09 de noviembre del 2018) y / 1. Con la eventual declaratoria de nulidad de los actos impugnados en el presente proceso, se condene al demandado a reinstalar a mi representada. 2. Que se condene al demandado al pago de los salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos de ley, desde el cese efectivo de mi representada, hasta que la misma sea reinstalada. / 3. Que se condene al demandado al pago de los intereses legales e indexación por los anteriores montos desde que fueron debidos hasta su efectivo pago. / 4. Que el porcentaje de la condenatoria en costas abarque estos nuevos extremos…” (escrito de fecha 05 de marzo del 2019) (ver imágenes 10 a 19, 124 a 132 y 357 a 358 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF y respaldo digital de la audiencia preliminar).
(ver imágenes 453 a 456, 475 a 477, 481 a 485 y 490 a 492 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 11. Se celebró una primera audiencia preliminar a las trece horas treinta y cinco minutos del catorce de julio del dos mil veintidós, en la cual definieron las pretensiones y se suspendió para notificar el traslado de la demanda a la señora Araya Trejos y dar audiencia al Estado del escrito de ampliación de la acción demanda presentado por la parte actora en fecha 05 de marzo del 2019, el cual la Administración dio respuesta con escrito de fecha 15 de julio del 2022 (ver imágenes 529 a 534 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 12. Con escrito presentado en fecha 06 de noviembre del 2023 la señora Yesenia Araya Trejos contestó negativamente la demanda, solicitó que fuese declarada sin lugar e interpuso las excepciones de falta de interés y falta de derecho, y que se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso (ver imágenes 583 a 600 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF) 13.
En fecha 12 de junio del 2024 se llevó a cabo la audiencia preliminar con todas las partes en la que se realizaron las diferentes etapas de la misma. Se establecieron las pretensiones en la forma ya definida en el punto uno de este apartado. Se determinaron todos los hechos de la demanda como controvertidos. Se admitió la integridad de la prueba documental ofrecida por las partes. Se declaró el proceso con trámite de puro derecho y las partes rindieron las conclusiones en forma oral, diligencias que fueron grabadas en el sistema electrónico correspondiente y constan en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual (ver imágenes 657 a 659 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF y respaldo digital de la audiencia preliminar).
- La pretensión establecida por la parte actora en el presente proceso contencioso es de naturaleza anulatoria, en la que se solicita se anule la resolución DRH-378-2017 y se reconozca la experiencia laboral excedente que posee y que constan en el expediente personal sin que se apliquen requisitos arbitrarios, no prevenidos ni comunicados por lo que se le nombre en el puesto número 360668. Así como los actos subsecuentes, que son la resolución de nómina 0086-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DRH-RS-207-2018, y que al haberse nombrado en propiedad en la plaza se condene al demandado a mi reinstalación, así como el pago de salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos desde el cese hasta su reinstalación, así como los intereses de esas sumas. En este sentido señala lo siguiente: 1) Que se excluye a su representada del Concurso Interno número 001-2017 de la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (en adelante MINAE) y se declara desierto al ser ella la única oferente y ser excluida al no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le comunica las razones por las que no cumplió dicho porcentaje, por lo que la resolución carece de elementos de motivo y contenido.
Nunca se le indica en que se basa para no tomar en cuenta los certificados de experiencia que su representada ostenta y que se encuentran en su expediente personal, ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el rebajo en la calificación de un 20% en experiencia laboral excedente es ilegítima y contraria a derecho; y 2) A pesar que la Administración tenía conocimiento pleno del presente proceso contencioso administrativo en que se impugna precisamente el acto administrativo por medio del cual a mi representada se le declaró no legible, deriva actuaciones buscando formalizar la adjudicación de la plaza, cesándola de su puesto. Por lo que los actos posteriores realizados por la Administración son completamente dependientes del acto principal impugnado, en tanto si el mismo es nulo, como se solicita en la pretensión principal, los subsiguientes no pueden existir, en tanto no puede nombrarse a dos personas en la misma plaza.
Finalmente pidió la condena en costas a los demandados. Las representaciones del Estado y de la señora Araya Trejos se opusieron a la acción e interpusieron las defensas de falta de interés actual y falta de derecho. Corresponde, entonces, ingresar a examinar si le asiste o no el derecho a la parte accionante en relación con lo peticionado.
De importancia para el dictado de esta resolución, se tienen los siguientes hechos como debidamente demostrados conforme la sana crítica racional, sea que así se desprenda de la comunidad de pruebas aportadas y admitidas en este proceso, o porque las partes los han aceptado.
IDÓNEO NO IDÓNEO X Pese a lo anterior, mucho lamentamos comunicarle que dado que obtuvo una calificación inferior al 70% en la evaluación de predictores, no continuó participando en el concurso interno 001-2017 MINAE, en la clase Profesional de Servicio Civil 2, Especialidad: Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, lo anterior según lo que establece la Resolución DG-155-215, en el Capítulo IV Del Proceso del Concurso Interno, punto VI. Evaluación de Predictores de Selección, último párrafo, que indica: “… Para integrar una nómina, el candidato debe obtener una calificación final o igual a superior del 70% entre todos los predictores de selección establecidos…” (ver imagen 104 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
Antigüedad Evaluación del Desempeño Capacitación a fin Calificación Total 20% 30% 30% 20% 100% 20 20 10 0 50 (ver imágenes 105 a 106 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
- También de importancia para la decisión de este asunto, la actora no demostró lo siguiente:
En atención a la pretensión principal que se formula en este proceso contencioso se estima necesario tener claro el régimen de empleo público que rige en nuestro ordenamiento jurídico, el cual difiere del régimen que regula las relaciones laborales en el sector privado. Se debe tener presente que existen dos tipos de servidores públicos en este régimen de empleo público, los nombrados en propiedad y los nombrados interinamente. Dicha diferencia ya fue desarrollada por este Tribunal en la sentencia número 110-2016-VI de las nueve horas del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, en los siguientes términos: "...En lo que respecta al trabajador interino, dicho calificativo obedece a ciertas circunstancias excepcionales en su forma de contratación y en general, en la manera cómo se desarrolla y culmina la relación laboral. Así, el trabajador interino es aquel sujeto que participa de la relación laboral como consecuencia de una situación de urgencia o necesidad en la prestación del servicio, para cubrir u ocupar una plaza por un período determinado, lo que hace que tenga una fecha de inicio y otra de finalización, por circunstancias particulares, ya sea, vacaciones, incapacidades, permisos del titular o por estar vacante el puesto -por circunstancias diversas, ya sea, jubilación del propietario, muerte del trabajador, renuncia del titular, despido, y en general cualquier otra situación que haga necesaria la realización del concurso de oposición para llenar la plaza, como lo sería la creación de nuevas-.
Este funcionario no adquiere derechos sobre la plaza que ocupa, dado el carácter excepcional de su nombramiento, rasgo que lo diferencia del servidor propietario -quien goza de estabilidad en el puesto, lo cual le otorga ciertos derechos de los que no disfruta el sustituto.(En tal sentido, puede consultarse la sentencia número 4845-99, de las dieciséis horas y veintiún minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional). No obstante lo anterior, el funcionario interino sí debe desempeñar el cargo con absoluta responsabilidad, requisitos y deberes del mismo. El trabajador interino realiza una tarea circunstancial y destinada a agotarse, que no admite la expectativa de su continuidad o permanencia. El objetivo de dicha sustitución u ocupaciones la de garantizar la eficiencia y continuidad en la prestación de servicios en la gestión administrativa. Ahora bien, sí debe de clarificarse la diferencia en grado entre la estabilidad de un servidor con nombramiento en propiedad de la estabilidad del servidor con nombramiento interino, dado que el primero sí tiene la protección plena de la relación estatuaria, en los términos del numeral 192 de la Carta Fundamental, en tanto sólo puede ser cesado o removido de su puesto "...por las causales despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios,..."En cambio, según se adelantó, el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba en otro cargo en ascenso, y debe regresar nuevamente a su puesto; c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario; d.) en casos de reestructuraciones administrativas, siguiendo una serie de pautas específicas; e.) aplicación del régimen disciplinario por faltas cometidas por el funcionario interino; f.) que establezcan la falta de idoneidad de éste para desempeñarse en sus labores y g.) cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos) para nombrar a otro interino que sí reúna los requisitos.
Lo anterior ha sido también desarrollado por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: "... sólo puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas circunstancias especiales como lo serían las siguientes: cuando sustituye a otra persona por un determinado plazo y éste se cumple, cuando el titular de la plaza que ocupa el funcionario interino regresa a ella, cuando el servidor ascendido interinamente no supera con éxito el período de prueba establecido por la ley, cuando la plaza ocupada por el interino está vacante y es sacada a concurso para ser asignada en propiedad, en casos calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de reestructuración que implica la eliminación de plazas -con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para hacerlo-, cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos) para nombrar a otro interino que sí reúna los requisitos, cuando ha habido una disminución en la matrícula en caso de lecciones interinas, o cuando de la comisión de una falta debidamente comprobada se trate...
" (Sentencias número 2007-015728, de las quince horas y cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de octubre del dos mil siete. En igual sentido, entre otras, la número 4351-93, número 4761-96, número 2007-15167, número 219-98, número 325-98, número 2010-819 y número 2011-4629-2011.) Finalmente, considerándose que el derecho al trabajo se estatuye en uno de carácter fundamental, cuyo ejercicio le permite la existencia digna y cuyo cumplimiento debe el Estado vigilar, proteger, fomentar e implementar por los medios correspondientes, cerciorándose de que en todos los organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar a una persona en un empleo, es que se ha estimado que toda persona (administrado) tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, si cumple con los requisitos razonables impuestos por la ley.
Conforme a las previsiones de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, se ha previsto un mecanismo para acceder a la función pública, mediante la creación de un régimen de servicio civil para toda la Administración Pública, sustentado en la base de la "idoneidad comprobada", a fin de garantizar " la eficiencia" en la gestión pública -principio que también tiene rango constitucional- (en este sentido, se pueden consultar las sentencias constitucionales 1692-92, de las quince horas treinta minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos y la 140-93, de las dieciséis horas cinco minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y tres y 2001-5694, de las dieciséis horas veintitrés minutos del veintiséis de junio del dos mil uno, entre otras, todas del Tribunal Constitucional); lo cual se hace a través de concursos de oposición, de manera que mediante la calificación de méritos, se posibilita incorporar de manera definitiva al sujeto en una plaza en propiedad.
Así, "El régimen de nombramiento de los servidores y funcionarios públicos, pretende garantizar el derecho que tiene toda persona de tener acceso, en condiciones generales y razonables de igualdad, a las funciones públicas (artículo 23 párrafo 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y de gozar de estabilidad en el empleo. Además, posibilita la escogencia de quien compruebe ser candidato idóneo para ocupar el cargo en aras de la prestación eficiente del servicio público. (sentencia número 2001-5694, de la Sala Constitucional, supra citada.) Es a través de este medio que un interino podrá lograr la estabilidad anhelada..."
En orden a la pretensión principal que se hace en este proceso contencioso en cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017 de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Reclutamiento y Selección del MINAE, en el cual se le indica a la actora que no podía continuar participando en el Concurso Interno No. 001-2017 MINAE, específicamente argumentando que dicho acto carece de los elementos motivo y contenido. Alega la accionante que a pesar de poseer idoneidad para dicho puesto se le excluyo del concurso por no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le indica porque no alcanzo dicho porcentaje ni refiere a una decisión concreta, quién tomó dicha decisión, cuales fueron los parámetros de evaluación y como se llegó a dicha conclusión, no se le comunica la calificación obtenida y su respectivo desglose, lo que es contrario a los artículos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP).
Además, argumenta que se le indica en la etapa recursiva que las certificaciones presentadas no cumplían con el formato del Servicio Civil, pero nunca se le comunicó el formato que se requería ni se previno sobre el mismo, contrario a los artículos 05 y 06 de le Ley de Simplificación de Trámites. No se indica las razones por las que no se toman en cuenta las certificaciones de experiencia que se encuentran en su expediente personal ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el puntaje otorgado a su experiencia laboral es ilegítima y contraria a derecho. Por su parte la representación del Estado señala que la demandante no alcanzó en la sumatoria de los predictores de selección el 70% requerido para ser considerada elegible y por lo tanto no podía seguir como postulante en el concurso 001-2017 y así se le comunicó mediante oficio DRH-378-2017 del 7 de setiembre de 2017, emitido por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía.
La actora solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del MINAE el desglose de su calificación la cual fue remitida. Por lo que presentó los recursos de revocatoria y apelación, en ellos alega, en cuanto a los porcentajes de calificación que recibió en los predictores de selección de antigüedad y experiencia excedente, que desconocía que los documentos de algunas instituciones para las que trabajó, no tuvieran las formalidades que se exige para el reconocimiento en los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, sin embargo, lo alegado no corresponde a la realidad ya que en el informe del Departamento de Registro y Control, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía DRH-DRC-EST-001-2016, del 27 de enero de 2016, se indican las razones por las cuales no se le puede reconocer el tiempo laborado que ahí se muestra, de este informe hay copia en el expediente personal y se le envió copia a la demandante por lo que debe rechazarse la demanda.
Criterio del Tribunal, en el presente caso lo que debe determinarse es si la exclusión del concurso interno realizado a la actora por parte de la Administración demandada fue o no conforme al ordenamiento jurídico. Se debe señalar que el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del MINAE, realizó el concurso 001-2017 en el cual se encontraba la plaza que ocupaba de forma interina la parte actora. Dicho concurso se realizó según las estipulaciones establecidas en la resolución número DG-155-2015 de la Dirección General del Servicio Civil (ver hecho probado 02 de esta sentencia), que regula lo relativo a los concursos internos de las instituciones que se rigen por el Régimen de Servicio Civil, como es el caso del MINAE. Además, se establece que para participar en ese concurso los documentos y atestados deben de cumplir con lo establecido en el oficio DRH-759-2016 (ver hecho probado 03 de esta sentencia).
Dentro de dicho concurso es que se dicta el oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017 de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Reclutamiento y Selección del MINAE, el cual es el que la parte accionante solicita la nulidad. Se señala que dicho oficio es nulo porque posee un vicio en el motivo y contenido, por lo que se debe proceder a analizar que se debe entender como el motivo del acto administrativo, El elemento motivo del acto administrativo, se define como el antecedente de hecho o de derecho que exige, habilita, legitima o permite la adopción de la conducta administrativa, es decir, refiere al presupuesto necesario para el ejercicio de la competencia en el caso concreto, de modo que su ausencia -como resultado- impide el accionar de la Administración Pública, ya que no habría causa legítima para el ejercicio de la función administrativa por parte de sus agentes.
Su regulación se observa en el canon 133 LGAP, norma conforme a la cual éste debe existir al momento de adoptar el acto, así como en todo el curso de su vigencia, tal y como ha sido originalmente considerado, permitiendo así adaptar o ajustar la conducta administrativa al propósito que le asigna el ordenamiento jurídico y de paso, con su cumplimiento, la Administración se asegura la satisfacción del interés público en cada caso. En el caso del contenido de conformidad con las condiciones que impone el canon 132.1 LGAP, éste deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, incluso como deber oficioso, no podrían ser contrastadas en el caso de no exponer el acto las razones por las cuales asume determinada postura. Pues bien, en el caso de marras, la parte actora señala que se le excluyo del concurso por no alcanzar el 70% de los predictores, pero no se le indica porque no alcanzo dicho porcentaje ni refiere a una decisión concreta, quién tomó dicha decisión, cuales fueron los parámetros de evaluación y como se llegó a dicha conclusión, no se le comunica la calificación obtenida y su respectivo desglose, por lo que existe el vicio en la motivación, por lo que se debe realizar el análisis del acto administrativo que se soliCIta la nulidad para determinar si de da el vicio argumentado.
Se puede establecer que el oficio DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE resuelve que la señora Urbina Hidalgo obtuvo una calificación inferior al 70% en la evaluación de predictores en el concurso Interno 001-20017 en que estaba participando en la clase de profesional de servicio Civil 2, especialidad: Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, según lo que establece la resolución número DG-155-2015 de la Dirección General de Servicio Civil, por lo cual efectivamente no se indica de donde se obtuvo dicha calificación como lo alega la accionante. No obstante, debido a que no se señalaba cuanto porcentaje se había obtenido, la actora solicita en fecha 12 de setiembre del 2017 la nota obtenida y el desglose respectivo, el cual es suministrado por la Administración en el oficio número DRH-462-2017 (ver hecho probado 07 de esta sentencia), donde se le indica cuales eran los predictores a evaluar según la clase de puesto que participaba, cual fue la nota obtenida en cada predictor y la calificación final, que fue de un 50%, lo cual era menor al porcentaje requerido para continuar participando en el concurso citado.
Con dicha información suministrada a la señora Urbina Hidalgo se subsana por parte del Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, los elementos faltantes en el oficio DRH-378-2017 de cita, al señalar de donde se obtenía la nota y el desglose respectivo. Por lo que posterior, a dicha información la accionante pudo ejercer su derecho de defensa y presentar los respectivos recursos de revocatoria y apelación respectivos (ver hecho probado 08 de esta sentencia). Asimismo, en lo referente a que no se indica quién fue el que hizo la evaluación, cabe señalar que la circular DG-155-2015 citada, en su artículo 10 inciso d) establece que a la oficina de Gestión Institución de Recursos Humanos le corresponde: “…Evaluar y valorar a los concursantes, en función de los predictores de selección establecidos, obtener los resultados finales, y comunicar los resultados tanto a los participantes como al Equipo Técnico de Coordinación para su respectiva validación…”, que fue lo que se dio en el presente caso al estar los oficios suscritos notificados a la accionante por funcionarias de la Dirección de Recursos Humanos del MINAE.
Así las cosas, considera este Tribunal que al haberse subsanado por parte de la Administración la falta de motivo del oficio DRH-378-2017 de fecha 07 de setiembre con el oficio DRH-462-2017 del día 12 del mismo mes y año, ser ahora si ser claro el contenido del mismo y de esa forma darse la posibilidad a la accionante de poder así ejercer adecuadamente la fase recursiva, considera este Tribunal que no es procedente la nulidad pretendida, debido a que no hay nulidad por la nulidad misma, y al haberse brindado la información que era omisa en el primer oficio, ya no se daría la falta de motivo y contenido alegada. Asimismo, tampoco se le causo ninguna indefensión a la actora al poder ejercer los respetivos recursos contra la actuación de la Administración. En efecto tal, conforme a la previsión del mandato del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, "Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales ", entendiendo por tales aquellas "... cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión", lo que resulta conteste con el artículo 32 del Código Procesal Civil contiene la siguiente regla: "... 32.2 Improcedencia de la nulidad.
No podrá declararse la nulidad en los siguientes supuestos: (...) 2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba destinado. ...". Estas disposiciones son fundamentales, en el sentido de que si no se demuestran las condiciones de sustancialidad referidas, esto es, que, si no se observa que el administrado estuvo de manera real impedido de poder defenderse o que, aplicada la norma procesal infringida habría cambiado el resultado del proceso, no habrá nulidad. Es en este sentido que la Sala Primera de la Corte Suprema en su jurisprudencia ha considerado lo siguiente: "Determinado el vicio, que en sus agravios reprocha el casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad absoluta o relativa. En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma no existe, para que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, entendiendo por tales, aquellas cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión (artículos 166 y 223 ibídem) situaciones que, en la especie, se echan de menos.
" (Sentencia número 398-F-02, de quince horas diez minutos del dieciséis de mayo del dos mil dos. El resaltado no es del original). En el mismo sentido, expuso lo siguiente: "Lo anterior, es acorde con el principio ne pas de nullité sans grief (no existe la nulidad sin daño). Se estima entonces, que si se produce indefensión o el acto no alcanza su finalidad para la cual fue establecido, es nulo, en caso contrario, prevalecerá su conservación". (Resolución número 496-F-S1-2008, de quince horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho. El resaltado no es del original). En igual sentido, se ha señalado: “…Por ejemplo, en la sentencia 749-F-04 de las 9 horas 30 minutos del 10 de setiembre de 2004, denegó un agravio relacionado con la omisión de la susodicha audiencia y dispuso: “…ha de tenerse en cuenta, el carácter antiformalista del procedimiento administrativo, que se manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, cuando establece que sólo “causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento”, entendiéndose como tales, aquellas “cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”, todo lo anterior, basado en la idea de que no “hay nulidad por la nulidad misma” […]”.
Bajo esa inteligencia, es necesario analizar el contenido del decreto en examen a efectos de determinar su incidencia o afectación en los intereses corporativos representados por el accionante…” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 01900 – 2020 de las diez horas diez minutos del catorce de mayo de dos mil veinte). Por lo cual considera este Tribunal que debe rechazarse este argumento de nulidad expuesto por la accionante. En cuanto al otro argumento expuesto en relación con que se le indica en la etapa recursiva que las certificaciones presentadas no cumplían con el formato del Servicio Civil, pero que en el concurso nunca se le comunicó el formato que se requería ni se previno sobre el mismo, contrario a los artículos 05 y 06 de le Ley de Simplificación de Trámites. No se indica las razones por las que no se toman en cuenta las certificaciones de experiencia que se encuentran en su expediente personal ni se comunicaron los requerimientos de formato durante la publicación del concurso, por lo que el puntaje otorgado a su experiencia laboral es ilegítima y contraria a derecho.
En cuanto a los predictores de selección la circular DG-155-2015 de reiterada cita, establece que se debe entender por experiencia relacionada lo siguiente: “el conocimiento y habilidad que acumula un postulante por el desempeño del puesto similares o relacionados con el que está sometido a concurso”. Para determinar dicha experiencia en el concurso se indicaba que se iba a realizar con los documentos y atestados que constarán en el expediente personal, según lo indicado en el oficio DRH-759-2016 de fecha 28 de noviembre del 2016, por lo que los interesados debían de actualizar la información, por lo que la actora debía de conocer que los documentos que constaban en su expediente personal debían de estar actualizados conforme a la normativa que regula la Dirección General de Servicio Civil. Cabe destacar, que en la invitación del concurso se adjuntaba una serie de información y documentos que se debían consultar para participar en el mismo, y en caso de dudas se debía consultar a un correo electrónico establecido al efecto y se establecía que se iba a regir por la normativa de la Dirección citada, por lo que se debía de cumplir con las disposiciones de ésta para presentar los requisitos.
En caso de que no estuviera de acuerdo la parte accionante con los requisitos que se requería o si tenía dudas de estos debía de realizar las impugnaciones o gestiones pertinentes, de lo cual no hay prueba que se haya efectuado alguna de estas gestiones. Además, de una gestión anterior realizada por la gestionante (ver imágenes 95 a 98 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF), se le había indicado que las certificaciones que constaban en su expediente personal no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. Cabe además exponer que en el presente caso no era procedente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, como lo alega la parte actora, debido a que no nos encontramos ante una solicitud que haya realizado la señora Urbina Hidalgo a la Administración, sino ante un concurso interno, en el cual se habían publicado los requisitos que debían cumplir los interesados para poder ser evaluados y en caso de que no se presentara alguno de ellos, la Dirección no podía desaplicar las regulaciones establecidas y solicitar corrección de documentos que no habían sido presentados como se había establecido en la invitación y en la normativa aplicable al afecto.
Esto debido a que la sola presunción de cumplimiento de los estándares y parámetros subjetivos requeridos para el cargo, sin el debido y oportuno aporte de los documentos necesarios y con los requisitos requeridos que permitieran el adecuado análisis individual de la accionante se constituiría en una derogación singular de exigencias, lo que generaría un riesgo de desatención al principio de idoneidad comprobada que ha de imponerse en este tipo de concurso. Así las cosas, se debe rechazar la pretensión cuanto a la nulidad del oficio número DRH-378-2017 del 07 de setiembre del 2017, suscrito por la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento del MINAE, por lo que no es procedente reconocer la experiencia laboral excedente como lo solicita la accionante. Así las cosas, por la forma en que fue solicitada la ampliación de la demanda, a saber: 1.
De acogerse las pretensiones 1, 2, y 3 del escrito principal de demanda, se declaren nulos los actos subsecuentes mencionados, la resolución de nómina 00816-2018 de oficio SETENA-ASA-0734-2018 y el oficio DHR-RS-207-2018, (escrito de fecha 09 de noviembre del 2018) también sería procedente declarar sin lugar lo solicitado en dicha ampliación. Finalmente, en cuanto a la segunda ampliación de la demanda en la que solicita: “…1. Con la eventual declaratoria de nulidad de los actos impugnados en el presente proceso, se condene al demandado a reinstalar a mi representada. 2. Que se condene al demandado al pago de los salarios caídos, aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades y aumentos de ley, desde el cese efectivo de mi representada, hasta que la misma sea reinstalada. / 3. Que se condene al demandado al pago de los intereses legales e indexación por los anteriores montos desde que fueron debidos hasta su efectivo pago. / 4.
Que el porcentaje de la condenatoria en costas abarque estos nuevos extremos…”, las mismas deben igualmente ser declaradas sin lugar, porque al no haberse anulado ningún acto administrativo, al considerar el Tribunal que el mismo se encuentra a derecho como se ha expuesto en el presente fallo, no sería procedente la reinstalación. Además, la misma no sería procedente porque la accionante ya se encuentra nombrada en propiedad en el puesto número 95114505742, profesional de Servicio Civil 2, especialidad Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, puesto destacada en la Oficina Subregional Esparza, del Departamento de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación Pacifico Central (ver hecho probado 14 de esta sentencia). Adicionalmente, se debe tener claridad que la señora Urbina Hidalgo se encontraba nombrada por inopia, interina sin requisitos, en el puesto número 360668, por lo que la Administración debía iniciar los procedimientos para nombrar a una persona que si reuniera con los requisitos para ocupar el puesto, por lo que inicio los concursos correspondientes, iniciando con uno interno, para darle prioridad a las personas que se encontraban nombradas en dichas plazas, pero la accionante no pudo ser elegida al no lograr la nota mínima para el concurso.
No obstante, si participó en el concurso externo, pero no fue elegida por la Administración, sino que se nombró al señor Daniel Villavicencio Serrano (ver hecho probado 12 de esta sentencia), al considerar que era el idóneo para ocupar el cargo en aras de la prestación eficiente del servicio público. Por último, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias, las mismas son inatendibles, en el tanto el reclamo indemnizatorio interpuesto está vinculado al acogimiento de la pretensión de nulidad y de reinstalación formuladas; es decir, se trata de requerimientos accesorios a dicho pedimento. Al haberse denegado dichas solicitudes, devienen en improcedentes los reclamos indemnizatorios que se hacen, en consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas.
La representación de la señora Araya Trejos interpuso la excepción de falta de interés actual al haber presentado la parte actora una ampliación de hechos nuevos y una modificación de la pretensión por haberse nombrado a la señora Urbina Hidalgo en condición de propietaria en un puesto en el Sistema de Áreas de Conservación, por lo que ya no sería pertinente que sea nombrada en el puesto número 360668 donde se encuentra nombrada en propiedad la codemandada. Considera este Tribunal que está excepción no debe ser acogida, primeramente porque dicha modificación de la pretensión fue rechazada por la persona juzgadora de trámite mediante auto de las diez horas cuatro minutos del nueve de febrero del dos mil veintiuno, por lo que está Cámara no puede tenerla como interpuesta y como parte del presente proceso. Y adicionalmente, la parte actora no ha desistió de la pretensión de revisión del oficio número DRH-378-2017 de reiterada cita ni de la reinstalación a dicho puesto, por lo que, si le pudo generar un perjuicio a la parte actora, en caso de que el acto administrativo se hubiera anulado, por lo que se debe rechazar la falta de interés actual interpuesta.
En cuanto a la excepción de falta de derecho formulada por el Estado y la señora Araya Trejos debe acogerse, según la normativa citada y los fundamentos de hecho expuestos, al no asistirle el derecho invocado a la actora en sustento de sus pretensiones, sino que por el contrario debe denegarse la acción incoada, sin que se haya observado el acaecimiento de actuaciones nulas en la evaluación realizada a la accionante en el Concurso Interno 001-2017, convocado por el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos del MINAE lo que hace improcedentes las pretensiones solicitadas. Así las cosas, procede rechazar la demanda en todos sus extremos.
Conforme a lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la señora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de interés actúa interpuesta por la representación de la señora Araya Trejos. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación de los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena a la actora MARÍA TERESA URBINA HIDALGO al pago de ambas costas, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. ES TODO. Notifíquese. - Lindsay Rodríguez Cubero, Francisco José Chaves Torres y Rodolfo Marenco Ortiz, Jueces. - ???????????????
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
Document not found. Documento no encontrado.