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Res. 05608-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 09/06/2025

Indemnification Set for Land Occupied by State Levee in High-Risk Zone and Forest SetbackFijación de indemnización por terreno ocupado por dique estatal en zona de alto riesgo y retiro forestal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente acogida

The execution is partially granted, setting indemnification at ₡19,320,031.04 and costs at ₡3,100,000.00, and ordering the land be registered in the State's name.Se acoge parcialmente la ejecución, fijando la indemnización en ₡19.320.031,04 y costas por ₡3.100.000,00, y ordenando inscribir el terreno a nombre del Estado.

SummaryResumen

In the sentence enforcement phase, the Administrative Court set the indemnification value for two portions of a property in Puntarenas (folio 73.211-000) occupied by a levee built by the National Emergency Commission and the strip between the levee and the Parrita River. The original judgment ordered the State and CNE to compensate for these areas, considering limitations under Article 33 of the Forestry Law, the Parrita Zoning Plan (which classifies the zone as high-risk), and the increase in value of the area protected by the levee. The court accepted the expert appraisal of Engineer Rodríguez Cruz, which set a total value of ₡19,320,031.04 using the market approach and deducting the enhanced-area increase. It rejected objections from the State and CNE about inconsistencies in comparables and inclusion of forest setback zones, noting they provided no contrary technical evidence. It also set personal and procedural costs, denied cassation and enforcement costs, and ordered the indemnified land be registered in the State's name.El Tribunal Contencioso Administrativo, en fase de ejecución de sentencia, determinó el valor indemnizable de dos porciones de terreno de la finca del Partido de Puntarenas matrícula 73.211-000, ocupadas por un dique construido por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la franja entre el dique y el río Parrita. La sentencia original condenó al Estado y a la CNE a indemnizar dichas áreas, considerando las limitaciones del artículo 33 de la Ley Forestal, el Plan Regulador de Parrita (que cataloga la zona como de alto riesgo) y el incremento de valor del área protegida por el dique. El tribunal acogió el peritaje de la ingeniera Rodríguez Cruz, que fijó un valor total de ₡19.320.031,04, utilizando el método de mercado y deduciendo el incremento del área favorecida. Rechazó las objeciones del Estado y la CNE sobre inconsistencias en los comparables y la inclusión de zonas de retiro forestal, señalando que no aportaron prueba técnica en contrario. Además, fijó costas personales y procesales, rechazó las costas de casación y de ejecución, y ordenó inscribir el terreno indemnizado a nombre del Estado.

Key excerptExtracto clave

Court's Reasoning: To address this matter, the parameters set by the judgment under the principle of res judicata were taken as the basis for valuation: BREAKDOWN OF THE DIFFERENT AREAS AND FORESTRY LAW LIMITATIONS, EFFECT OF THE ZONING PLAN, VALUE OF THE INCREASE IN THE AREA FAVORED BY THE LEVEE. As credited, the expert professional in her report develops and differentiates the various areas and the impact of the levee, identifying them, assigning measurements and specific conditions; she also addressed the effect of the zoning plan, the Forestry Law, and implications of the Maritime Terrestrial Law, recognizing and assessing in her expertise the high risk of the zone and the impossibility of producing, building, or harvesting on it; additionally, she values the resulting amount according to the scientific and technical rules of her profession using market comparatives, and applies a deduction due to the impact of the levee construction. These aspects have been repeatedly questioned by the State and CNE mainly regarding the indemnification amount—which was already expressly granted in abstract in the judgment—but no technical criteria or valuations have been provided to validly refute the recommendation of the expert professional who covered the points requested in her report. Therefore, the granted amounts must be accepted, for the total sum of NINETEEN MILLION THREE HUNDRED TWENTY THOUSAND THIRTY-ONE COLONES AND FOUR CÉNTIMOS (₡19,320,031.04) (comprising areas 1, 2, and 3).---Criterio del Tribunal: Para el abordaje de este asunto, se tomo como parámetro conforme el principio de intangibilidad de la cosa juzgada los criterios de valoración establecidos por la misma sentencia de fondo, sea: EL DESGLOSE DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y LAS LIMITACIONES DE LA LEY FORESTAL, EFECTO DEL PLAN REGULADOR, VALOR POR EL INCREMENTO EN EL ÁREA FAVORECIDA POR EL DIQUE, como se ha acreditado la profesional perito en su informe desarrolla y diferencia las diferentes áreas y el impacto del dique, identificándolas, atribuyéndoles una medición y condiciones específicas, también procedió a referir al efecto del plan regulador, lo relativo a la Ley Forestal y a implicaciones de la Ley Marítimo Terrestre, reconoce y valorar en su experticia el alto riesgo de la zona y la imposibilidad de producir, construir y cosechar en la misma, adicionalmente valora conforme las reglas de la ciencia y de la técnica específicas de su actividad profesional el valor resultante, utilizando el comparativo de mercado, y aplica una deducción en razón del impacto de la construcción del dique, aspectos que han sido repetidamente cuestionados por la representación estatal y la CNE principalmente sobre el monto a indemnizar -mismo que ya ha sido expresamente concedido en sentencia de manera abstracta-, pero no se han aportado criterios técnicos, ni valoraciones que hagan válidamente desvirtuar lo recomendado por la profesional perita que ha cubierto los extremos que le fueron solicitados en su informe, en razón de ello se deben acoger los extremos otorgados, por la suma total DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y UN COLONES CON CUATRO CÉNTIMOS (19.320.031,04) (comprende área 1,2, y 3).---

Pull quotesCitas destacadas

  • "Límites subjetivos y objetivos del asunto se encuentran definidos por la propia resolución ejecutoria, en correspondencia con los efectos positivos y negativos resultantes y al principio de intangibilidad de la cosa juzgada -artículo 156 del CPCA-. Este principio obliga a que la ejecución deba realizarse con sustento en los propios términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el marco de acción."

    "The subjective and objective limits of the matter are defined by the executable resolution itself, in accordance with the resulting positive and negative effects and the principle of res judicata —Article 156 of the CPCA. This principle requires that enforcement be carried out based on the terms imposed in the final judgment, which limits the scope of action."

    Considerando VI - Del principio de intangibilidad de la cosa juzgada

  • "Límites subjetivos y objetivos del asunto se encuentran definidos por la propia resolución ejecutoria, en correspondencia con los efectos positivos y negativos resultantes y al principio de intangibilidad de la cosa juzgada -artículo 156 del CPCA-. Este principio obliga a que la ejecución deba realizarse con sustento en los propios términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el marco de acción."

    Considerando VI - Del principio de intangibilidad de la cosa juzgada

  • "La ejecución de la sentencia es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva e imprescindible para la efectividad del fallo definitivo y firme, en los términos que consigna, sin alteración o desnaturalización."

    "The enforcement of the judgment is an essential part of the right to effective judicial protection and indispensable for the effectiveness of the final and firm ruling, in the terms it sets forth, without alteration or denaturation."

    Considerando VI - Del principio de tutela judicial efectiva

  • "La ejecución de la sentencia es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva e imprescindible para la efectividad del fallo definitivo y firme, en los términos que consigna, sin alteración o desnaturalización."

    Considerando VI - Del principio de tutela judicial efectiva

  • "Se desprende de lo expuesto que el informe pericial presenta en este extremo un grave yerro, que incluso, vulnera los alcances de los fallos ejecutoriados, al incorporar en el cálculo del valor de la indemnización a cargo del erario público, las zonas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal que todo propietario de inmuebles rurales colindantes con ríos debe soportar y que, como limitación de interés público que es, no resulta en modo alguno indemnizable (artículo 45 constitucional)."

    "It follows from the foregoing that the expert report presents a serious error in this regard, which even violates the scope of the executed decisions, by including in the calculation of the indemnification charged to the public treasury the protection zones of Article 33 of the Forestry Law that every owner of rural properties bordering rivers must bear and which, as a public-interest limitation, is in no way compensable (Article 45 of the Constitution)."

    Considerando VII - A.- Del desglose de las diferentes áreas y las limitaciones de la Ley Forestal (cita textual de uno de los alegatos)

  • "Se desprende de lo expuesto que el informe pericial presenta en este extremo un grave yerro, que incluso, vulnera los alcances de los fallos ejecutoriados, al incorporar en el cálculo del valor de la indemnización a cargo del erario público, las zonas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal que todo propietario de inmuebles rurales colindantes con ríos debe soportar y que, como limitación de interés público que es, no resulta en modo alguno indemnizable (artículo 45 constitucional)."

    Considerando VII - A.- Del desglose de las diferentes áreas y las limitaciones de la Ley Forestal (cita textual de uno de los alegatos)

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Trial Court for Contentious-Administrative Matters Case File: 10-003880-1027-CA Type of Matter: Judgment enforcement proceeding Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER Judgments from the same case file  CASE FILE:

PROCEEDING:

JUDGMENT ENFORCEMENT (Contentious-Administrative Jurisdiction Law) PLAINTIFF:

URBINO PICADO GODINEZ DEFENDANT:

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS No. 2025005608 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIAL COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and twenty-three minutes on the ninth of June, two thousand twenty-five.- JUDGMENT ENFORCEMENT is being heard within the proceeding brought by URBINO PICADO GODINEZ against EL ESTADO, COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS.

CONSIDERING

I.- IMPORTANT PROCEDURAL ACTS: In the handling of this case, the following are noted: a.- Filing dated August 5, 2020, the judgment enforcement is filed. (image 26 to 35 of the case file); b.- By order at seven hours twenty-three minutes on October 30, two thousand twenty, a hearing is granted on the enforcement filing. (image 37 of the case file); c.- By filing dated December 7, 2020, CNE’s hearing response is submitted. (image 45 to 47 of the case file); d.- By order at sixteen hours three minutes on April 21, two thousand twenty-one, Rolando Roa Gutiérrez is appointed expert (image 54 to 55); e.- By memorial dated April 28, 2021, El Estado responds to the hearing on enforcement. (image 70 to 74); f.- By filing, the Expert renders a report. (image 81 to 101 of the case file); g.- By memorial dated July 27, 2021, the enforcing party addresses the expert report and requests an expansion. (image 110 to 116 of the case file); h.- By filing, CNE addresses the expert report. (image 119 to 126 of the case file); i.- By filing of August 11, 2021, the PGR addresses the expert report. (image 132 to 126 of the case file); j.- By order at ten hours fifty-two minutes on August 28, two thousand twenty-three, the duty enforcement judge appoints expert NANCY RODRÍGUEZ CRUZ. (image 210 of the case file); k.- By filing of May 30, 2023, Expert Rodríguez Cruz renders an expert report. (image 222 to 247 of the case file); l.- By order at thirteen hours fifty-five minutes on October 19, two thousand twenty-three, a hearing is granted on the expert report. (image 248 of the case file); m.- By filing of November 1, 2023, the Procuraduría responds to the hearing on the expert report. (image 255 to 268 of the case file); n.- By order at eleven hours two minutes on November 9, two thousand twenty-three, a hearing is granted on the Procuraduría's filing. (image 269 of the case file); o.- By filing, the enforcing party addresses the hearing. (image 274 to 276 of the case file); p.- By Minute, the oral hearing held on March 20, two thousand twenty-four is recorded. (image 307 to 309 of the case file); q.- By filing of April 1, 2024, the enforcing party submits closing arguments for the oral hearing. (image 310 to 315 of the case file); r.- By memorial, CNE submits closing arguments for the oral hearing. (image 318 to 323 of the case file); s.- By filing of April 5, 2024, El Estado submits closing arguments for the oral hearing. (image 329 to 338 of the case file).--- II.- PROVEN FACTS: The following are deemed proven facts for the issuance of the resolution: a.- Judgment 83-2014-IV, at eight hours on November 4, two thousand fourteen, from the Contentious-Administrative Trial Court, Section IV, ordered: “Therefore, the defendants are ordered as follows: a) To indemnify the plaintiff, Mr. Urbino Picado Godínez, for the area of the property of the Partido de Puntarenas, registered real folio 73,211-000, properly occupied by the dike that is the subject of this proceeding, i.e., three thousand five hundred twenty-eight square meters plus five thousand thirteen square meters corresponding to the portion of land existing between the dike and the river. The value of said land portions shall be liquidated in the judgment enforcement stage, in accordance with an expert appraisal conducted by a qualified professional, who, in addition to the technical criteria of his expertise that he deems appropriate to assess, shall take into consideration the following aspects: 1) The possible existence of parts of said areas that are subject to the limitations of article thirty-three of the Ley Forestal. 2) The characteristics of the land specific to the zone where the property is located, taking into account what the Plan Regulador Urbano provides for regarding its designated use and use restrictions. 3) The duty to deduct from the value of the indicated areas the increase in value that the 9,100 square meters corresponding to the area benefited by the dike and forming part of the plaintiff's property may have obtained. b) To pay the plaintiff the sum of two million colones for subjective moral damages. c) Both procedural and personal costs are borne by the defendants.-”; b.- Judgment number 004160-F-S1-2019 at 15:05 hrs on November 28, 2019, from the First Chamber of the Supreme Court of Justice, ordered: “The appeal filed by the plaintiff is rejected, and that of the State is partially upheld. Consequently, the challenged judgment is annulled solely regarding the award of subjective moral damages. In its place, ruling on the merits, on that point the claim is dismissed. It is advised that, in the event the value of the land in dispute is set, the Enforcement Judge must order that the indemnified area be registered in the name of the State (as a consequence and corollary of that payment). Ruled without special award of costs at the cassation stage. Let the Trial Court take into account what is stated in Considerando VI of this judgment.”--- III.- THE PURPOSE OF THE CASE: In the enforcement, the following is requested: Sums to be liquidated: 1- Fair price of the land: Therefore, I request, for the purpose of proceeding to indemnify my client as ordered, that a REAL ESTATE APPRAISER BE APPOINTED, for the purpose of providing an expert opinion on THE FAIR PRICE of the area of the property of the Partido de Puntarenas, registered real folio 73,211-000 occupied properly by the dike that is the subject of this proceeding, i.e., three thousand five hundred twenty-eight square meters plus five thousand thirteen square meters corresponding to the portion of land existing between the dike and the river. The expert must take into consideration the following aspects: 1) The possible existence of parts of said areas that are subject to the limitations of article thirty-three of the Ley Forestal. 2) The characteristics of the land specific to the zone where the property is located, taking into account what the Plan Regulador Urbano provides for regarding its designated use and use restrictions. 3) The duty to deduct from the value of the indicated areas the increase in value that the 9,100 square meters corresponding to the area benefited by the dike and forming part of the plaintiff's property may have obtained. JUST AS THE FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE ORDERED, the cost of said appraisal MUST BE BORNE BY THE STATE. 2- Procedural Costs: For procedural costs, specifically expert fees, the sum of FIVE HUNDRED NINETY-THREE THOUSAND COLONES, according to a deposit dated November 28, 2011, plus the sum of TWENTY-SEVEN THOUSAND COLONES DEPOSITED on December 13, 2013. 3- PERSONAL COSTS OR ATTORNEYS' FEES: This proceeding was filed in 2010, with an estimate of TWO HUNDRED MILLION COLONES. At that date, the Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services No. 32493 was in force, according to a consultation on the Bar Association website. Said schedule provided: “Article 18.- In ordinary, summary civil, civil treasury, commercial, agrarian, contentious-administrative, or tax matters, as well as in arbitration proceedings, the following minimum fees are set: 1) If it concerns matters of determined amount in ordinary civil, civil treasury, commercial, contentious-administrative proceedings, fees shall be calculated on the total amount of the award or dismissal,” therefore, until the definitive amount to be indemnified is established, attorneys' fees cannot be liquidated, RESERVING THE RIGHT TO FILE THE CORRESPONDING LIQUIDATION ONCE THE TOTAL SUMS TO BE INDEMNIFIED ARE ESTABLISHED. 4- INDEXATION: In the same manner, as provided in articles 123 and 124 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, we request that the sum eventually established by the expert be updated to its present value up to effective payment. 5- Judgment Enforcement Fees: In accordance with the provisions of article 23 of the Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services, in force today, Judgment Enforcement fees are payable at seventy-five percent of the general rate. The fees for this enforcement will likewise be liquidated once the total amount to be indemnified is known.-- IV.- PARTIES' ARGUMENTS: A.- THE ENFORCING PARTY: In its filings, the enforcing party formulates a series of arguments of fact and law, sets out its claims, and in the closing arguments for the oral hearing argues that it should be understood that this proceeding ultimately became an expropriation ordered by the competent judicial authority, since land owned by my client was invaded, constructions were made, and the property was divided. All of this without any payment other than through the filing of this lawsuit. It argues that the expert opinion rendered in the case record is sufficient, is clear, and is fair; the expert provided an opinion on everything asked of her with scientific and verifiable criteria, that the expert was asked to provide an opinion on the value of the 3,528.00 square meters of the area occupied by the body of the dike, and of the 5,013.00 square meters corresponding to the portion of land existing between the dike and the Parrita River, in accordance with a professional expert appraisal in which three situations are taken into account. The first is the possible existence of land affected by the limitations of articles 33 of the Ley Forestal; the second, the characteristics of the zone where the property is located, the local Plan Regulador Urbano, and use restrictions; and the third, deducting from the value of the indicated areas the increase in value that the 9,100.00 square meters of the property that were benefited by the construction of the dike may have obtained.- It also states that regarding the value of the property, the report is clear in indicating (description of the surroundings) that it is rural land with low supply versus demand, slow market expectations, less than 25% built-up area in the location, slow growth, and a lower-middle-class socioeconomic level; that regarding the property characteristics, it indicates that it has public services, a gravel road, is irregular in shape, with a frontage of 224.44 meters, a situation of deterioration, and in its section on DEVALUING FACTORS, that it is in a high-risk zone, and a large part of the property has poorly consolidated soils due to excess water.- It refers to the Ley Forestal and the Ley de Zona Marítima Terrestre, and therefore considers that the expert considers the situations that were ordered by the jurisdictional authority.- On the other hand, regarding market value, it refers to neighboring properties, insists that the NINETEEN MILLION THREE HUNDRED THOUSAND COLONES that the expert states corresponds to the indemnity is a fair sum and should be approved by the Court. It also points out that FOUR MILLION FIVE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY COLONES for attorneys' fees for the trial, which includes a 25% increase on total fees for having filed an APPEAL IN CASSATION, and that the total PROCEDURAL COSTS of SIX HUNDRED TWENTY THOUSAND COLONES correspond to expert fees whose deposits are recorded in the record and are easily verifiable. Lastly, JUDGMENT ENFORCEMENT FEES are claimed for the sum of THREE MILLION FOUR HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY-EIGHT COLONES, and the payment of interest from November 28, 2019, when the judgment became final, and in application of article 706 of the Civil Code, we consider that this item should be recognized in the sum of THREE MILLION THREE HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-FIVE COLONES AND SIXTY-FOUR CÉNTIMOS.--- B.- THE COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE): The Commission, in its arguments, has opposed the claims of the enforcing party, and in its core arguments in the closing arguments for the oral hearing, it refers to the fact that the property under this judgment enforcement is located in a zone categorized by article 4 of the Zoning Regulations, Partial Plan Regulador for Land Use and High, Medium, and Low Risk Zones of the canton of Parrita, as a HIGH-RISK ZONE.- Regarding the expert appraisal, it notes that three areas are identified, where the sum of the total value of areas 2 and 3 and subtracting the increase in value of the area identified as 1, the expert establishes a total amount to be indemnified of ₡19,300,000.00, which exhibits inconsistencies, inaccuracies, and a series of omissions, insofar as it uses a market valuation methodology, which represents comparison with land having similar characteristics to the one being appraised to establish the most reasonable sale value, to which it refers as “comparables.” This is inconsistent as it is clear from its own expert appraisal that it accepts that the property under study is subject to a series of restrictions of great importance due to its nature and geographic location, which consequently would prevent establishing its value based on a comparative reference, since it did not verify that the comparison properties had the same legal restrictions. It further points out that it used certain localities near the zone as references; however, none meet the HIGH-RISK conditions presented by the property despite the protective structure (Dike) erected and reconstructed (one previously existed), due to the specific conditions of the central canton of Parrita and the flood zone it encompasses, where, despite the application of measures to reduce the negative impact caused in this case by a natural event (mitigation), it is undeniable that in the event of an extraordinary event of medium to high magnitude, the zone will flood, with or without a protective structure.- On the other hand, there are a series of inconsistencies regarding the public interest limitations (limitaciones de interés público) affecting the property since it was acquired, such as having taken actions contrary to its expert criteria by trying to justify the appropriateness of the indemnity by arguing the non-applicability of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) delimitation because the original property was constituted before the Ley sobre la Zona Marítima Terrestre.- Regarding costs, it points out that the items requested by attorney Jimmy Solano Ulloa would not be appropriate, given that for the main proceeding (personal costs) the liquidation was deferred until the property value was determined, and for procedural costs, we likewise depend on the land value and that said valuation conforms to the record. Likewise, having ruled and as expressly ordered in Judgment No. 004160-F1-2019 from the cassation phase, “without special award of costs” due to the rejection of the plaintiff's appeal and the State's appeal having been partially upheld, payment of that item is not applicable.--- C.- EL ESTADO: In its various filings, the Procuraduría responds to the hearings on the enforcement filing, and in particular, in the closing arguments for the oral hearing, it states: 1.- General aspects: that it is essential to reiterate that the present enforcement proceeding operates within the limits defined by final judgment (sentencia ejecutoriada) No. 83-2014-IV at 8:00 hours on November 4, 2014, supplemented by resolution No. 83-2014-IV-BIS at 8:00 hours on November 26, 2014, both from the Fourth Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Trial Court, according to the additional clarifications made by the First Chamber of the Court in judgment No. 4160-F-S1-2019 at 15:05 hours on November 28, 2019. Furthermore, El Estado and the Comisión Nacional de Atención de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE) were held jointly and severally liable for payment to the plaintiff of the following items: a) the value of the portion of land of the property of the Partido de Puntarenas No. 073211-000, occupied by the dike, which in the expert appraisal is identified as area 2 and measures 3,528 m2; b) the value of the portion of land of the same property existing between the dike and the river, identified in the expert appraisal as area 3 and measuring 5,013 m2; c) both sets of costs of the first instance trial, as it must not be forgotten that Chamber I, in completely rejecting the plaintiff's cassation appeal and partially upholding the State's appeal regarding the claimed subjective moral damages, ordered in the cited judgment No. 4160-F-S1-2019: “Ruled without special award of costs at the cassation stage.”- It indicates that at no time was a liquid sum established against which immediate payment in favor of the plaintiff could be ordered, since the Trial Court opted for an abstract award and deferred to the judgment enforcement phase the concretion of the values of the land portions to be indemnified through a new expert appraisal, which—it should be noted—earned it a call to attention by the Cassation Chamber in Considerando VI of its judgment. It states that in this judgment enforcement stage, an expert must set the price of the lands identified as areas 2 and 3; for which the following conditions to consider were imposed on that valuation: i) the possible existence of parts of said areas that are subject to limitations of article 33 of the Ley Forestal; ii) the characteristics of the land specific to the zone where the property of the Partido de Puntarenas No. 073211-000 is located, taking into account what the Plan Regulador Urbano provides regarding its designated use and use restrictions; and iii) the duty to deduct from the value of the indicated areas the increase in value that the 9,100 m2 corresponding to the section protected by the dike, identified in the latest expert appraisal as area one, may have obtained. 2.- Regarding the expert report of Eng. Rodríguez Cruz, it points out that the report offered presents inconsistencies, inaccuracies, and omissions that she could not clarify during the hearing for the presentation of said evidence held on March 20.- It emphasizes that the total price of ₡19,300,000.00 assigned in this latest expert appraisal to the indicated portions of the plaintiff's property of the Partido de Puntarenas No. 073211-000 is extremely high given the real and geographic circumstances presented by that property, according to: expert Rodríguez Cruz assigns to protected area 1, consisting of 9,100 m2, a value of ₡2,446.18 per m2; to area 2, the land under the body of the dike measuring 3,528 m2, a value of ₡2,518.63 per m2; and to area 3, comprising the portion of land between the dike and the river measuring 5,013 m2, the same value of ₡2,518.63 per m2; the valuation methodology she used was market value, which, as she described in her report, consists “in the estimation of a value through analysis and comparison in the market of properties with characteristics similar to the one being appraised, to conclude on the most probable sale value” (p. 11, the bold and underlining are not from the original). The expert calls these properties “comparables.” During the examination, she reiterated: “the highest value that can be given to the property through certain comparables or through certain properties, or properties that have a certain resemblance, to the value we are seeking to appraise” and that the problem that arises in accepting the value that the expert gave to the square meter of the plaintiff's property (the ₡3,148.28) is that the properties she used as a reference (the “comparables”), based on their sale prices in the real estate market, can in no way be homologated or equated with the factual situation that substantially affects said property (since before the dike was built), namely: its location in a HIGH-RISK flood zone, where it is therefore prohibited to build, urbanize, subdivide (fraccionar) or cultivate on that land, since they are areas claimed by the river as its channel (point 4.1 of the Zoning Regulations of Parrita); therefore, the most essential aspect for establishing a possible market value is whether it can be used or not; in other words, whether it can be put to any effective use or not; and we have already clearly seen that the plaintiff's property could not be put to any type of valid use or enjoyment, without danger even to his own life and material goods given the risks of the river overflowing. It adds that the other obscure aspect presented by the latest expert appraisal is that, as we had already warned, it does not explain, nor cite the source of the different factors with which it adjusted the square meter value for each area, nor did it explain their relationship with the so-called “Reason-coefficient” (Motivo coeficiente) and, when asked by this representative about its basis, she limited herself to somewhat haughtily and vaguely referring to “international appraisal standards”; thus, it is contradictory that for area 3 (between the river and the dike), currently susceptible to being completely flooded with each rise of the Parrita River, the (market) price per square meter is higher (₡2,518.63) than that of area 1, which remained benefited by the dike (₡2,446.18); furthermore, the error is equally evident with area 2, which corresponds to the portion occupied by the dike, which is also given a higher value (₡2,518.63) than area 1 (₡2,446.18). When the expert was questioned on this point, she surprisingly asserts that this higher value of area 2 (and she makes it explicitly evident in the description of the Reason-coefficient chart: “Constructed, high risk”; page 12, the underlining is not from the original) is due to the construction of the dike itself, and she states that from the foregoing considerations it is clear that the value of ₡2,518.63 per square meter that the expert set for areas 2 and 3 is well above the real circumstances presented by both lands and even contradicts the parameters established in the final judgments and the legal system itself. 3.- Regarding the inappropriateness of costs: In this sense, it states that in the case of personal costs of the trial phase up to the first instance, there is not even a liquid and enforceable award on which to base the respective calculation, which is why they must be rejected. It opposes the item liquidated by the plaintiff for the filing of the cassation appeal before the First Chamber. For, as we specified from point 2 of this closing argument brief, said Cassation Chamber in its judgment No. 4160-F-S1-2019 expressly ordered: “Ruled without special award of costs at the cassation stage,” whereby none of the defendant parties are required to bear the costs of the appeal filed by the plaintiff, especially when it was dismissed. In relation to the liquidation of interest carried out by the plaintiff, it is likewise inappropriate and impertinent; to date there is no liquid, enforceable sum that can earn interest (article 706 of the Civil Code) that must be borne by the State jointly and severally with CNE, and it opposes the enforcement costs.-- V.- THE EXPERT APPRAISAL: At least two expert reports from experts at the enforcement stage exist in the case record; only the report rendered by expert Rodríguez Cruz will be taken into account, since the previous report rendered by expert Roa Gutiérrez failed to comply with the order for an addendum and clarification. Furthermore, the expert professional was heard and her report evaluated in an oral hearing. Essentially, that report indicates: "Having carried out all pertinent studies, the suitability of using the Market System for the appraisal was determined, where all the areas valued were considered at their market value and were based on budgets and quotes for similar works to establish a value parameter for similar elements. In this way, I indicate, as a summary, that the amount to be indemnified corresponds to the following value: ₡19,300,000 Nineteen million three hundred thousand colones.".- Said report contains general information on the subject of the expert appraisal, the property's location, the breakdown of areas; additionally, the report addresses the description of the surroundings, the property characteristics, refers to value-enhancing factors: Zone with low noise pollution, and to devaluing factors: High-Risk Zone; also to the impact on the property regarding the limitations of article 33 of the Ley Forestal, as well as the Ley de Zona Marítima Terrestre.- The expert report contains the data on the origin (nacimiento) of the original property 6-073211, the current boundaries, the land valuation, where it refers to the process description, the details for valuation, and notes that as requested through the judgment enforcement, it is necessary to determine the value of property 6-073211 divided into 1) Area protected by the dike, 2) Area under the body of the dike, and 3) the area between the dike and the river. It contains—essentially—the following charts:

Furthermore, And it concludes, Finally, the expert report contains some observations and general considerations, which are: "The valuation of the lands has been carried out based on on-site research, commercial references, databases, and the experience of the professional valuators. Other factors considered for carrying out the valuation are: the intended land use and socioeconomic characteristics of the surroundings and their relationship with the properties in question, geometric characteristics, location relative to the zone, current real estate market situation, and finally the purpose of the appraisal. As part of this study, no laboratory tests of any kind were performed, nor any type of analysis of structural strength of constructions, soil bearing capacity, or the quality of any material, and therefore no type of responsibility that may arise from these aspects is assumed. No responsibility is assumed for defects not detected in the visual inspection of the property or for physical, political, and economic changes that occur after the date of the visit and that may affect the result obtained in the analysis. The expert appraiser renders her opinion without any legal assessment, as this is not within her competence, and she disclaims any type of responsibility. As the responsible appraiser, I declare that I have no particular interest in the property, its constructions, or the results that may derive from the financial analysis of this report."--- VI.- THE APPLICABLE LEGAL AND JURISPRUDENTIAL FRAMEWORK: A.- THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION: According to articles 153 of the Constitution and 1°, paragraph 2°, of the Organic Law of the Judicial Branch, it is for the Courts to hear the matters that the Constitution and the law assign to them, to resolve them definitively, and to “execute the resolutions they issue,” i.e., the full and complete execution of the judgments issued by the Trial Court, when they contain an obligation to do, not to do, or to give, and these are not fulfilled voluntarily by the obligated party.” (CPCA, art. 156.3). The execution of the judgment is an essential part of the right to effective judicial protection and indispensable for the effectiveness of the definitive, final judgment, in the terms it sets forth, without alteration or distortion. To that end, the CPCA establishes that “In the judgment enforcement phase, the Enforcement Judge shall have all the powers and duties necessary for its full effectiveness and efficacy” (art. 155.2). “The judgment must be fulfilled in the form and terms set forth in it” (art. 156.1). “The final judgment of the Court must be executed immediately (...)” (art. 157). The provisions of articles 161 subsection b, 162, 175.1, etc., guarantee the real satisfaction of the right declared in favor of the prevailing party. “The right to effective judicial protection requires that the judicial resolution be fulfilled; otherwise, the recognition of rights established therein will be vain, a mere declamation of intentions, with serious injury to legal certainty. The judgment resulting from the lawsuit concludes one stage of the proceeding (the trial phase), but not the proceeding itself, which continues in a second stage (the enforcement stage) and concludes when the plaintiff’s claim has been satisfied." (First Chamber of the Court, judgment 348-2016).

"It would be unacceptable for a judgment to remain a dead letter and never be brought into reality, annihilating its effects. For this reason, the judge fulfills a guaranteeing function and is obligated to ensure its full and effective execution, both swiftly and in actuality." (First Chamber of the Supreme Court, judgments 675-2007, 1443-2012, 122-2016, and 2409-2022). B.- THE PRINCIPLE OF INTANGIBILITY OF RES JUDICATA IN THE EXECUTION PHASE: Article 156, subsection 1, of the Código Procesal Contencioso Administrativo states that "1) The judgment must be complied with, in the form and terms set forth therein." In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in its resolution of 11:45 a.m. on October 12, 2021, has stated: "V.- Along other lines of reasoning, regarding the fact that the Court did not award the damages sought, it is necessary to recall that this Chamber has held: 'The judgment execution process endeavors to materialize the ruling—abstractly imposed on the losing party—rendering it concrete if it is not voluntarily satisfied. In this phase, it is unacceptable to modify, alter, or vary the content of the judgment being executed. When the judge decides in execution to grant aspects different from—or contrary to—the pronouncement giving rise to the execution, or against persons who were not condemned, res judicata is violated (in this regard, see this Chamber's ruling No. 001360-F-S1-2017 of 3:00 p.m. on November 7, 2017).' Ruling No. 383 of 9:50 a.m. on May 9, 2019. Consequently, both that which is executed and that which is granted in this venue must correspond to what was declared in the judgment being executed. Hence, in this type of proceeding, the aim is to adjust the de facto situation to the individual norm established in the final judgment, with the purpose of guaranteeing the right of the prevailing party. Therefore, the objective is to provide effectiveness to what was ordered in the condemnation judgment to satisfy the interest of the executing party, insofar as it was victorious in the constitutional venue. Consequently, only claims aimed at providing effectiveness to what was ordered in the condemnation judgment are admissible in the execution route. The significance and content of what is ordered in this phase are determined by what was set forth in the judgment being executed. The subjective and objective limits of the matter are defined by the final resolution itself, in accordance with the resulting positive and negative effects and the principle of intangibility of res judicata (intangible nature of res judicata) —Article 156 of the CPCA—. This principle obliges that execution must be carried out based on the very terms imposed in the final judgment, which limits the scope of action. As expressed in Considerando III, the adjudicator resolved based on the evidence provided by the executing party—so, contrary to what was argued, the evidentiary elements were indeed appreciated—and what was proven had no causal relationship with what was awarded in the final judgment. … It must be noted that the principle of intangibility of res judicata (intangible nature of res judicata) mandates that execution be carried out based on the terms imposed in the final judgment, which limits the scope of action—Article 156 of the CPCA—. Its purpose is to safeguard the integrity of judgments vested with the authority of substantive res judicata (material res judicata), so the adjudicator is prevented from allowing any conduct that alters, eliminates, varies, or adds to the content of the resolution additional obligations not provided for therein, which is punishable by nullity. Consequently, the alleged error does not occur, given that the reason what was claimed by the executing party was not granted is because it bears no relation to what was awarded in the final judgment executed. Hence, the charge must be dismissed." Ergo, a judgment vested with the authority of substantive res judicata (material res judicata) is immutable, because it becomes unmodifiable, and coercible, capable of being forcibly executed. The party whose right has been declared in the judgment "may execute that ruling without restriction, to the extent of what was resolved, and the judge may not refuse its compliance" (Contencioso Administrativo Court, vote 101-2021-VI). On those characteristics of absolute immutability and definitiveness of the declared right, see the Contencioso Administrativo Court votes 2006-2002-I, 280-2002-I, 151-2002-II, 130-2008-II, 16-2008-VI; and, from the First Chamber, judgments 740-1999, 481-2000, 680-2002, 1015-2004, 932-2006, and 111-2015. C.- EXPERT EVIDENCE AND OTHER EVIDENTIARY MEANS: According to the applicable doctrine on the matter, regarding the expert appraisal (peritaje), it must be assessed that every expert must maintain independence of judgment and the expert report (dictamen pericial) must be impartial; that in the case of a private or judicial expert report being rendered, if there are personal ties to the parties or economic interest, those are serious reasons to doubt the sincerity of the expert because what is sought through the guarantee of impartiality is that their figure as a third party is not distorted in the proceeding, preventing them from, due to certain circumstances, being able to opine on the matter in a way that favors one of the parties. Furthermore, the purpose of the expert evidence (prueba de peritos) is to prove the facts that support the parties' claims in the proceeding, with the particularity that the object of the expert evidence are facts that are not within the common knowledge of the parties or the judge, so the expert, through their report or expert opinion (dictamen), provides the court with the technical knowledge necessary for the assessment of the facts that are the subject of the controversy. The necessary minimum of scientific, objective impartiality that must be present in the work of examination and issuance of the expert report is guaranteed when the expert acts in accordance with the valid and current criteria in the relevant discipline and contributes them to the judicial body for its assessment. The abundant case law of the First Chamber regarding expert appraisals (peritajes) has stated: "It is necessary to point out that this Chamber has expressed, regarding the probative value of expert appraisals (peritajes): ( . . .) that their objective is to assist the judge with scientific knowledge that is foreign to them, but rather than absolute truths that substitute their criterion, their objective and scientific content does not limit their task of appreciation; they only have the purpose of guiding them, providing them with elements that allow them to appreciate the indispensable circumstances for the decision to be adopted. It is clear, then, that departing from a technical criterion, and justifying one's own, far from constituting an excess of power, is an exercise inherent to the adjudicator's task in the appreciation of the evidence (Resolution No. 43-2007 of 9:10 a.m. on January 26, 2007; in the same vein, see judgments number 765 of 3:40 p.m. on July 24, 2009, and 468 of 10:45 a.m. on April 7, 2011). In principle, it is clear, nothing prevents an Adjudicator from departing from an expert criterion, provided they rationally justify such a determination. (…) It should be highlighted that, due to the specialized nature of the subject matter of a technical expert appraisal, the existence of counter-evidence of the same lineage that refutes the expert's conclusions is essential (whether the report is altered or does not correspond to reality). The burden of proof, under the mandate of article 317 of the CPC, falls on whoever alleges a right or an exception; therefore, when there is an expert appraisal quantifying the alleged damages, to refute its value, another evidentiary element must be provided that conclusively demonstrates what the correct calculation is. In accordance with the provisions of subsection 2) of article 90 of the CPCA, the defendant party could have offered proof in this regard." VII.- THE SPECIFIC CASE: In this case, what is being executed is the disposition of judgments No. 83-2014-IV of 8:00 a.m. on November 4, 2014, supplemented by resolution No. 83-2014-IV-BIS of 8:00 a.m. on November 26, 2014, both from the Fourth Section of the Contencioso Administrativo and Civil de Hacienda Court, according to the additional clarifications made by the First Chamber of the Supreme Court in ruling No. 4160-F-S1-2019 of 3:05 p.m. on November 28, 2019. On the merits, it was ordered: "For the foregoing, the defendant parties are condemned to the following: a) Indemnify the plaintiff, Mr. Urbino Picado Godínez, for the area of the estate of the Partido de Puntarenas, real folio registration number 73,211-000, properly occupied by the dike that is the subject of this proceeding, that is, three thousand five hundred twenty-eight square meters plus five thousand thirteen square meters corresponding to the portion of land existing between the dike and the river. The value of said portions of land must be liquidated in the judgment execution stage, according to an expert appraisal (peritaje) performed by a qualified professional, who, in addition to the technical criteria inherent to their expertise and which they deem appropriate to assess, shall take into consideration the following aspects: 1) The eventual existence of parts of said areas that are subject to the limitations of article thirty-three of the Ley Forestal 2) The characteristics of the land typical of the zone where the property is located, taking into account what the Plan Regulador Urbano provides regarding its designated use and use restrictions. 3) The duty to deduct from the value of the indicated areas the increase in value that the 9,100 meters corresponding to the area benefited by the dike and that form part of the plaintiff's property may have obtained. [...] c) Both procedural and personal costs are the responsibility of the defendant parties. The parameters established in the judgment to determine the indemnification are: parts of said areas and the limitations of the Forest Law; the effect of the regulatory plan, and deducting the value for the increase in the area benefited by the dike. Therefore, compliance with said parameters is examined, pursuant to article 156 of the CPCA as well as the principle of intangibility of res judicata (intangible nature of res judicata). A.- THE BREAKDOWN OF THE DIFFERENT AREAS AND THE LIMITATIONS OF THE FOREST LAW: The expert's report states:

The executing party as well as the defendants refer to the areas and question, the latter, the market value assigned to them. Criterion of the Court: This adjudicator considers that the expert appraisal (pericia) complies with the aspect of differentiating the areas, so a broken-down approach to the estate in question is accredited, determining the area protected by the dike, the area under the body of the dike, the area between the dike and the river, and areas within the river channel. Now, regarding the eventual existence of parts of said areas that are subject to the limitations of article thirty-three of the Ley Forestal, the expert, in her report, addresses aspects related to said Law. The executing party states that this aspect complies with what was ordered in the judgment. The State and the CNE state that the expert, when referring to the protection zone of the Forest Law, makes the following statement: "in this way I am able to estimate that the area indicated in this proceeding as 3) Area between the dike and the river, of 5,013 m², corresponds to this setback stipulated by Ley Forestal 7575 in its article 33°. Although not all of the strip measures exactly 15 meters, there are smaller measures and other larger measures, which is compensatory and technically correct for our purposes." However, despite expressly recognizing that the setbacks of the Forest Law cover a substantial portion of the area identified as 3—and she illustrates this in images 5 to 10—she did not deduct from the total value granted to that fraction (₡12,625,869.37) the square meters corresponding to those protection zones and rather set the price for the total of the 5,013 m² comprised between the dike and the river. It follows from the foregoing that the expert report (informe pericial) presents in this regard a serious error, which even violates the scope of the final judgments, by incorporating into the calculation of the value of the indemnification charged to the public treasury the protection zones of article 33 of the Forest Law that every owner of rural properties bordering rivers must bear and which, as a limitation of public interest, is in no way indemnifiable (Article 45 of the Constitution). Criterion of the Court: In this case, another of the aspects to be assessed that are indicated in the final judgment is the impact of the Forest Law. It is proven that the expert develops this point in her study, which is accepted by the executing party. Even the defendants cite the references to said sub judice aspect, question the total value assigned, and highlight that the adjacency to the rivers should have been deducted in accordance with current legislation, an item that will be analyzed infra, since the order of the First Chamber to the executing adjudicator regarding the registration of the land must be kept in view. In conclusion, this adjudicator considers it proven that the expert complies with the approach of the breakdown of areas and the limitations of article thirty-three of the Ley Forestal, making it procedurally sound from a technical and scientific standpoint, providing objective elements, adhering to the terms required by the judgment being executed. Thus, said expert appraisal (pericia) guarantees the necessary minimum of scientific, objective impartiality, which is evident in the work of examination and issuance of the expert report (dictamen pericial), with Ing. Rodríguez acting in accordance with the valid and current criteria in the relevant discipline and contributing them to this judicial body for its assessment, which are deemed acceptable. B.- EFFECT OF THE REGULATORY PLAN: The expert appraisal (pericia) refers to this aspect and indicates that, according to the municipal regulatory plan for the area, the property is located in a Riverbed Zone (ZCR), categorized as HIGH RISK, which is cataloged due to recurrent flooding caused by the River. Regarding high-risk zones, according to the regulatory plan and the clarification published in the Diario Oficial La Gaceta No. 89 of May 12, 1997, it mentions in article 4 regarding riverbed zones, it states: "4.1 Permitted Uses: In this zone, it is not permitted to build, urbanize, or subdivide, nor is agricultural use endorsed, since, being areas reclaimed by the river as its channel, the lands have a marked fluvial influence due to changes in the riverbed, as well as frequent flooding causing constant washes and overflows." In this regard, the executing party points out that the expert took into consideration the second point submitted to her for study and affirms that it complies with what was ordered in the judgment. The expert was also very clear and assessed the situation that, according to the area's regulatory plan, the land does not allow construction. However, the State questions that the expert should have at least investigated the situation of these other lands in the respective regulatory plan of the areas where they are located and their adjacency to rivers prone to overflowing, which causes her valuation to be imprecise. On the other hand, the Commission refers to the fact that the property under this judgment execution is located in an area cataloged by article 4 of the Reglamento de zonificación Plan Regulador parcial de usos del suelo y las zonas de alto, mediano y bajo riesgo del cantón de Parrita as a HIGH RISK ZONE. Criterion of the Court: This adjudicator considers it proven that the expert complies with the approach of the incidences and limitations imposed on the property by the Regulatory Plan, even citing article 4 thereof which does not permit building, urbanizing, or subdividing, and denotes the marshy and HIGH RISK condition as a devaluing aspect in her report, aspects that directly impact its use and enjoyment. Said report is procedurally sound from a technical and scientific standpoint, providing objective elements, adhering to the terms required by the judgment being executed. Thus, said expert appraisal (pericia) guarantees the necessary minimum of scientific, objective impartiality, which is evident in the work of examination and issuance of the expert report (dictamen pericial), with Ing. Rodríguez acting in accordance with the valid and current criteria in the relevant discipline and contributing them to this judicial body for its assessment, which are deemed acceptable. C.- VALUE FOR THE INCREASE IN THE AREA BENEFITED BY THE DIKE: The judgment being executed orders the deduction of the value for the increase in the area benefited by the Dike. In this regard, the expert indicates in the details to consider for the requested valuation that if the dike generated an increase in the value of the property of section 1) area protected by the dike, then this increase in value must be determined since it must be deducted or subtracted from the amount to expropriate determined by the sum of the value of sections 2) area under the body of the dike and 3) area between the dike and the river, to which she details:

And in the following table of the report, the difference in value for the area protected by the dike is mentioned, according to:

The executing party, regarding the aspect of the differential amount due to the Dike, states—in summary—that the Dike causes a marsh and, furthermore, the property lost its direct access to the river, which was an attraction it no longer has. The expert considered, for these reasons, that, nonetheless, from the sum to be indemnified, ₡2,191,548.90 colones must be subtracted, which is what she considers, meeting the claims of the defendants, that the remaining property gained in value after the construction of the dike. The CNE, when addressing the point of the dike, expresses the object of protection thereof, as well as highlighting the differential of the forest zone setbacks. The Procuraduría General, regarding the difference with the dike and it, points out that this data is significant, for it also serves to show that the increase in value that this area of land that was benefited by the construction of the dike and that before was at the mercy of the river's force had is not being adequately analyzed, and which it figures at merely ₡2,191,548.90. That is, the difference in price per square meter between a land that could not be fully utilized or used to the current situation where it is now safeguarded is merely ₡241. It emphasizes that it is concerning that the percentage increase in value brought about by this factor is attributed to the construction of the dike, for the indemnification calculation would be taking advantage of a civil work built by the State, contrary to the provision in the final paragraph of article 22 of the Ley de Expropiaciones. Criterion of the Court: This adjudicator considers it proven that the expert complies with the approach of the differential in the land before the dike and after the construction of the dike, an aspect that also directly impacts the use and enjoyment of the property. Said report is procedurally sound from a technical and scientific standpoint, providing objective elements, adhering to the terms required by the judgment being executed. Thus, said expert appraisal (pericia) guarantees the necessary minimum of scientific, objective impartiality, which is evident in the work of examination and issuance of the expert report (dictamen pericial), with Ing. Rodríguez acting in accordance with the valid and current criteria in the relevant discipline and contributing them to this judicial body for its assessment, which are deemed acceptable. Let the parties take note that a specific ruling will be issued infra regarding the warning expressed by the State representation concerning the provisions of the Ley de Expropiaciones, in accordance with what was ordered by the First Chamber of the Supreme Court in the final judgment. D.- THE INDEMNIFIABLE VALUE: The presentation of the executing party in relation to the value per square meter indicates that the MARKET VALUE is used, and for this, she considered several similar properties for sale. The Procurador questioned whether she verified if these other properties were affected by a regulatory plan, and the expert explained to him that, despite not having that knowledge, these are properties bordering rivers in Golfito, Quepos, Puntarenas, and Buenos Aires. And see that the value assigned per square meter of 3,148.28 colones to my client's estate is much lower than the value of the comparable estate in Quepos of 5,368.69 colones per meter and that of Golfito of 4,314.68 colones per meter. Therefore, the value per square meter that the expert assigned is not arbitrary; it is a relatively average value among comparable estates, since the estates for comparison cannot be identical, as the Procurador intends and questions, nor must their conditions be the same, but they are comparable. The expert indicated that in the area, there were no other properties for sale, and therefore she used estates with analogous situations to derive an approximate value. For this reason, they consider that the value assigned per square meter is fair.

In contrast, the CNE, regarding this aspect, indicates that the indicated report divides the areas of the property of the Partido de Puntarenas, registration number 73,111-000, for the purpose of calculating the portions that must be indemnified according to final judgment No. 83-2014-IV of eight o'clock on November 4, 2014, and as dimensioned by the First Chamber in judgment No. 4160-F-S1-2019 of three-oh-five p.m. on November 28, two thousand nineteen. It identifies three areas where, summing the total value of areas 2 and 3 and subtracting the increase in value of the area identified as 1, the expert establishes a total amount to indemnify of ₡19,300,000.00, which presents inconsistencies, inaccuracies, and a series of omissions. It questions the methodology on comparables, refers to HIGH RISK, as well as referencing the limitations raised by the Procuraduría General de la República, and that the report did not fulfill the observations made. In this context, the State representation, when questioning the amount assigned by the expert, points out that area 1 protected by the dike, consisting of 9,100 m², is given a value of ₡2,446.18 x m²; area 2, the land under the body of the dike measuring 3,528 m², a value of ₡2,518.63 x m²; and area 3, comprising the portion of land between the dike and the river measuring 5,013 m², the same value of ₡2,518.63 x m², according to estimation criteria of a value through analysis and comparison in the market of goods with characteristics similar to the one being valued. It questions the HIGH RISK zone location and estimates that being located in a rural area might not have much value, for the most essential aspect for establishing a possible market value is whether it can be utilized or not; in other words, whether I can give it some effective use or not. And it definitively concludes, from the foregoing considerations, it is clear that the value of ₡2,518.63 per square meter that the expert set for areas 2 and 3 is far above the real circumstances that both terrains present and even contradicts the parameters established in the final judgments and the legal system itself. Criterion of the Court: To approach this matter, the valuation criteria established by the judgment on the merits itself were taken as parameters, in accordance with the principle of intangibility of res judicata (intangible nature of res judicata), namely: THE BREAKDOWN OF THE DIFFERENT AREAS AND THE LIMITATIONS OF THE FOREST LAW, EFFECT OF THE REGULATORY PLAN, VALUE FOR THE INCREASE IN THE AREA BENEFITED BY THE DIKE. As has been proven, the expert professional in her report develops and differentiates the different areas and the impact of the dike, identifying them, attributing a measurement and specific conditions to them. She also proceeded to refer to the effect of the regulatory plan, matters concerning the Forest Law, and implications of the Ley Marítimo Terrestre. She recognizes and assesses in her expertise the high risk of the zone and the impossibility of producing, building, and harvesting there. Additionally, she assesses, according to the rules of science and the specific technique of her professional activity, the resulting value, using market comparison, and applies a deduction due to the impact of the dike's construction. These aspects have been repeatedly questioned by the State representation and the CNE, mainly regarding the amount to indemnify—which has already been expressly granted in the judgment in an abstract manner—but no technical criteria or valuations have been provided that validly refute what was recommended by the expert professional, who has covered the extremes requested of her in her report. For this reason, the granted extremes must be accepted, for the total sum of NINETEEN MILLION THREE HUNDRED TWENTY THOUSAND THIRTY-ONE COLONES AND FOUR CÉNTIMOS (₡19,320,031.04) (comprises areas 1, 2, and 3).

VIII.- OTHER LIQUIDATED EXTREMES: A.- PROCEDURAL AND PERSONAL COSTS OF THE PRINCIPAL PROCEEDING: The executing party claims the sum of FOUR MILLION FIVE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY COLONES for attorney's fees for the trial. It points out that at each instance, the professional work has been delicate and arduous. The sum corresponds to an application of the formula of Decreto 32493, in force at the date of filing the complaint, applicable to the case under study. Both the State and the CNE oppose this item, pointing out that it is premature because there is no liquid and enforceable condemnation amount. However, upon the granting in this present judgment of an amount to be indemnified, the decree in question, in force at the date the complaint was filed, can be used as one of the parameters, which established in its article 18 that in proceedings with a determined amount up to 15 million colones, 20% corresponds. Nonetheless, in this case, it has not been proven that this matter had a specific amount, so in accordance with the legal framework and applicable case law, the criteria of the Código Procesal Civil must be applied, pointing to a prudential setting of costs, according to the order of article 76.1, since the first parameter it provides is in attention to the work performed (which is the criterion that has been used for those cases in which there is no economic significance within the proceeding, translated into the pecuniary claims of the opposing party against the winner of the proceeding). In the second place, the state of the proceeding must be considered, that is, the procedural stage in which it is found. As a third parameter, it speaks of the economic significance of the proceeding. In this case, the formulation of the complaint, the attention of the hearings, the appeals, and the filing of briefs to expedite the processing are appreciated, so they are prudentially set at the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES (₡2,500,000.00). B.- PROCEDURAL COSTS totaling SIX HUNDRED TWENTY THOUSAND COLONES (₡600,000.00) correspond to expert fees whose deposits are recorded in the case file and are easily verifiable. The State and the Commission oppose it, but it is proven that this amount was allocated to the expert appraisal (peritaje) that is the subject of this matter, and consequently, it is accepted. C.- CASSATION COSTS: The executing party also liquidates a 25% increase on the total fees for having filed a CASSATION APPEAL, as was our case. In this regard, both the CNE and the Procuraduría oppose it, since judgment No. 004160-FS1-2019, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, orders "without special condemnation for costs" due to the rejection of the plaintiff's appeal and the partial acceptance of the State's appeal, the payment of this item is not called for, and it is so ordered. D.- JUDGMENT EXECUTION FEES: The executing party also claims costs for judgment execution in the sum of THREE MILLION FOUR HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY-EIGHT COLONES. The State representation requests it be exonerated for litigating in good faith. The executing party, in its execution brief, petitions this item; it does not refer to it in the conclusions to the oral hearing. However, it must be denied, given that the nature given by the First Chamber to this type of resolution is that of a liquidating order (auto liquidatorio), in accordance with the provisions of article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (sensu contrario). This type of proceeding does not contain a condemnation for personal costs, so it is ordered without special condemnation for costs in the judgment execution (inter alia, see judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 000492-A-S1-2016 of nine twenty-five a.m. on May 19, two thousand sixteen). E.- INTEREST: The executing party liquidates interest. The Procuraduría and the Commission oppose it because there was no liquid and enforceable amount, which is correct reasoning since it is premature, and it is not until the issuance of this resolution that an indemnified amount is set. This item is rejected.

IX.- REGISTRATION OF THE PROPERTY: In this case, by Resolution number 004160-F-S1-2019 of 3:05 p.m. on November 28, 2019, the First Chamber of the Supreme Court of Justice ordered: "[...]. In its place, ruling on the merits, the claim is declared without merit on this point. It is warned that, in the event the value of the land in dispute is set, the Executing Judge must order that the indemnified area be registered in the name of the State (by connection and consequence of that payment)." In this context, in express compliance with the order of the First Chamber, and given that a value for the disputed land has been set, the STATE NOTARY OFFICE (NOTARÍA DEL ESTADO) is ordered to proceed, within a period of THREE MONTHS, to register the property of the Partido de Puntarenas, real folio number 73.211-000, in the name of the State. Due to the manner in which this ruling has been issued, no ruling is made on the reservations of the Procuraduría concerning the Law on Expropriations and the Ley Forestal.- X.- PROCEDURAL MATTERS: Once this resolution becomes final, the plaintiff must deposit the amounts imposed herein into the court account No. 10-003880-1027-CA-2 within a period of one month for the sum ordered, in accordance with Article 155 and the penalties set forth in Articles 159 and 160 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.-

THEREFORE

The submitted execution is partially granted. Any relief not expressly granted is deemed denied. The STATE and the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS are ordered to pay URBINO PICADO GODINEZ the sum of NINETEEN MILLION THREE HUNDRED TWENTY THOUSAND THIRTY-ONE COLONES AND FOUR CÉNTIMOS (¢19,320,031.04) for damages. For PERSONAL COSTS, the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES (¢2,500,000.00), each defendant paying 50%. For PROCEDURAL COSTS, a total of SIX HUNDRED TWENTY THOUSAND COLONES (¢600,000.00), each defendant paying 50%. Said sums shall accrue interest in accordance with Articles 706 and 1163 of the Civil Code from the date this resolution becomes final until effective payment. Once this resolution becomes final, the plaintiff must deposit the amounts imposed herein into the court account No. 10-003880-1027-CA-2, within a period of one month for the sum ordered. The STATE NOTARY OFFICE is ordered to proceed, within a period of THREE MONTHS, to register the property of the Partido de Puntarenas, real folio number 73.211-000, in the name of the State. No special ruling is made as to costs. LET IT BE NOTIFIED. Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, Enforcement Judge.-

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de ejecución de sentencia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente  EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LRJCA) ACTOR/A:

URBINO PICADO GODINEZ DEMANDADO/A:

COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS N° 2025005608 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con veintitres minutos del nueve de Junio del dos mil veinticinco.- Se conoce EJECUCIÓN DE SENTENCIA dentro del proceso incoado por URBINO PICADO GODINEZ, contra EL ESTADO, COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS.

CONSIDERANDO

I.- ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: En la tramitación de la presente causa se aprecian los siguientes: a.- Escrito de fecha 05 de agosto de 2020, se interpone la ejecución de sentencia. (imagen 26 a 35 del expediente); b.- Por auto de las las siete horas veintitrés minutos del treinta de octubre de dos mil veinte se confiere audiencia sobre el escrito de ejecución. (imagen 37 del expediente); c.- Por escrito de fecha 07 de diciembre de 2020, rola la contestación de audiencia de CNE. (imagen 45 a 47 del expediente); d.- Por auto de las dieciséis horas tres minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno se nombra perito a Rolando Roa Gutiérrez (imagen 54 a 55); e.- Por memorial de fecha 28 de abril de 2021, El Estado contesta audiencia sobre la ejecución. (imagen 70 a 74); f.- Por escrito el Perito rinde informe. (imagen 81 a 101 del expediente); g.- Por memorial de fecha 27 de julio de 2021, la parte ejecutante se refiere al informe pericial y solicita ampliación. (imagen 110 a 116 del expediente); h.- Por escrito la CNE se refiere al informe pericial. (imagen 119 a 126 del expediente); i.- Por escrito de 11 de agosto de 2021, la PGR se refiere al informe pericial. (imagen 132 a 126 del expediente); j.- Por auto de las diez horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la jueza ejecutora de turno, nombra a la perito NANCY RODRÍGUEZ CRUZ. (imagen 210 del expediente); k.- Por escrito de 30 de mayo de 2023, la Perito Rodríguez Cruz rinde informe pericial. (imagen 222 a 247 del expediente); l.- Por auto de las trece horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés se confiere audiencia sobre el informe pericial. (imagen 248 del expediente); m.- Por escrito de 01 de noviembre de 2023, la Procuraduría atiende la audiencia sobre el informe pericial. (imagen 255 a 268 del expediente); n.- Por auto de las once horas dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés se confiere audiencia sobre el escrito de la Procuraduría. (imagen 269 del expediente); o.- Por escrito la ejecutante se refiere a la audiencia. (imagen 274 a 276 del expediente); p.- Por Minuta se consigna audiencia oral realizada en fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro. (imagen 307 a 309 del expediente); q.- Por escrito de 01 de abril de 2024, la parte ejecutante rinde conclusiones a la audiencia oral. (imagen 310 a 315 del expediente); r.- Por memorial la CNE rinde conclusiones a la audiencia oral. (imagen 318 a 323 del expediente); s.- Por escrito de 05 de abril de 2024, El Estado rinde conclusiones a la audiencia oral. (imagen 329 a 338 del expediente).--- II.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como hechos probados para el dictado de la resolución los siguientes: a.- Res. 83- 2014-IV, a las ocho horas del cuatro de noviembre del año dos mil catorce, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, dispuso: "Por lo anterior se condena a las partes demandadas a lo siguiente: a) Indemnizar al actor, señor Urbino Picado Godínez, el área de la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula 73.211-000 ocupada propiamente por el dique objeto del presente proceso, sea tres mil quinientos veintiocho metros cuadrados más cinco mil trece metros cuadrados correspondientes a la porción de terreno existente entre el dique y el río. El valor de dichas porciones de terreno deberán ser liquidadas en la etapa de ejecución de sentencia, de conformidad con un peritaje hecho por un profesional calificado, que además de los criterios técnicos propios de su experticia y que estime oportuno valorar, tome en consideración, los siguientes aspectos: 1) La eventual existencia de partes de dichas áreas que se encuentren afectas a limitaciones del artículo treinta y tres de la Ley Forestal 2) Las características del terreno propias de la zona en donde se encuentra el inmueble, tomando en cuenta lo que al efecto disponga el Plan Regulador Urbano en cuanto a su destino y restricciones de uso. 3) El deber de deducir del valor de las indicadas áreas, el incremento en el valor que pudo haber obtenido, los 9.100 metros correspondientes al área favorecida por el dique y que forman parte de la propiedad del actor. b) Pagar al actor la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral subjetivo. c) Son ambas costas procesales y personales a cargo de las partes demandadas.- “; b.- Res. número 004160-F-S1-2019 de las 15:05 hrs del 28 de noviembre del año 2019, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dispuso: “Se rechaza el recurso formulado por el actor y se acoge parcialmente el del Estado. En consecuencia, se anula la sentencia impugnada, solo, en cuanto a la condena del daño moral subjetivo. En su lugar, fallando por el fondo, sobre ese extremo se declara sin lugar la demanda. Se advierte, en el evento de fijarse el valor del terrero en disputa, debe el Juez Ejecutor ordenar que el área indemnizada se inscriba a nombre del Estado (por conexidad y consecuencia de ese pago). Se resuelve sin especial condenatoria en costas de la casación. Tome en cuenta el Tribunal de juicio lo indicado en el Considerando VI de ésta sentencia.”.--- III.- DEL OBJETO DE LA CAUSA: En la ejecución se peticiona lo siguiente: Sumas a liquidar: 1- Justo precio de los terrenos: Por lo tanto, solicito, a efectos de proceder a indemnizar a mi cliente tal cual se ordenó, se NOMBRE PERITO VALUADOR DE BIENES INMUEBLES, a efectos de que dictamine EL JUSTO PRECIO del área de la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula 73.211-000 ocupada propiamente por el dique objeto del presente proceso, sea tres mil quinientos veintiocho metros cuadrados más cinco mil trece metros cuadrados correspondientes a la porción de terreno existente entre el dique y el río. Deberá el perito tomar en consideración, los siguientes aspectos: 1) La eventual existencia de partes de dichas áreas que se encuentren afectas a limitaciones del artículo treinta y tres de la Ley Forestal 2) Las características del terreno propias de la zona en donde se encuentra el inmueble, tomando en cuenta lo que al efecto disponga el Plan Regulador Urbano en cuanto a su destino y restricciones de uso. 3) El deber de deducir del valor de las indicadas áreas, el incremento en el valor que pudo haber obtenido, los 9.100 metros correspondientes al área favorecida por el dique y que forman parte de la propiedad del actor. TAL CUAL LO ORDENARA LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el costo de dicha pericia DEBERÁ CORRER POR CUENTA DEL ESTADO. 2- Costas Procesales: Por concepto de costas procesales sean honorarios de perito la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL COLONES según depósito de fecha 28 de noviembre del 2011 más la suma de VEINTISIETE MIL COLONES DEPOSITADOS el 13 de Diciembre del año 2013. 3- COSTA PERSONALES U HONORARIOS DE ABOGADO: Este proceso se interpuso en el año 2010, con una estimación de DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES. En dicha fecha regía el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado Nº 32493 según consulta al sitio Web del Colegio de abogados. Dicho arancel establecía: “Artículo 18.-En procesos ordinarios, abreviados civiles, civiles de hacienda, comerciales, agrarios, contencioso administrativos, o en materia tributaria, así como en los arbitrales, se fijan los siguientes honorarios mínimos: 1) Si se tratare de asuntos de cuantía determinada en ordinarios civiles, civiles de hacienda, comerciales, contencioso administrativo, se calcularán los honorarios sobre el importe total de la condenatoria o absolución”, por lo tanto, hasta tanto no se establezca el importe definitivo a indemnizar no podrá liquidarse los honorarios de abogado, RESERVÁNDOME LA FACULTAD DE PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE UN VEZ ESTABLECIDAS LAS SUMAS TOTALES A INDEMNIZAR. 4- INDEXACIÓN: De la misma forma, tal y como lo disponen los artículos 123 y 124 del Código Procesal Contencioso Administrativo solicitamos que la suma que llegue a ser establecida por el perito sea actualizada a su valor presente hasta el efectivo pago. 5- Honorarios de Ejecución de sentencia: De conformidad con lo que dispone el artículo 23 del Arancel de Honorarios por servicios profesionales de Abogacía y Notariado, vigente al día de hoy, corresponde cancelar honorarios de Ejecución de Sentencia al tipo del setenta y cinco por ciento de la tarifa general. Los honorarios de la presente ejecución serán liquidados igualmente hasta que se conozca el monto total a indemnizar.-- IV.- ALEGATOS DE LAS PARTES: A.- DEL EJECUTANTE: En sus escritos la parte ejecutante formula una serie de alegatos de hecho y de derecho, plantea sus pretensiones, y en las conclusiones a la audiencia oral indica que debe de entenderse que el presente proceso terminó siendo una expropiación ordenada por la autoridad judicial competente, ya que se invadió terrenos propiedad privada de mi cliente, haciendo construcciones y partiendo la propiedad. Todo ello sin que mediara pago alguno a no ser por la interposición de la presente demanda. Alega que la pericia rendida en autos en suficiente es clara y es justa, verte dictamen sobre todo cuanto le fuera preguntado y con criterios científicos y corroborables, que a la experta se le pidió que dictaminara el valor de los 3.528,00 metros cuadrados del área ocupada por el cuerpo del dique, y de los 5.013,00 metros cuadrados correspondientes a la porción de terreno existente entre el dique y el río Parrita, de conformidad con un peritaje profesional en el cual se tome en cuenta tres situaciones. La primera es la eventual existencia de terrenos afectados por las limitaciones del artículos 33 de la Ley Forestal, la segunda, características de la zona donde se ubica el inmueble, plan Regulador urbano de la localidad y restricciones de uso y la tercera, deducir del importe de las indicadas área el incremento en el valor que pudo haber obtenido los 9.100,00 metros cuadrados de la propiedad que fueron favorecidos con la construcción del dique.- También manifiesta que con el valor del inmueble, el informe es claro al indicar (descripción del entorno) que es un terreno Rural con poca oferta vs demanda, con expectativa de mercado lenta, con menos de un 25% de área construida en el lugar, con crecimiento lento y un nivel socio económico de clase media baja, que a las características de la propiedad, indica que cuenta con servicios públicos, calle de lastre, es de forma irregular, con un frente de 224,44 metros, situación en deterioro, y en su apartado de FACTORES DESVALORIZANTES, que se encuentra en una zona de alto riesgo, gran parte de la propiedad cuenta con suelos poco sólidos debido al exceso de aguas.- Refiere a la Ley Forestal y a la Ley de Zona Marítima terrestre, por lo que estima que la perita considera las situaciones que fueron ordenadas por la autoridad jurisdiccional.- Por otro lado, sobre el valor de mercado, refiere a las propiedades limítrofes, insiste que Los DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES, que dice la perito corresponde a la indemnización, es suma justa, y debe ser aprobada por el Tribunal. También señala que CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES por honorarios de abogado del juicio, que incluye un incremento del 25% sobre los honorarios totales por haberse presentado RECURSO DE CASACIÓN, y que las COSTA PROCESALES en total por SEISCIENTOS VEINTE MIL COLONES responden a honorarios de perito cuyos depósitos constan en autos y son fácilmente corroborables. Por último, se reclama HONORARIOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO COLONES, y el pago de intereses desde el 28 de noviembre del 2019 en que adquirió firmeza la sentencia y en aplicación del artículo 706 del Código Civil consideramos que este extremo debe ser reconocido en la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.--- B.- DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE): La Comisión en sus alegatos se ha opuesto a las pretensiones de la ejecutante, y en lo medular en las conclusiones a la audiencia oral refiere a que la propiedad bajo esta ejecución de sentencia se ubica en una zona catalogada por el artículo 4 del Reglamento de zonificación Plan Regulador parcial de usos del suelo y las zonas de alto, mediano y bajo riesgo del cantón de Parrita cono una ZONA DE ALTO RIESGO.- Sobre el peritaje apunta que se identifica tres áreas donde la suma del valor total de las áreas 2 y 3 y restando el incremento en el valor del área identificada como 1, la experta, establece un monto total a indemnizar de ¢19.300.000.00, el cual presenta inconsistencias, inexactitudes y una serie de omisiones, en tanto que utiliza una metodología de valoración de mercado, que representa la comparación de terrenos con características similares al evalúo para así establecer el valor más razonable de venta, a los que señala “comparables”, donde resulta inconsistente en el tanto de su propia pericia se desprende que acepta que el inmueble bajo estudio está sometido a una serie de restricciones de gran trascendencia por su naturaleza y ubicación geográfica, lo que en consecuencia impediría establecer su valor con base en una referencia comparativa ya que no se cercioró que las propiedades en comparación tuvieran las mismas restricciones legales. Además señala que tomó como referencias algunas localidades cercanas a la zona, sin embargo ninguna reúne las condiciones de ALTO RIESGO que presenta el inmueble pese a la obra de protección (Dique) levantado y reconstruido (ya había uno existente), por las condiciones muy propias del cantón central de Parrita y de la zona de inundación que abarca, donde a pesar de la aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca en este caso un evento natural (Mitigación), es innegable que ante un evento extraordinario de mediana a una alta magnitud, la zona se va a inundar, con obra de protección o sin obra de protección.- Por otra parte, existen una serie de inconsistencias a las limitaciones de interés público que presenta el inmueble desde que fue adquirido, tales como el haber incurrido en acciones contrarias a su criterio experto, al tratar de justificar la procedencia de la indemnización argumentando la no aplicación de la delimitación de la zona marítimo terrestre, por haber sido la finca madre constituida con anterioridad a la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre.- Relativo a las costas apunta que no procederían los extremos solicitados por el señor abogado Jimmy Solano Ulloa, toda vez que por concepto del proceso principal (costas personales), se pospuso la liquidación hasta que se determinara el valor del inmueble, y por costas procesales, dependemos de igual forma del valor del terreno y que dicha valoración se ajuste a los autos. Así mismo, al haberse fallado y quedar dispuesto expresamente en la sentencia No.004160-FS1-2019 de la fase de Casación, “sin especial condenatoria en costas” debido al rechazo del recurso del actor y haberse acogido parcialmente el recurso del Estado no corresponde la cancelación de dicho extremo.--- C.- DE EL ESTADO: En sus diferentes escritos la Procuraduría atiende las audiencias de formulación de la ejecución, y en particular en las conclusiones a la audiencia oral expone: 1.- Aspectos generales: que resulta medular reiterar que el presente proceso de ejecución se mueve dentro de los límites definidos por la sentencia ejecutoriada n.°83-2014-IV de las 8:00 horas del 4 de noviembre del 2014, adicionada por la resolución n.°83-2014-IV-BIS de las 8:00 horas del 26 de noviembre del 2014, ambas de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según las precisiones adicionales hechas la Sala Primera de la Corte en el fallo n.° 4160-F-S1-2019 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2019. Además que se condenó de forma solidaria al Estado y a la Comisión Nacional de Atención de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE), al pago a la parte actora de los siguientes rubros: a) el valor de la porción de terreno de la finca del Partido de Puntarenas n.°073211-000, ocupada por el dique, que en la pericia se identifica como área 2 y mide 3.528 m2; b) el valor de la porción de terreno de la misma propiedad existente entre el dique y el río, identificada en la pericia como área 3 y mide 5.013 m2; c) ambas costas del proceso de primera instancia, pues no debe olvidarse que la Sala I, al rechazar por completo el recurso de casación del actor y acoger parcialmente el del Estado en cuanto al daño moral subjetivo reclamado, dispuso en la citada sentencia n.° 4160-F-S1-2019: “Se resuelve sin especial condenatoria en costas de la casación”.- Indica que en ningún momento se determinó una suma líquida contra la que se pudiera ordenar el giro inmediato a favor del actor, pues el Tribunal de juicio optó por una condena en abstracto y difirió a la fase de ejecución de sentencia la concreción de los valores de las porciones de terreno a indemnizar a través de un nuevo peritaje, lo que –dicho sea de paso– le valió una llamada de atención por parte de la Sala de Casación en el considerando VI de su fallo. Manifiesta que en esta etapa de ejecución de sentencia la fijación por un perito del precio de los terrenos identificados como áreas 2 y 3; para lo que se le impuso a su valoración las siguientes condiciones a considerar: i) eventual existencia de partes de dichas áreas que se encuentren afectas a limitaciones del artículo 33 de la Ley Forestal; ii) las características del terreno propias de la zona en donde se encuentra el inmueble del Partido de Puntarenas n.°073211-000, tomando en cuenta lo que al efecto disponga el Plan Regulador Urbano en cuanto a su destino y restricciones de uso; y iii) el deber de deducir del valor de las indicadas áreas, el incremento en el valor que pudo haber obtenido los 9.100m2 correspondientes a la sección protegida por el dique identificada en la última pericia como área uno. 2.- Relativo al informe pericial de la Ing. Rodríguez Cruz señala que el informe ofrecido presenta inconsistencias, inexactitudes y omisiones que ella no logró aclarar durante la audiencia de evacuación de dicha prueba celebrada el pasado 20 de marzo.- Destaca que el precio total por ₡19.300.000,00 que se le asigna en esta última pericia a las porciones indicadas de la propiedad del actor del Partido de Puntarenas n.°073211-000, resulta sumamente elevado a las circunstancias reales y geográficas que presente dicho inmueble, según: la perita Rodríguez Cruz confiere al área 1 protegida por el dique consistente en 9.100 m2, un valor de ₡2.446,18 x m2; al área 2 del terreno bajo el cuerpo del dique que mide 3.528 m2, un valor de ₡2.518,63 x m2; y al área 3 que comprende la porción de terreno entre el dique y el río que mide 5.013 m2, el mismo valor de ₡2.518,63 x m2, que la metodología de valoración que empleó consistió en el valor de mercado, que según describió en su informe, consiste “en la estimación de un valor por medio del análisis y comparación en el en el mercado de bienes con características similares al valuado, para concluir en el valor más probable de venta” (pág.11, la negrita y el subrayado no son del original). A esos inmuebles, la perito los llama “comparables”. Durante el interrogatorio, ella reiteró: “el mayor valor que se pueda dar a la propiedad a través de ciertos comparables o a través de ciertas propiedades, o inmuebles que tengan cierto parecido, al valor que estamos queriendo evaluar” y que el problema que se presenta para aceptar el valor que la perita le dio al metro cuadrado de la propiedad del demandante (los ₡3.148,28) es que las fincas que usó como referencia (los “comparables”), a partir de sus precios de venta en el mercado inmobiliario, en modo alguno se pueden homologar o asimilar con la situación fáctica que afecta sustancialmente a dicho inmueble (desde antes de la construcción del dique), a saber: su ubicación en una zona de ALTO RIESGO de inundación, que por lo mismo está prohibido construir, urbanizar, fraccionar o cultivar en dicho terreno, ya que son áreas reclamadas por el río como su cauce (punto 4.1 del Reglamento de Zonificación de Parrita), por ende, el aspecto más esencial de cara a establecer un posible valor de mercado es si puede aprovecharse o no; en otras palabras si puedo darle algún uso efectivo o no a este; y ya vimos, claramente, que a la propiedad del accionante no se le podía dar ningún tipo de uso o aprovechamiento válido, sin peligro incluso para su propia vida y bienes materiales ante los riesgos de desbordamiento del río. Agrega que se cuestiona el otro aspecto oscuro que presenta la última pericia es que, según lo habíamos advertido ya, no se explica, ni se cita la fuente de los distintos factores con los ajustó el valor del metro cuadrado para cada área, como tampoco explicó su relación con el denominado “Motivo coeficiente” y ante la pregunta de este servidor acerca de su fundamento, se limitó a remitir de forma altiva y vaga a “las normas internacionales de evaluación”, por ello, es contradictorio que para el área 3 (entre el río y el dique), susceptible actualmente de quedar completamente inundada con cada crecida del río Parrita, el precio (de mercado) del metro cuadrado sea mayor (₡2.518,63) que el del área 1, que quedó favorecida por el dique (₡2.446,18), además que el yerro es igual de evidente con el área 2 que corresponde a la porción que ocupa el dique, a la que también se le da un mayor valor (₡2.518,63) que al área 1 (₡2.446,18). Al cuestionarle este punto a la perita, ella afirma sorprendentemente que ese mayor valor del área 2 (y así lo deja consignado de forma patente al describir en el cuadro del Motivo coeficiente: “Construido, alto riesgo”; página 12, el subrayado no es del original), obedece a la propia construcción del dique, y expone que de las consideraciones anteriores queda claro que el valor de ₡2.518,63 por metro cuadrado que la perita fijó para las áreas 2 y 3, está muy por encima de las circunstancias reales que presentan ambos terrenos e incluso, se contraponen a los parámetros establecidos en las sentencias ejecutoriadas y al mismo ordenamiento jurídico. 3.- De la improcedencia de las costas: En este sentido manifiesta que en el caso de las costas personales del proceso de conocimiento hasta primera instancia, ni siquiera consta una condena líquida y exigible sobre cuya base realizar el cálculo respectivo, razón por la cual, deben rechazarse. Se opone a la partida que liquida la parte actora por concepto de la interposición del recurso de casación ante la Sala Primera. Pues, según lo precisamos desde el punto 2 de este escrito de conclusiones, dicha Sala de Casación en su sentencia n.°4160-F-S1-2019, dispuso expresamente: “Se Procuraduría General de la República resuelve sin especial condenatoria en costas de la casación”, con lo cual, no le corresponde a ninguna de las partes demandadas asumir las costas del recurso que planteó la parte actora, sobre todo, cuando fue declarado sin lugar. En relación con la liquidación de intereses que lleva a cabo el actor también resulta improcedente e impertinente, a la fecha no existe una suma líquida y exigible que pueda devengar intereses (artículo 706 del Código Civil) que debe ser asumida por el Estado de forma solidaria con la CNE y se opone a las costas de ejecución.-- V.- DEL PERITAJE: En los autos rolan al menos dos informes de peritos en la fase de ejecución, únicamente se tomará en cuenta el informe rendido por la perito Rodríguez Cruz, puesto el anterior informe rendido por el perito Roa Gutiérrez, incumplió la orden de adición y aclaración. Además la profesional perito fue recibida y evaluado su informe en audiencia oral. En lo medular dicho informe señala: "Realizados todos los estudios del caso, se determinó la conveniencia de utilizar para el avalúo el Sistema de Mercado, donde todas las áreas valoradas se consultaron en su valor de mercado y fueron basadas en presupuestos y ofertas de obras similares para establecer un parámetro de valor para elementos similares. De esta manera, indico a forma de resumen que el monto a indeminzar corresponde al siguiente valor: ₡1.9.300.000 Diecinueve millones trescientos mil colones.".- Dicho informe contiene generalidades del objeto de la pericia, la ubicación del inmueble, el desglose de áreas, además el informe aborda la descripción del entorno, las características de la propiedad, refiere a factores valorizantes: Zona con poca contaminación sónica, a factores desvalorizantes: Zona de Alto Riesgo; también a la afectación del inmueble respecto a las limitaciones del artículo 33 de la Ley Forestal, así como de la Ley de Zona Marítima Terrestre.- El informe pericial contiene los datos por nacimiento de la finca madre 6-073211, los linderos actuales, la valoración del terreno, donde refiere a la descripción del proceso, los detalles para valorar, y destaca que según lo solicitado mediante la ejecución de sentencia, se requiere determinar el valor de la finca 6-073211 seccionado como 1) Área protegida por el dique, 2) Área bajo el cuerpo del dique y 3) el área entre el dique y el río. Contiene -en lo medular- los siguientes cuadros:

Además, Y concluye, Finalmente, el informe pericial contiene unas observaciones y consideraciones generales, que son: "La valoracion de los terrenos se ha realizado con base en la investigación en el sitio, referencias comerciales, base de datos y experiencia de los profesionales valuadores. Otros factores considerados para realizar la valoración son: la vocación y características socioeconómicas del entorno y su relación con las propiedades en cuestión, características geometricas, ubicación en respecto a la zona, situación actual del mercado inmobiliario y finalmente del propósito del avalúo. Como parte de este estudio no se realizaron pruebas de laboratorio de ninguna especio ni ningún tipo de análisis de resistencia estructural de construcciones, capacidad de carga de los suelos, ni de la calidad de ningún material y por lo tanto no se asume ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse por estos aspectos. Tampoco se asume responsabilidad de defectos no detectados en la inspección visual del inmueble o de cambios físicos, políticos y económicos que sucedan posteriores a la fecha de visita y que puedan afectar el resultado obtenido en el análisis. La perito valuadora se pronuncia sin ninguna situación legal pues esto no le compete y se salva cualquier tipo de responsabilidad. Como valuadora responsable declaro no tener ningún tipo de interés particular con la propiedad, sus edificaciones y los resultados que puedan derivarse del análisis financiero de este informe.".--- VI.- DEL BLOQUE NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE: A.- DEL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: De acuerdo con los artículos 153 constitucional y 1°, pfo 2°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde a los Tribunales conocer las causas que la Constitución y la ley le señalan, resolverlas definitivamente y "ejecutar las resoluciones que pronuncie", sea, la ejecución plena e íntegra de las sentencias dictadas por el Tribunal de juicio, cuando contengan una obligación de hacer, de no hacer o de dar, y estas no sean cumplidas voluntariamente por la parte obligada”. (CPCA, art. 156.3). La ejecución de la sentencia es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva e imprescindible para la efectividad del fallo definitivo y firme, en los términos que consigna, sin alteración o desnaturalización. A ese fin, el CPCA establece que “En la fase de ejecución de sentencia, el Juez ejecutor tendrá todos los poderes y deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia” (art. 155.2). “La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y términos consignados en ella” (art. 156.1). “La sentencia firme del Tribunal deberá ser ejecutada de inmediato (…)” (art. 157). Los ordinales 161 inc. b, 162, 175.1, etc), garantizan la satisfacción real del derecho declarado a favor de la parte victoriosa. “El derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica. La sentencia a que da lugar la demanda termina una etapa del proceso (la de conocimiento), pero no el proceso mismo, que continúa en una segunda etapa (la de ejecución) y que termina cuando se ha satisfecho la pretensión del accionante." (Sala Primera de la Corte, sentencia 348-2016). “Sería inaceptable que una sentencia quede en letra muerta y nunca sea llevada a la realidad, aniquilando sus efectos. Por eso, el juez cumple una función de garante, y se encuentra obligado a velar por la plena y efectiva ejecución, tanto de forma ágil como real.” (Sala Primera de la Corte, sentencias 675-2007, 1443-2012, 122-2016 y 2409-2022). B.- DEL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LA COSA JUZGADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN: El artículo 156 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, indica que “1) La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y los términos consignados por ella”.- En este sentido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante su resolución de las 11:45 horas del 12 de octubre de 2021, ha manifestado: “V.- En otro orden de ideas, en lo concerniente a que el Juzgado no otorgó los daños y perjuicios pretendidos, se hace necesario recordar, esta Cámara ha dispuesto: “El proceso de ejecución de sentencia procura materializar la condena -abstractaimpuesta al perdidoso, de otorgar aspectos diferentes -o contrarios- al pronunciamiento que da lugar a la ejecución, o contra personas que no resultaron condenadas, se vulnera la cosa juzgada (al respecto, se puede consultar el fallo de esta Sala no. 001360-F-S1-2017 de las 15 horas del 07 de noviembre de 2017)”. Fallo no. 383 de 9 horas 50 minutos del 9 de mayo de 2019. Consecuentemente, tanto lo ejecutado como lo que se conceda en la sede de cita debe corresponderse con lo declarado en la sentencia que se ejecuta. De ahí, en esta clase de proceso se pretende ajustar a la situación de hecho la norma individual amparada en el fallo ejecutoriado, con el propósito de garantizar el derecho de la parte amparada. Por ello, el objeto es proporcionarle efectividad a lo mandado en la sentencia de condena para satisfacer el interés de la ejecutante, en cuanto resultó victoriosa en sede constitucional. Por consiguiente, solo se admiten en la vía de ejecución las pretensiones referidas a brindar efectividad a lo ordenado en el fallo de condena. La trascendencia y contenido de lo que se disponga en esta fase son determinados por lo fijado en la sentencia que se ejecuta. Los límites subjetivos y objetivos del asunto se encuentran definidos por la propia resolución ejecutoria, en correspondencia con los efectos positivos y negativos resultantes y al principio de intangibilidad de la cosa juzgada -artículo 156 del CPCA-. Este principio obliga a que la ejecución deba realizarse con sustento en los propios términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el marco de acción. Como se expresó en el considerando III, la persona juzgadora, resolvió con base en la prueba aportada por la ejecutante, -por lo que distinto a lo argüido, los elementos de convicción si fueron apreciados-, lo acreditado no tenía relación causal con lo otorgado en la sentencia ejecutoriada. … Ha de acotarse el principio de intangibilidad de la cosa juzgada manda que la ejecución se efectúe con fundamento en los términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el ámbito de acción, -artículo 156 del CPCA-. Su objeto es salvaguardar la integridad de las sentencias revestidas con la autoridad de la cosa juzgada material, por lo que la persona juzgadora se encuentra impedida de permitir alguna conducta que altere, elimine, varíe o añada al contenido de la resolución obligaciones adicionales no dispuestas en ella, lo cual se castiga con la nulidad. En consecuencia, no se produce el yerro acusado, dado que si no se concedió lo reclamado por la ejecutante lo fue porque no guarda relación con lo otorgado en la sentencia firme ejecutada. De ahí, procede desestimar el cargo.”.- Ergo, la sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada material es inmutable, porque deviene inmodificable, y coercible, al poder ejecutarse forzosamente. La parte cuyo derecho le ha sido declarado en sentencia “puede ejecutar ese fallo sin restricción, en la medida de lo resuelto y el juez no podrá negarse a su cumplimiento” (Tribunal Contencioso Administrativo, voto 101-2021-VI). Sobre esas características de inmutabilidad y definitividad absoluta del derecho declarado, ver del Tribunal Contencioso Administrativo los votos 2006-2002-I, 280-2002- I, 151-2002- II, 130-2008-II, 16-2008-VI; y, de la Sala Primera, las sentencias 740-1999, 481-2000, 680- 2002, 1015-2004, 932-2006 y 111-2015.- C.- DE LA PRUEBA PERICIAL Y OTROS MEDIOS PROBATORIOS: Según expone la doctrina aplicable a la materia, respecto al peritaje debe valorarse que todo perito debe mantener su independencia de criterio y el dictamen debe ser ser imparcial, que en caso de rendirse dictamen pericial privado o judicial, si existen vínculos personales con las partes o interés económico esos son motivos serios para dudar de la sinceridad del perito porque lo que se busca a través de la garantía de la imparcialidad, que no se desvirtué en el proceso su figura de tercero, evitando que por determinadas circunstancias, pueda llegar a dictaminar la cuestión favoreciendo a una de las partes.- Además que la finalidad de la prueba de peritos, consiste en acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso, con la particularidad, de que el objeto de la prueba pericial son hechos que no son del común saber de las partes o del juez, de modo que el perito, mediante su informe o dictamen, proporciona al tribunal los conocimientos técnicos necesarios para la valoración de los hechos objeto de la controversia. Se garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que debe concurrir en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, cuando el perito actúa conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y los aporta al órgano judicial para su valoración.- La abundante jurisprudencia de la Sala Primera sobre lo relativo a los peritajes ha expuesto: “Es menester señalar que esta Cámara ha expresado, en lo tocante al valor probatorio de los peritajes: (. . .) que tienen como objetivo auxiliar al juez en conocimientos científicos que le son ajenos, pero más que verdades absolutas que sustituyan su criterio, su contenido objetivo y científico, no limita su labor de apreciación; sólo tienen el propósito de orientarlo, aportándole elementos que le permitan apreciar las circunstancias indispensables para la decisión que debe adoptar. Es claro entonces que, apartarse de un criterio técnico, y justificar el propio, lejos de constituir un exceso de poder, es un ejercicio inherente a la labor del juzgador en la apreciación de la prueba (Resolución no. 43-2007 de las 9 horas 10 minutos del 26 de enero de 2007, en igual sentido pueden consultarse las sentencias números 765 de las 15 horas con 40 minutos del 24 de julio de 2009 y 468 de las 10 horas 45 minutos del 7 de abril de 2011). En tesis de principio, queda claro, nada obsta para que un Juzgador se aparte de un criterio pericial, siempre y cuando, justifique de manera racional tal determinación. (…) Cabe resaltar, por la especialidad de la materia propia de una pericia técnica, resulta imprescindible la existencia de contraprueba de igual linaje que desvirtúe las conclusiones del perito (sea que el informe se encuentra alterado o que no corresponde con la realidad). La carga de la prueba, al tenor del mandato 317 del CPC, le atañe a quien alega un derecho o una excepción; por lo tanto, al existir un peritaje donde se cuantifican los daños alegados, para desvirtuar su valor debía aportarse otro elemento probatorio que demostrara, fehacientemente, cuál es el cálculo correcto. De conformidad con lo preceptuado en el inciso 2) del ordinal 90 del CPCA, la parte demandada pudo ofrecer prueba al respecto.”.- VII.- DEL CASO EN CONCRETO: En la especie se ejecuta lo dispuesto por las sentencias n.°83-2014-IV de las 8:00 horas del 4 de noviembre del 2014, adicionada por la resolución n.°83-2014-IV-BIS de las 8:00 horas del 26 de noviembre del 2014, ambas de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según las precisiones adicionales hechas la Sala Primera de la Corte en el fallo n.° 4160-F-S1-2019 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2019.- Sobre el fondo se dispuso: "Por lo anterior se condena a las partes demandadas a lo siguiente: a) Indemnizar al actor, señor Urbino Picado Godínez, el área de la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula 73.211-000 ocupada propiamente por el dique objeto del presente proceso, sea tres mil quinientos veintiocho metros cuadrados más cinco mil trece metros cuadrados correspondientes a la porción de terreno existente entre el dique y el río. El valor de dichas porciones de terreno deberán ser liquidadas en la etapa de ejecución de sentencia, de conformidad con un peritaje hecho por un profesional calificado, que además de los criterios técnicos propios de su experticia y que estime oportuno valorar, tome en consideración, los siguientes aspectos: 1) La eventual existencia de partes de dichas áreas que se encuentren afectas a limitaciones del artículo treinta y tres de la Ley Forestal 2) Las características del terreno propias de la zona en donde se encuentra el inmueble, tomando en cuenta lo que al efecto disponga el Plan Regulador Urbano en cuanto a su destino y restricciones de uso. 3) El deber de deducir del valor de las indicadas áreas, el incremento en el valor que pudo haber obtenido, los 9.100 metros correspondientes al área favorecida por el dique y que forman parte de la propiedad del actor. [...] c) Son ambas costas procesales y personales a cargo de las partes demandadas.- Los parámetros establecidos en la sentencia para determinar la indemnización son: partes de dichas áreas y las limitaciones de la ley forestal; efecto del plan regulador, y deducir el valor por el incremento en el área favorecida por el dique. Por lo que se examina el cumplimiento de dichos parámetros, conforme el ordinal 156 del CPCA sino como el principio de intangibilidad de la cosa juzgada. A.- DEL DESGLOSE DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y LAS LIMITACIONES DE LA LEY FORESTAL: El informe de la perito indica:

La parte ejecutante así como las demandadas se refieren a las áreas y cuestionan, éstas últimas el valor de mercado que se le asigna a las mismas.- Criterio del Tribunal: Estima este juzgador, que la pericia cumple con lo relativo a diferenciar las áreas, por lo que se acredita un abordaje desglosado de la finca de rito, determinándose el área protegida por el dique, el área bajo cuerpo del dique, área entre el dique y el río, y áreas dentro del canal del río. Ahora bien, sobre la eventual existencia de partes de dichas áreas que se encuentren afectas a limitaciones del artículo treinta y tres de la Ley Forestal, la perito en su informe aborda lo relativo a dicha Ley, la parte ejecutante expone que ese aspecto se cumple con lo ordenado en sentencia, el Estado y la CNE manifiestan que la perita al referirse a la zona de protección de la Ley Forestal, hace la siguiente afirmación: “de esta manera logro estimar que el área indicada en este proceso como 3) Área entre el dique y el río, de 5013m², corresponden a este retiro estipulado por la Ley Forestal 7575 en su artículo33°. A pesar de que no toda la franja tiene una medida de 15 metros exactos, se cuenta con medidas menores y otras medidas mayores, lo que es compensatorio y técnicamente correcto para nuestros efectos”. Empero, a pesar de que reconoce expresamente que los retiros de la Ley Forestal abarcan una porción sustantiva del área identificada como 3 –y así lo grafica en las imágenes 5 a 10– no dedujo del valor total otorgado a dicha fracción (los ₡12.625.869,37), los metros cuadrados correspondientes a esas zonas de protección y más bien, fijó el precio por el total de los 5.013 m2 comprendidos entre el dique y el río. Se desprende de lo expuesto que el informe pericial presenta en este extremo un grave yerro, que incluso, vulnera los alcances de los fallos ejecutoriados, al incorporar en el cálculo del valor de la indemnización a cargo del erario público, las zonas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal que todo propietario de inmuebles rurales colindantes con ríos debe soportar y que, como limitación de interés público que es, no resulta en modo alguno indemnizable (artículo 45 constitucional). Criterio del Tribunal: En la especie otro de los aspectos a valorar que se indican en la sentencia ejecutoriada es el impacto de la Ley Forestal, queda acreditado que la perito desarrolla dicho punto en su estudio, el mismo es aceptado por la parte ejecutante, incluso las demandadas citan las referencias a dicho aspecto sub judice, y cuestionan el valor total asignado, y destacan que se debío deducir la colindancia con los ríos conforme a la legislación vigente, rubro que será objeto de análisis infra, puesto debe tenerse a la vista la orden de la Sala Primera a la persona juzgadora ejecutora sobre la inscripción del terreno. En conclusión, tiene este juzgador por acreditado que la perito cumple con el abordaje del desglose de áreas y a las limitaciones del artículo treinta y tres de la Ley Forestal, por lo que es procedente desde el punto de visto de la técnica y la ciencia, sustentando elementos objetivos, apegados a los términos requeridos por la sentencia que se ejecuta, entonces dicha pericia garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que evidencia en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, actúando la Ing. Rodríguez conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y aportandolos a este órgano judicial para su valoración, mismo que resultan de recibo.- B.- EFECTO DEL PLAN REGULADOR: La pericia refiere a este aspecto e indica que según el plan regulador municipal de la zona, el inmueble se encuentra en una Zona de cauce del río (ZCR), categorizada como de ALTO RIESGO, que se cataloga debido a las recurrentes inundaciones causadas por el Río, y que respecto a las zonas de alto riesgo, según el plan regulador, y la aclaración publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 89 del 12 de mayo de 1997, menciona en el artículo 4° referente a las zonas de cauce de río, apunta: "4.1 Usos permitidos: En esta zona no es permitido construir, urbanizar ni fraccionar, tampoco se avala el uso agrícola, ya que al ser áreas reclamadas por el río como su cauce, los terrenos tienen una marcada influencia fluvial por cambios de lecho del río, así como inundaciones frecuentes que provocan lavados y desbordamientos constantes."-- En este sentido, la parte ejecutante señala que la perita tomó en consideración el segundo punto que le fuera sometido a estudio, y afirma que cumple con lo que fuera ordenado en sentencia. También la perita fue muy clara y valoró la situación de que, de conformidad con el Plan regulador de la zona, el terreno no admite construcciones. Sin embargo, El Estado cuestiona que la perita debió como mínimo investigar la situación de estos otros terrenos en el respectivo plan regulador de las zonas donde se encuentran y su colindancia con ríos proclives a desbordamiento, lo que provoca que su valoración sea imprecisa. Por otro lado, la Comisión refiere a que la propiedad bajo esta ejecución de sentencia se ubica en una zona catalogada por el artículo 4 del Reglamento de zonificación Plan Regulador parcial de usos del suelo y las zonas de alto, mediano y bajo riesgo del cantón de Parrita cono una ZONA DE ALTO RIESGO.- Criterio del Tribunal: tiene este juzgador por acreditado que la perito cumple con el abordaje de las incidencias y limitaciones impuestas a la propiedad por el Plan Regulador, incluso al citar el ordinal 4 del mismo que no permite construir, urbanizar ni fraccionar, y denota la condición pantanoso y de ALTO RIESGO, como un aspecto desvalorizante en su informe, aspectos que impactan directamente su uso y disfrute, resulta dicho informe procedente desde el punto de visto de la técnica y la ciencia, aportando elementos objetivos, apegados a los términos requeridos por la sentencia que se ejecuta, entonces dicha pericia garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que evidencia en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, actúando la Ing. Rodríguez conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y aportandolos a este órgano judicial para su valoración, mismo que resultan de recibo.- C.- VALOR POR EL INCREMENTO EN EL ÁREA FAVORECIDA POR EL DIQUE: La sentencia que se ejecuta ordena la deducción del valor por el incremento en el área favorebida por el Dique, en este sentido, la perito indica en los detalles a considerar para la valoración que se solicita que si el dique generó un incremento al valor de la propiedad de la sección 1) área protegida por el dique, entonces se debe determinar este incremento de valor ya que el mismo debe deducirse o restarse del monto a expropiar determinado por la suma del valor de las secciones 2) área bajo el cuerpo del dique y 3)área entre el dique y el río, ante lo cual detalla:

Y en el siguiente cuadro del informe se menciona la diferencia de valor entre el área protegida por el dique, según:

La parte ejecutante sobre el aspecto del diferencial de monto por el Dique, manifiesta -en síntesis- que el Dique causa un pantano y además la propiedad perdió su acceso directo al río, lo cual era un atractivo que ahora no tiene, que la perito consideró, por estas razones, que, con todo y esto, a la suma a indemnizar hay que restarle ₡2.191.548,90 colones que es lo que ella considera, complaciendo las pretensiones de los demandados, que la propiedad restante sumó en valor luego de la construcción del dique.- La CNE al abordar el punto del dique expresa el objeto de protección del mismo, así como destaca el diferencial de los retiros de la zona forestal.- La Procuraduría General referente a la diferencia con el dique y si él, apunta que este dato es significativo, pues sirve para evidenciar también que no se está analizando adecuadamente el incremento en el valor que tuvo esa área del terreno que se vio favorecida por la construcción del dique y que antes quedaba a merced de la fuerza del río y que cifra en apenas en ₡2.191.548,90. Es decir, la diferencia del precio por metro cuadrado entre un terreno que no se podía aprovechar o utilizar del todo a la situación actual en que sí quedó resguardado es de apenas de ₡241, recalca que es preocupante que el incremento porcentual en el valor que comporta este factor se lo atribuya a la construcción del dique, pues se estaría aprovechando en el cálculo indemnizatorio una obra civil edificada por el Estado a contrapelo de lo dispuesto en el párrafo in fine del artículo 22 de la Ley de Expropiaciones.-- Criterio del Tribunal: tiene este juzgador por acreditado que la perito cumple con el abordaje del diferencial en el terreno antes sin dique y después de la contracción del dique, aspecto que también impacta directamente el uso y disfrute de la propiedad, resulta dicho informe procedente desde el punto de visto de la técnica y la ciencia, aportando elementos objetivos, apegados a los términos requeridos por la sentencia que se ejecuta, entonces dicha pericia garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que evidencia en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, actúando la Ing. Rodríguez conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y aportandolos a este órgano judicial para su valoración, mismo que resultan de recibo.- Tomen nota las partes que se dictará pronunciamiento específico infra relativo a la advertencia expresada por la representación estatal acerca de las disposiciones de la Ley de Expropiaciones, al tenor de lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema en la sentencia ejecutoriada.- D.- DEL VALOR INDEMINIZABLE: La presentación de la parte ejecutante en relación con el valor por metro cuadrado, indica que se utiliza el VALOR DE MERCADO, y para ello consideró varias propiedades similares en venta, que el señor Procurador cuestionó si ella corroboró si esa otras propiedades se ven afectas por un plan regulador, y la perita le explicó que, pese a no tener ese conocimiento, si se trata de propiedades limítrofes con ríos en Golfito, Quepos, Puntarenas y Buenos Aires, y véase que el valor asignado por metro cuadrado de 3.148,28 colones a la finca de mi cliente, es muy inferior al valor de la finca comparable en Quepos de 5.368,69 colones por metro y la de Golfito de 4.314,68 colones por metro, por ende, el valor por metro cuadrado que la perito asignó no es antojadizo, es un valor relativamente promedio entre fincas comparables, que las fincas para comparar no pueden ser idénticas, como lo pretende y cuestiona el señor Procurador, ni tampoco sus condiciones tienen que ser iguales, pero si son comparables. La experta indicó que, en la zona, no había otras propiedades en venta, y por ello utilizó fincas con situaciones análogas para sacar un valor aproximado. Por ello, consideran que el valor asignado por metro cuadrado es justo.-- En contraparte, la Comisión Nacional de Emergencia relativo a este aspecto indica que el informe señalado divide las áreas del inmueble del Partido de Puntarenas, matricula No.7311-000 a efectos del cálculo de las porciones que deben de ser indemnizadas conforme a la sentencia ejecutoria No.83-2014-IV de las ocho horas del cuatro de noviembre del 2014, y según lo dimensionado por la Sala Primera en la sentencia No.4160-F-S1-2019 de las quince horas cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, identifica tres áreas donde la suma del valor total de las áreas 2 y 3 y restando el incremento en el valor del área identificada como 1, la experta, establece un monto total a indemnizar de ¢19.300.000.00, el cual presenta inconsistencias, inexactitudes y una serie de omisiones, cuestiona la metodología sobre comparables, refiere al ALTO RIESGO, así como referencia a las limitaciones expuestas por la Procuraduría General de la República, y que el informe no cumplió las observaciones realizadas.- En esta tesitura, la La representación estatal al cuestionar el monto asignado por la perito señala que se confiere al área 1 protegida por el dique consistente en 9.100 m2, un valor de ₡2.446,18 x m2; al área 2 del terreno bajo el cuerpo del dique que mide 3.528 m2, un valor de ₡2.518,63 x m2; y al área 3 que comprende la porción de terreno entre el dique y el río que mide 5.013 m2, el mismo valor de ₡2.518,63 x m2, según criterios de estimación de un valor por medio del análisis y comparación en el mercado de bienes con características similares al valuado, cuestiona la ubicación de zona de ALTO RIESGO, y estima que estar ubicados en una zona rural que no tenga mucho valor, pues el aspecto más esencial de cara a establecer un posible valor de mercado es si puede aprovecharse o no; en otras palabras si puedo darle algún uso efectivo o no a este, y concluye en definitiva, de las consideraciones anteriores queda claro que el valor de ₡2.518,63 por metro cuadrado que la perita fijó para las áreas 2 y 3, está muy por encima de las circunstancias reales que presentan ambos terrenos e incluso, se contraponen a los parámetros establecidos en las sentencias ejecutoriadas y al mismo ordenamiento jurídico.- Criterio del Tribunal: Para el abordaje de este asunto, se tomo como parámetro conforme el principio de intangibilidad de la cosa juzgada los criterios de valoración establecidos por la misma sentencia de fondo, sea: EL DESGLOSE DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y LAS LIMITACIONES DE LA LEY FORESTAL, EFECTO DEL PLAN REGULADOR, VALOR POR EL INCREMENTO EN EL ÁREA FAVORECIDA POR EL DIQUE, como se ha acreditado la profesional perito en su informe desarrolla y diferencia las diferentes áreas y el impacto del dique, identificándolas, atribuyéndoles una medición y condiciones específicas, también procedió a referir al efecto del plan regulador, lo relativo a la Ley Forestal y a implicaciones de la Ley Marítimo Terrestre, reconoce y valorar en su experticia el alto riesgo de la zona y la imposibilidad de producir, construir y cosechar en la misma, adicionalmente valora conforme las reglas de la ciencia y de la técnica específicas de su actividad profesional el valor resultante, utilizando el comparativo de mercado, y aplica una deducción en razón del impacto de la construcción del dique, aspectos que han sido repetidamente cuestionados por la representación estatal y la CNE principalmente sobre el monto a indemnizar -mismo que ya ha sido expresamente concedido en sentencia de manera abstracta-, pero no se han aportado criterios técnicos, ni valoraciones que hagan válidamente desvirtuar lo recomendado por la profesional perita que ha cubierto los extremos que le fueron solicitados en su informe, en razón de ello se deben acoger los extremos otorgados, por la suma total DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y UN COLONES CON CUATRO CÉNTIMOS (19.320.031,04) (comprende área 1,2, y 3).--- VIII.- DE OTROS EXTREMOS LIQUIDADOS: A.- COSTAS PROCESALES Y PERSONALES DEL PRINCIPAL: La parte ejecutante reclama la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES por honorarios de abogado del juicio. Señala que en cada instancia, la labor profesional ha sido delicada y ardua. La suma responde a una aplicación de la fórmula de Decreto 32493, vigente a la fecha de presentación de la demanda, aplicable al caso bajo estudio. Tanto el Estado como la CNE se oponen a este extremos, al señalar que resultan prematuras por no existir un monto de condena líquida y exigible, sin embargo, al otorgarse en la presente sentencia un monto a indeminizar se puede utilizar como uno de los parámetros el decreto de rito, vigente a la fecha de la formulación de la demanda, que establecía en su ordinal 18 que en los procesos con cuantía determinada hasta 15 millones de colones corresponde un 20%, no obstante, en la especie no se ha acreditado que este asunto tuviera una cuantía específica, por lo que conforme al bloque de legalidad y la jurisprudencia aplicable se deben aplicar los criterios del Código Procesal Civil apunta a una fijación prudencial de las costas, según el orden del numeral 76.1, ya que el primer parámetro que dispone es en atención al trabajo realizado (que es el criterio que se ha utilizado para aquellos casos en los cuales no existe transcendencia económica dentro del proceso, traducida esta en las pretensiones pecuniarias de la parte en contra del ganancioso del proceso), en segundo lugar se debe considerar el estado del proceso, es decir la etapa procesal en que se encuentra, como tercer parámetro nos habla de la trascendencia económica del proceso, en este caso se aprecian la formulación de la demanda, la atención de las audiencias, de los recursos y la interposición de escritos para agilizar la tramitación, por lo que se fijan prudencialmente en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES (2.500.000,00).- B.- COSTAS PROCESALES en total por SEISCIENTOS VEINTE MIL COLONES (600.000,00) responden a honorarios de perito cuyos depósitos constan en autos y son fácilmente corroborables. El Estado y la Comisión se opone, pero queda acreditado que ese monto se destinó al peritaje objeto de este asunto, y en consecuencia se acoge.- C.- COSTAS DE CASACIÓN: La parte ejecutante también liquida un incremento del 25% sobre los honorarios totales por haberse presentado RECURSO DE CASACIÓN, tal cual fuera nuestro caso. En este sentido tanto la CNE como la Procuraduría se oponen puesto que sentencia No.004160-FS1-2019, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dispone “sin especial condenatoria en costas” debido al rechazo del recurso del actor y haberse acogido parcialmente el recurso del Estado no corresponde la cancelación de dicho extremo, y así se dicta.- D.- HONORARIOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA: La ejecutante también reclama costas por ejecución de sentencia por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO COLONES. La representación estatal solicita se exonere por litigar de buena fe.- La parte ejecutante en su escrito de ejecución peticiona dicho extremo, no se refiere al mismo en las conclusiones a la audiencia oral, no obstante, debe ser denegada, siendo que la naturaleza dada por la Sala Primera a este tipo de resoluciones es de auto liquidatorio, al tenor de lo dispuesto por el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (contrario sensu), este tipo de procesos no contiene una condenatoria en costas personales por lo que se dispone sin especial condenatoria en costas de la ejecución de sentencia (entre otras ver sentencia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N°000492-A-S1-2016 de las nueve horas veinticinco minutos del diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis).- E.- INTERESES: La parte ejecutante liquida intereses, a los mismos se opone la Procuraduría y la Comisión por no exitir un monto líquido y exigible, rellevando razón por ser anticipados, y no ser hasta con el dictado de esta resolución que se fija un monto indemnizado, dicho extremo se rechaza.- IX.- INSCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD: En la especie por Res. número 004160-F-S1-2019 de las 15:05 hrs del 28 de noviembre del año 2019, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dispuso: “[...]. En su lugar, fallando por el fondo, sobre ese extremo se declara sin lugar la demanda. Se advierte, en el evento de fijarse el valor del terrero en disputa, debe el Juez Ejecutor ordenar que el área indemnizada se inscriba a nombre del Estado (por conexidad y consecuencia de ese pago). En esta tesitura en cumplimiento expreso de lo ordenado por la Sala Primera siendo que se ha fijado un valor del terreno en disputa, se ordena a la NOTARÍA DEL ESTADO, proceder en el plazo de TRES MESES a inscribir el terreno la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula 73.211-000 a nombre del Estado.- Por la forma en que se ha dictado se omite pronunciamiento a los reservas de la Procuraduría sobre la Ley de Expropiaciones y Ley Forestal.- X.- CUESTIONES DE TRÁMITE: Firme la presente resolución, deberá depositar la parte actora los montos aquí impuestos en la cuenta del despacho N°10-003880-1027-CA - 2 en el término de un mes la suma dispuesta, lo anterior de conformidad con el numeral 155 y las sanciones de los numerales 159 y 160 todos del Código Procesal Contencioso Administrativo.-

POR TANTO

Se acoge parcialmente la ejecución presentada. En lo no concedido expresamente se tiene por rechazado.- Se condena a EL ESTADO, y a la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, a pagar a favor de URBINO PICADO GODINEZ la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y UN COLONES CON CUATRO CÉNTIMOS (¢19.320.031,04) por daños.- Por COSTAS PERSONALES por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES (¢2.500.000,00), cada una de las demandadas en un 50%.- Por COSTAS PROCESALES en total por SEISCIENTOS VEINTE MIL COLONES (¢600.000,00) cada una de las demandadas en un 50%.- Dichas sumas generan intereses de conformidad con el numeral 706 y 1163 del Código Civil desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago. Firme la presente resolución, deberá depositar la parte actora los montos aquí impuestos en la cuenta del despacho N°N°10-003880-1027-CA - 2, en el término de un mes la suma dispuesta. Se ordena a la NOTARÍA DEL ESTADO, proceder en el plazo de TRES MESES a inscribir el terreno la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula 73.211-000 a nombre del Estado. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE.- Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, Juez Ejecutor.-  CARLOS HUMBERTO GÓNGORA FUENTES - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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