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Res. 03084-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 28/03/2025
OutcomeResultado
The Court dismissed the claim seeking annulment of the CGR's disciplinary resolutions and the consequent claim for damages, upholding the legality of the procedure and the two-year ban imposed on the plaintiff as a member of CONAVI's Board of Directors.El Tribunal rechazó la demanda de nulidad de las resoluciones sancionatorias de la CGR y la consecuente pretensión de daños y perjuicios, confirmando la legalidad del procedimiento y la sanción de dos años de inhabilitación impuesta al actor como miembro del Consejo de Administración del CONAVI.
SummaryResumen
The Administrative and Civil Tax Court dismissed the claim brought by Christian Campos Monge against the Office of the Comptroller General (CGR) and the State, upholding the legality of the disciplinary procedure that imposed a two-year ban from holding public office. The plaintiff, as a member of CONAVI's Board of Directors, voted in 2015 to request authorization from the CGR for an expedited direct contracting procedure for studies, design, and construction of National Route No. 257, providing access to the Moín Container Terminal (TCM). The CGR found him administratively liable for gross negligence, considering that he was aware—due to his participation in multiple working sessions—of an 80-meter discrepancy between the route layout and the entrance to the TCM, which would prevent the required functional connection, and that this fact was not disclosed to the oversight body when the authorization was sought. The Court held that the procedure respected due process, that the charges were clearly stated, that the evidentiary assessment was appropriate, and that the sanction was proportionate and reasonable. It also denied the claims for moral damages due to lack of a causal link with the State's actions.El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la demanda de Christian Campos Monge contra la Contraloría General de la República (CGR) y el Estado, confirmando la legalidad del procedimiento sancionatorio que le impuso dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. El actor, como miembro del Consejo de Administración del CONAVI, votó en 2015 a favor de solicitar a la CGR autorización para una contratación directa concursada para estudios, diseño y construcción de la Ruta Nacional No. 257, acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). La CGR le endilgó responsabilidad administrativa por culpa grave, al considerar que el actor conocía —por su participación en múltiples sesiones de trabajo— que existía un desfase de 80 metros entre el trazado de la ruta y la entrada a la TCM, lo cual impediría la conexión funcional requerida, y que tal circunstancia no fue informada al órgano contralor al momento de gestionar la autorización. El Tribunal determinó que el procedimiento respetó el debido proceso, que existió intimación clara, que la valoración probatoria fue adecuada y que la sanción fue proporcional y razonable. Asimismo, rechazó las pretensiones de daño moral, al no encontrarse nexo causal con la conducta de la Administración.
Key excerptExtracto clave
Chamber's Opinion: In the case under analysis, this Chamber is of the view that the claim must be dismissed for the following reasons: a) Regarding the liability of public officials in general and the oversight of the Public Treasury: (…) The CGR established the plaintiff's participation in CONAVI's Board meetings held on April 27, June 22, July 30, and September 14, 2015, where the issue of the route No. 257 discrepancy was discussed, including environmental viability and possible land acquisition. (…) Thus, as stated by the CGR, it is fully established that the plaintiff was previously aware of the project's discrepancy, and the Board meetings, as the responsible body, prove this (the minutes are valid evidentiary elements and have not been challenged). Moreover, the fact of lacking technical knowledge does not absolve them from investigating and asking whether the voted matters are correct and serve the public interest (efficient exercise of their office). (…) In the present matter, the administrative procedure proved that the plaintiff violated the duty of probity that every public official must observe. It was proven that the plaintiff, in his capacity as a member of CONAVI's Administrative Board, did not properly inform the CGR of the lack of technical suitability contained in the authorization request submitted to the Board via official letter No. DIE-07-2015-3554.Criterio de la Cámara: En el caso bajo análisis, es criterio de esta Cámara que la demanda debe ser rechazada en razón de lo que de seguido se indica: a) De la responsabilidad de los funcionarios públicos en general y de la fiscalización de la Hacienda Pública: (…) La CGR acreditó la participación del demandante en las reuniones del Consejo del CONAVI, de fechas 27 de abril de 2015, 22 de junio de 2015, 30 de julio de 2015 y 14 de setiembre del 2015, en donde se trató el tema del desfase de la ruta No.257, incluso de la viabilidad ambiental o de una posible compra de terrenos. (…) Así las cosas, tal y como lo afirma la CGR, está plenamente acreditado que el actor conocía de previo la existencia del desfase del proyecto, y las reuniones de Consejo, como órgano encargado, lo demuestran (las minutas son elementos de prueba válidos y no han sido impugnados). Además, el hecho de ser no tener conocimientos técnicos no los inhibe de Investigar y preguntar si los aspectos votados son correctos y responden al Interés público (ejercicio eficiente de su cargo). (…) En el presente asunto se comprobó en el procedimiento administrativo que el actor vulneró el deber de probidad que debe observar todo funcionario público. Que se comprobó que el actor no informó debidamente a la CGR, en su condición de miembro del Consejo Administrativo de CONAVI, la falta de idoneidad técnica que contenía la solicitud de autorización presentada al Consejo mediante oficio No. DIE-07-2015-3554.
Pull quotesCitas destacadas
"Así las cosas, tal y como lo afirma la CGR, está plenamente acreditado que el actor conocía de previo la existencia del desfase del proyecto, y las reuniones de Consejo, como órgano encargado, lo demuestran (las minutas son elementos de prueba válidos y no han sido impugnados). Además, el hecho de no tener conocimientos técnicos no los inhibe de investigar y preguntar si los aspectos votados son correctos y responden al interés público (ejercicio eficiente de su cargo)."
"Thus, as stated by the CGR, it is fully established that the plaintiff had prior knowledge of the project's discrepancy, and the Board meetings, as the responsible body, prove this (the minutes are valid evidentiary elements and have not been challenged). Moreover, the fact of lacking technical knowledge does not absolve them from investigating and asking whether the voted matters are correct and serve the public interest (efficient exercise of their office)."
Considerando VI.- Sobre el fondo
"Así las cosas, tal y como lo afirma la CGR, está plenamente acreditado que el actor conocía de previo la existencia del desfase del proyecto, y las reuniones de Consejo, como órgano encargado, lo demuestran (las minutas son elementos de prueba válidos y no han sido impugnados). Además, el hecho de no tener conocimientos técnicos no los inhibe de investigar y preguntar si los aspectos votados son correctos y responden al interés público (ejercicio eficiente de su cargo)."
Considerando VI.- Sobre el fondo
"La actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinario corresponden a campos jurídicos diferentes y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así en el derecho, penal en relación con los delitos toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo por su generalidad toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminado; o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está plenamente definida no hay pena. Pero, en el derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general y de la materia que regula -la disciplina-, la determinación de que infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados."
"Criminal and disciplinary sanctioning activities belong to different legal fields, and the parameters of discretion inherent to the exercise of administrative disciplinary power are broader than those of the State's criminal sanctioning power. Thus, in criminal law, every penalty must be established by law for the incriminated act, excluding by their generality any possible reference to so-called indeterminate legal concepts or open-ended clauses; if the conduct is not fully defined, there is no penalty. However, in disciplinary law, given its purpose—the protection of the general social order and the subject it regulates, discipline—the determination of what constitutes a disciplinary infraction is less demanding than a criminal sanction, since it encompasses acts that may be classified as violations of the duties of office, which in some legislation are not specified."
Cita del Voto No. 2019-16849 de la Sala Constitucional, incorporada en las argumentaciones de la CGR y analizada por el Tribunal
"La actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinario corresponden a campos jurídicos diferentes y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así en el derecho, penal en relación con los delitos toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo por su generalidad toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminado; o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está plenamente definida no hay pena. Pero, en el derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general y de la materia que regula -la disciplina-, la determinación de que infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados."
Cita del Voto No. 2019-16849 de la Sala Constitucional, incorporada en las argumentaciones de la CGR y analizada por el Tribunal
"El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución No. 000196-F-TC-2024 de las 09:34 horas del 19 de diciembre de 2025, dispuso: "Se declara con lugar el recurso por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho.""
"The Court of Cassation for Administrative and Civil Tax Matters, by Decision No. 000196-F-TC-2024 at 09:34 on December 19, 2025, ruled: "The appeal is granted on procedural grounds. The challenged judgment is vacated in its entirety. Return the matter to the lower court for a new ruling in accordance with the law.""
Resultando VI.- Antecedentes procesales
"El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución No. 000196-F-TC-2024 de las 09:34 horas del 19 de diciembre de 2025, dispuso: "Se declara con lugar el recurso por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho.""
Resultando VI.- Antecedentes procesales
"El artículo 11 de la Constitución Política dispone: "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone (…) La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.""
"Article 11 of the Constitution provides: "Public officials are mere trustees of authority. They are obliged to fulfill the duties imposed by law (…) The law shall prescribe the means for this control of results and accountability to operate as a system covering all public institutions.""
Considerando VI.- Sobre el fondo, a) De la responsabilidad de los funcionarios públicos
"El artículo 11 de la Constitución Política dispone: "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone (…) La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.""
Considerando VI.- Sobre el fondo, a) De la responsabilidad de los funcionarios públicos
Full documentDocumento completo
**RULING** **RESULTANDO:** **I.-** By pleading received on November 26, 2019, the representation of Mr. Campos Monge filed a lawsuit whose claims were specified in the preliminary hearing held on September 10, 2020, so that the judgment declares the invalidity or nullity of the following acts or resolutions: 1. Resolution 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m. on July 24, 2018, issued by the Deciding Body of the Procedure, of the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic, which resolved to initiate administrative procedure number CGR-PA-201 80044261. 2. Resolution number 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m. on November 27, 2018, issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic, corresponding to the Final Act of the procedure. 3. Resolution number 220-2019 (DJ-0014) of 3:30 p.m. on January 11, 2019, which resolved an Appeal for Revocation. 4. Resolution R-DC-2019 (DC-0185) of 1:00 p.m. on June 19, 2019, issued by the Comptroller General of the Republic, in response to the appeal filed. 5. All other acts and resolutions issued on the occasion of or related to the aforementioned official letters or resolutions. That by reason of such declaration, the judgment condemns the State and the Office of the Comptroller General of the Republic jointly and severally: 1) To pay the personal and procedural costs of this proceeding. 2) To pay objective moral damages in the amount of 30 million colones, and subjective moral damages in the amount of 30 million colones and the losses caused, which will be liquidated in the sentence execution proceeding. (See images 2 through 69 of the digital judicial file).
**II.-** Having granted the legal transfer, the representation of the C.G.R., by pleading dated February 6, 2020, responded negatively to the lawsuit and in its defense raised the affirmative defenses of lack of standing to sue and lack of right. The state representation, by pleading dated February 14, 2020, also rejected the facts of the lawsuit and raised the affirmative defenses of lack of standing to sue and lack of standing to be sued, as well as that of lack of right. (See images of the digital judicial file).
**III.-** The preliminary hearing was held on September 10, 2020, in which the claims were defined in the terms of the first resultando. The disputed facts relevant to the resolution of the case were determined, and the documentary and testimonial evidence was admitted.
**IV.-** The Oral and Public Trial Hearing was held on March 10, 2022. In what is relevant, the parties presented their opening arguments; the testimonial evidence of Mrs. Milagro Alvarado Cruz, identification number 3-280-060, and of Mr. Mauricio González Quesada, identification number 1-1055-0152, was evacuated. (See images 368 through 372 of the judicial file and digital backup).
**V.-** This Chamber proceeded to issue Judgment No. 31-2022-IV at 11:15 a.m. on March 29, 2022, by which the affirmative defenses of lack of standing in its dual aspect—active and passive—were rejected, and the affirmative defense of lack of right was upheld, and as a logical consequence thereof, the lawsuit was declared without merit, with the corresponding award of costs. (See images 373 through 417 of the digital judicial file).
**VI.-** The plaintiff having filed an Appeal in Cassation; the Appellate Court for Contentious-Administrative and Civil Hacienda Matters, by resolution No. 000196-F-TC-2024 at 09:34 a.m. on December 19, 2025, ordered: "The appeal is granted on procedural grounds. The challenged judgment is set aside in its entirety. The matter is remanded to the jurisdictional body of the lower instance to issue a new ruling in accordance with the law." (See images 656 through 672 of the digital judicial file).
**VII.-** This Judgment is issued, after deliberation by the members of the Tribunal, within the timeframe permitted by the Tribunal's own workload, without any grounds capable of invalidating the proceedings being observed.
Drafted by Judge Rapporteur Salas Leitón, with Judges Felipe Córdoba Ramírez and Elías Baltodano Gómez concurring with their vote.
**CONSIDERANDO:** **I.- PRELIMINARY:** The Appellate Court for Contentious-Administrative and Civil Hacienda Matters, by resolution No. 000010-F-TC-2025 at 10:46 a.m. on January 30, 2025, ordered: "The appeal is granted on procedural grounds. The challenged judgment is set aside in its entirety. The matter is remanded to the jurisdictional body of the lower instance to issue a new ruling in accordance with the law. That Tribunal granted the appeal in cassation on procedural grounds, because this Tribunal failed to rule on the evidence for a better resolution offered by the plaintiff on March 9, 2022, called 'SPECIAL TECHNICAL REPORT. NATIONAL ROUTE No. 257 ACCESS TO THE MOÍN CONTAINER TERMINAL, COSTA RICA. Management of the Request for authorization for an abbreviated procedure before the Office of the Comptroller General of the Republic and subsequent actions', prepared by Eng. Alexander Moya Lacayo in February 2020, and which this Tribunal, in accordance with article 50.2 of the CPCA, reserved its knowledge for judgment. For the Appellate Court for Contentious-Administrative and Civil Hacienda Matters, the noted omission violates the due process of the proponent because this Tribunal failed to refer to its admissibility or rejection, since although the admissibility of this evidence is discretionary, the respective pronouncement must be made as mandated by canon 50.2 ibidem, and if it is decided to reject it, the reasons for such decision must be stated. By reason of the foregoing, in the following considerando, what was ordered by that Appellate Court for Contentious-Administrative and Civil Hacienda Matters in the indicated judgment will be complied with.
**II.- OF THE EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION:** The plaintiff presented on March 9, 2022, as evidence for a better resolution, a copy of the "SPECIAL TECHNICAL REPORT. NATIONAL ROUTE No. 257 ACCESS TO THE MOÍN CONTAINER TERMINAL, COSTA RICA. Management of the Request for authorization for an abbreviated procedure before the Office of the Comptroller General of the Republic and subsequent actions", prepared by Eng. Alexander Moya Lacayo in February 2020. The offeror indicated that, having coincided with Mrs. Ana Lizeth Rodríguez Barquero—plaintiff in the cause processed under file No. 19-004186-1027, whose cause and object is similar to the present one—, she commented to him about the existence of this Report, and having analyzed it, he considered it very timely, necessary, and imperative—for being so elucidating—that it be known by the Trial Court. In support of the cited evidence, he maintained that the Board of Directors of the Conavi—of which he was a part—adopted the request for authorization to the CGR, based on adequate inputs from the Administration and that from what was seen and approved, there was no objection from a technical standpoint that would lead one to believe there was an error in the technical data. That part of what the C.G.R. saw and authorized was precisely to carry out prior studies, design, and construction and that technically, it is unfeasible to estimate that there must be perfect accuracy, when the C.G.R. was aware of, and authorized, an abbreviated contracting process, among others. That from that perspective, this report provides an objective technical analysis that helps, from a different eye than the subjective C.G.R. criterion, to clarify the factual picture, and the technique that prevailed and justified what was done by the Administration. For its part, the state representation offered as evidence for a better resolution a copy of the lawsuit pleading and the resolution of 08:15 a.m. on December 9, 2019, issued by this Contentious-Administrative Tribunal, both documents referring to the judicial proceeding processed under judicial file No. 19-004188-1027-CA. Criterion of this Tribunal: First, we must bring up regarding the admissibility of evidence for a better resolution, that it has been reiterated criterion of the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, that its rejection does not produce the defenselessness of the parties, and its admission or rejection by the Tribunal is not subject to appeal. Among other judgments, Voto N° 547-F-2002 of 4:00 p.m. on July 12, 2002, is transcribed in relevant part, in which that Chamber indicated: "(…) IV.- Multiple precedents of this Chamber, referring to evidence for a better resolution, have pointed out that this is evidence of the judge, and not of the parties. Consequently, the decision to seek it is a discretionary power of the jurisdictional body, and it may be dispensed with without any resolution whatsoever. Ergo, the omission of a pronouncement regarding it, precisely because the evidentiary stage has been surpassed, in which the parties must prove the constitutive facts of their right, as imposed by the rules on the burden of proof, and once that stage is concluded, it will be the exclusive power of the judge to determine if new evidence necessary for the correct decision of the litigation must be added to the records. The following resolutions, among many others, can be consulted: 59 at 3:20 p.m. on May 31, 1996, 23 at 2:20 p.m. on March 4, 1992, 34 at 10:45 a.m. on May 28, 1993, and 83 at 2:40 p.m. on December 22, 1993. (…)". (Highlighting is not from the original). Having said the above, we will proceed to analyze the evidence offered by the parties as evidence for a better resolution by the plaintiff and by the state representation. a) Regarding the PMP offered by the plaintiff: As indicated by this Tribunal in the oral and public trial hearing held on March 10, 2022, the plaintiff uploaded evidence to the system on March 9, 2022, which he offered to the Tribunal as a PMP. Said evidence consists of a Party Expert Report prepared by Engineer Alexander Moya Lacayo, called "SPECIAL TECHNICAL REPORT. NATIONAL ROUTE No. 257 ACCESS TO THE MOÍN CONTAINER TERMINAL, COSTA RICA. Management of the Request for authorization for an abbreviated procedure before the Office of the Comptroller General of the Republic and subsequent actions", prepared in February 2020, and which was offered within the proceeding processed under file No. 19-004186-1027 in which Mrs. Ana Lizeth Rodríguez Barquero is a party. As the First Chamber has pointed out in its jurisprudential line; the decision to seek it is a discretionary power of the jurisdictional body, and it may be dispensed with without any resolution whatsoever, a decision that is not subject to appeal, precisely because its offering is made at a procedural stage in which the evidentiary stage has already been surpassed, in which the parties have the burden of proving the constitutive facts of their right, as imposed by the rules on the burden of proof. This is so because evidence for a better resolution cannot be used to reopen procedural phases already concluded. In the present case, we have that the evidence offered is an expert report dated "May 2020" and the preliminary hearing held within the present proceeding took place on September 10, 2020, so that at the time that hearing was held, the Report was about 4 months old, so—beyond the personal situation narrated by the offeror and which is beyond the procedural scope—he could have offered it in that phase as evidence, however he did not do so and does so until March 9, 2022, that is, almost 2 years after its issuance, when the phase for offering or proposing that type of evidence was concluded. For the reasons stated, it is rejected. b) Regarding the PMP offered by the state representation: A copy of the lawsuit pleading and the resolution of 8:15 a.m. on December 9, 2019, issued by this Contentious-Administrative Tribunal was offered as PMP by that representation, both documents referring to the judicial proceeding processed under judicial file No. 19-004188-1027-CA. As is known, this type of evidence, even if proposed by any of the parties, is the exclusive purview of the Tribunal, which has broad discretion to decide on it. Now then, as can be seen, such documents refer to another proceeding, in which, although conduct that is also challenged in the present proceeding is challenged, said documents are not relevant to the present proceeding. Hence, in the judgment of this Collegiate body, it is not useful, nor pertinent, nor necessary as evidence for a better resolution of the merits of the present matter, and to that extent its rejection is appropriate, as is hereby ordered.
**III.- OBJECT OF THE PROCEEDING AND ARGUMENTS OF THE PARTIES:** The object of the present proceeding is for the judgment to declare the invalidity or nullity of resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m. on July 24, 2018, which resolved to initiate administrative procedure number CGRPA-201 80044261. Resolution number 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m. on November 27, 2018, final act issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic. Resolution number 220-2019 (DJ-0014) of 3:30 p.m. on January 11, 2019, which resolved the appeal for revocation and resolution No. R-DC-2019 (DC-0185) of 1:00 p.m. on June 19, 2019, issued by the Comptroller General of the Republic. In addition to all acts and resolutions issued on the occasion of or related to the cited official letters or resolutions. Finally, he requested that the State and the C.G.R. be jointly and severally condemned to pay objective moral damages in the amount of 30 million colones and subjective moral damages in the amount of 30 million colones and the losses caused, which he requested be liquidated in the sentence execution phase. In summary and without prejudice to the literalness of their arguments, which have been studied in their entirety by this Tribunal, the representation of the plaintiff alleged in relevant part: I) BACKGROUND: That the Ley General de Obra Pública con Servicio Público grants the CNC the competence to develop the country's public works concession processes. That the CNC carried out the bidding process to select the concessionaire for the TCM Concession, which generated the commitment for the State to build an access road, first provisional and then definitive, between national route No. 32 and the concessioned area for the operation of the new TCM, as established in the bidding terms and conditions and the Concession contract. That for its part, the Law creating the CONAVI grants that Council the competence for the construction of the country's national routes and for this reason, —by political and technical decisions— CONAVI was entrusted with the construction of the new national access route to the concessioned area, a route designated as number 257. Specifically, it was indicated in Decreto No. 38172-MINAE-MOPT: "V.-That the Proyecto Ruta Nacional No. 257, Sección Sandoval-Moín, is a public works project to be developed in the province of Limón, cantón Central, district of Moín, whose developer is the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a public entity attached to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), therefore the Board of Directors in Session No. 995-13, Article IV held on April 15, 2013, agreed: "Agreement 4.2): Declare Ruta Nacional No. 257, control section 70730, the access road to the new Moín Container Terminal, known by the acronym TCM, of approximately 2040 (two thousand forty) meters in length; which will allow the connection of the new port with Ruta Nacional No. 32. This Ruta No. 257 starts from kilometer 146+900 of Ruta Nacional No. 32 (current access to the Sandoval property of RECOPE)". That in accordance with that political-technical decision, both Councils (CNC and CONAVI) consequently had to work in coordination with the Maritime Port Division of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) so that the Government of Costa Rica could develop the access road project to the concessioned area for the operation of the new container terminal. That the concession contract established deadlines, discounts per exported container subject to completion dates on time for the road work, and penalties for delays in fulfilling the commitments of the Grantor Administration, which, in sum, had legal and patrimonial implications that negatively affected, if materialized, the most direct benefits of the concession agreed with the company APM Terminals. Specifically, in the event of non-compliance with the commitments by the State, it was exposed to the loss of the entire US$20 discount per container, applicable to the use tariff of the new container terminal (clause 11.8.2) and to additional claims for material breaches. The plaintiff maintained that this project was so important that he ensured that in Conavi there was regularly a working group, called "pre-meetings", in which officials with responsibility for that and other projects had to demonstrate progress in the different tasks entrusted to achieve the goals. That far from limiting himself to merely attending sessions, he prioritized the interests of the country, so that, in these sessions called "pre-meetings", potential limitations that could affect the project, and the status of the procedures, etc., could be known. That it was in those "pre-meeting" sessions that the TCM project was followed up on, where the director of Conavi and involved officials were recommended to advance. That it was in those sessions where the greatest coordination was always requested between Conavi, the CNC, and other bodies. That when the draft of the authorization to be requested from the CGR reached the Council, weeks after the last of the pre-meeting sessions whose minutes the CGR uses in the sanctioning procedure, it arrived with the supporting criteria of the intimate bodies of Conavi, and particularly with the referral note and the positive opinion of the managing official in charge of the project. It arrived with all the backing and without warnings of any kind. That it was in such circumstances that, without any objection of his own or from internal areas or officials, rather relying on the endorsement documents and others from Conavi, he proceeded to cast his vote. That in any case, in requesting authorization from the CGR, there is nothing, in that draft and his activity at that moment, that shows, justifies, or relates to any active conduct on his part to lie to the CGR, as the latter improperly and without credible justification concludes. That the procedure before the CGR was carried out without anything objective telling him that technically the Object of the authorization request did not meet the public need satisfactorily. That there was no technical way to conclude, with what he had before him, that this project did not guarantee the connection required by the TCM, much less that it would not be functional with respect to the environmental feasibility in force at that time. That he had no major objective element to conclude that not everything was being communicated to the CGR at the time of requesting the authorization. II) CONCERNING THE FACTS: 1) ON THE AUTHORIZATION REQUEST MADE BY THE BOARD OF DIRECTORS OF CONAVI TO THE C.G.R.: That by reason of the contract for "Concesión de obra pública con servicios públicos for the financing, design, construction, operation, and maintenance of the New Moín Container Terminal"; the Administration assumed the responsibility of having a new access road to connect national route No. 32 with the entrance to the concession area. Access that had to be completed before the "Order to Commence" of the concessioned works was given. (See clauses 4.1.1.9 and 5.7.2). That if the Administration failed to comply with said commitment, it would lose the US$20 discount per container established in clause 11.8.2, in addition to the contractual breach incurred. He maintained that despite the obligation assumed by the Administration regarding the construction of the access; the Concession Contract did not indicate the coordinates of the junction between route 257 and the Moín Container Terminal. He pointed out that Eng. Andrea Soto Rojas, Manager of the "Executing Unit of the Strategic Infrastructure Road Works Program" (which includes the project called TCM), by official letter POE-01-2015-0359 of April 19, 2015, addressed to Mr. Mauricio González Quesada, Vice Minister of Infrastructure and Concessions of the MOPT, warned in its points 3.a, b, c, and d—among other things—that the end of the provisional access did not coincide with the coordinates provided by the Consejo Nacional de Concesiones for the arrival at the platform of the Moín Container Terminal. He pointed out that he was part of the Board of Directors of CONAVI, representing the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) and that, as a member of that Council, he participated in 4 working sessions called pre-meetings held on April 27, June 22, July 27, and September 14, all in 2015, in which some observations or comments were made about the "Strategic Infrastructure Road Works Program" in charge of Eng. Andrea Soto Rojas and within which the Project called TCM (Moín Container Terminal) was found. He pointed out that "minutes" were drawn up from said pre-meetings, which lack his review and approval, as well as that of the Board of Directors of CONAVI. That an interdisciplinary team called the CONAVI-CNC Commission, formed by the "Executing Unit of the Strategic Infrastructure Road Works Program" and the TCM Executing Unit of the CNC, prepared a "draft" document which was brought to the attention of the Executive Director of CONAVI, Mr. Mauricio Salom Echeverría, through official letter No. POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, so that 2 special contracting procedures (arts. 2bis subsection c of the LCA and 146 of its Reglamento) would be processed before the C.G.R. The first for the selection and contracting of a company or consortium of companies for "The Execution of Prior Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)" for an amount of 78 million dollars, and the second for the selection and contracting of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 5,500,000 dollars. He pointed out that the Board of Directors of CONAVI became aware of said document at its session held on December 18, 2015, according to article 2 of acta No. 1274-2015, in which, in a collegial manner and unanimously, the draft document was approved to request the C.G.R. to approve the referenced special procedure. That by reason of what was requested, the C.G.R., by official letter No. 616 (DCA-0115), asked Mr. Salom Echeverría to explain why the authorization request to carry out a "competitive direct contracting" for the construction of the definitive access to the TCM was being presented at that moment, taking into consideration that the request indicated that the works had to be completed by September 2017, meaning the Administration had a reduced timeframe to fulfill said commitment. He maintained that Mr. Salom Echeverría, by official letters DIE-07-16-0150 and DIE-07-16-0272, responded to the explanation requested by the C.G.R.,—without obtaining their approval or that of the Board of Directors of CONAVI—. That the request made by the Board of Directors of CONAVI was approved by the Administrative Contracting Division of the C.G.R. by official letter DCA-0411 (02184) of February 12, 2016. He indicated that again Eng. Andrea Soto Rojas, Manager of the "Executing Unit of the Strategic Infrastructure Road Works Program", by official letter POE-01-2016-0293 of March 18, 2016, addressed now to Mr. German Valverde, Executive Director of CONAVI, and to Mr. Mauricio González Quesada, Vice Minister of Reforms and Projects of the MOPT, indicated: "...Previously, on different occasions, this Executing Unit has pointed out that the Coordinates of Ruta Nacional No. 257 do not coincide with the terminal platform, and this is relevant because the connection points must coincide, otherwise it would not be possible to access to and from the container terminal...". That by official letter DVRP-2016-032 (257) of March 29, 2016, Mr. Mauricio González Quesada replied to Eng. Andrea Soto Rojas that,—having discussed the issue with the Minister—, they did not have approval for the implementation of a solution on the CONAVI side, so he requested that she not promote any clarification or amendment of any nature to the active contracting process. That having assessed the time, cost, and reputational risks, they did not consider it worthwhile to introduce risk elements as important as an environmental authorization into the contracting process, as restricted as the one CONAVI was undertaking at that moment, so he requested that she concentrate on identifying options or through APM. Finally, he pointed out that he was informed by the CNC that they were in the process of conversations with APM to materialize a change of possession of the access road to the terminal to make it coincide with the current possession of national route No. 257. That on June 30, 2016, the Board of Directors of CONAVI, in its Session No. 134, art. 4, awarded the Direct Contracting No. 2016-DC-000026-00DIE, titled "Prior Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257. Access to the Moín Container Terminal" to the company CONSORCIO ATLÁNTICO, for an amount of $71,857,857,500.00 dollars. 2) ON THE REQUEST FOR MODIFICATION OF THE AUTHORIZATION: That by official letter DIE-07-17-1081 of April 18, 2017, Mr. German Valverde González, Executive Director of CONAVI, requested from the CGR an authorization to modify the scope of Direct Contracting No. 2016CD-000026-0DE00", called "Prior Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal." and to include the connection works between Ruta Nacional No. 257 and the new Container Terminal and thus comply with the technical requirements established in the Tender Documents, which entailed a modification in the contractual quantities, and he then requested the approval of the contractual incorporation of the connection works between the Moín Container Terminal and Ruta Nacional No. 257. He justified said request on the basis that according to the available information, at the time of preparing the Technical proposal for the bidding phase of Direct Contracting 2016-000026-0DE00, to comply with the technical requirements established in the tender documents, a roundabout-type link was established; however, at its final part it presented high slopes and low curvature radii, in addition to presenting a mismatch with respect to the connection point established for the TCM.
Regarding the additional information requested by the Administrative Contracting Division of the CGR, Mr. German Valverde González (Executive Director of CONAVI) indicated that the situation of the misalignment in the connection of National Route No. 257 was noted by the Executing Unit in charge of the Project (official communication POE-01-2016-0293); however, in an effort not to increase the risk of failing to meet the contractually established deadlines, which could represent the loss of the discount indicated in point 11.8.2 for the State, it was decided that the direct contracting should continue in the terms in which it was at that time. That although the possibility of entrusting APM Terminals with the execution of the connection works was considered, it was later ruled out as it was deemed not convenient for the interests of the Administration, but the need to find a definitive solution for the connection to the terminal was never lost sight of, consolidating the signing of the Cooperation Agreement. That the Administrative Contracting Division of the C.G.R. analyzed the request and, by official communication 07467 (DCA-183) of June 30, 2017, authorized CONAVI to partially modify the contractual object of "Competitive Direct Contracting No. 2016CD-000026-0DE00", originally awarded for the sum of 78 million dollars, noting that the misalignment in the connection was known through official communication POE-01-2015-0359 of April 29, 2015; however, that Administration decided to process the initial authorization without including a solution that conformed to reality. And although it approved the modification, it indicated that this did not invalidate the investigation that the controlling body or the Administration would conduct in this regard due to the misalignment for the project and the fact of omitting information within an authorization procedure. 3) REGARDING THE QUESTIONS ABOUT THE CONNECTION BY THE C.G.R.: That the Audit and Evaluation Division of the Infrastructure Services Area of the CGR, through official communication DFOE-IFR-0521 of October 27, 2017, questioned matters relating to the connection of National Route No. 257 with the TCM, indicating that the Executing Unit of the CONAVI Strategic Road Infrastructure Program —(Engineer Andrea Soto, through official communication No. POE-01-2015-0359, April 15, 2015)— had warned since April 2015 that the geographic coordinates of the provisional access —built in 2014— did not coincide with the geographic coordinates of the access to the TCM and since then recommended reviewing that situation, considering that procedures before other institutions might be required and that the 60-meter right-of-way strip was granted with respect to the alignment of the provisional access; however, the Administration, despite its knowledge of the issue, did not take the necessary precautions to resolve the connection through the direct contracting promoted by that Council, and the situation persisted, which increased the risk that the work would not meet the requirements, due to the procedures that the Administration had to carry out with the participation of other involved entities according to their competencies. Upon concluding the preliminary investigation, the Infrastructure Services Audit Area of the Operational and Evaluative Audit Division, through official communication DFOE-IFRIP-0001-2018 of June 21, 2018, requested the Manager of the Legal Division to assess the opening of an administrative procedure. 4) REGARDING THE DISCIPLINARY PROCEDURE: That by resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) of July 24, 2018, an administrative procedure was initiated against him under file No. CGR-PA-2018004426, charging him with administrative responsibility for processing a special Administrative Contracting procedure while knowing that the object of the authorization request technically did not satisfactorily meet the public need, as it neither guaranteed the connection required by the Moín Container Terminal (TCM) nor was functional with respect to the environmental viability in force at that time, a situation that was not communicated to the CGR when managing said authorization. That by resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) at 1:30 p.m. on November 27, 2018, he was found responsible due to gross negligence (culpa grave). This resolution was appealed, and both appeals were rejected. 5) DEFECTS ALLEGED IN THE SANCTIONING PROCEDURE: That the sanction imposed on him was based on an incorrect assumption, as it was assumed that he, as part of the Collegiate Body called the CONAVI Board of Directors, in accordance with the content of official communications POE-01-2015-0359 of April 29, 2015, DVRP-2016-032 of January 29, 2016, and POE-03-2017-0669 of June 6, 2017, knew of the misalignment existing between National Route No. 257 and the new Terminal before concurring with his affirmative vote to request from the C.G.R. the authorization for "Direct Contracting No. 2016CD-000026-0DE00", called "Prior Studies, Design, and Construction of National Route No. 257, Final Access to the Moín Container Terminal," according to agreement No. 2 taken in session No. 1274-2015 held on December 18, 2015. That the fact that he concurred with his vote in the indicated agreement makes him responsible for the error regarding the connection. He alleged that: i) That although on September 17, 2018, he provided as exculpatory evidence the "Technical Report prepared by the MOPT Audit Department No. DAG-IT-2018-0016 of June 20, 2018", which detailed the history of the coordinate pairs for the junction of National Route 257 and the TCM, defined from June 2001 until August 2016. That this Report concluded: "The information used by CONAVI as input at the beginning of the process to define the layout of the access route to the TCM was provided by Engineer José Chacón Laurito and Engineer Carlos Rueda Segura from the Maritime Port Authority. The coordinates given to CONAVI by the aforementioned officials in June 2011 did coincide with the TCM, as observed in Figure No. 1, while those given in June 2012 for said junction did not coincide with the terminal, as observed in Figure No. 2. These latter coordinates are the ones CONAVI used for the contracting of Route 257, as it was the last updated information given by the Maritime Port Authority. The foregoing demonstrates that since June 2012, the Maritime Port Authority was clear that the end of Route 257 was not going to coincide with the terminal junction, and even so, these were the coordinates they provided to CONAVI for the construction of the access route." That from the same report, it is inferred that: "This official communication evidences that the Mixed Commission for the Construction of National Route No. 257 made the decision not to modify the contract to ensure the junction of Route 257 with the TCM, because there was a risk that the environmental procedures would delay the contracting and consequently all the implications that delay would have for the country. Furthermore, it is evidenced that the National Concessions Council was negotiating with APM for them to make modifications to the access to the Terminal so that it would coincide with Route 257"; however, said Report was not considered. ii) That he is not a technician in the subject matter and had no legal duty to know of said error. And that there was a series of subsequent stages to said request in which the error could have been detected. That even if he knew about the coordinates issue, it was the responsibility of the Mixed Commission to address it, being a technical matter. That he was never informed of the technical error. That in the opinion of the Controlling Body, he had a duty to distrust the technical endorsements; however, there is jurisprudence indicating that if technical endorsements from officials exist, there is no reasonable ground to distrust them. 5.1) IMPROPER WEIGHING OF EVIDENCE: Although the plaintiff acknowledges that as a member of the CONAVI Board of Directors, he concurred with his vote in session No. 1274-2015, in which the agreement was adopted to request authorization from the C.G.R. to promote a competitive direct contracting to contract the "Prior Studies, Design, and Construction of National Route No. 257, Final Access to the Moín Container Terminal (TCM)", he nevertheless maintains that his affirmative vote was given because of: A. That the draft submitted to the collegiate body had the technical endorsements of the CNC-CONAVI Mixed Commission, those directly responsible for its preparation, which was not analyzed by the Directing Body, as its theory is that because he participated in the work sessions or "Pre-Meetings", he was aware that no technical solution existed for the existing misalignment in the work and that the Technical Secretary of that Commission explained the reason why it was not possible to make an amendment to the bidding terms. B. That the coordinates used by CONAVI were provided by the CNC, which was evidenced in the "MOPT Internal Audit Report". C. That Engineer Mauricio González Quesada, Vice Minister of Reforms and Projects, and Technical Secretary of the Mixed Commission for the construction of National Route 257, Sandoval-Moín section, through official communication DVRP-2016-032 of January 29, 2016, instructed Engineer Andrea Soto Rojas, Manager of the Executing Unit, to continue with the bidding process under No. 2016CD-000026-0DE00, without including the changes required to obtain a functional connection. That knowing of the existing misalignment, the procedure continued in order not to lose the discount provided for in clause 11.8.2, and it was later considered that the stretch be entrusted to APM Terminals; however, that option was later discarded and an alternative solution was sought. He maintained that none of these circumstances were considered by the Deciding Body. He reiterated that the situation of the misalignment in the connection was never expressly informed to him or to the CONAVI Board of Directors and that this situation was also not considered by the Deciding Body. 5.2) REGARDING PARTICIPATION IN WORK SESSIONS (PRE-MEETINGS): That in said sessions, the existence of the misalignment was never pointed out, as the Deciding Body assumed. That the only thing recorded was minutes of the meeting, which lack signatures, as technically it is not a formal record (acta). That it is also not true that in said sessions, the members of the Board of Directors followed up on the projects under their charge, as the individual participation of the members did not represent the Collegiate Body. That the supervision of projects in CONAVI is carried out by the substantive and administrative areas and not by directors in their personal capacity. That the Deciding Body's conjecture reduces to the fact that he was present at those work meetings (pre-meetings) where the misalignment problem was discussed, and that this made him aware of the impediment; however, it did not analyze that at the time the draft authorization was submitted to the Collegiate Body, it came with the technical endorsements of the Mixed Commission. 5.3) APPROVAL OF THE AUTHORIZATION BASED ON PUBLIC INTEREST: That the Deciding Body indicated that authorization was requested for a work that was not functional, which is not true, as one can visit the project and verify that the works were carried out in the interest of the public and are functional. That on this point, the Deciding Body acknowledged that the contractor had to carry out the prior studies, design, construction, and supervision of works, but failed to rule on that responsibility of the contractor (to carry out prior studies and its obligation to warn if any element of the bidding terms did not fit with the appropriate technical data) and any error should have been evidenced with the prior studies, the design, and the technical data given in the bidding terms. That the Deciding Body charged him with acting against the public interest, since he should have ensured effective connectivity; however, on the day the agreement was voted on, he received the Administration's documents that had the endorsement of the CNC-CONAVI Mixed Commission; furthermore, the Executive President was present at that session and presented the point, and none of the internal areas of the Mixed Commission warned that the technical proposal was not adequate. That as a member of the collegiate body, he depended on the reports and approvals (vistos buenos), which were present on the day the agreement requesting authorization was adopted. He later stated that when the C.G.R. requested clarification regarding the authorization request, he did not participate in the responses the Administration provided in this regard, and if it had been up to him to respond, he would have answered the controlling body's doubts with complete clarity. That therefore, there is no evidence providing certainty to the Deciding Body to conclude that he knew the connection would not occur and yet still concurred with his vote requesting authorization. That what he voted on was a draft of a procedure submitted to the C.G.R., so that this body could conduct the legality analysis. That the voted document had all the technical support studies issued by the Administration. That he also did not vote on the clarifying responses requested by the C.G.R. That thus, the fact that he voted for said agreement does not make him responsible for a contract that would not provide the final connection, because what was voted on was one more step within a series of stages where the error should have perfectly been detected. So, the error regarding the coordinates is attributable to the Mixed Commission, it being a technical aspect. He reiterated that when the proposal was brought to the CONAVI Board of Directors, he was not informed of the existing technical error. That the "draft" had the internal documentation among these, the endorsements of the Commission where Engineer Andrea Soto Rojas, the official in charge of the Project, was present. He affirmed that a public interest did exist, since if the competitive direct contracting had not been requested —due to the dates— the final works would not have been ready in time to comply with the Concession Contract. That the Deciding Body took for granted that the final solution involved the acquisition of lands and new permits before SETENA, which was not the case; rather, the Concessionaire APM Terminals adjusted to the initial approval given by SETENA, circumstances that were not analyzed by the Deciding Body. That in the event that the solution had required the purchase of lands, neither Engineer Soto Rojas, nor the Areas of CONAVI, nor its Executive Director informed the Board of such a situation, but on the contrary, along with the draft agreement, they attached their endorsement. That the assertion that he was warned of this situation in work sessions (Pre-Meetings) is also unacceptable because there is no document from said sessions where such a warning was given. That the given situation is reprehensible, that the officials did not alert the Board about said situation. That the Deciding Body's thesis then is that if the draft agreement to be adopted by the CONAVI Board of Directors had the technical endorsements, he should have distrusted those criteria and requested other criteria from advisors, etc. That in this regard, there is jurisprudence to the effect that if a technical criterion exists endorsing a certain matter, the Board as such would have no reason to distrust those endorsements, or to suspect that they were issued erroneously, and even less so if the content of said endorsements was unknown to him. That in this case, even when he knows of technical criteria, he is not an Engineer or technical expert who could debate or question a document whose content is not within his domain. That as a member of the Collegiate Body, he ensured that the technical endorsements existed, but could not know that said documents did not provide a technical solution for the project to be developed. On the contrary, he had the endorsement of Engineer Andrea Soto Rojas and the Mixed Commission, which made him think everything was correct, so the Deciding Body errs in affirming that the misalignment problem in the connection was well known by the members of the CONAVI Board of Directors. So, with the respective technical endorsements included in the draft, there was no reason whatsoever to doubt them, or to justify requesting other criteria in this regard. So, to think that the D.C.A. of the C.G.R. was lied to by deliberately or negligently providing incorrect data is unacceptable. That therefore, as a member of the Board of Directors, he had no knowledge of the existing misalignment, was not warned by the respective instances, as on the contrary he had the required technical endorsements, and that it is also not true that he was warned in the work sessions called Pre-Meetings, and that the minutes of those work sessions also contain no warning whatsoever, besides the fact that said minutes are simple documents, without signatures and without an author responsible for their content. That the Deciding Body referenced "repeated warnings and indications of the referred connection problems"; however, said minutes were never brought to his attention, there are no signatures from anyone, so it cannot be concluded that based on them he was officially warned, as a member of the Board, about the existing misalignment situation. That he always conceived of those work sessions or pre-meetings as a space so that when matters were brought to the Board of Directors, they arrived well presented, with support; therefore, there is no evidence whatsoever crediting that he was warned about the connection situation in said sessions. That the Deciding Body minimized the actions of Engineer Andrea Soto Rojas, by implying that she did not have to warn when she submitted the document for approval to the Board, even though she gave her endorsement; what should be concluded then is that one would have to suspect that the official is lying; however, officials are always expected to act with probity and what was recorded in the work minutes is validated, without those documents having the approval or endorsement of that official; yet the Deciding Body took it as proven that based on said minutes he was warned about the misalignment of the connection, without conducting a fuller analysis. That it is assumed that the Board of Directors approved the draft submitted to its knowledge without further analysis, which was not the case, and the day the agreement was adopted, what is certain is that the draft was reviewed and endorsed by the Commission, all with backing. That for the Deciding Body, the Board of Directors adopted the agreement without even consulting the manner in which the misalignment issue was resolved; however, when he concurred with his affirmative vote as a member of that Board, there was no warning that anything did not conform technically or legally. 5.4) CONJECTURES INCURRED BY THE DECIDING BODY: That the Controlling Body was led to believe that the requested authorization corresponded to a definitive solution, which did not correspond to the reality of the project. That this was the case because when he concurred with his vote, nothing led him to think that something in the draft did not conform technically, and when clarifications were requested in this regard by the DCA, the response did not depend on him as a member of the Board. That although the Deciding Body pointed out that the issue of the timely delivery of the work was not a subject of investigation; however, for the Board of Directors, it was a priority that the work be delivered on time, as this would allow the country to earn a discount bonus per container, which cannot be disregarded. That the members of the Board knew that the work to be carried out would be ineffective for the project's purposes. That on the day the agreement was voted on, they had the technical endorsements of the Mixed Commission, and except for the junction issue, the work was awarded and paid for just as it was awarded, so stating that it was known from the beginning that the work would be ineffective is reckless, as the work was done and is functioning, and the only additional thing done was the junction, which resulted in a marginal cost relative to the total cost of the work originally awarded. That he did not participate in the responses given by virtue of the questions consulted by the D.C.A. of the C.G.R., but that if there had been doubts regarding the junction, he would have reviewed the matter and given a technical response in this regard. He reiterated that by endorsing the draft submitted to the Board's knowledge, he proceeded from the fact that everything was in order and technically supported. That the Deciding Body indicated that the request submitted through official communication DIE-07-15-3588 was not going to satisfy the need due to the previously detected technical connection problems; without considering that when he concurred with his vote, he had the technical endorsements and approval of the Mixed Committee. He stated that the assertion made by the Deciding Body, in indicating: "...In this sense, it must be emphasized that Mr. Campos Monge was opportunely warned of the route connection problems, as well as the ways in which to proceed to solve the problem, given that it could not be functional until the indicated misalignment was resolved..." He assured that said assertion corresponds to the fact that in follow-up or work meetings he attended, he heard matters related to the misalignment, but that there is no minute in which he was warned, coupled with the fact that he was not the technical official in charge of preparing the final access. That Engineer Andrea Soto Rojas did not warn at the moment and before the instance where she should have done so, rather she told them that the draft had the required endorsements. That neither she, nor anyone else, warned him in the work meetings, nor was it brought to the Board's knowledge. That it is not true what the Deciding Body concludes in affirming that he acted carelessly, which is not proper to the functions under his charge, thus unjustifiably failing in his duties, lacking his duty of precaution and diligence, because despite knowing the technical problems the project presented, he did not ensure that the problem known since before concurring with his vote authorizing Mr. Salom to request the referenced authorization was resolved. A situation he rejects because it was Engineer Soto Rojas herself who brought the draft to the Board with her endorsement. That it is taken for granted that in the work sessions he was informed of the misalignment in the existing connection; however, such warning is not inferred from the minutes of said work sessions. 5.5) ON THE PROPORTIONALITY AND REASONABLENESS OF THE DECISION: That the evaluation of the evidence he provided was useless, as the Deciding Body's theory was that in the work sessions or "Pre-Meetings" he was warned of the misalignment in the connection, this despite there not being a minute where formally or informally he was warned of such a situation and despite it being proven that Engineer Andrea Soto Rojas, nor any other official, warned about the existing misalignment, which is neither proportional nor reasonable. That the MOPT Audit report was not properly analyzed, where it was evidenced that there were errors in the coordinates provided to CONAVI. Thus, there were erroneous data which were not available to him at the time the agreement was voted on, but that he had the internal endorsements. That when he learned of this circumstance, he promoted the required preliminary investigation. That it was affirmed that his actions affected the public interest, without considering that the road was just being built. That as he was not a technician in the matter, he had to trust the administrative endorsements, especially since he is not a technical expert in the field. That therefore, he requests that the indicated resolutions be revoked, because these judgments are supported by assumptions and conjectures, on supposed warnings that were not such, as they were meetings whose purpose was to see the progress of projects, where the officials were the ones in charge of working on the pending matters, which does not support affirming that it was his duty to abstain from approving the draft that would be sent to the C.G.R., and even less to question the endorsement of Engineer Soto Rojas. 6) DEFENSE ARGUMENTS THAT WERE NOT ANALYZED OBJECTIVELY, ADDITIONAL OBSERVATIONS ON THE NOTIFICATION OF CHARGES AND WHAT THE DECIDING BODY RESOLVED: That for the Instructing Body, he voted for the agreement, without the D.C.A. of the C.G.R. being informed of the conditions of the project intended to be executed, which was not proven, and what was proven was that when he voted, he did so because he knew the draft had the approval of the Mixed Commission, in which Engineer Andrea Soto Rojas participated, and there was no reason to doubt. 6.1) THAT FROM THE INITIAL ACT THERE WERE AFFECTATIONS TO DUE PROCESS: i) Notice: That there should have been a timely, precise, express, clear, and detailed account that he deliberately concealed from the D.C.A. of the C.G.R. all the conditions of the project. It was simply presumed that he knew of the misalignment in the connection, a situation that cannot be deduced from the session minutes. ii) Charges: That there was no clear, precise, and detailed specification of the act charged. It was not proven that he voted for an agreement with the clear intention of concealing the real conditions of the project. That in official communication POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, the draft was brought to the Board without any warning, and it was rather indicated that the document had the assessment of the work team, incorporating all observations, including those of the CNC, and the Executing Unit under Engineer Andrea Soto Rojas. And that he also did not participate in the response that the D.C.A. requested from the CONAVI administration. That he also did not sign an agreement contrary to the public interest. iii) Definition of offense in administrative proceedings: That it was not proven that he acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave), and he cited the provisions of articles 3 and 113, and other articles not mentioned in the initial act. That the work proved operational and functional, the commitment was fulfilled on time, which avoided the loss of the $20 discount per container, and that the misalignment issue was a marginal aspect to the total value or size of the work, and its value marginal to that of the complete work. iv) Culpability: That after reading the notification of charges and the final act, he did not find a single piece of evidence justifying the conclusion that he acted with intent or gross negligence. That he only voted for an agreement to go to the C.G.R. to request an authorization he deemed vital for the country. A work that was built within the budget authorized by the C.G.R. since it was originally requested. Then, that the MOPT Internal Audit report was clear that the coordinates were provided and that it was the Mixed Commission for the Construction of National Route 257 that made the decision not to modify the contract to ensure the junction of the indicated route with the TCM, due to the risk that the construction would be delayed, which implied the loss of the $20 dollar discount per container. v) Reasonability and proportionality: That without objective evidence that he acted with intent or gross negligence, he was sanctioned with a 2-year suspension from public office; however, to date the acts of authorization and subsequent award maintain their validity and effectiveness, as well as their legality, since none have been annulled as illegitimate, and that if there is no illegitimate act, there is also no reproach to make regarding his actions and therefore no sanction to apply to him. This in light of reasonability and proportionality. However, the Deciding Body indicated that it did not intend to establish liability for an illegitimate act, thereby ignoring its own Regulation, which states that the sanction must be adjusted to the illegitimate act that was carried out. 7) REGARDING THE MOPT AUDIT REPORT: That from this report, it is clear that the coordinates indicated in the authorization request were the same ones used for the route layout approved by SETENA in 2013 (CRTM-05: East: 597895.6528. North: 1104909.0147 up to the concession area with the TCM with: East: 598202.6432. North: 1106720.2754, which defined the project area with a width of 60 meters and 1.1 kms in length. That these coordinates were the ones given for bidding, so it cannot be claimed that there was an action contrary to the Law, as the Administration adhered to the project area approved by the State environmental authority, and that it would have been more likely illegal to vary its layout, and that it was in September 2014 that the concessionaire changed the coordinates. Later, it was proven that Engineer Andrea Soto Rojas, through official communication POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, sent the draft agreement to be adopted, without warning of anything in this regard, and when it was voted on the 18th of that month and year, the document was accompanied by the required technical and legal endorsements of the Administration. He later reiterated that he did not participate in the clarifications requested in this regard because they were answered directly by the Administration. 8) REGARDING THE MINUTES OF THE WORK SESSIONS OR PRE-MEETINGS: That in the work sessions, the project managers explained their progress, where the directors basically listened, and the Administration managers were the ones attending to the pending matters. And the minutes recorded from such sessions lack the endorsements of the attendees, and yet the Deciding Body gave them value as if they were firm records of a collegiate body.
That in none of the minutes—neither those of April 27, June 22, July 27, nor September 14, all of 2015—was the existing connection misalignment (desface) pointed out. Thus, it was only in the mind of the deciding body, subjectively, that those documents indicated such a thing, which violates the principle of sound criticism (sana crítica) (Art. 298.2 LGAP). That in those minutes, the supposed need to acquire land to resolve the misalignment was indicated; however, that was not the solution, so the supposed “warning” was not useful, because the solution did not come through the acquisition of new land. The plaintiff reiterates once more that when he voted on the agreement, he had no knowledge of the misalignment and that he was never formally warned. 9) VIOLATIONS OF DUE PROCESS: That the Deciding Body committed a serious breach of due process, given that the evidence it used to reach that conclusion was requested as evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver), evidence that was not new and in clear violation of his rights, as it could have requested it much earlier and not during the conclusions stage, and it assigns evidentiary value—upon which it bases the sanction—to unsigned documents without knowing their author. That the Deciding Body attributed to him that on July 30, 2015, the then Vice-Minister Guiselle Alfaro stated: “...(...) we are analyzing how to resolve the environmental license (licencia ambiental) issue, since, because APM is advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final design of the route alignment and now there is an 80-meter misalignment, so the Administration must adjust it; and because of this, according to SETENA (sic), a new environmental assessment or a project modification must be carried out...”; however, the Deciding Body fails to notice that these statements were made long before December 15, 2015, and that it was the Administration, the Joint Commission (Comisión Mixta), or the Executing Unit (Unidad Ejecutora) who had to address that situation, not him as a member of the Advisory Council, and that it was to be expected that weeks or months after that statement, all these matters should have been addressed by the responsible officials, as that was their duty. However, on the day the agreement was voted on by the CONAVI Administrative Board, no one warned or explained that some technical deficiency still persisted. 10) REGARDING THE C.G.R.’S INFRINGEMENT OF HIS RIGHTS: That the actions of the controlling body violated his right to a reasoned and substantiated administrative act, as it merely reiterated its theory of the case without conducting an analysis of the statements and evidence provided. That it violated his right to due process, as there was never a natural judge concerned with seeking the real and material truth of the facts. It violated his right to hold public office, a consequence that remains on his service record and even though the sanction was for two years, the fact is that it will persist for the rest of his professional life. That it violated his human right to the presumption of innocence, as the Office of the Comptroller General was never objective and sought to pin a non-existent responsibility on him. Furthermore, that it imposed the most severe sanction, that of debarment (inhabilitación), based on its single truth, derived from minutes that were never recognized as such, unsigned, and for whose content no one has been declared responsible. That the Administration concludes that there was no damage to the public treasury, that no harm was committed, that there were no acts of corruption, and that the actions served a public interest; yet, such a severe sanction was imposed on him. That he relied on the reports and drafts that the Executive Director uploaded to the Council and on the endorsements of the operational areas and officials who signed them, and that in this case it was Ing. Andrea Soto Rojas who says she “warned” them, who submitted the draft to the Executive Director and the latter to the Council, with her approval, and expressly indicated that the endorsements of the Technical Commission were obtained. That Judgment No. 104-2019-I stated that it is not viable to assign responsibility to the hierarch when the person advising them acts negligently and this negligence is not evident, palpable, or verifiable. 11) DAMAGES CAUSED: That media outlets (La Nación, CrHoy, Monumental, Diario Extra, etc.) published news that affected him as he was questioned on ethical and professional grounds. 12) CONCLUSIONS: a) That despite the deciding body’s final conjectures, he has demonstrated that there is not a single agreement, document, or piece of evidence that shows that the undersigned acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave), that he knew about the misalignment and deliberately endorsed requesting authorization from the CGR without stating all the project conditions, with the intent of not being transparent before the controlling body. b) That he demonstrated that on the day the agreement was made, the Administration considered all legal, technical, and financial aspects and proof of this is that the official letter dated December 15, 2015, POE-01-2015-1107, where the manager in charge of that process, leader of the Executing Unit and the Joint Commission, submitted the draft note for the CGR and its annexes for the Executive Director’s knowledge, and it is observed that note never warned about the misalignment; rather, it stated that everything was validated by the Joint Commission, in which the CNC, CONAVI, and others participated, and endorsed by herself. c) That he demonstrated that he never received, nor participated in, the responses given to the CGR regarding the proceeding conducted in DCA-CGR. Had he done so, and had the CGR requested clarifications on that point, he would have requested—as is his rule—that everything be answered and everything the CGR requested be provided. He could even have requested that the application be withdrawn. d) That it was demonstrated that in none of his participations in commissions or pre-meetings was a warning, as such, given. That the minutes of those work sessions were never brought to his attention, so conclusions cannot be asserted based on statements he neither read nor endorsed. Likewise, he proved that the minutes do not say what the deciding body subjectively wants them to say. Moreover, in those work sessions, several topics were addressed, and each person essentially gave a progress report. That he never received, heard, or participated in any session where he was warned of anything significant. That these participations were due to a good-faith attitude of helping beyond just being a director; due to his experience and training, he could and did provide much support to CONAVI on that topic, as well as on trusts (fideicomisos), and generally on CONAVI’s most significant matters, where he always supported the administration in doing its job well. e) That he demonstrated, with the MOPT Audit report, that there was a coordinate issue, but whose background differs greatly from how it is presented in the facts of the statement of charges (traslado de cargos). That one can observe how the events unfolded, and how CONAVI, at the time of voting on the agreement, acted technically based on what existed then. Furthermore, it is clearly evident that even long after the authorization vote, the concessionaire had not yet defined the precise point for connecting the works. f) That in sum, he demonstrated that he always acted with probity and respect for the Law. All these arguments were reiterated by the plaintiff in the supplementary oral and public trial hearing.
For its part, the representation of the C.G.R. stated, as relevant: A) REGARDING THE FACTUAL ARGUMENTS: That the plaintiff’s citation that the directing body, in the final act, established that Mr. Campos Monge, by virtue of the work sessions or meetings held on April 27, 2015, June 22, 2015, July 30, 2015, and September 14, 2015, had knowledge of the existing 80-meter misalignment, meaning the project had to be adjusted, as well as the environmental viability (viabilidad ambiental) or a possible land purchase, has been repeatedly cited. (See in this regard Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., pages 289 and 290). Likewise, it noted that the doubts that existed on the part of the DCA and how they were resolved were not part of the proceeding, so this was not charged to him, nor was it used to support the sanction, as there is no relationship whatsoever. That in the same line of reasoning, regarding the report on the correction of the coordinate misalignment, resolved later by the concessionaire, the deciding body accredited it in the administrative proceeding and consequently in the final act, by indicating that through the efforts of Ing. Valverde González in 2017, when he went to the CGR to resolve the connection of the TCM with Route No. 257. It indicated that the final act is because of that second effort that the satisfaction of the public interest sought through the construction of Route No. 257 is possible, as the connection problem between the TCM and said route—which had not been resolved at the time the first application was submitted to the CGR by Mr. Salom Echeverría in December 2015—is resolved at that moment. That the foregoing is true despite these conditions being well known to those investigated in this administrative proceeding. (See in this regard Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., page 225). That regarding the recurring argument about the lack of warning and the draft presented with the endorsement of Ing. Soto, the deciding body established, when reasoning the rejection of the appeal for reversal (recurso de revocatoria), that Mr. Campos Monge only made mere arguments, practically pointing to any official as responsible for the errors committed in the official letter sent to the DCA of this Controlling Entity and subject of the administrative proceeding, without considering the responsibilities inherent to his position on the Board of Directors. That it is not admissible for the appellant to have expected to receive a direct warning that there was a very serious error in the proposal contained in the draft, as it was his responsibility to exhaustively review what he was going to approve, having to ensure the efficient achievement of the project, so that failing to do so led to sending the CGR a request for approval of a special contract whose object could never be fulfilled. (See in this regard Resolution No. 220-2018 (DJ-0014) of 3:30 p.m., pages 112 and 113). That on this particular point, it must be established that the charge (intimación) did not address whether the plaintiff fulfilled his duty to report or investigate, which is completely unrelated to the subject of the investigation. Regarding the recurring argument of the lack of warning and the draft presented with the endorsement of Ing. Soto, the deciding body, when reasoning the rejection of the appeal for reversal, established that Mr. Campos Monge only makes mere arguments, practically pointing to any official as responsible for the errors committed in the official letter sent to the DCA of this Controlling Entity and subject of the administrative proceeding, without considering the responsibilities inherent to his position on the Board of Directors. That it is not admissible for the appellant to have expected to receive a direct warning that there was a very serious error in the proposal contained in the draft, as it was his responsibility to exhaustively review what he was going to approve, having to ensure the efficient achievement of the project, so that failing to do so led to sending the CGR a request for approval of a special contract whose object could never be fulfilled. (See in this regard Resolution No. 220-2018 (DJ-0014) of 3:30 p.m., pages 112 and 113). That it is important to note that this was extensively substantiated by the body of the administrative proceeding and it accredited that: “(...) by approving with his vote the application before the Controlling Body, presumably knowing that the project did not guarantee the required connectivity and, therefore, made the functional use of the Moín Container Terminal (Terminal de Contenedores de Moín) impossible. Given that, when justifying the application submitted to the CGR—previously approved by the Administrative Board—the existence of a public interest needing protection was claimed, despite the fact that he apparently had knowledge, by virtue of his condition as Board Director, that even with the CGR’s authorization, that interest was not really going to be satisfied. (...)” (Highlighting is not from the original). A culpable and grossly negligent conduct on the part of the plaintiff was accredited in the administrative proceeding, by failing to observe the duty of probity and violating, through his conduct, the duty to properly inform the CGR about the technical conditions of the project, placing the final objective of the project in a risky situation. B) REGARDING THE ALLEGED VIOLATIONS: i) Regarding the alleged improper charge and imputation: That on this aspect, the plaintiff accused that there was no precision or clarity in what was charged and imputed in the statement of charges. He indicated the existence of violations of due process that did not occur, as recorded in the file and the audio of the appearance in the administrative proceeding. That the plaintiff in that proceeding was charged and imputed with failing to inform the CGR about all the technical conditions of the project. That on this particular aspect, there was sufficient precision and clarity in the charge and imputation by the Directing Body of the Administrative Proceeding; even Mr. Campos Monge understood it and exercised his defense broadly and in accordance with the constitutional principle of due process. That furthermore, it was known to him in his capacity as a member of CONAVI’s Administrative Board, about the misalignment or lack of connection of Route 257 with the TCM. That in that vein, he was charged in the statement of charges in the sense that Mr. Campos Monge had knowledge of the misalignment and lack of connection based on the information shared in various work sessions held on April 27, 2015, June 22, 2015, July 30, 2015, and September 14, 2015, where environmental issues, the need for land purchase, and the existing 80-meter misalignment for the connection of Route 257 with the TCM were addressed. (See in this regard Resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m., pages 108, 109, and 110). That it is important to note that the Contentious-Administrative Cassation Court itself stated in its Resolution No. 043-2019 that what is relevant in the statement of charges is that the administration does not vary—without the right to a hearing—the factual framework brought to the individual’s attention, who must be clear about which factual aspects are to be investigated and determined in the proceeding. (See also: First Chamber Resolutions 907-2006, 1258-2009, 01309-2009, and 1051-2009, and Contentious-Administrative Cassation Court Resolutions 00001-2015 and 00008-2019). That therefore, no violation of the proper charge and imputation in the administrative proceeding is alleged. That the charge was sufficiently clear, concise, and precise regarding the factual framework, as well as the evidentiary elements that served as the basis for the opening act. ii) Regarding Typicality (Tipicidad) in administrative law: That in this particular case, there is no uncertainty or ambiguity whatsoever regarding the typicality of the administrative faults. That it must be noted that the differentiation in the application of the principle of typicality in criminal proceedings and administrative proceedings is well known, given that it is not a carbon copy application of the principle as conceptualized in criminal law, and case law has clarified that the principle of typicality exists but is applied in a nuanced manner, coining the term principle of relative typicality (principio de tipicidad relativo). (See in this sense votes of the First Chamber 842-2011, 121-2011, and 25-2016, among others). Thus, in this line of reasoning, it was established: “(...) due to the special relationship of subjection that the Administration maintains with its officials, the principle of typicality, rather than being applied loosely, sparingly, or subtly, responds to a series of functional obligations clearly defined by different laws (...).” Therefore, the plaintiff is incorrect in asserting a violation of the principle of typicality, even more so when he claims to know the dimensions of its application, and in trying to outline his argument, he commented that numerals 3 and 113 are cited but did not indicate which regulation they refer to, thus leaving in ambiguity and vagueness the possibility of determining the existence of an injury in that sense, even more so when it is said that the legal articles were expanded in the final act to support the sanction, but he also did not specify which normative body he alluded to with this supposed expansion of the regulations used in the final act. That on this aspect, in the resolution of the appeal for reversal, the deciding body indicated that no additional rules were used that could have represented a violation of the rights held by the investigated party; quite the contrary, this proceeding was conducted in adherence to the principles of due process and the right of defense that protect the investigated party, and proof of this is that the plaintiff did not expressly cite which rules he estimated were added by this Body, his arguments therefore being unaddressable and unfounded. (See in this regard Resolution No. 220-2018 (DJ-0014) of 3:30 p.m., pages 115 and 116). iii) Regarding the proven fault and the reasonableness of the sanction: That in the present matter, it was proven in the administrative proceeding that the plaintiff violated the duty of probity that every public official must observe. That it was proven that the plaintiff did not properly inform the CGR, in his capacity as a member of CONAVI’s Administrative Board, of the lack of technical suitability contained in the authorization request submitted to the Board through official letter No. DIE-07-2015-3554. That on this point, it was indicated in the final act that the plaintiff departed from the duty of probity by knowing that the request for authorization of a special administrative contracting procedure sent to the DCA did not satisfy the need, according to the conditions existing at that time, and yet, he submitted it for approval. (See Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., pages 97, 98, and 99). That it is important to note that this was extensively substantiated by the Body of the Administrative Proceeding and it accredited that: “(...) by approving with his vote the application before the Controlling Body, presumably knowing that the project did not guarantee the required connectivity and, therefore, made the functional use of the Moín Container Terminal impossible. Given that, when justifying the application submitted to the CGR—previously approved by the Administrative Board—the existence of a public interest needing protection was claimed, despite the fact that he apparently had knowledge, by virtue of his condition as Board Director, that even with the CGR’s authorization, that interest was not really going to be satisfied. (...)” (Highlighting is not from the original). That a culpable and grossly negligent conduct on the part of the plaintiff was accredited in the administrative proceeding, by failing to observe the duty of probity and violating, through his conduct, the duty to adequately inform the CGR about the technical conditions of the project, placing the final objective of the project in a risky situation. That there was a clear assessment in the final act of the plaintiff’s guilt, the specific circumstances of the case, and each of the work sessions where the connectivity problem of the TCM or its access route was discussed, this prior to the request made to the CGR. That it must be considered that, in the case under analysis, there was a unanimous vote by the Board, and there is no record of any type of caveat, comment, or different vote by the plaintiff, who could have chosen to make the relevant warnings and not merely concur with the collective will, it being moreover a known matter without major technical rigor that would have prevented one from properly knowing and warning of the existing misalignment. That there was conduct that constitutes gross negligence and that furthermore warranted a sanction of a two-year prohibition on re-entry to positions in the Public Treasury, due to the severity of the facts subject to the proceeding. That in this line of reasoning, this representation finds that the actions observed the principles of reasonableness and proportionality, to the point that the actions subsequent to the issuance of the final act were ratified by the Office of the Comptroller. That the plaintiff pointed out, regarding the MOPT audit report, that a series of aspects are extracted from it that, in his view, release him from all responsibility because no error existed in the coordinates. He indicated in relevant part: “(...) It was these same coordinates that were used to tender in 2016 the design and construction of National Route 257 (definitive route). Consequently, an action contrary to the Law cannot be pointed out, because the Administration adhered to the project area approved by the State’s environmental authority. It would have been illegal to vary the corridor or the alignment of the national route approved and registered as such by CONAVI. (...)” Note that Conclusion 12 of the MOPT audit report itself stated, as relevant: “(...) This situation shows that the location of the TCM project area in the file with which environmental viability was obtained changed, since in February 2017 a tripartite agreement had to be made between APM Terminals, the National Concessions Council (Consejo Nacional de Concesiones), and the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), because the TCM’s location did not match the ring coordinates of Route No. 257. (...)” That the assertion made that the same coordinates with which environmental viability was obtained were functional to guarantee the connection is absolutely fallacious, as extracted from the same conclusion indicated above. That what the plaintiff stated is also fallacious, in asserting that the concessionaire was making modifications as of April 5, 2016, because from the plaintiff’s own textual citation, it is noticed that these modifications specifically refer to dimensions and elevations, and to Route No. 257. That the plaintiff also insisted on the recurring argument that Ing. Soto, at the time of presenting the draft for the vote held on December 18, 2015, did not give any warning of technical inconsistencies in the project. That it is necessary to indicate and recall, as recorded in the final act of the proceeding, that the plaintiff knew of the misalignment in the connection between Route No. 257 and the entrance to the Moín Container Terminal, a situation that was not reported to the controlling entity, whose knowledge by the plaintiff was accredited by mentioning the work sessions held on April 27, 2015, June 22, 2015, July 30, 2015, September 14, 2015, and September 28, 2015, which he attended. It reiterated that it was not solely because of his attendance at the sessions that the Directing Body accredited his knowledge of the misalignment issue, but because of the different presentations made and discussions surrounding the connection. (See in this regard Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., pages 288, 289, and 290). That therefore, the arguments made by the plaintiff must be rejected for being fallacious and disrespectful of the content of the documents, which are taken out of context in an effort to obtain some result in the process. iv) Regarding the content of the minutes: That it is pertinent to emphasize the importance of CONAVI’s Board of Directors as a collegial body and its hierarchy within the institution, so it cannot be denied that the work sessions hold special character in the process of planning and executing public works carried out in the country, which is why various sectors are represented within it. That it is therefore inappropriate to make any argument tending to diminish the importance of the sessions and what is discussed in them, including diminishing the evidentiary value of the minutes that arise as a record of what was presented. That without a doubt, the minutes are public documents emanating from a collegial body of a public nature, and their evidentiary value is granted by the applicable legislation. That on that aspect, the Deciding Body indicated in the final act that the minutes correspond to public documents issued by public servants who constitute a collegial body of a public character, and therefore they are presumed authentic and valid until proven otherwise. That in the administrative proceeding, no suitable evidence was provided to disprove the validity of these documents. (See in this regard Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., pages 218 and 219). That the set of assertions made by the plaintiff about the content of the minutes that served as a basis to accredit Mr. Campos Monge’s knowledge of the misalignment on Route No. 257 and the TCM is incorrect. That at this point, it is important to mention that the deciding body, in the final act, did not mention the session of July 27, 2015, for the plaintiff’s particular case, because he did not attend that session, and the sessions referred to in the final act detailed precisely the topics discussed in the sessions that serve as a basis to accredit the plaintiff’s knowledge of the existing misalignment for the connection of Route No. 257 with the TCM. That on this particular matter—dispensing with being repetitive in the citation, but given the plaintiff’s recurrence in the argument and the need to provide clarity on the matter—in the final act, the deciding body of the administrative proceeding indicated that knowledge of the misalignment was accredited by Mr. Campos Monge’s participation in CONAVI’s Administrative Board work session of April 27, 2015, that of June 22, 2015, July 30, 2015, and September 14, 2015, where the issue of the existing 80-meter misalignment was discussed, meaning the project had to be adjusted, as well as its environmental viability or a possible land purchase. (See in this regard Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m., pages 289 and 290). That therefore, no violations of the rules of rational sound criticism or evidentiary assessment are found in the terms raised by the plaintiff, and rather, it should be noted that there is a malicious treatment by the plaintiff of the information contained in the minutes of April 27, 2015, as he tries to make the adjudicator see the existence of a completely false element. That the plaintiff pointed out that in that session, a presentation was made indicating the need to propose an expropriation and the respective environmental viability procedure; he also indicated that the deciding body gave too much evidentiary weight to that element, as if it were the solution to the problem, intending to diminish its importance or evidentiary value by establishing that the solution proposed by Ing. Soto was ultimately not the one carried out. (See lawsuit filing, page 56). That regarding this argument, it must be established that although solutions to the problem were proposed, the existence of another solution does not obviate the problem and the knowledge of it by those who participated in the sessions, and even if the final solution was not the one given, it was proposed to resolve the connection problem, which only denoted that the issue was certainly discussed and the knowledge that the Board members had regarding it. As for the plaintiff’s argument that neither the charge nor the final act contained any indication about solutions to the connection problem that were not used, that is not the subject of the proceeding; the proceeding concerns the promotion of an authorization for a contract, which the investigated party knew did not meet the sufficient technical requirements due to erroneous coordinates that did not ensure the connection of Route No. 257 with the TCM. That the plaintiff insists that he was not warned of the project’s technical deficiencies; however, he himself establishes in his writing that there were presentations in the work sessions where the topic was discussed, even saying that what was presented was not directed at his person, but at the Administration, the Joint Commission, and the Executing Unit. That this argument must be rejected, because the topic is raised to all persons who are part of the work session, and furthermore, the fact that approximately 5 months had passed does not prevent them from having known about the topic, especially when the misalignment matter had already been discussed previously, as the plaintiff himself establishes. v) Regarding the alleged effects on conventional and constitutional rights: That the plaintiff lists a series of alleged violations of fundamental rights, alleging a supposed lack of reasoning in the resolution, due process in its aspect of investigating the real truth of the facts, the human right to hold public office, the presumption of innocence, and the proportionality of the sanction imposed. That, however, he only developed the lack of reasoning of the act in his argument.
Regarding the reasoning of the act, the plaintiff asserts that there is no logical relationship in the final act, given that it establishes there was no damage to the public treasury (hacienda pública), no harm whatsoever to the administration, and no connection to an act of corruption, in addition to the fact that his clean record throughout his public service career was not taken into account. In this regard, it is necessary to clarify with respect to this last aspect that considering the prior record of the investigated person is absolutely unrelated to the imposition of sanctions, since the seriousness of the offense is determined by the factual scenario and the injury or danger to legal interests established in the legal system. The enumeration made by the plaintiff pointed to the fact that there was no pecuniary loss, something that was not investigated, nor was it determined, as it does not form part of the object of the proceeding. Nor is it a justification to seek an exclusion of liability; considering the importance of the project for the country, he cannot rely on the public interest to act in a carefree manner and cast votes without taking into consideration what had been presented in different working sessions, delegating responsibilities to other officials based on supposed lack of warnings, in order to claim ignorance regarding a matter as widely discussed and presented internally before CONAVI's Board of Directors as the misalignment of Route No. 257 in relation to the junction with the access to the TCM. Thus, the plaintiff also cited judgment No. 109-2019-1 of the Administrative Litigation Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo), in which the Tribunal determined that a senior official is improperly sanctioned by the CGR upon receiving negligent advice from an official. In a way that can be seen from a simple reading, this corresponds to a factual assumption absolutely different from the object of the proceeding and involved a challenged resolution, meaning it is not a final resolution. Added to the foregoing, he did not cite a clear line of decisions from the Administrative Litigation Tribunal or the First Chamber (Sala Primera) on the subject, but rather it is a single case that has been appealed, so his argument carries little decisive importance for the case. vi) Regarding the damages (daños y perjuicios) requested by the plaintiff: In his initial statement of claim, the plaintiff did not specify which damages he was referring to. There is no relationship between the damage alleged and the sanctioning act, since, in the plaintiff's words, under the nomenclature of objective moral damage (daño moral objetivo), he did not present evidence proving how the imposition of the sanction has harmed his income in relation to the practice of his profession; indeed, he himself alludes to the fact that what he is really claiming is damage to his professional image, in relation to the impossibility of applying for positions such as Ombudsman (Defensor de los Habitantes), Comptroller General (Contralor General), or Supreme Court Justice (Magistrado de Corte Suprema de Justicia). In that line of reasoning, the plaintiff's exposition is unclear regarding the damage that supposedly exists and was claimed in relation to the conduct displayed by the CGR. vii) That no damage existed, nor was there a causal link (nexo causal) that can be attributed to actions of the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República): Similarly, regarding subjective moral damage (daño moral subjetivo), there is not a single fact in the facts of the claim that alludes to the existence of emotional, physical, or psychological affections resulting from the sanction, and therefore it is not possible from a factual standpoint to prove the existence of subjective moral damage. On this matter, the First Chamber, in Vote No. 986-2006, stated: "(...) Subjective moral damage occurs when an extra-patrimonial right has been injured, without affecting the patrimony, normally involving an unjust disturbance of the individual's mental conditions (displeasure, discouragement, despair, loss of satisfaction with life, etc., grievance against honor, and dignity, intimacy, the so-called loss of enjoyment of life, affliction due to the death of a family member or loved one, etc.). Objective moral damage injures an extra-patrimonial right with repercussions on the patrimony, that is, it generates economically assessable consequences (the case of the professional who, due to the attributed act, loses his clientele in whole or in part). This distinction serves to delineate the damage suffered by the individual in his social consideration (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual sphere (grief due to the death of a relative), such that one refers to the social part and the other to the affective part of the patrimony. (...)" (Also see First Chamber of the Supreme Court of Justice Votes No. 280-2000, 699-2000, and 151-2001). Thus, the objective and subjective moral damage requested by the plaintiff in his statement of claim lacks any legal basis, which is why it must be denied in the judgment by the adjudicator. viii) Regarding the powers of the Office of the Comptroller General of the Republic in the specific case: It is necessary to make some brief considerations regarding the power held by the CGR to establish sanctioning procedures and impose the sanctions that are applicable in accordance with the administrative procedure instituted. On this matter, it must be noted that this attribution was recognized through numerals 183 and 184 of the Political Constitution, as well as through Articles 1, 4, 5, 7, 16, 22, and 68 of its Organic Law and, in the same vein, the General Law of Internal Control (Ley General de Control Interno) and the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), also provide the competence of this Comptroller's Office to initiate, process, and hold liable those passive subjects who commit offenses against the Public Treasury. That this liability, in accordance with the regulations of the LGAP and the aforementioned rules, is a subjective liability, and it is so by virtue of the fact that the public treasury official responds personally, before third parties, before the very Public Administration where he performs his duties, and before the Office of the Comptroller General, when he has acted with gross negligence (culpa grave) or willful misconduct (dolo). Therefore, if the passive subject caused damage or injury to the Public Treasury, issues manifestly illegal acts or obeys them without objection, orders the execution of absolutely null acts or executes them out of obedience and without objection, in a clear and demonstrated violation of the Superior Control and Oversight System of the Public Treasury (Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública) or any other rule relating to public funds, as well as the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service; he may incur personal liability in the civil, administrative, and criminal spheres, provided it is proven that he acted with willful misconduct or gross negligence in the performance of his duties and obligations. It is worth recalling that these three types of liability can be demanded jointly or separately and could arise from the same act or fact attributable to the passive subject. Under that reasoning, in order to reliably determine the existence of any type of liability, the CGR, through the Legal Division (División Jurídica), is empowered to institute ordinary administrative proceedings as required. The foregoing, in accordance with Articles 22, 68, 72, 73, and 77 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General (Ley Orgánica de la Contraloría General), the Regulation on Organization and Service of the Disciplinary and Annulment Powers in Public Treasury of the Office of the Comptroller General of the Republic (Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República), and numeral 308 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). In that sense, once the commission of an offense against the Control and Oversight System of the Public Treasury (Ordenamiento de Control y Fiscalización de la Hacienda Pública) is proven in the course of the administrative proceeding, the CGR has at its disposal a wide range of sanctions contemplated at the legal level, the imposition of which on the offending subject it can recommend on a binding basis, among them: •Written reprimand (Amonestación escrita): Articles 41 of the General Law of Internal Control and 113 of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), •Written reprimand published in the official gazette: Articles 39 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service and 113 of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets, •Suspension without pay or stipend from 8 to 30 days: Articles 39 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, 41 of the General Law of Internal Control, and 113 of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets, •Separation from public office without employer liability: Articles 39 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, 41 of the General Law of Internal Control, and 113 of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets, •Cancellation of credentials: Articles 73 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General and 18 of the Municipal Code (Código Municipal), and •Prohibition of entry and re-entry to Public Treasury positions (Article 72 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General): The weighing and determination of the sanction to be recommended will depend, in all cases, on the specific analysis and verification of the existence of the subjective elements of liability—willful misconduct or gross negligence—for which the Oversight Body (Órgano Contralor) will always have as an integrating principle of administrative sanctioning law those of proportionality and reasonableness. Which were guaranteed to the plaintiffs throughout the development of the administrative proceeding established against them. The Political Constitution originally endows the Comptroller's Office with ordinary competence, which is aimed at safeguarding the Public Treasury, understood as public funds and everything related to the public purse (erario). On the other hand, Law No. 7428, the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, enables it to establish procedures and investigations, and it is also given the power to order or recommend, on a binding basis, sanctions against public officials or passive subjects when they have committed infractions against the rules that make up the control and oversight system. It is necessary to clarify that there are multiple jurisdictional pronouncements to the effect that it is not necessary to consider solely the subjective element of the public treasury infraction regime in order to apply the applicable sanctions. That is, sanctions are not only applied to officials who have control over public goods, funds, or patrimony. There exists a distinction of an objective element composed of the norms that make up the control system over the public treasury, which must be observed by all public officials and non-official persons who have public funds or patrimony under their control or administration. In this regard, it has been indicated in Vote No. 00022-F-TC-14 of the Administrative Litigation Court of Cassation (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) that it is no longer necessary to make a distinction as to whether the official is a servant of the public treasury (subjective element), as it suffices to determine a transgression against the control and oversight system of the Public Treasury (subjective element). (Also see: First Chamber Resolutions 00516-2014 and 00623-2013, Second Chamber Resolutions 00805-2012 and 00799-2018, Administrative Litigation Court of Cassation Resolutions 00117-2018 and 00069-2014.). By reason of the foregoing, there is a clear exercise of the competencies constitutionally and legally granted to this Oversight Body in the particular case.
For its part, the State representation stated: A) CASE SUMMARY: The plaintiff party stated that the CGR based its decision on a "quasi-inquisitorial" theory, asserting that "there was never a real stage of due process, where an effort was made to not believe only its own poorly named Investigative conclusions," and determined the existence of liability for gross negligence in his actions as a director of CONAVI. He indicated that there is no objective evidence justifying the procedure instituted. That the Oversight Body recognized that the project involved a public interest due to its importance, and that no damages or harm were caused, thus the CGR's conduct has been disproportionate and unreasonable, affecting his rights. This claim is rejected as it consists of merely subjective statements without factual or legal basis. The plaintiff recounted aspects of the General Law on Public Works (Ley General de Obra Pública), competencies of the National Concessions Council (Consejo Nacional de Concesiones), and some background of the TCM concession project, to finally provide a kind of "justification" for his actions. The CGR, in Resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m. on November 27, 2018, stated: (...) This Decision-Making Body (Órgano Decisor) considers that there was a lack of caution and greater diligence on the part of Mr. Campos Monge regarding the approval of the draft request for authorization for the application of the contracting procedure that was brought to his attention by the Executive Director of CONAVI because, despite knowing the technical problems presented by the project, he did not ensure that the problem he had known about beforehand had already been resolved, he did not consult or seek advice from any member of the Executing Unit (Unidad Ejecutora) or any of the specialized highway technicians available at CONAVI, nor did he ensure that the misalignment issue was resolved internally at CONAVI—whether in coordination or not with the CNC or the MOPT itself—prior to authorizing Mr. Salom to process it before the Oversight Body. This despite the impact that the misalignment issue at the project junction had on the achievement of the road work. (...)" (Page 295, of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Folio 000442, of the administrative file). To reach that consideration, the CGR developed a due process respectful of the constitutional guarantees of the plaintiff, in which a preliminary investigation was conducted—among other acts—according to Report No. DFOE-IFR-IP-00001-2018, of June 21, 2018 (Document 1, of Folder Folio 1, of the administrative file), a proper notification (intimación) by Resolution No. DJ-0968 at 2:00 p.m. on July 24, 2018 (folio 10 of the administrative file), and an oral and public hearing on September 17, 2018 (folio 135 of the administrative file). The party subsequently even had the opportunity to file a motion for revocation with subsidiary appeal, which was resolved by Resolutions No. 220-2018 (DJ-0014) at 3:30 p.m. on January 11, 2018 (folio 516 of the administrative file) and No. R-DC-61-2019 (DC-0185) at 1:00 p.m. on June 19, 2019 (folio 633 of the administrative file). Due to the foregoing, the subjective statements of the plaintiff party, aimed at discrediting the procedure established by the Oversight Body in the exercise of its competencies, are rejected. B) REGARDING THE RELATIONSHIP OF THE FACTS AND THEIR SUBSTANTIATION: The statements of the plaintiff party are confusing and reiterative, including subjective allegations with criteria lacking any foundation. In consideration of the foregoing, and in order not to be repetitive in the exposition, we will proceed to respond by grouping the elements raised by the plaintiff party, for the purpose of greater order: I. REGARDING THE ENDORSEMENT OF THE "DRAFT" AND THE TECHNICAL CRITERIA OF OTHER ENTITIES OR PERSONS: He stated that the CGR made an incorrect assessment of the evidence, thereby generating unfounded value judgments. To arrive at that conclusion, the plaintiff made statements regarding the "draft" that was approved (a fact acknowledged in paragraph B) on page 30 of the claim) by the CONAVI Council, to request authorization from the CGR to promote an administrative contracting for the development of the National Route No. 257 project, Access to the TCM. He indicated that the document had been endorsed by technical professionals, who were the ones who should have warned about the misalignment in the route coordinates and did not do so. He added that the role of the MOPT and the CNC must also be considered, and that it was he, as a member of the CONAVI Council, who asked the CGR to investigate and provided inputs in that regard, and that other bodies aware of the route misalignment did not warn the CONAVI Council; and that it was the responsibility of the contractors to warn of any error in the work and that in the end no one did. The plaintiff seeks to have many other persons and bodies held responsible for his action; however, Articles 4 and 5 of the CONAVI Creation Law, No. 7798, establish the following responsibilities of the Administrative Council: "Art. 4- The objectives of the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad) shall be the following: (...) d) Supervise the correct execution of works; including quality control. f) Enter into contracts or provide the services necessary for the fulfillment of its objectives and functions." Art. 5 The Administrative Council (Consejo de Administración) of the National Road Council shall have the following powers: h) Supervise the correct execution of contracts entered into with private third parties. j) Sign employment contracts and those for works, supplies, and services and exercise the corresponding oversight." The foregoing must be seen in conjunction with Article 6 of the Regulation of Organization and Operation of the National Road Council, Executive Decree No. 27099-MOPT, which states: "Art. 6°-Operating rules of the body for the exercise of its powers; the Administrative Council shall be governed by the following rules: 1.-None of the members of the Administrative Council may delegate the exercise of the powers conferred by the Law and this Regulation to another person. (...)" And also, observing numeral 113 of the LGAP, which indicates that "the public servant must perform his duties in a manner that primarily satisfies the public interest, which shall be considered as the expression of the coinciding individual interests of the administered.", and in particular ordinal 3 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, No. 8422, which provides: Art. 30 -Duty of probity. The public official shall be obliged to orient his management toward the satisfaction of the public interest. This duty will manifest fundamentally by identifying and addressing priority collective needs in a planned, regular, efficient, continuous manner and under conditions of equality for the inhabitants of the Republic; likewise by demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred by law; ensuring that the decisions he adopts in fulfillment of his powers adhere to impartiality and the proper objectives of the institution in which he serves, and finally, by managing public resources in accordance with the principles of legality, effectiveness, economy, and efficiency, rendering accounts satisfactorily. On the above, the decision-making body of the proceeding, in resolution No. 17037-2018 (DJ-1559), stated: '(...) The investigated parties are responsible (...) in the case of the Directors of the Administrative Council, for having approved the submission of a request to the Office of the Comptroller General in order to obtain authorization to carry out a special contracting procedure, knowing that the project had problems regarding the junction with the TCM". Which implied that the contracting to be carried out for the construction of the indicated road network would become an inefficient and unusable work, a matter that was not timely indicated to the Oversight Body. This is by virtue of the fact that, as has been set forth, the parties had the real possibility of seeking advice, of consulting, and of questioning the terms in which the request was being presented to them, given that they should have verified that the technical aspects were correctly satisfied, exercising the position they held with extreme diligence and not simply assuming or taking for granted that the proposal was a comprehensive solution without even questioning the solution to a problem as relevant as the connection point of the road network to be built. This Decision-Making Body considers that such actions contravene the duties that the legal system demands in relation to the duty of probity, specifically, those set forth in numeral 1, subsection 14), paragraphs c) and d) of the RLCCEIFP in relation to Article 3 of Law No. 8422, which obligate public servants to adopt their decisions in accordance with the proper objectives of the institution in which they work, as well as to manage public resources in accordance with the principles of legality, economy, effectiveness, and efficiency. Because the investigated parties, despite having the tools and real possibilities to seek advice, to consult, and to question the proposal that was submitted for their knowledge, sent by Eng. Soto Rojas, simply proceeded with its approval and submission to the CGR without even asking about how the technical misalignment problems that existed regarding the project had been resolved. Thus acting in contravention of the essential objectives of CONAVI, which is precisely the effective construction of the national road network, by promoting the construction of a route that will not be usable according to the real needs for which it had been conceived. In this regard, it should be remembered that the General Law of Public Administration itself contemplates in its numeral 213 that the greater the hierarchy and complexity of the tasks, the greater the duty to assess the legality and advisability of the acts that are issued or executed. A rule that is complemented by Article 6, subsection 1) of the Regulation of Organization and Operation of the National Road Council, which establishes that "None of the members of the Administrative Council may delegate the exercise of the powers conferred by the Law and this Regulation to another person," rules that emphasize the level of responsibility of the investigated parties in their capacity as senior officials (jerarcas) of CONAVI, which precisely demanded a much more efficient and committed performance throughout all the phases involved in the construction of Route No. 257 (Page 233, of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Folio 000442, of the administrative file). To arrive at that conclusion, the referenced resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) analyzed the party's argumentation, which sought to hold the technical bodies responsible for the lack of warning, and stated the following: "(...) In this regard, the investigated parties alleged that in the referral letter from Ms. Soto Rojas, they were not given any warning regarding the misalignment problem presented by the project, which is why they analyzed it as a comprehensive proposal, and in the words of Mr. Gómez Barrantes: "they always believed this was the best option, they never had any reason to doubt that it was the best option" (listen to minutes 1:53:46 to 2:03:29 of the hearing recording). However, despite the parties' claims, the truth is that although the Executing Units may not have warned them of the connection problems in the draft that was sent by Eng. Soto Rojas, these problems were well known to the investigated parties, who had participated in various sessions in which the issue of the misalignment at the junction between National Route No. 257 and the Moín Container Terminal was analyzed and presented. The investigated parties, as senior officials of CONAVI and as those responsible for the requests to be made to the Office of the Comptroller General, had to ensure that all problems regarding the construction of the route had been resolved in a timely manner, because they knew of the problems and had been warned of the steps that needed to be taken in order to achieve their effective solution. In this sense, the notified parties, throughout 2015, through the various sessions in which they participated in their capacities as Executive Director and Directors of the Administrative Council, respectively, became aware, by means of repeated warnings and indications, of the referred connection problems; which is why their arguments to the effect that the matter was not indicated to them by Ms. Soto Rojas are not admissible, since, in any case, they had previously become aware of that matter sufficiently in advance to seek its effective solution. In this sense, the absence of an express warning in the official letters that the investigated parties received in a timely manner prior to appearing before the CGR does not exempt them from liability for the actions they carried out in the performance of their duties. (...)" (Emphasis added). (Page 228, of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Folio 000442, of the administrative file). Regarding the role of the CNC, Resolution No. 220-2018 (DJ-0014) referred to it and provided the following: "Likewise, and contrary to what was stated by the appellant, it has been clearly proven that CONAVI—and not the CNC—was the institution responsible for the construction of Route No. 257 by virtue of its legal and regulatory powers, with the CNC being responsible for the concession contract for the Moín Container Terminal, both responsibilities being completely independent and distinguishable. This topic was extensively set forth in the appealed resolution, by which it was consigned: "(...) In a similar sense, although the CNC, as the granting administration, was the entity that possessed the relevant information regarding the TCM concession, it is true that the concession contract itself established, among the obligations on the Administration—in this case CONAVI—to complete the access to the Container Terminal with four lanes prior to the operation of the two berthing posts of Phase 2A (proven fact No. 1). An obligation that CONAVI is responsible for executing in the exercise of its functions as a specialized unit in the matter, as was established by Executive Decree No. 38173, by which the "Declaration of national convenience and public interest for the project called construction of National Route No. 257, Sandoval-Moín section, in the province of Limón" was issued. On that occasion it was stated: "(...) The construction of National Route No. 257, Sandoval-Moín Section, Limón, is declared of National Convenience and Public Interest; and it is ordered to proceed with the corresponding procedures to request the cutting and transplanting of trees over the right-of-way and protection zones, to build National Route No. 257 and its required prevention, mitigation, or compensation works within the construction area of the public work, which will be executed by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), through the National Road Council (CONAVI)" (proven fact No. 6). Based on the foregoing, CONAVI's responsibility in the construction process of National Route No. 257 is clear, it therefore being the unit in charge of the correct execution of said project within two contractually established deadlines. In this sense, it is ratified that the National Road Council acted as more than a simple 'executing arm,' having instead a leading role throughout the development of the project. The foregoing is because it was the main entity responsible for the construction of Route No. 257, even being the institution in charge of the budgetary content of the work. This is according to what is recorded in the budget availability certification No. 16-065 (282) presented by Mr. Salom Echeverría together with official letter No. DIE-07-15-3588, by which he requested authorization from the CGR to carry out an exceptional contracting procedure to proceed with the construction of National Route No. 257 (see compact disc visible at folio 7 of the administrative file). These observations, moreover, find support in its own creation norm (Articles 3 and 4 of Law No. 7798), which establishes in its Article No. 3 its status as a body with maximum devolution (desconcentración máxima), with instrumental and budgetary legal personality, to administer the national road network fund as well as to sign the contracts and loans necessary for the exercise of the functions that the same rule grants it, which reinforces the institutional responsibility in the development of the road works that were carried out and under its charge." For this reason, the arguments made on this point are inadmissible. (...)" (folio 567 of the administrative file).
Similarly, regarding the alleged responsibility of the contractor attributed by the plaintiff, the following excerpt from Resolution No. 220-2018 (DJ-0014) is also cited: "(..) the argument presented to the effect that the Body failed to rule on the preliminary studies that were the contractor's responsibility and the contractor's duty to carry out this type of studies or initial services, whereby it was the consultant's or contractor's duty to warn if any element of the bidding documents initially, and later during execution with preliminary studies, did not match the appropriate technical data, is inadmissible, since it is improper to transfer to the contractor the obligations that the appellants held as senior officials of CONAVI. In this regard, it should be noted that long before the contracting of the referred preliminary studies was carried out, the investigated party was warned of the connection problems presented by the construction of Route No. 257, and it was not the contractor's obligation to warn of a problem that was, in itself, well known to the investigated party. On this particular point, it is reiterated that the appellant knew of the existence of these problems prior to casting his affirmative vote to approve the 'draft proposal for a request for authorization before the Office of the Comptroller General of the Republic' (Contraloría General de la República), and is therefore responsible for the content he authorized, because despite the clarity he had regarding the problem in question, which he discussed and analyzed in various sessions, the truth is that he did not even inquire about the measures or actions that had been taken regarding the matter...(...)" (Page 570 of the administrative file). In accordance with the foregoing, the plaintiff cannot evade the legal responsibility he held in his position; it is not possible to attribute it to other officials or bodies that ultimately did not have the approval and decision-making power that the plaintiff, as a member of the CONAVI Board of Directors, did maintain. In this vein, it is a fact accepted by the plaintiff that he approved the draft, as indicated by the party in fact 15 of the complaint, and in paragraph b) of this section, among others, and that aspect itself entails the responsibility of his position.
The plaintiff stated that at the meetings held, nothing was mentioned about the aforementioned offset (desfase), nor was any warning given in this regard; that upon reviewing the minutes, he "does not remember" the existence of those points; that the minutes are unsigned documents; that the CGR misinterprets the scope of the meetings and the role of the Board members (in their individual work), because only the body as a whole is a senior official; and that when voting on the "draft," since it came with technical endorsements, this does not mean the directors could be aware of the route's offset (desfase). Furthermore, he indicated that he did not participate in the responses to the CGR's requests subsequently sent to that Controlling Body.
In particular, regarding the plaintiff's knowledge of the offset (desfase) of Route No. 257, from the aforementioned meetings, it is necessary to cite what was stated in Resolution No. 17037-2018 (DJ-15S9): "(...) Mr. Campos knew that the project, in the form in which it would be presented to the Controlling Body, would not be functional. The foregoing is because there was an offset (desfase) at the junction between Route No. 257 and the entrance to the Moín Container Terminal (Terminal de Contenedores de Moín, TCM), which meant that the required connection between both projects did not exist to allow motor vehicles to transit from the TCM into the national territory, a situation that was not reported to the Controlling Body when carrying out these procedures. This knowledge is accredited by Mr. Campos Monge's participation in the CONAVI Board of Directors' working session of April 27, 2015, where those present were informed of the need to acquire new land due to the change in the junction with the Moín Container Terminal. Likewise, on that occasion, the need to carry out expropriation procedures as well as the respective steps regarding the processing of the project's environmental feasibility (Viabilidad ambiental) were noted (proven fact No. 9). Added to the above, the investigated party participated in the CONAVI Board of Directors' working session of June 22, 2015, where the need to coordinate the acquisition of additional land due to the change of route layout toward the junction point with the terminal was reiterated (proven fact No. 11)." Moreover, Mr. Campos attended the CONAVI Board of Directors' session of July 30, 2015, an occasion on which Vice-Minister Giselle Alfaro stated: "(...) they are analyzing how to resolve the issue of the environmental license (licencia ambiental) since, because APM is advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final route layout design, and now there is an offset (desfase) of 80 meters so the Administration must adjust it; and because of this, according to Setena (sic), a new environmental impact assessment (evaluación ambiental) or a project modification must be carried out," an opportunity where the issue of the offset (desfase) and the responsibility that the administration had to assume for solving the problem it had generated were clearly presented to them (proven fact No. 14). Finally, the investigated party attended the CONAVI Board of Directors' working session of September 14, 2015, where the need to process the environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the intersection with the cantonal route and the arrival at the container terminal was again presented (proven fact No. 15). Based on the foregoing, it is determined that the former Director of the CONAVI Board of Directors knew of the problem described, as it was discussed and analyzed repeatedly in sessions in which he participated and in which it was made clear that, in order to resolve the route connection problems, it was necessary to acquire new land and process the respective environmental permits before SETENA. (. .)" (Page 289 of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Page 00U442 of the administrative file).
Thus, the CGR accredited the plaintiff's participation in the CONAVI Board meetings dated April 27, 2015, June 22, 2015, July 30, 2015, and September 14, 2015, where the issue of the offset (desfase) of Route No. 257 was discussed, including environmental feasibility (viabilidad ambiental) and a possible land purchase. This was confirmed by Resolution No. 220-2018 (DJ-0014): "(...) As recorded in the challenged resolution, the content and discussion that took place in each of the sessions in which Mr. Campos participated were determined, from which the multiple warnings made regarding the offset (desfase) issue are evident, precisely because of the impact it had on the achievement of the road network (...) Thus, it is not true that he was not promptly warned of the connection problem, as the transcribed text clearly determines the repeated occasions on which the matter was discussed in Mr. Campos's presence; it is a different matter that the appellant did not consider this issue relevant to the project and thus omitted to inquire about it, consult with technicians, seek alternatives, or follow up on the offset (desfase) matter, both from that moment and even more so when the draft proposal was sent to the Council; at which point, without a doubt, he should have verified that the connection problem had been overcome, having absolute certainty that the approval he would give for said document to be sent to the CGR contained an effective solution to the public need. (...)" (Page 568 verso of the administrative file).
Now, particularly regarding the validity of the minutes as an element of proof, the decision-making body considered that they were pertinent to accredit the participation of the summoned parties, and in this case, of the plaintiff, in the meetings: (...) the authenticity of those minutes that refer to the participation of the investigated parties in each of the indicated working sessions; has been certified by the Secretary of Minutes of the CONAVI Board of Directors herself, as recorded in the evidence indicated in the opening act, as well as the evidence for better resolution that was contributed to the process (see pages No. 381 to 383 of the administrative file). In this sense, it is considered that the evidence present in the case file is pertinent to accredit the participation of the summoned parties in the sessions that have been duly indicated, which also constitute proven facts of this procedure. (...) It must be emphasized that, during the course of this administrative procedure, the parties did not provide any evidentiary element to discredit the validity of the referred documentary evidence, as they limited their arguments to the argumentative level without having any evidence to support their claim, which is why this argument is not admissible (Page 219 of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Page 000442 of the administrative file). Notwithstanding the foregoing, it is necessary to note that the offset (desfase) issue was also known within the Sectoral Transportation Council (Consejo Sectorial de Transportes), as noted by the resolution that resolved Appeal No. R-DC-61-2019 (DC-0185): (...) the problem of the offset (desfase) or junction between the Terminal and the new highway was addressed in the Sectoral Transportation Council as recorded in minute 3-2015, article 3 of July 29, 2015 (proven fact 13) and within the Board of Directors itself in its session 1229 of July 30, 2015, where then-Vice-Minister Giselle Alfaro reported on the fulfillment of the preceding condition, the budgetary problems CONAVI had to finance the work, the 80-meter offset (desfase) that existed between the final route layout design and the Terminal, as well as the environmental problem that needed to be resolved (proven fact 14); session 1250 of September 28, 2015, where then-Minister of Public Works and Transport, Lic. Segnini, reported on the negotiations between APM Terminals and the Ministry of Finance to obtain financing for the design and construction of Route 257 (proven fact 16); and session 1266 of November 23, 2015, where Vice-Minister Giselle Alfaro reported on the follow-up being given to the project, due to its importance for the national economy, and on various alternative solutions for the highway, among which they also evaluated having it be undertaken by a complementary agreement by the Concessionaire, a matter they discarded, so that they finally opted to request a direct procurement by tender from the CGR (proven fact 18)." (Page 648 of the administrative file).
On the other hand, regarding the CGR's alleged misinterpretation of the role of the CONAVI Board members, and an alleged impossibility of knowing the technical elements of the matter, the same Resolution No. R-DC-61-2019 (DC-0185) indicated: (...) It is extremely risky for the Board of Directors—or any other member of a collegial body of the Public Administration acting as the highest senior official—to believe that having to assess and approve matters related to technical aspects—whatever they may be—that are not or are not linked to their professional field constitutes a sphere or immunity of irresponsibility for the statements they make or the decisions they approve. (. . )" (Page 645 of the administrative file).
Finally, regarding his non-participation in the responses subsequently given to the CGR, it suffices to indicate that the procedure did not revolve around that aspect; therefore, any statement on the matter is irrelevant and is rejected as such. Thus, as the CGR states, it is fully accredited that the plaintiff knew in advance of the existence of the project offset (desfase), and the Board meetings, as the responsible body, demonstrate it (the minutes are valid evidentiary elements and have not been challenged). Furthermore, the fact of not having technical knowledge does not inhibit them from investigating and asking whether the aspects voted on are correct and respond to the public interest (efficient exercise of their position).
The plaintiff points out that the CGR is mistaken in stating that the request for authorization was made for a work that would not be functional; however, all are being used for the country's benefit. Regarding this statement, it is clarified that the object of the process in the CGR was not to determine responsibility for an unfinished work, but rather the following: "In the statement of charges, they were reproached for potential administrative liability for, presumably, processing an authorization for a special administrative procurement procedure before the Controlling Body, ostensibly knowing that, technically, the object of the authorization request did not address the public need satisfactorily, as it did not guarantee the required connection with the Moín Container Terminal (TCM), nor was it functional with respect to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) in effect at that time, a situation that was not communicated to the Office of the Comptroller General of the Republic at the time of processing said authorization." (Resultando I, Page 2 of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Page 000442 of the administrative file). In that sense, the crux of the established procedure aimed to determine culpability for authorizing, as a member of the CONAVI Board of Directors, a special procurement request to the CGR.
Now, particularly regarding the public interest of the work, the decision-making body ruled extensively on the matter and indicated: "...Although this Decision-Making Body recognizes the magnitude, relevance, and importance that the construction of the TCM represents for our country, the truth is that the complexity or difficulty involved in constructing National Route No. 257, which would allow the connection between Route No. 32 and the TCM, demanded a much higher level of attention and care from the institutional senior officials responsible for achieving the project, as the investigated parties were precisely, in their capacity as directors of the CONAVI Board of Administration. In this regard, it must be emphasized, as has been previously noted, that even though the summoned parties had full knowledge of the problems at the junction related to the construction of Route No. 257, they still authorized the Executive Director of CONAVI to go before the Controlling Body to request the application of the exceptional procurement procedure provided for in numeral 2 bis of the Law on Administrative Procurement (Ley de Contratación Administrativa) (proven fact No. 21). This was to the detriment of the public interest that the work was supposed to satisfy; because by authorizing Mr. Salom Echeverría to go before the Office of the Comptroller General, he was authorized to manage a special procurement procedure for a route that was not going to be functional and, therefore, would not be able to be used according to the needs demanded by the start-up of the TCM. This is because, as has been accredited in this procedure, there was an offset (desfase) at the connection junction between the TCM and the route to be built that, at the time of going before the Controlling Body, had not been resolved and of which the CGR was also not informed when presenting the referred procedure; indeed, on the contrary, in the request submitted by CONAVI, it was claimed that the project represented a definitive solution for access to the TCM, indicating that '(...) what is now intended with the special procedures that are the object of this authorization request is to select the contractors who will be in charge of the preliminary studies, design, construction, and supervision of the definitive works of National Route No. 257' (proven fact No. 22). Based on these considerations, the investigated parties acted to the detriment of the public interest in the performance of their duties, since in their capacity as senior officials of CONAVI, they should have ensured that when processing the exceptional procurement procedure for the road work to be built, it guaranteed effective connectivity between the points indicated, precisely to allow the effective transit of motor vehicles needing to enter or exit the TCM. In this sense, it must be remembered that numeral 4, subsection b) of the Law creating the National Council on Quality (Consejo Nacional de Calidad) establishes as part of the powers of said body to 'execute, through contracts, the works; the supplies and services required for the conservation and construction process of the entirety of the national road network,' which undoubtedly requires that each of the contracts and works to be developed must fulfill their intended purpose, as the purpose of National Route No. 257 was to allow the effective connection between the TCM and the national territory, specifically with the entrance to Route No. 32. It has been demonstrated that the investigated parties knew that this connection would not be possible due to the offset (desfase) that existed between both projects, of which they were repeatedly warned prior to discussing official letter No. DIE-07-2015-3554, sent by Mr. Mauricio Salom. Despite this, in the procedure approved by the Board of Directors and subsequently sent to this Controlling Body, it was expressly stated that: '(...) The TCM, as already indicated, is a strategic work for the country, and that work on its own is not functional because, necessarily, for its correct exploitation and operation, and therefore for the development of the public services provided there, it is essential that it be connected to the national road network, specifically with National Route No. 257 (...) Without that work, the operation of the TCM is not feasible under the terms required by the country. Hence the origin of the contractual obligation we have outlined, which is the ultimate reason of public interest that must be kept in mind.' (proven fact No. 22). Thus, although in the submitted procedure the public interest was claimed in relation to the construction of the indicated route—this being an indispensable requirement for the TCM to enter into correct operation—the truth is that this public interest could not have been addressed under the terms in which it was presented at the time before this Office of the Comptroller General, precisely because, due to the connection problems, additional land needed to be acquired and the necessary environmental permits needed to be processed before SETENA prior to being able to guarantee connectivity between the indicated route and the TCM (...)" (Emphasis ours). (Page 224 of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Page 000442 of the administrative file).
Similarly, it is necessary to point out that what refers to the on-time delivery of the work was not a matter of analysis in this process, and the Controlling Body emphasized this: "(...) it must be clear that, at no time, did this Body question the delivery or non-delivery of the project on time, as that is a matter not being investigated in this administrative procedure. However, it must be stressed that the duty of probity that applies to every public official requires acting at all times with a view to satisfying the public interest and institutional objectives. In this sense, the management process for each project, such as the construction of National Route No. 257, requires that collective needs be addressed in a planned, efficient, and regular manner (numeral 3 LCCEIFP), and these requirements go beyond the delivery of the product within the established timeframe. As has been demonstrated in this administrative procedure, the investigated parties approved and processed a request before the CGR to carry out an exceptional procurement procedure, even though they knew that the work to be built, due to the limitations present at that time, would result in a work ineffective for the project's purposes and unusable on its own. The foregoing reflects the transgression of the duty of probity due to the lack of adequate planning of the tasks to be carried out by CONAVI, which is attributable to its institutional senior officials. It is reiterated that the delay in the project's execution did not justify going to the CGR to request a direct procurement permit for a work that was known would not be functional, because the investigated parties, in their role as senior officials of CONAVI, had to act in accordance with the duty of probity at all times during the project's management, which included fully indicating the conditions of the work to be contracted. In the same vein, it is clarified that the investigated parties are not blamed for whether or not more economic resources were used in the development of the works, since that is a matter not forming part of the object of this administrative procedure; in any case, such situations—the cost of the work, its on-time delivery, and the fulfillment of the purpose for which it was built—do not eliminate the responsibility of the investigated parties for having processed, at the time, the application of an exceptional procurement procedure to build a work that would not be able to satisfy the public interest under the required terms; a procedure they carried out, moreover, omitting crucial information about the conditions of the project to be contracted, such as precisely the existence of an offset (desfase) between the TCM and National Route No. 257 (..)" (Page 244 of file 170317-2018 (DJ1559) CONAVI in folder Page 000442 of the administrative file).
This was confirmed in the revocation resolution: "...In this sense, Mr. Campos seems to forget that the works turned out to be useful and functional due to the subsequent steps that the new Executive Director of CONAVI had to take in 2017, with the aim of resolving the connection problems that remained regarding the construction of Route No. 257 (proven fact no. 36). In this sense, regardless of how the problems presented by the construction of the road network were later resolved, this does not exonerate in any way the responsibility he had in the exercise of his duties, as he approved going before the Controlling Body to request authorization to carry out an exceptional procurement procedure, despite the fact that, it is reiterated, he knew that the project presented very serious problems with the connection to the entrance of the TCM, a situation that was transcendental within the execution of the road work and that, nevertheless, was not addressed with the diligence expected from the appellant. (...)" (Page 570 of the administrative file).
In that sense, as it has already done, the plaintiff has merely focused on evading responsibility as an official and member of the CONAVI Board, and in this sense, their omissions justify the imposed sanction. They cannot excuse themselves on the grounds that the work ultimately turned out well, since that does not prevent a finding of a breach in their duty of probity and their legal responsibilities within their position.
The plaintiff, in a reiteration of all that has been stated, points out that the sanction is disproportionate and unreasonable. Additionally, in the following section—on procedural aspects—they again mention the same points (the complaint is extremely repetitive). As has been indicated, the sanction arises due to a lack of probity on the part of the plaintiff, and a clear disregard for the duties they held as a member of the CONAVI Board of Directors. It was accredited that they knew of the project offset (desfase) on Route No. 257, and that the failure to point out this deficiency in the voted "draft" was not an excuse on their part, given that, as has been noted, they were more than aware of it. Consequently, the stated arguments are rejected, as the sanction is based on duly verified factual and legal elements and according to Article 72 of the Organic Law of the CGR, which states: Article 72.- Prohibition of entry or re-entry of the offender. Anyone who has committed a crime or serious fault against the rules that make up the oversight system contemplated in this Law, or against property or good faith in business, may not be appointed to a position in the Public Treasury. This prohibition shall be in effect for a period of no less than two years and no more than eight years, at the discretion of the Office of the Comptroller General of the Republic, which shall resolve in view of the evidence of the case. (...) (Note from Sinalevi: Through Resolution No. 3869 of December 15, 2006, the Supreme Electoral Tribunal interpreted this article to mean that the prohibition provided therein is not applicable regarding the nomination and subsequent potential exercise of popularly elected positions).
As has been the pattern of the complaint, the party constantly makes repetitive and highly confusing statements; in this vein, in this section, we will make an effort to group the procedural aspects attributed to the process.
i. Regarding the formal notification and the charges: The plaintiff accused a violation of proper formal notification in the process, arguing that there is no timely, express, precise, clear, and detailed relation of the evidence, and that the Controlling Body is based on presumptions. Furthermore, they indicated that there was also no individualized, detailed, precise, and clear imputation of the facts. They then made a reiteration of everything previously stated about their knowledge of the project offset (desfase) and the voting on the draft agreement. This is evidently rejected. The process initiated by the CGR did carry out an imputation and formal notification adhering to due process. In this regard, it is essential to note that in Resolution No. DJ-0968 of 2:00 p.m. on July 24, 2018, which ordered the opening of the procedure against the plaintiff and others, the evidence and the imputed facts were presented with sufficient clarity and precision. In this vein, and to avoid repetition, recitals (considerandos) 1.3, 1.7, 1.9, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.31, 1.34, and 1.35 are cited (pages 11 verso to 23 of the administrative file), in which the facts and evidence related to the plaintiff were set forth. Even in the operative part (Por Tanto) V, a table with the description of the referred evidence is included. Additionally, regarding what was stated in relation to their knowledge of the project offset (desfase), the voting on the "draft agreement," or their participation in the subsequent CGR consultations, we refer to what was stated in the previous sections, this being a topic already extensively addressed. Consequently, there was proper formal notification and imputation in the CGR procedure.
ii. Regarding the principle of legality (tipicidad) in the administrative sphere: The plaintiff mentioned that their sanction was based on two "generic" rules: Article 3 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) and Article 113 of the LGAP, and that—in their words—both rules are very open and therefore the sanctioned conduct did not occur. They also mention that other rules were included in the final act. Likewise, they reiterate previously stated arguments regarding the vote on the "draft agreement" and the authorization from the CGR. This is rejected. As stated, the plaintiff tries to confuse the Court by showing it a sort of uncertainty or ambiguity that does not exist, and seeking to equate this matter to a criminal process. Regarding the point noted, it is necessary to indicate that, in the area of administrative sanctioning matters, the principle of legality is very different from its counterpart in punitive criminal matters. On the above, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has been prolific and extremely clear, and in this regard, Decision (Voto) No. 2019-16849 of 9:20 a.m. on September 6, 2019, is cited, which in turn referenced Judgments No. 2010-5894 of 2:57 p.m. on March 24, 2010, and No. 2013-16142 of 1:46 p.m. on December 4, 2013, which noted: "(...) The principle of legality is an application of the principle of legal reservation and requires the concrete delimitation of conducts that are made reprehensible for the purpose of their sanction. This principle constitutes a fundamental principle in disciplinary responsibility, but it does not operate in the same way as in the criminal-legal sphere, since the principles 'nullum crimen sine lege' and 'nulla poena sine lege' do not have the rigidity and strictness that characterizes them in substantive criminal law. The sanctioning activity of a criminal nature and that of a disciplinary nature correspond to different legal fields, and the parameters of discretion inherent to the exercise of administrative disciplinary power are broader than those of the State's criminal sanctioning power. Thus, in criminal law, regarding crimes, every penalty must be established by law with respect to the incriminated fact, excluding due to its generality any possibility of reference to so-called indeterminate legal concepts or open or indeterminate clauses; if the conduct is not fully defined, there is no penalty." But, in disciplinary law, by reason of the aim it pursues, which is the protection of the general social order and the subject matter it regulates—discipline—the determination of what constitutes a disciplinary infraction is less demanding than a criminal sanction because it encompasses acts that may be classified as a violation of the duties of the office, which in some legislations are not specified. Thus, the exercise of this power is discretionary, hence it is appropriate to apply sanctions for any breach of functional duties without those needing to be specifically detailed as sanctionable acts, for which reason the enumeration of punishable acts made via regulation does not have a limiting nature. This is so motivated by the variety of causes that may generate its application, the frequent imprecision of its precepts, and the sphere of application, which is not always clear from the literal wording of the precept, which is why breaches not specifically foreseen may be sanctioned discretionarily, but are understood to be included in the text, provided they result from the verification of the disciplinary breach, through a procedure created for that purpose. The disciplinary breach or infraction has been defined as a violation of the functioning of any duty inherent to one's condition, even when it has not been specifically defined, though it has been foreseen. The acts giving rise to disciplinary breaches are innumerable; since they depend on the nature of the behaviors or conduct of the "subordinate" subjects, behaviors or conduct that are truly unlimited in number given their variety, therefore the existence of three elements of the disciplinary breach is deduced: 1) a material element, which is an act or an omission; 2) a moral element, which is the imputation of the act to a free will; and 3) a formal element, which is the disturbance to the functioning of the service or the immediate or possible effect on its efficacy (see in the same sense, among others, judgments number 2007-015136, 2007-001391, and 2006-018169). Hence, the Administration may exercise disciplinary power in a discretionary manner and may apply sanctions without the breaches needing to be specifically detailed as sanctionable acts, given the variety of causes that may generate the application of the disciplinary or sanctioning regime for non-compliance with the duties that are required of them. (...)" Additionally, reference is made to what was stated in the final act of procedure No. 17037-2018 (DJ-1559), which, in determining the plaintiff's liability, stated: "(...) it has been sufficiently demonstrated that Mr. Campos Monge did not act with the diligence required of him by the legal system, given that even numeral 213 of the LGAP indicates that, for purposes of determining the existence and degree of fault of the public official, the nature and hierarchy of the functions performed must be assessed, which implies that the higher the official's hierarchy, the greater their degree of responsibility. That being the case; these reasons lead this Body to establish the gross negligence (culpa grave) with which the investigated person acted, thereby confirming the transgression of numerals 3 and 4 of the Law Against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, article 1, subsection 14 of the Regulation to that same Law, 113 of the General Law of Public Administration, 2 bis of the Administrative Procurement Law, article 1, subsection e) of Executive Decree No. 33146, and numeral 4 of the Law Creating the National Road Council" (Page 296 of file 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI in folder Folio 000442 of the administrative file). That the foregoing is fully consistent with what was stated regarding the formal notification of the proceeding: "The determination of liability in this proceeding could result, for Messrs. Mauricio Salom Echeverría, Carlos Segnini Villalobos; Giselle Alfaro Bogantes, Christian Campos Monge; Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Nelson Gómez Barrantes, and Jorge Solano Jiménez, in a sanction ranging from a written reprimand published in the Official Gazette to separation from any public office they may hold, without employer liability, all in accordance with numerals 113 and 211 of the General Law of Public Administration (Law No. 6227), articles 3, 4, and 39 of the Law Against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office (Law No. 8422), and article 2 bis of the Administrative Procurement Law (Law No. 7494). In addition to the prohibition from entering or re-entering Public Treasury positions for a period of 2 to 8 years provided for in article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Law No. 7428). The imposition of said prohibition also results in the immediate cessation, without liability for the State, of the exercise of any Public Treasury position to which the investigated persons may be appointed." (Folio 86 of the administrative file). That being the case, reference is made to what was noted in resolution No. 220-2018 (DJ-0014), which reviewed the appeal for revocation filed by the plaintiff: "(..) In that sense, no additional rules were used that could have represented a violation of the rights held by the investigated person; quite the contrary, the present proceeding has been carried out in adherence to the principles of due process and right of defense that protect the investigated person. Proof of this is that the appellant does not expressly cite which those rules are that he estimates were added by this Body, his allegations thus being unaddressable and unfounded. (...)" (Folio 573 of the administrative file). According to the foregoing, there is no type of excess or deficiency in relation to the principle of specificity (principio de tipicidad) alluded to, by virtue of the fact that it was issued within the rules of administrative due process. iii. Regarding culpability in the proceeding: That the plaintiff limits himself to indicating that there is no culpability on his part, by virtue of the fact that, according to an audit report from the MOPT, it pertains to the Joint Commission for the construction of Route No. 257. Thus, as he did previously, the party once again attempts to shift his responsibility as a Director of CONAVI, with the prerogatives that implies, and transfer it to other officials and entities. In this line, everything stated above is reiterated, in relation to numerals 113 of the LGAP and 3 of the Law Against Corruption, as well as what was resolved in resolutions numbers DJ-1559 and DJ-0014. Therefore, the culpability of the plaintiff is amply accredited in the proceeding. iv. Regarding "Additional appraisals on the notification of charges and the resolution of the deciding body": The party reiterates subjective arguments about his considerations, which have already been amply analyzed, and to that extent, it is necessary to indicate that throughout the proceeding, due process and the plaintiff's right of defense were respected, therefore, any related manifestation is rejected. Ergo, there is no breach whatsoever, as alleged in the lawsuit. VI. REGARDING THE AUDIT REPORT FROM THE MOPT: That the plaintiff mentioned that the audit report from the MOPT made clear the project coordinates and that these were the ones approved by SETENA (an entity that is not a party to this proceeding), and therefore he could not vary the approved route. Additionally, he indicated that the concessionaire varied the coordinates that had been approved in the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental). He then returns to already repeated statements about the non-warning by the technical unit, about his vote on the "draft-agreement," and the responses to the CGR. On this topic, the CGR pronounced in resolution No. 220-2018 (DJ-0014), when it stated: "In relation to the allegation that 'the Internal Audit report of the MOPT reveals the preponderant and vital role of the CNC, which the Deciding Body overlooks in its analysis of liability in order to concentrate it on him and the other members of CONAVI's Board of Directors,' it must be clarified that this Body, in the analysis of liability carried out in the act appealed here, set forth in detail the factual and legal basis that led to attributing to Mr. Campos the violation of the rules of which he was formally notified, at which time it was indicated: '(...) Mr. Christian Campos Monge, acting in his capacity as Director of CONAVI's Board of Administration, through article 2 of the minutes of session No. 1274-2015 of CONAVI's Board of Administration, proceeded to approve the proposal submitted by the Executive Director of CONAVI through official letter No. DIE-07-2015-3554 of December 15, 2015, which corresponded to a draft for requesting authorization from the Comptroller General of the Republic to promote a special administrative procurement procedure for the development of the project National Route No. 257 Access to the Moín Container Terminal' (proven fact No. 21). This despite the fact that Mr. Campos was aware that the project, in the manner in which it would be presented to the Comptroller Body, would not be functional. The foregoing by virtue of the fact that there was a misalignment (desfase) at the junction between Route No. 257 and the entrance to the Moín Container Terminal, which caused the required connection that would allow motor vehicles to transit from the MCT to the national territory not to occur between the two projects, a situation that was not reported to the Comptroller Body when carrying out fewer procedures.'" (folio 567 of the administrative file). Likewise, what was stated in the same resolution regarding the contractor's liability attributed by the plaintiff is reiterated: '(...) the argument presented to the effect that the Body failed to rule on the preliminary studies that were the responsibility of the contractor and the contractor's duty to carry out this type of initial studies or services is unfounded, as it being the duty of the consultant or contractor to warn if any element of the bidding terms initially, and later in the execution with preliminary studies, did not fit with the correct technical data,' given that it is unfounded to transfer to the contractor the obligations that the appellants held as heads of CONAVI. In this regard, bear in mind that long before the procurement of the referred preliminary studies was carried out, the investigated person was warned of the connection problems presented by the construction of Route No. 252, it not being the contractor's obligation to warn of a problem that was already more than known to the investigated person. On this particular, it is insisted that the appellant was aware of the existence of said problems prior to casting his affirmative vote by approving the "draft" of the proposal for requesting authorization before the Comptroller General of the Republic, therefore being responsible for the content he authorized, because despite the clarity he had regarding the referred problem, which he discussed and analyzed in different sessions, the truth is that he did not even consult about the measures or actions that had been adopted in relation to the matter. (..)" (Folio 570 of the administrative file). Likewise, on the recurring topics, everything noted in previous sections is reiterated. VII. REGARDING THE CONTENT OF THE MINUTES: That the issue of the minutes has been amply set forth, and reference is made to what was indicated in point II of the response, without prejudice to what has been indicated, it is reiterated that the minutes are pertinent for the accreditation of the meetings held by the Directors and, in particular, by the plaintiff. Moreover, the plaintiff did not prove in the administrative proceeding, and could not do so now, any contrary evidence that would detract from their value as public documents, valid and effective (let us recall they were certified by CONAVI). Then, again (it is not the custom of this representation to be so repetitive, but due to the manner in which the lawsuit is presented, it is necessary), reference is made to what was also noted in point II of this response, in relation to the fact that the CGR accredited the plaintiff's participation in CONAVI Board meetings on April 27, 2015, June 22, 2015, July 30, 2015, and September 14, 2015, where the issue of the misalignment (desfase) of Route No. 257 was discussed, including the environmental feasibility or a possible land purchase. Additionally, it is necessary to reiterate that the plaintiff intends for other persons (technicians, engineers) or entities (Concesiones, Concessionaire) to assume the responsibility that he, as a Director of CONAVI, had, a responsibility that was granted to him by law, in accordance with the provisions of ordinals 4 and 5 of the Law Creating CONAVI, article 6 of the Regulation of Organization and Functioning of the National Road Council, and numeral 113 of the LGAP. VIII. REGARDING THE "CONVENTIONAL AND CONSTITUTIONAL REACHES THAT SUPPORT THE INFRINGEMENT OF MY HUMAN RIGHTS TO WORK, TO HAVE A REASONED AND PROPORTIONAL ADMINISTRATIVE ACT, TO ASPIRE TO PUBLIC OFFICES INCLUDING THOSE OF POPULAR ELECTION.": That the plaintiff sets forth a series of "infringements" of his constitutional rights (according to his saying); among them—in his words—the lack of a reasoned administrative act, violations of due process, of his human right to hold public office, the principle of innocence, and a proportional sanction. Firstly, regarding the reasoning (motivación), it is sufficient to indicate that resolutions No. 17037-2018 (DJ-1559) (final act of the proceeding), No. 220-2018 (DJ-0014) (appeal for revocation), and No. R-DC-61-2019 (DC-0185) (appeal), are not only correctly reasoned, but are extensive in analyzing the plaintiff's responsibility. That what is noted by the plaintiff is nothing more than subjective statements to try to support his lawsuit; he does not include in them a single element of value that would even allow the lack of reasoning to be analyzed, therefore, what is noted is rejected. Regarding due process, we have already had the opportunity to refer to different statements about alleged grievances, in particular in section V of this memorial, for which reason they are fully reiterated. Now, regarding his right to hold public office, the plaintiff forgets that no constitutional right is unrestricted, and thus we can find in doctrine and jurisprudence innumerable cases in this regard; however, regarding the matter at hand, reference is made to Legal Opinion No. C-183-2007 of June 11, 2007, from this Office of the Attorney General, in its exercise as the Technical Consultative Body of the Public Administration, which stated—in the pertinent part—the following: "A. ACCESS TO PUBLIC OFFICE: A FUNDAMENTAL RIGHT: In its judgment No. 3529 of 9:00 a.m. on July 12, 1996, the Constitutional Court established that, even though our Fundamental Charter does not expressly contemplate it, our Constitutional Law recognizes a fundamental right of access to public office. In the referenced decision, the Constitutional Chamber considered that the right of access to public office is a necessary consequence of the principle of equality that guarantees equal opportunities for all persons to aspire to public offices and functions. It must be highlighted from the cited resolution that, in accordance with the understanding of the Constitutional Chamber, the fundamental right of access to public offices and functions should not be understood as circumscribed to popularly elected offices or representative offices, but is extensive to all public offices and functions. Conducively, the judgment under comment indicated: "III. We must now address the issue of the right of access to public office. Unlike what happens in other latitudes, the Constitution does not contain any article where the existence of a fundamental right to access public functions and offices is expressly recognized. Even in cases where that right is explicitly recognized, it may be conceived—as a fundamental right capable of protection, then; through the amparo remedy—limited to access to popularly elected offices (Bear in mind, however, what is provided in Art. 23 of the American Convention on Human Rights). Nonetheless, constant resolutions of this Chamber have declared, expressly or implicitly, the existence of that right as a fundamental right, understanding that it is an indispensable and unavoidable corollary of the principle of equality that permeates various constitutional positions and is the substratum of various rights of that nature, of the right to work, and in essence, of the democratic character of the national community. Consequently, it is hardly necessary to insist on the recognition of the right of all to access public office—and not only those of popular election—under conditions of equality, discounting, of course, the regime of requirements applicable in each case." Thus, in public office matters, the principle derived from the 1789 Declaration of the Rights of the Citizen is that of equal access to all public employment. International Human Rights instruments have echoed said provision, enshrining the right of access to public employment (article 21 of the Universal Declaration of Human Rights "Everyone has the right of equal access to public service in his country," article 25(c) of the International Covenant on Civil and Political Rights, and 23 of the American Convention on Human Rights). Like other fundamental rights, that of access to public office is not unrestricted. On the contrary, it is settled to state that it is possible to impose requirements to access a specific office or exercise particular functions. This has been the criterion adopted by this Consultative Body, which in its Legal Opinion C-61-2001 of March 6, 2001, warned that access to public office is determined by the fulfillment of certain requirements, which must be pertinent in relation to the office and functions, as well as reasonable, without obviating that they must attend to the suitability and probity of the candidate. We transcribe, in the relevant part, the opinion in question: 'The condition for said access is determined by the fulfillment of the particular requirements pertaining to each of the positions or employments in question. Conditions that cannot be such that they tend to reasonably make the right of access impossible. So that when defining the conditions required for access and performance of the office, the State must ensure that those interested are capable of satisfying the public interest, for which it will require the professional, technical, or personal qualities that the position objectively requires. As a consequence of the foregoing, no statement can be made based on criteria other than technical and moral suitability for the performance of the office. From which, in principle, the admission criteria to public office must be based on suitability for the performance of the position and on criteria of probity indispensable in the management of public affairs.' (Emphasis is ours). Regarding the foregoing, it is of interest to highlight that the exercise of a public office represents not only a right but an enormous number of duties and obligations, in which evidently is the responsible exercise and in accordance with the highest standards of probity. In accordance with the foregoing, we find one of the limits to the exercise of the right to hold public office, and that is when breaches of the duty of probity have been proven, as happens particularly in the matter at hand. In that sense, there is no violation of the plaintiff's fundamental right, by virtue of the fact that it is on record that his exercise in office was not adequate, and moreover, he breached the legal duties that corresponded to him in the exercise of his functions, as indicated by the CGR. In relation to the principle of innocence, the party has been able to mount a defense of his interests in the proceeding before the CGR, so much so that three resolutions were issued: the final act, the review of the appeal for revocation, and finally, on appeal, the appeal before the Comptroller's Office. In that line, it is reiterated that there has been due process in accordance with law and therefore there is no violation whatsoever in this regard. Regarding the decision of the First Section of the Contentious-Administrative Court No. 104-2019-1, which he cites, it is necessary to note that it is merely one judgment (not yet final), without there existing in this regard—and after an analysis of the case—a jurisprudential criterion on the matter. Let us remember that jurisprudence implies a series of repeated rulings on an issue, issued by a Superior Court. In any case, the decision—I repeat—is not final, by virtue of the fact that it was appealed, and has not been resolved. Finally, regarding the proportionality of the sanction, it is reiterated that it is based on a valid, effective legal norm in force, which is ordinal 72 of the Organic Law of the CGR, which is why his claim is unfounded. IX. REGARDING THE ALLEGED DAMAGE OF MORAL HARM CAUSED: That in this last section, the plaintiff alleged the existence of moral harm (daño moral), which he attributes to various media outlets for information they published. According to what was noted, we must indicate, first of all, that the referred media are third parties unrelated to the State. Then, there is not a single imputation to an act or omission of the State that is related to the published news; ergo, my represented party has no relationship with or participated in any way in the issuance of that information. Without prejudice to the foregoing, it is necessary to point out the following: To determine the existence of a potential patrimonial liability of the State, three basic prerequisites must necessarily be present, without which its recognition is not possible: I. The existence of an action or omission by a public entity. II. The production of damage that the injured subject does not have the duty to bear and that has as characteristics being effective, real, economically assessable, and individualized. III. The existence of a causal relationship between the administrative action or omission and the inflicted harm, that is, that there exists a direct cause-and-effect relationship between the act attributed and the harm produced. Regarding the first assumption—State action or omission—the State has at no time performed any action or omitted anything that generated any economic harm or prejudice to the plaintiff. In that sense, as has been mentioned from the beginning, the State's participation in this case is really in application of numeral 12, subsection 5, sub-subsection a) of the CPCA. In any case, what the plaintiff questions results from the plaintiff's own actions or those of third parties unrelated to the State, ergo, fault of the victim and act of a third party. Now then, regarding the production of harm, it does not exist, and in any case, it is not the responsibility of the State, insofar as the conducts he ultimately questions are those of the CGR. Thus, evidently, there is also no causal nexus (nexo causal). The factual picture presented by the plaintiff lacks the essential elements of administrative liability, which is the existence of the causal nexus or causal relationship, which constitutes the "bridge" between the administrative conduct and the harm produced, that is, between the Administration and the administered party. Consequently, in the present case, there is no conduct that can be reproached to the Administration; in any case, with the concurrence of the act of a third party and fault of the victim, the breaking of the causal nexus originates, and consequently, the liability of the Administration is extinguished (which, I repeat, in the State's case is nonexistent in any event). Therefore, in accordance with numerals 190 and 196 of the LGAP and 41.1.1 of the Civil Procedure Code and 220 of the CPCA, we reject the existence of any type of "moral harm." IV.- PROVEN FACTS: As such and of importance for the outcome of the present matter, the following are held: 1) That Mr. Christian Campos Monge participated in the work sessions of CONAVI's Board of Administration held on April 27, June 22, and September 14, all of the year 2015 (See images 650 to 653 of Volume 1 of the administrative file CGR-PA-2018004426). 2) That in the Minutes of Ordinary Session No. 1229-15 held by the Board of Administration of the National Road Council on July 30, 2015, with the attendance of the Directors: Eng. Giselle Alfaro Bogantes, Vice President, Lic. Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Director, Lic. Mónica Navarro Del Valle, Director, Lic. Christian Campos Monge, Director, Eng. Mauricio Salom Echeverría, Executive Director a.i., Lic. Magally Mora Solís, Secretary of Minutes, and Lic. Gabriela Trejos Amador, Manager a.i. of Legal Affairs Management; in point 4.2) it was indicated: "Provisional Access to the Moín Container Terminal: In another vein, Director Campos Monge reports that the Manager of APM Terminals is raising concerns regarding the progress on the provisional access to the MCT; therefore, he requests Eng. Salom to prepare a report on the matter for the next session. He adds that UCCAEP is evaluating providing a more visible accompaniment for follow-up, due to the importance of that road. The Vice Minister indicates that there is currently the accompaniment of the Presidential Office, and since she took office, she has been following up on the project; however, the issue is complicated because CONAVI must defray $70 million that it does not have. She adds that there are indeed 22 months of deadline to fulfill that condition precedent, because otherwise, the discount of $20 per container is lost. Moreover, she comments that today, in a meeting she held with ICE officials, she made it clear to them that it was not possible for them to run the high-tension line over the road structure, because 6 meters of the right-of-way would be lost, therefore, what could be granted to them was the use under precarious title on the area remaining in the right-of-way, but not on the structure's platform. On the other hand, the matter of how to resolve the environmental license issue is being analyzed, since, by virtue of APM progressing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final design of the route layout, and now there is an 80-meter misalignment (desfase), so the Administration must adjust it; and because of that, according to Setena, a new environmental assessment or a modification of the project must be done; on this, ICE offered to collaborate with a legal opinion on the matter. She concludes by indicating that coordinated work is being done to manage to resolve all these issues. It is noted." (See page 3 of the Minutes of Ordinary Session No. 1229-15 held by the Board of Administration of the National Road Council, at the National Road Council on July 30, 2015, provided in digital version). 3) That Mr. Christian Campos Monge, as a member of CONAVI's Board of Administration, concurred with his affirmative vote in the session held on December 18, 2015, article 2 of minutes No. 1274-2015, by which it was requested—without this being a comprehensive solution—from the C.G.R. authorization to process a special procurement procedure in accordance with the provisions of articles 2 bis, subsection c of the LCA and 146 of its Regulation (Tendered Direct Procurement - Contratación Directa Concursada) for the selection and procurement of a company or consortium of companies for "The Execution of Preliminary Studies, Design, and Construction of National Route No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (MCT)." A procedure that was approved by the Administrative Procurement Division of the C.G.R. by official letter DCA-0411 (02184) of February 12, 2016, and awarded by that Council on June 30, 2016, in its session No. 134, art. 4 to the company CONSORCIO ATLÁNTICO, for an amount of $71,857,857,500.00 dollars. (From the case file). 4) That in order to correct the existing misalignment (desface) in the connection between National Route No. 257 and the Moín Container Terminal; by official letter DIE-07-17-1081 of April 18, 2017, a request was made to the CGR to modify the scope of "Direct Procurement No. 2016CD-000026-00DIE," and the Administrative Procurement Division of the C.G.R. by official letter 07467 (DCA-183) of June 30, 2017, authorized CONAVI to partially modify the contractual object of "Tendered Direct Procurement No. 2016CD-000026-0DE00," and for this reason, the "Cooperation Agreement for the development of the connection works between the Moín Container Terminal and National Route No. 257" was signed, and on July 10, 2017, Work Modification Order No. 1 was formalized for an amount of $5,397,194.72 (five million three hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-four dollars and 72/100), for a variation of 7.51% of the original contractual amount. (From the case file). 5) That the Comptroller General of the Republic initiated a preliminary investigation and, through Report DFOE-1FR-1P-00001-2018 of June 21, 2018, recommended the opening of a proceeding against the plaintiff, among other members of CONAVI's Board of Administration, due to the existing misalignment (desface) in the connection of National Route No. 257 and the Container Terminal. (See images 1 to 133 of the evidence provided on CD). 6) The Comptroller General of the Republic, by resolution number 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m. on July 24, 2018, initiated the sanctioning administrative proceeding under file No.
CGR-PA-2018004426, against the plaintiff (and other members of CONAVI's Board of Directors and its former Acting Executive Director) in which he was charged with having concurred with his affirmative vote in session No. 1274-2015 held on December 18, 2015, in which that Board approved the proposal presented by the Executive Director of CONAVI via official communication No. DIE-07-2015-3554 of December 15, 2015, "Draft for the request for authorization to the Comptroller General of the Republic to promote a special administrative contracting procedure for the development of the project Ruta Nacional No. 257, Access to the Moín Container Terminal." Presenting said action as if it were the final solution to satisfy the public need for connection as a functional access route between Ruta Nacional No. 257 and the new Moín Container Terminal, despite his knowledge that what was being processed did not ensure the required connection, whereby his actions violated ethical principles such as transparency, good faith, and probity. (See Volume I, images 14 through 175 of the administrative file CGR-PA-2018004426). 7) The Comptroller General of the Republic, by resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) at 1:30 p.m. on November 27, 2018, regarding Mr. Christian Campos Monge, ordered: "RESOLVES: I. To declare Messrs. (...) Christian Campos Monge, administratively liable to a degree of gross fault, reason for which it is bindingly ordered to sanction them with the impediment provided for in article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, consisting of the prohibition of entry or re-entry to Public Treasury positions for a period of TWO years, with the consequence of the immediate cessation of any Public Treasury position they hold. Said prohibition period shall begin to be counted from the business day following the date on which this final act becomes final." (See folios 1 through 341 of the digital images provided on CD). 8) Against the preceding resolution, the plaintiff filed a motion for reversal with a subsidiary appeal. The motion for reversal was rejected by the Deciding Body, and the appeal suffered the same fate by resolution of the Office of the Comptroller General of the Republic through resolution No. R-DC-61-2019 of June 19, 2019. (From the court record). 9) That the sanction imposed was registered in the Sistema de Registro de Sanciones (SIRSA) of the Contraloría General de la República, and published in the Diario Oficial La Gaceta No. 141 of Monday, July 29, 2019. (Uncontested fact).
V.- UNPROVEN FACTS: 1) That the Comisión Mixta COSEVI-CNC, formed by the Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial under the charge of Eng. Andrea Soto Rojas and the Unidad Ejecutora TCM of the CNC, when preparing and submitting for the knowledge of the Executive Director and the Board of Directors of CONAVI the official communication No. POE-01-2015-1107 of December 15, 2015; intentionally misled the plaintiff into error, so that he would concur with his affirmative vote in the request for authorization to process before the C.G.R. 2 special contracting procedures (articles 2bis, subsection c of the LCA and 146 of its Regulations). The first for the selection and hiring of a company or consortium of companies for "The Execution of Preliminary Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)" for an amount of 78 million dollars and the second for the selection and hiring of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 5,500,000 dollars. An agreement that was adopted by the Board of Directors of CONAVI at its session on December 18, 2015, article 2 of record No. 1274-2015. (There is no evidence to that effect). 2) That the administrative act adopted by the Board of Directors of CONAVI at its session on December 18, 2015, article 2 of record No. 1274-2015, ---in which the plaintiff concurred with his affirmative vote---, by which the C.G.R. was requested authorization to process 2 special contracting procedures (articles 2bis, subsection c of the LCA and 146 of its Regulations), for the selection and hiring of a company or consortium of companies for "The Execution of Preliminary Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)" for an amount of 78 million dollars and for the selection and hiring of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 5,500,000 dollars; was consistent with or served the satisfaction of the public interest as required by article 113 of the LGAP. (There is no evidence to that effect).
VI.- ON THE MERITS: In a rather repetitive articulation, the plaintiff filed a plenary lawsuit requesting that the judgment declare the nullity of: 1) The opening order issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Comptroller General of the Republic under resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) at 2:00 p.m. on July 24, 2018, which initiated the administrative procedure under No. CGR-PA-20180044261. 2) The final act of the procedure issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Comptroller General of the Republic under resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) at 1:31 p.m. on November 27, 2018. 3) The confirmatory resolutions of the final act Nos. 220-2019 (DJ-0014) at 3:30 p.m. on January 11, 2019 (which rejected the motion for reversal) and R-DC-2019 (DC-0185) at 1:00 p.m. on June 19, 2019, from the Office of the Comptroller General of the Republic (which rejected the appeal) and all other related acts and resolutions. Regarding his pecuniary claims, he requested that the State and the C.G.R. be jointly and severally condemned to pay the sum of 60 million colones for objective and subjective moral damages and for the damages and losses caused, which he reserved to be liquidated in the execution of judgment. Very specifically, the plaintiff alleged that the C.G.R. imposed a sanction of disqualification from holding public office for a period of 2 years on him, because being a member of the Board of Directors of CONAVI at the session held on December 18, 2015, second article of record No. 1274-2015, he concurred with his vote to adopt the agreement by which authorization was requested from the Comptroller General of the Republic to proceed with a direct competitive procurement for the "Execution of Preliminary Studies, Design, and Construction of Ruta Nacional No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)" for an amount of $78 million dollars and the second for the selection and hiring of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of $5,500,000.00 dollars. However, the plaintiff claimed that the C.G.R., in its decision against him, violated: 1) His right to due process, specifically his right to be duly charged with the facts and accused of the fault attributed. 2) The principle of proportionality and rationality of the sanction, since it did not make an objective assessment of the facts attributed and the exculpatory evidence that he provided for that purpose. Regarding the violations claimed concerning the administrative acts he requested be annulled, he accused the Deciding Body of not objectively assessing the exculpatory evidence he provided, namely: 1) The "Internal Audit Report of the MOPT," from which it is reliably inferred that the coordinates used in the contracting process for the development of the works, ---on which the agreement was adopted by the Administrative Board of CONAVI---, were supplied by the CNC. 2) That the "draft of the agreement" submitted to the Administrative Board of CONAVI for its approval had the necessary technical endorsements from the Comisión Mixta (CNC-CONAVI) and from Eng. Andrea Soto Rojas in her capacity as Manager of the "Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" (which included the project called TCM); however, the existing misalignment in the connection area was never pointed out. 3) That although Eng. Soto Rojas, through official communication POE-01-2015-0359 of April 19, 2015, informed Mr. Mauricio González Quesada, Vice Minister of Infrastructure and Concessions of the MOPT, of this situation, said warning was not known by the Administrative Board. 4) That the Deciding Body gave probative value to the "minutes" of the working sessions, which lack such effects, as they are not signed, nor do they indicate who their author is. He indicated that his actions were always governed under principles of good faith and administrative probity, and that had he known of that situation, he would have requested the withdrawal of the authorization request. That his actions were always directed at fulfilling efficiency and effectiveness in public management and the correct administration of public funds, and that the work was constructed in its entirety with the funds that were approved according to the authorization requested, therefore there was no pecuniary damage, and the work is currently one hundred percent operational. That, because of this, the imposition of the contested sanction is not justified, which caused him a series of both moral (subjective and objective) and constitutional damages, since the imposed sanction nullified his ability to apply for positions such as Comptroller, Magistrate, etc. In this way, the plaintiff basically alleged defects in the proceedings regarding due process, concerning his right to be duly charged with the facts and accused of the faults; he alleged an erroneous assessment of the exculpatory evidence provided and a violation of the principles of reasonableness and proportionality regarding the sanction imposed. Chamber's Opinion: In the case under analysis, it is this Chamber's opinion that the lawsuit must be rejected for the reasons indicated below: a) On the responsibility of public officials in general and the oversight of the Public Treasury: Article 11 of the Political Constitution states: "Public officials are simple depositaries of authority. They are obliged to fulfill the duties imposed upon them by law and cannot arrogate to themselves powers not granted by it. They must swear an oath to observe and comply with this Constitution and the laws. The action to demand criminal liability for their acts is public. The Public Administration, in a broad sense, shall be subject to a procedure of results evaluation and accountability, with the consequent personal liability for officials in fulfilling their duties. The law shall indicate the means so that this system of results control and accountability operates as a system covering all public institutions." (Thus reformed by article unique of Law No. 8003 of June 8, 2000). This article enshrines the principle of legality to which public officials in general are subject, and in particular the functional duty of these to account for their management, without any official being immune to such control. Now, coupled with this obligation of public officials to account for their management, the Constitution's framers, referring to the control and oversight of the public treasury, provided in article 183 of the Constitution: "The Comptroller General of the Republic is an auxiliary institution of the Legislative Assembly in the vigilance of the Public Treasury..." In addition to that constitutional norm, the ordinary legislator has enacted over time a set of regulations comprising the so-called "Ordenamiento de Control y de Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública." Among these regulations we have: 1) The "Ley Orgánica de la Contraloría General." 2) The "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos." 3) The "Ley General de Control Interno." 4) The "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública." 5) The "Ley de Contratación Administrativa." 6) The Ley General de la Administración Pública, etc. Regulations that clearly establish the liability that all public officials have in the exercise of their functions, without any exception. That among that type of liability are administrative, civil, and criminal liability, none of which are mutually exclusive. Regarding the sanctioning authority of the Contraloría General de la República, the jurisprudence of the Sala Constitucional has stated that said power conforms to constitutional law, for example, it stated: "...In this sense, the Sala Constitucional has recognized the CGR's sanctioning power, not disciplinary or hierarchical, which it can exercise against all public officials, in the exercise of its vigilance and oversight competences over the Public Treasury. It has been established thus when it indicates that: '...the sanctioning power recognized to this constitutional body does not derive from a hierarchical or labor relationship; that is, the sanctions it exercises are not disciplinary, but the faculty of superior vigilance and oversight of the Public Treasury.' (SCV 2003-13140) The sanctioning competence of the CGR is related to the foundation that creates it, as it was created: 'to judge acts of public agents and to oppose resolutions issued by the very power they depend on, insofar as these go against the correct use of public funds. The broad work of the Comptroller General of the Republic has already been highlighted by this Court in innumerable judgments...' (SCV 2009-008920). Now, the CGR's sanctioning power being indisputable, it is now appropriate to specify that the passive subject that can be the object of sanctions by the CGR is very broad, encompassing public servants in a broad sense as well as private natural and juridical persons. Thus, the margin of control and oversight of the public treasury, carried out by the Contraloría General de la República, covers all State organizations ---in a broad sense--- and even, as the Sala stated, includes subjects of private law. At a second level, we have that public officials find themselves in a special relationship of subjection with the Administration. That is, due to their status as public officials, they are subject to a series of regulations, to which they voluntarily submit when they agree to hold a position in public management. In this way, they are subject to a special liability regime. In this sense, the Sala Constitucional has reiterated in its jurisprudence that: '...II. THE DISCIPLINARY POWER OF THE STATE. Within the State's own powers –and of the Public Administration in general– is the sanctioning power, which can be classified into a corrective power and a disciplinary power. The first aims to sanction infractions against the orders or mandates of the Public Administration, that is, the unlawful actions or omissions of individuals, whether or not they are public agents, and the content of the norms regulating it constitutes administrative criminal law. The second has as its exclusive objective to sanction violations by public agents of their functional legal duties, and the content of the norms regulating it constitutes disciplinary criminal law. This regime is a species of the State's "sanctioning" power, from which it derives; a power that is inherent and characteristic of the Public Administration, translating into the faculty of at least a "minimum" of power for it to apply disciplinary sanctions to its officials or employees when they fail in their duties. Disciplinary power is inherent to any public or private organization, that is, it is not exclusive to the Public Administration, as it is an essential power for the orderly management of public and private responsibility, but its foundation is diverse. Thus, private disciplinary power is founded on a civil obligation, by virtue of the juridical equality of the parties that informs all private law legal relationships. Thus, for example, it occurs in the family, with parents exercising that power not only for the correction of children but also for the preservation of the family's moral unity, and the reprimand is not for what was done, but so that it is not done again; in the private labor field –industrial and commercial–, it is exercised by the employer in defense of the regularity of the work sphere; in professional associations, etc. In contrast, the disciplinary power of the public sector is created by virtue of a bilateral act, but in its development, the public official's activity remains exclusively subject to the will of the Public Administration, from the creation to the extinction of the relationship, so that the servant finds themselves in a status of special dependence with respect to the State. The individual voluntarily accepts the appointment but places themselves in a sphere of subjection with respect to the Administration, regulated by objective law, where the situation of juridical inequality of the parties in the public employment relationship is unquestionable; the Public Administration therefore assumes a superiority or preeminence that translates into hierarchical power, the correlative of which is disciplinary power. This power, by its very purpose, stops at the circle of the agent's functional duties, and therefore, disciplinary sanctions cannot juridically be imposed except during the existence of the employment relationship, that is, while the dependency status lasts. Therefore, disciplinary power and its sanctions are always conditioned on the legal exercise of public employment or function, meaning that, without the vinculum iuris between the Administration and the agent, disciplinary sanctions are inapplicable. III. TYPES OF LIABILITY OF PUBLIC OFFICIALS. Disciplinary liability presupposes a disciplinary power of the Administration. The vinculum iuris that exists between the Public Administration and the public agent or servant necessarily implies a series of duties and rights, so that the transgression of the former determines the employee's liability, which is regulated or disciplined distinctly by law according to the legal nature of the liability. The transgression of a duty can be caused by an action or omission, which produce harmful effects for the Administration (internal) or for the administered parties or third parties outside the public employment relationship (external); these acts or omissions are relevant insofar as the infraction consists of the non-compliance with a duty of the function or employment, which consequently causes liability and its correlative sanction. The transgression of a duty does not always have univocal effects, as it may consist of the violation of a merely disciplinary norm, without other consequences, or it may constitute a crime (criminal law), or it may involve the pecuniary compensation for the damage caused. This multiplicity of effects determines the different classes of official liability: disciplinary or administrative, criminal, and civil or pecuniary. These liabilities are not mutually exclusive, so that the same act violating a servant's legal duty can generate the three types of liability, and therefore, three different types of sanctions. Here the principles of "non bis in idem" or "noter in idem" are inapplicable because they are three distinct genera of liability, each with its own domain; the three liabilities have specific and unmistakable purposes, so that the classical principle would be violated only in the event of liabilities and sanctions of the same species. [...] [In this sense, see judgments number 484-94, of twelve o'clock on July eighth, nineteen ninety-four].' In light of the foregoing, the application of the disciplinary regime is limited to the individual's activities in their capacity as a public agent or official, to compel and ensure, preventively and repressively, compliance with the legal duties of the employment, function, or position. Thus, the faults generating this liability are many and varied, such as, for example, negligence (desidia), apathy, carelessness, absenteeism, incorrectness with superiors, equals, or subordinates and with the public, irregular social conduct, lack of probity, abandonment of position, etc., which according to their severity are classified as minor, serious, or very serious..." (VSC-2005-02995 of two forty-one p.m. on March sixteen, two thousand five). Note that in said ruling, the Sala established a series of causes that generate liability and are subject to the imposition of a sanction, such as, but not limited to, acting with negligence (desidia), apathy, carelessness, absenteeism, incorrectness with superiors, equals, or subordinates and with the public, irregular social conduct, lack of probity, abandonment of position, etc. Regarding the liabilities of the heads of State institutions, it is appropriate to cite what this Court indicated in judgment No. 101-2015-I of 1:05 p.m. on October 14, 2015: "...From the detailed examination of the sanctioning administrative action PA-36-2011 issued on June 13, 2011, it is specifically outlined which regulations imposed obligations on the plaintiff in her capacity as a public official and the highest head of the Ministerial portfolio. Contrary to what was affirmed by the plaintiff's representative, in the matter of administrative sanctioning law, unlike criminal law, as the Sala Constitucional has repeatedly established (see previous citation), the fault attributed to the public official in the non-compliance or non-observance of their obligations does not necessarily have to be pre-established in detailed form, but rather the obligation to carry out the functions entrusted to them for the attention and satisfaction of the public interest. As referenced in the sanctioning administrative act, the obligations and infractions are contemplated in the following legal instruments: The Ley de Control Interno in its article 39 establishes the "Causes of administrative liability. The head and the subordinate titleholders shall incur administrative and civil liability, when applicable, if they unjustifiably fail to fulfill the duties assigned in this Law, without prejudice to other causes provided for in the regime applicable to the respective service relationship. The head, the subordinate titleholders, and other public officials shall incur administrative liability when they weaken the internal control system with their actions or omit the necessary actions to establish, maintain, perfect, and evaluate it, according to the applicable technical regulations. Likewise, administrative liability shall be applicable against the head who unjustifiably fails to comply with their obligations. Thus, the Ley de Enriquecimiento Ilícito states: 'Article 3.- Duty of probity. The public official shall be obliged to orient their management toward the satisfaction of the public interest. This duty shall manifest itself fundamentally in identifying and attending to priority collective needs, in a planned, regular, efficient, continuous manner and under conditions of equality for the inhabitants of the Republic; likewise, in demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred by law; in ensuring that the decisions adopted in compliance with their attributions conform to impartiality and the objectives proper to the institution in which they serve, and finally, in administering public resources with adherence to the principles of legality, effectiveness, economy, and efficiency, rendering satisfactory accounts of the resources to the internal audit in the terms of article 27 of this Law. Equally, administrative liability shall be applicable against public officials who unjustifiably breach the duties and functions in matters of internal control assigned to them by the head or the subordinate titleholder, including actions to implement the recommendations issued by the internal audit, without prejudice to the liabilities that may be imputed to them civilly and criminally. The head, the subordinate titleholders, and other public officials shall also incur administrative and civil liability, when applicable, for obstructing or delaying the fulfillment of the powers of the auditor, sub-auditor, and other officials of the internal audit established in this Law. When it involves acts or omissions of collegiate bodies, liability shall be attributed to all its members, unless a negative vote is expressly recorded.' 'Article 4.- Violation of the duty of probity: Without prejudice to any applicable civil and criminal liabilities, the infringement of the duty of probity, duly verified and after a defense, shall constitute just cause for separation from public office without employer liability.' Article 38.- Causes of administrative liability. Without prejudice to other causes provided for in the regime applicable to the respective service relationship, the public official who: a) Fails to comply with the regime of prohibitions and incompatibilities established in this Law. b) Regardless of the prohibition regime or exclusive dedication to which they are subject, offers or performs activities that compromise their impartiality, enable a conflict of interest, or favor private interest to the detriment of public interest. Without this exemplification being exhaustive, the following cases are included in the premise: the study, review, issuance of verbal or written opinion, preparation of drafts related to proceedings in claim or on the occasion thereof, administrative appeals, offers in administrative contracting procedures, the search for or negotiation of employment that conflicts with their duties, without notifying the superior or withdrawing from knowledge of matters in which the potential employer is interested. c) Favors themselves, their spouse, companion, or any of their relatives up to the third degree of consanguinity or affinity, by natural or juridical persons who are potential offerors, contractors, or users of the entity where they provide services, in accordance with the provisions of article 20 of this same Law. d) Weakens the internal control of the organization or omits the necessary actions for its design, implementation, or evaluation, in accordance with the applicable technical regulations. e) Infringes the provisions of article 20 of this Law, regarding the regime of donations and gifts. f) With inexcusable negligence, advises or counsels the entity where they provide services, another public entity or body, or individuals that relate to it. g) Incurs gross fault in the supervision or selection of officials subject to their powers of direction or hierarchy, regarding the exercise that these have carried out of the faculties of administration of public funds. h) Omits to submit to the knowledge of the Contraloría General de la República the budgets that require the approval of that entity. i) Unjustifiably fails to file any of the sworn declarations referred to in this Law if, after the deadline for submission has expired, they are warned only once by the Contraloría General de la República to comply with their filing within a period of fifteen business days. j) Incurs in lack of truthfulness, omission, or simulation in their declarations of patrimonial situation. k) Unjustifiably delays or disobeys the requirement to clarify or expand their declaration of patrimonial situation or patrimonial interests, within the deadline set by the Contraloría General de la República. l) Violates the confidentiality of sworn declarations of assets. m) Receives, personally or through an interposed natural or juridical person, retributions, fees, or pecuniary benefits of any nature, coming from persons or organizations that do not belong to the Public Administration, for the fulfillment of duties proper to the office or on the occasion thereof, within the country or outside it. n) Fails to comply with the prohibition of article 17 of this Law from holding positions simultaneously in the Public Administration. ñ) Incurs in a grave and unjustified omission or delay in filing judicial actions within the period required by the Contraloría General de la República. Article 39.- Administrative sanctions. According to the severity, the faults previously indicated shall be sanctioned as follows: a) Written reprimand published in the Diario Oficial. b) Suspension without corresponding salary, per diem, or stipend, from fifteen to thirty days. c) Separation from public office, without employer liability, or cancellation of the municipal councilor credential, as applicable. Article 41.- Criteria to consider: The sanctions stipulated in this Law shall be imposed for the previously typified infractions that have been committed with intent (dolo) or gross fault (culpa grave).
To assess the conduct of the presumed responsible party, the following factors, among others, shall be taken into account: a) The effective injury to the economic interests of the Public Administration and the amount of the damages and losses caused. b) The success achieved in attaining the results not desired by the legal system or in the enrichment or favoring of the perpetrator of the infraction or of third parties, as well as the effort invested in procuring them. c) The negative impact on the public service. d) Recidivism in any of the faults typified in Article 38 of this Law, within the four previous years. e) The rank and functions of the public servant; it is understood that, the greater the hierarchy and complexity of these, the greater the obligation to assess the legality, timeliness, and appropriateness of the acts that are issued, authorized, or executed." and finally numeral 72 of the Organic Law of the Comptroller General, norms which in conjunction provide the necessary legal support to determine the reprehensibility of the conduct..." In accordance with the cited regulations and the indicated jurisprudence, the competence of the C.G.R. to exercise control over the administrative activity related to the Public Treasury and to impose sanctions in accordance with the regulatory framework that makes up the so-called "Higher Control and Oversight System of the Public Treasury" is therefore clear. b) Regarding the defects claimed by the plaintiff in the actions of the C.G.R.: As indicated supra, the plaintiff, in an extensive and repetitive lawsuit, requested that the judgment annul: 1) The opening order issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic under resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) at 14:00 hours on July 24, 2018, which initiated the administrative procedure under No. CGR-PA-201 80044261. 2) The final act of the procedure issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic under resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) at 13:31 hours on November 27, 2018. 3) The confirmatory resolutions of the final act Nos. 220-2019 (DJ-0014) at 15:30 hours on January 11, 2019 (which rejected the motion for reversal) and R-DC-2019 (DC-0185) at 13:00 hours on June 19, 2019, from the Office of the Comptroller General of the Republic (which rejected the appeal) and all other related acts and resolutions. Now then, the plaintiff maintained that the Deciding Body proceeded to issue the final act, which was confirmed, without considering: i) That the working sessions or "pre-meetings" (pre-juntas) were working sessions to hear the progress of the commissioned works, and that the solution of cases such as the offset issue should be resolved by the responsible officials. ii) That when the Administrative Board of CONAVI received the draft agreement and it was agreed to request authorization from the C.G.R. to conduct a competitive direct contracting process, they were never informed about the existing offset, and on the contrary, the documentation came with the required technical endorsements, the approval of the Mixed Commission (CNCCONAVI) and of Engineer Andrea Soto Rojas, Project Manager, so that he was never officially informed, as a member of the Administrative Board of CONAVI, of the existing offset in the connection between National Route No. 257 and the new container terminal, and that the statements of Deputy Minister Guiselle Alfaro explaining the situation of the offset occurred on July 15, 2015, well before December 15 of that year, the date on which the draft agreement was sent, and that it was to be expected that by that date said matter should have been addressed. iii) That it was not proven within the administrative procedure that he had acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave). iv) That these defects affected his right to due process regarding: Proper notification of charges (debida intimación): It was presumed that he knew of the offset, without proving that he had acted knowingly that the offset existed. Proper imputation (debida imputación): The fault was not detailed precisely, as it was not proven that he voted for the agreement knowingly of the existing offset with the intention of harming the Administration. Typification (Tipicidad): That it was not proven that his actions were with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave). Culpability (Culpabilidad): That it was not proven with a degree of certainty that he had acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave). Reasonableness and proportionality of the sanction: That not having proven that he had acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave), he was sanctioned with two years of disqualification, which prevented him from accessing positions by competitive examination, such as Ombudsman, Supreme Court Magistrate, or Comptroller General. Assessment of the evidence: i) That the "Internal Audit Report of the MOPT" was not objectively assessed, in which it was indicated that the coordinates specified in the authorization request were the same ones used for the layout of the route and approved by SETENA in the year 2013. ii) That it was not objectively assessed that Engineer Andrea Soto Rojas was the one who submitted the draft of the agreement to be adopted by the Administrative Board of CONAVI, (with the technical endorsements of the respective bodies), to Mr. Mauricio Salom Echeverría, Executive Director of CONAVI, through official communication POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, and he elevated it to the Administrative Board of CONAVI through official communication DIE-07-2015-3554, of the same date; without any of those bodies warning of the existing offset, which is why he concurred with his affirmative vote, as there was no reason to presume the existence of the offset. iii) That the Deciding Body granted undue probative value to the minutes drawn up from the working sessions or "Pre-Meetings" (Pre-Juntas), which lack signatures, approval, etc., to be considered as minutes of the sessions of the Administrative Board of CONAVI, and that regarding the statements of former Minister Guiselle Alfaro warning of the existing offset between National Route No. 257 and the container terminal, it was not taken into consideration that said statements are from July 30, 2015, and the agreement was made on December 18 of that year, and that due to the passage of time, it was reasonable to think that the warned problem had been resolved, especially since in official communication POE-01-2015-1107, no warning was given that the offset remained unresolved, and on the contrary, it had the rigorous technical endorsements. iv) That therefore his right to a reasoned and duly substantiated administrative act was violated. c) Analysis of the alleged defects: For greater clarity and understanding, this Chamber will analyze each of the questions raised by the plaintiff regarding the actions of the C.G.R. 1) Regarding the plaintiff's participation in the working sessions or "Pre-Meetings" (Pre-Juntas): The plaintiff stated in his lawsuit that: "This concession project generated the commitment for the Costa Rican State to build a road access, first provisional and then definitive, between national route No. 32 and the area granted in concession for the operation of the new Moín Container Terminal, as established in the bidding terms and the Concession contract. For its part, the Law creating the National Roads Council -CONAVI-, Law No. 7798, confers upon this Council the competence for the construction of the country's national routes. Due to this, by political and technical decisions, CONAVl was entrusted with the construction of the new national route for access to the concession area, a route that was assigned the number 257." He also indicated: "So important was the project in question, that it was the undersigned actively, the one who ensured that in Conavi there was regularly a working table, called pre-meetings (pre juntas), where various officials with responsibility for this and other projects had to demonstrate progress in the different tasks assigned to achieve the goals. It was the undersigned who, far from limiting myself to just attending to session, prioritized the interests of the country, so that, in these pre-meeting sessions, potential limitations that could affect the project, the status of procedures, etc., could be known. It is in these pre-meeting sessions that this project is followed up; these sessions where the director of Conavi and involved officials are recommended to proceed in one way or another. It is in these sessions where the greatest coordination between Conavi, CNC, and other bodies was always requested." Later, in facts 10, 11, and 12 of his lawsuit, he referenced: "10) In my capacity as a member of the Administrative Board of CONAVI, I participated in four working sessions called pre-meetings (pre-juntas), held on the days April 27, 2015, June 22, 2015, July 27, 2015, and September 14, 2015. (Volume I, Folio I. documents 12, 14, 15, and 18 of the administrative file CGR-PA-201800-4426) 11) According to the minutes of those working sessions, observations or comments were made there on the Strategic Road Infrastructure Works Program, including the project called TCM, a program under the charge of Ing. Andrea Soto Rojas in her capacity as Manager of that Executing Unit. (Volume l, Folio 1, documents 12,14.15, and 18 of the administrative file CGR-PA-201 8004426) 12) The minutes of the working sessions of April 27, 2015, June 22, 2015, July 27, 2015, and September 14, 2015, lack my review and my approval, as well as that of the Administrative Board of Conavi. (Volume I, Folio I, documents 1214,15, and 18 of the administrative file CGR-PA-2018004426)". In this way, it is clear and is not a disputed fact that the plaintiff participated in said working sessions in his capacity as a member of the Administrative Board of CONAVI; however, despite stating the importance that said sessions had, he later states that the minutes drawn up from those sessions were not reviewed or signed by him; however, the plaintiff himself, when referring to the content of the minutes, stated: "...The deciding body gives enormous probative value to, and draws conclusions from, the so-called minutes or pre-meeting sessions. That deciding body does not realize that these are follow-up sessions, where the responsible officials explain the progress of matters, where one, as a director, basically listens, and of course expects that it is the administration officials who attend to pending items, the duties to be done. Furthermore, these are unsigned documents, with content whose author is unknown. They are, supposedly, session documents but they lack endorsement from all the session attendees, and even so, the deciding body gives them probative value as if they were firm minutes of a collegiate body. 1. Minutes of April 27, 2015. Only indicate coordination with CNC for land acquisition and a reference to the change of layout (CD Folio I, document 12, image 7). 2. Meeting of June 22, 2015, the document does not record what is erroneously stated in the procedure opening order and now in the final act. It is not true that that document recorded coordinating with CNC for the acquisition of additional lands due to the change of layout towards the junction point with the terminal and the properties for the intersection with route 32. It says that the option is progressing and that there is an estimated cost, which would be $76 million, and that only 10% of that money is available, so it is not reasonable to understand that there was an express warning that the solution—still in the development process—would not be optimal. 3. In the minutes of July 27, 2015, reference is made to a new layout, although it is said that there would be a meeting with SETENA, one day later, so it is clearly a preliminary layout, subject to several confirmations; for that reason, it is not reasonable to understand that there was a warning that the solution would not be optimal (CD July I, document 15). 4. Regarding the meeting of September 14, 2015, the minute does not indicate that the issue of the offset (desface) was discussed. It only says that the environmental aspect could be assumed by the concessionaire. Thus, only in the mind of the deciding body do these documents convey a warning or something similar; none of them is a warning. In none of them is any real complication in the project addressed; it is evident that they are meetings where status reports on issues are given. Therefore, the subjectivity of the deciding body leads it to give it a weight and content that does not follow from the real truth of what it really is. The deciding body's conclusions on the meetings and minutes only clearly demonstrate a violation of the rules of sound criticism [sound discretion in evaluating evidence], according to article 298.2 of the LGAP. In fact, see a substantial fundamental error, in what the body holds to sanction; it points out: 'This knowledge is credited with the participation of Mr. Campos Monge in the working session of the Administrative Board of CONAVI on April 27, 2015, in which those present were informed of the need to acquire new lands due to the change in the junction with the Moín Container Terminal. Likewise, on that occasion, the need to carry out expropriation procedures as well as the respective procedures regarding the environmental feasibility process of the project was pointed out (proven fact no. 9).' The body gives such value to what it says is recorded in that minute, as if it were the solution to the problem, without noticing that what was a simple mention in a pre-meeting session was not what technically settled the matter." In this way, the plaintiff on the one hand highlighted the importance of the working sessions, then, that his participation in said sessions was in his capacity as a member of the Administrative Board of CONAVI; however, he later points out that his participation in said sessions was limited to listening to the reports presented by those in charge of the projects, among them, that of National Route No. 257, and furthermore that the minutes lack his approval and signature. The Chamber does not share said criterion, as it has been deemed proven that the plaintiff participated in the working sessions or Pre-Meetings (Pre-Juntas) due to his status as a member of the Administrative Board, and the issue of the layout change was discussed in them. Now, regarding his knowledge of the problematic situation with the layout, it is also worth noting that the plaintiff stated: "...Finally, the deciding body accuses me that on July 30, 2015, the then Deputy Minister Giselle Alfaro stated: '(...) they are analyzing how to resolve the environmental license issue, since, by virtue of APM advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final route layout design, and now there is an 80-meter offset, so the Administration must adjust it: and because of that, according to SETENA (sic), a new environmental impact assessment or a project modification must be done,' and the body says that on that 'occasion' 'with utmost clarity' the 'issue of the offset' was 'explained to me.' But, does the deciding body not realize that the date on which that is said is well before December 2015? Therefore, what the deciding body does proves nothing more than a report from the Deputy Minister whose duty of attention lies with the Administration, with the Mixed Commission, with the Executing Unit; not with the undersigned. In the subsequent weeks and months, it was to be expected—as it is their duty—that all technical matters should be worked out by the responsible officials. The day the draft was voted on, no one warns, no one informs, no one explains that any technical shortfall persists." Said allegation is also not admissible since when the Administrative Board of CONAVI, in its session No. 1274-2015 of December 18, 2015, became aware of official communication No. DIE-07-2015-3554, it never inquired about the offset problem, whether it had been corrected. And it is also not admissible that, due to the time elapsed between the working sessions or between the presentation by Mrs. Giselle Alfaro and the adoption of the agreement by which authorization was requested from the C.G.R., he assumed that the problem had been corrected. For this Chamber, the working sessions or pre-meetings (pre juntas) were work meetings carried out by public officials where issues of an administrative nature were addressed, which cannot be ignored by a member of the Administrative Board. Everything discussed and decided there constitutes an administrative action, and minutes were drawn up in which the issues discussed were recorded, and the fact that the plaintiff did not endorse them or sign them does not mean they lack probative value. The minutes constitute the written part in which the participants who intervened and the issues covered were recorded, and it is clear that the plaintiff participated in them and, additionally, the issue of the offset that the project presented was included. A situation that he should have considered when casting his affirmative vote in session No. 1274-2015. 2) That upon approving the agreement, he was never informed of the existing offset: The plaintiff's repetitive allegation is that at the time of approving the agreement requesting authorization from the C.G.R., he was never informed about the existing offset, and that, on the contrary, he relied on the technical endorsements of the Mixed Commission (CNC-CONAVI) and of Engineer Andrea Soto Rojas, head of the Executing Unit. In this regard, he indicated: "...Regarding the deciding body's assessments of the facts: incorrect assessment of the evidence; unproven conjectures, value judgments and subjective inferences without adherence to direct evidence. B) In Session 1274-2015, the undersigned indeed recognizes that he voted for the agreement that states: 'The authorization request document to the Office of the Comptroller General of the Republic is approved, to promote the competitive direct contracting procedure to contract the design and construction of the Access to the Moín Container Terminal project, submitted by the Executive Directorate through official communication DIE-07-2015-3554 dated December 15, 2015, and the Executive Director is authorized to sign it for submission to the Controlling Body.' C) But, the undersigned's vote was cast considering that this Draft was submitted to the Board's knowledge, with the qualified technical and scientific endorsements of the CNC-CONAVI Mixed Commission, directly responsible for its preparation, and of course, with that of the Executive Directorate. These aspects, of utmost importance, the deciding body omits analyzing in the appropriate dimension, as its theory is basically that, because he was in prior working meetings, he was aware that there was no technical solution, one that would connect with the TCM platform. D) On the other hand, proven fact 28 of the deciding body shows that, this information being pointed out by Ing. Soto, it is not the undersigned, nor the Conavi Board, who directs the final outcome of the contracting process being processed. Thus, proven fact 30 of the deciding body reveals that the Technical Secretary of the Mixed Commission explains and justifies why it is not possible to make an amendment to the bidding terms." Said allegation is also not admissible, as the plaintiff rejects his responsibility when approving the agreement, indicating that he limited himself to verifying that the 'draft' had the technical endorsements of the respective bodies. It is clear that the plaintiff was a member of the Administrative Board of CONAVI and that as such, he became aware of and voted affirmatively on the following agreements: 1) That the Executive Director of CONAVI, Mr. Mauricio Salom Echeverría, through official communication No. POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, asked them to review a draft and to agree to request authorization from the C.G.R., for 2 special contracting procedures (arts. 2 bis paragraph c of the LCA and 146 of its Regulation). The first, for the selection and contracting of a company or consortium of companies for "The Execution of Preliminary Studies, Design, and Construction of National Route No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)" for an amount of 78 million dollars, and the second for the selection and contracting of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 55,000,000 dollars. That the Administrative Board of CONAVI became aware of said document at its session held on December 18, 2015, according to article 2 of minutes No. 1274-2015, in which, as a collegial body, the draft document was unanimously approved to request the C.G.R. to approve the referenced special procedure. That the request presented by the Administrative Board of CONAVI was approved by the Administrative Contracting Division of the C.G.R. by official communication DCA-0411 (02184) of February 12, 2016. That on June 30, 2016, the Administrative Board of CONAVI, in its session No. 134, art. 4, awarded Direct Contracting No. 2016-DC-000026-00DIE, entitled "Preliminary Studies, Design, and Construction of National Route No. 257, Access to the Moín Container Terminal" to the company CONSORCIO ATLÁNTICO, for an amount of $71,857,857,500.00 dollars. 2) Then, due to the existing offset, through official communication DIE-07-17-1081 of April 18, 2017, Mr. German Valverde González, Executive Director of CONAVI, requested from the CGR an authorization to modify the scope of Direct Contracting No. 2016CD-000026-00DIE" and to include the connection works between National Route No. 257 and the new Container Terminal, thus complying with the technical requirements established in the Tender Conditions, which led to a modification in the contractual quantities, and he then requested the approval of the contractual incorporation of the connection works between the Moín Container Terminal and National Route No. 257. That the Administrative Contracting Division of the C.G.R. analyzed the request and, through official communication 07467 (DCA-183) of June 30, 2017, authorized CONAVI to partially modify the contractual object of "Competitive Direct Contracting No. 2016CD-000026-0DE00", originally awarded for the sum of 78 million dollars, warning that the offset in the connection was made known through official communication POE-01-2015-0359 of April 29, 2015; however, that Administration decided to process the initial authorization without including a solution that adjusted to reality. And although it approved the modification, it indicated that this did not preclude the investigation that the controlling body or the Administration would conduct in this regard, due to the offset for the project and the fact of omitting information within an authorization procedure. Finally, in the month of February 2017, the "Cooperation Agreement for the development of connection works between the Moín Container Terminal and National Route No. 257" was signed, and on July 10, 2017, Work Modification Order No. 1 was formalized for an amount of $5,397,194.72 (five million three hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-four dollars with 72/100), for a variation of 7.51% of the original contractual amount. Note that the first award of the work was for an amount of $71,857,857,500.00 dollars, without said contracting contemplating a comprehensive solution for the work, despite knowing there were problems with the connection to the container terminal platform. Then, because that situation was not foreseen in a comprehensive manner from the first request, it caused the need to request a modification, which generated an additional cost of $5,397,194.72 (five million three hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-four dollars with 72/100), reaching a total of $77,254,694.72 dollars. This Chamber does not share the view that the plaintiff rejects his responsibility regarding the content of the agreement adopted by the Administrative Board, arguing that the draft had the corresponding technical endorsements and that the warnings given in the Working Sessions according to the minutes referenced supra were never of a formal nature, and that the warning from the then Deputy Minister Guiselle Alfaro on July 30, 2015, in which she stated: "...(...) they are analyzing how to resolve the environmental license issue, since, by virtue of APM advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final route layout design and now there is an 80-meter offset, so the Administration must adjust it: and because of that, according to SETENA (sic), a new environmental impact assessment or a project modification must be done...", and he questions that the Deciding Body did not take into account that said warning occurred well before (July 2015) the date the agreement was adopted, namely, December 18, 2015, alleging that it was to be expected that in subsequent weeks and months—as it was the duty of the administrative bodies—all technical matters would be addressed by the responsible officials and that on the day the draft was voted on, no one warned him, informed him, or explained that any technical shortfall persisted, that is, the offset in the connection. An argument that the Court does not share, as the plaintiff loses sight that as a member of the Collegiate Body, by casting his affirmative vote in adopting the agreement, through that act he made its content his own; furthermore, he did not prove that he was induced into error, as he suggests, regarding the formation of his will by the Mixed Commission or by Engineer Andrea Soto Rojas. A situation he should have proven to demonstrate his lack of responsibility for the agreement reached. And regarding the adoption of agreements and the responsibility of the members of a Collegiate Body such as the Administrative Board of CONAVI, let us recall that the LGAP establishes in its article 54.3: "Agreements shall be adopted by an absolute majority of the members present." For its part, article 57: "...1. The members of the collegiate body may record in the minutes their vote against the adopted agreement and the reasons justifying it, thereby being exempt from the responsibilities that could, where applicable, arise from the agreements." And regarding the responsibility of the members of the collegiate body, it has been indicated: "...For the formation of the collegiate act, voting with the possible formation of minorities is necessary, but once that has occurred, the latter do not count and the collegiate act is formed exclusively by the majority vote, which is considered that of the body as a unit, although it is also imputed to the members of that majority in their personal capacity, for liability purposes..." (Ortíz Ortíz, Eduardo. Thesis on Administrative Law II, pg. 79). However, it is clear that the plaintiff did not act in the manner indicated by the cited regulations and that, being a member of the Administrative Board of CONAVI, he was responsible for the agreement reached and the problem it presented regarding the offset in the connection with the Moín container terminal. For the Chamber, based on the information the plaintiff received in the working sessions or pre-meetings (pre-juntas) regarding the connection offset and from Mrs. Guiselle Alfaro herself, it is not admissible that as a member, he lightly assumed that due to the time elapsed, the offset problem had been resolved, without verifying it. Such conduct resulted negligent or at least seriously careless in non-observance of the duty to protect the public interest, as an average prudence dictates that at least before casting his vote, he should have inquired whether the offset had been resolved; however, he simply assumed that the draft contained said solution. Note that in this regard, the plaintiff stated in his lawsuit: "Therefore, what the deciding body does proves nothing more than a report from the Deputy Minister whose duty of attention lies with the Administration, with the Mixed Commission, with the Executing Unit; not with the undersigned. In the subsequent weeks and months, it was to be expected—as it is their duty—that all technical matters should be worked out by the responsible officials. The day the draft was voted on, no one warns, no one informs, no one explains that any technical shortfall persists.", a criterion that the Court does not share, as we consider that the Deciding Body rightly assessed said evidence. The imputation of possible liabilities made to the members of collegiate bodies by virtue of the effects of the concurrence of their vote in the formation of the administrative will is unquestionable from a legal standpoint, and consequently, it is an obvious duty of each member to inform themselves and seek to understand the nature and scope of the agreements in which they are to participate. Nothing in this process allows affirming that the existence of the offset in the connection of interest was not, first, previously known by those who adopted these agreements, including the plaintiff here, and/or that, knowing such information, the harmful implications that could arise from it were not within their reach of understanding, the plaintiff being a professional in a science other than engineering, for example, or not. 3) That it was not proven within the administrative procedure that he had acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave): The plaintiff accused that in the administrative procedure, it was not proven that when casting his affirmative vote in adopting the agreement, he had acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave). A criterion from which this Chamber also differs.
And it is that although the plaintiff argued in his defense transversally throughout the entire lawsuit, that he was never informed of the connection mismatch (desface en la conexión), and that therefore at the moment he voted he did so because the draft of the agreement to be made had the technical endorsements of the Joint Commission (Comisión Mixta) and of Engineer Andrea Soto Rojas, who were the bodies called upon to solve that type of problem. In this way the plaintiff indicates that there was an omission by those bodies in not informing the Board of Directors (Consejo de Administración) about the connection problem, however it is clear that the plaintiff was informed of the existing mismatch, since this was evidenced from the minutes of the working sessions or pre-meetings and from the warning made in this regard by the then Vice-Minister Guiselle Alfaro on July 30, 2015, in which she stated: "...(...) we are analyzing how to resolve the issue of the environmental license (licencia ambiental), since, because APM is advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final design of the route layout and now there is an 80-meter mismatch (desfase), so the Administration must adjust it: and because of this, according to Setena (sic), a new environmental assessment (evaluación ambiental) or a modification of the project must be made...". The plaintiff's defense consisted of affirming that the deciding body did not consider that between July 30 and December 18, 2015 (date on which the agreement was reached) a lot of time elapsed and it was to be expected that the technical matters would be worked on by the responsible officials. In this way, the plaintiff assumed—we reiterate, with inexcusable lightness—in session No. 1274-2015 held on December 18, 2015, that the mismatch problem had already been solved and that the authorization requested from the C.G.R. constituted a comprehensive solution, which was not the case, his clear duty in this regard as co-administrator of public affairs being not to presume, but instead, to verify the solution to a previously warned problem. For this Tribunal, the plaintiff's conduct was negligent, since he could not assume such a situation, and should have consulted whether the draft considered the mismatch problem and not simply, due to the passage of time, assume that the draft of the agreement to be adopted contemplated a comprehensive solution, including the connection mismatch. And it is that regarding the civil liability of public officials, Article 210 of the LGAP states: "1. The public servant shall be liable to the Administration for all damages caused to it by fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave), even if no damage to a third party has occurred. 2. To enforce this liability, the previous articles shall apply with the appropriate exceptions. 3. The recovery action shall be executive and the title shall be the certification of the amount of damage issued by the head of the respective entity." Regarding disciplinary liability, Article 211 establishes: "1. The public servant shall be subject to disciplinary liability for their actions, acts, or contracts contrary to the legal order, when they have acted with fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave), without prejudice to the more serious disciplinary regime provided for by other laws." Finally, Article 213: "For the purposes of determining the existence and degree of the fault (culpa) or negligence of the official, when assessing the alleged defect (vicio) of the act to which they oppose, or which they issue or execute, the nature and hierarchy of the functions performed must be taken into account, it being understood that the higher the hierarchy of the official and the more technical their functions, in relation to the defect of the act, the greater their duty to know and properly appreciate it." In this way, this Chamber coincides with the Deciding Body, in pointing out that the plaintiff acted with gross negligence (culpa grave) when concurring with his vote on the agreement by which authorization was requested from the C.G.R. without taking into consideration the problem of the existing mismatch despite knowing of that circumstance. And it is that gross negligence (culpa grave) was configured by his negligent conduct, by assuming due to the mere fact of the passage of time, that the mismatch problem had been solved, despite the warnings made, especially the one made in this regard by the then Vice-Minister Guiselle Alfaro on July 30, 2015. Thus, it is not admissible for the Tribunal that the plaintiff denies his responsibility based on the fact that in his allegation, he maintains that he was not expressly warned or that due to the passage of time he assumed that the operating bodies had solved it, since the plaintiff was a member of a Collegiate Body, in charge of making the referenced agreement, and in that respect he should have ensured beyond all doubt that the agreement to which he was going to concur with his vote had solved the mismatch problem, however he did not do so. Finally, it is appropriate to address the defects (vicios) that in the plaintiff's opinion affect the acts he identified as: Resolution No. 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m. on July 24, 2018, which resolved to initiate administrative procedure number CGR-PA-201 80044261. He accused that said act lacks a proper notification of charges (debida intimación), since it was presumed that knowingly of the existing mismatch, he concurred with his affirmative vote on the agreement made; and a proper imputation of charges (debida imputación) since the fault was not detailed precisely and it was not proven that he voted on the agreement knowingly of the existing mismatch with the intent to harm the Administration. With respect to Resolutions No. 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m. on November 27, 2018, (final act) and its confirmatory resolutions No. 220-2019 (DJ-0014) of 3:30 p.m. on January 11, 2019 (appeal for revocation) and No. R-DC-2019 (DC-0185) of 1:00 p.m. on June 19, 2019 (Appeal) issued by the Comptroller General of the Republic, he accused that the actions violated his right to a reasoned and duly grounded administrative act based on the following: Improper assessment of evidence: 1) That the "Internal Audit Report of the MOPT" was not objectively assessed, in which it was indicated that the coordinates (CRTM-05: East: 597895.6528. North: 1104909.0147 up to the concession area with TCM with: East: 598202.6432. North: 1106720.2754, which defined the project area with a width of 60 meters and 1.1 km in length, used in the 2016 tender (licitación), were those approved by SETENA in 2013, when the MOPT/CONAVI presented the "Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental)": Said allegation is also not acceptable, since if there was an error in 2013 regarding the indicated coordinates, this does not relieve from responsibility the actions taken by the plenary of the Board of Directors (Consejo de Administración) of CONAVI, since what was questioned to the plaintiff was that being a member of that Board and aware of the existing mismatch, at the time of making the agreement, as he himself accepted by indicating on page 57 of his lawsuit where he stated: "...Finally, the deciding body accuses me that on July 30, 2015, the then Vice-Minister Giselle Alfaro stated: '(...) we are analyzing how to resolve the issue of the environmental license (licencia ambiental), since because APM is advancing faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final design of the route layout, and now there is an 80-meter mismatch (desfase), so the Administration must adjust it: and because of this, according to Setena (sic), a new environmental assessment (evaluación ambiental) or a modification of the project must be made', and the body says that on that 'occasion' 'with great clarity' the 'issue of the mismatch was exposed to me.' But, does the deciding body not realize that the date on which this is said is well before December 2015? Therefore, what the deciding body does proves nothing more than a report from the Vice-Minister whose duty of attention lies with the Administration, with the Joint Commission (Comisión Mixta), with the Executing Unit (Unidad Ejecutora): not with the undersigned. In the following weeks and months, it was to be expected, since it is their duty, that all technical matters would be worked on by the responsible officials. The day I vote on the draft, no one warns, no one informs, no one explains that any technical shortcoming persists."; he did not take the minimum precaution to verify that said error had been corrected, and simply assumed that the error due to the passage of time had been corrected. Said attitude is extremely reprehensible, since the plaintiff held a position on the Board of Directors (Consejo de Administración), the highest-ranking Collegiate Body in CONAVI, which led to establishing gross negligence (culpa grave) due to his negligence in not verifying—even though approximately 5 months had passed—that the mismatch had been corrected, therefore in the opinion of this Tribunal, he acted with gross negligence (culpa grave). 2) That it was not objectively assessed that Engineer Andrea Soto Rojas was the one who sent the draft of the agreement to be adopted by the Board of Directors (Consejo de Administración) of CONAVI, (with the technical endorsements of the respective bodies), to Mr. Mauricio Salom Echeverría Executive Director of CONAVI via official document POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, and he elevated it to the Administrative Board of CONAVI via official document DIE-07-2015-3554, of the same date; without any of those bodies warning of the existing mismatch, which is why he concurred with his affirmative vote, since there was no reason to presume the existence of the mismatch: Said situation also does not exempt the plaintiff from liability, and it is that according to the content of the minutes of the working sessions or pre-meetings held on April 27, 2015, June 22, 2015, July 27, 2015, and September 14, 2015, the mismatch problem was warned about and even so when the draft sent was known, no question was raised about the way in which said problem was corrected. Then, the plaintiff must be clear that what is questioned in his actions beyond whether or not he knew about the mismatch, is that with his signature he concurred in making an agreement by which authorization was requested from the C.G.R. for a special procedure, which was submitted as a comprehensive solution, without being one, subsequently requiring another authorization to correct the problem of the first request. That is, even assuming he was never warned about the mismatch, his responsibility as part of the Collegiate Body subsists, because the authorization request contained an error, which should have been corrected before making the agreement, and by concurring with his vote on the agreement he assumed responsibility for the actions taken. 3) That the Deciding Body granted undue probative value to the minutes drawn up from the working sessions or "Pre-Meetings (Pre-Juntas)", which lack signatures, approval, etc. to be considered as minutes of sessions of the Administrative Board of CONAVI, and that regarding the statements of former Minister Guiselle Alfaro warning about the existing mismatch between National Route No. 257 and the container terminal, it was not taken into consideration that said statements are from July 30, 2015, and the agreement was made on December 18 of that year, and that due to the passage of time, it was reasonable to think that the warned problem had been corrected, especially since in official document POE-01-2015-1107, it was not warned that the mismatch continued without being solved, and on the contrary it had the rigorous technical endorsements: Said allegation is also not acceptable, since the minutes were drawn up because of the working sessions that took place and as such constitute a record of what was discussed there. Note that the plaintiff does not disprove their content, but rather their probative value, without success. That is, what the minutes indicate gives certainty of what was discussed in those working sessions and as such they constitute administrative acts, and as such they possess probative value, as long as they are not declared false regarding their content by the corresponding judicial authority, however it is reiterated, the plaintiff minimizes or denies their probative value, but does not accuse them of being false. Furthermore, take into consideration that the witness María del Milagro Alvarado Cruz, indicated that although the minutes lacked the name of the person who drew them up and the signature of the participants, what was recorded was what was actually analyzed in said sessions, which leads to affirming, there being no circumstance that allows doubting the veracity of this testimony, that the minutes reflect what really happened in said follow-up, analysis, and/or work meetings. 4) Regarding the alleged lack of specificity of the offense (tipicidad), culpability, reasonableness and proportionality of the sanction: That it was not proven that his conduct was with fraud (dolo) or gross negligence (culpa grave) and he was sanctioned with two years of disqualification (inhabilitación) which prevented him from accessing competitive positions, such as the Ombudsman (Defensor de los Habitantes), Magistrate (Magistrado) or Comptroller General (Contralor General): For this Chamber it is clear that the conduct of Mr. Campos Monge in concurring with his affirmative vote on the agreement made, acted with gross negligence (culpa grave) (not with fraud (dolo)) because knowing of the mismatch problem, on the day the agreement was made, he simply assumed that due to the passage of time the mismatch problem had been solved, without taking any measure. Let us remember that as the Constitutional Chamber has pointed out: "...In accordance with the foregoing, the application of the disciplinary regime is limited to the activities of the individual in their character as public agent or official, to compel and ensure, preventively and repressively, compliance with the legal duties of the employment, function, or position. Thus, the faults generating this liability are many and varied, such as, for example, indolence, apathy, carelessness, non-attendance, incorrectness with superiors, equals or subordinates and with the public, irregular social conduct, lack of probity, abandonment of position, etc., which according to their severity are classified as minor, serious, or very serious..." (Highlighting is ours). (VSC- 2005-02995 of fourteen hours and forty-one minutes on March sixteen, two thousand five). Then, it is clear that within the responsibility regime by degree, according to a harmonious integration of the LGAP, Article 64 of said normative body states: "Competence by reason of degree and the corresponding powers shall depend on the position of the body in the hierarchical line" in concordance with Article 213 which establishes: "For the purposes of determining the existence and degree of the fault (culpa) or negligence of the official, when assessing the alleged defect (vicio) of the act to which they oppose, or which they issue or execute, the nature and hierarchy of the functions performed must be taken into account, it being understood that the higher the hierarchy of the official and the more technical their functions, in relation to the defect of the act, the greater their duty to know and properly appreciate it." In this way, if the Board of Directors (Consejo de Administración) was the highest hierarchical body with competence to request authorization from the C.G.R., said body should have ensured beyond all doubt that the request comprehensively resolved what was petitioned, however the plaintiff did not do so and assumed that the mismatch problem had been corrected by the lower bodies over the course of time. Regarding the quantum of the sanction, let the plaintiff take note that the one applied was the lower extreme of that contemplated in the regulations, which is proportional and reasonable to the fault committed. Finally, regarding his allegation that the imposed sanction prevented him from accessing positions such as that of Ombudsman (Defensor de los Habitantes), Magistrate of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) or that of Comptroller General (Contralor General), etc., this is also not acceptable, and it is that by assuming a position as representative of the Costa Rican Union of Chambers and Associations of the Private Business Sector (UCCAEP) before the Board of Directors (Consejo de Administración) of CONAVI, he voluntarily subjected himself to a special regime of civil, criminal, and administrative liability (Special subjugation relationship, Art. 14 LGAP) that covers all public officials, by their sole condition as such. Secondly, his allegations referring to the fact that the imposed sanction prevented him from applying for the positions he indicated, would only be admissible to the extent that the sanction had been imposed in a manner contrary to law, which did not happen, since for this Chamber it has been clear that the imposed sanction respected due process and it was previously determined that he incurred a fault and that the imposed sanction was reasonable due to the severity of the fault he incurred. 5) That it was not considered that his action was carried out for the sake of the public interest, since if the work was not delivered on time according to the Concession, the agreed exoneration could be lost ($20 dollars per container). And that there was no economic damage since the works are operating: This Chamber does not share said allegation, since the public interest demanded that the agreement made not present errors, which was not the case, since it was notorious and public that what was submitted for authorization presented a serious problem of coordinates that caused a mismatch (desface) in its connection and a modification to the first authorization had to be requested to correct that error. Then, that the works are in operation does not at all nullify the plaintiff's responsibility in the making of the agreement. Thus note that the tender (licitación) authorized by the CGR in the first instance called Direct Contracting No. 2016-DC-000026-00DIE, titled "Preliminary Studies, Design and Construction of National Route No. 257. Access to the Moín Container Terminal" was awarded by that Board on June 30, 2016, in its session No. 134, art. 4 to the company CONSORCIO ATLÁNTICO, for an amount of $71,857,857,500.00 dollars. Then, due to the existing mismatch by official document DIE-07-17-1081 of April 18, 2017, Mr. German Valverde González, Executive Director of CONAVI requested from the CGR an authorization to modify the scopes of Direct Contracting No. 2016CD-000026-00DIE" and include the connection works between National Route No. 257 and the new Container Terminal and thus comply with the technical requirements established in the Bid Specifications (Cartel) which led to a modification in the contractual quantities and the Administrative Contracting Division of the C.G.R. authorized it by official document 07467 (DCA-183) of June 30, 2017, warning however, that the connection mismatch was known through official document POE-01-2015-0359 of April 29, 2015, however that Administration decided to process the initial authorization without including a solution that adjusted to reality. Finally, in February 2017, the "Cooperation Agreement for the development of the connection works between the Moín Container Terminal and National Route No. 257" was signed and on July 10, 2017, Work Modification Order No. 1 was formalized for an amount of $5,397,194.72 (five million three hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-four dollars and 72/100), for a variation of 7.51% of the original contractual amount going from $71,857,857,500.00 to $77,254,694.72 dollars. In this way it is clear that there was an impact on what was done because the effectiveness and efficiency of the Public Administration requires that the actions of the members of that Collegiate Body take all applicable precautions, so that the authorization request truly was a comprehensive solution, however this was not the case, since the work presented a mismatch problem in the connection. A corollary of the foregoing is the rejection of the lawsuit as indeed is ordered.
VII.- ON THE PATRIMONIAL CLAIMS: He accused that the news regarding the sanction imposed on him was published in national media causing him damage and therefore requested that the judgment condemn the defendants to pay 60 million colones for objective and subjective moral damage, plus the damages caused. Regarding the publication of the news of his suspension in media outlets, this is not conduct attributable to the Administration, but rather to those media, which is not the object of the present litigation. Then, it is clear that the imposed sanction was due to a real, certain, and effective reason, (Art. 133 LGAP) and its content was proportional to the reason that generated it. (Art. 132 of the LGAP) therefore what was ordered in the administrative acts that the plaintiff asked to annul, namely, resolution 10372-2018 (DJ-0968) of 2:00 p.m. on July 24, 2018, issued by the Deciding Body of the Procedure, of the Legal Division of the Comptroller General of the Republic that resolved to initiate administrative procedure number CGR-PA-201 80044261. Resolution number 17037-2018 (DJ-1559) of 1:31 p.m. on November 27, 2018, issued by the Deciding Body of the Procedure of the Legal Division of the Comptroller General of the Republic, corresponding to the Final Act of the procedure, resolution number 220-2019 (DJ-0014) of 3:30 p.m. on January 11, 2019, which resolved the Appeal for Revocation and resolution R-DC-2019 (DC-0185) of 1:00 p.m. on June 19, 2019, issued by the Comptroller General of the Republic, in response to the appeal filed; were in accordance with law, hence the patrimonial claims are also rejected. And it is that according to what was stated in the preceding recital (considerando), the alleged defects (vicios) pointed out in the challenged resolutions were not proven, the necessary causal link for their pertinence is not configured, having determined that the questioned conducts are in accordance with the legal system, it is therefore necessary to declare the impropriety of the damages and losses requested, as is hereby declared.
VIII.- OF THE OPPOSED DEFENSES: The representation of the C.G.R and the state opposed in their defense the defenses of lack of standing to sue (falta de legitimación activa) and lack of right (falta de derecho). Regarding the defense of lack of passive and active standing (falta de legitimación pasiva y activa), it is sufficient to indicate that standing (legitimación) constitutes the capacity, the aptitude to be a party in a specific process, as a passive party, depending on the conditions that for such effect, the procedural law prescribes in relation to the claim (pretensión) raised. Now, standing (legitimación) derives either from the legal-administrative relationship established between the plaintiff and the Administration, or from the law, according to what it has established in this regard. And it is that in a process there are two types of standing, standing to sue (ad causam) and standing to proceed (ad procesum). The first (ad causam) deals with verifying if the person filing the lawsuit has, legally speaking, a right to claim, that is; the legitimated party is that person who, under substantive law, has a specific legal relationship with the object of the process, that is, the claim (pretensión). The second (ad procesum) consists of a procedural matter, in other words, whether the person appearing has the capacity to act according to the law or if they act for another with the appropriate type of legal representation in accordance with our regulations. In the case under examination, it was proven that the C.G.R., through the resolutions that were challenged, imposed an administrative sanction on the plaintiff such that the plaintiff has active standing (legitimado activamente) to sue and the Comptroller's Office passive standing to be sued for being the author of the challenged administrative actions. Regarding the passive standing (legitimación pasiva) of the State, this occurs by reason of the provisions of Article 12.5.a of the Contentious Administrative Procedure Code. In this way, it is a passive joinder by legal mandate. For what has been said, the defense of lack of active and passive standing is rejected. Regarding the defense of lack of right (falta de derecho), it must be considered that speaking of lack of right is like speaking of lack of legal norm, so the right thing would be to speak then of lack of material prerequisites or lack of elements in the material claim (pretensión) —not procedural since we all possess it, despite the terminological imprecision lack of right seems then to refer to what is called by Italian doctrine as conditions of the "action" or requirements of the claim (pretensión) and which is known to comprise the constitutive requirements, to make it understood that without them the right of action is not exercised adequately and that they must, consequently, be considered as the necessary and sufficient ends to determine in concrete, the birth of the right to the claim (pretensión). Such requirements of the claim (pretensión), which must concur for it to be considered estimable, which seeks a favorable resolution, are, according to doctrine, three: (a) a certain specific legal fact, that is, a certain relationship between a fact and a norm; (b) standing (legitimación), (c) the procedural interest. Then the lack of right (falta de derecho) would be represented by the nonexistence of the material prerequisites for each specific case. Now, not having proven an actionable right in favor of the plaintiff, the appropriate course is to uphold the defense of lack of right (falta de derecho) and therefore reject the lawsuit in all its aspects.
IX.- COSTS: Regarding this item, under the protection of numeral 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, there exists in the opinion of this Tribunal no reason whatsoever to proceed with the exoneration of costs so the amount thereof must be imposed at the expense of the plaintiff, plus interest until their effective payment.
THEREFORE (POR TANTO):
The evidence for better deciding offered by the parties is rejected. The defense of lack of active and passive standing is rejected. The defense of lack of right is upheld. The lawsuit filed by Mr. CHRISTIAN CAMPOS MONGE against the STATE and the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) is declared without merit. Both costs plus their interest are at the expense of the plaintiff, which will be liquidated in the sentence execution phase at the request of the state representation and the Comptroller General of the Republic. NOTIFY. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Judges.
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JOSE IVAN SALAS LEITON, TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) ELIAS BALTODANO GOMEZ, TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:18:24.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Hacienda Pública Subtemas: Análisis sobre la potestad disciplinaria que ostenta la Contraloría General de la República. Temas (descriptores): Contraloría General de la República Subtemas: Análisis sobre la potestad disciplinaria que ostenta en materia de Hacienda Pública. Temas (descriptores): Procedimiento administrativo disciplinario Subtemas: Análisis sobre potestad disciplinaria de la Contraloría General de la República en materia de Hacienda Pública. Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE DEMANDADO/A:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2025003084 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del ventiocho de Marzo del dos mil venticinco.- Proceso de conocimiento promovido por el señor CHRISTIAN CAMPOS MONGE, mayor, casado una vez. Abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0886-0315 contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en adelante CGR representada por el Licenciado David Oconitrillo Fonseca y el ESTADO, representado por la Licenciada Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy.
RESULTANDO:
I.- Por escrito recibido el día 26 de noviembre de 2019, la representación del señor Campos Monge planteó demanda cuyas pretensiones fueron precisadas en la audiencia preliminar realizada el día 10 de setiembre de 2020 para que en sentencia se declare la invalidez o nulidad de los siguientes actos o resoluciones: 1. Resolución 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, emitido por el Órgano Decisor del Procedimiento, de la División Jurídica de la Contralora General de la República que resolvió dar inicio al procedimiento administrativo número CGR-PA-201 80044261. 2. Resolución número 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas del 27 de noviembre de 2018, emitida por Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, correspondiente al Acto Final del procedimiento. 3. Resolución número 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 que resolvió Recurso de Revocatoria. 4. Resolución R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 emitido por la Contralora General de la República, como respuesta al recurso de apelación interpuesto. 5. Todos los demás actos y resoluciones emitidas con ocasión de o relacionados con los oficios o resoluciones antes citados. Que en razón de tal declaratoria, en sentencia se condene solidariamente al Estado y a la Contraloría General de la República: 1) Al pago de las costas personales y procesales del presente proceso. 2) Al pago del daño moral objetivo por la suma de 30 millones de colones, y daño moral subjetivo en la suma de 30 millones de colones y los perjuicios ocasionados, que serán liquidados en proceso de ejecución de sentencia. (Ver imágenes de la 2 a la 69 del expediente judicial digital).
II.- Habiendo otorgado el traslado de ley, la representación de la C.G.R por escrito de fecha 06 de febrero de 2020, contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho. La representación estatal por escrito de fecha 14 de febrero de 2020, también rechazó los hechos de la demanda y opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, así como la de falta de derecho. (Ver imágenes del expediente judicial digital).
III.- La audiencia preliminar se celebró el día 10 de setiembre de 2020, en la que se definieron las pretensiones en los términos del resultando primero. Se determinaron los hechos controvertidos de relevancia para la resolución del caso y se admitió la prueba documental y testimonial.
IV.- Que la audiencia de Juicio Oral y Público fue celebrada el día 10 de marzo de 2022. En lo que resulta relevante, las partes rindieron sus alegatos de apertura; se evacuó la prueba testimonial de la señora Milagro Alvarado Cruz, cédula número 3-280-060 y del señor Mauricio González Quesada, cédula número 1-1055-0152. (Ver imágenes de la 368 a la 372 del expediente judicial y respaldo digital).
V.- Que esta Cámara procedió a emitir la Sentencia No. 31-2022-IV de las 11:15 horas del 29 de marzo de 2022, mediante la cual se rechazaron las excepciones de falta de legitimación en su doble vertiente -activa y pasiva-, y se acogió la excepción de falta de derecho y como lógica consecuencia de ello, se declaró sin lugar la demanda, con la respectiva condenatoria en costas. (Ver imágenes de la 373 a la 417 del expediente judicial digital).
VI.- Que habiendo interpuesto el actor Recurso de Casación; el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución No. 000196-F-TC-2024 de las 09:34 horas del 19 de diciembre de 2025, dispuso: "Se declara con lugar el recurso por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho." (Ver imágenes de la 656 a la 672 del expediente judicial digital).
VII.- Se dicta esta Sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo que permiten las labores propias de este Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.
Redacta el Juez Ponente Salas Leitón y concurren con su voto los jueces Felipe Córdoba Ramírez y Elías Baltodano Gómez.
CONSIDERANDO:
I.- DE PREVIO: El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución No. 000010-F-TC-2025 de las 10:46 horas del 30 de enero de 2025, dispuso: "Se declara con lugar el recurso por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Ese Tribunal acogió el recurso de casación por razones procesales, en razón de que este Tribunal omitió pronunciarse sobre la prueba para mejor resolver ofrecida por el actor el día 09 de marzo de 2022, denominada "INFORME TÉCNICO ESPECIAL. RUTA NACIONAL N° 257 ACCESO A TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN, COSTA RICA. Gestión de la Solicitud de autorización para procedimiento abreviado ante la Contraloría General de la República y acciones posteriores", elaborado por el Ing. Alexander Moya Lacayo del mes de febrero del año 2020, y que este Tribunal conforme al artículo 50.2 del CPCA reservó su conocimiento para sentencia. Para el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la omisión apuntada vulnera el debido proceso del proponente por haber omitido este Tribunal referirse sobre su admisibilidad o rechazo, ya que si bien, la admisibilidad de esta prueba es facultativa, el pronunciamiento respectivo debe realizarce por estar impuesto por el propio canon 50.2 ibidem, y si se opta por rechazarla, se deberá motivar las razones de tal decisión. En razón de lo anterior, en el considerando siguiente se cumplirá con lo ordenado por ese Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la sentencia indicada.
II.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: El actor presentó el día 09 de marzo de 2022 como prueba para mejor resolver copia del "INFORME TÉCNICO ESPECIAL. RUTA NACIONAL N° 257 ACCESO A TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN, COSTA RICA. Gestión de la Solicitud de autorización para procedimiento abreviado ante la Contraloría General de la República y acciones posteriores", elaborado por el Ing. Alexander Moya Lacayo del mes de febrero del año 2020. Indicó el oferente, que habiendo coincidido con la señora Ana Lizeth Rodríguez Barquero, -actora dentro de la causa tramitada bajo expediente No. 19-004186-1027, cuya causa y objeto es similar al presente-, ésta le comentó sobre la existencia de este Informe, y que habiéndolo analizado consideró muy oportuno, necesario e imperioso -por ser tan dilucidador-, que sea conocida por el Tribunal de Juicio. Sostuvo en apoyo de la citada prueba que el Consejo de Administración del Conavi -del que era parte-, adoptó el pedido de autorización a CGR, basado en insumos de la Administración adecuados y que de lo visto y aprobado, no hubo objeción desde lo técnico, que hiciera creer que había un error en los datos técnicos. Que parte de lo que la C.G.R. vio y autorizó, era precisamente realizar estudios previos, diseño, y construcción y que técnicamente, es inviable estimar que debe haber perfecta exactitud, cuando C.G.R. conocía, y autorizó, un proceso de contratación abreviada, entre otros. Que desde esa perspectiva ese informe aporta un análisis técnico objetivo que ayuda, desde un ojo diferente al criterio subjetivo C.G.R., en dejar claro el cuadro fáctico, y la técnica que imperó y justificó lo hecho por por la Administración. Por su parte, la representación estatal ofreció como prueba para mejor resolver copia del escrito de demanda y de la resolución de las 08:15 horas del 09 de diciembre del 2019 dictada por este Tribunal Contencioso Administrativo, ambos documentos referidos al proceso judicial que se tramita bajo expediente judicial No. 19-004188-1027-CA. Criterio de este Tribunal: En primer lugar debemos traer a colación en cuanto a la admisibilidad de la prueba para mejor resolver, que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que su rechazo no produce la indefensión de las partes, y su admisión o rechazo por parte del Tribunal carece de recurso. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el Voto N° 547-F-2002 de las 16 horas del 12 de julio de 2002, en el cual esa Sala indicó: “(…) IV.- Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. Ergo, la omisión de pronunciamiento a su respecto, precisamente porque ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba y precluida aquella etapa, será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. (…)”. (Resaltado no es del original). Dicho lo anterior procederemos analizar la prueba ofrecida por las partes como prueba para mejor resolver por el actor y por la representación estatal. a) Respecto a la PMP ofrecida por el actor: Tal y como lo indicó este Tribunal en la audiencia de juicio oral y público celebrado el día 10 de marzo de 2022, el actor subió al sistema el día 09 de marzo de 2022 prueba que ofreció al Tribunal a título de PMP. Dicha prueba consiste en un Informe Pericial de parte confeccionado por el Ingeniero Alexander Moya Lacayo, denominado "INFORME TÉCNICO ESPECIAL. RUTA NACIONAL No. 257 ACCESO A TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN, COSTA RICA. Gestión de la Solicitud de autorización para procedimiento abreviado ante la Contraloría General de la República y acciones posteriores", elaborado en el mes de febrero del año 2020, y que fue ofrecido dentro del proceso tramitado bajo expediente No. 19-004186-1027 en el que es parte la señora Ana Lizeth Rodríguez Barquero. Tal y como lo ha señalado la Sala Primera en su línea jurisprudencial; la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna, decisión que carece de recurso, precisamente porque su ofrecimiento se hace en una etapa procesal en la que ya ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes tienen la carga de demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba. Ello es así porque con la prueba para mejor resolver no se puede reabrir fases procesales ya precluídas. En el presente caso tenemos que la prueba ofrecida en un informe pericial de fecha "Mayo 2020" y la audiencia preliminar realizada dentro del presente proceso se llevó a cabo el día 10 de setiembre de 2020, de manera que al momento de realizarse esa audiencia el Informe tenía alrededor de 4 meses de confeccionado, por lo que -más allá de la situación personal que narra el oferente y que escapa a lo procesal-, pudo ofrecerla en esa fase como prueba, sin embargo no lo hizo y lo hace hasta el día 09 de marzo de 2022, o sea casi 2 años despues de su emisión, cuando la fase para ofrecer o proponer ese tipo de prueba estaba precluida. Por lo expuesto se rechaza. b) Respecto a la PMP ofrecida por la representación estatal: Se ofreció como PMP por esa representación, copia del escrito de demanda y de la resolución de las 8 horas y 15 minutos del 9 de diciembre del 2019 dictada por este Tribunal Contencioso Administrativo, ambos documentos referidos al proceso judicial que se tramita bajo expediente judicial No. 19-004188-1027-CA. Como es sabido, este tipo probanzas, aunque hayan sido propuestas por alguna de las partes, son de exclusivo resorte del Tribunal, quien cuenta con una amplia discrecionalidad a efecto de decidir sobre la misma. Ahora bien, tal y como puede apreciarse, tales documentos se refieren a otro proceso, en el cual, si bien se impugnan conductas que también se cuestionan en el presente proceso, dichos documentos no tienen pertinencia con el presente proceso. De ahí que, a juicio de este órgano Colegiado, la misma no resulta útil, ni pertinente, ni necesaria como prueba para mejor resolver el fondo del presente asunto y en ese tanto procede su rechazo, como en efecto se dispone.
III.- OBJETO DEL PROCESO Y ALEGATO DE LAS PARTES: El objeto del presente proceso lo es para que en sentencia se declare la invalidez o nulidad de la resolución No. 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, que resolvió dar inicio al procedimiento administrativo número CGRPA-201 80044261. La resolución número 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31horas del 27 de noviembre de 2018, acto final dictado por el Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de laContraloría General de la República. La resolución número 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 que resolvió el recurso de revocatoria y la resolución No. R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 emitido por la Contralora General de la República. Además de todos los actos y resoluciones emitidas con ocasión de o relacionados con los oficios o resoluciones citadas. Finalmente solicitó que se condene solidariamente al Estado y a la C.G.R. al pago del daño moral objetivo por la suma de 30 millones e colones y daño moral subjetivo en la suma de 30 millones de colones y los perjuicios ocasionados, los cuales solicitó liquidar en fase de ejecución de sentencia. En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, la representación del actor alegó en lo que interesa: I) ANTECEDENTES: Que la Ley General de Obra Pública con Servicio Público, le confiere al CNC la competencia para desarrollar los procesos de concesión de obras públicas del país. Que el CNC llevó adelante el proceso de licitación para seleccionar al concesionario de la Concesión de la TCM, lo que generó el compromiso para el Estado de construir un acceso vial, primero provisional y luego definitivo, entre la ruta nacional No. 32 con el área concesionada para la operación de la nueva TCM, según lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación y el contrato de Concesión. Que por su parte la Ley de creación del CONAVI le confiere a ese Consejo la competencia para la construcción de las rutas nacionales del país y por ello, --por decisiones políticas y técnicas-- se le encomendó al CONAVI la construcción de la nueva ruta nacional de acceso al área concesionada, ruta a la que se le asignó el número 257. Específicamente se indicó en el Decreto No. 38172-MINAE-MOPT: "V.-Que el Proyecto Ruta Nacional No. 257, Sección Sandoval-Moín, es un proyecto de obra pública que se desarrollará en la provincia de Limón, cantón Central, distrito de Moín, cuyo desarrollador es el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente público adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por lo tanto el Consejo de Administración en Sesión No. 995-13, Articulo IV celebrada el 15 de abril del 2013, acordó: "Acuerdo 4.2): Declarar Ruta Nacional No. 257, sección de control 70730, el acceso vial a la nueva Terminal de Contenedores de Moín, conocida con las siglas TCM de aproximadamente 2040 (dos mil cuarenta) metros de longitud; que va a permitir la conexión del nuevo puerto con la Ruta Nacional No. 32. Esta Ruta No. 257 parte del kilometro 146+900 de la Ruta Nacional No. 32 (acceso actual a la finca Sandoval de RECOPE)". Que de conformidad con esa decisión política-técnica, ambos Consejos (CNC y CONAVI) debían, en consecuencia, trabajar de manera coordinada junto con la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que el Gobierno de Costa Rica lograra desarrollar el proyecto vial de acceso al área concesionada para la operatividad de la nueva terminal de contenedores. Que el contrato de concesión estableció plazos, descuentos por contenedor exportado sujeto a fechas de conclusión en tiempo de la obra vial y sanciones por el atraso en el cumplimiento de los compromisos de la Administración concedente que, en suma tenían implicaciones jurídicas y patrimoniales que incidían negativamente en caso de concretarse, en los beneficios más directos de la concesión pactada con la empresa APM Terminals. En especifico, ante el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, se exponía hasta la pérdida de la totalidad del descuento de US20 por contenedor, aplicable a la tarifa de uso de la nueva terminal de contenedores (cláusula 11.8.2) y a reclamaciones adicionales por incumplimientos materiales. Sostuvo el actor que este proyecto era tan importante que se preocupó de que en Conavi hubiese con regularidad una mesa de trabajo, llamadas "pre-juntas", en la que funcionarios con responsabilidad en ese y otros proyectos debían llegar a acreditar avances en las diferentes tareas encomendadas para lograr cumplir las metas. Que lejos de limitarse a sólo llegar a sesionar, antepuso los intereses del país, para que, en estas sesiones denominadas "pre-juntas", se pudiera conocer potenciales limitaciones que podrían incidir en el proyecto, y el estado de los trámites, etc. Que fue en esas sesiones "pre-juntas" que al proyecto TCM se le dio seguimiento donde se recomendó al director de Conavi y funcionarios involucrados que avanzaran. Que fue en esas sesiones donde siempre se solicitó la mayor coordinación entre el Conavi, la CNC y otras instancias. Que cuando el borrador de la autorización a pedir a la CGR llegó al Consejo, semanas luego de la última de las sesiones pre-juntas cuya minuta usa la CGR en el procedimiento sancionatorio, llegó con los criterios de respaldo de las instancias íntimas del Conavi, y particularmente con la nota de remisión y el criterio positivo de la funcionaria gerente a cargo del proyecto. Llegó con todos los respaldos y sin advertencias de ningún tipo. Que fue en tal circunstancia que sin reparo alguno propio o de áreas o de funcionarios internos, apoyado más bien en los documentos de avales y demás del Conavi, que procedió a dar su voto. Que en todo caso, el pedir la autorización a la CGR, no hay nada, en ese borrador y actividad suya en ese momento, que haga ver, justifique o relacione, que hubo conducta activa de su parte de mentirle a la CGR, como ésta indebidamente y sin justificación creíble concluye. Que la gestión ante la CGR se realizó sin que nada, objetivo le dijera que técnicamente el Objeto de la solicitud de autorización no atendía la necesidad pública en forma satisfactoria. Que no hubo forma técnica de concluir, con lo que tuvo a la vista, que con es proyecto no se garantizaba la conexión requerida por la TCM, menos que no sería funcional respecto de la viabilidad ambiental vigente en ese momento. Que no tuvo mayor elemento objetivo como para concluir que no todo se le estaba comunicando a la CGR al momento de pedir la autorización. II) ACERCA DE LOS HECHOS: 1) SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN HECHA POR EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL CONAVI A LA C.G.R.: Que en razón del contrato de "Concesión de obra pública con servicios públicos para el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín"; la Administración asumió la responsabilidad de tener un nuevo acceso vial para comunicar la ruta nacional No. 32 con la entrada del área de la concesión. Acceso que debía estar finalizado antes de darse la "Orden de Inicio" de las obras concesionadas. (Ver cláusulas 4.1.1.9 y 5.7.2). Que si la Administración incumplía dicho compromiso perdería el descuento de $20 dólares por contenedor establecido en la cláusula 11.8.2, además del incumplimiento contractual en el que incurría. Sostuvo que a pesar de la obligación asumida por la Administración en cuanto a la construcción del acceso; en el Contrato de Concesión no se indicaron las coordenadas del entronque entre la ruta 257 y la Terminal de Contenedores de Moín. Señaló que la Inga. Andrea Soto Rojas, Gerente de la "Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" (que incluye el proyecto denominado TCM), por oficio POE-01-2015-0359 del 19 de abril de 2015, dirigido al señor Mauricio González Quesada, Viceministro de Infraestructura y Concesiones del MOPT, advirtió en sus puntos 3.a,b,c,y d ---entre otras cosas---, que el final del acceso provisional no coincidía con las coordenadas suministradas por el Consejo Nacional de Concesiones para la llegada a la plataforma de la Terminal de Contenedores de Moín. Señaló que formó parte del Consejo de Administración del CONAVI, en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y que como miembro de ese Consejo participó en 4 sesiones de trabajo denominadas pre-juntas celebradas durante los días 27 de abril, 22 de junio, 27 de julio y 14 de setiembre todos del 2015, en las que se hicieron algunas observaciones o comentarios sobre el "Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" a cargo de la Inga. Andrea Soto Rojas y dentro del cual se encontraba el Proyecto denominado TCM (Terminal de Contenedores de Moín). Señaló que de dichas prejuntas se levantaron "minutas", las cuales carecen de su revisión y de su aprobación, así como del Consejo de Administración del CONAVI. Que un equipo interdisciplinario denominado Comisión CONAVI-CNC conformado por la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" y la Unidad Ejecutora TCM del CNC preparó un documento "borrador" el cual fue puesto en conocimiento del Director Ejecutivo del CONAVI, señor Mauricio Salom Echeverría, mediante oficio No. POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015, para que se tramitara ante la C.G.R., 2 procedimientos especiales de contratación (arts. 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento). El primero para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para "La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)" por un monto de 78 millones de dólares y el segundo para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares. Señaló que el Consejo de Administración del CONAVI conoció dicho documento en su sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, según el artículo 2 del acta No. 1274-2015, en el que de manera colegiada por unanimidad se aprobó el documento borrador para solicitar a la C.G.R., aprobar el procedimiento especial referenciado. Que en razón de lo solicitado la C.G.R. por oficio No. 616 (DCA-0115) le solicitó al señor Salom Echeverría explicara del porqué de la presentación hasta ese momento de la solicitud de autorización para llevar a cabo una "contratación directa concursada" para la construcción del acceso definitivo a la TCM, tomando en consideración que en la solicitud se indicó que las obras debían estar terminadas al mes de setiembre de 2017, con lo cual la Administración contaba con un plazo reducido para cumplir con dicho compromiso. Sostuvo que el señor Salom Echeverría por oficios DIE-07-16-0150 y DIE-07-16-0272, dio respuesta a la explicación solicitada por la C.G.R., ---sin obtener su aprobación ni la del Consejo de Administración del CONAVI---. Que la solicitud planteada por el Consejo Administrativo del CONAVI fue aprobada por la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. por oficio DCA-0411 (02184) del 12 de febrero de 2016. Indicó que nuevamente la Inga. Andrea Soto Rojas, Gerente de la "Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" por oficio POE-01-2016-0293 del 18 de marzo de 2016, dirigido ahora al señor German Valverde, Director Ejecutivo del CONAVI y al señor Mauricio González Quesada Viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT, les indicó: "...Previamente en diferentes ocasiones esta Unidad Ejecutora ha señalado que las Coordenadas de la Ruta Nacional No. 257 no coincide con la plataforma de la terminal y esto tiene relevancia ya que los puntos de conexión deben coincidir porque de lo contrario no se lograría acceder desde y hacia la terminal de contenedores...". Que por oficio DVRP-2016-032 (257) del 29 de marzo de 2016, el señor Mauricio González Quesada le contestó a la Inga. Andrea Soto Rojas que, ---habiendo conversado el tema con el Ministro---, no tenían aprobación para la implementación de una solución del lado del CONAVI, por lo que le agradecía que no promoviera ninguna aclaración o enmienda de ninguna naturaleza al proceso de contratación activo. Que hecha la valoración de los riesgos de tiempo, costo y reputacionales no consideraban que valiera la pena introducir elementos de riesgo tan importantes como una autorización ambiental en el proceso de contratación tan restringido como el que ocupaba a CONAVI en ese momento, por lo que le agradecía que se concentrara en la identificación de opciones o a través de APM. Finalmente le señaló, que fue informado por el CNC que se encontraban en proceso de conversaciones con APM para materializar un cambio de posesión de la vía de acceso a la terminal para hacerla coincidir con la posesión actual de la ruta nacional No. 257. Que el día 30 de junio de 2016, el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión No. 134, art. 4 adjudicó la Contratación Directa No. 2016-DC-000026-00DIE, titulada "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257. Acceso a la Terminial de Contenedores de Moín" a la empresa CONSORCIO ATLÁNTICO, por un monto de $71,857,857,500.00 dólares. 2) SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Que por oficio DIE-07-17-1081 del 18 de abril de 2017, el señor German Valverde González, Director Ejecutivo del CONAVI solicitó a la CGR una autorización para modificar los alcances de la Contratación Directa No. 2016CD-000026-0DE00", denominada "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín." e incluir las obras de conexión entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal de Contenedores y cumplir así con los requisitos técnicos establecidos en el Cartel lo que conllevó a una modificación en las cantidades contractuales y solicitó entonces la aprobación de la incorporación contractual de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la ruta Nacional No. 257. Justificó dicha solicitud en que según la información disponible, al momento de la elaboración de la propuesta Técnica para la fase de licitación de la Contratación Directa 2016-000026-0DE00, para cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el cartel, se estableció un enlace tipo rotonda, sin embargo en su parte final presentó altas pendientes y bajos radios de curvatura además de presentar un desface respecto al punto de conexión establecido para la TCM. Que en razón de la información adicional solicitada por la División de Contratación Administrativa de la CGR; el señor German Valverde González (Director Ejecutivo del CONAVI) le indicó que la situación del desface en la conexión de la ruta Nacional No. 257 fue advertida por la Unidad Ejecutora a cargo del Proyecto (oficio POE-01-2016-0293) sin embargo procurando no aumentar el riesgo de no poder cumplir con los plazos establecidos contractualmente y que pudiera representar para el Estado la pérdida del descuento señalado en el punto 11.8.2; se dispuso que la contratación directa debía continuarse en los términos en que se encontraba en ese momento. Que si bien se consideró la posibilidad de que se encargara a APM Terminals la ejecución de las obras de conexión, luego se descartó por considerarse que ello no resultaba conveniente a los intereses de la Administración, pero que nunca se perdió de vista la necesidad de encontrar una solución definitiva a la conexión con la terminal, consolidándose la suscripción del Convenio de Cooperación. Que la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. analizó la solicitud y por oficio 07467 (DCA-183) del 30 de junio de 2017, autorizó al CONAVI modificar parcialmente el objeto contractual de la "Contratación Directa Concursada No. 2016CD-000026-0DE00", adjudicada originalmente por la suma de 78 millones de dólares, advirtiendo que el desface en la conexión fue conocido por oficio POE-01-2015-0359 del 29 de abril de 2015, sin embargo esa Administración decidió tramitar la autorización inicial sin incluir una solución que se ajustara a la realidad. Y si bien aprobó la modificación indicó que ello no enervaba la investigación que al respecto realizaría ese órgano contralor o la Administración en razón del desface para el proyecto y el hecho de omitir información dentro de un trámite de autorización. 3) SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA CONEXIÓN POR PARTE DE LA C.G.R.: Que la División de Fiscalización y Evaluación del Área de Servicios de Infraestructura de la CGR por oficio DFOE-IFR-0521 del 27 de octubre de 2017, cuestionó lo referido a la conexión de la ruta Nacional No. 257 con la TCM, indicando que la Unidad Ejecutora del Programa de Estratégicas de Infreaestructura Vial del CONAVI, ---(Inga. Andrea Soto por oficio No. POE-01-2015-0359 15 de abril de 2015)---, advirtió desde el mes de abril de 2015 que las coordenadas geográficas del acceso provisional ---construido en el año 2014--- no coincidía con las coordenadas geográficas del acceso a la TCM y desde entonces recomendó revisar esa situación, por considerar que se podían requerir gestiones ante otras instituciones y que la franja de derecho de vía de 60 metros fue dada con respecto al alineamiento del acceso provisional; sin embargo la Administración pese a su conocimiento sobre el tema, no tomó las previsiones para resolver la conexión a través de la contratación directa promovida por ese Consejo y que la situación persistió, lo cual incrementó el riesgo de que la obra no cumpliera con lo requerido, debido a las gestiones que debía llevarse a cabo la Administración con participación de las otras entidades involucradas según sus competencias y concluida la investigación preliminar, el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa por oficio DFOE-IFRIP-0001-2018 del 21 de junio de 2018, le solicitó al Gerente de la División Jurídica valorar la apertura del procedimiento administrativo. 4) SOBRE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: Que por resolución No. 10372-2018 (DJ-0968) del 24 de julio de 2018 se inició procedimiento administrativo en su contra bajo No. CGR-PA-2018004426, endilgándole responsabilidad administrativa por tramitar un procedimiento especial de Contratación Administrativa, conociendo que técnicamente el objeto de la solicitud de autorización no atendía la necesidad pública en forma satisfactoria, en tanto no garantizaba la conexión requerida por la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), ni era funcional respecto a la viabilidad ambiental vigente en ese momento, situación que no fue comunicada a la CGR al momento de gestionar dicha autorización. Que mediante resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:30 horas del 27 de noviembre de 2018, le declaró responsable por culpa grave. Resolución que fue recurrida y ambos recursos fueron rechazados. 5) VICIOS ACUSADOS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: Que la sanción que se le impuso partió de un supuesto incorrecto, pues se asumió que él como parte del Órgano Colegiado denominado Consejo de Administración del CONAVI, conforme al contenido de los oficios POE-01-2015-0359 del 29 de abril de 2015, DVRP-2016-032 del 29 de enero de 2016 y POE-03-2017-0669 del 06 de junio de 2017; conocía del desface existente entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal desde antes de concurrir con su voto afirmativo para solicitar a la C.G.R. la autorización de la "Contratación Directa No. 2016CD-000026-0DE00", denominada "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín." según acuerdo No. 2 tomado en la sesión No. 1274-2015 celebrada el día 18 de diciembre de 2015. Que el hecho de que concurriera con su voto en el acuerdo señalado, lo hace responsable por el yerro referido a la conexión. Acusó que: i) Que a pesar que el día 17 de setiembre de 2018 aportó como prueba de descargo el "Informe Técnico elaborado por la Auditoría del MOPT No. DAG-IT-2018-0016 del 20 de junio de 2018", en el que se detalló el historial de los pares de coordenadas de entronque de la Ruta Nacional 257 y la TCM, las que se definieron desde junio de 2001 hasta agosto de 2016. Que en dicho Informe se concluyó: "La información utilizada por el CONAVI como insumo al inicio del proceso de definición del trazado de la ruta de acceso a la TCM fue suministrada por el Ing. José Chacón Laurito y el Ing. Carlos Rueda Segura de la Dirección Marítimo Portuaria. Las coordenada dadas al CONAVI, por los funcionarios antes mencionados, en junio de 2011 si concidían con la TCM como se observa en la Figura No. 1, mientras que las dadas en junio de 2012, para dicho entronque, no coincidían con la terminal, tal y como se observa en la Figura No. 2. Estas últimas coordenadas son las que el CONAVI utilizó para la contratación de la Ruta 257, ya que fue la última información actualizada dada por la Dirección Marítimo Portuaria. Lo anterior evidencia que desde junio de 2012, la Dirección Marítimo Portuaria tenía claro que el final de la Ruta 257 no iba a coincidir con el entronque de la terminal y aún así, esas fueron las coordenadas que le proporcionaron al CONAVI para la construcción de la ruta de acceso" Que de ese mismo informe se colige que: "Este oficio evidencia que la Comisión Mixta para la Construcción de la Ruta Nacional N° 257 tomó la decisión de no modificar la contratación para asegurar el entronque de la Ruta 257 con la TCM, debido a que se corría el riesgo de que la gestión ambiental atrasara la contratación y por consiguiente todas las implicaciones que ese atraso tendría para el país. Además, se evidencia que el Consejo Nacional de Concesiones estaba negociando con APM para que ellos realizarán modificaciones en el acceso a la Terminal de forma que coincidiera con la Ruta 257"; sin embargo dicho Informe no fue considerado. ii) Que no es técnico en la materia y no estaba en deber legal de conocer dicho yerro. Y que hubo una serie de etapas posteriores a dicha solicitud en la que se pudo detectar el error. Que si bien conocía del asunto de las coordenadas, ello era responsabilidad de atender por la Comisión Mixta por ser un asunto técnico. Que nunca fue informado del error técnico. Que en criterio del Órgano Contralor era su deber de desconfiar de los avales técnicos; sin embargo existe jurisprudencia donde se indica que si existen avales técnicos de funcionarios, no existe motivo razonable para desconfiar de ellos. 5.1) INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Si bien el actor reconoce que como miembro del Consejo de Administración del CONAVI, concurrió con su voto en la sesión No. 1274-2015, en la que se tomó el acuerdo de solicitar a la C.G.R. autorización para promover una contratación directa concursada para contratar los "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)", no obstante sostiene que su voto afirmativo se dio en razón de: A. Que el borrador que le fue sometido al órgano colegiado contó con los avales técnicos de la Comisión Mixta CNC-CONAVI, responsables directos de su elaboración, lo cual no fue analizado por el Órgano Director, pues su teoría es que por haber participado en las sesiones de trabajo o "Pre-Juntas", estuvo al tanto de que no existía una solución técnica al desface existente en la obra y que el Secretario Técnico de esa Comisión explicó el motivo porqué no cabía la posibilidad de realizar una enmienda al cartel del concurso. B. Que las coordenadas utilizadas por el CONAVI le fueron suministradas por el CNC, lo cual quedó evidenciado en el "Informe de la Auditoría Interna del MOPT". C. Que el Ingeniero Mauricio González Quesada, Viceministro de Reformas y Proyectos, y Secretario Técnico de la Comisión Mixta para la construcción de la Ruta Nacional 257, sección Sandoval-Moín por oficio DVRP-2016-032 del 29 de enero de 2016 le indicó a la Inga. Andrea Soto Rojas Gerente de la Unidad Ejecutora continuara con el proceso licitatorio bajo No. 2016CD-000026-0DE00, sin incluir los cambios requeridos para obtener una conexión funcional. Que a sabiendas del desface existente continuó con el procedimiento a efectos de no perder el descuento previsto en la cláusula 11.8.2 y luego se consideró que el trayecto se le encargara a APM Terminals, sin embargo luego tal opción se descartó y se buscó una solución alternativa. Sostuvo que ninguna de esas circunstancias fueron consideradas por el Órgano Decisor. Reiteró que la situación del desface en la conexión, nunca le fue informada expresamente, ni a él, ni al Consejo Directivo del CONAVI y que dicha situación tampoco fue considerado por el Órgano Decisor. 5.2) SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE TRABAJO (PRE-JUNTAS): Que en dichas sesiones nunca se advirtió sobre la existencia del desface, tal y como lo asumió el Órgano Decisor. Que lo único que se levantaba era una minuta de la reunión, la cual carece de firmas, pues técnicamente no se trata de una acta. Que tampoco es cierto que en dichas sesiones la miembros del Consejo de Administración dieran seguimiento de los proyectos a su cargo, pues la participación individual de los miembros no representaba al Órgano Colegiado. Que la supervisión de los proyectos en el CONAVI es realizada por las áreas sustantivas y administrativas y no por directivos en su carácter personal. Que la conjetura del Órgano Decisor se reduce a que estuvo presente en esas reuniones de trabajo (pre-juntas) donde se comentó el problema del desface y que eso le hacía conocedor del impedimento, no obstante no analizó que al momento en que se somete el borrador de autorización al Órgano Colegiado, este viene con los avales técnicos de la Comisión Mixta. 5.3) APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CON SUSTENTO EN EL INTERÉS PÚBLICO: Que el Órgano Decisor indicó que se pidió autorizar una obra que no era funcional, lo cual no es cierto, pues se puede visitar el proyecto y se podrá verificar que las obras se realizaron en aras del interés público y son funcionales. Que en este punto el Órgano Decisor reconoció que que el contratista debía realizar los estudios previos diseño y construcción y supervisión de obras, pero dejó de pronunciarse sobre esa responsabilidad del contratista (realizar estudios previos, y su obligación de advertir si algún elemento del cartel no calzaba con el dato técnico adecuado) y cualquier error debió evidenciarse con los estudios previos, el diseño, y los datos técnicos dados en el cartel. Que el Órgano Decisor le endilgó que actuó en contra del interés público, ya que debió asegurarse de la efectiva conectividad; sin embargo el día que se votó el acuerdo recibió los documentos de la Administración que contó con el aval de la Comisión Mixta CNC-CONAVI, además el Presidente Ejecutivo estuvo en dicha sesión quien presentó el punto, y ninguna de las áreas internas de la Comisión Mixta advirtió que la propuesta técnica no era la adecuada. Que como miembro del órgano colegiado, dependió de los informes y vistos buenos, los cuales estuvieron presentes el día en que se tomó el acuerdo solicitando la autorización. Luego manifestó que cuando la C.G.R. solicitó aclaración en torno a la solicitud de autorización, no participó de las respuestas que al respecto brindó la Administración y que si hubiese dependido de él la respuesta, hubiese contestado con toda claridad las dudas del órgano contralor. Que por ello no hay prueba que de certeza al Órgano Decisor para concluir que él sabía que la conexión no se iba a dar y aún así concurrió con su voto solicitando la autorización. Que lo que votó fue un borrador de una gestión presentada ante la C.G.R., para que ese órgano hiciera el análisis de legalidad. Que el documento votado contó con todos los estudios de respaldo técnico emitidos por la Administración. Que tampoco votó las respuestas aclaratorias solicitadas por la C.G.R. Que así, el hecho de que votara dicho acuerdo, no le hace responsable por una contratación que no daría la conexión final, porque lo votado fue un paso más dentro de una serie de etapas donde perfectamente se debió detectar el error. De manera que el yerro respecto de las coordenadas es imputable a la Comisión Mixta por ser un aspecto técnico. Reiteró que cuando se subió la propuesta al Consejo Administrativo del CONAVI, no fue informado del error técnico existente. Que el "borrador" contaba con la documentación interna entre estos, los avales de la Comisión donde estaba la Inga. Andrea Soto Rojas, funcionaria a cargo del Proyecto. Afirmó que sí existió un interés público, ya que si no se solicitaba la contratación directa concursada, ---por las fechas---, las obras definitivas no hubiesen estado a tiempo para cumplir con el Contrato de Concesión. Que el Órgano Decisor dio por sentado que la solución final pasaba por la adquisición de terrenos y nuevos permisos ante el SETENA, lo cual no fue así, sino que la Concesionaria APM Terminal se ajustó al aval inicial dado por el SETENA, circunstancias que no fueron analizadas por el Órgano Decisor. Que en caso de que la solución hubiese requerido la compra de terrenos, ni la Inga Soto Rojas, ni las Áreas del CONAVI, ni su Director Ejecutivo, advirtieron al Consejo tal situación, sino que por el contrario junto al borrador del acuerdo adjuntaron su aval. Que el decir de que en sesiones de trabajo (Pre-Juntas) se le advirtió de dicha situación tampoco es de recibo porque no consta documento de dichas sesiones donde se advirtiera. Que la situación dada es reprochable, ya que los funcionarios no alertaran al Consejo sobre dicha situación. Que la tesis entonces del Órgano Decisor es que si el borrador del acuerdo a adoptar por parte del Consejo de Administración del CONAVI, contaba con los avales técnicos, debió de desconfiar de esos criterios y pedir otros criterios a asesores, etc. Que al respecto, hay jurisprudencia en el sentido de que si existe criterio técnico, que avalen un determinado asunto, no tendría el Consejo como tal de desconfiar de esos avales, o sospechar que estos fuesen emitidos de manera errada y menos si el contenido de dichos avales eran desconocidos por él. Que ese caso, aún cuando conoce de criterios técnicos, no es Ingeniero o experto técnico como para debatir o cuestionar un documento cuyo contenido no es de su dominio. Que como miembro del Órgano Colegiado, se preocupó porque los avales técnicos existieran, pero no podía saber que dichos documentos no daban una solución técnica al proyecto a desarrollar. Al contrario contó con el aval de la Inga. Andrea Soto Rojas y de la Comisión Mixta, lo que le hizo pensar que todo estaba correcto, por lo que yerra el Órgano Decisor al afirmar que el problema del desface en la conexión era de sobre conocido por los miembros del Consejo Administrativo del CONAVI. De manera que existiendo los avales técnicos respectivo aportados al borrador, no había razón alguna para dudar de ellos, o que se justificar pedir otros criterios al respecto. De forma que pensar que se mintió a la D.C.A de la C.G.R. dando datos incorrectos adrede o con negligencia es inaceptable. Que de esa forma, como miembro del Consejo de Administración no tuvo conocimiento del desface existente, no fue advertido por las instancias respectivas, pues al contrario se contó con los avales técnicos requeridos y que tampoco es cierto que en la sesiones de trabajo denominadas Pre Juntas, fuese advertido, y que las minutas de dichas sesiones de trabajo, tampoco quedó advertencia alguna, amén de que dichas minutas son simples documentos, sin firmas y sin autor responsable de su contenido. Que el Órgano Decisor referenció "reiteradas advertencias y señalamientos de los problemas de conexión referidos", sin embargo dichas minutas nunca le fueron puestas en su conocimiento, no consta firmas de nadie, de forma que no se puede concluir que a partir de ellas se le hubiese advertido oficialmente como miembro del Consejo sobre la situación del desface existente. Que esas sesiones de trabajo o pre juntas, siempre las concibió como un espacio para que cuando los asuntos subieran al Consejo de Administración llegasen bien presentados, con respaldos, de forma que por ello no hay prueba alguna que acredite que en dichas sesiones se le advirtió la situación de la conexión. Que el Órgano Decisor minimizó lo actuado por la Inga. Andrea Soto Rojas, al dejar ver que no tenía que advertir cuando sometió al Consejo el documento a aprobar, aún cuando le daba su aval, lo que se debe concluir entonces es que habría que sospechar que el funcionario miente, sin embargo se espera siempre que los funcionarios actúen con probidad y se valida lo que al respecto se consignó en las minutas de trabajo, sin que esos documentos cuenten con el aval o visto bueno de esa funcionaria, si embargo el Órgano Decisor dio por acreditado que a partir de dichas minutas se dio por advertido de la situación del desface de la conexión, sin hacer un mayor análisis. Que se parte de que el Consejo Administrativo aprobó el borrador sometido a su conocimiento sin mayor análisis, lo cual no fue así, y el día en que se tomó el acuerdo lo que se tiene es que el borrador fue revisado y avalado por la Comisión, todo con respaldo. Que para el Órgano Decisor, el Consejo de Administración tomo el acuerdo sin siquiera consultar la forma en que se resolvió el tema del desface, sin embargo cuando concurrió con su voto afirmativo como miembro de ese Consejo no hubo ninguna advertencia de que hubiese algo que no se ajustara a lo técnico o a lo legal. 5.4) CONJETURAS EN QUE INCURRE EL ÓRGANO DECISOR: Que al Órgano Contralor se le hizo creer que la autorización solicitada respondía a una solución definitiva lo cual no respondía a la realidad del proyecto. Que eso fue así por cuanto cuando concurrió con su voto nada lo hacía pensar que algo en el borrador no se ajustaba a lo técnico y que cuando se pidieron aclaraciones al respecto por parte del DCA la respuesta no dependía de él como miembro del Consejo. Que si bien el Órgano Decisor señaló que el tema de la entrega a tiempo de la obra no era tema de investigación; sin embargo para el Consejo Administrativo era prioridad que la obra se entregara a tiempo ya que ello le permitía al país ganar un bono de descuento por cada contenedor, a lo cual no se le puede restar valor. Que los miembros del Consejo sabía que la obra a realizar resultaría ineficaz para los fines del proyecto. Que el día en que se votó el acuerdo, se contó con los avales técnicos de la Comisión Mixta y salvo por lo del entronque la obra se adjudicó y pagó tal y como fue adjudicada, de manera que señalar que desde el inicio se sabía que la obra sería ineficaz resulta temerario, pues la obra se hizo y está funcionando y que lo único adicional que se hizo fue el entronque, lo cual resultó con un valor marginal respecto al valor de la obra total que originalmente se adjudicó. Que no participó en las respuestas se le dieron en virtud de los cuestionamientos consultados por parte de la D.C.A. de la C.G.R, pero que si había dudas en torno al entronque, él hubiese revisado lo correspondiente y dado respuesta técnica al respecto. Reiteró que al avalar el borrador sometido a conocimiento de la Junta, partió del hecho de que todo se encontraba conforme y respaldado técnicamente. Que el Órgano Decisor indicó que la solicitud presentada por oficio DIE-07-15-3588 no iba a satisfacer la necesidad debido a los problemas técnicos de conexión detectados previamente; sin considerar que cuando concurrió con su voto, contó con los avales técnicos y aprobación del Comité Mixto. Manifestó que la afirmación hecha por el Órgano Decisor, al indicar: "...En este sentido debe recalcarse que el señor Campos Monge fue advertido oportunamente de los problemas de conexión de la ruta, así como de las formas en que se debía proceder para soluciona el problema, siendo que la misma no podía ser funcional hasta tanto no se resolviera el desface señalado..." Aseguró que dicha afirmación responde a que en reuniones de seguimiento o trabajo a las que asistió, escuchó asuntos relacionados con el desface, pero que no existe en ninguna minuta en la que fuera advertido, aunado a que no era el funcionario técnico encargado de preparar el acceso definitivo. Que la Inga. Andrea Soto Rojas no advirtió en el momento y ante la instancia que debía hacerlo, siendo que más bien les dice que el borrador contaba con los avales de rigor. Que ni ella, ni nadie la advirtió en las reuniones de trabajo, ni se puso en conocimiento del Consejo. Que no es cierto lo que concluye el Órgano Decisor al afirmar que actué con descuido lo que no es propio de las funciones a su cargo, incumpliendo así con sus deberes de manera injustificada, faltando a su deber de precaución y diligencia, pues pese a que se conocía los problemas técnicos que presentaba el proyecto, no se aseguró que el problema conocido desde antes de concurrir con su voto autorizando al señor Salom a pedir la autorización referenciada. Situación que la rechaza por cuanto fue la misma Inga. Soto Rojas la que subió el borrador al Consejo con su aval. Que se da por contado que en las sesiones de trabajo fue informado del desface en la conexión existente, sin embargo de las minutas de dichas sesiones de trabajo se colige tal advertencia. 5.5) SOBRE LA PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LO RESUELTO: Que de nada sirvió la evacuación de la prueba que aportó, pues la teoría del Órgano Decisor, fue que en las sesiones de trabajo o "Pre-Juntas" fue advertido del desface en la conexión, ello a pesar de que no existe una minuta donde formal o informal se le haya advertido tal situación y a pesar de que se acreditó que la Inga. Andrea Soto Rojas, ni ningún otro funcionario, advirtió sobre el desface existente, lo cual no es proporcional ni razonable. Que no se analizó bien el informe de la Auditoría del MOPT donde quedó evidenciado que hubo errores en las coordenadas suministradas al CONAVI. De manera que existieron datos errados los cuales no le eran disponibles al momento de votarse el acuerdo, pero que se contaba con los avales internos. Que cuando conoció dicha circunstancia promovió la investigación preliminar de rigor. Que se afirmó que su actuar afectó el interés público, sin tomar en cuenta que la vía apenas se construía. Que como no era técnico en la materia, debía confiar en los avales administrativos máxime que no es técnico en la materia. Que por ello solicita se revoque las resoluciones que se indicaron, ello porque dichas sentencias se sustentan si mayores pruebas y en conjeturas, en unas supuestas advertencias que no fueron tales, pues se trató de reuniones cuyo objeto era ver el avance de los proyectos, donde eran los funcionarios los encargados de trabajar en los pendientes, lo que no da para afirmar que era su deber abstenerse de aprobar el borrador que se remitiría a la C.G.R., y menos aún cuestionar el aval de la Inga. Soto Rojas. 6) ALEGATOS DE LA DEFENSA QUE NO FUERON ANALIZADOS CON OBJETIVIDAD, APRECIACIONES ADICIONALES SOBRE EL TRASLADO DE CARGOS Y LO QUE RESOLVIÓ EL ÓRGANO DECISOR: Que para el Órgano Instructor votó el acuerdo, sin que se le indicara a la D.C.A. de la C.G.R. la condiciones del proyecto que se pretendía ejecutar, lo cual no quedó acreditado, y lo que sí quedó acreditado fue que cuando votó lo hizo porque sabía que el borrador contaba con el visto bueno de la Comisión Mixta, en la cual estaba la Inga Andrea Soto Rojas, y no había motivo como para dudar. 6.1) QUE DESDE EL ACTO INICIAL HUBO AFECTACIONES AL DEBIDO PROCESO: i) Intimación: Que hubiese habido una relación oportuna, precisa, expresa clara y circunstanciada que adrede le ocultó a la D.C.A. de la C.G.R., todas las condiciones del proyecto. Se presumió simplemente que sabía del desface en la conexión situación que no se deduce del acta de la sesión. ii) Imputación: Que no hubo una individualización clara, precisa y detallada del hecho que se imputó. No se acreditó que votara un acuerdo con la clara intención de ocultar las condiciones reales del proyecto. Que en el oficio POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015, el borrador se elevó al Consejo sin advertencia alguna y mas bien se indicó que el documento contó con la valoración del equipo de trabajo, incorporando todas las observaciones, incluyendo las de la CNC, y la Unidad Ejecutora a cargo de la Inga. Andrea Soto Rojas. Y que tampoco participó en la repuesta que la D.C.A. le solicitó a la administración del CONAVI. Que tampoco suscribió un acuerdo contrario al interés público. iii) Tipicidad en sede administrativa: Que no se acreditó que hubiese actuado con dolo o culpa grave y citó lo dispuesto en los artículos 3 y 113, y otros artículos no mencionados en el acto de inicio. Que la obra resultó operativa y funcional, se cumplió con el compromiso a tiempo, lo que evitó se perdiera el descuento de $20 por contenedor y que el tema del desface fue un aspecto marginal al valor o tamaño completo de la obra y su valor marginal al de la obra completa. iv) Culpabilidad: Que luego de leer el traslado de cargos y el acto final, no encontró una sola prueba que justificara concluir, que actuó con dolo o culpa grave. Que sólo votó un acuerdo para ir a la C.G.R. a pedir una autorización que estimó vital para el país. Obra que se construyó dentro del presupuesto autorizado por la C.G.R. desde que originalmente se solicitó. Luego que el informe de la Auditoría Interna del MOPT fue claro en cuanto a que las coordenadas fueron suministradas y que fue la Comisión Mixta para la construcción de la Ruta Nacional 257 la que tomó la decisión de no modificar la contratación para asegurar el entronque de la indicada ruta con la TCM por el riesgo que se atrasara la construcción lo que implicaba la pérdida del descuento de los $20 dólares por contenedor. v) Razonabilidad y proporcionalidad: Que sin pruebas objetivas de que hubiese actuado con dolo o culpa grave se le sancionó con 2 años de suspensión de cargos públicos, sin embargo a la fecha los actos de autorización, y posterior adjudicación mantienen su validez y eficacia, así como su legalidad, por cuanto ninguno a sido anulado por ilegítimo y que si no hay acto ilegítimo tampoco hay reproche que formularle en lo actuado y por ende sanción a aplicarle. Ello a la luz de la razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo el Órgano Decisor señaló que no pretendió sentar responsabilidad por acto ilegítimo, con lo cual desconoce su propio Reglamento, el cual señala que la sanción debe estar ajustada al acto ilegítimo que se realizó. 7) SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA DEL MOPT: Que de dicho informe se tiene claridad que las coordenadas señaladas en la solicitud de autorización, fueron las mismas utilizadas para el trazado de la ruta aprobadas por la SETENA en el año 2013(CRTM-05: Este: 597895.6528. Norte: 1104909.0147 hasta el área de concesión con la TCM con: Este: 598202.6432. Norte: 1106720.2754, las cuales definieron el área del proyecto con un ancho de 60 metros y 1.1 kms de longitud. Que dichas coordenadas fueron las dadas para licitar por lo que no puede alegarse un actuar contrario a la Ley, pues la Administración se apegó al área del proyecto aprobado por la autoridad ambiental del Estado y que más bien legal hubiese sido variar su trazo y que fue en el mes de setiembre de 2014 que la concesionario varió las coordenadas. Luego, quedó acreditado que la Inga. Andrea Soto Rojas por oficio POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015 remitió el borrador del acuerdo a tomar, sin advertir nada al respecto y cuando se votó el día 18 de ese mes y año, el documento fue acompañado con los avales técnicos y legales de rigor de la Administración. Luego reiteró que no participó en las aclaraciones que al respecto se solicitaron pues fueron contestadas directamente por la Administración. 8) SOBRE LAS MINUTAS DE LAS SESIONES DE TRABAJO O PRE-JUNTAS: Que en las sesiones de trabajo los encargados de proyectos explicaban sus avances, donde los directores básicamente escuchaban y eran los encargados de la Administración los que atendían los pendientes. Y las minutas que se levantaban de tales sesiones carecen de avales de los asistentes y sin embargo, el Órgano Decisor les dio un valor como si se tratara de actas firmes de un órgano colegiado. Que en ninguna de las minutas, ni en la del 27 de abril, 22 de junio, 27 de julio y 14 de setiembre todas del 2015, se advirtió sobre el desface en la conexión existente. De manera que sólo en la mente del órgano decisor dichos documentos advirtieron tal cosa, de manera subjetiva, lo que violenta el principio de la sana crítica (art. 298.2 LGAP). Que en dichas minutas se indicó la supuesta necesidad de adquirir terrenos para solventar el desface, sin embargo la solución no fue esa, de manera que la supuesta "advertencia" no fue últil, porque la solución no se dio con la adquisición de nuevos terrenos. Reitera una vez mas el actor que cuando votó el acuerdo no tenía conocimiento del desface y que nunca fue advertido formalmente. 9) VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO: Que el Órgano Decisor incurrió en una seria falta al debido proceso, ya que la prueba que usó para llegar a dicha conclusión, fue solicitada como prueba para mejor resolver, prueba que no era nueva y en claro atropello a sus derechos, pues pudo pedirla mucho antes y no en conclusiones y a documentos sin firma y sin saber quien es su autor le da un valor probatorio sobre el que sustenta la sanción. Que el Órgano Decisor le achacó que el día 30 de julio de 2015, la entonces Viceministra Guiselle Alfaro expuso: "...(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental. ya que. en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo: y en razón de ello, según Setena (sic), se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto...", sin embargo el Órgano Decir no se percata que dichas afirmaciones se dieron mucho antes del 15 de diciembre de 2015, y que quien debía atender dicha situación era la Administración , la Comisión Mixta o la Unidad Ejecutora y no él como miembro del Consejo Asesor y que era de esperar que semanas o meses después de dicha manifestación, todos esos asuntos debieron ser atendidos por los funcionarios responsables, pues ese era su deber. Sin embargo el día en que se votó el acuerdo por el Consejo Administrador del CONAVI, nadie advirtió o explicó que aún persistía algún faltante de orden técnico. 10) SOBRE LA INFRACCIÓN DE LA C.G.R. A SUS DERECHOS: Que lo actuado por el órgano contralor violentó su derecho a un acto administrativo motivado y fundamentado, pues se limitó a reiterar su teoría del caso, sin realizar un análisis de las declaraciones y pruebas aportadas. Que violentó su derecho al debido proceso, pues nunca hubo un juez natural que se preocupara por buscar la verdad real y material de los hechos. Violentó su derecho a ocupar cargos públicos, secuela que quedó en su record de servicio y aunque la sanción fue por dos años, lo cierto es que se mantendrá por el resto de su vida profesional. Que violentó su derecho humano al principio de inocencia, pues la Contraloría nunca fue objetiva y buscó en endilgarle una responsabilidad inexistente. Además que le impuso la sanción mas gravosa, como lo fue la inhabilitación, basada en su única verdad, a partir de minutas que nunca fueron reconocidas como tales, sin firma, y que nadie ha sido declarado responsable de su contenido. Que la Administración concluye que no hubo daño a la hacienda pública, que no se cometió perjuicio, que no existieron actos de corrupción y que lo actuado revistió un interés público, sin embargo se le impuso tan grave sanción. Que confió en los informe y borradores que el Director Ejecutivo subió al Consejo y en los avales de las áreas y funcionarios operativos que firmaron y que en este caso fue la Inga. Andrea Soto Rojas la que dice que les "advirtió" la que elevó el borrador al Director Ejecutivo y este al Consejo, con su venia y expresamente señaló que se contó con los avales de la Comisión Técnica. Que en la sentencia No. 104-2019-I se indicó que no es viable endilgar responsabilidad al jerarca, cuando quien le asesora actúa con negligencia y esta no es evidente, palpable o constatable. 11) DAÑOS OCASIONADOS: Que medios de comunicación (La Nación, CrHoy, Monumental, Diartio Extra, etc, publicaron noticias que le afectaron pues fue cuestionado en su plano ético y profesional. 12) CONCLUSIONES: a) Que pese a las conjeturas finales del órgano decisor, ha demostrado que no hay un solo acuerdo, documento, o prueba, que evidencie que el suscrito tuvo dolo y culpa grave, que conocía lo del desfase y adrede avaló pedir a la CGR una autorización, sin decir todas las condiciones del proyecto, con el ánimo de no ser transparente ante el órgano contralor. b) Que demostró que a Administración el día en que se tomó el acuerdo consideró que todos los aspectos legales, técnicos y financieros y prueba de ello fue que el oficio de fecha 15 de diciembre del 2015, POE-01-2015-1107, donde la gerente a cargo de ese proceso, líder de la Unidad Ejecutora y de la Comisión Mixta, elevó a conocimiento del Director Ejecutivo el borrador de nota para CGR, sus anexos y se observa que nunca en esa nota advirtió lo referido al desface y mas bien dijo todo venía validado por la Comisión Mixta, donde participó la CNC, CQNAVI y otros y avalado por ella misma. c) Que demostró que nunca recibió, ni participó en las respuestas que se dieron a CGR con ocasión del trámite que se hacía en DCA-CGR Que de haberlo hecho, y de haber la CGR pedido aclaraciones en ese punto, habría pedido, pues es su regla, que se responda todo y se aporte todo lo que la CGR pida. Hasta pudo haber pedido que se retirara la gestión. d) Que quedó demostrado que en ninguna de las participaciones de comisiones o pre juntas donde estuvo, se hizo una advertencia, como tal. Que las minutas de esas sesiones de trabajo, nunca le fueron puestas en conocimiento, de manera que no cabe afirmar conclusiones de aseveraciones que no leyó, ni avaló. Asimismo, probó que las minutas no dicen lo que el órgano decisor subjetivamente quiere que digan. Además, en esas sesiones de trabajo se veían varios temas, y cada persona daba informe de avance esencialmente. Que nunca recibió, oyó o participó en sesión alguna donde se le advirtiera mayor cosa. Que esas participaciones eran por una actitud de buena fe de ayudar mas allá de ser solo directivo, por su experiencia y formación podía y pudo dar muchos apoyos al CONAVI, en ese tema, como en los fideicomisos, y en general, en los más grandes asuntos del CONAVI, donde siempre apoyó a la administración para que hiciera bien su trabajo. e) Que demostró con el informe de la Auditoría de MOPT que hubo un asunto de coordenadas, pero cuyos antecedentes difieren en grado suma de como se presenta en los hechos del traslado de cargos. Que se puede observar cómo se dieron los hechos, y como CONAVI al momento de votar el acuerdo, lo hizo técnicamente con lo que existía. Además, claramente se deja ver que muy después incluso del voto de la autorización, aun el concesionario no había definido el punto preciso para entroncar las obras. f) Que en suma, demostró que actuó siempre con probidad y con respeto a la Ley. Todos estos alegatos fueron reiterados por el actor en la audiencia complementaria de juicio oral y público.
Por su parte la representación de la C.G.R. señaló en lo que interesa: A) SOBRE LAS ARGUMENTACIONES DE HECHOS: Que ha sido repetida la cita del actor, de que el órgano director en el acto final, estableció que el señor Campos Monge, en razón de las sesiones o reuniones de trabajo celebradas durante los días 27 de abril de 2015, 22 de junio de 2015, 30 de julio de 2015 y 14 de setiembre del 2015, tuvo conocimiento del desfase de 80 metros existente, por lo que se debía ajustar el proyecto, así como la viabilidad ambiental o una posible compra de terrenos. (Ver en este aspecto resolución No.17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, página 289 y 290). Igualmente, advirtió que respecto de las dudas que existió por parte de la DCA, y la forma en que se evacuaron, no fue objeto del procedimiento, por lo que ello no se le intimó y tampoco se utilizó para fundamentar la sanción, pues no existe relación alguna. Que en el mismo orden de razones, acerca del informe de la corrección el desfase de las coordenadas, solventado por el concesionario con posterioridad, el órgano decisor lo acreditó en el procedimiento administrativo y por ende en el acto final, al señalar que por la gestión del Ing. Valverde González en el año 2017, cuando acudió a la CGR, para solventar la conexión de la TCM con la ruta No.257. Indicó que el acto final es a causa de esa segunda gestión que es posible la satisfacción del interés público, que se buscaba obtener con la construcción de la ruta No.257, pues se solventa a ese momento el problema de conexión entre la TCM y la ruta señalada, que no se había solventado al momento de presentar la primera gestión ante la CGR, por parte del señor Salom Echeverría en diciembre del 2015. Que lo anterior, a pesar que estas condiciones eran bien conocidas por parte de los investigados de este procedimiento administrativo. (Ver en este aspecto resolución No.17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, página 225). Que acerca de la recurrente argumentación de la falta de advertencia y el borrador presentado con el aval de la Inga. Soto, establece el órgano decisor al razonar el rechazo al recurso de revocatoria que el señor Campos Monge, lo único que realizó fueron meras argumentaciones, señalando prácticamente a cualquier funcionario como responsable de los errores cometidos en el oficio remitido a la DCA de ese Ente Contralor y objeto del procedimiento administrativo, sin considerar las responsabilidades propias de su puesto en el Consejo Directivo. Que no es admisible que el recurrente esperase a recibir una advertencia directa de que había un gravísimo error en la propuesta contenida en el borrador, pues suya era la responsabilidad de revisar exhaustivamente lo que iba a aprobar, debiendo velar por la eficiente consecución del proyecto, de modo que no hacerlo provocó que se enviara a la CGR, la solicitud de aprobación de una contratación especial, cuyo objeto nunca iba a poder ser satisfecho. (Ver en este aspecto resolución No. 220-2018 (DJ-0014) de las 15:30 horas,páginas 112 y 113). Que sobre este punto en particular, debe establecerse que la intimación no trató acerca de si el actor cumplió con su deber de denunciar o investigar, lo cual es completamente ajeno al objeto de la investigación. Acerca de la recurrente argumentación de la falta de advertencia y el borrador presentado con el aval de la Inga. Soto, estableció el órgano decisor al razonar el rechazo al recurso de revocatoria que el señor Campos Monge lo único que realiza son meras argumentaciones, señalando prácticamente a cualquier funcionario como responsable de los errores cometidos en el oficio remitido a la DCA de este Ente Contralor y objeto del procedimiento administrativo, sin considerar las responsabilidades propias de su puesto en el Consejo Directivo. Que no es admisible que el recurrente esperase a recibir una advertencia directa de que había un gravísimo error en la propuesta contenida en el borrador, pues suya era la responsabilidad de revisar exhaustivamente, lo que iba a aprobar, debiendo velar por la eficiente consecución del proyecto, de modo que no hacerlo provocó que se enviará a la CGR, la solicitud de aprobación de una contratación especial, cuyo objeto nunca iba a poder ser satisfecho. (Ver en este aspecto resolución No.220-2018 (DJ-0014) de las 15:30 horas,páginas 112 y 113). Que es importante apuntar que ello fue ampliamente fundamentado por el órgano del procedimiento administrativo y acreditó que: "(...) al aprobar con su voto la gestión ante el Órgano Contralor presuntamente, a sabiendas de que el proyecto no garantizaba la conectividad requerida y, por ende, imposibilitaba el uso funcional de la Terminal de Contenedores de Moín. Siendo que, al momento de justificar la gestión presentada ante la CGR -que fue previamente aprobada por el Consejo de Administración-, se alegó la existencia de un interés público que necesitaba ser protegido, pese a que aparentemente tenía conocimiento, en virtud de su condición como Director del Consejo, que aún con la autorización de la CGR, dicho interés no iba a ser satisfecho realmente. (...)" (El destacado no es del original). Quedó acreditado en el procedimiento administrativo, una conducta culposa y grave por parte del actor, al no atender al deber de probidad y violentar con su actuar, el deber de informar adecuadamente acerca de las condiciones técnicas del proyecto a la CGR, colocando en una situación riesgosa el objetivo final del proyecto. B) SOBRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS: i) Acerca de la indebida intimación e imputación alegada: Que sobre este aspecto la parte actora acusó que no existió una precisión o claridad en lo que se íntimó y se imputó en el traslado de cargos. Señaló la existencia de vulneraciones al debido proceso que no ocurrieron, tal como consta en el expediente y el audio de la comparecencia en el procedimiento administrativo. Que al actor en ese procedimiento se le íntimó e imputó el no informar a la CGR acerca de todas las condiciones técnicas del proyecto. Que sobre este aspecto en particular, existió una precisión y claridad suficiente en la intimación e imputación por parte del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, incluso el señor Campos Monge la comprendió y realizó su defensa de manera amplia y conforme al principio constitucional del debido proceso. Que además fue de conocimiento en su calidad de miembro del Consejo de Administración de CONAVI, acerca del desfase o no entronque de la ruta 257 con la TCM. Que en ese orden de ideas, se le intimó en el traslado de cargos, en el sentido de que el señor Campos Monge tenía conocimiento del desfase y falta de entronque con base en la información compartida en varias sesiones de trabajo celebradas durante los días 27 de abril del 2015, 22 de junio del 2015, 30 de julio del 2015 y 14 de setiembre del 2015, donde se abordaron temáticas ambientales, necesidad de compra de terrenos, y el desfase de 80 metros existente, para la conexión de la ruta 257 con la TCM. (Ver en este aspecto resolución No.10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas, páginas 108, 109 y 110). Que es importante señalar que el propio Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo manifestó en su resolución No. 043-2019 que lo relevante en el traslado de cargos, es que la administración no varíe, sin el derecho de audiencia el cuadro fáctico puesto en conocimiento del particular, debiendo tener claro este, cuales son los aspectos fácticos que van a ser investigados y determinados en el procedimiento. (Ver además: Sala Primera Resoluciones 907-2006, 1258-2009, 01309-2009 y 1051-2009 y del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo Resoluciones 00001-2015 y 00008-2019). Que por ello, no se acusa ninguna vulneración a la debida intimación e imputación en el procedimiento administrativo. Que la intimación fue suficientemente clara, concisa y precisa acerca del cuadro fáctico, así como los elementos de prueba que sirvieron de base para el acto de apertura. ii) Acerca de la Tipicidad en el derecho administrativo: Que en el caso en particular no existe incerteza o ambigüedad alguna sobre la tipicidad de las faltas administrativas. Que debe advertirse que es harto conocida la diferenciación existente en la aplicación del principio de tipicidad en el proceso penal y en el proceso administrativo, siendo que no es un uso al calco del principio tal como se conceptualiza en sede penal, y la jurisprudencia ha precisado que existe el principio de tipicidad pero este se aplica de forma matizada, acuñando el término de principio de tipicidad relativo. (Ver en este sentido votos de la Sala Primera 842-2011, 121-2011 y 25-2016 entre otras). Así en este orden de razones se estableció: "(...) por la relación de sujeción especial que mantiene la Administración con sus funcionarios el principio de tipicidad más que aplicarse laxa, hoja o sutilmente, responde a una serie de obligaciones funcionales claramente definida por diferentes leyes (...)" Es por lo expuesto que no lleva razón la parte actora al asegurar la vulneración al principio de tipicidad, más aún, cuando él asegura conocer las dimensiones de la aplicación del mismo, y para tratar de esbozar su argumento, comentó que se citan los numerales 3 y 113 pero no indicó a cuál norma hace referencia, por lo que quedó en la ambigüedad y vaguedad, la posibilidad de determinar la existencia de un agravio en ese sentido, más aún cuando se dice que se amplió en el acto final el articulado para fundamentar la sanción, pero tampoco concretó a cuál cuerpo normativo hizo alusión con esa supuesta ampliación de la normativa utilizada en el acto final. Que sobre este aspecto, en la resolución del recurso de revocatoria, el órgano decisor indicó que no se hizo uso de normas adicionales que pudieran haber representado una vulneración a los derechos que ostenta el investigado, todo lo contrario, el presente procedimiento se llevó a cabo apegado a los principios de debido proceso y derecho de defensa que tutelan al investigado y prueba de ello fue que el actor no citó expresamente cuáles son esas normas que estimó fueron adicionadas por este Órgano, siendo por ende inatendibles e improcedentes sus alegatos. (Ver en este aspecto resolución No. 220-2018 (DJ-0014) de las 15:30 horas, páginas 115 y 116). iii) Acerca de la falta comprobada y la razonabilidad de la sanción: Que en el presente asunto se comprobó en el procedimiento administrativo que el actor vulneró el deber de probidad que debe observar todo funcionario público. Que se comprobó que el actor no informó debidamente a la CGR, en su condición de miembro del Consejo Administrativo de CONAVI, la falta de idoneidad técnica que contenía la solicitud de autorización presentada al Consejo mediante oficio No. DIE-07-2015-3554. Que sobre ese particular se indicó en el acto final, que el actor se apartó del deber de probidad al conocer que la solicitud de autorización de procedimiento especial de contratación administrativa remitido a la DCA, no satisfacía la necesidad, según las condiciones dadas en ese momento y aún así, la remitió para su aprobación. (Ver resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, páginas 97, 98 y 99). Que es importante apuntar que esto fue ampliamente fundamentado por el Órgano del Procedimiento Administrativo y acreditó que: "(...) al aprobar con su voto la gestión ante el Órgano Contralor, presuntamente, a sabiendas de que el proyecto no garantizaba la conectividad requerida y, por ende, imposibilitaba el uso funcional de la Terminal de Contenedores de Moín. Siendo que, al momento de justificar la gestión presentada ante la CGR -que fue previamente aprobada por el Consejo de Administración-, se alegó la existencia de un interés público que necesitaba ser protegido, pese a que aparentemente tenía conocimiento, en virtud de su condición como Director del Consejo, que aún con la autorización de la CGR, dicho interés no iba a ser satisfecho realmente. (...)" (El destacado no es del original). Que quedó acreditado en el procedimiento administrativo una conducta culposa y grave por parte del actor, al no atender al deber de probidad y violentar con su actuar, el deber de informar adecuadamente acerca de las condiciones técnicas del proyecto a la CGR, colocando en una situación riesgosa el objetivo final del proyecto. Que existió una clara valoración en el acto final de la culpabilidad del actor, las circunstancias del caso en concreto y cada una de las sesiones de trabajo de donde se trató el problema de la conectividad de la TCM o su ruta de acceso, esto con anterioridad a la solicitud realizada a la CGR. Que hay que tener en cuenta que, en el caso bajo análisis existió por parte del Consejo una votación unánime, y no consta ningún tipo de salvedad, comentario o votación diferente por parte del actor, quien pudo optar por realizar las advertencias del caso y no solamente converger con la voluntad colegiada, siendo además un tema conocido y sin mayor rigor técnico, que impidiera conocer y advertir debidamente el desfase existente. Que existió una conducta que reviste una culpa grave y que además ameritó una sanción de prohibición de dos años de reingreso a puestos de la Hacienda Pública, por la gravedad de los hechos objeto del procedimiento. Que en este orden de razones, encuentra esta representación que lo actuado observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al punto que las gestiones posteriores al dictado del acto final fueron ratificadas por el Despacho Contralor. Que el actor señaló acerca del informe de auditoría del MOPT que del mismo se extraen una serie de aspectos, que en su parecer lo libera de toda responsabilidad, por no existir error alguno en las coordenadas. Señaló en lo referente: "(...) Fueron esas mismas coordenadas las empleadas para licitar en el 2016 el diseño y construcción de la ruta nacional 257 (ruta definitiva). En consecuencia no puede señalarse un actuar contrario a la Ley, pues la Administración se apegó al área de proyecto aprobada por la autoridad ambiental del Estado. Ilegal hubiera sido variar el corredor o el trazado de la ruta nacional aprobada y registrada como tal por CONAVI. (...)" Nótese, que la misma conclusión 12 del informe de auditoría del MOPT señaló en lo que interesa: "(...) Esta situación evidencia que la ubicación de área del proyecto de la TCM en el expediente con la que se obtuvo la viabilidad ambiental cambió, ya que en febrero del 2017 se tuvo que realizar un convenio tripartito entre APM Terminals, el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo Nacional de Vialidad, porque la ubicación de la TCM no coincidía con las coordenadas anales de la Ruta No. 257. (...)" Que la aseveración realizada de que las mismas coordenadas, con las que se obtuvo la viabilidad ambiental, era funcional para garantizar el entronque, es absolutamente falaz, así se extrae de la misma conclusión anteriormente indicada. Que también es falaz lo manifestado por el actor, al asegurar que el concesionario estaba haciendo modificaciones al día 05 de abril de 2016, pues de la misma cita textual del actor, se nota que dichas modificaciones, se refieren precisamente en cuanto a dimensiones y elevaciones y que con la ruta No.257. Que también insistió el actor, en el argumento recurrente, de que la Inga. Soto al momento de presentar el borrador, para la votación realizada el día 18 de diciembre de 2015, no realizó ninguna advertencia de inconsistencias técnicas en el proyecto. Que es preciso indicar y recordar de la forma en que consta en el acto final del procedimiento, que el actor conocía del desfase en el entronque entre la ruta No. 257 y la entrada a la Terminal de Contenedores de Moín, situación que no fue informada al ente contralor, cuyo conocimiento por parte del actor se acreditó haciendo mención a las sesiones de trabajo, celebradas durante los días 27 de abril del 2015, 22 de junio del 2015, 30 de julio del 2015, 14 de setiembre del 2015 y el 28 de setiembre del 2015, a las cuales asistió. Reiteró que no fue por el sólo hecho de la asistencia a las sesiones que el Órgano Director acreditó el conocimiento del tema del desfase, sino por las diferentes exposiciones planteados y discusiones alrededor del entronque. (Ver en este aspecto resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, páginas 288, 289 y 290). Que por ello, deben rechazarse las argumentaciones realizadas por el actor, por ser falaces y faltar al contenido de los documentos, que son sacados de contexto con el afán por obtener algún resultado en el proceso. iv) Acerca del contenido de las minutas: Que resulta pertinente hacer énfasis, en la importancia del Consejo Directivo de CONAVI, como órgano colegiado y de su jerarquía dentro de la institución, por lo que no puede negarse que las sesiones de trabajo, revisten especial carácter en el proceso de planeamiento y ejecución de la obra pública que se realiza en el país, por lo que existen diversos sectores representados en el seno del mismo. Que es en razón de ello, que no cabe ningún tipo de argumentación tendiente a restar importancia a las sesiones y a lo que se discute en las mismas, incluso a restar valor probatorio a las minutas que surgen como respaldo de lo expuesto. Que sin duda, las minutas son documentos públicos, que emanan de un órgano colegiado con naturaleza pública y su valor probatorio es otorgado por la legislación aplicable al efecto. Que sobre ese aspecto, se indicó en el acto final por parte del Órgano Decisor, que las minutas corresponden a documentos públicos, emitidos por servidores públicos que conforman un órgano colegiado de carácter público, por lo que se presumen auténticos y válidos mientras no se pruebe lo contrario. Que en el procedimiento administrativo no se aportó prueba idónea que desvirtuara la validez de dichos documentos. (Ver en este aspecto resolución No.17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, páginas 218 y 219). Que no es correcto el conjunto de aseveraciones que realizó el actor, sobre el contenido de las minutas que sirvieron de base para acreditar el conocimiento que tuvo el señor Campos Monge acerca del desfase en la ruta No. 257 y la TCM. Que en este punto, es importante mencionar que el órgano decisor, en el acto final, no hizo mención a la sesión del 27 de julio del 2015, para el caso particular del actor, pues este no asistió a esa sesión y las sesiones a las que se hizo referencia en el acto final, se detalló de forma precisa los temas tratados en las sesiones y que son base para acreditar el conocimiento del actor del desfase existente para el entronque de la ruta No. 257 con la TCM. Que sobre ese asunto en particular, ---a dispensa de ser reiterativo en la cita---, pero ante la recurrencia del actor en el argumento y la necesidad de dar claridad sobre el asunto; en el acto final el órgano decisor del procedimiento administrativo se indicó que el conocimiento del desfase, se acreditó con la participación del señor Campos Monge en la sesión de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI del 27 de abril de 2015, la del 22 de junio de 2015, 30 de julio de 2015 y 14 de setiembre del 2015, en donde se trató el tema del desfase de 80 metros existente, por lo que se debía ajustar el proyecto, así como su viabilidad ambiental o una posible compra de terrenos. (Ver en este aspecto resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas, página 289 y 290). Que por ello, no se encuentran vulneraciones a las reglas de la sana crítica racional o a la valoración probatoria, en los términos planteados por el actor y más bien es de advertir que existe un trato malicioso del actor de la información contenida en la minuta del 27 de abril del 2015, pues trata de hacer ver al juzgador la existencia de un elemento completamente falso. Que el actor señaló que en esa sesión, se llevó a cabo una exposición indicando la necesidad de plantear una expropiación y el respectivo trámite de viabilidad ambiental, también indicó que el órgano decisor le dio demasiado valor probatorio a ese elemento, como si fuera la solución al problema, pretendiendo restar importancia o valor probatorio, al establecer que dicha solución planteada por la Inga. Soto no fue al final la que se llevó a cabo. (Ver escrito de demanda página 56). Que sobre este alegato, debe establecerse que si bien se plantearon soluciones al problema, la existencia de otra solución, no obvia el problema y el conocimiento del mismo, por parte de quienes participaron en las sesiones y si bien la solución final, no fue la que se dio, pero se planteó, para solventar el problema del entronque, lo que denotó fue que el tema ciertamente se trató y el conocimiento que al respecto tuvieron los miembros del Consejo Directivo. En cuanto al alegato del actor de que ni la intimación, ni en el acto final, existió señalamientos acerca de soluciones al problema del entronque que no hubieran sido utilizadas, ese no es el objeto del procedimiento, el procedimiento versa sobre la promoción de una autorización para una contratación, la cual era de conocimiento del investigado que no cumplía con los requerimientos técnicos suficientes, por existir coordenadas erróneas que no aseguraban el entronque de la ruta No. 257 con la TCM. Que el actor es insistente en que él no fue advertido de las falencias técnicas del proyecto, sin embargo, si establece él mismo en su escrito que existieron exposiciones en las sesiones de trabajo, en donde se trató el tema, incluso dice que lo expuesto no iba dirigido a su persona, sino a la Administración, la Comisión Mixta y a la Unidad Ejecutora. Que dicho argumento debe se rechazado, pues el tema es planteado a todas las personas que forman parte de la sesión de trabajo y además el hecho de que hubieran transcurrido alrededor de 5 meses, no obsta que tuvieran conocimiento del tema, máxime cuando ya habían tratado anteriormente el asunto del desfase, como el mismo actor lo establece. v) Acerca de las supuestas afectaciones a los derechos convencionales y constitucionales: Que el actor enumera una serie de supuestas vulneraciones a derechos fundamentales, acusa una supuesta falta de motivación de la resolución, al debido proceso en su vertiente de la averiguación de la verdad real de los hechos, derecho humano a ocupar cargos públicos, el principio de inocencia y la proporcionalidad de la sanción impuesta. Que sin embargo, únicamente desarrolló en su argumentación la falta de motivación del acto. Que en relación con la motivación del acto, establece el actor que no existe una relación lógica en el acto final, al establecer que no hubo un daño a la hacienda pública, perjuicio alguno a la administración o relación con acto de corrupción, además de que no se tomó en cuenta el récord limpio de su trayectoria en la función pública. Que al respecto resulta necesario aclarar respecto a este último aspecto, que no se relaciona en absoluto con la imposición de sanciones valorar el récord anterior de la persona investigada, pues la gravedad de la falta viene determinada por el cuadro fáctico y la lesión o peligro a bienes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico. Que la enumeración realizada por el actor apuntó a que no hubo lesión patrimonial, cosa que no se investigó, ni se determinó, pues no forma parte del objeto del procedimiento. Que tampoco es justificación pretender una exclusión de responsabilidad, considerando la importancia del proyecto para el país, no puede ampararse en el interés público para actuar de forma despreocupada y emitir votos, sin tomar en consideración lo que se ha expuesto en diferentes sesiones de trabajo, delegando responsabilidades a otros funcionarios, sobre supuestas no advertencias, para alegar un desconocimiento sobre un tema tan ampliamente discutido y expuesto a lo interno del Consejo Directivo del CONAVI como el desfase de la ruta No. 257 en relación con el entronque con el acceso a la TCM. Que así las cosas, también citó el actor la sentencia No. 109-2019-1 del Tribunal Contencioso Administrativo, en donde se determinó por parte del Tribunal que un jerarca es indebidamente sancionado por la CGR al momento de recibir una asesoría negligente de parte de un funcionario. Que de la forma que puede verse a simple lectura, corresponde a un supuesto de hecho absolutamente diferente al objeto del procedimiento y se trató de una resolución recurrida, sea que no es una resolución firme. Que aunado a lo anterior no citó una línea clara de resolución de parte del Tribunal Contencioso o la Sala Primera, sobre el tema, sino que es un caso único que se encuentra recurrido por lo que su argumentación reviste de poca importancia resolutiva para el caso. vi) Acerca de los daños y perjuicios peticionados por el actor: Que en su escrito inicial de demanda no precisó el actor a qué daños y perjuicios se refiere. Que no existe una relación en el daño alegado con el acto sancionatorio, pues en el decir del actor, bajo la nomenclatura de daño moral objetivo, no presentó prueba que acreditara como ha dañado la imposición de la sanción, sus ingresos en relación con el ejercicio de la profesión, incluso, él mismo hace alusión a que lo que realmente reclama es el daño a su imagen profesional, en relación con la imposibilidad de postularse a puestos como Defensor de los Habitantes, Contralor General o Magistrado de Corte Suprema de Justicia. Que en ese orden de ideas, no es clara la exposición del actor en cuanto al daño que supuestamente existe y reclamó en relación con las conductas desplegadas por la CGR. vii) Que no existió un daño y tampoco un nexo causal que pueda endilgar a actuaciones de la Contraloría General de la República: Que de la misma forma, en cuanto al daño moral subjetivo, no existe en los hechos de la demanda, un solo hecho que haga alusión a la existencia de afecciones emocionales, físicas o psíquicas producto de la sanción, por lo que no es posible desde el punto de vista fáctico acreditar la existencia de un daño moral subjetivo. Sobre este particular la Sala Primera en el voto No.986-2006 manifestó: "(...) El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., el agravio contra el honor, y la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente evaluables (el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc..) del padecido en el campo individual (adicción por la muerte de un pariente), así unorefiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. (...)" (Ver además de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Votos No. 280-2000, 699-2000 y 151-2001). Que así las cosas, carece de fundamento legal el daño moral objetivo y subjetivo solicitado por el actor en su escrito de demanda, por lo que debe ser negado en sentencia por el juzgador. viii) Acerca de las potestades de la Contraloría General de la República en el caso concreto: Que es necesario realizar unas breves consideraciones en relación con la potestad que ostenta la CGR para establecer procedimientos sancionatorios e imponer las sanciones que sean procedentes de conformidad con el procedimiento administrativo instaurado. Que sobre el particular, se debe señalar que esta atribución fue reconocida por medio de los numerales 183 y 184 de la Constitución Política, así como a través de los artículos 1, 4, 5, 7, 16, 22 y 68 de la su Ley Orgánica y en la misma tónica, la Ley General de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, también disponen la competencia de esta Contraloría para iniciar, tramitar y responsabilizar a los sujetos pasivos que cometan faltas contra la Hacienda Pública. Que esa responsabilidad de conformidad con las regulaciones de la LGAP y las normas antes mencionadas, es una responsabilidad subjetiva y ello es así, en virtud de que el funcionario de la Hacienda Pública responde personalmente, frente a terceros, frente a la propia Administración Pública donde ejerce sus funciones y frente a la Contraloría General, cuando haya actuado con culpa grave o dolo. Que por lo tanto, si el sujeto pasivo provocó un daño o lesión a la Hacienda Pública, emite actos manifiestamente ilegales o los obedece sin objeción, ordena la ejecución de actos absolutamente nulos o los ejecuta por obediencia y sin objeción, en una clara y demostrada violación del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública o cualquier otra norma relativa a los fondos públicos, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; podría incurrir en responsabilidad personal en el ámbito civil, administrativo y penal, siempre y cuando se compruebe que actuó con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes y obligaciones. Que cabe recordar que estos tres tipos de responsabilidad se pueden exigir conjunta o separadamente y se podrían derivar de un mismo acto o hecho atribuible al sujeto pasivo. Que bajo esa inteligencia, con el fin de determinar, de manera fehaciente, la existencia de algún tipo de responsabilidad, la CGR, por medio de la División Jurídica, se encuentra facultada para instaurar los procedimientos administrativos ordinarios que sean requeridos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 22, 68, 72, 73 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República y el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública. Que en ese sentido, una vez acreditada, en el curso del procedimiento administrativo, la comisión de una falta en contra del Ordenamiento de Control y Fiscalización de la Hacienda Pública, la CGR tiene a su haber una amplia gama de sanciones contempladas a nivel legal, cuya imposición al sujeto infractor puede recomendar de manera vinculante, entre ellas: •Amonestación escrita: artículos 41 de la Ley General de Control Interno y 113 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, •Amonestación escrita publicada en el diario oficial: artículos 39 de la Ley contra la Corrupción y en el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 113 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, •Suspensión sin goce de salario o estipendio de 8 a 30 días: artículos 39 de la Ley contra la Corrupción y en el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 41 de la Ley General de Control Interno y 113 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, •Separación del cargo público sin responsabilidad patronal: artículos 39 de la Ley contra la Corrupción y en el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 41 de la Ley General de Control Interno y 113 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, •Cancelación de credenciales: artículos 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 18 del Código Municipal y •Prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la Hacienda Pública (artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General): Que la ponderación y determinación de la sanción por recomendar dependerá, en todos los casos, del análisis concreto y la verificación de la existencia de los elementos subjetivos de la responsabilidad -dolo o culpa grave-, para lo cual el Órgano Contralor tendrá siempre como principio integrante del derecho administrativo sancionador, el de proporcionalidad y razonabilidad. Los cuales fueron garantizados a los actores a lo largo del desarrollo del procedimiento administrativo establecido en su perjuicio. Que la Constitución Política de manera originaria dota a la Contraloría de una competencia ordinaria, la cual está encaminada al resguardo de la Hacienda Pública, entiéndase esta como fondos públicos y todo lo relacionado con el erario. Que por otro lado, la Ley No. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la habilita para establecer procedimientos, investigaciones y también se le da la potestad de ordenar o recomendar, con carácter de vinculante, sanciones sobre funcionarios públicos o los sujetos pasivos cuando hayan cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización. Que resulta necesario precisar que existen múltiples pronunciamientos jurisdiccionales, en el entendido de que no es necesario considerar únicamente el elemento subjetivo del régimen de infracción a la hacienda pública para aplicar las sanciones del caso. Es decir, no solo se aplican las sanciones a los funcionarios que tienen disposición sobre bienes, fondos o patrimonio público. Que existe una distinción de un elemento objetivo que se compone por las normas que integran el sistema de control sobre la hacienda pública que debe ser observado por todos los funcionarios públicos y las personas no funcionarias que tiene bajo su disposición o administración de fondos o patrimonio público. Que en este sentido, se ha indicado en el voto número 00022-F-TC-14 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo que ya no es necesario hacer una distinción sobre si el funcionario es servidor de la hacienda pública (elemento subjetivo) pues basta determinar una transgresión al ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública (elemento subjetivo). (Ver además: Sala Primera Resoluciones 00516-2014 y 00623-2013, Sala Segunda Resoluciones 00805-2012 y 00799-2018, Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo Resoluciones 001 17-2018 y 00069-2014.). En razón de lo anterior, existe un claro ejercicio de las competencias otorgadas constitucional y legalmente a este Ente Contralor en el caso particular.
Por su parte la representación estatal señaló: A) SÍNTESIS DEL CASO: Que la parte actora señaló que la CGR, se fundamentó en una teoría "cuasi inquisidora" afirmando que "nunca hubo un estadio real de debido proceso, donde se hiciera el esfuerzo de no creer solo sus propias conclusiones mal llamadas Investigativas", y determinó la existencia de responsabilidad por culpa grave en sus actuaciones como directivo del CONAVI. Indicó que no existen pruebas objetivas que justifiquen el procedimiento instaurado. Que el órgano Contralor reconoció que en el proyecto medio un interés público por su trascendencia, y que no hubo daños ni perjuicios ocasionados, por lo que el proceder de la CGR ha sido desproporcional e irrazonable, afectando sus derechos. Que dicho alegato se rechaza ya que son meras manifestaciones subjetivas sin fundamento fáctico o jurídico. Que el actor realizó un recuento de aspectos sobre la Ley General de Obra Pública, competencias del Consejo Nacional de Concesiones, y algunos antecedentes del proyecto de concesión de la TCM, para finalmente brindar una suerte de "justificación" de sus actuaciones. Que la CGR en la resolución No.17037-2018 (DJ-1559) de las 13 horas y 31 minutos del 27 de noviembre del 2018, indicó: (...) Este Órgano Decisor estima que existió una falta de precaución y de diligencia mayor por parte del señor Campos Monge en torno a la aprobación del borrador de solicitud de autorización para la aplicación del procedimiento de contratación que fue puesto a su conocimiento por parte del Director ejecutivo del CONAVI por cuanto, pese a que conocía los problemas técnicos que presentaba el proyecto, no se aseguró de que el problema que conocía desde antes ya hubiese sido resuelto, no consultó ni se asesoró por ningún miembro de la Unidad Ejecutora o alguno de los técnicos especializados en carreteras con que cuenta el CONAVI, ni procuró que el tema del desfase se solucionara a lo interno del CONAVI ---en coordinación o no con el CNC o el propio MOPT--- de previo a autorizar al señor Salom gestionar su trámite ante el Órgano Contralor. Lo anterior a pesar de la incidencia que el tema del desfase en el entronque del proyecto significada en la consecución de la obra víal. (...)" (Pagina 295, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Que para llegar a esa consideración la CGR desarrolló un debido proceso respetuoso de las garantías constitucionales de la parte actora, en el cual se realizó ---entre otros actos--- una investigación preliminar, según informe No. DFOE-IFR-IP-00001-2018, del 21 de junio del 2018 (Documento 1, de la Carpeta del Folio 1, del expediente administrativo), una debida intimación por resolución No. DJ-0968 de 14 horas del 24 de julio del 2018 (folio 10 del expediente administrativo), y una comparecencia oral y pública en fecha 17 de setiembre del 2018 (folio 135 del expediente administrativo). Siendo que incluso, posteriormente la parte tuvo la oportunidad de presentar recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo resueltas por resoluciones No. 220-2018 (DJ-0014) de las 15 horas con 30 minutos del 11 de enero de 2018 (folio 516 del expediente administrativo) y la No. R-DC-61-2019 (DC-0185) de las 13 horas del 19 de junio del 2019 (folio 633 del expediente administrativo). Que por lo anterior, se rechazan las manifestaciones subjetivas de la parte actora, tendientes a desacreditar el procedimiento entablado por el ente Contralor, en atribución de sus competencias. B) SOBRE LA RELACIÓN DE LOS HECHOS Y SU FUNDAMENTACIÓN: Que las manifestaciones de la parte actora son confusas y reiterativas, incluyendo alegaciones subjetivas, con criterios sin ningún fundamento. Que atendiendo a lo expuesto, y con la finalidad de no ser repetitivos en la exposición, se procederá a contestar agrupando los elementos planteados por la parte actora, para efecto de un mayor orden: I . SOBRE EL AVAL DEL "BORRADOR" Y LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE OTROS ENTES O PERSONAS: Señaló que la CGR realizó una valoración incorrecta de las pruebas generando con ello, juicios de valor infundados. Para arribar a esa conclusión el actor realizó manifestaciones sobre el "borrador" que fue aprobado (hecho reconocido en el párrafo B) de la página 30 de la demanda) por el Consejo del CONAVI, para solicitar a la CGR autorización para promover contratación administrativa para el desarrollo del proyecto de la Ruta Nacional No. 257, Acceso a la TCM. Indicó que el documento había sido avalado por profesionales técnicos, que eran quienes debían advertir sobre el desfase en las coordenadas de la ruta y no lo hicieron. Que además debe considerarse el rol del MOPT y del CNC y que fue él como miembro del Consejo del CONAVI, quien pidió a la CGR investigar y aportó insumos al respecto y que otras instancias conociendo del desfase de la ruta no lo advirtieron al Consejo del CONAVI; y que era responsabilidad de los contratistas advertir de cualquier error en la obra y que al final nadie lo hizo. Que el actor pretende que muchas otras personas e instancias sean responsabilizadas por su actuación sin embargo los artículos 4 y 5 de la Ley de Creación del CONAVI, No. 7798 establecen como responsabilidades del Consejo Administrativo las siguiente: "Art. 4- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes: (...) d) Fiscalizar la ejecución correcta de los trabaja; incluyendo el control de la calidad. f) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones " Art. 5 El Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad tendrá las siguientes atribuciones: h) Fiscalizar la ejecución correcta de los contratos suscritos con terceros particulares. j) Suscribir los contratos de trabajo y los de obra, suministros y servicios y ejercer la fiscalización que proceda. " Que lo anterior, es necesario verlo en relación con el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad, Decreto Ejecutivo No. 27099-MOPT, que indica: "Art. 6°-Normas de funcionamiento del órgano para el ejercicio de sus atribuciones; el Consejo de Administración se regirá por las siguientes normas: 1.-Ninguno de los miembros del Consejo de Administración podrá delegar en otra persona el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley y el presente Reglamento. (...)" Y además, con observancia del numeral 113 de la LGAP, que indica que "el servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. ", y en particular del ordinal 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422, que dispone: Art. 30 -Deber de probidad. El funcionado público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular; eficiente continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñan, y finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Sobre lo expuesto, el órgano decisor del procedimiento, en la resolución No.17037-2018 (DJ-1559), señaló' (...) Las partes investigadas son responsables (...) en el caso de los Directores del Consejo de Administración, por haber aprobado el envió de una gestión ante la Contraloría General a efectos de obtener la autorización para realizar un procedimiento especial de contratación, a sabiendas que el proyecto presentaba problemas en cuanto al entronque con la TCM". Lo cual implicaba que la contratación a realizar; para la construcción de la red víal señalada, iba a tomarse en una obra ineficiente e inutilizable tema que no fue oportunamente indicado al Órgano Contralor. Esto en virtud que, como se ha expuesta las partes contaban con la posibilidad real de hacerse asesora; de consultar y de cuestionar los términos en que la gestión les estaba siendo presentada siendo que deberían de verificar que los aspectos técnicos estuviesen satisfechos correctamente, ejerciendo con extrema diligencia el puesto en que se desempeñaban y no simplemente presumir o partir que la propuesta era una solución integral sin siquiera cuestionar la solución de un problema tan relevante como lo es el punto de conexión de la red vial a construir. Considera este Órgano Decisor que dichas actuaciones contravienen los deberes que el ordenamiento jurídico exige en relación con el deber de probidad específicamente, los señalados en el el numeral 1, inciso 14) apartado c y d del RLCCEIFP en relación con el articulo 3 de la Ley No. 8422 que obligan a los servidores a adoptar sus decisiones conforme los objetivos propios de la institución en que laboran, así como el administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia. Por cuanto las partes investigadas, pese a contar con las herramientas y las posibilidades reales de hacerse asesoran de consultar y cuestionar la propuesta que les fue sometida a su conocimiento, enviada por la Inga. Soto Rojas simplemente procedieron con su aprobación y envió a la CGR sin siquiera preguntar la forma en que se habían resuelto los problemas técnicos de desfase que existían en torno al proyecto. Actuando de esa forma en contraposición de los objetivos esenciales del CONAVI como lo es precisamente, la efectiva construcción de la red vial nacional al promover la construcción de una ruta que no va a poder ser utilizada según las necesidades reales para las cuales había sido concebida. Sobre el particular; debe recordarse que la propia Ley General de Administración Pública contempla en su numeral 213 que a mayor jerarquía y complejidad de las tareas mayor será el deber de apreciar la legalidad y conveniencia de los actos que se dictan o ejecutan. Norma que se complementa con el artículo 6 inciso 1) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad que estatuye que "Ninguno de los miembros del Consejo de Administración podrá delegar en otra persona el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley y el presente Reglamento", normas que recalcan el nivel de responsabilidad de los investigados en su carácter de jerarcas del CONAVI el cual precisamente les exigía una actuación mucho más eficiente y comprometida a lo largo del todas las fases que implicó la construcción de la ruta No. 257 (Página 233, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Que para arribar a esa conclusión, la referida resolución No. 17037-2018 (DJ-1559), analizó la argumentación de la parte, en la que se pretendía responsabilizar a los órganos técnicos de la falta de advertencia, y señaló lo siguiente: "(...) Al respecto las partes investigadas alegaron que en el escrito de remisión por parte de la señora Soto Rojas no se les hizo advertencia alguna en relación con el problema del desfase que presentaba el proyecto, razón por la cual la analizaron como una propuesta integral siendo que, en palabras del señor Gómez Barrantes: "siempre creyeron que la mejor opción era esta, nunca tuvieron motivo alguno para dudar de que era la mejor opción " (escuchar los minutos del 1:53:46 a 2:03:29 de la grabación de la comparecencia). Que sin embargo a pesar de los alegatos de las partes, lo cierto es que si bien las Unidades ejecutores pudieron no advertirle los problemas de conexión en el borrador que fue remitido por parte de la Ing. Soto Rojas estos problemas eran de sobra conocidos por las partes investigadas quienes habían participado en diversas sesiones en que se analizó y expuso el tema del desfase en el entronque entre ya Ruta Nacional No. 257 y la Terminal de Contenedores de Moín. Las partes investigadas como jerarcas del CONAVI y como responsables de las gestiones a realizar ante la Contraloría General debían velar por que todos los problemas en torno a la construcción de la ruta hubiesen sido resueltos oportunamente por cuanto conocían de los problemas y habían sido advertidos de las gestiones que se requerían llevar a cabo con el en de lograr su efectiva solución. Que en este sentido los intimados a lo largo del 2015 a través de las diversas sesiones en que participaron en su calidad de Director ejecutivo y de Directores del Consejo de Administración respectivamente, tuvieron conocimiento por medio de reiteradas advertencias y señalamientos, de los problemas de conexión referidos; razón por la cual no son procedentes sus argumentos en cuanto a que el tema no les fue indicado por la señora Soto Rojas por cuanta en todo caso, ya habían tenido previamente conocimiento de seno tema con antelación suficiente para procurar su solución efectiva. Que en este sentido, la ausencia de una advertencia expresa en los oficios que los investigados recibieron oportunamente de previo a acudir ante la CGR, no los exime de responsabilidad por las actuaciones que en el desempeño de sus labores ejecutaron. (...)" (Lo destacado es nuestro). (Página 228, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Sobre el papel del CNC, la resolución No.220-2018 (DJ-0014),se refirió al respecto y dispuso lo siguiente: "Así mismo y contrario a lo señalado por el recurrente, ha quedado claramente comprobado que el CONAVI -y no el CNC- era la institución responsable por la construcción de la ruta No. 257 en virtud de sus atribuciones legales y reglamentarias siendo que el CNC era el responsable del contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, ambas responsabilidades por completo independientes y diferenciables. Este tema fue ampliamente expuesto en la resolución impugnada, mediante la cual se consignó: "(...) En igual sentido, si bien el CNC, como administración concedente era quien poseía la información relevante en relación con la concesión de la TCM lo cierto es que desde el propio contrato de concesión se estableció dentro de las obligaciones a cargo de la Administración -en este caso CONAVI- finalizar el acceso a la Terminal de Contenedores a cuatro carriles previo a la operación de los dos puestos de atraque de la fase 2A (hecho probado No. 1). Obligación que corresponde ejecutar al CONAVI en el ejercicio de sus funciones como dependencia especializada en la materia, tal y como fue establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 38173 en que se emitió la "Declaratoria de conveniencia nacional e interés público al proyecto denominado construcción de la Ruta Nacional No. 257 sección Sandoval-Moín, en la provincia de Limón" En dicha oportunidad se señaló: "(...) Se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público la construcción de la Ruta Nacional No 257 Sección Sandoval-Moín, Limón; y se ordena proceder con los trámites correspondientes para solicitar la corta y trasplante de los árboles sobre el derecho de vía y zonas de protección, para construir la Ruta Nacional No. 257 y sus obras de prevención, mitigación o compensación requenas dentro del área de construcción de la obra pública, las que serán ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)" (hecho probado n. o 6). Con base en lo anterior es clara la responsabilidad del CONAVI en el proceso de construcción de la Ruta Nacional No. 257 siendo por ende la dependencia a cargo de la correcta ejecución de dicho proyecto en Dos plazos contractualmente establecidos. En este sentida se ratifica que el Consejo Nacional de Vialidad actuaba más allá que un simple "brazo ejecutor" al tener al contrario, en rol principal a lo largo del desarrollo del proyecto. Lo anterior por cuanto era el principal responsable en la construcción de la ruta No. 257 siendo incluso la institución encargada del contenido presupuestan de la obra. Esto según consta en la certificación de disponibilidad presupuestaria No. 16-065 (282) presentada por el señor Salom Echeverría junto con el oficio No. DIE-07-15-3588 mediante el cual solicitó a la CGR la autorización para llevar a cabo un procedimiento de contratación excepcional para proceder con la construcción de la Ruta Nacional No. 257 (ver disco compacto visible a folio 7 del expediente administrativo). Estas observaciones además; encuentran sustento en su propia norma de creación (artículo 3 y 4 de la Ley No. 7798), en la que se establece en su artículo No. 3 su condición como órgano con desconcentración máxima, con personalidad jurídica instrumental y presupuestaria, para administrar el fondo de la red víal nacional así como para suscribir los contratos y emprestitos necesarios para el ejercicio de las funciones que la misma norma le otorga, lo cual refuerza la responsabilidad institucional en el desarrollo de las obras viales que se llevaran a cabo y se encontraran bajo su cargo" Razón por la cual los argumentos expuestos en cuanto al particular resultan inatendibles. (..)" (folio 567 del expediente administrativo). De igual forma, sobre la supuesta responsabilidad del contratista que achaca el demandante, también se trae a colación lo apuntado por la misma resolución No.220-2018 (DJ-0014): "(..) resulta improcedente el argumento expuesto en el sentido que el Órgano dejó de pronunciarse sobre los estudios previos que estaban a cargo del contratista y el deber del contratista de realizar este tipo de estudios o servicios de inicio con lo cual era deber del consultor o contratista advertir si algún elemento del cartel en un primer momento y luego en la ejecución con estudios previos; no calzaba con el dato técnico adecuados siendo que resulta improcedente trasladar al contratista las obligaciones que como jerarcas del CONAVI poseían los recurrentes. Al respecto téngase que mucho antes de que se llevara a cabo la contratación de los estudios previos referidos el investigado fue prevenido de los problemas de conexión que presentaba la construcción de la ruta No. 257 siendo que no era obligación del contratista advertir un problema que ya de por si era de sobra conocido por el investigado. Sobre el particular de insiste en que el recurrente conocía la existencia de dichos problemas de previo a emitir su voto afirmativo al aprobar el "borrador de propuesta de solicitud de autorización ante la Contraloría General de la República", siendo por lo tanto responsable del contenido que autorizó pues a pesar de la claridad que tenia en relación con la problemática referida, la cual discutió y analizó en diferentes sesiones lo cierto es que ni siquiera consultó sobre las medidas o acciones que se habían adoptado en relación con el tema..(...)"(Folio 570 del expediente administrativo). De conformidad con lo señalado, la parte actora no puede evadir la responsabilidad legal que ostentaba en su cargo, no siendo posible achacársela a otros funcionarios o instancias, que finalmente no tenían el poder de aprobación y de decisión que el actor, que como miembro del Consejo Directivo de CONAVI si mantenía. En esa línea, es un hecho aceptado por la parte actora que aprobó el borrador según lo indicó la parte en el hecho 15 de la demanda, y en el párrafo b) del presente apartado, entre otros, y ese aspecto ya trae consigo la responsabilidad de su cargo. II. SOBRE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONAVI Y LAS MINUTAS EMITIDAS AL RESPECTO: Que el actor indicó que en las reuniones llevadas a cabo no se mencionó nada sobre el citado desfase, ni se advirtió nada al respecto; que revisando las minutas "no recuerda" la existencia de esos señalamientos, que las minutas son documentos sin firma; que la CGR interpreta mal el alcance de las reuniones y el papel de los miembros del Consejo (en su labor individual), en virtud de que solo el órgano en conjunto es jerarca; y que al momento de votar el "borrador" siendo que este venía con avales técnicos, eso no hace que los directivos puedan conocer el desfase de la ruta. Además, indicó que él no participó en las respuestas a las solicitudes de la CGR, que posteriormente se enviaron a ese ente Contralor. En particular, sobre el conocimiento del desfase de la ruta No. 257, por parte del actor, en las referidas reuniones es necesario traer a colación lo expuesto por la resolución No. 17037-2018 (DJ-15S9): "(...) el señor Campos tenia conocimiento que el proyecto, en la forma en que sería planteado ante el Órgano Contralor no sería funcional. Lo anterior en virtud que existía un desfase en el entronque entre la ruta No. 257 y la entrada a la Terminal de Contenedores de Moín, que provocaba que entre ambos proyectos no se diera la conexión requerida que permitiera a los vehículos automotores transitar desde la TCM y hacia el territorio nacional situación que no fue informada al Órgano Contralor al efectuar dichos trámites. Este conocimiento se acredita con la participación del señor Campos Monge en la sesión de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI del 27 de abril de 2015 en que se les indicó a los presentes la necesidad de adquirir nuevos terrenos debido al cambio en el entronque con la Terminal de Contenedores de Moín. Asimismo, en dicha ocasión se señaló la necesidad de llevar a cabo procedimientos de expropiación así como las respectivas gestiones referente a trámite de la Viabilidad ambiental del proyecto (hecho probado No. 9). Aunado a lo anterior el investigado participó en la sesión de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI del 22 de junio de 2015 en que se reiteró la necesidad de coordinar la adquisición de terrenos adicionales por el cambio de trazado hacia el punto de entronque con la terminal (hecho probado No. 11)". Ademas el señor Campos acudió a la sesión del Consejo de Administración del CONAVI del 30 de julio de 2015) ocasión en que la Viceministra Giselle Alfaro expuso que: "(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental ya que, en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta, y ahora hay un desfase de 80 metros por lo que la Administración debe ajustarlo; y en razón de ello según Setena (sic) se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto" oportunidad en que con suma claridad se les expuso el tema del desfase y la responsabilidad que debía asumir la administración en la solución del problema generado por ella misma (hecho probado No. 14). Finalmente el investigado acudió a la sesión de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI del 14 de setiembre de 2015 en que se expuso, nuevamente, la necesidad de gestionar la viabilidad ambiental para intersección con la ruta cantonal y la llegada a la terminal de contenedores" (hecho probado No. 15). Con base en lo anterior es que se determina que el ex Director del Consejo de Administración del CONAVI conocía de la problemática descrita, pues esta fue discutida y analizada de forma reiterada en las sesiones en las cuales tuvo participación y en las que se dejó claro que, a efectos de solventar los problemas de conexión de la ruta, se necesitaba adquirir nuevos terrenos y gestionar los permisos ambientales respectivos ante SETENA. (. .)" (Página 289, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 00U442, del expediente administrativo). Así, la CGR acreditó la participación del demandante en las reuniones del Consejo del CONAVI, de fechas 27 de abril de 2015, 22 de junio de 2015, 30 de julio de 2015 y 14 de setiembre del 2015, en donde se trató el tema del desfase de la ruta No.257, incluso de la viabilidad ambiental o de una posible compra de terrenos. Lo anterior, fue confirmado por la resolución No.220-2018 (DJ-0014): "(...) Tal y como consta en la resolución impugnada se determinó el contenido y discusión que se llevó a cabo en cada una de las sesiones en que participó el señor Campos de las cuales se desprenden las múltiples advertencias que se realizaron respecto del tema del desfase precisamente, en virtud del impacto que tenia el mismo en la consecución de la red vial (...) Así no es cierto que no se le advirtiera, oportunamente el problema de conexión, pues del texto transcrito se determinan con claridad las reiteradas ocasiones en que el tema fue tratado en presencia del señor Campos; cosa distinta es que el recurrente no considerara que ese tema fuese relevante para el proyecto y que de así omitiera indagar sobre el particular consultar a los técnicos buscar alternativas o darle seguimiento al asunto del desfase tanto desde ese momento y aún más al momento en que le fue remitido al Consejo la propuesta de borrador; en donde, sin duda, debió verificar que el problema de conexión hubiese sido superado teniendo la certeza absoluta, de que la aprobación que daría para que dicho documento se enviase a la CGR conteniendo una solución efectiva de la necesidad pública. (...)" (Folio 568 vuelto del expediente administrativo). Ahora bien, en particular sobre la validez de las minutas, como elemento de prueba, el órgano decisor consideró que las mismas eran pertinentes, para acreditar la participación de los intimados, y en este caso del accionante en las reuniones: (...) la autenticidad de esas actas que refieren la participación de los investigados en cada una de las sesiones de trabajo indicadas; ha sido certificada por la propia Secretaria de Actas del Consejo de Administración del CONAVI, tal y como consta en la prueba señalada en el acto de apertura, así' como la prueba para mejor resolver que fue aportada al proceso (ver folio No. 381 a 383 del expediente administrativo). En este sentido, se estima que la prueba que consta en autos es pertinente para acreditar la participación de los intimados en las sesiones que han sido oportunamente señaladas que además se constituyen en hechos probados de este procedimiento. (...) Debe recalcarse que en el transcurso de este procedimiento administrativo las partes no aportaron ningún elemento probatorio para desacreditar la validez de la prueba documental referida, pues limitaron su alegatos al plano argumentativo sin contar con prueba alguna que acreditara su dicho motivo por el cual este alegato no es atendible (Página 219, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Sin perjuicio de lo anterior, es necesario advertir que el tema del desfase también fue conocido en el Consejo Sectorial de Transportes, tal y como lo apunta la resolución que resolvió el recurso de apelación No. R-DC-61-2019 (DC-0185): (...) el problema del desfase o entronque entre la Terminal y la nueva carretera fue abordado en el Consejo Sectorial de Transportes según consta en el acta 3-2015) artículo 3 del 29 de jugo 2015 (hecho probado 13) y en el propio Consejo de Administración en su sesión 1229 del 30 de julio de 2015 donde la entonces Viceministra Giselle Alfaro informó sobre el cumplimiento de la condición precedente, de los problemas presupuestarios que tenia Conavi para financiar la obra y del desfase de 80 metros que existía entre el diseño final del trazado de la ruta y la Terminal así como el problema ambiental que se debía resolver (hecho probado 14) la 1250 del 28 de setiembre de 2015 donde el entonces Ministro de Obras Públicas y Transportes Lic. Segnini, informó sobre las negociaciones entre APM Terminals y el Ministerio de Hacienda para conseguir el financiamiento del diseño y construcción de la ruta 257 (hecho probado 16) y la 1266 del 23 de noviembre de 2015 donde la Viceministra Giselle Alfaro informó sobre el seguimiento que se estaba dando al proyecto, por su importancia para la economía nacional y de distintas alternativas de solución para la carretera, entre las que también valoraron el que fuera asumida por un convenio complementario por el Concesionario, cuestión que desecharon, de modo que finalmente optaron por solicitar una contratación directa concursada a la CGR (hecho probado 18)."(Página 648 del expediente administrativo). Por otro lado, sobre la supuesta mala interpretación de la CGR, sobre el papel de los miembros del Consejo del CONAVI y una supuesta imposibilidad para conocer los elementos técnicos del asunto, la misma resolución No.R-DC-61-2019 (DC-0185) indicó: (...) Es sumamente riesgoso que el Consejo de Administración -o cualquier otro miembro de un órgano colegiado de la Administración Pública actuando como máximo jerarca- crea que tener que valorar y aprobar asuntos relacionados con aspectos técnicos -cualquiera que éstos sean-, que no sean o estén ligados con su ámbito profesional, constituye un ámbito o fuero de irresponsabilidad por las manifestaciones que realice o las decisiones que apruebe. (. .)" (Folio 645 del expediente administrativo). Finalmente, sobre su no participación en las respuestas que se dio posteriormente a la CGR, basta indicar que el procedimiento no giró en torno a ese aspecto, por tanto, cualquier manifestación al respecto es intrascendente y en ese tanto se rechaza. Así las cosas, tal y como lo afirma la CGR, está plenamente acreditado que el actor conocía de previo la existencia del desfase del proyecto, y las reuniones de Consejo, como órgano encargado, lo demuestran (las minutas son elementos de prueba válidos y no han sido impugnados). Además, el hecho de ser no tener conocimientos técnicos no los inhibe de Investigar y preguntar si los aspectos votados son correctos y responden al Interés público (ejercicio eficiente de su cargo). III. SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO DEL PROYECTO: Que el actor señala que la CGR se equivoca al afirmar que la solicitud de autorización se hizo sobre una obra que no iba a ser funcional; sin embargo todas están siendo utilizadas en beneficio del país. Que sobre dicha afirmación se aclara que el objeto de proceso en la CGR no fue determinar la responsabilidad por una obra inconclusa, sino por lo siguiente: "En el traslado de cargos se les reprochó una eventual responsabilldad administrativa por presuntamente, tramitar una autorización de un procedimiento especial de contratación administrativa ante el Órgano Contralor en apariencia, conociendo que técnicamente, el objeto de la solicitud de autorización no atendida la necesidad pública en forma satisfactoria, en tanto no garantizaba la conexión requerida por la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), ni era funcional respecto de la viabilidad ambiental vigente a ese momento, situación que no fue comunicada a la Contraloría General de la República al momento de gestionar dicha autorización." (Resultando I, Página 2, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Que en ese sentido, el meollo del procedimiento instaurado, tenía como finalidad determinar la culpabilidad por autorizar, como miembro del Consejo Directivo del CONAVI, una solicitud de contratación especial a la CGR. Ahora bien, en particular sobre el interés público de la obra, el órgano decisor se pronunció ampliamente al respecto e indicó: "...Si bien reconoce este Órgano Decisor la magnitud relevancia y trascendencia que la construcción de la TCM significa para nuestro país lo cierto es que la complejidad o dificultad que implicaba la construcción de la Ruta Nacional No. 257 que permitiría la conexión entre la ruta No. 32 y la TCM exigía un nivel de atención y cuidado mucho más alto por parte de los jerarcas institucionales responsables por la consecución del proyecto, como lo eran precisamente los investigados en su condición de directores del Consejo de Administración del CONAVI. Al respecto debe recalcarse, como se ha señalado anteriormente, que a pesar que los intimados tuvieron pleno conocimiento de los problemas en el entronque en relación con la construcción de la ruta No. 257 aún así autorizaron al Director Ejecutivo del CONAVI para acudir ante el Órgano Contralor a solicitar la aplicación del procedimiento de contratación excepcional previsto en el numeral 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado No. 21). Lo anterior en detrimento del interés público que la obra debía satisfacer; en virtud que al autorizar al señor Salom Echeverría para acudir ante la Contraloría General se le autorizó para gestionar un trámite de contratación especial de una ruta que no iba a ser funcional y por lo tanto, no iba a poder ser utilizada según las necesidades que exigía la puesta en marcha de la TCM. Esto ya que tal y como ha quedado acreditado en este procedimiento, existía un desfase en el entronque de conexión entre la TCM y la ruta a construir que, al momento de acudir ante el Órgano Contralor no había sido solucionado y del cual tampoco se puso en conocimiento a la CGR la hora de presentar la gestión referida siendo que, a contrario, en la solicitud presentada por parte del CONAVI se alegó que el proyecto representaba una solución definitiva al acceso a la TCM, al indicar que "(...) lo que se pretende ahora con los procedimientos especiales objeto de esta solicitud de autorización, es seleccionar a los contratistas que se encargarán de los estudios previos, diseño, construcción y supervisión de las obras definitivas de la Ruta Nacional No. 257" (hecho probado No. 22). Con base en estas consideraciones, los investigados actuaron en detrimento del interés público en el desempeño de sus funciones, siendo que en su condición de jerarcas del CONAVI debían velar porque a la hora de gestionar el procedimiento excepcional de contratación de la obra vial a construir este garantizara la efectiva conectividad entre los puntos señalados precisamente para permitir el tránsito efectivo de los vehículos automotores que requerían ingresar o salir de la TCM. En este sentido, debe recordarse que el numeral 4, inciso b) de la Ley de creación del Consejo Nacional de calidad establece como pide de las atribuciones de dicho órgano el "ejecutar mediante contratos las obras; los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional", lo que sin lugar a dudas exige que cada uno de los contratos y obras a desarrollar deban cumplir con la finalidad prevista, siendo que el fin de la Ruta Nacional No. 257 era permitir la efectiva conexión entre la TCM y el territorio nacional específicamente con la entrada a la ruta No. 32. Según se ha demostrada los investigados sabían que esta conexión no iba a ser posible debido al desfase que existía entre ambos proyectos del cual fueron advertidos en reiteradas ocasiones de previo a discutir el oficio No. DIE-07-2015-3554 remitido por el señor Mauricio Salom. A pesar de lo anterior en la gestión aprobada por el Consejo de Administración y que fue remitida, posteriormente, ante este Órgano Contralor se señaló expresamente que: "(...) La TCM según ya se indicó es una obra estratégica para el país y esa obra por si sola no es funcional pues necesariamente para su correcta explotación y operación, y por lo tanto para el desarrollo de los servicios públicos que aquí se prestan, resulta indispensable que esté conectada con la red vial nacional, específicamente con la Ruta Nacional No. 257 (...) Sin esa abra, la operación de la TCM no es factible en los términos requeridos por el país. De Ahí el origen de la obligación contractual que hemos reseñado y que es la razón última de interés público que debe tenerse presente." (hecho probado No. 22). Así las cosas, si bien en la gestión presentada se alegó el interés público en relación con la construcción de la ruta señalada, siendo esta un requisito indispensable para que la TCM entrara en operación correctamente, lo cierto es que ese interés público no iba a poder ser atendido en los términos en que fue expuesto en su oportunidad ante esta Contraloría General precisamente porque, debido a los problemas en la conexión, se requerían adquirir terrenos adicionales y gestionar ante SETENA los permisos ambientales necesarios de previo a poder garantizar la conectividad entre la ruta señalada y la TCM (...)" (Lo destacado es nuestro). (Página 224, del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Que de igual manera, es necesario señalar que lo referido a la entrega de la obra en tiempo, no era materia de análisis en este proceso, y así lo destaco el ente Contralor: "(...) debe tenerse claro que, en ningún momento, este Órgano cuestionó la entrega o no del proyecto a tiempo, por cuanto ese es un tema que no está siendo investigado en este procedimiento administrativo. Sin embargo, debe insistirse en que el deber de probidad que atañe a todo funcionado público requiere que se actúe, en todo momento con miras a satisfacer el interés público y los objetivos institucionales. En este sentido, el proceso de gestión de cada proyecto como lo fue la construcción de la Ruta Nacional No. 257 exige que se atiendan las necesidades colectivas de forma planificada, eficiente y regular (numeral 3 LCCEIFP), siendo que estas exigencias van más allá de la entrega del producto en el plazo establecido. Tal y como se ha demostrado en el presente procedimiento administrativo, los investigados aprobaron y gestionaron una solicitud ante la CGR para llevar a cabo un procedimiento de contratación excepcional a pesar que conocían que la obra a construir debido a las limitaciones que se presentaban en ese momento, iba a resultar en una obra ineficaz para los fines del proyecto e inutilizable por sí misma. Lo Anterior refleja la transgresión al deber de probidad en virtud de la falta de planificación adecuada de las labores a desarrollar por parte del CONAVI, siendo la misma achacable a sus jerarcas institucionales. Se reitera que el atraso en la ejecución del proyecto no justificaba que se acudiera a la CGR a solicitar permiso de contratación directa de una obra que si sabía no iba a ser funcional por cuanto los investigados en su rol de jerarcas del CONAVI debían actuar de acuerdo con el deber de probidad en todo momento durante la gestión del proyecto, lo que incluía indicar a cabalidad las condiciones de la obra a contratar. En el mismo sentido se aclara que no se les achaca a los investigados si se utilizaron o no más recursos económicos en el desarrollo de las obras por cuanto ese es un tema que no forma parte del objeto de este procedimiento administrativo, siendo que, en todo caso, dichas situaciones -el costo de la obra, su entrega en tiempo y el cumplimiento del propósito para la cual fue construida- no elimina la responsabilidad de los investigados al haber gestionado, en su momento, la aplicación de un procedimiento de contratación excepcional para construir una obra que no iba a poder satisfacer el interés público en los términos requeridos; gestión que realizaron, además, omitiendo información trascendental sobre las condiciones del proyecto a contratar; como lo era precisamente la existencia de un desfase entre la TCM y la Ruta Nacional No. 257 (..)" (Página 244, del archivo 170317-2018 (DJ1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442, del expediente administrativo). Que lo anterior se confirmó en la resolución de revocatoria: "...En este sentido parece olvidar el señor Campos que las obras resultaron útiles y funcionales en virtud de las gestiones posteriores que en el 2017, tuvo que realizar el nuevo Director Ejecutivo del CONAVI , con el fin de solventar los problemas de conexión que permanecían en cuanto a la construcción de la ruta No. 257 (hecho probado n. o 36). En este sentido, con independencia de la forma en que posteriormente se solucionaron los problemas que presentaba la construcción de la red vial esto no exonera de ninguna forma la responsabilidad que tuvo en el ejercicio de sus funciones pues aprobó acudir ante el Órgano Contralor a solicitar la autorización para llevar a cabo un procedimimiento de contratación excepcional pese a que, se reitera, conocía que el proyecto presentaba problemas gravísimos con la conexión a la entrada de la TCM, situación que era trascendental dentro de la ejecución de la obra vial y que, sin embargo, no fue abordada con la diligencia esperada por parte del recurrente. (...)" (Folio 570 del expediente administrativo). Que en ese sentido, tal y como ya lo ha hecho, la pare actora únicamente se ha abocado a evadir la responsabilidad como funcionario y miembro del Consejo del CONAVI y en ese sentido, sus omisiones justifican la sanción impuesta. No puede excusarse en el hecho de que la obra al final resultó bien, toda vez que eso no obsta para que se encuentre una falta en su deber de probidad, y sus responsabilidades legales dentro de su cargo. IV. SOBRE LA PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN: Que el actor, en una reiteración de todo lo expuesto, señala que la sanción es desproporcionada e irrazonable. Adicionalmente en el apartado siguiente -de aspectos procesales-, vuelve a hacer mención de los mismos (demanda es extremadamente repetitiva). Tal y como se ha procedido a indicar, la sanción surge con motivo de una falta de probidad de la parte actora, y un claro irrespeto a las funciones que tenía como miembro del Consejo Directivo del CONAVI. Se acreditó que conocía del desfase del proyecto en la ruta No. 257, y que no era excusa de su parte la no advertencia en el "borrador" votado, de dicha falencia, en virtud de que como se ha apuntado, lo conocía de sobradas formas. En consecuencia, se rechaza lo expuesto, siendo que la sanción se funda en elementos fácticos y jurídicos debidamente comprobados y al tenor del ordinal 72 de la Ley Orgánica de la CGR, que indica: Artículo 72.- Prohibición de ingreso o de reingreso del infractor. No podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública quien haya cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los negocios. La presente prohibición tendrá vigencia por un plazo que no será menor de dos años ni mayor de ocho años, a juicio de la Contraloría General de la República, la cual resolverá con vista de la prueba del caso. (...) (Nota de Sinalevi: Mediante resolución No 3869 del 15 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó este artículo en el sentido de que la prohibición allí prevista no resulta aplicable respecto de la postulación y el eventual ejercicio posterior de cargos de elección popular). V. SOBRE LAS SUPUESTAS AFECTACIONES AL DEBIDO PROCESO: Tal y como ha sido la tónica de la demanda, la parte realiza constantemente manifestaciones reiterativas y sumamente confusas, bajo esa línea, en el presente apartado haremos un esfuerzo por agrupar los aspectos de orden procedimental que se atribuyen al proceso. i. Sobre la intimación e imputación: La parte actora acusó vulneración a una debida intimación en el proceso, aduce que no hay relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de las pruebas, y que el ente Contralor se fundamenta en presunciones. Además, señaló que tampoco existió una imputación individualizada, detallada, precisa y clara de los hechos. Luego hizo una reiteración de todo expuesto anteriormente sobre su conocimiento del desfase del proyecto y la votación del acuerdo-borrador. Lo expuesto, evidentemente se rechaza. El proceso instaurado por la CGR si realizó una imputación e intimación apegada al debido proceso. Al efecto es de rigor señalar que en la resolución No. DJ-0968 de las 14 horas de 24 de julio del 2018, que ordenó abrir el procedimiento contra el actor y otros, se expuso con la suficiente claridad y precisión la prueba y los hechos imputados. En esa línea, y a fin de no ser reiterativos, se citan los considerandos 1.3, 1.7, 1.9, 1.11, 1.14, 1.15, L16, 1.18, 1.21, 1.31, 1.34, 1.35 (folios 11 vuelto a 23 del expediente administrativo), en los cuales se expusieron los hechos y pruebas relacionados con el demandante. Incluso, en el "Por Tanto" V, se incluye un cuadro con la descripción de la prueba referida. Adicionalmente sobre lo expuesto en relación con su conocimiento del desfase del proyecto, de la votación del "acuerdo-borrador" o de su participación en las consultas posteriores de la CGR, nos remitimos a lo expuesto en los apartados anteriores, siendo este un tema ya abordado ampliamente. En consecuencia, si existió una debida intimación e imputación, en el procedimiento de la CGR. ii. Sobre la tipicidad en sede administrativa: Que mencionó el actor, que su sanción se fundamentó en dos normas "genéricas", el ordinal 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el numeral 113 de la LGAP, siendo que -en su dicho- ambas normas son muy abiertas y por tanto no se produjeron las conductas sancionadas. Además, menciona que en el acto final se incluyeron otras normas. Asimismo, hace reiteraciones de alegaciones ya indicadas, sobre el voto del "acuerdoborrador" y de la autorización de la GGR. Lo anotado se rechaza. Conforme lo expuesto, la parte actora trata de confundir al Tribunal mostrándole una suerte de incerteza o ambigüedad que no existe, y queriendo asimilar este asunto a un proceso penal. Sobre lo apuntado, es necesario indicar que, tratándose de materia sancionatoria administrativa, el principio de tipicidad es muy distinto a su par en la materia penal punitiva. Sobre lo anterior, la Sala Constitucional ha sido prolija y sumamente clara, al respecto se cita el Voto No.2019-16849 de las 9 horas 20 minutos del 6 de setiembre del 2019, que referenció a su vez las sentencias No.2010-5894 de las 14 horas y 57 minutos del 24 de marzo del 2010 y No.2013-16142 de las 1s horas y 46 minutos del 4 de diciembre de 2013, que apuntaron: "(...) El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción" Este principio constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no opera en la misma forma que en el ámbito jurídico-penal ya que los principios "nullun crimen sine lege" y "nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo. La actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinario corresponden a campos jurídicos diferentes y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así en el derecho, penal en relación con los delitos toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo por su generalidad toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminado; o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está plenamente definida no hay pena. Pero, en el derecho disciplinario, en razón del en que persigue, cual es la protección del orden social general y de la materia que regula -la disciplina-, la determinación de que infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados. De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatoria por lo cual la enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. Esto es así motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, lo cual no siempre resulta claro de la literalidad del precepto razón por la cual pueden sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La falta o infracción disciplinaria se ha definido produciendo que es una violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente definida aunque si prevista. Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son imnumerables; pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos "subordinados", comportamientos o conductas en verdad ilimitadas en número dada su variedad por ello se deduce la existencia de tres elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material que es un acto o una omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad abre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o posible de su eficacia (ver en igual sentido entre otras las sentencias número 2007-015136, 2007-001391 y 2006-018169). De manera que la Administración puede ejercer el poder disciplinario en forma discrecional y puede aplicar sanciones sin necesidad de que las faltas estén detalladas concretamente como hechos sancionatorios, dada la variedad de causas que pueden generar la aplicación del régimen disciplinario o sancionatorio por incumplimiento de los deberes que le son exigibles. (...)" Adicionalmente, se trae a colación lo expuesto por el acto final del procedimiento No.17037-2018 (DJ-1559), que al determinar la responsabilidad del actor señaló: "(...) ha quedado suficientemente demostrado que el señor Campos Monge no actuó con la diligencia que le exige el ordenamiento jurídico siendo que incluso, el numeral 213 de la LGAP señala que, a efectos de determinar la existencia y el grado de culpa del funcionario público, deberá valorarse la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas lo que implica que entre mayor sea la jerarquía del funcionario mayor es su grado de responsabilidad. Así las cosas; dichos motivos conllevan a este Órgano a establecer la culpa grave con la que actuó el investigado con lo cual se confirma la transgresión de los numerales 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el articulo 1 inciso 14 del Reglamento a la misma Ley, 113 de la Ley General de a Administración Pública, 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 1, inciso e) del Decreto Ejecutivo No. 33146 y el numeral 4 de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad" (Página 296 del archivo 170317-2018 (DJ-1559) CONAVI en la carpeta Folio 000442 del expediente administrativo). Que lo anterior, es plenamente coincidente con lo expuesto sobre la intimación del proceso: "La determinación de responsabilidad en este procedimiento podría acarrearles a los señores Mauricio Salom Echeverría, Carlos Segnini Villalobos; Giselle Alfaro Bogantes, Christian Campos Monge; Ana Lizeth Rodríguez Barquero, Nelson Gómez Barrantes y Jorge Solano Jiménez desde una amonestación escrita publicada en el Diario Oficial hasta la separación de cualquier cargo público en que se encuentren, sin responsabilidad patronal todo ello de conformidad con los numerales 113 y 211 de la Ley General de la Administración Pública (Ley No. 6227), artículos 3; 4 y 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley No. 8422) y el articulo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (Ley No. 7494). Además de la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por un plazo de 2 a 8 años prevista en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley No. 7428). La imposición de dicha prohibición trae como consecuencia, además el cese inmediato, sin responsabilidad para el Estado, del ejercicio de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentren nombrados los investigados." (Folio 86 del expediente administrativo). Así las cosas, se trae a colación lo apuntado en la resolución No. 220-2018 (DJ-0014), que revisó la revocatoria interpuesto por el actor: "(..) En ese sentido no se hizo uso de normas adicionales que pudieran haber representado una vulneración a los derechos que ostenta el investigado todo lo contrario, el presente procedimiento se ha llevado a cabo apegado a los principios del debido proceso y derecho de defensa que tutelan al investigado. Prueba de ello es que el recurrente no cita expresamente cuáles son esas normas que estima fueron adicionadas por este Órgano siendo por ende inatendibles e improcedentes sus alegatos. (...)" (Folio 573 del expediente administrativo). Conforme lo expuesto, no existe ningún tipo de exceso o carencia en relación con el principio de tipicidad aludido, en virtud de que el mismo fue emitido dentro de las reglas del debido proceso administrativo. iii. Sobre la culpabilidad en el procedimiento: Que el accionante se limita a indicar que no existe culpabilidad de su parte, en virtud de que según un informe de auditoría del MOPT es de la Comisión Mixta para construcción de la Ruta No. 257. Así, tal y como lo hizo anteriormente, la parte viene nuevamente a tratar de desplazar su responsabilidad como Directivo del CONAVI, con las prerrogativas que eso implica, y trasladarla a otros funcionarios y entes. En esa línea, se reitera todo lo expuesto atrás, en relación con los numerales 113 de la LGAP y 3 de la Ley contra la Corrupción, así como lo resuelto en las resoluciones números DJ-1559 y DJ-0014. Entonces, está ampliamente acreditado en el proceso, la culpabilidad del actor. iv. Sobre las "Apreciaciones adicionales sobre el traslado de cargos y la resolución del órgano decisor: La parte reitera argumentaciones subjetivas sobre sus consideraciones, las cuales han sido ya ampliamente analizadas, en ese tanto, es necesario indicar que a lo largo del procedimiento se respetó el debido proceso y el derecho de defensa del actor, por lo tanto, se rechaza cualquier manifestación relacionada. Ergo, no existe ningún quebranto, según lo aduce la demanda. VI. SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA DEL MOPT: Que el actor mencionó que el informe de auditoría del MOPT dejó claras las coordenadas del proyecto y que estas fueron las aprobadas por SETENA (Ente que no es parte de este proceso), por lo que no podía variar el trazado aprobado. Además, indicó que la concesionaria varió las coordenadas que había sido aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental. Luego, vuelve sobre manifestaciones ya repetidas, sobre la no advertencia de la unidad técnica, sobre su voto del "acuerdo-borrador" y las contestaciones a la CGR. Sobre dicho tema se pronunció la CGR en la resolución No. 220-2018 (DJ-0014), cuando expuso: "En relación con el alegato referido a que "el informe de la Auditoría Interna del MOPT revela el rol preponderante y vital del CNC el cual el Órgano Decisor releva en su análisis de responsabilidad para concentrarla en él y en los otros miembros del Consejo Directivo del CONAVI", debe aclararse que este Órgano en el análisis de responsabilidad realizado en el acto aquí recurrido dispuso con detalle el fundamento de hecho y de derecho que llevó a atribuir al señor Campos la violación a las normas que le fueron intimados oportunidad en la que se indicó: "(...) el señor Christian Campos Monge actuando en su condición de Director del Consejo de Administración del CONAVI mediante el articulo 2 del acta de la sesión No. 1274-2015 del Consejo de Administración del CONAVI procedió a aprobar la propuesta presentada por el Director Ejecutivo del CONAVI a través del oficio No. DIE-07-2015-3554 del 15 de diciembre de 2015 que correspondida a borrador para la solicitud de autorización a la Contraloría General de la República para promover un procedimiento especial de contratación administrativa para el desarrollo del proyecto Ruta Nacional No. 257 Acceso a la Terminal de Contenedores de Moín" (hecho probado No. 21). Esto a pesar que el señor Campos tenia conocimiento que el proyecto, en la forma en que seria planteado ante el Órgano Contralor; no sería funcional. Lo anterior en virtud que existía un desfase en el entronque entre la ruta No. 257 y la entrada a la Terminal de Contenedores de Moín, que provocaba que entre ambos proyectos no se diera la conexión requerida que permitiera a los vehículos automotores transitar desde la TCM y hacia el territorio nacional situación que no fue informada a Órgano Contralor al efectuar menos trámites". (folio 567 del expediente administrativo). De igual forma, se reitera lo expuesto en la misma resolución sobre la responsabilidad del contratista que achaca el demandante: "(...) resulta improcedente el argumento expuesto en el sentido que el Órgano dejó de pronunciarse sobre los estudios previos que estaban a cargo del contratista y el deber del contratista de realizar este tipo de estudios o servicios de inicio, con lo cual era deber del consultor o contratista advertir si algún elemento del cartel en un primer momento y luego en la ejecución con estudios previos no calzaba con el dato técnico adecuado", siendo que resulta improcedente trasladar al contratista las obligaciones que como jerarcas del CONAVI poseían los recurrentes. Al respecto téngase que mucho antes de que se llevara a cabo la contratación de los estudios previos referidos el investigado fue prevenido de los problemas de conexión que presentaba la construcción de la ruta No. 252 siendo que no era obligación del contratista advertir un problema que ya de por si era de sobra conocido por el investigado. Sobre el particular se insiste en que el recurrente conocía la existencia de dichos problemas de previo a emitir su voto afirmativo al aprobar el "borrador" de propuesta de solicitud de autorización ante la Contraloría General de la República, siendo por lo tanto responsable del contenido que autorizó pues a pesar de la claridad que tenia en relación con la problemática referida, la cual discutió y analizó en diferentes sesiones lo cierto es que ni siquiera consultó sobre las medidas o acciones que se habían adoptado en relación con el tema. (..)"(Folio 570 del expediente administrativo). Asimismo, sobre los temas recurrentes, se reitera todo lo apuntado en apartados anteriores. VII. SOBRE EL CONTENIDO DE LAS MINUTAS: Que el tema de las minutas ha sido ampliamente expuesto, y que al se remite a lo señalado en en el punto II de la contestación, sin perjuicio de lo indicado, se reitera que las minutas son pertinentes para la acreditación de las reuniones que se mantuvieron por parte de los Directivos y en particular del actor. Que además, la parte actora no acreditó en el procedimiento administrativo, y tampoco podría hacerlo ahora, prueba en contrario que desvirgué su valor como documentos públicos, válidos y eficaces (recordemos que fueron certificadas por el CONAVI). Luego, nuevamente (no es costumbre de esa representación ser tan repetitiva pero por la forma en que planta la demanda se hace necesario), se trae a colación lo apuntado también en el punto II de esta contestación; en relación con que la CGR acreditó la participación del demandante en las reuniones del Consejo del CONAVI, de fechas 27 de abril de 2015, 22 de junio de 2015, 30 de julio de 2015 y 14 de setiembre del 2015, en donde se trató el tema del desfase de la ruta No. 257, incluso de la viabilidad ambiental o de una posible compra de terrenos. Además, es necesario reiterar que, la parte actora pretende que otras personas (técnicos, Ingenieros) o entes (Concesiones, Concesionario) asuman la responsabilidad que él como Directivo del CONAVI tenía, una responsabilidad que le fue otorgada por ley, al tenor de lo dispuesto en los ordinales 4 y 5 de la Ley de Creación del CONAVI, del artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad, y del numeral 113 de la LGAP. VIII. SOBRE LOS "ALCANCES CONVENCIONES Y CONSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA INFRACCIÓN A MIS DERECHOS HUMANOS AL TRABAJO, A TENER UN ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO V PROPORCIONAL, A ASPIRAR A CARGOS PÚBLICOS COMO DE ELECCIÓN POPULAR.": Que la parte actora viene a plantear una serie de "infracciones" a sus derechos constitucionales (según su dicho); entre ellas -en sus palabras-, la falta de un acto administrativo motivado, violaciones al debido proceso, a su derecho humano a ocupar cargos públicos, al principio de inocencia y a una sanción proporcional. Que en primer lugar, sobre la motivación, basta indicar que las resoluciones No. 17037-2018 (DJ-1559) (acto final del procedimiento), No. 220-2018 (DJ-0014) (recurso de revocatoria) y No. R-DC-61-2019 (DC-0185) (recurso de apelación), no sólo están correctamente motivas, sino que son amplias en analizar la responsabilidad del actor. Que lo anotado por el demandante no es más que manifestaciones subjetivas para tratar de sustentar su demanda, no incluye en las mismas un solo elemento de valor que permitan si quiera analizar la carencia de motivo, así las cosas, lo apuntado se rechaza. Sobre el debido proceso, ya hemos tenido la oportunidad de referirnos a diferentes manifestaciones sobre supuestos agravios, en particular en el apartado V de este memorial, razón por la cual, se reiteran en un todo. Ahora bien, sobre su derecho a ocupar cargos públicos, la parte actora olvida que ningún derecho constitucional es irrestricto, y así podemos encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia innumerables casos al respecto; no obstante, respecto al tema de marras, se trae a colación el Dictamen No. C-183-2007 de 11 de junio de 2007, de esta Procuraduría, en su ejercicio como Órgano Técnico Consultivo de la Administración Pública, el cual expuso -en lo pertinente- lo siguiente: "A. EL ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS: UN DERECHO FUNDAMENTAL: En su sentencia No. 3529 de las 9 horas del 12 de julio de 1996 el Tribunal Constitucional estableció que pese a que nuestra Carta Fundamental no lo contempla expresamente nuestro Derecho de la Constitución reconoce un derecho fundamental de acceso a los cargos públicos. En el voto de referencia, la Sala Constitucional consideró que el derecho de acceso a los cargos públicos es una consecuencia necesaria de principio de igualdad que garantiza equidad de oportunidades a todas las personas para aspirar a los cargos y funciones públicas. Debe destacarse de la resolución de cita que de acuerdo con el entera de la Sala Constitucional el derecho fundamental de acceso a los cargos y funciones públicos no debe entenderse circunscrito a los cargos de elección popular o cargos representativos sino que es extensivo a todos los cargos y funciones públicos. En lo conducente, la sentencia en comentario indicó: "III. Hay que encarar ahora el tema del derecho de acceso a los cargos públicos. A diferencia de lo que sucede en otras latitudes la Constitución no contiene ningún articulo donde se reconozca de modo expreso la existencia de un derecho fundamental a acceder a las funciones y cargos públicos. Aun en los casos en que ese derecho se reconoce explícitamente, puede concebirse -en tanto derecho fundamental posible de protección, pues; mediante el recurso de amparolimitado al acceso a cargos de elección popular (Téngase en cuenta, sin embargo, lo que dispone el art. 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). No obstante constantes resoluciones de esta Sala han declarado, expresamente o implícitamente la existencia de ese derecho como derecho fundamental entendiendo que es un corolario imprescindible e ineludible del principio de igualdad que impregna diversas posiciones constitucionales y es el sustrato de diversos derechos de aquella naturaleza, del derecho al trabajo, y en esencia, del carácter democrático de la comunidad nacional En consecuencia, apenas es necesario insistir en el reconocimiento del derecho de todos a acceder a los cargos públicos y no solamente a los de elección popular- en condiciones de igualdad descontado desde luego el régimen de requisitos aplicable en cada caso" Así en materia de función pública, el principio derivado de la Declaración de Derechos del Ciudadano de 1789 es el de igual acceso a todos los empleos públicos. Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos se han hecho eco de dicha disposición, consagrando el derecho de acceso a los empleos públicos (artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país", artículo 25) inciso c del Pacto Internacional de Derechos (Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Como otros derechos fundamentales el de acceso a los cargos públicos no es irrestricto. Por el contrario, es pacífico afirmar que es posible imponer requisitos para acceder a determinado cargo o ejercer particulares funciones. Este ha sido el criterio adoptado g este Órgano Consultivo, que en su dictamen C-61-2001 del 6 de marzo de 2001 advirtió que el acceso a los cargos públicos está determinado por el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales deben ser pertinentes en relación con el cargo y las funciones, así como razonables, sin obviar que deben atender a la idoneidad y probidad del candidato. Transcribimos en lo que interesa el dictamen en cuestión: "La condición para dicho acceso es determinada por el cumplimiento de los requisitos particulares atinentes a cada uno de los puestos o empleos de que se trate. Condiciones que no pueden ser tales que tiendan a imposibilitar razonablemente el derecho de acceso. De modo que al definir las condiciones requeridas para el acceso y desempeño del cargo el Estado debe procurar que los interesados se encuentren en capacidad de satisfacer el interés público, para lo cual exigirá las cualidades profesionales, técnicas o personales que el puesto objetivamente requiere. Como consecuencia de lo anterior no puede hacerse afirmación alguna fundada en criterios distintos de la idoneidad técnica y moral para el desempeño del cargo. De lo que en principio los criterios de admisión a los cargos públicos deben fundarse en la idoneidad para el desempeño del puesto y en criterios de nones dad indispensables en el manejo de la cosa pública." (Lo destacado es nuestro). Sobre lo expuesto, interesa destacar que el ejercicio de un cargo público representa no solo un derecho sino una enorme cantidad de deberes y obligaciones, en las cuales evidentemente está el ejercicio responsable y conforme a los más altos estándares de probidad. Conforme lo anterior, encontramos uno de los límites al ejercicio del derecho a ocupar un cargo público, y es que se haya comprobado faltas al deber de probidad, como sucede particularmente en el caso de marras. En ese sentido, no existe ningún quebranto al derecho fundamental del actor, en virtud de que consta que su ejercicio en la función no fue adecuado, y más aún faltó a los deberes legales que le correspondían en el ejercicio de sus funciones, según lo indicó la CGR. En relación con el principio de inocencia, la parte ha podido realizar una defensa de sus intereses en el procedimiento ante la CGR, tan es así que se emitieron tres resoluciones, el acto final, la revisión del recurso de revocatoria y finalmente, en alzada, el recurso de apelación, por parte del Despacho Controlar. En esa línea, se reitera, ha existido un debido proceso conforme a derecho y por tanto no existe ningún quebranto al respecto. Sobre el voto de la Sección Primera de Tribunal Contencioso No. 104-2019-1, que cita, es de rigor apuntar que se trata únicamente de una sentencia (todavía no está firme), sin que exista al respecto -y luego de un análisis del caso- un criterio jurisprudencial sobre el tema. Recordemos que la jurisprudencia implica una serie de fallos reiterados, sobre un asunto, y emitidos por un Tribunal Superior. En todo caso el voto -repito- no está en firme, en virtud de que fue recurrido, y no ha sido resuelto. Finalmente, sobre la proporcionalidad de la sanción, se reitera que la misma se fundamente en una norma vigente, válida y eficaz como lo es el ordinal 72 de la Ley Orgánica de la CGR, razón por la cual es improcedente su reclamo. IX. SOBRE EL PERJUICIO PROPIO DE DAÑO MORAL PROVOCADO: Que en este último apartado, la parte actora adujo la existencia de un daño moral, el cual achaca a diversos medios de comunicación, por informaciones que publicaron. Conforme lo anotado, debemos indicar, en primer término, que los referidos medios son terceros ajenos al Estado. Luego, no existe una sola imputación a un acto u omisión del Estado que tengan relación con las noticias publicadas, ergo mi representado no tiene ninguna relación o participó de alguna manera en la emisión de esas informaciones. Sin perjuicio de lo anterior, es de rigor señalar lo siguiente: Para determinar la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial del Estado, deben presentarse necesariamente tres presupuestos básicos sin los cuales no resulta posible su reconocimiento: I. La existencia de una acción u omisión por parte de un ente público. II. La producción de un daño que el sujeto perjudicado no tiene el deber de soportar y que tiene como características el ser efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado. III. La existencia de una relación de causalidad entre acción u omisión administrativa y el daño infringido, es decir, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido. Sobre el primer supuesto -acción u omisión del Estado- en ningún momento el Estado ha realizado acción u omitido algo que generara daño o perjuicio económico alguno al accionante. En ese sentido tal y como se ha mencionado desde el inicio la participación del Estado en este caso realmente lo es en aplicación del numeral 12 inciso 5) subinciso a) del CPCA. En todo caso, lo que cuestiona la parte accionante obedecen a actuaciones propias de la accionante o de terceros ajenos al Estado, ergo culpa de la victima y hecho de un tercero. Ahora bien, en cuanto a la producción del daño, el mismo no existe y en todo caso no es responsabilidad del Estado, por cuanto las conductas que finalmente cuestiona son de la CGR. Así, evidentemente, tampoco existe nexo causal, el cuadro fáctico que presenta la actora carece de los elementos esenciales de la responsabilidad administrativa, cual es la existencia del nexo causal o relación de causalidad, que constituye el "puente" entre la conducta administrativa y el daño producido, sea entre la Administración y el administrado. En consecuencia, en el presente caso no existe conducta que le pueda ser reprochada a la Administración, en todo caso con la concurrencia del hecho de un tercero y culpa de la víctima, se origina la ruptura del nexo de causalidad y consecuentemente se extingue la responsabilidad de la Administración (que repto en el caso del Estado es inexistente en todo caso). Entonces, conforme los numerales 190 y 196 de la LGAP y 41.1.1 del Código Procesal Civil y 220 del CPCA, rechazamos la existencia de algún tipo de "daño moral".
IV.- HECHOS PROBADOS: Como tales y de importancia para el resultado del presente asunto se tienen: 1) Que el señor Christian Campos Monge participó en las sesiones de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI celebradas durante los días 27 de abril, 22 de junio y 14 de setiembre todas del año 2015, (Ver imágenes de la 650 a la 653 del Tomo 1 del expediente administrativo CGR-PA-2018004426). 2) Que en el Acta de la Sesión Ordinaria No.1229-15 celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, celebrada el día 30 de julio de 2015, con la asistencia de los Directores: Ing. Giselle Alfaro Bogantes Vicepresidenta, Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero Directora Licda. Mónica Navarro Del Valle Directora, Lic. Christian Campos Monge Director, Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo a.i., Licda. Magally Mora Solís Secretaria de Actas y la Licda. Gabriela Trejos Amador Gerente a.i. Gestión de Asuntos Jurídicos; en el punto 4.2) se indicó: "Acceso Provisional a la Terminal de Contenedores de Moín: En otro orden de ideas, el director Campos Monge informa que la Gerente de APM Terminals está planteando inquietudes respecto al avance sobre el acceso provisional a la TCM; por lo que solicita al Ing. Salom preparar un informe al respecto para la próxima sesión. Agrega que UCCAEP está valorando hacer un acompañamiento más visible para el seguimiento, en razón de la importancia de esa carretera. La señora Viceministra indica que actualmente se cuenta con el acompañamiento de Casa Presidencial, y desde que ingresó al cargo, ha venido dando seguimiento al proyecto; sin embargo el tema está complicado porque CONAVI debe sufragar $70 millones que no tiene. Agrega que efectivamente se cuentan con 22 meses de plazo para cumplir esa condición precedente, porque de lo contrario, se pierde el descuento de $20 por contenedor. Por otra parte comenta, que hoy en una reunión que sostuvo con personeros del ICE les dejó claro que no era posible que lanzaran la línea de alta tensión sobre la estructura de la calzada, porque se perderían 6 metros del derecho de vía, por lo tanto, lo que se les podía conceder era el uso en precario en el área que queda en el derecho de vía, pero no sobre la plataforma de la estructura. Por otro lado, se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental, ya que, en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta, y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo; y en razón de ello, según Setena, se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto; sobre esto el ICE ofreció colaborar con un criterio legal al respecto. Concluye indicando que se está trabajando coordinadamente para lograr resolver todos estos temas. Se toma nota." (Ver página 3 del Acta de la Sesión Ordinaria No.1229-15 celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo Nacional de Vialidad el día 30 de julio de 2015 aportada en versión digital). 3) Que el señor Christian Campos Monge, como miembro del Consejo de Administración del CONAVI concurrió con su voto afirmativo en la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta No. 1274-2015, por el que se solicitó ---sin ser una solución integral---, a la C.G.R autorización para tramitar un procedimiento especial de contratación conforme a lo establecido en los artículos 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento (Contratación Directa Concursada) para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para "La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)". Gestión que fue aprobada por la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. por oficio DCA-0411 (02184) del 12 de febrero de 2016, y adjudicada por ese Consejo el día 30 de junio de 2016 en su sesión No. 134, art. 4 a la empresa CONSORCIO ATLÁNTICO, por un monto de $71,857,857,500.00 dólares. (De los autos). 4) Que con el fin de subsanar el desface existente en la conexión entre la Ruta Nacional No. 257 y la Terminal de Contenedores de Moín; por oficio DIE-07-17-1081 del 18 de abril de 2017, se solicitó a la CGR modificar los alcances de la "Contratación Directa No. 2016CD-000026-00DIE" y la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. por oficio 07467 (DCA-183) del 30 de junio de 2017,, autorizó al CONAVI modificar parcialmente el objeto contractual de la "Contratación Directa Concursada No. 2016CD-000026-0DE00", y en razón de ello se suscribió el "Convenio de Cooperación para el desarrollo de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la Ruta Nacional No. 257" y el 10 de julio de 2017 se formalizó la Orden de Modificación de Obra No. 1 por un monto de $5.397.194.72 (cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro dólares con 72/100), para una variación de 7,51 % del monto contractual original. (De los autos). 5) Que la Contraloría General de la República inició una investigación preliminar y por Informe DFOE-1FR-1P-00001-2018 del 21 de junio de 2018, recomendó la apertura de un procedimiento en contra del actor, entre otros miembros del Consejo de Administración del CONAVI, en razón del desface existente en la conexión de la Ruta Nacional No. 257 y la Terminal de Contenedores. (Ver imágenes de la 1 a la 133 de la prueba aportada en cd). 6) La Contraloría General de la República, por resolución número 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio bajo expediente No. CGR-PA-2018004426, en contra del actor (y otros miembros del Consejo de Administración del CONAVI y su ex Director Ejecutivo ai.) en el que se le intimó haber concurrido con su voto afirmativo en la sesión No. 1274-2015 celebrada el día 18 de diciembre de 2015, en la que ese Consejo aprobó la propuesta presentada por el Director Ejecutivo del CONAVI por oficio No. DIE-07-2015-3554 del 15 de diciembre de 2015 "Borrador para la solicitud de autorización a la Contraloría General de la República para promover un procedimiento especial de contratación administrativa para el desarrollo del proyecto Ruta Nacional No. 257, Acceso a la Terminal de Contenedores de Moín". Presentando dicha gestión como si esta fuese la solución final para satisfacer la necesidad pública de conexión como ruta de acceso funcional entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal de Contenedores de Moín, a pesar de su conocimiento que lo gestionado no aseguraba la conexión requerida, con lo que su accionar violentó principios éticos tales como, la transparencia, buena fe y probidad. (Ver Tomo I imágenes de la 14 a la 175 del expediente administrativo CGR-PA-2018004426). 7) La Contraloría General de la República por resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:30 horas del 27 de noviembre de 2018, en cuanto al señor Chiristian Campos Monge dispuso: "RESUELVE: I. Declarar a los señores (...) Christian Campos Monge, responsables administrativamente en grado de culpa grave, razón por la cual se dispone de forma vinculante sancionarlos con el impedimento previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que consiste en la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por el plazo de DOS años, con la consecuencia del cese inmediato de cualquier cargo de la Hacienda Pública que ocupen. Dicho plazo de la prohibición empezará a computarse a partir del día hábil siguiente de que adquiera firmeza el presente acto final." (Ver folios del 1 al 341 de las imágenes digitales aportadas en cd). 8) Contra la anterior resolución el actor interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso de revocatoria fue rechazado por el Órgano Decisor y el recurso de apelación sufrió la misma suerte por resolución del Despacho de la Contralora General de la República mediante resolución No. R-DC-61-2019 del 19 de junio de 2019. (De los autos). 9) Que la sanción impuesta fue inscrita en el Sistema de Registro de Sanciones de la Contraloría General de la República (SIRSA), y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 141 del lunes 29 de julio de 2019. (Hecho no controvertido).
V.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que la Comisión Mixta COSEVI-CNC, conformado por la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial a cargo de la Inga. Andrea Soto Rojas y la Unidad Ejecutora TCM del CNC, al preparar y someter a conocimiento del Director Ejecutivo y del Consejo de Administración del CONAVI el oficio No. POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015; indujera dolosamente en error al actor, para que concurriera con su voto afirmativo en la solicitud de autorización para que se tramitara ante la C.G.R., 2 procedimientos especiales de contratación (arts. 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento). El primero para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para "La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)" por un monto de 78 millones de dólares y el segundo para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares. Acuerdo que fue tomado por el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión del día 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta No. 1274-2015. (No hay prueba en tal sentido). 2) Que el acto administrativo adoptado por el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión del día 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta No. 1274- 2015, ---en el que el actor concurrió con su voto afirmativo---, mediante el que se solicitó a la C.G.R. autorización para que se tramitara 2 procedimientos especiales de contratación (arts. 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento), para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para "La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)" por un monto de 78 millones de dólares y para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares; fuese conteste u obedeciera a la satisfacción del interés público conforme lo exige el artículo 113 de la LGAP. (No hay prueba en tal sentido).
VI.- SOBRE EL FONDO: En una articulación bastante reiterativa, el actor planteó demanda plenaria solicitando que en sentencia se declare la nulidad de: 1) El auto de apertura emitido por el Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contralora General de la República bajo resolución No. 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, y que dio inicio al procedimiento administrativo bajo No. CGR-PA-201 80044261. 2) El acto final del procedimiento emitido por Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República bajo resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31horas del 27 de noviembre de 2018. 3) Las resoluciones confirmatorias del acto final Nos. 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 (que rechazó el recurso de revocatoria) y la R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 del Despacho de la Contralora General de la República (que rechazó el recurso de apelación) y todos los demás actos y resoluciones conexas. En cuanto a sus pretensiones patrimoniales, solicitó que se condenara al Estado y a la C.G.R. de manera solidaria, al pago de la suma de 60 millones de colones por concepto de del daño moral objetivo y subjetivo y por los daños y los perjuicios ocasionados, los que reservó para ser liquidados en ejecución de sentencia. En forma muy concreta, el actor alegó que la C.G.R. le impuso una sanción de inhabilitación para ocupar puestos públicos por un lapso de 2 años, en razón de que siendo miembro del Consejo de Administración del CONAVI en la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, artículo segundo del acta No. 1274-2015 concurrió con su voto para la toma del acuerdo mediante el que se le solicitó autorización a la Contraloría General de la República para proceder a una contratación directa concursada para la "Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)" por un monto de $78 millones de dólares y el segundo para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de $5.500.000.00 dólares. Sin embargo, el actor acusó que la C.G.R. en lo resuelto en su contra violentó: 1) Su derecho al debido proceso, específicamente su derecho a ser debidamente intimado de los hechos e imputado sobre la falta endilgada. 2) El principio de proporcionalidad y racionalidad de la sanción, pues no hizo una valoración objetiva de los hechos endilgados y de la prueba de descargo que a los efectos aportó. En cuanto a las violaciones acusadas respecto a los actos administrativos que pidió anular, acusó que el Órgano Decisor no valoró objetivamente la prueba de descargo que aportó, a saber: 1) El "Informe de la Auditoría Interna del MOPT", del que se colige fehacientemente que las coordenadas utilizadas en el proceso de contratación para el desarrollo de las obras, ---sobre las que se tomó el acuerdo por parte de la Junta Administradora del CONAVI---, fueron suministradas por el CNC. 2) Que en el "borrador del acuerdo" sometido a la Junta Administradora del CONAVI para su aprobación, contó con los avales técnicos necesarios de la Comisión Mixta (CNCCONAVI) y de la Inga. Andrea Soto Rojas en su condición de Gerente de la "Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial" (que incluyó el proyecto denominado TCM), sin embargo nunca se advirtió del desface existente en el área de conexión. 3) Que si bien la Inga. Soto Rojas por oficio POE-01-2015-0359 del 19 de abril de 2015, informó de dicha situación al señor Mauricio González Quesada, Viceministro de Infraestructura y Concesiones del MOPT, dicha advertencia no fue conocida por el Consejo Administrativo. 4) Que el Órgano Decisor le dio un valor probatorio las "minutas" de las sesiones de trabajo, las cuales carecen de dichos efectos, pues no están firmadas, ni indica quien es su autor. Indicó que su actuar siempre fue regido bajo principios de buena fe y probidad administrativas, y que de haber conocido dicha situación hubiese solicitado el retiro de la solicitud de autorización. Que su actuar siempre estuvo dirigido a cumplir con la eficiencia y la eficacia en la gestión pública y correcta administración de los fondos públicos y que la obra se construyó en su totalidad, con los fondos que fueron aprobados conforme a la autorización solicitada, por lo que no hubo una daño patrimonial y la obra es en la actualidad cien por ciento operativa. Que por ello, no se justifica la imposición de la sanción que se impugna, la cual le generó una serie de daños tanto morales (subjetivo y objetivo) como constitucionales pues con la sanción impuesta se le enervó la posibilidad de postularse a puestos, como Contralor, Magistrado, etc. De esta forma el actor acusó básicamente vicios en lo actuado referido al debido proceso, en cuanto a su derecho a ser debidamente intimado de los hechos e imputado de las faltas; acusó una errónea valoración de la prueba de descargo aportada y una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la sanción impuesta. Criterio de la Cámara: En el caso bajo análisis, es criterio de esta Cámara que la demanda debe ser rechazada en razón de lo que de seguido se indica: a) De la responsabilidad de los funcionarios públicos en general y de la fiscalización de la Hacienda Pública: El artículo 11 de la Constitución Política dispone: "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas." (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000). Dicho artículo consagra el principio de legalidad al que están sujetos los funcionarios públicos en general y en particular al deber funcionarial de éstos a rendir cuentas de su gestión, sin que funcionario alguno que inmune a dicho control. Ahora bien, aparejado a esta obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de su gestión, el Constituyente, referido al control y fiscalización de la hacienda pública, dispuso en el artículo 183 Constitucional: "La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública..." Aunado a dicha norma constitucional, el legislador ordinario ha emitido a lo largo del tiempo de una normativa que integra el denominado "Ordenamiento de Control y de Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública". Entre esta normativa tenemos: 1) La "Ley Orgánica de la Contraloría General". 2) La "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos". 3) La "Ley General de Control Interno". 4) La "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública", 5) La "Ley de Contratación Administrativa", 6) La Ley General de la Administración Pública, etc. Normativa que es clara al señalar la responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sin excepción alguna. Que entre ese tipo de responsabilidad está la responsabilidad administrativa, la civil y la penal, sin resultar ninguna de ellas excluyente. En cuanto a la competencia sancionatoria de la Contraloría General de la República, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha manifestado que dicha potestad es conforme al derecho de la constitución, así por ejemplo señaló: "...En este sentido, la Sala Constitucional le ha reconocido a la CGR potestad sancionadora, no disciplinaria, ni jerárquica, que puede ejercer en contra de todos los funcionarios públicos, en ejercicio de sus competencias de vigilancia y fiscalización de la Hacienda Pública. Así lo ha establecido cuando indica que: “...la facultad sancionadora reconocida a este órgano constitucional no deriva de una relación jerárquica o de orden laboral; es decir, no son sanciones disciplinarias las que ejercita, sino la facultad de vigilancia y fiscalización superior de la Hacienda Pública.” (SCV 2003-13140) La competencia sancionadora de la CGR está relacionada con el fundamento que le da creación pues esta fue creada: “para juzgar actos de los agentes públicos y para oponerse a las resoluciones dictadas por el mismo poder del que dependen, en cuanto estos vayan en contra de la correcta utilización de los fondos públicos. La amplia labor de la Contraloría General de la República ya ha sido puesta de manifiesto por este Tribunal en innumerables sentencias…” (SCV 2009-008920). Ahora bien, siendo indiscutible la potestad sancionadora de la CGR, conviene ahora precisar, que el sujeto pasivo que puede ser objeto de sanciones por parte de la CGR es muy amplio, abarcando desde servidores públicos en sentido amplio hasta personas físicas y jurídicas privadas. De esa forma, el margen de control y fiscalización de la hacienda pública, realizado por la Contraloría General de la República y abarca a toda organización del Estado ---en sentido amplio--- e incluso como lo dijo la Sala, abarca sujetos de derecho privado. En un segundo nivel, tenemos que los funcionarios públicos se encuentran en relación con la Administración en una relación de sujeción especial. Esto es, que por su condición de funcionarios públicos están sujetos a una serie de regulaciones, a las que se someten voluntariamente cuando aceptan desempeñar un cargo en la gestión pública. De esta forma se sujetan a un especial régimen de responsabilidades. En este sentido la Sala Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que: "...II. LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO. Dentro de las facultades propias del Estado –y de la Administración Pública en general– se encuentra la potestad sancionatoria, la cual puede clasificarse en potestad correctiva y en potestad disciplinaria. La primera tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes o mandatos de la Administración Pública, es decir, a las acciones u omisiones antijurídicas de los individuos, sean o no agentes públicos, y el contenido de las normas que la regulan constituye el derecho penal administrativo. La segunda tiene como objetivo exclusivo sancionar las violaciones de los agentes públicos a sus deberes jurídicos funcionales, siendo que el contenido de las normas que la regulan constituye el derecho penal disciplinario. Este régimen es una especie de la potestad «sancionadora» del Estado, de la que dimana; potestad que es inherente y propia de la Administración Pública, traduciéndose en la facultad de, por lo menos, un «mínimo» de poder para que ésta aplique sanciones disciplinarias a sus funcionarios o empleados cuando falten a sus deberes. El poder disciplinario es inherente a toda organización pública o privada, es decir, no es exclusiva de la Administración Pública, por ser un poder imprescindible para la gestión ordenada de la responsabilidad pública y privada, pero su fundamento es diverso. Así, el poder disciplinario privado tiene su fundamento en una obligación civil, en virtud de la igualdad jurídica de las partes que informan toda la relación jurídica de derecho privado. Así por ejemplo, se da en la familia, ejerciendo ese poder los padres, no sólo para corrección de los hijos, sino también para la preservación de la unidad moral de la familia, y se reprende no por lo que se ha hecho, sino para que no se vuelva a hacer; en el campo laboral privado –industrial y comercial–, lo ejerce el patrón en defensa de la regularidad de la esfera de trabajo; en los colegios profesionales, etc. En cambio, el poder disciplinario del sector público es creado en virtud de un acto bilateral, pero en su desenvolvimiento, la actividad del funcionario público queda exclusivamente sujeta a la voluntad de la Administración Pública, desde la creación hasta la extinción de la relación, de manera que el servidor se encuentra en un status de especial dependencia con respecto al Estado. El individuo voluntariamente acepta la designación, pero se sitúa en una esfera de sujeción con respecto a la Administración, reglada por el Derecho Objetivo, donde es incuestionable la situación de desigualdad jurídica de las partes en la relación de empleo público; la Administración Pública asume, en consecuencia, una superioridad o preeminencia que se traduce en el poder jerárquico, cuyo correlativo es el poder disciplinario. Este poder, por su propia finalidad se detiene en el círculo de los deberes funcionales del agente, y por lo tanto, las sanciones disciplinarias no pueden, jurídicamente, serle impuestas sino durante la existencia de la relación de empleo, es decir, mientras perdure el status de dependencia. De manera que, el poder disciplinario y sus sanciones están condicionados siempre al ejercicio jurídico del empleo público o de la función, por lo que, sin la existencia del vinculum iuris entre la Administración y el agente, las sanciones disciplinarias son inaplicables. III. TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. La responsabilidad disciplinaria presupone un poder disciplinario de la Administración. El vinculum iuris que se da entre la Administración Pública y el agente o servidor público implica necesariamente una serie de deberes y derechos, de manera que la transgresión a los primeros determina la responsabilidad del empleado, la cual es regulada o disciplinada distintamente por el derecho según sea la naturaleza jurídica de la responsabilidad. La transgresión a un deber puede ser ocasionada por una acción u omisión, que producen efectos dañosos para la Administración (interna) o para los administrados o terceros extraños a la relación de empleo público (externa), hechos u omisiones que tienen relevancia en cuanto la infracción consiste en el incumplimiento de un deber de la función o del empleo, que en consecuencia causan responsabilidad y su correlativa sanción. La transgresión de un deber no tiene siempre efectos unívocos, ya que puede consistir en la violación de una norma meramente disciplinaria, sin otras consecuencias, o puede configurar un delito (derecho penal), o puede implicar el resarcimiento patrimonial del daño causado. Esta multiplicidad de efectos determina las diferentes clases de responsabilidad del funcionario, la disciplinaria o administrativa, la penal y la civil o patrimonial. Estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que un mismo hecho violatorio de un deber jurídico del servidor puede generar los tres tipos de responsabilidad, y por lo tanto, tres tipos diferentes de sanciones. Aquí los principios de "non bis in idem" o "noter in idem" son inaplicables por cuanto se trata de tres géneros distintos de responsabilidad, cada uno con su dominio propio; las tres responsabilidades tienen finalidades específicas e inconfundibles, por lo que el clásico principio sería violado únicamente en el supuesto de tratarse de responsabilidades y sanciones de la misma especie. [...] [En este sentido, consultar las sentencias número 484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro]." Al tenor de lo anterior, la aplicación del régimen disciplinario se limita a las actividades del individuo en su carácter de agente o funcionario público, para compeler y asegurar, preventiva y represivamente, el cumplimiento de los deberes jurídicos del empleo, de la función o del cargo. Así, las faltas generadoras de esta responsabilidad son muchas y variadas, como por ejemplo, la desidia, apatía, descuido, inasistencia, incorrección con superiores, iguales o subordinados y con el público, conducta social irregular, falta de probidad, abandono del cargo, etc., que según su gravedad se clasifican de leves, graves o muy graves..." (VSC- 2005-02995 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de marzo del dos mil cinco). Nótese que en dicho voto la Sala estableció una serie de causales como las generadoras de responsabilidad y sujetas a la imposición de una sanción, tales como, pero no limitadas, a un actuar con desidia, apatía, descuido, inasistencia, incorrección con superiores, iguales o subordinados y con el público, conducta social irregular, falta de probidad, abandono del cargo, etc. En cuanto a las responsabilidades de los jerarcas de las instituciones del Estad, resulta oportuno citar lo que al respecto señaló este Tribunal en la sentencia No. 101-2015-I de las 13:05 horas del 14 de octubre de 2015: "...Del examen detallado de actuación administrativa sancionatoria PA-36-2011 dictada el 13 de junio de 2011, se esboza en forma específicamente cual es la normativa que imponía a la actora obligaciones en su condición de funcionaria pública, y jerarca máxima de la cartera Ministerial. Contrario a lo afirmado por el representante de la actora, en materia de derecho sancionador administrativo a diferencia del penal como lo ha establecido la Sala Constitucional en forma reiterada (ver cita anterior) la falta atribuida al funcionario público en el incumplimiento, o inobservancia de sus obligaciones, no debe necesariamente estar presupuesta de forma detallada, más si la obligación de realizar las funciones que le fueron encomendadas para la atención y satisfacción del interés público. Tal y como lo refiere el acto administrativo sancionatorio, las obligaciones e infracciones se encuentran contempladas en los siguientes instrumentos jurídicos: La Ley de Control Interno en su numeral 39 establece las "Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no cumpla con sus obligaciones. Así la Ley de Enriquecimiento ilícito señala: "Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactorias de los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. " Artículo 4º- Violación al deber de probidad: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente Ley. b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. Sin que esta ejemplificación sea taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los que se encuentre interesado el posible empleador. c) Se favorezca él, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde presta servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de esta misma Ley. d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable. e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley, en relación con el régimen de donaciones y obsequios. f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con ella. g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que estos hayan realizado de las facultades de administración de fondos públicos. h) Omita someter al conocimiento de la Contraloría General de la República los presupuestos que requieran la aprobación de esa entidad. i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la Contraloría General de la República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su presentación. j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones de situación patrimonial. k) Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para que aclare o amplíe su declaración de situación patrimonial o de intereses patrimoniales, dentro del plazo que le fije la Contraloría General de la República. l) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes. m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él. n) Incumpla la prohibición del artículo 17 de la presente Ley para ejercer cargos en forma simultánea en la Administración Pública. ñ) Incurra en omisión o retardo, grave e injustificado, de entablar acciones judiciales dentro del plazo requerido por la Contraloría General de la República. Artículo 39.-Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas así: a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta días. c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda. Artículo 41.-Criterios por considerar: Las sanciones estipuladas en la presente Ley serán impuestas por las infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido cometidas con dolo o culpa grave. Para valorar la conducta del presunto responsable se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración Pública y la cuantía de los daños y perjuicios irrogados. b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el ordenamiento jurídico o en el enriquecimiento o favorecimiento del autor de la infracción o de terceros, así como el empeño puesto en procurarlos. c) El impacto negativo en el servicio público. d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el Artículo 38 de esta Ley, dentro de los cuatro años anteriores. e) El rango y las funciones del servidor; se entiende que, a mayor jerarquía y complejidad de estas, mayor será la obligación de apreciar la legalidad, oportunidad y conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o ejecutan." y finalmente el numeral 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría, normas que en su conjunción otorgan el sustento jurídico necesario, para determinar la reprochabilidad de la conducta..." Conforme a la normativa citada y a la jurisprudencia indicada, es claro entonces la competencia de la C.G.R. para ejercer control sobre la actividad administrativa referida a la Hacienda Pública y a la imposición de sanciones conforme al marco normativo que integra el denominado "Ordenamiento de Control y de Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública". b) De los vicios reclamados por el actor en lo actuado por la C.G.R.: Tal y como se indicó supra, el actor en una extensa y reiterativa demanda, solicitó que en sentencia se anule: 1) El auto de apertura emitido por el Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contralora General de la República bajo resolución No. 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, y que dio inicio al procedimiento administrativo bajo No. CGR-PA-201 80044261. 2) El acto final del procedimiento emitido por Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República bajo resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31horas del 27 de noviembre de 2018. 3) Las resoluciones confirmatorias del acto final Nos. 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 (que rechazó el recurso de revocatoria) y la R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 del Despacho de la Contralora General de la República (que rechazó el recurso de apelación) y todos los demás actos y resoluciones conexas. Ahora bien, el actor sostuvo que el Órgano Decisor procedió a dictar el acto final el cual fue confirmado, sin considerar: i) Que las sesiones de trabajo o "pre-juntas", eran sesiones de trabajo para escuchar los avances de las obras encomendadas, y que la solución de casos como el del desface lo debían solucionar los funcionarios encargados. ii) Que cuando la Junta Administradora del CONAVI recibió el borrador del acuerdo y se acordó solicitar autorización a la C.G.R. para realizar una contratación directa concursada, nunca se les informó sobre el desface existente y por el contrario, la documentación venía con los avales técnicos requeridos, el visto bueno de la Comisión Mixta (CNCCONAVI) y de la Inga. Andrea Soto Rojas, encargada del Proyecto, de manera que nunca fue informado de manera oficial y como miembro de la Junta Administradora del CONAVI del desface existente en la conexión entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva terminal de contenedores y que las manifestaciones de la Viceministra Guiselle Alfaro exponiendo la situación del desface se dieron el día 15 de julio de 2015, mucho antes del 15 de diciembre de ese año, fecha en que se remitió el borrador del acuerdo y que era de esperar que a esa fecha dicho asunto debió haber sido atendido. iii) Que no se acreditó dentro del procedimiento administrativo que hubiese actuado con dolo o culpa grave. iv) Que dichos vicios afectó su derecho al debido proceso en cuanto a: Una debida intimación: Se presumió que conocía del desface, sin acreditarle que hubiese actuado a sabiendas de que el desface se daba. Un debida imputación: No se detalló la falta de manera precisa, pues no se acredito que votara el acuerdo a sabiendas del desface existente con el ánimo de perjudicar a la Administración. Tipicidad: Que no se acreditó que su actuar hubiese sido con dolo o culpa grave. Culpabilidad: Que no se acreditó en grado de certeza que hubiese actuado con dolo o culpa grave. Razonabilidad y proporcionalidad de la sanción: Que no habiéndose acreditado que hubiese actuado con dolo o culpa grave, se le sancionó con dos años de inhabilitación lo que le impidió accesar a puestos por concurso, como el Defensor de los Habitantes, Magistrado o, Contralor General. Valoración de la prueba: i) Que no se valoró objetivamente el "Informe de la Auditoría Interna del MOPT" en el que se indicó que las coordenadas señaladas en la solicitud de autorización, fueron las mismas utilizadas para el trazado de la ruta y aprobadas por la SETENA en el año 2013. ii) Que no se valoró objetivamente que la Inga. Andrea Soto Rojas fue quien remitió el borrador del acuerdo a adoptar por el Consejo de Administración del CONAVI, (con los avales técnicos de las instancias respectivas), al señor Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo del CONAVI mediante oficio POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015, y este lo elevó al Consejo Administrativo del CONAVI mediante oficio DIE-07-2015-3554, de misma fecha; sin que ninguna de esa instancias advirtiera del desface existente, razón por la que concurrió con su voto afirmativo, pues no había razón para presumir la existencia del desface. iii) Que el Órgano Decisor le otorgó un valor probatorio indebido a las minutas que se levantaron de las sesiones de trabajo o "Pre-Juntas", las cuales carecen de firma, de aprobación, etc. como para tenerlas como actas de sesiones de la Junta Administrativa del CONAVI, y que en cuanto a las manifestaciones de la Exministra Guiselle Alfaro advirtiendo del desface existente entre la Ruta Nacional No. 257 y la terminal de contenedores, no se tomó en consideración que dichas manifestaciones son del 30 de julio de 2015 y el acuerdo se tomó el día 18 de diciembre de ese año, y que por el transcurso del tiempo, era razonable pensar que el problema advertido se hubiese subsanado, máxime que en el oficio POE-01-2015-1107, no se advirtió que el desface continuaba sin ser solucionado, y por el contrario contaba con los avales técnicos de rigor. iv) Que por ello se violó su derecho a un acto administrativo motivado y debidamente fundamentado. c) Análisis de los vicios acusados: Para mayor claridad y comprensión, esta Cámara analizará cada uno de los cuestionamientos realizados por el actor en lo actuado por la C.G.R. 1) Sobre la participación del actor en la sesiones de trabajo o "Pre-Juntas": El actor señaló en su demanda que: "Este proyecto de concesión generó el compromiso para el Estado Costarricense de construir un acceso vial, primero provisional y luego definitivo, entre la ruta nacional No. 32 con el área concesionada para la operación de la nueva Terminal de Contenedores de Moin, según lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación y el contrato de Concesión. Por su parte la Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, Ley N° 7798, le confiere a este Consejo la competencia para la construcción de las rutas nacionales del país. Debido a ello, por decisiones políticas y técnicas se le encomendó al CONAVl la construcción de la nueva nula nacional de acceso al área concesionada, ruta a la que se le asignó el número 257." Ademas indicó: "Tan importante era el proyecto de marras, que fue el suscrito activamente, el que se preocupó de que en Conavi hubiese con regularidad una mesa de trabajo. llamadas pre juntas, donde funcionarios varios con responsabilidad en este y otros proyectos, debían llegar a acreditar avances en las diferentes tareas encomendadas para lograr cumplir las metas. Fue el suscrito el que lejos de limitarme a solo llegar a sesionar, antepuso los intereses del país, para que, en estas sesiones de pre junta, se pudiera conocer potenciales limitaciones que podrían incidir en el proyecto, estado de los trámites, etc. Es en estas sesiones pre junta, que a este proyecto se la da seguimiento las en estas sesiones donde se recomiendan al director de Conavi y funcionarios involucrados, que avancen de una u otro forma. Es en estas sesiones donde siempre se solicitó la mayor coordinación entre el Conavi, con CNC y otras instancias." Luego, en los hechos 10, 11 y 12 de su demanda referenció: "10) En mi condición de miembro del Consejo de Administración del CONAVI, participé en cuatro sesiones de trabajo denominadas pre-juntas, celebradas los días 27 Abril del 2015, 22 Junio del 2015, 27 Julio del 2015 y 14 Setiembre del 2015. (Tomo I, Folio I . documentos 12, 14, 15 y 18 expediente administrativo CGR-PA-201800-4426) 11) Según las minutas de esas sesiones de trabajo, en éstas se hicieron observaciones o comentarios sobre el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, incluido el proyecto denominado TCM, programa a cargo de la Ing. Andrea Soto Rojas en condición de Gerente de esa Unidad Ejecutora. (Tomo l, Folio 1, documentos 12,14.15 y 18 expediente administrativo CGR-PA-201 8004426) 12) Las minutas de las sesiones de trabajo de los días 27 Abril del 2015, 22 Junio del 2015, 27 Julio del 2015 y 14 Setiembre del 2015, carecen de mi revisión y de mi aprobación, así como del Consejo de Administración del Conavi. (Tomo I, Folio I, documentos 1214,15 y 18 expediente administrativo CGR-PA-2018004426)". De esta forma, es claro y no es un hecho controvertido que el actor participo en dichas sesiones de trabajo en su condición de miembro del Consejo de Administración del CONAVI, sin embargo a pesar de que manifiesta la importancia que dichas sesiones tenían luego manifiesta que las minutas que se levantaron de esas sesiones no fueron revisadas ni firmadas por él, sin embargo el mismo actor al referirse al contenido de las minutas señaló: "...El órgano decisor da un enorme valor probatorio, y concluye afirmaciones, de las llamadas minutas o sesiones pre-junta. No se percata ese órgano decisor que se trata de sesiones de seguimiento, donde los funcionarios responsables explican el avance de las cosas, donde uno, como director básicamente oye, y desde luego espera que sean los responsables de la administración los que atiendan los pendientes, los deberes por hacer. Además, se trata de documentos sin firmas, con un contenido cuyo autor se desconoce. Son, se supone documentos de la sesión pero que carecen de avales de todos los asistentes de la sesión, y aun así, el órgano decisor les da un valor de prueba tal si fuesen actas firmes de un órgano colegiado. 1 . Minutas de 27 de abril del 7015. Solo indica que se coordinará con el CNC la adquisición de terrenos y una referencia del cambio trazado (CD Folio I, documento 12, imagen 7). 2. Reunión 22 de junio del 2015, el documento no consigna lo que se dice de manera errada en el auto de inicio del procedimiento y ahora en el acto final. No es cierto que en ese documento se consignara coordinar con CNC para la adquisición de terrenos adicionales por el cambio trazado hacia el punto de entronque con la terminal y las propiedades para la intersección con ruta 32. Dice que la opción avanza y que se tiene un estimado del costo, que serian $76 millones y que solo se tiene el l0% de es dinero por lo que no es razonable entender que hubo una expresa advertencia de que la solución -aún en proceso de elaboración- no sería óptica. 3. En minuta del 27 de julio del 2015 se hace referencia a un nuevo trazado, si bien se dice que habría una reunión con la Setena, un día después, de modo que se trata claramente de un trazado preliminar, sujeto a confirmaciones varias; por eso no es razonable entender que hubo una advertencia de que la solución no seria óptima (CD julio I, documento 15). 4. En cuanto a la reunión del 14 de setiembre del 2015, la minuta no indica que se haya tratado el tema del desface. Se dice solo que lo ambiental podría asumirse por el concesionario. Así las cosas, solo en la mente del órgano decisor esos documentos dicen advertencia o cosa parecida; ninguno de ellos es una advertencia. en ninguno de ellos se aborda alguna complicación en el proyecto realmente; se evidencia que son citas donde se dan informes de estado de temas. Por eso, la subjetividad del órgano decisor le lleva a darle un peso y un contenido que no se sigue de la verdad real de lo que es realmente. Las conclusiones sobre las reuniones y minutas del órgano decisor solo día patente una violación de las reglas de la sana crítica. según articulo 298.2 de la LGAP. De hecho, véase un error de fondo sustancial, en lo que tiene para si el órgano para sancionar; señala: "Este conocimiento se acredita con la participación del señor Campos Monge en la sesión de trabajo del Consejo de Administración del CONAVI del 27 de abril de 2015, en que se les indicó a los presentes la necesidad de adquirir nuevos terrenos debido al cambio en el entronque con la Terminal de Contenedores de Moin. Asimismo, en dicha ocasión se señaló la necesidad de llevar a cabo procedimientos de expropiación así como las respectivas gestiones referente al trámite de la viabilidad ambiental del proyecto (hecho probado n.° 9)." El órgano da tal valor a esto que dice consta en esa minuta. como si era la solución del problema, sin reparar que eso que fue una simple mención en una sesión pre junta, no fue lo que técnicamente solventó el asunto." De esta forma el actor por un lado resaltó la importancia de las sesiones de trabajo, luego, que su participación en dichas sesiones las hizo en su condición de miembro del Consejo de Administración del CONAVI, sin embargo señala posteriormente que su participación en dichas sesiones se limitó a escuchar los informes que presentaban los encargados de los proyectos, entre ellos, el de la Ruta Nacional No. 257, además que las minutas carecen de su aprobación y firma. La Cámara no comparte dicho criterio, y es que se ha tenido por acreditado que en la sesiones de trabajo o Pre-Juntas el actor participó por su condición de miembro del Consejo de Administración y en ellas se discutió el tema del cambio de trazado. Ahora en cuanto a su conocimiento sobre la problemática que se daba con el trazado, también es de resaltar que el actor señaló: "...Finalmente, el órgano decisor me achaca que el 30 de Julio de 20I5, la entonces Viceministra Giselle Alfaro expuso: "(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental, ya que en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta, y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo: y en razón de ello, según Setena (sic), se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto", y dice el órgano que en esa "oportunidad" "con suma claridad" se me "expuso el tema del desfase". Pero, ¿acaso el órgano decisor no se percata que la fecha en que eso se dice es muy antes de diciembre 20l5? Por eso, lo que hace el órgano decisor no prueba más que un informe de la Viceministra cuyo deber de atención está en la Administración, en la Comisión Mixta, en la Unidad Ejecutora: no en el suscrito. En las semanas y meses posteriores, era de esperar, pues es su deber, que todos los asuntos técnicos debía ser trabajados por los funcionarios responsables. El día que voto el borrador, nadie advierte, nadie informa, nadie explica que persiste algún faltante de orden técnico." Dicho alegato tampoco es de recibo ya que cuando el Consejo de Administración del CONAVI, conoció en su sesión No. 1274-2015 del 18 de diciembre de 2015, el oficio No. DIE-07-2015-3554, nunca consultó sobre el problema del desface, si se hubiese corregido. Y es que tampoco es de recibo, que por el transcurso entre las sesiones de trabajo o entre la la exposición de la señora Giselle Alfaro y la toma del acuerdo mediante el que se solicitó autorización a la C.G.R. asumiera que el problema se había corregido. Para esta Cámara las sesiones de trabajo o pre juntas fueron reuniones de trabajo realizadas por funcionarios públicos donde se trataron temas de naturaleza administrativa, los cuales no pueden ser desconocidos por un miembro del Consejo Administrativo. Todo lo que allí se discutió y dispuso constituye una actuación administrativa y se levantaron minutas en las que se recogieron los temas que se discutieron y por el hecho de que el actor no las avalara o no las firmara, no por eso carecen de valor probatorio. Las minutas constituyen la parte escrita en las que se consignó los participantes que intervinieron y los temas que se abarcaron y es claro que el actor participó en ellas y además se incluyó el tema del desface que presentaba el proyecto. Situación que debió considerar al momento de concurrir con su voto positivo en la sesión No. 1274-2015. 2) Que al suscribir el acuerdo nunca fue informado del desface existente: El alegato reiterativo del actor, es que al momento de suscribir el acuerdo solicitando la autorización a la C.G.R. nunca se le informó sobre el desface existente, y que por el contrario se contó con los avales técnicos de la Comisión Mixta (CNC-CONAVI) y de la Inga. Andrea Soto Rojas, encargada de la Unidad Ejecutora. Al respecto indicó: "...Sobre las valoraciones de los hechos del órgano decisor: incorrecta valoración de las pruebas; conjeturas no probadas, inicios de valor e inferencias subjectivas sin apego a prueba directa. B) En Sesión 1274-2015, el suscrito en efecto reconoce que votó acuerdo que reza: "Se aprueba el documento de solicitud de autorización a la Contraloría General de la República, para promover la contratación directa concursada para contratar el diseño y construcción del proyecto Acceso a la Terminal de Contenedores de Moín, remitido por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio DIE-07-2015-3554 de fecha 15 de diciembre de 2015 y se autoriza al Director Ejecutivo a suscribirlo para su remisión al Órgano Contralor." C) Pero, el voto del suscrito se emitió considerando que ese Borrador fue sometido a conocimiento del Consejo, con los avales calificados en técnica y ciencia, de la Comisión Mixta CNC-CONAVI, responsables directos de su elaboración, y desde luego, con el de la Dirección Ejecutiva. Estos aspectos, de suma importancia, el órgano decisor omite analizarlo en la dimensión que corresponde, pues, básicamente su teoría es que, por haber estado en reuniones previas de trabajo, estaba al tanto de que no había una solución técnica, una que entroncara con la plataforma de la TCM. D) Por otro lado, el hecho probado 28 del órgano decisor, evidencia que existiendo es dato señalado por la Inga. Soto, no es el suscrito, ni el Consejo del Conavi, el que dirige la consecuencia final del concurso de contratación que se tramitaba. Así, el hecho probado 30 del órgano decisor deja ver que el Secretario técnico de la Comisión Mixta explica y motiva porque no cabe realizar una enmienda al cartel del concurso." Dicho alegato tampoco es de recibo, y es que el actor rechaza su responsabilidad al suscribir el acuerdo indicando que él se limitó a verificar que el "borrador" contaba con los avales técnicos de las instancias respectivas. Es claro que el actor formó parte del Consejo de Administración del CONAVI y que como tal conoció y votó afirmativamente los siguientes acuerdos: 1) Que el Director Ejecutivo del CONAVI, señor Mauricio Salom Echeverría, mediante oficio No. POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015, les solicitó conocer un borrador y se acordara solicitar autorización a la C.G.R., 2 procedimientos especiales de contratación (arts. 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento). El primero para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para "La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)" por un monto de 78 millones de dólares y el segundo para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares. Que el Consejo de Administración del CONAVI conoció dicho documento en su sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, según el artículo 2 del acta No. 1274-2015, en el que de manera colegiada por unanimidad se aprobó el documento borrador para solicitar a la C.G.R., aprobar el procedimiento especial referenciado. Que la solicitud planteada por el Consejo Administrativo del CONAVI fue aprobada por la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. por oficio DCA-0411 (02184) del 12 de febrero de 2016. Que el día 30 de junio de 2016, el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión No. 134, art. 4 adjudicó la Contratación Directa No. 2016-DC-000026-00DIE, titulada "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257. Acceso a la Terminial de Contenedores de Moín" a la empresa CONSORCIO ATLÁNTICO, por un monto de $71,857,857,500.00 dólares. 2) Luego en razón del desface existente, por oficio DIE-07-17-1081 del 18 de abril de 2017, el señor German Valverde González, Director Ejecutivo del CONAVI solicitó a la CGR una autorización para modificar los alcances de la Contratación Directa No. 2016CD-000026-00DIE" e incluir las obras de conexión entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal de Contenedores y cumplir así con los requisitos técnicos establecidos en el Cartel lo que conllevó a una modificación en las cantidades contractuales y solicitó entonces la aprobación de la incorporación contractual de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la ruta Nacional No. 257. Que la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. analizó la solicitud y por oficio 07467 (DCA-183) del 30 de junio de 2017,, autorizó al CONAVI modificar parcialmente el objeto contractual de la "Contratación Directa Concursada No. 2016CD-000026-0DE00", adjudicada originalmente por la suma de 78 millones de dólares, advirtiendo que el desface en la conexión fue conocido por oficio POE-01-2015-0359 del 29 de abril de 2015, sin embargo esa Administración decidió tramitar la autorización inicial sin incluir una solución que se ajustara a la realidad. Y si bien aprobó la modificación indicó que ello no enervaba la investigación que al respecto realizaría ese órgano contralor o la Administración en razón del desface para el proyecto y el hecho de omitir información dentro de un trámite de autorización. Finalmente, en el mes de febrero de 2017 se suscribe el "Convenio de Cooperación para el desarrollo de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la Ruta Nacional No. 257" y el 10 de julio de 2017 se formalizó la Orden de Modificación de Obra No. 1 por un monto de $5.397.194.72 (cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro dólares con 72/100), para una variación de 7,51 % del monto contractual original. Nótese que la primera adjudicación de la obra fue por un monto de $71,857,857,500.00 dólares, sin que dicha contratación contemplara una solución integral de la obra, a pesar de que se sabía que había problemas con la conexión a la plataforma de la terminal de contenedores. Luego, por no haberse previsto esa situación de manera integral desde la primera solicitud, ocasionó que se debiera solicitar una modificación, lo cual generó un costo adicional de $5.397.194.72 (cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro dólares con 72/100), pasando a un total de $77.254.694.72 dólares. No comparte esta Cámara que el actor rechace su responsabilidad en cuanto al contenido del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, argumentando que el borrador contó con los avales técnicos correspondientes y que las advertencias dadas en la sesiones de Trabajo conforme a las minutas referenciadas supra, nunca lo fueron de carácter formal y que la advertencia de la entonces Viceministra Guiselle Alfaro día 30 de julio de 2015, en la que expuso: "...(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental. ya que. en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo: y en razón de ello, según Setena (sic), se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto...", y cuestiona que el Órgano Decisor no tomara en cuenta que dicha advertencia se diera mucho antes (julio de 2015) a la fecha de la toma del acuerdo, a saber, el día 18 de diciembre de 2015, alegando que era de esperar que semanas y meses posteriores, pues era deber de las instancias administrativas, velar porque todos los asuntos técnicos debían ser trabajados por los funcionarios responsables y que el día que votó el borrador, nadie le advirtió, ni informó, ni explicó, que persistía algún faltante de orden técnico, es decir, el desface en la conexión. Argumento que no comparte el Tribunal, y es que el actor pierde de vista que como miembro del Órgano Colegiado al concurrir con su voto afirmativo en la toma del acuerdo, por ese hecho hizo suyo el contenido del mismo, luego no acreditó que fuese inducido a error, como lo deja ver, en cuanto a la formación de su voluntad por parte de la Comisión Mixta por parte de la Inga. Andrea Soto Rojas. Situación que debió probar a efectos de acreditar su irresponsabilidad en el acuerdo tomado. Y es que en cuanto a la adopción de acuerdo y responsabilidad de los miembros de un Órgano Colegiado como lo es el Consejo de Administración del CONAVI, recordemos que la LGAP establece en su artículo 54.3: "Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes." Por su parte el artículo 57: "...1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de los acuerdos". Y es que en cuanto a la responsabilidad de los miembros del órgano colegiado se ha indicado: "...Para la formación del acto colegial es necesaria la votación con la eventual formación de minorías, pero una vez ocurrida aquella, estas últimas no cuentan y el acto colegial resulta formado exclusivamente por el voto mayoritario, que se considera del colegio como unidad, aunque se imputa también a los miembros de esa mayoría en su calidad personal, para efectos de responsabilidad..." (Ortíz Ortíz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo II, pag. 79). Sin embargo es claro que el actor no actuó en la forma que lo señala la normativa citada y que siendo miembro del Consejo de Administración del CONAVI fue responsable en cuanto al acuerdo tomado y el problema que este presentó en torno al desfase en la conexión con la terminal de contenedores de Moín. Para la Cámara, a partir de la información que el actor recibió en la sesiones de trabajo o pre-juntas referida al desface en la conexión y de la propia señora Guiselle Alfaro, no es admisible que como miembro, con ligereza asumiera que por el tiempo transcurrido el problema del desface hubiese sido resuelto, sin constatarlo. Dicho actuar resultó negligente o al menos gravemente descuidado en inobservancia del deber de proteger el interés público, pues una prudencia media manda a que al menos antes de concurrir con su voto, consultara si el desface se hubía solventado, sin embargo simplemente asumió que el borrador contenía dicha solución. Nótese que al respecto el actor señaló en su demanda: "Por eso, lo que hace el órgano decisor no prueba más que un informe de la Viceministra cuyo deber de atención está en la Administración, en la Comisión Mixta, en la Unidad Ejecutora; no en el suscrito. En las semanas y meses posteriores, era de esperar, pues es su deber, que todos los asuntos técnicos debía ser trabajados por los funcionarios responsables. El día que voto el borrador, nadie advierte, nadie informa, nadie explica que persiste algún faltante de orden técnico.", criterio que no comparte el Tribunal, pues consideramos que el Órgano Decisor valoró acertadamente dicha prueba. La imputación de eventuales responsabilidades que se hace a los miembros de órganos colegiados por virtud de los efectos de la concurrencia con su voto en la formación de la voluntad administrativa, es incuestionable desde el punto de vista legal, y en consecuencia resulta ser un deber obvio en cada miembro, informarse y procurar comprender la naturaleza y alcances de los acuerdos en que han de participar. Nada en este proceso permite afirmar que la existencia del desfase en la conexión de interés, primero, no fuese previamente conocida por quienes tomaron estos acuerdos, incluyendo al aquí actor, y/o, que conociendo tal información, no estuviesen al alcance de su comprensión, profesional el actor en una ciencia diversa por ejemplo, a la ingeniería o no, de las implicaciones dañosas que de ello se podrían derivar. 3) Que no se acreditó dentro del procedimiento administrativo que hubiese actuado con dolo o culpa grave: Acusó el actor que en el procedimiento administrativo, no se acreditó que al concurrir con su voto afirmativo en la toma del acuerdo hubiese actuado con dolo o culpa grave. Criterio del cual también difiere esta Cámara. Y es que si bien el actor alegó en su defensa de manera transversal a lo largo de toda la demanda, que nunca fue informado del desface en la conexión, y que por ello al momento en que votó lo hizo en razón de que el borrador del acuerdo a tomar, contaba con los avales técnicos de la Comisión Mixta y de la Inga. Andrea Soto Rojas, quienes eran las instancias llamadas a solucionar ese tipo de problemas. De esa forma el actor señala que existió una omisión por parte de esas instancias al no informar al Consejo de Administración sobre el problema de conexión, sin embargo es claro que el actor estuvo informado del desfase existente, pues ello se evidenció de las minutas de las sesiones de trabajo o pre-juntas y de la advertencia que hizo al respecto la entonces Viceministra Guiselle Alfaro día 30 de julio de 2015, en la que expuso: "...(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental. ya que. en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo: y en razón de ello, según Setena (sic), se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto...". La defensa del actor consistió en afirmar que el órgano decisor no consideró que entre el 30 de julio y el 18 de diciembre de 2015 (fecha en que se tomó el acuerdo) transcurrió mucho tiempo y era de esperar que los asuntos técnicos fueran trabajados por los funcionarios responsables. De esta forma el actor asumió -reiteramos, con ligereza inexcusable- en la sesión No. 1274-2015 celebrada el día 18 de diciembre de 2015, que el problema del desface ya había sido solucionado y que la autorización que se peticionaba a la C.G.R. constituía una solución integral, lo cual no fue así, siendo su claro deber al respecto como co-administrador de la cosa pública no presumir, como sí y en su lugar, verificar la solución a un problema previamente advertido. Para este Tribunal el actuar del actor resultó negligente, pues no podía asumir tal situación, y debió consultar si el borrador consideraba el problema del desface y no simplemente por el transcurso del tiempo asumir, que el borrador del acuerdo a adoptar contemplaba una solución integral, incluyendo el desface en la conexión. Y es que en cuanto a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos el artículo 210 de la LGAP señala: "1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero. 2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores con las salvedades que procedan. 3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente respectivo." En cuanto a la responsabilidad disciplinaria el artículo 211 establece: "1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes." Finalmente el artículo 213: "A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente." De esta forma, coincide esta Cámara con el Órgano Decisor, al señalar que el actor actuó con culpa grave al concurrir con su voto en el acuerdo mediante el que se le solicitó autorización a la C.G.R. sin tomar en consideración el problema del desface existente a pesar que conocía de dicha circunstancia. Y es que la culpa grave se configuró por su actuar negligente, al asumir por el simple hecho del transcurso del tiempo, que la problemática del desface había sido solventada, a pesar de las advertencias realizadas, en especial la que hizo al respecto la entonces Viceministra Guiselle Alfaro el día 30 de julio de 2015. De esta forma, no es admisible para el Tribunal que el actor niegue su responsabilidad a partir del hecho de que en su alegato, sostiene que no fue advertido expresamente o que por el transcurso del tiempo asumió que las instancia operativas lo habían solventado, pues el actor fue un miembro de un Órgano Colegiado, encargado de tomar el acuerdo referenciado, y en ese tanto debió cerciorarse más allá de toda duda de que el acuerdo al que iba a concurrir con su voto, hubiese solventado el problema del desfase, sin embargo no lo hizo. Finalmente, corresponde conocer los vicios que en criterio del actor padecen los actos que identificó como: La resolución No. 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, que resolvió dar inicio al procedimiento administrativo número CGR-PA-201 80044261. Acusó que dicho acto carece de una debida intimación, pues se presumió que a sabiendas del desface existente, concurrió con su voto afirmativo en el acuerdo tomado; y de una debida imputación pues no se detalló la falta de manera precisa y no se acreditó que votara el acuerdo a sabiendas del desface existente con el ánimo de perjudicar a la Administración. Con respecto a las resoluciones No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31horas del 27 de noviembre de 2018, (acto final) y sus resoluciones confirmatorias No. 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 (recurso de revocatoria) y la No. R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 (Recurso de apelación) emitida por la Contralora General de la República, acusó que lo actuado violó su derecho a un acto administrativo motivado y debidamente fundamentado en razón de lo siguiente: Indebida valoración de la prueba: 1) Que no se valoró objetivamente el "Informe de la Auditoría Interna del MOPT" en el que se indicó que las coordenadas (CRTM-05: Este: 597895.6528. Norte: 1104909.0147 hasta el área de concesión con la TCM con: Este: 598202.6432. Norte: 1106720.2754, las cuales definieron el área del proyecto con un ancho de 60 metros y 1.1 kms de longitud, utilizadas en la licitación del 2016, fueron las aprobadas por la SETENA en el año 2013, cuando el MOPT/CONAVI presentaron el "Estudio de Impacto Ambiental": Dicho alegato tampoco es de recibo, toda vez que si hubo un error en el año 2013 en cuanto a las coordenadas indicadas, ello no releva de responsabilidad lo actuado por el pleno del Consejo de Administración del CONAVI, pues lo que se le cuestionó al actor fue que siendo miembro de ese Consejo y conocedor del desface existente, al momento de tomar el acuerdo, tal y como el mismo lo aceptó al indicar a página 57 de su demanda en la que indicó: "...Finalmente, el órgano decisor me achaca que el 30 de Julio de 20I5, la entonces Viceministra Giselle Alfaro expuso: "(...) se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental, ya que en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta, y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo: y en razón de ello, según Setena (sic), se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto", y dice el órgano que en esa "oportunidad" "con suma claridad" se me "expuso el tema del desfase". Pero, ¿acaso el órgano decisor no se percata que la fecha en que eso se dice es muy antes de diciembre 20l5? Por eso, lo que hace el órgano decisor no prueba más que un informe de la Viceministra cuyo deber de atención está en la Administración, en la Comisión Mixta, en la Unidad Ejecutora: no en el suscrito. En las semanas y meses posteriores, era de esperar, pues es su deber, que todos los asuntos técnicos debía ser trabajados por los funcionarios responsables. El día que voto el borrador, nadie advierte, nadie informa, nadie explica que persiste algún faltante de orden técnico."; no tomó la mínima previsión para verificar que dicho yerro se hubiese subsanado, y simplemente asumió que el yerro por el transcurso del tiempo había sido subsanado. Dicha actitud resulta en extremo reprochable, pues el actor ostentaba un puesto en el Consejo de Administración, Órgano Colegiado de mayor Jerarquía en el CONAVI, lo que condujo a establecer una culpa grave debido a su negligencia en no verificar ---aún cuando hubiese transcurrido alrededor de 5 meses--- que el desface se hubiese subsanado, por lo que en criterio de este Tribunal, actuó con culpa grave. 2) Que no se valoró objetivamente que la Inga. Andrea Soto Rojas fue quien remitió el borrador del acuerdo a adoptar por el Consejo de Administración del CONAVI, (con los avales técnicos de las instancias respectivas), al señor Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo del CONAVI mediante oficio POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015, y este lo elevó al Consejo Administrativo del CONAVI mediante oficio DIE-07-2015-3554, de misma fecha; sin que ninguna de esa instancias advirtiera del desface existente, razón por la que concurrió con su voto afirmativo, pues no había razón para presumir la existencia del desface: Dicha situación tampoco exime de responsabilidad al actor y es que conforme al contenido de las minutas de las sesiones de trabajo o pre juntas celebradas los días 27 Abril del 2015, 22 Junio del 2015, 27 Julio del 2015 y 14 Setiembre del 2015, se advirtió sobre el problema del desface y aún así cuando se conoció el borrador enviado, no se cuestionó sobre la forma en que se subsanó dicho problema. Luego, el actor debe tener claro que lo que se cuestiona en su accionar más allá de si sabía o no del desface, es que con su firma concurrió en la toma de un acuerdo mediante el que se solicitó autorización a la C.G.R. un procedimiento especial, el cual fue sometido como una solución integral, sin serlo, debiéndose posteriormente solicitar otra autorización para subsanar el problema de la primera solicitud. Es decir, aún suponiendo que nunca hubiese sido advertido del desface, su responsabilidad como parte del Órgano Colegiado subsiste, porque la solicitud de autorización contenía un yerro, el cual debió ser subsanado antes de la toma del acuerdo, y al concurrir con su voto en el acuerdo asumió la responsabilidad sobre lo actuado. 3) Que el Órgano Decisor le otorgó un valor probatorio indebido a las minutas que se levantaron de las sesiones de trabajo o "Pre-Juntas", las cuales carecen de firma, de aprobación, etc. como para tenerlas como actas de sesiones de la Junta Administrativa del CONAVI, y que en cuanto a las manifestaciones de la Exministra Guiselle Alfaro advirtiendo del desface existente entre la Ruta Nacional No. 257 y la terminal de contenedores, no se tomó en consideración que dichas manifestaciones son del 30 de julio de 2015 y el acuerdo se tomó el día 18 de diciembre de ese año, y que por el transcurso del tiempo, era razonable pensar que el problema advertido se hubiese subsanado, máxime que en el oficio POE-01-2015-1107, no se advirtió que el desface continuaba sin ser solucionado, y por el contrario contaba con los avales técnicos de rigor: Dicho alegato tampoco resulta de recibo, toda vez que las minutas se levantaron en razón de las sesiones de trabajo que se realizaron y como tal constituyen un respaldo de lo que ahí se comentó. Nótese que el actor no desvirtúa su contenido, sino su valor probatorio, sin éxito. Es decir, lo que las minutas señalan dan certeza de lo que se comentó en esas sesiones de trabajo y como tal constituyen actos administrativos, y como tales poseen valor probatorio, mientras no sean declaradas falsas en cuanto a su contenido por la autoridad judicial correspondiente, sin embargo se reitera, el actor les minimiza o niega su valor probatorio, más no las acusa de falsa. Además tómese en consideración que la testigo María del Milagro Alvarado Cruz, señaló que si bien las actas carecían del nombre de quien la levantó y de la firma de los participantes, lo que se consignó era lo que en realidad se analizó en dichas sesiones, lo que conduce a afirmar, no existiendo circunstancia alguna que permita dudar de la veracidad de este testimonio, que las actas son reflejan lo que realmente ocurrió en dichas reuniones de seguimiento, análisis y/o trabajo. 4) Sobre la alegada falta de tipicidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción: Que no se acreditó que su actuar hubiese sido con dolo o culpa grave y se le sancionó con dos años de inhabilitación lo que le impidió accesar a puestos por concurso, como el Defensor de los Habitantes, Magistrado o, Contralor General: Para esta Cámara es claro que el actuar del señor Campos Monge al concurrir con su voto afirmativo en el acuerdo tomado, actuó con culpa grave (no con dolo) pues a sabiendas del problema del desface, el día en que se tomó el acuerdo, simplemente asumió que por el transcurso del tiempo el problema del desface se había solventado, sin tomar medida alguna. Recordemos que tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional: "...Al tenor de lo anterior, la aplicación del régimen disciplinario se limita a las actividades del individuo en su carácter de agente o funcionario público, para compeler y asegurar, preventiva y represivamente, el cumplimiento de los deberes jurídicos del empleo, de la función o del cargo. Así, las faltas generadoras de esta responsabilidad son muchas y variadas, como por ejemplo, la desidia, apatía, descuido, inasistencia, incorrección con superiores, iguales o subordinados y con el público, conducta social irregular, falta de probidad, abandono del cargo, etc., que según su gravedad se clasifican de leves, graves o muy graves..." (Resaltado es nuestro). (VSC- 2005-02995 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de marzo del dos mil cinco). Luego, es claro que dentro del régimen de responsabilidad por grado, conforme a un integración armónica de la LGAP el artículo 64 de dicho cuerpo normativo señala: "La competencia por razón del grado y los poderes correspondientes dependerán de la posición del órgano en la línea jerárquica" en concordancia con el artículo 213 el cual establece: " "A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente." De esta forma, si el Consejo de Administración era el órgano superior jerárquico con competencia para solicitar la autorización a la C.G.R. dicho órgano debió cerciorarse más allá de toda duda, que la solicitud resolvía de manera integral lo peticionado, sin embargo el actor no lo hizo y supuso que el problema del desface había sido subsanado por las instancias inferiores en el transcurso del tiempo. Sobre el quantum de la sanción, tome nota el actor que la aplicada fue el extremo menor de la contemplada en la normativa, lo cual resulta proporcional y razonable a la falta cometida. Finalmente en cuanto a su alegato de que la sanción impuesta le impidió accesar a puestos tales como el de Defensor de los Habitantes, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o al de Contralor General, etc, tampoco resulta de recibo, y es que al asumir un puesto como representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ante el Consejo del Administración del CONAVI, se sujetó voluntariamente a un especial régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa (Relación de sujeción especial, art. 14 LGAP) que cubre a todos los funcionarios públicos, por su sola condición de tales. En segundo lugar, sus alegaciones referidas a que la sanción impuesta le impidió postularse a los puestos que indicó, sólo resultaría procedente,en la medida en que la sanción se le hubiese impuesta de manera contraria a derecho lo cual no sucedió, pues para esta Cámara ha sido claro que la sanción impuesta respetó el debido proceso y se determinó previamente que incurrió en una falta y que la sanción impuesta resultó razonable en razón de la gravedad de la falta en que incurrió. 5) Que no se consideró que su actuación se dio en aras del interés público, en razón de que no entregarse en tiempo la obra conforme a la Concesión, se podía perder la exoneración pactada ($20 dólares por contenedor). Y que no hubo daño económico en razón de que las obras están operando: No comparte esta Cámara dicho alegato, ya que el interés público demandaba que el acuerdo tomado no presentase yerros, lo cual no fue así, pues fue notorio y público que lo sometido a autorización presentó un grave problema de coordenadas que hizo que se generara un desface en su conexión y se debiera solicitar una modificación a la primera autorización para subsanar ese yerro. Luego, que las obras estén en operación ello no enerva en absoluto la responsabilidad del actor en la toma del acuerdo. Así nótese que la licitación autorizada por la CGR en primera instancia denominada Contratación Directa No. 2016-DC-000026-00DIE, titulada "Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257. Acceso a la Terminial de Contenedores de Moín" fue adjudicada por ese Consejo el día 30 de junio de 2016 en su sesión No. 134, art. 4 a la empresa CONSORCIO ATLÁNTICO, por un monto de $71,857,857,500.00 dólares. Luego, en razón del desface existente por oficio DIE-07-17-1081 del 18 de abril de 2017, el señor German Valverde González, Director Ejecutivo del CONAVI solicitó a la CGR una autorización para modificar los alcances de la Contratación Directa No. 2016CD-000026-00DIE" e incluir las obras de conexión entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal de Contenedores y cumplir así con los requisitos técnicos establecidos en el Cartel lo que conllevó a una modificación en las cantidades contractuales y la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. la autorizó por oficio 07467 (DCA-183) del 30 de junio de 2017, advirtiendo eso sí, que el desface en la conexión fue conocido por oficio POE-01-2015-0359 del 29 de abril de 2015, sin embargo esa Administración decidió tramitar la autorización inicial sin incluir una solución que se ajustara a la realidad. Finalmente, en el mes de febrero de 2017 se suscribió el "Convenio de Cooperación para el desarrollo de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la Ruta Nacional No. 257" y el 10 de julio de 2017 se formalizó la Orden de Modificación de Obra No. 1 por un monto de $5.397.194.72 (cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro dólares con 72/100), para una variación de 7,51 % del monto contractual original pasando de $71,857,857,500.00 a $77.254.694.72 dólares. De esta manera es claro que hubo una afectación en lo actuado pues la eficacia y eficiencia de la Administración Pública exige que el actuar de los miembros de ese Órgano Colegiado tomaran todas las previsiones del caso, a efectos de que la solicitud de autorización realmente fuera una solución integral, sin embargo ello no fue así, pues la obra presentó un problema de desface en la conexión. Corolario de lo expuesto es el rechazo de la demanda como en efecto se dispone.
VII.- SOBRE LAS PRETENSIONES PATRIMONIALES: Acusó que la noticia en torno a la sanción que se le impuso, fue publicada en medios de circulación nacional lo que le causó una daño y en razón de ello solicitó que en sentencia se condenara a las accionadas al pago de 60 millones de colones por concepto de daño moral objetivo y subjetivo, más los perjuicios ocasionados. En cuanto a la publicación de la noticia de su suspensión en medios de comunicación, ello no es una conducta imputable a la Administración, sino a esos medios, lo cual no es objeto de la presente litis. Luego, es claro que la sanción impuesta obedeció a un motivo real, cierto y efectivo, (art. 133 LGAP) y su contenido resultó proporcional al motivo que lo generó. (Art. 132 de la LGAP) por lo que lo dispuesto en los actos administrativos que pidió el actor anular, a saber, la la resolución 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018, emitido por el Órgano Decisor del Procedimiento, de la División Jurídica de la Contralora General de la República que resolvió dar inicio al procedimiento administrativo número CGR-PA-201 80044261. La resolución número 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31horas del 27 de noviembre de 2018, emitida por Órgano Decisor del Procedimiento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, correspondiente al Acto Final del procedimiento, la resolución número 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 que resolvió Recurso de Revocatoria y la resolución R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 emitido por la Contralora General de la República, como respuesta al recurso de apelación interpuesto; resultaron conformes a derecho, de ahí que las pretensiones patrimoniales también son rechazadas. Y es que al tenor de lo expuesto en el considerando anterior, no se acreditaron los vicios apuntados en las resoluciones impugnadas, no se se configura el nexo causal necesario para su pertinencia, al haberse determinado que las conductas cuestionadas se encuentra ajustadas al ordenamiento jurídico, se impone en consecuencia declaraer la improcedencia de los daños y perjuicios solicitados, como así se declara.
VIII.- DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS: La representación de la C.G.R y la estatal opusieron en su defensa las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva y activa baste con indicar que la legitimación constituye la capacidad, la aptitud para ser parte de un proceso concreto, como parte pasiva, dependiendo de las condiciones que para tal efecto, la ley procesal preceptúa con relación a la pretensión que se plantea. Ahora, la legitimación deviene ya sea de la relación jurídico-administrativa establecida entre el actor y la Administración, o bien de la ley, de acuerdo a la que ella haya establecido al respecto. Y es que en un proceso existen dos tipos de legitimación, para la causa (ad causam) y para el proceso (ad procesum). La primera (ad causam) versa en verificar si la persona que interpone la demanda tiene jurídicamente hablando un derecho que reclamar, es decir; la parte legitimada es aquella persona que al tenor del derecho de fondo tiene una determinada relación-jurídica con el objeto del proceso, sea la pretensión. La segunda (ad procesum) consiste en una cuestión procesal, en otras palabras, si quien se apersona tiene capacidad de actuar conforme a la ley o si actúa por otro con el tipo de representación legal adecuada ajustada a nuestra normativa. En el caso subexamine, quedó acreditado que la C.G.R. mediante las resoluciones que se impugnaron, impuso una sanción administrativa al actor de forma que el actor está legitimado activamente para accionar y la Contraloría pasivamente para ser accionada por ser la autora de las actuaciones administrativas impugnadas. En cuanto a la legitimación pasiva del Estado, esta se da en razón de lo dispuesto en el artículo 12.5.a del Código Procesal Contencioso Administrativo. De esta forma se trata de una integración pasiva por mandato legal. Por lo dicho se rechaza la excepción de falta de legitimación activa y pasiva. En cuanto a la excepción de falta de derecho, se debe considerar que hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto. Ahora bien, no habiéndose acreditado derecho amparable a favor del actor, lo procedente es acoger la excepción de falta de derecho y por ende rechazar la demanda en todos sus extremos.
IX.- COSTAS: En cuanto a este rubro, al amparo del numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no existe en criterio de este Tribunal motivo alguno para proceder a la exoneración en costas por lo que debe imponerse el importe de las mismas a cargo del actor, más sus intereses hasta su efectivo pago.
POR TANTO:
Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por las partes. Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda incoada por el señor CHRISTIAN CAMPOS MONGE contra el ESTADO y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Son ambas costas más sus intereses, a cargo del actor, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a solicitud de la representación estatal y de la Contraloría General de la República. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Jueces.
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