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Res. 03064-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 28/03/2025

Prior Permits for Ecotourism on State Natural HeritagePermisos previos para ecoturismo en patrimonio natural estatal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The court upheld the cessation of activities and removal of property from the public zone for lack of prior environmental permits, rejected the limitations defense, upheld the defense of lack of a substantive right, and ordered Turismo Curú S.A. to pay costs.El Tribunal mantuvo la paralización de las actividades y el retiro de bienes de la zona pública por falta de permisos ambientales previos, rechazó la caducidad, acogió la falta de derecho y condenó a Turismo Curú S.A. al pago de costas.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court dismissed Turismo Curú S.A.’s action against SINAC and the State and upheld the order suspending its commercial activities and requiring removal of its property from the fifty-meter public zone of Curú National Wildlife Refuge. The court found that this strip forms part of the State Natural Heritage and that every activity there, including ecotourism, requires prior permits from MINAE and SINAC under the Forestry Law, the Biodiversity Law, and the refuge management plan. The company’s municipal business license did not replace those environmental authorizations. Although the court rejected the statute-of-limitations defense because the management plan is an administrative act of general effect that may be challenged while it remains in force, it upheld the defense that the claimant lacked a substantive right. It also rejected the prospective claims concerning permits, amendment of the plan, and replacement of its participants because no concrete injury, misuse of authority, or conduct intended to harm the company was proven.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de Turismo Curú S.A. contra el SINAC y el Estado y mantuvo la orden que paralizó sus actividades comerciales y dispuso el retiro de sus bienes de los cincuenta metros de zona pública del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú. Determinó que esa franja integra el Patrimonio Natural del Estado y que cualquier actividad, incluso ecoturística, requiere permisos previos del MINAE y del SINAC conforme a la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y el plan de manejo. La licencia comercial municipal de la empresa no sustituía esas autorizaciones ambientales. Aunque rechazó la excepción de caducidad porque el plan de manejo es un acto de efectos generales impugnable mientras permanezca vigente, acogió la falta de derecho. También desestimó las pretensiones futuras sobre permisos, modificación del plan y sustitución de sus participantes por no acreditar una afectación concreta, desviación de poder ni actuaciones destinadas a perjudicar a la empresa.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, the administrative act ordering the cessation of commercial activity in the public zone and granting a generous period (90 calendar days) to remove the claimant’s property from that location is properly supported by factual and legal grounds; therefore, the challenge must be rejected. IX) In accordance with the foregoing, the defense of lack of a substantive right must be upheld and the action dismissed in all respects. Therefore: The statute-of-limitations defense is rejected and the defense of lack of a substantive right is upheld. Consequently, the action brought by Turismo Curú, Sociedad Anónima against the National System of Conservation Areas and the State is dismissed. The unsuccessful claimant is ordered to pay the personal and procedural costs incurred by the co-defendants. The amount of costs shall be determined during enforcement of the judgment, and statutory interest on that amount shall be recognized from the date the order setting costs becomes final until the date of full and effective payment. Let notice be given.—Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Judges.Conforme con lo anterior, el acto administrativo que ordena detener la actividad comercial en la zona pública y da un plazo amplio (90 días naturales) para retirar los bienes propiedad de la actora de ese lugar, está bien motivado en supuestos de hecho y derecho, debiéndose rechazar la impugnación realizada.- IX) Conforme con lo antes expuesto, se debe acoger la excepción de falta de derecho y rechazar en todos sus extremos la demanda.- Por tanto: Se rechaza la excepción de caducidad y se acoge la falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la acción de Turismo Curú, Sociedad Anónima contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado. Se condena a la sociedad actora y vencida al pago de las costas personales y procesales en que hayan incurrido los codemandados. La fijación del monto que corresponda por costas se realizará en etapa de ejecución de sentencia, debiéndose reconocer los intereses legales sobre esa suma, desde la fecha en que se adquiera firmeza el auto de fijación de costas y hasta la fecha de su efectivo y completo pago. Notifíquese.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Jueces.-

Pull quotesCitas destacadas

  • "Debe anotarse que no existe un derecho irrestricto al ejercicio del comercio (ecoturismo) en la zona pública (playa) que es parte del Patrimonio Natural del Estado y que esa actividad solo puede ser realizada contando con licencia de la autoridad correspondiente, requisito del que se carece en este caso.-"

    "It must be noted that there is no unrestricted right to conduct commercial activity (ecotourism) in the public zone (beach), which forms part of the State Natural Heritage, and that such activity may be carried out only with a license from the competent authority, a requirement that was not met in this case."

    Considerando VII

  • "Debe anotarse que no existe un derecho irrestricto al ejercicio del comercio (ecoturismo) en la zona pública (playa) que es parte del Patrimonio Natural del Estado y que esa actividad solo puede ser realizada contando con licencia de la autoridad correspondiente, requisito del que se carece en este caso.-"

    Considerando VII

  • "En todo caso, el Plan de Manejo es un acto administrativo de efectos generales, razón por la cual de conformidad con el numeral 37 ejúsdem, no tiene plazo de caducidad alguno y puede ser impugnado mientras esté vigente.-"

    "In any event, the Management Plan is an administrative act of general effect and, pursuant to Article 37 thereof, is not subject to any limitations period and may be challenged while it remains in force."

    Considerando VIII

  • "En todo caso, el Plan de Manejo es un acto administrativo de efectos generales, razón por la cual de conformidad con el numeral 37 ejúsdem, no tiene plazo de caducidad alguno y puede ser impugnado mientras esté vigente.-"

    Considerando VIII

  • "Véase que incluso nunca estuvo en discusión que la aquí demandante tuviera permiso para realizar actividades de ecoturismo en Playa Curú o el Refugio de Vida Silvestre correspondiente, sino que la actividad que realizaba en el sitio, se realizaba sin la licencia del MINAE que exigen la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad, observándose que la única licencia que se tiene es la de carácter comercial otorgada por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, que no es suficiente para operar en la zona pública que es parte del Patrimonio Natural del Estado."

    "Indeed, it was never disputed that the claimant lacked a permit to conduct ecotourism activities at Curú Beach or in the corresponding Wildlife Refuge; rather, its activities at the site were conducted without the MINAE license required by the Forestry Law and the Biodiversity Law, and its only license was the commercial license issued by the Paquera District Municipal Council, which is insufficient to operate in the public zone forming part of the State Natural Heritage."

    Considerando VIII

  • "Véase que incluso nunca estuvo en discusión que la aquí demandante tuviera permiso para realizar actividades de ecoturismo en Playa Curú o el Refugio de Vida Silvestre correspondiente, sino que la actividad que realizaba en el sitio, se realizaba sin la licencia del MINAE que exigen la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad, observándose que la única licencia que se tiene es la de carácter comercial otorgada por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, que no es suficiente para operar en la zona pública que es parte del Patrimonio Natural del Estado."

    Considerando VIII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PJEDITOR Document *210007141027CA* CASE FILE:

PROCEEDING:

ORDINARY PROCEEDING (CONOCIMIENTO) PLAINTIFF:

TURISMO CURÚ S.A DEFENDANT:

EL ESTADO N° 2025003064 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and four minutes on veintiocho de Marzo del dos mil veinticinco.- Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by TURISMO CURÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its general attorney-in-fact with full powers (apoderado generalísimo), Luis Schutt Valle, identity card N° 1-733-413, and its special litigation attorney-in-fact (apoderado especial judicial), Walter Soto Mora, professional license N° 12859; against the SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN (hereinafter, “SINAC”), represented by its special litigation attorney-in-fact, Deifilia Davila Ruiz, professional license N° 8921, and EL ESTADO, represented by State Attorney Susana Fallas Cordero, professional license N° 9669.-

Whereas:

  • I)The following are deemed relevant procedural actions (actuaciones relevantes del proceso) (references to images correspond to the virtual court case file):
  • 1)The complaint (demanda), dated 20 de noviembre del 2021, appears at images 2-14;
  • 2)The answers to the complaint (contestaciones de la demanda) appear as follows: SINAC’s at images 29-49, in which the defenses (defensas) of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa) and lack of legal entitlement (falta de derecho) were raised; and EL ESTADO’s, in which the defense of lack of legal entitlement was raised. They requested that the complaint be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay costs and interest thereon (images 45-66);
  • 3)After several attempts to have it specify the relief it sought, the plaintiff filed an application for interim relief (medida cautelar) on 25 de mayo del 2021, seeking the following: “To halt the actions undertaken by SINAC and ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE to intimidate [my client] into eviction, since they place my client TURISMO CURU SA in a position of INEQUALITY regarding the right of defense, through which it sought protection of my client’s vested rights (derechos adquiridos).// 2- As I demonstrate with the evidence submitted in this proceeding, and given that the irregular actions of the public administration are rife with omissions and failures, including a failure to comply with the duty of integrity (deber de probidad) in view of the unequal treatment of the regulated party (administrado), and because no response has been received to the motions for reconsideration and appeal (recursos de revocatoria y apelación) that were filed, I request that this interim relief be granted in order to halt the abuses of the Public Administration, because the ninety-day period granted in the issued act has elapsed without receipt of a decision on the appeal, and there is therefore Periculum in Mora, in that the administration may carry out the eviction before judgment is rendered in this action.// 3- The principal claim is to halt any administrative act (acto administrativo) that infringes my client’s rights and may cause harm, since the bias, arbitrariness, and violations of due process and legality against the regulated party have been demonstrated.” That application was denied in its entirety by ruling N° 1057-2022, issued at 11 hours on 28 de junio del 2022 by case-management judge Gerardo Pérez Alfaro, and was not challenged (see the interim-relief case file);
  • 4)The preliminary hearing (audiencia preliminar) was held on 13 de octubre del 2022 and conducted by Judge Fabián Núñez Castrillo. On that occasion, the defense of failure to exhaust administrative remedies was rejected, and the statute-of-limitations defense (excepción de caducidad) was reserved for judgment (see the minutes at images 362-367 and listen to the corresponding recording);
  • 5)The public oral trial (juicio oral y público) was held on lunes 17 de marzo de 2025 before Team 8 (formerly Eighth Section) of the Tribunal Contencioso Administrativo, composed on that occasion of Judges Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, and Jonatán Canales Hernández (who presided over the hearing and is the reporting judge for this decision). On that occasion, with the parties present, the evidence and the parties’ arguments were heard; the statute-of-limitations defense was maintained, and the corresponding hearing was afforded;
  • 6)This decision is issued after deliberation and unanimously; II) The subject matter of this proceeding is as follows:
  • 1)That the administrative act containing the eviction order against the plaintiff, N° DR-781-2020 of Área de Conservación Tempisque (hereinafter, “ACT”) of SINAC, contained at folio 113 of the administrative case file (expediente administrativo), be annulled.
  • 2)That SINAC and EL ESTADO be ordered to grant permits for the proper use of the public and restricted zones for the operation of Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú (hereinafter, “RNVSC”), based on the public interest and subject to prior compliance with the requirements, which my client undertakes to satisfy.
  • 3)That SINAC and EL ESTADO be ordered to appoint a special commission to study, update, and, if necessary, amend the Management Plan (Plan de Manejo) in accordance with the public interest, an analysis of the regulated parties’ interests, and the conditions that have existed in the area for many years.
  • 4)That SINAC be ordered to change the appointments of the officials involved in preparing and approving the Management Plan, as well as those participating in any committee that, for such purpose and according to the alleged facts, has been compromised in its continued oversight and planning, so that new professionals duly authorized and vested with authority to perform their duties may be appointed.
  • 5)That SINAC and EL ESTADO be ordered to pay procedural costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales).
  • III)The following facts relevant to deciding this matter are deemed proven:
  • 1)RNVSC is classified as mixed “(...) and has an approximate area of 90.50 has, of which 150 metros of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) in this case is privately owned and belongs to Adelina S.A., while only the 50 metros along the coast from the high-tide line, corresponding to the public zone of the Zona Marítimo Terrestre, belong to EL ESTADO as State Natural Heritage (Patrimonio Natural). That land is used to protect coastal biodiversity.” Within the aforementioned 150 metros, Adelina S.A., as owner, may charge a fee (canon) for passage to the beach and sea or for remaining on the property; within the 50 metros of the public zone, no person may be charged any admission fee or other fee (see official letter ACT-OR-DR-561-2020 of 18 de mayo del 2020 from the Director of ACT to the Intendencia Municipal de Paquera, at folios 97-99 of the administrative case file entitled “Invasión de los 50 metros de PNE”);
  • 2)On 28 de enero del 2019, personnel from Área de Conservación Tempisque of SINAC (Norma Rodríguez Garo, Dirección de ASP; Luis Mena Aguilar, Jefe de Subregión Lepanto-Paquera; Fabián Bonilla Salguero, Topógrafo del ACT) documented an inspection conducted on diecinueve of that same month at Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, during which it was found that the public zone forming part of the Patrimonio Natural del Estado contained various items owned by the plaintiff herein, specifically: a kayak-rental facility; an ATV; two tractors; several boats; two John Deere tractors; a winch; a boat trailer; a module containing kayaks; and containers holding water and fuel residue. It states that none of those activities has a SINAC permit and that, under the Refuge’s Management Plan, only low-impact activities are permitted in the public zone, such as hiking, swimming, and recreational and educational activities, in the sun or under the shade of trees; tours may depart for the marine area only with permission from Área de Conservación Tempisque (hereinafter, “ACT”). It later states: “At the site, we were able to speak with Federico Schutt, who serves as the Refuge Administrator and is a member of Adelina S.A. He is the person who installed the structures and keeps the fuel, boats, and tractors there, but he likewise has no authorization from either Adelina SA or SINAC to conduct any of those activities.” Finally, it recommends entering into an agreement with Adelina S.A. regarding the infrastructure that has existed for many years and establishing a permit for the use of nonessential services. In Luis Schutt’s case (Turismo Curú), it recommends granting a period of one month for him to remove all his belongings from the Refuge and, should he fail to do so, filing a criminal complaint for the offense of unlawful occupation (usurpación) of property belonging to the Patrimonio Natural del Estado (see inspection report ACT-OR-DASP-104-2019 of 28 de enero del 2019, at folios 2-9 of the aforementioned administrative case file);
  • 3)In an email sent on 6 de marzo del 2019 by the plaintiff company in this proceeding to Nelson Marín Mora, Norma Rodríguez Garro, and other ACT officials, it raised a series of concerns regarding the high number of visitors to RNVSC, stating that on that day it had encountered a problem with a person claiming to be a SINAC official, requesting that individual’s name, and seeking information concerning SINAC’s protective measures for that Refuge (folios 33-37 of the aforementioned administrative case file);
  • 4)The plaintiff herein has not applied for any construction permit (licencia constructiva) before Concejo Municipal de Distrito de Paquera, although it does hold a license to sell and operate tours before that public body. It is noted that the license applies solely to a business called “Turismo Curú,” located across from Servicentro Paquera (see certification at folio 47 of the aforementioned administrative case file);
  • 5)Through official letter ACT-OR DR-781-2020 dated 8 de julio del 2020, the Director of ACT issued an administrative act addressed to the plaintiff company, ordering the cessation of commercial activities and giving notice for the immediate voluntary removal of infrastructure and other objects located within the 50 metros of the Public Zone, which forms part of the Patrimonio Natural del Estado, in RNVSC. The suspension of commercial activities took immediate effect, and the period for vacating the site was 90 días naturales from service of the act. Articles 2 and 3 of Decreto Ejecutivo N° 14378 and the RNVSC Management Plan were invoked. The factual basis was the aforementioned inspection report ACT-OR-DASP-104-2019 of 28 de enero del 2019. That decision was served on 23 de julio del 2020 (folios 106-107 and 118 of the aforementioned administrative case file);
  • 6)On 29 de julio del 2020, the legal representative of the plaintiff company herein, Mr. Luis Schutt Valle, filed before the Dirección de la ACT a motion for reconsideration with an appeal and a claim of absolute nullity of service (recurso de revocatoria con apelación y nulidad absoluta de notificación), requesting that the service and, consequently, the administrative act be declared absolutely null and void (folios 133-137 of the aforementioned administrative case file);
  • 7)Through decision ACT-OR-DR-061-2020, issued at 9:15 hours on 4 de agosto del 2020, the Dirección de la ACT denied the foregoing motion for reconsideration, stating that service had been effected in accordance with law. The case file was then forwarded to the hierarchical superior (superior jerárquico), Consejo Nacional de Áreas de Conservación, for resolution of the corresponding appeal (folios 155-160 of the aforementioned administrative case file);
  • 8)Consejo Nacional de Áreas de Conservación denied the appeal against the aforementioned act and declared the administrative remedies exhausted (agotada la vía administrativa) (see: agreement N° 15 from extraordinary session N° 06-2021 of 27 de julio del 2021 and the legal opinion supporting it, as well as the notice served on the interested parties on 4 de noviembre siguiente—images 385-393 of the virtual court case file);
  • 9)That the Director of the ACT, in official letter ACT-OR-DR-060-2020 issued at 9:00 a.m. on August 4, 2020 (intended to decide an appeal (recurso de apelación) filed by Adelina S.A., which does not affect the plaintiff herein), states that although no physical boundary marking (amojonamiento físico) exists, a digital boundary marking (amojonamiento digital) does exist and may be consulted and viewed on the geoportal of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). This is a public, free platform of the Registro Nacional, and on the basis thereof it was possible to determine that the cabins are located within the public zone (zona pública) of Refugio Curú, that they do not comply with the provisions of the Current Management Plan (Plan de Manejo Actual), and that they lack the corresponding permits (folios 145-147 of the aforementioned administrative record (expediente administrativo));
  • 10)That Mr. Luis Schutt Valle is the son of the founders of the RNVSC and, at the same time, a shareholder of the company that owns the restricted zone (zona restringida) of said refuge, Adelina, S.A., as well as the legal representative of the plaintiff herein. Don Luis also has extensive experience in conservation activities in the Paquera area (see the consistent and credible testimony of witness Carolina Orozco Zamora—currently an SINAC official and formerly an employee of Adelina, S.A.—and the party testimony (declaración de parte) of Don Luis’s wife, Mrs. Roxana Quirós Villalobos);
  • 11)That the plaintiff herein has its offices in downtown Paquera and conducts tours and activities for tourists at various locations, including Playa Curú, where it keeps vehicles and boats (see the testimony of Mrs. Carolina Orozco, whose circumstances were described above and who is familiar with the company’s operations);
  • 12)That the RNVSC Management Plan planning and monitoring team (equipo de planificación y seguimiento del Plan de Manejo) was composed of representatives of Empresa Adelina SA and of the ACT, namely Federico Schutt, Refuge Administrator; Julieta Valle de Schutt, Legal Representative of ADELINA S.A.; Adelina Schutt, Secretary of the Administrative Council of ADELINA S.A.; Lic. Norma Rodríguez, Manager of Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas); and Carolina Orozco, hired to facilitate the process (see the Management Plan published in the Diario Oficial on June 24, 2019).- IV) The following facts of significance to the resolution of this matter are deemed not proven:
  • 1)That, at the request of the ACT, the Instituto Geográfico Nacional issued report DIG-TOT-INF-040-2021 of April 22, 2021, the purpose of which was to conduct a photointerpretive study (estudio fotointerpretativo) to identify buildings within the public zone of the RNVSC. That document concludes that, in this “desktop” study, using the georeferenced digital boundary (delimitación digital georreferenciada) published in the Diario Oficial on April 3, 2014, as well as satellite images from 2020, it can be observed that the structures dating from 1948, 1989, and 2020, although clearly all located at Playa Curú, are very close to the dividing line between the public zone and the restricted zone; therefore, it cannot be established with certainty whether there is any encroachment (invasión) upon the public zone, and a field inspection (inspección de campo) is recommended to determine the corresponding location (folios 237-242 of the aforementioned administrative record);
  • 2)That the plaintiff company owns the private portion of the RNVSC (there is no evidence in the case record (autos) to that effect);
  • 3)That the order suspending activities and removing property (acto de paralización de actividades y retiro de bienes), issued by SINAC at Playa Curú and served in July 2020, was complied with in practice (neither party presented evidence on that issue);
  • 4)That it has been demonstrated, or is apparent from the case record, that the members of the RNVSC Management Plan planning and monitoring team mentioned in the last proven fact acted unfairly or unlawfully against the plaintiff company (there is no evidence in the case record to that effect).- V) Arguments of the parties (Alegatos de las partes): In its complaint (demanda), the plaintiff company alleges, in summary, the following facts (it should be noted that the underlining below appears in the original): “My father, Mr. Federico Schutt, as representative of ADELINA Sociedad Anónima, legal entity identification number 3-101-014055, requested that the Costa Rican State create the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, which was created on April 6, 1983, by Executive Decree No. 14378-A as a mixed-category RNVS, located in the district of Paquera in the central canton of the Province of Puntarenas. Title to the lands on which the refuge was created was held by the company represented by my father. My father died on October 12, 1982, at which time my mother, Mrs. Julieta de Schutt, assumed control of the aforementioned company. For several years, however, she has lacked the abilities—at least the physical abilities—necessary to serve as the company’s representative. I am also the representative of TURISMO CURÚ S.A., holder of legal entity identification number 3-101- 287918, which conducts ecotourism activities in the mixed Curú Refuge and was incorporated before the creation of the management plan (plan de manejo). This background is essential because, since before the management plan process began, I have been harmed by the administrative acts (actos administrativos) issued by SINAC and the Área de Conservación Tempisque, in association with persons close to my mother, thereby creating a conflict of interest between ADELINA S.A. and SINAC, as will be demonstrated in the statement of facts. Once the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú was approved, the Directorate of the Área de Conservación Tempisque, hereinafter ACT, began managing the creation of the management plan. However, as will be shown below, that Directorate, under Mr. Nelsón Marín Mora, arbitrarily failed to comply, in both form and substance, with the principles of legality, proportionality, and reasonableness (principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad) that the aforementioned plan and the law must pursue as their objective.” It later states that Refugio Curú “(...) has a total surface area of 70 hectares, consisting of a state-owned area comprising the 50-meter strip of beach from Punta Quesera to Punta Curú and a 150-meter strip parallel to the public zone, comprising 70 hectares belonging to Adelina S.A. Given the need to create the management plan, ADELINA S.A., together with the ACT, began holding meetings concerning the Management Plan. It should be noted that, throughout this entire process, in violation of my rights, the company I represent was not allowed to participate in any way, even though Turismo Curú forms part of the reality of the Curú reserve. This first fact is of the utmost importance because both the creation of the Refuge and the management plan are matters of public interest and must involve information that is public and readily accessible to all Costa Ricans (...) To the detriment of the public interest, SINAC and the ACT appointed a Management Plan Planning and Monitoring Team. The ACT delegated responsibilities to the following persons: a) Federico Schutt Valle, my brother, who serves as Refuge administrator despite having no knowledge whatsoever of environmental prevention or management; b) Julieta Valle de Schutt, Representative of ADELINA S.A., my mother, whose participation at the time was almost nonexistent because of her advanced age; c) Adelina Schutt Valle, my sister, secretary of the Administrative Council of ADELINA S.A. and the company’s majority shareholder, who lives outside the country and therefore lacks the capacity to serve on a monitoring committee; d) Licda. Norma Rodríguez Garro, of whom we know only that she holds the position of Manager of Protected Wildlife Areas; and e) Carolina Orozco, HIRED by ADELINA S.A. to facilitate the creation of said Management Plan, whose qualifications and experience cannot be verified in any document. Your Honor should note the disproportionate interests represented on the five-member team: one represents the State, four represent a private company, and one was hired to advise interests financed by ADELINA S.A.’s capital (...) It is understandable that members of Adelina S.A. would belong to said team because, in addition to being responsible for the lands registered in the name of the legal entity, they also form part of the reality of the place. Accordingly, even though the Public Administration (Administración Pública), represented by Nelson Marín Mora as Director of the ACT, was aware of the conflict of interest posed by that team, it authorized the performance of the aforementioned functions, which were decisive in the approval of the Management Plan, with MINIMAL PUBLIC PARTICIPATION overall. Consequently, the composition of said working team was flawed for all public-interest purposes (...) As a corollary to the preceding fact, it must be noted that I have on various occasions requested from the Director of the ACT the permits necessary for the company I represent to use an access route to Playa Curú so that it may conduct the bioluminescence tours that have taken place there for more than twenty-five years and that have served as an ecotourism attraction through which both Costa Ricans and foreigners may discover the area’s natural beauty, with absolute respect for its flora and fauna. Nevertheless, the management plan contains no regulations whatsoever concerning this activity, even though it has minimal impact and is consistent with the second objective of the irregularly approved management plan (...) Additionally, folio 044 of the administrative record shows that, in abuse of his authority, the Public Official (Legal Advisor) violated institutional and legal procedures by requesting, on March 22, 2019, information concerning all types of current business licenses (patentes) and permits from his personal email account. For that reason, the Municipal Intendant of the Concejo Municipal de Distrito de Paquera, by email on the same date and appearing at the same folio, stated as follows, and I quote: ‘Good afternoon, Please accept my cordial greetings; in response to the” In the email received, I advised them that, in order to provide the requested information, we require that the request be submitted by formal official letter.” This thus violated my client’s right of defense, and even confidentiality, through the abusive exercise of its powers as a public administration (...) It must be noted that, through its own efforts, my client has obtained highly significant certifications to strengthen the Refuge’s ecotourism activities in an environment that protects wildlife. Accordingly, TURISMO CURÚ S.A. has been certified by the PADI Diving Center and Project Aware, a global diving organization and foundation that undertakes projects benefiting the ocean. Tourism Declaration from the Instituto Costarricense de Turismo, ICT Tourism Sustainability Certification; Carbono Neutro Pymes. We are likewise endorsed by ICT, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Capitania de Puerto (use of skiffs). In other words, our activity complies with the law, and we seek regulation by SINAC, which, through the administrative silence (silencio administrativo) of the Área de Conservación Tempisque, refuses to regulate and organize ecotourism activities in the area.” It goes on to recount that on 23 de julio del 2020, the company was “(...) improperly served notice by officials Roger Gutiérrez Vindas, identity card 4-0131-0704, and, as a witness, Martha Diaz Carrillo, identity card 5-0163-0698; neither of whom has the authority to carry out that service of notice, because those powers are not recorded in any document or among their duties. Through that notice, I was served with official letter ACT-OR DR-781-2020 (folios 113 to 114 of the administrative record (expediente administrativo)), in which, by means of an irregular act, my client was ordered, within a mandatory period of 90 calendar days, to vacate part of the fifty meters of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as well as to refrain from engaging in commercial activities. All of this was based on the report prepared through official letter ACT-OR-DASP-104-2019 (folio 002 of the administrative record). That report was issued by Norma Rodríguez Garro, who, in the exercise of her powers as a public official, recommends an agreement and proceeding to grant a permit for the use of non-essential services that benefits ADELINA S.A., evidencing tolerance of the conflict of interest involving the members of the work team identified in the preceding facts, contrary to the public interest (...) Thus, with respect to TURISMO CURÚ, notwithstanding the public administration’s obligation to regulate and analyze the overall environment of the Reserve, she recommends ordering the eviction, under penalty of filing a judicial complaint for unlawful occupation of State Natural Heritage property (patrimonio Natural del Estado). (visible at folio 107 of the administrative record). This is a disputed fact, since the act is based on the aforementioned report. That report was issued by public official NORMA RODRÍGUEZ GARRO and violates the Principle of Legality (Principio de Legalidad), while its contents likewise consist of accusations unsupported by technical and scientific assessments. Indeed, the same report provides measurements of the fifty meters through the Instituto Nacional de Referencia data-query portal and, through the first image contained in official letter 007 of the administrative record, indicates that the measurements of the boundary markers (mojones) and the analysis of the location of the structures fall within the fifty meters; however, it is significant that the report is signed only by Ms. Rodríguez Garro, and therefore lacks technical basis and consequently validity, because it was not performed by a professional in the field (...) Consistent with the preceding fact, and as further evidence of the excessive use of official powers, there is the statement made by the ACT Director himself in official letter ACT-OR-DR-060-2020, appearing at folios 145 and 146, paragraph six, of the administrative record, in which he acknowledges that the physical placement of boundary markers (amojonamiento físico) has NOT been completed. I quote verbatim: “SIXTH: having reviewed the second recital of the resolution at issue, the respondent is partially correct insofar as the physical placement of boundary markers for the fifty meters of the public zone comprising the Refugio Nacional de Vida Silvestres Curú has not been completed; however, it must be taken into account that digital boundary marking exists, known as the Curú beach digital line, created in La Gaceta 66 in 2014/04/03 under code 16010501, with a length of 4339 m.” Your Honor should note that more than fifteen years have elapsed from that publication in the official gazette La Gaceta to the present, and it is logical that the area has undergone changes that must be considered anew in the measurements; these can be updated only through topographic surveys, not mere human assessments that plainly prejudice my client (...) With respect to the administrative act (acto administrativo) issued by the ACT Director, a Motion for Reconsideration with Alternative Appeal to the Higher Authority (Recurso de Revocatoria con Apelación en alzada) was filed on 28 de julio del 2020, on the ground that the act is wholly contrary to the Ley General de la Administración Pública. That administrative act was challenged by an official letter incorporated at folio 133 of the record, which to date has received no response either from the official who issued it or from the higher authority on appeal. The grounds for that motion, appearing at folios 133 to 137 of the administrative record, concern the order for the voluntary eviction of Turismo Curú S.A., an act that adversely affects my client (...) In the same vein, and with respect to the same administrative act being challenged, the Public Administration omitted one of the most important aspects, insofar as the person subject to the administration (administrado) was not informed of the appropriate remedies available to enforce the right of defense, thereby prejudicing my client by leaving it defenseless in the administrative proceeding (proceso administrativo) (...) The administrative record maintained by ACT concerning the facts reflects deficient performance of public duties in relation to the case presented and the irregularities of the acts, since it does not follow a logical order and includes administrative facts that are not even related. One example is the material appearing at folios 064 to 072, a complaint filed by ADELINA SCHUTT VALLE regarding the arrival of a vessel. In addition, the following other deficiencies in the record should be emphasized:// a. There is no surveying expert to verify the measurements and sign them as the responsible professional, nor even to provide a professional interpretation of them.//b. No new measurement has been requested from ING, even though those published in official gazette La Gaceta number 66 are plainly very old.//c. There are no exact measurements of physical boundary markers. Their locations have not even been established because the officials have NOT visited the area for that specific purpose (...) At folios 091 and 092 of the administrative record, minutes of a meeting of several ACT officials are inserted under the title “coordination meeting of the committee addressing the situation of the mixed-category RNVS Curú.” As with many ACT actions, the document does not indicate through what administrative act or for what formal reason the officials and the committee’s powers were designated; nevertheless, the fact remains that, in a single session held on 04 de marzo del 2020, the actions to be implemented to address the current situation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú were defined (as stated in the document section labeled “Topic to be discussed”). It is noteworthy that, in the same document, the officials agree to conduct a visit that never occurs, since no record of it appears in the administrative record; this affects administrative due process (debido proceso administrativo) because no concrete actions are taken to determine the truth of the facts, and therefore the actions lack technical value. It is necessary to inform Your Honor that I do not have the required SINAC permits for the operations described in this pleading because that institution has not regulated them; it would therefore be impossible for an administrative act to require an application for a permit for which no formal, publicly available requirements exist.” As the legal basis, it invokes the following provisions and arguments: “(...) Constitución Política articles 11, 30, 33, 34. Código de Comercio article 189. Ley de Biodiversidad articles 9, 10 AND 39. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública article 3. Ley General de la Administración Pública articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 111, 112, 113, 114, 120, 127, 128, 129, 132, 133, 140, 141,142, 143, 166, 199. Código Procesal Contencioso Administrativo articles 1, 10, 42, 58. In this regard, it is appropriate to provide support by citing the following: By virtue of the management plan (plan de manejo) and what was stated in the first fact, it is evident that Ley 9392 was interpreted restrictively in the amendment to article 189: “(...) Directors and other administrators are required to fulfill their duties of diligence and loyalty, acting in the best interests of the company, taking into account the interests of the corporation and its shareholders, and they are jointly and severally liable to the corporation for damages arising from failure to observe those duties (...) Furthermore, an imbalance of interests is evident because the composition of the work team, which pursues the private rather than the public interest, makes clear that it contravenes (...)” article 9 of the Ley de Biodiversidad. It continues by stating, with respect to “(...) the absence of regulations for obtaining permits from SINAC, that this is even contrary to what is established in the management plan, in its second objective, which I quote verbatim: ‘Organize and promote ecotourism activity within the Refuge in order to facilitate better use of tourist visits and ensure that impacts on natural resources are minimal.’ Furthermore, this action is based on the genuine possibility available to SINAC of using a direct contracting process (proceso de contratación directa) for non-essential services with low environmental impact and subject to the condition of ecotourism,” invoking paragraph 39 thereof. It also considers that the principle of legality and article 3 of the Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito were violated. It alleges that there was an omission to indicate which remedies protect the person subject to the administration against the administrative act, invoking the decision issued at fifteen hours and twenty-two minutes on the twenty-seventh of May, two thousand three, by the Sala Constitucional.- In the response to the action, SINAC’s representative first states, regarding the alleged facts of the claim, essentially the following:

Regarding the underlying legal issue, it notes that the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú was created by Decreto Ejecutivo N° 14378-C, article 2 of which provides that hunting and any alteration of the site’s natural conditions are prohibited, and that even visits by private individuals require written permission from the Administration; paragraph 3 provides that persons residing at the site may continue their everyday activities, provided that those activities are consistent with the purposes for which the refuge was created.

Regarding the concept of the management plan, it states that:

It invokes, among others, artículo 82 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, which, in its current version, provides in its final paragraph that all persons wishing to carry out activities or projects on publicly or jointly owned property must obtain authorization from SINAC, and an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must be conducted at the interested party’s expense. It argues that, pursuant to numeral 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, that law does not apply to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) included within national parks and equivalent reserves, for which reason:

Finally, it maintains that the challenged act is lawful because it constitutes an exercise of environmental protection (tutela ambiental), stating:

The State’s counsel then asserts that, in the area at issue, “(...) the official demarcation was published in the Official Gazette La Gaceta No. 66 of 3 de abril de 2014 (notice No. 2013-06, attached), 7 years ago. In any event, the arguments concerning the placement of boundary markers (amojonamiento) are irrelevant to these proceedings because artículo 152 of the Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto No. 32633 del 10 de marzo del 2005, authorizes the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) to grant use permits (permisos de uso) solely within the restricted zone (zona restringida): ‘Artículo 152.- SINAC may grant use permits in the Zona Marítimo Terrestre (restricted zone) located within the boundaries of State-Owned and Mixed-Ownership Refuges, pursuant to artículo 82 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Nº 7317, artículo 18 of Ley Forestal 7575, and artículo 11 of the Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, and other related laws.’ (...) Accordingly, under the principle of legality (principio de legalidad) governing the actions of the Public Administration, permits may not be granted for the private use or exploitation of the public zone (zona pública) of a Wildlife Refuge, which is what is being sought.

As regards the adjacent restricted zone, if it were true, as alleged in the first and third statements of fact, that it is registered in the name of a legal entity (a situation of an exceptional nature whose legitimacy must necessarily be proven by the private party), the State could not grant use permits there, since such a permit is a legal mechanism for the use of the public domain (dominio público).” Later, regarding the merits, it states that “(...) The area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú to which administrative act (acto administrativo) ACT-OR-DR-781-2020 refers forms part of the Patrimonio Natural del Estado (artículos 13, 14 y 39, inc. i) of the Ley Forestal; numerales 32 y 38 of the Ley Orgánica del Ambiente; and judgments of the Sala Constitucional numbers 5399-93, 2777-98, 9158- 98 considerando I d), 2988-99, 3480-2003, 8928-2004, 8945-2005, 5975-2006, 17126-2006, 2063-2007, 16975, 17650 y 17659 del 2008, 16938-2011, 12973-2013 y 19776- 2014, among others).

Under the legal system currently in force, the Patrimonio Natural del Estado is part of the public domain (artículos 13 y 14 of the Ley Forestal and 261 y 262 of the Código Civil; decisions of the Sala Constitucional 2306-91, considerando IV; 2988-1999; 3821-2002, considerando VI; 2063-2007, considerando VI; 2408-2007, Considerando III; 8075-2008; 16975-2008; 17650-2008; 17659-2008 y 3113-2009, considerando V, among others; and judgments of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia numbers 59-F-99, considerando IV; 189-F-S1-2011, considerando VI; 1469-F-S1-2011, considerando LVII; y 286-F-SI-2015, considerando VII). The fifty meters of the Zona Marítimo Terrestre measured from the ordinary high-tide line, now referred to as the Public Zone, are also part of the public domain (artículos 1, 9, 10 y 11 of Ley No. 6043). The reservation in favor of the State, which has been maintained in our legislation, has been called the ‘constitutional principle of the inviolability of the Public Zone’ (principio constitucional de intangibilidad de la Zona Pública).” Regarding the factual circumstances of the specific case, it asserts that: “Furthermore, the compliance order (prevención) is factually grounded in the Inspection Report of 28 de enero de 2019 ACT-OR-DASP-104-2019, which appears at folios 2-9 of the administrative record (expediente administrativo).

The inspection was conducted by an interdisciplinary team of ACT officials: Norma Rodríguez Garro, a forestry engineer, in her capacity as Head of the Dirección de Áreas Silvestres Protegidas; Luis Mena Aguilar, head of the Lepanto Paquera subregion; and land-surveying engineer Fabián Bonilla Salguero, as recorded at folio 9. It is important to emphasize that the inspection was conducted in response to a complaint; the report also contains photographs corroborating the presence of the vehicles and infrastructure that Mr. Luis Schutt Valle, in his capacity as representative of Turismo Curú S.A., was ordered to remove from the Patrimonio Natural del Estado, as well as their location in relation to the boundaries of the Refuge, GPS points, and maps prepared by the land-surveying engineer using official information from the Instituto Geográfico Nacional. It is therefore evident that the complaint’s challenges to the technical assessment and the statement of reasons (motivación) for the administrative act, which are raised only superficially against this report, are entirely unfounded.

No technical evidence is provided to support the accusations made by the plaintiff’s representative, beyond his opinion and his interest in continuing the irregular commercial activities that he himself acknowledges in statement of fact XIII are conducted without a permit, to the detriment of public property over which he holds no rights. Likewise, the challenges to the demarcation of the public zone are entirely unfounded, because a digital placement of boundary markers for the public zone of playa Curú exists and was made official by the Instituto Geográfico Nacional through AVISO No. 2013-06 Delimitación de zona pública cantón de Puntarenas, published in La Gaceta No. 66 of 3 de abril de 2014. The Instituto Geográfico Nacional used the ‘Georeferenced Digital Demarcation’ methodology (Delimitación Digital Georreferenciada), pursuant to Decreto Ejecutivo No. 36642-MP-MOPT-MINAET ‘Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre’ of 28 de junio de 2011, to demarcate the public zone of the Zona Marítimo Terrestre, this being the official information of the competent authority (...)”.

It requests that the action brought be dismissed in all respects.- At the oral trial, the following arguments were presented. For the plaintiff: There is a Decree of 6 de abril de 1983 that created the Refugio de Vida Silvestre Curú. This provides an important starting point for development in the area, enabling the company to maintain offices in downtown Paquera to serve domestic and foreign tourists and to charge a fee so that they may enter the refuge, as established in the management plan (plan de manejo). Once the tourists enter the refuge, they engage in a tourism activity at sea. The management plan states that tourists may enter the Reserve and remain in the area after paying the applicable fee. It is because of the development undertaken by Luis Schutt that recognitions have been granted for 100% carbon neutrality, the blue flag, and several others. The foregoing makes it very clear that the maritime-terrestrial zone is not being encroached upon.

The measurements of the digital boundary markers are unclear, and the record refers to approximate measurements; it cannot be asserted that an encroachment exists in the absence of exact digital boundary markers. There are no specific measurements establishing where the Reserve begins and ends, and the exact measurements are unclear. If there is no evidence providing that clarity, it will not be proven that the ZMT is being encroached upon. For the SINAC representative: The subject matter of these proceedings is the unlawful occupation (ocupación irregular) of the public zone of Refugio Curú, created by the Decree published in La Gaceta. Wildlife refuges are administered by SINAC. The Ley de la Zona Marítima Terrestre establishes an exception for wildlife refuges. The problem is that the plaintiff conducts commercial activities in the public zone (although it is acknowledged that the principal activity takes place at sea).

It is not true that there is no precision, because the placement of boundary markers was published in “La Gaceta” in 2014. The Administration therefore carried out the eviction procedure (procedimiento de desalojo), which was duly served. No exploitation of the public zone is legally possible, and notice was given that the work must cease. Part of the subject matter of these proceedings concerns implementation of the management plan, in which the plaintiff’s participation is evident. The assertion that the property located in the public zone belongs to another company (Adelina) is unacceptable. The State’s counsel stated: The background and the first statement of fact in the complaint clarify that the Refuge includes a State-owned portion, consisting of the 50-meter zone measured from the ordinary high-tide line (public zone), and a private zone registered in the name of another company (Adelina S.A.).

There is the sea, then the public zone, and adjoining the public zone is the property registered in the name of Adelina S.A. It is in the public zone that the plaintiff carries out its commercial activity, and the plaintiff seeks a use permit for the strip of sand between the sea and Adelina’s property. It must be recalled that these acts are attributable to SINAC, as a deconcentrated body (órgano desconcentrado), and that the State is a defendant solely by virtue of artículo 12.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, “CPCA”). The complaint is manifestly inadmissible and must be so declared.- VI) Manner in which this matter will be decided: First, brief reference will be made to the legal framework applicable to the creation and operation of national wildlife refuges (as a form of protected area (zona protegida)); next, the legality of the act of 2020 ordering the plaintiff company to cease its activities and remove property from the maritime-terrestrial zone will be analyzed; and finally, claims 2, 3, and 4 will be addressed, including, with respect to those claims, the issue of the time bar (caducidad de la acción) raised as an affirmative defense (excepción) by the State’s counsel.- Regarding the underlying legal issue, it must be borne in mind that the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú was created by Decreto Ejecutivo N° 14378-C del 25 de febrero de 1983, artículo 2 of which prohibits hunting and any alteration of the natural conditions of the location and even requires private visitors to obtain the Administration’s written permission; numeral 3 provides that persons residing at the location may continue their daily activities, provided that those activities are consistent with the purposes for which the refuge was created.- It must also be clear that, pursuant to the Decreto Ejecutivo, the RNVSC is located in the district of Paquera, province of Puntarenas, between Punta Quesera and Punta Curú.- It must also be borne in mind that, according to the foregoing list of proven facts (hechos probados), this wildlife refuge has the distinctive feature of having two owners and being located within both portions of the maritime-terrestrial zone: in the public zone (50 meters inland from the ordinary high-tide line), the State is the owner by operation of law; and in the restricted zone (from 50 meters to 200 meters inland from the sea), the owner is Adelina S.A.- The fact that the restricted zone of the maritime-terrestrial zone has an owner rather than a concession holder (concesionario), and that this owner is a corporation other than the legal entity that is the plaintiff herein—with Mr.

Luis Schutt Valle being a shareholder but not the legal representative of that corporation, having an established record in the conservation of natural resources, and being the son of its owners—is important because this is a matter on which the parties agree and which is not disputed in these proceedings.- Next, the legal framework of laws and regulations currently governing that national wildlife refuge must be reviewed, namely:

In the Ley Forestal, Article 18, as amended, provides: “Within the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the State may conduct or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall determine, where appropriate, whether environmental impact assessments (evaluaciones del impacto ambiental) must be conducted, as established by the regulations to this law” (as amended by Article 1° of the Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 del 3 de julio de 2018).

Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal (as amended by Decreto Ejecutivo 35868 de 24/03/2010), provides, insofar as relevant: “For purposes of applying Ley Forestal Nº 7575 and its regulations, the terms listed shall have the following meanings: (...) n) Ecotourism (Ecoturismo): A set of actions aimed at maintaining a natural environment, with an emphasis on its biological, physical, and cultural features, through a controlled process that guarantees minimal environmental impact and is ecologically sustainable; it involves low-impact tourism activities; it benefits the local community and is satisfying for visitors. (...) r) Use Permits (Permisos de Uso): Authorizations to use portions of State-owned land for purposes that do not entail forest exploitation. (...) s) Management Plan (Plan de Manejo): The planning instrument that guides the management of a protected wildlife area (Área Silvestre Protegida) toward fulfillment of its long-term conservation objectives.

It is based on medium-term strategic courses of action and management objectives for the natural and cultural elements within the area, as well as on the relationship of the latter to their socio-environmental surroundings. It provides the basis for developing other planning and regulatory instruments for Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas).”- Next, Article 2 of the specific regulations governing Article 18 of the Ley Forestal (regulated by Decreto Ejecutivo 35868 de 24/03/2010), provides: “On lands previously declared part of the State Natural Heritage, whether within or outside Protected Wildlife Areas, only training, ecotourism, and research activities shall be permitted. These activities shall be subject to the management plan of the Protected Wildlife Area and to other regulations established herein, as follows: // A- Within Protected Wildlife Areas// In the case of Protected Wildlife Areas, except for National Parks and Biological Reserves, ecotourism activities may be conducted solely and exclusively in the zones designated by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), in accordance with the zoning (zonificación) of each Protected Wildlife Area.”- Article 39 of the Ley de Biodiversidad ((text amended by the sole article of Ley N° 9766 del 29 de octubre de 2019), provides: “The Consejo Nacional de Áreas de Conservación is hereby authorized to approve contracts and concessions for nonessential services and activities within State Protected Wildlife Areas, except for the responsibilities that this and other laws assign exclusively to the Executive Branch through the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), such as protection and surveillance and the definition and monitoring of strategies, plans, and budgets for the conservation areas.

Under no circumstances may these concessions and contracts include authorization granting third parties access to elements of biodiversity or permitting the exploitation of natural resources; nor may they include the construction of private buildings.// Nonessential services and activities shall include parking facilities, restroom facilities, the administration of physical facilities, food services, shops, the construction and administration of trails, visitor management, and any others defined by the Consejo Regional del Área de Conservación through a technical study substantiating their inclusion.// These concessions and contracts may be granted solely and exclusively to community development associations, cooperatives, microenterprises registered with the Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), or national nonprofit social organizations whose objectives include supporting the conservation of natural resources, which incorporate environmental management into their operations and the concession area, and whose legal status remains valid, provided that they are directly composed of and controlled by residents of the communities located within the area of influence of the respective Protected Wildlife Area.// The conservation areas shall provide these communities with extensive information regarding the services they decide to grant under concession and shall establish a registry of local organizations to ensure the greatest possible participation in contracting processes.// The Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), in coordination with other public educational institutions and the respective municipalities, shall create training and technical instruction programs primarily directed toward communities located within the area of influence of Protected Wildlife Areas, so that they may benefit from this provision.// Concessionaires or permit holders shall submit satisfactory external audits performed within the last year, all as determined by the Consejo Regional del Área de Conservación.”- Finally, the General Management Plan (Plan General de Manejo) for the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú remains in force.

It was issued by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación, promulgated through Acuerdo Nº 11 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2017 del 18 de diciembre del 2017, published in the Diario Oficial del 24 de junio de 2019, and effective as of that same date, pursuant to Article 2°.- The background to that Plan includes the following: “SECOND: The Refugio Curú has a total surface area of 70 hectares, of which the State-owned area consists of the 50-meter beach strip extending from Punta Quesera to Punta Curú and a 150-meter strip running parallel to the public zone, comprising 70 hectares belonging to Adelina SA and forming part of Folio Real Nº 021115 Derecho 000.// THIRD: The Management Plan for Protected Wildlife Areas (ASP) is the guiding instrument for the effective administration and management of the natural and cultural elements present in those areas and the socio-environmental dynamics associated with them.

It is also the technical tool through which each ASP establishes management guidelines for use by managers, administrators, and stakeholder groups; therefore, the first bodies responsible for validating the management proposal are the authorities of the Conservation Area, together with the official public-participation bodies established therein, namely the Regional Councils and Local Committees, in accordance with Ley de Biodiversidad Nº 7788 (...) FIFTH: Through Acuerdo Nº 8 de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2011 del 02 de mayo del 2011, CONAC agreed to amend Acuerdo Nº 17 de la Sesión Extraordinaria Nº 06-2008 del 04 de agosto del 2008 so that the zoning established in the General Management Plan would be published in full.// SIXTH: The process of preparing the Management Plan began in mayo del 2009 and concluded in marzo del 2014 through the creation of a planning and process-monitoring team composed in part of Empresa Adelina SA and ACT.

Specifically, the working team consisted of Federico Schutt, Refuge Administrator; Julieta Valle de Schutt, Legal Representative of ADELINA S.A; Adelina Schutt, Secretary of the Administrative Council of ADELINA S.A.; Lic. Norma Rodríguez, Manager of Protected Wildlife Areas; and Carolina Orozco, who was retained to facilitate the process. This team was responsible for approving the methodologies used to collect information, reviewing the assessments and final document, and participating in various workshops and presentations for outreach, validation, and official adoption of the Management Plan.// SEVENTH: The Comité Técnico del Área de Conservación Tempisque approved the Management Plan for the Refugio Nacional de vida silvestre Curú pursuant to Acuerdo Nº 5 de la minuta de reunión 16 de noviembre del 2013.// EIGHTH: The Management Plan was approved by the Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque (CORACT) through Acuerdo Nº 2 de la sesión ordinaria N° 05-2014 del 11 de setiembre del 2014.// NINTH: CONAC reviewed the General Management Plan for the Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú and, pursuant to Acuerdo Nº 11 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2017 del 18 de diciembre del 2017, approved the General Management Plan and instructed the Executive Directorate of SINAC and the Directorate of ACT to undertake the corresponding procedures for its publication and official adoption.”- The following Conservation Objectives, Management Plan Objective, and Zoning were established in the RNVSC Management Plan (emphasis added):

“a) Refuge Conservation Objectives// The principal objective in creating the Refuge was to protect coastal vegetation and provide shelter for wildlife species, especially endangered species, including olive ridley and leatherback turtles, mantled howler monkeys and white-faced capuchins, hawks, eagles, great curassows, ocelots, pumas, and jaguarundis, among others.” “b) Management Plan Objective: Strengthen the Refuge’s joint administration processes (Adelina SA -SINAC) to ensure optimal management of the area’s natural resources and its sustainability.// Regulate and promote ecotourism activity within the Refuge to facilitate better use of tourist visits while minimizing impacts on natural resources.// Develop plans and actions to protect forested areas both within the Refuge and in the buffer zone (zona de amortiguamiento), in order to conserve the area’s biotic communities.// Plan actions to promote scientific research aimed at developing and/or maintaining suitable habitat for the biota.// Develop plans and actions for the management of wildlife species and the habitat necessary for their survival.// Establish a community education and awareness program focused on environmental improvement and biodiversity conservation and provide opportunities for environmental education within the area of influence.” “c) Refuge Zoning:

According to the MINAET - SINAC, 2004 guide for preparing and implementing management plans for Protected Wildlife Areas, zoning is the organization of the territory of a Protected Wildlife Area based on the value of its resources and its capacity to accommodate different uses. Clear and precise objectives and the corresponding regulations are established for these zones in order to minimize adverse impacts and ensure that use of the land is compatible with the conservation of the natural and cultural resources present in the area and with their relationship to the socio-environmental dynamics of the immediate surroundings. Zoning is based on the intensity of use assigned to each zone according to its biophysical characteristics. (...)

1 Restricted-use zone, approximately 63 hectares.

2. Public-use zone, approximately 10.5 hectares.

3 Special-use zone, approximately 2500 m2.

4. Protection zone, approximately 32 hectares.

5. Buffer zone (zona de amortiguamiento), approximately 1396 ha" Regarding the public zone (zona pública), which is the relevant zone for the resolution of this proceeding, the following was stated:

"2. Public-use zone (Zona de uso público) Definition This zone consists of sectors dominated by a natural environment where greater capacity may be developed to accommodate visitors who come to the site for recreation, education, research, and any other purpose compatible with the objectives for which the protected wildlife area was established. It consists of beach sectors and sites dominated by a natural environment where greater capacity may be developed to accommodate such visitors.

Objective To provide the general public with leisure and recreational areas through the enjoyment of natural, marine, and terrestrial resources.

Characteristics:

Area extending from the bridge over the estuary to the site where the cabins are located. Public services are concentrated at these sites, including cabins, restrooms, a souvenir shop, reception, rest areas, parking, a dining area, and use of playa Curú, which is located at the back of the bay and is approximately 40 meters wide and 900 meters long. The coconut palm (Cocos nucífera) is one of the most common plant species in the playa Curú sector and was introduced more than 30 years before the date on which the Refugio was established. Coconut palms are closely associated with other tree species that have regenerated naturally. This site is distinctive because many animal species can easily be seen arriving there, including raccoons, coatis, deer, mantled howler monkeys, and three groups or troops of white-faced monkeys, among others.

Sector:

From the bridge over the estuary to the cabin area and. Sector of the 150 private meters exclusively.

Low-impact activities such as walking, swimming, recreational areas, outdoor lunch areas, trails, use of grills, restrooms, showers, interpretive features, scientific instruments, wildlife observation.

Surveillance and control booth.

Guided horseback tours to Playa Quesera.

Parking only in the area designated for that purpose.

Parking adjacent to each cabin only for guests.

Construction of cabins (outside the 50 meters); only those currently existing, which are 6, are permitted. Likewise, the souvenir shop and reception.

Restrooms and showers, parking and dining area.

Collection of firewood, coconuts, and management of plants that are toxic or dangerous to visitors.

Bonfires. Nudism.

Camping.

Extraction of any natural resource.

Leaving organic waste is not permitted because of its effect on wildlife.

Travel along the beach using any type of motor vehicle is prohibited, except for vehicles required for protection, maintenance, or management of the Refugio, subject to prior authorization.

Wells may not be drilled.

Informal or permanent structures are not permitted unless required for surveillance and control purposes.

Parking areas and shops are not permitted.

Cutting vegetation is not permitted unless necessary for site-management purposes involving specific protection required for a wildlife species (as in the case of turtles), and may be performed only by the Administration.

Regarding the term of the management plan (Plan de Manejo), it was stated: "The management plan shall remain valid for a period of 10 years, with biennial evaluations. For its renewal, a participatory assessment of threats and weaknesses, objectives, vision, and work programs shall be conducted, as well as an assessment of the functioning of the management committee. This assessment shall be conducted approximately 6 months before its expiration, and the management plan shall be updated based on its results and renewed for an equal number of years."- VII) Regarding the claim seeking annulment (pretensión anulatoria) of official letter ACT-OR DR-781-2020 dated 8 de julio del 2020, issued by the Director of the ACT, consisting of an administrative act (acto administrativo) addressed to the plaintiff company ordering the cessation of commercial activities and giving notice for the immediate voluntary removal of infrastructure and other objects located within the 50 meters of the Public Zone, which forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), in the RNVSC: the suspension of commercial activities was effective immediately, and the period for completing removal from the site was 90 calendar days from service of the act. That act was based on Articles 2 and 3 of Decreto Ejecutivo N° 14378, the RNVSC management plan, and inspection report ACT-OR-DASP-104-2019 dated 28 de enero del 2019. The following must be stated:

  • 1)The plaintiff was never able to rebut the factual basis of that administrative act, namely, that vehicles and tractors, as well as boats belonging to it, were present in the Public Zone and were used for the commercial ecotourism-promotion activities regularly carried out by that corporation, according to the report prepared by several SINAC officials on 28 de enero del año anterior. The foregoing is clear, and the testimony and party statements presented at the oral trial (Ms. Carolina Orozco Zamora and Ms. Roxana Quirós Villalobos) did not rebut it. On the contrary, in the case of the first declarant, Ms. Carolina, she provided further details about the situation in the area, how tourists were transported from Paquera and other places to playa Curú, and how boat tours operated from that beach to Isla Tortuga and other places of interest. It was made clear that the tractors helped move the boats from land to sea and that the company’s vehicles brought tourists to the beach.

It should be noted that the question of whether the plaintiff company had erected structures in the Public Zone is not clear from the report prepared by the Instituto Geográfico Nacional (summarized in unproven fact 1); this does not deprive the administrative act restricting the plaintiff commercial company’s rights of its factual basis. That act is supported by the unauthorized conduct of activities not permitted by the management plan of the Reserva Nacional de Vida Silvestre Curú, such as frequently placing motor vehicles and boats in the Public Zone. The Public Zone is solely for the transit and presence of inhabitants, and ecotourism activities—such as those actually carried out there by the plaintiff—may be undertaken only with authorization from the Ministerio de Ambiente y Energía and only when they are among those permitted by Article 18 of the Ley Forestal (research, training, and ecotourism, as well as activities necessary for the use of water for human consumption) and Article 39 of the Ley de Biodiversidad (the provision of services and nonessential activities such as parking, restroom services, management of physical facilities, food services, shops, construction and management of trails, and visitor management).- It is noted that even if the existence of structures within the Public Zone had been proven, they would be illegal because, as the management plan likewise shows, buildings are not permitted at that location within the RNVSC.- It should be noted that, based on Article 18 of the Ley Forestal and the regulatory provisions cited above, as well as Article 39 of the Ley de Biodiversidad and, of course, the management plan, permits—necessarily obtained in advance—from the appropriate offices of the Ministerio de Ambiente and SINAC are always indispensable for carrying out activities, even ecotourism activities, in the Public Zone of the RNVSC.

No such permits had been obtained in this case, and that legal requirement could not be replaced by the fact that Mr. Luis Schutt Valle is a resident of the area, an environmental-conservation activist, and a shareholder of Adelina S.A. (the owner of the restricted zone forming part of the Refugio). It must be noted that there is no unrestricted right to engage in commerce (ecotourism) in the Public Zone (beach), which forms part of the State Natural Heritage, and that this activity may be conducted only with a license from the appropriate authority, a requirement that has not been met in this case.- Accordingly, the administrative act ordering the cessation of commercial activity in the Public Zone and granting a lengthy period (90 calendar days) for removing the plaintiff’s property from that location is properly supported by factual and legal grounds, and the challenge must therefore be dismissed.- It should further be noted that the rejection of the claim seeking nullity of the administrative act discussed above also entails rejection of the confirming acts issued to resolve the ordinary administrative appeals (recursos ordinarios) filed by the plaintiff herein, namely: resolution ACT-OR-DR-061-2020 at 9:15 a.m. on 4 de agosto del 2020, issued by the Dirección de la ACT, which rejected the preceding motion for reconsideration (recurso de revocatoria), and agreement N° 15 from extraordinary session N° 06-2021 of 27 de julio del 2021 of the Consejo Nacional de Áreas de Conservación, which dismissed the appeal (recurso de apelación).- VIII) Regarding claims 2), 3), and 4), which state: "2) That SINAC and the State be ordered to grant the permits required for the proper use of the public and restricted operating zones of the RNVSC, based on the public interest and subject to prior compliance with the requirements, which my client undertakes to satisfy.// 3) That SINAC and the State be ordered to appoint a special commission to study, update, and, if necessary, modify the management plan in accordance with the public interest, an analysis of the interests of regulated persons, and the circumstances that have existed in the area for many years.// 4) That SINAC be ordered to change the appointments of the officials involved in preparing and approving the management plan, as well as the participants in any committee which, for such purpose and according to the facts alleged, has been compromised in its continued supervision and planning, so that new professionals who are duly authorized and vested with the powers necessary to perform their duties are appointed."- Regarding this issue, the State’s counsel raised a statute-of-limitations defense (defensa de caducidad), arguing that the third claim is, in substance, a challenge to the management plan, which was published in junio del 2019 and therefore should have been challenged within the one-year period established by Article 37 CPCA, and that because the complaint was filed in noviembre del año 2021, the action is time-barred, as more than the one-year period established therein had elapsed.

However, after examining the complaint as filed, it is clear to this Court that the purpose of the third claim is not to seek annulment of that management plan, but solely to request that, when a future management plan is prepared, a special commission be appointed in a manner that safeguards the public interest and reflects the circumstances that have existed in the area for many years. Thus, the existing management plan is not being challenged, and consequently the one-year limitations period under Article 39 CPCA for challenging administrative acts of individual scope does not apply. In any event, the management plan is an administrative act of general application (acto administrativo de efectos generales) and therefore, pursuant to Article 37 ejusdem, is not subject to any limitations period and may be challenged for as long as it remains in force.- Having rejected the defense of expiration (caducidad), the Court observes that claim 2) concerns the future and seeks the lawful application of the requirements for granting use permits (permisos de uso) in the public zone (zona pública); it does not challenge a past situation that may have affected the rights of the plaintiff company.

Indeed, it was never disputed that the plaintiff herein had permission to conduct ecotourism activities at Playa Curú or the corresponding Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre); rather, the activities it conducted at the site were carried out without the MINAE license required by the Ley Forestal and the Ley de Biodiversidad. The only license held is the commercial license granted by the Concejo Municipal de Distrito de Paquera, which is insufficient to operate in the public zone that forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). For that reason, the claim under discussion must also be denied, while noting that it is obvious that a request by an individual subject to the Administration (administrado) for a permit to use public-domain property (bien de dominio público), when submitted in the future, must be resolved in accordance with law.- As discussed above, the third prayer for relief (extremo petitorio) also concerns the future, when the RNVSC Management Plan (Plan de Manejo) expires (it remains in force for ten years, according to its own terms) and the corresponding commission is formed, and seeks to ensure that action is taken with due regard for the public interest, the interests of individuals subject to the Administration, and the existing circumstances in the area.

This claim must likewise be rejected because it concerns a future situation rather than a concrete impairment of the plaintiff company’s interests. Indeed, it was never even proven that approval of the Management Plan caused any actual or even potential harm to the plaintiff herein. When the new commission is formed, pursuant to the principle of accountability (principio de rendición de cuentas) (the doctrine of Article 11 of the Constitution), any person may obtain information, participate, and demand accountability regarding the actions taken in the manner requested.- Finally, the fourth claim, seeking modification of the appointments of the officials involved in preparing and monitoring the Management Plan, must be rejected for the simple reason that it has not been demonstrated that those persons (identified in the final proven fact) acted with the intention of harming the activities or interests of an ecotourism operator such as the plaintiff company, or engaged in misuse of authority (desviación de poder) to favor another company.

In any event, the RNVSC is a mixed protected area (zona protectora mixta) in which, beginning in 1983, a private party placed land that it owned outright (not under concession) under conservation management, thereby forming, together with the public zone constituting State Natural Heritage, a wildlife refuge (refugio de protección de la vida silvestre). It is therefore natural for representatives of the company owning the land located between 50 and 200 meters from the ordinary high-tide line (línea de pleamar ordinaria), namely Adelina S.A., to participate in the advisory body that assists in preparing and monitoring the Management Plan. In any event, the claim is moot for the simple reason that neither the representatives of that company nor the SINAC public officials serving on that commission make decisions by themselves, since management plans must be approved by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación in order to have legal effect against third parties, as established in Articles 22, 23, and 28 of the Ley de Biodiversidad.- IX) In accordance with the foregoing, the defense of lack of legal right (falta de derecho) must be upheld and the complaint dismissed in its entirety.- X) The unsuccessful plaintiff company is ordered to pay the attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales) incurred by the co-defendants, pursuant to the prevailing-party costs rule under Article 193 of the CPCA.

Neither of the two grounds for exemption provided for in that provision is present: that sufficient grounds for litigation are evident, or that the judgment is issued on the basis of evidence that was unknown when the action was filed.- The corresponding amount for that item shall be determined during the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia), and statutory interest (intereses legales) shall be awarded on that amount (applying the six-month basic deposit rate of the Banco Nacional de Costa Rica, pursuant to Article 1163 of the Código Civil), from the date on which the order setting costs becomes final until the date of full and effective payment.-

Por tanto:

The defense of expiration is rejected, and the defense of lack of legal right is upheld. Consequently, the action brought by Turismo Curú, Sociedad Anónima against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Estado is dismissed. The unsuccessful plaintiff company is ordered to pay the attorneys’ fees and litigation costs incurred by the co-defendants. The amount corresponding to costs shall be determined during the judgment-enforcement stage, and statutory interest shall be awarded on that amount from the date on which the order setting costs becomes final until the date of full and effective payment. Let notice be served.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Judges.- *TT47H52I0NGM61* JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - DECIDING JUDGE *PZCR7TYHTC061* PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - DECIDING JUDGE *DJPN0A9TJPG61* ROSA MARÍA CORTES MORALES - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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Documento PJEDITOR *210007141027CA* CONOCIMIENTO ACTOR/A:

TURISMO CURÚ S.A DEMANDADO/A:

EL ESTADO N° 2025003064 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuatro minutos del veintiocho de Marzo del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento de TURISMO CURÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo Luis Schutt Valle, cédula de identidad N° 1-733-413 y su apoderado especial judicial Walter Soto Mora, carné profesional N° 12859; contra el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN (en adelante, "el SINAC"), representada por su apoderada especial judicial, Deifilia Davila Ruiz, carné profesional N° 8921 y EL ESTADO, representada por la procuradora Susana Fallas Cordero, carne profesional N° 9669.-

Considerando:

  • I)Como actuaciones relevantes del proceso se tienen las siguientes (las referencias a imágenes corresponden al expediente judicial virtual):
  • 1)La demanda fechada el 20 de noviembre del 2021, se aprecia entre imágenes 2-14;
  • 2)Las contestaciones de la demanda se observan de la siguiente manera: la SINAC a imágenes 29-49 y se opusieron las defensas de falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de derecho y la del Estado, oponiéndose la excepción de falta de derecho. Se pidió que se declare sin lugar la demanda, imponiéndose a la parte actora el pago de las costas y sus intereses (imágenes 45-66);
  • 3)Que después de varios intentos para que concretara lo que buscaba, la parte actora presentó medida cautelar en fecha el 25 de mayo del 2021, con el siguiente objeto: "Detener los actos realizados por el SINAC y el ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE, de intimidación para un desalojo , ya que colocan a mi representada TURISMO CURU SA en una situación de DESIGUALDAD respecto al derecho de defensa, por medio del cual buscó la protección de los derechos adquiridos de mi representada.// 2- Como lo demuestro con las pruebas aportadas en este proceso y siendo que los actos irregulares de la administración pública se encuentran llenos de omisiones y faltas, incluso al deber de probidad frente a la desigualdad de trato al administrado, así como por no haber recibido contestación alguna a los recursos de revocatoria y apelación que se planteo, solicitó se dicte la presente medida cautelar para de esta forma detener los abusos de la Administración Pública, esto por cuanto el acto dictado ha cumplido los noventa días de plazo que otorgaron, sin recibir la resolución del recurso, por lo que existe un Periculum in Mora que la ejecución del desalojo por parte de la administración sea accionada, antes de la sentencia de la presente demanda.// 3- La principal pretensión es detener todo acto administrativo que vulnere los derechos de mi representada y que pueda causar daños, toda vez que se logra demostrar la parcialidad, arbitrariedad, y faltas al debido proceso y legalidad, frente al administrado". Dicha providencia fue rechazada en todos sus extremos por resolución N° 1057-2022 de las 11 horas del 28 de junio del 2022 del juez tramitador Gerardo Pérez Alfaro, que no fue impugnada (véase el legajo de medida cautelar);
  • 4)La audiencia preliminar fue celebrada el 13 de octubre del 2022 y dirigida por el juez Fabián Núñez Castrillo. En esa oportunidad se rechazó la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa y se reservó excepción de caducidad para sentencia (véase minuta a imágenes 362-367 y escúchese la grabación correspondiente);
  • 5)El juicio oral y público se celebró el día lunes 17 de marzo de 2025, ante el Equipo 8 (antigua Sección Octava) del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado en esa oportunidad por los juzgadores Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto y Jonatán Canales Hernández (quien presidió la audiencia y realiza la presente ponencia). En esa oportunidad con la presencia de las partes, se escucharon las pruebas y los alegatos de las partes, manteniéndose la excepción de caducidad dándose la audiencia correspondiente;
  • 6)Se emite la presente resolución previa deliberación y por unanimidad; II) El objeto de este proceso es el siguiente:
  • 1)Que se anule el acto administrativo que contiene la orden de desalojo del actor, N° DR-781-2020 del Área de Conservación Tempisque (en adelante, "ACT") del SINAC, contenida a folio 113 del expediente administrativo.
  • 2)Se ordene al SINAC y al Estado, otorgar los permisos para el debido uso de la zona pública y restringida de funcionamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú (en adelante, "RNVSC"), con base al interés público y mediante el cumplimiento previo de los requisitos, de los cuales mi representada se compromete a cumplir.
  • 3)Se ordene al SINAC y al Estado para que nombre comisión especial que estudie, actualice y modifique si es necesario el Plan de Manejo conforme al interés público, el análisis de los intereses de los administrados y la realidad existente de muchos años previos en la zona.
  • 4)Se ordene al SINAC que se modifique los nombramientos de los funcionarios involucrados en la elaboración y aprobación del plan de manejo, así como de los participantes en cualquier comité que al efecto y según los hechos demandados se ha viciado para continuar con la supervisión y planeamiento, al efecto que se nombren nuevos profesionales debidamente autorizados e investidos para sus funciones.
  • 5)Se condene al SINAC y al Estado al pago de costas procesales y personales.
  • III)De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos:
  • 1)Que el RNVSC es de categoría mixta "(...) y tiene un área aproximada de 90.50 has, de las cuales 150 metros de la zona marítimo terrestre en este caso es privado y le pertenece a Adelina S.A. y solo los 50 metros costeros a partir de la pleamar, correspondientes a la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre, le pertenecen al Estado como Patrimonio Natural. Dicho terreno es de uso para la protección de la biodiversidad costera". Dentro de los 150 metros mencionados, Adelina S.A. como propietaria puede cobrar un canon por el paso hacia la playa y el mar o por la estancia dentro de la finca y dentro de los 50 metros de la zona pública no se puede cobrar a ninguna persona, ninguna entrada o canon a nadie (véase oficio ACT-OR-DR-561-2020 del 18 de mayo del 2020 del Director de la ACT dirigido a la Intendencia Municipal de Paquera, a folios 97-99 del expediente administrativo titulado "Invasión de los 50 metros de PNE");
  • 2)Que en fecha 28 de enero del 2019, personal del Área de Conservación Tempisque del SINAC (Norma Rodríguez Garo, Dirección de ASP; Luis Mena Aguilar, Jefe de Subregión Lepanto-Paquera; Fabián Bonilla Salguero, Topógrafo del ACT), se constata inspección realizada el día diecinueve de ese mismo mes, al Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú y en que se constata que en la zona pública que es parte del Patrimonio Natural del Estado, hay varios bienes propiedad de la aquí actora, específicamente: local de alquiler de kayac; un cuadraciclo, dos tractores, varias lanchas, dos tractores John Deere, un wincher, una carreta para lanchas, un módulo con kayacs, recipientes con residuos de agua y combustible. Se señala que ninguna de esas actividades cuenta con el permiso del SINAC y que según el Plan de Manejo del Refugio en la zona pública solo se permiten actividades de bajo impacto com caminatas, bañistas, actividades recreativas y educativas, bajo el sol o a la sombra de los árboles, permitiéndose la salida de tours a la parte marina siempre contando con el permiso del Área de Conservación Tempisque (en adelante, "ACT"). Se dice más adelante: "En el sitio pudimos conversar con Federico Schutt que es quien funge como Administrador del Refugio y es miembro de la Sociedad Adelina S.A. Él es el que montó las construcciones, mantiene el combustible, las lanchas y los tractores, pero tampoco cuenta con autorización de Adelina SA, ni del SINAC para realizar ninguna de esas actividades". Finalmente se recomienda realizar un convenio con Adelina S.A. para el tema de la infraestructura existente hace muchos años y establecer un permiso para uso de servicios no esenciales. En el caso de Luis Schutt (Turismo Curú) se recomienda dar un plazo de un mes para que saque todas sus pertenencias del Refugio y que en caso contrario, se plantee la denuncia judicial por el delito de usurpación de bienes del Patrimonio Natural del Estado (véase informe de inspección ACT-OR-DASP-104-2019 del 28 de enero del 2019, a folios 2-9 del expediente administrativo arriba mencionado);
  • 3)Que por correo electrónico enviado el 6 de marzo del 2019 de la sociedad actora de este proceso, dirigido a Nelson Marín Mora, Norma Rodríguez Garro y otros funcionarios del ACT, se exponen una serie de preocupaciones sobre la alta visitación al RNVSC, señalando que ese día había tenido un problema con una persona que decía ser funcionario del SINAC, pidiendo el nombre de ese sujeto y pidiendo información sobre las acciones de protección del SINAC para la protección en dicho refugio (folios 33-37 del expediente administrativo arriba mencionado);
  • 4)Que la aquí actora no ha tramitado ninguna licencia constructiva ante el Concejo Municipal de Distrito de Paquera y si tiene una licencia de venta y operación de tours, ante ese órgano público. Se advierte que la licencia es únicamente en un negocio denominado "Turismo Curú", ubicado frente a Servicentro Paquera (véase certificación de folio 47 del expediente administrativo antes mencionado);
  • 5)Que por oficio ACT-OR DR-781-2020 de fecha 8 de julio del 2020, el Director de la ACT, se dictó acto administrativo dirigido a la sociedad actora que ordena la paralización de actividades comerciales y prevención para el desalojo voluntario inmediato de infraestructura y otros objetos ubicados en los 50 metros de la Zona Pública, parte del Patrimonio Natural del Estado, en el RNVSC. La suspensión de actividades comerciales es de efecto inmediato y el plazo para cumplir el desalojo del lugar fue de 90 días naturales, a partir de la notificación del acto. Se invocaron los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo N° 14378, el Plan de Manejo del RNVSC. Como fundamento fáctico el informe de inspección ACT-OR-DASP-104-2019 del 28 de enero del 2019 antecitado. Dicha resolución se notificó el día 23 de julio del 2020 (folios 106-107 y 118 del expediente administrativo antes mencionado);
  • 6)Que en fecha 29 de julio del 2020, el representante legal de la sociedad aquí actora, señor Luis Schutt Valle planteó recurso de revocatoria con apelación y nulidad absoluta de notificación ante la Dirección de la ACT y pidió se declare la nulidad absoluta de la notificación y por ende del acto administrativo (folios 133-137 del expediente administrativo antes mencionado);
  • 7)Que la Dirección de la ACT por resolución ACT-OR-DR-061-2020 de las 9:15 horas del 4 de agosto del 2020, se rechazó el recurso de revocatoria anterior, indicándose que la notificación fue realizada conforme a derecho. En ese momento se remitió el expediente ante el superior jerárquico, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, para que se resolviera la apelación correspondiente (folios 155-160 del expediente administrativo antes mencionado);
  • 8)Que el Consejo Nacional de Áreas de Conservación rechazó el recurso de apelación contra el acto antecitado y dio por agotada la vía administrativa, (véanse: acuerdo N° 15 de la sesión extraordinaria N° 06-2021 del 27 de julio del 2021 y el dictamen jurídico que lo fundamenta, lo mismo que la notificación realizada a los interesados, el 4 de noviembre siguiente -imágenes 385-393 del expediente judicial virtual);
  • 9)Que el Director de la ACT en oficio ACT-OR-DR-060-2020 de las 9 horas del 4 de agosto del 2020 (destinado a resolver un recurso de apelación presentado por Adelina S.A., que no afecta a la aquí actora), se dice que si bien no existe amojonamiento físico, sí existe un amojonamiento digital se puede consultar y visualizar en el geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). El cual es una plataforma del Registro Nacional, pública y gratuita y con base en él, se pudo determinar que las cabinas están ubicadas dentro de la zona pública del Refugio Curú, que no cumplen con lo establecido en el Plan de Manejo Actual y carecen de los permisos correspondientes (folios 145-147 del expediente administrativo antes mencionado);
  • 10)Que el señor Luis Schutt Valle, es hijo de los fundadores del RNVSC y al mismo tiempo accionista de la empresa que es propietaria de la zona restringida de dicho refugio, Adelina, S.A., lo mismo que representante legal de la aquí actora. También don Luis tiene larga trayectoria en actividades de conservación en la zona de Paquera (escúchense las declaraciones coincidentes que guardan credibilidad de la testigo Carolina Orozco Zamora -funcionaria actual del SINAC y quien fue trabajadora de Adelina, S.A.- y la declaración de parte de la esposa de don Luis, señora Roxana Quirós Villalobos);
  • 11)Que la aquí actora tiene sus oficinas en el centro de Paquera y realiza tours y actividades para turistas en diversos lugares entre ellos Playa Curú, teniendo en ese último sitio, vehículos y lanchas (escúchese la declaración de la señora Carolina Orozco de condiciones ya indicadas, que conoce la forma de operar de la empresa;
  • 12)Que el equipo de planificación y seguimiento del Plan de Manejo del RNVSC, estuvo integrado por representantes de Empresa Adelina SA y por el ACT, integrado por Federico Schutt, Administrador del Refugio, Julieta Valle de Schutt Representante Legal ADELINA S.A, Adelina Schutt, Secretaria del Consejo Administrativo ADELINA S.A., Lic. Norma Rodríguez, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas y Carolina Orozco, contratada para facilitar el proceso (véase el Plan de Manejo publicado en el Diario Oficial del 24 de junio del 2019).- IV) De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como no probados los siguientes hechos:
  • 1)Que a instancias de la ACT, el Instituto Geográfico Nacional emitió el informe DIG-TOT-INF-040-2021 del 22 de abril del 2021, cuyo objeto es realizar un estudio fotointerpretativo para identificar edificaciones al interior de la zona pública del RNVSC. En dicho documento se concluye que en ese estudio que es "de escritorio", utilizando la delimitación digital georreferenciada publicada en el Diario Oficial del 3 de abril del 2014, así como imágenes satelitales del año 2020, se observa que las construcciones que datan de los años 1948, 1989 y 2020, si bien es claro que están todas en playa Curú, están muy cercanas a la línea divisoria entre la zona pública y la zona restringida, no pudiéndose establecer con certeza si existe invasión de la zona pública, recomendándose que se haga una inspección de campo para hacer la ubicación correspondiente (folios 237-242 del expediente administrativo antecitado);
  • 2)Que la sociedad actora sea propietaria de la parte privada del RNVSC (no hay prueba en los autos en ese sentido);
  • 3)Que el acto de paralización de actividades y el retiro de bienes, dispuesta por el SINAC en Playa Curú, notificada desde el julio del año 2020, se haya cumplido en la práctica (no se realizó actividad probatoria sobre ese tema por ninguna de las partes)
  • 4)Que se haya demostrado o se evidencia de los autos, que las personas integrantes del equipo de planificación y seguimiento del Plan de Manejo del RNVSC, mencionadas en el último hecho probado, hayan actuado de forma injusta o contraria a derecho en contra de la sociedad actora (no hay prueba en los autos en ese sentido).- V) Alegatos de las partes: En la demanda se plantea por la sociedad actora en cuanto a los hechos en síntesis lo siguiente (cabe indicar que lo subrayado a continuación, es propio): "Mi padre, el señor Federico Schutt, como representante de ADELINA Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-014055, solicitó al Estado costarricense la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, mismo que fue creado el 6 de abril de 1983, mediante decreto Ejecutivo Nº 14378-A como RNVS categoría mixto, el cual está ubicado en el distrito de Paquera del cantón central de la Provincia de Puntarenas. Los terrenos en los que se creó el refugio fueron titulados por la sociedad que mi padre representaba. Mi padre falleció en fecha 12 de octubre de 1982, momento en el cual mi madre, la señora Julieta de Schutt, se hace cargo de la sociedad anteriormente mencionada. Sin embargo, desde hace varios años atrás, la señora ha perdido las facultades -por lo menos físicas- necesarias para ejercer el cargo de representante de la sociedad. Asimismo, mi persona, es el representante de la sociedad TURISMO CURÚ S.A. titular de la cédula jurídica 3-101- 287918; misma que desarrolla actividades eco-turísticas en el Refugio mixto de Curú, constituido previo a la creación del plan de manejo. Los presentes antecedentes son fundamentales, ya que desde el momento previo a iniciar el plan de manejo, me he visto perjudicado por los actos administrativos emitidos por el SINAC y el Área de Conservación Tempisque, en asocio con personas cercanas a mi madre, causando un conflicto de intereses entre ADELINA S.A. y el SINAC, como se demostrará en la exposición de hechos. Una vez aprobado el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, la Dirección del Área de Conservación Tempisque, que en adelante se entenderá como ACT, inició la gestión para la creación del plan de manejo. Sin embargo, como se verá adelante, esa dirección, al mando del señor Nelsón Marín Mora, incumplió de manera arbitraria con el principio legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de forma y fondo, que debe perseguir como objetivo del mencionado plan y la ley". Señala más adelante que el Refugio Curú "(...) tiene una superficie de con un área total de 70 hectáreas, de las cuales posee un área estatal comprendida por los 50 metros de la playa desde Punta Quesera hasta Punta Curú y una faja de los 150 metros paralela a la zona pública, compuesta de 70 hectáreas, pertenecientes a Adelina S.A. Existiendo la necesidad de la creación del plan de manejo, la empresa ADELINA S.A. en conjunto con el ACT, inician las reuniones sobre el Plan de manejo. Se debe señalar que en todo este proceso violentando mis derechos, no se permitió a mi representada participación alguna, aún cuando Turismo Curú forma parte de la realidad de la reserva de Curú. Este primer hecho es de suma importancia, toda vez que tanto la creación del Refugio como el plan de manejo, es de interés público y debe tener información pública y de fácil acceso para todos los costarricenses (...) En perjuicio del interés público, el SINAC y el ACT nombró un equipo de Planificación y Seguimiento del Plan de Manejo. El ACT delega las funciones en las siguientes personas: a) Federico Schutt Valle, hermano del suscrito y quien figura como administrador del Refugio sin tener conocimiento alguno en prevención o manejo ambiental, b) Julieta Valle de Schutt, Representante de ADELINA S.A., mi señora madre, y quien para el momento, por causa de su avanzada edad, su participación fue casi nula c) Adelina Schutt Valle, hermana del suscrito y secretaria del Concejo Administrador de ADELINA S.A. y accionista mayoritaria de la sociedad, misma que vive fuera del país, por lo que no tiene capacidad para conformar un comité de seguimiento, d) Licda. Norma Rodríguez Garro, de la cual conocemos únicamente su cargo de Gerente de Áreas Silvestres Protegidas, y, e) Carolina Orozco, CONTRATADA por ADELINA S.A. para facilitar la creación de dicho Plan de Manejo, y de quién no se logra constatar en ningún documento los atestados y experiencia de la misma. Note su autoridad la desproporción de intereses que representa el equipo de trabajo, de cinco miembros: uno representa al Estado, cuatro a una empresa privada y, uno, contratado para asesorar los intereses pagados por capital de ADELINA S.A. (...) Es entendible que los miembros de Adelina S.A. pertenecieran a dicho equipo, puesto que, además de ser los responsables de las tierras inscritas a nombre de persona jurídica, también son parte de la realidad del lugar. Así las cosas, aún y cuando la Administración Pública representada por Nelson Marín Mora como director del ACT, conocía del conflicto de interés que representaba ese equipo, autorizó que se ejerciera las funciones supracitadas, que fueron determinantes para la aprobación del Plan de Manejo, con UNA MÍNIMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA en general. Razón por lo cual la conformación de dicho equipo de trabajo estaba viciada para todos los efectos del interés público (...) Como corolario del hecho anterior, es menester señalar que he solicitado en diferentes oportunidades al Director del ACT los permisos para que mi representada pueda utilizar un acceso a playa Curú y así pueda realizar los tours de bioluminiscencia que desde hace más de veinticinco años se realizan en el lugar, y los cuales han servido como atractivo ecoturístico para qué tanto nacionales como extranjeros descubran las bellezas naturales de la zona, en un absoluto respeto por la flora y fauna del lugar. Sin embargo, el plan de manejo no establece regulación alguna sobre esta actividad, aún y cuando es de mínimo impacto y concuerda con el objetivo segundo del irregular plan de manejo aprobado (...) Adicionalmente, se puede apreciar a folio 044 del expediente administrativo, que el Funcionario Público (Asesor Legal) en abuso de sus potestades vulnera los procesos institucionales y legales, solicitando en fecha 22 de marzo del 2019 las referencias de todo tipo de patentes y permisos vigentes, desde su correo personal, motivo por el cual la propia Intendente Municipal del Concejo Municipal de Distrito de Paquera por correo electrónico en la misma fecha y visible al mismo folio, le indica lo que me permito citar: “Buenas tardes, Reciba un cordial saludo, en atención al correo recibido les indico que para suministrar la información solicitada requerimos que la soliciten mediante oficio formal.” Vulnerando así el derecho de defensa de mi representada, e incluso de confidencialidad ante el ejercicio abusivo de las facultades como administración pública (...) Es necesario señalar que mi representada ha logrado mediante esfuerzos propios, certificaciones muy importantes para fortalecer la actividad ecoturística del Refugio en un ambiente de protección a la vida silvestres, es así como TURISMO CURÚ S.A. ha sido certificado por el Centro de Buceo PADI, organización mundial de buceo Project Aware, una fundación que logra proyectos a favor del océano. Declaratoria Turística del Instituto Costarricense de Turismo, Certificación de Sostenibilidad Turística del ICT; Carbono Neutro Pymes. Así mismo, estamos avalados por ICT, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Capitania de Puerto (uso de pangas). Es decir, nuestra actividad está apegada a derecho y buscamos la regularización por parte del SINAC que, mediante el silencio administrativo del Área de Conservación Tempisque, se niegan a regular y organizar las actividades ecoturísticas de la zona". Siguiente relatando que el 23 de julio del 2020, fue "(...) notificado de manera irregular por los funcionarios Roger Gutiérrez Vindas cédula de identidad 4-0131-0704, y, en calidad de testigo, Martha Diaz Carrillo cédula de identidad 5-0163-0698; mismos que no poseen la investidura para realizar dicho acto de notificación, esto porque no consta en documento o en sus deberes esas facultades. Mediante la notificación se me da traslado del oficio ACT-OR DR-781-2020 (folio 113 a 114 del expediente administrativo), en el que por medio de acto irregular se previene a mi representada en un plazo perentorio de 90 días naturales desalojar parte de los cincuenta metros de la zona marítimo terrestre, así como no realizar actividades comerciales. Todo esto con base en el informe realizado mediante oficio ACT-OR-DASP-104-2019 (folio 002 del expediente administrativo). Informe que fue emitido por Norma Rodríguez Garro, quien en sus facultades de funcionaria pública recomienda un convenio y trámite para otorgar un permiso de uso de servicios no esenciales que beneficia a ADELINA S.A., evidenciando la tolerancia al conflicto de intereses con los miembros del equipo de trabajo indicados en el hechos anteriores, y que es contrario al interés público (...) Así las cosas, respecto a TURISMO CURÚ, aún y en la obligación de la administración pública por regular y analizar el entorno en general de la Reserva, recomienda que se ordene el desalojo, so pena de tramitar denuncia judicial por usurpación de bienes del patrimonio Natural del Estado. (visible a folio 107 del expediente administrativo). Esto es un hecho controvertido, toda vez que la base del acto es el informe en mención. Mismo que es emitido por la funcionaria pública NORMA RODRÍGUEZ GARRO y que vulnera el Principio de Legalidad, de la misma manera que en su contenido constituye acusaciones que carecen de valoraciones técnicas y científicas.Incluso, el mismo informe aporta las mediciones de los cincuenta metros mediante el portal de consulta de datos del Instituto Nacional de Referencia, e indica mediante la imagen primera contenida en el oficio 007 del expediente administrativo que las mediciones de los mojones y el análisis de la ubicación de las estructuras están dentro de los cincuenta metros; sin embargo, es de interés que el informe solo es firmado por la señora Rodríguez Garro, por lo que carece de fundamento técnico y por ende de validez, al no ser ejecutada por un profesional en el campo (...) En el mismo sentido del hecho anterior, y como una muestra más del exceso en el uso de las facultades de autoridad, es la afirmación que realiza el mismo Director del ACT en el oficio ACT-OR-DR-060-2020, visto a folio 145 y 146 numeral sexto del expediente administrativo, en el que acepta que NO está terminado el amojonamiento físico, cito textualmente: “SEXTO: que visto el resultando segundo de la resolución de marras al accionado lleva razón en parte, en cuanto a que no está terminado el amojonamiento físico de los cincuenta metros de la zona pública que conforma el Refugio Nacional de Vida Silvestres Curú, pero se debe tomar en cuenta que existe un amojonamiento digital, el cual se llama línea digital playa Curú, creado en la Gaceta 66 en el año de 2014/04/03 con el código 16010501 con una longitud 4339 m.” Note su autoridad que desde dicha publicación en el diario oficial la Gaceta a la actualidad, ha transcurrido más de quince años, siendo lógico que el área ha sufrido cambios que deben ser nuevamente considerados en las mediciones, y únicamente puede ser actualizadas con mediciones topográficas y no mediante simples apreciaciones humanas que evidentemente perjudican a mi representada (...) Respecto al acto administrativo emitido por el director del ACT, se planteó Recurso de Revocatoria con Apelación en alzada en fecha 28 de julio del 2020, por considerar que dicho acto contraviene de manera absoluta la Ley General de la Administración Pública. Dicho acto administrativo fue recurrido mediante oficio incorporado al expediente a folio 133, mismo que a la fecha no ha sido contestado ni por el funcionario que lo emitió, ni en alzada. Las razones de dicho recurso visible de folio 133 a 137 del expediente administrativo que ordena el desalojo voluntario de Turismo Curú S.A., acto que afecta a mi representada (...) En un mismo orden de ideas, y respecto al mismo acto de la administración que se busca impugnar, se omite uno de los aspectos más importantes por parte de la Administración Pública, esto por cuanto no se indica al administrado los recursos oportunos que se tiene para hacer valer su derecho de defensa, perjudicando así a mi representada con la indefensión dentro del proceso administrativo (...) Sobre el expediente administrativo que al efecto lleva el ACT respecto a los hechos, refleja una gestión deficiente de la función pública respecto al caso expuesto y las irregularidades de los actos, toda vez que no cumple con un orden lógico e incluyen hechos administrativos que ni siquiera guardan relación, muestra de esto lo contenido de folio 064 a folio 072, denuncia realizada por ADELINA SCHUTT VALLE ante el arribo de una embarcación. Aunado a esto conviene resaltar otras faltas que contiene el expediente:// a. No existe un perito topográfico que asegure las mediciones y las firme como responsable, ni siquiera de su interpretación profesional.//b. No se ha solicitado una nueva medición al ING, aún y cuando es evidente que las publicadas en el diario oficial la Gaceta número 66 son de muy vieja data.//c. No hay medidas exactas de mojones físicos. Ni siquiera se tienen ubicados porque los funcionarios NO han visitado la zona con este fin específico (...) A folio 091 y 092 del expediente administrativo, se inserta minuta de reunión de varios funcionarios del ACT, titulado como “reunión de coordinación de la comisión atención situación RNVS Curú, de categoría mixta”, que como en muchas de las actuaciones del ACT no se indica en qué acto administrativo o mediante cual motivo formal se nombran los funcionarios y las facultades de la comisión; pero lo cierto del caso es que, en una única sesión de fecha 04 de marzo del 2020, donde se definen las acciones a implementar para atender la situación actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú (establecido así en el apartado del documento definido como “Tema a tratar”. Llama la atención que en el mismo documento los funcionarios acuerdan realizar una visita que nunca se da, toda vez que no consta en el expediente administrativo, y que afecta el debido proceso administrativo porque no se realizan actos concretos con relación a determinar la verdad de los hechos, de tal manera que las acciones carecen de valor técnico. Es menester indicar a su autoridad que la razón por lo cual no cuento con los debidos permisos del SINAC para las operaciones descritas en este memorial, es porque dicha institución no tiene reglamentado los mismos, por lo que sería imposible que un acto administrativo obligue a solicitar un permiso que no tiene requisitos formales y públicos". Como fundamento jurídico invoca las siguientes normas y argumentos: "(...) la Constitución Política artículo 11, 30, 33, 34. Código de Comercio artículo 189. Ley de Biodiversidad artículo 9, 10 Y 39. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública artículo 3. Ley General de la Administración Pública artículo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 111, 112, 113, 114, 120, 127, 128, 129, 132, 133, 140, 141,142, 143, 166, 199. Código Procesal Contencioso Administrativo artículo 1, 10, 42, 58. Al efecto conviene fundamentar citando lo siguiente: En virtud del plan de manejo y lo mencionado en el hecho primero, es notorio que se hizo una interpretación restrictiva de la Ley 9392, en la reforma al artículo 189: "(...) Los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir con el deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la empresa, teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los accionistas, y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes (...) Por otra parte se evidencia un desequilibrio de intereses, debido a que la conformación del equipo de trabajo que busca el interés privado y no el público, deja claro que contraviene (...)" el artículo 9 de la Ley de Biodiversidad. Continúa diciendo con respecto a "(...) la ausencia de regulación para adquirir permisos por parte del SINAC, es contrario, incluso a lo que establece el plan de manejo, en el objetivo segundo, el cual cito textualmente: “Ordenar y promover la actividad eco-turística dentro del Refugio con el fin de propiciar un mejor aprovechamiento de la visita de los turistas y que el impacto a los recursos naturales sean mínimos.” Por otro lado, se fundamenta la presente demanda con base en la posibilidad real del proceso de contratación directa que tiene el SINAC por servicios no esenciales de bajo impacto ambiental y bajo la condición de eco turismo", invocando al efecto el numeral 39 ejúsdem. Considera además que se vulneró el principio de legalidad y el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Aduce que existió una omisión de indicar cuales recursos protege al administrado frente al acto administrativo, invocando el voto de las quince horas con veintidós minutos del veintisiete de mayo del dos mil tres de la Sala Constitucional.- En la contestación de la acción, se plantea primero por la representación del SINAC que en cuanto a los supuestos fácticos de la demanda, en esencia lo siguiente:

En cuanto al tema jurídico de fondo recuerda que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú se creó mediante Decreto Ejecutivo N° 14378-C, que en su artículo 2 establece que queda prohibida la caza y cualquier alteración de las condiciones naturales del lugar, requiriendo incluso la visita de particulares, el permiso escrito de Administración y el numeral 3 que prevé que las personas residentes en el lugar podrán continuar con sus actividades cotidianas, siempre y cuando concuerden con los fines de creación del refugio.

Sobre el concepto del plan de manejo, menciona que:

Invoca entre otros el artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que en su versión vigente establece en el último párrafo, que establece que todos aquellos que quieran desarrollar actividades o proyectos en proyectos de propiedad pública o mixta deben contar con la autorización del SINAC, debiéndose realizar una evaluación de impacto ambiental, por cuanto del interesado. Aduce que conforme con el numeral 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, esa ley no es aplicable a la zona marítimo terresre que esté incluida en parques nacionales y reservas equivalentes, razón por la cual:

Finalmente sostiene la legalidad del acto impugnado por ser ejercicio de la tutela ambiental diciendo:

Luego, la representación estatal, afirma que en el sector de interés "(...) la delimitación oficial fue publicada en el Periódico Oficial La Gaceta No. 66 del 3 de abril de 2014 (aviso No. 2013-06, adjunto), hace 7 años. En cualquier caso, los alegatos sobre el amojonamiento carecen de interés en este proceso, por cuanto el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto No. 32633 del 10 de marzo del 2005, otorga al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) la posibilidad de otorgar permisos de uso únicamente en la zona restringida: “Artículo 152.- El SINAC podrá otorgar permisos de uso, en la Zona Marítimo Terrestre (zona restringida) comprendida dentro de los límites de los Refugios de Propiedad Estatal y Mixta, de acuerdo al artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Nº 7317, al artículo 18 de la Ley Forestal 7575 y el artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE y otras leyes conexas.” (...) De manera que, conforme al principio de legalidad que regula el accionar de la Administración Pública, no pueden otorgarse permisos para el uso o aprovechamiento privativo en la zona pública de un Refugio de Vida Silvestre, que es lo que se pretende.

En lo que se refiere a la zona restringida adyacente, si fuera cierto, como se afirma en los hechos primero y tercero, que está inscrita a nombre de una persona jurídica (situación de carácter excepcional y cuya legitimidad es de necesaria comprobación por el particular), El Estado no podría otorgar allí permisos de uso, ya que es una figura para la utilización del dominio público". Más adelante en cuanto al fondo se dice que "(...) El sector del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú al que se refiere el acto administrativo ACT-OR-DR-781-2020, forma parte del Patrimonio Natural del Estado (artículos 13, 14 y 39, inc. i) de la Ley Forestal; numerales 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente; y sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158- 98 considerando I d), 2988-99, 3480-2003, 8928-2004, 8945-2005, 5975-2006, 17126-2006, 2063-2007, 16975, 17650 y 17659 del 2008, 16938-2011, 12973-2013 y 19776- 2014, entre otras).

Conforme al ordenamiento jurídico vigente, el Patrimonio Natural del Estado es de dominio público (artículos 13 y 14 de la Ley Forestal y 261 y 262 del Código Civil; votos de la Sala Constitucional 2306-91, considerando IV; 2988-1999; 3821-2002, considerando VI; 2063-2007, considerando VI; 2408-2007, considerando III; 8075-2008; 16975-2008; 17650-2008; 17659-2008 y 3113-2009, considerando V, entre otros; y sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia números 59-F-99, considerando IV; 189-F-S1-2011, considerando VI; 1469-F-S1-2011, considerando LVII; y 286-F-SI-2015, considerando VII). También son de dominio público los cincuenta metros de la Zona Marítimo Terrestre a partir de la pleamar ordinaria, hoy denominados Zona Pública (artículos 1, 9, 10 y 11 de la Ley No. 6043). La reserva en favor del Estado, que se ha mantenido en nuestra legislación, ha sido denominada “principio constitucional de intangibilidad de la Zona Pública”.

En cuanto a las circunstancias de hecho del caso concreto afirma que: "Por otra parte, la prevención encuentra su motivación fáctica en el Informe de Inspección del 28 de enero de 2019 ACT-OR-DASP-104-2019, que consta a folios 2-9 del expediente administrativo, inspección realizada por un equipo interdisciplinario de funcionarios del ACT: Norma Rodríguez Garro, ingeniera forestal, en su condición de Jefa de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, Luis Mena Aguilar, jefe de la subregión Lepanto Paquera, y el ingeniero topógrafo Fabián Bonilla Salguero, como consta en el folio 9. Es importante destacar que la inspección se realiza a partir de una denuncia; constan además en el informe las fotografías que corroboran los vehículos e infraestructura que se le previene remover del Patrimonio Natural del Estado al señor Luis Schutt Valle, en su condición de representante de Turismo Curú S.A., así como la localización de los mismos con respecto a los límites del Refugio, puntos de GPS, mapas; realizados por el ingeniero topógrafo a partir de información oficial del Instituto Geográfico Nacional.

De ahí que es evidente que los cuestionamientos de la demanda sobre el criterio técnico y la motivación del acto administrativo, que se esbozan de manera superficial contra este informe, no tienen ningún fundamento. No se aporta ninguna prueba técnica que respalde las acusaciones del representante de la actora, más allá de su opinión e interés en continuar con las actividades comerciales irregulares que el mismo reconoce en el hecho XIII carecen de permiso, en detrimento de bienes públicos sobre los cuales no ostenta ningún derecho. Asimismo, los cuestionamientos sobre la delimitación de la zona pública son totalmente infundados, ya que se cuenta con el amojonamiento digital de la zona pública de playa Curú, oficializado por el Instituto Geográfico Nacional en AVISO No. 2013-06 Delimitación de zona pública cantón de Puntarenas, publicado en La Gaceta No. 66 del 3 de abril de 2014. El Instituto Geográfico Nacional, utilizó la metodología de “Delimitación Digital Georreferenciada” conforme al Decreto Ejecutivo No. 36642-MP-MOPT-MINAET “Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre” del 28 de junio de 2011, para delimitar la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre, siendo la información oficial de la autoridad competente (...)".

Pide que se rechacen en todos los extremos la acción intentada.- En el juicio oral se establecieron las siguientes argumentaciones: por la parte actora: existe un Decreto del 6 de abril de 1983, donde se creó el Refugio de Vida Silvestre Curú. Esto nos da un gran inicio de un desarrollo en la zona, para que la empresa tenga oficinas en Paquera centro atendiendo a los turistas nacionales y extranjeros, cobrando un canon, para que puedan ingresar al refugio como lo establece el plan de manejo. Una vez que los turistas ingresan al refugio, desarrollan una actividad de turismo dentro del mar. El plan de manejo dice que previo pago de los turistas, se puede ingresar a la Reserva y permanecer en la zona. Es por el desarrollo que Luis Schutt que se han otorgado reconocimientos de 100% carbono neutral, bandera azul y varios más. Con lo anterior se deja muy claro que no se invade la zona marítima terrestre.

Las mediciones de mojones digitales no están claras y en el expediente se hablan de medidas aproximadas y no se puede afirmar que existe una invasión si no existen mojones digitales exactos. No hay medidas específicas que determinan dónde se inicia la Reserva y dónde termina y no se tiene claro cuáles son las medidas exactas. Si no hay un escenario que nos de esa claridad y no se va a probar que se invade la ZMT. Por la representación del SINAC: el objeto de este proceso es por la ocupación irregular de la zona pública del Refugio Curú creado mediante el Decreto publicado en La Gaceta. Para los efectos de los refugios de vida silvestre que son administrados por el SINAC. La Ley de la Zona Marítima Terrestre establece la excepción en refugios de vida silvestre. El problema es que la actora realiza actividades comerciales en zona pública (aunque se reconoce que la actividad principal se realiza en el mar).

No es cierto que no exista precisión porque el amojonamiento fue publicado en "La Gaceta" desde el año 2014. Por eso la Administración realiza el procedimiento de desalojo que fue debidamente notificado. No existe un aprovechamiento posible en la zona pública, cuando se notificó la paralización de las obras. Parte del objeto de este proceso, es sobre el desarrollo del plan de manejo donde se evidencia la participación de la parte actora. No es de recibo que los bienes existentes en la zona pública sean propiedad de otra sociedad (Adelina). La representación estatal manifestó: en los antecedentes y en el hecho primero de la demanda, se aclara que el Refugio comprende una parte estatal que es la zona de 50 metros a partir de la pleamar ordinaria (zona pública) y una zona privada inscrita a nombre de otra sociedad (Adelina S.A). Está el mar, la zona pública y contiguo a la zona pública está la finca inscrita a nombre de Adelina S.A., Es en la zona pública donde el actor realiza su actividad comercial y el actor pide un permiso de uso en el franja de arena entre el mar y la finca de Adelina.

Hay que recordar que los actos son propios del SINAC, como órgano desconcentrado y que el Estado es parte demandada únicamente por el artículo 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante, "CPCA"). La demanda es abiertamente improcedente y así debe declararse.- VI) Forma en que se resolverá este asunto: Primeramente se hará una breve referencia al marco jurídico aplicable a la creación y funcionamiento de la figura refugios nacionales de vida silvestre (como forma de zona protegida), luego se analizará la legalidad del acto del del 2020, en que se ordenó la paralización de actividades a la sociedad actora, así como el retiro de bienes en la zona marítimo terrestre y finalmente el tema de las pretensiones 2, 3 y 4, analizando en cuanto a estas últimas el tema de la caducidad de la acción, que fue planteado por vía de excepción por la representación estatal.- En cuanto al tema jurídico de fondo hay que tener presente el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú se creó mediante el Decreto Ejecutivo N° 14378-C del 25 de febrero de 1983, que en su artículo 2 establece que queda prohibida la caza y cualquier alteración de las condiciones naturales del lugar, requiriendo incluso la visita de particulares, el permiso escrito de Administración y el numeral 3 que prevé que las personas residentes en el lugar podrán continuar con sus actividades cotidianas, siempre y cuando concuerden con los fines de creación del refugio.- También hay que tener claro que conforme el Decreto Ejecutivo, el RNVSC está ubicado en el distrito de Paquera, provincia de Puntarenas, entre Punta Quesera y Punta Curú.- Luego, hay que tener que conforme con el elenco de hechos probados anteriores, este refugio de vida silvestre tiene la particularidad que tiene dos propietarios y que está ubicado en las partes de la zona marítimo terrestre: en la zona pública (50 metros desde la línea de pleamar ordinaria hacia tierra firme), el propietario es de pleno derecho el Estado) y en la zona restringida (de los 50 metros a los 200 metros desde el mar hacia tierra firme), el propietario es Adelina S.A.- El tema que existe un propietario y no un concesionario de la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y que ese propietario es una sociedad anónima que no es la persona jurídica aquí actora, siendo el señor Luis Schutt Valle, socio pero no representante legal de esa sociedad teniendo, teniendo don Luis trayectoria en tema de conservación de los recursos naturales y siendo hijo de los propietarios, es importante porque es tema en que existe consenso entre las partes y no es objeto de discusión en este proceso.- Luego hay que reseñar el marco legal de leyes y reglamentos que en la actualidad regulan ese refugio nacional de vida silvestre, a saber:

En la Ley Forestal, se observa el artículo 18 reformado que dice: "En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley" (así reformado por el artículo 1° de la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 del 3 de julio de 2018) El artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal (reformado por Decreto Ejecutivo 35868 de 24/03/2010), que en lo que interesa dice: "Para los efectos de la aplicación de la Ley Forestal Nº 7575 y su reglamento, los términos que se mencionan tendrán los siguientes significados: (...) n) Ecoturismo: Es un conjunto de actuaciones orientado a mantener un ambiente natural, con énfasis en sus rasgos biológicos, físicos y culturales; mediante un proceso controlado que garantice el mínimo impacto ambiental, es ecológicamente sostenible; involucra actividades turísticas de bajo impacto; es localmente beneficioso y satisfactorio para los visitantes (...) r) Permisos de Uso: Autorizaciones para el uso de partes de terrenos de propiedad Estatal, para fines que no conlleven el aprovechamiento forestal.

(...) s) Plan de Manejo: Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión de un área silvestre protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de éstos últimos con su entorno socio-ambiental. Es la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de la Áreas Silvestres Protegidas".- Luego, el artículo 2 del Reglamento específico al artículo 18 de la Ley Forestal (reglamentado por Decreto Ejecutivo 35868 de 24/03/2010), que establece: "En los terrenos previamente declarados como Patrimonio Natural del Estado, tanto dentro de las Áreas Silvestres Protegidas como fuera de ellas, sólo se permitirá realizar actividades de capacitación, ecoturismo e investigación, estas actividades estarán sujetas a lo establecido en el plan de manejo del Área Silvestre Protegida y otras regulaciones establecidas en la presente normativa, de la siguiente manera: // A- Dentro de las Áreas Silvestres Protegidas// En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas a excepción de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas, las actividades de ecoturismo se podrán realizar única y exclusivamente en las zonas establecidas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), de conformidad con la zonificación de cada Área Silvestre Protegida".- El artículo 39 de la Ley de Biodiversidad ((texto reformado por el artículo único de la ley N° 9766 del 29 de octubre de 2019), que dice: "Se autoriza al Consejo Nacional de Áreas de Conservación para que apruebe los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), tales como la protección y vigilancia, la definición, el seguimiento de estrategias, los planes y los presupuestos de lasáreas de conservación.

Estas concesiones y contratos en ningún caso podrán comprender laautorización del acceso a elementos de la biodiversidad en favor de terceros o la explotación de recursos naturales; tampoco la construcción de edificaciones privadas.// Los servicios y las actividades no esenciales serán: los estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación, mediante un estudio técnico que lo justifique.// Estas concesiones y contratos podrán otorgarse única y exclusivamente a asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas inscritas en el Ministerio de Economía,Industria y Comercio (MEIC) u organizaciones sociales nacionales sin fines de lucro que tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales, que incorporen lagestión ambiental dentro de los procesos y área concesionada y con su personería jurídica vigente, siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida.// Las áreas de conservación deberán brindar amplia información a estas comunidades sobre los servicios que decidan dar en concesión y establecer un registro de las organizaciones locales a efectos de garantizar la mayor participación posible en los procesos de contratación.// El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en coordinación con otras entidades educativas públicas y las municipalidades respectivas, creará programas de capacitación e instrucción técnica orientados prioritariamente a las comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres protegidas, a fin de que puedan aprovechar los beneficios de esta disposición.// Los concesionarios o permisionarios deberán presentar auditorías externas satisfactorias, realizadas en el último año; todo a juicio del Consejo Regional del Área de Conservación".- Finalmente, está vigente el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, dictado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, promulgado por Acuerdo Nº 11 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2017 del 18 de diciembre del 2017, publicado en el Diario Oficial del 24 de junio de 2019 y con vigencia a partir de esa misma fecha, según el artículo 2°.- Como antecedentes de ese Plan, se tienen: "SEGUNDO: Que el Refugio Curú tiene una superficie de con un área total de 70 hectáreas, de las cuales posee un área estatal comprendida por los 50 metros de la playa desde Punta Quesera hasta Punta Curú y una faja de los 150 metros paralela a la zona publica, compuesta de 70 hectáreas, pertenecientes a Adelina SA, parte del Folio Real Nº 021115 Derecho 000.// TERCERO: Que el Plan de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) es el instrumento orientador para una efectiva administración y manejo de los elementos naturales y culturales presentes en dichas áreas y de la dinámica socio ambiental ligada a éstos.

Además, es la herramienta técnica por medio de la cual cada ASP establece las directrices de manejo para el uso de los gestores, administradores y grupos de interés, por lo tanto la primera instancia que debe realizar la validación de la propuesta de manejo son las autoridades del Área de Conservación, así como las instancias oficiales de participación social establecidas en ellas, sean estas los Consejos Regionales y Comités Locales, de conformidad con la Ley de Biodiversidad Nº 7788 (...) QUINTO: Que el CONAC en Acuerdo Nº 8 de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2011 del 02 de mayo del 2011 acordó modificar el Acuerdo Nº 17 de la Sesión Extraordinaria Nº 06-2008 del 04 de agosto del 2008, para que la zonificación definida en el Plan General de Manejo se publique integralmente.// SEXTO: El Proceso de elaboración del Plan de Manejo inició en mayo del 2009 y finalizó en marzo del 2014, mediante la conformación de un equipo de planificación y seguimiento al proceso conformado en parte por la Empresa Adelina SA y por el ACT.

Concretamente el equipo de trabajo estuvo integrado por Federico Schutt, Administrador del Refugio, Julieta Valle de Schutt Representante Legal ADELINA S.A, Adelina Schutt, Secretaria del Consejo Administrativo ADELINA S.A., Lic. Norma Rodríguez, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas y Carolina Orozco, contratada para facilitar el proceso. Este equipo, tuvo la responsabilidad de aprobar las metodologías para la recopilación de la información, la revisión de los diagnósticos y documento final y la participación en diferentes talleres y presentaciones de socialización validación, y oficialización del Plan de Manejo.// SETIMO: Que el Comité Técnico del Área de Conservación Tempisque aprueba el Plan de Manejo del Refugio Nacional de vida silvestre Curú, según Acuerdo Nº 5 de la minuta de reunión 16 de noviembre del 2013.// OCTAVO: Que el Plan de Manejo fue aprobado por el Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque (CORACT), mediante Acuerdo Nº 2 de la sesión ordinaria N° 05-2014 del 11 de setiembre del 2014.// NOVENO: Que el CONAC conoció el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, de conformidad al Acuerdo Nº 11 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2017 del 18 de diciembre del 2017, aprueba el plan General de Manejo e instruye a la Dirección Ejecutiva del SINAC y a la Dirección del ACT para que proceda con el trámite correspondiente para su publicación y oficialización".- En el Plan de Manejo del RNVSC, se tuvieron como Objetivos de Conservación; Objetivo del Plan de Manejo y Zonificación, los siguientes (los subrayados son propios):

"a) Objetivos de Conservación del Refugio// El objetivo principal de creación del Refugio ha sido la protección de la vegetación costera y el abrigo de especies de fauna silvestre en especial de aquella especies en peligro de extinción, las tortugas lora y Laud, monos congos y cariblancos, gavilanes, águilas, pavones, manigordo, pumas y león breñero entre otros" "b) Objetivo del Plan de Manejo: Fortalecer los procesos de administración conjunta (Adelina SA -SINAC) del Refugio para garantizar un manejo óptimo de los recursos naturales del área y la sostenibilidad del mismo.// Ordenar y promover la actividad eco-turística dentro del Refugio con el fin de propiciar un mejor aprovechamiento de la visita de los turistas y que el impacto a los recursos naturales sean mínimos.// Elaborar planes y acciones para proteger las áreas boscosas tanto del refugio como de la zona de amortiguamiento para conservar las comunidades bióticas del área.// Planificar acciones para propiciar la investigación científica para desarrollar y/o mantener un hábitat apropiado para la biota.// Elaborar planes y acciones para el manejo de especies faunísticas y hábitat necesario para la supervivencia de las mismas.// Establecer un programa de educación y sensibilización de las comunidades hacia el mejoramiento ambiental, la conservación de la biodiversidad y brindar oportunidades para una educación ambiental en el área de influencia" "c) Zonificación del Refugio:

Según la guía para la formulación y ejecución de planes de manejo de áreas silvestres protegidas del MINAET - SINAC, 2004 la zonificación viene a ser la organización del territorio de un área silvestre protegida en función del valor de los recursos y de su capacidad de acogida para los distintos usos, en los que se establecen objetivos muy claros y precisos y con la normativa correspondiente con el fin de minimizar impactos negativos y de asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales presentes en el área y su relación con la dinámica socio ambiental de su entorno inmediato. La zonificación se basa en la intensidad de uso de cada zona de acuerdo a sus características biofísicas. (...)

1 Zona de uso restringido, con 63 has aproximadamente.

2. Zona de uso pública, 10.5 has aproximadamente.

3 Zona de uso especial, 2500 m2 aproximadamente 4. Zona de protección, 32 has aproximadamente 5. Zona de amortiguamiento, 1396 has aproximadamente" En cuanto a la zona pública, que es la que interesa para la resolución de este proceso, se dijo lo siguiente:

"2. Zona de uso público Definición Esta zona está constituida por sectores dominados por un ambiente natural donde se puede desarrollar una mayor capacidad para acoger aquellos visitantes, que llegan al lugar con fines de recreación, educación, investigación y cualquier otro compatible con los objetivos de creación del área silvestre protegida. Esta está constituida por sectores de playa y sitio es dominados por un ambiente natural donde se puede desarrollar una mayor capacidad para acoger aquellos visitantes.

Objetivo Brindar al público en general áreas de esparcimiento y recreación a través del disfrute de recursos naturales, marítimos y terrestres.

Características:

Área que abarca del puente sobre el estuario al sitio donde están ubicadas las cabinas. En estos sitios se concentran los servicios al público, como cabinas, baños, tienda souvenir, recepción, sitios para descanso, parqueo, comedor y uso de playa curú la cual se localiza al fondo de la bahía tiene unos 40 metros de ancho y unos 900 metros de largo. El cocotero (Cocos nucífera) es una de las especies de plantas más comunes en el sector de playa Curú que fue introducida más de 30 años atrás de la fecha de creación del Refugio. Las palmeras de coco están muy asociadas con otras especies de árboles que se han regenerado naturalmente. Es un sitio donde tiene la particularidad de verse con facilidad la llegada de muchas especies de animales como los mapaches, pizote, venados, mono Congo y tres grupos o tropas de mono carablanca entre otros.

Sector:

Desde el puente del estuario hasta el área de cabinas y. Sector de los 150 metros privados exclusivamente.

Actividades de bajo impacto como caminatas, bañistas, áreas recreativas, zonas para almuerzo al aire libre, senderos, uso de asadores, sanitarios, duchas, elementos interpretativos, instrumentación científica, observación de fauna.

Caseta de vigilancia y control.

Tours a Caballo a Playa Quesera guiados.

Parqueo solamente en el área destinada para este fin.

Parqueo contiguo a cada cabina solamente para los huéspedes.

Construcción de cabinas.(fuera de los 50 metros) solo se permiten las que están actualmente que son 6. Igualmente la tienda - souvenir y recepción Sanitarios y duchas, parqueo y comedor Recolección de leña, cocos y manejo de plantas toxicas o peligrosas para los visitantes.

Fogatas, Nudismo.

Acampar.

La extracción de ningún recurso natural.

No se permite dejar residuos orgánicos por el efecto que causa sobre la fauna silvestre.

Queda prohibido el paso por la playa utilizando cualquier tipo de automotor, a excepción de los requeridos para el caso de protección, mantenimiento o de gestión del Refugio previa autorización.

No se podrán perforar pozos.

No se permiten construcciones informales o fijas a no ser que por motivos de vigilancia y control que se requiera.

No se permiten parqueos ni tiendas.

No se permite la corta de vegetación a no ser para fines de manejo del sito con fines de protección específica que se requiera con alguna especie silvestre (caso de las tortugas) y solo por parte de la Administración.

En cuanto a la vigencia del Plan, se dijo: "El plan de manejo tendrá una validez por un periodo de 10 años con evaluaciones bianuales. Para su renovación deberá de realizarse una evaluación participativa de las amenazas y de las debilidades, los objetivos, la visión y los programas de trabajo. Así como del funcionamiento del comité de manejo. Esta se tendrá que realizar unos 6 meses antes de su vencimiento y con los resultados de la misma se actualizará el plan de manejo dándole vigencia por un periodo igual de años".- VII) En cuanto a la pretensión anulatoria del oficio ACT-OR DR-781-2020 de fecha 8 de julio del 2020, el Director de la ACT, consistente en acto administrativo dirigido a la sociedad actora que ordena la paralización de actividades comerciales y prevención para el desalojo voluntario inmediato de infraestructura y otros objetos ubicados en los 50 metros de la Zona Pública, parte del Patrimonio Natural del Estado, en el RNVSC. La suspensión de actividades comerciales es de efecto inmediato y el plazo para cumplir el desalojo del lugar fue de 90 días naturales, a partir de la notificación del acto. Dicho acto se fundamentó en los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo N° 14378, el Plan de Manejo del RNVSC y en el informe de inspección ACT-OR-DASP-104-2019 del 28 de enero del 2019, debe decirse lo siguiente:

  • 1)La parte actora nunca pudo desvirtuar el fundamento fáctico de ese acto administrativo y es que en la Zona Pública, se encontraban vehículos y tractores, lo mismo que lanchas de su propiedad, que se utilizaban para las actividades comerciales de promoción del ecoturismo que realiza usualmente esa sociedad anónima, según el informe que realizaron varios funcionarios del SINAC en fecha 28 de enero del año anterior. Lo anterior es claro y con la prueba testimonial y de declaración de parte presentadas en el juicio oral (señoras Carolina Orozco Zamora y Roxana Quirós Villalobos), nunca se pudo desvirtuar sino que más bien en el caso de la primera declarante, doña Carolina, se detalló más cuál era la situación en la zona, cómo era que se daba el traslado de los turistas desde Paquera y otros lugares a la playa Curú y cómo operaban los tours en lancha desde esa playa a Isla Tortuga y otros lugares de interés, dejándose claro que los tractores ayudaban a transportar de la tierra al mar a las lanchas y como los vehículos de la empresa llegaban con los turistas hacia la playa. Debe indicarse que el tema de si habían construcciones levantadas por la empresa actora en la zona pública, es cosa que no está clara a partir del informe realizado por el Instituto Geográfico Nacional (que se reseña en el hecho no probado 1), no deja sin fundamento fáctico al acto administrativo que limita los derechos de la sociedad comercial actora, que se sostiene a partir del ejercicio sin permiso de uso de actividades no permitidas por el Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Curú, como lo es ubicar frecuentemente vehículos automotores y lanchas en la zona pública, zona pública que es únicamente para el tránsito y permanencia de los habitantes, siendo solamente posible realizar actividades ecoturísticas (como las realizadas de hecho en el lugar por la actora), con permiso del Ministerio de Ambiente y Energía y solamente aquellas permitidas por el artículo 18 de la Ley Forestal (investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano) y 39 de la Ley de Biodiversidad (prestación de servicios y las actividades no esenciales como: estacionamiento, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita).- Se anota que aun en caso de haberse probado que existían construcciones dentro de la zona pública, estas serían ilegales porque tampoco según observamos en el Plan de Manejo, es posible que existan edificaciones en ese lugar de la RNVSC.- Véase que de la relación del artículo 18 de la Ley Forestal y las normas reglamentarias arriba citadas, lo mismo que del numeral 39 de la Ley de Biodiversidad y obviamente del Plan de Manejo, siempre para realizar actividades así sean de ecoturismo en la zona pública del RNVSC, es indispensable contar con permisos -obviamente previos- de las dependencias correspondiente del Ministerio de Ambiente y del SINAC, que en este caso no se tenían, no pudiendo ser suplido ese requisito legal con el hecho que el señor Luis Schutt Valle, es vecino de la zona, activista en el tema de la conservación ambiental y accionista de Adelina S.A. (propietaria de la zona restringida parte del Refugio). Debe anotarse que no existe un derecho irrestricto al ejercicio del comercio (ecoturismo) en la zona pública (playa) que es parte del Patrimonio Natural del Estado y que esa actividad solo puede ser realizada contando con licencia de la autoridad correspondiente, requisito del que se carece en este caso.- Conforme con lo anterior, el acto administrativo que ordena detener la actividad comercial en la zona pública y da un plazo amplio (90 días naturales) para retirar los bienes propiedad de la actora de ese lugar, está bien motivado en supuestos de hecho y derecho, debiéndose rechazar la impugnación realizada.- Cabe acotar además, que el rechazo de la nulidad del acto administrativo antes comentado también implica que se rechacen los actos confirmatorios, emitidos para resolver los recursos ordinarios planteados por la aquí actora, a saber: resolución ACT-OR-DR-061-2020 de las 9:15 horas del 4 de agosto del 2020 de la Dirección de la ACT, que rechazó el recurso de revocatoria anterior y acuerdo N° 15 de la sesión extraordinaria N° 06-2021 del 27 de julio del 2021 del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, que desestimó el recurso de apelación.- VIII) Sobre las pretensiones 2),
  • 3)y 4), que dicen: "2) Se ordene al SINAC y al Estado, otorgar los permisos para el debido uso de la zona pública y restringida de funcionamiento del RNVSC, con base al interés público y mediante el cumplimiento previo de los requisitos, de los cuales mi representada se compromete a cumplir.//
  • 3)Se ordene al SINAC y al Estado para que nombre comisión especial que estudie, actualice y modifique si es necesario el Plan de Manejo conforme al interés público, el análisis de los intereses de los administrados y la realidad existente de muchos años previos en la zona.//
  • 4)Se ordene al SINAC que se modifique los nombramientos de los funcionarios involucrados en la elaboración y aprobación del plan de manejo, así como de los participantes en cualquier comité que al efecto y según los hechos demandados se ha viciado para continuar con la supervisión y planeamiento, al efecto que se nombren nuevos profesionales debidamente autorizados e investidos para sus funciones".- En cuanto a este tema, la representación estatal presentó defensa de caducidad, alegando que la petitoria tercera es en el fondo una impugnación del Plan de Manejo que fue publicado en el junio del 2019 y por eso debió impugnarse en el plazo de un año conforme con el artículo 37 CPCA y que al haberse presentado la demanda en noviembre del año 2021, existe caducidad de la acción al haber transcurrido más del año ahí establecido. Ahora bien, analizada la demanda, tal como fue presentada es evidente para este Tribunal, que el objeto de la pretensión tercera no es pedir la nulidad de dicho Plan de Manejo, sino únicamente pedir que en la elaboración de un Plan de Manejo futuro, se nombre una comisión especial de forma que se garantice el interés público y la realidad de muchos años previos en la zona. De esta forma, no se está impugnando el Plan de Manejo existente, razón por la cual no es de aplicación el plazo de caducidad de un año del artículo 39 CPCA, para impugnar actos administrativos de alcance individual. En todo caso, el Plan de Manejo es un acto administrativo de efectos generales, razón por la cual de conformidad con el numeral 37 ejúsdem, no tiene plazo de caducidad alguno y puede ser impugnado mientras esté vigente.- Rechazada la defensa de caducidad, se observa que la pretensión 2) es de carácter futuro y lo que pide es la aplicación a derecho de los requisitos para otorgar permisos de uso en la zona pública, no atacándose una situación pasada que haya podido afectar los derechos de la empresa actora. Véase que incluso nunca estuvo en discusión que la aquí demandante tuviera permiso para realizar actividades de ecoturismo en Playa Curú o el Refugio de Vida Silvestre correspondiente, sino que la actividad que realizaba en el sitio, se realizaba sin la licencia del MINAE que exigen la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad, observándose que la única licencia que se tiene es la de carácter comercial otorgada por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, que no es suficiente para operar en la zona pública que es parte del Patrimonio Natural del Estado. Por ese motivo también se debe declarar sin lugar el extremo comentado indicando que es obvio que una petición de un administrado para contar con un permiso de uso de un bien de dominio público, cuando se realice en el futuro, debe ser resuelta conforme a derecho.- Como vimos antes, el extremo petitorio tercero, es para que también a futuro cuando pierda vigencia el Plan de Manejo de la RNVSC (que rige por diez años, según su mismo contenido) y se conforme la comisión correspondiente, se actúe garantizando el interés público, el interés de los administrados y la realidad existente en la zona. En cuanto a esta pretensión se encuentra que también debe ser rechazada porque es sobre una situación futura y no una afectación concreta de los intereses de la sociedad actora, siendo que nunca se probó siquiera que con la aprobación del Plan de Manejo se dañara de forma real o siquiera potencial a la aquí actora, siendo que cuando se conforme la nueva comisión en ejercicio del principio de rendición de cuentas (doctrina del artículo 11 constitucional), cualquier persona podrá informarse, intervenir y pedir rendición de cuentas sobre las actuaciones que se den en el sentido pedido.- Finalmente, en cuanto a la pretensión cuarta, consistente en que se modifiquen los nombramientos de los funcionarios involucrados en la elaboración y seguimiento del Plan de Manejo, debe ser rechazada por la simple y sencilla razón que no se ha demostrado que esas personas (mencionadas en el último hecho probado), hayan actuado con interés de perjudicar a las actividades o intereses de una operadora de ecoturismo como es la sociedad actora o con desviación de poder, para favorecer a alguna otra empresa. En todo caso, véase que el RNVSC es una zona protectora mixta, en que un particular desde 1983, sometió terrenos que eran de su propiedad plena (no concesionarios), a labores de conservación, conformando junto con la zona pública que es Patrimonio Natural del Estado un refugio de protección de la vida silvestre, siendo natural que en el órgano asesor que colabora en la elaboración y da seguimiento al Plan de Manejo, participen representantes de la empresa propietaria de los terrenos ubicados entre los 50 y los 200 metros a partir de la línea de pleamar ordinaria, como lo es Adelina S.A.. En todo caso, el reclamo se convierte en inocuo, por la simple y sencilla razón que ni los representantes de esa sociedad, ni los funcionarios públicos del SINAC que participan en dicha comisión, toman por si mismos decisiones, habida cuenta que los planes de manejo tienen que ser aprobados para tener efectos jurídicos frente a terceros, por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, según lo establecen los artículos 22, 23 y 28 de la Ley de Biodiversidad.- IX) Conforme con lo antes expuesto, se debe acoger la excepción de falta de derecho y rechazar en todos sus extremos la demanda.- X) Se condena a la sociedad actora y vencida al pago de las costas personales y procesales en que hayan incurrido los codemandados, en aplicación de la regla de condenatoria de costas al vencido del artículo 193 CPCA. Obsérvese que no se configuran ninguna de las dos causales de exoneración previstas en dicha norma: que se evidencie motivo bastante para litigar o que la sentencia se emita en virtud de prueba que no se conociera en el momento en que se planteó la acción.- La fijación del monto que corresponda por ese extremos se realizará en etapa de ejecución de sentencia, debiéndose reconocer los intereses legales sobre esa suma (en aplicación de la tasa básica pasiva a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, según el artículo 1163 del Código Civil), desde la fecha en que se adquiera firmeza el auto de fijación de costas y hasta la fecha de su efectivo y completo pago.-

Por tanto:

Se rechaza la excepción de caducidad y se acoge la falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la acción de Turismo Curú, Sociedad Anónima contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado. Se condena a la sociedad actora y vencida al pago de las costas personales y procesales en que hayan incurrido los codemandados. La fijación del monto que corresponda por costas se realizará en etapa de ejecución de sentencia, debiéndose reconocer los intereses legales sobre esa suma, desde la fecha en que se adquiera firmeza el auto de fijación de costas y hasta la fecha de su efectivo y completo pago. Notifíquese.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Jueces.- *TT47H52I0NGM61* JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A *PZCR7TYHTC061* PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A *DJPN0A9TJPG61* ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317
    • Biodiversity Law 7788Ley de Biodiversidad 7788

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

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      This document cites

      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 7575 Forestry Law
      • Decreto Ejecutivo 35868 Regulation of Article 18 of the Forestry Law on activities on State Natural Heritage

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      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 7575 Ley Forestal
      • Decreto Ejecutivo 35868 Reglamento del artículo 18 de la Ley Forestal sobre actividades en Patrimonio Natural del Estado

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