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Res. 02232-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 07/03/2025

Annulment of construction permit for Galagarza Environmental Technology ParkAnulación de permiso de construcción Parque Tecnología Ambiental Galagarza

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The resolution that annulled the conditional construction permit is itself annulled, and the issuance of the permit is ordered, as the grounds invoked by the Mayor were found to be non-existent.Se anula la resolución que anuló el permiso de construcción condicionado y se ordena emitir el permiso, al haberse constatado la inexistencia de los motivos invocados por la Alcaldía.

SummaryResumen

The Administrative Appeals Court hears an improper hierarchy appeal filed by Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. against the decision of the Municipal Mayor of Montes de Oro that annulled the conditional and suspensory construction permit granted by the Urban Development Department for the "Galagarza Environmental Technology Park". The Mayor annulled the permit arguing environmental damage and that the previous Mayor had already rejected granting a conditional permit. However, the Court finds that the grounds invoked by the Mayor are non-existent: no environmental damage was proven, and the previous Mayor's decision did not reject the subsidiary claim, but rather recognized the Urban Development Department's authority to analyze it. As the challenged act lacks truthful motivation, it is vitiated by absolute nullity. The Court annuls the appealed decisions and orders the Municipality to issue the requested construction permit, maintaining the prior verification of requirements already carried out.El Tribunal Contencioso Administrativo conoce de un recurso de apelación en jerarquía impropia interpuesto por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. contra la resolución de la Alcaldía Municipal de Montes de Oro que anuló el permiso de construcción condicionado y suspensorio otorgado por el Departamento de Desarrollo Urbano para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". La Alcaldía había anulado dicho permiso argumentando daño ambiental y que el Alcalde anterior ya había rechazado otorgar un permiso condicionado. Sin embargo, el Tribunal determina que los motivos invocados por la Alcaldía son inexistentes: no se demostró daño ambiental alguno, y la resolución anterior del Alcalde no rechazó la pretensión subsidiaria, sino que reconoció la competencia del Departamento de Desarrollo Urbano para analizarla. Al carecer el acto impugnado de motivación veraz, incurre en un vicio de nulidad absoluta. El Tribunal anula las resoluciones recurridas y ordena a la Municipalidad emitir el permiso de construcción solicitado, manteniendo la verificación previa de requisitos ya realizada.

Key excerptExtracto clave

In the case under study, it is clear that the mere reference to environmental damage falls far short of the minimum motivation to which the appellant was entitled, so as to be able to contest the evidence or legal rules applied by the municipal corporation to its case or to disprove the factual framework to which the law was applied in the particular case. And it must be insisted that it is this Court's opinion that the manner in which the Municipal Mayor addressed and set forth his reasoning in the appealed decision was imprecise from its origin, lacking evidence, technical reports, visual inspections, etc., which reflects great uncertainty as to the environmental damage that motivated the annulment of the conditional and suspensory permit, failing to determine with certainty whether the environmental damage that was one of the reasons for annulling the building permit was caused or is being caused, with no technical evidence whatsoever that would allow this Court to reach exact conclusions as to what motivated the Municipal Mayor to issue the contested act. ... As can readily be seen, the Municipal Mayor at that time, through resolution 10-2024, did not order the rejection of the conditional building license, as the Municipal Mayor tries to make it appear in the appealed resolution. In fact, it recognizes the authority of the Urban Development Department of the Municipality of Montes de Oro to verify compliance with the requirements for obtaining it, and it empowers or recognizes its authority to analyze in due course whether it is legally and technically possible to grant it under the terms of the subsidiary claim; which, it must be recalled, is the petition made by Empresas Berthier EBI de Costa Rica for the granting of the building license conditioned on the outcome of the appeals pending analysis by MINAE precisely against that Environmental Feasibility that had been granted to it, thereby completely discarding the interpretation given by the Municipal Mayor of Montes de Oro in asserting that this petition had already been rejected; so the ground or motive in this case is also non-existent...En el caso bajo estudio, es claro que la simple referencia a un daño al ambiente, está muy alejada al mínimo de motivación a la que tenía derecho la representación recurrente, a fin de poder controvertir las probanzas u normas jurídicas aplicadas en su caso por la corporación municipal o desvirtuar el cuadro fáctico al que se le aplicó el derecho en el caso particular. Y es que se debe de insistir, que es criterio de este Tribunal, que la manera en que la Alcaldía Municipal atendió y dispuso su criterio en la resolución recurrida, fue imprecisa desde su origen, ayuna de probanzas, informes técnicos, visuales etc, lo cual refleja una gran incertidumbre respecto del daño al ambiente que motivó la anulación del permiso condicionado y suspensorio, no logrando concretar a ciencia cierta si se provocó o está provocando el daño ambiental que fue uno de los motivos por los cuales se anuló el permiso constructivo, sin que existe prueba técnica alguna que permita a este Tribunal arribar a conclusiones exactas respecto de lo que motivó a la Alcaldía Municipal a dictar el acto cuestionado. ... Como puede verse de una fácil lectura, la Alcaldía Municipal de aquel entonces, por medio de la resolución 10-2024, no dispuso el rechazo de la licencia constructiva condicionada, como lo pretende hacer ver la Alcaldía Municipal en la resolución recurrida. De hecho reconoce la competencia del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, para verificar el cumplimiento de requisitos para su obtención, y le faculta o reconoce su competencia para analizar en su oportunidad si es posible legal y técnicamente otorgarlo en los términos de la pretensión subsidiaria; que recordando, es la gestión que formuló Empresas Berthier EBI de Costa Rica, para el otorgamiento de la licencia de construcción condicionada a las resultas de los recursos de apelación pendiente de análisis por parte del MINAE precisamente en contra de esa Viabilidad Ambiental que se le había concedido, con lo cual se descarta por completo la interpretación dada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro al afirmar que ya se le había rechazado esa gestión; por lo que el fundamento o motivo en este caso, también resulta inexistente...

Pull quotesCitas destacadas

  • "Estima este Tribunal, que existe una seria contradicción que impide tener certeza en cuanto a la veracidad del motivo que dispone la anulación de una disposición administrativa, con un supuesto que no se da, como hacer ver que existe la posibilidad de contaminación y afectación al medio ambiente lo cual no sería reflejo de la condicionaste que estableció el Departamento de Desarrollo Urbano... En consecuencia, si el motivo no existe en la realidad como se consigna en el acto administrativo cuestionado, se está ante un supuesto de nulidad absoluta."

    "This Court considers that there is a serious contradiction that prevents certainty as to the veracity of the ground that ordered the annulment of an administrative measure, based on a scenario that does not occur, such as asserting that there is a possibility of pollution and environmental harm, which would not be a reflection of the condition established by the Urban Development Department... Consequently, if the ground does not exist in reality as recorded in the challenged administrative act, this amounts to a case of absolute nullity."

    Considerando V

  • "Estima este Tribunal, que existe una seria contradicción que impide tener certeza en cuanto a la veracidad del motivo que dispone la anulación de una disposición administrativa, con un supuesto que no se da, como hacer ver que existe la posibilidad de contaminación y afectación al medio ambiente lo cual no sería reflejo de la condicionaste que estableció el Departamento de Desarrollo Urbano... En consecuencia, si el motivo no existe en la realidad como se consigna en el acto administrativo cuestionado, se está ante un supuesto de nulidad absoluta."

    Considerando V

  • "la manera en que la Alcaldía Municipal atendió y dispuso su criterio en la resolución recurrida, fue imprecisa desde su origen, ayuna de probanzas, informes técnicos, visuales etc, lo cual refleja una gran incertidumbre respecto del daño al ambiente que motivó la anulación del permiso condicionado y suspensorio..."

    "the manner in which the Municipal Mayor addressed and set forth his reasoning in the appealed decision was imprecise from its origin, lacking evidence, technical reports, visual inspections, etc., which reflects great uncertainty as to the environmental damage that motivated the annulment of the conditional and suspensory permit..."

    Considerando V

  • "la manera en que la Alcaldía Municipal atendió y dispuso su criterio en la resolución recurrida, fue imprecisa desde su origen, ayuna de probanzas, informes técnicos, visuales etc, lo cual refleja una gran incertidumbre respecto del daño al ambiente que motivó la anulación del permiso condicionado y suspensorio..."

    Considerando V

  • "Como puede verse de una fácil lectura, la Alcaldía Municipal de aquel entonces... no dispuso el rechazo de la licencia constructiva condicionada, como lo pretende hacer ver la Alcaldía Municipal en la resolución recurrida."

    "As can readily be seen, the Municipal Mayor at that time... did not order the rejection of the conditional building license, as the Municipal Mayor tries to make it appear in the appealed resolution."

    Considerando V

  • "Como puede verse de una fácil lectura, la Alcaldía Municipal de aquel entonces... no dispuso el rechazo de la licencia constructiva condicionada, como lo pretende hacer ver la Alcaldía Municipal en la resolución recurrida."

    Considerando V

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Sections

Procedural marks

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Date of Resolution: March 7, 2025 at 09:09 Case File: 24-003376-1027-CA Type of Matter: Jerarquía Impropia Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL  CASE FILE:

PROCEEDING:

JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) PLAINTIFF:

BERTHIER EBI DE COSTA RICA DEFENDANT:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO N° 2025002232 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and nine minutes on March seventh, two thousand twenty-five.- This Tribunal, acting in its capacity as non-hierarchical controller of legality, hears the appeal (recurso de apelación) filed by the representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., against the resolution issued by the Alcaldía Municipal de Montes de Oro, issued at eight hours and twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four, by which it addressed the appeal filed by those representing diffuse environmental interests, against what was ordered in official letter MMO-DDU-023-2024 signed by the head of the Departamento de Desarrollo Urbano, by which the construction permit (permiso de construcción) for the building of the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" requested by the appellant company here was conditionally approved with suspensive effect.

Drafted by Judge Huertas Durán, and;

CONSIDERANDO.

I.- REGARDING THE CONSOLIDATION OF PROCEEDINGS: The representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. requested the consolidation of this appeal with the one processed under case file 24-003653-1027-CA, noting that "(...) In this case, from a simple reading of the appeals filed by my represented party, it is clear that the facts supporting them are essentially the same, that is, they have an undeniable identity, since as indicated in preceding lines, in both matters a resolution issued by the Alcaldía of the Municipalidad de Montes de Oro is being challenged, by which, each separately annulled official letter MMO-DDU-023-2024 of April 12, 2024, issued by Architect Andrea Bolaños Calderón, Head of the Departamento de Desarrollo Urbano, by which my represented party was conditionally approved the construction permit requested for the building of the Parque de Tecnología Ambiental Galagarza. Thus, we believe that in this case both the subjective identity and the requirement of identity of cause are met, to order the consolidation of the aforementioned Proceedings. (...)". This Tribunal, by means of the resolution issued at fourteen hours and nineteen minutes on January twenty-second, two thousand twenty-five, granted a hearing to the representative of the Municipalidad de Montes de Oro to comment on the proposed consolidation of case files, to which it responded: "(...) That is, although both case files are related to the same administrative act, official letter MMO-DDU-023-2024, the appeals that originated each case are based on different resolutions and respond to distinct procedural situations. Therefore, although a material connection exists, it could not be claimed that both case files deal exactly with the same matter. (...)". (The underlining is not from the original). Regarding the foregoing, this Tribunal agrees with the assessment given by the representative of the Municipalidad de Montes de Oro, in noting that although the case files are related to the same administrative act, that Municipality issued different acts, and as such they have been challenged by the representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., so the appropriateness or not of what is being appealed will be analyzed separately, unless a different situation prevents it. As such, the proposed consolidation is denied.- II.- REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER DECISION OFFERED BY THE APPELLANT COMPANY: As evidence for a better decision (prueba para mejor resolver), the representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., offered resolution R-570-2024-MINAE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, issued at thirteen hours and thirty-six minutes on December ninth, two thousand twenty-four, by which it was ordered: "(...) FIRST: That based on the factual and legal considerations set forth, the four appeals in subsidio filed by Gabriela Sagot G (sequence 128-2024), by Siria Lorena Alán Gamboa, by the Comisión Oromontano Pro Ambiente Dayana Rojas Venegas, Pamela Umaña Miranda, Isaít Josué Cortéz González, Vera Cecilia Ugalde Ávila, Arnoldo Matamoros Sánchez, Esther Matamoros Flores (sequences 166-2024 and 207-2024) and Arnoldo Matamoros Sánchez (sequence 208-2024), against resolution No. 02031-2023-SETENA of 12 hours and 05 minutes on December 20, 2023, are declared without merit, leaving the same intact. SECOND: In the present case, the administrative route is deemed exhausted. (...)". (See resolution at images 1062 to 1253 of the electronic file). On this evidence, this Tribunal, by means of the resolution issued at fourteen hours and nineteen minutes on January twenty-second, two thousand twenty-five, granted a hearing to the representative of the Municipalidad de Montes de Oro, without it having ruled on the matter as of today. (See resolution at image 1254 and the record itself). Regarding this evidence, and taking into consideration the condition on the construction permit annulled in the appealed resolution, this Tribunal admits it in the capacity offered; therefore, it will be taken into consideration for the following ruling.- III.- PROVEN FACTS: For what is of interest for the resolution of this matter, the following facts are deemed proven: 1) By means of official letter EXT/DDUR/N°13-2024 of February 14, 2024, the Departamento de Desarrollo Urbano of the Municipalidad de Montes de Oro, regarding what is of interest, ordered: "(...) Hence, this department did not proceed to analyze the construction permit application since, at the time of assessing the admissibility of the procedure, we found that there are omitted documents. Furthermore, a certification signed by SETENA is needed, indicating that resolution N°2031-2023-SETENA, for the project Parque de Tecnología Ambiental Galagarza Administrative File N°D1-0635-2021-setena, is FINAL (en FIRME) in all its aspects. (...)". (See official letter at images 342 to 350 of the electronic file); 2) By means of a writing dated February 9, 2024, the representative of the appellant company filed an appeal against official letter EXT/DDUR/N°13-2024, and requested the following: "(...) It is requested that the present appeal be granted and the three challenged defects be revoked: 1.- Requirement of a new approval (visto bueno) from the MOPT of its own design for access to the project property. 2.- Disregard of the validity of the environmental license (licencia ambiental), issued through resolution No.02031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, and confirmed through resolution No. 0226-2024-SETENA at 09:01 hours on February 14, 2024. 3.- Unnecessary and improper requirement of approval from the Dirección General de Aviación Civil. (...)". (See appeal at images 272 to 286 of the electronic file); 3) In response to the appeal filed against official letter EXT/DDUR/N°13-2024, the person in charge of the Departamento de Desarrollo Urbano of the Municipalidad de Montes de Oro, ordered: "(...) POR TANTO Based on the arguments described above, the Recurso de Revocatoria is Partially Granted, only regarding the approval from Aviación Civil, the other points referred to in the review conducted in official letter Ext/DDRN/N°13-2024 remain intact and it is the criterion of the undersigned that they must be submitted when applying for the construction permit, and the file is hereby elevated to the alcaldía for it to resolve the Appeal in Subsidio, as indicated in the Código Municipal in its article 171. That is all. (...)". (See resolution at images 259 to 266 of the electronic file); 4) By means of resolution N°10-2024 issued by the Alcaldía Municipal de Montes de Oro at eight hours on March thirteenth, two thousand twenty-four, it ordered: "(...) POR TANTO: In accordance with articles 17 and 171 of the Código Municipal and the factual and legal arguments set forth, the evidence offered for better decision is admitted, which corresponds to official letter 0331-2024 dated February 27, 2024, issued by the Unidad Ejecutora del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 1 Interamericana Norte, section Barranca Cañas. Consequently, the Appeal is partially granted, only on the point indicated by the Departamento de Desarrollo Urbano, which states: "Likewise, there is a road issue that is of utmost importance, since no approval from the MOPT is apparent in the permits presented for what would be the acceleration and deceleration lanes that must exist for this type of project where heavy traffic will circulate through a high-traffic area such as the Interamericana." Regarding the AMENDMENT SUBSIDIARY APPEAL PETITION FILED, according to document DT 036-2024, GF 058-2024, dated March 4, 2024, so that the construction permit conditioned on the finality of the environmental viability (viabilidad ambiental) be granted, it is denied. In all other respects, what was resolved by the Departamento de Desarrollo Urbano of the Municipalidad de Montes de Oro in the Recurso de Revocatoria that appears in the record remains intact. That is all, let it be notified. (...)". (See resolution at images 765 to 773 of the electronic file); 5) By means of official letter MMO-DDU-023-2024 of April 14, 2024, the Departamento de Desarrollo Urbano ordered: "(...) For the foregoing reasons, this Department, in exercise of its regulatory and jurisdictional powers, resolves: To approve the construction permit for the building of the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" conditioned on and with suspensive effect pending the finality (firmeza) of the Environmental License granted by SETENA. Therefore, the company may not begin any work based on this permit, but only when finality is achieved. And if the finality of the Environmental License is not achieved, the permit hereby granted will automatically be rendered without effect, a period of one year is granted to present the finality of the Environmental Viability, once this period expires the application must be processed again since after the deadline all requirements that by Law are expired must be renewed. It is reiterated, the construction phase cannot begin; once the finality of the Environmental Viability is obtained, the second approval of the construction permit must be processed through the APC platform, attaching the proof of payment of 1% of the total value of the work according to art 70, ley de planificación urbana, in addition to attaching the INS policy, so that the finality of the construction permit conditionally granted here is given. (...)". (See official letter at images 1004 to 1018 of the electronic file); 6) By means of the writing dated May 3, 2024, those who appeared before the Municipalidad de Montes de Oro in their capacity as representatives of diffuse environmental interests filed an Appeal against official letter MMO-DDU-023-2024 (See appeal at images 717 to 724 of the electronic file); 7) By means of the resolution issued at eight hours and twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four, the Alcaldía de Montes de Oro, ordered: "(...) POR TANTO: In accordance with the review of evidentiary means, as well as numerals 11 and 50 of the Constitución Política, articles 11.1, 102, 128, 140, 145, 180 and 344 of the Ley General de la Administración Pública, article 171 of the Código Municipal, the official letter SETENA SG-0080-2024 dated January 29, 2024, and resolution N°10-2024 of March 13, 2024, it is ordered to: 1. Grant the appeal filed by Mrs. Esther Matamoros Flores, identity card number n°603450851, Mr. Miguel Ernesto Carranza Díaz, identity card number n°603080270, Mrs. Pamela Umaña Miranda, identity card number n°603750519, and Mrs. Dayana Rojas Venegas, identity card number N°603910033, against what was ordered in official letter MMO-DDU-023-2024 signed by architect Andrea Bolaños Calderón, head of the Departamento de Desarrollo Urbano, by which she approved the construction permit for the building of the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" requested by the company EBI Berthier de Costa Rica S.A. conditioned on and with suspensive effect, and consequently, the absolute nullity of the administrative act in question is declared, and therefore, the described construction permit is revoked. 2. Notify the appellants, as well as the interested parties. (...)". (See resolution at images 747 to 764 of the electronic file); 8) By means of the writing filed before the Municipalidad de Montes de Oro on May 20, 2024, the representative of the appellant company filed an appeal against the unnumbered resolution issued at eight hours and twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four, requesting the following: "(...) 1) That this Appeal against the unnumbered resolution of eight hours and twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four, issued by the Alcalde Municipal de Montes de Oro, be granted in all its aspects. 2) As a logical consequence thereof, that the evident and manifest absolute nullity of the appealed resolution be ordered. 3) That the Alcalde Municipal be ordered that, as my represented party fully complied with the respective legal requirements for obtaining the construction permit, he refrain from incurring again in the same conduct that motivated the filing of this Appeal or in a similar one. (...)". (See appeal at images 726 to 745 of the electronic file); 9) By means of resolution N°06-2024 issued by the Alcaldía de Montes de Oro at sixteen hours and fifteen minutes on May twenty-first, two thousand twenty-four, it proceeded to hear the appeal filed by the plaintiff company against the unnumbered resolution issued at eight hours and twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four, ordering in it the following: "(...) POR TANTO In accordance with articles 1 and 171 of the Código Municipal, article 50 of the Constitución Política, article 11 of the Ley de Biodiversidad and article 2 of the Ley Orgánica del Ambiente. The following is resolved: 1.-To annul and leave unrecorded the FOURTEENTH RESULTANDOS, as well as the THIRD CONSIDERANDO and the last paragraph of the FOURTH, eliminating them from the resolution of May 10, 2024, PARTIALLY REVOKING it as to that single aspect and CONFIRMING it in all other respects, subjecting it to whatever is definitively resolved in the Appeal filed. 2.-In accordance with what is indicated in article 171 of the Código Municipal, this matter is transferred to the knowledge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, in order for it to rule on the Appeal filed. 3.- Forward the respective Case File to the aforementioned Tribunal. 4. Notify the appellants, as well as the interested parties. (...)". (See resolution at images 4 to 8 of the electronic file).- IV.- UNPROVEN FACTS. The Municipal representation of Montes de Oro did not demonstrate that EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA has started any construction work without prior authorization, or that it is causing damage to the environment, as one of the reasons used by that Alcaldía to issue the challenged resolution. (the record, no evidence whatsoever was provided to that effect).- V.- THE SPECIFIC CASE: Given the characteristics of the present proceeding, it has been considered convenient to proceed to cite the criteria expressed by the representative of the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO; the grievances set forth in the appeal by the representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, together with the criterion of this Collegiate Body. In the challenged act, the Alcaldía Municipal de Montes de Oro notes that official letter MMO-DDU-023-2024, signed by the architect of the Departamento de Desarrollo Urbano, by which the construction permit was approved for the building of the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" requested by the appellant company here, is a regulated act (acto reglado) that must comply with each of the requirements stipulated in the legal framework. It recalled what is stipulated in article 50 of the Constitución Política regarding the State's obligation to guarantee and defend the environment and natural resources. That in environmental protection matters, it imposes compliance with different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of an activity and works may have on the environment, in order to, once the corresponding certainty is acquired, authorize or disapprove its completion. It sets forth that the administrative act is considered valid when all the elements that comprise it conform to the law, that is, when there is total congruence with the legal system. It indicates that the construction permit is a specific type of administrative act of control over the exercise of a private activity and a subjective right, being a form of authorization for a specific activity; and precisely as an authorization, it is a regulated and declaratory act, because it merely verifies compliance with the conditions required by the legal system for the exercise of the activity or right. It sets forth that the presumption of validity of the administrative act refers us, as a starting point, to the principle of legality, that is, the submission of the Public Administration to the legal system, with the purpose not only of satisfying public interests, but also of protecting individuals against the Administration, since it may only carry out material activities that affect the subjective rights of third parties if there is a prior and effective administrative act. It expands by indicating that the principle of legality is a guarantor, in which the administration must only perform those acts that the legal system empowers it to do; not referring to a specific rule, but in a general way, so that the administration has its own function to carry out certain public purposes, it must only do so within the limits. It cites that the administrative act is considered valid when all the elements that comprise it conform to the law, that is, when there is total congruence with the legal system. In another sense, it sets forth that the Alcaldía Municipal, through resolution N°10-2024 of March 13, 2024, had already provided a response to the appeal filed by the appellant company; when ordering: "(...) "... Regarding the AMENDMENT SUBSIDIARY APPEAL PETITION FILED, according to document DT 036-2024, GF 058-2024, dated March 4, 2024, so that the construction permit conditioned on the finality of the environmental viability be granted, it is denied...". (...)". In the criteria of the Alcaldía Municipal, this affirms that the hierarchical superior of architect Bolaños Calderón, being the Alcalde Municipal, issued a resolution on the appeal that rejected the petition regarding granting the construction permit conditioned on the finality of the environmental viability. The defendant representative finds it important to highlight that: "... municipal governments are organized in a coexistence of several bodies that must interact with each other to ensure the development and satisfaction of municipal interests and the Alcaldía Municipal is the hierarchical superior of the municipal departments, in this case, of the Departamento de Desarrollo Urbano...". It notes that resolution N°10-2024 of March 13, 2024, issued by the Alcaldía Municipal, in which granting the conditioned construction permit is rejected, is final (en firme). It emphasizes and notes the power that the hierarchical superior has over its subordinates, among which it highlighted the power to supervise their conduct so that it conforms to the legality framework, the criteria of opportunity, convenience or merit, and the "... indeterminate legal concept of good administration, all for the purpose of respecting the principles of legality, objectivity, efficiency and effectiveness in the performance of the administrative function, thus guaranteeing the proper administrative functioning and its coherent and reasonable action...". It then transcribes article 102 of the Ley General de la Administración Pública in accordance with 344, regarding the powers that the hierarchical superior shall have. It cites numeral 180 of the Ley General de la Administración Pública, to note that it shall be the power of hierarchical superiors to annul or declare the nullity of an act. Regarding this and with respect to absolute or relative nullity, it transcribes articles 166 and 167 of the cited law. Finally, it refers us to article 171 of the Código Municipal, regarding the possibility of challenging an administrative act and before the instances intended for its resolution. Following the above, it again refers us to the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, noting that the application of this precautionary principle, and the consequent regulatory development in environmental protection matters, imposes compliance with different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works may have on the environment, in order to, once the corresponding certainty is acquired, authorize or disapprove their completion; for which it is imperative to have certainty of the effectiveness of the construction permit and if it contains all the requirements stipulated by the current legal regulations. It concludes by indicating that: "... As has been set forth in this appeal resolution, the construction permit object of this appeal, in effect, does not contain all the requirements necessary to be issued, even more so when a healthy and ecologically balanced environment must be ensured and guaranteed in accordance with the precautionary principle, which indicates that when there are doubts about an activity that technique and science may have, the guarantee of implementing all necessary mitigation measures to not affect the health and balance of ecosystems must prevail...". Finally, it insists on the finality of the resolution identified as N°10-2024 of March 13, 2024, issued by the Alcaldía Municipal, in which it rejects granting the conditioned construction permit. Now, in the appeal under study, the representative of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. notes that the Alcalde considered that it was not viable to grant the construction permit conditionally because the environmental viability was not final and that such a petition had been previously rejected by the previous Alcalde. Regarding the considerations made by the Alcalde in relation to the environment, it considers that they cannot be taken as a valid motive (motivo) for the challenged act. In the view of the appellant representative, it lacks all legal and factual logic to derive that because there is an administrative appeal pending resolution before the Minister of MINAE, against the environmental license, the existence of a risk to the environment can be justified, much less is it possible to derive that conclusion, if it is understood that the permit is conditioned on the finality of the environmental license. It sets forth that the motive is constituted by the background, assumptions, or legal "(law)" and factual "(facts)" reasons that make the issuance of the administrative act possible or necessary and on which the Public Administration intends to support the legitimacy, opportunity or convenience thereof. It adds that the motive is the why, the justification or the reasons that the Administration took into account to issue the act, noting that its absence determines the impossibility of exercising it, exclusively for the specific case. It expands by indicating that in accordance with article 133 of the Ley General de la Administración Pública, it must be legitimate and exist as it has been taken into account for the issuance of the act. That the absence of motive occurs when the facts invoked as background are false or the law invoked does not exist or an incorrect application of the rule to the case under study was made. For the representative of the appellant company, it is notorious that the "environmental motive" invoked in the resolution it challenges is not such, and hence it must be understood that in reality the motive does not exist and consequently the challenged act becomes absolutely null. It informs that its represented party tolerated the permit subject to a suspensive condition, as a subsidiary petition so as not to enter into conflicts with some sectors concerned that the Office of the Minister of MINAE has not resolved some appeals already rejected by SETENA. It notes that they subsidiarily requested the approval of the construction permit, subject to the finality of the environmental license, approved through resolution No.02031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, and confirmed through resolution No.0226-2024-SERENA at 09:01 hours on February 14, 2024, which was granted through official letter MMO-DDU-023-2024 dated April 12, 2024, issued by the Departamento de Desarrollo Urbano of the Municipalidad de Montes de Oro; which means that the requested permit would only take full effect upon the finality of the environmental viability. It notes that permits subject to a suspensive condition are administrative acts regulated in article 145.1 of the Ley General de la Administración Pública, which is interpreted in accordance with article 132.4 of that same Law. For the representative of the appellant company, based on the referred regulations, it is clear to it that with the suspensive condition under which the construction permit was granted, there would be no possibility of harm to the environment, because the effects of the permit would only unfold once the finality of the environmental viability occurred; which means that if such finality does not happen, the permit would have no legal effect whatsoever. It expands by indicating that the principle of the objectification of environmental protection or principle of linkage to science and technique, "translates into the need to substantiate decisions in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature -both legal and regulatory- from which the requirement of 'linkage to science and technique' is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter." (Resolution No.17126-2026 of the Sala Constitucional). Therefore, it indicates that the environmental license is the instrument that the municipal administration has to verify the analysis of an environmental impact in accordance with the corresponding environmental regulations and technique. It affirms that the municipal entity knows perfectly well that official letter SETENA-SG-075-2024, by which it is certified that the resolution granting environmental viability N°2031-2023-SETENA, is in force since its issuance. It turns to article 148 of the Ley General de la Administración Pública, regarding the fact that administrative appeals do not suspend the effects of the act; with which it affirms that the environmental viability is an effective administrative act and therefore enforceable and executory, so in its view it could not be held that this requirement has not been met by its represented party.

In another vein, and regarding resolution 10-2024 of eight o’clock in the morning of the thirteenth of March of the year two thousand twenty-four, it states that in response to an appeal filed by its represented party against official communication EXT/DDUR/No 13-2024 dated February 14, 2024, signed by Architect Andrea Bolaños Calderón, head of the Department of Urban Development of the Municipality of Montes de Oro, the Mayor’s Office indicated: "The appellant requests that this Office proceed with the approval of the construction permit, conditioned on the finality of the environmental license (licencia ambiental); however, technically said request is inadmissible, given that this appeal concerns only three of the points that the Department of Urban Development asked the applicant company to rectify, the same ones that were objected to by the acting party; therefore, the comprehensive study of the permit is still under review and analysis by said Department, which, by jurisdiction, must decide on its granting, even considering whether it is legally and technically possible to grant it under the terms of the subsidiary claim, leaving a record of said request in the administrative file so that it may be assessed at the appropriate procedural moment." It is for the foregoing that the representation of the appellant company asserts that it is completely false that the previous Mayor had already rejected the cited subsidiary claim; considering that since the ground is false, it affects the content of the act and renders the appealed resolution absolutely null. CRITERION OF THE TRIBUNAL: As can be observed, it is of interest to address two specific situations claimed by the representation of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. The first is directed at combating the "ground" of the administrative act being challenged, considering the alleged environmental impact to be nonexistent. Regarding this point, the Tribunal resolves: First, it is important to highlight that the construction license (licencia constructiva), as both parties have correctly analyzed, is a regulated act regarding the element of the ground, the granting of said license being appropriate when a person requests it having met all legal requirements. In the present case, the Municipality of Montes de Oro, quite to the contrary, in the appealed resolution only bases the denial of the request on an aspect of environmental damage, which in the opinion of the appellant party makes that ground false. For this analysis, it is opportune to again recall what was determined by resolution or official communication MMO-DDU-023-2024, of April 12, 2024, issued by the Department of Urban Development of the Municipality of Montes de Oro, let us see: "(...) For the reasons set forth above, this Department in exercise of its regulatory powers, resolves: To approve the construction permit for the building of the 'Parque de Tecnología Ambiental Galagarza' conditioned and with suspensory character on the Environmental License (Licencia Ambiental) granted by SETENA becoming final. Therefore, the company may not begin any work based on this permit until such finality is achieved. And if finality of the Environmental License is not achieved, the permit granted herein will automatically become ineffective; a period of one year is granted to present proof of the finality of the environmental viability (Viabilidad Ambiental); once this period has elapsed, the request must be resubmitted since after the deadline all legally expired requirements must be renewed. We reiterate, the construction stage cannot commence; when finality of the environmental viability is obtained, the second approval of the construction permit must be processed through the APC platform, attaching proof of payment of 1% of the total value of the work according to Art. 70 of the Urban Planning Law (ley de planificación urbana), in addition to attaching the INS policy, so that the construction permit conditionally granted herein becomes final. (...)". (The underlining is ours). (See official communication at images 1004 to 1018 of the electronic file). From an easy reading, it follows that in this official communication or resolution, the act needed by the plaintiff company to begin its construction activities is not being perfected; since as evidenced, it was left conditioned upon the finality of an Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) that had already been approved by MINAE in favor of the appellant company, but appealed in that venue, hence the results of the appeals pending analysis were of vital importance to issue a construction permit without any conditions; unless, of course, those appeals were upheld on the merits or the representation of the appellant company failed to prove the resolution of the appeals within one year, as clearly ordered by the Department of Urban Development of the Municipality of Montes de Oro in that official communication. As can be seen, regarding the ground of environmental harm, it is one of the aspects that inclined the Municipal Mayor’s Office to annul the conditional and suspensory construction permit; but, without a doubt, it was done without sufficient verification or reasoning, as the appellant representation has correctly questioned. This Tribunal considers that there is a serious contradiction that prevents certainty as to the veracity of the ground that orders the annulment of an administrative provision, relying on an unsubstantiated assumption—making it appear that there is a possibility of contamination and environmental impact which would not be reflective of the condition established by the Department of Urban Development of the Municipality of Montes de Oro when issuing resolution or official communication MMO-DDU-023-2024 of April 12, 2024, unless proof to the contrary existed, which is not the case. Consequently, if the ground does not exist in reality as stated in the challenged administrative act, we are before a case of absolute nullity. In the case under study, it is clear that the mere reference to environmental harm falls far short of the minimum reasoning to which the appellant representation was entitled, in order to be able to controvert the evidence or legal norms applied in its case by the municipal corporation or to rebut the factual framework to which the law was applied in the particular case. And it is necessary to insist that it is the criterion of this Tribunal that the manner in which the Municipal Mayor’s Office addressed and stated its criterion in the appealed resolution was imprecise from its origin, devoid of evidence, technical reports, visual inspections, etc., which reflects great uncertainty regarding the environmental harm that motivated the annulment of the conditional and suspensory permit, failing to concretely establish with certainty whether the environmental damage that was one of the grounds for annulling the construction permit was caused or is being caused, without any technical evidence existing that would allow this Tribunal to reach exact conclusions regarding what motivated the Municipal Mayor’s Office to issue the challenged act. Under such circumstances, it is the criterion of this Collegiate Body that the act of the Mayor of Montes de Oro contained in the appealed resolution has serious defects, both from its genesis (Unnumbered Resolution of eight o’clock and twenty minutes in the morning of May 10, 2024) to its final wording (Resolution No. 06-2024 of May 21, 2024), because the administrative will could well have made an effort at evidentiary production, clarifying the object of the procedure and guaranteeing that the content of the administrative act conformed to legality, adequately hearing and assessing the company's defense; without omitting the verification of that contamination to the environment that motivated the result of the act, which undoubtedly means that the object of the procedure and the content of the challenged act border on the vague and ambiguous, with an incorrect evidentiary analysis; which alone would suffice and would compel this Tribunal to annul it. Furthermore, within the determination or challenged act, as part of the grounds for annulling the construction permit, the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro refers the parties to what was ordered by the previous Mayor in issuing resolution 10-2024 of eight o’clock in the morning of the thirteenth of March of the year two thousand twenty-four, specifically—and as relevant—regarding the denial of granting the construction permit conditioned on the finality of the Environmental Viability. As can be appreciated in the challenged resolution, another justification of the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro for denying the conditional construction permit is that the hierarchical superior of Architect Andrea Bolaños Calderón had already denied that permit, and that this disposition was final. CRITERION OF THE TRIBUNAL: To be able to refer to this aspect, it is necessary to transcribe the Considerative part of the cited resolution 10-2024, specifically its point 4.- which establishes: "(...) 4.- Regarding the EXPANDED SUBSIDIARY APPEAL CLAIM FILED, according to document DT-036-2024, GF-058-2024, dated March 4, 2024: The appellant requests that this Office proceed with the approval of the construction permit, conditioned on the finality of the environmental license (licencia ambiental); however, technically said request is inadmissible, given that this appeal concerns only three of the points that the Urban Department asked the applicant company to rectify, the same ones that were objected to by the acting party; therefore, the comprehensive study of the permit is still under review and analysis by the cited Department, which, by jurisdiction, must decide on its granting, even considering whether it is legally and technically possible to grant it under the terms of the subsidiary claim, leaving a record of said request in the administrative file so that it may be assessed at the appropriate procedural moment.(...)". (The underlining does not correspond to the original). (See resolution at images 765 to 772 of the electronic file). As can be seen from an easy reading, the Municipal Mayor’s Office at that time, by means of resolution 10-2024, did not order the denial of the conditional construction license, as the Municipal Mayor’s Office seeks to make it appear in the appealed resolution. In fact, it recognizes the jurisdiction of the Department of Urban Development of the Municipality of Montes de Oro to verify compliance with the requirements for obtaining it, and it empowers or recognizes its jurisdiction to analyze, in due course, whether it is legally and technically possible to grant it under the terms of the subsidiary claim; which, reminding, is the proceeding formulated by Empresas Berthier EBI de Costa Rica for the granting of the construction license conditioned upon the results of the appeals pending analysis by MINAE precisely against that Environmental Viability that had been granted to it, thus completely discarding the interpretation given by the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro in asserting that this proceeding had already been denied; therefore, the foundation or ground in this case also proves nonexistent, it being clear to this Tribunal that far from invading jurisdictions, as is sought to make it appear, the Department of Urban Development, it was the Mayor’s Office itself that recognizes that Department’s jurisdiction to decide what is appropriate regarding granting a conditional construction license, which is precisely what happened when issuing official communication MMO-DDU-023-2024, of April 12, 2024, which, based on what has been cited throughout this Considerando, was improperly annulled by the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro in issuing the unnumbered resolution of May 10, 2024. Thus, matters stand, and it is indispensable for this Tribunal to annul the appealed resolution and return the file to the local corporation so that it may proceed to issue the required license. It should be noted that this Chamber is prevented from ordering a new review of the requirements presented by the license applicant representation, as said procedure has already been carried out by the Municipality of Montes de Oro. As this Tribunal has repeatedly ordered, ordering a new verification of requirements would constitute a double verification of requirements, which is prohibited to public administrations by express provision of Article 6 of the Law for the Protection of the Citizen against Excess Formalities and Administrative Requirements (Ley de protección al ciudadano contra el exceso de trámites y requisitos administrativos), Law 8220 (Ley 8220). Said norm textually establishes: "The Administration shall have the duty to resolve the procedure always within the established legal or regulatory period. The entity, body, or official of the Administration shall verify the information presented by the administered party and caution them, for a single time and in writing, to complete the requirements omitted in the request or procedure, or to clarify or rectify the information. The caution must be made by the Administration as a whole, valid for all officials, and new requirements may not be requested nor new defects pointed out that were not cautioned in a timely manner, even when another official qualifies it for the second time." In this case, it is clear that the municipal administration has reviewed the requirements of the applicant representation, to the point that it conditioned the construction permit upon the results of the appeals pending analysis regarding the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), which, based on the evidence for better decision-making provided by the appellant company, this requirement appears to have also been satisfied, which this Tribunal could presume upon granting the Municipal representation a hearing regarding this evidence, without it having expressed anything regarding it (the proceedings themselves); the parties should take note that this Tribunal is not annulling the procedure carried out in the Municipality of Montes de Oro, but solely the challenged resolution, so the verification of requirements stands.

VI.- COROLLARY. Since this Collegiate Body considers that in the challenged resolution there is a serious contradiction regarding the veracity of the grounds that ordered the annulment of a conditional and suspensory construction permit, with unsubstantiated assumptions—as recently analyzed—it is indispensable for this Tribunal to annul the resolution issued by the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro by means of the unnumbered resolution, of eight o’clock and twenty minutes in the morning of the tenth of May of the year two thousand twenty-four, and by connection the resolution of that same Mayor’s Office identified with number 06-2024, of four o’clock and fifteen minutes in the afternoon of the twenty-first of March of the year two thousand twenty-four is annulled. As indicated at the end of Considerando V) of this resolution—to which the parties are referred—this Tribunal is not annulling the procedure carried out in the Municipality of Montes de Oro, but solely the challenged resolution; therefore, the prior verification of requirements stands.-

VII. OF THE RETURN OF THE ADMINISTRATIVE FILE

Having this venue been processed electronically, it is available to the parties to obtain a comprehensive copy containing both the administrative file referred by the Municipal Corporation and the entirety of the pieces that make up this appeal, for which they must provide the electronic storage device (Mayan key or compact disc). Likewise, in case physical or electronic documentation (plans, photographs, reports, etc.) that remains in the custody of the Office has been submitted, whoever contributed it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Regulation on Electronic Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO.

The evidence for better decision-making offered by the representation of the appellant company is admitted. In the terms set forth in Considerando I) of this resolution, the proposed joinder is denied. The filed appeal is granted, and consequently the resolution issued by the Municipal Mayor’s Office of Montes de Oro by means of the unnumbered resolution, of eight o’clock and twenty minutes in the morning of the tenth of May of the year two thousand twenty-four is annulled, and by connection the resolution of that same Mayor’s Office identified with number 06-2024, of four o’clock and fifteen minutes in the afternoon of the twenty-first of March of the year two thousand twenty-four is annulled. The appealed Municipality is ordered, if nothing prevents it, to issue in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. the construction permit for the project called "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". The parties involved in this matter shall take note of what is set forth throughout Considerando V) of this resolution. That is all. Let it be notified. Rodrigo Huertas Durán, Yetty Hernández Orias, and Karla Solís Valverde, Judges of Improper Hierarchy in Municipal Matters.-  RODRIGO HUERTAS DURÁN - DECIDING JUDGE  YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - DECIDING JUDGE  KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Jerarquía Impropia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL  JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) ACTOR/A:

BERTHIER EBI DE COSTA RICA DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO N° 2025002232 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con nueve minutos del siete de Marzo del dos mil veinticinco.- Conoce este Tribunal en su condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación presentado por la representación de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, dictada al ser las ocho horas con veinte minutos del día diez de Mayo del año dos mil veinticuatro, por medio de la cual se conoció el recurso de apelación que formularon quienes representan intereses difusos en materia ambiental, en contra de lo dispuesto en el oficio MMO-DDU-023-2024 suscrito por la encargada del Departamento de Desarrollo Urbano, por medio del cual se aprobó de forma condicionada y con carácter suspensorio, el permiso de construcción para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" solicitado por la empresa aquí recurrente.

Redacta el juez Huertas Durán, y;

CONSIDERANDO.

I.- RESPECTO A LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS: La representación de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A, gestionó la acumulación de este recurso al tramitado bajo el expediente 24-003653-1027-CA, haciendo ver que "(...) En la especie, de una simple lectura de los recurso interpuestos por mi (sic) representada, claro está que los hechos que las sustentan, son en esencia los mismos, es decir, tienen una innegable identidad, pues como se indicó en líneas precedentes, en ambos asuntos se viene impugnando una resolución emitida por la Alcaldía de la Municipalidad de Montes de Oro, mediante la cual, cada una de forma separada anuló el oficio MMO-DDU-023-2024 del 12 de abril de 2024, emitido por la Arquitecta Andrea Bolaños Calderón, Encargada del Departamento de Desarrollo Urbano, mediante el cual se aprobó a mi (sic) representada condicionalmente, el permiso de construcción gestionado para la edificación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza. Así las cosas, estimamos (sic) que en la especie se cumple con tanto como la identidad subjetiva como con el presupuesto de identidad de causa, para disponer la acumulación de los supra señalados Procesos.(...)". Este Tribunal por medio de la resolución dictada al ser las catorce horas diecinueve minutos del veintidós de enero de dos mil veinticinco, concedió audiencia a la representación de la Municipalidad de Montes de Oro para que se refiriera respecto a la acumulación de expedientes planteada, a lo cual respondió: "(...) Es decir, aunque ambos expedientes se encuentran relacionados con el mismo acto administrativo, el Oficio MMO-DDU-023-2024, los recursos que originaron cada caso se fundamentan en resoluciones diferentes y responden a situaciones procesales distintas. Por lo anterior, si bien existe una conexión material, no podría afirmarse que ambos expedientes versen exactamente sobre el mismo asunto.(...)". (El subrayado no es de su original). Respecto a lo anterior, coincide este Tribunal con la apreciación dada por la representación de la Municipalidad de Montes de Oro, al hacer ver que sí bien los expedientes se encuentran relacionados con el mismo acto administrativo, por parte de ese Municipio se dictaron actos diferentes, y como tales han sido cuestionados por la representación de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A, por lo que la procedencia o no de lo que recurre será analizado de forma separada, si una situación distinta a ello no lo impide. Siendo así, se rechaza la acumulación planteada.- II.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER OFRECIDA POR LA EMPRESA APELANTE: En calidad de prueba para mejor resolver la representación de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A, ofreció la resolución R-570-2024-MINAE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, dictada al ser las trece horas treinta y seis minutos del día nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, por medio de la cual se dispuso: "(...) PRIMERO: Que con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestos, se declara sin lugar los cuatro recursos de apelación en subsidio suscritos por Gabriela Sagot G (secuencia 128-2024), por Siria Lorena Alán Gamboa, por la Comisión Oromontano Pro Ambiente Dayana Rojas Venegas, Pamela Umaña Miranda, Isaít Josué Cortéz González, Vera Cecilia Ugalde Ávila, Arnoldo Matamoros Sánchez, Esther Matamoros Flores (secuencias 166-2024 y 207-2024) y Arnoldo Matamoros Sánchez (secuencia 208-2024), en contra de la resolución número No. 02031-2023-SETENA de las 12 horas con 05 minutos del 20 de diciembre del 2023, quedando incólume la misma. SEGUNDO: En el presente caso, se da por agotada la vía administrativa.(...)". (Ver resolución a imagen 1062 a 1253 del expediente electrónico). De esa prueba este Tribunal por medio de la resolución dictada al ser catorce horas diecinueve minutos del veintidós de enero de dos mil veinticinco, le concedió audiencia a la representación de la Municipalidad de Montes de Oro, sin que al día de hoy se haya pronunciado al respecto. (Ver resolución a imagen 1254 y los propios autos). Con relación a esta prueba, y tomando en consideración la condicionante en el permiso de construcción anulado en la resolución recurrida, este Tribunal la admite en el carácter ofrecido; por lo que será tomada en consideración para el siguiente pronunciamiento.- III.-HECHOS PROBADOS: Para lo que resulta de interés para resolución de este asunto, se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) Por medio del oficio EXT/DDUR/N°13-2024 del 14 de febrero del 2024, el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, a lo que resulta de interés dispuso: "(...) De ahí que este departamento no entro analizar la solicitud de permiso de construcción ya que en el momento de valorar la admisibilidad del trámite nos encontramos que hay documentos omisos. Por otra parte, se necesita certificación suscrita por SETENA, donde se indique que la resolución N°2031-2023-SETENA, del proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza Expediente Administrativo N°D1-0635-2021-setena, se encuentra en FIRME en todos sus extremos.(...)". (Ver oficio a imagen 342 a 350 del expediente electrónico); 2) Por medio del escrito fechado 09 de febrero del año 2024, la representación de la empresa recurrente formuló recurso de apelación en contra del oficio EXT/DDUR/N°13-2024, y solicitó lo siguiente: "(...) Se solicita se declare con lugar el presente recurso y se revoquen los tres defectos impugnados: 1.- Requerimiento de un nuevo visto bueno del MOPT de su propio diseño de acceso a la finca del proyecto. 2.- Desconocimiento de la vigencia de la licencia ambiental, emitida mediante resolución No.02031-2023-SETENA de las 12:05 horas del 20 de diciembre del 2023 y confirmada mediante resolución No. 0226-2024-SETENA de las 09:01 horas del 14 de febrero del 2024. 3.- Requerimiento innecesario e improcedente de visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil.(...)". (Ver recurso a imagen 272 a 286 del expediente electrónico); 3) En respuesta al recurso planteado en contra del oficio EXT/DDUR/N°13-2024, la persona encargada del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, dispuso: "(...) POR TANTO Fundamentada en los argumentos arriba descritos se Acoge parcialmente el Recurso de Revocatoria, únicamente respecto al visto bueno de Aviación Civil, los demás puntos referidos en la revisión que se realizó en el Oficio Ext/DDRN/N°13-2024, se mantienen incólume y es criterio de la suscrita (sic) que se deben de presentar a la hora de solicitar el permiso de construcción, y se procede a elevar el expediente a la alcaldía para que resuelva la Apelación en Subsidio, según lo indica el Código Municipal en su artículo 171. Es todo. (...)". (Ver resolución a imagen 259 a 266 del expediente electrónico); 4) Por medio de la resolución N°10-2024 dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro al ser las ocho horas del trece de marzo del año dos mil veinticuatro, dispuso: "(...) POR TANTO: En concordancia con los artículos 17 y 171 del Código Municipal y los argumentos de hecho y derecho expuestos, se admite la prueba ofrecida para mejor resolver, que corresponde al oficio 0331-2024 de fecha 27 de febrero del año 2024, emitido por la Unidad Ejecutora del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 1 Interamericana Norte, sección Barranca Cañas. En consecuencia se acoge parcialmente el recurso de Apelación, únicamente en el punto señalado por el Departamento de Desarrollo Urbano, que dice: Así mismo hay un tema de vialidad que es de suma importancia, ya que no se aprecia en los permisos presentados ninguna aprobación por parte del MOPT para lo que serían los carriles de aceleración y desaceleración que deben de existir para este tipo de proyectos donde es tránsito pesado el que va a circular por una zona de alta circulación como es la Interamericana.". En cuanto a la AMPLIACIÓN PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE APELACIÓN PRESENTADA, según documento DT 036-2024, GF 058-2024, con fecha del 4 de marzo de 2024, para que se otorgue el permiso de construcción condicionado a la firmeza de la vialidad ambiental, se rechaza. En lo demás se mantiene incólume lo resuelto por el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro en el Recurso de Revocatoria que consta en autos. Es todo, notifíquese.(...)". (Ver resolución a imagen 765 a 773 del expediente electrónico); 5) Por medio del oficio MMO-DDU-023-2024 del 14 de Abril del año 2024, el Departamento de de Desarrollo Urbano, dispuso: "(...) Por lo antes expuesto, este Departamento en ejercicio de sus competencias y reglamentarias, resuelve: Aprobar el permiso de construcción para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" condicionado y con carácter suspensorio a que la Licencia Ambiental concedida por SETENA se encuentre firme. Por ello, la empresa no podrá iniciar trabajo alguno con fundamento en este permiso, sino hasta cuando se de firmeza. Y si la firmeza de la Licencia Ambiental no se produce, el permiso que aquí se otorga quedará automáticamente sin efecto, se otorga un período de un año para presentar la firmeza de la Viabilidad Ambiental, transcurrido el plazo se deberá de gestionar nuevamente la solicitud ya que transcurrido el plazo se deberá de renovar todos los requisitos que por Ley estén vencidos. Se reitera, no se puede comenzar con la etapa constructiva, se deberá tramitar por medio de la plataforma del APC cuando así se obtenga la firmeza de la Viabilidad Ambiental, la segunda aprobación del permiso de construcción, adjuntando los comprobantes de pago del 1% del valor total de la obra según el art 70, ley de planificación urbana, además de adjuntar la póliza del INS, para que se dé la firmeza del permiso de construcción aquí otorgado condicionalmente. (...)". (Ver oficio a imagen 1004 a 1018 del expediente electrónico); 6) Por medio del oficio fechado 03 de mayo del año 2024, quienes se apersonaron ante la Municipalidad de Montes de Oro en su calidad de representantes de intereses difusos en materia ambiental, formularon recurso de Apelación en contra del oficio MMO-DDU-023-2024 (Ver recurso a imagen 717 a 724 del expediente electrónico); 7) Por medio de la resolución dictada al ser las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, la Alcaldía de Montes de Oro, dispuso: "(...) POR TANTO: De conformidad con el recuento de medios probatorios, así como los numerales 11 y 50 de la Constitución Política, artículos 11.1, 102, 128, 140, 145, 180 y 344 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 171 del Código Municipal, el Oficio SETENA SG-0080-2024 de fecha 29 de enero del 2024, y la resolución N°10-2024 del 13 de marzo del año 2024, se procede a: 1. Se acoge el recurso de apelación presentado por la señora Esther Matamoros Flores, número de cédula de identidad n°603450851, el señor Miguel Ernesto Carranza Díaz, número de cédula de identidad n°603080270, la señora Pamela Umaña Miranda, número de cédula de identidad n°603750519, y la señora Dayana Rojas Venegas, número de cédula de identidad N°603910033, contra lo dispuesto en el Oficio MMO-DDU-023-2024 suscrito por la arquitecta Andrea Bolaños Calderón, encargada del Departamento de Desarrollo Urbano, por medio del cual aprobó el permiso de construcción para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" solicitado por la empresa EBI Berthier de Costa Rica S.A. condicionado y con carácter suspensorio, y consecuentemente, se declara la nulidad absoluta del acto administrativo de marras y, por tanto, se revoca el permiso de construcción descrito. 2. Se notifique a los recurrentes, así como a las partes interesadas. (...)". (Ver resolución a imagen 747 a 764 del expediente electrónico); 8) Por medio del escrito presentado ante la Municipalidad de Montes de Oro en fecha 20 de mayo del año 2024, la representación de la empresa recurrente formuló recurso de apelación en contra de la resolución sin número dictada al ser las ocho horas veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, solicitando lo siguiente: "(...) 1) Se acoja en todos sus extremos el presente Recurso de Apelación contra la resolución sin número de las ocho horas veinte minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro, emitida por el señor Alcalde Municipal de Montes de Oro. 2) Como lógica consecuencia de ello, se disponga la nulidad absoluta evidente y manifiesta de la resolución recurrida. 3) Se ordene al señor Alcalde Municipal que en tanto mi (sic) representada cumplió a cabalidad con los requisitos legales respectivos para la obtención del permiso de construcción, se abstenga de volver a incurrir nuevamente en la misma conducta que motivó la interposición de este Recurso o en una similar.(...)". (Ver recurso a imagen 726 a 745 del expediente electrónico); 9) Por medio de la resolución N°06-2024 dictada por la Alcaldía de Montes de Oro al ser las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de mayo del año dos mil veinticuatro, procedió a conocer el recurso de apelación formulado por la empresa actora en contra de la resolución sin número dictada al ser las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, disponiendo en ella lo siguiente: "(...) POR TANTO De conformidad con los artículos 1 y 171 del Código Municipal, artículo 50 de la Constitución Política, artículo 11 Ley de Biodiversidad y el artículo 2 Ley Orgánica del Ambiente. Se resuelve lo siguiente: 1.-Anular y dejar no consignados los RESULTANDOS DÉCIMO CUARTO, así como el CONSIDERANDO TERCERO y el último párrafo del CUARTO eliminándose de la resolución del 10 de mayo del 2024, REVOCÁNDOLA parcialmente en cuanto a ese único aspecto y CONFIRMÁNDOLA en todos los demás extremos de la misma, sometiéndola a lo que en definitiva se resuelva en el Recurso de Apelación presentado. 2.-De acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del Código Municipal, se traslada el presente asunto al conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a efecto de que se pronuncie sobre el Recurso de Apelación presentado. 3.- Remitir al Tribunal citado el Expediente respectivo. 4. Notificar los recurrentes, así como a las partes interesadas.(...)". (Ver resolución a imagen 4 a 8 del expediente electrónico).- IV.- HECHOS NO PROBADOS. No demostró la representación Municipal Montes de Oro, que EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA haya iniciado obra constructiva alguna sin autorización previa, que estén provocando el daño al ambiente, como uno de los motivos al cual acudió esa Alcaldía para emitir la resolución cuestionada. (los autos, no existe prueba alguna aportada al efecto).- V.- DEL CASO CONCRETO: En razón de las características del presente procedimiento se ha considerado conveniente proceder a citar, los criterios vertidos por la representación de la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO; los agravios expuestos en el recurso apelación por parte de la representación de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, conjuntamente con el criterio de este Órgano Colegiado. En el acto impugnado, la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, hace ver que en el oficio MMO-DDU-023-2024, suscrito por la arquitecta del Departamento de Desarrollo Urbano, por medio del cual se aprobó el permiso de construcción para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" que solicitó la empresa aquí recurrente, es un acto reglado que debe de cumplir con cada uno de los requisitos estipulados en el normativo jurídico. Hizo recordar lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política respecto a la obligación del Estado a garantizar, defender el medio ambiente y los recursos naturales. Que en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de una actividad y obras pueden tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización. Expone que el acto administrativo se considera válido cuando todos los elementos que lo integran se ajustan a derecho, es decir cuando exista una total congruencia con el ordenamiento jurídico. Indica que el permiso de construcción es un tipo específico de acto administrativo de control del ejercicio de una actividad privada y de un derecho subjetivo, siendo una forma de autorización para una determinada actividad; y precisamente como autorización, es un acto reglado y declarativo, porque se limita a comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordenamiento para el ejercicio de la actividad o derecho. Expone que la presunción de validez del acto administrativo nos remite como punto de partida al principio de legalidad, esto es, el sometimiento de la Administración Pública al ordenamiento jurídico, con la finalidad no solo de satisfacción de los intereses públicos, sino, además, proteger a los particulares frente a la Administración, ya que esta sólo podrá desarrollar actividades materiales que afecten los derechos subjetivos de terceros, si existe un acto administrativo previo y eficaz. Amplía indicando que el principio de legalidad es un garante, en el cual la administración debe realizar solamente aquellos actos que el ordenamiento jurídico le faculte; no haciendo referencia a una norma específica, sino de forma general, de manera que la administración tiene como función propia realizar determinados fines de carácter público, sólo debe hacerlo dentro de los límites. Cita que el acto administrativo se considera válido cuando todos los elementos que lo integran se ajustan a derecho, es decir cuando exista una total congruencia con el ordenamiento jurídico. En otro sentido, expone que ya la Alcaldía Municipal mediante resolución N°10-2024 del 13 de marzo del 2024, le había brindado respuesta al recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente; al disponer: "(...)"... En cuanto a la AMPLIACIÓN DE PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE APELACIÓN PRESENTADA, según documento DT 036-2024, GF 058-2024, de fecha del 4 de marzo del 2024, para que se le otorgue el permiso de construcción condicionado a la firmeza de la viabilidad ambiental, se rechaza...".(...)". A criterio de la Alcaldía Municipal, esto afirma que el superior jerárquico de la arquitecta Bolaños Calderón, sea el Alcalde Municipal, emitió una resolución sobre el recurso de apelación que rechazaba la petitoria en cuanto a otorgar el permiso de construcción condicionado a la firmeza de la viabilidad ambiental. A la representación demandada le resulta importante resaltar que: "... los gobiernos municipales se encuentran organizados en una coexistencia de varios órganos que deben interactuar entre sí para velar por el desarrollo y la satisfacción de los intereses municipales y la Alcaldía Municipal es el superior jerárquico de las dependencias municipales, en este caso, del departamento de Desarrollo Urbano...". Hace ver que la resolución N°10-2024 del 13 de marzo del 2024 emitida por la Alcaldía Municipal, en donde se rechaza otorgar el permiso de construcción condicionado, se encuentra en firme. Enfatiza y hace ver la potestad que tiene el superior jerárquico respecto a sus inferiores, dentro de las cuales destacó la de fiscalizar la conducta de estos para que se adecue al bloque de legalidad, los criterios de oportunidad, conveniencia o mérito y al "...concepto jurídico indeterminado de buena administración, todo con el propósito de respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia en el desempeño de la función administrativa, garantizándose, de esa forma, la buena marcha administrativa y su actuar coherente y razonable....". Seguidamente transcribe el artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con el 344, respecto a las potestades que tendrá el superior jerárquico. Cita el numeral 180 de la Ley General de la Administración Pública, para hacer ver que será potestad de los superiores jerárquicos para anular o declarar la nulidad de un acto. En cuanto a ello y respecto a la nulidad absoluta o relativa transcribe los artículos 166 y 167 de la ley citada. Por último nos remite al artículo 171 del Código Municipal, respecto a la posibilidad de impugnar un acto administrativo y ante las instancias destinadas para su resolución. Posterior a lo anterior, nuevamente nos remite al reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, haciendo ver que la aplicación de este principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras pueden tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización; para lo cual resulta imperiosa tener certeza de la eficacia del permiso de construcción y si este contiene todos los requisitos estipulados por la normativa jurídica vigente. Concluye indicando que: "...Como se ha dejado plasmado en la presente resolución de recurso de apelación, el permiso de construcción objeto del presente recurso, en efecto, no contiene la totalidad de los requisitos necesarios para ser emitido, más aún cuando se debe de velar y garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el principio precautorio, el cual indica que ante dudas que tenga la técnica y la ciencia sobre una actividad debe de imperar la garantía de implementar todas las medidas de mitigación necesarias para no afectar la salud y el equilibrio de los ecosistemas...". Por último, insiste en la firmeza de la resolución identificada como N°10-2024 del 13 de Marzo del 2024 emitida por la Alcaldía Municipal, en donde rechaza el otorgar el permiso constructivo condicionado. Ahora en el recurso bajo estudio, la representación de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., hace ver que el señor Alcalde estimó que no era viable conceder el permiso de construcción de manera condicionada en razón de que la viabilidad ambiental no se encontraba firme y que tal petición había sido previamente rechazada por el anterior Alcalde. Respecto a las consideraciones que realizó el señor Alcalde con relación al ambiente, considera que no se pueden tener como un motivo válido del acto que se impugna. A criterio de la representación recurrente carece de toda lógica jurídica y fáctica, derivar que por existir un recurso administrativo pendiente de resolución ante el Ministro del MINAE, contra la licencia ambiental, se pueda justificar, la existencia de un riesgo para el ambiente y mucho menos es dable derivar esa conclusión, si se entiende que el permiso está condicionado a la firmeza de la licencia ambiental. Expone que el motivo está constituido por los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas "(derecho)" y fácticas "(hechos)" que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y sobre los cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste. Agrega que el motivo es el porqué, la justificación o las razones que tomó en cuenta la Administración para dictar el acto, haciendo ver que su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente para el caso concreto. Amplía indicando que de conformidad con el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, el mismo debe de ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para el dictado el acto. Que la ausencia del motivo se presenta cuando los hechos invocados como antecedentes son falsos o el derecho invocado no existe o se hizo una aplicación incorrecta de la norma al caso en estudio. Para la representación de la empresa recurrente, le resulta notorio que el "motivo ambiental" invocado en la resolución que cuestiona no es tal, y de ahí que se debe de entender que en realidad el motivo no existe y consecuentemente el acto impugnado deviene en absolutamente nulo. Informa que su representada toleró el permiso sujeto a una condición suspensiva, como una pretensión subsidiaria para no entrar en conflictos con algunos sectores que les preocupa que el Despacho del Ministro del MINAE no ha resuelto algunas apelaciones ya rechazadas por SETENA. Hace ver que solicitaron de manera subsidiaria la aprobación del permiso de construcción, sujeto a la firmeza de la licencia ambiental, aprobada mediante resolución No.02031-2023-SETENA de las 12:05 horas del 20 de diciembre del 2023 y confirmada mediante resolución No.0226-2024-SERENA de las 09:01 horas del 14 de febrero del 2024, lo cual fue concedido mediante Oficio MMO-DDU-023-2024 de fecha 12 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro; lo que significa que el permiso solicitado solamente surtiría plano efectos a partir de la firmeza de la viabilidad ambiental. Hace ver que los permisos sujetos a condición suspensiva son actos administrativos regulados en el artículo 145.1 de la Ley General de la Administración Pública, la cual se interpreta en concordancia con el artículo 132.4 de esa misma Ley. Para la representación de la empresa recurrente, a partir de la referida normativa, le resulta claro que con la condición suspensiva en que se le otorgó el permiso de construcción, no existiría posibilidad de lesión al ambiente, esto porque los efectos del permiso se desplegarían hasta que se produjera la firmeza de la viabilidad ambiental; lo que quiere decir que si tal firmeza no llega a suceder, el permiso no surtiría efecto legal alguno. Amplía indicando que el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, "se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general "-tanto legales como reglamentarias-" de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia." (Resolución No.17126-2026 de la Sala Constitucional). Por lo anterior, indica que la licencia ambiental es el instrumento con el que cuenta la administración municipal para verificar el análisis de un impacto ambiental conforme con la normativa y técnica ambiental correspondiente. Afirma que la entidad municipal sabe perfectamente que el oficio SETENA-SG-075-2024, mediante la cual se certifica que la resolución mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental N°2031-2023-SETENA, se encuentra vigente desde su emisión. Acude al artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, respecto a que los recursos administrativos no suspenden los efectos del acto; con lo cual afirma que la viabilidad ambiental es un acto administrativo eficaz y por ende ejecutivo y ejecutorio, por lo que a su criterio no se podría sostener que este requisito no ha sido cumplido por su representada. En otro orden de ideas, y respecto a la resolución 10-2024 de las ocho horas del trece de marzo del año dos mil veinticuatro, expone que ante un recurso de apelación interpuesto por su representada en contra del oficio EXT/DDUR/No 13-2024 de fecha 14 de febrero del 2024, suscrito por la Arquitecta Andrea Bolaños Calderón, encargada del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, la Alcaldía indicó: "Solicita el recurrente proceda este Despacho con la aprobación del permiso de construcción, condicionado a la firmeza de la licencia ambiental, sin embargo, técnicamente dicha solicitud es improcedente, toda vez que, el presente recurso tiene que ver apenas con tres de los puntos que el Departamento de Desarrollo Urbano pidió a la empresa solicitante subsanar, mismos que fueron objetados por la parte actora, por lo que, el estudio integral del permiso, todavía está en conocimiento y análisis por parte del dictado Departamento, quien, por competencia, deberá decidir sobre el otorgamiento del mismo, incluso, considerando si es posible legal y técnicamente otorgarlo en los términos de la pretensión subsidiaria, quedando constancia de dicha solicitud en el expediente administrativo, para que, en el momento procesal oportuno sea valorado.". Es por lo anterior que la representación de la empresa recurrente afirma que es completamente falso, que el Alcalde anterior ya había rechazado la citada pretensión subsidiaria; considerando que al ser falso el motivo, afecta el contenido del acto y torna la resolución impugnada en absolutamente nula. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Como se puede apreciar, resulta de interés abordar dos situaciones puntuales reclamadas por la representación de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. La primera de ellas está direccionada a combatir el "motivo" del acto administrativo que impugna, al considerar inexistente la afectación al medio ambiente. Respecto a este punto el Tribunal resuelve: En primer término es importante destacar que, la licencia constructiva, como bien lo han analizado ambas partes, es un acto reglado en cuanto al elemento motivo, siendo procedente el otorgamiento de la referida licencia, cuando una persona la solicite cumpliendo todos los requisitos de ley. En el presente caso, la Municipalidad de Montes de Oro, muy por el contrario, en la resolución recurrida únicamente se fundamenta el rechazo de la solicitud, en un aspecto de daño ambiental, que a criterio de la parte recurrente ese motivo resulta falso. Para este análisis, resulta oportuno, nuevamente traer a colación que fue en sí lo que determinó la resolución u oficio MMO-DDU-023-2024, del 12 de abril del año 2024, emitido por el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, veamos: "(...) Por lo antes expuesto, este Departamento en ejercicio de sus competencias y reglamentarias, resuelve: Aprobar el permiso de construcción para la edificación del "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" condicionado y con carácter suspensorio a que la Licencia Ambiental concedida por SETENA se encuentre firme. Por ello, la empresa no podrá iniciar trabajo alguno con fundamento en este permiso, sino hasta cuando se de firmeza. Y si la firmeza de la Licencia Ambiental no se produce, el permiso que aquí se otorga quedará automáticamente sin efecto, se otorga un período de un año para presentar la firmeza de la Viabilidad Ambiental, transcurrido el plazo se deberá de gestionar nuevamente la solicitud ya que transcurrido el plazo se deberá de renovar todos los requisitos que por Ley estén vencidos. Se reitera, no se puede comenzar con la etapa constructiva, se deberá tramitar por medio de la plataforma del APC cuando así se obtenga la firmeza de la Viabilidad Ambiental, la segunda aprobación del permiso de construcción, adjuntando los comprobantes de pago del 1% del valor total de la obra según el art 70, ley de planificación urbana, además de adjuntar la póliza del INS, para que se dé la firmeza del permiso de construcción aquí otorgado condicionalmente. (...)". (El subrayado es nuestro). (Ver oficio a imagen 1004 a 1018 del expediente electrónico). De una fácil lectura, se desprende que en este oficio o resolución, no se está perfeccionando el acto que necesita la empresa actora para poder iniciar sus labores constructivas; ya que como se evidencia se ha dejado condicionado a la firmeza de una Viabilidad Ambiental que ya había sido aprobada por el MINAE previamente a favor de la empresa recurrente, pero apelada en aquella sede, de ahí que las resultas de los recursos pendientes de análisis, eran de vital importancia para emitir un permiso constructivo sin ninguna condicionaste; a no ser claro está, que se acogiera por el fondo los recursos planteados o, que la representación de le empresa recurrente no comprobara antes de un año la resolución de los recursos, como claramente lo dispuso de Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro en ese oficio. Como puede verse, respecto al motivo del daño al ambiente, es uno de los aspectos que inclinaron a la Alcaldía Municipal a anular el permiso constructivo condicionado y suspensorio; pero, sin lugar a dudas, se realiza sin mayor comprobación o motivación, como bien lo ha cuestionado la representación recurrente. Estima este Tribunal, que existe una seria contradicción que impide tener certeza en cuanto a la veracidad del motivo que dispone la anulación de una disposición administrativa, con un supuesto que no se da, como hacer ver que existe la posibilidad de contaminación y afectación al medio ambiente lo cual no sería reflejo de la condicionaste que estableció el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, al dictar la resolución u oficio MMO-DDU-023-2024 del 12 de abril del 2024, a no ser que respecto a ello, existiera prueba en contrario, lo cual no es el caso. En consecuencia, si el motivo no existe en la realidad como se consigna en el acto administrativo cuestionado, se está ante un supuesto de nulidad absoluta. En el caso bajo estudio, es claro que la simple referencia a un daño al ambiente, está muy alejada al mínimo de motivación a la que tenía derecho la representación recurrente, a fin de poder controvertir las probanzas u normas jurídicas aplicadas en su caso por la corporación municipal o desvirtuar el cuadro fáctico al que se le aplicó el derecho en el caso particular. Y es que se debe de insistir, que es criterio de este Tribunal, que la manera en que la Alcaldía Municipal atendió y dispuso su criterio en la resolución recurrida, fue imprecisa desde su origen, ayuna de probanzas, informes técnicos, visuales etc, lo cual refleja una gran incertidumbre respecto del daño al ambiente que motivó la anulación del permiso condicionado y suspensorio, no logrando concretar a ciencia cierta si se provocó o está provocando el daño ambiental que fue uno de los motivos por los cuales se anuló el permiso constructivo, sin que existe prueba técnica alguna que permita a este Tribunal arribar a conclusiones exactas respecto de lo que motivó a la Alcaldía Municipal a dictar el acto cuestionado. Ante tales circunstancias, es criterio de este Órgano Colegiado que el acto del Alcalde de Montes de Oro contenido en la resolución recurrida tiene serios vicios tanto desde su génesis (Resolución sin número de las ocho horas con veinte minutos del 10 de mayo del año 2024) hasta su redacción definitiva (Resolución N°06-2024 del 21 de mayo del 2024), porque la voluntad administrativa bien pudo haber realizado un esfuerzo de producción probatoria, precisando el objeto del procedimiento y garantizando que el contenido del acto administrativo fuera acorde con la legalidad, escuchando y valorando de manera adecuada la defensa de la sociedad; sin dejar de lado la constatación de esa contaminación al ambiente que motivaron el resultado del acto, lo que sin duda determina que el objeto del procedimiento y el contenido del acto cuestionado, rozan con lo vago y ambiguo, con un incorrecto análisis probatorio; que solo esto bastaría y obligaría a este Tribunal a anularlo. A mayor abundamiento, dentro de la determinación o acto impugnado, como parte del fundamento para anular el permiso constructivo, la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, remite a las partes a lo dispuesto por el anterior Alcalde al dictar la resolución 10-2024 de las ocho horas del trece de marzo del año dos mil veinticuatro, propiamente -y a lo que resulta de interés- en cuanto al rechazo de que se otorgue el permiso de construcción condicionado a la firmeza de la Viabilidad Ambiental. Como puede apreciarse en la resolución cuestionada, otra de las justificantes de la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, para el rechazo del permiso de construcción condicionado, es que el superior jerárquico de la Arquitecta Andrea Bolaños Calderón, ya había rechazado ese permiso, y que esa disposición se encontraba en firme. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Para poder referirnos a este aspecto resulta necesario el transcribir la parte Considerativa de la resolución 10-2024 citada, propiamente en su punto 4.- que establece: "(...) 4.-En cuanto a la AMPLIACIÓN PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE APELACIÓN PRESENTADA, según documento DT-036-2024, GF-058-2024, con fecha del 4 de marzo de 2024: Solicita el recurrente proceda este Despacho con la aprobación del permiso de construcción, condicionado a la firmeza de la licencia ambiental, sin embargo, técnicamente dicha solicitud es improcedente, toda vez que, el presente recurso tiene que ver apenas con tres de los puntos que el Departamento Urbano pidió a la empresa solicitante subsanar, mismos que fueron objetados por la parte actora, por lo que, el estudio integral del permiso, todavía está en conocimiento y análisis por parte del citado Departamento, quien, por competencia, deberá decidir sobre el otorgamiento del mismo, incluso, considerando si es posible legal y técnicamente otorgarlo en los términos de la pretensión subsidiaria, quedando constancia de dicha solicitud en el expediente administrativo, para que, en el momento procesal oportuno sea valorado.(...)". (El subrayado no corresponde a su original). (Ver resolución a imagen 765 a 772 del expediente electrónico). Como puede verse de una fácil lectura, la Alcaldía Municipal de aquel entonces, por medio de la resolución 10-2024, no dispuso el rechazo de la licencia constructiva condicionada, como lo pretende hacer ver la Alcaldía Municipal en la resolución recurrida. De hecho reconoce la competencia del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oro, para verificar el cumplimiento de requisitos para su obtención, y le faculta o reconoce su competencia para analizar en su oportunidad si es posible legal y técnicamente otorgarlo en los términos de la pretensión subsidiaria; que recordando, es la gestión que formuló Empresas Berthier EBI de Costa Rica, para el otorgamiento de la licencia de construcción condicionada a las resultas de los recursos de apelación pendiente de análisis por parte del MINAE precisamente en contra de esa Viabilidad Ambiental que se le había concedido, con lo cual se descarta por completo la interpretación dada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro al afirmar que ya se le había rechazado esa gestión; por lo que el fundamento o motivo en este caso, también resulta inexistente, siendo claro para este Tribunal que lejos de invadir competencias el Departamento de Desarrollo Urbano como se pretende hacer ver, ha sido la misma Alcaldía que le reconoce a ese Departamento la competencia para decidir lo que proceda en cuanto a conceder una licencia constructiva condicionada, que fue precisamente lo que sucedió al dictar el oficio MMO-DDU-023-2024, del 12 de abril del 2024, que por lo citado a lo largo de este considerando, fue indebidamente anulado por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, al dictar la resolución sin número del 10 de mayo del año 2024. Así las cosas, resulta indefectible para este Tribunal anular la resolución recurrida, y devolver el expediente a la corporación local para que proceda a emitir la licencia requerida. Nótese que esta Cámara está impedida de ordenar una nueva revisión de los requisitos presentados por la representación solicitante de la licencia, pues dicho trámite ya ha sido realizado por la Municipalidad de Montes de Oro. Como ya en reiteradas ocasiones lo ha dispuesto este Tribunal, ordenar -una nueva verificación de requisitos- configuraría una doble verificación de requisitos, lo cual está vedado a las administraciones públicas por disposición expresa del artículo 6 de la Ley de protección al ciudadano contra el exceso de trámites y requisitos administrativos, Ley 8220. Dicha norma textualmente establece: "La Administración tendrá el deber de resolver el trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada por el administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. La prevención debe ser realizada por la Administración como un todo, válida para los funcionarios, y no se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro funcionario el que lo califique por segunda vez." En este caso es claro que la administración municipal ha revisado los requisitos de la representación solicitante, al punto que condicionó el permiso constructivo a las resultas de los recursos de apelación pendiente de análisis respecto a la Vialidad Ambiental, el cual con la prueba para mejor resolver aportada por la empresa recurrente, al parecer ese requisito también ha sido satisfecho, lo cual podría presumir este Tribunal al conceder a la representación Municipal audiencia respecto a esta prueba, sin que se haya manifestado en cuanto a ella (los propios autos), debiendo tomar nota las partes que este Tribunal, no está anulando el procedimiento cursado en la Municipalidad de Montes de Oro, sino únicamente la resolución cuestionada, por lo que la verificación de requisitos se mantiene.

VI.- COLORARIO. Al estimar este Órgano Colegiado, que en la resolución cuestionada existe una seria contradicción en cuanto a la veracidad de los motivos que dispusieron la anulación de un permiso constructivo condicionado y suspensorio, con supuestos que no se dan -como ya se analizó recientemente- resulta indefectible para este Tribunal anular la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, por medio de la resolución sin número, de las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, y por conexidad se anula la resolución de esa misma Alcaldía, identificada con el número 06-2024, de las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro. Como se indicó al final del Considerando V) de esta resolución -al cual se remite a las partes- este Tribunal, no está anulando el procedimiento cursado en la Municipalidad de Montes de Oro, sino únicamente la resolución cuestionada, por lo que la verificación previa de requisitos se mantiene.-

VII. DE LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO.

Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por la representación de la empresa recurrente. En los términos consignados en el Considerando I) de esta resolución se rechaza la acumulación planteada. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se anula la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, por medio de la resolución sin número, de las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, y por conexidad se anula la resolución de esa misma Alcaldía, identificada con el número 06-2024, de las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro. Se ordena a la Municipal recurrida si nada lo impide, que emita a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Tomen notas las partes involucradas en este asunto de lo consignado a lo largo del Considerando V) de esta resolución. Es todo. Notifíquese. Rodrigo Huertas Durán, Yetty Hernández Orias y Karla Solís Valverde, Jueces Jerarquía Impropia Materia Municipal.-  RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A  YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A  KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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