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Res. 00183-2025 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 26/02/2025
OutcomeResultado
The Agrarian Tribunal overturned the lower court ruling, dismissed the replevin claim due to an adjudication error, and granted the counterclaim for special agrarian adverse possession in favor of the possessor since 1996, ordering the property registered in his name and ordering the replevin plaintiff and INDER to pay costs.El Tribunal Agrario revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda reivindicatoria por error en la adjudicación y acogió la reconvención de usucapión especial agraria a favor del poseedor desde 1996, ordenando inscribir la finca a su nombre y condenando a la reivindicante y al INDER al pago de costas.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal heard an appeal against a ruling by the Agrarian Court of Upala that had partially granted both the replevin claim of Rosa Eugenia Cortés Araya and the adverse possession counterclaim of Olman Bustos García. The Tribunal fully reversed the lower court's decision. It found that the adjudication of plot 4 to Cortés Araya by the former IDA (now INDER) was based on an error in the object, as she had always possessed plot 7. This administrative error does not create rights, so it upheld the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing raised by Bustos García, and entirely dismissed the replevin claim. Regarding the counterclaim for special agrarian adverse possession, the Tribunal held that Bustos García had exercised dynamic, productive possession in good faith since 1996 over plot 4, fulfilling the social function of property. It therefore granted the adverse possession claim and ordered the property registered in his name. Cortés Araya and INDER were ordered to pay costs.El Tribunal Agrario conoció de un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado Agrario de Upala que había declarado con lugar parcialmente tanto la demanda reivindicatoria de Rosa Eugenia Cortés Araya como la reconvención de usucapión de Olman Bustos García. El Tribunal revocó totalmente la sentencia de primera instancia. Determinó que la adjudicación de la parcela 4 a Cortés Araya por parte del entonces IDA (hoy INDER) se basó en un error en el objeto, ya que ella siempre había poseído la parcela 7. Ese error administrativo no crea derecho, por lo que acogió las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva opuestas por Bustos García, y rechazó íntegramente la demanda reivindicatoria. En cuanto a la reconvención de usucapión especial agraria, el Tribunal estimó que Bustos García había ejercido una posesión agraria dinámica, productiva y de buena fe desde 1996 sobre la parcela 4, cumpliendo la función social de la propiedad, por lo que acogió la usucapión y ordenó inscribir la finca a su nombre. Además, condenó a Cortés Araya y al INDER al pago de costas.
Key excerptExtracto clave
From the above, it is easily detectable that an "Error in the Object" occurred when the adjudication was made by the former Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural), since it was believed that the plot being granted was the one in possession of the plaintiff Rosa Eugenia Cortés Araya since 1997, which was actually "PARCELA NÚMERO 7". It is easy to see from this that there was an error in the object granted to the plaintiff. According to author Manuel Ossorio in his Dictionary of Legal, Political and Social Sciences, error in the object is "That which falls on the thing that is the object of the legal act. It is an essential error, causing the nullity of the act, which falls on fundamental qualities of the thing, on its very existence, identity, quantity or extension. Error in the object does not invalidate the act when it concerns non-essential qualities, unless these had been specially guaranteed or there was fraud by a third party". In this case, there is an essential error in relation to the essential qualities of the object, which even produces the nullity of the act. Moreover, this Tribunal considers that plaintiff Cortés Araya acts entirely in bad faith, by seeking to be given a plot different from the one she has held in possession, "PARCELA NÚMERO 7", since she entered in 1996. From this perspective, there is no option but to reject the replevin action brought, especially if the legal maxim "a party's confession is sufficient proof" is applied. Moreover, it is indeed admitted that she has never held the disputed property in possession, since possession of the property is held by the defendant-counterclaimant Olman Bustos García, since 1996, so the erroneous administrative act of the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural) had not even occurred at that time. It was executed when the deed for the property was made in 2006. This administrative error does not grant any right over "PARCELA 4", on which she has never exercised any possessory or ownership right, given the error in the object that was granted to her. Regarding the COUNTERCLAIM FOR ADVERSE POSSESSION brought by OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the exceptions of lack of active standing, lack of passive standing, and lack of right raised by Rosa Eugenia Cortés Araya are rejected, since Bustos García demonstrated that he has held possession of the property since 1996, dedicating it to productive agricultural activities for his upkeep and that of his family, fulfilling the social function of property. The exceptions of lack of active standing, lack of passive standing, and lack of right raised by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected, since an error in the object was caused by the administration (Instituto de Desarrollo Rural), which generated this conflict. The counterclaim for ADVERSE POSSESSION brought by OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL is granted. It is ordered that the property from the Alajuela registry, folio 401254-000, be registered in the name of OLMAN BUSTOS GARCÍA...De lo anterior resulta fácilmente detectable se dio un "Error en el Objeto", a la hora de realizar la adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), dado se creía estar otorgando la parcela que tenía en posesión la aquí accionante Rosa Eugenia Cortés Araya, desde el año 1997, que realmente era la "PARCELA NÚMERO 7". De lo anterior se desprende fácilmente hubo un error en el objeto dado en adjudicación a la accionante. El error en el objeto según lo indica el autor Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Juridicas, Políticas y Sociales es "El que recae sobre la cosa objeto del acto jurídico. Es error esencial, causante de la nulidad del acto, el que recae sobre cualidades fundamentales de la cosa, sobre su misma existencia, identidad, cantidad o extensión. El error en el objeto no invalida el acto cuando se da respecto de cualidades no esenciales, a menos que estas hubieren sido especialmente garantizadas o mediare dolo de un tercero". En este caso se da un error esencial en relación a las cualidades esenciales del objeto lo que produce inclusive una nulidad del acto. Por otra parte estima este Tribunal, la actora Cortés Araya actúa totalmente de mala fe, al pretende se le entregue una parcela distinta a la que ha tenido en posesión la "PARCELA NÚMERO 7", desde que ingresó en el año de 1996. Desde esta perspectiva no queda más que rechazar la acción reivindicatoria interpuesta, y máxime si se aplica la máxima jurídica de que "a confesión de parte relevo de prueba". Por otra parte desde luego que admite nunca ha tenido el bien en disputa en posesión por cuanto la posesión del bien la tiene el aquí demandado reconventor Olman Bustos García, desde el año de 1996, por lo que ni siquiera se había dado el acto administrativo erróneo del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural).El cual se ejecutó al hacer la escritura sobre el inmueble en el año 2006. Realmente este error de la administración no le concede derecho sobre la "PARCELA 4", en la cual nunca ha ejercido derecho alguno de posesión, ni de propiedad al haber un error en el objeto que se le concedió. En cuanto a la CONTRADEMANDA DE USUCAPIÓN interpuesta por OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la de falta de derecho interpuestas por la señora Rosa Eugenia Corté Araya dado demostró el señor Bustos García mantener en posesión el bien desde el año de 1996, dedicándolo a actividades agrarias productivas para su manutención y la de su familia cumpliendo con la función social de la propiedad. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el Instituto de Desarrollo Rural, al darse un error en el objeto por culpa de la administración (Instituto de Desarrollo Rural) lo que generó este conflicto. Se acoge la demanda de USUCAPIÓN interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se ordena inscribir a nombre del señor OLMAN BUSTOS GARCÍA la finca del Partido de Alajuela matrícula 401254-000...
Pull quotesCitas destacadas
"El error en el objeto es un error esencial, causante de la nulidad del acto, el que recae sobre cualidades fundamentales de la cosa."
"Error in the object is an essential error, causing nullity of the act, which falls on the fundamental qualities of the thing."
Considerando III
"El error en el objeto es un error esencial, causante de la nulidad del acto, el que recae sobre cualidades fundamentales de la cosa."
Considerando III
"El error de la Administración, que aunque evidencia un estado de desorden e incompetencia, lo cierto es que el error no crea derecho."
"The administration's error, although it evidences a state of disorder and incompetence, the truth is that error does not create rights."
Considerando III
"El error de la Administración, que aunque evidencia un estado de desorden e incompetencia, lo cierto es que el error no crea derecho."
Considerando III
"El trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra."
"Agrarian labor constitutes the foundation of agrarian adverse possession, as it is the instrument through which land ownership is acquired."
Considerando IV
"El trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra."
Considerando IV
"La buena fe no solo recae en que si don Olman conocía si el terreno estaba inscrito, sino que actuó pensando que tenía un derecho sobre el inmueble y sobre los actos posesorios realizados."
"Good faith does not only rest on whether Mr. Olman knew if the land was registered, but on the fact that he acted believing he had a right over the property and over the possessory acts carried out."
Considerando IV
"La buena fe no solo recae en que si don Olman conocía si el terreno estaba inscrito, sino que actuó pensando que tenía un derecho sobre el inmueble y sobre los actos posesorios realizados."
Considerando IV
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VOTO N° 2025000183 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-sixth, two thousand twenty-five.- ORDINARY PROCEEDING brought by ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, of legal age, single, homemaker, resident of Buenos Aires, Asentamiento Alfonso Bustos, identity card five - two hundred seven - five hundred twenty-five; against OLMAN BUSTOS GARCÍA, of legal age, single, farmer, resident of Asentamiento Alfonso Bustos, identity card number nine - zero seventy-eight - nine hundred seventy-two; the INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER), legal identity card four - zero zero zero zero forty-two thousand one hundred forty-three, represented by its general judicial attorney-in-fact Grace Ávila Calvo, of legal age, single, attorney, identity card two - four hundred twenty-seven - three hundred thirteen, bar association number thirteen thousand seven hundred seventy-five.
Likewise, Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA files a counterclaim against INDER and ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, of the qualities previously mentioned. Acting as public defender for the plaintiff-counterdefendant is attorney Nubia Miranda Pérez, identity card six - three hundred ten - six hundred seventy-two, bar association number twenty thousand three hundred forty-nine; and for the defendant-counterclaimant Bustos García, attorney Mariela Angulo Pizzarro, of qualities unknown in the record. Processed before the Agrarian Court of Upala.
WHEREAS:
4- The defendant Rosa Eugenia Cortés Araya answers the counterclaim from folio 113 to 117, and raised exceptions of lack of standing to sue, lack of standing to be sued, lack of right. The INDER answers the counterclaim filed against it and raises the exceptions of lack of standing to sue and be sued on the merits, lack of right, and the generic sine actione agit, as recorded from folio 128 to 129.
WHEREAS:
III.The appellant indicates as a first grievance an improper assessment of the evidence and absence of assessment of the requirements of usucapion. In this particular case, this Tribunal considers the appellant to be correct because this matter concerns a case that deviates from the norm in terms of how the facts have been occurring since the beginning. When the introduction to the property under litigation was made, which is a property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). As both parties indicate, they took possession of different areas of the property and began to exercise possession over them. Subsequently, INDER proceeded to grant the lands through adjudications (adjudicaciones) carried out by it. Through a Board of Directors Agreement, Article XVII, Session 88-2000, of December 4, 2000, "PARCEL 4" was adjudicated to Mrs. Rosa Eugenia Cortés Araya. This was ratified with the delivery of the deed in the year 2004.
As the plaintiff herself acknowledges in fact "SECOND" of her complaint, she, since she entered, began to possess "PARCEL NUMBER 7," exercising possession of it, carrying out agricultural work such as planting corn, tiquisque, planted fruit trees, and currently carries out porcine, cattle, and poultry activities, and it is currently the same place where she lives with her family since she entered. She also acknowledges in said second fact of her complaint that since she entered that "PARCEL NUMBER 7," she thought, just like INDER, that it was "PARCEL 4." The claimant-counterdefendant indicates that "PARCEL 4" has been possessed by Mr. Olman Bustos García. From the foregoing, it is easily detectable that an "Error in the Object" (Error en el Objeto) occurred when making the adjudication by the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural), given it was believed that the parcel being granted was the one held in possession by the claimant here, Rosa Eugenia Cortés Araya, since 1997, which was actually "PARCEL NUMBER 7." From the above, it is easily deduced that there was an error in the object (objeto) granted in adjudication to the claimant.
The error in the object, as indicated by author Manuel Ossorio in his Dictionary of Legal, Political and Social Sciences, is "That which falls upon the thing that is the object of the legal act. It is an essential error, causing the nullity of the act, that which falls upon fundamental qualities of the thing, upon its very existence, identity, quantity, or extension. The error in the object does not invalidate the act when it occurs regarding non-essential qualities, unless these had been especially guaranteed or if there was fraud by a third party." In this case, an essential error occurs in relation to the essential qualities of the object, which even produces a nullity of the act. On the other hand, this Tribunal considers that the plaintiff Cortés Araya acts entirely in bad faith, in seeking to be given a different parcel than the one she has had in possession, "PARCEL NUMBER 7," since she entered in 1996.
INDER, when answering the lawsuit, indicates that attempts have been made to solve the problem arising from the delivery of a different land than the one possessed, where the plaintiff has been offered the delivery of parcel 7, which is where she lives and possesses, but she has not wanted this because she intends for said parcel to be given to her son, and for her to keep "PARCEL 4," which she has never possessed, and she accepts in her complaint that she thought, just like INDER, that it was "PARCEL 4" that she held in possession, when in reality she held "PARCEL 7" in possession. From this perspective, there is no choice but to reject the reivindicatory action filed, and especially so if the legal maxim "a confession by the party relieves of proof" is applied. Moreover, of course she admits she has never had the asset in dispute in possession, given that possession of the asset is held by the defendant-counterclaimant here, Olman Bustos García, since 1996, so the erroneous administrative act of the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural) had not even occurred yet, which was executed when making the deed on the property in 2006.
Truly, this error by the administration does not grant a right over "PARCEL 4," in which she has never exercised any right of possession or ownership, there being an error in the object that was granted to her. On this point, the Constitutional Chamber has stated in Ruling No. 629 of nine hours five minutes on January 17, 2014, which in this sense has stated: "... Although the administration certainly made a mistake when issuing the certification indicated, it is clear to this Constitutional Tribunal that in this case we are faced with an error by the Administration, which, although it shows a state of disorder and incompetence, the truth is that error does not create a right..."
It is important to keep in mind that INDER, when answering the complaint, just as the plaintiff indicates in her facts, pointed out that there was an error regarding the adjudication of the parcel to the plaintiff here, because it was believed that PARCEL 4 was the one she was possessing, however, she really possessed parcel number 7, (see fact two of her complaint at folio 28 of the physical case file) and not parcel four. Parcel 4 has really been possessed by the defendant/counterclaimant here, Olman Bustos García. Although parcel 4 was adjudicated to Mrs. Cortés Araya, this was due to an error in the object because what was intended to be adjudicated was the parcel she was possessing, which in this case was PARCEL 7. The appellant is correct in that there was an improper assessment of the evidence provided to the process, and furthermore, these are facts recognized by the plaintiff herself in her complaint, recognized by the Instituto de Desarrollo Rural itself, which committed the error in the adjudication of a property different from the one Mrs.
Cortés Araya had in possession. That is, a serious administrative error was committed, which is what gives rise to the present claim for recovery of possession (reivindicatorio) and adverse possession (usucapión). In this regard, it is important to keep in mind that error does not create subjective rights, and the fact that INDER (also a defendant) committed such an error cannot be taken advantage of by the plaintiff, because error does not create rights, and therefore the claim for recovery of possession (reivindicación) of parcel 4 is denied, because what was intended to be adjudicated was parcel 7, which she had in possession and of which the plaintiff here, Cortés Araya, still maintains possession. In this case, the plaintiff seeks to be given said parcel 4, even though she really maintains in her possession the parcel initially invaded by her and which subsequently, because the invaded farm belonged to the Instituto de Desarrollo Rural, the latter decided to subdivide and deliver to the occupants the parcels occupied by them, among them the plaintiff here.
IV.Regarding the appellant's grievance in relation to the requirements for adverse possession (usucapión), in which, despite the foregoing, the first-instance judgment makes a reproachful assessment of my client: “… the truth is that Mr. Olman acknowledged knowing for many years that the land belonged to INDER, which is why he is a possessor in bad faith thereof, especially since he knew that the land belonged to Mrs. Rosa.” Text of the judgment. Without a doubt, Mr. Olman knew that the land belonged to INDER, and because of this, studies had been initiated for a possible adjudication by the institution, and Mrs. Rosa was in the same situation. “That possession exercised by Mr. Olman has rather been in bad faith because he himself acknowledged in the second fact of the counterclaim that the land he possessed was in the name of the I.D.A. (today INDER) and that he even tried, unsuccessfully, with officials of said Institution to put that land [in his name].” Text in judgment.
Good faith does not only hinge on whether Mr. Olman knew if the land was registered, but rather that he acted thinking he had a right over the property and over the possessive acts carried out, fitting perfectly with Article 285 of the Civil Code. What we have here is an error by the institution that vitiates the title. Furthermore, INDER took more than ten years to notice this error. Regarding the requirements for adverse possession (usucapión), this Court considers the appellant is correct in that the land in possession of Mr. Olman Bustos García is a property belonging to INDER and intended by said entity for delivery to farmers for the development of productive agrarian activities. It is worth noting that the defendant/counterclaimant here entered the property, just like the plaintiff here, in the year 1996, and that the latter has distributed it among the people who entered on those dates and have maintained possession of the lands, exercising productive activities, as Mr.
Bustos García has done in this case, and of which this Court has no doubt. In this matter, a conciliation agreement had even been reached (see agreement at folio 182 of the physical case file), in which Mrs. Cortés Araya committed to leaving parcel 7 and parcel 4 would be delivered to her, and Mr. Bustos would be given parcel five once INDER evicted a possessor who had it and the improvements and accretions (mejoras y accesiones) made would be paid to him; however, said conciliation was subject to the approval of INDER’s Board of Directors, which had initially taken an agreement, but it was later annulled, see communication in image 1 of the digital case file which states: "Subject: ANNUL THE AGREEMENT TAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS IN ARTICLE 45, ORDINARY SESSION 21-2016, HELD ON JUNE 27, 2016." Consequently, Mr. Bustos García continued in possession of Parcel No. 4. That is, exercising a dynamic, productive possession, which protects the possessory right that gives him the basis for the adverse possession (usucapión) of said Parcel No. 4 by developing productive activities for his sustenance and that of his family, and living on it, because it must not be overlooked that he lives on said parcel, fulfilling productive development.
Regarding this issue of agrarian property, the Sala Constitucional, in judgment No. 24178-2021, whose jurisprudence is binding, has developed the nature of agrarian property around this institute: “VII.- Regarding the regime of agrarian property.- This Constitutional Court, through judgment No. 2000-9119 of 15:14 hours on October 17, 2000, indicated the following regarding agrarian property: ‘Agrarian property, determined in this case by its form of acquisition through the mechanisms provided in the Ley de Tierras y Colonización, is identified by the obligations on the owner to exercise acts of possession in fulfillment of the social function of their right. Property and possession are therefore in such a relationship that the former cannot be conceptualized without the concurrence of the latter, in such a way that, without property losing its nature as a subjective right, its holder assumes a series of obligations in the exercise of their right.
The State, attending not only to that differentiating character of agrarian property, but also framed within the concept of the Social and Democratic State of Law that governs our country, recognized in Article 50 of the Political Constitution, has provided through the Ley de Tierras y Colonización a specific procedure for the acquisition of this right with the aim of promoting the gradual increase in the productivity of land ownership, for a just distribution of its product, and for the purpose of elevating the social condition of the peasant, making them a participant in the development of the Nation (Article 1 of the cited Law).’ Based on the foregoing, the possibility of acquisition through agrarian property emerges by means of a procedure that seeks, as its goal, the destination of land production as a fundamental characteristic, by virtue of its nature. This procedure is regulated in Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, starting from numeral 92 and following of said regulatory body.
Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización establishes the conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), where it indicates that the Instituto de Desarrollo Rural is the agency responsible for intervening in cases of precarious possession (posesión precaria) of lands to procure finding satisfactory solutions in accordance with the law. It defines the precarious possessor (poseedor precario) as follows: ‘one who, out of necessity, carries out stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it in conditions of production for their subsistence or that of their family, over a land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have had ten-year possession under the conditions stated in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information procedure…’.
It is important to clarify that Law No. 9036 came to transform the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), and with its creation, derogations were made to Law No. 2825. However, in the final provisions of Law No. 9036, it was clearly provided that Chapter VI of Law No. 2825, which is responsible for regulating conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), remains in force to date. In accordance with the foregoing, the rules in question establish the requirements that must be met for a specific person to be considered a precarious possessor under a precarious occupation by carrying out possessory acts to generate production on land they do not own. For a better understanding of the same, there is Article 195 of the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), which is responsible for defining the requirements demanded by Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización, as follows: ‘Article 195°- Precarious Occupation.
For an occupation to be considered precarious, compliance with the requirements established in Law 2825 must be determined, which are as follows: a) Yearly possession: Must demonstrate by any evidentiary means permitted by law having been in possession of the property subject to conflict for more than one year. b) State of necessity: The applicant must demonstrate that they entered the property to cover a state of subsistence necessity, that is, that at the time of entering the property and to date, they have no other means of subsistence for themselves and their family other than the production they carry out on the occupied property. c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their sole means of subsistence, therefore, if they have other means of subsistence, it will be considered that no precarious occupation exists. d) Area: The possessed area must be sufficient to be considered as a productive unit that meets the minimum parameters that allow subsistence according to the zone in which it is located, its nature, and the productive activity carried out.’ It is understood that the legal system allows a precarious possessor (poseedor precario), upon meeting the required requirements, to acquire a property that is in the name of another person in the Public Registry, through the regime of special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria), under the modality of agrarian property.
Thus, it is understood that the conflict between an owner and a precarious possessor arises when the registered owner of a particular property abandons it, ceasing to perform acts of possession on it – known as the presumption of abandonment – and in their place comes another person who, although it does not belong to them, adopts actions aimed at possession with the purpose of producing on said land to satisfy their subsistence need, as well as that of their family group. Without there being any claim or objection by the registered owner."
Clearly, in this case, Mr. Olman Bustos García has exercised agrarian possession to satisfy his own needs and those of his family. Mrs. Eugenia Cortés Araya has never performed possessory acts on the property, and although she brought this claim for recovery of possession (acción reivindicatoria), the land actually granted to her occurred through an administrative error due to confusion of the object, as resolved in this same process, and as stated above. Even INDER itself initiated an administrative process against Mrs. Cortés Araya, which was set aside by that same entity. The Sala Constitucional, in the same judgment No. 24178-2021, delved into the application of the aforementioned institute, in the Regulations to the INDER Law No. 9036 of April 9, 2018, adding the following in greater detail: "IX...Now, it is necessary to examine the purpose of the content of the challenged rule to determine if it complies or not with the parameters established in the principle of proportionality and reasonableness.
In the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), there is Article 195, which establishes the requirements that must be met for a precarious occupation to occur under the modality of agrarian possession. The plaintiff specifically questions the requirement contemplated in subsection c) of said rule, which is: 'c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their sole means of subsistence, therefore, if they have other means of subsistence, it will be considered that no precarious occupation exists. (...).' As indicated, this Chamber has held that for this requirement to be sustained, it must be necessary, suitable, and proportional. The necessity is based on protecting a good or set of goods of the community. In the specific case, by requiring compliance with the requirement, it seeks to protect the property right of the registered owner of the good, as established in Article 45 of the Constitution.
On the other hand, the suitability of the requirement is to protect agrarian possession for that specific person who performs possessory acts on a land without being the registered owner of the good. It is not intended to gift the real estate, but rather seeks that such occupation arises with the performance of agrarian possessory acts, such as production on the land, which is why it demands as an essential element that said labor be the sole means of subsistence of the person and their family group so that acquisition can occur in that way. Finally, the proportionality of the requirement arises to prevent an arbitrary dispossession of the registered owner; as well as to prevent people from using the figure of agrarian adverse possession (usucapión agraria) for profit or the commercialization of lands; that is, it seeks to prevent abuse from existing. Based on the foregoing, it is determined that the challenged rule is reasonable, suitable, and proportional to the purposes for which it was created.
Likewise, it is important to clarify that at the moment a specific person makes the request to be qualified as a precarious possessor (poseedora en precaria), they only have an expectation of right, because it is subject to compliance with the requirements established in the Law. The legislator established that the Instituto de Desarrollo Rural is the agency responsible for intervening in cases of precarious possession (posesión precaria) of lands, hence its legitimacy to determine whether a person meets or not the requirements to be able to qualify as a precarious possessor (poseedor en precario), pursuing as a fundamental element the productive agrarian activity on the land. In addition to the above, it stands that agrarian adverse possession (usucapión agraria) contemplates special requirements aimed at seeking production and agrarian work –vegetal or animal–. To understand more about this figure, this Sala Constitucional, in judgment No. 04587-97 of 15:45 hours on August 5, 1997, provided the following: 'Regarding agrarian property, it must be indicated that when the social function of property is recognized, the right of property is configured as a right-duty, in which there is a specific way to exercise the faculties of ownership, and obligations such as the productive use of the land are imposed on the holder.
Given that the factual assumption of the challenged rule – Article 7, first paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias– could be applied in the hypothesis in which, over the land sought to be titled, before its affectation to the public domain, agrarian possession has been exercised, it is necessary to point out the elements that characterize the institute of agrarian adverse possession (usucapión agraria), as was done above with the general regime of ordinary civil adverse possession. According to jurisprudence, the foundation of this institute is a general principle of Agrarian Law: the economic-social function of agrarian property. This principle is fundamentally integrated with two aspects: a subjective one, of an economic order, which consists of the owner's obligation to produce, improve, and respect the environment, and another objective or social one, which entails the State's obligation to provide property to those who are in a condition to produce but lack land.
By virtue of the foregoing, agrarian labor constitutes the foundation of agrarian adverse possession (usucapión agraria), as it is the instrument through which land ownership is acquired. For agrarian adverse possession, possession acquires a central value as a mandatory element to acquire the right of property. The institute of agrarian adverse possession in Costa Rica coincides with the general adverse possession of the Civil Code in its structure, however, it differs from it in its function due to the introduction of the principles set forth above. Among the elements that characterize agrarian adverse possession is a special conception of the animus of the possessor, which must be projected through the exercise of agrarian possessory acts. This is reflected with greater intensity in the economic appropriation of the profits obtained from the work on the property. It is presumed that one who works the land in that way does so as owner.
On the other hand, the just title is constituted by agrarian labor, and its non-requirement as a document allows acquisition to occur against a title registered in the name of a third party in the Public Registry. Likewise, in agrarian adverse possession, there is no distinction between possession in good or bad faith, because what fundamentally matters is the productive agrarian activity. Special agrarian legislation in Costa Rica has been eliminating the just title and good faith in adverse possession (usucapión) to the point that the non-requirement of these requirements has become the rule, and its exception is found in the civil sphere in the hypothesis of derivative acquisition of possession. Now, doctrine and jurisprudence have understood that Articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms, expressly regulate agrarian adverse possession (usucapión agraria) of lands.
In those articles, the figure of precarious possession (posesión precaria) of lands is defined, which constitutes a modality of agrarian possession. It consists of a de facto power over a good of a productive nature, registered in the name of a third party in the Public Registry, in which stable and effective acts of possession are carried out that are aimed at putting the good in conditions of production in order to satisfy the possessor's own needs and those of their family. As food necessity and agrarian labor prevail in precarious possession, one must possess in a direct and personal manner – the mere intent to possess is not enough. Likewise, consideration of whether good or bad faith exists is dispensed with, since the precarious possessor (poseedor en precario) knows that the good they work is registered in the name of a third party in the Public Registry. The translative title of ownership is also excluded because the title is constituted by agrarian labor.' (The highlighting does not correspond to the original).
From the cited precedent, it follows that the requirement contemplated in the challenged rule for a specific person to be qualified as a precarious possessor (poseedor precario) responds to a principle of social function, which guarantees the productivity of lands in a condition of necessity to satisfy the needs of the occupying person as well as their family. Thus, this Constitutional Court considers that the requirement stipulated in subsection c) of Article 195 of the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), is completely proportional and reasonable. In this sense, it is essential to reiterate what was stated in the previously described judgment, regarding that agrarian labor constitutes the foundation of agrarian adverse possession (usucapión agraria) as the instrument through which land ownership is acquired.
It is determined that this special figure enshrined in Agrarian Law was created precisely for those cases where a person, when filing the application for conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), has to demonstrate that their subsistence means for basic needs comes from the agrarian labor of the land, which excludes that said subsistence comes from means other than land production. This fundamental element justifies the special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria) as an exception to the general figure, because the mere intent to possess is not enough. Thus, such a requirement is not arbitrary or disproportionate. By virtue of the foregoing, this Constitutional Court rules out that the challenged rule violates the principle of constitutional proportionality. Consequently, the action must be dismissed regarding this aspect." See that the Sala Constitucional reaffirms its own binding jurisprudence that establishes agrarian labor as the foundation of special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria), and it is precisely to value not only a form of access to property but to guarantee the exercise of the economic, social, and environmental function of property.
That is why the Ley de Tierras y Colonización also integrates other provisions, such as Article 144, which establish the grounds for expropriation for non-compliance with the social function, such as leaving the property in a state of abandonment. The foregoing is in accordance with a principle of agrarian law as "law of equity," contained in Article 1 of the Law, which in its subsection 6) provides: "This Law has the purpose of: 6) Determining that the land should not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means within its reach, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise." And as a consequence of the foregoing, it is evident that in this case, the behavior of the counterclaim defendant/plaintiff with respect to the land she has never had, it could be said she has not had any agricultural exploitation on her part, so much so that an administrative procedure had been initiated against her to cancel the adjudication of parcel 4, which she evidently has never had, given that an error in the object occurred in the adjudication as stated above, because she really has exercised possession over a parcel completely different from the one claimed in this case, over Parcel No. 7.
V.By virtue of the foregoing, in accordance with what was requested by the appellant, the first-instance judgment is FULLY REVOKED. In its place, the defenses of lack of right are upheld because, although it is registered in the name of the plaintiff Cortés Araya, this was due to an administrative error in the object, as it was not the land that was going to be delivered to the plaintiff Rosa Eugenia Cortés Araya. The defense of lack of standing is upheld because, although the property is registered in the name of the plaintiff, this was due to an administrative error in the adjudication of the property. The defense of lack of passive standing is upheld, because the plaintiff never took possession of the land through dispossession (despojo) of Mrs. Cortés Araya, but rather said land was due to an error in the object that was adjudicated to her, the administration thinking it was parcel 4. The defense of positive prescription (prescripción positiva) is upheld because the defendant Mr.
Olman Bustos García has possessed the real property since the year 1996, dedicating it to agrarian production activities through the labor of the land for his subsistence and that of his family. By reason of the foregoing, THE CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA REIVINDICATORIA) FILED BY ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AGAINST OLMAN BUSTOS GARCÍA IS REJECTED. The plaintiff Cortés Araya is ordered to pay costs because she knew that there had been an error in the adjudication and still sought to recover parcel 4, knowing that what she really had in possession was a different land, in this case parcel 7, attempting to keep both parcels, so that the one she has in possession could be given to her son, which denotes her bad faith in her actions.
COUNTERCLAIM. Regarding the counterclaim (contrademanda) filed by Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by Mrs. Rosa Eugenia Corté Araya are rejected, given that Mr. Bustos García demonstrated maintaining possession of the property since the year 1996, dedicating it to productive agrarian activities for his sustenance and that of his family, fulfilling the social function of property. The defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected, as an error in the object occurred due to the fault of the administration (Instituto de Desarrollo Rural) which generated this conflict. THE CLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (USUCAPIÓN) FILED BY MR. OLMAN BUSTOS GARCÍA AGAINST ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AND THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS UPHELD.
It is ordered to register in the name of Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA the farm of the Partido de Alajuela registration number 401254-000, located in Asentamiento Alfonso Bustos, situated in Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela, with a measurement of four hectares six thousand eight hundred fifty-nine square meters with twenty-nine square decimeters (4 has 6859.29 m2), which borders on the north with public street, south with reserve zone, east with parcel number 3, west with parcel number 5, plotted on map A-475426-98. The counterclaim defendants ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL are ordered to pay the costs of the counterclaim.
POR TANTO
In the appealed matter, the appeal filed by Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA is upheld and therefore the first-instance judgment is FULLY REVOKED. In its place, regarding the CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA DE REIVINDICACIÓN) filed by ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA against OLMAN BUSTOS GARCÍA and INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the co-defendant Olman Bustos García are upheld. Likewise, the defense of positive prescription (prescripción positiva) filed by Mr. Bustos García is upheld. By reason of the foregoing, THE CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA REIVINDICATORIA) FILED BY ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AGAINST OLMAN BUSTOS GARCÍA AND INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS REJECTED. The plaintiff Cortés Araya is ordered to pay the costs of the claim. Regarding the COUNTERCLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (CONTRADEMANDA DE USUCAPIÓN) filed by OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by Mrs.
Rosa Eugenia Corté Araya are rejected, given that Mr. Bustos García demonstrated maintaining possession of the property since the year 1996, dedicating it to productive agrarian activities for his sustenance and that of his family, fulfilling the social function of property. The defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected, as an error in the object occurred due to the fault of the administration (Instituto de Desarrollo Rural) which generated this conflict. THE CLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (USUCAPIÓN) FILED BY MR. OLMAN BUSTOS GARCÍA AGAINST ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AND THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS UPHELD. It is ordered to register in the name of Mr. OLMAN CORTES GARCÍA the farm of the Partido de Alajuela registration number 401254-000, located in Asentamiento Alfonso Bustos, situated in Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela, with a measurement of four hectares six thousand eight hundred fifty-nine square meters with twenty-nine square decimeters (4 has 6859.29 m2), which borders on the north with public street, south with reserve zone, east with parcel number 3, west with parcel number 5, plotted on map A-475426-98. The counterclaim defendants ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL are ordered to pay the costs of the counterclaim.
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:16:58.
Tribunal Agrario Tipo de contenido: Voto salvado Temas (descriptores): Usucapión especial agraria Subtemas: Requisitos de la usucapión y análisis sobre la posesión en precario. Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente ORDINARIO ACTOR/A:
ROSA EUGENIA CORTES ARAYA DEMANDADO/A:
OLMAN BUSTOS GARCIA VOTO N° N° 2025000183 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.- PROCESO ORDINARIO promovido por ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, mayor, soltera, ama de casa, vecina de Buenos Aires, Asentamiento Alfonso Bustos, cédula de identidad cinco - doscientos siete - quinientos veinticinco; contra OLMAN BUSTOS GARCÍA, mayor, soltero, agricultor, vecino de Asentamiento Alfonso Bustos, cédula de identidad número nueve - cero setenta y ocho - novecientos setenta y dos; el INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER), cédula jurídica cuatro - cero cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres, representado por su apoderada general judicial Grace Ávila Calvo, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cuatrocientos veintisiete - trescientos trece, colegiada trece mil setecientos setenta y cinco.
Asimismo el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA presenta reconvención contra el INDER y ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, de calidades antes mencionadas. Actúa como defensora pública de la actora reconvenida, la licenciada Nubia Miranda Pérez, cédula de identidad seis - trescientos diez - seiscientos setenta y dos, colegiada veinte mil trescientos cuarenta y nueve; y del demandado- reconventor Bustos García, licenciada Mariela Angulo Pizzarro, de calidades desconocidas en autos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Upala.
RESULTANDO:
4- La demandada Rosa Eugenia Cortés Araya, contesta la reconvención de folio 113 al 117, y opuso excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, falta de derecho. El INDER contesta la contrademanda incoada en su contra e interpone las excepciones de falta de legitimación ad causan activa y pasiva, falta de derecho y la genérica sine actione agit, tal y como consta de folio 128 a129.
CONSIDERANDO:
III.Señala la apelante como primer agravio una indebida valoración de la prueba y ausencia de valoración de los presupuestos de la usucapión. En este caso particular considera este Tribunal lleva razón la parte apelante por cuanto este asunto trata de un caso que se sale de lo normal en cuanto a la forma en que se han venido dando los hechos desde el inicio. Cuando se hizo la introducción al fundo objeto de litigio y que es finca inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Tal y como lo indican ambas partes, se posesionaron sobre distintas áreas del inmueble y se comenzó a ejercer posesión sobre las mismas. Posteriormente el INDER procedió a otorgar los terrenos mediante adjudicaciones por este realizadas. Mediante acuerdo de Junta Directiva Artículo XVII, Sesión 88-2000, del 4 de diciembre del 2000, se le adjudicó a la señora Rosa Eugenia Cortés Araya la "PARCELA 4". Lo anterior quedó ratificado con la entrega de la escritura en el año 2004.
Tal y como lo reconoce la misma actora en el hecho "SEGUNDO" de su demanda, ella desde que ingresó comenzó a poseer la "PARCELA NÚMERO 7", ejerciendo la posesión de la misma realizando labores agrícolas como la siembra de maíz, tiquisque, sembró árboles frutales y actualmente realiza actividades porcina, ganadera y avícola, siendo actualmente el mismo lugar donde vive con su familia desde que ingresó. Igualmente reconoce en dicho hecho segundo de su demanda que desde que ingresó a esa "PARCELA NÚMERO 7", pensó al igual que el INDER, que se trataba de la "PARCELA 4". Indica la accionante reconvenida que la "PARCELA 4" ha estado poseída por el señor Olman Bustos García. De lo anterior resulta fácilmente detectable se dio un "Error en el Objeto", a la hora de realizar la adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), dado se creía estar otorgando la parcela que tenía en posesión la aquí accionante Rosa Eugenia Cortés Araya, desde el año 1997, que realmente era la "PARCELA NÚMERO 7".
De lo anterior se desprende fácilmente hubo un error en el objeto dado en adjudicación a la accionante. El error en el objeto según lo indica el autor Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Juridicas, Políticas y Sociales es "El que recae sobre la cosa objeto del acto jurídico. Es error esencial, causante de la nulidad del acto, el que recae sobre cualidades fundamentales de la cosa, sobre su misma existencia, identidad, cantidad o extensión. El error en el objeto no invalida el acto cuando se da respecto de cualidades no esenciales, a menos que estas hubieren sido especialmente garantizadas o mediare dolo de un tercero". En este caso se da un error esencial en relación a las cualidades esenciales del objeto lo que produce inclusive una nulidad del acto. Por otra parte estima este Tribunal, la actora Cortés Araya actúa totalmente de mala fe, al pretende se le entregue una parcela distinta a la que ha tenido en posesión la "PARCELA NÚMERO 7", desde que ingresó en el año de 1996.
El INDER al contestar la demanda indica que se ha tratado de arreglar el problema surgido por la entrega de un terreno distinto al poseído, donde se le ha ofrecido a la actora la entrega de la parcela 7 que es donde habita y posee, pero esta no ha querido por cuanto pretende que dicha parcela le sea entregada a su hijo, y ella ella quedarse con la "PARCELA 4", la cual nunca ha poseído y acepta en su demanda que ella pensó al igual que el INDER, que se trataba de la "PARCELA 4", la que tenía en posesión, cuando en realidad tenía en posesión "LA PARCELA 7". Desde esta perspectiva no queda más que rechazar la acción reivindicatoria interpuesta, y máxime si se aplica la máxima jurídica de que "a confesión de parte relevo de prueba". Por otra parte desde luego que admite nunca ha tenido el bien en disputa en posesión por cuanto la posesión del bien la tiene el aquí demandado reconventor Olman Bustos García, desde el año de 1996, por lo que ni siquiera se había dado el acto administrativo erróneo del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural).El cual se ejecutó al hacer la escritura sobre el inmueble en el año 2006.
Realmente este error de la administración no le concede derecho sobre la "PARCELA 4", en la cual nunca ha ejercido derecho alguno de posesión, ni de propiedad al haber un error en el objeto que se le concedió. Sobre el punto a dicho la Sala Constitucional en el Voto N° 629 de las nueve horas cinco minutos del 17 de enero de 2014, la cual en dicho sentido ha dicho: "... Aunque ciertamente la administración incurrió en una equivocación al emitir la certificación que se señaló, es claro para este Tribunal Constitucional que en este caso se está ante un error de la Administración, que aunque evidencia un estado de desorden e incompetencia, lo cierto es que el error no crea derecho...". Es importante tener presente, el INDER al contestar la demanda, al igual que lo indica en sus hechos la accionante, señaló, se dio un error en cuanto a la adjudicación de la parcela a la aquí actora, pues se creyó que la PARCELA 4 era la que ella estaba poseyendo, sin embargo, ella poseía realmente la parcela número 7, (ver hecho segundo de su demanda a folio 28 del expediente físico) y no la cuatro.
La parcela 4 realmente ha estado poseída por el aquí demandado reconventor Olman Bustos García. Si bien, se le adjudicó la parcela 4 a la señora Cortés Araya, ello se debió a un error en el objeto por cuanto lo que se quiso adjudicar era la parcela que ella estaba poseyendo, que en este caso era la PARCELA 7. Lleva razón la parte apelante en cuanto a que se da una indebida valoración de la prueba aportada al proceso, y además, ello son hechos reconocidos por la misma parte accionante en su escrito de demanda, reconocidos por el mismo Instituto de Desarrollo Rural, quien cometió el error en la adjudicación de un bien distinto al que tenía en posesión la señora Cortes Araya. Es decir, se comete un grave error administrativo, que es el que da pie al presente conflicto reivindicatorio y de usucapión. En dicho sentido es importante tener presente el error no crea derechos subjetivos y el hecho de que el INDER (también demandado) cometió tal error, del mismo no puede sacarse provecho, por parte de la accionante, pues el error no crea derechos, por lo que se deniega la pretensión de reivindicación de la parcela 4, pues lo que se quiso adjudicar fue la parcela 7 que esta tenía en posesión y de la cual, aún mantiene dicha posesión por parte de la aquí demandante Cortés Araya.
En este caso la accionante pretende se le entregue dicha parcela 4, a pesar de que realmente mantiene bajo su posesión la parcela inicialmente invadida por ella y que posteriormente, al pertenecer la finca invadida al Instituto de Desarrollo Rural este decidió parcelar y entregar a los ocupantes las parcelas por ellos ocupadas, entre ellos la aquí actora.
IV.En cuanto al agravio del apelante en relación a los presupuestos de la usucapión en el que a pesar de lo expuesto, en sentencia de primera instancia se hace un juicio de reproche a mi representado. “… lo cierto es que don Olman reconoció saber desde hace muchos años que el terreno le pertenecía al INDER, razón por la cual es un poseedor de mala fe del mismo, máxime que sabía que ese terreno le pertenecía a doña Rosa.” Texto de la sentencia. Sin lugar a dudas don Olman conocía que el terreno pertenecía al INDER y debido a esto se había iniciado con los estudios para una posible adjudicación por parte de la institución y en la misma situación estaba doña Rosa. “Esa posesión ejercida por don Olman más bien ha sido de mala fe por que él mismo reconoció en el hecho segundo de la reconvención que el terreno que él poseía estaba a nombre del I.D.A. (Hoy INDER) y que incluso trató con personeros de dicha Institución en poner ese terreno sin éxito.” Texto en sentencia.
La buena fe no solo recae en que si don Olman conocía si el terreno estaba inscrito, sino que actúo pensando que tenía un derecho sobre el inmueble y sobre los actos posesorios realizados, ajustándose perfectamente al artículo 285 del Código Civil, acá lo que tenemos es un error por parte de la institución que vicia el titulo. Inclusive, el INDER demoró más de diez años en percatarse de este error. En relación a los presupuestos de la usucapión este Tribunal considera lleva razón el apelante por cuanto el terreno en posesión del señor Olman Bustos García trata de un bien perteneciente al INDER y destinado por dicho ente a la entrega del mismo a los agricultores para el desarrollo de actividades agrarias productivas. No está demás señalar que el aquí demandado reconventor ingresó al fundo al igual que la aquí accionante en el año de 1996, y que este lo ha repartido entre las personas que ingresaron en esas fechas y han mantenido la posesión de los terrenos ejerciendo actividades productivas como en este caso lo ha hecho el señor Bustos García, y de lo cual este Tribunal no tiene ninguna duda.
Incluso en este asunto se había llegado a un acuerdo conciliatorio (ver acuerdo a folio 182 del expediente físico), en el cual la señora Cortés Araya se comprometía a salir de la parcela 7 y a ella se le entregaría la parcela 4, y al señor Bustos le darían la parcela cinco una vez que el INDER desalojara a un poseedor que tenía la misma y se le pagarían las mejoras y accesiones realizadas, sin embargo dicha conciliación quedaba sujeta a la aprobación de la Junta Directiva del INDER, la cual en principio había tomado un acuerdo, sin embargo el mismo se dejó sin efecto, ver comunicado en imagen 1 del expediente digital donde se indica: " Asunto: DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL ARTÍCULO 45, SESIÓN ORDINARIA 21-2016, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2016.". De lo anterior entonces el señor Bustos García continuó en posesión de la parcela N° 4. Es decir ejerciendo una posesión dinámica, productiva lo que ampara el derecho posesorio que le da bases para la usucapión de dicha parcela N° 4 al desarrollar actividades productivas para su manutención y la de su familia, y vivir en la misma, porque no se debe dejar de analizar que el vive en dicha parcela, cumpliendo con el desarrollo productivo.
En cuanto a este tema de la propiedad agraria ha dicho la Sala Constitucional en la sentencia No. 24178-2021, cuya jurisprudencia es vinculante, ha desarrollado la naturaleza de la propiedad agraria en torno a este instituto: VII.- Sobre el régimen de la propiedad agraria.- Este Tribunal Constitucional mediante la sentencia No. 2000-9119 de las 15:14 horas del 17 de octubre de 2000, indicó lo siguiente respecto a la propiedad agraria: “La propiedad agraria, determinada en este caso por su forma de adquisición a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Tierras y Colonización, se identifica por las obligaciones a cargo del propietario de ejercer actos de posesión en cumplimiento de la función social de su derecho. Propiedad y posesión se encuentran entonces en una relación tal que la primera no puede ser conceptualizada sin la concurrencia de la segunda, de formal tal que, sin que la propiedad se desnaturalice como derecho subjetivo, su titular asume una serie de obligaciones en el ejercicio de su derecho.
El Estado, atendiendo no sólo a ese carácter diferenciante de la propiedad agraria, sino enmarcado además dentro de la concepción de Estado Social y Democrático de Derecho que rige a nuestro país, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, ha dispuesto a través de la Ley de Tierras y Colonización un procedimiento específicos de adquisición de este derecho con el afán de promover el aumento gradual de la productividad de la propiedad de la tierra, para una justa distribución de su producto y a efectos de elevar la condición social del campesino, haciéndolo partícipe del desarrollo de la Nación (artículo 1 de la citada Ley).” A partir de lo anterior, se desprende la posibilidad de adquisición por medio de la propiedad agraria a través de un procedimiento que busca como fin el destino de la producción de la tierra como característica fundamental, en virtud de su naturaleza. Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, a partir del numeral 92 y siguientes de dicho cuerpo normativo.
El artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización establece los conflictos entre propietarios y poseedores en precario, donde se indica que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras para procurar encontrar soluciones satisfactorias de acuerdo con la ley. Define al poseedor precario de la siguiente manera: “aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria…”.
Es importante aclarar que la Ley No. 9036, llegó a transformar el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y con su creación se realizaron derogaciones a la Ley No. 2825. Sin embargo, en las disposiciones finales de la Ley No. 9036, se dispuso claramente que el capítulo VI de la Ley No. 2825, que se encarga de regular los conflictos entre propietarios y poseedores en precario a la fecha se mantiene vigente. De conformidad con lo anterior, las normas en mención, establecen los requisitos que deben ser cumplidos para que una persona determinada sea considerada poseedora precaria bajo una ocupación precaria al realizar actos posesorios para generar producción en una tierra de la cual no es dueña. Para mayor entendimiento de los mismos, se cuenta con el artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), quien se encargada de definir lo requisitos exigidos por el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, de la siguiente manera: “Artículo 195°- Ocupación Precaria.
Para que se considere que existe ocupación precaria deberá determinarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 2825 y que son los siguientes: a) Posesión anual: Deberá demostrar mediante cualquier medio probatorio permitido por ley que tiene más de un año de estar en posesión del predio objeto de conflicto. b) Estado de necesidad: Deberá demostrar el solicitante que ingresó a la propiedad para cubrir un estado de necesidad de subsistencia, es decir, que al momento del ingreso a la propiedad y hasta la fecha no tiene ningún otro medio de subsistencia para él y su familia que la producción que realiza en el predio ocupado. c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. d) Área: El área poseída debe ser suficiente para ser considerada como una unidad productiva que responde a los parámetros mínimos que permitan la subsistencia conforme a la zona en que se ubica, su naturaleza y la actividad productiva que se realiza.”.
Se comprende que el ordenamiento jurídico permite que un poseedor precario al cumplir con los requisitos exigidos pueda adquirir una propiedad que se encuentra a nombre de otra persona en el Registro Público, por medio del régimen de la usucapión especial agraria, bajo la modalidad de la propiedad agraria. De ese modo, se entiende que el conflicto entre un propietario y un poseedor precario, surge cuando el dueño registral de una propiedad particular la abandona para dejar de realizar actos de posesión en ella –conocida como presunción de abandono-, y en su lugar llega otra persona que aunque no le pertenezca adopta acciones tendientes a la posesión con el fin de producir en dicho terreno para satisfacer su necesidad de subsistencia, así como también la de su grupo familiar. Sin que exista algún reclamo u objeción por parte del propietario registral.". Claramente, en este caso, del señor Olman Bustos García ha ejercido una posesión agraria, para satisfacer necesidades propias y de su familia.
La señora Eugenia Cortés Araya nunca ha realizado actos posesorios en el inmueble, y si bien planteó esta acción reivindicatoria realmente el terreno a ella otorgado se dio a través de un error de la administración por confusión del objeto según se resuelve en este mismo proceso, y según lo expuesto supra. Incluso el mismo INDER inició un proceso administrativo contra la señora Cortés Araya, el cual fue dejado de lado por el mismo ente. La Sala Constitucional, en la misma sentencia No. 24178-2021, profundizó sobre la aplicación del referido instituto, en el Reglamento de la Ley Inder No. 9036 del 09 de abril del 2018, agregando a mayor abundamiento lo siguiente: "IX...Ahora bien, es necesario examinar la finalidad del contenido de la norma impugnada para determinar si cumple o no con los parámetros establecidos en el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En el Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), se encuentra el artículo 195, el cual establece los requisitos que deben cumplirse para que se dé una ocupación precaria bajo la modalidad de la posesión agraria.
La accionante cuestiona específicamente el requisito contemplado en el inciso c) de dicha norma, siendo este: “c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. (…).”. Como se indicó, esta Sala ha sostenido que para se sustente esa exigencia debe ser necesaria, idónea y proporcional. La necesidad tiene como base el proteger un bien o conjunto de bienes de la colectividad, en el caso específico al exigir el cumplimiento del requisito, busca proteger el derecho a la propiedad del propietario registral del bien, como lo establece el artículo 45 constitucional. Por su parte, la idoneidad del requisito es tutelar la posesión agraria a aquella persona determinada que realiza actos posesorios en un terreno sin ser el propietario registral del bien.
No se pretender regalar el bien inmueble, sino busca que dicha ocupación surja con la realización de actos posesorios agrarios, como lo es la producción en la tierra, razón por la cual, exige como elemento esencial que dicho labor sea el único medio de subsistencia de la persona y de su grupo familiar para que de esa forma se dé la adquisición. Finalmente, la proporcionalidad del requisito surge para evitar que se haga un despojo arbitrario al propietario registral; así como también evita que las personas utilicen la figura de la usucapión agraria para el lucro o la comercialización de las tierras; es decir, busca evitar que exista un abuso. A partir de lo expuesto, se determina que la norma impugnada es razonable, idónea y proporcional a los fines por los cuales fue creada. Asimismo, es importante aclarar que en el momento en que una persona determinada realiza la solicitud para ser calificada como poseedora en precaria, tiene únicamente una expectativa de derecho, debido a que la misma se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.
El legislador estableció que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras, de ahí nace su legitimidad de poder determinar si una persona cumple o no con los requisitos para poder calificar como poseedor en precario persiguiendo como elemento fundamental la actividad productiva agraria en el terreno. Aunado a lo anterior, se tiene que la usucapión agraria contempla requisitos especiales tendientes a buscar la producción y el trabajo agrario –vegetal o animal-. Para comprender más sobre esta figura, esta Sala Constitucional en la sentencia No. 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, dispuso lo siguiente: “En cuanto a la propiedad agraria debe indicarse que cuando se reconoce la función social de la propiedad, el derecho de propiedad se configura como un derecho-deber, en el que existe una forma específica de ejercer las facultades del dominio, y se imponen al titular obligaciones como la utilización productiva de la tierra.
Dado que el supuesto de hecho de la norma impugnada -artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias- podría aplicarse en la hipótesis en que sobre el terrero que se pretende titular, antes de su afectación al dominio público, se haya ejercido posesión agraria, resulta necesario señalar los elementos que caracterizan el instituto de la usucapión agraria, como se hizo arriba con el régimen general de la usucapión civil ordinaria. De acuerdo con la jurisprudencia, el fundamento de ese instituto lo constituye un principio general de Derecho Agrario: la función económico social de la propiedad agraria. Ese principio se integra fundamentalmente con dos aspectos: uno subjetivo, de orden económico, que consiste en la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo o social, que entraña la obligación del Estado de dotar de propiedad a quien está en condiciones de producir pero carece de tierra.
En virtud de lo anterior, el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Para la usucapión agraria la posesión adquiere un valor central como elemento obligatorio para adquirir el derecho de propiedad. El instituto de la usucapión agraria en Costa Rica coincide con la usucapión general del Código Civil en su estructura, sin embargo, difiere de ella en su función por la introducción de los principios antes expuestos. Dentro de los elementos que caracterizan la usucapión agraria se encuentra una concepción especial del animus del poseedor que debe proyectarse por medio del ejercicio de actos posesorios agrarios. Este se refleja con mayor intensidad en la apropiación económica de las ganancias obtenidas por el trabajo sobre el fundo. Se presume que el que trabaja la tierra de esa forma lo hace a título de dueño.
Por otra parte, el justo título lo constituye el trabajo agrario, y su no exigencia como documento permite que la adquisición pueda darse contra un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Asimismo, en la usucapión agraria no existe la distinción de la posesión de buena o mala fe, porque lo que interesa es fundamentalmente la actividad productiva agraria. La legislación especial agraria en Costa Rica ha ido eliminando el justo título y la buena fe en la usucapión al punto de que la no exigencia de esos requisitos se ha convertido en la regla y su excepción se encuentra en sede civil en la hipótesis de adquisición derivativa de la posesión. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que en los artículo 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, se regula expresamente la usucapión agraria de tierras. En esos artículos se define la figura de la posesión precaria de tierras que constituye una modalidad de la posesión agraria.
Consiste en un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva, inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, en el que se realizan actos estables y efectivos de posesión que se dirigen a poner el bien en condiciones de producción con el fin de satisfacer necesidades propias del poseedor y de su familia. Como en la posesión precaria prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario, se debe poseer en forma directa y personal -no basta el simple ánimo de poseer-. Asimismo, se prescinde de la consideración de si existe buena o mala fe, toda vez que el poseedor en precario sabe que el bien que trabaja está inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. También se excluye el título traslativo de dominio porque el título lo constituye el trabajo agrario.” (El resaltado no corresponde al original). Del precedente citado, se desprende, que el requisito contemplado en la norma impugnada para que una persona determinada sea calificada como poseedor precario responde a un principio de función social, que garantizar la productividad de las tierras en condición de necesidad para satisfacer las necesidades de la persona ocupante como de su familia.
Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que la exigencia del requisito estipulado en el inciso c) del artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), es completamente proporcional y razonable. En ese sentido, resulta esencial reiterar lo señalado en la sentencia anteriormente descrita, respecto a que el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Se determina que está figura especial consagrada en el Derecho Agrario se creó precisamente para aquellos casos en donde una persona al plantear la solicitud del conflictos entre propietarios y poseedores en precario, tiene que demostrar que su medio de subsistencia de las necesidades básicas provengan del trabajo agrario de la tierra, lo cual, excluye que esa subsistencia se dé por medios distintos a la producción de la tierra.
Este elemento fundamental justifica la usucapión especial agraria como excepción a la figura general, pues no basta el ánimo de poseer. De ese modo, tal requisito no resulta arbitrario ni desproporcionado, en virtud de lo expuesto, este Tribunal Constitucional descarta que la norma impugnada lesione el principio de proporcionalidad constitucional. En consecuencia, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere.". Véase que la Sala constitucional reafirma su propia jurisprudencia vinculante que establece al trabajo agrario con fundamento de la usucapión especial agraria, y es justamente para valorizar no solamente una forma de acceso a la propiedad, sino para garantizar el ejercicio de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Por eso es que también en la Ley de Tierras y Colonización se integran otras disposiciones, como el artículo 144, que establecen las causales de expropiación por incumplimiento de la función social, como lo es el dejar en estado de abandono la propiedad.
Lo anterior va acorde con un principio del derecho agrario como "derecho de equidad", contenido en el artículo 1 de la Ley, que en su inciso 6) dispone: "La presente Ley tiene por objeto: 6) Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa". Y como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que en este caso, el comportamiento de la actora reconvenida respecto del terreno que nunca ha tenido se podría decir no ha tenido por parte de ella ninguna explotación agrícola, tan es así que se le había iniciado procedimiento administrativo para cancelarle la adjudicación de la parcela 4, la cual evidente mente nunca ha tenido al haberse dado un error en el objeto en la adjudicación según lo expuesto supra, pues realmente ella ha ejercido la posesión de una parcela totalmente distinta a la reclamada en este caso sobre la parcela N° 7.
V.En virtud de lo expuesto, conforme a lo solicitado por el recurrente SE REVOCA, totalmente la la sentencia de primera instancia. En su lugar se acogen las excepciones de falta de derecho por cuanto si bien está inscrito a nombre de la accionante Cortés Araya, ello se debió a un error de la administración en el objeto, pues no era el terreno que se le iba a entregar a la accionante Rosa Eugenia Cortés Araya. Se acoge la excepción de falta de legitimación activa pues si bien el bien está inscrito a nombre de la actora ello se debió a un error de la Administración en la adjudicación del fundo. Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, pues nunca tomó posesión el actor el terreno mediante despojo de la señora Cortés Araya, sino que dicho terreno fue por un error en el objeto que se le adjudicó a ella, pensándose por la administración que se trataba de la parcela 4. Se acoge la excepción de prescripción positiva por cuanto el señor demandado Olman Bustos García ha poseído el inmueble desde el año de 1996, destinando el mismo a actividades de producción agraria mediante el trabajo de la tierra para su subsistencia y la de su familia.
En razón de lo anterior SE RECHAZA LA DEMANDA REIVINDICATORIA INTERPUESTA POR ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA CONTRA OLMAN BUSTOS GARCÍA. Se condena a la accionante Cortés Araya al pago de las costas por cuanto ella sabía que había existido un error en la adjudicación y aún así pretendió recuperar la parcela 4, sabiendo que lo que tenía en posesión realmente era otro terreno distinto,en este caso la parcela 7, pretendiendo quedarse con las dos parcelas, para que se le otorgase la que tiene en posesión a su hijo, lo que denota su mala fe en el actuar. CONTRADEMANDA. En cuanto a la contrademanda interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la de falta de derecho interpuestas por la señora Rosa Eugenia Corté Araya dado demostró el señor Bustos García mantener en posesión el bien desde el año de 1996, dedicándolo a actividades agrarias productivas para su manutención y la de su familia cumpliendo con la función social de la propiedad.
Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el Instituto de Desarrollo Rural, al darse un error en el objeto por culpa de la administración (Instituto de Desarrollo Rural) lo que generó este conflicto. Se acoge la demanda de USUCAPIÓN interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se ordena inscribir a nombre del señor OLMAN BUSTOS GARCÍA la finca del Partido de Alajuela matrícula 401254-000, ubicada en Asentamiento Alfonso Bustos, situado en Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela con una medida de cuatro hectáreas seis mil ochocientos cincuenta y nueve metros con veintinueve decímetros cuadrados (4 has 6859.29 m2), la cual colinda al norte con calle pública, sur zona de reserva, este parcela número 3, oeste parcela número 5, graficada en el plano A-475426-98. Se condena a los reconvenidos ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL al pago de las costas de la contrademanda.
POR TANTO
En lo apelado se acoge el recurso planteado por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA y por ello SE REVOCA, totalmente la la sentencia de primera instancia dictada . En su lugar en cuanto a la DEMANDA DE REIVINDICACIÓN interpuesta por ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, contra OLMAN BUSTOS GARCÍA, e INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se acogen las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el codemandado Olman Bustos García. Igualmente se acoge la excepción de prescripción positiva interpuesta por el señor Bustos García. En razón de lo anterior SE RECHAZA LA DEMANDA REIVINDICATORIA INTERPUESTA POR ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA CONTRA OLMAN BUSTOS GARCÍA e INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se condena a la accionante Cortés Araya al pago de la costas de la demanda. En cuanto a la CONTRADEMANDA DE USUCAPIÓN interpuesta por OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la de falta de derecho interpuestas por la señora Rosa Eugenia Corté Araya dado demostró el señor Bustos García mantener en posesión el bien desde el año de 1996, dedicándolo a actividades agrarias productivas para su manutención y la de su familia cumpliendo con la función social de la propiedad.
Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el Instituto de Desarrollo Rural, al darse un error en el objeto por culpa de la administración (Instituto de Desarrollo Rural) lo que generó este conflicto. Se acoge la demanda de USUCAPIÓN interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se ordena inscribir a nombre del señor OLMAN CORTES GARCÍA la finca del Partido de Alajuela matrícula 401254-000, ubicada en Asentamiento Alfonso Bustos, situado en Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela con una medida de cuatro hectáreas seis mil ochocientos cincuenta y nueve metros con veintinueve decímetros cuadrados (4 has 6859.29 m2), la cual colinda al norte con calle pública, sur zona de reserva, este parcela número 3, oeste parcela número 5, graficada en el plano A-475426-98. Se condena a los reconvenidos ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL al pago de las costas de la contrademanda.
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A
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