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Res. 01827-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 27/02/2025
OutcomeResultado
The court dismissed the indemnity claim and declared the State's counterclaim inadmissible.Se declaró improcedente la demanda indemnizatoria y se declaró inadmisible la reconvención del Estado.
SummaryResumen
The Costa Rican Contentious-Administrative Tribunal denied a claim by Desarrollos La Piedrona S.A. against the State, INDER, and SINAC for material and moral damages. The plaintiff argued that the denial of cadastral plan approvals for its property—located within the Tivives Protected Zone—emptied its property right, frustrating a tourism development. The property had been acquired in 2008 from previous INDER adjudicatees, with no registry annotations about the protected zone. The Tribunal found that the suit only sought liability for lawful conduct, not an annulment of the administrative acts. It held that land-use restrictions in a protective zone (limited to agricultural and forestry activities) do not constitute a hollowing-out of property rights; the plaintiff failed to prove special damage (few affected or exceptional intensity), and was contributorily negligent by not investigating permissible uses before purchase. The State's counterclaim seeking annulment of the property title was declared inadmissible as a disguised lesividad action.El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda de Desarrollos La Piedrona S.A., sociedad que reclamaba al Estado, al INDER y al SINAC indemnización por daño material y moral, alegando que la negativa de visado de planos sobre su finca —ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives— vaciaba de contenido su derecho de propiedad, impidiendo un proyecto turístico. La empresa había adquirido el inmueble en 2008, derivado de una adjudicación del IDA en 1993, sin anotaciones registrales sobre su condición de zona protectora. El Tribunal, tras analizar que la demanda no impugnaba la legalidad de los actos administrativos sino que solo reclamaba responsabilidad patrimonial por conducta lícita, declaró improcedente la indemnización. Consideró que las limitaciones de uso en zona protectora (solo actividades agrícolas y forestales) no constituyen un vaciamiento del derecho de propiedad; que la parte actora no demostró un daño especial por pequeña proporción de afectados o intensidad excepcional, y que medió culpa de la víctima al no investigar el régimen de uso del suelo. Además, rechazó la reconvención estatal que pedía la nulidad del inmueble, por constituir una acción de lesividad encubierta inadmisible.
Key excerptExtracto clave
Notably, denying a land-use permit for urban purposes to the owner of a plot located within a protected zone does not disregard a vested right protected by the principle of registry publicity, nor the guarantee that subjective rights created through formal administrative action can only be extinguished following a lesividad proceeding, these guarantees being an expression of the protection of acquired rights under Article 34 of the Constitution, account also being taken of Article 456 of the Civil Code: "Registration does not validate registered acts or contracts that are null or voidable according to law. However, acts or contracts executed or granted by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to a third party, even if the grantor's right is subsequently annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or implicit causes, or causes that, although explicit, do not appear in the Registry." Furthermore, it is also clear (see the proven facts) that this property lies within the Tivives Protected Zone, created by Executive Decree No. 17023 of May 6, 1986 (effective June 2 of that year). In any event, if the plaintiff company, when purchasing the property from its prior owners (IDAs adjudicatees), failed to exercise minimal diligence in investigating which activities could be carried out on the site where the Tivives Protected Zone had previously been established, it must bear the cost of that omission and cannot claim compensable damage arising therefrom.Cabe indicar que el hecho de negar permiso de uso de suelo para fines urbanísticos a un propietario de un terreno ubicado dentro de una zona protectora, no es desconocer un derecho adquirido de un particular protegido por el principio de publicidad registral, lo mismo que la garantía que establece que los derechos subjetivos creados a partir de actividad administrativa formal, solo pueden ser eliminados de la vida jurídica, previa sustanciación del proceso de lesividad, siendo esas garantías expresión del principio de protección de derechos adquiridos del artículo 34 constitucional, debiéndose tomar en cuenta también lo que establece el numeral 456 del Código Civil: "La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro". Ahora bien, también es claro (véase el elenco de hechos probados), que esa propiedad está ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives, que fue creada por el Decreto Ejecutivo N° 17023 de 6 de mayo de 1986 (vigente a partir del 2 de junio de ese año). En todo caso, si la sociedad actora cuando adquirió el bien de sus anteriores propietarios (adjudicatarios del IDA), no tuvo la diligencia mínima de investigar cuáles actividades se podían realizar en el sitio donde previamente se había constituido la Zona Protectora Tivives, debe asumir el costo de esa omisión, no pudiendo alegar daño indemnizable a partir de esa omisión.
Pull quotesCitas destacadas
"En todo caso, si la sociedad actora cuando adquirió el bien de sus anteriores propietarios (adjudicatarios del IDA), no tuvo la diligencia mínima de investigar cuáles actividades se podían realizar en el sitio donde previamente se había constituido la Zona Protectora Tivives, debe asumir el costo de esa omisión, no pudiendo alegar daño indemnizable a partir de esa omisión."
"In any event, if the plaintiff company, when purchasing the property from its prior owners (IDA adjudicatees), failed to exercise minimal diligence in investigating which activities could be carried out on the site where the Tivives Protected Zone had previously been established, it must bear the cost of that omission and cannot claim compensable damage arising therefrom."
Considerando X
"En todo caso, si la sociedad actora cuando adquirió el bien de sus anteriores propietarios (adjudicatarios del IDA), no tuvo la diligencia mínima de investigar cuáles actividades se podían realizar en el sitio donde previamente se había constituido la Zona Protectora Tivives, debe asumir el costo de esa omisión, no pudiendo alegar daño indemnizable a partir de esa omisión."
Considerando X
"Véase que esa acción es inadmisible por contrariar el numeral 34.5 CPCA, que dispone: "La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda"."
"Note that this action is inadmissible because it contravenes Article 34.5 CPCA, which provides: "The claim of lesividad may not be brought by way of counterclaim.""
Considerando XII
"Véase que esa acción es inadmisible por contrariar el numeral 34.5 CPCA, que dispone: "La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda"."
Considerando XII
"Ahora bien, también es claro (véase el elenco de hechos probados), que esa propiedad está ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives... el hecho que exista un inmueble de dominio privado dentro de los límites de una zona protectora, implica necesariamente que dichas heredades solo se puedan dedicar a actividades agrícolas y forestales, que cumplan con el fin de dicha área silvestre."
"It is also clear (see the proven facts) that this property lies within the Tivives Protected Zone... the fact that a privately owned property exists within the boundaries of a protected zone necessarily means that such parcels may only be used for agricultural and forestry activities that fulfill the purpose of said wild area."
Considerando VIII
"Ahora bien, también es claro (véase el elenco de hechos probados), que esa propiedad está ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives... el hecho que exista un inmueble de dominio privado dentro de los límites de una zona protectora, implica necesariamente que dichas heredades solo se puedan dedicar a actividades agrícolas y forestales, que cumplan con el fin de dicha área silvestre."
Considerando VIII
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PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDINGS PLAINTIFF:
DESARROLLOS LA PIEDRONA S.A.
DEFENDANT:
THE STATE N° 2025001827 CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and twenty-six minutes of the twenty-seventh of February of two thousand twenty-five.- In compliance with the order of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, this panel proceeds to issue a new judgment on the merits, in the ordinary proceeding involving: Desarrollos La Piedrona, Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-554923, represented by its president with powers of unlimited general attorney-in-fact, Arturo Acosta Mora, dentist and businessman, resident of Jaboncillo de Escazú, identity card number 1-603-134 and its special judicial attorney, Roberto Suñol Prego, professional license number 2695 (as plaintiff and counter-defendant); the State, represented by the prosecutor Gloria Solano Martínez, professional license number 10343 (as defendant and counter-plaintiff); the Instituto de Desarrollo Rural, represented by its special judicial attorney, Jonathan Jiménez Ruiz, professional license number 18493 (as defendant) and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, represented by its special judicial attorney, Hazel Hernández Calderón, professional license number 21707 (as defendant and interested third party with its own claims in the counterclaim). All the natural persons mentioned are of legal age and the legal representatives are also attorneys by profession.-
Considering:
Regarding the complaint:
These requests were granted by resolution No. 2451-2017 at 15:15 hours on October 30, 2017, which led to SINAC, in its capacity as an organ with instrumental legal personality, filing a negative answer to said action, by brief presented on April 16, 2018, raising the defenses of statute of limitations for the claim for damages, constitutional res judicata, and lack of right (images 297-301, 310-311, 455-458, and 472-490); 5) Desarrollos La Piedrona filed a reply to the answers to the action, by briefs dated September 7, 2017 -the first two- and April 30, 2018 -the last one-, which appear at images 362-371, 376-385, and 510-518; Regarding the counterclaim:
It addressed SINAC's request in the same terms (images 428-431 and 527);
Francisco Brenes Guillén and Haydee Méndez Coto the farm they owned, which constituted a portion of the farm of the San José registry, No. 85766, registrations 001 and 002, acquired free of all types of liens and encumbrances, with only two encumbrances consisting of an included road easement and a specific restriction related to the Ley de Aguas. It explains that this property had initially been acquired by Messrs. Brenes and Méndez as parcels from the Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter, "the IDA") and were acquired once the restrictions had expired, for the development of a future tourism and recreational development project that would take advantage of the site's location, including its excellent views and landscapes, its proximity to the Caldera area, and the beaches of the Pacific Ocean. It reiterates that to guarantee the absolute legal certainty of the proposed development, a certification was requested from the Legal Affairs Directorate of INDER, which was effectively issued at 11:45 hours on October 15, 2013, confirming that "(...) the possible restrictions on the referenced farm had expired as of that very date." It points out that to carry out the development detailed above, three mortgages were signed on different dates and for various amounts, namely: September 1, 2009: US$150,000; April 1, 2011: US$100,000; and February 5, 2014: US$100,000, demonstrating from the act of mortgaging that full ownership was being exercised over the property, allowing the farm to be alienated, mortgaged, and even sold.
It relates that even between late 2010 and early 2011, 7 purchase options were signed by Messrs. Alejandro Acosta Mora, Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Iván Navarro Henríquez, Emilio Ramírez Solís, Víctor Segura Loría, GEFORCE, S.A. (represented by its unlimited general attorney, Jorge Castro Olmos), for various amounts and measurements. It says that, understanding that the referenced property could be disposed of in the most convenient manner and based on the cited certification, a Master Plan was prepared for the development to be offered to third parties, with a chart of the arranged areas, across the total of more than eleven hectares where said farm is located, with the respective segregation of lots for possible future sale. However, once the corresponding approval was requested from the Municipalidad de Esparza, it was denied and they were referred to the Área de Conservación del Pacífico Central of SINAC of the Ministerio de Ambiente y Energía (hereinafter, "the ACOPAC"), for the prior corresponding approval.
It challenges that this latter office, by resolution ACOPAC-D-RS-41-2012 (notified on December 21, 2012), rejected the request, arguing: that the lands in question are within the Zona Protectora Tivives; that the farm registered in the plaintiffs' name is included within the cadastral plan of farm No. 6080070-000 in the name of the IDA; and invoking the holding of the Sala Constitucional in its vote No. 1763-94. It outlines that, in observance of due process, the respective hierarchical remedies were filed, which were dismissed by resolutions SINAC-ACOPAC-D-RES-67-2015 at 11:00 hours on August 20, 2015; SINAC-ACOPAC-D-RES-78-2015 at 11:00 hours on August 20 of the previous year; and SINAC-CONAC-017-2016 at 9:45 hours on May 17, 2016 (which exhausted the administrative process), enabling the filing of this ordinary proceeding. It details that ACOPAC rejected direct administrative and legal liability, referring those liabilities to the entity that sold and conferred ownership to the third party who sold the farms in question to the plaintiff here, which is why INDER is also sued, given that this entity guaranteed the free exercise of property rights for the enjoyment, use, and fruition thereof, as it so certified.
It explains that, according to evidence No. 8, consisting of a report prepared by Lic. Luis Rodríguez Astúa, the damages as of the date the complaint was filed amount to US$4,650,000, equivalent only to the economic value of the property as of today, "(...) since even retaining it, it will not be able to fulfill the purpose for which it was acquired," having previously stated that the mentioned resolutions have caused irreparable damage to the plaintiff corporation, which must be compensated along with the consequential damages, these damages amounting to five and a half million dollars. It alleges that the material damage consists of the non-recovery of the sums invested by the plaintiff corporation and the market value of the farm (based on the price per square meter in the San Juan Grande de Esparza area), by virtue of the confiscatory acts that have indirectly been committed against it, in various administrative acts, both by MINAE (through the aforementioned dependencies) and by INDER, "(...) which made available properties that had legal restrictions that came to be manifested retroactively when the realization of the tourism and recreational development we have indicated was attempted," asserting that "(...) my represented party's patrimony and the possibilities of preserving it were compromised, as well as the opportunities to reproduce said patrimony, which are severely weakened and obstructed by the actions of the state agencies already indicated," invoking article 45 of the Constitution in this regard. It says that the damage originates from the amount invested in acquiring the property, which has indirectly been forcibly expropriated or confiscated without prior compensation.
Regarding the moral damage, it invokes articles 190 and 191 of the General Law of Public Administration (hereinafter, "LGAP"), stating that in this case it is obvious that it occurred, "(...) because as a result of the violation or forced expropriation of the property in question, a personal or individual injury is caused to those of us who, in our capacity as partners, make up the governing bodies of the company that acquired the property with the purpose of giving it a destiny and a development that we have carefully described in this claim.// In the case at hand, the damage occurs with an enormous feeling of frustration on the part of the indicated directors and partners, knowing that after the investment undertaken by each of us through the acquiring company (...) it loses its patrimony as a result of the acquired property containing limitations imposed a posteriori and applied retroactively, thus rendering the acquired good useless.// The foregoing generates sufferings of disappointment, anguish, frustration, and a feeling of loss, from the very moment it is assumed that the permits to build the proposed and planned development were denied, to our damage and detriment and that of the purchasing company".- The different co-defendants, in their response to the action, stated: INDER stated that: the plaintiff confesses that it acquired the property in 2008, when the Constitutional Chamber had already issued ruling No. 7294-98 of 3:15 p.m. on October 3, 1998, in which article 71 of the Forest Law, which modified the Tivives Protective Zone, had been annulled, indicating that Executive Decree No. 17023-MAG is understood and remains in force, which is why any legal transaction carried out in 2008 implied that the acquirer had to investigate and verify the characteristics of the good in order to carry out the condominium development that interested them.
Based on the foregoing, we find ourselves before the exemption from liability of the victim's fault (numeral 190.1 LGAP). It explains that within the Tivives Protective Zone, on lands where land ownership is private, it is possible, with prior authorization and according to the type and suitability of soils, to submit to the respective forestry regime, as provided in article 37, paragraph II of the Organic Environmental Law (hereinafter, "LOA"). It emphasizes, in the previous sense, that the realization of tourism or recreational developments is not contemplated in the Tivives Protective Zone. It details that the INDER certification of October 15, 2013, refers solely to the conclusion of the fifteen-year limitations established in article 67 of the Land and Colonization Law, referring to the typical agrarian land allocation contract. It argues that in any case, the establishment of the Tivives Protective Zone is due to a public interest, such as environmental protection, and this interest must prevail over the private interest. It rejects the compensation requested from INDER, for various reasons:
Now then, we find that the first approval of three cadastral plans was requested on March 26, 2011, and was denied by resolution ACOPAC-D-RES-41-2012 at 8:20 a.m. on December 17, 2012. Given that the transfer of the claim was notified to the State on June 5, 2017 (image 302); to INDER on the 7th of that month and year (image 303); and to SINAC on February 23, 2018 (image 470), applying the four-year statute of limitations mentioned above, it is evident that the indemnity claim with respect to that denial of the approval is time-barred.
As for the two other plan approval applications, both made on November 21, 2014, the first was denied by final act SINAC-ACOPAC-D-RES-67-2015 at 11:00 a.m. on August 20, 2015, and the second was denied by final act SINAC-ACOPAC-D-RES-68-2015 on the same date and time, meaning the four-year period of Article 198 LGAP could not have elapsed, as it was interrupted by the notification of the transfer of the claim made on the dates mentioned in the preceding paragraph.
It should be noted that for purposes of the statute of limitations, it is not relevant that the Executive Decree creating the Tivives Protective Zone was published on June 2, 1986, given that the plaintiff did not purchase the land (which had no registry annotation) until December 2008, and that administrative act of general scope cannot prejudice the plaintiff for purposes of challenging the emptying of the content of the property right. Having resolved the foregoing, the admissibility of the indemnity claim regarding the two plan approval applications made on November 21, 2014, will be analyzed, the 2011 application being time-barred.
Thus, we will analyze in the following recitals whether we are faced with a hypothesis of indemnity for patrimonial liability for formally lawful conduct, under the terms of Articles 190, 194, 195, 196, and 197 LGAP, which provide: "Article 190.- 1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except force majeure, fault of the victim, or act of a third party. 2. The Administration shall be liable pursuant to this article, even when it cannot be liable under the following sections of this Chapter, but liability for a lawful act (acto lícito) or normal functioning shall occur only under the terms of the following Third Section." "Article 194.- 1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal functioning when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of affected parties or the exceptional intensity of the injury. 2.
In this case, the indemnity shall cover the value of the damages at the time of payment, but not lost profits. 3. The State shall be liable for damages caused directly by a law, which are special in accordance with this article." "Article 195.- Neither the State nor the Administration shall be liable, even if they cause special damage in the foregoing terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public order, morality, or good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the damaging act." "Article 196.- In all cases, the alleged damage must be effective, assessable, and individualizable in relation to a person or group." "Article 197.- There shall be liability for the damage to purely moral interests, as well as for the moral suffering and physical pain caused by death or by the injury inflicted, respectively." Note that the plaintiff corporation neither challenges the application of the Executive Decree that created the Tivives Protective Zone in 1986, nor the clear fact that the property it acquired from certain assignees of the IDA is located within that protective zone.
Nor, as we said, is the legality of the aforementioned acts of SINAC disputed; rather, the argument is that that decision empties the content of its property right, because it could not carry out a real estate development. We must therefore examine whether, in order to award the indemnities for material damage and moral damage sought, we find ourselves in the particular and very limited circumstances provided for by the LGAP for indemnity for lawful conduct, namely:
In this regard, the Land and Colonization Law (No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments) provides:
"Article 2.- Within its limits and rules, this law guarantees: 1.- The right of every individual or group of individuals forming a cooperative, suitable for agricultural or livestock work and lacking land or possessing it in insufficient quantities, to be endowed with ownership of economically exploitable lands, preferably in the areas where they work or live, and when circumstances so advise, in properly selected areas." "Article 16.- The Institute shall have capacity to buy, sell, and lease movable and immovable property, securities, and businesses within the purposes of its creation; to lend, finance, and mortgage; and for any other form of commercial and legal management necessary for the performance of its task, within the ordinary contracting norms its financial situation allows, without incurring undue risks for the stability of the institution. In cases where there is more than one offer capable of fulfilling the objectives pursued for a given purpose, the bidding procedure shall be followed.
The purchase, sale, and lease of lands shall be considered ordinary traffic operations of the Institute, for purposes of Article 110 of the Financial Administration Law of the Republic." "Article 30.- The Board of Directors of the Institute shall have the following duties: (...) 16) To approve the adjudication of lands to grant the respective titles." "Article 49.- The Institute may effect the parceling of its lands to fulfill, among others, the following immediate purposes: a) A better distribution of land; b) Resolution of inconvenient de facto situations, adapting them to the purposes of this law; and c) Colonization purposes." Next, it must be clear that in 1993, the IDA, applying the aforesaid Law, adjudicated a parcel (No. 64 of the Salinas II Settlement located in the canton of Esparza) to a beneficiary named Isidro Rojas Porras. Afterwards, the same entity accepted, in 1996, the transfer of the parcel to two other beneficiaries, Messrs.
Francisco Brenes Guillén and Haydee María Méndez Coto. That transfer of lands administered by the IDA to beneficiaries is done under a land assignment contract, regulated by the Law itself, signed between the Institute and the assignee of a property, which documents the rights and obligations of said assignment or lease, in accordance with the purposes of the Land and Colonization Law itself, specifically the following provisions:
"Article 65.- Once the adjudication of the parcels by sale is agreed, the Institute shall issue a Provisional Possession Title in favor of the occupant, documenting their rights and obligations. If the occupant has cultivated the minimum indicated by the Institute and satisfactorily fulfilled all other obligations, they shall have the right to be granted a title of ownership, guaranteeing the payment with a mortgage on their parcel." "Article 67.- The beneficiary may not transfer the ownership of their property, nor encumber, lease, or subdivide it without authorization from the Institute, except when fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations to said agency are cancelled. Nor may they, without such authorization and during the same term, encumber the crops, seeds, animals, tools, utensils, or equipment necessary for the exploitation of the parcel, unless all their obligations to the Institute are cancelled.
To authorize the encumbrance of the real property, four affirmative votes of the Board of Directors are required. Any contract entered into without compliance with the preceding provisions shall be absolutely null. After fifteen years have elapsed and the property right has been acquired, any disposal of a parcel that, in the judgment of the Institute, may produce excessive concentration or subdivision (subdivisión excesiva) of property shall give the Institute the right to acquire the parcel or parcels offered for sale at the price set by experts appointed by the parties, or by a third party in case of disagreement. Said third expert shall be appointed by the other two experts. The Public Registry shall take note of the limitations referred to in this article" (emphasis added).
Having established the foregoing, it was not until 2008, when their full property right was already consolidated, that Messrs. Francisco Brenes Guillén and Haydee María Méndez Coto sold the property for the sum of four million colones to Desarrollos La Piedrona, and it is from that moment that the record shows various acts of disposition have been carried out regarding said property, including mortgaging the property and requesting several self-initiated plan approvals to effect an urban development on the site.
It should also be noted that at the registry level, the aforementioned real property is a privately owned property that bears, as Reservations, those established in the Water Law and the Road Law, and has no annotations, liens, or encumbrances, notwithstanding which – as we shall see below – it is located in a protective zone and has the limitations on private property derived from that location.
This lack of challenge determines that it must be considered that in this matter the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), which has constitutional roots (provisions 34 and 45 of the Fundamental Charter), applies. This principle has been developed repeatedly for many years, with Judgment No. 2016-8000 at 11:52 a.m. on June 10, 2016, of the Constitutional Chamber, stating the following: "III.- Regarding the principle of legitimate expectations. Formerly, it was axiomatically assumed that, inevitably, any illegal act of favorable content could be set aside by the Administration in any type of situation, without regard to any particular circumstance.// However, since the mid-fifties, both doctrine and case law began to detect that a blind and rigid application of the aforementioned rule seriously injured the trust placed by the administered in the Administration, as well as good faith and legal certainty.// Thus, by judgment of May 14, 1956, the Administrative Litigation Court of Berlin developed the principle of legitimate expectations, which was later adopted by the Court of Justice of the European Community in its rulings of March 22, 1961, and July 13, 1965 (Lemmerz-Werk), and which basically underpins citizens' trust insofar as, in certain circumstances of the specific case, reasons of equity and good faith prevent the Administration from taking measures contrary to the hope induced by the reasonable stability of its decisions, based on which individuals have adopted certain measures (...) Indeed, the ratio iuris of the principle of protection of legitimate expectations consists in the fact that the development of legal relationships requires an environment of trust, in which the rules of the game, once given, are respected.
This is more relevant in the case of relationships with the Administration, since, in this case, the relational legal instrument is the administrative act, which is nothing but a unilateral manifestation of the will of the State. Ergo, the citizen needs legal instruments to defend against the unilaterality and superiority of the Administration.// Now, we are dealing with a principle of jurisprudential origin evidently linked to issues of equity, which is why its application must be analyzed in each specific case. Let us remember that it has been conceived as a reaction of the judge to protect the trust of the administered when the Administration surprises them with an unexpected change in its conduct (...) In summary, the principle of legitimate expectations rests on the basis that the citizen assumes behavior trusting that they act correctly, since the constant, stable conduct over time of the Administration reasonably generates such expectation; in other words, the Administration has issued external signs that have come to guide the citizen toward a certain conduct and have made them trust in good faith that such situation will persist." It should be indicated that denying a land use permit for urban purposes to an owner of land located within a protective zone is not denying a vested right (derecho adquirido) of an individual protected by the principle of registry publicity, nor the guarantee that subjective rights created from formal administrative activity can only be eliminated from legal life after the processing of the lesividad process, as these guarantees are an expression of the principle of protection of vested rights under Article 34 of the Constitution.
Also to be taken into account is what is established by provision 456 of the Civil Code: "Registration does not validate registered acts or contracts that are null or voidable according to law. However, acts or contracts executed or granted by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to a third party, even if the right of the grantor is subsequently annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or implicit causes, or causes that, although explicit, do not appear in the Registry." VIII) Location of the property registered in favor of Desarrollos La Piedrona within the Tivives Protective Zone and administrative authorization regime for carrying out agricultural and forestry activities: Notwithstanding the foregoing, it is clear to this Court that the property currently registered in the name of the plaintiff corporation was part of an IDA Settlement called "Salinas II," also known as Cambalache, located in the canton of Esparza, province of Puntarenas, specifically parcel 64.
That parcel was first adjudicated (with a suppletory title of ownership being granted) to a beneficiary of that entity (1993), who later (with the entity's authorization) transferred the property to two other beneficiaries (1996), so that finally, when the period for consolidation of the right under Article 67 of the Land and Colonization Law had already expired, they sold the full ownership right to Desarrollos La Piedrona.
Now then, it is also clear (see the list of proven facts) that that property is located within the Tivives Protective Zone, which was created by Executive Decree No. 17023 of May 6, 1986 (effective as of June 2 of that year).
It must be kept in mind that at the date the Tivives Protective Zone was created, "protective zones" were defined by Article 83 of the Forest Law (Ley Forestal), No. 4465 of November 25, 1969, as follows: "Protective zones shall be understood to mean those areas of forests or forest lands (terrenos forestales) that, established by provisions of law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as agents regulating climate or the environment" (emphasis added).
Now then, the fact that there is a privately owned real property within the boundaries of a protective zone necessarily implies that said properties may only be dedicated to agricultural and forestry activities that fulfill the purpose of said wild area, namely soil protection, the maintenance or regulation of the hydrological regime, with the carrying out of any of those activities being subject to an authorization regime by some administrative body, initially the General Forestry Directorate and currently SINAC. In this regard, review Executive Decree No. 17023 (which created the Tivives Protective Zone), which establishes (emphasis added):
"Article 2.- The administration and management of the Tivives Protective Zone shall be the responsibility of the General Forestry Directorate, in coordination with the Central Pacific Regional Agricultural Center, the Esparza Cantonal Agricultural Center, and the Municipality of Esparza." "Article 3.- The forestry, agricultural, or livestock activities to be carried out in the Protective Zone must have the respective authorization issued by the General Forestry Directorate, in coordination with the Inter-institutional Committee mentioned in the preceding article." "Article 4.- A buffer strip of 20 meters bordering the mangrove limit is established." "Article 5.- The following are prohibited on state and private real properties within the boundaries indicated in the preceding article: a) Felling and/or cutting trees and extracting, collecting forest waste products of any species without the authorization of the General Forestry Directorate. b) Hunting wild animals. c) The practice of burns." X) On the merits of the claim for material damage and subjective moral damage in the lawsuit: Based on what we have seen before, what is being claimed in this case is solely the matter of patrimonial liability for lawful conduct, that is, by exclusion, that which does not imply a transgression of the legal system (Articles 190, 191 and 192 LGAP). It must be analyzed whether we find ourselves in the situations of Articles 194 and 195 ejusdem, cited above.
The above conclusion is reached because even this Court, in its latest resolution, at nine o'clock and five minutes on the nineteenth of December two thousand twenty-four, warned (see in particular what is underlined here): "Pursuant to provision 150.1 of the Contentious-Administrative Procedure Code, and given that the Honorable First Division of Cassation annulled the final resolution issued by this Court, a new judgment shall be issued by the same panel that conducted the trial. In the same vein: it is clear that the object of the claim for patrimonial liability made in the lawsuit is the lawful conduct of the Public Administrations, and the legality of any administrative act is not being questioned; the foregoing is concluded based on the annulling resolution discussed," without any of the parties to this proceeding making any observation.
Having made the foregoing explicit, with respect to patrimonial liability for lawful conduct, the principal drafter of the General Law of Public Administration, Lic. Eduardo Ortiz Ortiz, stated before the corresponding Legislative Commission the following: "This is due to the principle we explained yesterday regarding so-called public law indemnity, for a lawful act or for normal functioning of the Administration. But here it is clearly established under what conditions that indemnity will be admitted, only when those affected by normal functioning or the lawful act are very few or the injury inflicted is exceptionally serious. // Extraordinary or abnormal in relation to the members of the rest of the community. (...) We say that when it concerns very few, or a very intense grievance or damage, that indemnity shall be applicable. We have to recognize that this has a certain margin of indeterminacy.
How many are few and how many are many? That is something fundamentally for judicial appreciation. When the injury inflicted is very intense or extraordinary or abnormal, that is something left to the judge's appreciation. But in reality it is a risk, and we consider that all laws run it. The second paragraph simply affirms the following, when the doctrine of this type of liability sustains the following principle: When a property of the administered is damaged by a lawful act or normal functioning, the Administration must restore the owner to the prior state with respect to that property, not to the patrimonial state the owner would have had if the property had not suffered the damage, because it is considered that this is not a liability which is a sanction for an illegal act, but rather an act of justice to compensate a citizen for the sacrifice made for the benefit of the community. Thus, in the same spirit of solidarity, the citizen is imposed a loss of their lost profits, albeit limited, in the sense that lost profits cannot be collected.
The doctrine usually formulates this rule by saying: the damage to the injured property is compensated; the damage caused to the owner is not compensated. The damage to the injured property may be less than that caused to the owner, when the owner, as a consequence of the injury, has failed to receive certain profits. In that case, it is not compensated. (...) In these cases, the State acts in an act of social solidarity and justice with the individual..." (Quirós Coronado, Roberto -compiler-, General Law of Public Administration, Concorded and Annotated with the Legislative Debate and Constitutional Case Law, San José, Aselex S.A., 1996, p. 295; emphasis added).
Having established the foregoing, it is observed that in the present case, carrying out a real estate development, such as that intended on the farm of the plaintiff corporation, goes against environmental public order, and an indemnity for material damage, as claimed, cannot be agreed. This is because, as we saw earlier, in a protective zone only agricultural and forestry activities that fulfill the purpose of said wild area may be carried out, namely soil protection, the maintenance or regulation of the hydrological regime, with the carrying out of any of those activities being subject to an authorization regime by some administrative body, initially the General Forestry Directorate and currently SINAC (after the entry into force of Biodiversity Law No. 7788 of 1998). In any case, we also do not find that we are in either of the two hypotheses provided for in Article 194 LGAP for awarding damages for lawful conduct: that the damage is of a special character, due to the small proportion of affected parties or the exceptional intensity of the injury.
Note that the fact of not being able to carry out urban development activities on a private farm located within a Protective Zone does not imply an exceptional intensity of the injury, since agricultural and forestry activities can indeed be carried out under an administrative authorization regime, and it cannot be considered that in the present case the property right has been emptied. In any case, if the plaintiff corporation, when it acquired the property from its previous owners (assignees of the IDA), did not exercise the minimum diligence to investigate which activities could be carried out on the site where the Tivives Protective Zone had previously been established, it must bear the cost of that omission, and it cannot claim compensable damages based on that omission.
Recall that the certificate of land use (certificado de uso del suelo) is the administrative act, issued at the request of the interested party, that certifies the conformity of the use being given or intended to be given to a land, in relation to what is established in the corresponding zoning regulation, with Articles 28 and 29 of the Urban Planning Law (No. 4240, of November 15, 1968) providing the following: "Article 28.- It is prohibited to use or dedicate lands, buildings, structures to any use incompatible with the established zoning.// Henceforth, interested owners must obtain a municipal certificate certifying the conformity of use with the zoning requirements. Existing non-conforming uses must also be recorded with a certificate expressing such circumstance.// Each zoning regulation shall set the date from which said certificates shall be mandatory." "Article 29.- Without the corresponding use certificate, business or industrial licenses shall not be granted. In case of contravention, the premises shall be closed, without prejudice to the criminal liability incurred." In accordance with the foregoing, the claim for material damages must be rejected, because we are not faced with the scenarios of Article 194 LGAP for recognizing that type of liability in the case of lawful conduct by the Administration.
Nor can legal interest be awarded, because Article 194 ejúsdem rejects the possibility of awarding consequential damages (perjuicios) in the case of liability for lawful conduct.
Finally, compensation for subjective moral damages cannot be awarded in favor of the representatives of the company Desarrollos La Piedrona, because if the representatives of that company were not directly a party to this proceeding, the plaintiff company lacks standing to seek compensation on their behalf; moreover, a commercial company, which is a legal person, cannot possibly be the object of that type of harm, which is expressed in feelings such as .
Regarding the statute-of-limitations defense (excepción de caducidad), it is understood to be the one under Article 35 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo) and is manifestly inapplicable in this case, because what is being brought is not an action for nullity of any formal administrative act, but rather a civil treasury claim (demanda civil de hacienda), which does not involve the nullity of any act.
As to the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), it is likewise not admissible. The Court is not unaware of the existence of Constitutional Chamber (Sala Constitucional) judgments, numbers 1763-94 and N° 7294-98, which prohibit IDA from awarding parcels to its beneficiaries located within the perimeter of the Tivives Protected Zone, establishing that those lands must be transferred to the State for environmental protection purposes. However, those judgments would not be applicable to the present case, because if the plaintiff company acquired one of those lands (originating from the Salinas II Settlement), it did so with the knowledge of the State and SINAC, which knew that after those judgments, IDA continued awarding parcels without taking any protective measures for the public domain (demanio), such as filing the corresponding lesividad claims to subsequently achieve the eviction of private parties from those lands. It is considered that, based on that situation and the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), the aforementioned constitutional judgments are not enforceable against (oponibles) the defendant company.
The defense of lack of right (falta de derecho) must be upheld regarding the indemnification claim arising from the two denials of plan approvals presented on November 21, 2014, based on the foregoing considerations.
The State and SINAC request that the registration of the property inscribed in favor of the plaintiff company be annulled and that ownership be reclaimed in favor of the State, it being a public-domain asset based on two Constitutional Chamber judgments (numbers 1763-94 and N° 7294-98), which establish that the IDA settlements located in the Tivives Protected Zone, particularly the Salinas II Settlement (where the property in question originated), were public-domain assets. Notwithstanding the foregoing, that action must be rejected, because this Court considers it to be a disguised lesividad action, which does not solely attack the registration but omits to challenge the disposal acts of the IDA Board of Directors from 1993 and 1996, which, contravening the first constitutional judgment, awarded lots that should have been transferred to the Dirección General Forestal for conservation purposes and which gave rise to the property in question.
It is evident that this action is inadmissible because it contravenes numeral 34.5 CPCA, which provides: "A lesividad claim may not be brought by way of a counterclaim (contrademanda)." In the preceding sense: it is striking that the State and SINAC, which knew since the amparo of constitutional judgment number 1763-94 was granted, that the IDA Board of Directors had the practice of awarding parcels to farmers located in the Tivives Protected Zone, did not, until now—more than twenty years later, when a private party files a lawsuit in relation to those lands—request the nullity of the registration, without providing the guarantees of the lesividad action, namely: a reasoned declaration of harm to the economic or legal interests of the State; notice to the entity responsible for having carried out the act; notice to the private parties who derive rights from the subjective right (in this case, the right of property) that is sought to be annulled; an independent lesividad proceeding, not subordinated to a main action, as required by Article 34.5 CPCA.
Having argued the foregoing, the counterclaim in question must be declared inadmissible.
Therefore (Por tanto):
Regarding the lawsuit: The defenses of constitutional res judicata and statute of limitations (caducidad) are rejected. The defense of lack of active and passive legal standing raised by the Instituto de Desarrollo Rural is upheld, as is the statute-of-limitations defense (excepción de prescripción) regarding the indemnification claim arising from the denial of plan approval requested on March 26, 2011. The statute-of-limitations defense is rejected regarding the indemnification claim arising from the denial of the two plan approvals requested on November 21, 2014, and the defense of lack of right is upheld regarding the indemnification claim for those dates. Consequently, the lawsuit filed by Desarrollos La Piedrona, Sociedad Anónima against the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the Instituto de Desarrollo Rural is declared without merit in all its aspects. Regarding the counterclaim: The counterclaim filed by the State, which has the Sistema Nacional de Áreas de Conservación as an interested third party with its own claims, is declared inadmissible. Each party must bear its own costs.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Judges.
Tribunal Contencioso Administrativo Sentencias del mismo expediente *170047621027CA* CONOCIMIENTO ACTOR/A:
DESARROLLOS LA PIEDRONA S.A.
DEMANDADO/A:
EL ESTADO N° 2025001827 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con veintiseis minutos del veintisiete de Febrero del dos mil veinticinco.- En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, procede esta integración a emitir nueva sentencia de fondo, en el proceso de conocimiento que tiene como partes a: Desarrollos La Piedrona, Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-554923, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Arturo Acosta Mora, odontólogo y empresario, vecino de Jaboncillo de Escazú, cédula de identidad N° 1- 603-134 y su apoderado especial judicial, Roberto Suñol Prego, carné profesional N° 2695 (como actora y reconvenida); el Estado, representado por la procuradora Gloria Solano Martínez, carné profesional N° 10343 (como demandado y reconventor); el Instituto de Desarrollo Rural, representado por su apoderado especial judicial, Jonathan Jiménez Ruiz, carné profesional N° 18493 (como demandado) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, representada por su apoderada especial judicial, Hazel Hernández Calderón, carné profesional N° 21707 (como demandado y tercero interesado con pretensiones propias en la reconvención). Toda las personas físicas mencionadas, son mayores de edad y los representantes legales, son además, de profesión abogados.-
Considerando:
De la demanda:
Esa gestiones fueron acogidas por resolución N° 2451-2017 de las 15:15 horas del 30 de octubre del 2017, lo que dio lugar a que el SINAC, en su condición de órgano con personalidad jurídica instrumental, contestara negativamente dicha acción, por escrito presentado el 16 de abril del 2018, oponiéndose las excepciones de prescripción del reclamo de daños y perjuicios, cosa juzgada constitucional y falta de derecho (imágenes 297-301, 310-311, 455-458 y 472-490); 5) Que Desarrollos La Piedrona, presentó réplica a la contestación de la acción, por escritos fechados el 7 de setiembre del 2017 -los dos primeros- y 30 de abril del 2018 -el último-, que se aprecian a imágenes 362-371, 376-385 y 510-518; De la reconvención:
En los mismo términos se refirió a la solicitud del SINAC (imágenes 428-431 y 527);
4) y
"Artículo 2º.- Dentro de sus límites y normas, la presente ley garantiza: 1.- El derecho de todo individuo o grupo de individuos que formen una cooperativa, aptos para trabajos agrícolas o pecuarios y que carezcan de tierra o la posean en cantidades insuficientes, a ser dotados en propiedad de tierras económicamente explotables, preferentemente en las zonas en donde trabajen o habiten, y cuando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente seleccionadas" "Artículo 16.- El Instituto tendrá capacidad para comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmuebles, valores y empresas dentro de los propósitos de su creación; para emprestar, financiar e hipotecar, y para toda otra forma gestión comercial y legal que sea necesaria para el desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación que su situación financiera le permita, sin incurrir en riesgo indebidos para la estabilidad de la institución.
En los casos en que haya más de una posibilidad de oferta capaz de llenar lo objetivos perseguidos para determinado fin, se seguirá el trámite de licitación. Las compras, ventas y arrendamiento de tierras se considerarán operaciones de tráfico ordinario del Instituto, para los efectos del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República" "Artículo 30.- La Junta Directiva del Instituto tendrá los siguientes deberes: (...) 16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos títulos" "Artículo 49.- El Instituto podrá efectuar la parcelación de sus tierras para llenar, entre otros, los siguientes fines inmediatos: a) Una mejor distribución de la tierra; b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas a los fines de esta ley; y c) Propósitos de colonización" Luego, hay que tener claro que en el año 1993, el IDA en aplicación de la Ley ejúsdem le adjudicó a una parcela (la N° 64 del Asentamiento Salinas II ubicado en el cantón de Esparza), a un beneficiario de nombre Isidro Rojas Porras, aceptando después esa misma entidad, en el año 1996, el traspaso de la parcela a otros dos beneficiarios, los señores Francisco Brenes Guillén y Haydee María Méndez Coto.
Esa cesión de terrenos administrados por el IDA, a beneficiarios, se hace al amparo de un contrato de asignación de tierras, regulado por la propia Ley, suscrito entre el Instituto y la persona asignataria de un predio, en el que constan los derechos y obligaciones de dicha asignación o arrendamiento, conforme a los fines de la propia Ley de Tierras y Colonización, específicamente de las siguientes normas:
"Artículo 65.- Una vez acordada la adjudicación de las parcelas por venta, el Instituto expedirá a favor del ocupante un título de Posesión Provisional en que consten sus derechos y obligaciones. Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y cumplido a satisfacción de éste todas las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue título de propiedad, garantizando el pago con hipoteca de su parcela.
Artículo 67.- El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas. Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el gravamen del inmueble se requieren cuatro votos conformes de la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores. Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de discordia.
Este tercer perito será nombrado por los otros dos expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo" (los subrayados son propios).- Establecido lo anterior, no es sino hasta el año 2008, cuando ya tenían consolidado su derecho pleno de propiedad, que los señores Francisco Brenes Guillén y Haydee María Méndez Coto, le vendieron el bien en la suma de cuatro millones de colones a Desarrollos La Piedrona y es a partir de ese momento en que consta en autos, que se han realizado diversos actos de disposición sobre dicho bien, entre ellas hipotecar el bien y solicitar varios visados en cabeza propia, para efecto de realizar un desarrollo urbanístico en el sitio.- Cabe también señalar que a nivel registral, el inmueble mencionado, es un bien de dominio privado que soporta como Reservas, las establecidas en la Ley de Aguas y la Ley de Caminos y no tiene anotaciones, gravámenes o afectaciones, no obstante lo cual -como veremos de seguido-, está ubicado en una zona protectora y tiene las limitaciones a la propiedad privada, derivada de esa ubicación.- IX) Aplicación del principio de confianza legítima al presente caso: Debe señalarse que antes de la interposición de la presente acción, no consta que en sede administrativa o judicial, ningún ente u órgano público haya cuestionado que el inmueble tantas veces mencionado, sea propiedad de Desarrollos La Piedrona, como lo hacen en este expediente, el Estado y el SINAC, que piden que se anule la inscripción del bien como bien de dominio privado, al afirmarse que ese es un bien de dominio público.- Esa falta de cuestionamiento determina que deba considerarse que en este asunto, se aplica el principio de confianza legítima que tiene raigambre constitucional (numerales 34 y 45 de la Carta Fundamental).
Ese principio ha sido desarrollado de forma reiterada, desde hace muchos años, afirmándose en la sentencia N° 2016-8000 de las 11:52 horas del 10 de junio del 2016 de la Sala Constitucional, lo siguiente: "III.- Sobre el principio de confianza legítima. Antaño se asumió de manera axiomática que, irremediablemente, todo acto ilegal de contenido favorable podía ser dejado sin efecto por parte de la Administración en cualquier tipo de situación, sin atender a ninguna circunstancia en particular.// No obstante, desde mediados de los cincuentas, tanto la doctrina como la jurisprudencia empezaron a detectar que una aplicación ciega y rígida de la regla antedicha lesionaba seriamente la confianza depositada por los administrados en la Administración, así como la buena fe y la seguridad jurídica.// De este modo, mediante sentencia de 14 de mayo de 1956, el Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín desarrolló el principio de confianza legítima, que luego fue adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus pronunciamientos de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (Lemmerz-Werk), y que básicamente apuntala la confianza de los ciudadanos en la medida que, en ciertas circunstancias del caso concreto, razones de equidad y buena fe le impiden a la Administración tomar medidas contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus decisiones, en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas medidas (...) En efecto, la ratio iuris del principio de protección a la confianza legítima consiste en que el desarrollo de las relaciones jurídicas requiere de un ambiente de confianza, en el que las reglas de juego, una vez dadas, se respetan.
Lo anterior resulta de mayor relevancia en el caso de las relaciones para con la Administración, toda vez que, en este caso, el instrumento jurídico relacional es el acto administrativo, el cual no es sino una manifestación unilateral de voluntad del Estado. Ergo, el ciudadano necesita de instrumentos jurídicos para defenderse de la unilateralidad y superioridad de la Administración.// Ahora bien, estamos ante un principio de origen jurisprudencial evidentemente ligado a cuestiones de equidad, motivo por el que su aplicación debe ser analizada en cada caso concreto. Recordemos que el mismo ha sido concebido como una reacción del juez para resguardar la confianza del Administrado, cuando la Administración lo sorprende con un cambio inesperado en su proceder (...) En resumen, el principio de confianza legítima descansa sobre la base de que el ciudadano asume un comportamiento confiando en que actúa de manera correcta, toda vez que la conducta constante, estable y a lo largo del tiempo de la Administración le genera razonablemente tal expectativa; dicho de otra forma, la Administración ha emitido signos externos que han venido a orientar al ciudadano hacia una cierta conducta y le han hecho confiar de buena fe en que tal situación persistirá".- Cabe indicar que el hecho de negar permiso de uso de suelo para fines urbanísticos a un propietario de un terreno ubicado dentro de una zona protectora, no es desconocer un derecho adquirido de un particular protegido por el principio de publicidad registral, lo mismo que la garantía que establece que los derechos subjetivos creados a partir de actividad administrativa formal, solo pueden ser eliminados de la vida jurídica, previa sustanciación del proceso de lesividad, siendo esas garantías expresión del principio de protección de derechos adquiridos del artículo 34 constitucional, debiéndose tomar en cuenta también lo que establece el numeral 456 del Código Civil: "La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.
Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro".- VIII) Ubicación del bien inscrito a favor de Desarrollos La Piedrona en la Zona Protectora Tivives y régimen de autorización administrativa para realizar actividades agrícolas y forestales: Sin perjuicio de lo antes expuesto es claro para este Tribunal, que el bien que está actualmente inscrito a nombre de la sociedad actora, era parte de un Asentamiento del IDA denominado "Salinas II", también conocido como Cambalache, ubicado en el cantón de Esparza, provincia de Puntarenas, específicamente la parcela 64. Esa parcela fue adjudicada primeramente (otorgándosele título supletorio de dominio) a un beneficiario de esa entidad (año 1993), que luego (con autorización de la entidad), traspasó el bien a otros dos beneficiarios (año 1996), para que finalmente cuando ya habían vencido el plazo de consolidación del derecho del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, le vendieron el derecho de dominio pleno a Desarrollos La Piedrona.- Ahora bien, también es claro (véase el elenco de hechos probados), que esa propiedad está ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives, que fue creada por el Decreto Ejecutivo N° 17023 de 6 de mayo de 1986 (vigente a partir del 2 de junio de ese año).- Téngase presente que para la fecha en que se creó la Zona Protectora Tivives, las "zonas protectoras" eran definidas por el artículo 83 de la Ley Forestal, N° 4465 de 25 de noviembre de 1969, de la siguiente manera: "Se entenderá por zonas protectoras, aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente" (los subrayados son propios).- Ahora bien, el hecho que exista un inmueble de dominio privado dentro de los límites de una zona protectora, implica necesariamente que dichas heredades solo se puedan dedicar a actividades agrícolas y forestales, que cumplan con el fin de dicha área silvestre, a saber la protección de los suelos, el mantenimiento o regulación del régimen hidrológico, estando sometida la realización de cualquiera de esas actividades, a un régimen de autorización de parte de algún órgano administrativo, inicialmente la Dirección General Forestal y en la actualidad el SINAC. En ese sentido revísese el Decreto Ejecutivo N° 17023 (que creó la Zona Protectora Tivives), en que se establece (los subrayados son propios):
"Artículo 2°-La administración y manejo de la Zona Protectora Tivives estará a cargo de la Dirección General Forestal, en coordinación con el Centro Agrícola Regional Pacífico Central, Centro Agrícola Cantonal de Esparza y la Municipalidad de Esparza.
Artículo 3°-Las actividades forestales, agrícolas o ganaderas que se fueran a realizar en la Zona Protectora, deberán contar con la respectiva autorización extendida por la Dirección General Forestal, en coordinación con el Comité Interinstitucional que se menciona en el artículo anterior.
Artículo 4°-Se establece una franja de amortiguamiento de 20 metros que bordeará el límite del manglar.
Artículo 5°-Queda prohibido en los inmuebles estatales y privados comprendidos dentro de los linderos señalados en el artículo anterior: a) Derribar y/o cortar árboles y extraer, recolectar productos de despojos forestales de cualquier especie sin la autorización de la Dirección General Forestal. b) La caza de animales silvestres. c) La práctica de las quemas" X) Sobre el fondo del reclamo de daño material y daño moral subjetivo en la demanda: A partir lo que vimos antes, lo que se está reclamando en este caso, es únicamente el tema de responsabilidad patrimonial por conducta lícita, sea, por exclusión la que no implica una transgresión al ordenamiento jurídico (artículos 190, 191 y 192 LGAP), debe analizarse, si no encontramos en los supuestos de los artículos 194 y 195 ejúsdem, antes citados.- Se llega a la anterior conclusión porque incluso este Tribunal en su última resolución, la de las nueve horas cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, advirtió (véase en particular lo aquí subrayado): "De conformidad con el numeral 150.1 del Código Procesal Contencioso-Administrativo y visto que la honorable Sala Primera de Casación anuló la resolución final emitida por este Tribunal, emítase nueva sentencia, por la misma integración que realizó el juicio.
En el mismo orden: se tiene claro que el objeto del reclamo por responsabilidad patrimonial hecho en la demanda, es la conducta lícita de las Administraciones Públicas y no se está cuestionando la legalidad de ningún acto administrativo; se concluye lo anterior a partir de la resolución anulatoria comentada", sin que ninguna de las partes de este proceso, realizara observación alguna.- Establecido lo anterior, se observa que en el presente caso, realizar un desarrollo inmobiliario, como el que se pretende desplegar en la finca de la sociedad actora, va contra el orden público ambiental y no se puede acordar una indemnización por daño material, como la que se pretende. Lo anterior por cuanto según vimos antes, en una zona protectora solamente se pueden realizar actividades agrícolas y forestales, que que cumplan con el fin de dicha área silvestre, a saber la protección de los suelos, el mantenimiento o regulación del régimen hidrológico, estando sometida la realización de cualquiera de esas actividades, a un régimen de autorización de parte de algún órgano administrativo, inicialmente la Dirección General Forestal y en la actualidad el SINAC (a partir de la vigencia de la Ley de Biodiversidad N° 7788 de 1998).
En todo caso, tampoco se encuentra que nos encontremos bajo las dos hipótesis previstas en el artículo 194 LGAP para conceder el daño por conducta lícita: que el daño sea de carácter especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. Véase que el hecho de no poder realizar actividades de desarrollo urbanístico en una finca privada ubicada dentro de una Zona Protectora, no implica una intensidad excepcional de la lesión, por cuanto sí se pueden realizar actividades agrícolas y forestales bajo régimen de autorización administrativa, no pudiéndose considerar que en el presente caso, se haya vaciado el derecho de propiedad. En todo caso, si la sociedad actora cuando adquirió el bien de sus anteriores propietarios (adjudicatarios del IDA), no tuvo la diligencia mínima de investigar cuáles actividades se podían realizar en el sitio donde previamente se había constituido la Zona Protectora Tivives, debe asumir el costo de esa omisión, no pudiendo alegar daño indemnizable a partir de esa omisión.- Recuérdese que el certificado de uso del suelo es es el acto administrativo, emitido a solicitud de la parte interesada, que acredita la conformidad del uso que se le da o se pretende dar a un terreno, en relación con lo establecido en el reglamento de zonificación correspondiente, disponiéndose en los artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana (N° 4240, del 15 de noviembre de 1968), lo siguiente: “Artículo 28.- Prohíbese aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada.// En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación.
Los usos ya existentes no conformes, deberán hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia.// Cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir de la cual dichos certificados serán obligatorios" "Artículo 29.- Sin el certificado de uso correspondiente, no se concederán patentes para establecimiento comerciales o industriales. En caso de contravención, se procederá a la clausura del local, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra”. Conforme con lo anterior, se debe rechazar la indemnización por daño material, porque no nos encontramos ante los supuestos del artículo 194 LGAP, para reconocer ese tipo de responsabilidad tratándose de conducta forma lícita de la Administración.- Tampoco se pueden reconocer los intereses legales, porque el artículo 194 ejúsdem, rechaza la posibilidad que tratándose de responsabilidad por conducta lícita, se puedan reconocer los perjuicios.- Finalmente, no pueden reconocerse la indemnización por daño moral subjetivo a favor de los personeros de la sociedad Desarrollos La Piedrona, porque si los personeros de esa sociedad, no fueron parte de forma directa en este proceso, no está legitimada la sociedad actora, para pedir una indemnización a favor de ellos, además que una sociedad comercial que es una persona moral, es imposible que pueda ser un objeto de una afectación de ese tipo, que se expresa en sentimientos como .- XI) Otras excepciones: Las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva del INDER, deben acogerse porque si lo que se reclama es el vaciamiento del contenido del derecho de propiedad es con base en las denegatorias de los visados de planos que realizó el SINAC, siendo el INDER completamente ajenos a esos actos que habrían provocado un daño, a pesar de su participación en la creación de un título de propiedad a favor de particulares, en una Zona Protectora.- En cuanto a la excepción de caducidad, se entiende que es la propia del artículo 35 del Código Procesal Contencioso-Administrativo y es abiertamente improcedente en este caso, porque no se demanda la nulidad de ninguna actuación administrativa formal, sino es una demanda civil de hacienda, que no involucra la nulidad de acto alguno.- En cuanto a la defensa de cosa juzgada constitucional, tampoco es de recibo.
El Tribunal no desconoce la existencia de las sentencias de la Sala Constitucional, números 1763-94 y N° 7294-98, que prohíben que el IDA adjudicara parcelas a sus beneficiarios, que se encuentren dentro del perímetro de la Zona Protectora Tivives, estableciendo que esos terrenos deben ser traspasados al Estado, para efectos de protección del ambiente, no obstante esas sentencias no serían aplicables al presente caso, porque si la sociedad actora adquirió uno de esos terrenos (proveniente del Asentamiento Salinas II), fue con el conocimiento del Estado y el SINAC, que sabían que posteriormente a esas sentencias, el IDA siguió adjudicando parcelas, sin tomar ninguna medida de protección para el demanio, como por ejemplo establecer las demandas de lesividad correspondientes, para luego lograr el desalojo de los particulares de esos terrenos. Se estima que a partir de esa situación y el principio de confianza legítima, las sentencias constitucionales comentadas, no le son oponibles a la sociedad demandada.- La excepción de falta de derecho, debe acogerse en cuanto al reclamo indemnizatorio derivado de las dos denegatorias del visado de planos, que fueron presentadas en fecha 21 de noviembre del 2014, con base en lo antes considerado.- XII) DE LA RECONVENCIÓN: Si se observa dicha acción del Estado (que tiene como tercero interesado con pretensiones propias al SINAC, como administrador por disposición legal del Patrimonio Natural del Estado), se solicita que "se anule un inmueble" inscrito en el Registro Nacional y que se elimine el asiento registral correspondiente, que tiene su origen en un acto administrativo del IDA del año 1993, que dispuso de terrenos que integran el demanio público.
Ahora bien, esta reconvención tiene la particularidad que no se pide la nulidad del acto de adjudicación de un bien que supuestamente integra el demanio público, ni mucho menos se planteó una acción de lesividad, contra el acto que originó la supuesta disposición ilegal de un bien de dominio público, sino que se pide de forma directa la anulación del asiento registral que da publicidad de la creación del bien, creando una finca privada, que fue traspasada por unos adjudicatarios del IDA -en aplicación la Ley de Tierras y Colonización-, a la sociedad actora. Cabe indicar que esa situación (que se impugna la existencia de los asientos registrales de la finca, pero no el acto administrativo que dispuso de un bien de dominio público), tendrá consecuencias importantes para admisibilidad de la acción.- El Estado y el SINAC piden que se anule la inscripción de la finca inscrita a favor de la sociedad actora y se reivindique esa propiedad a favor del Estado, por ser bien de dominio público a partir de dos sentencias de la Sala Constitucional (números 1763-94 y N° 7294-98), que establecen que los asentamiento del IDA ubicados en la Zona Protectora Tivives y en particular, el Asentamiento Salinas II (donde se originó la finca de marras), eran bienes de dominio público.
No obstante lo anterior debe rechazarse esa acción, porque considera este Tribunal que es una acción de lesividad encubierta, que no ataca únicamente la inscripción, sino que omite cuestionar los actos de disposición de la Junta Directiva del IDA, de los años 1993 y 1996, que contrariando la primera sentencia constitucional, adjudicaron lotes que se debieron haber traspasado a la Dirección General Forestal, para fines de conservación y que originaron la finca en cuestión. Véase que esa acción es inadmisible por contrariar el numeral 34.5 CPCA, que dispone: "La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda".- En el sentido anterior: llama la atención que el Estado y el SINAC que conocían desde que se declaró con lugar el amparo de la sentencia constitucional número 1763-94, que la Junta Directiva del IDA tenía la práctica de adjudicar parcelas a campesinos, ubicadas en la Zona Protectora Tivives, no sea sino hasta ahora más de veinte años después, que cuando un particular plantea una demanda con relación a esos terrenos, que pida la nulidad de la inscripción, sin dar las garantías de la acción de lesividad, a saber: declaratoria fundada de afectación de los intereses económicos o jurídicos del Estado; traslado a la entidad responsable de haber realizado el acto; traslado a los particulares que deriven derechos del derecho subjetivo (en este caso, derecho de propiedad), que se busca anular); proceso independiente de lesividad, no subordinado a una acción principal, tal como lo exige el artículo 34.5 CPCA.- Argumentado lo anterior, se debe declarar inadmisible la reconvención comentada.- XIII) En este caso existió vencimiento recíproco entre las partes, por cuanto fueron desestimadas tanto la demanda de Desarrollos La Piedrona, contra el Estado, el SINAC y el INDER, como se rechazó la reconvención del Estado (que tenía como tercero interesado con pretensiones propias al SINAC), contra la Desarrollos La Piedrona.
En razón de lo anterior, nos encontramos ante la hipótesis de exoneración de costas al vencido del numeral 73.2.3 del Código Procesal Civil, que es aplicable a esta materia, por remisión del artículo 220 CPCA. Por ese motivo cada parte debe asumir sus propias costas.-
Por tanto:
Sobre la demanda: Se rechazan las defensas de cosa juzgada constitucional y caducidad. Se acoge la excepción de falta de legitimación ad causam activa y pasiva planteada por el Instituto de Desarrollo Rural, lo mismo que la excepción de prescripción con respecto al reclamo indemnizatorio derivado del rechazo de visado de planos, solicitado en fecha 26 de marzo del 2011. Se rechaza la defensa de prescripción en cuanto al reclamo indemnizatorio derivado del rechazo de los dos visados de planos solicitados el 21 de noviembre del 2014 y se acoge la excepción de falta de derecho en cuanto al reclamo indemnizatorio de esas fechas. En consecuencia se declara improcedente en todos sus extremos, la demanda de planteada por Desarrollos La Piedrona, Sociedad Anónima contra el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto de Desarrollo Rural. Sobre la reconvención: Se declara inadmisible la reconvención planteada por el Estado, que tiene como tercero interesado con pretensiones propias al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Cada parte debe asumir sus propias costas.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Jueces.- JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A
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