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Res. 08741-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 25/11/2024
OutcomeResultado
The Court ordered all equine, bovine, or similar livestock activity on the Palmital de Salitre land to cease within fifteen calendar days, without prejudging possession and without a special award of costs.El Tribunal ordenó suspender, dentro de quince días naturales, toda actividad ganadera equina, bovina o similar en el terreno de Palmital de Salitre, sin prejuzgar sobre la posesión y sin condenatoria en costas.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court granted a pre-filing interim measure requiring livestock activities to cease on land located in Palmital, within the Salitre Indigenous Territory. It found a prima facie case and danger in delay, while leaving the question of lawful possession for the main proceeding. The presence of livestock and the absence of evidence contradicting the applicant’s allegations supported a preliminary finding that an activity capable of degrading and impoverishing the soil and harming habitat and biodiversity was continuing. The Court applied the precautionary principle and emphasized the special protection owed to Indigenous territories under Article 50 of the Constitution, ILO Convention No. 169, and international standards on Indigenous rights. Balancing the affected interests, it concluded that the measure advanced rather than impaired the public interest because both the environment and Indigenous land were at stake. It ordered the suspension of all equine, bovine, or similar livestock activity within fifteen calendar days and imposed no special award of costs.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar la medida cautelar anticipada solicitada para detener las actividades ganaderas desarrolladas en un terreno situado en Palmital, dentro del territorio indígena de Salitre. Consideró acreditadas la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, sin resolver todavía quién posee legítimamente el inmueble. La presencia de ganado y la falta de prueba que contradijera lo alegado permitieron concluir preliminarmente que continuaba una actividad capaz de desgastar y empobrecer el suelo y afectar el hábitat y la biodiversidad. El Tribunal aplicó el principio precautorio y destacó la protección especial que merecen los territorios indígenas conforme al artículo 50 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la normativa internacional sobre derechos indígenas. Al ponderar los intereses involucrados, determinó que la medida favorecía el interés público porque protegía simultáneamente el ambiente y un territorio indígena. Ordenó suspender toda actividad equina, bovina o similar dentro de quince días naturales, sin condenatoria en costas.
Key excerptExtracto clave
Finally, once the first two requirements have been established, the decision turns on balancing the interests at stake and the effect on the public interest or interested third parties. This judge considers that, in this specific case, balancing the interests involved does not jeopardize the public interest; quite the contrary. The judicial record sufficiently demonstrates that the environment itself and Indigenous land are at stake, and both would be seriously jeopardized if interim protection were not granted. Accordingly, because all requirements necessary to grant the interim measure are present, the claimant’s request for a pre-filing interim measure must be granted. LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS, or whoever currently holds the right of possession and use, is ordered to SUSPEND any livestock activity (equine, bovine, or similar) being conducted in the territory located at Palmital de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas. Considering the possible difficulties the defendants may face in moving the livestock to comply with this order, they must be given a reasonable period to coordinate and carry out the actual removal of the livestock located on the land. Therefore, the interim measure ordered herein must be fully complied with within 15 CALENDAR DAYS following notice of this judgment, a period the undersigned considers reasonable and prudent and which will permit enforcement of the order without causing unnecessary harm to the defendants.Finalmente, teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, la decisión recae sobre la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público o de terceros interesados. Considera esta juzgadora que en este caso concreto, realizando la ponderación de intereses involucrados no compromete el interés público, más bien todo lo contrario. Queda suficientemente demostrado dentro del expediente judicial que el ambiente como tal y un terreno indígena se encuentran en juego, por lo que ambos se comprometen de manera seria al no otorgar la protección cautelar. Así las cosas, concurriendo cada uno de los presupuestos necesarios para el acogimiento de la medida cautelar, es procedente la declaratoria con lugar de solicitud cautelar anticipada gestionada por la actora; de manera que: Se ordena a LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS o en su efecto a quién ostente en este momento el derecho de posesión y uso SUSPENDER de cualquier actividad ganadera (equina/ bovina o similar) que se este desarrollando en el territorio de sita: Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas. Ahora bien, tomando en consideración las eventuales dificultades que pueda enfrentar la parte demandada para movilizar el ganado para el cumplimiento de lo ordenado, lo procedente es otorgar un plazo de prudencial a los demandados para que puedan coordinar y realizar el efectivo movimiento de las cabezas de ganado que se encuentran en el terreno, por ende la medida cautelar acá dispuesta debe ser acatada de forma total dentro del plazo de 15 DÍAS NATURALES, contados a partir de la notificación de este fallo, plazo que la suscrita considera razonable y prudencial, y que permitirá la ejecución de lo dispuesto sin generar un perjuicio innecesario a los demandados.
Pull quotesCitas destacadas
"La apariencia de buen derecho en sí, es un juicio de probabilidades que hace la persona juzgadora del resultado eventual del proceso."
"A prima facie case is, in itself, a probabilistic assessment by the judge of the proceeding’s eventual outcome."
Considerando VII
"La apariencia de buen derecho en sí, es un juicio de probabilidades que hace la persona juzgadora del resultado eventual del proceso."
Considerando VII
"La primera de ellas es desde el punto de vista ambiental, efectivamente como el gestionante lo expone no es un secreto que el desarrollo de actividad ganadera genera consecuencias negativas al ambiente, pues efectivamente la explotación de los repastos en el pastoreo de ganado vacuno y cultivos anuales, genera un desgaste en los suelos, los empobrece para el uso de la agricultura y además tiene una serie de consecuencias negativas en el hábitat y la biodiversidad."
"The first concerns the environmental perspective: as the applicant states, it is no secret that livestock farming has negative environmental consequences, because using pasture for cattle grazing and annual crops degrades soils, impoverishes them for agricultural use, and also causes a series of adverse effects on habitat and biodiversity."
Considerando VII
"La primera de ellas es desde el punto de vista ambiental, efectivamente como el gestionante lo expone no es un secreto que el desarrollo de actividad ganadera genera consecuencias negativas al ambiente, pues efectivamente la explotación de los repastos en el pastoreo de ganado vacuno y cultivos anuales, genera un desgaste en los suelos, los empobrece para el uso de la agricultura y además tiene una serie de consecuencias negativas en el hábitat y la biodiversidad."
Considerando VII
"De manera tal que tomando como punto de partida el principio precautorio en materia ambiental, efectivamente en esta instancia se debe velar por el territorio que se encuentra dentro el territorio indígena de Salitre."
"Thus, taking the environmental precautionary principle as the starting point, this proceeding must protect the land located within the Salitre Indigenous Territory."
Considerando VII
"De manera tal que tomando como punto de partida el principio precautorio en materia ambiental, efectivamente en esta instancia se debe velar por el territorio que se encuentra dentro el territorio indígena de Salitre."
Considerando VII
"Ahora bien, pese a lo dispuesto en este considerando, deberá acreditar la parte actora en el procedimiento de conocimiento respectivo, todo aquello referente al derecho de posesión sobre el inmueble, situación que quedará pendiente de conocer en el proceso respectivo, donde se determinará cual de las posturas es la correcta."
"Notwithstanding what is stated in this section, the claimant must prove in the corresponding merits proceeding all matters concerning the right of possession over the property; that issue remains to be decided in the appropriate proceeding, where it will be determined which position is correct."
Considerando VII
"Ahora bien, pese a lo dispuesto en este considerando, deberá acreditar la parte actora en el procedimiento de conocimiento respectivo, todo aquello referente al derecho de posesión sobre el inmueble, situación que quedará pendiente de conocer en el proceso respectivo, donde se determinará cual de las posturas es la correcta."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
PJEDITOR Document *180000631555AG* CASE FILE:
PROCEEDING:
PROVISIONAL MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) PLAINTIFF:
SAMUEL DELGADO ROJAS DEFENDANT:
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE SLITRE DE BUENOS AIRES N° 2024008741 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at diez horas con venticinco minutos del venticinco de Noviembre del dos mil venticuatro.- PROVISIONAL MEASURE filed by SAMUEL DELGADO ROJAS against EL ESTADO, represented by HEILYN SAENZ CALDERÓN in her capacity as Deputy State Attorney; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, represented by ROBERTO GARCÍA MONTERO in his capacity as PUBLIC DEFENDER; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by KARINA CASTRO LEITÓN in her capacity as SPECIAL JUDICIAL ATTORNEY-IN-FACT; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), represented by PAULA POVEDA VARGAS; LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS and VICTOR HUGO ZÚÑIGA FALLAS.
WHEREAS
As to the RISK IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): In this particular case, this issue warrants special analysis because, contrary to what occurs in most such applications, the defendants have expressed their full consent to the requested relief; in addition, two aspects must be addressed. The first is environmental. As the applicant explains, it is no secret that livestock farming has adverse environmental consequences: using pasturelands to graze cattle and grow annual crops wears down the soil, depletes it for agricultural use, and has a series of negative consequences for the habitat and biodiversity, particularly when no measures are taken to counteract the effects of this activity. In this case, a series of photographs was submitted showing at least 10 head of cattle and two horses. Although it is true that, in other circumstances, such photographs might not be deemed useful because they reveal few details concerning the identity of the land at issue in this litigation, the fact remains that the defendants had an opportunity to rebut the evidence and arguments presented by the claimant but did not do so.
Therefore, the only evidence in the record is sufficient to establish that cattle- and horse-related activities have in fact been conducted on the land. Added to this is the fact that all defendants agree on the need to grant interim relief, principally because the use to which the property is devoted could eventually alter the nature of the land during the time required to resolve this proceeding. Thus, taking the precautionary principle in environmental matters as a starting point, this Court must indeed protect the land located within the Salitre indigenous territory. This, in turn, requires analysis of the second aspect of the harm, which, in this judge’s view, consists precisely in the fact that the land lies within an indigenous territory. Accordingly, under constitutional (Article 50) and international case law and regulations (Convenio 169 OIT and Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas), these lands merit special protection.
In this regard, the Sala Constitucional has stated that “[…] indigenous peoples have a communal tradition concerning a communal form of collective land ownership, in the sense that ownership thereof is centered not in an individual but in the group and its community. By virtue of their very existence, indigenous peoples have the right to live freely in their own territories; the close relationship that indigenous peoples maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, spiritual life, integrity, and economic survival (...) For indigenous communities, their relationship with the land is not merely a matter of possession and production, but a material and spiritual element that they must fully enjoy, including in order to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations. The customary law (derecho consuetudinario) of indigenous peoples must be given particular consideration, such that, as a product of custom, possession of the land should suffice for indigenous communities lacking legal title to the land to obtain official recognition of such ownership and its subsequent registration. […]” Given, as noted, that none of the defendants has opposed the application and that the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE emphasized the need to grant interim relief, this judge has no doubt that the harm has materialized.
However, notwithstanding the provisions of this recital, the plaintiff must establish, in the corresponding proceeding on the merits (procedimiento de conocimiento), everything relating to the right of possession (derecho de posesión) over the property, an issue that will remain pending for determination in the corresponding proceeding, where it will be determined which position is correct. This is because what is ordered herein is separate and unrelated to whatever may ultimately be decided on the merits; therefore, this judgment shall not prejudge what may be decided in the principal proceeding (proceso principal), in which the court will be responsible for determining whether violations have occurred that warrant declaring any nullity (nulidad).
Finally, with the first two requirements having been established, the decision turns on balancing the interests at stake and the effect on the public interest or interested third parties. This judge considers that, in this specific case, balancing the interests involved does not compromise the public interest; quite the contrary. It has been sufficiently demonstrated in the court record that the environment itself and Indigenous land are at stake, and both would therefore be seriously jeopardized if interim protection (protección cautelar) were not granted.
Accordingly, because each of the requirements necessary for granting the interim measure (medida cautelar) has been met, the plaintiff’s application for an anticipatory interim measure (solicitud cautelar anticipada) must be granted; therefore: LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS, or, failing that, whoever currently holds the right of possession and use, is hereby ordered to SUSPEND any livestock activity (equine/bovine or similar) being conducted in the territory located at Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas. However, taking into consideration the potential difficulties that the defendants may face in moving the livestock in order to comply with this order, it is appropriate to grant the defendants a reasonable period in which to coordinate and carry out the actual relocation of the livestock located on the land. Accordingly, the interim measure ordered herein must be fully complied with within 15 CALENDAR DAYS from service of notice of this ruling, a period that the undersigned considers reasonable and appropriate and that will allow the order to be enforced without causing unnecessary harm to the defendants.
POR TANTO
The application for an interim measure filed by SAMUEL DELGADO ROJAS; EL ESTADO, represented by Heilyn Saenz Calderón in her capacity as Deputy Attorney; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, represented by Roberto García Montero in his capacity as public defender; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by Karina Castro Leitón in her capacity as special judicial attorney-in-fact; and COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), represented by Paula Poveda Vargas, is hereby GRANTED. LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS, or, failing that, whoever currently holds the right of possession and use, is hereby ordered to suspend any livestock activity (equine/bovine or similar) being conducted in the territory located at Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas. The interim measure ordered herein must be fully complied with within 15 calendar days from service of notice of this ruling. The matter is decided without a specific award of costs. NOTICE SHALL BE SERVED. MARÍA FERNANDA HERRERA FONSECA, JUDGE MHERRERAF *QVOMEGMSO2Q61* MARIA FERNANDA HERRERA FONSECA, PROCESSING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr
Documento PJEDITOR *180000631555AG* MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A:
SAMUEL DELGADO ROJAS DEMANDADO/A:
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE SLITRE DE BUENOS AIRES N° 2024008741 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con venticinco minutos del venticinco de Noviembre del dos mil venticuatro.- MEDIDA CAUTELAR interpuesta por SAMUEL DELGADO ROJAS, en contra de EL ESTADO, representado por HEILYN SAENZ CALDERÓN en su condición de procuradora adjunta; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, representado por ROBERTO GARCÍA MONTERO, en calidad de DEFENSOR PÚBLICO; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por KARINA CASTRO LEITÓN en calidad de APODERADA ESPECIAL JUDICIAL; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) representado por PAULA POVEDA VARGAS; LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS y VICTOR HUGO ZÚÑIGA FALLAS.
CONSIDERANDO
En cuanto al PELIGRO EN LA DEMORA: en el caso concreto este apartado merece un análisis singular pues contrario a lo que sucede en la mayoría de estas gestiones, los demandados expresan una total anuencia en el otorgamiento de la medida peticionada; y adicional a ello hay dos aristas que deben ser desarrolladas. La primera de ellas es desde el punto de vista ambiental, efectivamente como el gestionante lo expone no es un secreto que el desarrollo de actividad ganadera genera consecuencias negativas al ambiente, pues efectivamente la explotación de los repastos en el pastoreo de ganado vacuno y cultivos anuales, genera un desgaste en los suelos, los empobrece para el uso de la agricultura y además tiene una serie de consecuencias negativas en el hábitat y la biodiversidad; máxime cuando no se toman medidas para contrarrestar los efectos de esta actividad, en el caso concreto se aportan una serie de fotografías, donde se evidencian al menos 10 cabezas de ganado, y dos caballos, y si bien es cierto, tales fotografías en otro escenario podrían no ser consideradas útiles, pues no se logra desprender mayores detalles sobre la identidad del terreno objeto de esta litis, lo cierto del caso es que los demandados tuvieron la posibilidad de contrarrestar la prueba y los argumentos expuestos por el actor; no obstante no fue así, por lo que la única prueba que consta en autos es suficiente para dar por acreditado que efectivamente sobre el terreno se han venido realizando actividades de índole bovino y equino; y si a esto se le suma que todos los demandados son contestes en señalar la necesidad del otorgamiento de la medida cautelar, principalmente porque la actividad a que se destine el fundo puede eventualmente cambiar la naturaleza del terreno, por el transcurso del tiempo que tarde en resolverse este proceso, de manera tal que tomando como punto de partida el principio precautorio en materia ambiental, efectivamente en esta instancia se debe velar por el territorio que se encuentra dentro el territorio indígena de Salitre, lo cual conlleva entonces a analizar también la segunda arista del daño, el cual a criterio de quien juzga, lo constituye precisamente el hecho de que el terreno se encuentra dentro de un territorio indígena; de manera que al amparo de la jurisprudencia y normativa, tanto constitucional ( Artículo 50 ), como internacional (Convenio 169 OIT y Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas), estos terrenos merecen una protección especial.
En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado que "[...] entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica (...) Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. [...]", y tomando como se dijo que no ha mediado oposición de ninguna de las partes demandadas, y que la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE, resaltó la necesidad del otorgamiento de la medida cautelar, no queda entonces duda para esta juzgadora que el daño se ha configurado Ahora bien, pese a lo dispuesto en este considerando, deberá acreditar la parte actora en el procedimiento de conocimiento respectivo, todo aquello referente al derecho de posesión sobre el inmueble, situación que quedará pendiente de conocer en el proceso respectivo, donde se determinará cual de las posturas es la correcta.
Esto en el tanto, lo aquí dispuesto, es algo distinto y ajeno a lo que llegue a ser resuelto en el fondo, de modo que lo dictado en la presente sentencia, no prejuzgará lo que se llegue a resolver dentro del proceso principal, en el cual, le corresponderá al tribunal justificar si se dan o no violaciones que ameriten decretar alguna nulidad.
Finalmente, teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, la decisión recae sobre la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público o de terceros interesados. Considera esta juzgadora que en este caso concreto, realizando la ponderación de intereses involucrados no compromete el interés público, más bien todo lo contrario. Queda suficientemente demostrado dentro del expediente judicial que el ambiente como tal y un terreno indígena se encuentran en juego, por lo que ambos se comprometen de manera seria al no otorgar la protección cautelar.
Así las cosas, concurriendo cada uno de los presupuestos necesarios para el acogimiento de la medida cautelar, es procedente la declaratoria con lugar de solicitud cautelar anticipada gestionada por la actora; de manera que: Se ordena a LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS o en su efecto a quién ostente en este momento el derecho de posesión y uso SUSPENDER de cualquier actividad ganadera (equina/ bovina o similar) que se este desarrollando en el territorio de sita: Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas. Ahora bien, tomando en consideración las eventuales dificultades que pueda enfrentar la parte demandada para movilizar el ganado para el cumplimiento de lo ordenado, lo procedente es otorgar un plazo de prudencial a los demandados para que puedan coordinar y realizar el efectivo movimiento de las cabezas de ganado que se encuentran en el terreno, por ende la medida cautelar acá dispuesta debe ser acatada de forma total dentro del plazo de 15 DÍAS NATURALES, contados a partir de la notificación de este fallo, plazo que la suscrita considera razonable y prudencial, y que permitirá la ejecución de lo dispuesto sin generar un perjuicio innecesario a los demandados.
POR TANTO
Se declara CON LUGAR la solicitud de medida cautelar gestionada por SAMUEL DELGADO ROJAS, por EL ESTADO, representado por Heilyn Saenz Calderón en su condición de procuradora adjunta; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, representado por Roberto García Montero, en calidad de defensor público; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Karina Castro Leitón en calidad de apoderada especial judicial; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) representado por Paula Poveda Vargas. Se ordena a LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, VÍCTOR ZÚÑIGA FALLAS o en su efecto a quién ostente en este momento el derecho de posesión y uso suspender cualquier actividad ganadera (equina/ bovina o similar) que se este desarrollando en el territorio de sita: Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas. la medida cautelar acá dispuesta debe ser acatada de forma total dentro del plazo de 15 días naturales, a partir de la notificación del presente fallo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE. MARÍA FERNANDA HERRERA FONSECA, JUEZA MHERRERAF *QVOMEGMSO2Q61* Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr
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