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Res. 06293-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 20/09/2024
OutcomeResultado
The Court dismissed the entire action because neither damage attributable to the municipal works nor causation was proven, upheld the lack-of-right defense, and ordered Marsago S.A. to pay costs.El Tribunal rechazó íntegramente la demanda porque no se demostraron los daños atribuibles a las obras municipales ni el nexo causal, acogió la falta de derecho e impuso las costas a Marsago S.A.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed in full the action brought by Servicios Profesionales Marsago S.A. against the Municipality of San Mateo for alleged damage caused by municipal stormwater works undertaken without a SETENA environmental impact assessment. Although the municipal project enlarged drainage boxes and pipes, the evidence did not establish that those works increased water volume, accelerated the flow, diverted its course, or caused the claimed property damage. The Court found that part of the damage assessed by the expert concerned a different parcel and that a culvert voluntarily built by the claimant itself accelerated the water flowing toward the open channel. Moreover, any deterioration of that channel would affect a structure built by the Municipality. Because neither compensable damage attributable to the Municipality nor the necessary causal link was proven, the Court upheld the Municipality’s lack-of-right defense, denied damages and legal interest, and ordered the unsuccessful claimant to pay procedural and attorney costs, including legal interest once their amount becomes determined and enforceable.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó íntegramente la demanda de Servicios Profesionales Marsago S.A. contra la Municipalidad de San Mateo por los supuestos daños derivados de obras de alcantarillado pluvial ejecutadas sin evaluación de impacto ambiental de SETENA. Aunque las obras municipales ampliaron cajas de registro y tuberías, la prueba no demostró que produjeran un aumento del caudal, una aceleración del agua, un desvío de su trayectoria o los daños reclamados en la propiedad objeto del proceso. El Tribunal determinó que parte de los daños valorados pericialmente correspondía a otro inmueble y que la alcantarilla construida voluntariamente por la propia actora aceleró el flujo hacia el canal a cielo abierto. Además, los eventuales daños en ese canal afectarían una obra construida por la Municipalidad. Al no acreditarse el daño atribuible ni el nexo causal con la conducta municipal, se acogió la excepción de falta de derecho, se denegaron la indemnización y los intereses solicitados, y se impusieron las costas a la actora.
Key excerptExtracto clave
XVI. REGARDING THE DEFENSES. For the reasons given in this decision, the defense of lack of legal entitlement raised by the Municipality of San Mateo is upheld. THEREFORE The evidence offered by the parties for the Court’s better determination is admitted under the stated terms. The defense of lack of legal entitlement raised by the Municipality of San Mateo is upheld. Consequently, the action brought by Marsago, S.A. is dismissed in all respects. Costs shall be borne by the unsuccessful claimant and shall accrue legal interest once their amount has been determined and becomes enforceable. SO ORDERED.XVI. SOBRE LAS EXCEPCIONES. Por las razones dadas en este pronunciamiento, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de San Mateo. POR TANTO Se admite la prueba para mejor resolver, ofrecida por las partes de este proceso en los términos señalados. Se acoge la falta de derecho opuesta por la Municipalidad de San Mateo. Consecuentemente se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la sociedad Marsago, S.A. Son las costas a cargo de la parte accionante y perdidosa, las que generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto. NOTIFÍQUESE.
Pull quotesCitas destacadas
"Que, contrario a lo señalado por la parte actora, la ampliación del alcantarilla o de la tubería por donde discurre el agua, no conlleva un aumento del caudal que recibe; ese aumento puede ser por la expansión de nuevos proyectos urbanísticos, sin que se haya acreditado esa condición en este proceso, según lo manifestado por el testigo Jorge Gómez Picado en su declaración y cuando fue ingeniero de la Municipalidad."
"Contrary to the claimant’s assertion, enlarging the culvert or the pipe through which the water flows does not entail an increase in the volume it receives; such an increase could result from the expansion of new urban development projects, a circumstance that was not established in this proceeding, according to the testimony of Jorge Gómez Picado, a former municipal engineer."
Considerando XV, conclusión 4
"Que, contrario a lo señalado por la parte actora, la ampliación del alcantarilla o de la tubería por donde discurre el agua, no conlleva un aumento del caudal que recibe; ese aumento puede ser por la expansión de nuevos proyectos urbanísticos, sin que se haya acreditado esa condición en este proceso, según lo manifestado por el testigo Jorge Gómez Picado en su declaración y cuando fue ingeniero de la Municipalidad."
Considerando XV, conclusión 4
"Es decir, estamos en presencia de una mejora a riesgo propio, que hizo la parte actora, pero esa mejora conllevó un aceleramiento del flujo del agua cuyo trayecto continúa por un canal a cielo abierto ubicado en la que actualmente es su propiedad, el inmueble 2-109060-001."
"In other words, this was an improvement undertaken by the claimant at its own risk, but that improvement accelerated the water flow, which continues through an open channel located on the property it currently owns, parcel 2-109060-001."
Considerando XV, conclusión 6
"Es decir, estamos en presencia de una mejora a riesgo propio, que hizo la parte actora, pero esa mejora conllevó un aceleramiento del flujo del agua cuyo trayecto continúa por un canal a cielo abierto ubicado en la que actualmente es su propiedad, el inmueble 2-109060-001."
Considerando XV, conclusión 6
"A lo que se agrega que, no se demostró que las obras realizadas por la Municipalidad -fueran estas nuevas o fueran mejoras a las existentes- produjeran un aumento en el caudal del agua, un aceleramiento en el curso de las mismas o un desvió y un nuevo trayecto que aumentara la cantidad de agua y que por ello, haya socavamiento en el terreno por donde se ubica el canal a cielo abierto."
"In addition, it was not proven that the works performed by the Municipality—whether new works or improvements to existing ones—increased the volume of water, accelerated its course, or diverted it along a new route that increased the amount of water and thereby caused erosion of the land where the open channel is located."
Considerando XV, conclusión 7
"A lo que se agrega que, no se demostró que las obras realizadas por la Municipalidad -fueran estas nuevas o fueran mejoras a las existentes- produjeran un aumento en el caudal del agua, un aceleramiento en el curso de las mismas o un desvió y un nuevo trayecto que aumentara la cantidad de agua y que por ello, haya socavamiento en el terreno por donde se ubica el canal a cielo abierto."
Considerando XV, conclusión 7
"Corolario de lo expuesto, los daños alegados ni su autoría han sido demostrados, por lo que este extremo petitorio debe ser rechazado en todos sus extremos."
"Accordingly, neither the alleged damage nor responsibility for it has been proven, and this claim must therefore be rejected in its entirety."
Considerando XV
"Corolario de lo expuesto, los daños alegados ni su autoría han sido demostrados, por lo que este extremo petitorio debe ser rechazado en todos sus extremos."
Considerando XV
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CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF:
SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S.A.
DEFENDANT:
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO No. 2024006293 ADMINISTRATIVE AND TAX CIVIL COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SECOND SECTION (Team Two), SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and fifty minutes on veinte de Setiembre del dos mil venticuatro.- Ordinary proceeding (proceso de conocimiento), declared to involve solely questions of law (de puro derecho), instituted by SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S. A., corporate identification number 3-1010489166, against MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Mr. Arthur Jiménez Latouche appears as counsel for the plaintiff company. Attorney Rolando Alberto Segura Ramírez represents the interests of the local government (images 2, 39, 234, 511, 909 to 911, 918-919, all from the court record, as well as the four audio recordings of the supplementary hearing). The legal requirements governing the conduct of the proceeding have been observed, and no defects or omissions capable of rendering the actions taken and decisions issued null and void are apparent. Therefore, following the deliberation required by law, the Collegiate Court, Second Section (Team Two), composed of Judges Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo Segura González, and Lourdes Vargas Castillo—who served as presiding judge—proceeds to render judgment by the unanimous vote of its members.
Opinion authored by Judge Vargas Castillo.
CONSIDERING
1. On 06 de noviembre de 2020, the plaintiff filed this proceeding. By order issued at eight hours and thirty-two minutes on dieciséis de noviembre de dos mil veinte, the plaintiff was directed to correct the complaint. In a filing dated 23 de noviembre 2020, the plaintiff complied with the directive. At the preliminary hearing held on 01 de octubre de 2021, the case-management judge clarified that the filing appearing at images 179 to 196 constituted, for all purposes, the initiating pleading in this proceeding (audio recording beginning at minute 00:06:00; this Court ruled identically at the supplementary hearing, audio recording minute 0:05:37 III).
2. The relief sought in this proceeding, as stated in that complaint and taking into account the adjustment made at the preliminary hearing—held on 01 de octubre de 2021—and the adjustment made by counsel representing the plaintiff’s interests at the supplementary hearing, is as follows: “Based on the facts, evidence, and legal grounds, the Honorable Administrative Court is respectfully requested to rule as follows: 1.- Grant this complaint and hold the municipal entity liable for its improper conduct in carrying out works without the corresponding environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) by Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. 2.- Order Municipalidad de San Mateo to pay for all damage caused to the property registered in the Province of Alajuela under real-property folio number 109060-001, with survey plan A-1760950-2014. 3.- Order Municipalidad de San Mateo to pay the corresponding statutory interest on the amounts awarded by the Administrative Court, calculated from the date the judgment becomes final until actual payment. 4.- Order the municipal entity to pay the corresponding attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales) incurred in this action.” At the supplementary hearing, counsel clarified: “...Let us see, according to the minutes of the preliminary hearing, property damage was established, which was what was claimed at that time.
What is the economic property damage we are claiming today? It is precisely the damage set forth between images 592 and 593, namely, the adverse effects suffered by my client’s property; the expert estimated the damage to the existing works and the work remaining to be performed (...) and quantified it at ¢21.721.600.00 (...) I understand that perhaps the claims were not precisely formulated at the preliminary hearing, but it must be understood that what is being requested is compensation for the damage caused by the municipal corporation’s unlawful conduct, which resulted in certain works and consequently required a financial investment, as well as for the work still to be performed; that is, the total amount sought as compensation is ¢21.721.600.00 because that is the amount yielded by the appraisal conducted by the expert and would ultimately be enforced in proceedings for enforcement of judgment” (audio recording of the supplementary hearing from minute 0:56:09 to 0:57:53 IV).
3. By order issued at seven hours and fifty-two minutes on veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, the proceeding against Municipalidad de San Mateo was deemed duly instituted (images 200 to 201).
4. The defendant local government answered the complaint, requested that the stated claims be denied, that its defense of lack of legal entitlement (excepción de falta de derecho) be sustained, and that the plaintiff be ordered to pay both categories of costs plus interest (images 208 to 232).
5. The preliminary hearing was held on 01 de octubre de 2021, with all parties to the proceeding present. No substantive matters requiring correction were identified. At the request of the defendant and the presiding judge, the prayer for relief was read aloud, and the plaintiff clarified that it sought only property damage and the amounts claimed, as explained in paragraph 1 of this Considering section. No preliminary defenses (defensas previas) were raised. All facts were deemed disputed. All documentary evidence offered by the parties was admitted. Mr. Jorge Gómez Picado was admitted as the sole witness. The expert evidence was admitted. The presiding judge ordered that the evidence appearing at images 470 to 483, submitted in the filing dated 23 de setiembre de 2021, and that appearing at images 487 to 499, having been submitted one day before the hearing, be treated as evidence to assist the Court in reaching a decision (prueba para mejor resolver), with its admission or exclusion left to the discretion of the Court assigned to decide the merits of the proceeding (audio recording and minutes appearing at images 511 to 517).
6. By order issued at sixteen hours and five minutes on dos de marzo de 2022, the case-management judge informed the parties that the Poder Judicial’s roster of experts did not include a civil engineer specializing in valuation and excluded the expert evidence offered by Municipalidad because it had failed to pay the expert’s fees as directed (image 525). The plaintiff requested authorization to appoint an appraisal expert, and, by order issued at ten hours and ten minutes on dieciséis de marzo de dos mil veintidós, the case-management judge granted the plaintiff “...a period of TEN BUSINESS DAYS to propose a qualified professional to perform the pending examination, with the understanding that the person proposed must satisfy the requirements, duties, and rights governed by the Reglamento para regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial” (image 529).
The plaintiff requested authorization to appoint Eng. Francisco Madriz González, civil engineer and appraisal expert, identification card 1-0993-0177, professional license IC 10549 (image 537). By order issued at sixteen hours and twenty-six minutes on veinte de abril de dos mil veintidós, the presiding judge accepted the nomination of Engineer Madriz González, directed that the report be submitted within fifteen business days, and defined the scope of the expert examination: “Determine the damage to the property and the economic valuation of that damage” (image 540).
7. The expert report was submitted and appears at images 544 to 604, together with the supplemental report requested by Municipalidad appearing at images 617 to 863.
8. The proceeding was originally referred to Trial Section VIII of this Court, which scheduled an oral and public trial for eight hours and thirty minutes on diez de octubre del año dos mil veinticuatro (image 868).
9. In the filing appearing at image 881, the plaintiff offered, as evidence to assist the Court in reaching a decision, Technical Inspection Report No. MDRRSPCDARSONSSMIR-0022-2023, issued by Ministerio de Salud on 07 de febrero de 2023 (images 881 to 889). By order issued at sixteen hours and twenty-nine minutes on catorce de febrero de dos mil veintitrés, the Trial Section originally assigned to this proceeding notified the defendant of the referenced filing and advised the parties that its admission would be decided at the Oral and Public Trial (image 890).
10. Pursuant to the agreement of Consejo Superior del Poder Judicial adopted at session number 84-2021 on 28 de setiembre de 2021, and the directive of Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda set forth in agreement No. 12.VI.2023, adopted at the session held on 27 de julio de 2023, jurisdiction over this proceeding was reassigned to the Second Section of this Court (see certification at image 898 of the court record).
11. By order issued at ten hours and fifty-nine minutes on quince de enero de dos mil veinticuatro, this Section summoned the parties to a supplementary hearing on 02 de setiembre 2024 (images 899 to 902).
12. The witness summonses were issued on 08 de mayo de 2024 (see images 905 to 980). The Work Team’s technician contacted the parties to the proceeding to remind them of the trial date, advise them that the witnesses’ notices had been issued, and inform them of their obligation to notify the Court of the means by which they would appear on the day of the supplementary hearing, as stated in the “Record of call to the parties to the proceeding” (image 929).
13. Through the filing appearing at image 909, Municipalidad entered the appearance of Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez in the proceeding; he submitted a special judicial power of attorney and designated a means for receiving service. The plaintiff entered the appearance of Lic. Arthur Jiménez La Touche as special judicial attorney-in-fact; he provided an email address to attend the supplementary hearing remotely (images 923, 930).
14. Municipalidad’s representative submitted the following as evidence to assist the Court in reaching a decision: 1. An update to case file 89-18-02-TAA of Tribunal Ambiental Administrativo, which had been admitted into evidence (appearing at images 939 to 1206). 3. Official letter DI-SM-OFEX/020-24, reporting the municipal procedures recorded for properties 2-17227-000, survey plan A-1222500-2008, and 2-109060-001, survey plan A-0432995-1981 (appearing at images 933 to 935). 3. Certification of the legal standing of Servicios Profesionales Marsago, S.A. (appearing at images 937 to 938).
15. Conduct of the supplemental hearing. On Monday, 02 September, at 08:33 hours, the Panel of Judges convened in Courtroom N°5 of the Tribunal to commence the supplemental hearing. Before declaring the hearing open, the Tribunal reviewed certain procedural regularization matters (saneamiento) with the parties, including the submission of evidence to assist in adjudication (prueba para mejor resolver). Lic. Arthur Jiménez La Touche participated remotely. Counsel for the respondent Municipalidad—Lic. Rolando Segura Ramírez and his assistant—and the Mayor of the Municipalidad de San Mateo appeared in the Courtroom. Once all procedural regularization matters had been reviewed, the Tribunal declared the proceedings open. The hearing procedure and formal considerations were explained, with a reminder of the case-management powers (poderes de ordenación) vested in the Panel of Judges pursuant to provisions 99 of the CPCA and 73 of the Reglamento de esta Jurisdicción.
The relief sought in the proceedings (petitoria del proceso) was read aloud. The parties presented their opening arguments. Testimony was received from the expert who prepared the report and the corresponding supplemental report (images 544 to 604 and 617 to 863). Testimony was received from the witness offered by the Municipalidad, Mr. Jorge Gómez Picado, identity card 3-220-757. Before the hearing concluded, the plaintiff adjusted the relief sought in the proceedings in light of the information brought before the Tribunal concerning ownership of one of the properties, which, since April of this year, has no longer belonged to the plaintiff company because it was transferred to a third party as payment in kind (dación en pago) (see details in the trial minutes).
16. With the entry into force of the virtual desktop (escritorio virtual), the processing of this case file (expediente) has been conducted electronically before this court; accordingly, reference will be made to the pagination (foliatura) of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Escritorio Virtual with the options “Descending Order” and “View Document Description (PDF)” unchecked and with the option “View Case File Cover Details” set to “Final,” which includes a total of 1225 images as of the date of the supplemental hearing. This statement is entered into the record in order to identify all the images comprising the case file and their pagination.
17. Pursuant to provision 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to articles 73.10, 79. 4 and 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción, and in view of the subject matter of the proceedings and the evidence to be evaluated, the Tribunal considered this matter complex and so informed the parties before concluding the supplemental hearing. Accordingly, the judgment will be served within the statutory period of fifteen business days counted from the first business day following the close of the proceedings (see details in the trial minutes).
(partial transcription) FIRST: The plaintiff corporation Servicios Profesionales MARSAGO S.A. owns real property recorded in the Public Property Registry under Alajuela Registration District, Real Property Folio 17227-000, with survey plan A-1222500-2008, located in the province of Alajuela, canton of San Mateo, district of San Mateo, measuring 528 square meters and 43 square decimeters, and the property under Real Property Folio 109060-001, with survey plan A-1760950-2014, located in the province of Alajuela, canton of San Mateo, district of San Mateo, measuring 791 square meters and 00 square decimeters (...). SECOND: The Municipalidad de San Mateo initially issued Direct Contracting Procedure 2016CD-000022-09, entitled “Construction of manholes, catch basins, and inspection chambers on urban streets.” This phase began on 23 de noviembre del 2016 and concluded on 30 de marzo de 2017, and the bidding specifications contained the following technical requirements, which are submitted as evidence so that, at the appropriate procedural stage, the Court may assess the effects and impact that this contract caused to the property owned by my client (a table containing technical descriptions was included).
The works thus commenced based on the Municipalidad’s assertions that repeated flooding occurred because of stormwater surface runoff resulting from the construction of homes, buildings, gymnasiums, bicycle paths, parks, streets, and all types of structures that prevented rainwater from naturally infiltrating the land in the canton’s central district. Accordingly, in official letter DTGV INT 061414/2018 dated 27 de abril del 2018, sent by Engineer Eduardo (sic) Gómez Picado to Licenciado Jairo Guzmán Soto, Alcalde Municipal de San Mateo, that justification for the first phase of the project was cited; I attach that letter to the record as evidence. It was likewise stated that property registration number 17227-000 (formerly owned by the Fernández León family), acquired by Servicios Profesionales Marsago S.A., corporate identification number 3-101-489166, on 28 de febrero del 2018, according to registered survey plan A-1222500-2008, clearly indicates the passage of stormwater, and that my client’s property forms part of a public-domain watercourse (cauce del dominio público), pursuant to Chapter II, Article 4 of Law 17742, Ley para la Gestión integrada del Recurso Hídrico.
THIRD: Subsequently, the same Municipalidad de San Mateo issued a second Direct Contracting Procedure, 2018CD-000010-01, entitled “Construction of Manholes, Catch Basins, Inspection Chambers, Sidewalks, Curbs, Gutters, and Installation of Pipes,” a second phase that began on 11 de abril de 2018 and ended on 7 de setiembre de 2018, whose bidding specifications contained the following technical requirements, as detailed below [image inserted]. At the beginning of this second phase, through official letters sent by my son and the legal representative of Servicios Profesionales Marsago S.A., Engineer Marlon Sánchez González, a request dated 17 de abril del 2018 was submitted to the Municipalidad de San Mateo and addressed to the Alcalde Municipal, Lic. Jairo Guzmán Soto, in which he stated [official letter partially transcribed]. As may be seen, my client’s legal representative at that time, anticipating what might occur, petitioned the Municipalidad regarding how to prevent the situation now before us in these judicial proceedings, without having received any formal response to date; he also applied to the Tribunal Ambiental Administrativo, likewise without any formal outcome to date, as evidenced by the copy of expediente 89-18-02-TAA in the record.
These circumstances had been anticipated since April 2018, before completion of the second phase of the works, which ended on 07 de setiembre del 2018. FOURTH: As a result of the foregoing factual circumstances, expediente 89-18-02-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo contains report TAA-DT-055-18 and decision 931-18-TAA, issued at fourteen hours on diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho, which state as follows (partial transcription provided). FIFTH: According to official letter N°AMSM-305-18 dated 03 de octubre del 2018 from the Municipalidad de San Mateo, the stormwater works in the district center that are the subject of these proceedings were completed in two phases: the first phase began on 23 de noviembre del 2016 and concluded on 30 de marzo de 2017, and the second phase began on 11 de abril de 2018 and ended on 7 de setiembre de 2018. SIXTH: According to the Municipalidad de San Mateo’s own statement, the first construction phase is 278,5 meters long and the second phase is 116.05 meters long; excavation volumes for the first phase were 626,62 m3 of soil and 33,36 of pavement, and for the second phase, 511,56 m3 of soil and 14,61 of pavement.
SEVENTH: It is important to emphasize, based on official letter SETENA-SG-1229-2018 dated 10 de julio de 2018, that the stormwater works undertaken by the Municipalidad de San Mateo in the canton center lacked the corresponding environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—SETENA. THIS WAS A NECESSARY REQUIREMENT BEFORE COMMENCING THE WORKS, as the relevant portion of the aforementioned official letter states concerning this particular issue raised by my client [partial transcription provided]. It should be noted that these works required the corresponding environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—SETENA—and never received that authorization, thereby causing the damage and erosion that occurred on my client’s property. Consequently, the works performed by the Municipalidad de San Mateo in the canton center, which were carried out in two phases—the first beginning on 23 de noviembre del 2016 and concluding on 30 de marzo de 2017, and the second beginning on 11 de abril de 2018 and ending on 7 de setiembre de 2018, as stated and recounted in the fourth fact above—caused “the damage for which I seek relief in administrative litigation against that Municipalidad.
EIGHTH: It can therefore be established that the works performed by the Municipalidad de San Mateo in the two aforementioned phases and pursuant to the estimates stated in Direct Contracting Procedure 2016 CD-000022-09, entitled “Construction of manholes, catch basins, and inspection chambers on urban streets,” and the second Direct Contracting Procedure 2018CD-000010-01, entitled “Construction of manholes, catch basins, inspection chambers, sidewalks, curbs, gutters, and installation of pipes,” as well as the works performed under those contracts without SETENA authorization by the Municipalidad de San Mateo de Alajuela—as evidenced in the record by SETENA official letters expressly stating as much—caused damage to the plaintiff’s property, which is duly registered in my client’s name under Alajuela Registration District, Real Property Folio 17227-000, with survey plan A-1222500-2008, and the property under Real Property Folio 109060-001, with survey plan A-1760950-2014, including erosion of the land that serves as the final stormwater outfall, all of which can be demonstrated by the photographs of the site duly included in the case file.
II. LEGAL GROUNDS AND BASIS FOR REQUESTING JUDICIAL ENFORCEMENT OF THE ADMINISTRATIVE ACT. A.—Performance of construction works without the corresponding environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—SETENA. As provided in Article 17 of Law N° 7554, known as Ley Orgánica del Ambiente, an environmental impact assessment is required [provision cited]. Likewise, Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, known as Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), provides in Article 4 as follows [citation provided]. In turn, Anexo N°2 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), in Step N°2, states as follows [transcription provided]. Furthermore, decision N°1909-2017-SETENA, issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental at 07 hours 50 minutes on 22 de setiembre del 2017, provides as follows in Article 5, subsection 33 [transcription provided].
In undertaking the stormwater construction works, the Municipalidad de San Mateo substantially expanded the existing stormwater network. Accordingly, under and pursuant to the regulations described above, the Municipalidad was required to obtain the corresponding environmental impact study (Estudio de Impacto Ambiental) before carrying out the works, which it did not do. Therefore, the stormwater and “wastewater” network constructed by the Municipalidad de San Mateo was built unlawfully, causing secondary effects such as those sustained by my client’s properties; not only were the works performed without the corresponding authorizations, but the property was also adversely affected, with no responsibility being assumed, thereby forcing me to institute these proceedings to protect my rights. B.—Regarding Damages. Because this ordinary action seeks an award of damages (daños y perjuicios), pursuant to Article 58, subsection 1), item e), of the Código Procesal Contencioso Administrativo, counsel hereby identifies the damages claimed, their cause, their nature, and a reasonable estimate thereof [citation provided].
Material damage caused to the real property recorded in the Registro Nacional under Alajuela Registration District, Real Property Folio 17227-000, with survey plan A-1222500-2008, and the property under Real Property Folio 109060-001, with Survey Plan A-1760950-2014. The cause of the damage was the stormwater and “wastewater” construction works performed by the Municipalidad de San Mateo without the corresponding environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This damage consists of the impairment of the property’s economic value, which has been reduced because stormwater and wastewater are discharged onto the property. The damages cannot yet be quantified for purposes of a reasonable estimate and will be duly assessed once the corresponding expert report (dictamen pericial) has been issued; I request that this Court appoint the appropriate expert at the proper procedural stage” (images 179 to 195 of the judicial case file).
Regarding the allegations in the complaint, as to the first, it referred to the origin of property 2-17227-000, which was initially divided into ownership interests acquired by the plaintiff company and consolidated in febrero de 2018. As to the second, it acknowledged that the Municipalidad conducted direct procurement (contratación directa) 2016CD-000022-09, which focused on the construction of 6 manholes and 15 storm drains within the urban grid of San Mateo. The procurement began on 23 de noviembre de 2016, the award decision (acto de adjudicación) was issued on 28 de noviembre de 2016 in favor of Sierra Brava S.A., legal entity identification number (cédula jurídica) 3-101-019571, and the works were completed on 30 de marzo de 2017. It specified that the property belonged to the Fernández León family, who knew that stormwater (agua pluvial) flowed across the property they owned, and that, considering the property’s topography and conditions regarding the passage of water that historically had flowed across that parcel, the ownership interests were sold to Servicios Profesionales MARSAGO S.A., which consolidated them in febrero de 2018.
As to the third allegation, it acknowledged that the Municipal Corporation conducted direct procurement 2018CD-000010-01 through the initial decision adopted on 22 de febrero de 2018, which again prioritized improvements to the channeling of stormwater along the urban streets of San Mateo. The project consisted of 2 manholes, 4 storm drains, work on 138 square meters of sidewalk, curb and gutter, and the installation of piping. It specified that the procurement began on 9 de marzo de 2018 with the publication of the corresponding tender specifications (cartel), and that the award decision was issued on 15 de marzo de 2018 in favor of Mr. William Elizondo Salas. On 9 de abril de 2018, through resolution DTGVEXT089/04-2018 of 9 de abril de 2018, the notice to proceed (orden de inicio) was issued, with Engineer Jorge Gómez Picado serving as inspector (...) Final acceptance (recepción definitiva) of the work, together with the unilateral modification (modificación unilateral), occurred on 2 de mayo de 2019.
It clarified that water runoff (escorrentía) through central San Mateo already existed even before 2016 and had done so for decades; water already flowed through parcel 2-17227-000. The work performed by the Municipal Corporation beginning in 2018 extended only to the public area, without any intervention on parcel 2-17227-000, because even before that work, water already flowed through that area, crossing the property where the Tribunales de Justicia en San Mateo are located and subsequently crossing the property of Servicios Profesionales MARSAGO S.A. It clarified that the works carried out within private property by Mr. Marlon Sánchez González to channel water, which he acknowledged having performed in a written submission dated abril de 2018, were not authorized by the Municipal Corporation, nor is there any record of an application for a permit or license for that intervention. Mr. Sánchez admitted that he knew water flowed through the property owned by Servicios Profesionales Marsago S.A. and acknowledged having constructed a structure and its purpose, although the Municipal Corporation’s records do not show that any permit for that work was processed.
It stated that private parties are obligated to allow water flowing through their properties to pass and, if it is channeled, they do not have unfettered discretion to dispense with licenses. It emphasized that, in any event, the work performed would naturally have affected the normal course of that water, impacting the property in question and potentially the subsequent parcels, including property 2-106090. Furthermore, it is true that Mr. Sánchez González filed a matter with the Tribunal Ambiental Administrativo, and other issues related to the allegations and claims in the complaint now filed are also being heard before that body. Regarding the fourth allegation, it acknowledged that case file (expediente) 89-18-02-TAA contains Report TAADT-055-I8 and resolution 931-18-TAA; however, as of that date, no final decision had been issued, and the matter there does not concern the alleged property damage for which the plaintiff seeks compensation in these proceedings.
It specified that the work performed by the Municipal Corporation concerning the course of stormwater involved some non-substantial relocations of the path of the water, always within the same previously impacted coverage area. Nevertheless, it must be emphasized that water had flowed across property 2-17227-000 before 2016 and 2018, a fact already known to Mr. Sánchez González. Accordingly, the intervention and works undertaken by the Municipal Corporation through the projects contracted between 2016 and 2018 did not create a new flow of water across property 2-17227-000. It reiterated that the intervention Mr. Sánchez González acknowledged carrying out on property 2-17227-000 had occurred even before he sent a letter to the Municipal Mayor’s Office on 17 de abril de 2018, without requesting any type of permit in connection with the matter. He must therefore assume the risk arising from the effects that this construction may have had on the parcels referenced by the plaintiff in the first allegation of the complaint.
As to the fifth allegation, it acknowledged the issuance of official letter (oficio) AMSM-305-18 of 3 de octubre de 2018 and the manner in which the works were performed. Regarding the sixth allegation, it acknowledged the content of the information set forth in AMSM-305-18, but added that the work involved intervention on preexisting structures. Because of the elevation and topography of the area, that coverage area had long been affected by works intended to channel the water, which had always followed its course in accordance with the local topography, flowing across the property where the Tribunales de Justicia are located and then across property 2-17227-000 for at least decades before it was acquired by the plaintiff company. Regarding the seventh allegation, it referred to the existence of SETENASG-1229-2018 of 10 de julio de 2018; however, it considered it necessary to note that the official letter assumes that the project undertaken by the Municipalidad was new, although a water-discharge system already existed in the center of the district of San Mateo, and the manner in which water flowed through that area had been known long before 2016.
It stated that the amendment made through resolution 1909-2017-SETENA concerning the inclusion of Article 33 identifies the repair, rehabilitation, or maintenance of the stormwater network as an activity that does not require an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). It added that there is no substantiation for asserting that the absence of a SETENA environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) for the works performed by the Municipalidad de San Mateo—assuming one had been required, which it was not—was itself the cause of the alleged damage and erosion to the property of Servicios Profesionales Marsago S.A. now being claimed, while disregarding the prior knowledge of the conditions of property 2-17227-000 and the work undertaken without a permit by the owner company itself, which thereby affected the course of the water. It rejected the eighth allegation, reiterating that the complaint contains the same defects previously identified and considering this allegation to consist merely of assessments concerning the merits of the matter.
In the grounds section, it referred to “B. CONSIDERATIONS REGARDING THE EXISTENCE OF A LACK OF LEGAL ENTITLEMENT, LIABILITY, AND FAULT OF THE VICTIM.” It explained that, in the present case, the adjudicating authority must consider the fact that Mr. Sánchez González, on behalf of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., as established in this matter, had prior knowledge of the conditions of the properties referenced in the first allegation, as well as of the historical flow of water through that area. Despite this, he allegedly intervened in the course of the water flowing across property 2-17227-000—as will be established later in this submission—which he acknowledged having done and completed between “the time he acquired the property” and the time he sent the letter to the Municipalidad in abril de 2018. Thus, a significant intervention in the course of the water was undertaken on the parcel without any license application having been processed.
It referred to the case law of the Sala Primera, which has repeatedly held, with respect to fault of the victim (culpa de la víctima), that the victim may be responsible for causing damage by directly influencing the chain of causation, thereby assuming the risk arising from actions undertaken unlawfully, for which the Administration should not be held liable [it cited resolution N°38-1996 de las 15:00 horas del 19 de abril de 1996]. It stated that, by intervening in the course of the water on parcel 2-17227-000, the corporation owning it was required to assume the resulting risk, particularly because it intervened in an intermittent water body (cuerpo de agua intermitente) of which it was aware before purchasing the property. It was all the more required to assume the risk that redirecting the water might affect the dynamics of its course across the parcel in question, as well as across parcel 2-109060, if any damage had occurred.
Furthermore, this factor must be given greater weight because this private intervention was a new intervention in a historically existing watercourse—owing to the local topography. It is emphasized here that the works performed by the Municipal Corporation did not create a factual condition that already existed due to the local topography with respect to the course of the water flowing across parcel 2-17227-000. The private intervention was undertaken without prior consultation or authorization procedures, was unquestionably unlawful, and allegedly affected the environment. In this regard, it must be noted that the watercourse already existed on parcel 2-17227-000 before the work initiated by the Municipalidad in 2016 and 2018. However, the intervention by Mr. Sánchez González on behalf of Servicios Profesionales MARSAGO S.A.—which he acknowledged carrying out in a letter dated abril de 2018—was a new structure not covered by any license authorizing its construction.
It was therefore unquestionably carried out outside the framework of the law, despite its potential environmental impact. Regarding the analysis of the merits, it added that the representative of the plaintiff company in these judicial proceedings already knew, before 2016 and 2018, the topographic conditions of property 2-17227-000 and that water had flowed across that property for decades. Consequently, this particular factual situation was neither caused by nor derived from the works performed by the Municipalidad de San Mateo between 2016 and 2018; rather, it was a longstanding factual condition present on that parcel. Therefore, the plaintiff company has no legal entitlement to claim any compensation for conditions that its properties already had with prior to the works carried out by the Municipalidad de San Mateo, much less when, with full knowledge of those conditions, the watercourse on property 2-17227-000 was altered, thereby unlawfully modifying the natural manner in which the waters flowed through that property, without any license whatsoever; consequently, the law does not protect anyone who voluntarily assumes the risk of carrying out construction affecting a property and interfering with the watercourse.
In this regard, it cited Article 20 of the Ley General de Caminos concerning the obligation of property owners to allow waters to flow through their lands according to the slope of the terrain, as well as the requirements that must be observed when the lands interact with publicly owned watercourses (cauces de dominio público)—as occurs in the case at issue—according to the documentary evidence containing the opinion of the Dirección de Aguas. Even when the watercourse consists of stormwater and flows through real property owned by a private party, any alteration of those waters must always be subject to licensing requirements and must avoid causing harm to third parties; see Articles 1 through 4 of the Ley de Aguas. It asserted that, in this specific case, the starting premise must be that the flow of water through property 2-17227-000 and its impact on property 2-109060-000 is not a supervening situation caused by the works carried out by the local public entity—it is even expressly shown on the survey plan (plano) for property 2-17227-000—and that it was the plaintiff itself that altered the watercourse on its property.
To this must be added the fact that the chain of causation (curso causal) the plaintiff seeks to establish has neither been proven nor had the impact alleged in its complaint. For the foregoing reasons, it raised the defense of lack of legal entitlement (falta de derecho). C. REGARDING THE SECTION ENTITLED LEGAL REASONS AND GROUNDS FOR REQUESTING JUDICIAL ENFORCEMENT OF THE ADMINISTRATIVE ACT. Counsel for the defendant Municipalidad stated that the argument is confusing because it apparently does not pertain to the matter being heard here. A review of the relief sought in this case does not show that judicial enforcement of formal administrative conduct is being requested, or at least it has not been established which administrative act is the one whose “enforcement would purportedly be requested” before this jurisdiction. C.I. Regarding the alleged performance of construction works without an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA).
It stated that an environmental impact assessment entails the application of a prior-assessment tool to determine the intensity with which the proposed human activities affect or alter the environment. In those terms, the rule contained in Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente must be understood, as must the activities mentioned in Annexes 1 and 2 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), insofar as they are prescribed by a specific law or are activities listed in Annex 2 of that regulation. It added that when the aforementioned Annex 2 refers to the production of wastewater (aguas residuales), this includes effects on water resources in general, provided that the works to be performed are new and a particular area is being altered for the first time. This must be understood in those terms because it is clear that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental has issued, within the scope of its authority, decisions providing greater clarity and precision regarding activities that do not require an EIA.
It referred to Resolution 2373-20l6-SETENA issued at 15:00 on December 21, 2016, as well as Resolution 1909-2017-SETENA issued at 7:50 on September 22, 2017, in which the content of Article 5 was established, and it transcribed that provision. It stated that, in accordance with the aforementioned article, there is a classification of works that do not require an EIA. It added that, for activities not included among the 50 subsections of Article 5 of Resolution 1909-2017-SETENA, the repair, rehabilitation, and maintenance of the stormwater drainage network (red de aguas pluviales) is listed as an activity exempt from the requirement for an EIA approved by SETENA, and the rule set forth therein imposes no particular condition other than that the activity must not increase the area already covered by the project. In this specific case, the area affected by the works carried out by the Municipalidad de San Mateo did not change because, as stated, the area affected through the work under procurements 2016CD-000022-09 and 2018CD-000010-01 had already been affected previously, and the elevation and topography of the site themselves caused the waters to flow through it.
It bears repeating that, in this specific case, the modifications made to the existing water-conveyance system did not affect any additional area, as they consisted of placing piping parallel to the preexisting piping along the public road running in front of the municipal building. In any event, it stated that determining the alleged damage claimed by the plaintiff does not depend in any way, for purposes of establishing and examining the chain of causation, on whether an EIA before SETENA existed, was required, or was not required. It stated that the plaintiff itself has acknowledged that stormwater flowed through property 2-17227-000 prior to 2016, a point that must not be overlooked because this is not a case in which it may be asserted, without reliable support, that the works performed by the Municipalidad caused water to flow through the property of Servicios Profesionales MARSAGO S.A.—an assertion with which the Municipal Corporation disagrees.
Moreover, as previously mentioned in connection with the allegations in the complaint, in April 2018 Mr. Sánchez González informed the Alcaldía Municipal that he had altered property 2-17227-000 by constructing a culvert (alcantarilla) through which he redirected the waters. At that time, Mr. Sánchez stated that he had done so based on technical considerations; however, once again, this culvert was a work carried out by Mr. Sánchez, constituting new construction that altered the watercourse, for which he had not obtained any construction permit (licencia constructiva). In fact, this was mentioned only informally. The defendant Municipalidad asked: From whom did Mr. Sánchez request permission or authorization to alter the course of those waters? Between the time he acquired the property and April 2018, Mr. Sánchez González, acting as representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., carried out construction whose technical characteristics and potential impact on the surroundings of his own property are unknown.
This is because Mr. Sánchez never obtained any license to alter the course of these waters, nor did he coordinate or report that activity to the Municipality, despite its potential impact. By carrying out these works, which were known to the representative of the aforementioned corporation at that time, without requesting any permit or license, he assumed the risk that the work performed on the property—but on the watercourse created by its natural passage across the terrain—would contribute to any condition that might cause future problems within the property. It asserted that this conduct was unlawful and that the alteration performed cannot be disregarded, because the watercourse was altered before the work that had already been planned prior to April 2018 was carried out. This is readily apparent because property 2-17227-000 was acquired by Servicios Profesionales MARSAGO S.A., resulting in the consolidation of ownership interests in February 2018, and in the letter dated April 17, 2018, Mr.
Sánchez stated, “from the moment I acquired the property in question, I undertook the task of building.” By constructing and completing his work without first notifying the Municipal Corporation, he assumed the risk of altering the watercourse on the plaintiff corporation’s property. It is evident that a previously nonexistent construction that is said to “redirect” the waters does affect the surrounding area, particularly when the express purpose of the work was to alter the watercourse, without any evidence that the alteration was based on sufficient and necessary technical considerations at the time it was performed. It added that property 2-17227-000 had previously belonged to the Fernández León family—a property that at one point was divided into as many as 9 ownership interests—which were acquired by Servicios Profesionales MARSAGO S.A. Nevertheless, prior to 2015 no claim was made regarding the flow of the waters, and after 2016—when the ownership interests had already been acquired by the plaintiff corporation—no claim was shown to have been made either, even though the Municipalidad de San Mateo had begun its work on the stormwater system in 2016 and had completed the first phase before April 2018.
With regard to property 2-109060, it emphasized that Servicios Profesionales MARSAGO S.A. currently holds only a bare-ownership interest (nuda propiedad), with two additional interests involved—both usufructs (usufructos). It concluded by stating that the works performed by the Municipalidad de San Mateo under direct procurements 2016CD000022-09 and 2018CD-000010-01 were intended to modify and maintain the watercourse within what could be called the urban grid of the central district. Historically, flooding occurred in that area because of its terrain, particularly closer to the center, near the building housing the Municipal Corporation. However, that work, carried out in two phases begun between 2016 and 2018, was undertaken on the basis that a stormwater network already crossed the area. C.2. Regarding the alleged damages and losses. It stated that, in this specific case, alleged property damage (daño material) to properties 2-17227-000 and 109060-001 of the Alajuela registry district is itemized.
It has already been stated that there is a lack of legal entitlement because Mr. Sánchez González, while acting as representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., admitted altering the course of the waters that customarily flowed through property 2-17227-000, thereby assuming the risk of carrying out an unlawful alteration outside the legal framework and completing the work before notifying the Municipal Corporation of its existence. This particular situation entails invocation of the defense of contributory fault of the victim (culpa de la víctima), insofar as the representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A. assumed the risk of acting outside the legal framework by altering the watercourse and therefore cannot now seek damages to the real property. Likewise, regarding the lack of legal entitlement alleged here, it must be clarified that the works undertaken by the Municipalidad de San Mateo beginning in 2016 and 2018 did not cause the waters to flow through or interact with properties 2-17227-000 and 2-109060-001, as this was due to a factual condition that had existed for at least several decades. Nor does this Municipal Corporation find that the works performed caused the alleged damage for which the plaintiff seeks compensation.
In the opinion of the Municipal Corporation, the alleged damage does not meet the requirements for it to be linked to conduct that may be expected of the Local Public Administration, insofar as due consideration must be given to the normal drainage of the waters that have flowed through the properties referenced by the plaintiff, including before 2016; for this reason, there are sufficient grounds to oppose the claim filed (images 208 to 232).
Because the Court deemed them relevant to the subject matter of the proceeding, the following documents were admitted as such:
1. Images 470 to 483: various photographs submitted by the plaintiff in a filing dated 23 de setiembre de 2021 (the plaintiff’s offer of evidence was deferred by the Judge at the processing stage for determination by this Chamber).
2. Images 487 to 496: official letter dated 17 de abril de 2018 signed by Marlon Sánchez González and addressed to the Municipalidad de San Mateo concerning the second stage of the stormwater and non-stormwater sewer system in downtown San Mateo (the plaintiff’s offer of evidence was deferred by the Judge at the processing stage for determination by this Chamber).
3. Images 497 to 499: official letter dated 24 de abril de 2018, signed by Marlon Sánchez, and official letter DTGV-INT-061/04 2018 from the Departamento de Gestión Vial addressed to the then Municipal Mayor (the plaintiff’s offer of evidence was deferred by the Judge at the processing stage for determination by this Chamber).
4. Images 881 to 889: report MS-DRRDPC-DARSOSM-IT-0022-2023 dated 07 de febrero de 2023, issued by the Área de Regulación de la Salud del Área Rectora de Orotina y San Mateo del Ministerio de Salud (by order of Section VIII of this Court, it was determined that its admissibility would be decided at trial).
5. Images 939 to 1206: Update to case file 89-18-02-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo, which had been admitted into evidence (offered by the defendant).
6. Images 933 to 935: official letter DI-SM-OFEX/020-24, reporting on the municipal proceedings recorded for properties 2-227-000 and 2-109060-000 (offered by the defendant).
7. Images 937 to 938: certification of the legal capacity and representation (personería jurídica) of Servicios Profesionales Marsago, S.A. (offered by the defendant).
As may be inferred from the complaint, in which the plaintiff based its requested relief on the assertion that the works constructed by the Municipalidad de San Mateo “...were carried out without SETENA authorizations (...) and caused damage to the property, including scouring of the land that serves as the final stormwater outlet, all of which can be demonstrated by the photographs of the site...,” and from counsel’s opening statement, the plaintiff company alleges unlawful conduct by the Municipality in carrying out two direct procurements (contrataciones directas) without the environmental impact study (estudio de impacto ambiental, EIA) issued by SETENA. Counsel stated: “...the genesis of this action is precisely to establish that the omission of that environmental impact study is the causal link—the omission—that caused the two direct procurements carried out by the Municipality to have a direct impact on both properties, specifically because of the stormwater and wastewater construction works undertaken by the Municipalidad de San Mateo without the corresponding environmental damage assessment, as is established in the case file through SETENA official letter 1229-2018, in which it was specifically emphasized that this was a necessary requirement before beginning the works.
However, because the works had already been completed, or at least were under construction, the acts could no longer be reversed, although their effects continued over time. What is the claim of the company I represent? (...) That, as a result of everything that occurred—these works—the properties were directly affected; Mr. Marlon’s properties were devalued, as shown in the appraisal, and the work undertaken to address the situation to some extent, even as a mitigation measure (...) also had an economic impact. That is why compensation for these items is sought (...) The claim concerns unlawful conduct by the municipal corporation in carrying out two direct procurements without the environmental impact study, a study that was mandatory and necessary and that, had it been performed in due time and proper form, would have prevented the impact that the properties suffered specifically because of the large volume of water that was diverted through what we consider to be a new work, although the municipal corporation maintains that it was not a new work...” (audio recording beginning at minute 0:19:05 III).
It should be noted that, at this Chamber’s request concerning the identification of the material damages claimed, counsel representing the plaintiff company clarified: “...the claim was limited to material damage, which in fact consists of the investment that had to be made and that has still not even been sufficient to mitigate the damage, because it was paid out of the pockets of the company’s owners, in order to mitigate the damage caused specifically by the diversion of stormwater without the technical study (...) and if we understand it in those terms, the concept would encompass the monetary amounts that my client has had to incur, or will even have to incur, in order to repair the damage caused by the Municipality through its unlawful conduct...” (audio recording beginning at minute 0:23:32 Part III). Once the claim had thus been clarified during the initial stage of the hearing, counsel for the Municipality stated that property 17227-000 did not belong to the plaintiff company.
Accordingly, counsel for the claimant adjusted the requested relief. Thus, the damages for which compensation is sought would be solely those caused to the property recorded in the Alajuela registry district under real-property folio registration 109060-001, with survey plan A1760950-2014, and assessed in the appraisal at ¢21.721.600.00, as specified by counsel representing the plaintiff company. Having received these clarifications, this Chamber proceeds to review the relief sought.
Based on a review of the factual account set forth in the complaint, the evidence entered into the record, the testimonial evidence received at the supplementary hearing, and the evidence admitted by this Court for a better determination, the following facts are deemed proven:
1. The property recorded in the Alajuela registry district under real-property folio registration 109060-0001, with cadastral plan 1760950-2014, is owned by the plaintiff company (the record).
2. The property recorded in the Alajuela registry district under real-property folio registration 17227-000, with cadastral plan A-1222500-2008, was acquired by the plaintiff company on 28 de febrero de 2018 (statements made by the plaintiff in the complaint and not disputed) and transferred to a third party by conveyance in lieu of payment (dación en pago) on 01 de abril 2024 (image 1209).
3. The Municipalidad de San Mateo initiated direct procurement 2016CD-000022-09 for the “Construction of Manholes, Catch Basins, and Inspection Chambers on Urban Streets of San Mateo,” a project justified by “...the need and priority to improve the stormwater collection system on the urban streets of San Mateo, which have been identified as flood-prone sections and become progressively worse during the rainy season.” The project covered the streets within the urban district of San Mateo and consisted of:
Elements Dimensions Depth One manhole 1.20 m internal diameter and walls 20 cm thick 2.70m 5 Manholes 1.20 m internal diameter and walls 20 cm thick 1.70 m 8 storm drains storm drains with metal or recycled grating, measuring 1.20 x8 0.80 x 1.0m 1.0m 7 storm drains storm drains with grating and cover, measuring 1.0 x 1.0 x 70m 0.70m (physical case file for direct procurement 2016CD-000022-09, consisting of 32 folios).
4. The Municipalidad de San Mateo initiated direct procurement 2018-CD-000010-01 for the “Construction of Manholes, Catch Basins, Inspection Chambers, Sidewalks, Curbs and Gutters, and Installation of Pipes for the Stormwater Outlet Project on Urban Streets of San Mateo,” a project justified by “...the need and priority to improve the stormwater collection system on the urban streets of San Mateo, which have been identified (sic) as flood-prone sections and become progressively worse during the rainy season.” The project covered the street in front of the Edificio Municipal and along the north side of the Tribunales de Justicia within the urban district of San Mateo and consisted of:
Elements Dimensions Depth 2 manholes 1.50 m internal diameter and walls 25 cm thick 2.50 m 2 inspection-chamber storm drains storm drains with grating and cover, measuring 1.2 x 1.2 x 0.80 m 0.8m 2 catch-basin storm drains storm drains with metal or recycled gratings, measuring 1.20x1.20x0.8 0.8m 138,2 of sidewalk width 2.60m, thickness 10cm - 166 linear meters of curb and gutter width 65 cm, height 25 cm - 30 linear meters of 18" pipe catch basins and storm drains to manholes - 20.5 linear meters of 48" pipe change in slope from chamber to existing manhole (manhole where the channeling begins) - 96 linear meters of 1500,, pipe installation of the main stormwater outlet pipe - (physical case file, Certification SCMSM-CERT-001-02-201, direct procurement 2018CD-000010-01, consisting of 86 folios).
5. By letter dated 17 de abril de 2018, Mr. Marlon Sánchez González sent a communication to the Mayor of the Municipalidad de San Mateo concerning the second stage of the stormwater sewer system undertaken by the local government and the discharge of that water onto his property: “...From the moment I acquired the property in question, I undertook the task of constructing a culvert within my property, with the intention of providing an outlet for and redirecting that water to the public watercourse located there.” He expressed his concern about what he regarded as the danger posed by the volume of water discharged into the public-domain watercourse and near a residence, and requested that they “sit down to discuss the matter and reach a satisfactory agreement to prevent each and every inconvenience that may arise,” referring to potential harm to persons and to his land (images 489 to 496, repeated in images 502 to 509).
6. On 25 de abril de 2018, Mr. Marlon Sánchez González filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo (hereinafter, TAA) concerning stormwater works (obras pluviales) constructed by the respondent Municipality without environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) from Secretaría Técnica Nacional (hereinafter, SETENA), and requested “preventive measures (medidas preventivas) suspending the work until compliance with the requirements established by law is achieved.” The complaint stated that: “this is not an improvement to an existing sewer system, but rather a new system that affects downstream areas where the newly collected volume of water is intended to be discharged (...) it is a new project with a significant impact on the areas where these waters are being or are intended to be channeled, as well as possible environmental damage, such as scouring in the final discharge area and possible harm to the occupants and safety of a dwelling located directly within the immediate area of influence of the discharge (...) the Municipality is completely changing the location of the existing stormwater discharge that has been in place for many years in the urban center of the first district of the canton of San Mateo (...) replacing the smaller-diameter culverts in the former stormwater discharge system, which is located in an entirely different area, with the construction of a completely new and extensive stormwater collection network using larger-diameter culverts and having a much larger area of influence than the current system; it is therefore expanding the project area, increasing the discharge flow and velocity, and changing the flow of the water, thereby affecting the stormwater discharge areas, all properties located there, and their inhabitants, and causing an environmental and social impact that must be assessed by Secretaría Técnica Nacional Ambiental...” (images 47 to 50, repeated at 939 to 947 of the court case file).
7. By official letter DTGV INT-061/04 2018 dated 27 de abril de 2018, Departamento de Gestión Vial informed the Mayor: “With regard to the letter dated 17 de abril de 2018, submitted by Eng. Marlon Sánchez González (...) I hereby inform you: (...) It should be noted that, because of the topographic location of the central district and according to elderly persons who have lived in this place all their lives, works to channel this stormwater were carried out approximately 75 years ago, routing it through the private properties of Familia Chan, properties belonging to Municipalidad, property belonging to Ministerio de Justicia, and property belonging to familia Fernández León, which was where these waters naturally flowed. Property registration number 17227-000 (formerly belonging to familia Fernández León), acquired by Servicios Profesionales Marsago S.A. (...) clearly identifies the passage of stormwater; said property forms part of the public-domain channel (cauce del dominio público), pursuant to Chapter II, Article 4 of Ley 17742 Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, which states: LIKEWISE, ALL LAND ALREADY FORMED OR THAT MAY FORM WITHIN CHANNELS THROUGH THE NATURAL DYNAMICS OF WATER SHALL FORM PART OF THE PUBLIC DOMAIN.
Accordingly, the open channel that crosses this property should never have been enclosed in a culvert, given its status as a public-domain channel, as referenced in Article 4 of Ley 17742 (...) The imminent danger cited by Mr. Sánchez González with respect to the dwelling located there (the former municipal slaughterhouse) could be caused by the culvert that, as Engineer Sánchez states, he built without any permit in a public-domain channel, changing its characteristics from calm water in an open channel by routing it into a culvert, thereby changing the water-velocity conditions, and the outlet of that culvert adjoins the property where the aforementioned dwelling is located (...) As stated above, the watershed through which all stormwater flows, where the Central District sector of San Mateo is located, is the same, and to date there are no new residential development projects discharging stormwater into that sewer system.” (images 242 to 245).
8. On 06 de junio de 2018, Mr. Marlon Sánchez González submitted the following inquiry to SETENA: “whether stormwater construction work being performed by Municipalidad de San Mateo should or should not have an environmental license (licencia ambiental) or environmental feasibility approval issued by your institution?” (images 118 to 121 and annexes through 144).
9. Through official letter SETENA-SG-1229-2018 dated 10 de julio de 2018, the inquiry submitted by Mr. Marlon Sánchez González on 06 de junio 2018 was answered as follows: “...the scope of this response is limited to the information provided (...) In conclusion, it is the opinion of this Secretariat that, as a new project, the works described must undergo the environmental impact assessment process (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) leading to the issuance of the VLA; nevertheless, if for any reason the responsible entity failed to comply with those technical requirements, the fact that the works have already begun creates circumstances that cannot be remedied under the regulations, insofar as the overriding purpose of the EIA...” (images 145 to 147).
10. By Resolution N°523-18-TAA at 07 hours on 14 de junio de 2018, issued in Expediente N°89-18-02-TAA, the complaint filed by Mr. Marlon Sánchez González was addressed, and Tribunal Ambiental Administrativo ordered that the Mayor be notified of the complaint and that a visual inspection (inspección ocular) be conducted jointly with municipal and SETENA officials (images 56 to 57).
11. On 26 de junio de 2018, the inspection ordered by TAA was conducted with the participation of Rolando Segura Ramírez, Jorge Eduardo Gómez Picado, David Salazar Morales (representing Municipalidad), complainant Marlon Sánchez González, and his assistant, Johan Jenkis Carmona. As a result of the visit, the Inspection Report in Expediente 89-18-02-TAA was issued and transmitted to the presidency of TAA through official letter TAA-DT-055-18, concluding, among other matters, that: “...4. Regardless of whether the project is entirely new or replaces the old sewer system, the fact is that routing it beneath public streets avoids passage through private properties, except for the final 90 m section, which apparently crosses properties belonging to the complainant, the Mayor, and an unidentified third party (...) 9. There appears to be no environmental damage of moderate or major proportions, except for the possible discharge of ordinary wastewater (aguas residuales ordinarias) into the storm sewer system, a situation that should be corrected. 10. Under both the previous and current sewer systems, stormwater discharge (mixed with wastewater) has occurred through the complainant’s property...” (images 66 to 72).
12. By Resolution N°931-18-TAQA at 14 hours on 17 de setiembre de 2018, the following was requested:
- SETENA was requested “...to inform this Office whether the construction of a storm sewer system on a public road by Municipalidad, or the improvement of an existing one, requires environmental feasibility approval pursuant to Article 17 of Ley Orgánica del Ambiente...”.
- Municipalidad de San Mateo was requested to report on the treatment system for ordinary wastewater in the canton, the registered owner of the property at the coordinates, and the improvement process undertaken for the storm sewer system.
- The Director of Dirección de Aguas was requested to report on an alleged body of water located at coordinates GRTM05N9,934643 W-84,522930-.
- Municipalidad, jointly with Ministerio de Salud Área Rectora de San Mateo, was requested to verify the alleged disposal of wastewater into the storm sewer system (images 86 to 88).
13. In official letter SETENA-SG-1899-2018 dated 02 de octubre de 2018, TAA was informed: “...the construction of a storm sewer system on a public road that does not entail construction works exceeding 500 m2 or earthworks (movimientos de tierra) exceeding 200 m3 does not require environmental feasibility approval, provided that it does not affect Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles) as defined and classified by Reglamento Genera de la EIA (Anexo 3). Furthermore, improvement works on an existing system will not require the environmental feasibility process if they comply with these same parameters of 500 m2 of construction works, 200 m3 of earthworks, and are not located in an Environmentally Fragile Area...” (image 97).
14. Through official letter AMSM-305-18 dated 3 de octubre de 2018, the then-Mayor of Municipalidad de San Mateo informed TAA: “...because of its lack of financial resources, Municipalidad de San Mateo decided to undertake a Rehabilitation (sic) of the stormwater network (why (sic) rehabilitation, because a channeling system had already existed for approximately 75 years); this work was carried out in two stages, and stormwater that flowed through private properties was rerouted to the extent permitted by the terrain’s topography (...) As for the hydrogeological study (estudio hidrogeológico), the municipal survey was used to determine the watershed’s area and perimeter, its maximum and minimum elevations, and the maximum channel length; engineering mathematical formulas and maximum rainfall-intensity values over a specified period were then used to calculate the maximum flow to be channeled and, finally, the diameter of the culverts to be used (...) it is clarified that the volume of water to be discharged is the same as in recent years because the watershed in which the central district of San Mateo is located is a single watershed, and there are no new residential development projects discharging into that watershed and therefore potentially causing flooding.
Mr. Sánchez González (Complainant (sic) in this proceeding) constructed a box culvert on property folio real 17227-000, according to cadastral plan A-1222500-2008, without any permit from Municipalidad, Dirección de Aguas of MINAE, or SETENA, in a public-domain channel more than 75 years old, changing its characteristics from calm water in an open channel by routing it into a box culvert and altering the water-velocity conditions; this work could indeed cause effects in the lower part of the same channel (...) As for the Rehabilitated (sic) project, it was carried out in two stages; the first stage began on 23 de noviembre de 2016 and concluded on 30 de marzo de 2017, and the second stage began on 11 de abril de 2018 and ended on 7 de setiembre de 2018 with the placement of the asphalt surface. The improved sector consists of the watershed encompassing the center of the district of San Mateo, approximately 145.960,72 square meters, with a perimeter of 2.555.80 meters (...) the first stage has a length of 278,5m, and class III culverts measuring 900mm in diameter and 2,4 m in length were installed; the second stage has a length of 116.05 m, and class III culverts measuring 1500mm in diameter and 2,0 m in length were installed. Excavation volumes for the first stage were 626,62 m3 of soil and 33,36 of pavement, and for the second stage, 511,56 m3 of soil and 14,61 of pavement” (images 100 to 112).
15. On October 11, 2018, the Orotina - San Mateo Health Governing Area of the Ministry of Health issued Inspection Report N°ARS-OSM-IT-25-2018 on the storm sewer system (sistema de alcantarillado pluvial) on public roads by the Municipalidad de San Mateo, as requested by SETENA. The section entitled Description of Activities and General Site Information stated: “...a joint inspection assessment was conducted with officials from the Municipalidad de San Mateo (...) in order to verify the alleged disposal of wastewater (aguas residuales) into the storm sewer.” The conclusions included: “2. That the visual inspection reveals improper disposal of sewage or wastewater (aguas servidas o residuales) generated by residential homes and businesses, such that, as part of due process (debido proceso), coordination will be required with municipal officials to conduct the corresponding visits and perform individualized technical tests for each residence and business in the area” (images 148 to 153).
16. By official letter DA-UHTPCOSR-0392-2018 dated November 22, 2018, the Water Directorate of MINAE submitted a report to the TAA, which had requested verification of whether a natural water body (cuerpo natural) existed in San Mateo and whether it was seasonal. The report stated: “...it was determined that the section under study corresponds to the headwaters of an unnamed stream (quebrada Sin Nombre), which originates from base flows (flujos base) and is intermittent in nature. It was further determined that, a few meters upstream from the section identified as the unnamed stream, there is an outfall (desfogue) from the stormwater and sewage system that crosses the town of San Mateo and discharges its waters directly into that water body...” (images 165 to 170).
17. In a ruling issued at ten hours and ten minutes on September 10, 2010, the TAA severed from expediente N°89-18-02-TAA the complaint filed by the respondent Municipalidad against Mr. Marlon Sánchez González for the alleged piping of a public-domain watercourse (entubamiento de cauce de dominio público) without a permit from the Water Directorate of MINAE or environmental feasibility (Viabilidad Ambiental) (images 1071 to 1077).
18. The Orotina and San Mateo Health Governing Area of the Ministry of Health issued Technical Inspection Report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0022-2023 dated February 07, 2023, whose objective was: “To conduct an inspection of the storm sewer outfall located on the southern and western sides of the courts of justice (on private property), as well as of the priority sites for initiating sodium fluorescein tests (pruebas con fluoresceína sódica), in order to identify conditions that could affect public health and the environment in the central district of San Mateo” (images 882 to 889).
19. As of the date this decision was issued, SETENA had not concluded the proceeding conducted under expediente N°89-18-02-TAA (the record).
20. The expert report (Informe pericial) issued by Eng. Francisco Madriz González specified the following as the Objective of the appraisal (avalúo): “...to determine the current market value of ‘residential’ land containing a single-family dwelling, for purposes of its sale, taking into account the effects of the municipal sewer’s stormwater outfall that crosses it” (images 575 to 595).
21. Expert Francisco Madriz González explained that the properties are crossed by a stormwater outfall that passes beneath the Tribunal Supremo de Elecciones building and continues through the appraised properties; that the owner of the two properties had to undertake engineering work to mitigate the scouring (socavamiento) caused by surface runoff (escorrentía superficial); and that, according to the owner—which he could not independently verify as an expert—there had been an increase in the flow rate that caused the scouring of the land. This Court finds those statements credible because they concern the physical description of the site visit conducted for the purpose of issuing the corresponding report (audio recording beginning at minute 0:55:01 III).
22. Expert Francisco Madriz González explained that a box culvert (alcantarilla de cuadro) had been installed on a “first property” to mitigate the scouring affecting the land, and he appraised it. With respect to what he identified as “property two,” he stated that it contains an open concrete channel (canal de concreto a cielo abierto) and that the problem he observed was that the structure “cannot handle its current flow rate,” resulting in accelerated flow; because it is open, it overflows and causes scouring problems affecting the structure. This Court finds those statements credible because they concern the physical description of the site visit conducted for the purpose of issuing the corresponding report (audio recording beginning at minute 0:55:01 III).
23. Expert Francisco Madriz González explained that, because he had been retained to conduct an appraisal, he provided the costs of the structures existing on the properties. These statements are consistent with the purpose and content of the written expert report (audio recording beginning at minute 1:01:12 III).
24. Expert Francisco Madriz González explained that the property containing the open channel exhibits damage caused by scouring, while the property containing the box culvert has no damage because the structure prevents the water from escaping. This Court finds those statements credible because they concern the physical description of the site visit conducted for the purpose of issuing the corresponding report (audio recording beginning at minute 0:55:01 III and expert report in images 75 to 595).
25. Expert Francisco Madriz González explained that the properties subject to the expert examination (peritaje) adjoin each other at the rear. This Court finds those statements credible because they concern the physical description of the site visit conducted for the purpose of issuing the corresponding report (audio recording beginning at minute 0:55:01 III).
26. Witness Jorge Gómez Picado explained that the San Mateo town-center stormwater outfall project sought to improve that sewer system and that no procedures relating to environmental impact (impacto ambiental) were undertaken before SETENA. This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
27. Witness Jorge Gómez Picado explained that, because of the topographic conditions of the land, the stormwater outfall—since San Mateo was founded—is the only one that can be used and the route of the sewer cannot be changed precisely because it is determined by the topography of the land. This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
28. Witness Jorge Gómez Picado explained that the original sewer system consisted of square ducts measuring 50 cm x 50 cm, which connected to catch basins (cajas de registro) that collected surface water and conveyed it to a stream running through the lowest part of San Mateo’s central district. This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
29. Witness Jorge Gómez Picado explained that construction of the storm sewer works did not increase the water flow rate: “...because, for better or worse, both the water flowing through the existing system and the water running along the road all went to exactly the same point. What did we do? We collected all the water flowing over the surface and placed it in the duct to prevent damage to infrastructure and buildings, but the water is essentially the same; it is not being increased. We are not diverting water from one place to another. It is the water that was already passing through the system, which no longer had sufficient capacity, while the rest was flowing over the surface (...) what we did was ensure that all the water drained away and did not remain on the road.” This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
30. Witness Jorge Gómez Picado explained that the waters from the storm sewer reach a single point: a parcel of land beside the San Mateo courts of justice that has always been the final stormwater outfall. This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
31. Witness Jorge Gómez Picado explained that he knows the stream into which the storm sewer discharges and that: “...they carried out works within the watercourse (obras en cauce)—a box culvert—without any municipal permit or permit from the authorities responsible for authorizing works within watercourses. The water deposited there naturally spread throughout the watercourse. By constructing that box culvert—which I understand they built to connect the purported lot where the water is discharged to a passage leading to a lot apparently owned by relatives—what they did was cause the same water arriving there to gain greater velocity and pressure when directed into the box culvert, causing scouring and damage to the downstream watercourse.” This Court finds those statements credible because he was the official responsible for the construction work challenged in these proceedings and because they are corroborated by the documentary evidence submitted (audio recording beginning at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).
Based on the evidentiary record (acervo probatorio) submitted by the parties and examined by this Court, the following legally relevant facts or circumstances cannot be deemed established:
1. That the storm sewer construction work performed by the Municipalidad de San Mateo directly caused a considerable increase in the flow rate of stormwater or sewage received by that infrastructure (apart from the claimant’s statements, there is no technical evidence substantiating that assertion).
2. That the open channel located on property 2-109060-001 was constructed by the claimant or that the claimant performed maintenance or repair work on it (there is no evidence demonstrating this).
As established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), public administrations have their own legal regime governing non-contractual liability (responsabilidad extracontractual), with express rules that exclude those provided under civil law; these rules are expressly enshrined in Articles 190 et seq. of the aforementioned statute. Regarding the Administration’s financial liability regime (régimen de responsabilidad patrimonial), the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held: “First, it should be noted that the LGAP identifies the existence of lawful or unlawful, normal or abnormal functioning as attribution criteria (criterios de imputación). The first two refer to legal acts carried out by public entities and bodies and, therefore, are directly related to the criteria of lawfulness or unlawfulness, while the latter two are intended to encompass material actions (or omissions).
Thus, any harm caused by active or passive conduct must be compensated, in compliance with the constitutional principle of protection against financial loss (principio constitucional de indemnidad patrimonial), derived from Articles 41 and 45 of the Constitution. It is also important to emphasize that the LGAP links the duty to provide compensation not only to unlawful conduct or abnormal functioning, where the public conduct suffers from some defect, but extends that connection even to situations in which no deficiency or defect is apparent (that is, lawful acts or normal functioning), yet harm remains that is characterized ‘by the small proportion of persons affected or by the exceptional severity of the injury’ (Article 194 of the LGAP). For liability to arise, however, there must be an antecedent or underlying unlawfulness (antijuridicidad), which is identified by the fact that the affected party is under no legal obligation to bear the harm.
This must not, however, be confused with specific unlawfulness, which derives from a breach of the legal system and refers to the attribution factors, specifically unlawful conduct. In any event, if this element is not present, it cannot be said that there is a compensable injury and, therefore, sufficient grounds for compensation. Another essential aspect is the existence of a causal link (nexo de causalidad), which is assessed by the judges based on the evidence that the parties—or the court itself, pursuant to its case-management powers—have introduced into the proceeding. For such purposes, as this Chamber has held on other occasions, the most appropriate theory for determining whether the harm can be linked to the conduct is the theory of adequate causation (causalidad adecuada), which posits that this occurs ‘when the former originates from the latter, if not necessarily, then at least with a high degree of probability according to the specific circumstances bearing on the matter’ (voto 300-F-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009).
This link may, however, be severed if the defendant demonstrates the existence of a ground exempting it from liability (causa eximente de responsabilidad) (force majeure, fault of the victim, or an act of a third party). This is because the presence of such a ground rules out the possibility that the injury suffered by the affected party was caused by the State conduct at issue in the proceeding. Finally, based on the foregoing, it may be said that Costa Rican legislation adopts a system of moderated strict liability, which, while recognizing the particular characteristics of the functions and tasks entrusted to the Administration, requires an assessment of the conduct of the state apparatus to determine whether its functioning was normal or abnormal, lawful or unlawful. Liability may be attributed to the Administration under one of the attribution criteria only if the general circumstances referred to in this recital, as well as the specific requirements established in the rules applicable to the Administration’s financial liability regime, are met.
Accordingly, despite the predominant weight that harm carries in no-fault liability, this does not constitute an automatic transfer of assets” (Res N°001541-F-S1-2014 de las nueve horas veinticinco minutos del once de diciembre de dos mil catorce). Based on the foregoing, we find that: a) Under Articles 190 et seq. of the LGAP, the attribution criteria for determining the non-contractual liability of any public administration are objective in nature. b) The General Law of Public Administration encompasses four broad systems of liability for public administrations, with their respective objective attribution criteria: i. lawful conduct, ii. unlawful conduct, iii. normal functioning, and iv. abnormal functioning. c) As explained in legal scholarship, lawful or unlawful conduct pertains to the Administration’s formal activity (the issuance of administrative acts and regulations). d) Normal and abnormal functioning pertains to the Administration’s material actions and provision of public services. e) In the case of lawful conduct or normal functioning, there is, respectively, an administrative act that legally conforms to the legal system or a service that is regularly provided but that, despite this, causes an individual subject to the Administration—or a specific group of such individuals—special harm that they had no legal duty to bear. f) In the case of unlawful conduct or abnormal functioning, there is, respectively, an administrative act that is contrary to the legal system or a service that is irregularly provided (failure to provide service), causing loss and damage to the individual subject to the Administration.
It follows from the foregoing that, when liability is asserted against a public administration, it is a necessary and unavoidable requirement to identify the attribution criterion or criterion for assigning liability that would apply to the person claiming to be the victim of an action or omission by the Administration. Accordingly, in any court action seeking compensation for loss and damage from any Public Administration, the following fundamental elements must necessarily be proven: a) an action or omission committed by the defendant administration; b) the objective attribution criterion (normal or abnormal functioning, lawful or unlawful conduct); c) certain, actual, identifiable, and quantifiable harm; and d) a causal relationship between the Administration’s action or omission and the alleged harm.
Based on the foregoing discussion of the Administration’s strict liability regime, the Court must analyze whether the claim for damages should be granted or denied; it bears repeating that the claim concerns the property recorded under real-property folio registration number 2-109060-0001 and survey plan 1760950-2014. This Chamber’s review concerns: a) analysis of the action taken by the Municipality—which, as stated in the complaint, consists of work performed under two direct procurements (contrataciones directas) to construct wells, drains, inspection chambers, sidewalks, curbs, gutters, and to install pipes without SETENA authorization—which, according to the plaintiff’s theory, caused damage to its property, including erosion of the land used as the final discharge point for the water, as it asserted was demonstrated by the photographs submitted as evidence. The second aspect to be reviewed is the objective attribution criterion.
In this regard, this Chamber must note that the complaint made not even a minimal effort to explain which attribution criterion was being alleged, whether normal or abnormal functioning or lawful or unlawful conduct, or to provide the necessary grounds. At the supplemental hearing, counsel for the plaintiff stated: “...unlawful conduct by the municipal corporation is alleged, consisting of its carrying out two direct procurements without having an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), a study that was mandatory and necessary and that, had it been conducted in a timely and proper manner, would have resolved this situation...” (audio recording beginning at minute 2:06 III). The third aspect that must be reviewed concerns the harm, regarding which the complaint stated: “...In the stormwater construction works, the Municipalidad de San Mateo considerably expanded the stormwater network; therefore, pursuant to and as justified by the regulations described above, the municipal entity was required to request the corresponding Environmental Impact Study from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental before carrying out the work, which it did not do.
Therefore, the construction of the stormwater and wastewater network by the Municipalidad de San Mateo was contrary to law, and this caused secondary effects such as those occurring on my client’s properties (...) The property damage (...) was caused by the stormwater and wastewater construction works performed by the Municipalidad de San Mateo without the corresponding environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This damage consists of the impairment of the property’s economic value, which is reduced by the discharge of stormwater and wastewater onto the property...” (images 192 to 193). The fourth and final element for review is the causal link, identified by counsel for the plaintiff—at the supplemental hearing—as follows: “...the omission of the environmental impact study is the causal link—the omission—causing the two direct procurements carried out by the Municipality to have a direct impact on both properties...” (audio recording beginning at minute 0:06 III). To that end, the Court must review the evidence offered, both documentary and testimonial, as discussed in the following Recitals (Considerandos).
IX.REGARDING REPORT N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018 ON INSPECTIONS OF THE STORM SEWER SYSTEM ON A PUBLIC ROAD BY THE MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, ISSUED BY THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA (shown in images 148 to 153). The stated purpose of the inspection was to address a complaint filed with the TAA under expediente 89-18-02-TAA and resolution N°931-18-TAA, in coordination with the Municipalidad de San Mateo. The inspection was conducted on 8 de octubre de 2018 with Municipality officials “for the purpose of verifying the alleged disposal of wastewater into the storm sewer system.” The report stated: “...according to the complaint, there was improper disposal of sewage or wastewater generated by homes and businesses; household waste originating from sinks was observed at the site, specifically rice, beans, among other items, as well as apparently wastewater or soapy water flowing along the curb and gutter, even though it did not rain that day.” The conclusions section stated: “1. ...as verified at the site, several homes and establishments are located alongside that sewer system, spanning several blocks in downtown San Mateo; 2.
The visual inspection revealed improper disposal of sewage or wastewater generated by homes and businesses, and therefore, as part of due process, the corresponding visits will have to be coordinated with municipal officials in order to conduct individualized technical tests at each home and business in the area....” THE COURT’S ASSESSMENT: Based on the foregoing, the contents of the Report are immaterial to the subject matter of this proceeding, in which no relief is sought in connection with alleged environmental damage; accordingly, the evidence is not relevant to the relief sought.
X.REGARDING TECHNICAL INSPECTION REPORT N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 ISSUED BY THE OROTINA HEALTH GOVERNING AREA (visible in images 882 to 889). The Report refers to “Subject: Handling of Case N°425 within the framework of the San Mateo Wastewater Commission.” It was admitted by this Chamber as evidence to aid adjudication (prueba para mejor resolver), and upon evaluation, various elements were found that make it irrelevant to the subject matter of these proceedings, as explained below: 1. The document refers to a site visit conducted on 27 de enero de 2023 and was issued on the following 07 de febrero. COURT’S ASSESSMENT: The report refers to the inspection visit conducted on 27 de enero 2023 in the company of a Municipal official and Eng. Marlon Sánchez, representative of Marsago, S.A., the plaintiff in those proceedings, and states: “The storm-sewer outfall point was visited; it is (sic) located on private property owned by Marsago, S.A.” However, there is no reference to the property number or cadastral plan (plano) that would identify and establish which property was being referenced during that visit.
This identification is important to this Chamber because, when the complaint was filed, the plaintiff company owned the properties recorded under real-property registry folio (folio real) numbers 2-17227-000, plano A-1222500-2008, and 2-109060-001, plano A-0432995-1981, which share a rear boundary, as stated by the company’s own attorney. During the supplementary hearing, it was established that, since 01 de abril de 2024, property 2-17227-000 has not belonged to the company. This prevents the Court from determining with certainty and accuracy that the matters described pertain to the property owned by the plaintiff company as of the date of this ruling—property 2-109060-001. This compels this panel to reject the report as irrelevant to proving the damages claimed. 2. The document’s objective is: “To inspect the storm-sewer outfall located to the south and west of the Courthouse (on private property), as well as the priority sites for commencing sodium fluorescein testing, in order to identify conditions that could affect public health and the environment in downtown San Mateo.” COURT’S ASSESSMENT: It may be inferred that the inspection had a purpose different from the subject matter of these proceedings, namely, addressing a possible impact on public health and the environment due to the observed improper disposal of wastewater from homes in the inspected areas.
This likewise demonstrates that the study is irrelevant to the relief sought in these proceedings. 3. The report stated: “The stormwater outfall point is a culvert that connects to a type of drainage ditch or channel which, due to the possible increase in flow during the rainy season, has scoured the floor and base of the channel. A nearby slope, wall, and dwelling presenting a possible risk were also observed. As a precautionary measure, the owners of the lot where the stormwater outfall is located constructed a reinforcement structure to prevent scouring and the possible collapse of the property’s slope.” COURT’S ASSESSMENT: As explained above, the property on which the outfall point is located is not identified. The photographs attached to the report show an open channel, as well as a “retaining structure to prevent the collapse of the slope on the property of Marsago S.A.” However, they do not specify the exact location of each structure, whether they are together or separate, or whether they are located on one or both of the properties originally owned by the plaintiff company.
They therefore constitute highly insufficient and incomplete evidence for the purpose pursued by the plaintiff, which bore the burden of supplying the omitted information. In addition, what appears to be a culvert—and which corresponds to the structure that Mr. Marlon Sánchez informed the Municipality he had constructed (see proven fact N°3)—is likewise not located in relation to either property and suffers from the same deficiency. These inconsistencies demonstrate that the evidence admitted by this Court to aid adjudication does not establish damage to a property; on the contrary, it confirms the lack of precision regarding the location of the alleged damage in relation to a particular property, a central issue in determining the legal situation asserted. The Report does not identify where the referenced culvert is located or where the channel is situated. On that point, it stated that “due to a possible increase in flow during the rainy season, it has scoured the floor....” It should be noted that there is no definitive and certain technical assessment of the damage; the report refers to “a possible increase,” which prevents it from serving as persuasive evidence of the alleged damage.
Because of this lack of precision and the report’s very subject matter—an inspection of an outfall on unidentified private property and environmental damage—the evidence is irrelevant, and it is so declared.
The Court must first note that the photographs in images 30 to 38 were submitted by the plaintiff to show “the current conditions of the land,” as stated in the filing visible in image 28. These are 18 blurry images showing a channel-shaped structure through which water flows, with vegetation and rocks along its sides, as well as the entrance to what appears to be a tunnel. However, neither the photographs nor any separate document made any effort to establish—as legally required—which condition those images were intended to prove; the geographic location depicted; whether the structures shown are located on either of the properties originally belonging to the plaintiff company or on only one of them and, if so, which one; particularly considering that one of the two properties referenced by the plaintiff company is no longer part of these proceedings due to the change in its registered owner.
During the presentation of evidence or closing arguments, the proponent did not take care to establish what situation or condition the images were intended to prove, where the structures shown are located, the date on which they were taken, or by whom. The photographs visible in images 470 to 483 were submitted—as stated by the plaintiff—to show the “current condition of the damage caused to the Plaintiff’s property”—see image 479. These are 24 photographs which, like the preceding ones, show a type of channel through which water flows, rocks and vegetation along its sides, and the entrance to what appears to be a tunnel. Only five of the photographs included the following captions: One, visible in image 476, states: “Area of the new watercourse that does not fit within the old drainage ditch and is being discharged outside it (sic).” Another, in image 477, states: “Hole beneath the walls of the old drainage ditch caused by excess water.” Another photograph states: “Bottom of the old drainage ditch without a floor because the existing concrete floor was washed away by the excess water currently arriving” (image 478).
Image 479 of the case file contains two photographs. One depicts a city block and bears the following caption: “Red line, old sewer system; the other line shown represents the project phases, covers a larger area, and collects more water coming from other locations.” The second photograph shows a watercourse and states: “First heavy rains after the two phases of the Municipal project were connected.” Although five of the photographs included the indicated captions, they are insufficient to establish, through the evidence’s representational probative value, the matters asserted by the plaintiff, because the mere statements provided are neither sufficient nor independently capable of proving the alleged damage. The photographs must be accompanied by a technical explanation that enables the Court to evaluate what those images depict. They must identify who took them, the purpose for which they were taken, and the date and time of capture, to mention only some of the essential elements missing from the submitted evidence.
Moreover, none of the photographs identified the property where the captured image was located. For the foregoing reasons, contrary to the plaintiff’s assertion in its complaint that “...since at the end of the month of setiembre and the beginning of octubre of the year 2018, I began to suffer the damage that I now claim in these judicial proceedings, and which is demonstrated by the photographs I submit into evidence in the record,” the photographic evidence is irrelevant to the subject matter of these proceedings, and it is so declared.
XII.REGARDING THE INSPECTION REPORT ISSUED IN expediente 89-19-02-TAA, RESULTING FROM THE VISIT CONDUCTED ON 27 DE JUNIO DE 2018 BY THE TAA TECHNICAL DEPARTMENT. This report was ordered by the TAA in resolución N°931-18-TAQA. The visit describes the inspection conducted by the Coordinator of the TAA Technical Department, accompanied by Mr. Marlon Sánchez, who filed the complaint on 25 de abril of that same year, and representatives of the Municipalidad de San Mateo. The Report describes the inspection conducted in the city center, following the route of the Municipality’s sewer works. It located the point where water collection allegedly begins, the direction in which the water flows through pipes discharging into the stormwater ditch (cuneta pluvial), and the point where it runs beneath the street, carrying the water flow to stormwater manholes (pozos de registro pluvial) and inspection chambers (cajas de registro) connecting the water from both sides of the street.
It refers to the works it identifies as relatively new, between 6 and 10 years old, and those that appear “older,” as well as the route through the city toward the “new sewer project.” THE COURT’S ASSESSMENT: After reviewing the contents, conclusions, and recommendations of the Report, the Court considers it irrelevant to the subject matter of these proceedings, namely, the claim for alleged damage to the plaintiff company’s property, inmueble 2-109060-001, for the reasons set forth below: 1. The Report was prepared on 26 de junio de 2018, with the stated purpose of “conducting an on-site inspection (inspección in situ) in the center of the cantón de San Mateo to verify the current situation pursuant to resolución N°523-187-TAA and as follow-up to Expediente 89-18-02-TAA.” That resolution concerns an environmental complaint against the Municipality for allegedly constructing wells, drains, and inspection chambers on urban streets, and the ordered inspection is part of the procedure conducted by the TAA to ascertain the factual truth of the complaints it receives.
It is clear to this Panel of Judges that the Report was issued by the Tribunal Administrativo Ambiental within the scope of its jurisdiction, which is to address complaints involving potential harm to the environment, and that the inspection is part of the investigative procedure that it must follow in response to the complaint. The subject matter of the Report does not concern the damage that the plaintiff alleges exists on its property or who is causing it; the Report merely describes the route of the sewer system from its beginning to its endpoint, but nowhere does it refer to damage to the plaintiff’s property. In addition, it should not be overlooked that the complaint neither alleged nor sought compensation for environmental damage (daño ambiental). 2. Another factor considered in the decision regarding this evidence is that, on the date the Report was issued—26 de junio de 2018—the plaintiff company owned two properties, and nowhere in the Report is there any express and unequivocal indication identifying which of the two properties is meant when it refers to “the plaintiff’s properties.” This Panel understands that this situation is attributable precisely to the date on which the Report was prepared and that the loss of ownership of one of those properties is a supervening fact (hecho sobrevenido).
Nevertheless, that circumstance did not prevent the pertinent explanation from being provided at the supplemental hearing—the procedural stage designated for analyzing the evidence—as part of the assessment of that Report, particularly with respect to proving the alleged damage to the property caused by the storm sewer works. No effort was made to establish before this Chamber that the matters described in the Report could in any way be related to inmueble 2-109060-001, owned by the plaintiff company. 3. The third consideration underlying this Chamber’s decision is that the Report shows, based on the account of a resident and of the persons who accompanied the professional who prepared it, that the sewer system was built 75 years ago and that this is an area that “has always flooded.” In this regard, in addition to the statements in the Report, this Court considers the findings in proven fact N°7 of this ruling and the testimony given by Mr.
Jorge Gómez Picado, because, in this Panel’s view, the evidence shows that these are parcels of land (fundos) on which stormwater channeling works had been constructed long ago, located on the private properties of two families—Chan and Fernández León—and which, because of the natural slope resulting from their geographical location and the topography of central San Mateo, receive the flow of water. 4. The Report shows that, at the end of the storm sewer outfall (desfogue del alcantarillado pluvial), the water is discharged onto several properties, not only the plaintiff’s property (see fact 24 of the Report). This circumstance likewise prevents this Chamber from determining unequivocally and on a technical basis that this evidence provides grounds for proving damage to the plaintiff’s property. 5. The Report describes the route or course of the outfall for stormwater and ordinary residential wastewater discharged into the storm sewer (see fact 25 of the Report).
The statements in facts 21 through 24 of the Report should be reviewed: “21. At the point (...) is the last stormwater manhole, where the new sewer connects to the old one and turns south, discharging water through several private properties. 22. To observe the water, which runs through the properties in an open channel (a cielo abierto), entry was made at point (...) through the complainant’s property, where a section approximately 10-12 m long was observed containing a concrete-lined channel that has deteriorated; the channel is connected to the tunnel or culvert (alcantarilla), the final section of which is rectangular and built of concrete blocks (...) 23. From the preceding point, the water flow continues along what appears to be a watercourse (cauce), over the ground. In this section of the watercourse, which has little flow (), a house can be seen on the right side of the body of water, located within an apparent protected area (área de protección) (...) 24.
According to the complainant, in this sector the body of water crosses between his properties, the Mayor’s properties, and those of a third person.” The quoted passage shows that, along the final section, the water runs in an open channel and crosses the complainant’s property (again, it is not specified which property, and at that time the plaintiff company stated that it owned two separately registered properties and that both had sustained damage); that, over a section 10-12 meters long, there is a deteriorated concrete channel connected to a rectangular tunnel or culvert built of concrete blocks; and that, once the open channel ends, the water continues over the ground along what appears to be a watercourse with little flow, through an area encompassing properties belonging to the plaintiff company and at least two additional owners. From the plaintiff’s own statements in the complaint filed in this action, this Panel infers—because neither party undertook to prove it—that this open channel is the one the Municipality constructed long ago as part of the stormwater outfall; that is, it is a structure built by the Municipality.
Accordingly, this Report provides no evidence that the open channel described as deteriorated was built by the plaintiff company. 6. In addition, under the section entitled “Desktop Analysis” (Análisis de Gabinete), point 30 refers to the route followed during the inspection and notes that, out of a total of 700 m, 90 m crosses privately owned land, but once again the Report fails to specify which properties. The Court understands this deficiency, since the inspection was directed toward environmental damage and not toward specific damage to privately owned parcels. It noted that, although the complainant stated that stormwater is channeled through a small stream or creek (yurro o arroyo), the cartography indicates that it is a tributary of the río Machuca. 7. In the Conclusions section, the Report clearly states that a connection was made between the stormwater collection system and a sewer, but that, according to the complainant, the sewer is new, whereas the Municipality considers it to be an improved structure, and that “this information loop” could not be resolved because it was not possible during the visit to open the street and verify whether it was a new structure or an improvement to an existing one (see points 17 and 18 of the Report). 8.
In other words, the Report provides no clear and compelling evidence as to whether this is a new structure. Point 4 of the Conclusions stated: “Regardless of whether the project is entirely new or constitutes a replacement of the old sewer, the fact is that, by passing beneath public streets, it avoids crossing private properties, except for the final 90 m section, which apparently crosses the properties of the complainant, the Mayor, and an unidentified third party” (emphasis added). For the reasons stated, this Court cannot treat the referenced Report as evidence of the causal circumstances of the damage or of the specific damage alleged in the complaint. It must also be added that the proceedings concerning the complaint before the TAA have not concluded; therefore, the Report is merely one additional item of information requested by the TAA to determine whether the alleged environmental damage occurred, but it ultimately lacks the evidentiary force required to establish damage to the plaintiff company’s property.
With respect to the expert examination (pericia) admitted into the record, it must be noted that the professional was appointed because the Poder Judicial’s list of expert witnesses did not include a Civil Engineer specializing in valuation, as reported by the Judge presiding over the procedural stage in the ruling issued at 16:05 hours on March 2, 2022 (image 525); she allowed the party to propose a professional, provided that the professional met the requirements and assumed the duties and rights governed by the Reglamento de intérpretes, traductores, peritos y ejecutores del Poder Judicial. For that reason, Eng. Francisco Madriz González was authorized to conduct the expert examination, the purpose of which was defined—as agreed at the preliminary hearing and reiterated by the procedural judge in the ruling issued at 16:26 hours on April 20, 2022—as follows: “To determine the damage to the property and its monetary estimate” (image 540).
The expert examination was intended to determine the damage and its monetary estimate; however, the report stated: “The purpose of this report is to determine the current market value of land used for ‘residential’ purposes on which a single-family dwelling stands, for the purpose of marketing it, taking into account the encumbrances caused by the municipal sewer system’s stormwater outfall (desfogue pluvial) that crosses it.” It is clear that the claim in these proceedings concerns only property 2-109060-001, and therefore everything relating to the other property is excluded. In response to questions from counsel for the plaintiff, the expert explained (audio recording beginning at minute 0:55:01): The properties are crossed by a stormwater outfall that passes beneath the Tribunal Supremo de Elecciones building and continues through the appraised properties; the owner of the two properties had to undertake engineering works to mitigate the undermining (socavamiento) caused by surface runoff (escorrentía superficial); and, according to the owner—which he, as the expert, could not independently verify—there had been an increase in the flow rate that caused the land to be undermined.
He referred to a first property where he identified a box culvert (alcantarilla de cuadro) built to mitigate the undermining of the land and performed his valuation. Regarding what he identified as property two, he stated that it contains an open concrete channel and that the problem he observed was that “it does not have sufficient capacity for the existing flow rate”; because the water accelerates and, since the channel is open, it overflows and causes the structure to be undermined. He indicated that, because he had been retained to perform an appraisal, he provided the costs of the existing works (minute 1:01:12). He explained that the property containing the open channel exhibits damage from undermining, whereas the property containing the box culvert has no damage because the structure prevents the water from escaping. In the section entitled “Estimated cost of repairing the damage,” he stated: “At a minimum, the open channel should be constructed, and it must include energy-dissipation works (obras de mitigación de energía)....” Lastly, he explained, in response to a request for clarification by the Court, that the properties subject to the expert examination adjoin one another at the rear.
The foregoing aspects of the expert examination submitted into the record and the professional’s testimony at the supplementary hearing are those that this Court will assess and consider in deciding these proceedings, because they are deemed relevant and conducive to the subject matter of the complaint and correspond to the physical description arising from the site visit conducted for purposes of issuing the respective report.
(Audio recording beginning at minute 0:13:10 IV). The witness worked in the Departamento de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental at the Municipalidad from 2008 until 2020, when he retired. He was in charge of the project to improve the stormwater outfall system in downtown San Mateo. He discussed the circumstances that gave rise to the San Mateo stormwater-system project, explaining that its outfall had been built in the 1940s or 1950s and, because of the canton’s growth, no longer fulfilled its purpose, resulting in flooding of homes and public buildings. He indicated that the project sought to make improvements and that no procedures were undertaken before SETENA regarding environmental impact (impacto ambiental). He explained that, because of the topography of the land, the water outfall that has been used since San Mateo was founded is the only one that can be used. He explained that the original sewer system consisted of square ducts measuring 50 cm x 50 cm, connected to inspection chambers (cajas de registro) that collected surface water and conveyed it to a stream running through the lowest part of San Mateo’s central district.
The Municipalidad conducted hydrological and watershed studies to determine the channel, which established the need for a culvert approximately one meter in diameter; however, they chose to install larger culverts to ensure the project’s durability. He explained that the sewer’s course cannot be altered because it is determined by the land’s topography. In response to the question posed by counsel for the plaintiff, “Do you know whether the works performed increased the water flow rate?” the witness replied: “I would say that they did not increase the water flow rate because, for better or worse, both the water flowing through the existing system and the water running along the road were all going to exactly the same point. What did we do? We collected all the water that was flowing over the surface and placed it in the duct to prevent damage to infrastructure and buildings, but the water is basically the same; it is not being increased.
We are not diverting water from one place to another; it is the water that was already passing through the system, which no longer had sufficient capacity, and the other water was flowing over the surface (...) what we did was ensure that all the water drained away and did not remain on the road.” He further explained—in response to a question from counsel for the plaintiff—that the water reached the same point: a parcel of land located alongside the Tribunales de Justicia de San Mateo that had always served as the final stormwater outfall, in the nature of an outfall stream. He stated that he did not know the name of the owner of that land, but did recall that it was priced very affordably precisely because of the water outfall. In response to a question from counsel for the plaintiff, he explained that he was familiar with the stream and that: “...they performed works within the channel (obras en cauce)—a box culvert—without any permit from the Municipalidad or from the authorities responsible for permits for in-channel works.
The water deposited there naturally spread throughout the entire channel. By constructing that box culvert—which I understand they built to connect that purported lot where the water is discharged to an access route leading to a lot apparently belonging to some relatives—what they ultimately did was confine the same water that was already reaching the site within a box culvert, causing it to flow with greater velocity and pressure and resulting in undermining and damage to the downstream channel.” Based on the witness’s expertise and the fact that he was in charge of the works, this Panel assigns full credibility to the statements set forth in the transcription and to the cited excerpts from his testimony, which are what this Court will consider in deciding this matter.
The plaintiff requested: “1. Grant this action and order the municipal entity to answer for its unlawful conduct in carrying out works without the corresponding environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) by the National Environmental Technical Secretariat—SETENA—.” COURT’S DETERMINATION: It must be recalled that this is a proceeding in which liability on the part of the Administration is claimed and that, in any judicial action seeking compensation for damage from a Public Administration, the following must necessarily be demonstrated: a) an act or omission committed by the defendant Administration; b) the objective attribution criterion (normal or abnormal operation, lawful or unlawful conduct); c) certain, actual, individually ascertainable, and quantifiable damage; and d) a causal link (nexo de causalidad) between the Administration’s act or omission and the alleged damage.
The plaintiff based the damages claimed on the Municipality’s having carried out works related to the stormwater drainage system (alcantarillado pluvial) on the urban streets of San Mateo without an environmental impact assessment. Counsel expressly stated as much at the supplementary hearing: “...the genesis of this action is precisely to establish that, in light of that omission of the environmental impact study, the causal link—the omission—causes the two direct procurements undertaken by the Municipality to have a direct adverse effect on both properties....” The basis offered as the causal link for the damages claimed is unavailing. The absence of a legal requirement such as environmental viability (viabilidad ambiental) entails reviewing the unlawfulness of the conduct or the abnormality of the operations undertaken by the defendant Administration, a function proper to this Jurisdiction under constitutional provision 49 when so requested by the party bringing the action; but that legal omission cannot be defined as the causal link for the alleged damage caused—in this case—by operations of the local government which, it bears repeating, are not the subject of the proceeding, as stated in point 2 of the Background Recital (Considerando de Antecedentes) and in Recital V of this ruling.
This is a liability proceeding concerning alleged damage suffered from the action of stormwater discharged onto the plaintiff company’s property. The party must first prove that damage and then the causal link as to its origin and perpetrator; in the opinion of this panel, whether or not the construction project complied with a legal requirement did not cause that damage, which may instead be attributable to the action of the water itself, but this must be proven. In addition, review of the legality of the direct procurements through which the works were performed is likewise not the subject of this action. No request has been made to review the legality of those operations by the defendant Municipality, which prevents this panel from characterizing the alleged omission of a legal requirement as the cause that produced the damage. In any event, this panel observes that, rather than a prayer for relief, it constitutes the grounds for the claim.
The plaintiff supported that alleged omission with official letter SETENA-SG-1229-2018 dated 10 de julio de 2018, which sets forth the activities for which—under provision 17 of the Ley Orgánica del Ambiente N°7555—an environmental impact assessment is required and those exempted pursuant to Resolutions N°2373-2016-SETENA, N°1909-2017-SETENA and ACP-030-2018-SETENA, “because they are considered low-environmental-impact activities or projects.” Similarly, official letter SETENA-SG-1899-2018 dated 02 de octubre de 2018 explains to the TAA when construction of a stormwater drainage system on a public roadway does or does not require environmental viability. It is clear that the statements in the aforementioned official letters cannot prove either the damage to the plaintiff’s property or its perpetrator; what they show are the requirements established by regulation for determining whether that legal requirement must be met.
The Court notes that the scope of the response given in the first official letter expressly states that it is “limited to the information provided”; that is, no inquiry was made of the reported Municipality, thereby excluding the possibility of establishing other assessments for SETENA to consider before issuing its determination. For this panel, that amounts to partial evidence—if the issue were review of the legality of the Municipality’s operations—that does not include the active participation of the reported entity and thus omits a comprehensive view of what occurred. Indeed, the official letter itself makes this clear by stating that the response is limited to the information provided by the complainant. As a corollary to the foregoing, the first prayer for relief must be denied. It bears repeating that this case concerns a claim for damages, and the omission of a legal requirement such as environmental viability cannot be analyzed as a preliminary claim upon which entitlement to the damages sought depends.
As its second claim, the plaintiff requested: “2- Order the Municipalidad de San Mateo to pay all damages caused to the property registered under the Alajuela Registry District, real-property folio number 109060-001, with survey plan A-1760950-2014.” COURT’S DETERMINATION: The first matter this panel must note is that the identification of the damages claimed was an issue that, throughout the supplementary hearing, this body repeatedly asked the plaintiff to define. In the complaint, the plaintiff stated that it sought compensation for property damage (daño material) caused by the stormwater and wastewater (aguas servidas) construction works carried out by the Municipality without the corresponding environmental impact assessment, consisting “of the adverse effect on the property’s economic value, which is reduced by the discharge of stormwater and wastewater onto the property.” At the preliminary hearing, the plaintiff clarified that the damage sought was solely property damage, dividing it into repair costs and damage to the property.
In the Court’s view, the damages sought were unclear, particularly because an expert appraisal (peritaje) had been admitted to determine the damage to the property and its estimated monetary value; accordingly, at the supplementary hearing, it asked the specific question—for the purpose of having the alleged damages explained—of what those damages consisted. Counsel representing the interests of the plaintiff company stated: (audio recording beginning at minute 0:23:34) “...the claim was narrowed to property damage, which in fact consists of the investment that had to be made and that has still not even been enough to mitigate it because the funds came out of the pockets of the company’s owners, in order to mitigate the damage caused precisely by the diversion of the stormwater without the technical study (...) and if we therefore understand the concept, it would be the monetary sums that my client has had to incur or will even have to incur in order to repair the damage caused by the Municipality through its unlawful conduct....” He later specified: “...what is being requested is reparation for that damage caused by the unlawful conduct of the municipal corporation that resulted in certain works, which entailed a financial investment, as well as the work that remains to be done; that is, the total amount sought as compensation is ¢21.721.600.00 because that is the figure produced by the valuation conducted by the expert, which would ultimately be enforced during the enforcement of judgment” (audio recording beginning at 0:57:23 IV).
In view of the clarifications provided, this Chamber shall analyze the relief sought based on an assessment of the evidence submitted to “prove” the alleged damage. In that regard, as set forth in Recitals IX through XII, which assessed the photographs, the “Inspection Report on the stormwater drainage system on a public roadway by the Municipalidad de San Mateo,” issued by the governing health authority for Orotina under N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018, the Technical Inspection Report issued by the Governing Health Authority for Orotina under N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023, and the Inspection Report issued in expediente 89-19-02-TAA, the contents of those documents are immaterial to proving both the damage to property 2-109060-001 and who caused it. To avoid unnecessary repetition, reference is made to the analysis already provided for each of those items of evidence. During closing arguments, counsel for the plaintiff company stated: (audio recording beginning at 0:45:12 IV) “...the company then seeks to find a prompt solution because otherwise all of the soil will be washed away, and that is when it is done; and regarding the property at issue, 2-109060-001, this is the property that, according to the expert report (...), has the open-air drainage channel, as one might describe it; it is not the one with a rectangular culvert, but rather the one that is open.
What happens? Well, a solution must be found because the soil is being washed away, because the volume of water is enormous. Note that the problem in that locality was so great, because the drainage system was so old, obsolete, and makeshift, that its capacity had to be increased to a level even greater than what was needed; and the amount of water, as a matter of legal logic, logic, experience, sound judicial discretion (sana crítica), and sound human understanding—if a certain amount of water flowed through 40 cm, now a greater amount of water will flow through 2 meters. Well, the owners have to find some solution, and the Municipality did not provide one, a stopgap solution, a stopgap. What damage did the conduct of the municipal corporation cause? Well, we can see it beginning at image 192 (sic) of the case file, which is the report prepared by the expert—the valuation; well, in fact, he was commissioned to conduct a study of the damages and their value, which is how it was approved.
The fact that he ultimately also included a valuation in addition to the damages, well, that is beside the point. But it is true that, through image 592, with reference to the property now in dispute, which is 109060-001, the engineer provides details about the drainage system and tells us what he observes, the diameter, the amount of water (...), and tells us that work must be performed in order to prevent the damage from becoming greater; and so the expert estimates the repair of the damage, that is, existing works and works that must be carried out, and divides the damages into three different amounts. The first, in image 593, is the estimate for repairing the damage; he estimates the costs invested in existing works to mitigate the damage (...) and establishes a cost of ¢4.896.000, meaning that the company had to invest this amount. Now the Municipality will say that it carried out that work without a permit, that it did so unlawfully.
Well, the Municipality did not provide a solution, and the governed party has a duty to safeguard its own interests. This investment was made in order to counteract the adverse effects that the water was causing, because the water was not going to stop and was not going to cease arriving, in the amount of ¢4.896.000. It then states that an upper floor slab must be constructed (...) at an approximate cost of ¢13.860.000; that is where the actual damage being caused can already be seen (...) ¢21.721.600 is the estimated damage to the property (...) resulting from the work already performed and the work that must be performed....” It is necessary to transcribe counsel for the plaintiff’s statements during closing arguments because, taken together with the statements made by the expert, Eng.
Francisco Madriz and the witness—also an engineer—Jorge Gómez Picado, during the taking of evidence at the supplementary hearing, enable this adjudicative body (Colegio) to reach the following conclusions:
1. Parcel 2-177227-000—which was owned by the plaintiff company until 01 abril 2024—is where, due to the geography and topography of the city of San Mateo, the stormwater drainage system (alcantarillado pluvial) discharges and where a box culvert (alcantarilla de cuadro) is located, built by the plaintiff company as a solution for channeling the waters; according to expert Madriz, as a result of that mitigation measure, there is no damage to that property.
2. The plaintiff company’s property 2-106090-001 is where the open channel (canal a cielo abierto) is located, constituting the final section of the San Mateo stormwater drainage system’s outfall.
3. The works carried out by the Municipalidad de San Mateo were necessary because the existing drainage system was insufficient for the volume of water received; for that reason, work was performed to enlarge the inspection chambers (cajas de registro) and stormwater conveyance pipes (statements by witness Jorge Gómez Picado).
4. Contrary to the plaintiff’s assertions, enlarging the culvert or the pipe through which the water flows does not entail an increase in the volume of water it receives; such an increase could result from the expansion of new urban development projects, but that circumstance was not established in these proceedings, according to the statements made by witness Jorge Gómez Picado in his testimony and regarding the period when he was an engineer for the Municipalidad (see proven fact N°7).
5. The damages referred to by counsel for the plaintiff during closing arguments, identified as “¢4.896.000, that is, the company had to invest this amount; now the Municipalidad is going to say that it performed that work without authorization, that it did so unlawfully; well, the fact is that the Municipalidad does not provide a solution, and the citizen has a duty to safeguard his own interests, through this investment that he makes in order to counteract the harm that the water was causing, because the water is not going to stop and is not going to cease arriving; this amounts to ¢4.896.000. It then says that an upper floor slab must be built (...) and that the approximate cost is ¢13.860.000; at that point the actual damage being caused becomes apparent,” are damages mentioned by the expert, but in relation to parcel 2-017227-000, which is not subject to review in these proceedings (see image 562).
6. The plaintiff company, acting on its own initiative and as a palliative measure to contain the effects of the water discharging there, constructed a box culvert on what was then its property—parcel 2-177227-000. Before that box culvert was constructed, the water discharging onto that property flowed in the open. Channeling the water through the culvert accelerated its flow as it continued along its course until discharging into the open channel located on the plaintiff company’s property 2-109060-001, because the parcels are adjacent. In other words, this was an improvement undertaken at the plaintiff’s own risk; however, that improvement accelerated the water flow, which continues along an open channel located on what is currently its property, parcel 2-109060-001.
7. Expert Madriz’s Report states, in images 592 to 593, that on the property where the open channel is located, the ground has been scoured and provides an estimate for repairing the damage that he observed in that structure. On this point, it must be recalled that the channel was built by the Municipalidad—as stated by the plaintiff in its complaint, with no evidence to the contrary having been submitted—and therefore, if there is any potential damage, the Municipalidad is the affected party because the structure was built by that entity. In addition, as explained above, as a result of the construction of the square culvert on parcel 2-17227-000, which adjoins the plaintiff company’s property, the water that previously flowed in the open and spread throughout the entire watercourse, once “channeled” or “culverted,” undergoes changes in the speed and pressure of its flow and falls with greater force, causing scouring and damage to the downstream watercourse (see the testimony of witness Jorge Gómez Picado).
In other words, the plaintiff bears the direct consequence of its own improvement—the culvert constructed on what was formerly its property—which likewise created a risk of its own: acceleration of the water flow falling into the channel that passes through its current property and whose capacity is reduced by the force with which the water reaches that point. In the view of this panel, the situation described, considered in light of the applicable statutory and case-law requirements, as well as common sense and sound judicial discretion (sana crítica), demonstrates that the alleged scouring of the open channel results from receiving water that emerges from the culvert built by the plaintiff company with greater pressure and force, as explained by witness Gómez Picado, who was familiar with the dynamics at the site because he had worked as an engineer for the Municipalidad, as this Court was informed.
Furthermore, it was not demonstrated that the works carried out by the Municipalidad—whether new works or improvements to existing ones—caused an increase in the volume of water, accelerated its flow, or created a diversion and a new course that increased the amount of water and thereby caused scouring of the land through which the open channel runs. As a corollary to the foregoing, neither the alleged damages nor responsibility for them has been established; consequently, this claim for relief must be denied in all respects. Claim “3- That the Municipalidad de San Mateo be ordered to pay the corresponding statutory interest on the amounts awarded by the Tribunal Contencioso Administrativo, calculated from the date the judgment becomes final until payment in full.” Because the claim for damages is denied, this claim is likewise inadmissible. Lastly, claim “4- That the Municipal entity be ordered to pay the corresponding attorney’s fees and litigation costs (costas personales y procesales) of this action” concerns a matter to be ruled upon sua sponte in a separate Considerando. As a corollary to the foregoing, the complaint brought by Marsago S.A. against the Municipalidad de San Mateo must be dismissed in all respects.
For the reasons stated in this ruling, the defense of lack of legal entitlement (falta de derecho) raised by the representative of the Municipalidad de San Mateo is sustained.
Pursuant to section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, litigation costs and attorney’s fees constitute a burden imposed upon the unsuccessful party by virtue of having lost. Relief from such an award is available only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, the Court finds no reason to make an exception to the application of that rule; therefore, they must be imposed upon the unsuccessful party. Statutory interest accruing on that amount is awarded and shall be calculated during the enforcement phase of this judgment.
POR TANTO
The evidence offered by the parties to these proceedings to assist the Court in reaching its decision (prueba para mejor resolver) is admitted on the terms stated. The defense of lack of legal entitlement raised by the Municipalidad de San Mateo is sustained. Consequently, the complaint brought by Marsago, S.A. is dismissed in all respects. Costs shall be borne by the plaintiff and unsuccessful party and shall accrue statutory interest once their amount has been determined and becomes due. NOTICE SHALL BE GIVEN. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUDGES.
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LOURDES VARGAS CASTILLO, DECIDING JUDGE RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, DECIDING JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
Documento PJEDITOR ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S.A.
DEMANDADO/A:
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO N° 2024006293 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SECCIÓN SEGUNDA (Equipo Dos) SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cincuenta minutos del veinte de Setiembre del dos mil venticuatro.- Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, incoado por SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S. A. con cédula jurídica 3-1010489166; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Interviene como abogado de la sociedad accionante el señor Arthur Jiménez Latouche. Representa los intereses del gobierno local el señor abogado Rolando Alberto Segura Ramírez (imágenes 2, 39, 234, 511, 909 a 911, 918-919 todos del expediente judicial así como los registros de audio de la audiencia complementaria que son cuatro). Se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso y, no se observan defectos u omisiones capaces de producir la nulidad de lo actuado y resuelto por lo que, previa deliberación de Ley, el Tribunal Colegiado Sección Segunda (Equipo Dos) integrado por los jueces Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo Segura González y Lourdes Vargas Castillo -a quien le correspondió presidir- procede a dictar la sentencia con el voto unánime de sus integrantes.
Redacta la Jueza Vargas Castillo.
CONSIDERANDO
1. El 06 de noviembre de 2020, la parte actora interpuso este proceso. Por auto de las ocho horas treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, se previno corregir el escrito de demanda. En escrito de fecha 23 de noviembre 2020, la aparte actora cumplió lo prevenido. La Jueza de trámite aclaró en la audiencia preliminar que tuvo lugar el 01 de octubre de 2021, que ese escrito visible de imágenes 179 a 196 era para todos los efectos el escrito base de este proceso (registro de audio a partir del minuto 00:06:00 y, en idéntico sentido se pronunció este Tribunal en la audiencia complementaria registro de audio minuto 0:05:37 III).
2. La pretensión de este proceso, indicada en ese escrito de demanda, tomando en consideración el ajuste realizado en la audiencia preliminar -realizada el 01 de octubre de 2021- y el ajuste realizado por el abogado que representa los intereses de la parte actora en la audiencia complementaria es: "Con fundamento en los hechos, pruebas y fundamentos jurídicos, muy respetuosamente se solicita al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, se resuelva lo siguiente: 1.- Declarar con lugar la presente demanda y condenar al ente Municipal por su actuar irregular al realizar obras sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. 2.- Condenar a la Municipalidad de San Mateo, al pago de todos los daños ocasionados en la propiedad inscrita bajo el Partido de Alajuela folio real número 109060-001, con plano A-1760950-2014. 3.- Se condene a la Municipalidad de San Mateo al pago de los intereses legales correspondientes, por las sumas otorgadas por el Tribunal Contencioso Administrativo contabilizadas desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago. 4.-Se condene al ente Municipal al respectivo pago de las costas personales y procesales de la presente acción".
Precisó el abogado en la audiencia complementaria: "...Vamos a ver, de acuerdo a la minuta de la audiencia preliminar se estableció un daño material que fue lo que se reclamó en aquel momento ¿cuál es ese daño material económico que hoy reclamamos? Es precisamente aquél que se establece entre las imágenes 592 y 593, que son las afectaciones que sufrió la propiedad de mi representada y el perito estimó el daño en las obras existentes y los trabajos pendientes de realizar (...) y se cuantificó por ¢21.721.600.00 (...) yo entiendo tal vez esa mala técnica de concretar las pretensiones en la audiencia preliminar, pero debe entenderse que lo que se está pidiendo es la reparación de ese daño ocasionado producto de la conducta ilícita de la corporación municipal que acarreo unas obras, lo que conllevó a una inversión económica pero además los trabajos pendientes de hacer, es decir en total la suma que se solicita indemnizar es de ¢21.721.600.00 porque así es lo que arroja el avalúo que hizo el perito que eventualmente en una ejecución de sentencia esto es lo que se llevaría a ejecutar (registro de audio de la audiencia complementaria a partir del minuto 0:56:09 a 0:57:53 IV).
3. Mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por establecido el proceso contra la Municipalidad de San Mateo (imágenes 200 a 201).
4. El gobierno local accionado contestó la demanda, solicitó se tengan sin lugar las pretensiones señaladas, se acoja la excepción de falta de derecho opuesta y se condene a la parte actora al pago de ambas costas más intereses (imágenes 208 a 232).
5. La audiencia preliminar, se llevó a cabo el 01 de octubre de 2021, con la presencia de todas las partes del proceso. No se observaron aspectos de fondo que subsanar. Se hizo lectura de la petitoria, por solicitud de la parte demanda y de la señora Jueza a cargo, aclaró la parte actor que sólo se pide daño material así como los montos pretendidos, según se expuso en el punto 1 de este Considerando. No se opusieron defensas previas. Se determinaron todos los hechos como controvertidos. Se admitió la totalidad de prueba documental ofrecida por las partes. Y, únicamente como prueba testimonial al señor Jorge Gómez Picado. Se admitió la prueba pericial. Dispuso la Jueza a cargo que, la prueba visible en imágenes 470 a 483 presentadas en memorial del 23 de setiembre de 2021 y la visible en imágenes 487 a 499 por haber sido presentadas un día antes de la audiencia, se tomarán como prueba para mejor resolver y quedará a criterio del Tribunal que por el fondo deba conocer el proceso, su admisión o rechazo (registro de audio y minuta visible en imágenes 511 a 517).
6. Por auto de las dieciséis horas cinco minutos del dos de marzo de 2022, la Jueza de trámite informó a las partes que en la lista de peritos del Poder Judicial no existe un perito ingeniero civil con especialidad en valuación y, rechazó la prueba pericial ofrecida por la Municipalidad por no pagar los honorarios del perito, como le fue prevenido (imagen 525). La parte actora solicitó se autorizara el nombramiento del perito valuador y la Jueza de la etapa de trámite, mediante auto de las diez horas diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, concedió a la parte actora "... un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para que proponga un profesional idóneo para llevar a cabo la diligencia pendiente. En el entendido de que la persona ofrecida debe cumplir con los requisitos, deberes y derechos que regula el Reglamento para regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial" (imagen 529).
La parte actora solicitó se autorice el nombramiento del Ing. Francisco Madriz González, ingeniero civil, perito valuador, cédula de identidad 1-0993-0177 carné IC 10549 (imagen 537). Por auto de las dieciséis horas veintiséis minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, la Jueza a cargo admite el ofrecimiento del ingeniero Madriz González, previno la presentación del informe en quince días hábiles y definió el objeto de la pericia: "Determinar cuáles son los daños de la propiedad y la estimación económica de estos daños" (imagen 540).
7. El informe pericial fue rendido y consta en imágenes 544 a 604, así como la ampliación solicitada por la Municipalidad visible en imágenes 617 a 863.
8. El proceso fue remitido originalmente a la Sección de Juicio VIII de este Tribunal, que convocó a juicio oral y público para las ocho horas treinta minutos del diez de octubre del año dos mil veinticuatro (imagen 868).
9. Mediante escrito visible en imagen 881, la parte actora ofreció en carácter de prueba para mejor resolver informe técnico de Inspección N°MDRRSPCDARSONSSMIR-0022-2023, emitido por el Ministerio de Salud el 07 de febrero de 2023 (imágenes 881 a 889). Mediante auto de las dieciséis horas veintinueve minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés, por parte de la Sección de Juicio originalmente a cargo de este proceso, se puso en conocimiento de la parte demandada, escrito referido, señalando a las partes que, la admisión del mismo será resuelto en el Juicio Oral y Público (imagen 890).
10. De conformidad con el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, adoptado en la sesión número 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y ordenanza de la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dada en el acuerdo N°12.VI.2023, adoptado en la sesión celebrada el 27 de julio de 2023, se reasignó el conocimiento de este proceso a la Sección Segunda de este Tribunal (ver constancia en imagen 898 del expediente judicial).
11. Por auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro esta Sección, convocó a las partes a audiencia complementaria el 02 de setiembre 2024 (imágenes 899 a 902).
12. Las órdenes de citación de los testigos fueron emitidas el 08 de mayo de 2024 (ver imágenes 905 a 980). La técnica del Equipo de Trabajo, se comunicó con las partes del proceso a fin de recordarles el señalamiento a juicio, hacerles ver que las cédula de notificación de los testigos fueron emitida y su obligación de informar al Tribunal por cuál medio se apersonarían el día de la audiencia complementaria, según "Constancia de llamada a las partes del proceso" (imagen 929).
13. Por memorial visible en imagen 909 la Municipalidad apersonó al proceso al Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez, quien aportó poder especial judicial y señaló medio para recibir notificaciones. La parte actora apersonó en calidad de apoderado especial judicial al Lic. Arthur Jiménez La Touche quien aportó correo electrónico para asistir a la audiencia complementaria en modalidad virtual (imagen 923, 930).
14. La representación de la Municipalidad aportó en carácter de prueba para mejor resolver: 1. Actualización del expediente 89-18-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo que había sido admitido como prueba (visible de imágenes 939 a 1206). 3. Oficio DI-SM-OFEX/020-24 en el que se da cuenta de los trámites municipales registrados en las fincas 2-17227-000 plano A-1222500-2008 y 2-109060-001 plano A-0432995-1981 (visible de imágenes 933 a 935). 3. certificación de personería jurídica de Servicios Profesionales Marsago, S.A. (visible en imágenes 937 a 938).
15. Del desarrollo de la audiencia complementaria. El lunes 02 de setiembre, al ser las 08:33 horas, el Colegio de Jueces se constituyó en la Sala de Juicio N°5 del Tribunal para dar inicio a la audiencia complementaria. El Tribunal revisó -previo a declarar abierta la audiencia- algunos aspectos de saneamiento con las partes, entre ellos el ofrecimiento de prueba para mejor resolver. Vía remota, participó el Lic. Arthur Jiménez La Touche. La representación de la Municipalidad accionada -Lic. Rolando Segura Ramírez, su asistente y la Alcaldesa de la Municipalidad de San Mateo, se apersonaron a la Sala de Juicio. Una vez revisados todos los aspectos de saneamiento, el Tribunal declaró la apertura del debate. Se explicó la dinámica de la audiencia y consideraciones de forma, recordando los poderes de ordenación que conforme los numerales 99 del CPCA y 73 del Reglamento de esta Jurisdicción ostenta el Colegio de Jueces.
Se hizo lectura de la petitoria del proceso. Las partes expusieron los alegatos de apertura. Se recibió el testimonio del señor perito que rindió el informe y la ampliación respectiva (imágenes 544 a 604 y 617 a 863). Se recibió al testigo ofrecido por la Municipalidad el señor Jorge Gómez Picado, cédula de identidad 3-220-757. Previo a finalizar la audiencia, la parte actora ajustó la petitoria del proceso ante la noticia impuesta al Tribunal en relación a la titularidad de uno de los inmuebles, que desde el mes de abril de este año no pertenece a la sociedad actora, por dación en pago que hiciera a un tercero (ver detalle en la minuta de juicio).
16. Con la entrada en vigencia del escritorio virtual, la tramitación de este expediente se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 1225 imágenes al día de realización de la audiencia complementaria. Se deja esta constancia, con el fin de identificar la totalidad de imágenes que conforman el expediente y su foliatura.
17. El Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los artículos 73.10, 79. 4 y 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción y, en atención al objeto del proceso y de la prueba a valorar consideró que este asunto es complejo y así se comunicó a las partes, previo a dar por finalizada la audiencia complementaria por lo que, la sentencia se notificará en el plazo legal de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la clausura del debate (ver detalle en minuta de juicio).
La demandante sociedad anónima Servicios Profesionales MARSAGO S.A, es propietaria de un bien inmueble inscrito en el Registro Público de la propiedad, bajo el Partido de Alajuela Folio Real 17227-000, con plano A-1222500-2008, situada en la provincia de Alajuela, cantón San Mateo, distrito San Mateo, con una medida de 528 metros con 43 decímetros cuadrados y la finca del Folio Real 109060-001, con plano A-1760950-2014, situada en la provincia de Alajuela, cantón San Mateo, distrito San Mateo, con una medida de 791 metros con 00 decímetros cuadrados (...). SEGUNDO: Que la Municipalidad de San Mateo en primera instancia promovió la Contratación Directa 2016CD-000022-09 denominada "Construcción de pozos, sumideros y cajas de registro en calles urbanas". Siendo que dicha etapa se inició d 23 de noviembre del 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017, la cual presentaba en el cartel las siguientes especificaciones técnicas, a modo probatorio para que pueda el Juzgador en el momento procesal oportuno valorar los efectos y el impacto que dicha contratación causó sobre el inmueble propiedad de mi representada (incluyó cuadro con descripciones técnicas).
De esta forma se inician las obras, fundamentadas según los argumentos Municipales que se daban múltiples inundaciones, debido al escurrimiento superficial de aguas pluviales por la construcción de viviendas, edificios, gimnasios, ciclo vías, parques, calles y todo tipo de estructuras que no permitían la filtración natural de las aguas de lluvia en los terrenos del distrito central del cantón. Y es así como mediante oficio DTGV INT 061414/2018 del 27 de abril del 2018, remitido por el Ing. Eduardo (sic) Gómez Picado al Licenciado Jairo Guzmán Soto, Alcalde Municipal de San Mateo hace tal referencia de la justificación del porque de este proyecto en su primera etapa, oficio que adjunto como prueba a los autos. Así mismo se indicó que la propiedad matrícula 17227-000 (anteriormente de la familia Fernández León) adquirida por la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A, cédula jurídica 3-101-489166, el 28 de febrero del 2018, de acuerdo al plano catastrado A-1222500-2008 indica claramente el paso de aguas pluviales, siendo que dicha propiedad de mi representada forma parte del cauce del dominio público, de acuerdo al capítulo II artículo 4 de la ley 17742, Ley para la Gestión integrada del Recurso Hídrico.
TERCERO: Posteriormente la misma Municipalidad de San Mateo, promovió una segunda Contratación Directa 2018CD-000010-01 denominada "Construcción de Pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño y colocación de tuberías", segunda etapa que se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018, la cual presentaba en el cartel las siguientes especificaciones técnicas como las que detallo a continuación [insertó imagen]. Que al inicio de esta segunda etapa mediante oficios remitidos por mi hijo y representante legal de Servicios Profesionales Marsago S.A, Ing. Marlon Sánchez González, gestionó ante el Municipio de San Mateo con fecha 17 de abril del 2018 un oficio dirigido al señor Alcalde Municipal, Lic. Jairo Guzmán Soto, mediante el cual señaló [transcribe parcialmente el oficio]. Como puede notarse el representante legal en aquel momento de mi representada, previendo lo que podría suceder gestionó ante el ente Municipal el cómo evitar la situación que ahora nos ocupa en esta vía judicial, sin respuesta alguna al día de hoy formal, siendo que también acudió al Tribunal Ambiental Administrativo, sin resultado formal al día de hoy, de lo cual consta copia de dicho expediente 89-18-02-TAA en los autos.
Motivos estos que se previeron desde el mes de abril del 2018 sin que se hubieran concluido las obras de la segunda etapa que termina el 07 de setiembre del 2018. CUARTO: Que producto de este cuadro fáctico anterior dentro del expediente del Tribunal Ambiental Administrativo 89-18-02-TAA, consta el informe TAA-DT-055-18 y la resolución 931-18-TAA de las catorce horas del diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho, mediante las cuales señala (hace transcripción parcial). QUINTO: De conformidad con el oficio N°AMSM-305-18 de fecha 03 de octubre del 2018, de la Municipalidad de San Mateo, se indica que las obras pluviales del centro del distrito, que son objeto del presente proceso, se realizaron en dos etapas; la primera etapa se inició el 23 de noviembre del 2016 y concluyó de 30 de marzo de 2017 y la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018. SEXTO: Según el propio dicho de la Municipalidad de San Mateo la primera etapa de construcción tiene una longitud de 278,5 metros y la segunda etapa tiene una longitud de 116.05 metros y los volúmenes de excavación para la primer etapa fueron de 626,62 m3 de tierra y 33,36 de pavimento y para la segunda etapa 511,56 m3 de tierra y 14,61 de pavimento.
SÉTIMO: Es importante destacar con fundamento en el oficio emitido por la SETENA-SG-1229-2018 de fecha 10 de julio de 2018, las obras pluviales realizadas por la Municipalidad de San Mateo, en el centro del cantón, carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. LO CUAL ERA UN REQUISITO NECESARIO PARA INICIAR LAS OBRAS y es así como reza en lo que interesa el mencionado oficio sobre esta temática en particular que demanda mi representada [hace transcripción parcial]. Nótese que dichas obras requerían de la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental -SETENA-, siendo que las mismas nunca contaron con dicha autorización, lo cual generó los daños y socavaciones que se han producido en la propiedad de mi representada, siendo en consecuencia que dichas obras que realizó la Municipalidad de San Mateo, en el Centro del Cantón las que fueron efectuadas en dos etapas que inició la primera d 23 de noviembre del 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017 y la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018 como se indicó y relato en el hecho cuarto de la las que generaron "los daños que reclamo en vía contencioso contra dicho ente Municipal.
OCTAVO: Que se puede comprobar así que dichas obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo de conformidad con las dos etapas que se mencionaran y de acuerdo a las estimaciones que se indicaron en la contratación directa 2016 CD-000022-09 denominada "Construcción de pozos. sumideros y cajas de registro en calles urbanas" y la segunda Contratación Directa 2018CD-000010-01 denominada "Construcción de pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño y colocación de tuberías", siendo que dichas contrataciones y las obras que se realizaron en las mismas y las cuales fueron realizadas sin las autorizaciones de la SETENA por parte del ente Municipal de San Mateo de Alajuela y así consta en los autos por los oficios de la SETENA que expresamente lo señalan, han sido las causantes de los daños a la propiedad de la Actora la cual se encuentra debidamente inscrita nombre de mi representada inscrita bajo el partido de Alajuela folio real 17227-000, con plano A-1222500-2008 y la finca del Folio Real 109060-001, con plano A-1760950-2014, como socavación en el terreno que sirve de desfogue final de las aguas, todo lo cual se puede demostrar con las fotografías del lugar que se encuentran debidamente agregadas al expediente de marras.
II. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN VÍA JUDICIAL. A.- Realización de obras constructivas sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. Según lo establece el artículo 17 de la Ley N° 7554 denominada Ley Orgánica del Ambiente, se requiere de Evaluación de Impacto Ambiental [citó el numeral]. Así mismo, el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en su artículo 4 establece [hizo cita]. Por su parte el Anexo N°2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el Paso N°2 señala [hizo transcripción]. Además la resolución N°1909-2017-SETENA de las 07 horas 50 minutos del 22 de setiembre del 2017 dictada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en su artículo 5 inciso 33 establece lo siguiente [hizo transcripción].
En las obras de construcción pluviales la Municipalidad de San Mateo ha realizado un aumento considerable de red de aguas pluviales existentes, por lo cual, en aplicación y con justificación en la normativa anteriormente descrita era necesario que el ente Municipal solicitará el respectivo Estudio de Impacto Ambiental para poder realizar las obras, situación que no ocurrió. Ergo, la construcción de la red de aguas pluviales y "servidas", realizada por la Municipalidad de San Mateo, se realizó contraria a Derecho y ello provocó efectos secundarios como los sucedidos en los inmuebles de mi representada, que no solo se hacen sin las autorizaciones correspondientes sino que también sufrió impacto en el inmueble y no media responsabilidad alguna obligándome a acudir a esta vía en resguardo de mis derechos. B.- En el orden a los Daños y Perjuicios. En vista de que la presente demanda ordinaria se pide el pago de daños y perjuicios, esta representación de conformidad con el artículo 58 incisos 1) punto e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede a realizar una mención de los daños y perjuicios que se reclaman, el motivo que los originó, en qué consisten y su estimación prudencial [hizo cita].
Daño material que se ha ocasionado al bien inmueble inscrito ante el Registro Nacional, bajo el partido de Alajuela folio real 17227-000, con plano A-1222500-2008 y la finca del Folio Real 109060-001, con Plano A-1760950-2014. El motivo que lo origina, las obras constructivas de aguas pluviales y -servidas-, realizadas por la Municipalidad de San Mateo, sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Este daño consiste, en la afectación al valor económico del inmueble, el cual, se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad. La estimación prudencial de los daños, se calcula de cuantía inestimable y será debidamente estimada una vez que exista el respectivo dictamen pericial, que pido a su Despacho en el momento procesal oportuno se efectué la designación correspondiente" (imágenes 179 a 195 del expediente judicial).
Respecto de los hechos de la demanda, en el primero hizo referencia al origen del inmueble, 2-17227-000, inicialmente dividido en derechos, adquiridos por la sociedad actora y reunidos en febrero de 2018. Sobre el segundo, acepta que la Municipalidad promovió la contratación directa 2016CD-000022-09, labor que se enfocó en la construcción de 6 pozos y 15 tragantes, trabajos que se efectuaron dentro del cuadrante urbano de San Mateo. La contratación dio inicio el 23 de noviembre de 2016, el acto de adjudicación de dictó el 28 de noviembre de 2016 en favor de Sierra Brava S.A. cédula jurídica 3-101-019571 y las obras concluyeron el día 30 de marzo de 2017. Precisó, la propiedad era de la familia Fernández León, quienes conocían del paso del agua pluvial sobre la finca que fue de su propiedad, y teniendo en cuenta la topografía y las condiciones de la finca en torno al paso del agua que históricamente habría discurrido por ese predio, los derechos fueron vendidos a Servicios Profesionales MARSAGO S.A. quien reunió los derechos en febrero de 2018.
Del hecho tercero, acepto que corporación Municipal promovió la contratación directa 2018CD-000010-01, a través de la decisión inicial adoptada el 22 de febrero de 2018, y donde se volvió a preponderar la generación de mejoras en la canalización de las aguas pluviales en las calles urbanas de San Mateo. El proyecto consistió en 2 pozos, 4 tragantes, trabajar 138 metros cuadrados de acera, cordón y caño, así como colocación de tubería. Precisó, la contratación se inició el 9 de marzo de 2018 con la publicación del cartel correspondiente, generándose el acto de adjudicación el 15 de marzo de 2018 adjudicación que recayó en el señor William Elizondo Salas. El 9 de abril de 2018, mediante resolución DTGVEXT089/04-2018 del 9 de abril de 2018, se emitió la orden de inicio teniendo como fiscalizador al señor Ing. Jorge Gómez Picado (...) La recepción definitiva del trabajo, junto con la modificación unilateral fue el 2 de mayo de 2019.
Aclaró, la escorrentía de las aguas por el casco central de San Mateo ya existía, inclusive de previo al año 2016 y así ha sido por décadas; siendo que inclusive por el predio 2-17227-000 ya discurrían aguas; los trabajos realizados por la Corporación Municipal iniciados en 2018, llegan precisamente hasta la zona pública, sin que se haya intervenido el predio 2-17227-000, en el tanto el agua ya discurría de previo a tales trabajos por esa zona, cursando por la finca donde se encuentran los Tribunales de Justicia en San Mateo, y cursando posteriormente por la finca de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. Aclaró que las obras dentro de la propiedad privada que encausan aguas y llevadas a cabo por el señor Marlon Sánchez González y que reconoce haber hecho en escrito de abril de 2018, no fueron autorizadas por la Corporación Municipal, ni consta solicitud de permiso o licencia alguna para su intervención, y que el señor Sánchez admitió que conocía que el agua discurría por la finca propiedad de la que es titular la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A. y que admitió haber realizado una obra constructiva y la finalidad de la misma, sin que se observe en la Corporación Municipal que se ha tramitado permiso sobre esos trabajos.
Señalo, los sujetos privados tienen la obligación de dejar pasar las aguas que discurren por sus propiedades y en caso de encausamiento, no cuenta con una prerrogativa libre para omitir licencias, se remarca que el trabajo realizado, en todo caso, habría impactado naturalmente el curso normal de esas aguas, incidiendo sobre la finca en cuestión y, eventualmente, sobre los predios subsiguientes, dentro de los que se ubica la finca 2-106090. Por otro lado, es cierto que el señor Sánchez González se dirigió al Tribunal Ambiental Administrativo, y en esa sede se ventilan también otros aspectos relacionados con los hechos y pretensiones de la demanda ahora presentada. En relación al hecho cuarto, acepto que dentro del expediente 89-18-02-TAA consta Informe TAADT-055-I8 y resolución 931-18-TAA; pero a esa fecha no hay resolución final y que el asunto no se enfoque en relación con el supuesto daño material que pretende la parte actora se le reconozca en esta vía.
Preciso, los trabajos realizados por la Corporación Municipal en torno al curso de las aguas pluviales, implicó algunas reubicaciones no sustanciales del paso de las aguas y siempre dentro del mismo área de cobertura ya impactada, sí debe remarcarse que, en todo caso, el paso de las aguas sobre la finca 2-17227-000 suscitaba con antelación al año 2016 y 2018, cosa que ya conocía el señor Sánchez González, por lo que no se ha generado un nuevo paso de aguas sobre la finca 2-17227-000 producto de la intervención y obras realizadas por la Corporación Municipal mediante las obras contratadas entre los años 2016 y 2018. Insistió en la intervención que reconoció el señor Sánchez González sobre la finca 2-17227-000 se habría llevado a cabo inclusive antes de haber remitido nota el 17 de abril de 2018 a la Alcaldía Municipal sin solicitar permisos de ningún tipo sobre este tema, por lo que debe asumir el riesgo por los efectos que esta obra constructiva pudo haber tenido sobre los predios que refiere la parte actora en el hecho primero de la demanda.
Sobre el hecho quinto, acepto la emisión del oficio AMSM-305-18 del 3 de octubre de 2018 y la forma en que las obras fueron realizadas. En relación al hecho sexto, aceptó el contenido de la información que se precisa en el oficio AMSM-305-18, pero adicionó que los trabajos realizados fueron de intervención de obras ya existentes, siendo que desde vieja data y por el nivel y topografía de la zona, esa área de cobertura ya se encontraba impactada por obras para el cauce de las aguas, mismas que siempre habían buscado su curso conforme a la topografía del lugar, y discurriendo por la propiedad donde se ubican los Tribunales de Justicia, pasando por la finca 2-17227-000 al menos por décadas, antes de que fuera adquirida por la sociedad actora. Sobre el hecho sétimo manifestó, en cuanto a la existencia del oficio SETENASG-1229-2018 del 10 de julio de 2018; sin embargo estima que debe advertirse que el oficio toma como premisa que el proyecto realizado por la Municipalidad era nuevo cuando ya había un sistema de desfogue de aguas en el centro del distrito de San Mateo y con antelación ya se conocía la forma en las aguas discurrían por esa zona, desde mucho antes al año 2016.
Señaló que la adición que se realizó mediante resolución 1909-2017-SETENA en torno a la inclusión del artículo 33 apunta como actividad que no requiere de Estudio de Impacto Ambiental, la reparación, rehabilitación o mantenimiento de la red de aguas pluviales. Agregó, no hay sustanciación alguna para sostener que, la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental de SETENA sobre las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo -en caso de que fuera requerida, que no lo eran- sea en sí causa de supuestos daños y socavaciones sobre la propiedad de Servicios Profesionales Marsago S.A. que ahora se reclaman, ignorando el conocimiento previo que se tenía sobre las condiciones de la finca 2-17227-000 y los trabajos que de parte de la misma sociedad propietaria fueron llevados a cabo sin permiso, impactando con ello el curso de las aguas. Rechazó el hecho octavo, insiste que la demanda contiene iguales viciosa los prevenidos, estima que en este hecho se reduce a meras valoraciones sobre el fondo del asunto.
Hizo referencia en el apartado de fundamentación a las "B. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA EXISTENCIA DE FALTA DE DERECHO, LA RESPONSABILIDAD Y LA CULPA DE LA VÍCTIMA". Explicó, en el caso de marras, se deberá considerar por parte de la Autoridad jurisdiccional, el hecho de que el señor Sánchez González, en nombre de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. tal cual consta en este asunto, conocía de previo las condiciones de las fincas que referencia en el hecho primero, así como el histórico paso de las aguas por esa zona y, a pesar de ello, habría intervenido el curso de las agua que pasan sobre la finca 2-17227-000 -tal cual se establecerá a posteriori en este escrito-, lo que reconoció haber hecho y terminado entre "el momento en que adquirió la finca" y el momento en que envió la nota a la Municipalidad en abril de 2018, por lo que se habría llevado a cabo en el predio una intervención importante sobre el curso de las aguas, sin que mediara trámite de licencia alguna.
Hizo referencia sobre jurisprudencia de la Sala Primera ha reiterado, en relación con la culpa de la víctima, cómo esta puede resultar responsable en la producción de un daño al influir en el curso causal directamente, asumiendo con ello el riesgo por las acciones llevadas a cabo de forma ilegítima y, sin que por ellas deba entrar a responder la Administración [citó resolución N°38-1996 de las 15:00 horas del 19 de abril de 1996]. Señaló, al intervenir el curso de las aguas sobre el predio 2-17227-000, la sociedad anónima propietaria debió asumir el riesgo por ello, especialmente cuando se intervino un cuerpo de agua intermitente del que ya se tenía conocimiento de previo a realizar la compra del inmueble, y más aún debió asumirse el riesgo de que, el redireccionamiento de las aguas pudiera afectar la dinámica de su curso sobre el predio en cuestión, así como sobre el predio 2-109060 en caso de haberse configurado algún daño.
Aunado a esto, deberá valorarse este aspecto con mayor intensidad al apreciar que, esta intervención particular fue una intervención nueva sobre un curso de agua ya existente históricamente -por la topografía del lugar; y aquí se remarca, que las obras llevadas a cabo por la Corporación Municipal, no entraron a generar una condición fáctica que ya existía sobre la topografía del lugar en cuanto al curso de las aguas que pasan sobre el predio 2-17227-000- sin consultar ni tramitar previamente tal intervención, que sin duda alguna fue ilegitima y habría impactado el entorno. Al respecto, deberá observarse que el curso de las aguas ya existía sobre el predio 2-17227-000, de previo a los trabajos llevados a cabo por la Municipalidad e iniciados en 2016 y 2018; sin embargo, la intervención del señor Sánchez González en representación de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. -y que reconoció realizar mediante nota de abril de 2018- era una obra nueva que no se encontraba amparada en licencia alguna para llevarse a cabo, por lo que en definitiva fue efectuada fuera del marco de la ley, a pesar de que con ello se podía impactar el medio ambiente.
En cuanto al análisis de fondo del asunto, agregó que quien representaba a la sociedad actora del presente proceso judicial, ya conocía de previo a los años 2016 y 2018, las condiciones topográficas del terreno 2-17227-000, y el paso de las aguas por dicha propiedad desde hace décadas, virtud de lo cual, esta situación fáctica en particular no fue producida ni deriva de las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo entre 2016 y 2018, sino que era una situación fáctica existente y presentada sobre dicho predio desde vieja data. Por ello, la sociedad actora no ostenta derecho para reclamar indemnización alguna por condiciones que ya ostentaban sus fincas con antelación a as obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo y mucho menos cuando a sabiendas de esas condiciones se procedió a intervenir el curso de las aguas sobre la finca 2-17227-000, con lo cual se intervino de manera ilegítima la forma natural en que por allí discurrían las aguas, sin licencia alguna, virtud de lo cual no asiste el Derecho a quien asume el riesgo voluntario de impactar constructivamente un predio, incidiendo sobre el curso de las aguas.
Al respecto, citó el artículo 20 de la Ley General de Caminos en torno a la obligación de los propietarios de dejar discurrir las aguas que pasen por los fundos atendiendo al desnivel de los terrenos, así como el respeto que deberá tenerse cuando los terrenos encuentren interacción con cauces de dominio público -como suscita en el caso en cuestión-, según consta documental donde rinde criterio la Dirección de Aguas- inclusive, aunque el curso de las aguas sea pluvial y discurra por una bien inmueble de un sujeto privado, la forma en que se impacten esas aguas siempre deberá estar sujeta al requerimiento de licencias y a evitar causar daños a terceros véanse los artículos 1 al 4 de la Ley de Aguas. Aseveró, en el caso concreto, debe partirse de la premisa de que el curso de las aguas por la finca 2-17227-000 e impacta el predio 2-109060-000 no es una situación sobreviniente generada por las obras llevadas a cabo por el ente público local -inclusive aparece reflejado en el plano de la finca 2-17227-000 de manera manifiesta-, que fue la misma parte actora quien impactó sobre un predio de su propiedad el curso de las aguas y, a ello deberá agregarse el hecho de que el curso causal que pretende establecer la actora no ha sido, ni tenido el impacto que pretende reflejar en su demanda.
Por las razones apuntadas, planteó la excepción de falta de derecho. C. SOBRE EL APARTADO LLAMADO RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN VÍA JUDICIAL. Manifestó la representación de la Municipalidad accionada que, el argumento es confuso pues en apariencia no corresponden al asunto que aquí se ventila. Si se revisan las pretensiones existentes en el presente caso, no se observa que se esté requiriendo la ejecución de una conducta administrativa formal en vía judicial o al menos no se ha establecido qué acto administrativo sería del que "se pretendería solicitar ejecución" ante esta jurisdicción. C.I. Sobre la supuesta realización de obras constructivas sin Evaluación de Impacto Ambiental. Indicó, la evaluación de impacto ambiental (EIA) implica la aplicación de una herramienta de evaluación previa, en relación con establecer la intensidad con que las actividades humanas que se pretenden llevar a cabo, afectan o alteran el medio ambiente; en esos términos, se comprende la regla del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como las actividades que son mencionadas en los anexos 1 y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según se encuentran determinadas por una ley específica o bien sean actividades establecidas en el anexo 2 de tal reglamento.
Agregó, cuando en el anexo 2 antes mencionado, se hace referencia a la producción de aguas residuales, ello incluye los efectos en los recursos hídricos en general, en el tanto las obras por realzar sean nuevas y se esté interviniendo por primera vez un área en particular. Esto debe ser entendido en tales términos pues, es claro que la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha generado dentro del ámbito de sus competencias. resoluciones donde ha establecido mayor claridad y precisión en torno a las actividades que no requieren EIA. Hizo referencia a la resolución 2373-20l6-SETENA de las 15:00 horas del 21 de diciembre de 2016, así como la resolución 1909-2017-SETENA de las 7:50 horas del 22 de setiembre de 2017, donde se estableció el contenido del artículo 5 e hizo transcripción de numeral. Indicó que en de acuerdo con el artículo mencionado, la clasificación de obras que no requieren de EIA.
Agregó, para las actividades no establecidas dentro de los 50 incisos del artículo 5 de la resolución 1909-2017-SETENA, la actividad de reparación, rehabilitación y mantenimiento de la red de aguas pluviales aparece como una actividad excepcionada de requerir EIA avalado por SETENA, y la regla allí expresada no pone como condición ninguna medida en particular, más allá de que no implique un aumento del área que ya cubriera el proyecto. Para el caso concreto, el área sobre el que se generó la intervención con las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo no varió pues, como se ha dicho, el área intervenida mediante los trabajos de las contrataciones 2016CD-000022-09 y 2018CD-000010-01, era un área ya impactada previamente y por donde el mismo nivel y topografía del lugar, generaban que discurrieran las aguas. Se reitera que, para el caso concreto, los ajustes que se hicieron sobre el sistema de paso de las aguas ya existente no implicaron una afectación de un área adicional como lo fue la colocación de tubería paralela a la tubería ya previamente existente, sobre el camino público que pasa frente al edificio municipal.
En todo caso, señaló, la determinación de los daños que supuestamente han suscitado y que reclama la parte actora, no penden en forma alguna en cuanto a la configuración y examen del curso causal de la existencia, procedencia o no de EIA ante SETENA. Indicó, la misma parte actora ha reconocido el paso de las aguas pluviales ha existido por el predio 2-17227-000 con antelación al año 2016, aspecto que no debe ser perdido de vista pues, no nos encontramos frente a un caso en el cual, se pretende sin sustento fehaciente establecer que ha sido la intervención de las obras realizadas por la Municipalidad las que generaron el paso de las aguas por la finca de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. -cosa que no comparte la Corporación Municipal-. Aunado a que, tal cual se ha mencionado ya al hacer referencia a los hechos de la demanda, el señor Sánchez González, para abril de 2018, procedió a indicar a la Alcaldía Municipal que sobre la finca 2-17227-000 habría intervenido la finca mediante la construcción de una alcantarilla mediante la cual redireccionó las aguas; indicó en ese momento el señor Sánchez que esto lo habría hecho mediante la consideración de aspectos técnicos pero, nuevamente, esta construcción de alcantarilla que una obra llevada a cabo por el señor Sánchez, obra nueva de intervención sobre el cause de las aguas, y sin que para ello hubiere tramitado licencia constructiva alguna; de hecho esto se menciona de manera informal.
Se pregunto la Municipalidad accionada: ¿A quién pidió el señor Sánchez permiso o autorización para intervenir el curso de esas aguas? El señor Sánchez González, entre el momento en que adquirió la finca y abril de 2018 siendo representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A., procedió con una obra constructiva de la que se desconocen las características técnicas o el impacto que sobre el entorno de su propio predio pudo causar su propia intervención. Esto pues, el señor Sánchez nunca gestionó licencia alguna para intervenir el curso de estas aguas. ni coordinó o comunicó dicha actividad al Municipio, a pesar del impacto que podría tener. Al realizarse estas obras conocidas por el representante de la sociedad anónima antes citada en ese momento, sin requerir de permiso o licencia alguna, se asumió el riesgo de que la obra ejecutada sobre el predio - pero sobre el curso de las aguas producto de su paso natural por el relieve del inmueble - incidiera sobre cualquier situación que generara problemas a futuro dentro de a propiedad.
Aseveró, tal accionar fue ilegítimo y la intervención realizada, no puede pasar menospreciada pues se intervino el cauce del agua de previo a que se llevaran los trabajos que ya estaban planificados con antelación a abril de 2018; esto es fácil de desprender pues el predio 2-17227-000 fue adquirido por Servicios Profesionales MARSAGO S.A., generando una reunión de derechos en febrero de 2018 y en la nota del 17 de abril de 2018 el señor Sánchez indica "desde el momento que adquirí la propiedad en mención me di a la tarea de construir", al construir y finiquitar su obra sin haber comunicado de previo a la Corporación Municipal, asumió el riesgo de intervenir el cauce de las aguas sobre el predio de la sociedad actora, siendo evidente que una obra constructiva que no existía y que dice "redireccionar" las aguas sí impacta el entorno, más cuando la obra iba directamente buscando como fin, incidir sobre el cauce de las aguas, sin que tal intervención conste que contó con la consideración de aspectos técnicos suficientes y necesarios en el momento de la intervención.
A lo expuesto, agregó que con antelación, el terreno 2-17227-000 en cuestión era propiedad de la familia Fernández León -predio que llegó a estar dividido hasta en 9 derechos-, derechos que fueron adquiridos por Servicios Profesionales MARSAGO S.A. sin embargo, con antelación al año 2015 no se dio reclamo alguno por el paso de las aguas; y con posterioridad al año 2016 -cuando ya se habían adquirido los derechos por la sociedad actora- tampoco se habría evidenciado reclamo alguno, a pesar de que desde el año 2016 se habría iniciado la intervención realizada por la Municipalidad de San Mateo sobre el sistema pluvial, culminando la primera fase de previo a abril de 2018. En torno a lo relacionado con la finca 2-109060, recalcó que lo que corresponde a Servicios Profesionales MARSAGO S.A. es un derecho a la nuda propiedad actualmente, habiendo dos derechos adicionales involucrados -ambos de usufructo-.
Finalizó señalando que las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo mediante las contrataciones directas 2016CD000022-09 y 2018CD-000010-01, buscaron intervenir y dar mantenimiento al curso de las aguas sobre lo que podría llamarse el cuadrante de ciudad del distrito central, siendo que por dicha zona suscitaban históricamente inundaciones por el relieve que presenta la zona, especialmente llegando hacia el centro, en las cercanías del edificio donde se encuentra la Corporación Municipal. Sin embargo, esa intervención llevada a cabo en dos etapas iniciadas entre 2016 y 2018 se dio sobre la base de que ya existía una red pluvial que surcaba esta área. C.2. Sobre los supuestos daños y perjuicios alegados. Señaló, en el caso concreto, se desglosa la existencia de un supuesto daño material sobre las fincas 2-17227-000 y sobre la finca del partido de Alajuela 109060-001. En la especie, se ha señalado ya que existe una falta de derecho, en virtud de que el señor Sánchez González, en su momento como representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A., admitió intervenir el cauce de las aguas que típicamente pasaban por la finca 2-17227-000, asumiendo el riesgo de realizar una intervención ilegítima, fuera del marco de legalidad y terminando la obra antes de comunicar a la Corporación Municipal sobre su existencia; esta situación particular implica la invocación de la excepción de culpa de la victima, en el tanto el representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. incurrió en el riesgo de accionar fuera del marco de legalidad, interviniendo el cause de las aguas, sin que por ello pueda pretender ahora reclamar daños sobre el bien inmueble.
Igualmente, se precisa que en cuanto a la falta de derecho aquí alegada, no han sido las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo iniciadas en 2016 y 2018, las que generaron el paso de las aguas y la interacción que con ellas tienen las fincas 2-17227-000 y 2-109060-001, pues ello obedece a una situación fáctica existente por décadas al menos. Tampoco encuentra esta Corporación Municipal, que esas obras realizadas, sean causantes de los supuestos daños que pretende resarcir la parte actora. En criterio de la Corporación Municipal, el daño reclamado no se ajusta a los presupuestos para ser vinculado a una conducta que sea esperada de parte de la Administración Pública Local en el tanto deberá considerarse el desfogue normal de las aguas que por los predios referenciados por la parte actora han discurrido. inclusive de previo al año 2016, motivo por el cual se encuentra motivo suficiente para generar oposición a la demanda planteada (imágenes 208 a 232).
Por estimar el Tribunal ser pertinentes al objeto del proceso, se admitieron en esa condición los siguientes documentos:
1. Imágenes 470 a 483: fotografías varias aportadas por la parte actora en escrito del 23 de setiembre de 2021 (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).
2. Imágenes 487 a 496: oficio de fecha 17 de abril de 2018 suscrito por Marlon Sánchez González, dirigida a la Municipalidad de San Mateo sobre la II etapa al alcantarillado pluvial y no pluvial del centro de San Mateo (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).
3. Imágenes 497 a 499 oficio del 24 de abril de 2018, suscrito por Marlon Sánchez y oficio DTGV-INT-061/04 2018 del Departamento de Gestión Vial dirigido al entonces Alcalde Municipal (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).
4. Imágenes 881 a 889: informe emitido por el Área de Regulación de la Salud del Área Rectora de Orotina y San Mateo del Ministerio de Salud MS-DRRDPC-DARSOSM-IT-0022-2023 del 07 de febrero de 2023 (por disposición de la Sección VIII de este Tribunal, se dispuso que se resolvería en el Juicio su admisibilidad).
5. Imágenes 939 a 1206: Actualización del expediente 89-18-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo que había sido admitido como prueba (ofrecido por la parte demandada).
6. Imágenes 933 a 935: oficio DI-SM-OFEX/020-24 en el que se da cuenta de los trámites municipales registrados en las fincas 2-227-000 y 2-109060-000 (ofrecido por la parte demandada).
7. Imágenes 937 a 938: certificación de personería jurídica de Servicios Profesionales Marsago, S.A. (ofrecido por la parte demandada).
Según se deduce del escrito de demanda en donde la parte actora fundamentó la petitoria en que las obras construidas por la Municipalidad de San Mateo "...fueron realizadas si las autorizaciones de la SETENA (...) han sido las causantes de los daños a la propiedad como socavación en el terreno que sirve de desfogue final de las aguas, todo lo que se puede demostrar con las fotografías del lugar..." y, lo expuesto por el abogado en el alegato de apertura, la sociedad actora reclama de la Municipalidad una conducta ilícita al realizar dos contrataciones directas, sin contar con el estudio de impacto ambiental (EIA) emitido por SETENA, indicó: "...la génesis de esta demanda es precisamente poder determinar que ante esa omisión del estudio de impacto ambiental, es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades precisamente por las obras constructivas de aguas pluviales y servidas que realizó la Municipalidad de San Mateo sin la respectiva evaluación del daño ambiental y así está acreditado en el expediente mediante el oficio de la SETENA 1229-2018 en el que precisamente recalcan que ese era un requisito necesario para iniciar las obras sin embargo, como las obra ya estaban hechas o por lo menos estaban en construcción, pues ya no se podían retrotraer los actos, pero sí los efectos continuaban en el tiempo.
¿En qué consiste el reclamo de la sociedad que represento? (...) En que a raíz de todo lo que ocurrió -de estas obras- se generó una afectación directa a las propiedades, don Marlon tuvo una devaluación de las propiedades, así consta en el avalúo y a su vez los trabajos para poder solventar en cierto sentido como una medida incluso paliativa (...) también tuvo un impacto económico y de ahí que lo que se solicita la reparación de estos rubros (...) se reclama una conducta ilícita de parte de la corporación municipal al realizar dos contrataciones directas sin contar con el estudio de impacto ambiental, estudio que era imperativo que era necesario y que si se hubiera hecho en tiempo y forma hubiese solventado esa afectación que se le vino ocasionando a las propiedades precisamente por la gran cantidad de agua que se desvió, a través de los que nosotros consideramos es una obra nueva, aunque la corporación municipal sostenga que no era una obra nueva..." (registro de audio a partir del minuto 0:19:05 III).
Es necesario señalar que, por solicitud de esta Cámara, en relación a identificar los daños materiales que se piden, el abogado representante de la sociedad actora aclaró: "...la pretensión se concretó en daño material que efectivamente radica en la inversión que se tuvo que hacer y que todavía incluso no ha podido mitigar porque eso ha salido del bolsillo de los dueños de la sociedad, para mitigar el daño que ocasionó precisamente el desvío de las agua pluviales sin el estudio técnico (...) y si entendemos entonces el concepto sería las sumas económicas que mi representado ha tenido que incurrir o tendrá que incurrir incluso, para poder reparar ese daño que ocasionó la Municipalidad con su actuar ilícito..." (registro de audio a partir del minuto 0:23:32 Parte III). Aclarada así la pretensión en la etapa inicial de la audiencia, comunicó la representación de la Municipalidad que, el inmueble 17227-000 no le pertenece a la sociedad actora.
En razón de lo cual, el abogado representante de la parte accionante, ajustó la petitoria. Con lo cual, los daños que se pretende sean indemnizados, serían los ocasionados únicamente en la propiedad inscrita bajo el partido Alajuela matrícula folio real 109060-001 con plano A1760950-2014 y, definidos en el avalúo en la suma de ¢21.721.600.00, según precisó el abogado representante de la sociedad actora. Con las precisiones dadas, procede esta Cámara con la revisión de lo pretendido.
De la revisión del cuadro fáctico que se describe en la demanda y, según deriva de la prueba allegada a los autos, la recepción de la prueba testimonial evacuada en la audiencia complementaria y la prueba admitida por este Tribunal para mejor resolver, se tiene por probado:
1. El inmueble matrícula de folio real del partido de Alajuela 109060-0001 con el plano catastrado 1760950-2014 es propiedad de la sociedad actora (los autos).
2. El inmueble matrícula de folio real del partido de Alajuela 17227-000 con el plano catastrado A-1222500-2008 fue adquirida por la sociedad actora el 28 de febrero de 2018 (manifestaciones de la parte actora en escrito de demanda no controvertido) y traspasada a un tercero por dación en pago el 01 de abril 2024 (imagen 1209).
3. La Municipalidad de San Mateo, promovió la contratación directa 2016CD-000022-09 para la "Construcción de Pozos, Sumideros y cajas de registro en Calles Urbanas de San Mateo, proyecto que se justificó "...considerando la necesidad y prioridad de mejorar el sistema de recolección de aguas pluviales en calles urbanas de San Mateo, los cuales se ha identificado como tramos de inundación y cada vez se empeoran con el invierno". El proyecto abarcó las calles en el cuadrante urbano de San Mateo, consistió en:
Elementos Dimensiones Profundidad Un pozo 1.20 m de diámetro interno y paredes de 20 cm de espesor 2.70m 5 Pozos 1.20 m de diámetro interno y paredes de 20 cm de espesor 1.70 m 8 tragantes tragantes con reja de metal o recicladas de 1.20 x8 0.80 x 1.0m 1.0m 7 tragantes tragantes con reja y tapa de 1.0 x 1.0 x 70m 0.70m (expediente físico contratación directa 2016CD-000022-09 que consta de 32 folios).
4. La Municipalidad de San Mateo, promovió la contratación directa 2018-CD-000010-01 para la "Construcción de Pozos, Sumideros, Cajas de Registro, Aceras, cordón de Caño y Colocación de Tuberías para el Proyecto de Desfogue Pluvial en Calles Urbanas de San Mateo"; proyecto que se justificó "...considerando la necesidad y prioridad de mejorar el sistema de recolección de aguas pluviales en calles urbanas de San Mateo, los cuales se han identificados (sic) como tramos de inundación y cada vez se empeoran con el invierno". El proyecto abarcó la calle frente al Edificio Municipal y costado norte de los Tribunales de Justicia en el cuadrante urbano de San Mateo, consistió en:
Elementos Dimensiones Profundidad 2 pozos 1.50 m de diámetro interno y paredes de 25 cm de espesor 2.50 m 2 tragantes caja de registro tragantes con reja y tapa de 1.2 x 1.2 x 0.80 m 0.8m 2 tragantes sumidero tragantes con rejas de metal o recicladas de 1.20x1.20x0.8 0.8m 138,2 de acera ancho de 2.60m, espesor 10cm - 166 ml de cordón y caño ancho de 65 cm, alto 25 cm - 30 metros lineales de tubería de 18" sumideros y tragantes a pozos - 20.5 metros lineales de tubería de 48" cambio de pendiente de caja a pozo existente (pozo donde inicia canalización) - 96 metros lineales de tubería de 1500,, colocación de tubería principal para desfogue pluvial - (expediente físico Certificación SCMSM-CERT-001-02-201 contratación directa 2018CD-000010-01 que consta de 86 folios).
5. Mediante nota del 17 de abril de 2018, el señor Marlon Sánchez González, remitió nota al Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, en relación con la segunda etapa del alcantarillado de aguas pluviales promovido por el gobierno local y el desfogue de esas aguas a su propiedad: "...Desde el momento, que adquirí la propiedad en mención, me di a la tarea de construir una alcantarilla dentro de mi propiedad, con la intención de darle salida y redireccionar esas aguas al cause (sic) público que ahí se localiza". Hizo saber su preocupación por lo que estima es un peligro la cantidad de agua que sale al cauce de dominio público y una casa de habitación cercana, solicitando "sentarnos a conversar sobre el asunto y llegar a un acuerdo satisfactorio para evitar todos y cada uno de los inconvenientes que se pueden generar" refiriéndose a los eventuales daños a personas y a su terreno (imágenes 489 a 496 reiterado en imágenes 502 a 509).
6. El 25 de abril de 2018 el señor Marlon Sánchez González presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo (en adelante TAA), denuncia por la construcción de obras pluviales realizadas por la Municipalidad accionada, sin contar con la viabilidad ambiental de parte de Secretaría Técnica Nacional (en adelante SETENA) y solicitó "medidas preventivas de paralización de trabajos hasta que se ponga en orden en lo referente a lo que la ley establece". En la denuncia se expuso que: "no se trata de un mejoramiento de alcantarillado ya existente si no a uno nuevo que impacta sectores aguas abajo donde se pretende desfogar la nueva cantidad de agua recolectada (...) es un proyecto nuevo con un alto impacto en los sectores donde se canalizan o pretenden canalizar estas aguas así como posibles daños ambientales tales como socavación en el sector de desfogue final y el posible daño social y a la seguridad en una vivienda ubicada directamente en el sector de la influencia inmediata del desfogue (...) la municipalidad se encuentra haciendo un cambio completo en la ubicación del actual desfogue pluvial existente por muchos años en el casco urbano del distrito primero del cantón de San Mateo (...) pasando de alcantarillas de menor diámetro existentes en el antiguo sistema de desfogue pluvial el cual se ubica totalmente en otro sector, a construcción de un circuito de captación de aguas pluviales completamente nuevo y extenso con diámetros de alcantarillas mayores y con un área de influencia mucho mayor al actual, por lo que está ampliando el área del proyecto, aumentando el caudal a descargar, la velocidad y cambiando el flujo del agua, provocando un impacto en las zonas de descarga de pluviales, a todos los terrenos que ahí se ubican y sus habitantes, provocando un impacto ambiental y social que debe ser evaluado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental..." (imágenes 47 a 50 reiteradas en 939 a 947 del expediente judicial).
7. Mediante oficio DTGV INT-061/04 2018 del 27 de abril de 2018, el Departamento de Gestión Vial informó al Alcalde: "Referente al oficio de fecha 17 de abril de 2018, presentado por el Ing. Marlon Sánchez González (...) me permito informarle: (...) Cabe mencionar que por la posición topográfica del distrito central y que según personas mayores que han vivido toda la vida en este lugar, hace aproximadamente 75 años se realizaron obras de canalización de estas aguas pluviales, ubicándolas dentro de las propiedades privadas de la Familia Chan, propiedades de la Municipalidad, propiedad el Ministerio de Justicia y propiedad de la familia Fernández León, que fue el lugar por donde discurrían naturalmente estas aguas. La propiedad matrícula 17227-000 (anteriormente de la familia Fernández León) adquirida por la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A. (...) indica claramente el paso de aguas pluviales dicha propiedad forma parte del cauce del dominio público, de acuerdo al capítulo II, artículo 4 de la Ley 17742 Ley para la gestión integrada del recurso hídrico indica ASÍ MISMO INTEGRAN EL DOMINIO PÚBLICO TODOS LOS TERRENOS YA FORMADOS O QUE SE FORMEN EN LOS CAUSES POR LA DINÁMICA NATURAL DE LAS AGUAS.
Por lo anterior el cause (sic) abierto que traspasa esta propiedad, nunca se debió haber alcantarillado por la misma condición de cause de dominio público a que hace referencia el artículo 4 de la ley 17742 (...) El eminente peligro que indica el Sr. Sánchez González, en cuanto a la casa de habitación que allí se ubica (antiguo rastro o matadero municipal) lo podría causar el alcantarillado que como manifiesta el Ingeniero Sánchez construyó sin ningún permiso en un cause de dominio público cambiando las características que una agua tranquila de cauce abierto, a encausarla en una alcantarilla cambiando las condiciones en la velocidad del agua y que que salida de dicha alcantarilla colinda con la propiedad donde se ubica la casa de habitación en mención (...) Como se dijo anteriormente la cuenca por donde discurren todas las aguas pluviales, donde se ubica el Sector del distrito Central de San Mateo es la misma y a la fecha no hay proyectos Urbanísticos Nuevos, que viertan aguas pluviales a dicho alcantarillado." (imágenes 242 a 245).
8. El 06 de junio de 2018, el señor Marlon Sánchez González consultó a la SETENA: "¿si unos trabajos de construcción de obras pluvial (sic) que efectúa la Municipalidad de San Mateo deberían de contar o no con la licencia ambiental o viabilidad ambiental otorgada por su representada? (imágenes 118 a 121 y anexos a 144).
9. Mediante oficio SETENA-SG-1229-2018 del 10 de julio de 2018, se atendió consulta del señor Marlon Sánchez González del 06 de junio 2018, indicando: "...los alcances de la respuesta, están limitados a la información aportada (...) En conclusión, es criterio de esta Secretaría que, como proyecto nuevo, las obras descritas requieren someterse al proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental conducente a la obtención de la VLA, no obstante, si por las razones que fueran, el ente responsable no cumplió con tales requerimientos técnicos, el hecho (sic) haberlos iniciado, presenta condiciones no subsanables reglamentariamente en tanto el objetivo preponderante de la EIA..." (imágenes 145 a 147).
10. Mediante resolución N°523-18-TAA de las 07 horas del 14 de junio de 2018, dictada dentro del Expediente N°89-18-02-TAA, se atendió la denuncia presentada por el señor Marlon Sánchez González, ordenando el Tribunal Ambiental Administrativo poner en conocimiento del Alcalde la denuncia y realizar la inspección ocular conjuntamente con funcionarios municipales y de la SETENA (imágenes 56 a 57).
11. El 26 de junio de 2018, se llevó a cabo la inspección ordenada por el TAA, participando los señores Rolando Segura Ramírez, Jorge Eduardo Gómez Picado, David Salazar Morales (en representación de la Municipalidad) Marlon Sánchez González denunciante y su asistente, Johan Jenkis Carmona. Resultado de la visita se emite el Informe de Inspección en el Expediente 89-18-02-TAA, comunicado a la presidencia del TAA en oficio TAA-DT-055-18, en el que se concluye -entre otros aspectos- que: "...4. Independientemente de que el proyecto sea totalmente nuevo o sea una sustitución del alcantarillado viejo, lo cierto es que al pasar debajo de las calles públicas se evita el paso a través de propiedades privadas, con excepción del tramo final de 90 m que cruza, aparentemente, por las propiedades del denunciante, del alcalde y de un tercero no identificado (...) 9. No existen aparentes daños ambientales de mediana o gran proporción, con excepción de la posible descarga de aguas residuales ordinarias al alcantarillado pluvial, situación que debería ser corregida. 10. Tanto bajo el alcantarillado anterior como del actual, la descarga de aguas pluviales (mezcladas con aguas residuales) se ha hecho a través de la propiedad del denunciante.." (imágenes 66 a 72).
12. Mediante resolución N°931-18-TAQA de las 14 horas del 17 de setiembre de 2018, se solicitó:
-A SETENA "...que informe a este Despacho, si la construcción de un sistema de Alcantarillado Pluvial, en la vía pública por parte de la Municipalidad o el mejoramiento de uno existente, necesita contar con Viabilidad Ambiental de conformidad a los establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente...".
-A la Municipalidad de San Mateo informar el sistema de tratamiento de las aguas residuales de tipo ordinaria en el cantón, el propietario registral de las coordenadas y sobre el proceso de mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial realizado.
- Al Director de la Dirección de Aguas informar sobre un supuesto cuerpo de agua ubicado en las coordenadas GRTM05N9,934643 W-84,522930-.
- A la Municipalidad conjuntamente con el Ministerio de Salud Área Rectora de San Mateo, verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial (imágenes 86 a 88).
13. En oficio SETENA-SG-1899-2018 del 02 de octubre de 2018, se informó al TAA: "...la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial en la vía pública que no implique obras constructivas mayores a 500 m2 y movimientos de tierra superiores a 200 m3, no necesita contar con Viabilidad Ambiental; siempre y cuando no afecte Áreas Ambientalmente Frágiles en los términos que lo define y clasifica el Reglamento Genera de la EIA (Anexo 3). Por otra parte las obras de mejoramiento en un sistema existente, no necesitará del proceso de la Viabilidad Ambiental, si se ajusta a estos mismos parámetros de los 500 m2 en obra constructiva, 200 m3 de movimiento de tierra y no se encuentra en Área Ambientalmente Frágil..." (imagen 97).
14. Por oficio AMSM-305-18 del 3 de octubre de 2018, el entones Alcalde Municipal de San Mateo, informó al TAA: "...la Municipalidad de San Mateo por la carencia de recursos económicos se propuso realizar una Rehabilitación (sic) de la red de aguas pluviales (porque (sic) rehabilitar, porque ya existía una canalización de hace aproximadamente 75 años), estos trabajos se realizaron en dos etapas y se reubicó las aguas pluviales que discurrían por propiedades privadas hasta donde la topografía del terreno lo permitió (...) En cuanto al estudio hidrogeológico se determinó mediante la topografía municipal el área y perímetro de la cuenca, la determinación de alturas máxima y mínima, la longitud máxima de cause (sic) y mediante el uso de fórmulas matemáticas de ingeniería y valores máximos de intensidad de lluvia en un determinado período, se calculó el caudal máximo a canalizar, para finalmente calcular el diámetro de las alcantarillas a utilizar (...) y se aclara que el volumen de agua a evacuar es el mismo de los últimos años, en razón que la cuenca donde se ubica el distrito central de San Mateo es única y no hay proyectos urbanísticos nuevos que discurran a dicha cuenta y que por ende cause eventuales inundaciones.
El Señor Sánchez González (Denunciante (sic) de este proceso) construyó una alcantarilla de cuadro, en la propiedad folio real 17227-000, según plano catastrado A-1222500-2008, sin ningún permiso municipal, ni de la Dirección de Aguas de MINAE, ni de SETENA, en un cauce de dominio público de más de 75 años de antigüedad, cambiando las características de una agua tranquila de cauce abierto, a encausarla en una alcantarilla de cuadro, cambiando las condiciones en la velocidad del agua, esta obra si puede causar efectos en la parte baja del mismo cauce (...) En cuanto al proyecto Rehabilitado (sic), se realizó en dos etapas; la primera etapa se inició el 23 de noviembre de 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017, la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018, con la colocación en la carpeta asfáltica, el sector mejorado lo conforma la cuenta que comprende el centro del distrito de San Mateo, aproximadamente 145.960,72 metros cuadrados, con un perímetro de 2.555.80 metros (...) la primera etapa tiene una longitud de 278,5m y se colocaron alcantarillas de 900mm de diámetro, clase III, de 2,4 m de longitud, la segunda etapa tiene una longitud de 116.05 m y se colocaron alcantarillas de 1500mm de diámetro, clase III de 2,0 m de longitud, los volúmenes de excavación para la primer etapa 626,62 m3 de tierra y 33,36 de pavimento, para la segunda etapa 511,56 m3 de tierra y 14,61 de pavimento" (imágenes 100 a 112).
15. El 11 de octubre de 2018, el Área Rectora de la Salud Orotina - San Mateo del Ministerio de Salud, rindió el Informe de Inspecciones a Sistema de Alcantarillado Pluvial en vía pública por parte de la Municipalidad de San Mateo N°ARS-OSM-IT-25-2018, según lo solicitado por SETENA. En el apartado Descripción de las actividades y generalidades del sitio se indicó: "...se hace valoración inspección conjunta con los funcionarios de la Municipalidad de San Mateo (...) a efectos de verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial". Entre las conclusiones se indicó: "2. Que se evidencia en inspección ocular una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se general en las casas de habitación y comercio, de manera que como parte del debido proceso se tendrá que coordinar con funcionarios municipales las visitas correspondientes para hacer pruebas técnicas individualizadas por cada habitación y comercio e la zona" (imágenes 148 a 153).
16. Mediante oficio DA-UHTPCOSR-0392-2018 del 22 de noviembre de 2018, la Dirección de Aguas del MINAE, rindió informe al TAA que solicitó verificar la existencia o no de un cuerpo natural y su estacionalidad en San Mateo, en el que se indicó: "...se determinó que el tramo en estudio corresponde al inicio de una quebrada Sin Nombre la cual se origina por flujos base y es de carácter intermitente. Se determina además, que a unos pocos metros aguas arriba del tramo indicado como quebrada Sin Nombre, existe el desfogue del sistema de aguas pluviales y servidas que atraviesa el pueblo de San Mateo, el cual vierte sus aguas directamente sobre ese cuerpo de agua..." (imágenes 165 a 170).
17. Que el TAA en resolución de las diez horas diez minutos del 10 de setiembre de 2010, desacumuló del expediente N°89-18-02-TAA, la denuncia que presentó la Municipalidad accionada contra el señor Marlon Sánchez González por supuesto entubamiento de cauce de dominio público sin contar con permiso de la Dirección de Aguas del Minae no Viabilidad Ambiental (imágenes 1071 a 1077).
18. El Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo del Ministerio de Salud, emiten el Informe Técnico de Inspección MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0022-2023 del 07 de febrero de 2023, cuyo objetivo fue: "Realizar una inspección en desfogue de alcantarillado pluvial ubicado al costado sur y oeste de los tribunales de justicia (en propiedad privada) y además de los sitios prioritarios para iniciar con las pruebas con fluoresceína sódica con el fin de evidenciar condiciones que podría afectar la salud publica y el ambiente en el casos central de San Mateo" (imágenes 882 a 889).
19. A la fecha de dictado de este pronunciamiento, SETENA no ha concluido el procedimiento tramitado en el expediente N°89-18-02-TAA (los autos).
20. El Informe pericial rendido por el Ing. Francisco Madriz González, especificó como Objetivo del avalúo: "...determinar un valor de mercado actual de un terreno de uso “residencial” que soporta una casa de habitación unifamiliar, para su comercialización tomando las afectaciones por el desfogue pluvial que la atraviesa del alcantarillado municipal" (imágenes 575 a 595).
21. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, las propiedades son atravesadas por un desfogue pluvial, que pasan por debajo edificio del Tribunal Supremo de Elecciones y continúan en las propiedades valoradas, que el propietario de los dos inmuebles tuvo que hacer trabajos de ingeniería para mitigar el socavamiento que estaba teniendo producto de la escorrentía superficial y que lo indicado por el dueño -que no le consta como perito- es que hubo un aumento del caudal que provocó el socavamiento del terreno. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III).
22. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que en una "primera propiedad" se ubicó una alcantarilla de cuadro construida para mitigar el socavamiento que estaba teniendo el terreno e hizo su valoración y, en lo que identificó como "propiedad dos", señaló que lo que hay es un canal de concreto a cielo abierto y que, el problema que observó es que esa estructura "no está dando para el caudal que tiene" por lo que hay un aceleramiento y como es abierto se desborda y causa problemas de socavación de la estructura. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III).
23. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, por ser contratado para hacer un avalúo dio los costos de las obras que existen en los inmuebles. Manifestaciones que coinciden con el objeto y contenido de la pericia rendida por escrito (registro de audio a partir del minuto 1:01:12 III).
24. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, la propiedad que tiene el canal abierto presenta daños por socavación y que, en la propiedad donde está la alcantarilla de cuadro no hay daños porque la estructura no permite que el agua se salga. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III e informe pericial en imágenes 75 a 595).
25. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que los inmuebles objeto del peritaje, colindan por la parte de atrás. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III).
26. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, el proyecto de desfogue pluvial del centro de San Mateo, lo que perseguía era el mejoramiento de ese sistema de alcantarillado y, no se hicieron los trámites ante SETENA en relación con el impacto ambiental. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
27. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, por las condiciones de topografía de esos terrenos, el desfogue de aguas pluviales -desde que se fundó San Mateo- es el único que se puede utilizar y que el curso del alcantarillado no se puede cambiar, precisamente porque está definido por la topografía del terreno. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
28. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, el sistema original del alcantarillado consistía en ductos cuadrados de 50 cm x 50 cm que se comunicaban con cajas de registro que lo que hacían era sumir el agua de la superficie y pasarla a una quebrada, que transcurre por la parte más baja del casco central en San Mateo. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
29. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, no hubo un aumento en el caudal del agua con la construcción de las obras del alcantarillado pluvial: "...porque bien que mal tanto el agua que estaba fluyendo por el sistema existente, como las aguas que discurrían en la carretera, todas iba exactamente a un mismo punto ¿lo que hicimos que fue? agarrar todas las aguas que andaban superficialmente y colocarlas en el ducto para evitar los daños a la infraestructura y a los edificios, pero el agua básicamente es la misma, no se está aumentando, no estamos desviando agua de un lado para ponerlo en otro, es el agua que una estaba pasando por el sistema que ya no tenía capacidad y la otra estaba fluyendo por la superficie (...) lo que hicimos fue que toda el agua se sumiera y no estuviera en la carretera". Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
30. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, las aguas del alcantarillado pluvial, llegan a un mismo punto, que es un terreno que está a un costado de los Tribunales de Justicia de San Mateo y que toda la vida ha sido el desfogue final de las aguas pluviales. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
31. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, conoce la quebrada en que desfoga el alcantarillado pluvial y que: "...hicieron unas obras en cauce -una alcantarilla de cuadro- sin ningún permiso municipal ni de las autoridades que tiene que ver con los permisos de obra en cauce el agua que se depositaba naturalmente ella se esparcía por todo el cauce al hacer esa alcantarilla de cuadro, que entiendo que la hicieron para conectar el supuesto lote ese donde desfogan las aguas con un paso con un lote aparentemente de unos familiares, lo que vinieron a hacer fue que la misma agua que llegaba al meterla en una alcantarilla de cuadro esa agua va a tener más velocidad y más presión causando socavación y daños al cauce aguas abajo". Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso y así constar en la prueba documental aportada (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).
Del acervo probatorio aportado por las partes y examinado por este Tribunal, no se permite tener por acreditados los siguientes hechos o situaciones jurídicamente relevantes:
1. Que las obras de construcción en el alcantarillado pluvial por parte de la Municipalidad de San Mateo, tuvieran como consecuencia directa un aumento considerable en el caudal de aguas pluviales o servidas que recibe esa infraestructura (allende las manifestaciones de la parte actora, no hay prueba técnica que acredite esa aseveración).
2. Que el canal a cielo abierto ubicado en el inmueble 2-109060-001 haya sido construido por la parte actora o que ésta, haya realizado obras de mantenimiento o reparación en el mismo (no hay prueba que así lo demuestre).
Conforme lo establece la Ley General de la Administración Pública (LGAP) las administraciones públicas tienen su propio régimen jurídico de responsabilidad extracontractual con reglas expresas y excluyentes a las dispuestas por el derecho civil, las que se encuentran expresamente consagradas en los artículos 190 y siguientes de la norma de comentario. Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, ha estimado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “En primer lugar, debe indicarse que la LGAP señala, como criterios de imputación, la existencia de un funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Los dos primeros, se refieren a los actos jurídicos desplegados por los entes y órganos públicos, y por ende, presentan una relación directa con los criterios de licitud o ilicitud, mientras que los segundos pretenden dar cobertura a las actuaciones (u omisiones) materiales.
Así, cualquier daño causado por una conducta, activa o pasiva, debe ser resarcido, en cumplimiento del principio constitucional de indemnidad patrimonial, derivado de los ordinales 41 y 45 de la Carta Magna. Por su parte, es importante destacar que la LGAP vincula el deber de reparar no sólo ante un actuar ilícito o un funcionamiento anormal, donde la conducta pública adolece de alguna patología, sino que extiende el ligamen incluso para abarcar supuestos en donde no se aprecia ninguna falencia o vicio (es decir, se trata de actos lícitos o de un funcionamiento normal), pero subsiste un daño caracterizado “por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión” (ordinal 194 de la LGAP). Ahora bien, para que surja la responsabilidad, es preciso que exista una antijuridicidad antecedente o de base, la cual se identifica con el hecho de que el sujeto afectado no se encuentre en la obligación jurídica de soportar el daño.
Empero, esta no debe ser confundida con la antijuridicidad específica, derivada de un quebranto al ordenamiento jurídico, lo que hace referencia a los factores de imputación, específicamente, al de conducta ilícita. En todo caso, de no estar presente este elemento, no puede afirmarse que exista una lesión indemnizable y por ende, causa suficiente para la reparación. Otro aspecto esencial es la existencia de un nexo de causalidad, el cual es valorado por los jueces de conformidad con las probanzas que las partes, o el mismo órgano jurisdiccional, de conformidad con sus poderes de ordenación, hayan allegado al proceso. Para tales efectos, tal y como lo ha dispuesto esta Sala en otras ocasiones, la teoría que resulta más conveniente para determinar si es posible vincular el daño con la conducta es la de causalidad adecuada, la cual postula que esto se da “cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de la segunda” (voto 300-F-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009).
Sin embargo, este nexo puede ser eliminado en caso de que el demandado demuestre la concurrencia de una causa eximente de responsabilidad (fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de tercero). Esto por cuanto su presencia descarta que la lesión sufrida por el afectado fuera producida por la conducta del Estado objeto del proceso. Finalmente, según lo ya expuesto, es dable afirmar que la legislación costarricense opta por un esquema de responsabilidad objetiva moderada, el cual reconociendo las particularidades de las funciones y tareas encomendadas a la Administración, obliga a que se valore la conducta desplegada por el aparato estatal con la finalidad de determinar si existió un funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo. Es únicamente en caso de que concurran los supuestos generales a que se alude en el presente considerando, así como las exigencias propias previstas en las normas aplicables al régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración que esta le puede ser atribuida, en virtud de alguno de los criterios de imputación.
Por todo lo anterior, a pesar del peso preponderante que en la responsabilidad sin culpa adquiere el daño, no se trata de una transferencia patrimonial automática” (Res N°001541-F-S1-2014 de las nueve horas veinticinco minutos del once de diciembre de dos mil catorce). Conforme con lo expuesto, tenemos que: a) De los numerales 190 y siguientes de la LGAP, los criterios de imputación para determinar la responsabilidad extracontractual de cualquier administración pública, son de naturaleza objetiva. b) La Ley General de la Administración Pública cobija 4 grandes sistemas de responsabilidad de las Administraciones con sus respectivos criterios de imputación objetiva: i. conducta lícita, ii. conducta ilícita, iii. funcionamiento normal y iv. funcionamiento anormal. c) Como lo desarrolla la doctrina, los supuestos de conducta lícita o ilícita corresponden a la actividad formal de la Administración (dictado de actos administrativos y reglamentos). d) Los supuestos de funcionamiento normal y anormal corresponden a las actuaciones materiales y a la dación de servicios públicos por parte de la Administración. e) En el caso de conducta lícita o funcionamiento normal, existe, respectivamente, un acto administrativo jurídicamente conforme con el ordenamiento o un servicio brindado en forma regular, pero que, a pesar de ello, causa en un administrado, o en un grupo concreto de administrados, un daño especial que no tenían el deber jurídico de soportar. f) En el caso de conducta ilícita o funcionamiento anormal, existe, respectivamente, un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico o un servicio brindado en forma irregular (falta de servicio) que le provoca daños y perjuicios al administrado.
Deriva de lo expuesto que, cuando se reproche responsabilidad de una administración pública, es requisito necesario e ineludible el deber de individualizar cuál es el criterio de imputación o criterio de atribución de responsabilidad, que aplicaría para quien se considere víctima por una acción u omisión de la Administración. Por ello, en toda acción en vía judicial en la que se pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública, necesariamente se deben demostrar los siguientes elementos fundamentales: a) una acción u omisión cometida por la administración demandada; b) el criterio de imputación objetiva (funcionamiento normal o anormal, conducta lícita o ilícita); c) un daño cierto, efectivo, individualizable y cuantificable; y, d) una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño alegado.
A partir de lo expuesto sobre el régimen de responsabilidad objetivo de la Administración, corresponde el análisis de la procedencia o rechazo del reclamo por daños que se pretende y -se reitera- es en el inmueble matrícula de folio real 2-109060-0001 con el plano 1760950-2014. La revisión que debe hacer esta Cámara, corresponde: a) al análisis de la acción cometida por la Municipalidad -que es según se indicó en la demanda- las obras realizadas en dos contrataciones directas para construir pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño, y colocación de tuberías sin las autorización de la SETENA, que según la teoría de la parte actora, causan daños a su propiedad como socavación en el terreno que sirve de desfogue final de las aguas -lo que aseveró se demuestra con las fotografías aportadas como prueba-. El segundo aspecto a revisar es el criterio de imputación objetivo, al respecto precisa advertir esta Cámara, que en la demanda no se hizo el mínimo esfuerzo por explicar cuál es ese criterio de imputación que se reprocha, si trata de un funcionamiento normal o anormal o de una conducta lícita o ilícita y la debida fundamentación.
En la audiencia complementaria, el abogado representante de la parte actora manifestó: "...se reclama una conducta ilícita de parte de la corporación municipal, al realizar dos contrataciones directas sin contar con el estudio de impacto ambiental, estudio que era imperativo que era necesario y que si se hubiese echo en tiempo y forma hubiese solventado esta situación..." (registro de audio a partir del minuto 2:06 III). El tercer aspecto de necesaria revisión es en relación al daño, sobre el cual -se indicó en la demanda- "...En las obras de construcción pluviales la Municipalidad de San Mateo ha realizado un aumento considerable de red de aguas pluviales, por lo cual, en aplicación y con justificación en la normativa anteriormente descrita era necesario que el ente municipal solicitara el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, para poder realizar las obras, situación que no ocurrió. Ergo, la construcción de la red de aguas pluviales y servidas, realizada por la Municipalidad de San Mateo, se realizó contraria a Derecho y ello provocó efectos secundarios como los sucedidos en los inmuebles de mi representada (...) El daño material (...) el motivo que lo origina las obras constructivas de aguas pluviales y -servidas- realizadas por la Municipalidad de San Mateo, sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Este daño consiste, en la afectación al valor económico del inmueble, el cual, se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad..." (imagen 192 a 193). Como cuarto y último elemento de revisión es el nexo causal, identificado por el abogado de la parte actora -en la audiencia complementaria- como "...la omisión del estudio de impacto ambiental es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades..." (registro de audio a partir del minuto 0:06 III). Para ello, debe el Tribunal revisar la prueba ofrecida tanto la documental como la testimonial, lo que se expone en los Considerandos siguientes.
IX.SOBRE EL INFORME DE INSPECCIONES A SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO EMITIDO POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018 (visible en imágenes 148 a 153). Se indicó como objeto de la inspección, atender denuncia del TAA, según el expediente 89-18-02-TAA y resolución N°931-18-TAA, de manera coordinada con la Municipalidad de San Mateo. La inspección se realizó el 8 de octubre de 2018, con funcionarios de la Municipalidad "a afectos de verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial", se indicó: "... de acuerdo a lo indicado en la denuncia, una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se generan de las casas de habitación y comercio, se observó en el sitio residuos domiciliares provenientes de pilas, concretamente: arroz, frijoles, entre toros y aguas en apariencia residuales o jabonosas que discurren por cordón y caño, esta a pesar de que ese día no llovió".
En el apartado de conclusiones se indicó: "1. ...según lo corroborado en el sitio son varias viviendas y establecimientos que se encuentran al margen de ese alcantarillado, abarcando varias cuadras de centro de San Mateo, 2. Que se evidencia en inspección ocular una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se generan en las casas de habitación y comercio, de manera que como parte del debido proceso se tendrá que coordinar con funcionarios municipales las visitas correspondientes para hacer las pruebas técnicas individualizadas por casa de habitación y comercio en la zona...". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Conforme con lo expuesto, el contenido del Informe es inconducente de al objeto de este proceso, donde no hay pretensiones relacionadas a un supuesto daño ambiental, por lo que la prueba no tiene pertinencia con lo pretendido.
X.SOBRE EL INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN EMITIDO POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 (visible en imágenes 882 a 889). El Informe tiene como referente a "Asunto: Atención caso N°425 en el marco de la Comisión de Aguas Residuales de San Mateo", fue admitido en carácter de prueba para mejor resolver por esta Cámara y, en su valoración, se encontraron distintos elementos que lo hacen inconducente al objeto de este proceso, según se explica: 1. El documento refiere a una visita de campo realizada el 27 de enero de 2023 y fue emitido el 07 de febrero siguiente. CRITERIO DEL TRIBUNAL: En el informe se hace referencia a la visita de inspección que se realizó el 27 de enero 2023, en compañía de un funcionario de la Municipalidad y el Ing. Marlon Sánchez representante de Marsago, S.A. parte actora en ese proceso, y en el mismo se detalló: "Se visita el punto de desfogue del alcantarillado pluvial, el mismo de (sic) ubica en propiedad privada cuyo propietario es Marsago, S.A.".
Sin embargo, no hay referencia al número de finca o plano para identificar y hacer corresponder a cuál propiedad se alude en esa visita, elemento de identificación de importancia para esta Cámara, ya que cuando se presentó la demanda, la sociedad actora era dueña de los inmuebles matrículas de folio real números 2-17227-000 plano A-1222500-2008 y 2-109060-001 plano A-0432995-1981 que colindan por su parte de atrás, según se indicó por mismo abogado representante de la sociedad. En el desarrollo de la audiencia complementaria, quedó evidenciado que, desde el 01 de abril de 2024 la finca 2-17227-000 no pertenece a la sociedad, lo que impide a este Tribunal la certeza y exactitud de tener por acreditado que lo descrito responde a la propiedad que a la fecha de este pronunciamiento, es propiedad de la sociedad actora -el inmueble 2-109060-001-. Lo que obliga a este Colegio, a rechazar por inconducente ese informe, en relación a demostrar los daños que se reclaman. 2.
El Objetivo del documento es: "Realizar inspección en desfogue de alcantarillado pluvial ubicado al costado sur y oeste de los Tribunales de justicia (en propiedad privada) y además de los sitios prioritarios para iniciar con las pruebas con fluoresceína sódica con el fin de evidenciar condiciones que podrían afectar la salud pública y el ambiente en el casco central de San Mateo". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Puede deducirse que, la inspección que se llevó a cabo tenía un fin distinto al objeto de este proceso, orientado a una posible afectación a la salud pública y al ambiente, al observar inadecuada disposición de aguas residuales de las viviendas en los sectores inspeccionados, razón que de igual manera evidencia la impertinencia del estudio en relación con la petitoria de este proceso. 3. Se indicó en el informe: "El punto de desfogue pluvial, es una alcantarilla que comunica a una especie de caño o canal que, debido al posible aumento en el caudal en época lluviosa, ha socavado el piso y base del canal, además de observa un talud, muro y una vivienda cercanos con posible riesgo.
Como medida de precaución, los propietarios del lote en donde se ubica el desfogue pluvial construyeron una estructura de reforzamiento para evitar socavamiento y posible desplome del talud de la propiedad". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Como se expuso previo, no hay identificación del inmueble donde se da el punto de desfogue. En las fotografías que se adjuntaron al informe; se observa un canal a cielo abierto además de una "estructura de contención para evitar desplome de talud en propiedad de Marsago S.A.", sin embargo no se especifica la ubicación exacta de cada una de esas estructuras si están juntas o separadas, si se ubican en uno de los inmuebles originalmente propiedad de la sociedad actora o en ambos, por lo que resultan elementos probatorios altamente insuficientes e incompletos para el fin perseguido por la parte actora, a la cual le correspondía completar lo omitido. A lo expuesto se agrega, lo que parece ser una alcantarilla y que, coincide con la obra que el señor Marlon Sánchez comunicó a la Municipalidad que había construido (ver hecho probado N°3) tampoco se ubica en relación con alguno de los inmuebles, padeciendo la misma falencia indicada.
Las inconsistencias evidencian que, la prueba admitida por este Tribunal para mejor proveer, no permiten mostrar un daño en un inmueble y, por el contrario lo que permite es tener certeza de la imprecisión en la ubicación del daño alegado en relación con una propiedad particular aspecto medular para determinar la sesión jurídica reclamada. En el Informe, no se identifica donde se ubica la alcantarilla a la que se hace referencia ni donde se ubica el canal, sobre ese punto, se señaló que "debido a un posible aumento en el caudal en época lluviosa ha socavado el piso...". Véase que no hay un criterio técnico definitivo y cierto del daño, el informe refiere a "un posible aumento", lo que impide que se tenga como elemento de convicción para demostrar los daños alegados. Por la imprecisión y el mismo objeto del informe que refiere a una inspección de un desfogue en propiedad privada -que no identifica- y daños ambientales, hace que la prueba sea inconducente y así se declara.
El Tribunal en primer lugar debe señalar que las fotografías de imágenes 30 a 38 fueron aportadas por la parte actora para mostrar "las condiciones del terreno actual" según manifestó en escrito visible en imagen 28). Se trata de 18 imágenes borrosas, en las que se observa una estructura en forma de canal por donde discurre agua, con vegetación y piedras a los lados así como la entrada a un aparente túnel. Sin embargo, en ninguna de las fotografías ni en documento aparte se hizo esfuerzo alguno por acreditar -como en derecho corresponde- cuál es la situación que con esas imágenes se quiere demostrar, la ubicación geográfica a la que corresponden las imágenes, si la representación de las estructuras que se observa en las mismas, se ubican en alguno de los inmuebles que originalmente pertenecían a la sociedad actora o sólo en uno, identificando con certeza en cuál; sobre todo valorando que una de las dos propiedades a las que hace referencia la sociedad accionante, ya no es parte de este proceso por el cambio de su titular registral.
No se preocupó la parte proponente, de acreditar -en la etapa de evacuación de prueba o conclusiones- cuál situación o condición se intentaba probar con las imágenes, dónde se ubican las estructuras que muestran las mismas, que día fueron tomadas o por quién. Las fotografías visibles en imágenes 470 a 483, fueron aportadas -según indicó la parte actora- para mostrar las "condiciones actuales de los daños ocasionados en la propiedad del Actor" -ver imagen 479-. Se trata de 24 fotografías que igual que las anteriores, muestran una especie de canal por donde discurre agua, piedras y vegetación a los lados, la entrada a un aparente túnel y, salvo en cinco fotografías se incluyeron las siguientes leyendas: Una visible en imagen 476, en la que se indicó "Sector de nueva trayectoria de aguas que no cabe en el antiguo caño y se está tirando fuera de este (sic)". Otra en imagen 477 en la que se indicó "Agujero debajo de paredes de antiguo caño a raíz del exceso de agua".
La otra fotografía dice: "Fondo del antiguo caño sin piso debido a que el piso en concreto que existía se lavó por el exceso de aguas que actualmente está llegando" (imagen 478). En la imagen 479 del expediente se observan dos fotografías, en una se representa un cuadrante de ciudad y bajo la misma se indicó: "Línea roja, antiguo alcantarillado, la otra línea que se muestra son las etapas del proyecto, abarca mayor área y toma mayor agua proveniente de otros lugares". La segunda fotografía muestra un cauce de agua y se especifica "Primeros aguaceros una vez conectadas las dos etapas del proyecto de la municipalidad". Si bien, en cinco de las fotografías se incluyeron las leyendas indicadas, las mismas resultan insuficientes para tener por acreditado por convicción representativa del elemento probatorio lo que se señala por la parte actora, ya que la simple enunciación que se hizo no es suficiente ni se basta por sí misma para acreditar los supuestos daños alegados.
Las fotografías deben venir acompañadas de una explicación técnica que permita al Tribunal valorar la representación de esas imágenes, debe identificarse quién las tomó, el fin para el cual se toman, el día y hora de la captura, sólo para citar algunos elementos indispensables que la prueba aportada no tiene; a lo que se agrega, en ninguna de las fotografías se identificó el inmueble donde se localiza la imagen captada. Por las razones expuestas, la prueba de las fotografías, contrario a lo que afirmó la parte actora en su demanda "...ya que a finales del mes de setiembre principio de octubre del año 2018 comencé a sufrir los daños que ahora reclamo en esta vía judicial, y que se demuestran con las fotografías que aporto como prueba a los autos" resulta inconducente al objeto de este proceso y así de declara.
XII.SOBRE EL INFORME DE INSPECCIÓN EMITIDO EN EL EXPEDIENTE 89-19-02-TAA, PRODUCTO DE VISITA REALIZADA EL 27 DE JUNIO DE 2018 POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL TAA. Este informe fue ordenado en la resolución N°931-18-TAQA por el TAA. La visita describe la inspección que se hizo por parte del Coordinador del Departamento Técnico del TAA en compañía del señor Marlon Sánchez que presentó la denuncia el 25 de abril de ese mismo año y representantes de la Municipalidad de San Mateo. Describe el Informe la inspección realizada en el centro de la ciudad siguiendo el trazo de los trabajos de alcantarillado de la Municipalidad. Ubicó el punto donde supuestamente inicia la recolección de aguas, la dirección de éstas a través de tuberías que descargan en la cuneta pluvial hasta el punto que discurren por debajo de la calle conduciendo el flujo del agua a pozos de registro pluvial y cajas de registro que conectan las aguas de los dos lados de la calle, haciendo referencia a la obra que identifica como relativamente nueva de 6 a 10 años y la que se observa más "vieja" y el trayecto a través de la ciudad hacia el "nuevo proyecto de alcantarillado.
CRITERIO DEL TRIBUNAL: Revisado el contenido del Informe, las conclusiones y recomendaciones, se estima que es inconducente en lo que es el objeto de este proceso, que es el reclamo por supuestos daños en la propiedad de la sociedad actora, inmueble 2-109060-001, por las razones que se exponen: 1. El Informe fue realizado el 26 de junio de 2018 siendo el objetivo "realizar inspección in situ en el centro del cantón de San Mateo, para verificar la situación actual en atención a la resolución N°523-187-TAA y seguimiento al Expediente 89-18-02-TAA". Esa resolución refiere a una denuncia de carácter ambiental contra la Municipalidad por supuestamente haber construido pozos, sumideros y cajas de registro en calles urbanas y, la inspección ordenada es parte del procedimiento que el TAA realiza para dilucidar la verdad real de las denuncias que recibe. Es claro para este Colegio de Jueces que, el Informe lo emite el Tribunal Administrativo Ambiental en el ámbito de su competencia, que es la atención de denuncias que puedan afectar el ambiente y la inspección es parte del procedimiento de investigación que debe seguir por la denuncia.
El objeto del Informe, no refiere a los daños que el actor acusa hay en su propiedad, ni por quien se están causando; en este Informe solo se da cuenta del trayecto del alcantarillado desde el inicio hasta el punto final, pero en ningún apartado refiere a daños en la propiedad del actor. Aunado a lo expuesto, no debe olvidarse que, en la demanda no se alegó ni se pretende reparación por daños ambientales. 2. Otro elemento que se valoró en la decisión que se adopta respecto de esta prueba es que, para la fecha en que fue emitido ese Informe -26 de junio de 2018- la sociedad actora era dueña de dos inmuebles y, en ningún punto del Informe de referencia se hace indicación expresa e inequívoca que permita identificar cuando se refiere a "las propiedades del actor" a cual de los dos inmuebles se alude. Puede entender este Colegio que, esa situación obedece precisamente a la fecha de elaboración del mismo y que, la no titularidad de una de esas propiedades es un hecho sobrevenido, pero esa condición no es óbice para que en la audiencia complementaria -momento procesal previsto para el análisis de la prueba- se hiciera la explicación pertinente en la valoración de ese Informe, sobre todo en lo concerniente a la demostración de los alegados daños en la propiedad producidos por las obras del alcantarillado pluvial.
No se hizo esfuerzo alguno en intentar acreditar ante esta Cámara que lo referido en el Informe podría relacionarse en alguna forma con el inmueble 2-109060-001 propiedad de la sociedad actora. 3. El tercer aspecto que motiva la decisión de esta Cámara, es que se evidencia en el Informe que, por relato de un vecino y de los mismos acompañantes al profesional que lo elaboró, el alcantarillado se construyó hace 75 años atrás y es una zona que "siempre se ha inundado". En este punto, a lo indicado en el Informe, este Tribunal valora lo expuesto en el hecho probado N°7 de este pronunciamiento y la declaración que rindió el señor Jorge Gómez Picado ya que, en criterio de este Colegio lo que se evidencia es que se trata de fundos en los que, desde tiempo atrás se realizaron en los mismos obras de canalización de las aguas pluviales, ubicadas en las propiedades privadas de dos familias -Chan y Fernández León- y que presentan la condición de recibir el flujo de las aguas por el declive propio de su ubicación geográfica y topografía del centro de San Mateo. 4.
En el Informe, se evidencia que al finalizar el desfogue del alcantarillado pluvial, la descarga de las aguas cae en varias propiedades y no solo la del actor (ver hecho 24 del Informe). Esa situación igualmente, impide a esta Cámara determinar de manera unívoca y técnica que esa prueba dé insumos para demostrar daños en la propiedad del actor. 5. El Informe da cuenta del trayecto o recorrido del desfogue de las aguas pluviales y residuales ordinarias de las viviendas, que son vertidas en el alcantarillado pluvial (ver hecho 25 del Informe). Conviene revisar lo señalado en los hechos del 21 al 24 del Informe: "21. En el punto (...) se ubica el último pozo de registro pluvial donde el alcantarillado nuevo se conecta al viejo y vira al Sur con la descarga de aguas a través de varias propiedades privadas. 22. Para observar el agua, que dentro de las propiedades corre a cielo abierto, se ingresó por el punto (...) a través de la propiedad del denunciante, apreciándose un tramo de unos 10-12 m de longitud donde hay un canal cementado que se ha deteriorado, canal conectado al túnel o alcantarilla que esta sección final es rectangular construida en block (...) 23.
A partir del punto anterior el flujo de agua continúa como un aparente cauce, sobre el suelo. En esta sección del cauce, que posee poco flujo () se observa una casa del lado derecho del cuerpo de agua, ubicada en aparente área de protección (...) 24. Según el denunciante, en este sector el cuerpo de agua cruza entre las propiedades de él, del Alcalde y de una tercera persona". La transcripción evidencia que en el trayecto final el agua corre a cielo abierto y atraviesa la propiedad del denunciante (se reitera no se especifica cuál propiedad y para ese momento la sociedad actora refirió ser dueña de dos inmuebles distintos registrados cada uno y tener daños en ambos); que en un tramo de una longitud de 10-12 metros hay un canal de cemento que se ha deteriorado y que conecta con un túnel o alcantarilla rectangular construida en block y que, concluido el canal a cielo abierto, el agua continúa como un aparente cauce sobre el suelo, con poco flujo, sector que abarca propiedades de la sociedad actora y al menos dos propietarios adicionales.
De la propia manifestación de la parte accionante en el escrito de esta demanda, deduce este Colegio -porque ninguna de las partes se ocupó de demostrarlo- que ese canal a cielo abierto es el que construyó la Municipalidad como parte del desfogue de las aguas pluviales tiempo atrás, es decir se trata de una obra construida por la Municipalidad, por lo que no hay evidencia con este Informe que, el canal a cielo abierto que se indica está deteriorado, haya sido construido por la sociedad actora. 6. Aunado a lo expuesto, en el apartado de "Análisis de Gabinete", refiere en el punto 30 al recorrido de la inspección y advierte que de un total de 700 m, 90 m es sobre terrenos de propiedad privada, pero nuevamente el Informe es omiso es especificar cuáles propiedades. Entiende el Tribunal esa falencia, ya que la inspección está orientada a un daño ambiental y no a daños particulares en fundos privados.
Advirtió que, a pesar de que el denunciante manifestó que las aguas pluviales se canalizan a través de un yurro o arroyo, de acuerdo con la cartografía se trata de un afluente del río Machuca. 7. En el apartado de Conclusiones, el Informe es claro en señalar que se hizo una conexión en la recolección de aguas pluviales a un alcantarillado, pero que el mismo es nuevo según el denunciante y que para la Municipalidad es una obra mejorada y que, "ese circulo de información" no pudo ser definido, ya que en la visita no se pudo abrir la calle y verificar si de trataba de una obra nueva o la mejora de una existente (ver puntos 17 y 18 del Informe). 8. Es decir, el Informe no se deduce evidencia clara y contundente de que se trata de una obra nueva o no. En el punto 4 de Conclusiones se indicó: "Independientemente de que el proyecto sea totalmente nuevo o sea una sustitución del alcantarillado viejo, lo cierto es que el pasar por debajo de las calles públicas, se evita el paso a través de propiedades privadas,con excepción del tramo final de 90 m que cruza, aparentemente, por las propiedades del denunciante, del alcalde y de un tercero no identificado" (se agrega el énfasis).
Las razones expuestas, impiden a este Tribunal, tener como prueba la ocasionalidad de los daños y de los daños propiamente alegados en la demanda, a partir del Informe de referencia. A lo que debe agregarse que, el procedimiento por la denuncia ante el TAA no ha finalizado, por lo que el informe es un insumo más de los solicitados por el TAA, para determinar la procedencia o no del daño ambiental denunciado, pero en definitiva no tiene la fuerza probatoria de acreditar daños en la propiedad de la sociedad accionante.
En relación a la pericia admitida en autos, es necesario señalar que el profesional designado lo fue en razón de que, de la lista de peritos del Poder Judicial no existe un perito Ingeniero Civil con especialidad en valuación, según lo comunicó la Jueza de la etapa de trámite en resolución de las 16:05 horas del 2 de marzo de 2022 (imagen 525); aceptando que la parte propusiera un profesional, siempre que cumpliera con los requisitos, deberes y derechos que regula el Reglamento de intérpretes, traductores, peritos y ejecutores del Poder Judicial. Es por esa razón que, fue admitido para llevar a cabo la pericia, el Ing. Francisco Madriz González, quedando definido el objeto de la misma -según se acordó en la audiencia preliminar y lo reiteró la jueza de trámite en la resolución de las 16:26 horas del 20 de abril de 2022: "Determinar cuáles son los daños de la propiedad y la estimación económica" (imagen 540).
La pericia fue para determinar los daños y la estimación económica, sin embargo en el informe se indicó: "El objetivo del presente informe es determinar un valor de mercado actual de un terreno de uso “residencial” que soporta una casa de habitación unifamiliar, para su comercialización tomando las afectaciones por el desfogue pluvial que la atraviesa del alcantarillado municipal" y está claro que en este proceso el reclamo se dirige solo respecto del inmueble 2-109060-001 por lo que todo lo relacionado con el otro inmueble queda descartado. Explicó el señor perito -ante preguntas del abogado de la parte actora- (registro de audio a partir del minuto 0:55:01): Las propiedades son atravesadas por un desfogue pluvial, que pasan por debajo edificio del Tribunal Supremo de Elecciones y continúan en las propiedades valoradas, que el propietario de los dos inmuebles tuvo que hacer trabajos de ingeniería para mitigar el socavamiento que estaba teniendo producto de la escorrentía superficial y que lo indicado por el dueño -y que no le consta a él como perito- es que hubo un aumento del caudal que provocó el socavamiento del terreno.
Hizo referencia a una primera propiedad donde ubicó una alcantarilla de cuadro construida para mitigar el socavamiento que estaba teniendo el terreno e hizo su valoración. En la que identificó como propiedad dos, señaló que lo que hay es un canal de concreto a cielo abierto y que, el problema que observó es que "no está dando para el caudal que tiene"; porque hay un aceleramiento de las aguas y, como es abierto se desborda y causa problemas de socavación de la estructura. Indicó, que por ser contratado para hacer un avalúo dio los costos de las obras que existen (minuto 1:01:12). Explicó, la propiedad que tiene el canal abierto presenta daños por socavación y, en la propiedad donde está la alcantarilla de cuadro no hay daños porque la estructura no permite que el agua se salga. Señaló en el apartado "Estimación de reparación del daño: "Se debería al menos construir el canal abierto, el cual deberá tener obras de mitigación de energía...".
Por último, explicó que los inmuebles objeto del peritaje, colindan por la parte de atrás, esto a solicitud de una aclaración que pidió el Tribunal. Lo expuesto, son los aspectos que, de la pericia rendida en autos y la declaración del profesional en la audiencia complementaria, va a valorar y considerar este Tribunal para la resolución de este proceso, por considerarse resultan atinentes y conducentes al objeto de la demanda y corresponder a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo.
(registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV). El señor testigo, trabajó en el Departamento de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental en la Municipalidad del 2008 al 2020 momento a partir del cual se jubiló. Estuvo a cargo del proyecto de mejoramiento del sistema del desfogue pluvial del centro de San Mateo. Refirió, a las causas que originaron el proyecto del sistema pluvial de San Mateo, que tenía un desfogue construido en los años 40 ó 50 y que por el crecimiento del cantón ya no cumplía su función y se daban inundaciones en viviendas y edificios públicos. Indicó que el proyecto perseguía un mejoramiento y que no se hicieron los trámites ante SETENA por lo del impacto ambiental. Explicó que, por las condiciones de topografía de esos terrenos, el desfogue de aguas, desde que se fundó San Mateo es el único que se puede utilizar por las condiciones topográficas del terreno. Explicó que ese sistema original del alcantarillado consistía en ductos cuadrados de 50 cm x 50 cm que se comunicaban con cajas de registro que lo que hacían era sumir el agua de la superficie y pasarla a una quebrada y que transcurre por la parte más baja del casco central en San Mateo.
Que desde la Municipalidad se hicieron los estudios hidrólógicos y de cuenca para determinar el cauce y, que dieron como resultado la necesidad de una alcantarilla de un diámetro de un metro aproximado, pero que optaron por colocarlas más amplias para asegurar la perdurabilidad del proyecto. Explicó, que el curso del alcantarillado no se puede cambiar porque está definido por la topografía del terreno. Ante la pregunta formulada por el abogado de la parte actora: ¿Sabe si las obras realizadas aumentaron el caudal del agua? El señor testigo respondió: "Yo digo que no aumentaron el caudal del agua porque bien que mal tanto el agua que estaba fluyendo por el sistema existente, como las aguas que discurrían en la carretera, todas iba exactamente a un mismo punto, lo que hicimos ¿qué fue?, agarrar todas las aguas que andaban superficialmente y colocarlas en el ducto para evitar los daños a la infraestructura y a los edificios, pero el agua básicamente es la misma, no se está aumentando, no estamos desviando agua de un lado para ponerlo en otro, es el agua que una estaba pasando por el sistema que ya no tenía capacidad y la otra estaba fluyendo por la superficie (...) lo que hicimos fue que toda el agua se sumiera y no estuviera en la carretera.
Explicó igualmente -por una pregunta del abogado de la parte actora que- las aguas llegaban a un mismo punto, que es un terreno que está a un costado de los Tribunales de Justicia de San Mateo y que, toda la vida ha sido el desfogue final de las aguas pluviales, como una quebrada de desfogue. Indicó, desconocer el nombre del dueño de ese terreno pero sí recordó que el mismo tenía un precio muy cómodo, precisamente por el desfogue de las aguas. Explicó -ante una pregunta del abogado de la parte actora- que conocía la quebrada y que: "...hicieron unas obras en cauce -una alcantarilla de cuadro- sin ningún permiso municipal ni de las autoridades que tiene que ver con los permisos de obra en cauce el agua que se depositaba naturalmente ella se esparcía por todo el cauce al hacer esa alcantarilla de cuadro, que entiendo que la hicieron para conectar el supuesto lote ese donde desfogan las aguas con un paso con un lote aparentemente de unos familiares, lo que vinieron a hacer fue que la misma agua que llegaba al meterla en una alcantarilla de cuadro esa agua va a tener más velocidad y más presión causando socavación y daños al cauce aguas abajo".
Este Colegio, por la experticia del testigo, por haber estado a cargo de las obras, da plena credibilidad a lo indicado en la trascripción y a lo referido que corresponde a extractos de su declaración y que es lo que este Tribunal va a considerar en la resolución de este asunto.
Solicitó la parte actora: "1. Declarar con lugar la presente demanda y condenar al ente Municipal por su actuar irregular al realizar obras sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA-. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Debe recordarse que estamos ante un proceso en el que se reclama responsabilidad de la Administración y es necesario que, en toda acción en vía judicial en la que se pretenda el resarcimiento de daños por parte de una Administración Pública, necesariamente se demuestre: a) una acción u omisión cometida por la administración demandada; b) el criterio de imputación objetiva (funcionamiento normal o anormal, conducta lícita o ilícita); c) un daño cierto, efectivo, individualizable y cuantificable; y, d) una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño alegado. La parte accionante, fundamentó los daños que reclama en que la Municipalidad llevó a cabo obras relacionadas con el alcantarillado pluvial en las calles urbanas de San Mateo sin contar con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Expresamente así lo señaló el abogado en la audiencia complementaria: "...la génesis de esta demanda es precisamente poder determinar que ante esa omisión del estudio de impacto ambiental es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades...". El fundamento expuesto como nexo causal de los daños que se reclaman, no es de recibo. La ausencia de un requisito legal como la viabilidad ambiental conlleva la revisión de la ilicitud de la conducta o la anormalidad del funcionamiento desplegado por la Administración demandada, función propia de esta Jurisdicción a la luz del numeral 49 constitucional cuando así lo solicite la parte que acciona; pero esa omisión legal no puede definirse como el nexo de causalidad de los supuestos daños provocados -en este caso- por un funcionamiento del gobierno local que se reitera, no es objeto del proceso según lo indicado en el punto 2 del Considerando de Antecedentes y en el Considerando V de este pronunciamiento.
Este es un proceso por responsabilidad por supuestos daños sufridos por la acción de las aguas pluviales que desfogan en la propiedad de la sociedad actora. Es preciso que la parte, primeramente demuestre esos daños y seguidamente el nexo de causalidad de su origen y autor, lo que en criterio de este Colegio, no los causó que el proyecto constructivo cumpliera o no un requisito legal, sino que pueden obedecer a la acción propia del agua pero que, debe ser demostrado. A lo expuesto se adiciona que la revisión de la legalidad de las contrataciones directas por las que se realizaron las obras, tampoco son objeto de esta demanda. No se ha solicitado revisar la legalidad de ese funcionamiento de la Municipalidad accionada, lo que impide a este Colegio calificar la alegada omisión de un requisito de legalidad como la causa productora del daño. En todo caso, lo que observa este Colegio es que, más que un extremo petitorio, es la fundamentación de la causa de pedir.
Sustentó la parte actora esa alegada omisión en el oficio SETENA-SG-1229-2018 del 10 de julio de 2018, en el cual se expone para cuales actividades -a la luz del numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7555 es necesaria la evaluación de impacto ambiental y para cuáles otras se exceptúa, según Resoluciones N°2373-2016-SETENA, N°1909-2017-SETENA y ACP-030-2018-SETENA" por considerarse que se trata de actividades o proyectos de bajo impacto ambiental. En el mismo sentido, en el oficio SETENA-SG-1899-2018 del 02 de octubre de 2018, se expone al TAA cuando la construcción de un alcantarillado pluvial en la vía pública requiere o no contar con la viabilidad ambiental. Es claro que, lo expuesto en los oficios aludidos, no puede conducir a demostrar los daños ni su autor, alegados por la parte actora en su propiedad; lo que evidencian son los requisitos dispuestos normativamente para cumplir o no ese requisito legal.
Llama la atención del Tribunal que, los alcances de la respuesta que se da en el primero oficio, expresamente indica que están "limitados a la información aportada" es decir, no se hizo consulta a la Municipalidad denunciada, excluyendo así la posibilidad de acreditar otras valoraciones para ser tomadas en cuenta por la SETENA previo a emitir el criterio, lo que para este Colegio, se traduce en un elemento probatorio parcial -si de revisar la legalidad del funcionamiento de la Municipalidad de tratara- que no contempla en su contenido la participación activa del ente denunciado y con ello, se omite una visión integral de lo sucedido, tan es así que se advierte en el oficio mismo, cuando indica que la respuesta está limitada a la información que aportó el denunciante. Corolario de lo expuesto, la petitoria primera debe ser rechazada, se insiste, estamos en la especie ante un reclamo por daños y, la omisión de un requisito legal como la viabilidad ambiental, no puede analizarse como pretensión previa para la procedencia del daño reclamado.
Solicitó como segunda pretensión:"2- Condenar a la Municipalidad de San Mateo, al pago de todos los daños ocasionados en la propiedad inscrita bajo el Partido de Alajuela folio real número 109060-001, con plano A-1760950-2014". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Como primer aspecto que debe señalar este Colegio es que, la identificación de los daños reclamados fue un aspecto que, a lo largo de la audiencia complementaria este órgano reiteradamente solicitó a la parte actora definir. En la demanda la parte actora indicó que se pretendía un daño material ocasionado por las obras constructivas de aguas pluviales y servidas realizadas por la Municipalidad, sin la respectiva evaluación de impacto ambiental, daño que consiste "en la afectación al valor económico del inmueble, el cual se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad". En la audiencia preliminar, la parte actora aclaró que el daño pretendido era solo material, dividiéndolo en costo por reparación y daño a la propiedad.
En criterio del Tribunal, los daños pretendidos no estaban claros, aunado a que se admitió un peritaje para determinar cuáles son los daños en la propiedad y la estimación económica de los mismos y, por ello en la audiencia complementaria hizo la pregunta concreta -en orden a que se explicaran en que consistían los daños alegados-. Indicó el abogado que representa los intereses de la sociedad actora: (registro de audio a partir del minuto 0:23:34) "...la pretensión se concretó en daño material que efectivamente radica en la inversión que se tuvo que hacer y que todavía incluso no ha podido mitigar porque eso ha salido del bolsillo de los dueños de la sociedad, para mitigar el daño que ocasionó precisamente el desvío de las agua pluviales sin el estudio técnico (...) y si entendemos entonces el concepto sería las sumas económicas que mi representado ha tenido que incurrir o tendrá que incurrir incluso para poder reparar ese daño que ocasionó la Municipalidad con su actuar ilícito...".
Precisó más adelante: "...lo que se está pidiendo es la reparación de ese daño ocasionado producto de la conducta ilícita de la corporación municipal que acarreo unas obras, lo que conllevó a una inversión económica pero además los trabajos pendientes de hacer, es decir en total la suma que se solicita indemnizar es de ¢21.721.600.00 porque así es lo que arroja el avalúo que hizo el perito que eventualmente en una ejecución de sentencia esto es lo que se llevaría a ejecutar" (registro de audio a partir del 0:57:23 IV). Con las precisiones dadas, procede esta Cámara al análisis de lo pretendido, a partir de la valoración de la prueba aportada para "demostrar" el daño alegado. En ese sentido, conforme se expuso en los Considerandos IX a XII en los que se hizo la valoración de las fotografías, del "Informe de Inspecciones a sistema de alcantarillado pluvial, en vía pública por parte de la Municipalidad de San Mateo" emitido por el área rectora de Salud de Orotina N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018 y del Informe Técnico de Inspección emitido por el Área Rectora de Salud de Orotina N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 así como el Informe de Inspección emitido en el expediente 89-19-02-TAA, el contenido de esos documentos son inconducentes para demostrar el daño en la propiedad 2-109060-001 así como la autoría de los mismos.
Para evitar reiteraciones innecesarias se remite a lo ya expuesto en el análisis de cada uno de esos elementos probatorios. En la etapa de conclusiones, el abogado representante de la sociedad actora expuso: (registro de audio a partir 0:45:12 IV) "...viene la sociedad y busca encontrar una pronta solución porque sino todo el terreno se le va a lavar y ahí es cuando se hace y para la propiedad que nos interesa la 2-109060-001, esta es la propiedad que según el informe pericial (...) es la que tiene el alcantarillado a cielo abierto, para entenderlo de alguna forma, no es la que tiene una alcantarilla rectangular sino es la que está abierta ¿Qué es lo que ocurre? Bueno hay que buscar una solución porque el terreno se está lavando, porque la cantidad de agua es enorme, véase que el problema en esa localidad era tan grande porque el sistema de alcantarillado era tan viejo y obsoleto artesanal que tiene que aumentar el caudal en un número incluso más allá del que se necesitaba que la cantidad de agua por lógica jurídica, por lógica, experiencia, sana crítica, buen entendimiento humano, si por 40 cm pasaba una cantidad de agua ahora por 2 metros va a pasar una más cantidad de agua; diay los propietarios tienen que encontrar alguna solución y la Municipalidad no se las dio, una solución paliativa, paliativa ¿Cuáles son los daños que ocasionó el comportamiento de la corporación municipalidad?
Bueno los podemos ver a partir de la imagen 192 (sic) del expediente que es el Informe que hace el perito, el avalúo bueno, en realidad a él se le comisiona hacer un estudio por los daños y el valor de los daños, así fue como se aprobó, que a la postre termine además incluyendo los daños pues un avalúo, bueno eso está de más, pero si bien es cierto a través de la imagen 592 en referencia a la propiedad que hoy está en disputa que es la 109060-001, el ingeniero viene y hace un detalle sobre el sistema de alcantarillado y nos dice que es lo que él observa, el diámetro, la cantidad de agua (...) y nos dice que deben realizarse trabajos en aras de evitar que el daño sea mayor y entonces estima -el perito- la reparación del daño en decir, obras ya existentes y que halla que hacer y divide los daños en tres diferentes montos, el primero en imagen 593 que es la estimación de la reparación del daño, hace una estimación de los costos invertidos en obras existentes para la mitigación de los daños (...) y él establece un costo de ¢4.896.000, es decir la sociedad tuvo que invertir esto, ahora la Municipalidad va a decir que es que hizo esos trabajo sin permiso, lo hizo de manera ilegal, bueno es que la Municipalidad no da una solución y el administrado tiene el deber de velar por sus propios intereses, en esta inversión que él hace a efectos de poder contrarrestar la afectación que el agua estaba causando, porque el agua no va a parar y no va a dejar de llegar se hace en ¢4.896.000.
Después se habla de que hay que hacer una losa de piso superior (...) y que el costo aproximado de ¢13.860.000, ahí ya se viene a visualizar el daño real que se está ocasionando (...) ¢21.721.600 es la estimación del daño que se realiza a la propiedad (...) producto de los trabajos que ya se hicieron y los que deben hacerse...". La transcripción de lo señalado por el abogado de la parte actora en las conclusiones es necesaria, porque en conjunto con lo expuesto por el señor perito Ing. Francisco Madriz y el señor testigo -también ingeniero- Jorge Gómez Picado, en la evacuación de la prueba en la audiencia complementaria, permite a este Colegio arribar a las siguientes conclusiones:
1. En el inmueble 2-177227-000 -que fue propiedad de la sociedad actora hasta el 01 abril 2024- es donde -por la geografía y topografía de la ciudad de San Mateo-, desfoga el alcantarillado pluvial y donde se ubica una alcantarilla de cuadro, construida por la sociedad accionante como una solución para el encausamiento de las aguas que, de acuerdo con el perito Madriz, producto de esa obra de mitigación, en esa propiedad no hay daños.
2. En la propiedad de la sociedad actora 2-106090-001- es donde se ubica el canal a cielo abierto, tramo final del desfogue de las aguas del alcantarillado pluvial de San Mateo.
3. Que las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo, eran necesarias, porque el alcantarillado existente era insuficiente para el caudal de agua recibido, razón por la que, se hicieron los trabajos ampliando las cajas de registro y las tuberías de conducción del agua pluvial (manifestaciones del testigo Jorge Gómez Picado).
4. Que, contrario a lo señalado por la parte actora, la ampliación del alcantarilla o de la tubería por donde discurre el agua, no conlleva un aumento del caudal que recibe; ese aumento puede ser por la expansión de nuevos proyectos urbanísticos, sin que se haya acreditado esa condición en este proceso, según lo manifestado por el testigo Jorge Gómez Picado en su declaración y cuando fue ingeniero de la Municipalidad (ver hecho probado N°7).
5. Que los daños referidos por el abogado de la parte actora en la etapa de conclusiones, identificados en "¢4.896.000, es decir la sociedad tuvo que invertir esto, ahora la Municipalidad va a decir que es que hizo esos trabajo sin permiso, lo hizo de manera ilegal, bueno es que la Municipalidad no da una solución y el administrado tiene el deber de velar por sus propios intereses, en esta inversión que él hace a efectos de poder contrarrestar la afectación que el agua estaba causando, porque el agua no va a parar y no va a dejar de llegar se hace en ¢4.896.000. Después de habla de que hay que hacer una losa de piso superior (...) y que el costo aproximado de ¢13.860.000, ahí ya se viene a visualizar el daño real que se está ocasionando", son daños referidos por el perito pero para el inmueble 2-017227-000 que no es objeto de revisión en este proceso (ver imagen 562).
6. Que la sociedad actora, llevó a cabo -por decisión propia y como una medida paliativa para sostener la afectación producto del agua que ahí desfogaba, la construcción de una alcantarilla de cuadro, en la que fue su propiedad -el inmueble 2-177227-000-. Previo a esa construcción de la alcantarilla de cuadro, el agua que desfogaba en esa propiedad, discurría a cielo abierto. El encausamiento en la alcantarilla, produjo un acelaramiento del flujo del agua que continúa su trayecto hasta desfogar en el canal a cielo abierto que se ubica en el inmueble propiedad de la sociedad actora 2-109060-001 por ser colindantes. Es decir, estamos en presencia de una mejora a riesgo propio, que hizo la parte actora, pero esa mejora conllevó un aceleramiento del flujo del agua cuyo trayecto continúa por un canal a cielo abierto ubicado en la que actualmente es su propiedad, el inmueble 2-109060-001.
7. El Informe del perito Madriz, refiere en las imágenes 592 a 593 que, en la propiedad donde se ubica el canal a cielo abierto, el terreno está socavado y hace la estimación de la reparación del daño que observó en esa estructura. En este punto, debe recordarse que el canal fue construido por la Municipalidad -así lo manifestó la parte actora en su escrito de demanda y no se allegó prueba en contrario- por lo que, si hay eventuales daños, es la Municipalidad la que resulta afectada porque es una obra construida por ese ente. Aunado a lo dicho, como se expuso previo, producto de la construcción de la alcantarilla cuadrada en el inmueble 2-17227-000 que colinda con la propiedad de la sociedad actora, el agua que discurría antes a cielo abierto y se esparcía por todo el cauce, al ser "encausada" o "alcantarillada" sufre cambios en la velocidad y presión de su flujo y cae con mayor fuerza, lo que provoca socavación y daños en el cauce aguas abajo (ver declaración del testigo Jorge Gómez Picado).
Es decir, tiene la parte actora la consecuencia directa de una mejora propia (la alcantarilla construida en la que fue su propiedad) que produjo un riesgo igualmente propio, el aceleramiento en el flujo del agua que cae en el canal que pasa por su actual propiedad y que, se ve reducido por la fuerza con que llega el agua a ese punto. La situación descrita, a la luz de los presupuestos normativos y jurisprudenciales, así como el sentido común y la sana crítica, evidencian -en criterio de este Colegio- que el socavamiento que se afirma tiene el canal a cielo abierto, es producto de recibir aguas que vienen con mayor presión y fuerza al salir de la alcantarilla que fue construida por la sociedad actora, según explicó el testigo Gómez Picado, conocedor de la dinámica que se presenta en el lugar, por haber trabajado como ingeniero en la Municipalidad, según se informó a este Tribunal. A lo que se agrega que, no se demostró que las obras realizadas por la Municipalidad -fueran estas nuevas o fueran mejoras a las existentes- produjeran un aumento en el caudal del agua, un aceleramiento en el curso de las mismas o un desvió y un nuevo trayecto que aumentara la cantidad de agua y que por ello, haya socavamiento en el terreno por donde se ubica el canal a cielo abierto.
Corolario de lo expuesto, los daños alegados ni su autoría han sido demostrados, por lo que este extremo petitorio debe ser rechazado en todos sus extremos. La pretensión "3- Se condene a la Municipalidad de San Mateo al pago de los intereses legales correspondientes, por las sumas otorgadas por el Tribunal Contencioso Administrativo contabilizadas desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago". Al rechazarse los daños de igual forma resulta improcedente. Por último, el extremo petitorio "4- Se condene al ente Municipal al respectivo pago de las costas personales y procesales de la presente acción", es un pronunciamiento oficioso que se da en un Considerando aparte. Corolario de lo expuesto, la demanda incoada por Marsago S.A. contra la Municipalidad de San Mateo debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos.
Por las razones dadas en este pronunciamiento, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de San Mateo.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no observa este Tribunal motivo alguno para excepcionar la aplicación de tal máxima, por lo que, lo debido es imponerlas a la parte vencida. Se conceden los intereses legales que tal extremo genere, los que serán liquidados en fase de ejecución del presente fallo.
POR TANTO
Se admite la prueba para mejor resolver, ofrecida por las partes de este proceso en los términos señalados. Se acoge la falta de derecho opuesta por la Municipalidad de San Mateo. Consecuentemente se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la sociedad Marsago, S.A. Son las costas a cargo de la parte accionante y perdidosa, las que generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto. NOTIFÍQUESE. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUECES.
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