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Res. 00904-2024 Tribunal de Apelación de Trabajo de San José · Tribunal de Apelación de Trabajo de San José · 27/09/2024
OutcomeResultado
The Court confirms the existence of the employment relationship but revokes wage differences and overtime because it was piecework, and modifies the amounts for vacation, year-end bonus, severance notice and severance pay.El Tribunal confirma la existencia de la relación laboral pero revoca las diferencias salariales y horas extras por ser trabajo a destajo, y modifica los montos de vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía.
SummaryResumen
The San Jose Labor Appeals Court hears the appeal of a trial court decision that had jointly ordered the State (representing the 4-S Clubs National Foundation) and the Costa Rican Social Security Fund to pay wage differences and overtime, among others, to a group of women who worked in a maquila workshop sewing hospital clothing. The appellant mainly argues that there was no employment relationship with FUNAC 4-S because the foundation only coordinated with the Acosta Maquiladora Industrial Association, of which the plaintiffs were members, and that the payment system was piecework (per unit produced), so no differences with respect to minimum wage nor overtime were applicable. The Court confirms the existence of the employment relationship based on the institutional agreement and evidence, but revokes the wage differences and overtime precisely because the work was piecework, with no fixed schedule or time supervision. It also modifies the amounts of benefits (vacation, year-end bonus, severance notice and severance pay) based on the ₡50,000 monthly that the plaintiffs claimed to receive. It rejects the statute of limitations and upholds the costs.El Tribunal de Apelación de Trabajo de San José conoce la apelación contra la sentencia de primera instancia que había condenado solidariamente al Estado (en representación de la Fundación Nacional de Clubes 4-S) y a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de diferencias salariales y horas extras, entre otros, a un grupo de trabajadoras de un taller de maquila que confeccionaba ropa hospitalaria. La recurrente alega, principalmente, que la relación laboral no existía con FUNAC 4-S porque esta solo coordinaba con la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta, de la que las actoras eran agremiadas, y que el sistema de remuneración era a destajo (por unidad de obra), por lo que no procedían diferencias salariales respecto al salario mínimo ni horas extras. El Tribunal confirma la existencia de la relación laboral con base en el convenio institucional y la prueba, pero revoca las diferencias salariales y horas extras precisamente porque el trabajo era a destajo, sin jornada fija ni supervisión horaria. Además, modifica los montos de prestaciones (vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía) tomando como base los ₡50,000 mensuales que las actoras afirmaron recibir. Rechaza la prescripción y mantiene las costas.
Key excerptExtracto clave
"Piecework, also called per unit of output, is a system in which the direct remuneration is calculated based on the worker's output; that is, the wage is not fixed, it varies according to the effort the worker makes and the result obtained, increasing or decreasing according to the number of pieces produced by the worker in a given time. Thus, for example, a fixed compensation is assigned for each piece and the number of units produced during the workday multiplied by that remuneration base constitutes the daily wage (CABANELLAS (Guillermo) Compendio de Derecho Laboral , Tomo I, Bibliográfica OMEBA, Editores Libreros, Buenos Aires, 1968, pp. 596-597)” -Vote 279 of the Second Chamber of the Supreme Court of Justice at 9:35 a.m. on April 28, 2004-." "Now, as can be seen in the record, the organization 'Acosta Maquiladora Industrial Association' had self-management powers for organizing work, including the schedule; since, as the appellant points out, they worked on a piecework basis, i.e., the CCSS issued the purchase orders transferred to the workshops, which organized themselves to fulfill the tasks. None of the defendants carried out permanent supervision regarding compliance with work schedules, they did not set an 8-hour workday, nor did they require overtime work. Although the workshops received inspection visits, these were sporadic. Therefore, given the self-management of the workshops in organizing the work and that it was done on an order basis, the order to pay wage differences must be revoked, as well as the overtime, because the existence or the amount of hours worked beyond the ordinary workday was not proven.""El trabajo a destajo, también denominado por unidad de obra, consiste en un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del trabajador; es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado. Así, dicho a modo de ejemplo, por cada pieza se asigna una retribución fija y la cantidad de unidades producidas durante la jornada multiplicadas por esa base remuneratoria, constituye el salario diario (CABANELLAS (Guillermo) Compendio de Derecho Laboral , Tomo I, Bibliográfica OMEBA, Editores Libreros, Buenos Aires, 1968, pp. 596-597)” -Voto 279 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 9:35 horas del 28 de abril de 2004-." "Ahora bien, según se aprecia en autos la organización “Asociación Industrial de Maquilas de Acosta” contaba con facultades de autogestión para la organización del trabajo, incluido el horario; ya que, tal y como lo señala la parte recurrente, se trabajaba a destajo, es decir, la CCSS giraba las órdenes de pedido trasladadas a los talleres, los cuales se organizaban para cumplir con lo encomendado. Ninguna de las demandadas ejercía una supervisión permanente en cuanto al cumplimiento de horarios de trabajo, estas no fijaron una jornada laboral de 8 horas, ni tampoco exigían laborar horas extra. Si bien los talleres recibían visitas de inspección, estas eran esporádicas. De ahí que en vista de la autogestión de los talleres en cuanto a la organización del trabajo, y que el mismo se realizaba bajo pedido, la condenatoria al pago de diferencias salariales debe ser revocada, al igual que las horas extra, en virtud de que no se demostró la existencia, ni la cantidad de horas laboradas fuera de la jornada ordinaria laboral."
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"El trabajo a destajo, también denominado por unidad de obra, consiste en un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del trabajador; es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado."
"Piecework, also called per unit of output, is a system in which the direct remuneration is calculated based on the worker's output; that is, the wage is not fixed, it varies according to the effort the worker makes and the result obtained, increasing or decreasing according to the number of pieces produced by the worker in a given time."
Considerando V
"El trabajo a destajo, también denominado por unidad de obra, consiste en un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del trabajador; es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado."
Considerando V
"De ahí que en vista de la autogestión de los talleres en cuanto a la organización del trabajo, y que el mismo se realizaba bajo pedido, la condenatoria al pago de diferencias salariales debe ser revocada, al igual que las horas extra, en virtud de que no se demostró la existencia, ni la cantidad de horas laboradas fuera de la jornada ordinaria laboral."
"Therefore, given the self-management of the workshops in organizing the work and that it was done on an order basis, the order to pay wage differences must be revoked, as well as the overtime, because the existence or the amount of hours worked beyond the ordinary workday was not proven."
Considerando V
"De ahí que en vista de la autogestión de los talleres en cuanto a la organización del trabajo, y que el mismo se realizaba bajo pedido, la condenatoria al pago de diferencias salariales debe ser revocada, al igual que las horas extra, en virtud de que no se demostró la existencia, ni la cantidad de horas laboradas fuera de la jornada ordinaria laboral."
Considerando V
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V.Ruling: [...] Piecework (trabajo a destajo), also called work by the unit of work (por unidad de obra), consists of a system by which the direct remuneration is calculated based on the worker's output; that is, the salary is not fixed, it varies according to the effort the worker makes and the result obtained, increasing or decreasing according to the number of pieces produced by the worker in a given time. Thus, by way of example, a fixed remuneration is assigned for each piece and the number of units produced during the workday multiplied by that pay base constitutes the daily salary (CABANELLAS (Guillermo) Compendio de Derecho Laboral, Volume I, Bibliográfica OMEBA, Editores Libreros, Buenos Aires, 1968, pp. 596-597)"—Voto 279 of the Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia at 9:35 a.m. on April 28, 2004—.[...]
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CASE FILE:
PROCEEDING:
OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO PLAINTIFF(S):
DORIS JIMENEZ CHINCHILLA AND OTHERS DEFENDANT(S):
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL SECOND INSTANCE JUDGMENT No. N° 2024000904 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO OF THE I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECTION THREE. At one thirty-two p.m. on the twenty-seventh of September two thousand twenty-four.
Ordinary labor proceeding brought by Leyla María Prado Rodríguez, of legal age, single, supervisor and industrial operator, identity card number: 1-594-802, Kattia Ramírez Meza, of legal age, married once, industrial operator, identity card number: 1-824-385, Nancy Guiselle Castro Meza, of legal age, married once, industrial operator, identity card number 1-1095-327, Maribel Elizondo Rodríguez, of legal age, single, industrial operator, identity card number: 1-383-594, Doris Jiménez Chinchilla, of legal age, married, industrial operator, identity card number: 1-843-183; against Caja Costarricense del Seguro Social, legal ID number: 4-000-042147-03 represented by Rita María Arias González, in her capacity as General Judicial Attorney-in-Fact, Fundación Nacional de Clubes Cuatro -S (FUNAC 4-S) legal ID number: 3-006-045460 represented by Rodolfo Grant Trigueros in his capacity as president; and the Procuradora General de la República appeared for its representation in the person of Ana Lorena Pérez Mora, professional license number 5861, and against Asociación Industrial de Maquilas de Acosta.
Judge Garro Morales writes.
WHEREAS:
I.Background: a) Complaint: The plaintiff's side requests the following: "In accordance with the foregoing and with the provisions of the Código de Trabajo, we hereby bring a complaint against the Caja Costarricense de Seguro Social and against the Fundación Nacional de Clubes Cuatro S, so that by judgment of this authority, they are ordered to the following: A. Payment of severance pay (auxilio de cesantía) and notice (preaviso) for the entire employment relationship. B. Lost wages (salarios dejados de percibir) from the illegal dismissal, that is, from February 8, two thousand eight, until their effective payment. C. Vacation (vacaciones) for the entire employment relationship. D. Year-end bonuses (aguinaldos) for the entire employment relationship. E. Payment of all public holidays (días feriados) for the entire employment relationship. F. The differences from the minimum wage decrees for the entire employment relationship. G. All employer-worker contributions for the entire employment relationship. H. Overtime (horas extras) for the entire employment relationship, (see the complaint, visible on folios 1 to 4 of the physical file). b) Answer: the representative of the Caja Costarricense del Seguro Social answered the complaint negatively, requesting that her represented party be absolved from the payment of both costs of this proceeding, since once the employment relationship with the workshop workers was determined, according to the institution's inspection reports, it has negotiated in good faith. The State on behalf of (FUNAC 4-S), answered the complaint negatively, raised the defenses of lack of passive standing to be sued (falta de legitimación ad causam pasiva), necessary and incomplete passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario e incompleto), payment (pago), statute of limitations (prescripción), and lack of right (falta de derecho), which it requests be granted at the appropriate procedural moment and consequently, that the complaint be dismissed in all its claims, with the payment of both costs by the plaintiff's side. (see the answer brief of the Caja Costarricense del Seguro Social, visible on folios 31 to 35 of the file; as well as the State's answer, visible on folios 50 to 79 of the physical file). The President of the Fundación Nacional de Clubes 4-S answered the complaint negatively, raised the defenses of lack of active and passive standing, lack of right, and statute of limitations. He indicated that by virtue of the legal nature of the Fundación Nacional de Clubes 4-S and given its condition as an organ attached to the Ministerio de Agricultura y Ganadería, it lacks procedural capacity to be sued. For its part, the co-defendant Asociación Industrial de Maquila de Acosta, duly notified, according to the notification record visible on folio 405 of the physical file, did not appear in the record. d) Ruling. The lower court, by ruling at ten nine a.m. on June twenty-nine, two thousand twenty-two, resolved: "In accordance with the rules of law, jurisprudence analyzed, and grounds given, the statute of limitations defense is rejected, as well as the defense of necessary passive joinder of parties, the defenses of lack of passive standing to be sued, payment, and lack of right are partially granted. The complaint against the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta is dismissed. The complaint, brought by Leyla María Prado Rodríguez, Kattia Ramírez Meza, Nancy Guiselle Castro Meza, Maribel Elizondo Rodríguez, and Doris Jiménez Chinchilla, against the Caja Costarricense del Seguro Social, and against the Fundación Nacional de Clubes Cuatro -S represented by the Procuradora General de la República, is partially granted. As a consequence of the foregoing, the State (on behalf of the Fundación Nacional de Clubes Cuatro S) and the Caja Costarricense del Seguro Social must pay, jointly and severally, to each of the plaintiffs, the sum of three million one hundred eight thousand one hundred eighty-seven colones and forty-seven céntimos (¢3,108,187.47), for a global total amounting to fifteen million five hundred forty thousand nine hundred thirty-seven colones and thirty-three céntimos (¢15,540,937.33), as broken down below: The sum of seven million four hundred forty-one thousand six hundred seventy-five colones (¢7,441,675.00) at a rate of one million four hundred eighty-eight thousand three hundred thirty-five colones (¢1,488,335.00) per plaintiff, for salary differences. the sum of four million two hundred sixteen thousand three hundred forty colones and eighty-eight céntimos (¢4,216,340.88) for overtime hours (horas extraordinarias), at a rate of eight hundred forty-three thousand two hundred sixty-eight colones and eighteen céntimos (¢843,268.18) for each of the workers. The sum of one million two hundred sixty-nine thousand four hundred ninety-one colones and twenty-five céntimos (¢1,269,491.25) for notice (preaviso), at a rate of two hundred fifty-three thousand eight hundred ninety-eight colones and twenty-five céntimos (¢253,898.25) for each of the plaintiffs. The sum of eight hundred twenty-five thousand one hundred sixty-nine colones and thirty céntimos (¢825,169.30), for severance pay (cesantía), at a rate of one hundred sixty-five thousand thirty-three colones and eighty-six céntimos (¢165,033.86) for each of the plaintiffs; the sum of five hundred seventy-one thousand eight hundred forty-two colones and ninety céntimos (¢571,842.90) for vacation (vacaciones) at a rate of one hundred fourteen thousand three hundred sixty-eight colones and fifty-eight céntimos (¢114,368.58) for each of the plaintiffs. The sum of one million two hundred sixteen thousand four hundred eighteen colones (¢1,216,418.00) for year-end bonus (aguinaldo), at a rate of two hundred forty-three thousand three hundred eighty-three colones and sixty céntimos (¢243,383.60) for each of the plaintiffs. The defendant party is ordered to pay the contributions to the Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, which they have not consigned during the period of the employment relationships analyzed in this ruling; for the above, once this judgment is final, a certified copy of parts shall be issued to the Caja Costarricense del Seguro Social, so that they may proceed with the respective calculations. The complaint is dismissed regarding the claim of lost wages due to illegal dismissal, as well as regarding the 15% that FUNAC 4-S retained to cover administrative expenses, and it is also dismissed with respect to the public holidays claimed. The defendant party is ordered to pay legal interest on the sums ordered above from the moment each of the items granted to the former workers should have been paid, and until their effective payment, determined by the Tasa Básica Pasiva of the Banco Central de Costa Rica for six-month term deposit certificates. Said calculation shall be made in the execution of judgment phase, prior to the liquidation prepared by the plaintiff's side. It is declared that costs are borne by the defendants Caja Costarricense del Seguro Social; the State on behalf of the Fundación Nacional de Clubes 4-S, setting attorney's fees at fifteen percent of the judgment award. The Asociación Industrial de Maquilas de Acosta is exempted from the payment of costs. The parties are warned that this judgment admits an appeal which must be filed before this Court within a term of three days. Within that same term and before this judicial organ, the reasons of fact or law on which the appealing party bases its disagreement must also be stated verbally or in writing, under the warning of declaring the claim inadmissible. (Articles 464, 468, 495, 500 and 501 subparagraphs c and d of the Código de Trabajo.— Votos number 5798-98 and 1306-99 of the Sala Constitucional and number 386-99 of the Sala Segunda."). d) Appeal. This Tribunal hears this judgment on appeal, which the defendant party files against the first instance judgment.
II.Regarding jurisdiction. This proceeding is decided based on the regulations established in Law 2 Código de Trabajo, of August 27, 1943, prior to the reform of Law 9343 Procedural Labor. The Corte Plena in session No. 22-2024, held on May 20, 2024, article XXIX, agreed to expand the jurisdiction of the current Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito San José to also assume that of the Tribunal de Apelación de Trabajo located in the Segundo Circuito Judicial de San José, so that the cognizance of the second instance in labor matters from the Primer, Segundo, and Tercer Circuito Judicial de San José was unified into a single Tribunal, namely the Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, office budget code 1527, effective July 1, 2024, located in the Torres Judiciales del Primer Circuito Judicial de San José. It is for the foregoing that even though this matter entered for its cognizance to the Tribunal de Apelaciones del II Circuito Judicial located in Goicoechea, as it had not been decided before July 1, 2024, its cognizance now corresponds to the Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José.
III.Proven and unproven facts: The list of proven and unproven facts from the judgment under review is endorsed, as it is a faithful reflection of the evidentiary material incorporated into the litigation.
IV.Grounds for appeal: Ms. Ana Lorena Pérez Mora, in her capacity as Procuradora, files an Appeal, against the decision of the Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, by judgment No. 2022001337 at 10:09 a.m. on June 29, 2022, for the following grounds of grievance: "The foregoing, having reasoned in summary that there is an express acknowledgment by the Caja Costarricense de Seguro Social that there was an employment relationship between the workers, the CCSS, and FUNAC, these last two jointly and severally, as demonstrated in the administrative channel. As a corollary to the foregoing, the Court considered that, in light of the acceptance of the recognition of the existence of an employment relationship, and the Inspection reports of the Caja as highly qualified evidence, the employment relationship between the plaintiffs and the defendant Caja Costarricense del Seguro Social and Fundación Nacional de Clubes 45 is deemed proven, and, because the latter has instrumental legal personality, the State must also be ordered. Regarding the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta, it notes that it was demonstrated based on witness statements and depositions, that the workers, to be beneficiaries of the maquiladora program, had to form associations or cooperatives, so the complaint against it was dismissed in all its claims, by virtue of it being a requirement for the plaintiffs to be beneficiaries of the maquiladora program. The instance judge pointed out that the burden of proof falls on the employer party, who must demonstrate the payment of notice, severance pay, and overtime, having deemed the start of the salary relationship and a monthly salary of ¢50,000 accredited, despite not stating with what evidence it is accredited. Regarding the statute of limitations defense raised, it notes that as long as the worker is working under the orders of the same employer, the statute of limitations is interrupted, therefore the state representation's argument regarding worker contributions is not correct, additionally the workers were dismissed on February 8, 2008, and the complaint was filed on December 19, 2008. Furthermore, that the declaration of unconstitutionality of article 607 of the Código de Trabajo and the statute of limitations for rights prior to 1992 does not apply, since all the plaintiffs began in the year 2007. In the context set forth, the first ground of appeal for which it is petitioned to revoke what was resolved lies in the basis used to deem the existence of an employment relationship accredited. Regarding the responsibility attributed to FUNAC 4-S in the contested judgment, it concluded that in view that the Caja Costarricense de Seguro Social expressly recognized that in the administrative channel it was demonstrated that there was an employment relationship between the workers, the CCSS, and FUNAC, and having the Inspection reports of the Caja as highly qualified evidence, the employment relationship between the plaintiffs and the defendant Caja Costarricense del Seguro Social and Fundación Nacional de Clubes 45 is deemed proven, and, because the latter has instrumental legal personality, the State must also be ordered. In that context and according to the merit of the record, our first reproach consists of the fact that FUNAC 4-S’s participation as part of an employer relationship is deemed accredited, based solely on it having been accredited in an administrative procedure before the CCSS, despite this representation's opposition during this proceeding, and despite not having been part of the administrative procedure that reached that conclusion. As has been indicated throughout the proceeding, for the presumption regarding the existence of an employment contract to arise, it is necessary for the worker to demonstrate the personal provision of their services to the employer, so that, in the absence of proof of that fact, it is not possible to presume the existence of the employment relationship or the employment contract, and it is precisely for this reason that it is impossible to provide evidentiary elements of an employment relationship that never existed. In no way has the worker demonstrated the personal provision of their services in favor of FUNAC, and the evidence in the case file does not directly correlate FUNAC with the plaintiffs in an employment relationship, so that with respect to my represented party, it is not true that there existed an employment bond with the plaintiff, an aspect regarding which she had the burden of proof. From the foregoing it follows that: 1. The court should never have presumed the facts of the complaint as true, without first having accredited the personal provision of the service by the plaintiff to FUNAC 4-S, 2. nor should it have relieved the plaintiff of said evidentiary burden. Note that the evidence in the record only accredits that a series of strictly commercial maquiladora contracts were signed with several organizations; the contract made by FUNAC 4-S for the benefit of the CCSS, within the framework of the Agreement accredited in the record, was with the Cooperative, never with its members or workers individually considered, whose nature is merely commercial. Related to the foregoing and as a second reproach, it focuses on the admissibility of the evidence provided by the CCSS and its admission regarding the existence of labor responsibility, since it was not discredited by FUNAC and for affirming the latter's active participation in the relationship as the entity in charge of determining the individuals who would provide the service. In the first place, the relationship between the CCSS and FUNAC 4-S can in no way be taken as accreditation of the active participation of FUNAC as part of the employment relationship, since the function can only refer, at most, to coordination or cooperation and solely in commercial terms. The foregoing is all the more so if it is taken into consideration that in accordance with the law creating FUNAC 4-S (No. 2680 of November 22, 1960), at the time of the relevant facts herein, it was a semi-autonomous organ, attached to the Ministerio de Agricultura y Ganadería, whose purpose was the promotion and development of 4-S club programs in Costa Rica, through education and training strategies for youth and women in rural areas, seeking to improve their lives, as a social welfare alternative, as follows from its numeral 2, to the tenor: Article 2: The purposes are the following: a) Collaborate with the Servicio de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura in promoting the 4-S Club program. b) Elaborate and execute financing plans for the activities of the 4-S Clubs among State Institutions, associations, and private companies and individuals interested in the movement; c) Prepare their budgets; and d) Promote activities and events, such as camps, congresses, exhibitions, and exchanges of members and leaders, both nationally and internationally." Hence, starting from the fact that FUNAC 4-S’s relationship was only with groups, like the Association of interest here (Asociación Industrial de Maquilas de Acosta) to which they belonged, but not with any of the plaintiffs individually considered. In accordance with the foregoing and what is accredited in the record, FUNAC 4-S never hired the plaintiffs, and its sole purpose was to help them have a trade and organize themselves in such a way that they had the option of being hired by whoever was interested in their services, in accordance with the provisions of article 2 of the Law Creating the Fundación Nacional de Clubes 4-S (Law No. 2680 of November 22, 1960). So much so that the fact that FUNAC 4-S’s participation is limited to coordination and advisory aspects is clearly reflected in clause XII of the second article of the CCSS-FUNAC agreement, which establishes that said Foundation agrees to accompany the CCSS officials so that they carry out the respective supervisions. Secondly, it is confirmed that an employment relationship is present because the CCSS admitted the employment relationship and because a commercial relationship exists between it and FUNAC 4-S, in which the latter performed supervisory functions; the employment relationship exists. It is reiterated again that what was carried out internally by the co-defendant CCSS and the statement made by it, neither binds nor validly prejudges my represented party, who was never a party to that decision, nor had the opportunity to know and refute the supposed report on which the CCSS relied to reach the mentioned determination, the nature of which is in no way binding on my represented party, nor can it be taken as valid evidence to establish the existence of an employment bond between the plaintiff and FUNAC 4-S, and consequently with the State. This is evident from the administrative procedure in which FUNAC was in no way a party, and if the contrary has not been accredited, it is because the pertinent procedures are being carried out. In any case, from the simple report it is evident that FUNAC never had any participation and also did not exercise its right of defense, therefore the report itself cannot accredit the relationship by itself, nor can it be taken as an evidentiary element to accredit the employment relationship. In fact, if the existence of said report were hypothetically suppressed, there would be no other evidentiary element to deem the employment relationship accredited. In short, it is unavoidable that in the sub judice, what was determined internally by the co-defendant CCSS lacks binding effect and all validity, as well as what, based on that, is deemed accredited in the record, with total breach of my represented party's right of defense, as previously indicated. On the other hand, and as stated in the CCSS-FUNAC agreement, FUNAC 4-S’s participation was limited to coordination and advisory aspects, which is clearly reflected in clause XII of the second article of the agreement, so this cannot be taken as active participation and therefore the accreditation of an employment relationship. The agreement establishes that said Foundation agrees to accompany the CCSS officials so that they carry out the respective supervisions. It should be clarified that these supervisions and evaluations, in any case, are carried out by the Caja Costarricense del Seguro Social, not the Foundation, and they refer to the finished product (required quality), and not to the individuals who actually produced it. FUNAC 4-S does not provide, supervise, or technically prepare the personnel of the member Associations and Cooperatives for the performance of their duties, much less contracts, evaluates, or disciplines the associated "workers" individually. Within this context, once the maquiladora contract was formalized, the Association proceeded to manufacture the garments described in the work orders that FUNAC 4-S delivered on each occasion, according to the needs and guidelines that the CCSS had previously provided, given that the sole reason for the contract signed between the group in question and my represented party was to satisfy the purpose pursued by the aforementioned Agreement. It was within this framework that a commercial relationship was established, such that if the plaintiffs participated in the referred garment manufacturing, it could only have been in their capacity as members of the cited group to which they belonged, or as its workers and employees, and under none of those scenarios is it legally valid to attribute responsibility to FUNAC 4-S for the items that, being the object of the litigation, the cited group, or the CCSS, might have failed to pay them. As a third grievance, it lies in the exoneration of the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta from responsibility as the plaintiffs' employer, because its formation was a requirement for the workshop to operate. This despite the fact that, according to the provisions of articles 2, 15, 17, 67, 99, 105, 109 subsection a), 110 subsection c), 114 subsection b) and 131 of the Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo (No. 4179 of August 22, 1968 and its reforms); given that self-management cooperatives are voluntary associations of persons and not of capital that have full legal personality, with limited liability in which their members are democratically organized to satisfy their needs, while promoting their economic and social improvement, in which the motive of work, production, distribution, and consumption is service and not profit, and in which each member must fundamentally contribute their productive force or personal work, directly and irreplaceably, as it is an integral part of the social capital of the cooperative; there is no doubt that they constitute a business model designed to be directed by their own associates, and for the productive work constituting their object to be executed basically by themselves, so that the economic benefits obtained are divided proportionally to the work contribution each one makes, which is why, although the possibility of hiring salaried employees is restrictive or exceptional, when it occurs, it is the group as such that assumes the role of employer. Consistent with this, the courts of justice have defined that the Association is the entity that holds the condition of employer of the members working in the maquiladora workshops under the CCSS-FUNAC agreement, as highlighted by what was resolved by the Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León Cortés, in judgment No. 01-F-08 at 2:00 p.m. on January 29, 2008, as well as by the provision through judgment No. 19-2008 at 2:30 p.m. on December 1, 2008, of the Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus San Vito, which ordered the Caja Costarricense del Seguro Social to pay the social charges of the workers of Maquila Adonai, therefore at no time was my represented party considered by our Courts of Justice as the employer of the indicated maquiladora workshop. It should be recalled that associations behave as an independent legal entity and as such constitute individual centers of imputation regarding obligations that, as employers, they may have incurred with those who, without being members, have provided them services. Notwithstanding that an administrative contract was signed between that group and FUNAC 4-S, there is no doubt that no employment relationship with it and the plaintiffs could have existed (see in this sense articles 1, 11, 17, 24 of Law No. 218 of August 8, 1939 Ley de Asociaciones and its reforms). Hence, if in accordance with the terms of the maquiladora contract signed between FUNAC 4-S and said group, it was the Association who committed to FUNAC 4-S to provide hospital clothing maquiladora services according to the CCS clothing catalog, and taking into consideration that FUNAC 4-S never provided, supervised, or technically prepared the Cooperative's personnel for the performance of their duties, much less contracted, evaluated, or disciplined the associated "workers" individually. If the plaintiffs or some of them participated in the clothing manufacturing covered by the referred maquiladora contract, they could only have done so in their capacity as members of the cited group, in which case, and given its legal nature, no intermediary bond could have arisen between them individually considered and my represented party, or as workers at the account and risk of the former (hired by the cited group), therefore it must be the latter who answers for any labor-related items that might be owed to them. As a fourth ground of dissent, it lies in the granting to the plaintiffs of salary differences regarding the payment of the minimum wage despite the record accrediting that the plaintiffs earned a monthly income according to the number of garments manufactured, without the number of garments being documented, nor whether it was a constant amount; despite this, it considers that the income must be adjusted according to the minimum wage decrees for each period of time, also considering that they worked a schedule despite the absence of evidence of this.
Regarding this matter, it is insisted that no employment relationship exists, and therefore, no wage payment has been perpetuated; note that this violates the distribution of the burden of proof and incurs an erroneous assessment of the existing evidence, when it is taken as demonstrated that the plaintiffs earned a salary of ¢50,000.00, based on the fact that it was not discredited that the amount was different, a burden which fell on the plaintiffs. Based on the fact that no employment relationship exists, this representation could not demonstrate that the supposed amount of ¢50,000 (which has not been proven as such) does not correspond to the salary actually earned, precisely because it is not a salary and never has been, but rather the compensation for the garments actually made by the plaintiffs under the terms set forth in the referenced Cooperation Agreement (subscribed on October 15, 1987, by FUNAC 4-S and the CCSS; duly countersigned by the Office of the Comptroller General of the Republic on February 10, 1988). These administrative contracts called "maquila contracts," with different legal entities (cooperative associations), for the making of hospital clothing, according to the CCSS Clothing Catalog (see copy of the Agreement, as well as official letter No. 1552 of February 10, 1988, from the Office of the Comptroller General of the Republic which countersigned it); whose nature was strictly commercial not only because it was expressly so established in the Fifteenth clause of said contracts, but because nothing else can validly be inferred from the entirety of its clauses, so that relationship was established within the strict framework of the referenced contract and with whoever acted as President or Representative of the Organization, as the plaintiffs acknowledge in the eighth fact of the present lawsuit, but not with the members or workers of the organizations, which, as can clearly be seen, the plaintiffs confuse. In that sense, it cannot in any way be credited that the amount the plaintiffs received was for a salary, when in reality it was in their capacity as associates or workers of the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta, because my represented party never agreed with the plaintiffs nor with the Association on any type of contract (be it of an employment or commercial nature), FUNAC 4-S never acquired any commitment or labor debt with them, because it was never their employer. For this reason, one cannot start from the existence of an employment relationship, much less that the compensation was for ¢50,000 when the parties have not credited, with reliable evidence, that such was the case, and the obligation to prove otherwise cannot fall upon this representation when we are not in the presence of an employment relationship or an intermediary. In any case, we would be in the presence of piecework payment (pago a destajo), that is, according to the quantity of garments made. In that sense, the granting of salary differences in relation to the minimum wage with respect to the periods granted is not feasible, initially because it is not an employment relationship; despite this, in the event of considering that it were so, it is also not established regarding which work the minimum wage compensation would correspond, as it must be considered piecework (labor a destajo). The judgment does not consider how to calculate the minimum wage for the functions the plaintiffs performed, precisely because they are not established in an employment relationship and the services they provided were paid when the quality controls established by the CCSS were met, which would eventually be a piecework activity indeed, which would entail the payment previously determined, per unit produced. Observe that in the case file, neither the workday (jornada laboral) nor the schedule have been credited, which are the elements that could be taken into consideration to establish the existence of a fixed salary; instead, in the present matter, as is evidenced from the testimonial evidence, the garments made were paid according to the table established by the CCSS, and once they had been received to satisfaction. This completely discredits what is sought regarding the payment of salary differences for minimum wage since we are not in the presence of a salary; at most it would be a remuneration established per unit produced, so I request that such granting be rejected. As a fifth criticism, in the same vein as the previous point, the right to overtime is recognized by stating that my represented party and the CCSS did not exercise the burden of proof, taking as true the schedule described in the first fact of the lawsuit, and consequently, the overtime. Let us remember that both doctrinally and jurisprudentially, it has been established that in cases of claims for extraordinary time and unpaid holidays, the burden of proof (onus probandi) corresponds to the worker, because such items or circumstances are not essential, normal, and permanent aspects of the employment contract, but rather of an exceptional nature. Similarly, it has been established that their demonstration must also allow for their clear and concrete quantification in order not to leave the employer in a state of defenselessness. Only when the worker credits the foregoing does the employer's obligation to prove its payment arise, which the plaintiffs claim without any basis, especially with respect to my represented party, who never had an employment-related bond with them. Thus, this item must suffer the same fate as that of holidays, as the plaintiff party has not credited having worked overtime, especially when this representation opposed the facts, and while it did not provide counter-evidence, it was not due to negligence, but rather because, as has been reiterated, in the present matter we are NOT in the presence of an employment relationship, and, should it be considered otherwise, it is up to the plaintiff party to credit the extraordinary workday in accordance with Article 480 of the Labor Code, which HAS NOT happened in the present matter, so I request that said claim be declared without merit. The sixth criticism: the judge of first instance proceeds to reject the statute of limitations defense (excepción de prescripción) by considering that while the worker is working under the orders of the same employer, the statute of limitations is interrupted, so the state representation's argument regarding worker quotas is not correct, in addition to the fact that the workers were terminated on February 8, 2008, and the lawsuit was filed on December 19, 2008. Furthermore, the declaration of unconstitutionality of Article 607 of the Labor Code and the statute of limitations for rights prior to 1992 do not apply, since all the plaintiffs started in 2007. In that sense, the first point of claim is that the judge of first instance is incorrect in rejecting the statute of limitations by considering that the statute of limitations is interrupted while continuing to work for the same employer; despite that, former Article 607 of the Labor Code, current Article 418, establishes a one-year statute of limitations period for rights and actions, including those of social security, which do not originate directly in employment contracts; that is, it is independent of the employment relationship and therefore, the statute of limitations period is not interrupted. In accordance with said provision, the statute of limitations begins to run for workers from the moment they are in an effective position to claim their rights or execute the corresponding actions, and the plaintiffs could well have done so from the moment that, having supposedly started an employment contract with my represented party, they did not receive the respective employer order in time. From then on, they were in a position to assert their rights, which they did not do, so there is no doubt that the extinctive statute of limitations period established in the former provision 607 cited above and current 418 befell them, and for this reason, all the commented quotas that have arisen in legal life prior to December 19, 2007 (one year before the formalization of the lawsuit at hand) would be time-barred, jointly with their interest. Regardless of the existence or not of an employment relationship, the truth is that, in accordance with the provisions of cited former Article 607 and current Article 418 of the Labor Code, employer-employee quotas are based on a Special Law specific to social security, such as the Constitutive Law of the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Law No. 17 of October 22, 1943). So much so that the current wording is clear in specifying in Article 418 that: "Unless otherwise provided by law, all rights and actions arising from this Code, its regulations, and its related laws, including those of social security, which do not originate directly in employment contracts nor relate to legal disputes between employers and employees, shall prescribe in one year. This period shall run for the former; from the occurrence of the respective event or from when they became aware of it, and for the latter and other interested persons from the moment they are in an effective position to claim their rights or to exercise the corresponding actions." By reason of the foregoing, and seeing that the plaintiffs always had or understood the CCSS as the employer and consequently, had clarity and full knowledge of who could, in their view, be violating their labor rights (CCSS or FUNAC 4S) from the time they began providing their services; it is that the applicable statute of limitations is the one established in cited Article 607 of the Labor Code or current 418, that is, the one that begins to run for workers from the moment they are in an effective position to claim their rights or execute the corresponding actions, and the plaintiffs could well have done so from the moment that, having supposedly started an employment contract with the CCSS, they did not receive the respective employer order in time, as I respectfully request be clearly established and the appealed judgment be revoked in this regard. As a second point, it is completely omitted that FUNAC 4-S already paid, although erroneously, the quotas subject to collection to Mrs. Leyla María Prado Rodríguez in the years 2005, 2006, and 2007 as set forth and recorded in official letter No. ARCA-SST-3518-B-10 of August 11, 2010, as well as the Quota Study Report, so the order regarding this item must be rejected for the indicated periods. Finally, as a seventh grievance, it lies in the fact that my represented party, jointly with the CCSS, is ordered to pay personal costs (costas personales) at a rate of fifteen percent of the judgment amount (15%), even though Article 563 of the Labor Code and 73.2 of the Civil Procedure Code authorize the exemption of costs, when, as in the case at hand, the ruling admits important defenses invoked by the losing party, which substantially modify what was sought, and the propositions have partially succeeded, as occurs in the case under examination, where the defense of lack of right was upheld regarding the items of lost wages, holidays, as well as the required refund of the 15% deducted by FUNAC 4-S. In that sense, the court did not justify the reasons why it does not exempt this representation from the payment of costs, despite being in a scenario of exception under the terms of the referenced Labor Code and Civil Procedure Code, so I request that my represented party be exempted from the payment of costs. In sum and under the terms set forth, with all due respect, I request that the aforementioned ruling be revoked, and that what is appropriate under the law regarding each of the formulated grievances be ordered."
V.Ruling: The representative of the State states that the first ground of grievance lies in the basis used by the appealed judgment to find the existence of an employment relationship as accredited. She alleges that FUNAC 4-S's participation as part of an employment relationship is taken as accredited, based solely on the fact that it was credited in the administrative proceeding before the CCSS, despite said representation's opposition during that process, and the fact that it was not a party to the administrative proceeding. In this regard, the appellant party is not correct, because as was credited, the Caja Costarricense del Seguro Social and the Fundación Nacional de Clubes 4-S, entered into a cooperation agreement starting in 1985 and until February 10, 2008, for the purpose of carrying out cutting and sewing workshops for clothing required for the provision of health services, according to the agreement visible on folios 79 to 84 of the physical file, and the testimony of Yorleni Víquez Vargas and Bernal Méndez Arias. FUNAC 4-S signed a contract for Maquila services with the Asociación Industrial de Maquila de Acosta on February 7, 2006, for the latter to make garments from the Caja Costarricense del Seguro Social clothing catalog, according to the contract added to the physical file on folios 87 to 88, as well as the testimony of Bernal Méndez Arias. The plaintiffs were part of the Asociación Industrial de Maquila de Acosta, were engaged in making garments for the Caja Costarricense del Seguro Social, and received work orders from FUNAC 4S, as listed in each of the proven facts contained in the recital section of the appealed judgment. Therefore, the basis for finding the existence of the employment relationship between the parties as accredited did not lie solely in the Caja's Inspection reports, which, in any case, as the appellant party herself states, constitute qualified evidence, a reason why the grievance must be rejected. Regarding the second ground of grievance, the appellant party alleges that FUNAC did not discredit its active participation in the relationship as being in charge of determining the persons who would provide the service. She argues that FUNAC never hired the plaintiffs, that FUNAC 4S's relationship was only with groups, such as the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta. In this regard, the appellant party is also not correct, because the Fundación Nacional de Clubes 4-S was created by Law No. 2680, of November 19, 1960, as a semiautonomous body aimed at promoting and better developing the programs of the Clubes 4-S in Costa Rica. Its direction was left in charge of the Ministry of Agriculture, as part of the Servicio de Extensión Agrícola, and among its purposes was that of collaborating with said Service in promoting the Clubes 4-S program. The law was issued with the aim of strengthening the movement of those Clubs, which had been operating in the country since August 1949. Subsequently, by Law No. 9056 of July 23, 2012, its nature changed to that of Consejo Nacional de Clubes 4-S, as a minimal deconcentration body of said Ministry. Its functions were redefined more clearly, in what is relevant, as follows: “To develop and coordinate actions aimed at the community organization of children, youth, and adult women in rural areas of the country, through their integration and formation into Clubes 4-S, to which it will provide, with equity and a gender perspective, advice for their organization, training for the promotion of production, and accompaniment in the development of agricultural, agro-industrial, forestry, environmental, artisanal, and tourism projects, as well as the promotion of values based on their philosophical principles related to health, knowledge, feelings, and service” (Article 2, subsection a), of the last cited law). Within this scope of action, FUNAC 4-S, on October 15, 1987, signed an institutional cooperation agreement with the Caja Costarricense de Seguro Social. In adopting this agreement, the following circumstances were taken into account: “Considering that the institutions indicated above have deemed it of fundamental importance to promote the creation of workshops for clothing production, as a real mechanism for employment generation and the participation and incorporation of Costa Ricans into the national productive process in a way that allows raising the socioeconomic level of its members, and aware of the serious crisis that the Caja is going through in the making and supply of hospital garments, they agree to sign this agreement”. From the transcribed text, it is evident that the agreement was adopted for the purpose of solving a pressing and basic need of the Caja Costarricense de Seguro Social. By virtue of the agreement, FUNAC 4-S assumed the following commitments: “a) Coordinate the activities and tasks of the clothing production stages and the start-up and implementation of the enterprises in the different communities or groups; b) collaborate in the financing for the start of production projects through payment while the payment process before the Caja lasts, subsequently recovering these advances by collecting them from the payment made by the Caja; c) collaborate with the preparation of pre-feasibility and feasibility studies to guarantee that the clothing production projects are profitable and lasting; d) collaborate with the coordination of the development of training activities for the 4-S partners who are included in clothing production projects; e) when requested by the Caja Costarricense de Seguro Social, FUNAC will carry out in its workshop the cutting of garments assigned to it, with the Caja providing the fabrics and cutting patterns necessary for this requirement; f) from the rate established by the Caja, FUNAC 4-S will charge 15% for the purpose of covering the indirect costs of the project, such as administration, supervision, follow-up, and evaluation; g) supervise that each workshop performs the count of the assigned order, both upon receipt and delivery of materials; h) supervise that each workshop takes charge of the material transport and finished product services; i) be responsible for the use and destination of the raw materials and materials delivered by the Caja; j) be responsible for ensuring that the preparation is carried out according to the quality characteristics stipulated by the Caja and that the supervision work is performed jointly by specialized personnel from the Caja and FUNAC; k) finally, it assumed the obligation to transport the Caja supervisor to the different community workshops, for which it had to provide the respective vehicle.” In furtherance of fulfilling the referenced agreement, FUNAC 4-S proceeded to contact different persons or workshops so that they would organize, form associations, and register as Clubes 4-S; so that, in this way, they could access the work of making the clothing required by the Caja. As can be seen, this was the organization required or imposed by FUNAC, so that the persons could provide that service to the Caja, hence the State's argument that contracts were made with legal entities and that this therefore excludes the employment link is not sufficient to resolve as it intends. In the third ground of grievance, the appellant criticizes that the Asociación Industrial de Maquilas de Acosta is exempted from liability as the plaintiffs' employer, given that its constitution was a requirement for the workshop to operate. It is for this circumstance that the appellant is not correct, in expressing disagreement with the decision to have excluded the Association from liability, since the formation of the different persons into that type of organization was a necessary condition to be able to work on making the hospital clothing required by the Caja, without them really exercising an employer role, so the grievance must be rejected. The fourth and fifth grounds of grievance lie in the granting to the plaintiffs of wage differences regarding the minimum wage payment, and the recognition of overtime. The State's representation complains about the way the salary received by the plaintiffs has been established, by virtue of it being a piecework contract (contrato a destajo), which is paid per productive unit and is not subject to the minimum wage, and in the same sense, she alleges that as the plaintiff party has not credited having worked overtime in accordance with Article 480 of the Labor Code, she requests that said claim be declared without merit. Piecework (trabajo a destajo), also called by unit of work, consists of a system by which direct remuneration is calculated based on the worker's performance; that is, the salary is not fixed, it varies according to the effort the worker makes and the result obtained, increasing or decreasing according to the quantity of pieces produced by the worker in a given time. Thus, by way of example, a fixed remuneration is assigned for each piece and the quantity of units produced during the workday multiplied by that remunerative base, constitutes the daily salary (CABANELLAS (Guillermo) Compendio de Derecho Laboral , Tomo I, Bibliográfica OMEBA, Editores Libreros, Buenos Aires, 1968, pp. 596-597)” -Voto 279 of the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of 9:35 a.m. on April 28, 2004-. Now, as can be seen in the case file, the organization “Asociación Industrial de Maquilas de Acosta” had self-management powers for the organization of work, including the schedule; since, as the appellant party points out, work was done on a piecework basis (a destajo), that is, the CCSS issued the purchase orders transferred to the workshops, which organized themselves to fulfill what was entrusted. None of the defendants exercised permanent supervision regarding compliance with work schedules, they did not set an 8-hour workday (jornada laboral), nor did they require working overtime. Although the workshops received inspection visits, these were sporadic. Hence, given the self-management of the workshops regarding work organization, and that the work was done on demand, the judgment to pay wage differences must be revoked, as well as overtime, because the existence and the quantity of hours worked outside the ordinary workday were not demonstrated. Once it is determined that the work was piecework (a destajo), it remains to establish the plaintiffs' salary in order to calculate the employment benefits that correspond to them. It is an uncontested fact that the payment for the pieces produced was directed in its entirety to the latter association, but this internal distribution of these earnings that the workers made is unknown. For this reason, and based on the fact that the plaintiffs indicated they received the sum of ¢50,000.00 monthly, it is on this amount that the following items are recalculated according to the duration of the employment relationship previously established by the lower court –11.78 months– and not contested in this instance; based on this, each of the plaintiffs must be paid: i) for vacation (vacaciones) ¢23,333, an amount obtained by dividing 50,000 by 30 days of the month, yielding a daily salary of ¢1,666.66 multiplied by 14 days of vacation; ii) for Christmas bonus (aguinaldo) ¢44,916, an amount obtained by dividing 50,000 by 12 months and then multiplying the factor by 10.78; iii) one month of notice (preaviso) equivalent to ¢50,000; iv) 19.5 days of salary for severance pay (cesantía) for an equivalent of 32,500, resulting from multiplying the value of one day (¢1,666.66) by 19.5 days. The sixth ground of grievance refers to the rejection of the statute of limitations defense (excepción de prescripción). In this regard, the plaintiff party is not correct. The State's representative argues that the action should be declared time-barred, because the rule provides that the calculation of the statute of limitations periods begins when the party was in a position to claim their right. The institute of negative prescription has been established as one of the modes of extinguishing obligations and, for it to operate, the mere passage of a certain time, without the holder of the right having claimed it by exercising the respective action, is sufficient. This figure seeks for legal dealings to unfold in an atmosphere of certainty, as this constitutes a value protected by the legal system. This topic constitutes the central aspect of the appeal. To this end, in the preceding instance, it was proven that the plaintiffs stopped working in the workshop in February 2008, when they were notified that the Caja's contract with the Fundación Nacional de Clubes 4-S was being rescinded (proven fact 14 of the first-instance judgment). In the case file, it was clear that the provision of service that the plaintiffs provided arose by reason of the agreement signed between the defendants on October 15, 1987; so it can be affirmed that the link that united the parties to this proceeding was subject to the validity of that agreement. For the above reasons, this Tribunal concludes that in accordance with the provisions of the wording of former Article 602 of the Labor Code (applicable to the matter pursuant to Transitory Provision II of the so-called Procedural Labor Reform) which –expressly– stipulates: “Unless otherwise specifically provided, all rights and actions arising from employment contracts shall prescribe within one year, counted from the date of termination of said contracts”, the plaintiffs had one year from the termination of the employment relationship to claim in defense of their rights; which they did. The lawsuit was filed on December 19, 2008, so the prescriptive period had not run. The seventh grievance refers to personal costs (costas personales). On this point, the rule is to impose said obligation on the losing party (Article 221, former Civil Procedure Code applicable under Transitory Provision I, subsection 2, by remission of provision 452 of the previous Labor Code). Pursuant to provision 222 of the same code, the judge may exercise the legal power to exempt from that payment when any of the scenarios provided for in the rule are present. Having analyzed the present matter and in accordance with the decision in the preceding recital, it is evident that while only some of the claims were upheld, these constitute an important and fundamental part of what was requested in the lawsuit, which implies that the defendant party lost in that regard, without the exemption ground alleged by the appellant being apparent.
VI.Conclusion: As a corollary to the foregoing, the ruling is revoked insofar as it ordered the payment of wage differences regarding the legal minimum, an item that must be denied, as well as overtime, which is also denied. The calculations made regarding the items described below must also be modified. Each of the plaintiffs must be paid: i) for vacation (vacaciones) ¢23,333; ii) for Christmas bonus (aguinaldo) ¢44,916; iii) for notice (preaviso) equivalent to ¢50,000; iv) for severance pay (cesantía) an equivalent of 32,500. For the rest, subject to grievance, the appealed judgment is confirmed.
THEREFORE:
The ruling is revoked insofar as it ordered the payment of wage differences and the payment of overtime; both items are denied. The calculations regarding the items described below are modified. To each of the plaintiffs Leyla María Prado Rodríguez, Kattia Ramírez Meza, Nancy Guiselle Castro Meza, Maribel Elizondo Rodríguez, Doris Jiménez Chinchilla, must be paid: i) for vacation (vacaciones) ¢23,333; ii) for Christmas bonus (aguinaldo) ¢44,916; iii) for notice (preaviso) equivalent to ¢50,000; iv) for severance pay (cesantía) an equivalent of 32,500. For the rest, subject to grievance, the appealed judgment is confirmed.
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ANGELA GARRO MORALES - DECISOR JUDGE ???????????????
INGRID GREGORY WANG - DECISOR JUDGE ???????????????
RONNY GERARDO ARIAS CORRALES - DECISOR JUDGE Barrio González Lahmann, Torre Judicia1 Building. Ninth floor. Telephones: 2212-0110. Fax: 2295-3627. Email: [email protected] Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial.
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° N° 2024000904 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN TERCERA. A las trece horas treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre de dos mil veinticuatro.
Proceso ordinario laboral establecido por Leyla María Prado Rodríguez, mayor de edad, soltera, supervisora y operaria industrial, cédula de identidad número: 1-594- 802, Kattia Ramírez Meza, mayor de edad, casada una vez, operaria industrial, cédula de identidad número: 1-824-385, Nancy Guiselle Castro Meza, mayor de edad, casada una vez, operaria industrial cédula de identidad número 1-1095-327, Maribel Elizondo Rodríguez, mayor de edad, soltera, operaria industrial, cédula de identidad número:1-383-594, Doris Jiménez Chinchilla, mayor de edad, casada, operaria industrial, cédula de identidad número: 1-843-183; contra de Caja Costarricense del Seguro Social, cédula jurídica número: 4-000-042147-03 representada por Rita María Arias González, en condición de Apoderada General Judicial, Fundación Nacional de Clubes Cuatro -S (FUNAC 4-S) cédula jurídica número: 3-006-045460 representada por Rodolfo Grant Trigueros en condición de presidente; y para su representación se apersonó la Procuradora General de la República en la persona de Ana Lorena Pérez Mora carné profesional 5861 y contra Asociación Industrial de Maquilas de Acosta.
Redacta la Jueza Garro Morales.
CONSIDERANDO:
I.Antecedentes: a) Demanda: Solicita la parte actora lo siguiente: "De conformidad con lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo nos presentamos a establecer demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social y contra la Fundación Nacional de Clubes Cuatro S, para que mediante sentencia de esta autoridad, se les condene a lo siguiente: A. Pago de Auxilio de cesantía y preaviso de toda la relación laboral. B. Salarios dejados de percibir desde el ilegal despido, o sea desde el ocho de febrero del año dos mil ocho, hasta su efectivo pago. C. Vacaciones de toda la relación laboral. D. Aguinaldos de toda la relación laboral. E. Pago de todos los días feriados de toda la relación laboral. F. Las diferencias de los decretos de salarios mínimos de toda la relación laboral. G. Todas las cuotas obrero-patronal de toda la relación laboral. H. Horas extras de toda la relación laboral, (ver el escrito de la demanda, visible a folios 1 al 4 del expediente físico). b) Contestación: la representante de Caja Costarricense del Seguro Social contestó negativamente la demanda, solicita se absuelva a su representada del pago de ambas costas de este proceso, por cuanto ésta una vez que se determinó la relación laboral con las trabajadores de los talleres, de acuerdo a los informes de inspección de la institución, ha tenido la buena fe de negociar. EL Estado en representación de (FUNAC 4-S), contestó negativamente la demanda, opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, litis consorcio pasivo necesario e incompleto, pago, prescripción y falta de derecho, las cuales solicita se acojan en el momento procesal oportuno y en consecuencia, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, con el pago de ambas costas a cargo de su gestora. (ver el escrito de contestación de la Caja Costarricense del Seguro Social, visible a folios 31 al 35 del expediente; así como la contestación del Estado, visible a folios 50 al 79 del expediente físico). El Presidente de la Fundación Nacional de Clubes 4-S, contestó negativamente la demanda, opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, y prescripción. Indicó que en virtud de la naturaleza jurídica de la Fundación Nacional de Clubes 4-S y dada su condición de órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, carece de capacidad procesal para ser demandada. Por su parte, la codemandada Asociación Industrial de Maquila de Acosta, debidamente notificada, según el acta de notificación visible a folio 405 del expediente físico, no se apersonó a los autos. d) Resolución. EL Aquo por resolución de las diez horas nueve minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, resolvió: "De conformidad con las normas de derecho, jurisprudencia analizada, y fundamentos dados, se rechaza la excepción de prescripción, así como la de litis consorcio pasivo necesario, se acogen parcialmente las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, pago, y falta de derecho. Se rechaza la demanda en contra de la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta. Se declara parcialmente con lugar la demanda, establecida por Leyla María Prado Rodríguez, Kattia Ramírez Meza, Nancy Guiselle Castro Meza, Maribel Elizondo Rodríguez, y Doris Jiménez Chinchilla, en contra de Caja Costarricense del Seguro Social, y en contra de Fundación Nacional de Clubes Cuatro -S representada por Procuradora General de la República. Como consecuencia de lo anterior, deberá el Estado (en representación de la Fundación Nacional de Clubes Cuatro S) y la Caja Costarricense del Seguro Social, cancelar, de forma solidaria, a favor de cada una de las actoras, la suma de tres millones ciento ocho mil ciento ochenta y siete colones con cuarenta y siete céntimos (¢3,108,187.47), para un total global que asciende a quince millones quinientos cuarenta mil novecientos treinta y siete colones con treinta y treinta y tres céntimos (¢15,540,937.33), según se desglosa a continuación: La suma de siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y cinco colones (¢7,441,675.00) a razón de un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y cinco colones (¢1,488,335.00), por concepto de diferencias salariales para cada una de las actoras. la suma de cuatro millones doscientos dieciséis mil trescientos cuarenta colones con ochenta y ocho céntimos (¢4,216,340.88) por concepto de horas extraordinarias, a razón de ochocientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y ocho colones con dieciocho céntimos (¢843,268.18) para cada una de las trabajadoras. La suma de un millón doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un colones con veinticinco céntimos (¢ 1, 269, 491.25) por concepto de preaviso, a razón de doscientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho colones con veinticinco céntimos (¢ 253,898.25) para cada una de las actoras. La suma de ochocientos veinticinco mil ciento sesenta y nueve colones con treinta céntimos (¢ 825 169,30), por concepto de cesantía, a razón de ciento sesenta y cinco mil treinta y tres colones con ochenta y seis céntimos (¢165 033,86) para cada una de las actoras; la suma de quinientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos colones con noventa céntimos (¢ 571 842,90) por concepto de vacaciones a razón de ciento catorce mil trescientos sesenta y ocho colones con cincuenta y ocho céntimos (¢114,368.58) por cada una de las actoras. La suma de un millón doscientos dieciséis mil cuatrocientos dieciocho colones (¢1,216,418.00) por concepto de aguinaldo, a razón de doscientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y tres colones con sesenta céntimos (¢243,383.60) a favor de cada una de las actoras. Se condena a la parte demandada, al pago de las cuotas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que no hubieren consignado durante el período de las relaciones laborales analizadas en este fallo, para lo anterior, firme esta sentencia se expedirá testimonio de piezas para ante la Caja Costarricense del Seguro Social, a fin de que procedan con los respectivos cálculos. Se rechaza la demanda en cuanto al extremo de salarios dejados de percibir por el despido ilegal, así como con respecto al 15% que se dejó la FUNAC 4-S para hacerle frente a los gastos administrativos y también se rechaza con respecto a los días feriados reclamados. Se condena a la parte accionada al pago de los intereses legales sobre las sumas antes condenadas a partir del momento en que debieron de cancelarse cada uno de los extremos otorgados a las ex trabajadoras, y hasta su efectivo pago, los mismos serán fijados por la Tasa Básica Pasiva del Banco Central de Costa Rica para los certificados de depósito a plazo de seis meses. Dicho cálculo se realizará en ejecución de sentencia, previo a la liquidación que realice la parte actora. Se declara que las costas son a cargo de las demandadas Caja Costarricense del Seguro Social; El Estado en representación de la Fundación Nacional de Clubes 4-S, fijándose los honorarios de abogado en un quince por ciento de la condenatoria. Se exime del pago de costas a la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta. Se advierte a las partes que esta sentencia admite recurso de apelación el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano judicial, también deberán exponerse en forma verbal o escrita los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el reclamo. (Artículos 464, 468, 495, 500 y 501 incisos c y d del Código de Trabajo.- Votos número 5798-98 y 1306-99 de la Sala Constitucional y número 386-99 de la Sala Segunda.". d) Recurso. Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación que contra la sentencia de primera instancia interpone la parte demandada.
II.Sobre la competencia. Se falla este proceso con base en la normativa establecida en la Ley 2 Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, previo a la reforma de la Ley 9343 Procesal Laboral. La Corte Plena en sesión N° 22-2024, celebrada el 20 de mayo de 2024, artículo XXIX, acordó la ampliación de competencia del actual Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito San José para que asuma también del Tribunal de Apelación de Trabajo ubicado el Segundo Circuito Judicial de San José, de manera que se unificó el conocimiento de la segunda instancia en materia de trabajo provenientes del Primer, Segundo y Tercer Circuito Judicial de San José, en un único Tribunal, a saber en el Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, código presupuestario de oficina 1527, a partir del 1 de julio de 2024, situado en la Torre Judicial del Primer Circuito Judicial de San José. Es por lo anterior que aún y cuando este asunto ingresó para su conocimiento al Tribunal de Apelaciones del II Circuito Judicial ubicado en Goicoechea, al no haberse fallado con anterioridad al 1 de julio de 2024, es que su conocimiento ahora compete al Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José.
III.Hechos probados y no probados: Se avala la lista de hechos probados y no probados del fallo que se conoce, por ser fiel reflejo del material probatorio incorporado al litigio.
IV.Agravios: La licenciada Ana Lorena Pérez Mora, en su condición de Procuradora interpone Recurso de Apelación, contra lo dispuesto por el Juzgado de Trabajo de II Circuito Judicial de San José, por sentencia N°2022001337 de las 10:09 horas del 29 de junio de 2022, por los siguientes motivos de agravio: "Lo anterior, tras haber razonado en síntesis que consta el reconocimiento expreso de la Caja Costarricense de Seguro Social que hubo una relación laboral entre las trabajadoras, la CCSS y FUNAC, estas dos últimas en forma solidaria y mancomunada, según se demostró en vía administrativa. Corolario de lo anterior, consideró el Juzgado que, frente a la aceptación del reconocimiento de la existencia de relación laboral, y los informes de Inspección de la Caja en carácter de prueba muy calificada, se tiene como demostrada la relación laboral entre las actoras y la demandada Caja Costarricense del Seguro Social y Fundación Nacional de Clubes 45, y, por tener ésta personería jurídica instrumental, se debe condenar también al Estado. Respecto de la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta, señala que quedó demostrado con base en declaraciones de los testigos y confesionales, que las trabajadoras para ser beneficiarias del programa de maquila, debían de formarse en asociaciones o cooperativa, por lo que la demanda contra ésta se declaró sin lugar en todos sus extremos, en virtud de que se trataba de un requisito para que las actoras fueran beneficiarias del programa de maquila. Señaló el juez de instancia, que la carga de la prueba recae sobre la parte empleadora, quien deberá demostrar la cancelación de preaviso, cesantía, y horas extras, teniendo por acreditado el inicio de relación salarial y el salario de ¢50.000 mensuales, pese a no referir con qué prueba lo acredita. Respecto de la excepción de prescripción opuesta, señala que, mientras la persona trabajadora se encuentre Iaborando a las órdenes de un mismo patrono la prescripción se interrumpe, por lo que no lleva razón la representación estatal en su argumento respecto de las cuotas obreras, además que las trabajadoras fueron cesadas el 08 de febrero del 2008 y la demanda fue incoada el 19 de diciembre del 2008. Además, que no aplica la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 607 del Código de Trabajo y la prescripción de derechos anteriores a 1992 ya que todas las actoras ingresaron en el año 2007. En el contexto expuesto, el primer motivo de apelación por el que se peticiona revocar lo resuelto, radica en cuanto al fundamento que utiliza para tener por acreditada la existencia de una relación Iaboral. Respecto de la responsabilidad que se le atribuye a FUNAC 4-S en la sentencia impugnada, concluyó que en vista que la Caja Costarricense de Seguro Social reconoció expresamente que en vía administrativa se demostró que hubo una relación laboral entre las trabajadoras, la ccss y FUNAC, y teniendo los informes de Inspección de la Caja en carácter de prueba muy calificada, se tiene como demostrada la relación laboral entre las actoras y la demandada Caja Costarricense del Seguro Social y Fundación Nacional de Clubes 45, y, por tener ésta personería jurídica instrumental, se debe condenar también al Estado. En ese contexto y acorde con el mérito de los autos, nuestro primer reproche consiste en que se tiene por acreditado la participación de FUNAC 4-S como parte de una relación patronal, partiendo únicamente de que fue acreditado en procedimiento administrativo ante la CCSS, a pesar de la oposición de esta representación durante este proceso, y de no haber formado parte del procedimiento administrativo que llega a dicha conclusión.Tal y como se ha indicado a Io largo del proceso, para que la presunción sobre la existencia de un contrato de trabajo pueda darse, es necesario que la parte trabajadora demuestre la prestación personal de sus servicios a favor de la parte empleadora, de modo que, en ausencia de la demostración de ese hecho, no es posible presumir la existencia de la relación laboral o del contrato de trabajo y precisamente es por esto que es imposible aportar elementos probatorios de una relación laboral que nunca existió. En forma alguna la parte trabajadora ha demostrado la prestación personal de sus servicios en favor de FUNAC y la prueba que consta en el expediente no correlaciona directamente a la FUNAC con las actoras en una relación de carácter laboral, de manera que en lo que a mi representado concierne, no es cierto que haya existido un vínculo de naturaleza laboral con la actora, aspecto en torno al cual ella tenía la carga de la prueba.De lo expuesto se colige que: 1. Nunca debió el juzgado presumir como ciertos los hechos de la demanda, sin antes tener por acreditado la prestación personal del servicio de la parte actora ante la FUNAC 4-S, 2. tampoco debió relevar a la parte actora de dicha carga probatoria. Véase que la prueba que consta en autos acreditan únicamente que se suscribió una serie de contratos de maquila de índole estrictamente mercantil con varias organizaciones, el contrato hecho por la FUNAC 4-S en beneficio de la CCSS, en el marco del Convenio acreditado en autos, lo fue con la Cooperativa más nunca con sus integrantes o trabajadoras individualmente consideradas, cuya naturaleza es meramente mercantil. Relacionado con lo anterior y como segundo reproche, se centra en la admisibilidad de la prueba aportada por la CCSS y la admisión de esta respecto de la existencia de una responsabilidad laboral, por cuando no fue desacreditado por la FUNAC y por afirmar la participación activa de ésta en la relación como encargada de determinar las personas que brindarían el servicio. En primer lugar, la relación entre la CCSS y FUNAC 4-S en forma alguna puede tenerse como una acreditación de la participación activa de la FINAC como parte de la relación laboral, ya que la función a lo más que puede referirse es de coordinación o cooperación y en términos mercantiles únicamente. Lo anterior máxime si se toma en consideración que de conformidad con la ley de creación de la FUNAC 4-S (N° 2680 del 22 de noviembre de 1960), para la época de los hechos de interés aquí, ésta era un órgano semi autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyo fin era el fomento y desarrollo de los programas de los clubes 4-S en Costa Rica, a través de estrategias de educación y formación de juventudes y mujeres de las zonas rurales, en pos de mejorar sus vidas, como una alternativa de bienestar social, conforme se desprende de su numeral 2, a cuyo tenor: Artículo 2°: Los fines son los siguientes: a) Colaborar can el Servicio de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura en la promoción de/ programa de /os Clubes 4-5. D) Elaborar y ejecutar planes de financiación de actividades de /os Clubes 4-S entre las Instituciones del Estado, las asociaciones y empresas particulares y personas interesadas en e/ movimiento; c) Elaborar sus presupuestos; y d) Promover actividades y eventos, tales como campamentos congresos, exposiciones e intercambio de socios y líderes, tanto en el ámbito nacional como en e/ internacional" De ahí que partiendo del hecho que la relación de la FUNAC 4-S lo fue tan solo con agrupaciones, como la Asociación de interés aqui(Asociación Industria/ de Maquilas de Acosta) a la que pertenecieron, más no alguno de los demandantes individualmente considerados. De conformidad con lo expuesto y acreditado en autos, la FUNAC 4-S nunca contrató a las accionantes, y su único propósito fue el ayudarlas a tener un oficio y organizarse de forma tal que tuvieran opción de ser contratadas por quien tuviera interés en sus servicios de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de la Ley de Creación de la Fundación Nacional de Clubes 4-S (Ley No 2680 de/ 22 de noviembre de 1960). Tan es así que el hecho que la participación de la FUNAC 4-S, se circunscribe a aspectos de coordinación y asesoría, se refleja claramente en el inciso XII del artículo segundo del convenio CCSS-FUNAC, el cual establece que esa Fundación se compromete a acompañar a los funcionarios de la ccss a que realicen las respectivas supervisiones. En segundo lugar, se confirma que se está en presencia de una relación laboral por haber admitido la ccss la relación laboral y existir entre ella y FUNAC 4-S una relación mercantil, en la cual ésta realizaba funciones de supervisión, la relación laboral existe. Nuevamente se reitera que lo actuado a lo interno de la co demandada ccss y la manifestación hecha por ésta, no vincula ni prejuzga válidamente a mí representado, quien nunca fue parte de esa decisión, ni tuvo ocasión de conocer y refutar el supuesto informe en que la ccss se basó para llegar a la determinación de cita, cuya naturaleza en forma alguna resulta vinculante para mí representado, ni puede tenerse como prueba válida para establecer la existencia de un vínculo laboral de la actora con la FUNAC 4s, y por consiguiente con el Estado . Ello es evidente del procedimiento administrativo del cual en forma alguna la FUNAC fue parte, y si no se ha acreditado lo contrario es por cuanto se está realizando las gestiones pertinentes. En todo caso, del simple informe se evidencia que FUNAC nunca tuvo participación alguna y tampoco ejerció su derecho de defensa, por lo que en si mismo el informe, no puede acreditar la relación por sí solo, así como tampoco puede ser tomado como elemento probatorio para acreditar la relación laboral. De hecho, si hipotéticamente se suprime la existencia de dicho informe, no existe ningún otro elemento probatorio que tenga por acreditada la relación laboral. En suma, es insoslayable que en el sub júdice carece de efecto vinculante y de toda validez, lo determinado por la co demandada CCSS a lo interno, así como lo que con base en ello se tiene por acreditado en autos, con total quebranto del derecho de defensa de mí representado, conforme lo antes señalado. Por otro lado, y tal y como consta en el convenio CCSS-FUNAC, la participación de la FUNAC 4-S se circunscribió a aspectos de coordinación y asesoría, lo que se refleja claramente en el inciso XII del artículo segundo del convenio, por lo que no puede tenerse ello como una participación activa y por ende la acreditación de una relación laboral. El convenio establece que esa Fundación se compromete a acompañar a los funcionarios de la CCSS a que realicen las respectivas supervisiones. Cabe aclarar que esas supervisiones y evaluaciones, en todo caso, las realiza la Caja Costarricense del Seguro Social, no la Fundación y están referidas al producto terminado (calidad requerida), y no a las personas que lo elaboraban propiamente dichas. La FUNAC 4-S no brinda, supervisa, ni prepara técnicamente al personal de las Asociaciones y Cooperativas agremiadas para la realización de sus funciones, ni mucho menos contrata, evalúa ni disciplina a las "trabajadoras" asociadas en forma particular. Dentro de este contexto, una vez formalizado el contrato de maquila, la Asociación se abocaba a confeccionar las prendas descritas en las órdenes de trabajo que en cada ocasión le entregaba la FUNAC 4-S, conforme a las necesidades y lineamientos que de previo le impartía Ia CCSS, dado que la única razón de ser del contrato suscrito entre la agrupación de comentario y mi representada, era satisfacer el objeto que perseguía el señalado Convenio, siendo dentro de ese marco que se instauró una relación comercial, de forma tal que si las demandantes tuvieron participación en la referida confección de prendas, solo pudo darse en condición de agremiadas de la citada agrupación a la cual pertenecieron, o bien como sus trabajadoras y asalariadas, y bajo ninguno de esos supuestos resulta legalmente válido endilgarle responsabilidad a la FUNAC 4-S, por los extremos que siendo objeto de la litis, les haya podido quedar debiendo la citada agrupación, o la CCSS. Como tercer agravio, radica en que se exime de responsabilidad a la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta como patrona de las actoras, ya que la constitución de la misma era un requisito para que el taller pudiera operar, lo anterior a pesar de acorde con lo dispuesto en los artículos 2, 15, 17, 67, 99, 105, 109 inciso a), 110 inciso c), 114 inciso b) y 131 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo(N° 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas); al ser las cooperativas de autogestión asociaciones voluntarias de personas y no de capitales que ostentan personalidad jurídica plena, de responsabilidad limitada en la que sus integrantes se organizan democráticamente para satisfacer sus necesidades, al tiempo que promueven su mejoramiento económico y social, en las cuales el motivo de trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro, y en las que cada socio debe fundamentalmente aportar su fuerza productiva o trabajo personal, en forma directa e irremplazable, por ser parte integrante del capital social de ésta; no existe duda que comportan una modalidad empresarial diseñada para ser dirigida por sus propios asociados, y para que las labores de producción constitutivas de su objeto sean ejecutadas básicamente por ellos mismos, de forma tal que los beneficios económicos obtenidos sean divididos en forma proporcional al aporte de trabajo que cada uno realice, razón por la cual si bien la posibilidad de contratar empleados asalariados es restrictiva o excepcional, cuando ocurre es la agrupación como tal la que asume el rol de patrono. Consecuente con ello, es que los tribunales de justicia han definido que la Asociación es la entidad que ostenta la condición de patrono de las agremiadas que laboran en los talleres de maquila bajo el convenio CCSS-FUNAC, tal y como se destaca de lo resuelto por el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León Cortés, en sentencia N° 01-F-08 de las 14:00 horas del 29 de enero de 2008, así como por lo dispuesto mediante sentencia N°19-2008 de las 14:30 horas del 1° de diciembre de 2008 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus San Vito que condenó a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las cargas sociales de las trabajadoras de Maquila Adonai, por lo que en ningún momento se consideró por parte de nuestros Tribunales de Justicia a mi representada como patrono del indicado taller de maquila. Recuérdese que las asociaciones se comportan una persona jurídica independiente y como tal constituyen centros de imputación individual, en cuanto a las obligaciones que como patronos hayan contraído con quienes sin estar asociadas, les hayan prestado sus servicios al margen de que se hubiere suscrito un contrato administrativo entre esa agrupación y la FUNAC 4-S, no existe duda en cuanto a que no medió ni pudo haber existido ninguna relación laboral con ella y las accionantes (ver en se sentido los artículos 1, 11, 17,24 de la Ley N° 218 del 08 de agosto de 1939 Ley de Asociaciones y sus reformas). De ahí que si de conformidad con los términos del contrato de maquila suscrito entre la FUNAC 45 y dicha agrupación, fue la Asociación quien se comprometió con la FUNAC 4-S a prestar los servicios de maquila de ropa de hospital conforme al catálogo de ropa de la CCS, y tomando en consideración que la FUNAC 45 nunca brindó, supervisión, ni preparó técnicamente al personal de la Cooperativa para la realización de sus funciones, ni mucho menos contrató, evaluó ni disciplinó a las "trabajadoras" asociadas en forma particular. Si las demandantes o algunas de ellas participaron en la confección de ropa de la comprendida en el referido contrato de maquila, solo pudieron haberlo hecho en condición de agremiados de la citada agrupación, en cuyo caso y ante la naturaleza jurídica de ésta, ningún vínculo de intermediación pudo haber surgido entre ellos individualmente considerados y mi representada, o bien como trabajadores por cuenta y riesgo de aquélla (contratados por la citada agrupación), debiendo por tanto ser ésta quien responda por cualquier extremo de naturaleza laboral que les pudiera estar adeudando. Como cuarto motivo de inconformidad, radica en el otorgamiento a las actoras de las diferencias salariales respecto del pago del salario mínimo pese a que de los autos se acredita que las actoras percibían ingreso mensual de acuerdo a la cantidad de prendas confeccionadas, sin que conste la cantidad de prendas, ni si era una cantidad constante, pese a ello, considera que debe ajustarse el ingreso de acuerdo a los decretos de salarios mínimos para cada período de tiempo, por considerar además que cumplían un horario pese a no existir prueba de ello. Respecto de este asunto, se insiste en la no existencia de una relación laboral, y por ende, no se ha perpetuado un pago de salario, nótese que en éste se quebranta la distribución de la carga probatoria e incurre en errónea apreciación de la existente, cuando se da como demostrado que las accionantes devengaban un salario de ¢50.000,00, partiendo para ello que no se desacredito que el monto fuera diferente lo cual recaía en los demandantes. Partiendo del hecho que no existe una relación laboral, no podría esta representación demostrar que el supuesto monto de ¢50.000 (del cual no se ha acreditado que así fuera) no corresponda al salario efectivamente devengado, precisamente por cuanto no es un salario y nunca lo ha sido, sino ser la compensación por las confecciones efectivamente realizadas por las actoras en los términos planteados en el Convenio de Cooperación en referencia (suscrito e/ 15 de octubre de 1987por la FUNAC 4-S y/a CCSS; debidamente refrendado por la Contraloría General de la República el 10 de febrero de 1988). Estos contratos administrativos denominados "contratos de maquila", con diferentes personas jurídicas (asociaciones cooperativas), para la confección de ropa de hospital, según el Catálogo de Ropa de la ccss(ver copia de/ Convenio, as/'como del oficio N° 1552 de/ 10 de febrero de 1988 de la Contraloría General de la República que lo refrendo); cuya naturaleza fue estrictamente mercantil no solo en razón de que así expresamente quedó establecido en la cláusula Décima Quinta de dichos contratos, sino porque no otra cosa puede válidamente desprenderse de la totalidad de su clausulado, por lo que dicha relación se trabó en el estricto marco del referido contrato y con quien fungía como Presidente o Representante de la Organización, tal y como las actoras lo reconocen en el hecho octavo de la presente demanda, más no con las agremiadas o trabajadoras de las organizaciones, lo cual como a todas luces se aprecia, confunden las demandantes. En ese sentido, no puede en forma alguna acreditarse que el monto que recibieron las actoras fuera por concepto de salario, cuando en realidad lo fue en su condición de asociadas o trabajadoras de la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta, por cuanto mi representada nunca acordó con las accionantes ni con la Asociación ningún tipo de contrato (sea de naturaleza laboral o mercantil, FUNAC 4-S, nunca adquirió con ellas ningún compromiso o deuda de orden laboral, pues nunca fue su patrono. En razón de ello, no puede partirse de la existencia de una relación laboral y mucho menos que la compensación lo fuera por ¢50.000 al no haber acreditado las partes, con prueba fehaciente, que así fuera, no pudiendo caer en esta representación la obligación de demostrar lo contrario cuando no estamos en presencia de una relación laboral ni de un intermediario. En todo caso, estaríamos en presencia de un pago a destajo, es decir, de acuerdo a la cantidad de prendas realizadas. En ese sentido, no es factible el otorgamiento de diferencias salariales en relación del salario mínimo con respecto a los períodos que se otorgaron, inicialmente por no ser una relación laboral, pese a ello, en caso de considerar que así lo fuera, no se establece tampoco respecto de cual labor es que correspondería la compensación del salario mínimo al deber ser considerado como una labor a destajo. La sentencia no estima cómo calcular el salario mínimo para las funciones que realizaron las actoras, precisamente por no estar ellas establecidas en una relación laboral y haber sido canceladas los sen/¡cios que prestaban cuando se cumplían los controles de calidad establecidos a por la CCSS, lo cual sería, eventualmente, una actividad en efecto a destajo, que conllevaría el pago previamente determinado, por la unidad producida. Véase que en autos no se encuentran acreditados ni la jornada laboral ni el horario que son los elemento que podrían tomarse en consideración para establecer la existencia de un salario fijo; en cambio, en el presente asunto, tal y como se rescata de la prueba testimonial, las prendas confeccionadas eran canceladas según la tabla establecida por la ccss, y una vez hayan sido recibidas a satisfacción. Ello desacredita completamente lo pretendido en cuanto al pago de las diferencias salariales por salario mínimo al no estar en presencia de un salario, a lo mucho sería una remuneración establecida por la unidad producida, por lo que solicito sea rechazado dicho otorgamiento. Como quinto reproche, en el mismo sentido que el punto anterior, se reconoce el derecho de horas extra por señalar que mi representada y la CCSS no ejercieron la carga probatoria, teniendo por cierto el horario descrito en el hecho primero de la demanda, y consecuentemente, las horas extra. Recordemos que tanto doctrinal como jurisprudencialmente, se ha establecido que en los casos de reclamos de tiempo extraordinario y de feriados no pagados, corresponde al trabajador el onus probandi, debido a que dichos rubros o circunstancias no son esenciales, normales y permanentes del contrato de trabajo, sino más bien de carácter excepcional. De igual forma se ha establecido que su demostración debe permitir, además, su cuantificación clara y concreta a efectos de no colocar en estado de indefensión al patrono. Solo cuando el trabajador acredita lo anterior, surge la obligación del empleador de demostrar su pago que sin fundamento alguno las actoras reclaman, máxime en lo que respecta a mi representada que nunca tuvo con ellas un ligamen de naturaleza laboral. Así las cosas, este rubro debe correr la misma suerte que el de los días feriados, al no haber acreditado la parte actora haber laborado horas extra, en especial cuando esta representación se opuso a los hechos, y si bien no aportó prueba en contra, no fue por desidia, sino por cuanto, como se ha reiterado, en el presente asunto NO nos encontramos en presencia de una relación laboral, y, en caso de así considerarlo, le corresponde a la parte actora acreditar la jornada extraordinaria de conformidad con el artículo 480 del Código de Trabajo, lo cual NO ha acontecido en el presente asunto por lo que solicito se declare sin lugar dicho reclamo. El sexto reproche, procede el juez de instancia a rechazar la excepción de prescripción por considerar que mientras la persona trabajadora se encuentre laborando a las órdenes de un mismo patrono la prescripción se interrumpe, por lo que no lleva razón la representación estatal en su argumento respecto de las cuotas obreras, además que las trabajadoras fueron cesadas el 08 de febrero del 2008 y la demanda fue incoada el 19 de diciembre del 2008. Además, que no aplica la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 607 del Código de Trabajo y la prescripción de derechos anteriores a 1992 ya que todas las actoras ingresaron en el año 2007. En ese sentido, el primer punto de reclamo consiste en que no lleva razón el juez de instancia al rechazar la prescripción por considerar que se interrumpe la prescripción al mantenerse laborando con el mismo patrono, pese a ello, el antiguo artículo 607 del Código de Trabajo, articulo 418 vigente, establece el plazo de un año de prescripción para derechos y acciones, incluidas las de previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, es decir, es independiente de la relación laboral y por ende, no le interrumpe el plazo de prescripción. Acorde con dicho ordinal, la prescripción empieza a correr para los trabajadores desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejecutar las acciones correspondientes, y las actoras bien pudieron hacerlo desde el momento en que, habiendo supuestamente iniciado un contrato laboral con mi representada, no recibieron en tiempo la respectiva orden patronal. A partir de entonces, estaban en la posibilidad de hacer valer sus derechos, cosa que no hicieron, por lo que no hay duda que les sobrevino el plazo extintivo de prescripción fijado en el otrora ordinal 607 antes citado y 418 vigente, y en razón de ello estarían prescritas conjuntamente con sus intereses, todas las cuotas de comentario que hayan surgido a la vida jurídica con antelación al 19 de diciembre de2007 (un año antes de la formalización de la demanda que nos ocupa). Con independencia de la existencia o no de una relación laboral, lo cierto es que, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 607 anterior y el 418 vigente del Código de Trabajo, las cuotas obrero-patronales, se sustentan en una Ley Especial propia de la seguridad social, como lo es la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS(Ley No 17 de/ 22 de octubre de 1943). Tan es así que el actual cr es claro al precisar en el artículo 418 que: "Salvo disposición legal en contrario, todos /os derechos y /as acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos de sus leyes conexas incluidas las de previsión sociaL que no se originen directamente en contratos de trabajo ni se relacionen con conflictos jurídicos entre personas empleadoras y trabajadoras, prescriben en un año. Ese plazo correrá para /as primeras; desde e/ acaecimiento de/ hecho respectivo o desde que tuvieron conocimiento n para /as segundas y /as demás personas interesadas desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes." En razón de lo anterior, y visto que las demandantes siempre tuvieron o entendieron como patrono a la CCSS y en consecuencia, tenían claro y pleno conocimiento de quienes podrían, en su criterio, estar conculcando sus derechos laborales (CCSS o FUNAC 4S) desde que iniciaron las prestación de sus servicios; es que la prescripción aplicable, es la establecida en el citado artículo 607 del Código de Trabajo o 418 vigente, o sea, la que empieza a correr para los trabajadores desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejecutar las acciones correspondientes, y las actoras bien pudieron hacerlo desde el momento en que habiendo supuestamente iniciado un contrato laboral con la CCSS, no recibieron en tiempo la respectiva orden patronal, conforme respetuosa solicito dejar claramente establecido y revocar en ese sentido la sentencia impugnada. Como segundo punto, es que se hace completa omisión que ya la FUNAC 4-S le canceló, aunque erróneamente, las cuotas objeto de cobro a la señora Leyla María Prado Rodríguez en los años 2005, 2006 y 2007 conforme se expuso y consta en el oficio N°ARCA-SST-3518-B-10 del 11 de agosto de 2010, así como del Reporte de Estudio de Cuotas, por lo que ordenado respecto a este rubro debe rechazarse en los períodos señalados. Finalmente, como séptimo agravio, radica en que se impone a mí representado conjuntamente con la CCSS, el pago de costas personales a razón del quince por ciento de la condenatoria (15%), a pesar que el artículo 563 del Código de Trabajo y 73.2 del Código Procesal Civil autoriza la exención de costas, cuando al igual que acontece en el sublite, el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, que modifiquen sustancialmente lo pretendido, y las proposiciones hayan prosperado parcialmente, conforme acontece en el sub exánime, donde la excepción de falta de derecho fue acogida respecto a los extremos de salarios dejados de percibir, días feriados, así como sobre la requerida devolución del 15% rebajados por FUNAC 4-S. En ese sentido, el juzgado no justificó los motivos por los cuales no exime del pago de las costas a esta representación, a pesar de estar en un supuesto de excepción en los términos del referido Código de Trabajo y Código Procesal Civil, por lo que solicito se proceda eximir a mi representada al pago de las costas. En suma y en los términos expuestos, con todo respeto solicito se revoque el supra citado fallo, y se proceda a disponer lo que en derecho corresponde respecto a cada uno de los agravios formulados".
V.Pronunciamiento: La representante del Estado expone que el primer motivo de agravio, radica en el fundamento que utiliza la sentencia recurrida para tener por acreditada la existencia de una relación laboral. Alega que se tiene por acreditado la participación de FUNAC 4-S, como parte de una relación patronal, partiendo únicamente de que fue acreditado en el procedimiento administrativo ante la CCSS, a pesar de la oposición de dicha representación durante ese proceso, y de no haber formado parte del procedimiento administrativo. En este sentido, no le asiste razón a la parte recurrente, porque conforme quedó acreditado la Caja Costarricense del Seguro Social y la Fundación Nacional de Clubes 4-S, suscribieron un acuerdo de cooperación a partir 1985 y hasta el 10 de febrero de 2008, con el fin de efectuar talleres de corte y confección de ropa requerida para la prestación de servicios de salud, según el convenio visible a folios 79 a 84 del expediente físico, y el testimonio de Yorleni Víquez Vargas y de Bernal Méndez Arias. La Funac 4-S suscribió un contrato por servicios de Maquila con la Asociación Industrial de Maquila de Acosta en fecha 7 de febrero de 2006, para que la segunda, confeccionará prendas del catálogo de ropa de la Caja Costarricense del Seguro Social, de acuerdo con el contrato agregado en el expediente físico a folios 87 a 88, así como testimonio de Bernal Méndez Arias. Las actoras eran parte de la Asociación Industrial de Maquila de Acosta, se dedicaban a la confección de prendas de ropa de la Caja Costarricense del Seguro Social, y recibían órdenes de trabajo por parte de la FUNAC 4S, según se enlistan en cada uno de los hechos probados que contiene la parte considerativa de la sentencia recurrida. Por ende, el fundamento para tener por acreditada la existencia de la relación laboral existente entre las parte, no radico únicamente en los informes de Inspección de la Caja, los cuales, en todo caso, conforme indica la misma parte recurrente constituyen prueba de carácter calificada, razón por la cual, se deberá rechazar el agravio. En cuanto al segundo motivo de agravio, alega la parte recurrente que no fue desacreditado por la FUNAC la participación activa de ésta en la relación como encargada de determinar las personas que brindarían el servicio. Aduce que la FUNAC nunca contrato a las accionantes, que la relación de la FUNAC 4S lo fue tan solo con agrupaciones, como la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta. En este sentido, tampoco le asiste razón a la parte recurrente, porque la Fundación Nacional de Clubes 4-S, se creó mediante Ley n.° 2680, del 19 de noviembre de 1960 como un organismo semiautónomo tendiente al fomento y mejor desarrollo de los programas propios de los Clubes 4-S en Costa Rica. Su dirección se dejó a cargo del Ministerio de Agricultura, como parte del Servicio de Extensión Agrícola, y entre sus fines se previó el de colaborar con dicho Servicio en la promoción del programa de los Clubes 4-S. La ley se emitió con el fin de fortalecer el movimiento de esos Clubes, el cual funcionaba en el país desde agosto de 1949. Posteriormente, mediante Ley n.° 9056 del 23 de julio de 2012, su naturaleza varió a la de Consejo Nacional de Clubes 4-S, como un órgano de desconcentración mínima de dicho Ministerio. Sus funciones se redefinieron más claramente, en lo que interesa, así: “Desarrollar y coordinar acciones dirigidas a la organización comunitaria de los niños y las niñas, los jóvenes y las mujeres adultas de las zonas rurales del país, mediante su integración y conformación en Clubes 4-S, a los que les brindará, con equidad y perspectiva de género, asesoramiento para su organización, capacitación para el fomento de la producción y acompañamiento en el desarrollo de proyectos de carácter agropecuario, agroindustrial, forestal, ambiental, artesanal y turístico, así como la promoción de los valores fundamentados en sus principios filosóficos relacionados con la salud, el saber, los sentimientos y el servicio” (artículo 2, inciso a), de la ley última citada). En ese ámbito de acción, la FUNAC 4-S, el 15 de octubre de 1987, firmó un convenio de cooperación institucional con la Caja Costarricense de Seguro Social. En la adopción de este convenio, se tomaron en cuenta las siguientes circunstancias: “Considerando que las instituciones arriba indicadas han estimado de fundamental importancia impulsar la creación de talleres para producción de ropa, como un mecanismo real de generación de empleo y de participación e incorporación del costarricense al proceso productivo nacional de forma que permita elevar el nivel socioeconómico de sus integrantes y conscientes de la grave crisis por la que atraviesa la Caja en la confección y abastecimiento de prendas hospitalarias, acuerdan suscribir el presente convenio”. De lo transcrito se advierte que el acuerdo se adoptó con el fin de solventar una necesidad imperiosa y básica de la Caja Costarricense de Seguro Social. En virtud del convenio, la FUNAC 4-S asumió los siguientes compromisos: “a) Coordinar las actividades y labores de las etapas de producción de ropa y la puesta en marcha e implementación de las empresas de las distintas comunidades o grupos; b) colaborar en el financiamiento para el inicio de los proyectos de producción mediante el pago mientras dure el trámite de cancelación ante la Caja, recuperando posteriormente esos adelantos, cobrándolos de la cancelación hecha por la Caja; c) colaborar con la confección de los estudios de pre factibilidad y factibilidad que garanticen que los proyectos de confección de ropa sean rentables y durables; d) colaborar con la coordinación del desarrollo de las actividades de capacitación de los socios 4-S que se incluyen en proyectos de confección de ropa; e) cuando sea solicitado por la Caja Costarricense de Seguro Social, FUNAC realizará en su taller el corte de prendas que le sea asignado, aportando la Caja las telas y moldes de corte que sean necesarios para este requerimiento; f) de la tarifa establecida por la Caja, FUNAC4-S cobrará un 15% con el propósito de cubrir los gastos indirectos del proyecto, tales como la administración, supervisión, seguimiento y evaluación; g) supervisar que cada taller realice el conteo de la orden asignada, tanto al recibo como a la entrega de materiales; h) supervisar que cada taller se haga cargo de los servicios de transporte del material y el producto terminado; i) responsabilizarse por el uso y destino de las materias primas y materiales entregados por la Caja; j) responsabilizarse de que la confección se elabore de acuerdo con las características de calidad estipuladas por la Caja y que la labor de supervisión sea realizada en forma conjunta por personal especializado de la Caja y de FUNAC; k) por último, asumió la obligación de trasladar al supervisor de la Caja a los diferentes talleres comunales, para lo cual debía aportar el vehículo respectivo”. En orden al cumplimiento del convenio referido, la FUNAC 4-S procedió a contactar distintas personas o talleres a fin de que se organizaran, se constituyeran en asociaciones y se inscribieran como Clubes 4-S; para que, de esa manera, pudieran acceder a la labor de confección de la ropa requerida por la Caja. Como se ve, esa fue la organización exigida o impuesta por la FUNAC, a efecto de que las personas pudieran brindar aquel servicio a la Caja, de ahí que el argumento del Estado de que se contrató con personas jurídicas y que por ello se excluye el vínculo laboral no es suficiente para que se resuelva como lo pretende. En el tercer motivo de agravio, la recurrente reprocha que se exime de responsabilidad a la Asociación Industrial de Maquilas de Acosta como patrona de las actoras, ya que la constitución de la misma era un requisito para que el taller pudiera operar. Por esa circunstancia es que no le asiste razón a la recurrente, en cuanto muestra disconformidad con la decisión de haberse excluido de responsabilidad, a la Asociación, ya que la conformación de las distintas personas en ese tipo de organización fue una condición necesaria para poder trabajar en la confección de ropa hospitalaria requerida por la Caja, sin que realmente ejercieran un rol de empleadoras, por lo que el agravio se deberá rechazar. El cuarto y quinto motivo de agravio, radica en el otorgamiento a las actoras de las diferencias salariales respecto del pago del salario mínimo, y el reconocimiento de horas extra. La representación del Estado reclama la forma como se ha establecido el salario recibido por las actoras, en virtud que se trata de un contrato a destajo, el cual se cancela por unidad productiva y no está sujeta al salario mínimo, y en igual sentido, alega que al no haber acreditado la parte actora haber laborado horas extra de conformidad con el artículo 480 del Código de Trabajo, solicita se declare sin lugar dicho reclamo. El trabajo a destajo, también denominado por unidad de obra, consiste en un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del trabajador; es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado. Así, dicho a modo de ejemplo, por cada pieza se asigna una retribución fija y la cantidad de unidades producidas durante la jornada multiplicadas por esa base remuneratoria, constituye el salario diario (CABANELLAS (Guillermo) Compendio de Derecho Laboral , Tomo I, Bibliográfica OMEBA, Editores Libreros, Buenos Aires, 1968, pp. 596-597)” -Voto 279 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 9:35 horas del 28 de abril de 2004-. Ahora bien, según se aprecia en autos la organización “Asociación Industrial de Maquilas de Acosta” contaba con facultades de autogestión para la organización del trabajo, incluido el horario; ya que, tal y como lo señala la parte recurrente, se trabajaba a destajo, es decir, la CCSS giraba las órdenes de pedido trasladadas a los talleres, los cuales se organizaban para cumplir con lo encomendado. Ninguna de las demandadas ejercía una supervisión permanente en cuanto al cumplimiento de horarios de trabajo, estas no fijaron una jornada laboral de 8 horas, ni tampoco exigían laborar horas extra. Si bien los talleres recibían visitas de inspección, estas eran esporádicas. De ahí que en vista de la autogestión de los talleres en cuanto a la organización del trabajo, y que el mismo se realizaba bajo pedido, la condenatoria al pago de diferencias salariales debe ser revocada, al igual que las horas extra, en virtud de que no se demostró la existencia, ni la cantidad de horas laboradas fuera de la jornada ordinaria laboral. Una vez determinado que el trabajo era a destajo, resta establecer el salario de los actores a fin de calcular las prestaciones laborales que les corresponden. Es un hecho no controvertido que el pago por las piezas elaboradas era dirigido en su totalidad a esta última la asociación, mas se desconoce esta la distribución interna que los trabajadores hacían de estos ingresos. Por tal motivo, y partiendo del hecho de que las actoras indicaron que recibían mensualmente la suma de ¢50.000,00, es sobre esta cantidad que se procede a calcular nuevamente los siguientes extremos conforme a la duración de la relación laboral previamente fijada por el a quo –11,78 meses- y no controvertida en esta instancia; en función de ello deberá pagarse a cada una de las actoras: i) por concepto de vacaciones ¢23.333 monto que se obtiene de dividir 50.000 entre 30 días del mes, ello da un salario diario de ¢1.666,66 que se multiplica por 14 días de vacaciones; ii) por aguinaldo ¢44.916 monto que se obtiene de dividir 50.000 entre 12 meses y, luego multiplicar el factor por 10,78; iii) un mes de preaviso equivalente ¢50.000; iv) 19,5 días de salario por concepto de cesantía para un equivalente de 32.500, que resulta de multiplicar el valor de un día (¢1.666,66) por 19,5 días. El sexto motivo de agravio, se refiere al rechazo de la excepción de prescripción. En este sentido, no le asiste razón a la parte actora. La representante del Estado aduce que la acción debe ser declarada prescrita, pues la norma dispone que la contabilización de los plazos de prescripción inicien cuando la parte se encontraba en posibilidad de reclamar su derecho. El instituto de la prescripción negativa se ha establecido como uno de los modos de extinción de las obligaciones y, para que opere, basta el transcurso de determinado tiempo, sin que el titular del derecho lo haya reclamado, al ejercer la respectiva acción. Con esta figura, se pretende que las negociaciones jurídicas se desenvuelvan en un ámbito de certeza, por constituir esta un valor tutelado por el ordenamiento jurídico. Este tema constituye el aspecto central del recurso. Al efecto, en la instancia precedente quedó probado que las actoras dejaron de laborar en el taller el mes de febrero del 2008, cuando se les comunicó que se rescindía el contrato de la Caja con la Fundación Nacional de Clubes 4-S, (hecho probado 14 de la sentencia de primera instancia). En autos quedó claro que la prestación de servicio que brindaban las demandantes surgió en razón del convenio suscrito entre las accionadas el 15 de octubre de 1987; por lo que puede afirmarse que el vínculo que unía a las partes de este proceso estaba supeditado a la vigencia de aquel. En razón de lo anterior, este Tribunal concluye que de conformidad con lo estipulado de la redacción del anterior artículo 602 del Código de Trabajo (de aplicación al asunto conforme a transitorio II de la denominada Reforma Procesal Laboral) que –a texto expreso- estipula: “Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos”, las demandantes contaban con un año, desde la terminación de la relación laboral, para reclamar en defensa de sus derechos; lo cual hicieron. La demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2008, por lo que el plazo prescriptivo no había operado. El sétimo agravio, se refiere a las costas personales. Sobre este punto, la regla es imponer dicha obligación a la parte que resultó vencida (artículo 221, Código Procesal Civil anterior aplicable al tenor del Transitorio I inciso 2, por remisión del numeral 452 del Código de Trabajo previo). Conforme al numeral 222 ídem, quien juzga puede ejercer la facultad legal de eximirla de ese pago cuando se presencie alguno de los supuestos que la norma prevé. Analizado el presente asunto y de acuerdo con lo resuelto en el anterior considerando, es evidente que si bien se acogieron solo algunas de las pretensiones, estas constituyen una parte importante y fundamental de lo pedido en la demanda, lo cual implica que la parte accionada resultó perdidosa en ese sentido, sin que se advierta entonces la causal de exoneración que alega la recurrente.
VI.Conclusión: Como corolario de lo expuesto, procede revocar el fallo en cuanto condenó al pago de diferencias salariales respecto al mínimo legal, extremo que debe ser denegado, al igual que las horas extras, las cuales, también se deniegan. También debe modificarse los cálculos hechos respecto de los rubros que a continuación se describen. Deberá pagarse a cada una de las actoras: i) por concepto de vacaciones ¢23.333; ii) por concepto de aguinaldo ¢44.916; iii) por concepto de preaviso equivalente ¢50.000; iv) por concepto de cesantía un equivalente de 32.500. En lo demás objeto de agravio, procede confirmar la sentencia recurrida.
POR TANTO:
Se revoca el fallo en cuanto condenó al pago de diferencias salariales, y al pago de horas extras, ambos extremos se deniegan. Se modifican los cálculos respecto de los rubros que a continuación se describen. A cada una de las actoras Leyla María Prado Rodríguez, Kattia Ramírez Meza, Nancy Guiselle Castro Meza, Maribel Elizondo Rodríguez, Doris Jiménez Chinchilla, deberá pagarse: i) por concepto de vacaciones ¢23.333; ii) por concepto de aguinaldo ¢44.916; iii) por concepto de preaviso equivalente ¢50.000; iv) por concepto de cesantía un equivalente de 32.500.En el resto, objeto de agravio, se confirma la sentencia recurrida.
agarrom.
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ANGELA GARRO MORALES - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
INGRID GREGORY WANG - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
RONNY GERARDO ARIAS CORRALES - JUEZ/A DECISOR/A Barrio González Lahmann, Edificio Torre Judicia1. Noveno piso. Teléfonos: 2212-0110. Fax: 2295-3627. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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