← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 04757-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 23/07/2024
OutcomeResultado
The nullity claim is declared inadmissible due to expiration of the action, damages are time-barred, and the declaratory claim is dismissed.Se declara inadmisible la demanda de nulidad de inscripción por caducidad de la acción, prescritos los daños, y se rechaza la pretensión declarativa.
SummaryResumen
The contentious-administrative court dismisses the lawsuit filed by Agencia Aduanal C.R. S.A. that sought to annul the registration of property 2-206757-000 owned by Banco Nacional, and to claim damages. The court upholds the defenses of expiration and statute of limitations raised by the defendants: INDER, the State, Banco Nacional, the National Registry Board, and SINAC. It finds that the registration act in favor of Banco Nacional in 2000 became final before the current Administrative Contentious Procedure Code (2008) entered into force; thus the prior legislation applies, setting a 4-year expiration period (art. 175 LGAP), which had long elapsed when the lawsuit was filed in 2018. The indemnification claim also expired under art. 198 LGAP. The declaratory claim regarding plaintiff's property is dismissed, and a prior ruling (N°1226-2016) already established Banco Nacional's superior property right.La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de Agencia Aduanal C.R. S.A. que pretendía anular la inscripción de la finca 2-206757-000, propiedad del Banco Nacional, y reclamar daños y perjuicios por desposesión. El Tribunal acoge las excepciones de caducidad y prescripción opuestas por los demandados: INDER, Estado, Banco Nacional, Junta Administrativa del Registro Nacional y SINAC. Determina que el acto de inscripción del Banco Nacional en el año 2000 quedó firme antes de la entrada en vigor del Código Procesal Contencioso Administrativo (2008), por lo que el régimen de impugnación se rige por la legislación anterior, que establecía un plazo de caducidad de 4 años (art. 175 LGAP), sobradamente vencido al presentarse la demanda en 2018. La pretensión indemnizatoria también prescribe en 4 años conforme al art. 198 LGAP. Además, se rechaza la pretensión declarativa sobre la finca de la actora por improcedente y se confirma que en sentencia previa (N°1226-2016) ya se había resuelto que el Banco Nacional ostenta mejor derecho de propiedad.
Key excerptExtracto clave
COURT'S OPINION: ... the plaintiff filed this lawsuit on September 13, 2018, and seeks the nullity of the registry administrative act regarding the registration of the property identified as roll number 2-206757-000 in the name of Banco Nacional de Costa Rica on January 24, 2000. That is to say, it concerns a registration ... that took place before the entry into force of the Administrative Contentious Procedure Code (CPCA) which came into effect on January 1, 2008 ... and which provided in Transitional Provision III: 'The regime for challenging acts that became final in administrative proceedings before this Code enters into force shall be governed by the legislation in force at that time.' Based on the foregoing, it is clear that this is a registry administrative act that became final under the regulations in force before the CPCA came into effect ... the determination of the expiration period ... must be made in accordance with said Transitional Provision. ... article 175 of the General Public Administration Law (LGAP) ... provides that, regarding grounds for absolute nullity of administrative acts, the period for expiration of the action is four years ... It is clear and there is no doubt that the plaintiff has been aware of Banco Nacional's adjudication of the property since 1999 ... Thus, in the present case, the time limit to uphold the expiration of the action alleged by the defendants has been amply exceeded in relation to the claims for nullity of the registration ... IX. ... article 198 of said legal body provides: 'The right to claim compensation from the Public Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to liability.' ... it is clear that the statute of limitations must be counted from the damaging event, which materialized ... with the registration of the property in the name of Banco Nacional on January 24, 2000. As a result, the four-year period provided in the LGAP has elapsed in the present case by the time the plaintiff filed the lawsuit; therefore, the defense of statute of limitations regarding claims 15 and 16 must be upheld and is hereby declared.CRITERIO DEL TRIBUNAL: ... la sociedad actora presentó esta demanda el 13 de setiembre de 2018 y pretende la nulidad de la conducta administrativa registral en torno a la inscripción del inmueble de partido de Alajuela -matrícula de folio real 2-206757-000 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica el 24 de enero de 2000-. Es decir, se trata de una inscripción ... que tuvo lugar previo a la entrada en vigencia del (CPCA) que empezó a regir el 01 de enero de 2008 ... y que, dispuso en el Transitorio III: 'El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento'. A partir de lo expuesto, es claro que se trata de un acto administrativo registral que quedó firme al amparo de la normativa vigente antes de que entrara a regir el CPCA ... la determinación del plazo de caducidad ... debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio aludido. ... el numeral 175 de la LGAP ... señala que, tratándose de vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos, el plazo de caducidad de la acción es de cuatro años ... Es claro y no hay duda que, desde el año 1999 la parte actora conoce de la adjudicación por parte del Banco Nacional del inmueble ... Así las cosas, en la especie ha transcurrido sobradamente el plazo para declarar con lugar la caducidad de la acción alegada por las partes demandadas, en relación con las petitorias de nulidad de la inscripción ... IX. ... el numeral 198 de ese cuerpo legal señala: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. ... es claro que el plazo de prescripción debe contabilizarse a partir del hecho dañoso, el cual se materializó ... con la inscripción del inmueble a nombre del Banco Nacional el 24 de enero de 2000. Corolario de lo expuesto, el plazo cuatrienal previsto en la LGAP ha operado en el caso concreto, para la fecha en que la parte actora presentó la demanda, por lo que la defensa de prescripción respecto de los extremos petitorios 15 y 16 debe acogerse y así se declara.
Pull quotesCitas destacadas
"El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento."
"The regime for challenging acts that became final in administrative proceedings before this Code enters into force shall be governed by the legislation in force at that time."
Considerando VI, citando Transitorio III del CPCA
"El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento."
Considerando VI, citando Transitorio III del CPCA
"Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional."
"The power of the administered party to challenge an absolutely null act in administrative and jurisdictional channels shall expire in four years."
Considerando VI, citando art. 175 LGAP
"Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional."
Considerando VI, citando art. 175 LGAP
"El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad."
"The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to the liability."
Considerando IX, citando art. 198 LGAP
"El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad."
Considerando IX, citando art. 198 LGAP
"Desde el punto de vista registral y como un derecho oponible ante terceros, la finca N°2-206757-000 existe desde el 7 de diciembre de 1988."
"From the registry standpoint and as a right enforceable against third parties, property N°2-206757-000 has existed since December 7, 1988."
Considerando VIII, citando sentencia N°1226-2016
"Desde el punto de vista registral y como un derecho oponible ante terceros, la finca N°2-206757-000 existe desde el 7 de diciembre de 1988."
Considerando VIII, citando sentencia N°1226-2016
Full documentDocumento completo
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
AGENCIA ADUANAL C.R. S.A.
DEMANDADO/A:
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y OTROS N° 2024004757 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours thirteen minutes on the twenty-third of July, two thousand twenty-four.- Process of conocimiento declared purely a matter of law (puro derecho), filed by Agencia Aduanal, C. R. Sociedad Anónima, legal entity identification number 3-101-105537, represented by Mr. Ybo Rojas Cerna, in his capacity as unlimited general representative (apoderado generalísimo sin límite de suma); against the State represented by Procurador Esteban Alvarado Quesada; the Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter the Institute or INDER), represented by Lic. Jhonatan Jiménez Ruiz in his capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial); Banco Nacional de Costa Rica, represented by Licda. Grace Vargas Rojas in her capacity as general judicial representative (apoderada general judicial); the Junta Administrativa del Registro Nacional (hereinafter the Junta) represented by Lic. Alberto Herrera Porras and Lic. Lino Monge Jiménez in their capacity as special judicial representatives (apoderados especiales judiciales) and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), represented by Lic. Andrés Alvarado Ramírez, in his capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial) (images 1, 17, 359, 204, 205, 282, 387, 408, 409, 412, 432, 433, 673, 674 and 797 to 803 which is the preliminary hearing minutes, all within the judicial file as well as image 67 of the precautionary measure file, where the State representative's appearance is recorded). The legal prescriptions have been observed in the processing of the process and no defects or omissions capable of producing the nullity of what has been acted upon and resolved are observed. The Collegiate Tribunal Team Two, which by turn corresponded to hear this matter, after deliberation under the Law, issues this judgment with the unanimous vote of its members.
CONSIDERANDO
1. Mr. Ybo Rojas Cerna, in his capacity as legal representative of Agencia Aduanal, C.R. Sociedad Anónima —plaintiff— filed this ordinary lawsuit and request for precautionary measure (medida cautelar) on September 13, 2018. The petition (petitoria) is: "1. That the property (finca) of my represented party from the Partido de Alajuela number 273888-000, cadastral map (plano catastrado) number A46512-1992; is registered in accordance with the legal system, registration and cadastral requirements. 2. That the registration of the property (finca) from the Partido de Alajuela number 206757-000 of Banco Nacional de Costa Rica, originates from act number 2268 of April 30, 1979 of the Instituto de Desarrollo Agrario, in favor of Aserraderos Tropicales, S.A. 3. That that act fails to define the nature, boundaries (linderos), measurement and cadastral map (plano catastral) that supports it. 4. That the properties (fincas) of Aserraderos Tropicales, S.A., were registered through two protocolizations (protocolizaciones) or enforcement actions (ejecutorias) carried out by Winston Grey Gordon at 2:45 p.m. and 3 p.m. respectively on November 28, 1983. 5. That the two enforcement actions (ejecutorias) sought to circumvent the legal prohibition of registering an area greater than 300 hectares through Información Posesoria. 6. That the registration of the properties (fincas) in the name of Aserraderos Tropicales, S.A., despite the (sic) that it has no map, materially overlaps and totally invades the legally registered property (finca) of my represented party and that of the State. 7. That the Registro Nacional has incurred in fault (culpa), by registering two properties (fincas) originating from a single administrative titling (titulación) before the Instituto de Desarrollo Agrario, in violation of Law 776, National Cadastre Law (Ley de Catastro Nacional) and its reform, specifically in its Article 30. 8. That the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, authorized the titling (titulación) without the existence of files containing the basic documentary information to locate the properties (fincas) granted to Aserraderos Tropicales, S.A. 9. That the titling (titulación) of the property (finca) of Banco Nacional de Costa Rica, is null due to incorporating into its area a public domain asset (Bien Demanial) one hundred percent corresponding to the State property number 250596-000 of the Partido de Alajuela. 10. That the titling (titulación) of the property (finca) of Banco Nacional N°206.757-000 of the Province of Alajuela is null, for having been registered without a map (plano). 11. That the titling (titulación) of the property (finca) of Banco Nacional N°206-756-000 of the Province of Alajuela is null, for having been registered overlapping the map (plano) of my represented party's property (finca) and its registration before the Registro Nacional. 12. That the titling (titulación) of the property (finca) of Banco Nacional N°206-757-000 is null, for having been done against the mandate of Article 30 of the National Cadastre Law (Ley de Catastro Nacional). 13. That the titling (titulación) of the property (finca) of Banco Nacional N°206-757-000, is null for having been carried out in contravention of the provisions of the second paragraph of Article two, which prohibits the titling (titulación) of properties (fincas) greater than 300 hectares. 14. Since the existence of that property (finca) in the name of Banco Nacional lacks all legitimacy, I REQUEST THAT ITS REGISTRATION BE ANNULLED before the Registro Nacional, including the nullity of the detailed map before its registration entry, a nonexistent map that supports it N°A-0012547-1971. 15. That in case of opposition, the parties that so proceed be jointly and severally condemned to pay costs (costas)" (images 13 to 15 of the judicial file).
The Judge of the procedural stage, in interlocutory resolution N°1251-2019-T at ten hours thirty minutes on July seventeen, two thousand nineteen, upheld the preliminary defense (defensa previa) of defects not timely corrected that prevent issuing a ruling on the merits, and ordered, among other aspects, a review of the petition (petitoria). In response to which, through a brief filed on July 29, 2019, he requested to substitute petition (petitoria) 15 and presented two new ones, resulting as follows: "...15. I request that the defendant entities be condemned to pay the damages caused by the deprivation of possession (desposesión) of the real estate for 19 years, for the deterioration of the ranch corresponding to the restaurant, electrical system, storage sheds (bodegas), four furnished cabins, kitchen implements, internal piping system, loss of ten-hectare pastures, with a replacement value of one hundred fifty million colones. My evidentiary support consists of the act of taking possession by Banco Nacional on December 7, 2000, provided in the case file. Loss of profit (lucro cesante) from a very successful activity because it is a unique tourist spot in the country, at the rate of five hundred thousand colones per month, during the last 19 years, for a total of one hundred fourteen million colones. 16. Moral damage (daño moral) for the illegitimate deprivation of possession (desposesión) of a registered property with a registered cadastral map (plano catastrado registrado) and with a tourist and profitable activity that has been fully developed on site, except for the undersigned. I estimate the moral damage (daño moral) for the litigation I have had to initiate, at three hundred thirty-six million colones. 17. I request the condemnation to pay costs (costas) against (sic) the defendants" (images 638 to 641 of the judicial file). At the preliminary hearing (audiencia preliminar) that took place on May 17, 2022, the Judge read the seventeen points, gave the floor to the parties, and all stated their agreement, leaving the petition (petitoria) in the stated terms (audio recording starting at minute 00:06:21). He also clarified, at the Judge's request, that the moral damage (daño moral) sought is objective and that the petition (petitoria) is directed against all the defendants (audio recording starting at minute 00:23:53).
2. By order issued at thirteen hours and fifty-three minutes on September twenty-five, two thousand eighteen, the conocimiento process was established against the State, Banco Nacional de Costa Rica, and the Junta Administrativa del Registro Nacional, and by order at fourteen hours and thirty-two minutes on November eighteen, two thousand nineteen, pursuant to the provisions of articles 12.2 and 71 CPCA ex officio, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC- was ordered to be joined to the litis (images 196 to 199 and 656 to 659 of the judicial file).
3. By order at thirteen hours and thirty-nine minutes on September twenty-five, two thousand eighteen: "Pursuant to Article 282 of the Contencioso Administrativo Code (Código Contencioso Administrativo) and 468 of the Civil Code, in order to guarantee the effectiveness of the precautionary measure (medida cautelar) filed by AGENCIA ADUANAL C.R. S.A. against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, REGISTRO NACIONAL, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA and the STATE, it is resolved: As a provisional measure of extreme urgency (medida provisionalísima), the annotation of the lawsuit (anotación de demanda) on the margin of the property (finca) of Partido de Alajuela registration number two hundred six thousand seven hundred fifty-seven zero-zero-zero (206757-000) is ordered..." (image 66 of the precautionary measure file).
4. The parties answered the lawsuit. INDER alleged pre-judiciality (prejudicialidad) regarding process 11-000105-0298-AG-7 in which a replevin action (acción reivindicatoria) is being pursued over real estate of the plaintiff company. It requested that the lawsuit be declared without merit, that the plaintiff be condemned to pay the costs (costas) of the process, and should the lawsuit succeed, that it be exonerated from costs (costas). It also raised the defenses (defensas) of statute of limitations (prescripción), expiration (caducidad), lack of right (falta de derecho), lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva), lack of current interest (falta de interés actual), necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesaria), and material res judicata (cosa juzgada material). The State representative answered the lawsuit negatively and requested that it be declared without merit in all its points and that the plaintiff be condemned to pay costs (costas) and interest. Additionally, they raised the defense of defects preventing a ruling on the merits, expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), lack of passive standing ad causam (falta de legitimación ad causam pasiva), failure to join parties (falta de integración de la litis), and lack of right (falta de derecho). Banco Nacional de Costa Rica answered the lawsuit negatively, requested the lawsuit be declared without merit in all its points as well as the condemnation of the plaintiff to pay costs (costas) plus interest. It raised the preliminary defenses (defensas previas) of res judicata (cosa juzgada) and statute of limitations (prescripción) as well as the exceptions (excepciones) of lack of right (falta de derecho) and lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva). The Junta Administrativa del Registro Nacional answered the lawsuit and requested it be declared without merit in all its points and the plaintiff be condemned to pay costs (costas) and interest; it presented the preliminary defenses of joinder of parties (integración de la litis) and defects not corrected in the lawsuit brief, expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción), and also alleged lack of right (falta de derecho). SINAC answered the lawsuit negatively and requested the plaintiff be condemned to pay both costs (costas). It alleged as a preliminary defense defects not corrected that prevent issuing a ruling on the merits of the matter, statute of limitations (prescripción), expiration (caducidad), material res judicata (cosa juzgada material), and lack of right (falta de derecho) and, that if the lawsuit is declared with merit, it be exonerated from paying costs (costas) (images 282 to 301, 359 to 386, 387 to 405, 412 to 425, 674 to 678 of the judicial file).
5. Through interlocutory resolution N°1251-2019-T at ten hours thirty minutes on July seventeen, two thousand nineteen, the preliminary defense (defensa previa) of defects not timely corrected that prevent issuing a ruling on the merits was resolved, ordering: "...the preliminary defense (defensa previa) of defects not timely corrected that prevent issuing a ruling on the merits is upheld, and based on Article 92 subsections 1) and 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, under warning of declaring the inadmissibility of the lawsuit and the archiving of the file, the plaintiff must proceed within a term of FIVE DAYS to comply with the following: 1) Facts 6, 20, 22, 23, 25, 26 and 29 -partially- do not correspond to pure and simple facts. The plaintiff must eliminate them, reformulate them and/or separate them as appropriate (Art. 58.1.b of the CPCA). 2) Clarify (fact 31) whether they are also requesting damages (daños y perjuicios), if so, it must be correctly raised as a claim complying with the provisions of numeral 58 of the CPCA (Art. 58.1.3 of the CPCA). 3) Given that the lawsuit completely lacks the legal grounds (fundamentos de derecho) section, the plaintiff must proceed to adequately establish and develop each of the legal arguments and normative citations that serve as support for their action (Art. 58.1.c of the CPCA)". The plaintiff addressed the order in a memorial dated July 29, 2019, and a legal hearing was granted (images 628 to 633 and 642 of the judicial file).
6. Two preliminary hearings (audiencias preliminares) were held. The first on December 7, 2020 (virtual format with the consent and participation of all intervening parties, as recorded in images 681, 682, 718, 750 to 753, 797 to 803 of the judicial file). At that time, the parties did not indicate any clean-up (saneamiento) aspects to review or adjustments to the claim, which was defined in the terms set forth in images 13 and 15 of the judicial file. Regarding the preliminary defenses filed, the Judge decided to defer ruling on the defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) to be decided with the merits. INDER's representation requested to similarly reserve the alleged pre-judiciality (prejudicialidad) to be decided with the merits. Through resolution N°1794-2020 at fourteen hours and thirty-six minutes on December seven, two thousand twenty, the preliminary defense of material res judicata (cosa juzgada material), filed by the co-defendants, was rejected and the processing of the matter was ordered to continue. The disputed facts were defined and only documentary evidence was admitted, consequently the process was declared purely a matter of law (puro derecho). The parties were given a deadline to submit conclusions in writing (images 804 to 865 of the judicial file). The matter was ready for judgment on December 18, 2020, according to the transfer sheet visible in image 888 of the judicial file and was sent to Section II of this Tribunal for the issuance of the respective decision on the merits.
7. By Res. N°054-2021-II at fourteen hours thirty minutes on June fifteen, two thousand twenty-one —at that procedural stage, the Second Section of this Tribunal, today Team Two— ordered the case file returned to the procedural stage to rectify procedural stages requiring review prior to issuing a judgment on the merits, resolving: "After the preliminary hearing (audiencia preliminar) was held and the conclusions were rendered —in writing by all parties in this process—, on January 4, 2021, the plaintiff company filed a memorial entitled 'New Facts Incident' (Incidente de Hechos Nuevos), related to resolution N°2402-F-S1-202 at eleven hours on October 8, 2020, of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), which they indicated was notified to them on December 17, 2020 and of which they attached a copy. The plaintiff considers that said resolution has a clear relationship with their action and requested that the presented incidence be given its due process. On Tuesday, June 8, the matter was assigned to Section II of this Tribunal for the issuance of the decision resolving the litigation on the merits. After a meticulous review of the case file —which consists of more than nine hundred images— pursuant to the provisions of Article 90 in relation to numerals 58.2, 68 and 95 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as well as Articles 57, 58, 61.3) and 62.8) and 9) of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contencioso Administrativo and Civil de Hacienda Jurisdiction (Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda), it is considered necessary and pertinent to return the case file to the Judge of the procedural stage, so that it is he who determines and completes (within his competence) the procedural processing of the new facts incident (incidente de hechos nuevos) as well as the evidence offered by the plaintiff in the referenced memorial, filed on January 4, 2021. In another sense, upon reviewing the documents admitted as evidence, as recorded in the respective preliminary hearing minutes (minuta de la audiencia preliminar), visible in images 38, 40 to 44, 47, 49, 50 to 56, 126, 145 to 159, 233, 235, 236, 240 to 251, 439 to 458, 443 to 459, 489, 467, 469 to 579, this Tribunal observes that they are blurry, dark, if not illegible —even when attempting to enlarge the image—. This Chamber is concerned that they were admitted as evidence, which must be read, reviewed, and assessed at the appropriate procedural moment, and having verified the state of difficulty presented for their review, there is a material impossibility for the reading and decision that they warrant. In furtherance of the foregoing, and respectfully, it is likewise requested that the review of that evidence be an aspect that the Judge of the procedural stage reviews again with the parties and jointly conduct the assessment and review of the conditions under which such documents were presented and offer a viable solution for the assessment of those evidentiary elements" (images 891 to 896).
8. On May 17, 2022, the second preliminary hearing (audiencia preliminar) took place. The first aspect the Judge assessed was the matter related to the new facts incident (incidente de hechos nuevos). After hearing the parties, he declared it without merit. The Judge indicated that, as a novel aspect, the plaintiff let it be seen that they wish to include as new evidence the resolution of the First Chamber (Sala Primera) 2402-F-S1-2020 at eleven hours on October eight, two thousand twenty and asked the plaintiff if they offer it as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver). The Judge decided to defer the matter relating to that evidence so that it would be the Tribunal on the merits that would decide its admissibility or not in that capacity. The unreadable evidence was resolved in the same manner.
9. In accordance with the agreement of the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) —adopted in session number 84-2021 on September 28, 2021— and the order of the Contencioso Administrativo and Civil de Hacienda Commission (Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) given in agreement N°12.VI.2023 of the session held on July 27, 2023, this process was assigned to another Work Team of this Tribunal. However, through a resolution at nine hours four minutes on March thirteen, two thousand twenty-four, the Coordinator of the Tribunal resolved: "Having reviewed this matter, which was returned to the coordination of this Tribunal by Judge Ileana Sánchez Navarro, after it was assigned and redistributed to her due to the redesign of the Contencioso Administrativo Tribunal, with the argument of the existence of prior procedural activity by a different work team than the one she belongs to. Having reviewed the procedural actions of this matter, it is noted that on December 17, 2020 it was assigned to Judge Lourdes Vargas Castillo, at that time a member of the Second Section of this Tribunal, subsequently through resolution N°054-2021-II, at fourteen hours thirty minutes on June fifteen, two thousand twenty-one, the process was returned to the procedural stage so that an incidence filed by the plaintiff could be resolved, as well as for the review of evidentiary elements. Having processed the corresponding matters, by order at fourteen hours twenty-four minutes on August twenty-six, two thousand twenty-two, the lower court Judge Álvaro Herrera Valverde ordered the case file to be sent to the Second Section to continue with the process of issuing a judgment in a purely legal matter (puro derecho). Finally, it is noted that in a resolution at thirteen hours twenty minutes on July thirty-one, two thousand twenty-three, the same Second Section heard a request for prompt dispatch (pronto despacho) from the plaintiff. In accordance with the foregoing, given that there is a judicial resolution from the lower court Judge in relation to the return of this matter to the Second Section, added to the procedural actions carried out by that work team, including the issuance of resolution N°054-2021-II and the handling of a request for prompt dispatch (pronto despacho), the appropriate course is to send the case file to Judge Lourdes Vargas Castillo, member of work team two of this Tribunal, so that together with the Tribunal she constitutes, she may hear this matter." The case file was assigned to the responsible judge's virtual desktop on March 19, 2024 (image 1262 and virtual desktop inquiry).
10. By resolution at fourteen hours forty-eight minutes on June five, two thousand twenty-one, Judges Ronaldo Hernández Hernández and Eduardo González Segura filed a formal recusal (inhibitoria) to separate themselves from hearing this matter, considering that the situation provided for in numeral 12.15 of the Código Procesal Civil applies in their case. By resolution N°2024003749 at ten hours fourteen minutes on June twelve, two thousand twenty-four, the recusal was upheld and they were separated from this matter. The Coordination of the Tribunal, via electronic mail on June 17, 2024, reported that according to the roll of substitutions on the merits, Judge Lindsay Rodríguez Cubero was assigned to form part of the Tribunal hearing this case (image 1270 to 1274, 1282 to 1288).
11. With the entry into force of the virtual desktop, the processing of this file has been substantiated at this venue in electronic form, so the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop with the 'Descending Order' and 'View Document Description (PDF)' options unchecked and the 'View Case File Cover Details' option selected as 'Final', will be used as reference. This file includes a total of 1288 images in the judicial file —as of the date of issuance of this resolution— and 95 images in the precautionary measure file. This record is placed to identify the entirety of images that constitute the case file and its foliation.
II.ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. The representative of the plaintiff company stated that it is the owner of the property (finca) from Partido de Alajuela, folio real registration number two hundred seventy-three thousand eight hundred eighty-eight zero zero zero, with cadastral map (plano catastrado) A-46512-92, located in the canton of San Carlos, seventh district of La Fortuna, Province of Alajuela, with an area of fourteen hectares, three thousand four hundred three square meters, with the following boundaries (linderos): to the north: Quebrada Río Seco, to the south: the State, to the east: the Asociación de Desarrollo Comunal de La Fortuna, and to the west: Río Fortuna. The parent property (finca madre) of that property was registered on February 18, 1991, under registration number two hundred fifty thousand five hundred ninety-six zero zero zero of Partido de Alajuela free of encumbrances (cargas), limitations or liens (gravámenes), in the name of Kelvin Rojas Cerna, identity card number 1-0564-0743, who is his brother; the original area was nine hundred seventy-nine thousand five hundred sixty-six meters, forty-six decimeters, square. He indicated that, two years later, the plaintiff company acquired part of the cited property (finca) by deed, granted before notary public Tomás Esquivel Cerdas, number eighty-nine at 18:00 hours on December 11, 1992. This property (finca) is outside the emergency zone of Ley N°5095 of October 30, 1972. He added, free of encumbrances and annotations, the property (finca) of his ownership, he started a tourist project on the site, enabling the water supply from a spring (naciente), installed piping, built four cabins, a seventy-square-meter structure fully roofed, to use as a kitchen and storage shed (bodega), in addition to a cement-built house for the guard and another cement storage shed (bodega) next to the guard's house. The cabins were equipped with basic furniture, such as beds, cots, nightstands, individual bathrooms, showers, and sanitary services, built of cement and roofed with zinc. A complete electrical installation was carried out with COOPELESCA R.L. On December 7, 1999, Mr. Manuel Ramírez Ojeda, an employee of the place, was evicted by the Civil Court of Ciudad Quesada, having learned at that time that Banco Nacional had been awarded his property in a public auction (remate), without having assumed any financial commitment with that entity. Upon studying the file that originated the auction and subsequent putting into possession and eviction, he found out that another property (finca) had been fraudulently registered, under registration number two hundred six thousand seven hundred fifty-seven zero zero zero, located in the same sector as his property; but with a much larger area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen meters with sixty-one decimeters square. That property (finca) was registered by means of a Final Decree of Información Posesoria (Ejecutoria de Información Posesoria) from the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, to execute the Board of Directors' agreement, according to act 2268 of April 30, 1979. Titling (Titulación) was approved with an area of 167 hectares. The originating file for that agreement at the Instituto de Desarrollo Agrario is number 12-74, which approves the registration of a real estate in the name of Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima. He added that, based on that same four-folio agreement, there exists a difference of only 30 words that alter it, and another real estate is titled in the name of Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima, which originates the property (finca) registered in the Folio Real, registration number two hundred eighty-eight thousand four hundred fifty-seven - zero zero zero, located in the same place: La Fortuna, canton San Carlos, Province of Alajuela, with an area of one million six hundred seventy thousand nine hundred twenty-three square meters. The protocolizations (protocolizaciones) or executions of the two possession proceedings (informaciones posesorias) that arose from a single agreement for a single real estate, were done separately, and the first, called execution, was filed with the Registro Nacional on April 1, 1984, and the second, which turns out to be altered in the points I will explain, on August 8, 1984. The first filing (PROPERTY N°1), is supported by map (plano) N°A-336641-79. The second execution of the same agreement, of property number 2, was filed with the Registro Nacional on August 8, 1984, but this one has no cadastral support (respaldo catastral), and has a different area than that agreed upon in the administrative file of the Instituto de Tierras y Colonización. This property that I have numbered "2", defacto overlaps, both with my represented party's map (plano), and with the land that now belongs to the State. Similarly, its area comprises 77% of the Parque Nacional Arenal, plus my represented party's property (finca). Regarding the Ley de Zona de Emergencia del Volcán Arenal number 5095 of October 30, 1972, any titling (titulación) within this area was prohibited, due to the emergency suffered, and which turned 50 years old. Its area is one hundred eighty-one hectares, four thousand eight hundred eighty-five meters, but it lacks a map (plano) registered before the Catastro Nacional. The map (plano) that supports it is number A-12547-71, as property of Leonel Hidalgo Alfaro, but that map (plano) does not appear registered in the catastro nacional (see certification issued by the Certification Department of the Registro Nacional). It is legally impossible and illegal to register a real estate without the respective map (plano), as can be read in the evidentiary note emanating from the Registro Nacional, dated January 6, 2016, signed by Licenciado Marlon Aguilar Chaves, Sub-Catastral Director. This is in application of Article 30 of the Ley del Catastro Nacional, reformed by Law 7764 which approved the Código Notarial. Subsequently, using the same documentation from the previous property (finca) (number 1), the second one was registered with number two hundred six thousand seven hundred fifty-seven zero zero zero, by means of titling (titulación) carried out by the Instituto de Desarrollo Agrario, presumably twinned and altered, it was registered before the Registro Nacional on December 6, 1988. That property (finca) was, supposedly, registered through the Regulation of Law number 2825 of October 14, 1961, in the name of the entity ASERRADEROS TROPICALES SOCIEDAD ANÓNIMA. Article 2, second paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias number 139, prohibits the registration through possessory information (información posesoria) of properties (fincas) exceeding 300 hectares. In this case, 348 hectares were registered in total, with two identical enforcement actions (ejecutorias), and without a cadastral map (plano catastral). This abstract property (finca) was later transferred to the company Siete Ríos Sociedad Anónima, which subsequently applied for a mortgage loan for the sum of twelve million colones; this property (finca) was granted as a mortgage guarantee to Banco Nacional de Costa Rica, La Fortuna Branch, by deed granted before notary public Rafael Ángel Rojas Rodríguez, at 15:00 hours on November 20, 1995, deed number 30-98. Banco Nacional, owner of the property (finca) improperly registered by the Registro Nacional number 206.757-000, knows that the property (finca) invades a public domain national park, and has breached the duty of loyalty to inform the Registro Nacional about such an irregular situation. A title that includes a public domain asset (bien demanial) cannot persist and endure, with evident detriment to the State's assets and to third parties acting in good faith. Similarly, when the auction (remate) of that property (finca) that invades a national park was registered, through award at a public auction (adjudicación de remate) by Banco Nacional, by deed filed in January of the year 2000, it should have been rejected, for such a simple reason.
Today, that property remains registered in the name of Banco Nacional, without any restriction, clarification, or rectification of its size, to release approximately 77% of the real estate that belongs to the State. Since the registration was fraudulent, the sole purpose of having it appear in the National Registry was to sell it in an alternative manner, which was done by feigning a loan that was not going to be repaid, such that it was judicially auctioned and awarded to Banco Nacional. Strangely, the credit analysis process of the La Fortuna branch of Banco Nacional carried out the appraisal, which must have included a site visit, where it could have easily verified that there was a plan in the name of my client, and that given the extent of the property, it encompassed a good portion of the Arenal National Park. The purpose of the loan was to invest in timber extraction, which was illegal since the declaration of Arenal National Park had already been made by Executive Decree number 20791 MIRENEN of November 6, 1991—4 years before this loan. When I appeared to examine the file or the reasons why a property had been titled under the Regulation to Law 2825 of October 14, 1961—which I did personally and in writing—there was no evidence at the institute of the existence of the file or of the titling procedure. What is strangely striking and improper in a titling is that there is no plan of the real estate, since it does not appear in the National Cadastre, nor is there a file at INDER, and in the loan file of Banco Nacional, it is noted that the plan provided has no properties, and the plan does not appear in the National Cadastre database. LIFE PROJECT. The property that was dispossessed from my client was a family life project, of a tourism nature, with its basic structure in terms of constructions and services, in a tourist zone par excellence, adjoining the Asociación de Desarrollo de La Fortuna which has on its lands La Catarata, which is shared. The entire investment, such as land, property, structures, cabins, electrical service, sheds—all with profitable tourism exploitation—stopped producing its returns when Banco Nacional took possession, also of the movable goods, all of them, which brought me an economic loss and moral damage of six hundred million colones, taking into account that all this occurred 19 years ago, and they have taken me from litigation to litigation (images 3 to 15). In a memorial visible in images 638 to 640 of the file, in response to a prevention regarding defects in the complaint, the plaintiff eliminated facts 16, 20, 22, 23, 35, 26, and 29. It added prayer for relief 15 in relation to fact 31, as previously indicated, and set forth as LEGAL GROUNDS: "I base the action on the following legal provisions: Articles 41 and 45 of the Political Constitution, the first granting the power to anyone who feels aggrieved to resort to the courts to seek justice, and the second, regarding the inviolability of duly registered and cadastral private property. Civil Code.— Article 295, which grants the owner the right to enjoy the thing to the exclusion of any other person, and to employ all means provided by law. Article 305. The owner's power to defend their property by force or to resort to the competent authority. Article 316.— This norm empowers me to claim in court the thing that is the object of the property and the enjoyment of the rights it comprises, in accordance with the law. Article 322. The ordinary action may be directed against anyone who claims a better right than mine as owner. Article 324. Anyone who violates, usurps, or harms another's property is sanctioned and must indemnify what their action caused. Article 456.— Registration does not validate null or voidable acts or contracts, in accordance with the law. Article 460.— Every registration made in the National Registry relating to a real estate contains all the circumstances and location, area, boundaries, and number of the real estate, conditions, and ENCUMBRANCES affecting it. Law on Possessory Informations No. 139 and its amendments. Article 1, paragraph 3, subsection f) which allows the possessor without title to access registrable title and their obligation to present a plan registered in the Cadastre Office (sic). Article 2.—, which contains the minimum requirements of that plan for it to have legal effects. National Cadastre Law No. 6545. Articles 2 and 3, which define the cadastral plan as a graphic, numerical, and literal description of all the lands of the country. Article 13, which obliges the State to maintain and execute the functions of the National Cadastre. Article 18.— Requires the concordance that must exist between the information of the National Cadastre and the corresponding information of the National Registry regarding each property. Article 30.— Obliges that every real estate transaction be supported by a cadastral plan, according to the amendment mandated by the entry into force of the Notarial Code. General Law of Public Administration. Articles 190 and 191, which establish the liability of the Public Administration for its legitimate or illegitimate functioning. Article 194.— Grounds the liability of the Public Administration when its functioning causes special damage to the rights of the administered party. REGULATION FOR THE TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES. The titling of the property of the Partido de Alajuela No. 00206757-000 failed to comply with the provisions of Article 10, subsection b) of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, regulation to Law No. 2825 on Lands and Colonization. This regulation was declared unconstitutional by the Constitutional Chamber by Constitutional Judgment No. 2063-2007, with retroactive effect to August 12, 2002. Law on the Arenal Volcano Emergency Zone No. 5095 of October 30, 1972, Articles 1 and 2. CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE PROCEDURE CODE. I base my case on Articles 40, 42 subsections g), h), 58, 61, 63 of the Contentious-Administrative Procedure Code" (images 638 to 642). By a brief dated January 4, 2021, the company filed a motion regarding new facts; after the respective hearings, it was declared without merit at the preliminary hearing held on May 17, 2022 (images 866 to 870, 904, 910 to 912, 913 to 917, 918 to 922, 925 to 926, and audio recording of the preliminary hearing).
III.ARGUMENTS OF THE CO-DEFENDANT PARTIES. THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Regarding fact FIRST, it admits that the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 273888-000, shows as registered owner the entity Agencia Aduanal C.R. Sociedad Anónima. However, the final judgment number 1226-2016 issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the Second Judicial Circuit of San José at eleven o'clock on July twenty-ninth, two thousand sixteen, under judicial file number 00-000496-0163-CA, already resolved the issue of double registration and determined that the prevailing title is the property of Alajuela 206757000 currently held by Banco Nacional. It rejected fact SECOND. It pointed out that the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 273888-000, appears with plan A-0046512-1992, modified by plan number A-572505-1999, which bears the seal of the Ministry of Environment and Energy stating that it is located within the Arenal Volcano National Park. Regarding fact THIRD, it indicated that the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 273888-000, is situated in district 7 La Fortuna, canton 10 San Carlos, province of Alajuela, and that its boundaries are: North, Quebrada Río Seco and Another; South, Kelvin Rojas Cerna; East, Asociación Desarrollo Comunal de la Fortuna; and West, Río La Fortuna; with an area of 143,420.59 m². It rejects facts FOURTH, FIFTH, SIXTH, SEVENTH, EIGHTH, and NINTH as being unrelated and extraneous to the Instituto de Desarrollo Rural. Regarding fact TENTH, it reported that the Institution has no record whatsoever of any possessory information (información posesoria) promoted by Aserraderos Tropicales with an area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters and sixty-one square decimeters; according to the data recorded in the document under the citations: Volume 344, Entry 4087 of the Public Registry of Real Property, where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 206757-000, originates. Certification CGD-CERT061-2018 from the Administrative Department of the Document Management Center of the Instituto de Desarrollo Rural indicates that it is not possible to locate any possessory information file promoted by Aserraderos Tropicales S.A. Moreover, according to the National Registry database, plan A-12547-1971 does not appear registered before the Cadastre, and that sketch—provided by the plaintiff—alludes to an area of 181 hectares 4,884.90 m², whose measurement is different from that recorded in the Registry. The foregoing leads to the determination that it may have been an unrelated and extraneous act against the Institution. It rejected facts ELEVENTH, TWELFTH, and THIRTEENTH, stating: the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización in Article IX of session 2268 of April thirtieth, 1979, refers to the approval of the possessory information promoted by Aserraderos Tropicales S.A. under file number 12-74 with an area of 167 hectares. However, it is materially impossible to locate these types of very old possessory information files. Certification CGD-CERT-061-2018 from the Administrative Department-Document Management Center of the Instituto de Desarrollo Rural indicates that it is not possible to locate any possessory information file promoted by Aserraderos Tropicales S.A. On the other hand, the document under the citations: Volume 344, Entry 2371 of the Public Registry of Real Property, is where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 288457-000, originates, with an area of one million six hundred seventy thousand nine hundred twenty-three square meters and thirty-six square decimeters, based on cadastral plan A-033664-1979. Regarding fact FOURTEENTH, it pointed out that the document under the citations: Volume 344, Entry 2371 of the Public Registry of Real Property, indicates that the antecedent of the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 288457-000, corresponds to a possessory information proceeding promoted by Aserraderos Tropicales S.A. with an area of one million six hundred seventy thousand nine hundred twenty-three square meters and thirty-six square decimeters, based on plan A-0336641-1979. The date of the first presentation to the National Registry is unknown because the microfilm of the National Registry records that the Head of the Archives Section of the Public Registry certified that the original was lost in internal processing. It added that the document under the citations: Volume 344, Entry 4087 of the Public Registry of Real Property, is where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 206757-000, originates; however, the Institution has no record whatsoever of a possessory information promoted by Aserraderos Tropicales S.A. with an area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters and sixty-one square decimeters; it believes it may have been an unrelated and extraneous act against the Institution, concluding that this property appears registered in the Property Registry since December 7, 1988. Regarding fact FIFTEENTH, it indicated that the property registered under the citations: Volume 344, Entry 2371 of the Public Registry of Real Property, indicates that the antecedent of the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 288457-000, corresponds to a possessory information proceeding promoted by Aserraderos Tropicales S.A. with an area of one million six hundred seventy thousand nine hundred twenty-three square meters and thirty-six square decimeters, based on plan A-0336641-1979. Likewise, according to the National Registry database, plan A-12547-1971 does not appear registered before the Cadastre and alludes to an area of 181 hectares 4,884.90 m², whose area is different from that indicated in the Registry. This property appears registered in the Property Registry since December 7, 1988. Fact SIXTEENTH (eliminated by the plaintiff). Regarding fact SEVENTEENTH, it explained that it was not until the year 2002 that the Loan Agreement between the Republic of Costa Rica and the Inter-American Development Bank (IDB) was signed, whose objective was to carry out the Cadastre of all existing parcels in the country, duly georeferenced and made compatible with the information of the Real Property Registry. Previously, the Cadastre and Registry databases were not interconnected. Regarding fact EIGHTEENTH, it indicated that the Institution has no record whatsoever of any possessory information promoted by Aserraderos Tropicales with an area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters and sixty-one square decimeters, according to the data recorded in the document under the citations: Volume 344, Entry 4087 of the Public Registry of Real Property, where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 206757-000, originates. Certification CGD-CERT-061-2018 from the Administrative Department-Document Management Center of the Instituto de Desarrollo Rural indicates that it is not possible to locate any possessory information file promoted by Aserraderos Tropicales S.A. Moreover, according to the National Registry database, plan A-12547-1971 does not appear registered before the Cadastre, and that sketch—provided by the plaintiff—alludes to an area of 181 hectares 4,884.90 m², whose measurement is different from that recorded in the Registry. The foregoing leads to the determination that it may have been an unrelated and extraneous act against the Institution. This property appears registered in the Property Registry since December 7, 1988. Regarding fact NINETEENTH, it clarified that according to the data recorded in the document under the citations: Volume 344, Entry 4087 of the Public Registry of Real Property, is where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 206757-000, originates and mentions that the title applicant promoted possessory information in accordance with the conditions of Law No. 4545 of March 20, 1970. However, as has been indicated, the Institution has no record whatsoever of a possessory information promoted by Aserraderos Tropicales with an area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters and sixty-one square decimeters. Fact TWENTIETH (eliminated by the plaintiff). Fact TWENTY-FIRST was rejected because it is not within its knowledge. Facts TWENTY-SECOND and TWENTY-THIRD were eliminated by the plaintiff. It rejected fact TWENTY-FOURTH as considering it unrelated and extraneous to the Instituto de Desarrollo Rural, and referred to the final judgment number 12262016 issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the Second Judicial Circuit of San José at eleven o'clock on July twenty-ninth, two thousand sixteen, under judicial file number 00-000496-0163-CA, which declares in its operative part the following "(...) that indeed the property of the Partido de Alajuela No. 206757-000 contains within its boundaries a portion of property No. 2-250596-000. Therefore, Banco Nacional de Costa Rica must take into consideration that any transaction made on the property of the Partido de Alajuela No. 206757-000 must be done without prejudice to the rights held by the Costa Rican State over a portion of the land of the indicated property, which, having been incorporated into the natural heritage of the nation, enjoys special protection given its public domain character (...)". Facts TWENTY-FIFTH and TWENTY-SIXTH were eliminated by the plaintiff. It rejected facts TWENTY-SEVENTH as being unrelated and extraneous to the Instituto de Desarrollo Rural. Regarding fact TWENTY-EIGHTH, it reiterated that the Institution has no record whatsoever of any possessory information promoted by Aserraderos Tropicales with an area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters and sixty-one square decimeters, according to the data recorded in the document under the citations: Volume 344, Entry 4087 of the Public Registry of Real Property, where the property of the Partido de Alajuela, folio real registration number 206757-000, originates under the conditions of Law No. 4545 of March 20, 1970. Certification CGD-CERT-061-2018 from the Administrative Department of the Document Management Center of the Instituto de Desarrollo Rural indicates that it is not possible to locate any possessory information file promoted by Aserraderos Tropicales S.A. The foregoing leads to the determination that it may have been an unrelated and extraneous act against the Institution. TWENTY-NINTH was eliminated by the plaintiff. It rejected facts THIRTIETH and THIRTY-FIRST as being unrelated and extraneous to the Institution. It likewise rejected, in all its aspects, any monetary amount, pointing out that Article 194, subsection 2) of the General Law of Public Administration does not permit compensation for lost profits, and that legal entities, including corporations (sociedades anónimas), do not suffer any type of moral damage due to their own legal nature; it added that the plaintiff mentions situations carried out by Banco Nacional de Costa Rica, such that in this instance the Institution faces an exemption from liability contemplated in Article 190, subsection 1) of the General Law of Public Administration due to the act of a third party (images 282 to 301).
THE STATE. It rejected the facts of the complaint, because they are not within its knowledge. In the Legal Grounds section, it raised the preliminary defense of unrectified defects that prevent a ruling on the merits of the matter. It reproached that the plaintiff did not develop, in a logical and coherent manner, its arguments related to the interpretation that must be made of the norms that make up the legal system and how that interpretation is important in accordance with the concrete facts, which the submitted complaint lacks. It asserted that it is essential that complaints filed before this jurisdiction be reasoned and not devoid of sense, since such a situation would affect both the justice administration system and the conflicting parties. It reiterated that a clear, precise, and detailed account of the facts is missing, and, at the same time, it is notorious that the complaint in question does not have a developed and studied section on the legal grounds supporting the plaintiff's action, along with the lack of clarity regarding what the theory of the case is. The arguments on how the law should be applied to the specific case are not established, with an inadequate technique in formulating complaints, making arguments more aimed at pointing out alleged fraudulent situations by Banco Nacional, the National Registry, and INDER without truly arguing their considerations and without providing evidence to demonstrate those allegations. It alleged expiration and prescription, as well as lack of passive standing (legitimación ad causam pasiva) and failure to join necessary parties, with respect to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Nacional (SINAC). On the merits, it stated (transcription): "In the remote event that this Court decides not to uphold the preliminary defenses raised, this State representation indicates that it opposes the claims because the complaint does not truly provide reliable evidence that manages to prove its allegations, which, as stated previously, correspond to subjective considerations of alleged illegalities that are not adequately supported, since a logical and coherent development of the arguments is sorely lacking. Now, from the complaint it is apparent that the party seeks the nullity of certain acts by both the National Registry and INDER, with the aim of annulling the registration entry of property No. 2-206757-000 registered in the name of Banco Nacional de Costa Rica since January 24, 2000. In our view, the plaintiff's claims lack legal support, and therefore the complaint must be declared without merit. The registration of documents as part of Registry Law is governed, among other things, by the principles of effectiveness, celerity, and registry security, coupled with the principle of public faith, all in accordance with what is regulated in the Law on Registration of Documents in the Public Registry, Law No. 3883 of May 30, 1967. The principle of public faith is of utmost importance, since documents presented to the Registry are understood to be endowed with that character, whether from Notaries Public, Surveyors, or public officials, as appropriate in each case. Thus, when the registration of an entry in the registry is made, while it is true we are facing an act that has been issued by the competent body to decide on the registry qualification, the fact is that the registrar, by legal mandate, does not question the content of the titles submitted for their consideration, since they are presumed to be governed by public faith, and so also provides Article 4 of the same Law on Registration of Documents in the Public Registry, which expressly states the following [it quotes]. From the quoted norm, it is clear that the registrar and their higher hierarchical instances are empowered to qualify the document presented to them based on the very information recorded therein, and cannot go beyond what is expressly stated. In this case, it is clear that there is no nullity in the documentation ordering the registration of a property issued by the Public Registry of Property, such that it must consequently be understood that everything carried out is valid, and therefore there is no harmful conduct by the State or the Public Registry. Additionally, and without prejudice to the foregoing, it is important to remember that in our legal system there is no nullity for nullity's sake, and there is a duty for plaintiffs to clearly justify the reasons why an alleged nullity against an administrative act is claimed, and in turn there is a duty to demonstrate that there was a violation of the constitutional rights of the administered party. In this regard, the First Chamber of the Court has stated [it transcribed in person]. In this matter, it is clear that the party omitted to present its allegations in a manner that properly grounded its legal considerations of why it considers the acts indicated in the claim to be null; therefore, the appropriate course is to reject the claims insofar as they are not self-sustaining and should have been properly justified in the complaint. Finally, and in what concerns this Representation, we recall that the plaintiff in the year 2000 filed a judicial proceeding before the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda against Banco Nacional de Costa Rica, the company Siete Ríos S.A., and Mundo Limpio, also having the State as an interested party. That proceeding was processed under judicial file 00-000496-163-CA, and it addressed, among other things, the issue of the overlap of properties that is also indicated in this proceeding, a matter that was elucidated by the Court at the time and resolved by judgment No. 1226-2016 of eleven o'clock on July twenty-ninth, two thousand sixteen, stating the following [it partially transcribed]. In this regard, the Court must consider the rights that correspond to the State over property No. 2-250596-000, acquired in public deed No. 30 granted in the protocol of the State notary Gladys Herrera Raven, on May 25, 1994, and for which all legally corresponding indemnifications for those lands have already been paid in adherence to good faith and registry publicity. Having said all of the above, the appropriate course is that the defenses interposed be upheld, the complaint be declared inadmissible, and in default thereof, the lack of right alleged by this State representation be upheld (images 359 to 386).
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. Regarding the facts of the complaint, it rejected those numbered 1 through 8, and 10 through 20 (the plaintiff company withdrew facts 16 and 20). Regarding fact TWENTY-ONE, it clarified that it is not an abstract property, but one located and registered in the National Registry. Fact TWENTY-TWO was withdrawn by the plaintiff. It rejected facts TWENTY-THREE through TWENTY-EIGHT (twenty-six was withdrawn), and TWENTY-NINE (which was withdrawn) through THIRTY-ONE it rejected because they are not within its knowledge. Under the section "Law," it stated (transcription): "Article 45 of our Political Constitution states that private property is inviolable, and if a person is deprived of their right, it is through prior indemnification, the outcome of which must be recorded in the Public Registry of Property. Within this factual context and as an effect of the foregoing, it must be borne in mind that Article 455 of the Civil Code states that titles subject to registration that are not registered in the Registry do not prejudice a third party, as is the case of Banco Nacional de Costa Rica, except from the date of their presentation to the Public Registry. Article 267 of the Civil Code is clear that for the right of property to produce all its legal effects, it is necessary that the real right be duly registered in the Public Registry of Property, and the title of property that the bank holds over the real estate predates the right of property of the plaintiff herein. I rely on Articles 1, third paragraph, and 17, first paragraph, of Law No. 4545 of March 20, 1970. This law is the one applicable when the process of possessory information was processed and the title of ownership was granted, under which the process resulting in the property that my client was awarded in payment of obligations was processed. Now, if we observe the real estate that the plaintiff claims to own, namely the lines registered in the Partido de Alajuela, mechanized folio real registration numbers 273888-000 and 250596-000, it is determined that they derive from the parent line number 250596-000. This latter real estate was registered via possessory information processed under Law No. 139 of July 14, 1941, and promoted by Mr. Kelvin Rojas Cerna. Said registration, in the Public Registry of Property, was made on February 18, 1991, subsequent to the processing and due registration of the line that now belongs to Banco Nacional de Costa Rica. Consequently, Articles 459 and 462 of the Civil Code are applicable. The first norm states that for a title of property to prejudice a third party, it must be registered. The second norm provides that once the title transferring ownership of the real estate is registered, no other title that contradicts the right already registered may be inscribed. I likewise base my case on Articles 70 and 71 of the Organic Law of the National Banking System, No. 1644 of September 26, 1953, and its amendments. It is of utmost importance to bring up the PRINCIPLE OF REGISTRY PUBLICITY, enshrined in Article 455 of the Civil Code, which, in relevant part, states [it quotes]. Currently, Banco Nacional de Costa Rica, after an execution process, appears as the registered owner of the real estate. Banco Nacional, like any financial intermediary or creditor wishing to secure a credit operation, relies on registry publicity, as provided in Article 449 of the Civil Code. In its reiterated status as a third party, it is totally and evidently extraneous to the facts being questioned. Registry publicity guarantees to third parties the ownership of the real right of property, and it was based on that information, which tends to provide security in the acts and contracts of civil society members, that the credit was granted, which was secured by a mortgage on the real rights of property and in accordance with the registry information. According to Article 452 of the Civil Code, it is possible that real rights may be constituted, such as that of mortgage (Article 259 in relation to Article 409 ibidem), by one who '...has their right recorded in the Registry or by one who acquires it in the same instrument of its constitution.' Banco Nacional de Costa Rica holds that status, namely that of a third party, which, in good faith, protected by registry publicity and after an expert appraisal of the property, accepted it as a mortgage for a loan granted, whose default forced the Bank to initiate a judicial process and request the execution of the guarantee granted by the debtor. On this particular point, namely the situation of a third party protected by registry publicity, the very First Chamber of Cassation of the Supreme Court of Justice, which cites the regulation, in judgment No. 162 of 2001, states the following [it partially transcribes]. As can be seen, the Civil Chamber protects the rights of third parties that arise or derive from registry publicity. It is so considered. That the security that the system must provide to the administered party and the public interest that exists over private parties prevail, even over the alleged right of property, and the aggrieved party must direct their claim against the alleged author of the occasional damage. I likewise base my case on the following legal provisions: Articles 259, 449, 452, and 456 of the Civil Code.
As another relevant aspect, we begin by indicating that state commercial banks as well as non-state ones, in consideration of the importance of the "health" of the national financial system, must ensure that they grant their loans to individuals and groups with sufficient solvency to meet their obligations. In addition to verifying such solvency, the risk must be secured or reduced, which is done through suitable guarantees in the event of default on the obligations contracted. In summary, the solvency of individuals for any credit granted by BANCO NACIONAL DE COSTA RICA must be backed by a guarantee to the satisfaction of the Bank. The foregoing is based on compliance with Article 66 of the LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, which states [citation]. On this matter, the Office of the Attorney General of the Republic has expressed itself as follows [citation of opinion C-207-1998]. We do not fail to point out that Article 71 of the LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL also states [citation]..." (images 387 to 405).
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL. Regarding the facts of the complaint, it admitted as true the first through the third, the fifteenth, the eighteenth, rejected the fourth through the sixth, rejected the seventh through the ninth as being unrelated to the institution; rejected the tenth through the fourteenth because they are not within its knowledge; admitted the fifteenth as true; fact sixteen was waived by the plaintiff; the seventeenth through the nineteenth were rejected as they correspond to subjective interpretations of the plaintiff, facts twenty, twenty-two, twenty-three, twenty-five, twenty-six, and twenty-nine were waived; fact twenty-four was rejected, it admitted fact twenty-one in relation to the provisions of the Ley de Informaciones Posesorias and rejected the rest, and it rejected facts thirty and thirty-one as not being within its knowledge. CLAIMS AND MERITS ANALYSIS (transcription): "As we will demonstrate, the plaintiff's claims lack legal support as to their admissibility and, furthermore, are based on erroneous and ambiguous interpretations by the party requesting them, and therefore they must be rejected in their entirety. The administrative acts sought to be annulled. Among the petitions in the proceeding, the plaintiff seeks the nullity of a series of registry acts pertaining to my client, specifically that the titling of Banco Nacional's farm No. 206757-000 is null because it was carried out in contravention of the provisions of the second paragraph of Article 2 of the Ley de Informaciones Posesorias, which prohibits the titling of immovable property larger than 300 hectares; furthermore, since the existence of that land in the name of Banco Nacional lacks all legitimacy, it is requested that its registration before the Registro Nacional be annulled, including the nullity of the detailed map (plano) recorded in its registry entry, the nonexistent map No. A-0012547-1971 that supports it. As grounds, the party alleges that on December 7, 1999, it was irregularly evicted from the farm of Partido de Alajuela, Registration No. 2-273888-000, by a judicial order of the Civil Court of Ciudad Quesada, because the co-defendant Banco Nacional de Costa Rica supposedly illegitimately awarded itself its property. The plaintiff goes on to state that once it appeared in the judicial file that gave rise to the auction and the respective eviction, it learned of a fraudulent double titling regarding the farm of Partido de Alajuela Registration No. 2-206757-000, which, according to its statement, overlaps almost the entirety of its land, all of this altering a final judgment issued by that Judicial Authority. Nonexistence of defects that generate nullity in the acts under attack. In accordance with Article 158 of the Ley General de la Administración Pública and Law No. 3883, the lack or defect of any requirement of an administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a defect thereof. In that regard, an administrative act substantially inconsistent with the legal system shall be invalid, specifying that insubstantial infractions shall not invalidate the act. Accordingly, two types of infractions can arise in an administrative act: substantial and insubstantial, the former being those that determine the invalidity of the act, which manifests, depending on the gravity of the violation committed, in relative or absolute nullity, and the insubstantial ones which do not produce the invalidity of the act, but do entail disciplinary liability of the acting official. The validity of the administrative act is verified by the compliance and perfect presence of the elements that constitute it, both formal and substantial. These elements to which we refer, as both national doctrine and the Ley General de la Administración Pública distinguish, are divided into formal and substantial; among the formal elements are the subject, procedure, and form, and the substantial or material ones are the motive, content, and purpose. Now, regarding the matter of the registration (inscripción) of documents, one must start from, among others, the principle of public good faith, in accordance with Article 4 of the Ley de Inscripción de Documentos del Registro Nacional, a fact of relevance since all public instruments presented to the Registro's Journal are inherently vested with said principle, and therefore the Registrar on duty cannot question the content of the deeds or maps (planos) submitted for their consideration. It can be stated that the allegations noted by the plaintiff fail to demonstrate or support, at a minimum, a relative nullity that would warrant the procedural correction of any of the administrative acts of a registry nature, the party merely alleging nullity without presenting a development of the supposed deficiencies of my client at the time of qualifying and registering (inscribir) the acts. Abusive use of right by the plaintiff. Abuse of right implies an overstepping in the exercise of a power and, in principle, consists of manifestly exceeding the limits of the normal exercise of a right; therefore, we are faced with an unlawful act of a procedural nature. In the case at hand, it is essential to bring to light that, before the Contentious-Administrative Court, the plaintiff filed an ordinary proceeding against Banco Nacional de Costa Rica and the State, a case that was heard under file No. 00-000496-0163-CA, where the same overlap of properties that is the subject of this new litigation was discussed, concluding with the issuance of judgment No. 1226-2016 at 11:00 a.m. on July 29, 2016, which ordered, among other things, a superior right of the co-defendant Banco Nacional de Costa Rica. Specifically, Your Honor, I affirm that the abusive use of right by the plaintiff seeks to generate different judgments and criteria in various judicial offices, with the risk of generating legal uncertainty regarding subjects who hold fully consolidated subjective rights, and for this reason I request that this action be dismissed in its entirety. Improcedence of damages. Given the scant argumentation of the plaintiff, for the moment we limit ourselves to demonstrating the nonexistence of a causal link between the remedies sought and the actions that the plaintiff supposedly claims to have suffered. Likewise, I make known that my client has not participated in any of the actions deployed by the parties in their commercial dealings, much less in the judicial proceedings described in the facts, its participation being at most a normal involvement in acts of registry inscription (inscripción registral) resulting from public deeds or final judgments, vested with the public good faith of the authorizing Notary or with officiality by the judicial authority, and therefore I request that the liquidation presented be rejected in its entirety..." (images 412 to 425).
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Rejected all the facts of the complaint. Requested that the defenses filed be granted and that the complaint be deemed answered in the negative (images 674 to 678).
From the review of the factual framework described in the complaint and, as derived from the evidence adduced to the record, the following are deemed proven:
V.SUBJECT OF THE PROCEEDING. The plaintiff corporation is the owner of the property with real folio registration number of the province of Alajuela 273888-000, registered on May 25, 1993, which comes into legal existence through segregation (segregación) from farm 250596-000, which in turn comes into legal existence through possessory information (información posesoria), promoted by Mr. Kelvin Rojas Cerna, registered on February 20, 1991, a property that was later sold to the State. It stated that on its property it developed a tourism project, but relates that on December 7, 1999, it learned that Banco Nacional had awarded itself its property. It stated that the farm Banco awarded itself is a different one, registered under real folio registration number 206757-000, which it asserts was fraudulently registered, and to justify this assertion, it refers to its origin, indicating that it resulted from two possessory informations (informaciones posesorias) processed by the Instituto de Tierras y Colonización (today INDER) in file 12-73 by agreement of April 30, 1979. That, as a result of those 2 possessory informations—originating from a single agreement of the Board of Directors—two farms were registered, both of Partido de Alajuela, one with real folio registration number 288457-000 registered on April 1, 1984, and the other, number 206757-000, was submitted on August 8, 1984. It points out that this latter farm overlaps its property—farm 273888-000—and the farm owned by the State. It added that on December 6, 1988, using the same documentation as farm 288457-000, farm 206757-000 was registered, submitted to the registro on December 6, 1988, in the name of Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima. Regarding this registration, it reproaches as defects that it lacks a map (plano) to support it, that it exceeds the area of 300 hectares allowed by the Ley de Informaciones Posesorias, that it was based on two identical final titling judgments. It added that the farm registered in the name of Aserraderos Tropicales, S.A. was later transferred to Siete Ríos, a company that requested a loan from Banco Nacional that was not repaid, so it was awarded to it at auction, but it warns that this award is of a property improperly registered in the Registro Nacional. In light of the factual framework described, the plaintiff corporation requests a total of 17 claims, the first of which is for this Court to declare that its farm A-273888-000 is registered in accordance with the legal system.
The second through sixth claims seek a declaration of nullity defects related to the registration of Alajuela district property 206757-000 and its origin in the possessory information endorsed by INDER—likewise, the ninth through fourteenth claims seek to annul the registration of Alajuela district property 206757-000 —whose owner as of the date of this ruling is Banco Nacional— due to various defects: from encompassing public-domain assets to having been registered without a cadastral plan, among others. The seventh claim faults a Registry error in the registration of two properties (which it does not specify) stemming from a single administrative titling and violating the provisions of Article 30 of the Cadastre Law 7764. The eighth claim is for the court to declare that INDER authorized the titling in the name of Aserraderos Tropicales, S.A. without having supporting documents. The fifteenth and sixteenth claims seek damages for dispossession and deterioration of built works, as well as moral damages for 19 years of dispossession and lost profits from an activity it described as very successful for being a tourist location. With the factual framework on which the seventeen claims rest clearly established, this Chamber proceeds to analyze whether the lawsuit is admissible or not, the first aspect that must be reviewed—because the co-defendants so allege—being the defenses of statute of limitations (caducidad) and prescription (prescripción), which were deferred by the Procedural Judge to be addressed at this procedural stage. Given the effects produced by both legal institutions, this is the first element that must be reviewed, in the terms set forth immediately below.
THE REPRESENTATION OF INDER alleged: "(a) Evident and manifest prescription (prescripción): In essence, the plaintiff seeks to annul the registration of Alajuela district property, real folio registration number 206757-000, which appears registered with the Property Registry since December 7, 1988. Now, under any of the following hypotheses it is appropriate to declare the prescription (prescripción) granted: First Hypothesis: Article 17 of Law 4545, 'Administrative Possessory Information Law,' established a three-year validation period counted from the date of registration. In this specific case, the registration of Alajuela district property, real folio registration number 206757-000, appears registered with the Property Registry since December 7, 1988, and it was not until October 5, 2018—the date of notification of this lawsuit—that an attempt was made to annul its registration. Therefore, the period that was regulated for its challenge has elapsed. Second Hypothesis: Article 868 of the Civil Code establishes the ordinary prescription (prescripción) under which every right and its corresponding action prescribe in ten years. In this specific case, the registration of Alajuela district property, real folio registration number 206757-000, appears registered with the Property Registry since December 7, 1988, and it was not until October 5, 2018—the date of notification of this lawsuit—that the plaintiff seeks to annul the registration. Therefore, the maximum period that was regulated for its challenge has elapsed. Third Hypothesis: Any claim for indemnification is rejected. Article 198 of the General Public Administration Law regulated that the right to claim indemnification from the Public Administration shall prescribe in four years. In this specific case, the registration of Alajuela district property, real folio registration number 206757-000, appears registered with the Property Registry and is enforceable against third parties since December 7, 1988, and it was not until October 5, 2018—the date of notification of this lawsuit—that indemnifications are sought. Therefore, any claim for indemnification is time-barred. Fourth Hypothesis: Any claim for indemnification is rejected. Article 198 of the General Public Administration Law regulated that the right to claim indemnification from the Public Administration shall prescribe in four years. In this specific case, the plaintiff alleges in fact thirty-one situations dating back more than nineteen years, and it was not until October 5, 2018—the date of notification of this lawsuit—that indemnifications are sought; therefore, any claim for indemnification is time-barred. Thus, this representation raises the exception of evident and manifest prescription (prescripción) in accordance with Article 66, subsection k) of the Contentious Administrative Procedure Code. Therefore, I request that the raised exception be granted and that the plaintiff be ordered to pay both sets of costs. (b) Evident and manifest statute of limitations (caducidad): The statute of limitations (caducidad) establishes a rigid and fatal period and does not accept any type of interruption. Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code establishes that 'the regime for challenging acts that have become final in the administrative proceeding prior to the entry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time.' Consequently, Law 4545 (Administrative Possessory Information Law), published on April 7, 1970, provided in its Article 17 a validation period of three years to decree the absolute nullity of the title. Note that said validation was regulated before the General Public Administration Law, published on May 30, 1978. Subsequently, the General Public Administration Law, published on May 30, 1978, regulated in its Article 175 that the power of the administered party to challenge an absolutely null act in the administrative and jurisdictional venue shall expire in four years. Now, in application of Article 34 of the Political Constitution, no law shall be given retroactive effect to the detriment of any person or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations, considering that based on the legal provisions previously indicated, it is verified that upon the lapse of the legal period to challenge the registration of the property regulated in Article 17 of Law 4545, the statute of limitations (caducidad) of the action is applicable. Article 17 of Law 4545, 'Administrative Possessory Information Law,' established a three-year validation period counted from the date of registration. In this specific case, Alajuela district property, real folio registration number 206757-000, appears registered with the Property Registry since December 7, 1988, and it was not until September 13, 2018—the date of filing of the lawsuit—that the plaintiff seeks to annul its registration. Therefore, the period that was regulated for its challenge has elapsed. Thus, this representation raises the exception of evident and manifest statute of limitations (caducidad) in accordance with Article 66, subsection k) of the Contentious Administrative Procedure Code. Therefore, I request that the raised exception be granted and that the plaintiff be ordered to pay both sets of costs" (images 291 to 293).
THE STATE REPRESENTATIVE ON THE STATUTE OF LIMITATIONS (CADUCIDAD) STATED: "...since it is evident that, in this case, the period established by the Contentious Administrative Procedure Code for filing the action has amply elapsed, and therefore, the lawsuit must be declared inadmissible. Pursuant to Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA), the nullity regime for administrative acts that have become final before the entry into force of the Code shall be the regime of the legislation in force at that time. The cited article provides the following: 'TRANSITORY PROVISION III.- The regime for challenging acts that have become final in the administrative proceeding prior to the entry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time.' In the present matter, the plaintiff, in its claims, seeks a declaration of nullity of registry inscriptions from the year 2000 (see registry certification of property 2-206757-000). Now, from the transcribed transitory provision, it follows that the regime for challenging the aforementioned administrative acts shall be that established by the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction (Law No. 3667 of March 12, 1966) and the General Public Administration Law (Law No. 6227 of May 2, 1978), prior to the reform introduced by the Contentious Administrative Procedure Code in 2008. For this reason, as a general rule, the challenge of any act, such as registry inscriptions, that had come into effect before the entry into force of the Contentious Administrative Procedure Code, is governed by the provisions of Article 37 of the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction, which indicates that the action expires after two months counted from the communication of the act. 'Article 37.-1. The period to file the lawsuit shall be two months, which shall be counted: a) When the challenged act must be personally notified, from the day following notification; and b) In the event that personal notification is not applicable, from the day following the official publication of the act or provision.' (Highlighting is not from the original). Meanwhile, in the case of absolute nullity defects of administrative acts, the statute of limitations (caducidad) period for the action is four years in accordance with Article 175 of the General Public Administration Law, in force at the time those administrative acts were issued, which literally establishes that [cites the provision]. In this regard, the lawsuit was filed before judicial courts on September 13, 2018, so it is clear that, in either of the two cases indicated above, that is, whether counting two months or four years, the period to file the lawsuit has amply elapsed, since precisely because property 2-206757-000 was registered on January 24, 2000, in the name of Banco Nacional de Costa Rica, it became final before the enactment of the Contentious Administrative Procedure Code, and therefore what is stipulated in Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA) is applicable to it. The foregoing has been supported by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its rulings No. 227-F-S1-2016 of eleven hours ten minutes of March ten, two thousand sixteen, No. 10-F-S1-2013 of eight hours thirty-five minutes of February five, two thousand thirteen, and No. 1087-F-S1-2011 of eight hours fifty minutes of August eight, two thousand eleven. Finally, it is worth noting that in accordance with Article 39 of the Contentious Administrative Procedure Code, the opportunity to challenge the registration would also have expired, since the fatal one-year period would have operated." It also alleged PRESCRIPTION (PRESCRIPCIÓN), stating: "Given the lack of clarity of the complaint, and for the sake of defending the State's rights, we take the liberty of raising the preliminary defense of prescription (prescripción) to preclude any liability of the State. Thus, in this Representation's view, it is clear that in this case the prescription (prescripción) of the right to claim any liability from the State has operated; therefore, in accordance with Article 66, subsection k) of the Contentious Administrative Procedure Code, we request that it be so declared. Property 2-206757-000 was registered on January 24, 2000, in the name of Banco Nacional de Costa Rica, and it is from that moment that State liability could be claimed for the alleged disturbing acts on its property. On this point, we note that the plaintiff has had knowledge of the Registry movements since the year 2000, the date on which the plaintiff company here filed a judicial claim against Banco Nacional and others, which was processed under case file No. 00-496-163-CA. This Representation does not fail to point out that in case No. 00-496-163-CA, by resolution No. 1226-2016 of eleven hours of July twenty-nine, two thousand sixteen, the Contentious Administrative Court recognized the State's rights over property No. 2-250596-000 as a public-domain asset for being part of the Arenal National Park, and therefore, being incorporated into the nation's natural patrimony, those rights cannot be disregarded in this proceeding. It should be noted that, regarding the issue of prescription (prescripción) of acts emanating from the National Property Registry, the First Chamber has indicated that even though they are acts governed by the principle of registry publicity, they do not constitute administrative acts of continuous effect, insofar as they occur punctually in time. Thus, in ruling 741-F-S1-2017 of fourteen hours ten minutes of June twenty-two, two thousand seventeen, it was resolved that [makes partial transcription]. Therefore, we respectfully request the Tribunal to declare prescription (prescripción) since for purposes of claiming liability for the actions of the National Registry, the prescription (prescripción) period runs from the registration of the property..." (images 365 to 371).
THE REPRESENTATION OF BANCO NACIONAL likewise raised the defense of prescription (prescripción), regarding which it stated: "Within the list of claims of the plaintiff, it is observed that it seeks a declaration of nullity of the title of Alajuela district property, real folio registration number 20675-000, owned by my represented party, whose registration process, as the plaintiff indicates, dates back to 1988. In such case, even the ten-year prescription (prescripción) provided for in Article 868 of the Civil Code has operated" (images 404 to 405).
THE REPRESENTATION OF JARN, regarding the statute of limitations (caducidad) of the action, stated: (transcription) "For being evident and manifest, we raise the defense of statute of limitations (caducidad) since the period to bring an action against my represented party has amply elapsed, in accordance with the claims raised by the plaintiff and in light of the rules of the CPCA in its Transitory Provision III, the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction, as well as the rules on absolute nullity of the Law of the Public Administration. On this matter, in the table of claims, the requesting party seeks to annul two registry registration acts that occurred in the year 2000, related to Alajuela district property, Registration No. 2-206757-000, a date prior to the entry into force of the CPCA, at which time a maximum statute of limitations (caducidad) period of four years was established for absolutely null acts, based on Article 175 of the General Public Administration Law. In addition to the foregoing, it must be considered that when the challenged administrative actions correspond to registry movements with immediate effects publicized in the respective databases of the National Registry, the term for calculating the statute of limitations (caducidad) period at hand must be done pursuant to Article 455 of the Civil Code, since by providing that titles subject to registration that are not registered do not prejudice third parties except from the date of their presentation to the Registry, it is logical to consider that when titles have been presented and registered, the period begins to run for any interested third party who considers themselves harmed by such administrative action to resort to the judicial venue to enforce their rights. The foregoing precisely because consultation of these databases is public (Article 449 of the Civil Code) and is complemented in turn by the provisions of Article 32 of the Law on Registration of Documents in the Public Registry regarding the effects of registry publicity. On this point, the criterion of the Contentious Administrative Tribunal has been consistent with that thesis and, among others, in resolution No. 59-2012-V of fifteen hours of June twenty-two, two thousand twelve, issued by the Fifth Section Annex A of said Tribunal, it was reasoned as follows [made partial citation]. Therefore, once the court verifies the filing date of the proceeding as September 13, 2018, I request that the declaration of the statute of limitations (caducidad) be resolved preliminarily and not deferred to the merits, ordering the definitive archiving of the file." On the prescription (prescripción) of the right, it indicated: "As a result of the preliminary defense developed supra, I make evident that in the Litis the prescription (prescripción) has operated with respect to the claim for damages sought by the opposing party. As the generating event of liability, the company Agencia Aduanal C.R. identifies the registry act of registration of Alajuela district property, Registration No. 2-206757 in the name of Banco Nacional de Costa Rica. In that sense, from a review of the documentary evidence provided in the record, that circumstance occurred as of January 24, 2000; therefore, the lack of exercise of the judicial action within the period mandated by law is unjustified in legal terms, because since the information contained in the real estate publicity of the related registration in the Real Estate Registry Database was duly accessible from that day, it had a period of 4 years to assert its right, which has been exhausted as of today by a principle of legal certainty to make any claim in that regard. Thus, the plaintiff is not entitled to any right to petition for the alleged damages claimed by virtue of the fact that the 4-year period for their enforceability has amply prescribed. Not declaring the alleged prescription (prescripción) would violate the principles of legal certainty and would allow that, even though the period granted by law has amply elapsed, an indemnification may be sought for damages allegedly derived from administrative conduct that occurred more than twelve years ago, from which it can be observed that the period to claim indemnification for administrative conduct has indeed expired. Without prejudice to the foregoing, I proceed below to comply with the formalities of Article 64 of the CPCA" (images 414 to 416).
THE REPRESENTATION OF SINAC, on the defense of prescription (prescripción), argued: "Property 2-206757-000 was registered on January 24, 2000, in the name of Banco Nacional de Costa Rica, so from that moment any claim regarding the property could be made, a moment that was known to the plaintiff when it filed the claim in the judicial venue that was processed under case file 00-000496-16-CA. For this reason, prescription (prescripción) is invoked, in accordance with Article 66, subsection k) of the Contentious Administrative Procedure Code, and it is requested that it be so declared by virtue of the fact that said period runs from the registration of the property in the National Registry." It also alleged statute of limitations (caducidad), regarding which it stated: "The exception of statute of limitations (caducidad) is raised because the period established in the Contentious Administrative Procedure Code for filing the action has elapsed, and therefore the lawsuit must be declared inadmissible. Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code states the following: 'The regime for challenging acts that have become final in the administrative proceeding prior to the entry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time.' The plaintiff requests a declaration of nullity of registry inscriptions from the year two thousand, in which case, according to the cited transitory provision, the applicable challenge regime is that established in the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction and the General Public Administration Law. The registration of property 2-206757-000 was effective on January 24, 2000, acquiring finality before the enactment of the Contentious Administrative Procedure Code, its Transitory Provision III being applicable. By virtue of the application of this transitory provision, the two months counted from the communication of the act, regulated in Article 37 of the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction, or the four years in accordance with the General Public Administration Law, have elapsed..." (images 676 to 677).
CRITERION OF THE TRIBUNAL: The plaintiff requested in claims numbered 2 through 6 that the Tribunal declare, in relation to the registration of Alajuela district property 206757-000 owned by Banco Nacional, a series of aspects referring to the origin of the property's registration, which is Act 2268 of April 30, 1978, issued by the Board of Directors of the then Institute of Lands and Colonization—now INDER—, in which the administrative possessory information submitted by Aserraderos Tropicales, S.A. is approved, registered as of December 7, 1988. It requests that it be indicated that Act 2268 (where the titling was recognized by the then Institute of Lands and Colonization -ITCO-) lacks nature, boundaries, measurements, and cadastral plan, that the protocolizations through which the property was registered circumvented the legal prohibition against registering areas exceeding 300 hectares through the possessory information procedure, and that it also overlaps or completely invades the property owned by the plaintiff company and a property owned by the State. Then, from claim 9 through claim 14, it requested that this Tribunal declare that the titling of the property of Banco Nacional de Costa Rica, real folio registration number 2-206757-000, registered on January 24, 2000, is null because: it incorporated into its area a public-domain asset one hundred percent corresponding to the State's property number 250596-000 of the Alajuela district; because it was registered without a plan; because it overlaps the plan of the property owned by the plaintiff company; because it was done without observing Article 30 of the National Cadastre Law due to the lack of a plan; because it did not respect the prohibition against titling properties larger than 300 hectares, understanding that "...since the existence of that property in the name of the Bank lacks all legitimacy, I REQUEST THAT ITS REGISTRATION BE ANNULLED before the National Registry...". It is clear to this Panel of Judges that, although in claims two through six there is no express request for nullity, the defects that are sought to be declared are subsumed within the nullity claims indicated from 9 to 14, such that claims 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 refer to the nullity of the registry entry of property 2-206757 registered in the name of Banco Nacional on January 24, 2000, the property having been awarded at the public auction held in the mortgage foreclosure proceeding processed in the Civil Court of San Carlos, under case file 96-100508-297-CI. Having clarified the foregoing, it must be recalled that the registry function constitutes the exercise of an administrative function subject, therefore, to the block of legality of our legal system, which imposes a technical and specialized qualification of a document and legal transaction submitted to the National Registry for registration, a moment from which it becomes enforceable against third parties. In the exercise of that administrative function, it is possible that a registry error materializes that imposes the modification or annulment of the entry. That error may be the product of deficiencies inherent to the public deed or administrative act submitted for registration, or a consequence of the qualifying function. In the case under review, the nullity sought derives from defects that the plaintiff believes are present in the administrative act of registering the property in the name of Banco Nacional, real folio registration number 2-206757-000, which took place on January 24, 2000. Given the lack of clarity of the factual framework of the lawsuit and the manner in which the 17 claims are set forth, at this point it is necessary to clarify that in facts 9 through 15, 17 through 19, and 21 (recall that it eliminated facts 16, 20, 22, 23, 25, 26, and 29 from the lawsuit, see filing of July 29, 2019, visible at image 639), the plaintiff company refers to the original registration of property 2-206757-000 dating from December 7, 1988. As indicated, by agreement of the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization adopted in Article IX of session 2268 held on April 20, 1979, the resolution of the possessory information judgment of Aserraderos Tropicales, C. R. S.A. was approved; however, the registration with the National Registry did not occur until the year 1988. As was also clarified, in the list of claims from 2 to 6, it asks that a series of "declarations" be made regarding that property registered by Aserraderos Tropicales S.A. in 1988. As was accredited by the evidence and as indicated in the proven facts of this lawsuit, years later, the same property, real folio registration number 2-206757-000, was awarded at a judicial auction to Banco Nacional de Costa Rica and was thus registered as of January 24, 2000. Subsequently, in claims 9 through 14, it requests the nullity of the titling carried out by the banking entity on January 24, 2000. Having clear the chronological order of the registrations and the criticisms the plaintiff sets forth in its lawsuit, it must be recalled that the nullity of administrative acts is subject to procedural rules, set forth in our legal system in the General Public Administration Law (hereinafter LGAP) No. 6227 of May 2, 1978, as well as, in its time, the repealed Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction (hereinafter LRJCA) No. 3667 of March 12, 1966, and, as of 2008, by the Contentious Administrative Procedure Code (hereinafter CPCA). For that reason, the first aspect that must be reviewed when facing claims for nullity of administrative acts is the temporality of the conduct sought to be annulled, and in the present case it is evidently determinable by the registry registration. The plaintiff company filed this lawsuit on September 13, 2018, and seeks the nullity of the registry administrative conduct regarding the registration of Alajuela district property—real folio registration number 2-206757-000 in the name of Banco Nacional de Costa Rica on January 24, 2000. That is, it concerns a registration (regardless of whether it refers to the first registration made in the name of Aserraderos Tropicales, S.A. in 1988 or the one registered in 2000 by Banco Nacional, upon acquiring the property at a judicial auction) that took place prior to the entry into force of the CPCA, which began to be in effect on January 1, 2008, as indicated in Article 222, and which provided in Transitory Provision III: "The regime for challenging acts that have become final in the administrative proceeding prior to the entry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time." Based on the foregoing, it is clear that it concerns a registry administrative act that became final under the regulations in force before the CPCA came into effect, and therefore the nullity regime for those acts was governed by the provisions of the LRJCA and by the rules of the LGAP in force prior to the reform introduced by the CPCA. Consequently, the determination of the statute of limitations (caducidad) period alleged by the defendants must be made in accordance with the provisions of the aforementioned Transitory Provision. In that line of reasoning, it must be recalled that Article 175 of the LGAP (prior to the reform introduced by the CPCA) indicates that, in the case of absolute nullity defects of administrative acts, the statute of limitations (caducidad) period for the action is four years: "Article 175.- The power of the administered party to challenge an absolutely null act in the administrative and jurisdictional venue shall expire in four years, without the normal statute of limitations (caducidad) periods being applicable in this regard..." In accordance with the provisions of that norm, it is necessary to determine when the moment was in which the plaintiff learned of the titling carried out by Banco Nacional of property real folio registration number 2-206757-000, finding that it is through the plaintiff company's legal representative's own statement that this date or specific moment is determined, as indicated in facts 9 and 10 of the lawsuit when stating: "...9. On December 7, 1999, my employee Manuel Ramírez Ojeda was evicted from the place by the Civil Court of Ciudad Quesada, because Banco Nacional had been awarded my property at auction, without my having assumed any financial commitment. 10. Upon studying the case file that gave rise to the auction and subsequent placement in possession and eviction, I learned that another property had been fraudulently registered, REGISTRATION TWO HUNDRED SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY-SEVEN – ZERO ZERO ZERO, located in the same sector as my represented party's property, but with a much larger area of one million eight hundred one thousand five hundred fourteen square meters with sixty-one square decimeters." It is clear and there is no doubt that, since 1999, the plaintiff has known about the award of property real folio registration 2-206757-000 by Banco Nacional. Now, having verified that the lawsuit was filed before judicial courts on September 13, 2018, it is evident that, under the protection of Article 175 of the LGAP, the four-year period available to the plaintiff to file a lawsuit seeking the nullity of the registry inscription or "titling" of property 2-20677-000 has amply elapsed. It is for this reason that, in this case, the power or possibility for the company Agencia Aduanal C.R, S.A. to challenge the registration of that property has expired.
The filing of this lawsuit, more than seventeen years after the registration by the Banco Nacional materialized on January 24, 2000, goes against the very logic of interest in challenging and the timeliness to do so. As matters stand, in this case the period to declare with merit the expiration of the action (caducidad de la acción) asserted by the defendant parties has amply elapsed, in relation to the petitions for nullity of the registration made by the Banco Nacional de Costa Rica on January 24, 2000, of the property in the Alajuela district, real folio registration 206757-000—claims 9 through 14—but also regarding the petitionary items 2 through 6, it being understood that these are directly related to the petition for nullity of the act of registration of the aforementioned property in the name of Banco Nacional. Therefore, the declaration of expiration of the action (caducidad de la acción) also encompasses them, based on the reasoning set forth in this Considerando, since these are petitionary items that are not autonomous and are closely related. Consequently, the inadmissibility of the lawsuit is declared with respect to claims 2 through 6 and 9 through 14.
VII.CONTINUATION. Regarding the claims: "7. That the National Registry (Registro Nacional) has incurred in fault (culpa), by registering two properties originating from a single administrative titling before the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), in violation of Law 776, National Cadastre Law (Ley de Catastro Nacional) and its reform, specifically in its Article 30." CRITERION OF THE TRIBUNAL: Although the literal wording of the petition does not refer to a nullity, it is clear to this Chamber that the phrase "has incurred in fault (culpa)" can only be understood as arising from the nullity of the registration requested for property 206751-000. The alleged "fault (culpa)" is nothing other than the liability regime of Public Administrations, in the specific case of the National Registry (Registro Nacional). In our legal system, this regime is developed from Article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), and it is a strict liability (responsabilidad objetiva) imposing that the Administration is civilly liable for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning. It should be noted that the legislator's reference is not simply to acts, but transcends to administrative functioning (Article 49 of the Political Constitution), a concept that reflects any form of manifestation of administrative will, whether formal or material, and that also encompasses administrative dysfunction or omissions. Said liability, therefore, falls within a predominantly strict regime, which includes in its foundation both the theory of damage and risk, as well as the balance in the patrimonial equation. This fundamentally seeks compensatory reparation for anyone who has experienced an injury attributable to the public organization as a center of authority that proves to be unlawful in its basis. This undoubtedly means that there will be liability of the Administration whenever its normal or abnormal, legitimate or illegitimate functioning causes a damage that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or non-patrimonial, regardless of their subjective legal situation and the title or power status they hold, provided, of course, the indispensable requirement of the causal link (nexo causal) is met. Consequently, compensable shall be the patrimonial or non-patrimonial detriment that, when confronted with the legal system, one has no duty to bear, which has been termed the "criterion of fundamental unlawfulness (criterio de antijuridicidad de base)." From this standpoint, legislation imposes as imputation criteria both illicit and licit conduct, as well as normal or abnormal functioning. In the case of licit conduct and normal functioning, the Legal System establishes requirements and conditions that determine its applicability, among them, the damage must be special or abnormal, meaning it must fall on a small proportion of affected persons, or in the second case, it must have exceptional intensity. In these hypotheses, liability only covers the damage, not the consequential damages (perjuicios) (Articles 194 and 195 of the General Law of Public Administration). Meanwhile, in the case of illicit conduct and abnormal functioning, liability is plenary. Nonetheless, given these imputation criteria, it must be proven that the injury is a consequence of those actions or omissions, in order to establish the causal link (nexo causal) that allows the attribution of liability to the public authority center. Added to this, in cases of abnormality and illicitness, the judge must undertake an examination of public functioning to establish whether a course of action has indeed occurred that departs from legality or contradicts the concepts of administrative efficiency. This means that nonexistent damages are not subject to reparation; the injury must be proven to be repaired, an aspect that certainly falls to the person claiming reparation to prove (doctrine of Article 41.1 of the Civil Procedure Code and Article 58, subsection c) in relation to Article 82, both of the Contentious Administrative Procedure Code). Despite the breadth of the strict liability regime, it is incumbent upon the claimant of the damage to demonstrate the existence of effective, assessable, and individually identifiable damage, as well as a causal link (nexo de causalidad) between that harmful effect and a public course of action. Furthermore, it is decisive to establish that the damage can only be claimed by the person who has truly suffered it, that is, the person who is in the position of victim for having received the damage directly in their sphere of life. From this standpoint, only the alleged victim (plaintiff) is legitimized to claim compensation, and against the subjects to whom the action or omission to which the damage is attributed can be imputed. In light of the foregoing, once the inadmissibility of the nullity of the title of registration of the property in the Alajuela district, real folio registration 206757-000, has been determined, the period to claim "fault (culpa)" has also expired, as set forth, in accordance with the provisions of Article 175 of the LGAP; if there is no nullity of the act, there is no liability for that nullity. Claim 8 must be resolved in the same manner: "That the Institute of Agrarian Development, now INDER, authorized the titling without the existence of files containing the basic documentary information to locate the properties granted to Aserraderos Tropicales, S.A." If an action of the Administration that is vitiated by nullity and caused damage is reproached, in light of the principles of legal certainty, a period is established for the administered party who feels they are the recipient of the conduct they reproach as vitiated by nullity to assert the nullity and consequent liability which, as analyzed in the preceding Considerando, due to the temporality of the conduct, had two options: the period regulated in the repealed LRJCA or that given in Article 175 of the LGAP, prior to the reform introduced by the CPCA in 2008. As a corollary of the foregoing, with respect to claims 7 and 8, the expiration of the action (caducidad de la acción) has equally operated and, regarding these, the lawsuit is likewise inadmissible, as is hereby declared.
VIII.REGARDING THE FIRST CLAIM AND THE DAMAGES (DAÑOS Y PERJUICIOS) CLAIMED IN CLAIMS 15 AND 16. The plaintiff company requested as its first claim: "That the property of my represented party, in the Alajuela district, number 273888-000, cadastral map number A46512-1992, is registered in accordance with the legal system and the registration and cadastral requirements." CRITERION OF THE TRIBUNAL. Article 42 of the CPCA provides what claims may be filed in contentious administrative proceedings, in accordance with the object thereof. The rule is clear; it refers to claims for annulment, modification, or adaptation of the administrative conduct, for recognition or reestablishment of a legal situation, the performance of conduct imposed by the legal system, among others. The declaration sought by the plaintiff, in the opinion of this Panel of Judges, is improper because it does not resolve a dispute, at least not one that has been brought to the knowledge of this Tribunal. The foregoing assumes that the plaintiff has a property that is registered, and, it is reiterated, it does not demonstrate, with the object of this lawsuit, any action by the Administration that threatens that legal situation. Now, given the lack of clarity with which the factual framework and background of this proceeding are presented, and given the express omission by the plaintiff in pointing out that, through judgment No. 1226-2016 of eleven twenty-nine hours on July twenty-nine, 2016, issued by the Contentious Administrative and Civil Treasury Court and confirmed by judgment No. 90-2016-II of eight hours twenty minutes on October thirty-one, 2016, by the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, Second Section, the dispute of whether the property in the name of the plaintiff company—real folio registration 2-273888-000—prevails, from the point of view of registry inscription, over the property owned by the Banco Nacional, real folio registration 2-206757-000, was definitively resolved. The cited judicial decisions resolved the dispute that arose regarding the alleged "invasion" or "overlap" that the plaintiff reproaches in this proceeding and which, in its understanding, is one of the causes supporting the nullity of the registration of the property owned by the Banco Nacional. In judgment No. 1226-2016, it was set forth that the properties of the Alajuela district, 250596-000 and 273888-000 (the latter owned by the plaintiff company), are located within the area that, according to its geographical location, occupies property 206757-000 awarded to the Banco Nacional, and it determined who has the better right of ownership, resolving that the property that registry-wise belongs to the Banco Nacional—the one registered under registration 2-206757-000—came into legal existence on December 7, 1988, with its registration before the Real Property Registry (Registro Inmobiliario), without overlooking that the land identified by this property number has been delimited by survey map No. A-12547-1971 since the 1970s, as its origin is a possessory information proceeding promoted before the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) by Aserraderos Tropicales, S.A., and approved according to an agreement of the Board of Directors of that entity on April 30, 1979. The judgment resolved with absolute clarity that, from the registry point of view and as a right enforceable against third parties, property No. 2-206757-000 has existed since December 7, 1988, whereas the property owned by the plaintiff company—273888-000—originates from a segregation of property 2-250596-000 and was registered on May 25, 1994, that is, subsequent to the property owned by the Banco Nacional de Costa Rica. It was thus established that the first property to exist is the one that currently belongs to the Banco Nacional, resolving the conflict based on the provisions of Articles 267, 455, and 463 of the Civil Code, from which fundamental principles of registry law emanate, such as publicity and priority, which, in the face of the existence of two titles of ownership over the same property, provide that the one that prevails is the one that was registered first. Based on the foregoing, this Tribunal observes that the legal and registry situation of the property owned by the plaintiff company was already defined in 2016 by jurisdictional decisions and, in any case, the declaration sought, as it does not resolve a dispute in light of Article 42 of the CPCA, is not tenable and is rejected.
IX.Finally, claims 15 and 16 claim damages (daños y perjuicios) caused by what the plaintiff company calls the "dispossession of the property. I petition: "15. I request that the defendant entities be ordered to pay for the damages caused by the dispossession of the real property for 19 years, for the deterioration of the ranch corresponding to the restaurant, electrical system, warehouses, four furnished cabins, kitchen implements, internal piping system, loss of ten hectares of pastureland (sic), with a replacement value of one hundred fifty million colones. My probative support consists of the act of taking possession by the Banco Nacional on December 7, 2000, provided in the proceedings. The lost profits (lucro cesante) from a very successful activity, as it is a unique tourist location in the country, at a rate of five hundred thousand colones per month, over the last 19 years, for a total of one hundred fourteen million colones." As claim 16 it stated: "...The moral damages (daño moral) for the illegitimate dispossession of a property registered with a registered cadastral map and with a tourist and lucrative activity that has been carried out fully at the location, except for the undersigned. I estimate the moral damages (daño moral) for the litigation I have had to initiate at three hundred thirty-six million colones." CRITERION OF THE TRIBUNAL: From the allegations of the plaintiff company, it is extracted that the damages derive from what the plaintiff qualifies as the "illegitimate dispossession" of a property registered in its name and the deterioration of a ranch, or restaurant, and cabins, which occurred with the possession by the Banco Nacional on December 7, 2000. The claim is directed generically against all "the defendant entities," which raised the defense of statute of limitations (prescripción) for that compensatory claim. The concept of statute of limitations (prescripción) establishes that rights and obligations cannot be extended indefinitely. He who, due to his negligence or inaction and/or the passage of time, does not present his claim at the opportune moment will lose the right to it; therefore, it is provided as one of the modes of extinction of obligations, and for it to operate, the mere passage of a determined time without the right holder having claimed it, by filing the respective action, is sufficient. As has been indicated, the civil liability of the Public Administration is regulated by the LGAP. It is an autonomous normative body that regulates a special field of Law and which, therefore, constitutes a special system that specifies the rules pertaining to the activities and functioning of public authority centers. Specifically, regarding the statute of limitations (prescripción) of that liability, Article 198 of that legal body states: “The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to the liability. The right to claim compensation against public servants shall prescribe in four years from when knowledge of the harmful event is obtained. (...).” As observed, by express rule of the legislator, when an indemnity action is intended to be brought against the Public Administration for damage produced in this sphere, it is clear that, in this matter, the statute of limitations period (plazo de prescriptibilidad) is none other than the four-year period established by the aforementioned Article 198. To that extent, the right to integral reparation of the damage that the legal system confers upon the individual is not unrestricted. For reasons of certainty and legal certainty, it is subject to expiration by the passage of time if it has not been exercised. As a complement, it is evident that the reference period (4 years) is computed from the moment the victim is in an objective position to know the source of the injury. Based on the foregoing, in this specific case, it is appropriate to review the period from which the calculation of the alleged statute of limitations (prescripción) begins. In this case, the claim for damages corresponds to and is based—as indicated above—on the nullity of the registration of the property with real folio registration 2-206757-000, owned by the Banco Nacional de Costa Rica; the plaintiff expressly stated: "My probative support consists of the act of taking possession by the Banco Nacional on December 7, 2000, provided in the proceedings" (it should be noted that in fact 9, reference was made to December 7, 1999). As set forth in the previous Considerandos, despite the lack of clarity of the lawsuit and the factual narration on which it is based, the nullity claims regarding property 2-206757-000 were oriented toward the original registration that took place in 1988; however, from petitionary items 15 and 16, it appears that the reproach of damages has as its starting point the registration of that property in the name of Banco Nacional de Costa Rica on January 24, 2000. Now, regardless of whether the damages refer to the first registration of the property or to the ownership by Banco Nacional—January 24, 2000—it is at the moment of registration that the publicity effect toward third parties materialized, and it is from this moment that objective knowledge of the cause arises. If the lawsuit was filed on September 13, 2018, regardless of the date on which it was served, it is clear that the mere filing of the action was done amply exceeding the four-year period applicable to the sub lite action. Pursuant to the provisions of Article 198 of the LGAP, which regulates the statute of limitations period (plazo de prescripción) for claiming liability from the Administration, it is clear that the statute of limitations period (plazo de prescripción) must be counted from the harmful event, which materialized—as indicated by the plaintiff—with the registration of the property in the name of Banco Nacional on January 24, 2000. As a corollary of the foregoing, the four-year period provided in the LGAP has operated in this specific case, by the date the plaintiff filed the lawsuit, so the defense of statute of limitations (prescripción) regarding petitionary items 15 and 16 must be upheld, and it is so declared.
As a consequence of the manner in which this is resolved, it is unnecessary and therefore a ruling is omitted regarding the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), which in the preliminary hearing held on May 17, 2022, was deferred for its admissibility to be resolved in the final judgment (image 1234).
X.REGARDING THE CAUTELARY MEASURE. As indicated, by order of thirteen hours and thirty-nine minutes on September twenty-five, two thousand eighteen, the Judge of the processing stage ordered: "...as a provisional measure of extreme urgency (medida provisionalísima) the annotation of lawsuit (anotación de demanda) on the margin of the property in the Alajuela district, registration two hundred six thousand seven hundred fifty-seven zero-zero-zero (206757-000)...". Once this resolution is final, proceed to the cancellation of the annotation of lawsuit (anotación de la demanda).
XI.REGARDING THE DEFENSES. The representation of the State raised the defenses of expiration of the action (caducidad de la acción), statute of limitations (prescripción), lack of passive procedural standing (falta de legitimación ad causam pasiva), lack of right (falta de derecho), and lack of current interest (falta de interés actual). The representation of INDER invoked in its defense the defenses of expiration of the action (caducidad de la acción), statute of limitations (prescripción), res judicata (cosa juzgada) (resolved interlocutorily), pendency of a related proceeding (prejudicialidad), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), and lack of current interest (falta de interés actual). The representation of the Administrative Board of the National Registry (Junta Administrativa del Registro Nacional) raised as defenses the expiration of the action (caducidad de la acción), statute of limitations (prescripción), and lack of right (falta de derecho). For its part, SINAC also invoked in its defense the defense of expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), res judicata (cosa juzgada) (resolved interlocutorily), and lack of right (falta de derecho). Banco Nacional de Costa Rica raised the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), and res judicata (cosa juzgada) (resolved interlocutorily). For the reasons given, the defense of expiration of the action (caducidad de la acción) is upheld regarding petitionary items 2 through 14, and therefore the lawsuit is inadmissible in relation to them. The defense of statute of limitations (prescripción) is declared merited regarding the compensatory claims asserted in petitionary items 15 and 16. Regarding the first claim, the defense of lack of right (falta de derecho) is upheld as improper. As it is unnecessary, a ruling on the other defenses raised is omitted.
XII.REGARDING COSTS (COSTAS). In accordance with Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party for the mere fact of being so. The waiver of this condemnation is only viable when, in the Tribunal's judgment, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In this case, this Tribunal sees no reason whatsoever to exempt from the application of such a maxim; therefore, it is proper to impose them on the losing party. The legal interest generated by this item is granted, which shall be liquidated in the execution phase of this judgment.
POR TANTO
As it is unnecessary, a ruling on the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) offered by the plaintiff at the hearing held on May 22, 2022, is omitted. The defense of expiration of the action (caducidad de la acción), raised by the representations of the State, the National Registry (Registro Nacional), SINAC, and INDER, is upheld with respect to petitionary items 2 through 14, claims for annulment regarding the registration of the property in the Alajuela district, real folio registration 206757-000, and, consequently, the inadmissibility of the lawsuit in relation to those claims. The statute of limitations (prescripción) asserted by all defendant parties regarding the claim for damages (daños) (petitionary items 15 and 16) is declared. The first claim is rejected as improper, and regarding it, the lack of right (falta de derecho) raised by the defendant parties is upheld. Once this resolution is final, proceed to the cancellation of the annotation of lawsuit (anotación de la demanda). Costs (costas) are borne by the losing plaintiff, which shall generate legal interest once its amount is determined and payable. NOTIFY. LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO. MARCO HERNÁNDEZ VARGAS. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUDGES.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente CONOCIMIENTO ACTOR/A:
AGENCIA ADUANAL C.R. S.A.
DEMANDADO/A:
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y OTROS N° 2024004757 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con trece minutos del ventitres de Julio del dos mil venticuatro.- Proceso de conocimiento declarado de puro derecho, incoado por Agencia Aduanal, C. R. Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-105537, representada por el señor Ybo Rojas Cerna, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma; contra el Estado representado por el señor Procurador Esteban Alvarado Quesada; el Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante el Instituto o el INDER), representado por el Lic. Jhonatan Jiménez Ruiz en su condición de apoderado especial judicial; el Banco Nacional de Costa Rica, representado por la Licda. Grace Vargas Rojas en su condición de apoderada general judicial; la Junta Administrativa del Registro Nacional (en adelante la Junta) representada por los Lic. Alberto Herrera Porras y Lino Monge Jiménez en su condición de apoderados especiales judiciales y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), representada por el Lic. Andrés Alvarado Ramírez, en su condición de apoderado especial judicial (imágenes 1, 17, 359, 204, 205, 282, 387, 408, 409, 412, 432, 433, 673, 674 y 797 a 803 que es la minuta de la audiencia preliminar, todo dentro del expediente judicial así como imagen 67 del legajo de medida cautelar, donde consta el apersonamiento del representante estatal). Se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso y no se observan defectos u omisiones capaces de producir la nulidad de lo actuado y resuelto. El Tribunal Colegiado Equipo Dos al que por turno correspondió conocer de este asunto, previa deliberación de Ley, dicta la sentencia con el voto unánime de sus integrantes.
CONSIDERANDO
1. El señor Ybo Rojas Cerna, en su condición de representante legal de la Agencia Aduanal, C.R. Sociedad Anónima -parte actora- presentó esta demanda ordinaria y solicitud de medida cautelar el 13 de setiembre de 2018. La petitoria es: "1. Que la finca de mi representada del partido de Alajuela número 273888-000, plano catastrado número A46512-1992; está inscrita de acuerdo al ordenamiento jurídico, requisitos registrales y catastrales. 2. Que la inscripción de la finca del partido de Alajuela número 206757-000 del Banco Nacional de Costa Rica, se origina en el acto número 2268 del 30 de abril de 1979 del Instituto de Desarrollo Agrario, a favor de Aserraderos Tropicales, S.A. 3. Que esa acta adolece de definir la naturaleza, los linderos, medida y plano catastral que ampara. 4. Que las fincas de Aserraderos Tropicales, S.A., fueron inscritas mediante dos protocolizaciones o ejecutorias realizadas por Winston Grey Gordon a las 14:45 y 15 horas respectivamente del 28 de noviembre de 1983. 5. Que las dos ejecutorias pretendieron burlar la prohibición legal de inscribir por la vía de Información Posesoria, un área superior a 300 hectáreas. 6. Que la inscripción de las fincas a nombre de Aserraderos Tropicales, S.A., a pesar de la (sic) que no tiene plano, traslapa en el terreno e invade totalmente la finca legalmente inscrita de mi representada y la del Estado. 7. Que el Registro Nacional ha incurrido en culpa, al inscribir dos fincas provenientes de una única titulación administrativa ante el Instituto de Desarrollo Agrario, con violación de la ley 776, Ley de Catastro Nacional y su reforma, específicamente en su artículo 30. 8. Que el Instituto de Desarrollo Agrario, ahora INDER, autorizó la titulación sin que existan expedientes que contengan la información básica documental, para ubicar las fincas otorgadas a Aserraderos Tropicales, S.A. 9. Que la titulación de la finca del Banco Nacional de Costa Rica, es nula por incorporar a su área un Bien Demanial en un cien por ciento correspondiente a la propiedad del Estado número 250596-000 del partido de Alajuela. 10. Que la titulación de la finca del Banco Nacional N°206.757-000 de la Provincia de Alajuela es nula, por haberse inscrito sin plano. 11. Que la titulación de la finca del Banco Nacional N°206-756-000 de la Provincia de Alajuela es nula, por haberse inscrito traslapando el plano de la finca de mi representada y su inscripción ante el Registro Nacional. 12. Que la titulación de la finca del Banco Nacional N°206-757-000 es nula, por haberse hecho en contra del mandato del artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional. 13. Que la titulación de la finca del Banco Nacional N°206-757-000, es nula por haberse realizado en contravención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo segundo, que prohíbe la titulación de fincas mayores a 300 hectáreas. 14. Al carecer de toda legitimidad la existencia de esa finca a nombre del Banco Nacional, SOLICITO DE ANULE SU INSCRIPCIÓN ante el Registro Nacional, incluyendo la nulidad del plano detallado ante su inscripción registral, plano inexistente que la respalda N°A-0012547-1971. 15. Que en caso de oposición, se condene en costas solidariamente a las partes que así proceda" (imágenes 13 a 15 del expediente judicial).
El Juez de la etapa de trámite, acogió -en resolución interlocutoria N°1251-2019-T de las diez horas treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve-, la defensa previa de defectos no subsanados oportunamente que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, se previno entre otros aspectos revisar la petitoria. En atención a lo cual, mediante escrito presentado el 29 de julio de 2019, solicitó sustituir la petitoria 15 y presentó dos nuevas, quedando así: "...15. Solicito se condene a las entidades demandadas al pago de los daños causados por la desposesión del bien inmueble desde hace 19 años, por el deterioro del rancho correspondiente al restaurante, sistema de luz eléctrica, bodegas, cuatro cabinas amuebladas, implementos de cocina, sistema de cañerías interno, pérdida de potreros de diez hectára (sic), con un valor de reposición de ciento cincuenta millones de colones. Mi apoyo probatorio consta en el acto de toma de posesión del Banco Nacional del 7 de diciembre del año 2000, aportada en autos. El lucro cesante de una actividad muy exitosa por tratarse de un lugar turístico único en el país, a razón de quinientos mil colones por mes, durante los últimos 19 años, para un total de ciento catorce millones de colones. 16. El daño moral por la desposesión ilegítima de una propiedad inscrita con plano catastrado registrado y con una actividad turística y lucrativa que se ha desarrollado a plenitud en el lugar, salvo para el suscrito. Estimo el daño moral por los litigios que he debido iniciar, en trescientos treinta y seis millones de colones. 17. Solicito la condenatoria en costas contra de (sic) los demandados" (imágenes 638 a 641 del expediente judicial). En la audiencia preliminar que tuvo lugar el 17 de mayo de 2022, el Juez hizo lectura de los diecisiete extremos, confirió audiencia a las partes y todos manifestaron estar conformes, quedando la petitoria en los términos señalados (registro de audio a partir del minuto 00:06:21). Aclaró además, por así solicitarlo el señor Juez que, el daño moral pretendido es objetivo y que la petitoria se dirige contra todos los demandados (registro de audio a partir del minuto 00:23:53).
2. Mediante auto de las trece horas y cincuenta y tres minutos del veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por establecido el proceso de conocimiento en contra del Estado, el Banco Nacional de Costa Rica y la Junta Administrativa del Registro Nacional y, mediante auto de las catorce horas y treinta y dos minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.2 y 71 CPCA de oficio, se ordenó integrar a la litis al Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC- (imágenes 196 a 199 y 656 a 659 del expediente judicial).
3. Por auto de las trece horas y treinta y nueve minutos del veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho: "De conformidad con el artículo 282 del Código Contencioso Administrativo y 468 del Código Civil, con el objeto de garantizar la efectividad de la medida cautelar interpuesta por AGENCIA ADUANAL C.R. S.A. en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, REGISTRO NACIONAL, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA y EL ESTADO, se resuelve: Se ordena como medida provisionalísima la anotación de demanda al margen de la finca del Partido de Alajuela matrícula doscientos seis mil setecientos cincuenta y siete cero-cero-cero (206757-000)..." (imagen 66 del legajo de medida cautelar).
4. Las partes contestaron la demanda. El INDER adujo prejudicialidad respecto del proceso 11-000105-0298-AG-7 en el cual se gestiona acción reivindicatoria sobre inmueble de la sociedad accionante. Solicitó se declare la demanda sin lugar, se condene a la parte actora a las costas del proceso y en caso de prosperar la demanda se les exonere en costas. Interpuso además, las defensas de prescripción, caducidad, falta de derecho falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual, litis consorcio pasivo necesaria y cosa juzgada material. El representante estatal contestó la demanda negativamente y solicitó se declarara improcedente en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de costas e intereses. Además, interpuso la defensa de defectos que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, caducidad, prescripción, falta de legitimación ad causam pasiva, falta de integración de la litis y falta de derecho. El Banco Nacional de Costa Rica, contestó la demanda en forma negativa, solicitó declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos así como la condena en costas a la parte actora más intereses. Opuso las defensas previas de cosa juzgada y prescripción así como las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. La Junta Administrativa del Registro Nacional contestó la demanda y solicitó se declarara sin lugar en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de las costas e intereses; presentó las defensas previas de integración de la litis y defectos no subsanados en el escrito de demanda, caducidad y prescripción, alegó además falta de derecho. El SINAC contestó negativamente la demanda y solicitó se condene a la parte actora al pago de ambas costas. Alegó como defensa previa defectos no subsanados que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, prescripción, caducidad, cosa juzgada material y falta de derecho y que, de ser declarada con lugar la demanda se les exonere del pago de las costas (imágenes 282 a 301, 359 a 386, 387 a 405, 412 1a 425, 674 a 678 del expediente judicial).
5. Mediante resolución interlocutoria N°1251-2019-T de las diez horas treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se resolvió la defensa previa de defectos no subsanados oportunamente que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, ordenando: "...se acoge la defensa previa de defectos no subsanados oportunamente, que impidan verter pronunciamiento sobre el fondo, y con fundamentos en el artículo 92 incisos 1) y 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, bajo el apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la demanda y el archivo del expediente, proceda la parte actora dentro del término de CINCO DÍAS, a cumplir con lo siguiente: 1) Los hechos 6, 20, 22, 23, 25, 26 y 29 -parcial- no corresponden a hechos puros y simples. Debe la parte actora eliminarlos, reformularlos y/o separarlos conforme corresponde (Art. 58.1.b del CPCA). 2) Aclarar (hecho 31) si también está solicitando daños y perjuicios, de ser así, debe ser planteado correctamente como pretensión cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 58 del CPCA (Art. 58.1.3 del CPCA). 3) Visto que la demanda carece por completo del apartado de fundamentos de derecho, proceda la parte actora a establecer y desarrollar de manera adecuada cada uno de los argumentos jurídicos y citas normativas que sirvan de sustento para su acción (Art. 58.1.c del CPCA)" . La parte actora atendió lo prevenido en memorial del 29 de julio de 2019 y, se confirió audiencia de ley (imágenes 628 a 633 y 642 del expediente judicial).
6. Se realizaron dos audiencias preliminares. La primera el 07 de diciembre de 2020 (modalidad virtual con la anuencia y participación de todas las partes interviniente, según consta en imágenes 681, 682, 718, 750 a 753, 797 a 803 del expediente judicial). En ese momento, las partes no señalaron aspectos de saneamiento que revisar ni ajustes en la pretensión, la que quedó definida en los términos que se exponen en imágenes 13 y 15 del expediente judicial. Respecto de las defensas previas interpuestas, el señor Juez dispuso diferir para ser conocidas por el fondo, las defensas de caducidad y prescripción. La representación del INDER solicitó reservar de igual forma la alegada prejudicialidad para que fuera conocida por el fondo. Mediante resolución N°1794-2020 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de diciembre del año dos mil veinte, se rechazó la defensa previa de cosa juzgada material, interpuesta por los codemandados y se dispuso continuar con la tramitación del asunto. Se definieron los hechos controvertidos y se admitió únicamente prueba documental, consecuentemente se declaró el proceso de puro derecho. Se dio plazo a las partes para que rindieran conclusiones por escrito (imágenes 804 a 865 del expediente judicial). El asunto quedó listo para fallo el 18 de diciembre de 2020, según hoja de pase visible en imagen 888 de expediente judicial y remitido a la Sección II de este Tribunal para el dictado de la resolución de fondo respectiva.
7. Por Res. N°054-2021-II de las catorce horas treinta minutos del quince de junio de dos mil veintiuno -en ese momento procesal, la Sección Segunda de este Tribunal, hoy Equipo Dos- ordenó devolver el expediente a la etapa de trámite para subsanar etapas procesales de necesaria revisión previo al dictado de sentencia por el fondo, resolviendo: "Realizada la audiencia preliminar y rendidas las conclusiones -por escrito de todas las partes en este proceso-, el 04 de enero de 2021, la sociedad actora presentó memorial titulado "Incidente de Hechos Nuevos", relacionado con la resolución N°2402-F-S1-202 de las once horas del 08 de octubre de 2020 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que señaló le fue notificada el día el 17 de diciembre del 2020 y de la cual adjuntó copia. Considera la parte accionante, la resolución dicha tiene clara relación con su acción y solicitó se le dé trámite debido a la incidencia presentada. El martes 8 de junio el asunto fue turnado a la Sección II de este Tribunal, para el dictado de la resolución que por el fondo resuelva el litigio. Luego de una minuciosa revisión del expediente -el cual consta de más de novecientas imágenes- en atención a lo dispuesto en el artículo 90 en relación con los numerales 58.2, 68 y 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como de los artículos 57, 58, 61.3) y 62.8) y 9) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda; se considera necesario y pertinente devolver los autos al Juez de la etapa de trámite, para que sea quien determine y culmine (ámbito competencial) el trámite procesal del incidente de hechos nuevos así como de la prueba ofrecida por la parte actora en el memorial de referencia, presentado el 4 de enero 2021. En otro orden de ideas, revisados los documentos admitidos como prueba, según se consignó en la respectiva minuta de la audiencia preliminar, visibles en imágenes 38, 40 a 44, 47, 49, 50 a 56, 126, 145 a 159, 233, 235, 236, 240 a 251, 439 a 458, 443 a 459, 489, 467, 469 a 579 observa este Tribunal, las mismas son borrosas, oscuras, cuando no ilegibles -aún cuando se intente aumentar la imagen-. Preocupa a esta Cámara que fueron admitidos como prueba, la que deberá ser leída, revisada y valorada en el momento procesal oportuno y, constatado el estado de dificultad que se presenta para su revisión, se da una imposibilidad material para lectura y decisión que ameriten las mismas. En aras de lo señalado, y de manera respetuosa se solicita de igual manera que la revisión de esa prueba, sea un aspecto que el Juez de la etapa de trámite revise nuevamente con las partes y de manera conjunta realicen la valoración y revisión de las condiciones en que fueron presentados tales documentos y ofrezcan una solución viable para la valoración de esos elementos probatorios" (imágenes 891 a 896).
8. El 17 de mayo de 2022, tuvo lugar la segunda audiencia preliminar. El primer aspecto que valoró el señor juez fue lo relacionado al incidente de hechos nuevos. Luego de escuchar a las partes, declaró sin lugar el mismo. Indicó el Juzgador que, como aspecto novedoso, la parte actora dejó ver que quiere incluir como prueba nueva la resolución de la Sala Primera 2402-F-S1-2020 de las once horas del ocho de octubre del dos mil veinte y le consulta a la parte actora si ofrece la misma como prueba para mejor resolver. El Juez resolvió diferir lo relacionado a esa prueba para que fuera el Tribunal de fondo quien resolviera su admisibilidad o no en ese carácter. De igual forma se resolvió sobre la prueba ilegible.
9. De conformidad con el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial -adoptado en la sesión número 84-2021 del 28 de setiembre de 2021- y, ordenanza de la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dada en acuerdo N°12.VI.2023 de la sesión celebrada el 27 de julio de 2023, este proceso fue turnado a otro Equipo de Trabajo de este Tribunal. Sin embargo, mediante resolución de las nueve horas cuatro minutos del trece de marzo de dos mil veinticuatro, la Coordinadora del Tribunal resolvió: "Revisado el presente asunto, el cual fue devuelto a la coordinación de este Tribunal por la señora Jueza Ileana Sánchez Navarro, con posterioridad a que le fuera turnado y redistribuido en razón del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo, con el argumento de la existencia de actividad procesal previa por parte de otro equipo de trabajo diferente al que conforma. Revisadas las actuaciones procesales del presente asunto, se tiene que en fecha 17 de diciembre de 2020 fue turnado a la señora jueza Lourdes Vargas Castillo, en aquel momento integrante de la Sección Segunda de este Tribunal, posteriormente mediante resolución N°054-2021-II, de las catorce horas treinta minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, el proceso fue devuelto a la etapa de trámite a fin de que fuera resuelta una incidencia presentada por la parte actora, así como para la revisión de elementos probatorios. Tramitado lo correspondiente, mediante auto de las catorce horas veinticuatro minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el señor Juez de Trámite Álvaro Herrera Valverde, ordena la remisión del proceso a la Sección Segunda para continuar con el proceso de dictado de sentencia de puro derecho, por último se tiene que en resolución de las trece horas veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la misma Sección Segunda conoce solicitud de pronto despacho de la parte actora. Conforme lo anterior, siendo que existe una resolución judicial del juez tramitador en relación a la devolución del presente asunto a la Sección Segunda, aunado a las actuaciones procesales realizadas por ese equipo de trabajo, incluida el dictado de la resolución N°054-2021-II y la atención de una solicitud de pronto despacho, se tiene que lo correspondiente es remitir el expediente a la señora jueza Lourdes Vargas Castillo integrante del equipo de trabajo dos de este Tribunal, a fin de que junto con el Tribunal que conforma conozca del presente asunto". El expediente fue turnado al escritorio virtual de la juzgadora a cargo el 19 de marzo 2024 (imagen 1262 y consulta al escritorio virtual).
10. Por resolución de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco de junio de dos mil veintiuno, los señores jueces Ronaldo Hernández Hernández y Eduardo González Segura presentaron formal inhibitoria para separarse del conocimiento del presente asunto al considerar que, se configura en su caso el supuesto previsto en el numeral 12.15 del Código Procesal Civil. Por resolución N°2024003749 de las diez horas catorce minutos del doce de junio de dos mil veinticuatro, la inhibitoria fue acogida y se les separó de este asunto. La Coordinación del Tribunal mediante correo electrónico del 17 de junio de 2024, informó que según el rol de sustituciones de fondo, correspondió a la juzgadora Lindsay Rodríguez Cubero integrar el Tribunal que conoce esta causa (imagen 1270 a 1274, 1282 a 1288).
11. Con la entrada en vigencia del escritorio virtual, la tramitación de este expediente se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 1288 imágenes en el expediente judicial -a la fecha del dictado de esta resolución- y 95 imágenes en el legajo de medida cautelar. Se deja esta constancia, con el fin de identificar la totalidad de imágenes que conforman el expediente y su foliatura.
II.ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. Informó el representante de la sociedad accionante que es propietaria de la finca del partido de Alajuela, matrícula de folio real doscientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho cero cero cero, con el plano catastrado A-46512-92, ubicada en el cantón de San Carlos, distrito sétimo de La Fortuna, provincia de Alajuela, con una medida de catorce hectáreas, tres mil cuatrocientos tres metros cuadrados, con lo siguientes linderos: al norte: Quebrada Río Seco, al sur: el Estado, a este: la Asociación de Desarrollo Comunal de La Fortuna y, al oeste: Río Fortuna. La finca madre de esa propiedad fue inscrita el 18 de febrero de 1991, bajo la matrícula doscientos cincuenta mil quinientos noventa y seis cero cero cero del Partido de Alajuela sin cargas, limitaciones o gravámenes, a nombre de Kelvin Rojas Cerna, cédula de identidad número 1-0564-0743, quien es su hermano, la medida original fue de novecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y seis metros, cuarenta y seis decímetros, cuadrados. Indicó, dos años después, la sociedad actora, adquirió parte de la citada finca por escritura, otorgada ante el notario Tomás Esquivel Cerdas, número ochenta y nueve de las 18:00 horas del 11 de diciembre del año 1992. Esta finca está fuera de la zona de emergencia de la Ley N°5095 del 30 de octubre de 1972. Agregó, libre de gravámenes y anotaciones la finca de su propiedad, inició un proyecto turístico en el lugar habilitando el suministro de agua de una naciente, colocó una cañería, construyó cuatro cabinas, una estructura de setenta metros cuadrados totalmente techada, para utilizarla como cocina y bodega, además una casa construida de cemento para el guarda y otra bodega de cemento junto a la casa del guarda. Las cabinas se equiparon con muebles básicos, como camas, catres, mesas de noche, baños individuales, duchas, y servicios sanitarios, construidas en cemento y techadas con zinc. Se hizo la instalación eléctrica completa con COOPELESCA R.L. El día 7 de diciembre del año 1999, el señor Manuel Ramírez Ojeda, empleado del lugar, fue desalojado por el Juzgado Civil de Ciudad Quesada, teniendo noticia en ese momento que el Banco Nacional se había adjudicado en remate su propiedad, sin que hubiera asumido ningún compromiso financiero con esa entidad. Al estudiar el expediente que originó el remate y posterior puesta en posesión y desalojo, se enteró de que se había inscrito fraudulentamente otra finca, bajo la matrícula doscientos seis mil setecientos cincuenta y siete cero cero cero, ubicada en el mismo sector de su propiedad; pero con una medida muy superior de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados. Esa finca fue inscrita mediante Ejecutoria de Información Posesoria del Instituto de Desarrollo Agrario, ahora INDER, para ejecutar el acuerdo de Junta Directiva, según acta 2268 del 30 de abril de 1979. Se aprobó la Titulación con un área de 167 hectáreas. El expediente origen de ese acuerdo en el Instituto de Desarrollo Agrario, es el número 12-74, que aprueba la inscripción de un inmueble a nombre de Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima. Agregó, con fundamento en ese mismo acuerdo de cuatro folios, existe una diferencia únicamente de 30 palabras que lo alteran y se titula otro inmueble a nombre de Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima, que origina la finca inscrita en el Folio Real, matrícula doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete - cero cero cero, ubicado en el mismo lugar: La Fortuna, cantón San Carlos, provincia de Alajuela, con una medida de un millón seiscientos setenta mil novecientos veintitrés metros cuadrados. Las protocolizaciones o ejecuciones de las dos informaciones posesorias que nacieron de un solo acuerdo para un solo inmueble, se hicieron por aparte, y la primera llamada ejecución se presentó al Registro Nacional el 1 de abril de 1984 y la segunda, que resulta alterada en los extremos que explicaré, el 8 de agosto de 1984. La primera presentación (FINCA N°1), está respaldada por el plano N°A-336641-79. La segunda ejecución del mismo acuerdo, de la finca número 2, fue presentada al Registro Nacional el 8 de agosto de 1984, pero esta no tiene respaldo catastral, y tiene diferente medida a la acordada en el expediente administrativo del Instituto de Tierras y Colonización. Esta finca que he numerado "2", se superpone de hecho, tanto con el plano de mi representada, como con en el terreno que ahora pertenece al Estado. De igual forma, integra su área el 77% del Parque Nacional Arenal, más la finca de mi representada. En cuanto a la Ley de Zona de Emergencia del Volcán Arenal número 5095 del 30 de octubre de 1972, se prohibía cualquier titulación dentro de esta área, por la emergencia sufrida, y que cumplió 50 años. Su medida es de ciento ochenta y un hectáreas, cuatro mil ochocientos ochenta y cinco metros, pero adolece de plano inscrito ante el Catastro Nacional. El plano que la respalda es el numero A-12547-71, como propiedad de Leonel Hidalgo Alfaro, pero ese plano no aparece registrado en el catastro nacional (ver certificación emitida por el Departamento de Certificaciones del Registro Nacional). Es legalmente imposible e ilegal inscribir un inmueble sin el plano respectivo, según se lee de la nota probatoria emanada del Registro Nacional, fechada el 06 de enero del año 2016, suscrito por el licenciado Marlon Aguilar Chaves, Sub-Director Catastral. Esto, en aplicación del artículo 30 de la Ley del Catastro Nacional, reformado por la Ley 7764 que aprobó el Código Notarial. Posteriormente, utilizando la misma documentación de la finca previa (la número 1), se inscribió la segunda con el número doscientos seis mil setecientos cincuenta y siete cero cero cero, por medio de titulación realizada por el Instituto de Desarrollo Agrario, presuntamente gemeleada y alterada se inscribió ante el Registro Nacional el 06 de diciembre de 1988. Esa finca fue, supuestamente, inscrita por medio del Reglamento de la Ley número 2825 del 14 de octubre 1961, a nombre de la entidad ASERRADEROS TROPICALES SOCIEDAD ANÓNIMA. El artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Informaciones Posesorias número 139, prohíbe la inscripción por información posesoria de fincas que excedan las 300 hectáreas. En este caso, se inscribieron 348 hectáreas en conjunto, con dos ejecutorias idénticas, y sin plano catastral. Esta finca abstracta, fue luego traspasada a la empresa Siete Ríos Sociedad Anónima, la que posteriormente solicitó un crédito hipotecario por la suma de doce millones de colones, esta finca fue otorgada en garantía hipotecaria al Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal de la Fortuna, por escritura otorgada ante el notario Rafael Ángel Rojas Rodríguez, a las 15:00 horas del 20 de noviembre del año 1995, escritura número 30-98. El Banco Nacional, propietario de la finca indebidamente inscrita por el Registro Nacional número 206.757-000, conoce que la finca invade un parque nacional demanial, y ha faltado al deber de lealtad de informar al Registro Nacional sobre tan irregular situación. Un título que incluya un bien demanial no puede persistir y mantenerse, con evidente perjuicio para los bienes del Estado y los terceros de buena fe. De igual forma, al inscribirse el remate de esa finca que invade un parque nacional, por adjudicación de remate del Banco Nacional, por escritura presentada en enero del año 2.000, debió ser rechazada, por tan simple razón. Hoy día, permanece esa finca inscrita a nombre del Banco Nacional, sin ninguna restricción, aclaración o rectificación de su medida, para liberar aproximadamente el 77% del inmueble que corresponde al Estado. Como la inscripción fue fraudulenta, el único propósito de que apareciera en el Registro Nacional, era venderla de forma alternativa, lo que se hizo fingiendo un préstamo que no se iba a pagar, por lo que se remató judicialmente y se la adjudicó el Banco Nacional. Extrañamente, el proceso de análisis de crédito de la Sucursal del Banco Nacional de La Fortuna, realizó el avalúo, lo que debió haber incluido una visita al lugar, donde podría comprobar fácilmente que había un plano a nombre de mi representada, y que por la extensión de la finca, abarcaba una buena parte del Parque Nacional Arenal. El propósito del préstamo era para invertir en la extracción de madera, lo que era ilegal por cuanto ya se había hecho la declaratoria de Parque Nacional Arenal Decreto Ejecutivo número 20791 MIRENEN del 06 de noviembre de 1991; 4 años antes de este préstamo. Al apersonarme a conocer el expediente o las razones por las cuales se había titulado una finca por el Reglamento a la Ley 2825 del 14 de octubre del año 1961; lo que hice personalmente y por escrito, no existía en el instituto evidencia de la existencia del expediente ni del trámite de titulación. Lo que es extrañamente llamativo e improcedente en una titulación, es que no exista un plano del inmueble, pues no aparece en el Catastro Nacional, ni existe expediente en el INDER, y en el expediente de préstamo del Banco Nacional, se señala que el plano aportado no tiene fincas, y el plano no aparece en la base de datos del Catastro Nacional. PROYECTO DE VIDA. La finca que le fue desposeída a mi representada, era un proyecto de vida familiar, de índole turístico, con su estructura básica en cuanto a construcciones, servicios, en una zona turística por excelencia, colindante con la Asociación de Desarrollo de La Fortuna que tiene en sus tierras La Catarata, que es compartida. Toda la inversión, como terreno, finca, estructuras, cabinas, servicio eléctrico, galerones, todo con explotación turística rentable, dejó de producir sus réditos cuando el Banco Nacional tomó posesión, también de los bienes muebles, todos, lo que me trajo un perjuicio económico y daño moral de seiscientos millones de colones, tomando en cuenta que todo esto ocurrió hace 19 años, que me han llevado de litigio en litigio (imágenes 3 a 15). En memorial visible en imágenes 638 a 640 del expediente, atendiendo prevención sobre defectos de la demanda, la parte actora eliminó los hechos 16, 20, 22, 23, 35, 26 y 29. Adicionó la petitoria 15 en relación al hecho 31, según se indicó previo y señaló como FUNDAMENTOS DE DERECHO: "Fundamento la acción en las siguientes disposiciones legales: Artículos 41 y 45 de la Constitución Política, el primero que otorga la facultad a quien se sienta agraviado para acudir a los tribunales a solicitar justicia y la segunda, en cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada debidamente inscrita y catastrada. Código Civil.- Artículo 295, que le otorga derecho al propietario para gozar de la cosa con exclusión de cualquier otra persona, y emplear todos los medios otorgados por la ley. Artículo 305. Facultad del propietario de defender su propiedad con la fuerza o acudir a la autoridad competente. Artículo 3 16.- Esta norma me faculta para reclamar en juicio la cosa objeto
de la propiedad y el goce de los derechos que comprende, de acuerdo a la ley. Artículo 322. La acción ordinaria se puede dirigir contra cualquier que pretenda un mejor derecho sobre el mío como propietario. Artículo 324. Se sanciona al que viola, usurpa o perjudica los bienes ajenos, debe indemnizar lo que con su acción causó. Artículo 456.- La inscripción no convalida actos o contrato nulos a anulables, de acuerdo a la ley. Artículo 460.- Toda inscripción hecha en el Registro Nacional, relativa a un inmueble, contiene todas las circunstancias y ubicación, cabida, linderos y número del inmueble, condiciones y CARGAS que lo afecten. Ley de Informaciones Posesorias N°139 y sus reformas. Artículo 1, párrafo 3, inciso f) que le permite al poseedor sin título, acceder a título inscribible y su obligación de presentar plano inscrito en la Oficina de Catastro (sic). Artículo 2.-, que contiene los requisitos mínimos de ese plano para que tenga efectos legales. Ley del Catastro Nacional N°6545. Artículos 2 y 3, que definen al plano catastrado como una descripción gráfica, numérica y literal de todas las tierras del país. Artículo 13, que obliga al Estado al mantenimiento y ejecución de las funciones del Catastro Nacional. Artículo 18.- Exige la concordancia que debe existir en cuanto a la información del Catastro Nacional y la correspondiente del Registro Nacional en cuanto a cada finca. Artículo 30.- Obliga a que todo movimiento inmobiliario esté respaldado con un plano catastrado, según reforma obligada por la entrada en vigencia del Código Notarial. Ley General de la Administración Pública. Artículos 190 y 191, que establece la responsabilidad de la Administración Pública por su funcionamiento legítimo o ilegítimo. Artículo 194.- Fundamenta la responsabilidad de la Administración Pública cuando su funcionamiento cause daño a los derechos del administrado en forma especial. REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES. Se incumplió en la titulación de la finca del Partido de Alajuela N°00206757-000 con lo dispuesto por el artículo 10°, inciso b) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, reglamento a la Ley N°2825 de Tierras y Colonización. Este reglamento fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional por Sentencia Constitucional N°2063-2007, con efectos retroactivos al 12 de agosto del año 2002. Ley de Zona de Emergencias del Volcán Arenal N°5095 del 30 de octubre del año 1972, artículo 1 y 2 CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Me fundamento en los artículos 40, 42 incisos g), h), 58, 61, 63 del Código Procesal Contencioso Administrativo" (imágenes 638 a 642). Mediante escrito del 04 de enero 2021, la sociedad presentó incidente de hechos nuevos, dadas las audiencias respectivas, fue declarado sin lugar en la audiencia preliminar realizada el 17 de mayo de 2022 (imágenes 866 a 870, 904, 910 a 912, 913 a 917, 918 a 922, 925 a 926 y registro de audio de la audiencia preliminar).
III.ARGUMENTOS DE LAS PARTES CODEMANDADAS. EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Respecto del hecho PRIMERO admite que la finca del partido de Alajuela matricula de folio real número 273888-000 aparece como propietario registral la entidad Agencia Aduanal C.R. Sociedad Anónima. No obstante la sentencia en firme número 1226-2016 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José a las once horas del veintinueve de julio del dos mil dieciséis bajo el expediente judicial número 00-000496-0163-CA ya resolvió el tema de la doble matriculación y determinó que el título prevaleciente es la finca de Alajuela 206757000 que actualmente ostenta el Banco Nacional. El hecho SEGUNDO lo rechazó. Señaló, la finca del partido de Alajuela matrícula de folio real número 273888-000 aparece con el plano A-0046512-1992, modificado por el plano número A-572505-1999 que cuenta con el sello del Ministerio de Ambiente y Energía en donde consta que se ubica dentro del Parque Nacional Volcán Arenal. En el hecho TERCERO indicó que la finca del partido de Alajuela matrícula de folio real número 273888-000 se encuentra situada en el distrito 7 La Fortuna Cantón 10 San Carlos de la provincia de Alajuela, que sus linderos son: Norte Quebrada Río Seco y Otro; Sur Kelvin Rojas Cerna, Este: Asociación Desarrollo Comunal de la Fortuna y Oeste Río La Fortuna; con una medida de 143.420.59m2. Los hechos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉTIMO, OCTAVO NOVENO los rechaza por ser ajenos y excluyentes al Instituto de Desarrollo Rural. Respecto del hecho DÉCIMO informó, la Institución no tiene registro alguno de ninguna información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales cuya cabida sea de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados; según los datos consignados en el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 4087 del Registro Público de la Propiedad Inmueble donde surge la finca del Partido de Alajuela matricula de folio real 206757-000. La certificación CGD-CERT061-2018 del Departamento Administrativo Centro de Gestión Documental del Instituto de Desarrollo Rural indica que no es posible localizar ningún expediente de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. Por otra parte de conformidad con la base de datos del Registro Nacional, el plano A-12547-1971 no aparece registrado ante el Catastro y aquel croquis -que aporta el actor alude a un área de 181 hectáreas 4884,90m2 cuya medida es diferente a la consignada en el Registro. Lo anterior conlleva a determinar que pudo haber sido un actuar ajeno y extraño en contra de la Institución. El hecho DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO los rechazó, indicando: el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización en el artículo IX de la sesión 2268 del treinta de abril de 1979 alude a la aprobación de la información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales S.A. bajo el número de expediente 12-74 con un área de 167 hectáreas. Ahora bien es materialmente imposible la localización de este tipo de expedientes de información posesoria tan antiguos. La certificación CGD-CERT-061-2018 del Departamento Administrativo-Centro de Gestión Documental del Instituto de Desarrollo Rural indica que no es posible localizar ningún expediente de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. Por otra parte el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 2371 del Registro Público de la Propiedad Inmueble es donde surge la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 288457-000 con un área de un millón seiscientos setenta mil novecientos veintitrés metros con treinta y seis decímetros cuadrados con base al plano catastrado A-033664-1979. Respecto del hecho DÉCIMO CUARTO, señaló que el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 2371 del Registro Público de la Propiedad Inmueble indica que el antecedente de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 288457-000 corresponde a un proceso de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. con un área de un millón seiscientos setenta mil novecientos veintitrés metros con treinta y seis decímetros cuadrados con base al plano A-0336641-1979. Se desconoce la fecha de la primera presentación ante el Registro Nacional porque en el microfilm del Registro Nacional, se consigna que el Jefe de la Sección de Archivo del Registro Público hizo constar que el original se extravió en trámite interno. Agregó, el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 4087 del Registro Público de la Propiedad Inmueble es donde surge la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 sin embargo, la Institución no tiene registro alguno de una información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales S.A., cuya cabida sea de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados, estima puede haber sido un actuar ajeno y extraño en contra de la Institución; concluyendo que esa finca aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 988. Del hecho DÉCIMO QUINTO, indicó, la finca inscrita bajo las citas: Tomo 344 Asiento 2371 del Registro Público de la Propiedad Inmueble, indica que el antecedente de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 288457-000 corresponde a un proceso de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. con un área de un millón seiscientos setenta mil novecientos veintitrés metros con treinta y seis decímetros cuadrados con base al plano A-0336641-1979. Asimismo de conformidad con la base de datos del Registro Nacional, el plano A-12547-1971 no aparece registrado ante el Catastro y alude a un área de 181 hectáreas 4.884,90m2, cuya cabida es diferente a la indicada en el Registro. Esta finca aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988. El hecho DÉCIMO SEXTO (eliminado por el actor). Respecto del hecho DÉCIMO SÉTIMO explicó, fue hasta en el año 2002 que se firmó el Convenio de Préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyo objetivo era realizar el Catastro de la totalidad de los predios existentes en el país debidamente georeferenciados y compatibilizados con la información del Registro de la Propiedad Inmueble. Antes las bases de datos del Catastro y el Registro no estaban interconectadas. Del hecho DÉCIMO OCTAVO indicó, la Institución no tiene registro alguno de ninguna información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales cuya cabida sea de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados según los datos consignados en el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 4087 del Registro Público de la Propiedad Inmueble donde surge la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000. La certificación CGD-CERT-061-2018 del Departamento Administrativo-Centro de Gestión Documental del Instituto de Desarrollo Rural indica que no es posible localizar ningún expediente de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. Por otra parte, de conformidad con la base de datos del Registro Nacional el plano A-12547-1971 no aparece registrado ante el Catastro y aquel croquis -que aporta el actor- alude a un área de 181 hectáreas 4.884,90m2 cuya medida es diferente a la consignada en el Registro. Lo anterior conlleva a determinar que pudo haber sido un actuar ajeno y extraño en contra de la Institución. Esta finca aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988. Sobre el hecho DÉCIMO NOVENO: aclaró, según los datos consignados en el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 4087 del Registro Público de la Propiedad Inmueble es donde surge la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 y menciona que el titulante promovió información posesoria con arreglo a las condiciones de la Ley N°4545 del 20 de marzo de 1970. Ahora bien, como se ha indicado la Institución no tiene registro alguno de una información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales cuya cabida sea de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados. El hecho VIGÉSIMO (eliminado por el actor). El hecho VIGÉSIMO PRIMERO fue rechazado por no constarle. Los hechos VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO fueron eliminados por el actor. El hecho VIGÉSIMO CUARTO lo rechazó por considerar que es ajeno y excluyente al Instituto de Desarrollo Rural, refirió a la sentencia en firme número 12262016 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José a las once horas del veintinueve de julio del dos mil dieciséis bajo el expediente judicial número 00-000496-0163-CA declara en el por tanto lo siguiente "(...) que efectivamente la finca del Partido de Alajuela N°206757-000 contiene entre sus límites una porción de la finca N°2-250596-000. Por lo anterior, debe tomar en consideración el Banco Nacional de Costa Rica, que cualquier movimiento que haga sobre la finca del Partido de Alajuela N°206757-000 debe ser hecho sin perjuicio de los derechos ostenta el Estado costarricense sobre una porción de terreno de la indicada propiedad, misma que al haber sido incorporada al patrimonio natural de la nación cuenta con una protección especial dada su demanialidad (...)". Los hechos VIGÉSIMO QUINTO y VIGÉSIMO SEXTO fueron eliminados por el actor. Los hechos VIGÉSIMO SÉTIMO los rechazó por ser ajenos y excluyentes al Instituto de Desarrollo Rural. El hecho VIGÉSIMO OCTAVO reiteró, la Institución no tiene registro alguno de ninguna información posesoria promovida por Aserraderos Tropicales cuya cabida sea de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados según los datos consignados en el documento bajo las citas: Tomo 344 Asiento 4087 del Registro Público de la Propiedad Inmueble donde surge la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 bajo las condiciones de la Ley N°4545 del 20 de marzo de 1970. La certificación CGD-CERT-061-2018 del Departamento Administrativo Centro de Gestión Documental del Instituto de Desarrollo Rural indica que no es posible localizar ningún expediente de información posesoria promovido por Aserraderos Tropicales S.A. Lo anterior conlleva a determinar que pudo haber sido un actuar ajeno y extraño en contra de la Institución. VIGÉSIMO NOVENO fue eliminado por el actor. Los hechos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO PRIMERO los rechazó por ser ajenos y excluyentes a la Institución. Rechazó de igual forma, en todos sus extremos cualquier monto dinerario, señalando que el artículo 194 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, no permite la indemnización del lucro cesante y las personas jurídicas incluidas las sociedades anónimas no sufren ningún tipo de daño moral por su propia naturaleza jurídica; agregó el actor menciona situaciones realizadas por el Banco Nacional de Costa Rica, por lo que en este supuesto la Institución se encuentra ante una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 190 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública por el hecho de un tercero (imágenes 282 a 301).
EL ESTADO. Rechazó los hechos de la demanda, por no constarle. En el apartado Fundamentos de Derecho, opuso la defensa previa de defectos no subsanados que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Reprochó, la parte actora no desarrolló de manera lógica y coherente sus argumentos relacionados con la interpretación que debe hacerse de las normas que conforman el ordenamiento jurídico y cómo dicha interpretación resulta importante de acuerdo con los hechos concretos, de lo cual carece el escrito de demanda presentado. Aseveró, es primordial que las demandas que se presentan ante esta jurisdicción sean motivadas y que no sean carentes de sentido ya que dicha situación afectaría tanto al sistema de administración de justicia como a las partes en conflicto. Reiteró, se echa de menos una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y, a la vez, es notorio, que la demanda en cuestión no cuenta con un apartado desarrollado y estudiado de los fundamentos de Derecho que sustenten la acción de la parte actora, de la mano con que no queda claridad sobre cuál es la teoría del caso. No se establecen las argumentaciones sobre el modo como debe aplicarse el Derecho al caso concreto, con una técnica inadecuada de formulación de demandas, realiza argumentaciones más encaminadas a señalar supuestas situaciones fraudulentas por parte del Banco Nacional, del Registro Nacional, del INDER sin realmente argumentar sus consideraciones y sin aportar prueba que demuestre dichos alegatos. Alegó caducidad y prescripción así como falta de legitimación ad causam pasiva y falta de integración de la litis, respecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Nacional (SINAC). Sobre el fondo indicó (transcripción): "En el remoto caso en que este Tribunal decida no acoger las defensas previas establecidas, esta representación Estatal señala que se opone a las pretensiones pues realmente no se aporta con la demanda prueba fehaciente que logre comprobar sus alegatos, los cuales tal y como se manifestó líneas atrás, corresponden a consideraciones subjetivas de supuestas ilegalidades que no se sustentan de forma adecuada, pues se echa de menos un desarrollo lógico y coherente de los argumentos. Ahora bien del escrito de demanda se desprende que la parte busca la nulidad de ciertos actos tanto del Registro Nacional como del INDER, con el fin de anular el asiento registral de la propiedad N°2-206757-000 inscrita a nombre del Banco Nacional de Costa Rica desde el 24 de enero del 2000. En nuestro criterio las pretensiones de la parte actora no encuentran sustento jurídico, por lo que la demanda debe ser declarada sin lugar. La inscripción de documentos como parte del Derecho Registral, se rige entre otras cosas por los principios de eficacia, celeridad y seguridad registral, aunado al principio de la fe pública todo ello de acuerdo con lo regulado en la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público Ley N°3883 del 30 de mayo de 1967. El principio de la fe pública, resulta de suma importancia, pues los documentos que son presentados al Registro se entienden dotados de dicho carácter, sea de los Notarios Públicos, de los Topógrafos o bien de los funcionarios públicos según corresponda en cada caso. De este modo cuando se produce la inscripción de algún asiento en el registro, si bien es cierto estamos frente a un acto que ha sido dictado por el órgano competente para resolver sobre la calificación registral, lo cierto es que el registrador por mandato de ley no cuestiona el contenido de los títulos que se someten a su conocimiento, puesto que parte de que estos se rigen por la fe pública, y así lo dispone también el artículo 4 de la misma Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, el cual indica expresamente lo siguiente [hace cita]. De la norma citada se desprende que el registrador y sus instancias jerárquicas superiores, se encuentran facultades para calificar el documento que se les presenta con base en la propia información que en estos se consigna, no pudiendo ir más allá de lo expresamente indicado. En este caso, es claro que no existe nulidad en la documentación que ordena la inscripción de una propiedad emitida por el Registro Público de la Propiedad, por lo que en consecuencia se debe entender que está ha derecho todo lo actuado, siendo entonces que no existe una conducta lesiva del Estado o del Registro Público. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo dicho es importante recordar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la nulidad por la nulidad misma, y existe un deber de los actores de justificar con claridad los motivos por los que se alega una supuesta nulidad contra un acto administrativo y a su vez existe un deber de demostrar que existió una vulneración a los derechos constitucionales del administrado. Al respecto la Sala Primera de la Corte que ha manifestado [hizo transcripción persona]. En este asunto es claro que la parte omitió presentar sus alegatos de manera que fundamentara correctamente sus consideraciones jurídicas del porqué considera nulos los actos que se indican en la pretensión, por lo anterior, lo procedente es rechazar las pretensiones en el tanto no se sustentan en sí mismas y debieron haberse justificado correctamente en el escrito de demanda. Finalmente, y en lo que interesa a esta Representación, recordamos que la parte actora en el año 2000 presentó un proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en contra del Banco Nacional de Costa Rica, de la empresa Siete Ríos S.A y de Mundo Limpio, teniendo además como parte interesada al Estado. Dicho proceso se tramitó bajo expediente judicial 00-000496-163-CA, y se conoció entre otras cosas el tema del traslape de las propiedades que también se señala en este proceso, objeto que fue dilucidado por el Juzgado en su momento y resuelto por sentencia N°1226-2016 de las once horas del veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, indicando lo siguiente [hizo transcripción parcial]. Al respecto debe el Tribunal considerar los derechos que corresponden al Estado sobre la propiedad N°2-250596-000, adquirida en escritura pública N°30 otorgada en el protocolo de la notaria del Estado Gladys Herrera Raven, el día 25 de mayo de 1994, y sobre la cual ya se cancelaron todas las indemnizaciones que legalmente corresponden por esos terrenos en apego a la buena fe y a la publicidad registral. Dicho todo lo anterior, lo procedente es que se acojan las defensas interpuestas, se declare inadmisible la demanda, y en su defecto se acoja la falta de derecho alegada por esta representación estatal (imágenes 359 a 386).
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. Respecto de los hechos de la demanda, rechazó los numerados de 1 a 8, del 10 al 20 (la sociedad accionante desistió de los hechos 16 y 20). Del hecho VEINTIUNO aclaró no es una finca abstracta, sino una localizada e inscrita en el Registro Nacional. El hecho VEINTIDÓS fue desistido por la parte actora. Los hechos VEINTITRÉS a VEINTIOCHO (el veintiséis fue desistido) los rechazó y el VEINTINUEVE (fue desistido) al TREINTA Y UNO los rechazó porque no le constan. Bajo el apartado "Derecho" indicó (transcripción): "El artículo 45 de nuestra Constitución Política señala que la propiedad privada es inviolable, y si a una persona se le priva de su derecho, es mediante indemnización previa, de cuyo resultado debe constar en el Registro Público de la Propiedad. Dentro de este contexto fáctico y como efecto de lo anterior, debe tenerse presente, que el artículo 455 del Código Civil señala que los títulos sujetos a inscripción, que no estén inscritos en el Registro, no perjudican a tercero, como es el caso del Banco Nacional de Costa Rica, sino desde la fecha de su presentación al Registro Público. El artículo 267 del Código Civil es claro, en que para que el derecho de propiedad surta todos sus efectos legales, es necesario que el derecho real se encuentre debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y el título de propiedad que tiene el banco sobre el inmueble, es anterior al derecho de propiedad de la aquí actora. Me amparo en los artículos 1 párrafo tercero y 17 párrafo primero de la Ley N°4545 del 20 de marzo de 1970. Esta ley es la aplicable cuando se tramitó y otorgó el título dominio, bajo la cual se tramitó el proceso de información posesoria, que da por resultado la finca que mi representada se adjudicó en pago de obligaciones. Ahora bien, si observamos los inmuebles que afirma ser propietario la actora, sea las líneas inscritas en el Partido de Alajuela, matrículas de folio real mecanizado números 273888-000 y 250596-000, se determina que las mismas provienen de la línea madre número 250596-000. Este último inmueble fue inscrito mediante información posesoria tramitada bajo la Ley N°139 del 14 de julio de 1941 y promovida por el señor Kelvin Rojas Cerna. Dicha inscripción, en el Registro Público de la Propiedad, se hace el 18 de febrero de 1991, con posterioridad a la tramitación y debida inscripción de la línea que ahora pertenece al Banco Nacional de Costa Rica. Por consiguiente resultan aplicables los artículos 459 y 462 del Código Civil. La primera norma señala que para que el título de propiedad perjudique a un tercero, se requiere que esté inscrito. La segunda norma dispone que inscrito el título traslativo de dominio del inmueble, no puede inscribirse ningún otro que contradiga el derecho ya inscrito. Me fundamento igualmente en el artículo 70 y 71 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N°1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas. Es de suma importancia traer a colación el PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Registral, consagrado en el artículo 455 del Código Civil, el cual en lo que interesa señala [hizo cita]. Actualmente el Banco Nacional de Costa Rica, luego de un proceso de ejecución figura como el propietario registral del inmueble. El Banco Nacional, al igual que cualquier intermediario financiero o acreedor que desea garantizar una operación de crédito, se atiene a la publicidad registral, según dispone el artículo 449 del Código Civil. En su reiterada condición de tercero, resulta total y evidentemente ajeno a los hechos que se cuestionan. La publicidad registral le garantiza a terceros, la titularidad del derecho real de propiedad y con base en esa información que tiende a brindar seguridad en los actos y contratos que los integrantes de la sociedad civil fue que se otorgó el crédito, el cual se garantizó con la hipoteca sobre los derechos reales de propiedad y conforme a la información registral. Según dispone el artículo 452 del Código Civil, es factible que se puedan constituir derechos reales, como es el de la hipoteca, (artículo 259 en relación con el 409 ibídem) por quien "...tenga inserto su derecho en el Registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento de su constitución". El Banco Nacional de Costa Rica reviste dicha condición sea la de un tercero, que de buena fe, amparado de la publicidad registral y previa valoración pericial del fondo, lo aceptó en hipoteca de un préstamo otorgado, cuyo incumplimiento obligó al Banco a establecer un proceso judicial y a solicitar la ejecución de la garantía otorgada por la deudora. Sobre este particular, sea la situación de un tercero amparado a la publicidad registral, la propia Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de justicia, que cita el reglamento, en la sentencia N°162 de 2001, dice lo siguiente [hace transcripción parcial]. Como puede verse la Sala Civil, ampara los derechos de terceros que surgen o deviene de la publicidad registral. Se estima así. Que la seguridad que el sistema debe dar al administrado y el interés público que existe sobre particulares, prevalecen, incluso sobre el supuesto derecho de propiedad, debiendo el afectado, dirigir su pretensión en contra del supuesto autor del daño ocasional. Me fundamento igualmente en las siguientes disposiciones legales: artículos 259, 449, 452 y 456 del Código Civil. Como otro aspecto relevante, iniciamos indicando que los bancos comerciales estatales como los no estatales; en atención a la importancia de la "salud" del sistema financiero nacional, deben asegurarse de conceder sus créditos a individuos y colectividades con solvencia suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Además de verificar tal solvencia se debe asegurar o disminuir el riesgo, lo cual se hace mediante garantías idóneas en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas. En síntesis, la solvencia de los individuos con todo crédito otorgado por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA debe estar respaldado con garantía a satisfacción del Banco. Lo anteriormente dicho se base en el cumplimiento del artículo 66 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL el cual indica [hace cita]. Sobre esto la Procuraduría General de la República se ha manifestado de la siguiente manera [hizo cita de dictamen C-207-1998]. No omitimos señalar que el artículo 71 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL también indica [hizo cita]..." (imágenes 387 a 405).
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL. Respecto de los hechos de la demanda, admitió como ciertos del primero al tercero, el décimo quinto, el décimo octavo, rechazó del cuarto al sexto, del sétimo al noveno los rechazó por ser ajenos a la institución; del décimo al décimo cuarto los rechazó porque no le constan; el décimo quinto lo admitió como cierto; el hecho dieciséis fue desistido por la parte actora; del décimo sétimo al décimo noveno fueron rechazados por corresponder a interpretaciones subjetivas de la parte accionante, los hechos vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo noveno fueron desistidos; el hecho vigésimo cuarto fue rechazado, el hecho vigésimo primero los admite en relación a lo dispuesto en la Ley de Informaciones Posesorias y en lo demás los rechazó y los hechos treinta y treinta y uno los rechazó por no constarle. PRETENSIONES Y ANÁLISIS DE FONDO (transcripción): "Tal como y como evidenciaremos, las pretensiones de la parte actora carecen de sustento jurídico en cuanto a su procedencia y, además, son sustentadas en interpretaciones erróneas y ambiguas por quien las solicita, motivo por el que deben ser rechazadas en todos sus extremos. Los actos administrativos que se pretenden anular. Dentro de las peticiones del proceso, la parte accionante pide la nulidad de una serie de actos registrales atinentes a mi representado, específicamente que la titulación de la finca del Banco Nacional N°206757-000 es nula por haberse realizado en contravención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo segundo de la Ley de Informaciones Posesorias, que prohíbe la titulación de inmuebles mayores a 300 hectáreas, además, al carecer de toda legitimidad la existencia de ese terreno a nombre del Banco Nacional, se solicita que se anule su inscripción ante el Registro Nacional, incluyendo la nulidad del plano detallado ante su inscripción registral, plano inexistente que la respalda N°A-0012547-1971. Como fundamento, la parte alega que el 7 de diciembre de 1999 fue desalojado de forma irregular de la finca del Partido de Alajuela Matrícula 2-273888-000 por una orden judicial del Juzgado Civil de Ciudad Quesada, por cuanto el codemandado Banco Nacional de Costa Rica se adjudicó, supuestamente de forma ilegítima, su propiedad. Continúa afirmando el actor que una vez apersonado al expediente judicial que originó el remate y el respectivo desalojo, se enteró de una doble titulación fraudulenta respecto de la finca del Partido de Alajuela Matrícula N°2-206757-000, la cual según manifiesta, traslapa casi la totalidad de su terreno, todo ello alterando una ejecutoria dictada por esa Autoridad Judicial. Inexistencia de vicios que generan nulidad en los actos que se atacan. Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública y de la Ley N°3883, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. En ese orden, será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el acto. De acuerdo con ello, en un acto administrativo, se pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, que se manifiesta, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y las insustanciales que no producen la invalidez del acto, pero si responsabilidad disciplinaria del servidor agente. La validez del acto administrativo se verifica con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales. Estos elementos a que hacemos referencia, tanto la doctrina nacional como la Ley General de la Administración Pública, los distingue entre formales y sustanciales, entre los elementos formales se encuentran el sujeto, procedimiento y la forma, y en los sustanciales o materiales son, el motivo, contenido y fin. Ahora bien, en cuanto al tema de la inscripción de documentos se debe partir, entre otros, del principio de buena fe pública, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Inscripción de Documentos del Registro Nacional, hecho de relevancia pues todos los instrumentos públicos que se presentan ante el Diario del Registro están revestidos de dicho principio de forma inherente, por lo que el Registrador de turno no puede cuestionar el contenidos de las escrituras o planos que se someten a su conocimiento. Se puede afirmar que las alegaciones anotadas por el accionante no logran demostrar ni sustentar, al menos, una nulidad relativa que amerite el remiendo procesal de alguno de los actos administrativos de naturaleza registral, limitándose la parte únicamente a alegar la nulidad sin presentar un desarrollo de las supuestas carencias de mi representada al momento de calificar e inscribir los actos. Uso abusivo del derecho por parte del actor. El abuso de derecho implica una extralimitación en el ejercicio de una facultad y en principio, consiste en sobrepasar manifiestamente los límites del ejercicio normal de un derecho, por lo tanto, estamos ante un acto antijurídico de naturaleza procesal. En el caso que nos ocupa, es primordial traer a colación que, ante el Juzgado Contencioso Administrativo, la parte actora presentó un proceso ordinario en contra del Banco Nacional de Costa Rica y el Estado, causa que fue conocida bajo el expediente N°00-000496-0163-CA en donde fue discutido el mismo traslape de propiedades objeto de este nuevo litigio, concluyéndose con el dictado de la sentencia N°1226-2016 de las 11:00 del 29 de julio del 2016, que dispuso, entre otros extremos, un mejor derecho del co-demandado Banco Nacional de Costa Rica. En concreto señor Juez, afirmo que el uso abusivo del derecho por parte del actor busca generar sentencias y criterios distintos en varios despachos judiciales, con el riesgo de generar inseguridad jurídica en sobre sujetos que ostentan derechos subjetivos plenamente consolidados, motivo por que solicito declarar sin lugar en todos sus extremos esta acción. Improcedencia de daños y perjuicios. Ante la escasa argumentación de la parte actora, por el momento nos limitamos a evidenciar la inexistencia de un nexo de causalidad entre los extremos pretendidos y las actuaciones que supuestamente afirma haber sufrido la parte actora. Asimismo, hago saber que mi representada no ha formado parte en ninguna de las actuaciones desplegadas por las partes en sus giros comerciales ni mucho menos en los procesos judiciales que se describen en los hechos, siendo a lo sumo, una participación normal de actos de inscripción registral como producto de escrituras públicas o bien ejecutorias, revestidas de fe pública del Notario cartulante o de oficialidad por parte de la autoridad judicial, por lo que solicito que sea rechazada en su totalidad la liquidación planteada..." (imágenes 412 a 425).
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Rechazó todos los hechos de la demanda. Solicitó acoger las excepciones interpuestas y que se tuviera por contestada negativamente la demanda (imágenes 674 a 678).
De la revisión del cuadro fáctico que se describe en la demanda y, según deriva de la prueba allegada a los autos, se tiene por probado:
V.OBJETO DE PROCESO. La sociedad actora es propietaria del inmueble matrícula de folio real de la provincia de Alajuela 273888-000, inscrita el 25 de mayo de 1993, que nace a la vida jurídica por segregación de la finca 250596-000 que a su vez nace jurídicamente por información posesoria, promovida por el señor Kelvin Rojas Cerna inscrita el 20 de febrero de 1991, propiedad que luego fue vendida al Estado. Señaló, en su propiedad desarrolló un proyecto turístico, pero refiere que el 7 de diciembre de 1999 tuvo noticia que el Banco Nacional se adjudicó su propiedad. Señaló, la finca que el Banco se adjudicó es otra, inscrita bajo la matrícula de folio real 206757-000, la que asevera fue inscrita fraudulentamente y, para justificar esa afirmación refiere al origen de la misma, indicando que nace producto de dos informaciones posesorias que tramitó el Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) en expediente 12-73 por acuerdo del 30 de abril de 1979. Que, producto de esas 2 informaciones posesorias -originadas en un mismo acuerdo de la Junta Directiva-, se inscribieron dos fincas ambas del partido de Alajuela una con la matrícula de folio real 288457-000 inscrita el 01 de abril de 1984 y a otra, la número 206757-000 fue presentada el 08 de agosto de 1984. Señala que esta última finca se superpone a su propiedad -finca 273888-000- y a la finca propiedad del Estado. Agregó, el 06 de diciembre de 1988 utilizando la misma documentación de la finca 288457-000 se inscribió la finca 206757-000, presentada en el registro el 06 de diciembre de 1988 a nombre de Aserraderos Tropicales Sociedad Anónima. Sobre esta inscripción reprocha como vicios que carece de plano que la respalde, que supera la cabida de 300 hectáreas que permite la Ley de Informaciones Posesorias, que tuvo como sustento dos ejecutorias de titulación idénticas. Agregó, la finca inscrita a nombre de Aserraderos Tropicales, S.A. fue luego traspasada a Siete Ríos, sociedad que pidió un préstamo al Banco Nacional que no fue cancelado, por lo que se lo adjudicó en remate, pero advierte esa adjudicación es de una propiedad indebidamente inscrita en el Registro Nacional. A la luz del cuadro fáctico expuesto, solicita la sociedad accionante un total de 17 pretensiones de las cuales la primera es para que este Tribunal declare que la finca de su propiedad A-273888-000- está inscrita de acuerdo al ordenamiento jurídico. Las petitorias segunda a sexta se orientan a que se declaren vicios de nulidad relacionados con la inscripción de la finca del partido de Alajuela 206757-000 y su origen en la información posesoria avalada por el INDER- igualmente las petitorias novena a décimo cuarta, están orientadas a que se anule la inscripción de la finca del partido de Alajuela 206757-000 -cuyo propietario a la fecha del dictado de este pronunciamiento es el Banco Nacional- por diversos vicios: desde abarcar bienes demaniales hasta por haber sido inscrita sin tener plano catastrado, entre otros. La petitoria sétima reprocha error de Registro en la inscripción de dos fincas (que no especifica) provenientes de una única titulación administrativa y violentando lo dispuesto en el numeral 30 de la Ley de Catastro 7764. La petitoria octava es para que se declare que el INDER autorizó la titulación a nombre de Aserraderos Tropicales, S.A. sin tener documentos de respaldo. Solicitando como pretensiones décimo quinta y décimo sexta, daños por la desposesión y deterioro de las obras construidas, así como el daño moral por desposesión de 19 años y el lucro cesante de una actividad que calificó de muy exitosa por ser un lugar turístico. Teniendo claro el cuadro fáctico sobre el que descansan las diecisiete petitorias, procede esta Cámara con el análisis de la procedencia o no de la demanda, siendo el primer aspecto que debe revisarse, por así alegarlo las partes codemandadas, las defensas de caducidad y prescripción, que fueron diferidas por el Juzgador de Trámite para que fueran conocidas en este estadio procesal. Por los efectos que producen ambos institutos, es el primer elemento que debe revisarse, en los términos que de inmediato se exponen.
LA REPRESENTACIÓN DEL INDER, alegó: "(a) Prescripción evidente y manifiesta: En esencia el actor pretende anular la inscripción de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 que aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988. Ahora bien en cualquier de las siguientes hipótesis es procedente declarar con lugar la prescripción: Primera Hipótesis: el artículo 17 de Ley 4545 "Ley de informaciones Posesorias Administrativas" establecía un plazo de convalidación de tres años contado a partir de la fecha de la inscripción. Para el caso en concreto, la inscripción de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988 y es hasta el 05 de octubre del 2018 -fecha de la notificación de la presente demanda- que se pretende anular su inscripción. Por ende, se ha computado el plazo que estaba regulado para su impugnación. Segunda Hipótesis: El artículo 868 del Código Civil determina la prescripción ordinaria en que todo derecho y su correspondiente acción prescriben en diez años. Para el caso en concreto la inscripción de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988 y es hasta el 05 de octubre del 2018 fecha de la notificación de la presente demanda- que el actor pretende anular la inscripción. Por ende se ha computado el plazo máximo que estaba regulado para su impugnación. Tercera Hipótesis: Se rechaza cualquier reclamo indemnizatorio. El artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública reguló que el derecho de reclamar la indemnización a la Administración Pública prescribirá en cuatro años. Para el caso en concreto la inscripción de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 aparece inscrita ante el Registro de la propiedad y es oponible ante terceros desde el 07 de diciembre de 1988 y es hasta el 05 de octubre del 2018 fecha de la notificación de la presente demanda- que pretende indemnizaciones. Por ende. se encuentra prescrito cualquier reclamo indemnizatorio. Cuarta Hipótesis: Se rechaza cualquier reclamo indemnizatorio. El artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública reguló que el derecho de reclamar la indemnización a la Administración Pública prescribirá en cuatro años. Para el caso en concreto el actor alega en el hecho treinta y uno situaciones que datan de hace más de diecinueve años y es hasta el 05 de octubre del 2018 -fecha de la notificación de la presente demanda- que pretende indemnizaciones, por ende, se encuentra prescrito cualquier reclamo indemnizatorio. Así las cosas es que esta representación opone la excepción de prescripción evidente y manifiesta de conformidad con el artículo 66 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por lo que solicito que se acoja la excepción opuesta y que se condene en ambas costas al actor. (b) Caducidad evidente y manifiesta: La caducidad establece un plazo rígido y fatal y no acepta ningún tipo de interrupción. El transitorio III de la Código Procesal Contencioso Administrativo establece que "el régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código se regirá por la legislación vigente en ese momento". Por consiguiente, la Ley 4545 (Ley de Informaciones Posesorias Administrativa) publicada el 07 de abril de 1970 contemplaba en su artículo 17 un plazo de convalidación de tres años para decretar la nulidad absoluta del título. Nótese que dicha convalidación se reguló antes de la Ley General de la Administración Pública publicada el 30 de mayo de 1978. Posteriormente la Ley General de la Administración Pública publicada el 30 de mayo de 1978 reguló en su artículo 175 que caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional. Ahora bien en aplicación del artículo 34 de la Constitución Política a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas considerando que con base en las disposiciones legales anteriormente indicadas se constata que al transcurrir el plazo legal para impugnar la inscripción de la finca regulada en el artículo 17 de la Ley 4545, es aplicable la caducidad de la acción. El artículo 17 de Ley 4545 "Ley de informaciones Posesorias Administrativas" establecía un plazo de convalidación de tres años contado a partir de la fecha de la inscripción. Para el caso en concreto, la finca del Partido de Alajuela matricula de folio real 206757-000 aparece inscrita ante el Registro de la propiedad desde el 07 de diciembre de 1988 y es hasta el 13 de setiembre del 2018 -fecha de la presentación de la demanda- en que el actor pretende anular su inscripción. Por ende se ha computado el plazo que estaba regulado para su impugnación. Así las cosas es que esta representación opone la excepción de caducidad evidente y manifiesta de conformidad con el artículo 66 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por lo que solicito que se acoja la excepción opuesta y que se condene en ambas costas al actor" (imágenes 291 a 293).
EL REPRESENTANTE ESTATAL SOBRE LA CADUCIDAD MANIFESTÓ: "...por cuanto es evidente que, en este caso, ha transcurrido sobradamente el plazo establecido por el Código Procesal Contencioso Administrativo para interponer la acción, y por lo tanto, la demanda debe ser declarada inadmisible. A tenor del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el régimen de nulidad de los actos administrativos que han quedado firmes antes de la entrada en vigencia del Código, será el régimen de la legislación vigente en ese momento. Dispone el artículo señalado, lo siguiente "TRANSITORIO III.- El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código se regirá por la legislación vigente en ese momento". En presente asunto, la parte adora en sus pretensiones busca se declare la nulidad de inscripciones registrales del año 2000 (ver certificación registral de la finca 2-206757-000). Ahora bien, del transitorio transcrito se desprende que el régimen de impugnación de los actos administrativos antes citados, será el que establecían la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley N°3667 del 12 de marzo de 1966) y la Ley General de la Administración Pública (Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978), antes de la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo en el año 2008. En razón de ello como regla general la impugnación de cualquier acto, como lo son las inscripciones registrales, que hubiesen entrado a regir antes de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, se regulan por lo establecido en el artículo 37 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual indica que la acción caduca pasados dos meses contados a partir de la comunicación del acto. "Artículo 37.-1. El plazo para interponer el juicio será de dos meses, que se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación; y b) En el caso de que no proceda la notificación personal desde el día siguiente al de la publicación oficial del acto o de la disposición". (Resaltado no es del original). Mientras que, tratándose de vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos, el plazo de caducidad de la acción es de cuatro años de conformidad con el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, vigente al momento de la emisión de dichos actos administrativos, que establece literalmente que [hace cita del numeral]. En este sentido, la demanda fue presentada a estrados judiciales el 13 de setiembre del 2018, por lo que es claro que, en cualquiera de los dos casos arriba señalados, es decir, ya sea computando dos meses o los cuatro años, ha transcurrido sobradamente el plazo para interponer la demanda, pues justamente al haber sido inscrita la propiedad 2-206757-000 el 24 de enero del 2000 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica, este adquirió firmeza antes de la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, y por lo tanto le resulta aplicable lo estipulado en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Lo anterior ha sido respaldado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sus votos N°227-F-S1-2016 de las once horas diez minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis, N°10-F-S1-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil trece y N°1087-F-S1-2011 de las ocho horas cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil once. Finalmente, no está demás señalar que de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la oportunidad para impugnar la inscripción también habría caducado, puesto que el plazo fatal de un año habría operado". Alegó además, PRESCRIPCIÓN indicando: "Ante la poca claridad del escrito de demanda, y en aras de defender el derecho del Estado, nos permitimos interponer la defensa previa de prescripción para solicita cualquier responsabilidad del Estado. Así, en criterio de esta Representación, es claro que en la especie ha operado la prescripción del derecho a reclamar cualquier responsabilidad del Estado, por lo que de conformidad con lo señalado por el artículo 66 inciso K) del Código Procesal Contencioso Administrativo, y solicitamos que así se declare. La finca 2-206757-000 fue inscrita en fecha 24 de enero del 2000 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica, y es a partir de ese momento que podría reclamarse responsabilidad Estatal por los supuestos actos perturbatorios en su propiedad. En este punto señalamos que la actora tiene conocimiento de los movimientos Registrales desde al año 2000 fecha en que la empresa aquí actora interpuso reclamo judicial contra el Banco Nacional y otros, mismo que fue tramitado en expediente N°00-496-163-CA. No omite señalar esta Representación que en el proceso N°00-496-163-CA por resolución N°1226-2016 de las once horas del veintinueve de julio del año dos mil dieciséis el Juzgado Contencioso reconoció los derechos el Estado sobre la propiedad N°2-250596-000 como bien demanial por ser parte del Parque Nacional Arenal, y por lo tanto al estar incorporada el patrimonio natural de la nación no podrán desconocerse esos derechos en este proceso. Cabe apuntar que, respecto al tema de la prescripción de los actos emanados del Registro Nacional de la Propiedad, la Sala Primera ha señalado que pese a que se tratan de actos regidos por el principio de publicidad registral, estos no constituyen actos administrativos de efectos continuados, en el tanto se verifican puntualmente en el tiempo. Así en el voto 741-F-S1-2017 de las catorce horas diez minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete, se resolvió que [hace transcripción parcial]. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente al Tribunal declarar la prescripción puesto que para efectos de reclamo de responsabilidad por las actuaciones del Registro Nacional el plazo de prescripción corre a partir de la inscripción de la propiedad..." (imágenes 365 a 371).
LA REPRESENTACIÓN DE BANCO NACIONAL, igualmente opuso la excepción de prescripción, respecto de la cual señaló: "Dentro del elenco de pretensiones de la parte actora se observa que la misma pretende que se declarar la nulidad del título de la finca del partido de Alajuela, folio real matrícula número 20675-000 propiedad de mi representado, cuyo proceso de inscripción como indica la parte actora data del año 1988. Siendo que en tal caso ha operado incluso la prescripción decenal que contempla el artículo 868 del Código Civil" (imágenes 404 a 405).
LA REPRESENTACIÓN DE LA JARN, respecto de la caducidad de la acción indicó: (transcripción) "Por ser evidente y manifiesta, interponemos la defensa de caducidad al haber transcurrido sobradamente el plazo para accionar en contra de mi representada, ello conforme a las pretensiones planteadas por el accionante y a la luz de las reglas del CPCA en su transitorio III, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como las reglas de nulidad absoluta de la Ley de la Administración Pública. Sobre el particular, en el cuadro de pretensiones la parte solicitante pide anular dos actos de inscripción registral ocurridos en el año 2000, relacionados a la finca del Partido de Alajuela Matrícula N°2-206757-000, fecha anterior a la entrada en vigor del CPCA, en donde se establecía un plazo máximo de caducidad de cuatro años para los actos absolutamente nulos, con fundamento en el numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública. En complemento de lo anterior debe considerarse que cuando las actuaciones administrativas impugnadas corresponden a movimientos registrales de efectos inmediatos publicitados en las respectivas bases de datos del Registro Nacional, el término para la contabilización del plazo de caducidad que nos ocupa debe hacerse al tenor de lo establecido en el numeral 455 del Código Civil, ya que al disponer dicho numeral que los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero sino desde la fecha de su presentación al Registro, es lógico considerar que cuando los títulos han sido presentados e inscritos empieza a correr el plazo para que cualquier tercero interesado que se considere perjudicado con tal actuación administrativa, acuda a la vía judicial a hacer valer sus derechos. Lo anterior precisamente por ser la consulta a estas bases de datos pública (artículo 449 del Código Civil) y complementarse a su vez con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público respecto de los efectos de la publicidad registral. En este punto el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo ha sido consistente con dicha tesis y entre otras en la resolución N°59-2012-V de las quince horas del veintidós de junio de dos mil doce dictada por la Sección Quinta Anexo A, de dicho Tribunal, se razonó lo siguiente [hizo cita parcial]. Por ello, una vez verificada por el juzgador la fecha de presentación del proceso como el 13 de septiembre del 2018, pido resolver de previo y no deducir para el fondo la declaración de la caducidad, ordenándose el archivo definitivo del expediente". Sobre la prescripción del derecho indicó: Resorte de la defensa previa desarrollada supra, evidencio que en la Litis ha operado la prescripción respecto del reclamo de daños y perjuicios que solicita la contraparte. Como hecho generador de responsabilidad, la sociedad Agencia Aduanal C.R. identifica el acto registral de inscripción de la finca del Partido de Alajuela Matrícula N°2-206757 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica. En ese sentido, de una revisión de la prueba documental aportada en autos, dicha circunstancia ocurrió desde el 24 de enero del año 2000, por lo cual, la falta de ejercicio de la acción judicial en el plazo ordenado por ley se encuentra injustificado en términos del derecho, porque al encontrarse debidamente accesible la información contenida en la publicidad inmobiliaria de la inscripción relacionada en la Base de Datos del Registro Inmobiliario desde ese día, tuvo un plazo de 4 años para hacer ver su derecho, habiéndose agotado al día de hoy por un principio de seguridad jurídica para efectuar cualquier reclamo al respecto. Así las cosas, a la parte actora no le asiste ningún derecho para peticionar los presuntos daños y perjuicios reclamados en virtud de que prescribió sobradamente el plazo de 4 años para su exigibilidad. El no declarar la prescripción alegada, atenta contra los principios de seguridad jurídica y permitiría que aun habiendo transcurrido de forma sobrada el plazo que la ley otorga, se pueda pretender una indemnización por daños y perjuicios derivados supuestamente de conductas administrativas acaecidas hace más de doce años atrás, con lo que se puede observar que efectivamente el plazo para a reclamar la indemnización por una conducta administrativa ha fenecido. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, procedo a cumplir con las formalidades del artículo 64 del CPCA" (imágenes 414 a 416).
LA REPRESENTACIÓN DEL SINAC, sobre la defensa de prescripción adujo: "La finca 2-206757-000 fue inscrita el 24 de enero de 2000 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica por lo que a partir de ese momento se podía hacer cualquier reclamo sobre la propiedad, momento que fue de conocimiento de la parte actora al interponer el reclamo en sede judicial que se tramitó en el expediente 00-000496-16-CA. Por esta razón, se señala la prescripción, de conformidad con el artículo 66 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que se solicita así se declare en virtud de que dicho plazo corre a partir de la inscripción de la propiedad en el Registro Nacional. Alegó también caducidad, respecto de lo cual señaló: "Se interpone la excepción de caducidad por cuanto ha transcurrido el plazo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo para interponer la acción, por lo que la demanda debe declararse inadmisible. El transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo indica lo siguiente: "El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código se regirá por la legislación vigente en el momento." La parte actora solicita que se declare la nulidad de inscripciones registrales del año dos mil, en cuyo caso, de acuerdo con el transitorio citado. el régimen de impugnación correspondiente es el establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley General de la Administración Pública. La inscripción de la finca 2-206757-000 fue efectiva el 24 de enero de 2000 adquiriendo firmeza antes de la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, siendo de aplicación su Transitorio III. En virtud de la aplicación de este transitorio han transcurrido los dos meses contados a partir de la comunicación del acto, regulado en el artículo 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o los cuatro años de conformidad con la Ley General de la Administración Pública..." (imágenes 676 a 677).
CRITERIO DEL TRIBUNAL: Solicitó la parte actora en los extremos petitorios numerados del 2 al 6 que el Tribunal declare, en relación a la inscripción de la finca del partido de Alajuela 206757-000 propiedad del Banco Nacional una serie de aspectos que refieren al origen de la inscripción del inmueble, que es el acta 2268 del 30 de abril de 1978 dictada por la Junta Directiva del entonces Instituto de Tierras y Colonización -hoy INDER-, en la que se aprueba la información posesoria administrativa presentada por Aserraderos Tropicales, S.A., inscrita hasta el 7 de diciembre de 1988. Peticiona que se indique que el acta 2268 (donde se reconoce la titulación por el entonces Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-) adolece de naturaleza, linderos, medida y plano catastral, que las protocolizaciones por las que se inscribió la finca burlo la prohibición legal de inscribir por la vía de Información Posesoria áreas superiores a 300 hectáreas y que además traslapa o invade totalmente la finca propiedad de la Sociedad actora y de un inmueble propiedad del Estado. Luego a partir de la petitoria 9 y hasta la 14, solicitó que este Tribunal declare que la titulación de la finca del Banco Nacional de Costa Rica del inmueble matrícula de folio real 2-206757-000 inscrita el 24 de enero del 2000, es nula porque: incorporar a su área un bien demanial en un cien por ciento correspondiente a la propiedad del Estado número 250596-000 del partido de Alajuela; porque fue inscrita sin plano; porque traslapa el plano de la finca propiedad de la Sociedad actora; porque se hizo sin observancia artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional por no tener plano, porque no respetó la prohibición de titular fincas mayores a 300 hectáreas, entendiendo que "...al carecer de toda legitimidad la existencia de esa finca a nombre del Banco, SOLICITO SE ANULE SU INSCRIPCIÓN ante el Registro Nacional...". Es claro para este Colegio de Jueces, que si bien en las petitorias dos a seis no hay una expresa solicitud de nulidad, los vicios que pide se declaren se subsumen en las pretensiones de nulidad indicadas del 9 al 14, con lo cual los extremos petitorios 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se refieren a la nulidad del asiento registral de la finca 2-206757 inscrita a nombre del Banco Nacional el 24 de enero del 2000, por haberse adjudicado el inmueble en la almoneda realizada en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado en el Juzgado Civil de San Carlos, con el expediente 96-100508-297-CI. Aclarado lo anterior, debe recordarse que, la función registral constituye el ejercicio de una función administrativa sujeta por ende, al bloque de legalidad de nuestro ordenamiento que impone calificación técnica y especializada de un documento y negocio jurídico que se presenta ante el Registro Nacional para su inscripción, momento a partir del cual resulta oponible a terceros. En el ejercicio de esa función administrativa, es posible que se materialice un error registral que imponga la modificación o anulación del asiento. Ese error puede ser producto de deficiencias propias de la escritura pública o acto administrativo sometido a registración o consecuencia de la función calificadora. En el caso que se revisa, la nulidad que se pide es derivada de vicios que entiende la parte actora, presenta el acto administrativo de inscripción de la finca a nombre del Banco Nacional matrícula de folio real 2-206757-000, que tuvo lugar el 24 de enero del 2000. Dada la poca claridad del cuadro fáctico de la demanda y la forma en que se exponen las 17 pretensiones; en este punto es preciso aclarar que en los hechos del 9 al 15, del 17 al 19 y el 21 (recuérdese que eliminó los hechos 16, 20, 22, 23, 25, 26 y 29 de la demanda, ver escrito del 29 de julio de 2019, visible en imagen 639), la sociedad actora hace referencia a la inscripción primigenia del inmueble 2-206757-000 que data del 07 de diciembre de 1988. Como se indicó, por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización adoptado en el artículo IX de la sesión 2268 celebrada el 20 de abril de 1979, se aprobó la resolución de sentencia de información posesoria de Aserraderos Tropicales, C. R. S.A, sin embargo la inscripción ante el Registro Nacional, se da hasta el año 1988. Como igualmente se aclaró, en el elenco de pretensiones de la 2 a la 6, pide que se hagan una serie de "declaraciones" respecto de ese inmueble inscrito por Aserraderos Tropicales S.A. en 1988. Conforme se acreditó con la prueba y, según se indicó en los hechos demostrados de esta demanda, años después, el mismo inmueble, matrícula de folio real 2-206757-000 fue adjudicado en remate judicial por el Banco Nacional de Costa Rica y así fue inscrito desde el 24 de enero de 2000. Luego, en las pretensiones del 9 al 14 peticiona la nulidad de la titulación realizada por la entidad bancaria el 24 de enero del 2000. Teniendo claro el orden cronológico de las inscripciones y los reproches que expone la parte actora en su demanda, se debe recordar que, la nulidad de actos administrativos está sujeta a reglas procesales, dispuestas en nuestro ordenamiento en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) N°6227 del 02 de mayo de 1978 así como en su momento la derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA) N°3667 del 12 de marzo de 1966 y, a partir del año 2008 por el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). Es por ello que, el primer aspecto que debe revisarse ante pretensiones de nulidad de actos administrativos es la temporalidad de la conducta que se pretende anular y, en el presente caso es evidentemente determinable por la inscripción registral. La sociedad actora presentó esta demanda el 13 de setiembre de 2018 y pretende la nulidad de la conducta administrativa registral en torno a la inscripción del inmueble de partido de Alajuela -matrícula de folio real 2-206757-000 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica el 24 de enero de 2000-. Es decir, se trata de una inscripción (con independencia de que se refiera a la primera realizada a nombre de Aserraderos Tropicales, S.A. en el año 1988 o a la que se inscribió en el año 2000 por parte del Banco Nacional, al adquirir el inmueble en un remate judicial) que tuvo lugar previo a la entrada en vigencia del (CPCA) que empezó a regir el 01 de enero de 2008 conforme se se señala en el numeral 222 y que, dispuso en el Transitorio III: "El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento". A partir de lo expuesto, es claro que se trata de un acto administrativo registral que quedó firme al amparo de la normativa vigente antes de que entrara a regir el CPCA, con lo cual, el régimen de nulidad de esos actos se regía por lo dispuesto en la LRJCA y en lo normado en la LGAP vigente, previo a la reforma que introdujo el CPCA. Consecuentemente, la determinación del plazo de caducidad alegado por las partes demandadas debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio aludido. En ese orden de ideas, debe recordarse que el numeral 175 de la LGAP (previo a la reforma introducida por el CPCA) señala que, tratándose de vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos, el plazo de caducidad de la acción es de cuatro años: “Artículo 175.- Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de caducidad...”. Conforme con lo señalado en esa norma, es necesario determinar cuando fue el momento en que la parte actora conoce de la titulación que hace el Banco Nacional del inmueble matrícula de folio real 2-206757-000, encontrando que es por la propia manifestación del representante legal de la sociedad accionante cuando se determina esa fecha o momento específico, según lo indicó en los hechos 9 y 10 de la demanda al señalar: "...9. El día 7 de diciembre del año 1999, mi empleado Manuel Ramírez Ojeda fue desalojado del lugar, por el Juzgado Civil de Ciudad Quesada, por cuanto el Banco Nacional se había adjudicado en remate mi propiedad, sin que yo hubiera asumido ningún compromiso financiero. 10. Al estudiar el expediente que originó el remate y posterior puesta en posesión y desalojo, me enteré de que se había inscrito fraudulentamente otra finca, MATRÍCULA DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE - CERO CERO CERO, ubicada en el mismo sector de la finca de mi representada, pero con una medida muy superior de un millón ochocientos un mil quinientos catorce metros con sesenta y un decímetros cuadrados". Es claro y no hay duda que, desde el año 1999 la parte actora conoce de la adjudicación por parte del Banco Nacional del inmueble matrícula de folio 2-206757-000. Ahora, verificado que la demanda fue presentada a estrados judiciales el 13 de setiembre del 2018 es evidente que, al amparo del numeral 175 de la LGAP ha transcurrido sobradamente el plazo de cuatro años con el que contaba la parte actora para interponer una demanda en la que se pretendía la nulidad de la inscripción registral o "titulación" del inmueble 2-20677-000. Es por ello que, en la especie ha caducado para la sociedad Agencia Aduanal C.R, S.A. la potestad o posibilidad para impugnar la inscripción de ese inmueble. La presentación de esta demanda, más de diecisiete años después de que se materializó la inscripción por parte del Banco Nacional el 24 de enero de 2000, atenta contra la lógica misma del interés para impugnar y la actualidad para realizarlo. Así las cosas, en la especie ha transcurrido sobradamente el plazo para declarar con lugar la caducidad de la acción alegada por las partes demandadas, en relación con las petitorias de nulidad de la inscripción realizada por el Banco Nacional de Costa Rica el 24 de enero del 2000 del inmueble partido de Alajuela matrícula de folio real 206757-000 -pretensiones de la 9 a la 14- pero también de los extremos petitorios del 2 a 6 entendiéndose que los mismos están directamente relacionados con la petitoria de nulidad del acto de inscripción del inmueble aludido, a nombre de Banco Nacional. Por ello la declaratoria de caducidad de la acción igualmente los abarca, a partir de los razonamientos dados en este Considerando al tratarse de extremos petitorios que no son autónomos y están estrechamente relacionados. Consecuentemente, se declara la inadmisibilidad de la demanda respecto de las pretensiones 2 a 6 y 9 a 14.
VII.CONTINUACIÓN. Respecto de las pretensiones: "7. Que el Registro Nacional ha incurrido en culpa, al inscribir dos fincas provenientes de una única titulación administrativa ante el Instituto de Desarrollo Agrario, con violación de la ley 776, Ley de Catastro Nacional y su reforma, específicamente en su artículo 30". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Si bien la literalidad de lo peticionado no refiere a una nulidad, es claro para esta Cámara que la frase "ha incurrido en culpa" solo puede entenderse derivada de la nulidad de la inscripción que se pidió del inmueble 206751-000. La alegada "culpa" no es otra cosa que el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, en el caso concreto del Registro Nacional. En nuestro ordenamiento jurídico, ese régimen está desarrollado a partir del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública, se trata de una responsabilidad objetiva imponiendo que la Administración es responsable civilmente por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a los actos, sino que trasciende al funcionamiento administrativo (artículo 49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de voluntad administrativa, sean formales o materiales y que engloba además, a la disfunción o las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca, por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Esto ocasiona, sin duda, que habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. Consecuentemente, será indemnizable el detrimento patrimonial o extrapatrimonial que confrontado con el ordenamiento jurídico no se tenga el deber de soportar, lo que se ha dado en denominar "criterio de antijuridicidad de base". Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. Con todo, ante estos criterios de imputación, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. Ello supone que no son pasibles de reparación los daños inexistentes; la lesión debe ser acreditada para poder ser reparada, aspecto que ciertamente corresponde acreditar a quien reclama la reparación (doctrina de los numerales 41.1 del Código Procesal Civil y los ordinales 58 inciso c) en relación al 82, ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo). Pese a la amplitud del régimen objetivo, incumbe a quien reclama el daño la demostración de la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizable, así como la de un nexo de causalidad entre ese efecto lesivo y un proceder público. Por otra parte, resulta determinante establecer, el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su esfera vital. Desde este plano, solo la supuesta víctima (actora) se encuentra legitimada para reclamar la indemnización y frente a los sujetos a los cuales pueda imputarse la acción u omisión a la cual se atribuye el daño. A la luz de lo expuesto, determinada la inadmisibilidad de la nulidad del título de inscripción del inmueble del partido de Alajuela, matrícula de folio real 206757-000, el plazo para reclamar "culpa" igualmente ha caducado, según se expuso, de conformidad con lo regulado en el numeral 175 de la LGAP, si no hay nulidad del acto, no cabe responsabilidad por esa nulidad. En idéntico sentido debe resolverse la pretensión 8: "Que el Instituto de Desarrollo Agrario, ahora INDER, autorizó la titulación sin que existan expedientes que contengan la información básica documental, para ubicar las fincas otorgadas a Aserraderos Tropicales, S.A.". Si se reprocha actuación de la Administración que está viciada de nulidad y causó un daño, a la luz de los principios de seguridad jurídica, se establece un plazo para que el administrado que se sienta destinatario de la conducta que reprocha viciada de nulidad, alegue la nulidad y consecuente responsabilidad que, como se analizó en el Considerando previo, por la temporalidad de las conductas tenía dos opciones, el plazo regulado en la derogada LRJCA o el dado en el numeral 175 de la LGAP, previo a la reforma que introdujo el CPCA en el 2008. Corolario de lo expuesto, respecto de las pretensiones 7 y 8 igualmente ha operado la caducidad de la acción y, respecto de estas igualmente la demanda resulta inadmisible como en efecto se declara.
VIII.DE LA PRETENSIÓN PRIMERA Y, SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS EN LAS PRETENSIONES 15 Y 16. Solicitó la sociedad actora como pretensión primera: "Que la finca de mi representada del partido de Alajuela número 273888-000, plano catastrado número A46512-1992; está inscrita de acuerdo al ordenamiento jurídico, requisitos registrales y catastrales". CRITERIO DEL TRIBUNAL. Dispone el numeral 42 del CPCA cuáles son las pretensiones que se pueden formular en el proceso contencioso administrativo, conforme con el objeto del mismo. La norma es clara, refiere a pretensiones de anulación, de modificación o adaptación de la conducta administrativa, de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica, la realización de una conducta impuesta por el ordenamiento, entre otras. La declaratoria que solicita la parte actora en criterio de este Colegio de Jueces, resulta improcedente porque no resuelve un conflicto, al menos no uno que haya sido puesto en conocimiento de este Tribunal. Supone lo señalado que, la parte actora tiene una propiedad que está inscrita y, se insiste no evidencia con el objeto de esta demanda actuación por parte de la Administración que atente contra esa situación jurídica. Ahora bien, ante la poca claridad con que se expone el cuadro fáctico y antecedentes de este proceso y, dada la omisión expresa que hizo la parte actora en señalar que mediante sentencia N°1226-2016 de las once horas veintinueve de julio de 2016 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y confirmada por sentencia N°90-2016-II de las ocho horas veinte minutos del treinta y uno de octubre de 2016 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda; se resolvió de forma definitiva la discusión de si la propiedad a nombre de la sociedad actora -matrícula de folio real 2-273888-000- prevalece desde el punto de vista de inscripción registral respecto del inmueble propiedad del Banco Nacional, matrícula de folio real 2-206757-000. Las resoluciones judiciales de cita, resolvieron la discusión que se presentó respecto de la alegada "invasión" o "traslape" que reprocha la parte actora en este proceso y que en su entender, es una de las causas que sustentan la nulidad de la inscripción del inmueble propiedad del Banco Nacional. En la sentencia N°1226-2016, se expuso que, las fincas del partido de Alajuela 250596-000 y 273888-000 (ésta última propiedad de la sociedad actora) están ubicadas dentro del área que, según su ubicación geográfica, ocupa el inmueble 206757-000 adjudicada por el Banco Nacional y determinó quien tiene mejor derecho de propiedad, resolviendo que la finca que pertenece registralmente al Banco Nacional -la inscrita bajo la matrícula 2-206757-000- nació a la vida jurídica el 7 de diciembre de 1988, con la inscripción ante el Registro Inmobiliario, sin obviar que el terreno que este número de propiedad identifica, se ha delimitado con el plano de agrimensura N°A-12547-1971, desde los años setenta, por ser su origen un proceso de información posesoria promovido ante el Instituto de Tierras y Colonización por Aserraderos Tropicales, S.A. y aprobado según acuerdo de Junta Directiva de aquella entidad, el día 30 de abril de 1979. Resolvió la sentencia con absoluta claridad que, desde el punto de vista registral y como un derecho oponible ante terceros, la finca N°2-206757-000 existe desde el 7 de diciembre de 1988, mientras que la finca propiedad de la empresa actora -273888-000- nace de una segregación de la finca 2-250596-000 y fue inscrita el 25 de mayo de 1994, es decir posterior al inmueble propiedad del Banco Nacional de Costa Rica. Teniendo por demostrado que la primera finca en existir, es aquella que en la actualidad le pertenece al Banco Nacional, resolviendo el conflicto a partir de lo establecido en los numerales 267, 455 y 463 del Código Civil, de los cuales emanan principios fundamentales del derecho registral como lo son el de publicidad y el de prioridad que, ante la existencia de dos títulos de propiedad sobre un mismo inmueble disponen que el que prevalece es, aquel que se inscribió de primero. A partir de lo expuesto, observa este Tribunal que la situación jurídica y registral del inmueble propiedad de la sociedad actora, ya fue definido desde el año 2016 por decisiones jurisdiccionales y, en todo caso la declaratoria que se solicita, al no resolver un conflicto a la luz del numeral 42 del CPCA no resulta atendible y se rechaza.
IX.Por último, las pretensiones 15 y 16 reclaman daños y perjuicios causados por lo que la sociedad actora denomina "desposesión del inmueble. Peticiono: "15. Solicito se condene a las entidades demandadas al pago de los daños causados por la desposesión del bien inmueble desde hace 19 años, por el deterioro del rancho correspondiente al restaurante, sistema de luz eléctrica, bodegas, cuatro cabinas amuebladas, implementos de cocina, sistema de cañerías interno, pérdida de potreros de diez hectára (sic), con un valor de reposición de ciento cincuenta millones de colones. Mi apoyo probatorio consta en el acto de toma de posesión del Banco Nacional del 7 de diciembre del año 2000, aportada en autos. El lucro cesante de una actividad muy exitosa por tratarse de un lugar turístico único en el país, a razón de quinientos mil colones por mes, durante los últimos 19 años, para un total de ciento catorce millones de colones". Como pretensión 16 indicó: "...El daño moral por la desposesión ilegítima de una propiedad inscrita con plano catastrado registrado y con una actividad turística y lucrativa que se ha desarrollado a plenitud en el lugar, salvo para el suscrito. Estimo el daño moral por los litigios que he debido iniciar, en trescientos treinta y seis millones de colones". CRITERIO DEL TRIBUNAL: De las alegaciones de la sociedad accionante se extrae que, los daños derivan de lo que la parte actora califica como "desposesión ilegítima" de una propiedad inscrita a su nombre y el deterioro de un rancho o restaurante y cabinas, ocurrido con la posesión del Banco Nacional el 7 de diciembre de 2000. El reclamo lo dirige de manera genérica contra todas "las entidades demandadas", las cuales opusieron la excepción de prescripción de ese reclamo indemnizatorio. La figura de la prescripción establece que los derechos y obligaciones no pueden extenderse de manera indefinida. Perderá el derecho al reclamo quien por su desidia o inacción y/o por el transcurso del tiempo, no lo presente en el momento oportuno, por eso está previsto como uno de los modos de extinción de las obligaciones y, para que opere basta el transcurso de determinado tiempo sin que el titular del derecho lo haya reclamado, ejerciendo la respectiva acción. Como se ha indicado, la responsabilidad civil de la Administración Pública, se encuentra regulada por la LGAP. Se trata de un conjunto normativo autónomo que regula un campo especial del Derecho, y que por tanto, constituye un ordenamiento especial que precisa las normas atinentes a las actividades y funcionamiento de los centros de poder público. En concreto, en lo que atañe a la prescripción de esa responsabilidad, el numeral 198 de ese cuerpo legal señala: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso.(...)”. Como se observa, por regla expresa del legislador, cuando se pretende ejercitar la acción indemnizatoria contra la Administración Pública por un daño producido en este ámbito, es claro que en esta materia, el plazo de prescriptibilidad no es otro que el cuatrienal que estatuye el numeral 198 referido. En ese tanto, el derecho de reparación integral del daño que el ordenamiento jurídico confiere al particular no es irrestricto. Por cuestiones de certeza y seguridad jurídica está expuesto a su fenecimiento por el decurso del tiempo, si no se ha ejercitado. Como complemento, se desprende que el plazo de referencia (4 años) se computa desde el momento en que la víctima se encuentre en posibilidad objetiva de conocer la fuente de la lesión. A partir de lo expuesto, en el caso concreto lo que procede es revisar el plazo a partir del cual da inicio el cómputo de la prescripción acusada. En la especie, el pedimento de daños corresponde y se sustenta -como se indicó líneas atrás- en la nulidad de la inscripción del inmueble matrícula de folio real 2-206757-000, propiedad del Banco Nacional de Costa Rica, expresamente indicó la parte actora: "Mi apoyo probatorio consta en el acto de toma de posesión del Banco Nacional del 7 de diciembre del año 2000, aportada en autos" (debe señalarse que en el hecho 9 hizo referencia al 7 de diciembre de 1999). Como se ha expuesto en los Considerandos previos, a pesar de la poca claridad de la demanda y la narración fáctica en que se fundamenta, las pretensiones de nulidad del inmueble 2-206757-000 se orientaron a la inscripción primigenia que tuvo lugar desde 1988; sin embargo de los extremos petitorios 15 y 16 pareciera que el reproche de daños tiene como punto de partida la inscripción de ese inmueble a nombre del Banco Nacional de Costa Rica el 24 de enero del 2000. Ahora bien, con independencia de que se refieran los daños al primer registro de la propiedad o, a partir de la titularidad del Banco Nacional -24 de enero de 2000-, es en el momento de la inscripción que se materializó el efecto publicitario hacia terceros, y es a partir de este momento que surge un conocimiento objetivo de la causa. Si la demanda fue presentada el 13 de setiembre de 2018, con independencia de la fecha que quedó notificada la misma, es claro que la sola presentación de la acción se hizo superando con creces el plazo cuatrienal aplicable a la acción sublite. Conforme lo dispone el numeral 198 de la LGAP, que regula el plazo de prescripción para reclamar la responsabilidad a la Administración, es claro que el plazo de prescripción debe contabilizarse a partir del hecho dañoso, el cual se materializó -así lo indicó la parte actora- con la inscripción del inmueble a nombre del Banco Nacional el 24 de enero de 2000. Corolario de lo expuesto, el plazo cuatrienal previsto en la LGAP ha operado en el caso concreto, para la fecha en que la parte actora presentó la demanda, por lo que la defensa de prescripción respecto de los extremos petitorios 15 y 16 debe acogerse y así se declara.
Consecuencia de la forma en que se resuelve, resulta innecesario y por ello se omite pronunciamiento respecto de la prueba para mejor resolver, que en la audiencia preliminar que tuvo lugar el 17 de mayo de 2022 fue diferida para que se resolviera su admisibilidad en resolución de fondo (imagen 1234).
X.SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. Como se indicó, por auto de las trece horas y treinta y nueve minutos del veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho, el Juez de la etapa de trámite ordenó: "...como medida provisionalísima la anotación de demanda al margen de la finca del Partido de Alajuela matrícula doscientos seis mil setecientos cincuenta y siete cero-cero-cero (206757-000)...". Firme esta resolución, procédase a la cancelación de la anotación de la demanda.
XI.SOBRE LAS EXCEPCIONES. La representación del Estado opuso las excepciones de caducidad de la acción, prescripción, falta de legitimación ad causam pasiva, falta de derecho y falta de interés actual. La representación del INDER, invocó en su defensa las excepciones de caducidad de la acción, prescripción, cosa juzgada (resuelta interlocutoriamente), prejudicialidad, falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho y falta de interés actual. La representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, opuso como excepciones la caducidad de la acción, prescripción y falta de derecho. Por su parte el SINAC igualmente invocó en su defensa la excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada (resuelta interlocutoriamente) y falta de derecho. El Banco Nacional de Costa Rica, opuso las excepciones de prescripción, la falta de legitimación activa y pasiva, la falta de derecho y la cosa juzgada (resuelta interlocutoriamente). Por las razones dadas, se acoge la excepción de caducidad de la acción respecto de los extremos petitorios del 2 a 14 y por ende la demanda resulta inadmisible en relación a los mismos. La excepción de prescripción se declara procedente respecto de los reproches indemnizatorios esgrimidos en las petitorias 15 y 16. Respecto de la pretensión primera se acoge la excepción de falta de derecho por improcedente. Por innecesario de omite pronunciamiento respecto de las demás excepciones opuestas.
XII.SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no observa este Tribunal motivo alguno para excepcionar la aplicación de tal máxima, por lo que, lo debido es imponerlas a la parte vencida. Se conceden los intereses legales que tal extremo genere, los que serán liquidados en fase de ejecución del presente fallo.
POR TANTO
Por innecesario se omite pronunciamiento sobre la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte actora en la audiencia realizada el 22 de mayo de 2022. Se acoge la defensa de caducidad de la acción, opuesta por las representaciones del Estado, del Registro Nacional, del SINAC y del INDER respecto de los extremos petitorios 2 a 14 pretensiones anulatorias en cuanto a la inscripción del inmueble partido de Alajuela, matrícula de folio real 206757-000 y, consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda en relación a esas pretensiones. Se declara la prescripción alegada por todas las partes demandadas respecto del reclamo por daños (extremos petitorios 15 y 16). Por improcedente se rechaza la petitoria primera y respecto de ésta, se acoge la falta de derecho opuesta por las partes demandadas. Firme esta resolución, procédase a la cancelación de la anotación de la demanda. Son las costas a cargo de la parte accionante y perdidosa, las que generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto. NOTIFÍQUESE. LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO. MARCO HERNÁNDEZ VARGAS. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUECES.
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
Document not found. Documento no encontrado.