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Res. 04265-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 02/07/2024
OutcomeResultado
The Court denied the request to suspend SINAC's orders and kept the construction stoppage in place because the requirements for interim relief were not proven and the environmental public interest prevailed.El Tribunal rechazó la medida cautelar destinada a suspender las órdenes del SINAC y mantuvo paralizadas las obras porque no se acreditaron los presupuestos cautelares y prevaleció el interés público ambiental.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court denied the anticipatory interim measure through which the developers of the Acquarello Escaleras Dominical project sought to suspend two SINAC orders halting construction. Although the project had obtained SETENA environmental viability and municipal permits, the Court found that the claimants had neither substantiated serious actual or potential harm nor shown the likelihood of success required by Articles 20 and 21 of the Administrative Litigation Procedure Code. Reports in the record identified possible impacts on springs, streams, and forest protection zones, as well as an ongoing environmental criminal investigation. When balancing the companies’ asserted economic and environmental interests against the public interest, the judge gave special weight to the precautionary principle and the immediately enforceable right to environmental protection. The Court concluded that suspending the administrative orders could cause greater harm to the public interest than the private harm alleged by the developers. It therefore maintained the work stoppage and denied the interim-relief application in full.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar anticipada con la que las desarrolladoras del proyecto Acquarello Escaleras Dominical pretendían suspender dos órdenes del SINAC que paralizaron las obras. Aunque el proyecto contaba con viabilidad ambiental de SETENA y permisos municipales, el Tribunal estimó que las actoras no acreditaron daños graves, actuales o potenciales ni demostraron la apariencia de buen derecho exigida por los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Los informes incorporados señalaban una posible afectación de nacientes, quebradas y áreas de protección forestal, además de una investigación penal ambiental en curso. Al ponderar los intereses económicos y ambientales alegados por las empresas frente al interés público, el juzgador otorgó especial peso al principio precautorio y a la protección inmediata del ambiente. Concluyó que suspender las órdenes administrativas podría causar un perjuicio público superior al interés privado invocado, por lo que mantuvo la paralización y declaró sin lugar la solicitud cautelar.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, special consideration must be given in the balancing analysis to the fact that this is an interim measure issued by SINAC in support of the Environmental Prosecutor’s Office, in an environmental matter governed by the PRECAUTIONARY principle. That principle carries special weight in the interim-relief balancing analysis and must be considered by this judge when deciding the suspension requested by the claimant. Thus, where values of special importance such as the environment are at stake, the Constitutional Chamber of the Supreme Court has stated: “The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention contained in the Constitution; rather, it is an immediately enforceable right, and government agencies therefore have an obligation to ensure compliance with legal provisions intended to protect the environment” (Constitutional Chamber decision 132-99, among many others). The result of this balancing analysis leads us to conclude that an efficient balance of the interests at stake favors denying the requested relief and suspension. The claimant has not justified the seriousness of the harm to the public interest that the requested interim measure would entail, and the balanced solution is therefore precisely the opposite of that requested by the claimant. As a consequence of the foregoing, and as explained above, because the existence of all requirements for interim relief under Articles 1, 2, 20, and 21 of the Administrative Litigation Procedure Code was not substantiated, the interim measure sought must be denied.Así las cosas, se ha de tomar en especial consideración en el juicio de ponderación que se trata de una medida cautelar emitida por SINAC en auxilio de la Fiscalía Ambiental, materia ambiental en la que rige el principio PRECAUTORIO, que tiene un peso especial en el juicio de ponderación cautelar que debe ser considerado por este juzgador al momento de tomar una decisión respecto de la suspensión solicitada por la parte actora, de manera que cuando están de por medio valores de un peso especial como el medio ambiente ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: "El principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una intención que la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tienden a proteger el medio ambiente" (Sala Constitucional voto 132-99 entre muchos otros). El resultado de este juicio de ponderación, nos lleva entonces a que el balance eficiente de los intereses en juego se decanta por el rechazo de la tutela solicitada y de la suspensión pedida. La gravedad del perjuicio para el interés público que implica la medida cautelar solicitada, no se justifica por el accionante de manera que la solución ponderada es precisamente contraria a la solicitada por la parte actora. Como corolario de lo anterior y según se explicó líneas atrás, al no sustentar la existencia de todos los presupuestos cautelares de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone como consecuencia el rechazo de la medida cautelar promovida.
Pull quotesCitas destacadas
"Ante la ausencia de la debida acreditación del grave daño resulta incuestionable la prevalencia del interés público en este caso."
"In the absence of proper proof of serious harm, the precedence of the public interest in this case is beyond question."
Ponderación de intereses
"Ante la ausencia de la debida acreditación del grave daño resulta incuestionable la prevalencia del interés público en este caso."
Ponderación de intereses
"En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil."
"It must be emphasized that merely alleging serious actual or potential harm is insufficient; it must be proven, which entails a procedural burden that the interested party must bear under Article 220 of the Administrative Litigation Procedure Code and Article 41 of the Civil Procedure Code."
Presupuestos cautelares
"En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil."
Presupuestos cautelares
"Es criterio de este juzgador que en la gestión cautelar no se aporta prueba alguna en específico sobre la gravedad de la afectación alegada y, por el contrario, la gestión carece de la más elemental apariencia de buen derecho, además de lo que dispuesto en la sede penal deberá ser objeto de control en dicha sede y no ante este Tribunal."
"This judge finds that the interim-relief application provides no specific evidence concerning the seriousness of the alleged harm and, to the contrary, lacks even the most basic likelihood of success; moreover, matters ordered in the criminal proceeding must be reviewed there and not before this Court."
Análisis de la solicitud cautelar
"Es criterio de este juzgador que en la gestión cautelar no se aporta prueba alguna en específico sobre la gravedad de la afectación alegada y, por el contrario, la gestión carece de la más elemental apariencia de buen derecho, además de lo que dispuesto en la sede penal deberá ser objeto de control en dicha sede y no ante este Tribunal."
Análisis de la solicitud cautelar
"Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por la parte accionante ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, cédula de persona jurídica 3-101-863364 y MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., cédula de persona jurídica 3-101-718735, en contra del ESTADO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."
"Based on the foregoing and pursuant to Articles 20 and 21 of the Administrative Litigation Procedure Code, the interim-relief application filed by ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A., corporate identification number 3-101-863364, and MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., corporate identification number 3-101-718735, against the STATE and the National System of Conservation Areas (SINAC) is REJECTED and denied."
Por tanto
"Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por la parte accionante ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, cédula de persona jurídica 3-101-863364 y MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., cédula de persona jurídica 3-101-718735, en contra del ESTADO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."
Por tanto
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CASE FILE:
PROCEEDING:
INTERIM MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) CLAIMANT:
ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A DEFENDANT:
THE STATE N° 2024004265 ADMINISTRATIVE AND CIVIL COURT OF THE TREASURY, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight forty-four on the second of July, two thousand twenty-four.- The Court considers the anticipatory interim measure (medida cautelar anticipada) filed by the claimant ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, legal entity identification number 3-101-863364, and MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., legal entity identification number 3-101-718735, against THE STATE and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
WHEREAS
a-) By means of a brief filed on 13 de marzo de 2024 (on-call shift) and 14 de marzo de 2024, the claimant requests the following: “That the effects and scope of resolutions number SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 AND SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024, both dated 29 de febrero de 2024, which ordered MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. and ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. to halt work on the PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL, be immediately stayed until otherwise ordered by a final and binding judgment—issued by the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—in the subsequent future merits proceeding (proceso de conocimiento)” (see image 165 of the anticipatory interim-measure case file). The foregoing is requested because, in summary, the claimant states that it seeks to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment and is also taking action due to the serious harm arising from the halt in construction work and the effects on the finances of the project brought to a standstill by the orders it seeks to stay, indicating that controlling weight must be given to the fact that the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental issued resolution 0051-2023-SETENA dated 18 de enero de 2023, granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the Project, and that the Municipalidad de Osa granted the construction permits.
It states that the interim measure would be instrumental in nature because it seeks to ensure the effectiveness of the judgment in the principal proceeding and does not decide the merits of the matter. b-) By a ruling issued at nineteen hours forty-one minutes on the fifteenth of March, two thousand twenty-four, the urgent provisional interim measure (medida cautelar provisionalísima) was denied, and the respondent parties were given an opportunity to be heard regarding the requested interim measure (see images 164 to 173 of the interim-measure case file). c-) The respondent parties, both the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) and THE STATE, opposed the requested interim measure in submissions dated 19 de marzo de 2024 (see images 179 to 186 of the interim-measure case file) and 20 de marzo de 2024 (see image 315 of the interim-measure case file). In summary, SINAC opposes the interim measure, and the State’s representatives request that the protection areas (áreas de protección) established by the Ley Forestal be respected. d-) Because it was deemed essential for ruling on the application made in these proceedings, the respondent was required to submit a copy of criminal case file (expediente penal) N°24-000003-1111-PE, which was referenced in the response to the interim measure.
This was ordered by rulings issued at twelve hours twenty-three minutes on 22 de abril de 2024 and at twelve hours nine minutes on 21 de julio de 2024; the copy was submitted by the State’s representatives and may be viewed at images 358 to 1300 of the interim-measure case file). e-) By a submission dated 19 de junio de 2014, the claimant offers, as evidence to assist the Court in reaching its decision (prueba para mejor resolver), a copy of constitutional judgment 2024016399 issued in case file 24-003771-0007-CO (see images 327 to 352 of the interim-measure case file). f-) Through statements dated 28 de junio de 2024 and appearing at image 1303, the claimant informs this authority of the status of proceeding 24-000003-1111-PE and of the constitutional amparo proceeding (amparo constitucional) 24-003771-0007-CO, which had already been brought to this authority’s attention.
In this matter, in summary, by a brief filed on 13 de marzo de 2024, the claimant requests that an interim measure be granted on the following terms: “That the effects and scope of resolutions number SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 AND SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024, both dated 29 de febrero de 2024, which ordered MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. and ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. to halt work on the PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL, be immediately stayed until otherwise ordered by a final and binding judgment—issued by the administrative litigation jurisdiction—in the subsequent future merits proceeding” (see image 165 of the anticipatory interim-measure case file, emphasis added). It is therefore evident that this is an application for interim relief with suspensive effect (tutela cautelar de carácter suspensivo) regarding the effects of resolutions number SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 and SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024, both dated 29 de febrero de 2024, issued by SINAC, which ordered work to be halted on the project in which the claimant has an interest (hereinafter, the “administrative orders” or the “challenged resolutions”).
As previously indicated, in summary, the petitioner requests the suspension of the effects and scope of the administrative orders issued by SINAC, in anticipation of the future request for absolute nullity (nulidad absoluta) to be filed in plenary proceedings (proceso de conocimiento). Regarding the requirements for interim relief (medida cautelar), the petitioner provides an analysis beginning on page 2 of its application and continuing through page 11 thereof. Regarding the so-called likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), it states, in summary, that the project known as Acquarello Dominical was processed under administrative expediente D1-0725-2022-SETENA, obtained environmental approval (viabilidad ambiental) through resolution No. 0051-2023-SETENA, and is located on the property registered in the province of Puntarenas under matrícula 124198-000. It states that the project is being developed by MCI Ingeniería y Desarrollo S.A., and that the environmental consultant responsible for the project is Mr.
Pablo Morales Jiménez. The applicant states that the project consists of the construction of 18 condominium houses of 200 m2 c/u, a 300 m2 clubhouse with a 125 m2 swimming pool, a 12 m2 security booth, a 10m2 condominium waste-disposal area, and a parking area for 40 vehicles, as well as 1800 m2 of internal roads. The petitioner asserts that the content of the challenged administrative orders must be proportional to their legal (public) purpose and must also specify their conditions, terms, and manner of implementation, which SINAC failed to do. It therefore considers the orders null and void as a matter of law (nulas de pleno derecho), because they do not state the period during which the suspension of the work is to remain in effect and, moreover, because it is not possible for the suspension to apply to the entire property when approvals, authorizations, and permits for the work have been obtained.
The petitioner also states that the bodies of water will not be affected, that the delineation of the protection zone (zona de protección) was taken into account, and that even the Dirección de Aguas, as the entity responsible for the country’s bodies of water, was consulted regarding the project’s impacts and concluded that no impact had occurred. In summary, it alleges the existence of defects giving rise to absolute nullity in the acts whose suspension is sought in these interim-relief proceedings. Its central contention is that interim relief safeguards the principle of a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution) and that, under the precautionary principle (principio precautorio), there is no threat of serious harm associated with the construction of a project that has undergone a comprehensive impact analysis; consequently, continuation of the Project must be ensured.
Regarding the risk posed by delay (peligro en la demora), counsel for the plaintiff states that there is serious, actual, and individually ascertainable harm, consisting of the environmental, financial, and economic impacts caused to the ACQUARELLO DOMINICAL ESCALERAS project by the two administrative orders issued by SINAC. In summary, referring to the documentary evidence provided by geotechnical consultant and engineer Luis Diego Gamboa Méndez, it states that a series of observations were made in support of the urgency of granting interim relief so as not to aggravate the environmental damage at the site. Accordingly, to ensure the stability of the worksite, it is essential that the approved earthworks (terracería) be continued and completed, together with proper erosion control and the formation of optimal slopes, because the uncontrolled action of erosive agents may reduce the stability of the site.
To that effect, it states the following: “In conclusion, it is essential to ensure the proper completion of the earthworks as designed, and the channeling of surface water as soon as possible, so that water is efficiently conveyed and discharged outside the affected area in order to prevent seepage into the base that could reduce the soil’s shear strength, as well as potential damage to bodies of water and, potentially, to other downstream structures” (see image 156 of the interim-relief record). It further states that documentary evidence is submitted concerning the serious economic and financial harm, consisting of documents relating to the results of agreed-upon procedures concerning the project’s nonfinancial information, which produced the findings referenced in its application, and states: “(...) In this regard, considering the attached documentary evidence, this suspension of work will directly affect ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL SOCIEDAD ANONIMA’s projections in dollars, including its revenue, expenses, and the project’s monthly cash flow for the period ending on 31 de abril de 2026, in accordance with International Standards on Assurance Engagements, as applicable to the examination of financial information...” (see image 157 of the interim-relief record).
It states that, according to the attached documentary evidence, the project’s financial figures are those shown in the Balance Sheet and Statement of Comprehensive Income as of 31 de enero de 2024, which will be affected by the suspension of the work, rendering the project economically and financially unviable and causing serious economic harm to the plaintiff. Finally, regarding the balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego), the petitioner states that no public interest would be adversely affected by the requested suspension; instead, the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment would be guaranteed, while also protecting the legitimate private interest reviewed by SETENA and the Municipalidad de Osa before the environmental approval and permits for the project’s earthworks (movimientos de tierra) were granted. Lastly, it emphasizes that biologist Pablo Morales Jiménez, the project’s environmental manager (regente ambiental), issued an explanatory official letter stating that the administrative orders issued by SINAC could have negative environmental impacts because they prevent implementation of the environmental measures approved by SETENA, which the developer is required to carry out during the construction phase (see images 95 to 96 of the interim-relief record). It therefore maintains that the stop-work orders are inconsistent with the environmental commitments undertaken in the Environmental Approval. It submits the following documentary evidence:
In summary, as previously explained in detail, the respondent addresses the requested interim relief (medida cautelar), seeking its denial because the essential requirements for granting relief of this nature are not met in this case. Both parties request denial of the interim relief, stating, in essence, that it does not meet the requirements for being granted. IV. A) ARGUMENTS OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN: In summary, after providing a general account of the application for interim relief and its prerequisites, the respondent SINAC maintains that the relief must be denied. Regarding the ancillary nature (instrumentalidad) and provisional nature (provisionalidad) of the relief, SINAC states that these are not present because there is an open case before the Prosecutor’s Office that must be resolved, and this does not involve direct conduct by the Administration but rather coordination with the Fiscalía Ambiental.
As for the so-called appearance of a valid claim (fumus boni iuris), it states, in essence, that SINAC acted in response to a request from the Fiscalía Ambiental in the criminal proceeding under judicial expediente N°24-000003-1111-PE, and that, according to the field findings, there may be a serious violation of article 34 of Ley Forestal N° 7575 concerning protected areas (áreas protegidas), and the site consists of protected soils (suelos con protección). In this regard, SINAC states as follows: “(...) Report SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-025-2024 states that on miércoles 28 de febrero del presente año, Lic. Camilo Flores Pacheco, Fiscal Ambiental, contacted official In. Carlos Rodríguez Binda, Administrator of Humedal Nacional Térraba - Sierpe, by telephone, requesting an inspection as soon as possible at the location known as Escaleras, distrito Bahía Ballena, cantón Osa. // Subsequently, on 1 de marzo de este mimo (sic) año, the report was sent to Lic. Camilo Flores Pacheco of the Fiscal Ambiental through official letter SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-019-2024, which was attached to judicial case 24-000003-1111-PE.
The same reporting letter establishes that the directive was to verify whether protected zones (zonas de protección) had been affected, potentially in violation of Ley Forestal N° 7575, pursuant to an order requested by the Fiscalía Ambiental. An area was found at the site where there appears to be possible water drainage, with a small rocky outcrop from which water emerges, increasing the downstream flow despite the dry season, and disturbed soil caused by heavy machinery can be observed on the property at a horizontal distance of less than 5 meters from this point. There may be a serious violation of article 34 of Ley Forestal N° 7575 and its regulations; following the path of the earthworks (movimientos del suelo), a stream containing and carrying water is found, where a protected zone has also been affected because of the slope (...) An outcrop containing displaced rocks was also found at the site, which may constitute a limitation under the Manual de Capacidad de Uso, del Suelo del M.A.G., indicating that these are Category VII soils, that is, protected soils...” (see images 180 to 181 of the interim-relief record, emphasis added).
Accordingly, SINAC reports that possible irregularities were found at the site despite the existence of an administrative decision issued by SETENA; report SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-0192-2024 includes administrative precautionary measures (medidas cautelares administrativas) ordered by the Functional Directorate of Lic. Camilo Flores. SINAC states that the report was sent to the Prosecutor’s Office by email and that, as shown by the evidence, because SINAC did not act directly but instead responded to an immediate request from the Fiscalía Ambiental, the first requirement for interim protection (tutela cautelar) is not met, since it acted at the request of the Fiscalía Ambiental and pursuant to the preventive principle (criterio preventivo), precautionary principle (criterio precautorio), or in dubio pro natura principle (indubio pro natura), given the existence of a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity, as well as in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Regarding risk from delay (peligro en la demora), SINAC’s representative states that the effects of the requested interim protection must be weighed and, in summary, considers that the public environmental interest is the interest that must be protected. SINAC also states that the claimant has suffered no impairment of its subjective rights (derechos subjetivos), because a criminal case under Fiscalía Ambiental N°24-000003-1111-PE remains open. Regarding the claimant’s statements about the harm described by engineer Gamboa Méndez, who states that the environmental damage at the site should not be aggravated, SINAC notes its concern that the activities undertaken may harm the zones identified in the field report submitted to the Prosecutor’s Office; as to the alleged economic loss, it states that no adverse impact has been proven, because the claimant merely mentions debt obligations and contracts it has undertaken.
Finally, regarding the balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego), SINAC states that the claimant’s legitimate interest (interés legítimo) has not been established. It offers the following items as evidence: 1) Expediente ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. 2) Special administrative power of attorney (poder especial administrativo) SINAC-SE-AJ-PE-034-2024 (see images 187 of the interim-relief record). IV. B) ARGUMENTS OF THE STATE: In summary, the State’s representative maintains that the protected zones established in forestry legislation must be observed. In this regard, it argues as follows: “(...) As concerns the party I represent, intervention here is authorized by a statutory provision (8508/12.2). In that regard, we recall that the applicants bear the burden of establishing the prerequisites for issuing interim relief through evidence supporting their assertions, the assessment of which rests with the Court. // Therefore, without prejudice to the ruling of our Tribunal Constitucional in expediente 24-3771-0007-CO, I request that the protected zones under article 33 of Ley Forestal be observed, which in this case are associated with the bodies of water identified by the Dirección de Aguas in official letter DA-UHTP502-0733-2023 concerning the two streams located on the property described in plan P-722473-2001, as well as the 40 m setbacks (retiros) applicable to wells authorized in the area (images 135-142), technical information that the Directorate submitted, through official letter DA-514-2024 of 20 de febrero de 2024, in expediente 24-3771-0007-CO (images 80-82).” (see image 315 of the interim-relief record).
V.REGARDING EVIDENCE TO ASSIST ADJUDICATION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER).- By brief dated 19 de junio de 2024, the claimant offers, as evidence to assist adjudication, a copy of decision number 2024016399, from expediente number 24-003771-0007-CO, issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia at nueve horas veinte minutos del catorce de junio de dos mil veinticuatro, from which the claimant infers that the project at issue will not cause environmental harm (see images 327 to 353 of the interim-relief record). On this subject, this Tribunal has stated, among other rulings, the following in judgment N°65-2021-II of trece horas cincuenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno: “Article 41.3 of the Código Procesal Civil—which applies supplementarily to matters such as the one at issue—governs supplementary evidence (prueba complementaria), or evidence to assist adjudication, and this possibility refers to a discretionary authority that the judicial authority—in this case, the administrative authority—may exercise when an issue submitted for litigation requires further information or clarification.
As a particular condition, it must be noted that this type of offer may not be used by the parties to remedy omissions they made concerning evidence that could have been offered at the proper procedural stage but was neither offered nor submitted. In view of the foregoing, it may even be deemed denied without the need for any decision expressly stating so. The Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has repeatedly addressed the subject, stating in this regard: ‘…it must be recalled that evidence to assist adjudication is, by its nature, a power of the adjudicator, who determines its usefulness and necessity and, for that reason, is not required to admit evidence offered by the parties. It is a power that allows the adjudicator to add, during the concluding phase, relevant evidentiary material necessary for the proper resolution of the dispute. From this standpoint, although it is lawful to admit—for purposes of assisting adjudication—entirely new evidence, as well as evidence declared incapable of being taken, void, rejected as untimely or inadmissible, or related to facts deemed established because of the respondent’s default—articles 331 and 575 of the Código Procesal Civil—the decision to obtain such evidence is unquestionably subject to the judge’s discretion, and the judge may dispense with it without issuing an express decision.’ (Res.
N° 408-A- S1-2012 de las 14 horas 30 minutos del 03 de abril de 2013).” Under the foregoing principle, in this adjudicator’s view, the evidence offered to assist adjudication must be rejected because the record already contains the material necessary and useful to resolve this dispute, which, contrary to the submitted decision, concerns actions taken by SINAC in the exercise of the authority established in numeral 284 of the Código Procesal Penal and at the request of the Fiscalía Ambiental, as explained in detail below. Accordingly, the constitutional precedent is not useful for the purposes specifically relevant to this case.
As developed by the Sala Constitucional, as well as in prior decisions of this Tribunal (see, among others, ruling N°38-2022 of diez horas diez minutos del doce de enero de dos mi veintidós), precautionary relief (justicia cautelar) responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and effective justice by preserving the factual conditions indispensable for the issuance and enforcement of the judgment (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). In this same regard, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of ordering a precautionary measure (medida cautelar) is to provisionally protect and safeguard the subject matter of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Legal scholarship has stated that the purpose of precautionary relief is not to declare a fact or liability, establish a legal relationship, enforce an order and satisfy an undisputed right, or adjudicate a dispute, but rather to prevent the harm that litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo.
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In voto #4074-2010, the Tribunal Contencioso Administrativo states that: “there are three requirements for precautionary protection (tutela cautelar): risk arising from delay (peligro en la demora), likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), and the balancing of interests (ponderación de los intereses), particularly the public interest,” and “[o]nly when all three elements are present—that is, likelihood of success on the merits, risk arising from delay, and a determination, following the balancing of interests, that the harm suffered by the private party must be protected above the other interests at stake—may the court grant the requested precautionary measure” (Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n.° 4074-2010 de las 13:21 hrs. del 29 de octubre de 2010).
The Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo has likewise stated: “In the case of precautionary measures, this means that, in addition to addressing the structural characteristics of instrumentality (instrumentalidad) and provisionality (provisionalidad), the ruling must clearly and sufficiently explain how the requirements of likelihood of success on the merits, risk arising from delay, and the balancing of the interests at stake are or are not satisfied; none of them may be disregarded, because the law requires all of them to be present before the measure adopted may be granted […] if this Tribunal were hypothetically to accept the arguments concerning this point and were to find that the balancing-of-interests element is indeed present, that would require this Tribunal, at first and sole instance, to analyze and develop the issue of balancing interests in a manner omitted by the lower-court judge; therefore, as the party correctly noted at the time, this Tribunal would be replacing the lower-court judge in the analysis of that element at first or sole instance, thereby depriving the party of the right to appeal what has been determined in that regard” (see resolución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, n.° 132-2017-I de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecisiete.
Cfr. 00:16:24 – 00:21:35 de la grabación digital del fallo correspondiente). This position is supplemented by the view expressed by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, acting as the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, in Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, regarding the need to satisfy the burden of proof (carga probatoria) at this precautionary stage, stating that “(…) three requirements apply: fumus bonis iuris, or likelihood of success on the merits… risk arising from delay, and the balancing of the interests at stake… under the new legislation, likelihood of success on the merits does not impose an onerous burden of demonstrating the seriousness of the claim, but instead involves the judge’s own assessment that the prospective judgment is not frivolous and does not lack seriousness; this is, indeed, an inverted view of the so-called fumus bonis iuris.
This periculum also falls within the burden—specifically, the burden of proof borne by the party requesting precautionary relief—and this is so; furthermore, precautionary relief entails a provisional assessment of that risk arising from delay and is not… an assessment of the merits of the proceeding… as pertains to the specific case (…) and this Sala, after deliberating conscientiously and extensively, as it does (…) has found that the serious or irreparable damages warranting the adoption of the precautionary measure at issue have not been duly proven (…) Ultimately, the Tribunal finds that the principle of rational proof applicable to precautionary relief, which corresponds to a balanced standard of proof, has not been satisfied. Although conclusive evidence is indeed not required, because such evidence cannot be required in precautionary proceedings, neither can the matter be left to the discretion of the requesting party’s assertions alone; potential public interests are also involved.” Based on the foregoing statutory and case-law framework for analysis and the elements required for a precautionary measure to be granted, the specific case shall now be examined in light of the presentation of the so-called theory of the case (teoría del caso) and the proffer of evidence (ofrecimiento de la prueba) in these precautionary proceedings. Having established the analytical framework and the three elements required for a precautionary measure to be granted, the specific case is analyzed below.-
For approval, precautionary measures (medidas cautelares) require the concurrence of the three elements indicated above (likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), viewed inversely and nearly equivalent to a “fumus non mali iuris”; risk arising from delay (peligro en la mora); and the balancing of interests (equilibrio de intereses)). In addition, this precautionary measure must be instrumental, ancillary, and provisional, insofar as it seeks to ensure the effectiveness of the judgment in the main case file. It is the applicant’s responsibility to explain, analyze, and substantiate each of these prerequisites, and the defendants’ responsibility to contest the arguments presented; thus, based on the parties’ positions and the evidence cited, a determination must be made as to the legally appropriate disposition of the requested measure. The claim for interim relief (tutela cautelar) is filed for the purpose of obtaining the following: “That the effects and scope of resolutions number SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 AND SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024, both dated 29 de febrero de 2024, which ordered MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. and ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. to halt work on the PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL until otherwise ordered by a final and binding judgment—issued by the contentious-administrative jurisdiction—in the subsequent and future proceedings on the merits (proceso de conocimiento), be immediately stayed” (see image 165 of the advance precautionary-measure file).
The claimant’s request for interim relief seeks a stay of the effects of the resolutions that it maintains are null and void (nulas de pleno derecho), until the main proceedings on the merits have been resolved by a final judgment. In summary, as counsel for the State indicates, the applicant requests the immediate stay of the effects of administrative orders SINAC-ACOSAHNTS-OA-024-2024 and SINAC-ACOSA-HNTS-OA-025-2024, dated 29 de febrero de 2024 (see images 7 through 10 of the precautionary-measure file), because it considers that they cause serious harm to the development of the works authorized by the various public entities and agencies for the construction of a housing and condominium project, by preventing completion of the approved earthworks (terracería) and control of erosion through the formation of optimal slopes, and because, with the rainy season approaching, erosive agents may affect the stability of the site (see images 150 through 161 of the precautionary-measure file).
VII. A).- REGARDING THE SO-CALLED “STRUCTURAL ELEMENTS”: To begin, with respect to the so-called “structural elements” of interim relief, irrespective of what may ultimately be determined in the proceedings on the merits and of the challenges raised against the administrative orders, ruling 2023006573, issued at veintiuno horas con veintisiete minutos del diecinueve de Diciembre del dos mil veintitrés, stated the following concerning these so-called “structural” characteristics of a precautionary measure, among other matters: “IV.- STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PRECAUTIONARY MEASURES. // In determining whether the measure is warranted, it is also important to take into account—as stated supra and in addition to the prerequisites already indicated—that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: 1.- Its instrumental nature and prior independence in relation to the final judgment to be issued in the main proceedings, which at the same time determines the measure’s subordination or ancillary nature with respect to the main proceedings within, or for the purposes of, which it is issued. 2.- Its provisional nature, insofar as its effectiveness generally ends when the judgment on the merits is issued in the main matter or when circumstances so require.
In other words, its effects are contingent both upon the pendency of those proceedings and, on the other hand, upon the continued existence of the circumstances taken into account when it was adopted; these characteristics arise from its inherent susceptibility to modification or revocation (rebus sic stantibus effectiveness (eficacia rebus sic stantibus)). 3.- Every judicial proceeding entails due process (debido proceso), which gives rise to a series of stages that must successively be concluded before a decision definitively resolving the judicialized dispute can be reached. It is precisely the duration of judicial proceedings that gives rise to the risk arising from delay, coupled with the danger or urgency that, while the action follows its ordinary course, a party’s right or the legally relevant interests of either party may be lost or altered; this is how the legal system provides for it in Article 78 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), which applies by analogy to this subject matter.
The urgency of avoiding risk arising from delay is a feature that justifies precautionary measures adopted ante causam, prima facie, or inaudita altera parte. 4.- Summary cognizance (sumaria cognitio), meaning that these types of measures are adopted on the basis of an extremely summary review conducted by the court, without prejudging the merits of the matter, and in no way replace the full sequence of procedural steps entailed by proceedings on the merits.-” Now, regarding the so-called “structural” characteristics of precautionary measures, it has become very clear from the statements made by the claimant’s counsel that its principal interest in the present request for interim relief is to obtain a stay of the effects of the administrative orders that it considers null and void. In other words, this is a stay-type precautionary measure (medida cautelar de carácter suspensivo), because the claimant considers that the orders cause serious harm to the development of the works authorized by the various public entities and agencies for the construction of a housing and condominium project, by preventing completion of the approved earthworks and control of erosion through the formation of optimal slopes, and because, with the rainy season approaching, erosive agents may affect the stability of the site.
Accordingly, the relief sought is indeed related to what would be disputed in the eventual proceedings on the merits, since it is evident that those proceedings would seek a declaration that the orders are absolutely null and void (nulidad absoluta). Thus, insofar as a stay-type precautionary measure is requested while the judicial proceedings are being litigated, this constitutes a request for a provisional ruling. A different issue is whether the claimant’s request for interim relief satisfies the prerequisites for approval; in this regard, it is the opinion of this judge that the interim relief requested by the claimant satisfies absolutely none of the prerequisites for approval at this precautionary-relief stage, and it must therefore be DENIED in its entirety, as will be discussed in detail below. VII. B).- REGARDING THE SO-CALLED “LIKELIHOOD OF SUCCESS ON THE MERITS” IN ITS INVERTED FORM AND THE INVERSE FUMUS BONI IURIS: The so-called “fumus boni iuris,” as regulated in Article 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo, CPCA), provides that a precautionary measure is warranted when the execution or continuation of the conduct at issue in the proceedings causes serious actual or potential harm or loss to the asserted legal position, which is commonly known as “periculum in mora,” and, as a second requirement, “provided that the claim is not frivolous or manifestly lacking in seriousness.” Thus, the so-called “fumus boni iuris” appears in its inverted form, more properly as a “fumus non mali iuris,” because proof of the likelihood that the requested relief will succeed is not required; rather, the requirement is that the claim not be frivolous or manifestly lacking in seriousness.
However, this inverted view of the requirement does not mean that the judge is precluded from analyzing the soundness, or lack thereof, of the grounds asserted by the parties in their submissions. In this regard, attention should be drawn to what legal scholarship calls the “inverse fumus boni iuris” (fumus boni iuris inverso) (see SANTAMARÍA PASTOR (Juan Alfonso), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, Comentario, 1° edición, IUSTEL, 2020, p. 1279), because although one requirement for interim relief is that the claim not be frivolous or manifestly lacking in seriousness, the inevitable logical conclusion is that the requested interim relief must be denied when the claim has a plainly weak or inconsistent basis. The parties must, however, bear in mind that the analysis performed at the precautionary-relief stage is the product of summary cognizance and does not amount to an assessment of the merits of the matter, nor can it do so under any circumstances.
As the Contentious-Administrative Court of Cassation (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) previously stated, the “absence of frivolousness” requirement (no temeridad) “[…] is not an assessment of the merits of the proceedings, nor can it be or should it be; the judge may not confuse the requirements specific to a precautionary measure with a final proceeding concerning the validity or unlawfulness of administrative conduct, as this would lead to final justice being dispensed through precautionary proceedings, which is not their purpose. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, ruling 05-F-TC-08 of diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Accordingly, taking the foregoing into account, this judge is of the opinion that the relief sought by the applicant cannot demonstrate a likelihood of success on the merits because, in this specific case, the applicant seeks an order from this Court staying orders issued by SINAC in the exercise of the powers provided for in Article 284 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), under the functional direction (dirección funcional) of the Fiscalía Ambiental handling criminal case N°24-000003-1111-PE.
By operation of law, any challenge to those orders falls under the authority of the judges and prosecutors of the criminal jurisdiction and, therefore, they are not subject to challenge before this jurisdiction, which reviews the legality of the State’s administrative functions. As SINAC reports in this case, and as appears in the record (see images 9, 10, and 188 through 201 of the precautionary-measure file, as well as images 1188 through 1201, the latter corresponding to the processing of the aforementioned criminal case, a copy of which was submitted to the record), the administrative orders challenged by the claimant were issued pursuant to the functional direction of the Fiscalía Ambiental de Osa, which is handling the criminal case. Any challenge to them is therefore subject to the supervisory judge (juez de garantías) in the criminal case and not to this Court, because the orders constitute judicial-police action (actuación de policía judicial) by SINAC in assistance of the prosecutor handling that criminal case.
Accordingly, the application cannot be entertained because it is not, strictly speaking, a request for interim relief against administrative conduct subject to challenge, and it is unwarranted because the minimum requirements for granting relief at the precautionary stage have not been met and no concrete evidence relating to the required elements has been offered.
For further support, the moving party must take into consideration that, among other rulings, in judgment No. 1047-2018 at ten forty hours on June 21, 2018, this Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda stated that acts such as the one at issue here are not subject to challenge before this jurisdiction, in the following terms: “(...) Article 49 of the Constitución Política establishes the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) with a clear twofold purpose aimed, on the one hand, at ensuring the legality of the administrative function of the State, its institutions, and every other public-law entity, as well as the subjective rights (derechos subjetivos) and legitimate interests (intereses legítimos) of private parties. In turn, Article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo—hereinafter CPCA—provides that this jurisdiction shall have as its purpose the protection of the legal situations (situaciones jurídicas) of every person, the safeguarding or restoration of the legality of any conduct of the Administración Pública subject to Administrative Law, and the hearing and resolution of the various aspects of the administrative legal relationship (relación jurídico-administrativa).
Still within the same framework defining the subject-matter jurisdiction of the contentious-administrative jurisdiction, Article 36 of said Code provides that an administrative claim (pretensión administrativa) shall be admissible with respect to: ‘...a) Relationships subject to the administrative legal system, as well as their enforceability, nonexistence, or content. b) Review of the exercise of administrative authority. c) Administrative acts (actos administrativos), whether final, definitive, or interlocutory acts having independent effect. d) Material actions of the Administración Pública. e) Omissions by the Administración Pública. f) Any other conduct subject to Administrative Law.’ From this perspective, having reviewed the claims in these proceedings, it is considered that they may be said to revolve around two specific claims—without prejudice to the analysis to be conducted regarding the others—listed by the plaintiff as the second and fourth claims, which read as follows: ‘2) That the writ appearing at folio 193, issued by the Processing Judge, Licda. Sonia Navarro Castillo, be annulled, because, as shown at folio 182, both from the principal criminal case file (sic),’ and ‘4) I seek annulment of official letter UAB-010-14 dated January 10, 2014, forwarded by the Instituto Costarricense sobre Drogas, according to references T. 2014, A: 00241963, at 10:24:13 hours on 04/09/2014.’ In this regard, and with respect to the first request for annulment made by the plaintiff, it must be stated that it concerns an action taken by a Judge of the Republic in the course of processing a criminal judicial case, specifically case number 10-008239-0305-PE.
This leads this judge to conclude that it is not administrative conduct subject to challenge before this contentious-administrative jurisdiction under the terms discussed above; accordingly, the defendants are correct that this is an act not subject to challenge. In this regard, it is considered important to note, as the State’s representative does, that actions of the Poder Judicial fall within the jurisdiction of this court only when it performs administrative functions, pursuant to the proper interpretation of Article 1.3.b; under no circumstances may a judicial writ issued in the exercise of the adjudicative function be deemed such an action. This judge’s view is that, insofar as such an action may constitute a nullity or defective procedural activity (actividad procesal defectuosa), the applicable procedural avenues are available for raising it within the proceedings and jurisdiction in which it was ordered, pursuant to the special rules governing that jurisdiction.
This contentious-administrative jurisdiction would therefore act improperly were it to turn itself into a kind of reviewing jurisdiction over actions taken by other jurisdictions in the exercise of their respective constitutionally and legally assigned duties. Consequently, the review that the plaintiff seeks to have conducted through these proceedings is entirely unrelated to and far exceeds the authority of the Jurisdicción Contencioso Administrativa, which must respect the powers and actions of other judges in the exercise of their adjudicative function; the relief sought falls outside this Tribunal’s authority because, as stated, it is not appropriate to review the actions and rulings of other proceedings pending before another court.” (emphasis added). This judge’s view is that, if the moving party wishes to challenge the legality of the actions taken in this specific case by SINAC under the functional direction of the Fiscalía Ambiental, insofar as it alleges that such actions may constitute a nullity or defective procedural activity, the applicable procedural avenues are available for raising that issue within the proceedings and jurisdiction in which the actions were ordered—that is, in the criminal jurisdiction, and not through interim relief (tutela cautelar) before the contentious-administrative jurisdiction.
SINAC likewise ruled to this effect when deciding the challenge filed through administrative channels, by resolution SINAC-ACOSA- D- R-08-2024, appearing at images 300 to 304 of the interim-relief file, in which it advised the moving party: “(...) not only are none of those circumstances present, but this is also not an administrative proceeding; this is so because the precautionary measure (medida precautoria) and administrative order challenged here do not constitute an administrative act in the strict sense, issued under the powers of the active administration, but rather an act issued by a higher body, namely the Ministerio Publico, in this case to the administrative police, in the performance of judicial-police duties pursuant to Articles 281, 284, and 285, first paragraph, of the Código Procesal Penal and within the authority conferred by Article 9 of the Ley de Servicio de Parques Nacionales, Article 15 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, Articles 54 and 57 of the Ley Forestal, and Article 11 of the Ley de Biodiversidad.
This is in addition to the provisions of the Ley Orgánica del Ministerio Publico 7422” (see image 302 of the interim-relief file). Accordingly, the administrative orders at issue appear connected to the processing of the criminal case before the Ministerio Público under case number 24-000003-1111-PE, and the relevant report prepared by official Carlos Rodríguez Binda was attached through the field report and submitted to the competent authorities so that the corresponding proceedings could continue. Consequently, it cannot be reviewed through these contentious-administrative proceedings, as mandated by the procedural rules cited above. In this regard, having analyzed the so-called “theory of the case” (teoría del caso) presented by the plaintiff in its application and referenced in the preceding sections of this resolution, to which reference is made, as well as the arguments it advanced, and without addressing the merits of the matter raised by the plaintiff, this judge considers that even the first requirement for interim relief has not been met, because the action filed lacks even the most basic appearance of a valid legal claim (apariencia de buen derecho).
In this regard, the representative of SINAC, the respondent, is correct in stating that none of the requirements for interim relief have been met. VII. C).- REGARDING DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): Irrespective of the foregoing finding that the first and most basic requirement for interim relief, discussed in the preceding section, has not been met, for all applicable legal purposes and so that the analysis concerning serious harm—the central issue in the moving party’s arguments in its application—is placed on the record, it must be stated that this procedural requirement has likewise not been met, as will be shown below. Regarding danger in delay, this Tribunal previously stated in judgment 009-2021-T at twelve hours and three minutes on January 7, 2021, that: “...for interim relief to be granted, the law requires that the implementation or continuation of the administrative conduct challenged in the proceedings cause serious actual or potential harm or loss to the legal situation of the moving party.
In this regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious harm (or loss), whether actual or potential, is insufficient; it must be proven, which entails a procedural burden (carga procesal) that the interested party must bear pursuant to Article 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and Article 41 of the Código Procesal Civil.” With respect to this requirement for interim relief, it has also previously been stated that “[…] the current legislation establishes a relaxation of the former procedural system, which referred to ‘impossible or difficult reparation’—that is, it was rigid—we have moved from an extremely rigid position requiring proof of such harm and loss as being ‘impossible and difficult to repair’ to a more flexible system, precisely in keeping with the philosophy of broader access to interim measures […] to a threshold of ‘seriousness’ that the losses must meet.
Therefore, saying that serious harm that is difficult or impossible to repair must be demonstrated is language that no longer exists […] But the threshold—and this is important—established by Article 21 is ‘serious’; the word is ‘serious.’ Interim relief is available from that level of seriousness ‘upward’; below that level, anything that cannot qualify as serious does not satisfy the requirements for interim relief. In other words, if the harm does not reach that level of ‘seriousness,’ the measure is unavailable […]. (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolution 286-08 at twelve hours and thirty minutes on May 9, 2008. Cf. 12:34:22–12:35:27 of the corresponding digital recording, case 08-35-1027-CA). The moving party states, in summary, with regard to danger in delay, that the challenged administrative orders cause it serious harm in carrying out the works authorized by the various public entities and agencies for the construction of a housing and condominium project, because they prevent completion of the approved earthworks (terracería), control of erosion through the formation of optimal slopes, and, given the approaching start of the rainy season, erosive forces may affect the stability of the site (see images 150 to 161 of the interim-relief file). In the evidence section, it refers to the following items:
None of those materials relates to the specific impact of the orders issued by SINAC in assistance to the Fiscalía Ambiental, nor do they establish the seriousness of the harm. It is true that the challenged order has a definite impact on the claimant’s legal and financial position, which may even be inferred through a factual presumption (presunción humana). Nevertheless, given the highly particular characteristics of the case before us, it is necessary to determine that such impact is serious in the specific circumstances of the requesting party; that determination, moreover, is subject, where applicable, to assessment by the pretrial judge (juez de garantías) in the corresponding criminal forum and not by this court. Lastly, regarding the environmental harm ultimately alleged in the application, as will be discussed, this judge finds that, in any event, the precautionary principle (principio precautorio) would apply in favor of the interim measure (medida cautelar) ordered by SINAC in assistance to the Fiscalía Ambiental.
It therefore could not serve as grounds for interim relief in this regard either and, in any event, as stated, it is an argument that must be developed and proven in the criminal forum, not before this court. Accordingly, with respect to the matters identified by the claimant in its application as specifically relevant to assessing the associated serious harm, the claimant has submitted no evidence, even though the procedural burden rests with the claimant in this regard. Thus, there is no useful evidence for purposes of proving the serious harm specifically associated with the relief requested, and this requirement likewise cannot be deemed satisfied because the claimant failed to comply with the rules governing the burden of proof (carga probatoria), since it was required to submit evidence supporting its assertions pursuant to article 41.1.1 of the Código Procesal Civil (applicable on a supplementary basis pursuant to 220 of the CPCA).
It should be noted that interim-relief proceedings are governed by the rational-evidence principle (principio racional de prueba), which requires only such evidence as is necessary and possible in light of the particular case, as the applicable case law has repeatedly stated: “Certainty as to the harm does not, however, require full proof thereof, because, in view of the summary nature of the interim-relief application, the urgency, and sometimes the potential nature of the harm itself, proving it is practically impossible. Sometimes, the harm is even the logical and unavoidable consequence of governmental conduct and therefore requires no further evidence. In such cases, verification must be made ‘through the rational-evidence principle,’ which requires only such evidence as is necessary and possible in each particular case.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, II Circuito Judicial de San José, N° 1-2007 de las once horas del doce de enero de 2007, citing the ruling of the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, número 167-2002, de las once horas diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dos, among many others).
Accordingly, the materials in the record lead this judge to find that the second requirement for interim relief has not been satisfied, as detailed above. Furthermore, for the sake of completeness, regarding the application of the burden of proof in interim-relief applications such as the present one, this Tribunal has stated, insofar as relevant: “(...) The risk and the harm must not only be alleged but also proven, because the claimant has a duty to submit all evidentiary materials supporting its position pursuant to numeral 41.1.1 of the Código Procesal Civil, applied on a supplementary basis under canon 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Thus, if the claimant submits no evidence supporting the serious harm caused by the possible administrative decision, this Judge may not assume the role of the party and presume possible harm without evidentiary support; that is, the harm must not merely be stated in general terms or presumed, but must be described comprehensively in an effort to provide adequate justification for the serious harm caused, and it must also be proven.
The requested interim measure does not satisfy these requirements, making its adoption difficult and counterproductive, because granting it requires a reasonable and objectively well-founded probability that the applicant will suffer serious harm as a result of delay in the proceedings on the merits. Thus, there must be at least evidence establishing a reasonable degree of certainty as to the existence of the factual conditions consisting of the threat that the applicant regards as serious harm....” (resolución número 02274-2019, de las quince horas cincuenta y cinco minutos del 17 de diciembre del 2019, cited in the judgment of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, N°349-2020-I de las diez horas treinta minutos del siete de julio de dos mil veinte, emphasis added). In the present case, as in the aforementioned precedent of the superior Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, the evidence submitted to the record is neither suitable nor sufficient to establish the second requirement for interim relief, for the reasons explained in detail above.
Accordingly, in light of the evidentiary materials submitted to the record, there is insufficient evidence to establish the second element required for interim relief. Thus, because the procedural burden rests with the claimant in this regard and the claimant has failed to establish serious harm, it is unnecessary even to examine further the balancing of the interests at stake, since the requirements for granting interim measures are cumulative, and the absence of any one of them results in denial of the application. The present request for an interim measure must therefore be denied, as is hereby ordered. VII. D).- CONCERNING THE BALANCING OF THE INTERESTS AT STAKE: Accordingly, although the three basic requirements for interim relief must be analyzed sequentially, and although satisfaction of the second requirement in this specific case has been ruled out for the reasons stated above, in order to facilitate effective judicial protection (tutela judicial efectiva) in this particular case and to place on the record an analysis of all three requirements for all appropriate legal purposes, it is appropriate to assess the third requirement, concerning the balancing or weighing of the interests at stake, so that this judgment also addresses the balancing of interests and the possible harm to the public interest and third parties.
Accordingly, even hypothetically setting aside the foregoing finding that the second requirement for interim relief has not been satisfied, it must be considered, for all appropriate legal purposes, that the third requirement for interim relief concerns the balancing or weighing of the interests at stake. It must be recalled that all three aforementioned requirements must be present in order to grant interim relief of the kind sought and that, regarding the balancing of the interests involved in the case, an interim measure may be granted only upon simultaneous verification of the three statutory requirements established in article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, such that a final analysis of this issue must be conducted. The Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo has analyzed this interim-relief requirement in the following terms: “Regarding the issue of balancing or weighing the interests at stake, it must be recalled that, in measures of this kind, the effects that the prospective measure may generate within the sphere of the applicant’s private interest must necessarily be weighed against those embodied in the public interest.
At the doctrinal level, this requirement has also been understood through what has been called the bilateral nature of periculum in mora (bilateralidad del periculum in mora). Before adopting an interim measure, the judge must assess the implications that this decision may have for the public interest and the legal position of third parties. That balancing must also consider the effect that the interim measure may have on the ordinary activities of the public administration, since it may impair or frustrate the substantive operations of a particular administrative organization. Along these lines, properly weighing the public interest requires denial of an application for interim relief when the harm to the public interest outweighs the private interest, taking into account even the financial or budgetary provisions that the public administration would have to adopt in order to implement the interim measure.
Finally, it bears emphasizing that any interim measure adopted must always be appropriate to the specific case, insofar as it must be suitable for achieving the intended purposes in a reasonable and proportionate manner, with due regard for the interests at stake...” (see resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, N°336-2017-I de las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de agosto de 2017, among many others). Accordingly, in light of the specific case, the balancing of the interests at stake must also guide the decision adopted, where applicable, and, in the context of the case file before us, it requires denial of the interim relief requested by the claimant.
There is a certain doctrinal consensus that balancing (ponderación) is a method of legal argumentation carried out through three successive phases: (a) identification of the competing interests; (b) assignment of weight to each of them; and, finally, (c) a decision establishing equilibrium or conditional precedence according to the criterion that “the greater the impairment of one, the greater the importance of satisfying the other,” or simply, “the more… then,” according to the formula of the German Federal Constitutional Court. In this case, regarding the identification of the competing interests, in summary, the claimant alleges the economic and environmental impact described in its application, as it considers that serious harm would be caused to the execution of the works authorized by the various public entities and agencies for the construction of a housing and condominium project, because it has been prevented from completing the approved grading work (terracería), controlling erosion by forming optimal slopes, and because the rainy season is approaching and erosive forces may affect the stability of the site (see images 150 to 161 of the interim-relief file).
However, given the failure to duly establish serious harm, the precedence of the public interest in this case is beyond question. This Court has previously stated, among many other decisions, in judgment 009-2021-T, issued at twelve hours and three minutes on siete de enero de dos mil veintiuno, that: “...for interim protection (tutela cautelar) to be granted, the law requires that the implementation or continuation of the administrative conduct challenged in the proceedings cause serious, current or potential harm or loss to the legal position of the moving party. In that regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious harm (or loss), whether current or potential, is insufficient; it must be proven, which entails a procedural burden that must be borne by the interested party pursuant to Articles 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 41 of the Código Procesal Civil.” It is this judge’s view that the application for interim relief (medida cautelar) provides no specific evidence whatsoever concerning the seriousness of the alleged impact and, on the contrary, lacks even the most basic appearance of a valid legal claim (apariencia de buen derecho); moreover, the matter decided in the criminal jurisdiction must be reviewed in that jurisdiction and not before this Court.
Accordingly, the requested interim relief is denied in all respects. In any event, within the specific context before us, the decision must favor the prevailing weight of the public interest in this particular case. Special consideration must be given to the statements made by SINAC and the reports entered into the record, which indicate the existence of a possible and serious impact on the protection zones (zonas de protección) regulated in section 34 of the Ley Forestal: “(...) Report SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-025-2024 states that on miércoles 28 de febrero del presente año, Lic. Camilo Flores Pacheco, Environmental Prosecutor, contacted official In. Carlos Rodríguez Binda, Administrator of Humedal Nacional Térraba - Sierpe, by telephone, requesting an inspection as soon as possible at the location known as Escaleras, distrito Bahía Ballena, cantón Osa. // Subsequently, on 1 de marzo de este mimo (sic) año, the report was sent to Lic. Camilo Flores Pacheco of the Environmental Prosecutor’s Office by means of official letter SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-019-2024, which was attached to judicial case 24-000003-1111-PE.
That same reporting letter states that the directive was to determine whether protection zones had been affected in possible violation of Ley Forestal N° 7575, pursuant to an order requested by the Fiscalía Ambiental. At the site, an area was found where a possible watercourse can be observed, with a small rocky outcrop from which water emerges, increasing the downstream flow despite the dry season, and disturbed soil caused by heavy machinery can be observed on the land less than 5 meters horizontally from that point. There is a possible and serious violation of Article 34 of Ley Forestal N° 7575 and its regulations; following the path of the earthworks (movimientos del suelo), a stream (quebrada) containing and carrying water was found, where a protection zone is also affected because of the slope (...) An outcrop containing disturbed rocks was also found at the site, which may constitute a limitation under the Manual de Capacidad de Uso, del Suelo del M.A.G., indicating that these are Category VII soils, that is, protected soils...” (see images 180 to 181 of the interim-relief file; emphasis added).
Accordingly, the balancing analysis must give special consideration to the fact that this is interim relief issued by SINAC in support of the Fiscalía Ambiental, in an environmental matter governed by the PRECAUTIONARY principle (principio PRECAUTORIO), which carries special weight in the interim-relief balancing analysis and must be considered by this judge when deciding whether to grant the suspension requested by the claimant. Thus, when values carrying special weight, such as the environment, are at stake, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has stated: “The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention expressed by the Constitution; on the contrary, it is an immediately enforceable right, and government agencies are therefore obligated to ensure compliance with the legal provisions intended to protect the environment” (Sala Constitucional voto 132-99, among many others).
The result of this balancing analysis therefore leads us to conclude that the efficient balance of the competing interests favors denying the requested protection and suspension. The claimant has not demonstrated why the requested interim relief, and the resulting serious harm to the public interest, would be justified; consequently, the balanced solution is precisely the opposite of that requested by the claimant. As a corollary to the foregoing, and as explained above, because the existence of all the prerequisites for interim relief (presupuestos cautelares) has not been established in accordance with Articles 1, 2, 20, and 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the application for interim relief must consequently be denied.
POR TANTO
The evidence for further adjudication (prueba para mejor resolver) offered by the claimant (accionante) by means of a filing dated 19 de junio de 2024 is rejected. Based on the foregoing and pursuant to Articles 20 and 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the application for a precautionary measure (medida cautelar) filed by the claimant, ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, legal entity identification number 3-101-863364, and MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., legal entity identification number 3-101-718735, against the STATE and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), is REJECTED and denied. Let notice be served. Dr. José Alvaro López Camacho, Judge. JLOPEZCAM ???????????????
JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, PROCESSING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A:
ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A DEMANDADO/A:
EL ESTADO N° 2024004265 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de Julio del dos mil venticuatro.- Se conoce medida cautelar anticipada interpuesta por la parte accionante ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, cédula de persona jurídica 3-101-863364 y MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., cédula de persona jurídica 3-101-718735, en contra del ESTADO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
CONSIDERANDO
a-) La parte accionante mediante escrito presentado en fecha 13 de marzo de 2024 (turno de disponibilidad) y 14 de marzo de 2024, solicita lo siguiente: "Se ordene la suspensión inmediata de los efectos y alcances de la resolución número SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 Y SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024 ambas del 29 de febrero de 2024, con las cuales se ordenó a la empresa MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. y ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. paralizar las labores en el PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL, hasta tanto no se disponga lo contrario, mediante sentencia final y firme - emitida por la jurisdicción contencioso administrativa - dentro del ulterior y el futuro proceso de conocimiento" (ver imagen 165 del legajo de medida cautelar anticipada). Lo anterior, por cuanto señala, en síntesis, que pretende resguardar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además acciona por el grave daño derivado de la paralización de las obras y las finanzas del proyecto paralizado por las órdenes que pide suspender, indicando que debe prevalecer el hecho de que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió la resolución 0051-2023-SETENA del 18 de enero de 2023, otorgando la viabilidad ambiental al Proyecto y la Municipalidad de Osa otorgó los permisos constructivos.
Señala que la medida cautelar tendría carácter instrumental por cuanto busca garantizar la efectividad del fallo en el proceso principal y no resuelve sobre el fondo del asunto. b-) Por resolución de las diecinueve horas cuarenta y uno minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro, se rechazó la medida cautelar provisionalísima y se le otorgó audiencia a las partes accionadas respecto de la medida cautelar solicitada (ver imagen 164 a 173 del legajo de medida cautelar). c-) Las partes accionadas, tanto el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) como el ESTADO responden negativamente la audiencia conferida sobre la medida cautelar mediante gestiones fechadas 19 de marzo de 2024 (ver imágenes 179 a 186 del legajo de medida cautelar) y 20 de marzo de 2024 (ver imagen 315 del legajo de medida cautelar). En síntesis, el SINAC se opone a la medida cautelar y la representación estatal solicita se respeten las áreas de protección de la Ley Forestal. d-) Por considerarse indispensable para fallar respecto de la solicitud formulada en autos, se requirió a la parte accionada la presentación de una copia del expediente penal N°24-000003-1111-PE, al cual se hace referencia al contestar la medida cautelar.
Lo anterior mediante resoluciones de las doce horas veintitrés minutos del 22 de abril de 2024 y de las doce horas nueve minutos del 21 de julio de 2024, cuya fue aportada por la representación estatal y está visible a imágenes 358 a 1300 del legajo de medida cautelar). e-) La parte accionante ofrece mediante gestión de fecha 19 de junio de 2014 como prueba para mejor resolver copia del fallo constitucional 2024016399 dictada dentro del expediente 24-003771-0007-CO (ver imágenes 327 a 352 del legajo de medida cautelar). f-) Mediante manifestaciones visibles en imagen 1303, de fecha 28 de junio de 2024, la parte accionante pone en conocimiento de esta autoridad el estado de los procesos 24-000003-1111-PE y el amparo constitucional ya puesto en conocimiento de esta autoridad 24-003771-0007-CO.
En este asunto, en síntesis, la parte accionante mediante escrito presentado en fecha 13 de marzo de 2024, solicita acoger medida cautelar en los siguientes términos: "Se ordene la suspensión inmediata de los efectos y alcances de la resolución número SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 Y SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024 ambas del 29 de febrero de 2024, con las cuales se ordenó a la empresa MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. y ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. paralizar las labores en el PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL, hasta tanto no se disponga lo contrario, mediante sentencia final y firme - emitida por la jurisdicción contencioso administrativa - dentro del ulterior y el futuro proceso de conocimiento" (ver imagen 165 del legajo de medida cautelar anticipada, destacado propio). Es evidente entonces que se trata de una solicitud de tutela cautelar de carácter suspensivo respecto de los efectos de las resoluciones dictadas por SINAC número SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 y SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024 ambas del 29 de febrero de 2024, y que ordenaron paralizar las labores en el proyecto que interesa a la parte accionante (en adelante las "órdenes administrativas" o las "resoluciones impugnadas").
Tal como se indicó previamente, en síntesis, la parte accionante solicita suspender los efectos y alcances de las órdenes administrativas emitidas por el SINAC, con vista de la futura solicitud de nulidad absoluta a ser requerida en proceso de conocimiento. Sobre los presupuestos de la medida cautelar la parte accionante hace un desarrollo a partir de la página 2 de su gestión y hasta la página 11 de la misma. Sobre la denominada apariencia de buen derecho indica, en síntesis, que el proyecto denominado Acquarello Dominical, se tramitó bajo expediente administrativo D1-0725-2022-SETENA, obtuvo la viabilidad ambiental mediante resolución No. 0051-2023-SETENA y está ubicado en la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 124198-000. Indica que el proyecto es desarrollado por la empresa MCI Ingeniería y Desarrollo S.A., y el consultor ambiental encargado del proyecto es el señor Pablo Morales Jiménez.
La gestionante indica que el proyecto consiste en la construcción de 18 casas de 200 m2 c/u en condominio, una casa club de 300 m2 con piscina de 125 m2, caseta de seguridad de 12 m2, basurero del condominio de 10m2 y área de parqueo para 40 vehículos, además de 1800 m2 de caminos internos. Señala la parte accionante que el contenido de las órdenes administrativas cuestionadas, deber ser proporcional al fin legal (público) y deben además insertarse las condiciones, términos y modos del mismo, lo cual no fue realizado por el SINAC, por lo que considera que las órdenes son nulas de pleno derecho, al no indicarse el plazo de ejecución de la paralización de las obras e incluso no resulta posible que la paralización sea en toda la propiedad, cuando se cuenta con aprobaciones, autorizaciones y licencias para la obra. Señala también la parte accionante que los cuerpos de agua no se verán afectados, se consideró la delimitación de la zona de protección, e incluso la Dirección de Aguas, como ente encargado de los cuerpos de agua del país, fue consultado de las afectaciones del proyecto, llegando a la conclusión de que no existió ninguna afectación.
En síntesis, señala la existencia de vicios de nulidad absoluta en los actos que se pide suspender en esta sede cautelar. En lo medular señala que la medida cautelar tutela el principio a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional) y en aplicación del principio precautorio no existe amenaza de graves daños asociada a la construcción de un proyecto que ha cumplido con el análisis de impactos integral, debiendo garantizarse la continuación del Proyecto. Sobre el peligro en la demora señala la representación de la parte actora que existe un grave daño, efectivo e individualizable, que es la afectación ambiental, financiera y económica, causada al proyecto ACQUARELLO DOMINICAL ESCALERAS, debido a las dos órdenes administrativas que han sido giradas por SINAC, por cuanto, en síntesis, haciendo referencia a la prueba documental del Consultor Geotecnista Ingeniero Luis Diego Gamboa Méndez, se realizaron una serie de observaciones para considerar la urgencia de la medida cautelar para no agravar los daños ambientales en el sitio, por lo que, con el fin de garantizar la estabilidad del lugar de las obras, es imprescindible la continuación y culminación de la terracería aprobada, así como el adecuado control de erosión y conformación de pendientes óptimas, por cuanto la acción descontrolada de agentes erosivos, puede provocar que las condiciones de estabilidad del sitio disminuyan, al efecto, indica lo siguiente: "En conclusión, es imprescindible considerar la correcta culminación de la terracería, tal cual concebida, y canalización de aguas superficiales cuanto antes, que conduzcan y descarguen eficientemente las aguas fuera de la zona afectada para prevenir filtraciones en la base que ocasionen una reducción en la resistencia al corte del suelo, así como potenciales daños a cuerpos de agua y, potencialmente, a otras estructuras aguas abajo" (ver imagen 156 del legajo de medida cautelar).
Por otro lado, indica que se aporta prueba documental en relación con el grave daño económico y financiero, documentos asociados a los resultados de procedimientos acordados sobre la información no financiera del proyecto, los cuales dan como resultado hallazgos que refiere en su gestión e indica: "(...) En ese sentido, considerando las pruebas documentales adjuntas, esta paralización de obras generará una afectación directa a la proyección en dólares de ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL SOCIEDAD ANONIMA, tanto a los ingresos, gastos, como al flujo de caja mensual proyecto por el período que terminará al 31 de abril de 2026, de acuerdo con Normas Internacionales de Trabajos para atestiguar, como aplicables al examen de información financiera..." (ver imagen 157 del legajo de medida cautelar). Señala que según las pruebas documentales adjuntas, las cifras financieras del proyecto son las que se muestran en el Balance General y Estado de Resultados Integral al 31 de enero de 2024, que se verán afectadas por la paralización de las obras, convirtiendo en inviable a nivel económico y financiero el proyecto, provocando un grave daño económico a la parte actora.
Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego señala la parte accionante que no existe un interés público afectado por la suspensión pedida, sino que se garantiza el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también se resguarda el interés privado legítimo analizado por SETENA y la Municipalidad de Osa, previo a otorgarse la viabilidad licencia ambiental y los permisos de movimientos de tierra del proyecto. Resalta finalmente que el Biólogo Pablo Morales Jiménez, regente ambiental del proyecto, emitió un oficio explicativo indicando que las órdenes administrativas giradas por SINAC, podrían tener impactos negativos para el medio ambiente ante la imposibilidad de implementar las medias ambientales aprobadas por SETENA y de las cuales el desarrollador tiene la obligación de ejecutar durante la etapa constructiva (ver imágenes 95 a 96 del legajo de medida cautelar), por lo que sostiene que las órdenes de paralización son contradictorias en relación con los compromisos ambientales asumidos en la Viabilidad Ambiental. Aporta como prueba documental lo siguiente:
En síntesis, tal como se indicó con detalle previamente, la parte accionada se refiere a la medida cautelar solicitando su rechazo por no concurrir en la especie los requisitos esenciales para el acogimiento de una medida de tal naturaleza. Ambas partes solicitan el rechazo de la medida cautelar indicando, en lo medular, que no reúne los requisitos para ser acogida. IV. A) ARGUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN: El SINAC accionado, en síntesis, luego de hacer un recuento general de la gestión cautelar y sus presupuestos, sostiene que la medida debe ser rechazada. Sobre la instrumentalidad y provisionalidad de la medida, el SINAC señala que no se observan por cuanto existe una causa abierta ante la fiscalía la cual debe resolverse y no se trata de una conducta directa por parte de la administración sino en coordinación con la Fiscalía Ambiental. Ahora bien, sobre el denominado fumus boni iuris indica, en lo medular, que la actuación del SINAC obedeció a lo solicitado por la Fiscalía Ambiental en la causa penal tramitada en el expediente judicial N°24-000003-1111-PE y que según lo determinado en el campo existe una posible y seria infracción a lo indicado en el artículo 34 de la Ley Forestal N° 7575 sobre áreas protegidas y el sitio se trata de suelos con protección.
En este sentido indica lo siguiente el SINAC: "(...) En el informe SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-025-2024, se indica que el miércoles 28 de febrero del presente año, el Lic. Camilo Flores Pacheco, Fiscal Ambiental, se comunicó vía telefónica con el funcionario In. Carlos Rodríguez Binda, Administrador del Humedal Nacional Térraba - Sierpe solicitando lo antes posible una inspección en el lugar conocido como Escaleras, distrito Bahía Ballena, cantón Osa. // Posteriormente el 1 de marzo de este mimo (sic) año, se envía a el Lic. Camilo Flores Pacheco, de la Fiscal Ambiental el informe mediante el oficio SINAC-ACOSA-HNTS-ADM-019-2024 que se adjuntó a la causa judicial 24-000003-1111-PE. En el mismo oficio de informe se establece que la directriz fue verificar si existe afectación de zonas de protección con posible infracción a la Ley Forestal N° 7575, a solicitud de mandato de la Fiscalía Ambiental.
Se encontró en el sitio un área donde se observa un posible drenaje de agua, donde se encuentra un pequeño afloramiento rocoso por donde sale agua, aumentando el caudal aguas abajo a pesar de estar en época seca y que a menos de 5 metros distancia horizontal de este punto sobre el terreno se observa suelo removido por maquinaria pesada. Existe una posible y seria infracción a lo indicado en el artículo 34 de la Ley Forestal N° 7575 y su reglamento, siguiendo el recorrido por los movimientos del suelo, se encuentra una quebrada que tiene y fluye agua donde también hay afectación de zona de protección por pendiente (...) También se encontró en el sitio afloramiento con presencia de rocas removidas, lo cual es una posible limitación al Manual de Capacidad de Uso, del Suelo del M.A.G., indicando que son suelos Categoría VII, es decir, suelos con protección..." (ver imágenes 180 a 181 del legajo de medida cautelar, destacado propio).
Así las cosas, el SINAC informa que se encuentran en el sitio posibles anomalías a pesar de la existencia de una resolución administrativa por parte de SETENA, en el informe SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-0192-2024 se incorporan medidas cautelares administrativas dadas por la Dirección Funcional del Lic. Camilo Flores. Indica el SINAC que el informe es enviado a la Fiscalía vía correo electrónico, y que según consta como prueba, dado que que no hay una actuación directa por parte del SINAC sino una solicitud inmediata por parte de la Fiscalía Ambiental no se cumple con el primer requisito de la tutela cautelar, lo anterior por cuanto se actuó a solicitud de la Fiscalía Ambiental y en ejecución del criterio preventivo, precautorio o indubio pro natura, al existir peligro o amenaza de daños graves o inminentes a elementos de la biodiversidad, así como en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Sobre el peligro en la demora la representación del SINAC indica que se deben ponderar los efectos de la tutela cautelar pedida, en síntesis, considera que el interés público ambiental es el que debe ser protegido. Señala también el SINAC que la parte accionante no ha sufrido ningún menoscabo en sus derechos subjetivos, por cuanto se tiene abierta una causa penal tramitada en la Fiscalía Ambiental N°24-000003-1111-PE, sobre lo indicado por la parte actora al referir los daños que expone el ingeniero Gamboa Méndez el cual manifiesta no agravar los daños ambientales en el sitio, señala que preocupa que los actos realizados perjudiquen las zonas indicadas en el informe de campo presentado ante la Fiscalía, y respecto del daño económico indica que no se comprueba la afectación, pues lo que menciona son compromisos de deudas y contratos adquiridos. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego señala el SINAC que no se establece cuál es el interés legítimo de la parte accionante.
Ofrece como prueba los siguientes elementos: 1) Expediente ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. 2) Poder especial administrativo SINAC-SE-AJ-PE-034-2024 (ver imágenes 187 del legajo de medida cautelar). IV. B) ARGUMENTOS DEL ESTADO: En síntesis, la representación del Estado sostiene que deben observarse las áreas de protección establecidas en la legislación forestal. En este sentido argumenta lo siguiente: "(...) En lo que concierne a mi representado, la intervención acá la prevé un precepto de rango legal (8508/12.2). Ante ello, recordamos que los presupuestos para adoptar una medida cautelar corresponde acreditarlos a las gestionantes de acuerdo con la prueba que respalde sus afirmaciones y cuya valoración compete al Juzgador. // Por ende, sin perjuicio de lo que resuelva nuestro Tribunal Constitucional en el expediente 24-3771-0007-CO, solicito observar las áreas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal, asociadas en este caso a los cuerpos de agua dictaminados por la Dirección de Aguas en el oficio DA-UHTP502-0733-2023, relativo a las dos quebradas existentes en el terreno descrito en plano P-722473-2001, así como a los retiros de 40 m en el caso de pozos autorizados en la zona (imágenes 135-142), información técnica que esa Dirección, en oficio DA-514-2024 de 20 de febrero de 2024, aportó al expediente 24-3771-0007-CO (imágenes 80-82)." (ver imagen 315 del legajo de medida cautelar).
V.SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- Mediante memorial fechado 19 de junio de 2024, la parte accionante ofrece como prueba para mejor resolver copia de la resolución número 2024016399, del expediente número 24-003771-0007-CO, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las nueve horas veinte minutos del catorce de junio de dos mil veinticuatro, de la cual la parte accionante desprende que el proyecto en cuestión no implicará afectación ambiental (ver imágenes 327 a 353 del legajo de medida cautelar). Sobre este tema ha indicado el presente Tribunal, entre otros, en el fallo N°65-2021-II de las trece horas cincuenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno lo siguiente: "El artículo 41.3 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria en los asuntos como el tratado- regula el tema de la prueba complementaria o prueba para mejor resolver y es que dicha posibilidad alude a una potestad discrecional de la que puede echar mano la autoridad jurisdiccional -en este caso administrativa- cuando exista algún punto sometido a litigio y del que requiera mayor información o claridad.
Como particular condición, es preciso señalar que este tipo de ofrecimiento no puede ser utilizado por las partes para subsanar las omisiones en las que han incurrido en relación con los elementos de prueba que pudieron haber sido ofrecidos en el momento procesal oportuno, y que no ofrecieron ni aportaron. Atendiendo lo expuesto, incluso se puede tener por denegada sin necesidad de resolución alguna que así lo indique. El tema ha sido abordado en forma reiterada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al respecto señaló: “… debe recordarse que, la prueba para mejor resolver, por su naturaleza, es una potestad del juzgador, quien decide su conveniencia y necesidad y, en razón de ello, no se encuentra obligado a admitir la ofrecida por las partes. Se trata de una facultad que le permite anexar, en la fase conclusiva, elementos demostrativos relevantes para la correcta decisión del conflicto.
Desde este plano, si bien es lícito incorporar -para mejor resolver- probanzas totalmente nuevas, así como aquellas que fueron declaradas inevacuables, nulas, rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o bien relacionadas a hechos que se tuvieron por ciertos ante la rebeldía del accionado -cardinales 331 y 575 del Código Procesal Civil-, ciertamente, la decisión de recabarla corresponde a una valoración discrecional del juez, quien puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa.” (Res. N° 408-A- S1-2012 de las 14 horas 30 minutos del 03 de abril de 2013)". Bajo el anterior predicado, a criterio del este juzgador, la prueba ofrecida para mejor resolver debe ser rechazada, al contarse ya en los autos con los elementos útiles y necesarios para resolver la presente controversia que, a contrapelo de la resolución aportada, se refiere a actuaciones del SINAC en el ejercicio de las competencias establecidas en el numeral 284 del Código Procesal Penal y a solicitud de la Fiscalía Ambiental, tal y como se explica con detalle más adelante, por lo que el precedente constitucional no resulta útil a los efectos que interesan específicamente a esta causa.
Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, así como en fallos anteriores de este Tribunal (ver, entre otros, el fallo N°38-2022 de las diez horas diez minutos del doce de enero de dos mi veintidós) la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo.
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). En el voto #4074-2010 el Tribunal Contencioso Administrativo señala que: “los presupuestos de la tutela cautelar son tres, el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho y la ponderación de los intereses, particularmente el interés público” y “[s]ólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada” (Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n.° 4074-2010 de las 13:21 hrs. del 29 de octubre de 2010). También el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha señalado en el mismo sentido: “En el caso de las medidas cautelares, esto implica que, en adición a lo relativo a las características estructurales de instrumentalidad y provisionalidad, la resolución debe explicar de forma clara y suficiente de qué modo concurren o no los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de los intereses en juego, ninguno de ellos puede ser dejado de lado, pues para la procedencia de la medida que se adopte la ley exige la concurrencia de todos ellos […] si este Tribunal hipotéticamente acogiese los alegatos relativos a este extremo, y entendiera que el elemento de ponderación de intereses sí está presente eso obligaría a este Tribunal en primera y única instancia a entrar a analizar y a desarrollar el tema de ponderación de intereses en una forma que omitió el juez de instancia, por lo cual, como bien lo señaló en su momento la parte, estaría haciendo que este Tribunal sustituya al juzgador de instancia en el análisis en primera o en única instancia de ese elemento, privando a la parte por lo tanto del derecho de recurrir al respecto de lo que se ha indicado" (ver resolución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, n.° 132-2017-I de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecisiete.
Cfr. 00:16:24 – 00:21:35 de la grabación digital del fallo correspondiente). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos” .
Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la denominada teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba en esta sede cautelar. Fijado el escenario de análisis y los tres elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se analiza de seguido el caso concreto.-
Las medidas cautelares para su aprobación requieren la concurrencia de los tres elementos antes indicados (apariencia de buen derecho en su visión invertida casi asimilable a un "fumus non mali iuris", peligro en la mora y el equilibrio de intereses). Además, esta medida cautelar debe ser instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la eficacia de la sentencia del expediente principal. Es responsabilidad del promovente explicar, analizar y fundamentar cada uno de estos presupuestos y de las partes demandadas debatir los argumentos presentados y así, con base en las posiciones de las partes y las pruebas mencionadas se debe proceder a determinar lo que derecho corresponde sobre el fondo de la medida solicitada. La pretensión de tutela cautelar se presenta con la finalidad de obtener lo siguiente: "Se ordene la suspensión inmediata de los efectos y alcances de la resolución número SINAC-ACOSA-HNTS-AMD-024-2024 Y SINAC-ACOSAHNTS- ADM-025-2024 ambas del 29 de febrero de 2024, con las cuales se ordenó a la empresa MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. y ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A. paralizar las labores en el PROYECTO ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL, hasta tanto no se disponga lo contrario, mediante sentencia final y firme - emitida por la jurisdicción contencioso administrativa - dentro del ulterior y el futuro proceso de conocimiento" (ver imagen 165 del legajo de medida cautelar anticipada).
La pretensión de tutela cautelar de la parte actora pretende que se proceda a suspender los efectos de las resoluciones que sostiene son nulas de pleno derecho; lo anterior hasta tanto el proceso de conocimiento principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme. En síntesis, tal como indica la representación del Estado, la parte promovente solicita la suspensión inmediata de los efectos de dichas órdenes administrativas SINAC-ACOSAHNTS-OA-024-2024 y SINAC-ACOSA-HNTS-OA-025-2024, de 29 de febrero de 2024 (ver imágenes 7 a 10 del legajo de medida cautelar), por estimar graves perjuicios en el desarrollo de las obras autorizadas por los diversos entes y organismos públicos para construir un proyecto de vivienda y condominio, al impedirse culminar la terracería aprobada, controlar la erosión por medio de la conformación de pendientes óptimas, y que al estar cerca el inicio de la estación lluviosa, los agentes erosivos pueden provocar afectación a la estabilidad del sitio (ver imágenes 150 a 161 del legajo de medida cautelar).
VII. A).- SOBRE LOS DENOMINADOS "ELEMENTOS ESTRUCTURALES": Para empezar, sobre los denominados "elementos estructurales" de la tutela cautelar, independientemente de lo que pueda llegar a definirse en el proceso de conocimiento y de los cuestionamientos que se plantean respecto de las órdenes administrativas , sobre tales denominadas características "estructurales" de la medida cautelar, entre otros, se ha indicado en el fallo 2023006573 de las veintiuno horas con veintisiete minutos del diecinueve de Diciembre del dos mil veintitrés, lo siguiente: "IV.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. // Para la determinación de la procedencia de la medida es también importante tomar en cuenta, - tal y como fuera señalado supra y además de los presupuestos ya indicados-, que la medida que vaya adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.- La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.- La provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las circunstancias así lo impongan.
Es decir, tiene efectos supeditados a la pendencia de aquel proceso, tanto como y, - por otro lado-, a la permanencia en el tiempo de las circunstancias que fuesen tomadas en cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-Todo proceso judicial conlleva un debido proceso que da pie a una serie de etapas que deben irse precluyendo para poder llegar a una resolución que el conflicto ya judicializado de manera definitiva. Es justamente la dilatación de los procesos judiciales lo que origina que opere el peligro en la demora, aunado al peligro o urgencia de que mientras se da el curso normal de la acción se pierda o altere el derecho de la parte o de intereses jurídicamente relevantes de alguna de las partes y es así como lo prevee el ordenamiento jurídico en su numeral 78 del Código Procesal Civil, el cual se aplica de manera analógica a esta materia.
La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera parte. 4.- La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísimo efectuada por el órgano jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el proceso de conocimiento.-". Ahora bien, en relación con las denominadas características "estructurales" de las medidas cautelares, ha quedado muy claro de las manifestaciones de la representación de la parte actora que su interés principal con la presente solicitud de tutela cautelar consiste en que se suspendan los efectos de las órdenes administrativas que considera nulas de pleno derecho. Es decir, se trata de una medida cautelar de carácter suspensivo, pues considera que causan graves perjuicios en el desarrollo de las obras autorizadas por los diversos entes y organismos públicos para construir un proyecto de vivienda y condominio, al impedirse culminar la terracería aprobada, controlar la erosión por medio de la conformación de pendientes óptimas, y que al estar cerca el inicio de la estación lluviosa, los agentes erosivos pueden provocar afectación a la estabilidad del sitio.
Así las cosas, lo peticionado sí guarda relación con lo discutido en el eventual proceso de fondo, ya que resulta evidente que en el mismo se pretende se declare la nulidad absoluta de dichas órdenes. Así las cosas, en el tanto se solicita como una medida cautelar suspensiva mientras se discute el proceso judicial se trata de una solicitud de pronunciamiento en carácter provisional. Distinto es que dicha solicitud de tutela cautelar formulada por la parte accionante cumpla con los presupuestos para su aprobación, y en este sentido es criterio del presente juzgador que la tutela cautelar solicitada por la parte actora no cumple con absolutamente ninguno de los presupuestos requeridos para su aprobación en esta sede de tutela cautelar, por lo que la misma debe ser RECHAZADA en todos sus extremos, tal y como se verá a continuación con detalle. VII. B).- SOBRE LA DENOMINADA "APARIENCIA BUEN DERECHO" EN SU VERSIÓN INVERTIDA y el FUMUS BONI IURIS INVERSO: El denominado "fumus boni iuris" tal como aparece regulado en el numeral 21 CPCA indica que la medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida al proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación jurídica aducida que es lo que comúnmente se denomina como "periculum in mora" y, como segundo requisito "y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad" de manera que el denominado "fumus boni iuris" aparece en su versión invertida, más propiamente un "fumus non mali iuris", por cuanto no se exige la acreditación de las probabilidades de éxito de lo pretendido sino que, por el contrario, el requisito es su no temeridad o que no se evidencie en forma palmaria la carencia de seriedad de lo pretendido.
Ahora bien, tal visión invertida del requisito no implica que el juzgador esté impedido de analizar la solidez, o bien ausencia de la misma, en los motivos esgrimidos por las partes en su planteamiento. Al respecto cabe llamar la atención sobre lo que la doctrina denomina como el "fumus boni iuris inverso" (ver al respecto SANTAMARÍA PASTOR (Juan Alfonso), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, Comentario, 1° edición, IUSTEL, 2020, p. 1279), por cuanto si bien un requisito de la tutela cautelar es que la pretensión no sea temeraria, o en forma palmaria, carente de seriedad, una deducción lógica inevitable es que deberá denegarse la tutela cautelar pretendida cuando la pretensión presente un fundamento notoriamente débil o inconsistente. Ahora bien, deben tomar en cuenta las partes que el análisis que se realiza en sede cautelar es producto de una cognición sumaria que no se corresponde con una valoración del fondo del asunto, ni puede ser así en ningún caso, tal y como ha indicado en su momento el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo el presupuesto de "no temeridad" "[…] no es una valoración del fondo del proceso, ni puede serlo, ni debe serlo, no puede confundir el juzgador los requisitos propios de una cautelar con un procedimiento definitivo sobre la validez o antijuricidad de una conducta administrativa, esto nos llevaría a una justicia definitiva por la vía cautelar y esto no es la finalidad del objeto.
(Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, voto 05-F-TC-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Así las cosas, tomando en cuenta lo antes indicado, en este caso es el criterio de este juzgador que no puede haber apariencia de buen derecho en lo pretendido por la parte gestionante de la tutela cautelar por cuanto en este caso concreto pretende que se ordene en esta sede judicial que se suspendan órdenes que ha dictado el SINAC en el ejercicio de las competencias que prevé el numeral 284 del Código Procesal Penal, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Ambiental que tramita la causa penal N°24-000003-1111-PE, cuyo cuestionamiento, por imperativo de ley, estará bajo la autoridad de los jueces y fiscales de la jurisdicción penal y, por lo tanto, no son susceptibles de impugnación ante esta jurisdicción de control de legalidad de la función administrativa del Estado.
Tal como informa el SINAC en este caso, y consta en los autos (ver al respecto las imágenes 9, 10, 188 a 201 del legajo de medida cautelar, así como también las imágenes 1188 a 1201, las últimas que corresponden a la tramitación de la causa penal antes indicada y cuya copia se aportó a los autos), las órdenes administrativas que cuestiona la parte accionante se dictaron con ocasión de la dirección funcional de la Fiscalía Ambiental de Osa que tramita la causa penal, por lo que su cuestionamiento está sometido al juez de garantías de la causa penal y no ante este Tribunal, al tratarse de una actuación de policía judicial del SINAC en auxilio del fiscal que tramita dicha causa penal. Así las cosas, por lo cual dicho la gestión resulta inatendible por no ser una solicitud de tutela cautelar propiamente dicha contra una conducta administrativa susceptible de impugnación y por improcedente al no configurarse los requisitos mínimos para su declaratoria en sede cautelar ni ofrecerse elementos concretos relacionados con los extremos requeridos.
A mayor abundamiento de razones, ha de tomar en consideración la parte gestionante que, entre otros, en el fallo N°1047-2018 de las diez horas cuarenta minutos del 21 de junio de 2018, este Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda indicó que actos como el que nos ocupa no son susceptibles de impugnación en esta sede en los siguientes términos: "(...) El artículo 49 de la Constitución Política establece la jurisdicción contencioso administrativa con un doble propósito claro orientado por un lado a garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, así como los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados. A su vez, el Código Procesal Contencioso Administrativo -en adelante CPCA-, en el artículo 1° dispone que esta jurisdicción tendrá por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico administrativa.
Siempre dentro del mismo ámbito de definición de la competencia material de la jurisdicción contencioso administrativa, en el numeral 36 del código de cita se establece que la pretensión administrativa será admisible respecto de: "...a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su exigencia, inexistencia o contenido. b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo." Desde esta perspectiva, revisadas las pretensiones de este proceso, se estima que puede afirmarse que las mismas gravitan alrededor de dos pretensiones puntuales -sin menoscabo del análisis que se realizará sobre las demás-, enumeradas por la parte actora como segunda y cuarta y que rezan lo siguiente: "2) Que se anule el mandamiento de folio 193 emitido por la Jueza Tramitadora Licda. Sonia Navarro Castillo, por cuanto según consta en el folio 182, ambos del expediente principal penal (sic)" y "4) Pretendo que se anule el oficio UAB-010-14 del 10 de enero de 2014, que remite el Instituto Costarricense sobre Drogas, según citas T. 2014, A: 00241963, de las 10:24:13 horas del día 04/09/2014." Al efecto y respecto de la primera solicitud de nulidad requerida por la parte actora, debe indicarse que se trata de una actuación efectuada por un Juez de la República realizado en el marco de la tramitación de un expediente judicial penal, de manera concreta el expediente número 10-008239-0305-PE, lo que conduce a este juzgador a concluir que no se está frente a una conducta administrativa objeto de impugnación ante esta jurisdicción contencioso administrativa en los términos que se han visto líneas arriba, llevando razón en consecuencia las partes demandadas respecto a que se trata de un acto no susceptible de impugnación.
En ese sentido, se estima importante señalar tal y como lo hace la representación del Estado, son objeto de conocimiento de esta jurisdicción las actuaciones del Poder Judicial únicamente cuando realicen funciones administrativas, según la inteligencia del artículo 1.3.b, no pudiendo afirmarse bajo ningún concepto que un mandamiento judicial expedido en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional lo sea; es criterio de este juzgador que dicha actuación, en tanto pueda representar una nulidad o actividad procesal defectuosa, dispone de los causes procesales respectivos para ser alegados dentro del proceso y jurisdicción donde fueron ordenados según la normativa especial que en ella rige y mal haría esta jurisdicción contencioso administrativa convirtiéndose en una suerte de jurisdicción revisora de lo actuado por otras en el ejercicio de sus respectivos encargos constitucional y legalmente asignados.
En consecuencia, el control que pretende la parte actora, se ejerza por medio de este proceso, resulta totalmente ajeno y excede en mucho la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que debe ser respetuosa de las competencias y actuaciones propias de los otros Juzgadores en ejercicio de la función jurisdiccional; lo pedido escapa de las competencias propias de este Tribunal, en tanto que como se ha indicado, no resulta procedente entrar a conocer sobre las actuaciones y resoluciones de otro proceso ubicado ante otro Despacho." (destacado propio). Es el criterio de este juzgador, que si la parte accionante desea cuestionar la legalidad de lo actuado en este caso concreto por el SINAC bajo la dirección funcional de la Fiscalía Ambiental, en el tanto alega que pueda representar una nulidad o actividad procesal defectuosa, para ello dispone de los causes procesales respectivos para ser alegados dentro del proceso y jurisdicción donde fueron ordenados, es decir, en la jurisdicción penal y no por la vía de la tutela cautelar en sede contencioso - administrativa.
En este mismo sentido, se pronunció también el SINAC al resolver la impugnación formulada en sede administrativa mediante resolución SINAC-ACOSA- D- R-08-2024, visible a imágenes 300 a 304 del legajo de medida cautelar que le indicó a la parte accionante: "(...) no sólo no nos encontramos frente a ninguno de dichos supuestos, sino que además no se está frente a un procedimiento de carácter administrativo; y ello es así por cuanto, la medida precautoria y orden administrativa aquí impugnada no constituye un acto administrativo propiamente dicho dictado dentro de las facultades de la Administración Activa si no un acto emitido por un ente superior como lo es el Ministerio Publico, en este caso a la policía administrativa, cumpliendo actos de policía judicial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 284 y 285 párrafo primero del Código Procesal Penal y dentro de las facultades dadas por los artículos los artículos 9 de la Ley de Servicio de Parques Nacionales, 15 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y 54, 57 de la Ley Forestal, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.
Además de lo indicado en la Ley Orgánica del Ministerio Publico 7422" (ver imagen 302 del legajo de medida cautelar). Así las cosas, las órdenes administrativas que nos ocupan aparecen vinculadas a la tramitación de la causal penal que se tramita en el Ministerio Público bajo el número de expediente 24-000003-1111-PE y a través del informe de campo fue anexado el respectivo informe por parte del funcionario Carlos Rodríguez Binda, ante las autoridades competentes para se continuara con el trámite correspondiente, no pudiendo ser revisado en consecuencia ante esta vía contencioso administrativa por imperativo de la normativa procesal antes citada. Al respecto, se considera que una vez analizada la denominada "teoría del caso" formulada por la parte actora en su gestión, y referida en esta resolución en los apartados precedentes a los cuales se remite, así como sus argumentos empleados y sin entrar a analizar por el fondo el asunto que plantea la parte actora, este juzgador considera que no se configura ni siquiera el primer requisito para la tutela cautelar, por cuanto la acción formulada carece de la más elemental apariencia de buen derecho, en este sentido lleva razón la representación del SINAC accionado al indicar que no se configura ninguno de los presupuestos de la tutela cautelar.
VII. C).- SOBRE EL PELIGRO EN LA DEMORA: Independiente de lo indicado acerca de la no configuración del primer y más elemental requisito de la tutela cautelar visto en el apartado anterior, a los efectos que legalmente correspondan, y para que conste el análisis de lo referente al daño grave, aspecto central en las argumentaciones que presenta la parte gestionante en su gestión, se procede a indicar que dicho presupuesto procesal tampoco se configura tal y como de seguido se verá. Respecto del peligro en la demora, se ha indicado antes por este Tribunal, en el fallo 009-2021-T de las doce horas y tres minutos del día siete de enero de dos mil veintiuno que: "...para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, a la situación jurídica de la parte promovente.
En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil." Sobre este presupuesto de tutela cautelar se ha indicado también, en su momento "[…] la actual legislación viene a establecer una flexibilización del antiguo sistema procesal que hablaba de “imposible o difícil reparación” – o sea, era rígido –, pasamos de una posición sumamente rígida de demostración de esos daños y perjuicios de “imposible y difícil reparación” a un sistema más flexible, precisamente en la filosofía de apertura de las cautelares […] a un rango de “gravedad” que tienen que llenar los perjuicios. Por lo tanto, hablar de que se tienen que demostrar graves daños de difícil o imposible reparación es una frase que ya no existe […] Pero el límite, y esto es lo que es importante, de justamente que establece el artículo 21 son “graves” la palabra “graves”, de esa gravedad “hacia arriba” procede la cautelar, de esa gravedad “hacia abajo” lo que no pueda entrar y clasificarse como grave no entra dentro del presupuesto de la cautelar.
En otras palabras, si los daños no alcanzan ese rango de “gravedad” la medida no procede […]. (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolución 286-08 de las doce horas treinta minutos del nueve de mayo de 2008. Cfr. 12:34:22 – 12:35:27 de la grabación digital correspondiente, exp. 08-35-1027-CA). Ahora bien, sobre el peligro en la demora la parte accionante señala, en síntesis, que las órdenes administrativas cuestionadas le ocasionan graves perjuicios en el desarrollo de las obras autorizadas por los diversos entes y organismos públicos para construir un proyecto de vivienda y condominio, al impedirse culminar la terracería aprobada, controlar la erosión por medio de la conformación de pendientes óptimas, y que al estar cerca el inicio de la estación lluviosa, los agentes erosivos pueden provocar afectación a la estabilidad del sitio (ver imágenes 150 a 161 del legajo de medida cautelar). En el apartado de pruebas refiere a los siguientes elementos:
POR TANTO
Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la accionante mediante gestión de fecha 19 de junio de 2024. Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por la parte accionante ACQUARELLO ESCALERAS DOMINICAL S.A, cédula de persona jurídica 3-101-863364 y MCI INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A., cédula de persona jurídica 3-101-718735, en contra del ESTADO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Notifíquese. Dr. José Alvaro López Camacho, Juez. JLOPEZCAM ???????????????
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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