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Res. 03758-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 12/06/2024
OutcomeResultado
The Court declared the action inadmissible for lack of active standing because the claimants established neither valid legal title nor a subjective right over the parcel, and it made no special award of costs.El Tribunal declaró inadmisible la demanda por falta de legitimación activa, al no acreditarse un justo título ni un derecho subjetivo de las actoras sobre la parcela, y resolvió sin especial condenatoria en costas.
SummaryResumen
The Court dismissed as inadmissible the action brought by Celia and Marlyn Mendoza Gómez against the State, INDER, SINAC, and René Mendoza Mendoza because the claimants failed to establish ownership of a subjective right connected to parcel No. 77 in sector 05 of the Osa Settlement. The submitted documents did not establish the valid legal title required for civil or agrarian adverse possession. Moreover, the person who purportedly signed certain official communications testified that he had not signed them, undermining their authenticity and the reliability of their contents. The Court further explained that, following the alleged possessor’s death, his heirs should have pursued procedural succession before the administrative authorities to continue the land-titling proceeding. Although the Court upheld the defense of lack of active standing, it found that the Administration’s erratic handling of the settlement and the Golfo Dulce Forest Reserve could reasonably have led the claimants to believe that they held an enforceable right. It therefore imposed no special award of costs.El Tribunal declaró inadmisible la demanda promovida por Celia y Marlyn Mendoza Gómez contra el Estado, el INDER, el SINAC y René Mendoza Mendoza, porque las actoras no demostraron ser titulares de un derecho subjetivo relacionado con la parcela n.º 77 del sector 05 del Asentamiento Osa. Los documentos aportados no acreditaron el justo título exigido por la usucapión civil o agraria; además, quien supuestamente había suscrito ciertos oficios negó en juicio haberlos firmado, lo que debilitó su veracidad y la confiabilidad de los datos consignados. El Tribunal señaló también que, tras el fallecimiento del presunto poseedor, sus herederos debían acudir a la sucesión procesal en sede administrativa para continuar el procedimiento de titulación. Aunque acogió la falta de legitimación activa, reconoció que la actuación errática de la Administración respecto del asentamiento y de la Reserva Forestal Golfo Dulce pudo hacer creer a las actoras que tenían un derecho, por lo que no impuso costas.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, neither under the provisions governing civil adverse possession nor under those governing its special agrarian form has the indispensable valid legal title been established that would confer standing on the claimants as possessors of parcel No. 77 in sector 05 of the Osa Settlement. It follows that the claimants lack the necessary connection to the substantive right they seek to exercise or enforce in this proceeding. Furthermore, following Mr. Mendoza Hernández’s death, given his alleged ownership of a possessory right over parcel No. 77 in sector 05 of the Osa Settlement and the fact that this right had not been recognized by the competent Administration, the applicable provisions on procedural succession should have been followed—in this instance before the administrative authorities—so that his heirs could continue and potentially complete the administrative land-titling proceeding. The claimants did not choose that avenue. In view of all the foregoing, the only proper course is to uphold the defense of lack of active standing and declare the action inadmissible because the claimants failed to establish ownership of a subjective right connected to the subject matter of the proceeding and the relief they sought.Luego, tenemos que ni de acuerdo a las estipulaciones de la usucapión civil, ni de conformidad con las que rigen la especial agraria, se configura el justo título imprescindible, que legitime a las demandantes como poseedoras de la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa, de lo cual se sigue que las demandantes no ostentan la necesaria vinculación con el derecho de fondo que pretenden ejercitar o hacer valer en este proceso. Sin perjuicio además de que, ante el fallecimiento del señor Mendoza Hernández, la supuesta titularidad de éste, de un derecho de posesión de la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa, y dado que ésta no ha sido reconocida por la Administración competente, lo procedente era observar las disposiciones atinentes a la sucesión procesal, en este caso, en sede administrativa, respecto de la continuación y eventual culminación del procedimiento administrativo de titulación, por parte de sus herederos, vía que no ha sido la elegida por las demandantes en este caso. A tenor de todo lo dicho, no queda más que acoger la defensa de falta de legitimación ad causam activa y declarar la inadmisibilidad de la demanda, al no comprobarse la titularidad de un derecho subjetivo de las actoras vinculado con el objeto del proceso y las pretensiones promovidas por éstas.
Pull quotesCitas destacadas
"Este listado de hechos probados respecto de la Administración concernida, revela una conducta errática en relación con el tratamiento que ésta debió brindar al Asentamiento Osa que ella misma concibió, así como a las personas y familias que ocuparon esas tierras, y que se vieron imposibilitadas para titularlas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal de la Península de Osa."
"This list of proven facts concerning the Administration reveals erratic conduct in its handling of the Osa Settlement, which it had itself conceived, and of the individuals and families who occupied those lands and were prevented from obtaining title because of the creation of the Osa Peninsula Forest Reserve."
Sobre las costas
"Este listado de hechos probados respecto de la Administración concernida, revela una conducta errática en relación con el tratamiento que ésta debió brindar al Asentamiento Osa que ella misma concibió, así como a las personas y familias que ocuparon esas tierras, y que se vieron imposibilitadas para titularlas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal de la Península de Osa."
Sobre las costas
"Esta circunstancia, unida al hecho de que el padre de las actoras fue incluido en el censo realizado por el IDA en cumplimiento, según el IDA, de lo ordenado por la Sala Constitucional 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, así como que ese mismo ente abriera expedientes de solicitud de título y admitiera e incorporara a esos legajos los documentos presentados por las demandantes bien pudieron hacerles pensar que tenían un derecho subjetivo que las legitimaba para plantear esta demanda."
"That circumstance, together with the inclusion of the claimants’ father in the census conducted by the IDA—according to the IDA, in compliance with Constitutional Chamber Judgment 2456-1997 of 11:03 a.m. on May 2, 1997—and the fact that the same entity opened title-application files and accepted the documents submitted by the claimants, could reasonably have led them to believe that they held a subjective right giving them standing to bring this action."
Sobre las costas
"Esta circunstancia, unida al hecho de que el padre de las actoras fue incluido en el censo realizado por el IDA en cumplimiento, según el IDA, de lo ordenado por la Sala Constitucional 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, así como que ese mismo ente abriera expedientes de solicitud de título y admitiera e incorporara a esos legajos los documentos presentados por las demandantes bien pudieron hacerles pensar que tenían un derecho subjetivo que las legitimaba para plantear esta demanda."
Sobre las costas
"Se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa planteada por las representaciones del INDER y del Estado. Se declara inadmisible la demanda de Celia Mendoza Gómez y Marlyn Mendoza Gómez, contra el señor René Mendoza Mendoza, el Estado, el Instituto de Desarrollo Rural y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación."
"The defense of lack of active standing raised by the representatives of INDER and the State is upheld. The action brought by Celia Mendoza Gómez and Marlyn Mendoza Gómez against René Mendoza Mendoza, the State, the Rural Development Institute, and the National System of Conservation Areas is declared inadmissible."
Por tanto
"Se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa planteada por las representaciones del INDER y del Estado. Se declara inadmisible la demanda de Celia Mendoza Gómez y Marlyn Mendoza Gómez, contra el señor René Mendoza Mendoza, el Estado, el Instituto de Desarrollo Rural y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación."
Por tanto
"Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas."
"This matter is decided without a special award of costs."
Por tanto
"Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas."
Por tanto
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CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFF:
CELIA MENDOZA GOMEZ DEFENDANT:
THE STATE N° 2024003758 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and forty-one minutes on doce de Junio del dos mil venticuatro.- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. FIFTH SECTION. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Annex A. Goicoechea.
Ordinary proceeding brought by Cecilia and Marlyn Mendoza Gómez, respectively, identity cards 5-0268-0443 and 5-0283-273, represented by Ricardo Zeledón Zeledón, professional license 1422; against the State, represented by Susana Fallas Cubero, professional license 9669, assisted by Hazel Hernández Calderón, professional license 27503; the Instituto de Desarrollo Rural, appearing through its Special Judicial Attorney-in-Fact (Apoderada Especial Judicial), María Fernández Chinchilla, attorney license 20578; the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, appearing through Mario Hidalgo Ramírez, license 20578; and René Mendoza Mendoza, assisted by Carlos Echeverría Perera, professional license 2389.
BACKGROUND (RESULTANDO)
I.By a pleading filed with the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda on 14 de febrero del 2008, Celia and Marlyn Mendoza Gómez, together with 22 other persons, instituted an ordinary proceeding against THE STATE and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Based on the facts they stated and the legal grounds asserted at that time, they submitted their claims for relief (pretensiones), which were subsequently amended at the preliminary hearing (audiencia preliminar) held beginning at 08:40 hours on 07 de octubre del 2015, as follows: “MAIN CLAIM: 1. Declare null and void Board of Directors Resolution n°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, because it repealed Board of Directors Resolution N°39 from session 44-05, held on 14 de noviembre del 2005. The repealed resolution granted rights to the plaintiffs by recognizing that, as of 10 de mayo 2006, memorandum OSO-192-06, they had been in possession (posesión) for 68 years of parcel number 26 in sector 6 of Asentamiento Osa; that legal act was not notified to the plaintiffs by the institution, and IDA did not institute a proceeding for a declaration of injury to the public interest (proceso de lesividad), because the applicable period expired completely. 2.
The Instituto de Desarrollo Agrario recognized the plaintiffs MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card 6-061-946, and MARÍA DELIA, known as CECILIA OVARES VILLALOBOS, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card 2-234-867, as BENEFICIARIES of the Institute and as having exercised quiet, peaceful, uninterrupted possession for more than 68 years, both personally and by adding the possession of their predecessors in title (transmitentes), according to OSO-192-06, beginning more than 10 years before Reserva Forestal Golfo Dulce was created. Such recognition of the plaintiffs’ possession concerned Asentamiento Campesino OSA, within the property registered in the name of IDA or INDER in the Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, real-property folio registration 6-39334 sequence 000, located in Península de Osa. 3.
Pursuant to IDA Board of Directors Resolution number 39 from session 44-05, held on 14 de noviembre de 2005, the plaintiffs were entitled to receive the deeds to parcel N°26 in sector 6, located in Sector Estero Guerra de Drake, distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, bounded to the north by Calle Pública; to the south by Compañía Hermanos Brenes S.A.; to the east by Calle Pública and Compañía Hermanos Brenes S.A.; and to the west by Juan Marín Alpízar, Sérvulo Sandoval Mata, and Osvaldo Rosales Rosales, measuring 77 hectares 4.704,75 square meters. The Instituto de Desarrollo Agrario also DECLARED (sic) that the following persons were recorded as the parcel’s former occupants: BERNARDA MORALES OSANDO, identity card 6-039-772, with 10 years of possession; LISÍMACO MARÍN MADRIGAL, identity card 6-041,838, with 20 years of possession; and FERNANDO RIVAS (no identity-card number or second surname recorded), with 15 years of possession, demonstrating total possession of 68 years (Memorials OSO-191-06 of 10 de marzo).
A cadastral survey plan (plano catastrado) is registered in the Registro Nacional under N°P529961-98 in the name of MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ for parcel 26, measuring 77 hectares 4704.75 square meters. According to the administrative record (expediente administrativo), a request was made for recognition of POSSESSION FOR MORE (sic) THAN 68 YEARS. The Oficina Sub Regional de OSA should have considered the affidavit (declaración jurada) given by this plaintiff, which constitutes conclusive evidence pursuant to the Board of Directors Resolution, and should have recognized the period during which he exercised quiet, public, peaceful, uninterrupted, good-faith possession, added to the possession of his predecessors in title. In any event, the Institute should have expressly ruled on this matter when deciding the merits of the case presented in the record. Processing did not continue (sic), however, because the Institute suspended the administrative proceeding as a result of action by the Ministerio del Ambiente and the Procuraduría.
Consequently, no analysis on the merits was conducted as authorized by the Board of Directors Resolution, nor was the proceeding completed (sic). 4. By again recognizing the rights of the adverse possessors (usucapientes), resolution number 39 from session 44-05 of the IDA Board of Directors created an administrative procedure for conveying title to the plaintiffs MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card 6-061946, and MARÍA DELIA, known as CECILIA OVARES VILLALOBOS, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card 2-234-867, without any limitations or reservations, over the property registered in the Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, under real-property folio registration 6-39334 sequence 000, at Asentamiento Campesino OSA; specifically, title to the parcels concerning which the Institute had declared them beneficiaries pursuant to Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, in the area known as Asentamiento Campesino Osa.
The plaintiffs and the other beneficiaries joined the administrative procedure until, in enero del 2008, the Oficina Regional de Osa returned some of the submitted documents to them and told them that no further new proceedings would be commenced and that proceedings already instituted would not be completed, because the Procuraduría and IDA had so decided. 5. The State, INDER, and SINAC must compensate the plaintiffs for the property pursuant to both the former and current regulations recognizing their rights. Decree number 8498-A of 20 de abril de 1978, which created Reserva Golfo Dulce and recognized the rights of adverse possessors to compensation for expropriation, and decree 9388-A of 30 de noviembre de 1978, which reiterated recognition of adverse possessors, so provide, as does article 39 from IDA Board of Directors session 44-05 of 14 de noviembre de2005, which interrupted every type of limitations period running against the plaintiffs by establishing an administrative procedure to recognize the rights of those who had acquired property by adverse possession 10 years before the Forest Reserve was declared, as well as those of the current possessors, subject to proof by affidavit of their chain of possession (cadena posesoria); all of this was affirmed by Constitutional Chamber judgment number 97-2456, issued at 11:03 hours on 02 de mayo de 1997. 6.
The State, INDER, and SINAC—or, subsidiarily, the State alone—must compensate the same plaintiffs, during the judgment-enforcement proceeding (ejecución de sentencia), for damages and losses (daños y perjuicios) arising from all restrictions imposed from 1979 through the date of actual payment as a result of the creation of Reserva de Golfo Dulce, because their parcels and properties were declared subject to the forestry regime (régimen forestal), preventing them from working, cultivating, or improving their parcels through agricultural activity, and because they were prohibited from engaging in any commercial or industrial activity, keeping livestock, or exercising in any manner the property right they had acquired. These forestry restrictions were imposed without compensating the plaintiffs for conduct undertaken for the benefit of forest conservation, and that conduct has, as a matter of fact, infringed all rights inherent in agricultural property, in an arbitrary and discriminatory manner relative to all other citizens.
Such damages and losses may not be less than the amount of the ‘Forestry Incentive’ (Incentivo forestal), consisting of the incentive granted by the State to private parties to conserve the forest. 7. The State, INDER, and SINAC—or, subsidiarily, the State alone—must pay the plaintiffs compensation for emotional distress (daño moral), estimated at fifty million colones, consisting of the suffering caused by nearly 40 years of hardship without finding a legal or economic solution to their agricultural and environmental problem, living in a state of insecurity and watching their families become impoverished while they were prohibited from cultivating, improving, or undertaking economic, industrial, or commercial activities. ALTERNATIVE CLAIM: 1. If the Instituto de Desarrollo Agrario is not ordered to convey title without any restrictions, given the legal nature of Reserva Forestal de Golfo Dulce, as requested in item 3) of the main claim, then an order is requested in the following terms: The State, INDER, and SINAC—and the State in particular—must compensate the plaintiffs for their rights, as a purchase and sale at a rate of ten million colones per hectare or at a fair valuation by experts and at the value prevailing when payment is made, in favor of the plaintiffs MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card 6-061946, and MARÍA DELIA, known as CECILIA OVARES VILLALOBOS, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card 2-234-867, with respect to the parcels concerning which the Institute has declared (sic) them beneficiaries pursuant to Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, in the area known as Asentamiento Campesino Osa, because they acquired their rights through ten-year possession predating the establishment of Reserva Forestal Golfo Dulce; the amount of such compensation shall be determined during the judgment-enforcement proceeding. 2.
In either case, whether under the main or alternative claim, the State, INDER, or SINAC must be ordered to pay both categories of costs (ambas costas) of this action. (images 143 through 211 and 2220 through 2229 of the court record, corresponding to the complaint and the Preliminary Hearing Minutes).
II.In an order issued at 13:22 hours on 18 de febrero del 2008, Sady Jiménez Quesada, then the judge presiding over the procedural stage, admitted the complaint for processing and ordered that it be served on the defendants. The proceeding was assigned case file N°08-111-161-CA (see service order at images 212 and 213 of the court record).
III.In a pleading filed with the Court on 08 de abril del 2008, counsel for INDER (then IDA) denied the allegations of the complaint and raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing, and the general defense sine actione agit (see answer at images 258 through 281 of the court record).
IV.In a pleading filed with the Court on 23 de abril del 2008, counsel for the State denied the allegations of the complaint and raised the following defenses (excepciones): lack of jurisdiction, res judicata, statute of limitations, lack of a legal right, lack of a present interest, and the general defense sine actione agit (see answer at images 301 through 370 of the court record).
V.In interlocutory judgment N°553-2008, issued at 13:02 hours on 22 de agosto del 2008, the judge presiding over the procedural stage rejected the defense of lack of jurisdiction (see decision at images 895 through 921 of the court record).
VI.In ruling (resolución) N°000067-C-S1-2009, issued at 11:36 on January 22, 2009, the Sala Primera declared that the body with jurisdiction (órgano competente) to hear this matter is the Tribunal Contencioso Administrativo (see the ruling at images 941 to 859 of the court record (expediente judicial)).
VII.In the judgment (fallo) issued at 15:18 on May 25, 2009, Judges Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo, and Daniel Aguilar Méndez ordered the consolidation (acumulación) of cases 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, 08-46-1027-CA, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA WITH 08-111-161-CA (see the Hearing Minutes (Acta de la Audiencia) at images 981 to 984 of the court record).
VIII.In the ruling issued at 14:52 on August 25, 2009, Judges José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa, and Daniel Aguilar Méndez ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter referred to by its acronym, SINAC) be joined to the proceedings (integrar al proceso), and service of the complaint (traslado de la demanda) was effected upon it by ruling issued at 14:20 on September 03, 2009 (see, respectively, the Hearing Minutes and the order serving the complaint (auto de traslado de la demanda) at images 1214 to 1219, 1222, and 1223 of the court record).
IX.In a brief filed with the Tribunal on October 30, 2009, counsel for SINAC opposed the complaint and raised the defenses (defensas) of lack of legal entitlement (falta de derecho), lack of active standing on the merits (legitimación ad causam activa), lack of jurisdiction (incompetencia), defects in the complaint precluding a ruling on the merits, and limitation or expiration of the right (prescripción o caducidad del derecho) (see the response brief (escrito de contestación) at images 2115 to 2155 of the court record).
X.Pursuant to the ruling issued at 10:06 on October 29, 2015, the claims (pretensiones) of each plaintiff were ordered severed into separate cases (image 2004 of the court record).
XI.In a brief filed with the Court on 14 de marzo de 2016, the plaintiffs resubmitted their statement of claims and facts underlying the complaint. In that filing, they requested that the judgment declare: 1. The administrative act (acto administrativo) of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural, Nº 35 of session 040-2007, dated 10 de noviembre del 2007, IS NULL because, as an Agreement REPEALING Artículo XXXIX of session Nº 44-05 dated 14 de noviembre del 2005, IT WAS CONCEALED AND NEVER PERSONALLY SERVED BY THE STATE OR THE IDA, NOR DISCLOSED IN THE ADMINISTRATIVE PROCEEDING (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO) involving the plaintiffs, PROCESSED AT THE OFICINA REGIONAL DE OSA, thereby depriving Artículo XXXIX of session Nº 44-05 of the Board of Directors, dated 14 de noviembre del 2005, of its legal basis.
IN THE ALTERNATIVE: IN the event that the Instituto de Desarrollo Rural is not ordered to satisfy CLAIM NO. 9, consisting of DELIVERING to CELIA MENDOZA GÓMEZ and MARLYN MENDOZA GÓMEZ THE DEED, AS ADVERSE POSSESSORS (usucapientes) AT THE TIME OF THE CREATION of the Reserva Forestal Golfo Dulce, as full private property, because it was acquired by adverse possession (usucapida) against the properties of the company OSA PRODUCTOS FORESTALES, without forestry restrictions or restrictions under the Ley de Tierras y Colonización, I request that THE FOLLOWING BE DECLARED: 1) That THE STATE, or, in the alternative, INDER and SINAC, be ordered, in favor of CELIA MENDOZA GÓMEZ AND MARLYN MENDOZA GÓMEZ, with the possession of their predecessors (transmitentes) being tacked to theirs, in enforcement proceedings (ejecución de sentencia), TO PAY the value of the property (finca) that, through their fault and UNDER THEIR OWN RESPONSIBILITY, has not been expropriated since 1978, due to their failure by every possible means to comply with Decretos Ejecutivos Nº 8494-A del 28 de abril de 1978, Artículos 9, 10, 11, which ordered the EXPROPRIATION of private properties or properties acquired by adverse possession within the Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta Nº 104 del 1º de junio de 1978); Decreto reformador del 8494-A correspondiente al Nº 9388-A del 30 de noviembre de 1978, Artículo 2, which again stipulated the EXPROPRIATION of the aforementioned property (La Gaceta Nº 239 del 15 de diciembre de 1978); Decreto Nº 10.088-G-H, which ordered the expropriation of the lands of Osa (Alcance Nº 6 a La Gaceta Nº 102 del 1º de junio de 1979); and the judgment of the Sala Constitucional Nº 97-256, issued at 11 hours 3 minutes on 2 de mayo de 1977, whereby “the Ministerio del Ambiente y Energía, through the Dirección General Forestal or the Dirección Nacional de Áreas de Conservación, was ordered to comply with Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A y 10.142 and to initiate the proceedings (sic) for compensation concerning the land for which IDA recognized them as possessors of the parcel, stated that such possession had lasted for more than 40 years as of 2006, and which is described as requested in the following claim. 2.
That the State and the other defendants be ordered, in the alternative, to provide compensation, in enforcement proceedings, at a value of no less than 10 million colones per hectare (¢10.000.000) for the land HELD IN POSSESSION FOR MORE THAN 50 YEARS, with the possession of their predecessors tacked to theirs, in favor of CELIA MENDOZA GÓMEZ and MARLYN MENDOZA GÓMEZ, namely Parcela Nº 77, sector 5m, located in Los Ángeles de Drake, District of Sierpe, Canton of Osa, Puntarenas, bounded on the North by Río Drake and a 6-meter right-of-way easement (servidumbre de paso); on the South by Parque Nacional de Corcovado; on the East by José Gregorio Mendoza Mendoza; and on the West by Juan Ángel Zambrana; measuring 157 hectares 3.034,12 square meters according to registered survey plan (plano catastrado) Nº P-734207-2001. CLAIM COMMON TO BOTH: That the STATE, INDER, and SINAC be ordered, whether under the principal action and claim Nº 9 or under the alternative claim for compensation, to pay CELIA MENDOZA GÓMEZ and MARLYN MENDOZA GÓMEZ: 1.
Indexation (indexación) of the payment obligations from the date of judgment until actual payment. 2. Both categories of costs of this action, imposed upon the defendants.” (images 2018 to 2054 of the court record (expediente judicial)).
XII.In a brief filed with the Court on 31 de marzo de 2016, counsel for SINAC opposed the complaint and raised the defenses of the statute of limitations (prescripción), lack of legal right (falta de derecho), and lack of standing (falta de legitimación) (images 2055 to 2077 of the judicial case file).
XIII.On 08 de abril de 2016, the State opposed the complaint and raised the defenses of lack of legal right, the statute of limitations, res judicata (cosa juzgada), and lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa) (images 2079 to 2133 of the judicial case file).
XIV.On 12 de abril de 2016, counsel for INDER opposed the complaint and raised the defenses of lack of legal right, lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of a present interest (falta de interés actual) (images 2295 to 2332 of the judicial case file).
XV.The preliminary hearings (audiencias preliminares) were held on 14 de marzo, 31 de octubre, and 04 de noviembre de 2016, as well as on 09 de agosto de 2022, after the claims had been individually specified. At the hearing of 31 de octubre de 2016, the res judicata defense was denied, and the defenses of expiration (caducidad) and the statute of limitations were reserved for decision in the judgment (in the foregoing order, the corresponding records may be seen at images 2333. 2843, 2363 to 2367, and 2828 to 2829 of the judicial case file).
XVI.By an order issued at 08:00 on 05 de febrero de 2020, the case was returned to the preliminary stage in order to cure the procedural steps relating to the joinder (integración) of Mr. René Mendoza Mendoza (images 2499 to 2201 of the judicial case file).
XVII.By an order issued at 20:53 hours on tres de julio de 2020, Judge Josué Salas Montengro served the complaint upon Mr. René Mendoza Mendoza (image 2514 of the judicial case file).
XVIII.By an order issued at 14:06 hours on 1° de diciembre de 2020, Mr. Mendoza Mendoza was declared in default (rebeldía) (images 2522 to 2527 of the judicial case file).
XIX.The oral and public trial hearing began at 09:10 hours on 15 de mayo de 2024. All parties were present at that procedural proceeding. The parties were given an opportunity to cure procedural defects and to address the supplementary evidence for adjudication (prueba para mejor resolver), whose admissibility was reserved for the deliberation and judgment stage. The admitted evidence was taken, and because of the late hour, 19:47 hours, the parties were granted five business days to submit written closing arguments. Finally, the matter was declared complex (the minutes of the hearing appear at images 2940 to 2960 of the judicial case file).
XX.This judgment is issued within the statutory period, following the expiration of the period granted to the parties to submit their closing arguments, which were timely filed, as recorded at images 2962 to 3034 of the judicial case file. No defects capable of invalidating the proceedings are apparent. Judge Álvarez Molina and Judge Giusti Soto concur. The Reporting Judge (Ponente), Sánchez Navarro, drafts the judgment.
In view of the manner in which this matter will be decided, as explained below, the Court considers unnecessary and therefore rejects the supplementary evidence for adjudication offered by counsel for the State, consisting of Official Letter OTOS-292-2017, Official Letter SINAC-SE-IRT-108, Official Letter IRT-451-2018; the note dated 09 de marzo de 2007, and Official Letter OSO-0205-92. The only evidence admitted consists of the copies provided by the Archivo Notarial of deeds 209 and 222, executed before Notary Public Gerardo Araya Arias on 11 and 23 de junio del 2003, the first by Ms. Celia and the second by Ms. Marlyn, both surnamed Mendoza Gómez. The copies of those public deeds (escrituras públicas) are admitted because this adjudicative body considers both instruments necessary to analyze the plaintiffs’ active standing (legitimación activa), an essential prerequisite whose existence must be determined in order to establish whether the claims asserted by the plaintiffs in their complaint are well-founded.
Regarding the supplementary evidence for adjudication offered by INDER, consisting of inspection report N° INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024, appearing at images 2905 to 2917 of the judicial case file, it is admitted because it is deemed relevant to determining whether parcel 77, sector 05 of Asentamiento Osa has valid agrarian title (justo título agrario). Regarding the topographic reports submitted by the State’s representative and by co-defendant Mendoza Mendoza, they shall be rejected because they are deemed unnecessary for deciding this matter.
The following facts relevant to deciding this matter are set forth:
After receiving an application that met all the requirements, the IDA Subregional Office in Osa, acting jointly with the MINAE Dirección del Área de Conservación Osa, would conduct an on-site inspection (inspección ocular) to verify the occupant’s presence on the property, its boundaries and character, draw up a record, and verify the information in the databases. Thereafter, the regional representatives of MINAE and IDA, acting through the Osa Subregional Office, would issue the corresponding recommendation to grant or deny the requested title; this would be forwarded to the Director of IDA’s Región Brunca for issuance of a recommendation, and if “...the outcome is favorable, the subdivision and transfer of the parcel to be titled shall be recommended to the titling division, which shall submit it to the Board of Directors of IDA for issuance of the corresponding resolution…” (see copy of the cited Resolution at images 69 to 74 of the judicial case file).
The following facts of significance to the resolution of this action were not established:
4). That the plaintiffs perform agricultural work (labor agraria) on parcel N°77 of sector 05 of Asentamiento Osa (there is no evidence in the file establishing this; on the contrary, this is shown in report N° INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024 prepared by Inder officials on 02 de mayo de 2024, consisting of an inspection of the parcel and visible at images 2905 to 2917 of the judicial file).
The plaintiffs base their action on the following grounds: The plaintiffs request that the judgment declare “Board of Directors Resolution n°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, null and void because it repealed Board of Directors Resolution N°39 from session 44-05 held on 14 de noviembre del 2005.” In connection with this claim, they argue that Resolution N°39 granted them vested rights (derechos subjetivos) and that, in their view, it was therefore necessary to declare it null and void through the procedures established in the Ley General de la Administración Pública and, specifically, through administrative litigation proceedings for a declaration of injury to the public interest (proceso contencioso administrativo de lesividad). They further maintain that IDA declared them to be the possessors of parcel N°77, sector 05 of Asentamiento Osa, that they have established their possession for more than forty years, and that, for this reason, the granting of title (titulación) to those lands in their favor must be ordered.
They further state that, if the possibility of obtaining title is not recognized, they must be compensated by way of expropriation. They also state that the restrictions arising from the creation of the Reserva Forestal have prevented them from developing commercial, industrial, and agricultural projects, and therefore consider that they must be compensated for this loss of opportunity. They also assert that they have lived in distress for years, causing them suffering and, consequently, subjective non-pecuniary harm (daño moral subjetivo).
The State’s representative maintains that the plaintiffs lack standing (legitimación activa). In this regard, she states that the plaintiffs claim to be possessors because their father donated possession to them in the year 1995, a fact that, according to the State’s representative, they have failed to establish through a suitable document, which, she indicates, consists of a deed executed before a notary public. The foregoing is in accordance with the provisions of sections 1397 and 1399 of the Código Civil. According to a notary public. She states that the plaintiffs did not participate in the procedure provided for in Article 39 of session 44-05 of 14 de noviembre el 2005 and, for that reason, could not have acquired any rights from that proceeding. She states that they did not establish adverse possession (usucapión) or prior ownership of Reserva Forestal Golfo Dulce and says that Official Letter OSO 192-06 does not constitute recognition of possession.
She argues that the instrument conveying title (título adquisitivo) to the portions of the parcel was not established. She likewise refers to the allocation of the parcel. She argues that Voto 2456-97, issued by the Sala Constitucional, stated that the expropriation or direct-purchase proceedings are the responsibility of the Administration. She states that there are no damages that must be compensated and, with respect to them, also raises the statute-of-limitations defense (prescripción).
INDER’s representative reiterated that the claimants lacked standing (legitimación activa), for the same reasons asserted by the State’s representative. She further argues that, in INDER’s case, there is a lack of capacity to be sued (legitimación pasiva), because although property N°39334 is registered as belonging to INDER, it is part of the State Forest Estate (patrimonio forestal del Estado), and INDER therefore cannot dispose of such property. She further states that, since 1978, a legal impediment has prevented third parties from acquiring and obtaining title to the property in question because it forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). She asserts contributory fault by the injured parties (culpa de la víctima), insofar as they were at all times aware of the nature of the property and the restrictions arising from that status. She considers that the claimants failed to establish ten years of possession prior to the creation of the reserve.
She states that the claimant “lacks a legal right and standing to sue INDER.” She indicates that Board of Directors Resolution N°35 from Ordinary Session 040-2007, dated 19 de noviembre de 2007, repealed Resolution N°39 from Session N°44 of 05 de noviembre del 2005, and that such annulment did not require recourse to the procedure set forth in section 173 of the Ley General de la Administración Pública. She requests that the defenses of forfeiture (caducidad) and limitation (prescripción) be upheld because, according to INDER, the claimants became aware of the repeal of Resolution N°39 from Session N°44 of 05 de noviembre del 2005 more than ten years before filing the action. She also pleads limitation because more than ten years elapsed between the filing of the action and the promulgation of Decreto Ejecutivo 8494. She further alleges a lack of legal interest (falta de interés), because the regulations establishing the procedure for obtaining title were repealed.
SINAC’s representative argues that the claimants were precarious possessors (poseedores en precario), and therefore the obligations imposed on the State under Decreto Ejecutivo 8494-A did not apply in their favor. He further states that the claim for damages (daños y perjuicios) would be time-barred because more than ten years had elapsed since the publication of the Decree creating the Forest Reserve. He contends that title may not be granted to lands forming part of the State Natural Heritage.
He argues, in essence, that there is no overlap of survey plans or properties, nor any encroachment by his parcel, which is number 34 in sector 6 of Asentamiento Osa, upon parcel 77, located in sector 5 of that Settlement. He states that, according to the evidence received, the two properties are not adjoining and requests that the action filed against him be dismissed and that the claimants be ordered to pay costs.
In connection with this argument, the State’s representative contends that the ten-year limitation period established in sections 873 and 868 of the Código Civil applies—the former insofar as it establishes a period of 10 years for enforcing judgments, and the latter because it provides the same period for claiming damages—and therefore argues that the period for claiming damages must be calculated from the publication of Decreto N°8494 del 28 de abril de 1978, which created Reserva Forestal Golfo Dulce and was published on 1° de junio de 1978. He likewise argues that Ley Forestal N°4465, in force when that Reserve was created, established expropriation as the remedy when owners refused to submit to the Forest Regime (Régimen Forestal), and that Ley de Expropiaciones N°7495 provides that the rights and causes of action arising under that law shall be subject to a ten-year limitation period.
The representatives of SINAC and INDER advanced the same arguments. Having reviewed the claimants’ arguments regarding the defense of limitation, the Court rules that the defense is without merit for the following reasons: 1. The circumstances covered by the statutory provisions of the Código Civil, Ley Forestal, and Ley de Expropiaciones are not applicable to the case under review. This case does not involve the enforcement of a judgment, because the relief sought (pretensiones) by the claimants does not concern the enforcement of an amparo judgment (ejecución de un amparo), as the co-defendants allege. Likewise, the circumstances contemplated in section 868 of the Código Civil are not present because, under the terms in which this action was brought, the relief sought is not merely compensatory. The same applies to the provisions of the Ley Forestal and Ley de Expropiaciones, because there is no evidence in the case record showing that the defendant parties commenced any proceeding or engaged in any administrative conduct intended to induce the claimants to agree to submit to the Forest Regime, much less that the claimants refused to do so and that some form of expropriation was initiated as a result.
Rather, this matter involves plenary proceedings (proceso de conocimiento) whose purpose is to examine the legality of the Public Administration’s conduct challenged by the claimants. 2. The case record shows that in 2006, specifically in February of that year, INDER received documentation from the claimants intended to comply with the titling procedure approved through Resolution 39, adopted by the IDA Board of Directors at ordinary session number 044-05 of 14 de noviembre del 2005. Under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), this means that, as of that date, the claimants believed that obtaining title would still be possible, and they had received no information to the contrary from the Administration concerned that would have prompted them to claim damages, since that resolution remained in force until its repeal at ordinary session number 040-07 of 19 de noviembre del 2007.
Accordingly, the 4-year period for claiming damages must be calculated from that date, and because this action was filed on 14 de febrero del 2008, it is clear that the statutory period had not yet elapsed at that time. On this point, it must be noted that although the joint action filed in 2008 had to be separated into individual actions by order of the judges responsible for handling this matter, its filing nonetheless demonstrated the claimants’ intent to seek recovery from the Administration for the damages they allegedly sustained as a result of the defendant parties’ conduct, thereby interrupting the aforementioned period.
With respect to the time-bar defense raised by the representatives of INDER and SINAC, this Court has previously stated as follows: “This Court considers that the provisions of Transitory Provision III of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) and Article 175 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)—prior to the amendment introduced by Law number 8508—are not applicable in this case; instead, section 39.1.a of the Code of Administrative Litigation Procedure applies, for the reasons set forth below: a) Although the resolution contained in Article 35, which the Junta Directiva del IDA unanimously approved at ordinary session number 040-2007 held on 19 de noviembre del 2007, became final before the Code of Administrative Litigation Procedure entered into force (01 de enero del 2008), it is also true that the plaintiff did not learn of it until 06 de junio del 2008—because that resolution was not served upon her (recital II, subsection a, of this judgment), even though on 02 de febrero del 2006 she had submitted an application for title (solicitud de titulación) to parcel 28, sector 4, under the special titling procedure (procedimiento especial de titulación) for the Asentamiento Campesino Osa within the Reserva Forestal Golfo Dulce, which, in any event, had already been awarded to her by the Junta Directiva del INDER on 06 de enero de 1999 (pages 165 to 170 of the court record and images 46 to 59 of INDER’s answer to the complaint, available in the pleadings folder of the electronic case file)—the date on which she filed the amparo action (recurso de amparo), processed under expediente 08-008420-0007-CO against IDA, seeking a declaration of absolute nullity (nulidad absoluta) of the resolution adopted by that entity’s Junta Directiva, which revoked the resolution that had established the Procedimiento Especial de Titulación for land located in the Asentamiento Campesino Osa, within the Reserva Forestal Golfo Dulce (pages 1278 to 1307 of the court record); b) Because the plaintiff did not learn of the challenged resolution (Article 35, unanimously approved by the Junta Directiva del IDA at ordinary session number 040-2007 on 19 de noviembre del 2007) until 06 de junio del 2008, by which time the Code of Administrative Litigation Procedure was already in force, the applicable limitation period (plazo de caducidad) is the one-year period established in section 39 of that body of law, rather than the four-year period established in Article 175 of the General Law of Public Administration—prior to the amendment introduced by Law number 8508—because, although the challenged administrative act (acto impugnado) became final before the Code of Administrative Litigation Procedure entered into force, IDA did not serve notice of it upon the plaintiff before 01 de enero del 2008; c) Furthermore, it has been established that on 17 de marzo del 2009, the plaintiff filed a motion alleging new facts and expanding the claims for relief (incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones) in the plenary proceeding (proceso de conocimiento) in which her case was originally processed—that is, expediente 08-000110-0161-CA—requesting that ‘…Resolution Nº 35 of session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, be declared null and Resolution Nº 39 of session 44-05, held on 14 de noviembre del 2005, remain fully in force…’ (pages 1009 to 1013 of the court record).
Consequently, the claim for nullity (pretensión de nulidad) against the resolution contained in Article 35 of ordinary session number 040-2007 held by the Junta Directiva del IDA on 19 de noviembre del 2007 was brought within the one-year period established in section 39 of the Code of Administrative Litigation Procedure, calculated from 06 de junio del 2008, the date on which the plaintiff learned of that resolution, as analyzed in subsection a) of this recital; d) At this juncture, it should be emphasized that, although this case has been assigned number 15-006080-1027-CA, this is due to the following: the original complaint was filed on 14 de febrero del 2008 and processed under expediente 08-000110-0161-CA, and its facts and claims for relief were expanded with respect to resolution 35 of ordinary session number 040-2007 held on 19 de noviembre del 2007, by means of a pleading dated 17 de marzo del 2009 (pages 177 to 237 and 1009 to 1013 of the court record).
Subsequently, through an oral ruling issued on 25 de mayo del 2009, the judges then handling the various plenary proceedings involving cases similar to the one before us ordered, among other matters, the consolidation (acumulación) of expediente 08-000110-0161-CA with expediente 08-000111-161-CA (pages 1034 to 1037 of the court record). However, by a ruling issued at 13:42 hours on 10 de noviembre del 2014, the Case-Management Judge (Jueza Tramitadora) ordered: ‘…Thus, the Court concludes that the only possible solution for allowing the matter to proceed and ensuring the full exercise of the adversarial process (contradictorio) is to separate it, not according to geography or legal status, but by property, in accordance with the attached table. Once this decision becomes final, the case files shall be physically separated and the parties shall be notified of the assigned file number, the assigned judge, and the date on which the preliminary hearing will resume…’ (pages 2040 to 2046 of the court record).
For the foregoing reasons, the proceeding brought by the claimant was assigned file number 15-006080-1027-CA; nevertheless, it bears repeating that the original complaint was filed on 14 de febrero del 2008 and that the expansion of the facts and claims for relief relating to resolution 35 of ordinary session number 040-2007 held on 19 de noviembre del 2007 was received by this Court on 17 de marzo del 2009. Therefore, as analyzed in the preceding subsections, it was filed within the one-year period established in section 39 of the Code of Administrative Litigation Procedure, calculated from 06 de junio del 2008, the date on which the plaintiff learned of the challenged resolution. e) In light of all the foregoing, the time-bar objection (excepción de caducidad) raised by the representative of INDER is denied.” (Judgments N°38-2019-V, at 10:55 hours on 07 de mayo del 2019, and N°08-2022-V, at 08:00 on 31 de enero de 2022).
The same factual and legal circumstances identified in the cited judgment are present in this case, and, as in the case analyzed in that decision, the plaintiffs herein did not learn of the act approving Article 35 adopted by the Junta Directiva del IDA until seis de junio del 2008. This means not only that the applicable limitation period is the one-year period established in section 39 of the Code of Administrative Litigation Procedure, but also that, when the plaintiffs included among their requested relief, through a motion alleging new facts and expanding the claims for relief, a request that the aforementioned Resolution be declared null, one year had not yet elapsed since they learned of that act and, consequently, they remained legally able to challenge it. For the reasons stated, this adjudicative body (Órgano decisor) finds no grounds to alter the rulings issued in cases similar to the one now before us, and the time-bar objection is denied.
Counsel for INDER and the State contend that the plaintiffs lack active standing ad causam (legitimación ad causam activa) because they base their possession on an alleged donation thereof by their father, without producing the public deed (escritura pública) recording that donation, which, they assert, is a requirement for its validity under Articles 1397 and 1399 of the Código Civil. In opposition to this position, counsel for the plaintiffs argues that, pursuant to Article 101 of the Ley de Tierras y Colonización, a title transferring ownership (título traslativo de dominio) is unnecessary. In this regard, it must be clarified that acquisitive prescription (usucapión) requires the concurrence of several elements: that the property be capable of private ownership; that it be transferable in commerce; a title transferring ownership or color of title (justo título); good faith (buena fe); possession; and the passage of time, with such possession exercised as owner, continuously, publicly, peacefully, and for ten years or more.
“Hence, acquisitive prescription is regarded as a means of acquiring ownership and other possessory rights in rem (derechos reales poseíbles), and formal titling (titulación) as the procedure whereby, once the requirements for acquisitive prescription have been established, a registrable title of ownership is granted. Acquisitive prescription is an original means of acquiring a possessory right in rem through the passage of time, subject to the statutory requirements. The legal effect of acquisition by acquisitive prescription occurs automatically through the passage of time, combined with qualifying possession that meets the conditions established for possession for purposes of prescription (posesión ad usucapionem), as well as the other requirements established by law. In general terms, the Código Civil establishes the following requirements for positive prescription (prescripción positiva): a title transferring ownership, good faith, and possession under specific conditions.
Regarding a title sufficient for acquisitive prescription (título hábil para usucapir), legal scholarship has stated that what is required is a legal transaction through which the right possessed is acquired. The title is the fact that serves as the basis for possession and, consequently, for the acquisition of ownership. It is the legal basis, the determining reason for the acquisition. Acquisitive prescription presupposes, at its inception, an act or series of acts whereby a person acquires possession of property that ordinarily should be accompanied by a right over that property, but this does not occur; therefore, the basis for acquisitive prescription coincides with the act by which possession was acquired. The title must be valid, which requires that it be legally effective and consistent with the legal system (lawful)” (Sala Constitucional, N°4587-97 at 15:45 hours on 05 de agosto de 1997).
Accordingly, if any one of these elements is absent, acquisitive prescription cannot occur, and this is true in both civil and agricultural matters. In this regard, in decision N°920-F-2000, the Sala Primera stated: “V.- ...to acquire ownership of real property by acquisitive prescription, the claimant by acquisitive prescription (usucapiente) must satisfy three conditions: possession, a title transferring ownership or color of title, and good faith ...VI.- This Chamber has repeatedly affirmed the need for the claimant by acquisitive prescription to satisfy three statutory conditions for acquisitive prescription to operate, including in cases heard under agricultural jurisdiction....” Now, as counsel for the plaintiffs correctly states, pursuant to Article 101 of the Ley de Tierras y Colonización, “for purposes of the positive prescription addressed in this article, the title transferring ownership required by the Código Civil shall not be necessary” (emphasis added).
This means that in civil matters and in ordinary agricultural acquisitive prescription (usucapión agraria común), the agreement transferring ownership (convenio traslativo de dominio) must be established, since it is an essential requirement for acquisitive prescription to proceed. The same does not apply to special agricultural acquisitive prescription (usucapión especial agraria), or Usucapio pro-labore, in which that color of title consists of agricultural labor (trabajo agrario), through which ownership of the land is acquired. In this regard, see the decision of the Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, N°283-F-08 at 10:30 hours on 08 de mayo del 2008, which states: “Agricultural acquisitive prescription of land is expressly enshrined, as understood by legal scholarship and case law, in the Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de l961 and its amendments, Articles 92 and 101.
The first of these provisions states, insofar as relevant: ‘For purposes of this law, a person shall be deemed a precarious possessor (poseedor en precario) when, out of necessity, that person performs stable and effective acts of possession as owner, peacefully, publicly, and uninterruptedly for more than one year, with the purpose of bringing the land into productive condition for that person’s subsistence or that of the person’s family, on land duly registered in the name of a third party in the Registro Público. Precarious possessors who have possessed the land for ten years under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with this law and through possessory information proceedings (procedimiento de información posesoria)....’ This provision is highly important to Costa Rican Agricultural Law (Derecho Agrario) because its first paragraph enshrines, as a legal institution characteristic of Agricultural Law, precarious possession of land (posesión precaria de tierras) as a form of agricultural possession (posesión agraria), as well as the specific principles that must govern that institution: It consists of the actual control exercised by a person over productive property—registered in the name of a third party in the Registro Público—for the purpose of carrying out stable and effective acts of possession directly aimed at bringing it into productive condition so as to obtain animal or plant products to meet that person’s own needs or those of the person’s family.
In precarious possession of land, the need for food and agricultural labor prevail, which is why the subjective and objective requirements are special; on the one hand, a mere intent to possess (ánimo de poseer) is insufficient, because possession must be exercised out of necessity, directly and personally, to meet the fundamental food needs of the family unit. Moreover, whether good or bad faith exists is immaterial because the possessor under pledge (poseedor en prendario) (sic) knows that the productive property on which the agricultural activity is conducted is registered in the name of a third party in the Registro Público. On the other hand, no title transferring ownership is required (Article 101 of the Ley de Tierras y Colonización), because agricultural labor constitutes the color of title. The most important consequence for Costa Rican Agricultural Law that may be derived from the institution of precarious possession of land is that this institution provides a means of access to productive assets and, consequently, to the right of ownership over them through the passage of time: agricultural acquisitive prescription (usucapión agraria).” It is therefore clear that Article 101 of the Ley de Tierras y Colonización does not dispense with the existence of color of title, even in special agricultural acquisitive prescription; rather, that requirement does not have the same characteristics as the one required under civil legislation.
Thus, as already indicated, agricultural labor constitutes that color of title. In the present case, it has not been established that the plaintiffs carried out any productive activity on the land. To the contrary, the plaintiffs’ witnesses uniformly stated that no activity of any kind is conducted on the property and that it is uninhabited, a situation confirmed by the supplementary evidence admitted at the request of INDER, consisting of Inspection Report N°INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024. Although they contend that the respondent administration (administración accionada) has prevented them from carrying out any work related to the exploitation of the parcel, the fact remains that there is no material act (actuación material) or administrative act (acto administrativo) establishing the existence of any conduct by INDER, the State, or SINAC intended to prevent the plaintiffs from inhabiting and exploiting the parcel in question.
The foregoing therefore brings us to the valid title (justo título) by which they seek to establish their possession (posesión), which, as indicated, in this case is not the working or exploitation of the property, or even its minimum maintenance or the making of improvements. According to the case file for the title application concerning parcel 77, sector 5 of Asentamiento Osa, the alleged right of possession (derecho de posesión) arose from a gift made to them by their father in 1995. Both stated as much in an affidavit (declaración jurada) executed before Notary Ramón Francisco Zumbado Retana on 10 de enero del 2006. Nevertheless, that fact has not been established either; not only is there no public deed (escritura pública) proving the aforementioned gift, as required by sections 1397 and 1399 of the Código Civil, but there is also no other evidence demonstrating to the Court that the gift actually took place.
Moreover, the plaintiffs’ statement in the aforementioned affidavit—that through this legal mechanism their father transferred possession of the property in question—contradicts what they stated before Notary Public Gerardo Araya Arias in deeds 209, executed at 16:00 hours on 11 de junio de 2003, and 222, dated 23 de junio de 2003. In those deeds, respectively, Celia and Marlyn Mendoza Gómez swore that they had possessed parcel N°77 of sector 05 of Asentamiento Osa, described in registered survey plan (plano catastrado) P734207-01, for twenty-five years because, upon their father’s death, IDA granted them possession. This is strange considering that it has been deemed established, according to the copy of Death Declaration Certificate N°0050123, that Alejandro Mendoza Hernández, the plaintiffs’ father, died on 15 de febrero del 2001. It follows that on 11 and 22 de junio de 2003, when they appeared before a notary public and declared under oath that they had possessed property 77 of sector five of Asentamiento Osa for more than twenty-five years because INDER had conveyed it to them upon their father’s death, Mr.
Mendoza Hernández had in fact been deceased for only two years and a few months. It is therefore impossible to accept as true the plaintiffs’ statements made before Notary Araya Arias, according to which, by 2003, they had possessed the aforementioned property for twenty-five years as a consequence of their father’s death, without any clarification as to whether this possession was calculated by adding original possession (posesión originaria) to derivative possession (posesión derivada). Furthermore, those deeds state that the basis for the acquisition was that IDA granted them possession, which is inconsistent with their subsequent assertion that they acquired it as a gift from their father. Given these contradictions, this Court cannot ascertain the basis on which the possession now alleged was acquired. Likewise, contrary to the assertion of the plaintiffs’ representative, Official Letter OSO-015-06, dated 09 de enero de 2006, in which the Oficina Subregional de Osa issued a certification stating: “according to our Database, censuses, and records, parcel N°77 of sector 5, Asentamiento Campesino Osa, has been in the possession of CELIA MENDOZA GOMEZ, identification card 5-268-443, and MARLYN MENDOZA GOMEZ, identification card 5-283-273, for more than 10 years.
Likewise, this property records as previous occupants Alejandro Mendoza Hernández, with 12 years of possession, which demonstrates total possession of 40 years”; and Official Letter OSO-008-06, dated 09 de enero de 2006, in which the Oficina Subregional de Osa issued a certification stating that: “according to our Database, censuses, and records, CELIA MENDOZA GOMEZ, identification card 5-268-443, and MARLYN MENDOZA GOMEZ, identification card 5-283-273, appear registered as IDA Beneficiaries, as occupants for more than 10 years of parcel N°77. Sector 5, Asentamiento Campesino Osa, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia Puntarenas, measuring 157 Ha 3.034,12m., with the following boundaries: NORTH: Río Drake and Public Road SOUTH: Parque Nacional Corcovado EAST: José Gregorio Mendoza Mendoza WEST: Juan Ángel Zambrana Zambrana,” are likewise insufficient to establish ownership of a subjective right (derecho subjetivo) or legitimate interest (interés legítimo) connected with the subject matter of these proceedings.
This is not only because, standing alone, they do not constitute the required valid title that could shed light on whether the plaintiffs have active standing on the merits (legitimación ad causam activa), and which, together with other circumstantial evidence (prueba indiciaria), might provide this adjudicative body with the necessary conviction as to the existence of valid title, but also because Mario Jiménez Quirós, who purportedly signed those official letters, stated at the trial hearing that he had not signed them. This casts doubt on the truthfulness of what is certified therein, as well as on the source of the data recorded in those documents. Accordingly, neither under the provisions governing civil acquisitive prescription (usucapión civil) nor under those governing special agrarian acquisitive prescription (usucapión especial agraria) has the indispensable valid title been established that would confer upon the plaintiffs the legal status of possessors of parcel N°77 of sector 05 of Asentamiento Osa.
It follows that the plaintiffs lack the necessary connection to the substantive right (derecho de fondo) that they seek to exercise or enforce in these proceedings. Furthermore, following Mr. Mendoza Hernández’s death, given his alleged ownership of a right of possession over parcel N°77 of sector 05 of Asentamiento Osa and because that right had not been recognized by the competent Administration, the proper course was to comply with the provisions governing procedural succession (sucesión procesal), in this case at the administrative level, so that his heirs could continue and potentially complete the administrative titling proceeding (procedimiento administrativo de titulación). The plaintiffs did not choose that avenue in this case. In view of all the foregoing, the Court must uphold the defense of lack of active standing on the merits and declare the complaint inadmissible because the plaintiffs’ ownership of a subjective right connected with the subject matter of the proceedings and the claims they asserted has not been established. Given the manner in which the matter is resolved, it is unnecessary to rule on the remaining defenses raised by the respondent party.
Pursuant to section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, court costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of having lost. Exemption from such an award is warranted only when, in the Court’s judgment, there was sufficient cause to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this panel finds grounds to apply the exceptions established by law and depart from the principle that costs are awarded against the losing party. This is because the record shows, and the Court has deemed it proven, that on 20 de noviembre de 1974, Osa Productos Forestales, S.A. and the Instituto de Tierras y Colonización (hereinafter referred to by its acronym, ITCO) entered into a preliminary settlement agreement aimed at transferring to the latter those areas of the properties owned by the former that were necessary—following the completion of censuses and studies by that entity—to provide economically exploitable land to occupants who qualified as squatters (poseedores en precario).
The record also shows that Decreto Ejecutivo número 8494-A, de 28 de abril de 1978, which entered into force on 1° de junio de 1978, created the Reserva Forestal Golfo Dulce. Among other provisions, that Decree stipulated: “Article 8.- Registered properties, properties held under ten-year possession (posesión decenal), and properties under established precarious possession (posesión precaria) within the boundaries of the Reserve shall automatically become subject to the Forest Regime (Régimen Forestal) ... Article 9° The Dirección General Forestal shall arrange for the direct purchase or expropriation of privately owned lands located within the boundaries of this Reserve that are indispensable to its integration ... Article 10° The relocation and resettlement of occupants who have possessed land within this Reserve for more or less than ten years shall, pursuant to the Ley Forestal, be carried out with the participation of the Instituto de Tierras y Colonización”; and that by Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, for the purpose of implementing the peasant-settlement plan developed by ITCO, the following properties belonging to Osa Productos Forestales S.A. were expropriated: N°22048, N°8947, N°22046, all in the Provincia de Puntarenas, which “constitute a single agricultural-forestry unit on the ground.” That Decree authorized the “...Procuraduría General de la República to appear before the notary public designated by the Instituto de Tierras y Colonización to execute the corresponding deed transferring the expropriated assets and, in the same act, to transfer them to said Institute, which shall allocate them to the purposes established in ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 and its amendments….” It was further established that, by judgment número 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, the Sala Constitucional ordered MINAE, acting through the Dirección General Forestal or the Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, to “comply with the provisions of Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A and initiate expropriation proceedings … jointly prepare, with those appellants whom the census identifies as owners or lawful possessors, a land-use plan consistent with the Regime governing the lands and allowing the owners or lawful possessors to support and sustain themselves while the expropriation proceedings remain pending….” It was likewise established that, through official letters DM-975-05, de 23 de junio de 2005, and DM-1547-2005, de 23 de septiembre de 2005, the then Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, endorsed the land-titling process within the Reserva Forestal Golfo Dulce.
It was also proven that on 08 de octubre de 2005, the seventh meeting was held of the Comisión Tripartita composed of the then IDA, now INDER, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Sindicato de Productores Agrícolas Independientes del Cantón de Osa. At that meeting, which was attended by officials of the aforementioned entities and agencies, it was agreed to request that the Junta Directiva del IDA approve the procedure for continuing to grant property titles in the Asentamiento Campesino Osa and to request the corresponding endorsement from MINAE; and that acuerdo 39, approved by the Junta Directiva del IDA at ordinary session número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, established a special procedure “so that, in property número 39334-000 of the Partido de Puntarenas, owned by IDA and comprising the Asentamiento Campesino Osa, located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, property titles may be granted to occupants who demonstrate possession for at least ten years prior to 1 de junio de 1978.” This list of proven facts concerning the Administration involved reveals inconsistent conduct in its treatment of the Asentamiento Osa, which it itself conceived, as well as of the individuals and families who occupied those lands and were prevented from obtaining title to them as a result of the creation of the Reserva Forestal de la Península de Osa.
This circumstance, together with the fact that the plaintiffs’ father was included in the census conducted by IDA in compliance, according to IDA, with the order issued by the Sala Constitucional in judgment 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, and the fact that the same entity opened title-application files and accepted and incorporated into those files the documents submitted by the plaintiffs, could reasonably have led them to believe that they held a subjective right (derecho subjetivo) conferring standing upon them to bring this action. Accordingly, this matter is decided without a special award of costs with respect to the action against the State and INDER. As regards codefendant René Mendoza Mendoza and SINAC, this matter is likewise decided without a special award of costs, but in this instance because they were joined to the proceedings pursuant to a judicial decision concerning the necessary joinder of defendants (litis consorcio pasiva necesaria).
POR TANTO
The evidence offered by the State’s representative for the purpose of further adjudication (prueba para mejor resolver), consisting of Oficio OTOS-292-2017, Oficio SINAC-SE-IRT-108, Oficio IRT-451-2018; nota de 09 de marzo de 2007, as well as oficio OSO-0205-92, is rejected. Only the evidence consisting of the copies furnished by the Archivo Notarial of deeds 209 and 222, executed before Notario Público Gerardo Araya Arias on 11 y 23 de junio del 2003—the first by Celia and the second by Marlyn, both Mendoza Gómez—is admitted. The evidence submitted by INDER for the purpose of further adjudication, consisting of inspection report N°INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024, is admitted. The survey reports submitted by the State’s representative and codefendant René Mendoza Mendoza are rejected. The defense of lack of active standing on the merits (falta de legitimación ad causam activa) raised by the representatives of INDER and the State is sustained. The action brought by Celia Mendoza Gómez and Marlyn Mendoza Gómez against René Mendoza Mendoza, the State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is declared inadmissible. This matter is decided without a special award of costs. Let notice be served.
Ileana Isabel Sánchez Navarro Marianella Álvarez Molina Juan Luis Giusti Soto ???????????????
ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, DECIDING JUDGE JUAN LUIS GIUSTI SOTO, DECIDING JUDGE MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
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CONOCIMIENTO ACTOR/A:
CELIA MENDOZA GOMEZ DEMANDADO/A:
EL ESTADO N° 2024003758 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cuarenta y uno minutos del doce de Junio del dos mil venticuatro.- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Anexo A. Goicoechea.
Proceso de conocimiento planteado por Cecilia y Marlyn Mendoza Gómez, por su orden, cédula de identidad 5-0268-0443 y 5-0283-273, representadas por Ricardo Zeledón Zeledón, carné profesional 1422; contra el Estado, en cuya representación actúa Susana Fallas Cubero, carné profesional 9669, asistida por Hazel Hernández Calderón, carné profesional 27503; el Instituto de Desarrollo Rural, el cual interviene por medio de su Apoderada Especial Judicial María Fernández Chinchilla, carné de abogada 20578; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quien actúa por medio de Mario Hidalgo Ramírez, carné 20578; y René Mendoza Mendoza, quien cuenta con la asistencia de Carlos Echeverría Perera, carné profesional 2389.
RESULTANDO
I.Por escrito presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el 14 de febrero del 2008, las señoras Celia y Marlyn Mendoza Gómez, junto con otras 22 personas, plantearon proceso de conocimiento contra el ESTADO y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Con base en los hechos que expusieron y fundamentos de derecho alegados en esa oportunidad, formularon sus pretensiones, las cuales fueron posteriormente modificadas, en la audiencia preliminar llevada a cabo a partir de las 08:40 horas del 07 de octubre del 2015, como sigue: "PRETENSIÓN PRINCIPAL:1. Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005. El acuerdo derogado otorgó derechos a los actores reconociéndoles al 10 de mayo 2006, memorandum OSO-192-06, 68 años de posesión en la parcela número 26 del sector 6 del Asentamiento Osa, cuyo acto jurídico no fue notificada a los actores por parte de la institución, y el IDA, no promovió proceso de lesividad, porque caducó completamente. 2.
El Instituto de Desarrollo Agrario reconoció como BENEFICIARIOS del Instituto, y con una posesión de 68 años en forma quieta, pacífica, sin interrupción, por sí y sumada la posesión de sus transmitentes, con más de 68 años según OSO-192-06, de más de 10 años antes de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, a los actores MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula 6-061-946 y a MARÍA DELIA conocida como CECILIA OVARES VILLALOBOS, mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula 2-234-867. Dicho reconocimiento de la posesión a los actores fue en el Asentamiento Campesino OSA dentro de la finca inscrita a nombre del IDA o INDER en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real 6-39334 secuencia 000, situada en la Península de Osa. 3. De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva del IDA número 39 de la sesión 44-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005, los actores tenían derecho a entrega de las escrituras sobre la parcela N°26 del sector 6, situada en Sector Estero Guerra de Drake, distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, lindante norte: Calle Pública, sur: Compañía Hermanos Brenes S.A., este: Calle Pública y Compañía Hermanos Brenes S.A. y oeste: Juan Marín Alpízar, Sérvulo Sandoval Mata y Osvaldo Rosales Rosales, mde 77 hectáreas 4.704,75 metros cuadrados.
El Instituto de Desarrollo Agrario también DECLARO (sic) que dicha parcela registra como ocupantes anteriores a los señores BERNARDA MORALES OSANDO, cédula 6-039-772, con una posesión de 10 años; LISÍMACO MARÍN MADRIGAL, cédula 6-041,838, con una posesión de 20 años; FERNANDO RIVAS (no registra número de cédula ni segundo apellido) con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años (Memoriales OSO-191-06 de 10 de marzo). Existe un plano catastrado en el Registro Nacional bajo el N°P529961-98 a nombre de MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, de la parcela 26 con una medida de 77 hectáreas 4704.75 metros cuadrados. Conforme al expediente administrativo se solicitó se les reconociera una POSESIÓN DE MAS (sic) DE 68 AÑOS. La Oficina Sub Regional de OSA debió considerar la declaración jurada rendida por este actor, la cual constituye plena prueba conforme al Acuerdo de Junta Directiva, y reconocerle el tiempo de posesión ejercida en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe, sumada la posesión de sus transmitentes.
Esto, de todas formas, debería ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del Instituto al resolver sobre el fondo el caso presentado en el expediente. Pero no se continúo (sic) con el trámite porque el expediente administrativo fue paralizado por el Instituto, por la acción del Ministerio del Ambiente y la Procuraduría. Por ello no se hizo el análisis de fondo según autorizo el Acuerdo de Junta Directiva, ni se termino (sic) el trámite. 4. El acuerdo número 39 de la sesión 44-05 de la Junta Directiva del IDA al reconocer nuevamente los derechos de los usucapientes creó un procedimiento administrativo para entregar los títulos de propiedad, sin ningún tipo de limitaciones o reservas, sobre la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real 6-39334 secuencia 000, del Asentamiento Campesino OSA, a los actores MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula 6-061946 y a MARÍA DELIA conocida como CECILIA OVARES VILLALOBOS, mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula 2-234-867; sobre las parcelas donde el Instituto los declaró sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa.
Los actores y demás beneficiarios se sumaron al procedimiento administrativo hasta que enero del 2008 la Oficina Regional de Osa les devolvió parte de los documentos entregados y les dijeron que no iniciarían más trámites nuevos ni terminarían los ya iniciados, porque la Procuraduría y el IDA así lo habían decidido. 5. El Estado, el INDER y SINAC deben indemnizar la finca a los actores conforme la normativa antigua y reciente que reconocen sus derechos. Conforme establecen los decretos número 8498-A del 20 de abril de 1978, creador de la Reserva Golfo Dulce y reconocedor de los derechos de indemnización por expropiación a los poseedores usucapientes y el decreto 9388-A del 30 de noviembre de 1978, donde se reiteró el reconocimiento de los usucapientes y el artículo 39 de la sesión de Junta Directiva del IDA 44-05 del 14 de noviembre de2005, donde se interrumpió todo tipo de prescripción contra los actores al disponer de un procedimiento administrativo para reconocer los derechos de los usucapietes 10 años antes de la declaratoria de la Reserva Forestal, a los poseedores actuales, demostrable mediante declaración jurada de su cadena posesoria, ratificado todo ello por la sentencia de la Sala Constitucional número 97-2456 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997. 6.
El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá indemnizar, en la vía de ejecución de sentencia a los mismos actores, por concepto de daños y perjuicios, todas las limitaciones impuestas a partir de 1979 y hasta la fecha del efectivo pago, con ocasión de la creación de la Reserva de Golfo Dulce, por haber declarado sus parcelas y sus fincas afectas al régimen forestal, que les ha impedido trabajar, cultivar, mejorar sus parcelas en la actividad agraria, así como por la prohibición de realizar cualquier actividad comercial, industrial, tener ganado, o en cualquier forma ejercer el derecho de propiedad adquirido, anteponiendo las limitaciones forestales sin haber indemnizado a los actores por esa conducta en beneficio de la conservación del bosque, porque con esa actitud se ha infringido de facto todos los derechos inherentes a la propiedad agraria, con una actitud arbitraria y discriminatoria respecto de todos los demás ciudadanos.
Estos daños y perjuicios no podrán ser inferiores al concepto de "Incentivo forestal" consistente en el incentivo que le otorga el Estado a los administrados para conservar el bosque. 7. El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá pagar el daño moral a los actores, estimado en cincuenta millones de colones, consistente en el sufrimiento de casi 40 años de penar por no encontrar una solución jurídica ni económica a su problema agrario y ambiental, por vivir en estado de inseguridad, viendo empobrecerse a su familia mientras tenían prohibiciones para cultivar, mejorar o realizar actividades económicas, industriales o comerciales. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: 1. Si no se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a la entrega de los títulos de propiedad, sin ninguna limitación, por la naturaleza jurídica de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, según la pretensión marcada 3) de la pretensión principal, entonces se pide se le condene de la siguiente forma: El Estado, el INDER y SINAC, en particular el Estado deberá indemnizar los derechos de los actores, como compraventa a razón de diez millones de colones por hectárea o a justa tasación de peritos y al valor del momento cuando se pague, a los actores MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula 6-061946 y a MARÍA DELIA conocida como CECILIA OVARES VILLALOBOS, mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula 2-234-867; sobre las parcelas que el Instituto los ha declarados (sic) sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa, por haber adquirido sus derechos con una posesión decenal anterior a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce, debiendo fijarse esa indemnización en ejecución de sentencia. 2.
En ambos casos, en la pretensión principal o en la subsidiaria, se debe condenar al Estado, INDER o al SINAC, al pago de ambas costas de esta acción. (imágenes 143 a 211 y 2220 a 2229 del expediente judicial que corresponden al escrito de demanda y al Acta de la Audiencia Preliminar).
II.En resolución de las 13:22 horas del 18 de febrero del 2008, la entonces Jueza de la etapa de trámite, Sady Jiménez Quesada, cursó la demanda y confirió su traslado a la parte accionada. Al proceso le fue asignado el expediente N°08-111-161-CA (ver auto de traslado a imágenes 212 y 213 del expediente judicial).
III.En escrito presentado ante el Tribunal el 08 de abril del 2008, la representación del INDER (entonces IDA), contestó negativamente la demanda y planteó las defensas de falta de derecho, de legitimación y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 258 a 281 del expediente judicial).
IV.En memorial presentado ante el Tribunal el 23 de abril del 2008, la representación del Estado contestó negativamente la demanda y formuló las siguientes excepciones: incompetencia, cosa juzgada, prescripción, falta de derecho, falta de interés actual y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 301 a 370 del expediente judicial).
V.En auto sentencia N°553-2008, de las 13:02 horas del 22 de agosto del 2008, la persona juzgadora de la etapa de trámite, rechazó la defensa de falta de competencia (ver resolución a imágenes 895 a 921 del expediente judicial).
VI.En resolución N°000067-C-S1-2009, de las 11:36 horas del 22 de enero del 2009, la Sala Primera declaró que el órgano competente para conocer este asunto es el Tribunal Contencioso Administrativo (ver resolución a imágenes 941 a 859 del expediente judicial).
VII.En fallo de las 15:18 horas del 25 de mayo del 2009, las personas juzgadoras Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron acumular los expedientes 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, 08-46-1027-CA, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA AL 08-111-161-CA (ver Acta de la Audiencia a imágenes 981 a 984 del expediente judicial).
VIII.En resolución de las 14:52 horas del 25 de agosto del 2009, las personas juzgadoras José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron integrar al proceso al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante denominado por su acrónimo como SINAC), al cual confirió el traslado de la demanda en resolución de las 14:20 horas del 03 de septiembre del 2009 (ver por su orden, Acta de la Audiencia y el auto de traslado de la demanda a imágenes 1214 a 1219, 1222 y 1223 del expediente judicial).
IX.En escrito presentado ante el Tribunal el 30 de octubre del 2009, la representación del SINAC contestó negativamente la demanda y presentó las defensas de falta de derecho, legitimación ad causam activa, incompetencia, defectos de la demanda que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, prescripción o caducidad del derecho (ver escrito de contestación a imágenes 2115 a 2155 del expediente judicial).
X.Que según resolución de las 10:06 minutos de 29 de octubre de 2015, se ordenó la separación de las pretensiones de cada demandante en expedientes independientes (imagen 2004 del expediente judicial).
XI.En escrito presentado ante el Tribunal el 14 de marzo de 2016, la parte actora planteó nuevamente su escrito de pretensiones y de hechos de la demanda. En ese acto solicitaron que en sentencia de declare: 1. El Acto Administrativo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, Nº 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre del 2007, ES NULO porque como Acuerdo DEROGATORIO del Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05 del 14 de noviembre del 2005 FUE OCULTADO, Y NUNCA NOTIFICADO POR EL ESTADO Y EL IDA, EN FORMA PERSONAL, NI EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO de las actoras TRAMITADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OSA para dejar sin fundamento el Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05, de la Junta Directiva del 14 de noviembre del 2005.
XII.En escrito presentado ante el Tribunal el 31 de marzo de 2016, la representación del SINAC contestó negativamente la demanda y formuló las defensas de prescripción, falta de derecho y de legitimación (imágenes 2055 a 2077 del expediente judicial).
XIII.El 08 de abril de 2016, el Estado contestó negativamente la demanda y formuló las excepciones de falta de derecho, prescripción, cosa juzgada y falta de legitimación ad causam activa (imágenes 2079 a 2133 del expediente judicial).
XIV.El 12 de abril de 2016, la representación del INDER, contestó negativamente la demanda y presentó las defensas de falta de derecho y de legitimación activa y pasiva, así como de interés actual (imágenes 2295 a 2332 del expediente judicial).
XV.Los días 14 de marzo, 31 de octubre y 04 de noviembre de 2016, así como el 09 de agosto de 2022, fueron realizadas las audiencias preliminares que se llevaron a cabo luego de la individualización de las pretensiones. En la audiencia del 31 de octubre de 2016, se rechazó la defensa de cosa juzgada, y las excepciones de caducidad y prescripción fueron dejadas para resolverse en sentencia (por su orden, las actas correspondientes pueden verse a imágenes 2333. 2843, 2363 a 2367 y 2828 a 2829 del expediente judicial)..
XVI.En resolución de las 08:00 del 05 de febrero de 2020, el expediente fue devuelto a la etapa de preliminar, con la finalidad de reponer los trámites procesales atinentes a la integración con el señor René Mendoza Mendoza (imágenes 2499 a 2201 del expediente judicial).
XVII.En resolución de las 20:53 horas del tres de julio de 2020, el Juez Josué Salas Montengro, confirió el traslado de la demanda al señor René Mendoza Mendoza (imagen 2514 del expediente judicial).
XVIII.En resolución de las 14:06 horas del 1° de diciembre de 2020, el señor Mendoza Mendoza fue declarado en estado de rebeldía (imágenes 2522 a 2527 del expediente judicial).
XIX.La audiencia de juicio oral y público fue realizada a partir de las 09:10 horas del 15 de mayo de 2024. En dicha actuación procesal estuvieron presentes la totalidad de las partes. Se confirió audiencia para subsanar defectos procesales y sobre la prueba para mejor resolver, cuya admisibilidad se dejó para la etapa de deliberación y dictado de la sentencia. Se evacuó la prueba admitida y por lo avanzado de la hora 19:47 horas, fue otorgado a las partes el plazo de cinco días hábiles para rendir conclusiones por escrito. Finalmente se declaró el asunto complejo (la minuta de la audiencia está visible a imágenes 2940 a 2960 del expediente judicial).
XX.Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, una vez transcurrido el que fue otorgado a las partes para rendir sus conclusiones, mismas que fueron presentadas oportunamente, según consta en imágenes 2962 a 3034 del expediente judicial. No se observan vicios que puedan invalidar lo actuado. Concurren con su voto la Jueza Álvarez Molina y el Juez Giusti Soto. Redacta la Ponente, Sánchez Navarro.
Por la forma en la cual será resuelto este asunto, y que se indicará más adelante, el Tribunal estima innecesaria y por lo tanto se rechaza, la prueba para mejor resolver ofrecida por la representación del Estado, y que consiste en el Oficio OTOS-292-2017, Oficio SINAC-SE-IRT-108, Oficio IRT-451-2018; nota de 09 de marzo de 2007, así como el oficio OSO-0205-92. Únicamente se admite la prueba consistente en las copias proporcionadas por el Archivo Notarial de las escrituras 209 y 222, otorgadas ante el Notario Público Gerardo Araya Arias, el 11 y 23 de junio del 2003, la primera por la señora Celia y la segunda por la señora Marlyn, ambas Mendoza Gómez. Se admiten las copias de dichas escrituras públicas, porque este Órgano decisor considera que ambos instrumentos son necesarios para analizar la legitimación activa de las demandantes, presupuesto esencial cuya existencia precisa determinarse a fin de establecer la procedencia o no de las pretensiones planteadas por las actoras en su demanda.
En lo que concierne a la prueba para mejor resolver ofrecida por el INDER, y que consiste en el informe de inspección N° INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024, visible a imágenes 2905 a 2917 del expediente judicial, se admite, por estimarlo vinculado a la existencia o no de justo título agrario de la parcela 77, sector 05 del Asentamiento Osa. En lo que concierne a los informes topográficos presentados por la representante del Estado, así como por el codemandado Mendoza Mendoza, por estimarlos innecesarios para resolver este asunto, lo procedente será su rechazo.
De importancia para resolver este asunto, se enuncian los siguientes:
Luego de recibida la solicitud con todos los requisitos la Oficina Subregional del IDA en Osa, en acción conjunta con la Dirección del Área de Conservación Osa del MINAE procederían a llevar a cabo una inspección ocular con la finalidad de verificar la presencia del ocupante del inmueble, sus linderos, su naturaleza, levantar un acta y verificar en las bases de datos la información. Posteriormente el representante regional del MINAE y del IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirían la recomendación respectiva para otorgar o denegar el título solicitado; lo cual sería remitido al Director de la Región Brunca del IDA, para emitir la recomendación y en el caso de que"...resultare positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el área de titulación y éste lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente…” (ver copia del Acuerdo de cita a imágenes 69 a 74 del expediente judicial).
De importancia para resolver esta demanda, no se se acreditaron los siguientes hechos:
4). Que las demandantes realicen labor agraria en la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa (no existe prueba en el expediente que lo acredite, y por el contrario en el informe realizado por servidores del Inder el 02 de mayo de 2024 N° INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024, que consiste en la inspección de la parcela, visible a imágenes 2905 a 2917 del expediente judicial).
Las demandantes fundamentas su acción en las siguientes razones: La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar su nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad. Sostienen además, que fueron declaradas como poseedoras de la parcela N°77, sector 05 del Asentamiento Osa por el IDA y que han logrado acreditar su posesión por más de cuarenta años y que por ese motivo debe ordenarse la titulación de esos terrenos a su favor.
Indican además que en caso de que no se les reconozca la posibilidad de titular, se debe proceder a indemnizar a título de expropiación. Asimismo dicen que las limitaciones surgidas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal les ha impedido desarrollar proyectos comerciales, industriales y agropecuarios, por lo que consideran que debe indemnizarse esa pérdida de oportunidad. Aducen también que durante años han permanecido en la zozobra, lo que les ha causado sufrimiento y por consiguiente, daño moral subjetivo.
La representación del Estado sostiene que las demandantes carece de legitmación activa. Sobre el particular afirma que las actoras alegan su condición de poseedoras en razón de que su padre les donó la posesión en el año de 1995, hecho que según la representante del estado no han logrado acreditar mediante documento idóneo, el cual, según indica, consiste en una escritura otorgada ante una notaría pública. Lo anterior de conformidad con las disposiciones de los numerales 1397 y 1399 del Código Civil. según notario público. Señala que las actoras no participaron del trámite previsto en el artículo 39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre el 2005, motivo por el cual, no pudieron derivar ningún derecho de ese procedimiento. Indica que no demostraron usucapión ni propiedad previa de la reserva Forestal Golfo Dulce y dice que el oficio OSO 192-06, no es un reconocimiento de la posesión. Aduce que el título adquisitivo de las porciones de la parcela no fueron acreditados. Asimismo indica que la adjudicación de la parcela. Alega que el voto 2456-97 emitido por la Sala Constitucional indicó que las diligencias de expropiación o compra directa a cargo de la Administración, Manifiesta que no existen daños y perjuicios que deban indemnizarse, respecto de los cuales, también alega la defensa de prescripción.
La representación del INDER reiteró la falta de legitimación activa de las demandantes, por idénticas razones que las esgrimidas por la personera del Estado. Sostiene además que en su caso, existe una falta de legitimación pasiva, toda vez que la finca N°39334, si bien pertenece registralmente al INDER, es patrimonio forestal del Estado, motivo por el cual no puede disponer de esos bienes. Indica además, que desde 1978 existe un impedimento legal para la adquisición y titulación por parte de los terceros del inmueble de referencia, por ser éste Patrimonio Natural del Estado. Señala que existe culpa de la víctima, por cuanto en todo momento, tuvo conocimiento de la naturaleza del inmueble y las limitación derivadas de esa condición. Estima que no fue acreditada la posesión decenal previa a la creación de la reserva por parte de las actoras. Indica que a la actora le "asiste la falta de derecho y la falta de legitimación para demandar al INDER".
Indica que el Acuerdo de Junta Directiva N°35 de Sesión Ordinaria 040-2007, de 19 de noviembre de 2007, derogó el Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, y que para esa anulación no se requería acudir al procedimiento referido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. Solicita acoger las defensas de caducidad y de prescripción presentadas porque, según afirman, los demandantes tuvieron conocimiento de la derogatoria del Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, más de diez años antes de la interposición de la demanda. Alega también la prescripción, porque pasaron más de diez años entre la interposición de la demanda y la promulgación del Decreto Ejecutivo 8494. Indica además la existencia de falta de interés, pues el reglamento que señalaba el procedimiento para titular fue derogado.
La representación del SINAC sostiene que los actores eran poseedores en precario, motivo por el cual no operaban a su favor las obligaciones a cargo del Estado dispuestas en el Decreto Ejecutivo 8494-A. Indica además que la pretensión de daños y perjuicios estaría prescrita, por haber transcurrido más de diez años desde la publicación del Decreto que creó la Reserva Forestal. Sostiene que es improcedente la titulación de tierras que son Patrimonio Natural del Estado.
En lo esencial aduce que no existe superposición de planos o fincas ni traslape alguno de su parcela, que es la número 34 del sector 6 del Asentamiento Osa, con la parcela 77, ubicada en el sector 5 de dicho Asentamiento. Indica que de acuerdo con la prueba evacuada, ambos inmuebles no son colindantes y solicita declarar sin lugar la demanda planteada en su contra, así como que se condene en costas a la parte actora.
En relación con este planteamiento, la representación del Estado sostiene que corresponde la aplicación de la prescripción decenal establecidos en los numerales 873 y 868 del Código Civil -el primero en cuanto señala una plazo de 10 años para la ejecución de sentencias y el segundo por disponer ese mismo período para reclamar daños y perjuicios-, por lo cual aduce que el plazo para reclamar daños y perjuicios debe contarse a partir de la publicación del Decreto N°8494 del 28 de abril de 1978, que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo cual tuvo lugar el 1° de junio de 1978. Asimismo, argumenta que la Ley Forestal N°4465, vigente al crearse a referida Reserva, establecía la expropiación como remedio ante la negativa de los propietarios a someterse al Régimen Forestal y que por su parte, la Ley de Expropiaciones N°7495 dispone que los derechos y acciones derivados de esta ley, prescribirán en un plazo de diez años.
Idénticos argumentos plantearon las representaciones del SINAC y del INDER. Analizados los alegatos presentados por las demandantes en relación con la defensa de prescripción, el Tribunal resuelve que ésta resulta improcedente por las siguientes razones: 1. Los supuestos comprendidos en las disposiciones normativas del Código Civil, de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones no resultan aplicables al caso bajo examen. Así, en la especie no nos encontramos ante una ejecución de sentencia, pues las pretensiones planteadas por la parte actora no se refieren a la ejecución de un amparo, como se alega por los codemandados. En igual sentido, tampoco nos encontramos ante los supuestos del numeral 868 del Código Civil, pues de conformidad con los términos en los cuales fue planteada esta demanda, las pretensiones no son meramente indemnizatorias. Lo mismo ocurre respecto de las disposiciones de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones, ya que no existe evidencia en el expediente que acredite que la parte accionada hubiese iniciado algún procedimiento o de que emitió algún tipo de conducta administrativa tendente a que la parte actora aceptara someterse al Régimen Forestal, y menos aún de que la parte demandante se negara a hacerlo y de que con ocasión de ello se inició algún tipo de expropiación.
Luego, en este asunto nos encontramos ante un proceso de conocimiento cuyo objeto es examinar la legalidad de las conductas de la Administración Pública cuestionadas por la parte accionante. 2. Consta en el expediente que para el año 2006, concretamente en el mes de febrero de ese año, el INDER recibió documentación de las demandantes tendentes a cumplir con el procedimiento de titulación que había sido aprobado mediante acuerdo 39 aprobado por la Junta Directiva del IDA, en sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, lo cual, bajo el principio de confianza legítima implica que las actores, para esa fecha, consideraban que aún sería posible titular, sin que hubiesen recibido de la Administración concernida algún tipo de información en sentido contrario, que las moviera a reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pues el referido acuerdo, estuvo vigente hasta su derogatoria en la sesión ordinaria número 040-07 del 19 de noviembre del 2007.
Luego, es partir de esa fecha que deberá computarse el plazo de 4 años para reclamar daños y perjuicios, y siendo que esta demanda fue presentada el 14 de febrero del 2008, es claro que para ese momento, este período fijado por ley, no había pasado. En este punto es menester indicar que si bien es cierto, por orden de las personas juzgadoras a cargo de la tramitación de este asunto, la demanda conjunta planteada en el 2008 debió individualizarse, lo cierto es que con su presentación se evidenció la intención de las actoras en orden a reclamar a la Administración los daños y perjuicios que según afirman, experimentaron con ocasión de la conducta de la parte accionada, interrumpiEndo el plazo antes referido.
En relación con la defensa de caducidad, planteada por las representaciones del INDER Y DEL SINAC; este Tribunal ya ha indicado lo siguiente: "Considera este Tribunal que en la especie no resulta aplicable lo dispuesto en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, sino el numeral 39.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, el acuerdo contenido en el artículo 35 que la Junta Directiva del IDA, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, quedó en firme antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (01 de enero del 2008); también lo es, que la parte actora tuvo conocimiento del mismo hasta el 06 de junio del 2008 –pues dicho acuerdo no le fue notificado (considerando II aparte a de esta sentencia), a pesar de que el 02 de febrero del 2006 presentó una solicitud de titulación de la parcela 28 sector 4, al amparo del procedimiento especial de titulación en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, que en todo caso, ya le había sido adjudicada por la Junta Directiva del INDER desde el 06 de enero de 1999 (folios 165 a 170 del expediente judicial e imágenes 46 a 59 del memorial de contestación de la demanda del INDER, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual)-, fecha en que interpuso el recurso de amparo tramitado bajo expediente 08-008420-0007-CO contra el IDA, con el objeto de que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en que se dispuso revocar el que había creado el Procedimiento Especial de Titulación de tierras ubicadas en el Asentamiento Campesino Osa, comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce (folio 1278 a 1307 del expediente judicial); b) En razón de que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado (artículo 35 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 por la Junta Directiva del IDA el 19 de noviembre del 2007) hasta el 06 de junio del 2008, momento para el cual ya estaba en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo de caducidad aplicable es el de un año previsto en el numeral 39 de ese cuerpo normativo y no el de cuatro años establecido en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, pues aunque el acto impugnado quedó firme antes de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, la actora no fue notificada del mismo por parte del IDA antes del 01 de enero del 2008; c) Por otra parte, se tiene por acreditado que el 17 de marzo del 2009, la actora presentó un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones en el proceso de conocimiento en que originalmente se tramitó su caso –o sea en el expediente 08-000110-0161-CA-, en el sentido de que “…Se declare nulo el Acuerdo de Junta Directiva Nº 35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, y con plena vigencia el Acuerdo de Junta Directiva Nº 39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005…” (folios 1009 a 1013 del expediente judicial).
En consecuencia, la pretensión de nulidad contra el acuerdo contenido en el artículo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada por la Junta Directiva del IDA, el 19 de noviembre del 2007, fue incoada dentro del plazo de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento de dicho acuerdo, tal y como se analizó en el aparte a) de este considerando; d) En este punto cabe resaltar, que si bien es cierto, este expediente tiene asignado el número 15-006080-1027-CA, ello se debe a lo siguiente: la demanda original se interpuso desde el 14 de febrero del 2008 y fue tramitada bajo expediente 08-000110-0161-CA, ampliándose sus hechos y pretensiones con relación al acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, mediante escrito del 17 de marzo del 2009 (folios 177 a 237, 1009 a 1013 del expediente judicial).
Con posterioridad y mediante resolución oral dictada el 25 de mayo del 2009, los Jueces que aquel momento tramitaban los diferentes procesos de conocimiento en que se discuten casos similares al que aquí nos ocupa, ordenaron la acumulación –entre otros- del expediente 08-000110-0161-CA, al expediente 08-000111-161-CA (folios 1034 a 1037 del expediente judicial). Sin embargo por resolución dictada a las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Tramitadora dispuso: “…Así, la conclusión a la que llega el Tribunal es que la única solución posible para permitir el avance del asunto y garantizar el ejercicio pleno del contradictorio es su separación, no por geografía o situación jurídica sino por predio, conforme a la tabla adjunta. Firme esta decisión, se procederá a la separación física de los expedientes y a comunicar a las partes el número de carpeta asignado, el juez turnado y la fecha de continuación de la audiencia preliminar…” (folios 2040 a 2046 del expediente judicial).
En razón de lo antes expuesto, es que al proceso incoado por la accionante se le asignó el número de carpeta 15-006080-1027-CA, sin embargo, se insiste en que la demanda original fue planteada desde el 14 de febrero del 2008 y la ampliación de hechos y pretensiones relacionadas con el acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, fue recibida en este Despacho desde el 17 de marzo del 2009, por lo que, tal y como se analizó en los apartados precedentes, se planteó en el plazo de un año previsto en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado. e) Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por el representante del INDER." (Sentencias N°38-2019-V, de las 10:55 horas del 07 de mayo del 2019 y N°08-2022-V de las 08:00 del 31 de enero de 2022).
En la especie, ocurren los mismos supuestos de hecho y derecho indicados en la sentencia citada, y al igual que en el caso que ese fallo analiza, las aquí actoras no tuvieron conocimiento del acto mediante el cual se aprobó el artículo 35 adoptado por la Junta Directiva del IDA hasta el seis de junio del 2008, lo cual no solamente implica que el plazo de caducidad aplicable es el de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sino que además, al momento en que las demandantes, mediante un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones introdujo como parte de sus peticiones, la declaratoria de la nulidad del referido Acuerdo, no había transcurrido aún, el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de dicho acto, y por consiguiente, se encontraba en posibilidad real de impugnarlo. Por las razones dichas, este Órgano decisor no encuentra ningún motivo para modificar lo resuelto en casos similares al que ahora nos ocupa, y se rechaza la excepción de caducidad.
Las representaciones del INDER y del Estado aducen que las demandantes carecen de legitimación ad causam activa, porque fundamentan su posesión en una supuesta donación de ésta por parte de su padre, sin acreditar la escritura pública en la que se haga constar la referida donación, lo cual, afirman, según las disposiciones de los artículos 1397 y 1399 del Código Civil, es un requisito para su validez. En contra de esta tesis, el representante de la parte actora alega que a tenor del artículo 101 de la Ley de Tierras y Colonización, el título traslativo de dominio no es necesario. Al respecto, es menester precisar que a efecto de que opere la usucapión resulta indispensable que concurran varios requisitos: que la cosa sea susceptible de propiedad privada; ubicada dentro del comercio; título traslativo de dominio o justo título; buena fe, posesión y transcurso del tiempo, ejercida aquella en calidad de propietario, en forma continua, pública, pacífica y por diez años o más.
"De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos generales, el Código Civil establece como requisitos para la prescripción positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en condiciones específicas. En cuanto al título hábil para usucapir la doctrina ha dicho que lo que se requiere es un negocio jurídico de adquisición del derecho poseído.
El título es el hecho que sirve de causa a la posesión y, en consecuencia, a la adquisición de la propiedad. Es el fundamento jurídico, la razón determinante de la adquisición. La usucapión supone, en su origen, un acto o una serie de actos por los cuales una persona adquiere sobre una cosa una posesión que normalmente debería ir aparejada a un derecho sobre el bien, pero eso no sucede, por lo que el título de la usucapión coincide con el acto de adquisición posesoria. El título debe ser justo, lo que obliga a su validez y conformidad con el ordenamiento jurídico (lícito)" (Sala Constitucional, N°4587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997). Luego, si falta alguno, no podría darse la usucapión, y ello es así en tanto en la materia civil y en la agraria. En este sentido, en la resolución N°920-F-2000, la Sala Primera indicó "V.- ...para usucapir el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles se requiere de tres condiciones que debe reunir el usucapiente: posesión, título traslativo de dominio o justo título y buena fe ...VI.- Ya esta sala ha reiterado la necesidad de que el usucapiente reúna tres condiciones legales para que opere la usucapión, igualmente en casos tramitados bajo la competencia agraria...".
Ahora bien, ciertamente tal y como lo afirma la representación de la parte actora, a tenor del numeral 101 de la Ley de Tierras y Colonización, "para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil" (el subrayado es suplido). Lo anterior implica que en materia civil, y en la usucapion agraria común debe acreditarse el convenio traslativo de dominio, en tanto éste es un requisito esencial para que ésta proceda. No ocurre lo mismo en la usucapión especial agraria o Usucapio pro-labore, en donde ese justo título consiste en el trabajo agrario y es a través de éste que se adquiere la propiedad de la tierra. Al respecto puede verse el voto del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, N°283-F-08 de las 10:30 horas del 08 de mayo del 2008, en cuanto señala "donde está consagrada expresamente la Usucapión agraria de tierras, según lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, es en la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de l961 y sus reformas, artículos 92 y 101.
La primera de las disposiciones establece en lo que interesa: "Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquél que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria...." Esta norma, adquiere gran importancia para el Derecho Agrario costarricense, porque en su primer párrafo se consagra como instituto típico del Derecho agrario, la posesión precaria de tierras como modalidad de la posesión agraria, así como los principios específicos que deben regir dicho instituto: Consiste en el poder de hecho, que despliega una persona sobre un bien de naturaleza productiva -inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público-, con el objeto de realizar sobre él actos de posesión estables y efectivos que van directamente encaminados a ponerlo en condiciones de producción con el fin de obtener productos, sean animales o vegetales, para satisfacer necesidades propias o las de su familia.
En la posesión precaria de tierras prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario, es por ello que los requisitos subjetivos y objetivos son especiales; por un lado, no se requiere el simple ánimo de poseer, sino que se posee por necesidad en forma directa y personal, para satisfacer necesidades alimentarias fundamentales del grupo familiar, además, se prescinde la consideración de si existe buena o mala fe, por cuanto el poseedor en prendario (sic) de hecho sabe que el bien productivo sobre el cual ejerce la actividad agraria está inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público; por otra parte, no se exige el título traslativo de dominio (artículo 101 de la ley de Tierras y Colonización) pues el justo título lo constituye el trabajo agrario. La consecuencia más importante para el Derecho Agrario costarricense, que se puede derivar de la figura de la posesión precaria de tierras, es que éste instituto constituye un medio de acceso a los bienes productivos, y por ende al derecho de propiedad sobre éstos con el transcurso del tiempo: la usucapión agraria".
Resulta claro entonces, que el artículo 101 de La Ley de Tierras y Colonización no exime, aún en la usucapión especial agraria, la existencia de justo título, lo que ocurre es que dicho requisito, no tiene idénticas características al requerido en la legislación civil. De este modo, como ya se indicó, ese justo título lo constituye el trabajo agrario. En la especie, no está acreditado que las demandantes hayan realizado una actividad productiva de la tierra, y por el contrario, los testigos de la parte actora fueron contestes en afirmar que en el inmueble no se realiza ningún tipo de actividad y que no está habitado, situación ratificada mediante la prueba para mejor resolver admitida al INDER consistente en el Informe de Inspección N°INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024 . A pesar de que aducen que les ha sido impedido, por parte la administración accionada, la realización de cualquier tipo de labor en la explotación de la parcela, lo cierto es que no se observa una actuación material o un acto administrativo que acredite la existencia de alguna conducta por parte del INDER, el Estado o el SINAC, dirigida a impedir que las actoras habiten y exploten la parcela en cuestión.
Lo anterior nos lleva entonces al justo título por medio del cual ellas pretenden acreditar su posesión, y que como indicamos, en este caso no es el trabajo o explotación de la finca, ni siquiera su mantenimiento mínimo o la realización de mejoras. Según consta en el expediente de solicitud de título de la parcela 77, sector 5 del Asentamiento Osa, el derecho de posesión alegado fue una donación que les hiciera su padre en el año 1995. Así lo manifestaron ambas en declaración jurada otorgada ante el Notario Ramón Francisco Zumbado Retana el 10 de enero del 2006. No obstante, ese hecho tampoco está acreditado, y no solamente no consta una escritura pública mediante la cual se pruebe la referida donación, según se dispone en los numerales 1397 y 1399 del Código Civil, sino que además no existe ningún otro medio de prueba que le demuestre al Tribunal que la donación efectivamente tuvo lugar y además, lo indicado por las demandantes en la citada declaración jurada en la que manifiestan por medio de esta figura, su padre transmitió la posesión del referido inmueble, se contradice con lo manifestado ante el Notario Público Gerardo Araya Arias en las escrituras 209 de las 16:00 horas del 11 de junio de 2003 y 222 de 23 de junio de 2003, en las cuales, por su orden, las señoras Celia y Marlyn Mendoza Gómez, juraron ser las poseedoras, por veinticinco años, de la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa, descrita en el plano catastrado P734207-01, por veinticinco años, ya que al fallecer su padre el IDA les dio la posesión, lo cual resulta extraño si consideramos que se ha tendido como demostrado que, según la copia del Certificado de Declaración de Defunción N°0050123, el señor Alejandro Mendoza Hernández, quien era el padre de las demandantes, falleció el 15 de febrero del 2001, de lo cual se sigue que para el 11 y 22 de junio de 2003, cuando acudieron ante notario publico a declarar bajo juramento que tenían más de veinticinco años de poseer la finca 77 del sector cinco del Asentamiento Osa, porque al fallecer su padre el INDER se las entregó, lo cierto es que el señor Mendoza Hernández solamente tenía dos años y unos meses de fallecido, sin que resulte posible entonces entender como ciertas las manifestaciones de las demandantes brindadas ante el Notario, Araya Arias, conforme a las cuales, para el 2003 contaban con veinticinco años de posesión del citado inmueble como consecuencia de la muerte de su progenitor, sin que se aclare si esa posesión era sumando la originaria y la derivada.
Sin perjuicio además, de que en esas escrituras indican que la causa de la adquisición es que el IDA les dio la posesión, lo cual no es conteste con lo afirmado posteriormente, en el sentido de que la adquirieron por donación de su padre, de forma que, al existir esas contradicciones, no es posible para este Tribunal, constatar la causa de adquisión de la posesión que ahora se alega. Asimismo, contrario a lo afirmado por el representante de las accionantes, los Oficios OSO-015-06, de 09 de enero de 2006, en el cual la Oficina Subregional de Osa emitió una constancia que indicó: "según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela N°77 del sector 5, Asentamiento Campesino Osa, ha estado en posesión de las señoras CELIA MENDOZA GOMEZ, cédula 5-268-443 y MARLYN MENDOZA GOMEZ, cédula 5-283-273 por más de 10 años. Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Alejandro Mendoza Hernández, cédula de posesión de 12 años, lo que demuestra una posesión total de 40 años" ; y el Oficio OSO-008-06 de 09 de enero de 2006, en el que la Oficina Subregional de Osa emitió una constancia en el sentido de que: "según nuestra Base de Datos, censos y archivos las señoras CELIA MENDOZA GOMEZ, cédula 5-268-443 y MARLYN MENDOZA GOMEZ, cédula 5-283-273 aparecen registradas como Beneficiarias del IDA, en calidad de ocupantes por más de 10 años de la parcela N°77.
Sector 5, Asentamiento Campesino Osa, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia Puntarenas mide 157 Ha 3.034,12m. y tiene los siguientes colindantes: NORTE: Río Drake y Calle Pública SUR: Parque Nacional Corcovado ESTE: José Gregorio Mendoza Mendoza OESTE: Juan Ángel Zambrana Zambrana", tampoco resultan suficientes para acreditar la titularidad de un derecho subjetivo o interés legítimo conectado con el objeto de este proceso, no solamente porque por sí solo no constituyen ese necesario justo título que podría dar luz sobre la existencia de legitimación ad causam activa en cabeza de las demandantes, y el cual unido a otra prueba indiciaria podría generar el convencimiento necesario de este órgano decisor sobre la existencia del justo título, sino porque además, el señor Mario Jiménez Quirós, quien supuestamente aparece suscribiendo los mencionados oficios, manifestó en la audiencia de juicio que él no los había firmado, lo cual hace dudar de la veracidad de lo que allí se hace constar, así como de la fuente de los datos que se consignan en esos documentos.
Luego, tenemos que ni de acuerdo a las estipulaciones de la usucapión civil, ni de conformidad con las que rigen la especial agraria, se configura el justo título imprescindible, que legitime a las demandantes como poseedoras de la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa, de lo cual se sigue que las demandantes no ostentan la necesaria vinculación con el derecho de fondo que pretenden ejercitar o hacer valer en este proceso. Sin perjuicio además de que, ante el fallecimiento del señor Mendoza Hernández, la supuesta titularidad de éste, de un derecho de posesión de la parcela N°77 del sector 05 del Asentamiento Osa, y dado que ésta no ha sido reconocida por la Administración competente, lo procedente era observar las disposiciones atinentes a la sucesión procesal, en este caso, en sede administrativa, respecto de la continuación y eventual culminación del procedimiento administrativo de titulación, por parte de sus herederos, vía que no ha sido la elegida por las demandantes en este caso.
A tenor de todo lo dicho, no queda más que acoger la defensa de falta de legitimación ad causam activa y declarar la inadmisibilidad de la demanda, al no comprobarse la titularidad de un derecho subjetivo de las actoras vinculado con el objeto del proceso y las pretensiones promovidas por éstas. Por la forma en la que se resuelve, resulta innecesario pronunciarse sobre las restantes defensas planteadas por la parte accionada.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este órgano colegiado encuentra motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa y quebrar el postulado de condena al vencido. Lo anterior por cuanto consta en el expediente y el Tribunal ha tenido como probado que el 20 de noviembre de 1974, la empresa Osa Productos Forestales, S.A. y el Instituto de Tierras y Colonización (en adelante denominado por su acrónimo ITCO), firmaron un convenio preliminar de arreglo, tendente a traspasar al segundo las áreas de las fincas propiedad de la primera, que fueran necesarias -previa realización de censos y estudios por esa entidad-, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario.
Asimismo, consta que por Decreto Ejecutivo número 8494-A, de 28 de abril de 1978, que entró a regir a partir del 1° de junio de 1978, se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce. Entre otras regulaciones en dicho Decreto se dispuso: "Artículo 8.- Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas con posesión precaria establecida dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal ... Artículo 9° La Dirección General Forestal gestionará la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración ...Artículo 10° El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización" y que por Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, con la finalidad de cumplir con el plan de asentamientos campesinos desarrollados por el ITCO, fueron expropiadas las siguientes fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S.A: N°22048, N°8947, N°22046, todas de la Provincia de Puntarenas, y que "forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal".
En ese Decreto se autorizó a la "...Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto lo traspase a dicho Instituto, el que los destinará para los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas…”. Se acreditó además que por sentencia número 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, la Sala Constitucional ordenó al MINAE, que por medio de la Dirección General Forestal o Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debía proceder a "cumplir con lo establecido en los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A e iniciar las diligencias de expropiación …elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio…, así como que mediante los oficios DM-975-05, de 23 de junio de 2005, y DM-1547-2005, de 23 de septiembre de 2005, el entonces Ministro de Ambiente y Energía, señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi, avaló el proceso de titulación de tierras dentro de la reserva Forestal Golfo Dulce.
También se probó que el 08 de octubre de 2005, fue celebrada la sétima reunión de la Comisión Tripartita conformada por el entonces IDA, hoy INDER, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sindicato de Productores Agrícolas Independientes del Cantón de Osa. En ese acto, en el cual hubo servidores de los entes y órganos supra indicados, se acordó solicitar a la Junta Directiva del IDA, la aprobación del procedimiento para continuar con el otorgamiento de títulos de propiedad en el Asentamiento Campesino Osa y solicitar el aval correspondiente al MINAE y que mediante acuerdo 39 aprobado por la Junta Directiva del IDA, en sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, se reguló un procedimiento especial "para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva Forestal Golfo Dulce, se puedan entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978".Este listado de hechos probados respecto de la Administración concernida, revela una conducta errática en relación con el tratamiento que ésta debió brindar al Asentamiento Osa que ella misma concibió, así como a las personas y familias que ocuparon esas tierras, y que se vieron imposibilitadas para titularlas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal de la Península de Osa.
Esta circunstancia, unida al hecho de que el padre de las actoras fue incluido en el censo realizado por el IDA en cumplimiento, según el IDA, de lo ordenado por la Sala Constitucional 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, así como que ese mismo ente abriera expedientes de solicitud de título y admitiera e incorporara a esos legajos los documentos presentados por las demandantes bien pudieron hacerles pensar que tenían un derecho subjetivo que las legitimaba para plantear esta demanda. Por ende, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, en relación con la demanda en contra del Estado y el INDER. En lo que concierne al codemandado René Mendoza Mendoza y al SINAC, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, pero en este caso, por considerar que éstos fueron incorporados al proceso con ocasión de una decisión jurisdiccional relacionada con la litis consorcio pasiva necesaria.
POR TANTO
Se rechaza, la prueba para mejor resolver ofrecida por la representación del Estado, y que consiste en el Oficio OTOS-292-2017, Oficio SINAC-SE-IRT-108, Oficio IRT-451-2018; nota de 09 de marzo de 2007, así como el oficio OSO-0205-92. Únicamente se admite la prueba consistente en las copias proporcionadas por el Archivo Notarial de las escrituras 209 y 222, otorgadas ante el Notario Público Gerardo Araya Arias, el 11 y 23 de junio del 2003, la primera por la señora Celia y la segunda por la señora Marlyn, ambas Mendoza Gómez. Se admite la prueba para mejor resolver presentada por INDER y que consiste en el informe de inspección N°INDER-GG-DTR-RDBR-OTOS-INF-0004-2024. Se rechazan los informes topográficos presentados por la representante del Estado y el codemandado René Mendoza Mendoza. Se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa planteada por las representaciones del INDER y del Estado. Se declara inadmisible la demanda de Celia Mendoza Gómez y Marlyn Mendoza Gómez, contra el señor René Mendoza Mendoza, el Estado, el Instituto de Desarrollo Rural y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Notifíquese.
Ileana Isabel Sánchez Navarro Marianella Álvarez Molina Juan Luis Giusti Soto ???????????????
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