← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00673-2024 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 11/07/2024
OutcomeResultado
The judgment dismissing the negatory action is affirmed, as the right-of-way easement was established by destination of the father of the family in 1956, with apparent signs and no contrary provision in subsequent transfers.Se confirma la sentencia que declaró sin lugar la acción negatoria, al estar la servidumbre de paso constituida por destino de padre de familia desde 1956, con signos aparentes y sin disposición en contrario en las transmisiones posteriores.
SummaryResumen
The Agrarian Court upholds the judgment dismissing the negatory action filed by a property owner seeking to deny the existence of a right-of-way easement. The plaintiff sought a declaration that her land was free of such encumbrance and that the defendants cease using the path, while the defendants claimed a right of way for over 50 years. Applying the free evaluation of evidence under the Agrarian Jurisdiction Law, the Court found that the easement was established by destination of the father of the family under Article 380 of the Civil Code, since the dominant and servient tenements originally belonged to co-owner brothers who set up the path in 1956, with apparent signs still existing and no contrary provision in subsequent transfers. The need for a written deed is dismissed, recognizing the tacit agreement among the original co-owners. Additional reasons by Judge Ulate Chacón delve into the normative reinterpretation of the Civil Code in light of the social and economic function of agrarian property, accepting adverse possession and tacit agreement as means of creating discontinuous rights-of-way when visible signs and continuous use are proven. Thus, as the easement was legally constituted, the negatory action could not succeed.El Tribunal Agrario confirma la sentencia que rechazó la acción negatoria interpuesta por la propietaria de un inmueble para negar la existencia de una servidumbre de paso. La actora pretendía declarar que sobre su finca no existía tal gravamen y que cesara cualquier uso del camino por los demandados, quienes alegaban un derecho de paso de más de 50 años. El Tribunal, valorando la prueba bajo el sistema de libre valoración de la Ley de Jurisdicción Agraria, determinó que la servidumbre se constituyó por destino de padre de familia conforme al artículo 380 del Código Civil, al haber pertenecido los fundos dominante y sirviente a copropietarios hermanos que establecieron el paso desde 1956, con signos aparentes que persisten y sin que en las sucesivas enajenaciones se dispusiera lo contrario. Se descarta la necesidad de título escrito, admitiendo el convenio tácito entre los copropietarios originarios. Las razones adicionales del juez Ulate Chacón profundizan en la reinterpretación normativa del Código Civil a la luz de la función social y económica de la propiedad agraria, aceptando la usucapión y el convenio tácito como medios de constitución de servidumbres de paso discontinuas cuando existen signos visibles y continuidad en el uso. En consecuencia, al estar legalmente constituida la servidumbre, la acción negatoria no podía prosperar.
Key excerptExtracto clave
X.- ON THE SUBSTANTIVE GRIEVANCES REGARDING THE FAILURE TO PROVE THE EXISTENCE OF THE EASEMENT: The appellant is not correct. The grievance that the title of an easement constituted under Articles 378 and 308 of the Civil Code was not proven is well-founded, but insufficient to overturn the appealed judgment. This Court, evaluating the evidence under the system of free evaluation of evidence contained in Section 56 of the Agrarian Jurisdiction Law, concludes that the tacit agreement among the former owners of the properties (the brothers Pedro, José Angel and Roberto Prado Segura) is the result of an easement by destination of the father of the family, under Article 380 of the Civil Code. Therefore, the negatory action claim cannot succeed due to lack of right. The appellant is not correct in arguing that it was not proven that an easement by destination of the father of the family burdens her property, which is derived from the very evidence offered by the appellant as additional evidence and the historical registry entries of the properties that originated the parties' lots. Given that brothers Pedro, Roberto and José Angel Prado Segura were co-owners in equal parts of the properties that originated the parties' lots, and that since 1956 they established the passage in favor of what is now the defendants' property through what is currently the plaintiff's property, with apparent signs that have not disappeared to this day nor has the contrary been established, the existence of an easement by destination of the father of the family has been demonstrated, therefore the grievances are not admissible and the appealed judgment must be confirmed for the above reasons. XI.- ADDITIONAL REASONS BY JUDGE ULATE CHACÓN: I concur with the majority vote, but consider it necessary to make some additional considerations regarding the normative interpretation of the Civil Code, in light of the text of the Political Constitution, the principles of Agrarian Law, and the evolution of real rights in comparative law. Indeed, this Agrarian Court has inclined, for more than 15 years, towards a systematic, material, and evolutive interpretation of the rules linked to the importance of agrarian easements and, in particular, rights-of-way, establishing in specific cases the need to start from the principle of the economic, social, and environmental function of agrarian property, and of real rights over another's property, or limited rights, such as easements.X.- SOBRE LOS AGRAVIOS DE FONDO RELATIVOS A LA FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA SERVIDUMBRE: No lleva razón el recurrente. El agravio relativo a que no se demostró el título de una servidumbre constituida conforme a los artículos 378 y 308 del Código Civil, es de recibo, pero insuficiente para revocar la sentencia impugnada. Este Tribunal concluye, valorando la prueba bajo el sistema de libre valoración de la prueba contenida en el numeral 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que el convenio tácito entre los anteriores propietarios de las fincas (los hermanos Pedro, José Angel y Roberto, Prado Segura) es producto de una servidumbre de destino de padre de familia, al tenor del artículo 380 del Código Civil. Y por ende, la demanda de acción negatoria no puede prosperar al existir una falta de derecho. No lleva razón la apelante en cuanto a que no se demostró que sobre su finca pese una servidumbre de destino de padre de familia, lo cual se extrae de la misma prueba ofrecida por el recurrente en carácter de prueba para mejor resolver y los asientos registrales históricos de las fincas que dieron origen a las fincas de las partes. Siendo que los hermanos Pedro, Roberto y José Angel, todos ellos Prado Segura, eran copropietarios por partes iguales de las fincas que originaron las fincas de las partes y que desde el año 1956 establecieron el paso a favor de los que es hoy la finca de los codemandados a través de lo que es en la actualidad la finca de la actora, con signos aparentes que no han desaparecido hasta el día de hoy ni se ha establecido lo contrario hasta la fecha, la existencia de una servidumbre de destino de padre de familia ha sido demostrada por lo que los agravios no son de recibo y debe confirmarse la sentencia impugnada por las razones anteriores. XI.- RAZONES ADICIONALES DEL JUEZ ULATE CHACÓN: El suscrito comparte el voto de mayoría, pero considera necesario realizar algunas consideraciones adicionales, en torno a la interpretación normativa del Código Civil, a la luz del texto de la Constitución Política, los principios del Derecho Agrario y la evolución de los derechos reales en el derecho comparado. En efecto, este Tribunal Agrario, se ha decantado, desde hace más de 15 años, por una interpretación sistemática, material y evolutiva, de las normas vinculadas a la importancia de la servidumbre agraria y, en particular, a la servidumbre de paso, estableciendo en casos concretos, la necesidad de partir del principio de la función económica, social y ambiental de la propiedad agraria, y de los derechos reales en cosa ajena, o derechos limitados, como son las servidumbres.
Pull quotesCitas destacadas
"La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos."
"The existence of an apparent sign of a continuous easement between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement to continue actively or passively, unless at the time of separating the ownership of the two properties, the contrary is expressed in the conveyance deed of either of them."
Considerando X — cita del Artículo 380 del Código Civil
"La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos."
Considerando X — cita del Artículo 380 del Código Civil
"Siendo que los hermanos Pedro, Roberto y José Angel, todos ellos Prado Segura, eran copropietarios por partes iguales de las fincas que originaron las fincas de las partes y que desde el año 1956 establecieron el paso a favor de los que es hoy la finca de los codemandados a través de lo que es en la actualidad la finca de la actora, con signos aparentes que no han desaparecido hasta el día de hoy ni se ha establecido lo contrario hasta la fecha, la existencia de una servidumbre de destino de padre de familia ha sido demostrada."
"Given that brothers Pedro, Roberto and José Angel Prado Segura were equal co-owners of the properties that originated the parties' lots, and that since 1956 they established the passage in favor of what is now the defendants' property through what is now the plaintiff's property, with apparent signs that have not disappeared to this day nor has the contrary been established, the existence of an easement by destination of the father of the family has been proven."
Considerando X
"Siendo que los hermanos Pedro, Roberto y José Angel, todos ellos Prado Segura, eran copropietarios por partes iguales de las fincas que originaron las fincas de las partes y que desde el año 1956 establecieron el paso a favor de los que es hoy la finca de los codemandados a través de lo que es en la actualidad la finca de la actora, con signos aparentes que no han desaparecido hasta el día de hoy ni se ha establecido lo contrario hasta la fecha, la existencia de una servidumbre de destino de padre de familia ha sido demostrada."
Considerando X
"La servidumbre agraria, en función del ejercicio productivo inmobiliario, que se integra a los derechos fundiarios (iura fundi), de la hacienda agraria, y que sirve a las actividades agrarias empresariales productivas, en este caso, durante más de cincuenta años. Servidumbres existentes, admitidas por convenio tácito, y trasmitidas, junto con los inmuebles dominante y sirvientes, de generación en generación."
"The agrarian easement, in function of the productive real estate activity, which integrates the land rights (iura fundi) of the agrarian estate, and which serves productive business agrarian activities, in this case for more than fifty years. Existing easements, admitted by tacit agreement, and transmitted, along with the dominant and servient properties, from generation to generation."
Considerando XI — Razones adicionales del juez Ulate Chacón
"La servidumbre agraria, en función del ejercicio productivo inmobiliario, que se integra a los derechos fundiarios (iura fundi), de la hacienda agraria, y que sirve a las actividades agrarias empresariales productivas, en este caso, durante más de cincuenta años. Servidumbres existentes, admitidas por convenio tácito, y trasmitidas, junto con los inmuebles dominante y sirvientes, de generación en generación."
Considerando XI — Razones adicionales del juez Ulate Chacón
Full documentDocumento completo
**RESOLUTION No. 00673 - 2024** **Date of Resolution:** July 11, 2024, at 13:53 **Case File:** 21-000052-0689-AG **Drafted by:** Carlos Adolfo Picado Vargas **Type of Matter:** Ordinary agrarian proceeding **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Agrarian Law **Topic:** Agrarian easement (servidumbre agraria) **Subtopics:** Forms of constitution and analysis on the applicability of the easement established by destination of the head of the family (destino de padre de familia) in discontinuous easements. Considerations on the utility of reinterpreting the Civil Code to accept adverse possession (usucapión) of rights of way (servidumbres de paso) and the tacit agreement (convenio tácito). Scope and impropriety of a negatory action (acción negatoria) in the event that the right of way (servidumbre de paso) is legally constituted by the demonstration of a tacit agreement (convenio tácito).
**Topic:** Right of way (Servidumbre de paso) **Subtopics:** Forms of constitution and analysis on the applicability of the easement established by destination of the head of the family (destino de padre de familia) in discontinuous easements. Considerations on the utility of reinterpreting the Civil Code to accept adverse possession (usucapión) of rights of way (servidumbres de paso) and the tacit agreement (convenio tácito). Scope and impropriety of a negatory action (acción negatoria) in the event that the right of way (servidumbre de paso) is legally constituted by the demonstration of a tacit agreement (convenio tácito).
**Topic:** Easement by destination of the head of the family (Servidumbre por destino de padre de familia) **Subtopics:** Applicability in discontinuous easements.
**Topic:** Agrarian negatory action (Acción negatoria agraria) **Subtopics:** Scope and impropriety of a negatory action (acción negatoria) in the event that the right of way (servidumbre de paso) is legally constituted by the demonstration of a tacit agreement (convenio tácito).
"X.-[...] Given that the brothers Pedro, Roberto and José Angel, all of them Prado Segura, were co-owners in equal shares of the properties that originated the properties of the parties, and that since 1956 they established a right of way in favor of what is today the property of the co-defendants through what is currently the plaintiff's property, with apparent signs that have not disappeared to this day and the contrary has not been established to date, the existence of an easement by destination of the head of the family (servidumbre de destino de padre de familia) has been demonstrated, so the grievances are not receivable and the appealed judgment must be confirmed for the foregoing reasons. [...] XI.- ADDITIONAL REASONS OF JUDGE ULATE CHACÓN: [...] in Costa Rica, there has been in-depth consideration of the need and utility of a normative reinterpretation of the Civil Code to accept not only the adverse possession (usucapión) of rights of way (servidumbre de paso), but also the tacit agreement (convenio tácito).
... See more **Other References:** See Agrarian Tribunal Resolution No. 878 of September 16, 2013.
**Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments** **Text of the resolution** EV Template Generation: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj ????????????????
**CASE FILE:** **PROCEEDING:** ORDINARY **PLAINTIFF:** ANA ISABEL DEL ROSARIO PRADO CHINCHILLA **DEFENDANT:** CARLOS RODOLFO MORA SOLANO **VOTE No. 2024000673** **AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At thirteen hours and fifty-three minutes on the eleventh of July, two thousand twenty-four.- **ORDINARY PROCEEDING** initiated by ANA ISABEL PRADO CHINCHILLA, of legal age, single, farmer, resident of Cartago, La Unión, San Rafael, identity card number one - five hundred eighty-nine - five hundred thirty-six; against CARLOS RODOLFO MORA SOLANO, of legal age, married, farmer, resident of San José, Acosta, Cangrejal, identity card number one - one thousand eighty - four hundred thirty-four; ILVER ANTONIO PRADO MONGE, of legal age, single, farmer, resident of San José, Acosta, Cangrejal, identity card number one - five hundred sixty-six - six hundred fifty-eight. Acting as special judicial attorney for the plaintiff is Attorney Ricardo Salazar Hidalgo, identity card number two - four hundred thirty-two - zero eighteen, bar number twenty-one thousand one hundred; and as directing attorney for the defendants, Attorney Carlos Manuel Monge Monge. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea.
Drafted by Judge Picado Vargas; and, **WHEREAS:** **I.- Regarding the claims:** The plaintiff formulated the present ordinary proceeding so that the judgment declares the following: "1. That it be declared that Mrs. Ana Isabel Prado Chinchilla is the sole and exclusive owner and possessor of the property registered in the Real Estate Registry in the Party of San José, under the Real Folio registration number 548944-000. 2. That it be declared that there is no real right of agricultural easement (servidumbre agrícola) or right of way (servidumbre de paso) over the property with Real Folio No.: SJ- 548944-000, either in favor of or against it. 3. That the extinction of any right of way that existed by mere tolerance on the property of my represented party be declared, and that the co-defendants, their family members, laborers, or any other person who on their behalf wishes to enter, abstain from doing so henceforth, as the plaintiff in the lawsuit establishes the termination of mere tolerance. This under penalty of being prosecuted for the crime of disobedience to authority, if they do not comply with what is ordered by the judicial authority. 4. That in the event of opposition to this lawsuit, the co-defendants be jointly and severally condemned to pay the costs of this action." (see virtual desk of the Agrarian Court of San José, brief incorporated on 21/04/2021 04:10:52).
**II.-** Duly notified, the defendants responded in negation to the lawsuit filed against them. (See virtual desk of the Agrarian Court of San José, brief incorporated on 09/06/2021 02:47:08) **III.-** Judge Vanessa Fisher González, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, in judgment 2023000033 at one hour and thirty-six minutes on the eighth of February, two thousand twenty-three, resolved: "**THEREFORE:** In accordance with the foregoing and citations of law, the lawsuit filed by ANA ISABEL PRADO CHINCHILLA against CARLOS RODOLFO MORA SOLANO and ILVER ANTONIO PRADO MONGE, all of cited qualities, is declared WITHOUT MERIT in all its extremes. It is resolved with no special condemnation for costs (See virtual desk of the Agrarian Court of San José, first instance judgment incorporated on 08/02/2023 01:36:39).
**IV.-** The documentary evidence offered by the plaintiff in her appeal is admitted as evidence for better resolution in accordance with Article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria.- **V.-** The list of facts considered proven is adopted as it aligns with the evidentiary record. Of this nature, the following facts are considered proven: 13.- On August 11, 1956, Claudio Fallas García sold property 139456 to Pedro Prado Segura (testimony of the deed admitted as evidence for better resolution at image 10 of the appeal). 14.- On April 24, 1995, Roberto, Pedro and José Angel Prado Segura, owners in equal parts of property 154579, sold said property to Azucena Prado Segura (registral entry at image 84). 15.- On that same day, Azucena Prado Segura sold property 154579 to Pedro Prado Segura, and it became property 177426 (registral entry at image 84). 16.- On April 24, 1976, Roberto Prado Segura segregated and sold a lot from his property 248899 to his brother José Angel Prado Segura, creating property 248901 (registral entry at image 75). 17.- On April 24, 1976, Pedro, Roberto and José Angel Prado Segura, as owners in equal parts of property 248893, divided it into three lots; one of them, number 2, is adjudicated to José Angel Prado Segura, creating property 248897 (registral entry at image 78).- **VI.-** Attorney Ricardo Salazar Hidalgo, in his capacity as special judicial attorney for Ana Isabel Prado Chinchilla, filed an appeal against said resolution, stating the following: "REASONS OR GRIEVANCES: FIRST REASON. ERRONEOUS ANALYTICAL OR INTELLECTUAL FOUNDATION REGARDING AN ALLEGED AGREEMENT ON THE CONSTITUTION OF AN EASEMENT. The trial judge errs when evaluating the evidence and analyzing it to arrive at the result that the easement that is alleged not to exist, in reality, was constituted through an alleged verbal agreement (convenio) tacitly held between the original owners of the dominant and servient estates, who were the brothers José Ángel Prado Segura (deceased in January 2006), father of co-defendant Iver Prado Monge, and Mr. Pedro Prado Segura (deceased in July 2020), father of the plaintiff Ana Isabel Prado Chinchilla. It is striking that the thesis of the alleged Verbal Agreement was neither developed nor proven by the defendant, who focused on alleging two situations: 1) that said easement was indeed registered because it appeared graphed on the cadastral map of the plaintiff's property and the easement appeared as one of the boundaries in the literal certification of the plaintiff's property; and 2) That even if the registration of the easement encumbrance were not recognized, due to the period of more than 50 years of use, positive prescription had already operated. Both theses developed by the defendant were rejected, as they should have been, by the trial judge. But the judge erroneously did develop the thesis that a tacit agreement (convenio tácito) had indeed operated between the parents and former owners of the estates of the defendant and the plaintiff, based on alleged indications such as: a) the immemorial use of the easement, b) that the easement was graphed on the map of the plaintiff's property, and c) that in the registral certification of the plaintiff's property, this right of way (servidumbre de paso) appears as a neighboring boundary. This can be determined when, literally, the trial judge states in the appealed judgment: Likewise, if the cadastral map of the property that belonged to Pedro (now the plaintiff's) is analyzed, it is inferred that the cadastral map No. SJ-815296-2002 (image 3) describes that path as 'easement' (servidumbre) which leads to the defendants' property. That map was produced in 2002, when, according to what was analyzed in previous considerations, the servient estate belonged to Pedro Prado and the dominant one to José Ángel Prado, so the agreement (convenio) can reasonably be considered proven. Although a cadastral map by itself is not enough to constitute an easement, the point here is that by virtue of the principle of unity of evidence, if that document is evaluated with the overwhelming possession exercised by the owners of the dominant estate, it is deduced with absolute clarity that the agreement had indeed been constituted. The cadastral map is made by aligning the material reality with the cadastral reality. In addition to the above, in the registral certification of that property of the plaintiff (image 2), it is referred that to the east it borders with a right of way (servidumbre de paso) and José Ángel Prado, which reinforces the existence of that agreement. But it turns out that those three indications are not valid to arrive at the conclusion that there indeed existed a verbal agreement (convenio) for the constitution of an easement, an agreement that does not describe the length, width, and direction of the easement and whether it was gratuitous or onerous, for a defined or indefinite time, voluntary or forced. The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Vote No. 002395-F-S1-2020 at ten hours and twenty-five minutes on the eighth of October, two thousand twenty, stated the following: 'V. The appeal filed does not achieve the intended effect and, on the contrary, it is a management that becomes useless in order to break what was ordered in the first and second instance judgments. This is because the party did not challenge at any time the conclusion of the adjudicating personnel, in the sense that the evidence provided and which they claim as improperly valued is not suitable to prove the existence of the right of way (servidumbre de paso), this not in the sense of material existence, but that a limitation on the defendant's estate in favor of those of the plaintiffs had been established registrally; since the suitable evidence for this is none other than that which demonstrates the constitution of the easement in accordance with the provisions of numerals 370, 375 and 379 of the Civil Code. Said evidence is missing throughout the entire process and that is why it is not possible to grant a restitution of the easement according to what was sought, as there is no agreement or last will provision indicating the dimensions, nature and other details thereof. As the first instance judge rightly stated and the appellate judges reaffirmed, the right of way (servidumbre de paso) cannot be constituted by the acquiescence or the simple use and patience of the owner of the servient estate, since this type of easement does not meet the characteristics imposed by the cited Article 379 of the Civil Code; which is to be a continuous and apparent easement at the same time, because it lacks the first requirement, this, as it requires human activity each time it is used. Now, regarding the documentary evidence provided before this instance, it is not receivable; first, because it was not provided in the manner stipulated in Article 609 of the Civil Procedure Code (using for the resolution of this appeal Law 7130, in accordance with the provisions of Transitory I of Law 9342, and the procedure will be harmonized as much as possible with the new legislation) and second; because they are not documents of effective influence for the process, since, like the evidence that is claimed to have been improperly valued, it corresponds to documents indicating that the easement is a boundary of the property, but not a document of constitution thereof.' (the bold and underline are not from the original). Article 375 of the Civil Code mentioned in said Vote establishes that the extent of easements is determined by the title, a necessary document that the defendant lacks to prove said agreement (convenio) and uphold the trial judge's thesis. On the other hand, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Vote No. 001583-F-S1-2019 at eleven hours and forty-two minutes on the twenty-fourth of July, two thousand nineteen, stated the following: 'V. In its first two lines of arguments, according to the synthesis provided in Considering III, the appellant rejects the lack of proof of the easement because, in her thesis, the original segregations of her properties demonstrate it through the boundaries described in the segregation of her property 98090. At the same time, she reproaches an error in the segregations that gave rise to the defendants' properties after 1998, as they make "appear" an easement against her property No. 90038 that in reality does not exist. On this last point, it should be remembered that the Tribunal rejected the counterclaim because, among other reasons, it considered that in the area under dispute, no easement is constituted in favor of the defendants' properties either, so that last point lacks interest, as it does not entail any pronouncement for or against the claims of any of the litigating parties. Regarding the first aspect, as the Tribunal rightly states, to consider the real right of easement constituted, particularly in those of a discontinuous nature - as occurs with rights of way (servidumbre de paso) - requires an agreement between parties, or a last will provision (Article 379 of the Civil Code). The plaintiff insists on demonstrating the existence of the easement (in the disputed area) from the description of boundaries of the successive properties that derived from properties 20900 and 76048. Such an effort is insufficient, because the description made by the surveyor of the boundaries of a property - replicated by the notary for the respective registration of the land based on information provided by the surveyor - does not amount to the constitution of any real right with respect to the boundaries, their status, or legal classification. It was required to prove a legal transaction or testamentary provision - it is insisted - in which the plaintiff, or previous holders of properties 90038-000 and 98090-000, established that real right in favor of the latter property. The foregoing demonstrates the impossibility of upholding her claim of ownership over the easement and the denial of it with respect to the estates of the defendants, as, it is reiterated, no easement is registered in the area under debate, neither in favor of the plaintiff nor the defendants. Thus, her first two lines of arguments must be denied.' (the bold and underline are not from the original). For those of us who have processed cadastral maps in recent years, we know that every surveyor who knows that an internal road gives access to another property at the back, they map it as a right of way (servidumbre de paso) or agricultural easement (servidumbre agrícola), and they map it with a width of 7 meters, even if materially it does not have it, and I say this from personal knowledge, both from my own experience and from judicial cases I have known where estate owners inform me that despite them begging or insisting the surveyors map the road as an internal road, they insist on mapping them with the name of agricultural easements or rights of way. SECOND REASON: ERROR OF ANALYSIS AND/OR APPLICATION OF SUBSTANTIVE LEGISLATION: The trial judge erroneously analyzes and applies Article 1008 of the Civil Code, which establishes: 'The consent of the parties must be free and clearly manifested. The manifestation can be made by word, in writing, or by acts from which it is necessarily deduced.' The disagreement can be verified when the trial judge states literally in the appealed judgment: 'On this point, the defendant's argument is correct when it argues in its response that in this case, ordinal 1008 of the Civil Code must be applied, which establishes: "The consent of the parties must be free and clearly manifested. The manifestation can be made by word, in writing, or by acts from which it is necessarily deduced" (the emphasis is not from the original). This is because the proof of the agreement referred to in ordinal 379 of that same legal body must be evaluated according to the circumstances of the case, particularly Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. Therefore, the plaintiff's argument that no "written agreement" was provided is not receivable because a system of assessed proof does not govern to prove this circumstance. Under this understanding, from these statements, it is clear that there evidently was an agreement (convenio) or will of the owner of the servient estate (Pedro Prado) for the existing path on his property to be destined as an easement for the property of his brother (José Ángel), who even improved it more than twenty years ago.' Regarding what the trial judge stated in the judgment, the plaintiff considers that the judge is not correct for the following two reasons: 1) National jurisprudence regarding the constitution of rights of way (servidumbres de paso) has mostly opted for written agreements (convenios) and not verbal ones to demonstrate their constitution, and 2) The same Article 1008 of the Civil Code states at the beginning: 'The consent of the parties must be free and clearly manifested...' and from the evidence provided by the parties and the indications invoked by the trial judge, it is not possible to clearly determine the necessary information to register an easement, such as the length, width and direction; and whether it was onerous or gratuitous, for a defined time or indefinite time. The defendant's witnesses only referred to the use by mere tolerance, they never affirmed that they had been present when the verbal pact constituting the easement was made, defining the clear description of the constitutive elements that do exist in a true agreement (convenio). Although agreements (convenios) can be verbal, these must be reliably proven, such as through the statements of the former owners of the servient and dominant estates, the statements of witnesses that support the legal transaction constituting the easement, and not the simple materiality of a path and the analysis of indirect indications, which jurisprudence has already stated are insufficient to declare a right of way (servidumbre de paso) as constituted. In this sense, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Vote No. 000750-F-2000 at sixteen hours and thirty minutes on the second of October, two thousand, stated the following: 'IV. The co-defendant here-appellant maintains that the easement was constituted by agreement of wills between the plaintiff and the previous owner of the property. The plaintiff, for his part, while admitting that the electrical line was arranged with his consent, denies that the permission went beyond a merely personal matter, that is, a gratuitous concession for the exclusive benefit of a relative. The constitution of an easement, as seen, entails a real encumbrance on a property and therefore a very serious limitation of ownership. For this reason, if it proceeds from an agreement, it must have as its basis a clear and express agreement. It cannot be inferred from acts or behaviors of ambiguous content. According to the evidence analyzed by the adjudicators, fundamentally the testimonial evidence, there are sufficiently explicit and coincident elements of judgment to conclude that the permission of repeated mention was given intuitu personae.' (the bold and underline are not from the original). THIRD REASON. PARTIAL TRANSCRIPTION AND MUTILATION OF THE EVIDENCE. We sadly note that much of the testimony of the defendant (defendants and witnesses) is transcribed, and important evidence, in our opinion, from the plaintiff is mutilated, such as the detailed description of the disturbances, the fact that in one of the houses that is next to the alleged easement, the plaintiff's mother, Mrs. Olga Chinchilla Arias, currently 85 years old (who is the oldest witness and not Mr. Noe Eduardo Elizondo Arias as stated in the judgment), and also her older brother, Dagoberto Prado Chinchilla, currently 62 years old and who has a heart condition, live there; both were witnesses in the process, but only parts of their testimonies are mentioned, solely to favor the thesis developed by the trial judge. I vehemently request the Court of Appeals to listen to the audio of the witness testimonies and the party statement of the plaintiff. For example, the testimony of witness Dr. Cristina Prado was not taken into account or mentioned at all. On the other hand, the trial judge takes as true everything that the defendant's witnesses said. For example, the father of defendant Carlos Rodolfo Mora Solano, Mr. Aurelio Mora Cruz, maliciously stated to favor his son that the lands of the brothers Pedro and José Ángel, both Prado Segura, were obtained by inheritance from their father, which is false. For example, the property with real folio 139456-000, Mr. Pedro Prado Segura, father of the plaintiff Ana Isabel Prado Chinchilla, obtained it through a purchase he made from Mr. Claudio Fallas García on August 11, 1956, before Notary Carlos Bolaños Morales, a certification that is provided as evidence for better provision. Note that this property with real folio SJ-139456-000 measured 10 hectares, 26 ares, 88 centiares, 76 square decimeters, which refutes the statement made by the complacent witness Aurelio Mora Cruz. When Don Pedro Prado, father of the plaintiff Ana Isabel Prado, bought the described property on August 11, 1956, Mr. Aurelio Mora Cruz, father of defendant Carlos Rodolfo Mora Solano, had not even been born, since Don Aurelio, currently 66 years old, was born on November 13, 1956 (according to the Civil Registry). The defendant's witness Noe Eduardo Elizondo Arias was barely 10 years old in 1956 and was not even a close neighbor of the place, he only visited the hamlet of Cangrejal occasionally, as he says in his statement. I request that the statements of the defendant's witnesses, Mr. Aurelio Mora Cruz and Noe Eduardo Elizondo Arias, be doubted. FOURTH REASON. DISAGREEMENT FOR NOT GIVING MERIT TO THE DISTURBANCE AND THE ASSERTION OF A REAL RIGHT BY DEFENDANT CARLOS RODOLFO MORA SOLANO: The trial judge minimizes in this case two important elements of the negatory action (acción negatoria), which are the disturbance and the assertion of a real right by the defendants. This can be verified in Considering VII, where the Judge downplays the disturbances carried out by the defendants (moto tours and cockfights), when the disturbance is one of the triggering elements of any negatory action (acción negatoria), as well as the fact that the defendants assert a right not constituted, such as the right of way (servidumbre de paso). Ulate says: 'It is a means of defense against the disturbance or intrusion into another's property, committed on the basis of claiming a right' (Ulate Chacón Enrique. Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. San José, Calbasa; 2007, p.713). The fact that the Prado Chinchilla family allowed passage by mere tolerance to the Prado Monge family for 50 years, this being because they are family, does not mean that a third party unrelated to the family comes to buy a right, and activities such as moto tours and cockfighting events must be permitted, where a throng of motor vehicles and people pass through the plaintiff's property, where her mother, an older adult, and her older brother, who has a heart condition, live and need tranquility and peace in their lives." (See virtual desk of the Agrarian Court of San José, brief incorporated on 16/02/2023 05:37:19).- **VII.-** It is appropriate to set forth, first, the elements that make up a negatory action (acción negatoria), which this matter concerns, as can be inferred from the compendium of claims contained in the complaint brief visible on folio 58. Said action, contained within the broad spectrum of our Legal System for the protection of property and included in the Vote of this Tribunal at 14:45 hours on August 17, 1997, No. 586, citing the First Chamber of Cassation, as relevant, indicated: "...IV.- The Jurisprudence of the First Chamber of Cassation has reiterated in many judgments that relating to the different protective actions for property rights. Among others, in judgment No. 230 at 16 hours on July 20, 1990, it was stated: 'IV.- Our legal system has a broad spectrum for the protection of property in its most diverse manifestations. It could be noted that, despite being dispersed in different parts of the Civil Code, and even other normative bodies, there is an entire regime of protective actions (articles 295 and 316 of the Civil Code), divided into two large sections: 1) De facto actions, contemplated in articles 305 and 306 of the Civil Code referring to the authorization granted to the owner to de facto defend his right when it is threatened, only that in this case his action is legally protected as long as he exercises protection with the particularities inherent to legitimate defense, that is, against illegitimate aggression, his defense being necessary, and proportionality in the means employed existing. 2) There also exists a complex set of legal actions applied according to the case to the owner's demands, the right affected, and even the urgency of its use. These actions often have a similar formal structure (regarding the owner, whom it affects, disturbs or dispossesses the property, and especially regarding the correct identification of the thing), however, they have great differences in the way they protect the property. These actions can be divided as follows: A) ordinary actions, placing within this category a) the reivindicatory action (articles 316, 320 to 333 of the Civil Code), b) the Negatory, referring to the affectation of another of the attributes of property other than that of possession, and it is the so-called actio negatoria of Roman Law, and c) the Publician, more commonly known in Costa Rica as the action for better right of possession (articles 317 and 322 of the Civil Code)... V.- PROTECTIVE ACTIONS FOR PROPERTY (AS A REAL RIGHT) IN ORDINARY PROCEEDINGS: These actions maintain a parallelism with respect to the protective actions for other real rights, such as possession, usufruct (usufructo), and easement, which acquire other denominations, depending on the aim pursued. Let us see: 1. To recover possession, the holder of the right of Property has the reivindicatory action, while the person who holds the right of possession but has been dispossessed has the well-known 'Publician action' or better right of possession; 2. Also, when the owner does not seek to recover possession but does seek to obtain a declaration of their right with erga omnes effects, they have the DECLARATORY ACTION OR ACTION FOR CERTAINTY; 3. Equally, they can deny the real right of another person who attributes it to themselves, known as the NEGATORY ACTION.
Several actions correspond to the owner: on one hand, the declaratory action, which seeks the declaration of the existence of the owner's right over the thing, to put an end to the uncertainty about who is the owner, and typically to enable the registration of the property in the Public Registry; and on the other hand, the negatory action, which is a real action available to the owner so that, by proving their right of ownership and the defendant's disturbance, a judicial declaration is obtained that the thing is free from a real right or limitation that a third party claims over it, ordering the cessation of the disturbance and the compensation for damages. Both the declaratory action and the negatory action are, moreover, actions that do not solely and exclusively correspond to the owner. Legal doctrine and jurisprudence have accepted that they also correspond to the holder of a real right different from ownership, such as a usufructuary, a user, a person entitled to a habitation right, or a person holding a right of possession. It is logical to think that these last two are also applicable in the case of the right of possession as a real right that needs to be protected. Thus, the possessor who is disturbed in their right of possession (no longer in possession as a mere fact, in which case they could exercise an interdict action) can petition in ordinary proceedings for a declaration that the right assists them, and also deny another person a right that is being improperly attributed to them and does not belong to them (declaratory and negatory action)... VIII.- THE NEGATORY ACTION: The negatory action is also a real action that can be exercised both by an owner and by whoever legitimately holds another real right. "The negatory action assists the owner to obtain the declaration that the thing object of their right is not subject to the right that another attributes to themselves over it. It is called negatory or of freedom of property and can be exercised by every owner, possessor or not, exclusive owner or co-owner, of both movable and immovable property... It is a means of defense against disturbance or intrusion into another's property, committed on the basis of attributing a right... The action is not expressly regulated by the Civil Code, but it has been recognized and regulated in its exercise by the jurisprudence of the Supreme Court. Its requirements for exercise would be fundamentally the following: 1. The justification of the plaintiff's current ownership. 2. Proof of the acts of disturbance that the defendant has caused in the enjoyment or exercise of ownership. This disturbance must have been carried out with the pretense of holding a real right over the thing, since possessory actions can be used to repress disturbances of mere fact... The negatory action produces, fundamentally, the following effects: on one part, the declaration that the defendant's alleged right does not exist; on the other part, the compensation for damages that must accompany the cessation of the disturbance." (See MONTES, op. cit., pages 106-108).- The negatory action has also been defined as follows: that which corresponds to possessors of immovable property against those who impede the free exercise of their real rights, so that this freedom may be reestablished. (Article 2.800 of the Argentine Civil Code). This action is given against anyone who disturbs the right of possession of another, even if they are the owner of the immovable property, when they arrogate to themselves an undue easement (servidumbre)... (See CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, op, cit, Volume I, page 48). In principle, and based on Roman sources, the negatory action was basically granted to the owner who, upon being disturbed or troubled by a subject who attributed to themselves a right of usufruct or easement (servidumbre), requested a declaration of the nonexistence of such a right. Referring to these Roman sources, Spanish doctrine cites the following cases of negatory action: "This is the proper action of the owner of a tract of land against a person who claims to have a usufruct over it when the owner denies the existence of this usufruct." "This is the action corresponding to the owner of a tract of land against the person who unjustly claims to have a right of way through it." "This is the action of the owner of a tract of land against the person who claims to have the right to build a building on their own soil, raising it above a certain height, when the plaintiff denies that they have such a right." (MARTIN-BALLESTERO, Luis. La acción negatoria, Editorial Tecnos, Madrid, 1993, p. 43). From that perspective, only the owner was legitimized to exercise the negatory action. The passive legitimation could be not only against those who sought to maintain a possible easement (servidumbre), but the existence of a state or factual situation that objectively corresponded to the exercise of an easement (servidumbre) or usufruct was sufficient. In this way, it was a limited action. Traditional doctrine required the following requirements for the negatory action: "1. That the plaintiff initially justify their right of ownership (by presenting the corresponding title of acquisition of the thing). 2. That they prove the disturbance that the defendant has caused in the enjoyment of their property (a disturbance that must be carried out with pretense of holding a real right, since to repress disturbances of pure fact it is not necessary to resort to this action). However, it is not necessary for the plaintiff to prove the nonexistence of the easement (servidumbre) or real right claimed by the third party, since it is a repeated principle of law that property is presumed free and that whoever maintains the existence of limitations on it must prove them." (CASTAN TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral, ed. rev. by G. García Cantero, 2, vol. 1o., Reus, Madrid, 1992, p. 216, cited by Martin-Ballestero, op.cit., p. 80). IX.- In modern times, the negatory action has another practical profile. It is not solely for the defense of the right of ownership. It must be admitted that holders of other real rights over a thing have protection against those who exercise alleged rights over it that harm them. Undoubtedly, they deserve protection from the legal system, regardless of whether it is called a negatory action or another type. In Spanish doctrine, the possibility of exercising the negatory action is now admitted, not only against disturbing acts derived from a presumed exercise of a real right of easement (servidumbre) or usufruct, but also when the disturbance or nuisance is of pure fact or alleges having acquired through a private document a right that the holder now denies. In this case, we would be facing a case of purely declaratory negatory action..." (The highlighting does not correspond to the original).- VIII.- It is also convenient to analyze the figure of the easement by destination of the head of the family (servidumbre de destino de padre de familia), alleged by the defendant and denied by the plaintiff throughout the process, which is an easement (servidumbre) whose origin is legal and about which, in vote 113-F-09 of this court on the subject of easements (servidumbres), it has been resolved: " V.- ...Seeks to obtain a judicial declaration of a right of way easement (servidumbre de paso) in their favor, without compensation, considering that their immovable property formed a single estate with the defendants' land, and since time immemorial they have used the path over said estates to access the public street of Las Palmas. Furthermore, they maintain that the ravine behind their house, called Quebrada Las Palmas, a tributary of Río Sucio, makes passage or access to the public street bordering their property to the north and west impossible, which affects them because their wife is ill. They reproach that the defendants closed the path, disrespecting that existing right of way and leaving them without a material possibility of comfortably leaving their property and without sufficient access to the public way (folios 428 to 434). All this leads us to reflect on the nature of the right of way easement (servidumbre de paso), and its different forms of constitution recognized by our legal system, which has a French derivation. VI.- This Court, for more than ten years, explained in a resolution the different ways to give a solution to a case like the present one, stating in this regard: '...One of the essential aspects in relation to easements (servidumbres) is related to their content and mode of constitution, this topic being essential for the resolution of the merits of this matter. When an estate remains in a situation of enclavement, and therefore has no access or insufficient access to a public street, the legal system has configured several possible solutions, depending on the factual situations that originated the enclavement. The first possible solution in relation to an enclaved property is that sufficient access to the street be granted through the constitution of a voluntary easement (servidumbre). Regarding voluntary easements (servidumbres), Manuel Albaladejo points out: "Easements (servidumbres) are established: 1. By the will of the interested parties, through a mortis causa or inter vivos legal transaction (...) To constitute them, it is necessary to have the capacity to dispose by the act in question of the property on which they are established, and that the powers that the easement (servidumbre) to be granted over the burdened thing correspond to the constituent party. For this reason, it is unquestionable that the full owner can constitute it (or if the property belongs to several, all acting unanimously); as for the bare owner or one with ownership limited by some other right (thus, by a previous easement (servidumbre) existing on the thing, or if, in any way, they leave them unharmed, and as for whoever, without being the owner, has a right over the thing that grants them the powers that the easement (servidumbre) will confer on the dominant owner, they can also constitute it (like the same limitations indicated before for the owner with limited ownership) for the duration of their right." This possibility of constituting an easement (servidumbre) by will, whether mortis causa or inter vivos, is regulated in the Civil Code, in relation to Articles 378 and 379, as the former states: "Easements (servidumbres) that are continuous and apparent at the same time can be constituted by agreement, by last will, or by the simple use of one and the patience of the other," and the latter indicates: "Discontinuous easements (servidumbres) of all kinds and continuous non-apparent ones can only be constituted by agreement or by last will. Possession, even immemorial, is not enough to establish them." Another mode by which the problem of the enclaved estate can be solved is the case indicated in Article 380 of the Civil Code, which states: "The existence of an apparent sign of a continuous easement (servidumbre) between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement (servidumbre) to continue actively or passively, unless at the time of separating the ownership of the two properties, the contrary is expressed in the title of alienation of either of them." This figure is called the easement by "destination of the head of the family" (servidumbre por destino de padre de familia), which "consists in that if there is an apparent sign of an easement (servidumbre) between two estates established by the owner of both, it will be considered, if one is alienated, as a title for the easement (servidumbre) to arise" (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Volume III, Vol. II, Editorial Bosch, 8th edition, 1994, p. 141). Consequently, by existing an easement (servidumbre), it is evident that the plaintiff has the right to make use of the powers that the Law confers upon them for its exercise. Indeed, Article 374 of the Civil Code provides: "Whoever has the right to an easement (servidumbre) equally has the right to the necessary means to exercise it, and can do all the indispensable works for that purpose, but at their own cost, unless otherwise stipulated..." The easement by destination of the head of the family (servidumbre por destino de padre de familia) must meet a series of requirements, which Albaladejo, citing Bonet Correa, sets forth well, in what is relevant: "The creation of the easement (servidumbre) occurs ex lege (...) by the concurrence of the requirements that the law sets out with independence, therefore, from the fact that the signs thereof have not been suppressed by inadvertence or so that, if maintained, it would arise; and the same is said if the deed contained no declaration against the easement (servidumbre). The sign must be viable (...) it does not matter that the easement (servidumbre) being created is necessary. (...) the apparent sign of easement (servidumbre), says the law, must have been 'established by the owner of both' (....) But the term 'establish' must not be interpreted narrowly, so we understand that a sign placed by another and conserved by the owner is also valid. What matters is that it exists at the time the alienation of the estate occurs. (...) The easement (servidumbre) does not arise if at the time of separating the ownership of the two estates the contrary is expressed in the title of alienation of either of them (...) From which it follows that if one is alienated, only in the title of alienation of this one should the contrary will be stated, and if both are alienated simultaneously, it can be stated in the title of either of them. (...) By title is understood the corresponding deed." (ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, Volume III, Vol. II, Editorial Bosch, 8th edition, 1994, p. 141-143). It is clear that under this assumption compensation is not due, since the easement (servidumbre) existed and has been used for such effects since the estate that was theoretically enclaved originated, but which in reality had an access constituted by the former owner. From this derives the consequence of non-compensation, since the access was acquired by full right, ipso iure, without the need for a judicial declaration. The third possibility to provide access to the enclaved estate is the easement (servidumbre) constituted forcibly; the Civil Code in this regard states in its Article 395: "The owner of a property enclaved among other estates, without access or without sufficient access to a public way, has the right to demand passage through the neighboring properties for the exploitation of their own, paying the value of the necessary land and all other damage." Regarding this type of forced easement (servidumbre), Albaladejo points out: "By disposition of the authority (judicial or administrative), that is, by adjudication that it decrees in favor of the holder. What occurs in the case of forced predial easements (servidumbres) (...) when their constitution, requested by whoever has the right to it, is granted by the competent authority" (ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, Volume III, Vol. II, Editorial Bosch, 8th edition, 1994, p. 141-143). This form of constitution has the peculiarity of being constituted by means of a judicial declaration and the value of the necessary land and all other damage must be compensated. Finally, the problem of an enclaved property can be solved through the institute of the right of way regulated in Article 400 of the Civil Code, which indicates: "If any part of a property is sold or exchanged, or if any of those who possessed it in common is allotted a part, and that part remains enclaved, the right of way will be considered granted in its favor without any compensation." This article presents the peculiarity that the estate is enclaved as a result of a dispositive act of the property's holder, in such a way that they transfer part of the immovable property leaving one part enclaved; consequently, for reasons of social and economic interest that every estate have access to a street, it is understood that by full right the subject has a right of way, thus having access to a street, without being able to be obliged to pay any compensation for it. In summary, from the previous arguments, four diverse solutions have been established in the face of a problem of an enclaved estate...' (Agrarian Court, No. 635 of 13:45 hours on September 24, 1999). VII.- Given the particularities of the case at hand, where the alleged right of way easement (servidumbre de paso) claimed by the plaintiff could come from an estate that originally belonged to the same owner, it is convenient to delve deeper into the nature of the easement by destination of the head of the family (servidumbre por destino de padre de familia), in order to determine if said institute is applicable only to continuous or apparent easements (servidumbres), as one part of the doctrine maintains, or if it can also be applied to discontinuous easements (servidumbres), such as a right of way, when an apparent sign of easement exists and it has not been rejected at the time of the transfer or the deed. Regarding the origins of Article 380 of our Civil Code, one would have to refer, first, to the French experience, where the legislator, doctrine, and jurisprudence have agreed on giving a broad scope to the easement by destination of the head of the family, recognizing its application also for cases of right of way easements (servidumbres de paso) where an apparent sign of easement may exist. Articles 692, 693, and 694 of the French Civil Code provide: "692.- The destination of the head of the family is valid as a title regarding continuous and apparent easements." "693.- Destination of the head of the family will exist whenever it is proven that the two estates currently divided belonged to the same owner, and that it is by them that things have been put in the state from which the easement results." "694.- If the owner of two tenements between which an apparent sign of easement exists disposes of one of the tenements without the contract containing any clause relating to the easement, it continues to exist actively or passively in favor of the alienated estate or on the alienated estate." In relation to the division and evaluation of evidence, French jurisprudence has established criteria on the existence of the apparent sign as follows: "The proof of a right of way easement established by destination of the head of the family results, within the silence of the act that effected the separation of the two tenements, from the existence of an apparent sign of easement." (Req. 6 déc. 1898, D.P. 99, I, 87.- Civ. 8 juill. 1919, D.P. 1923.1.230, in: Code Civil, Dalloz, Paris, 1965, p. 311) "Trial judges sovereignly assess the existence, after the division of the tenements effected by the common author, of an apparent sign of easement established by destination of the head of the family, and whether the constituent's intention and extrinsic circumstances and the execution given to the acts or conventions are determinant thereafter, and they also take into consideration elements subsequent to the division of the estates" (Civ. 3e. 25 janv. 1972: Bull.civ.III, no. 54 23 janv. 1991: ibid. III, no 38.- Constant jurisprudence). In the absence of apparent signs on the plan annexed to the sale deed, these apparent signs must be sought within the situation of the place itself (Civ.3e, 11 juin 1992: bull.civ.III, no. 201). The apparent factual state, characteristic of the easement by destination of the head of the family, must exist at the moment of the division of the estates (Soc. 27 déc. 1945: D. 1946). Code Civil, 101st edition, Dalloz, 2002, page 650. French doctrine refers to a centuries-old controversy regarding the interpretation of both provisions (Bonecasse, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla, 1990, p. 498). As constituent elements of the easement, according to Article 693, they indicate three: "1. It is required that the two estates, currently separated, have previously belonged to the same owner; 2. That it is demonstrated that this owner is the author of the current state of the properties, who created that factual state, from which the easement later arises that never previously existed; and 3. That this factual state is permanent, constitutive of an easement, and not a simple conditioning for comfort" (PLANIOL Y RIPERT, Derecho Civil, 1990, Harla, p. 546). In relation to the interpretation of Article 694, the cited authors affirm: "Art. 694 is content with an apparent sign of easement. It is not necessary for the easement to be continuous. Can Art. 694 be applied to a right of way easement, which is not susceptible to being constituted by destination of the head of the family, since it is discontinuous?... In our opinion, the distinction must be the following: Art. 692 deals with the creation of a new easement, by destination of the head of the family, which had never existed before; it is born first from fact, before existing as an easement upon the separation of the two properties. Art. 694 deals with cases where an easement, established by any procedure, already existed between two properties that later belong to the same person. The easement was extinguished, in this case, by confusion, and what it is about knowing is under what conditions it will revive when the two estates separate again. It continues to exist, says the text, which is a very exact expression; it will be seen that confusion does not imply any temporary obstacle to the exercise of the easement, and that, in reality, it does not extinguish it. The law is content with an apparent sign of easement, that is, an indication that announces the intention to maintain the previous factual state. The law gives more facilities to maintain an easement than to create it; it does not demand the condition of continuity. This is how the tribune Albison explained Art. 694...'" (PLANIOL y RIPERT, op. cit., p. 546). More modern French doctrine refers to this old controversy about easements, when they are apparent but discontinuous, such as the right of way easement, when an itinerary for its exercise has been laid out, indicating that this jurisprudence has been approved by the majority of authors: "French jurisprudence adopts a solution more in line with the literal sense of Articles 692 and 694 and the traditions of the customs of Paris and Orléans. Its reasoning proceeds from the foundation of the creation of the easement by destination of the head of the family, a creation that rests on the presumed will of the parties who, after the act of separation, have left the previous state of things subsisting." (TERRÉ, Francois y SIMLER, Philippe, Droit civil. Les biens, 5th edition, Paris, Dalloz, 1998, p. 677). From all the above, it is concluded that the easement by destination of the head of the family (servidumbre por destino de padre de familia) applies, in principle, to apparent and continuous easements (servidumbres). However, the existence of an apparent sign of an easement (servidumbre), when an owner establishes it for the better exercise of their activity between two estates or a single one of their property, and it is later divided into parts, this conditioning created for the comfort and utility of their own estate is maintained, for the benefit or burden of the estates resulting from the division. Therefore, the institute is also applicable to right of way easements (servidumbres de paso). For a better understanding of the topic, and in order to reinforce this criterion of interpretation, it is important to analyze the regulation of the institute in other countries and the analysis made by the dominant doctrine. The Spanish Code included the institute in Article 541: "The existence of an apparent sign of an easement (servidumbre) between two estates, established by the owner of both, will be considered, if one is alienated, as a title for the easement (servidumbre) to continue actively and passively, unless, at the time of separating the ownership of the two estates, the contrary is expressed in the title of alienation of either of them, or that sign is made to disappear before the execution of the deed." Spanish doctrine, interpreting the scope of the rule, indicates: "The article in question is applicable to any easement (servidumbre), provided they are apparent: thus, it applies equally if they are continuous or discontinuous (judgments of October 10, 1957, November 22, 1963, June 11, 1975, and July 7, 1983)... It does not matter that the easement (servidumbre) created by virtue of Art. 541 is necessary. So it also arises even if there is already another for the same purpose in favor of the dominant property. For example, if there is an apparent sign of a right of way easement (servidumbre de paso), this arises even if the benefited estate already has another access to a public road in its favor, whether by another easement (servidumbre), or because it directly has access to it (judgment of October 10, 1957, and January 26, 1971). ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Volume III, vol. II, 1994, p. 142). The same criterion applies, according to doctrine, in the case of co-ownership, where it is also possible for that easement (servidumbre) to be constituted by destination of the head of the family (destino de padre de familia): "If one or both of the estates are in co-ownership and the sign was established by all the co-owners or placed by one and also conserved by the others, there is no problem, and everything occurs as in the case of a single owner.... In the case where what is done by one co-owner gives rise to an easement (servidumbre) in favor of the common property, that is, benefits the community, it seems that the birth of the easement (servidumbre) must be admitted..." (ALBALADEJO, Ibid.). The Italian Codice Civile, unified in 1942, also included this institute for apparent easements in Article 1062, allowing the acquisition of the easement by "destinazione del padre di famiglia," which takes into account the act of destining one estate to the service of another by the sole owner, referring to the will to place or leave the estates in a state from which an appearance of easement results. It is, consequently, a mere juridical act or fact of destination intended to last through time in an unaltered form until the event of the separation of the estates is perfected, which causes the easement to arise if there is no provision to the contrary. In the absence of such provision, the easement is constituted "ipso iure" at the moment of the separation of the estates, admitting any type of evidence, including testimony, to prove its existence (BUSNELLI, and others. Diritto Civile, Diritti Reali, Utet, 1988, p. 262). Consequently, the legislation, doctrine, and jurisprudence of France, Italy, and Spain agree in recognizing the possibility that an easement by destination of the head of the family (servidumbre por destino de padre de familia) is constituted when it arises from the same owner or co-owners of the same estate, in the case of a right of way easement (servidumbre de paso), and it presents apparent signs at the moment the division of the estate occurs, regardless of whether the estate that benefits has another access or access to a public street. VIII.- Other Latin American legal systems, including ours, have adopted and regulated the easement by destination of the head of the family (servidumbre por destino de padre de familia). Just as an example, the Colombian Civil Code establishes in Article 938: "If the owner of a property establishes a continuous apparent service in favor of another property that also belongs to them, and later alienates one of them, or they pass to be different owners by partition, the same service will subsist with the character of an easement (servidumbre) between the two properties, unless the matter has been expressly established otherwise in the title constituting the alienation or the partition." The Bolivian Civil Code, in its numeral 278, provided: "When an owner of two estates between which an apparent sign of an easement (servidumbre) appears, alienates one of them without any provision relating to the easement (servidumbre), it is understood to be established actively or passively in favor or against the alienated estate." The Venezuelan Civil Code is more explicit and clear by establishing, within the modes of constitution of easements (servidumbres) in Article 721: "The destination of the head of the family proceeds only with respect to apparent easements, continuous or discontinuous, and when it is established, by any kind of evidence, that two estates currently divided have been possessed by the same owner, and that the latter has placed or left things in the state from which the easement results... If the two properties cease to belong to the same owner, in any of the cases indicated in the two preceding paragraphs, without any provision relative to an easement, it is reputed established actively or passively on each of said properties." IX.- Our Civil Code, in its Article 380, provided as follows: "The existence of an apparent sign of a continuous easement (servidumbre) between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement (servidumbre) to continue actively or passively, unless at the time of separating the ownership of the properties, the contrary is expressed in the title of alienation of either of them." As in the French Code, this rule is located after Articles 378 and 379 of the Code, which regulate the constitution of continuous and apparent easements, as well as discontinuous and continuous non-apparent ones, as general rules. Consequently, the regulation in Article 380 is an exception to the previous rules. From the literal content of this provision, the following requirements emerge: 1.- The existence of an apparent sign of an easement (servidumbre) between two properties. 2.- That these properties belong to the same owner. 3.- That this apparent sign continues actively or passively. 4.- That there is no provision to the contrary at the time of the alienation of either of them. If the complete initial expression is read where it speaks of: "The existence of an apparent sign of a continuous easement between two properties...", according to its historical formation, it must be interpreted in the sense that this apparent sign is continuous, before and after the alienation of the property. That is, that there is will to maintain it, since one of the ways to extinguish it is by eliminating the existing apparent sign, or by expressly establishing its disappearance in the deed. This interpretation must be correct, and it should be applied to the case where the apparent sign refers to a right of way easement. Indeed, Italian doctrine, referring to its origins, links this easement, evoking the virtues of the Roman peasant "sui iuris," who, placed at the head of a rural estate, organizes and directs the forces of nature (Giorgianni, Buon padre di famiglia, Noviss. DI, II, 1958, 597, cited by BUSNELLI and others, op. cit., page 263). Therefore, the constitution of this type of easements (servidumbres) by destination of the head of the family (destino de padre de familia) is admissible for right of way easements (servidumbres de paso), as they are discontinuous and apparent. This has been recognized by the jurisprudence of the First Chamber of Cassation of the Supreme Court of Justice in Judgment No.
380-F-00 of 16:45 hours on May 19, 2000, in which it was stated, regarding a specific case similar to the one before us, the following: "V.- Regarding the first aspect, which leads to the application or not of Article 380 of the Civil Code and the duty to compensate, in the event of being faced with the constitution of a forced easement (servidumbre forzosa) of passage, the following must be noted. Said provision stipulates: 'The existence of an apparent sign of a continuous easement between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement to continue actively or passively, unless at the time of separating the ownership of the two properties, the contrary is expressed in the title of conveyance of either of them.' (The emphasis is not from the original). In accordance with the literal wording of that article, one of the indispensable requirements for the applicability of this mode of constituting an easement is that the two properties belong to a single owner. In accordance with the proceedings, and the certifications provided with the appeal, we agree with the appellant in finding such a requirement lacking in the sub-júdice... On the other hand, this Chamber considers the existence of apparent signs of an easement at the time of the land parceling (parcelación de tierras) to be questionable... That is to say, the trace of continuous lines denoting the existence of the easement does not pass through that property.... Finally, as this Chamber has repeatedly resolved, compensation for the value of the land and any other damage is an inherent element of a forced easement. In this regard, one may consult, among many others, judgments number 80 of 14:30 hrs. on July 19, 1995; 17 of 14:30 hrs. on January 20; and 129 of 14:10 hrs. on March 26, both of 1999. Our legal system, like others, such as the Argentine, Italian, and Spanish systems, presents an exception to that rule. This is when the landlocking (enclavamiento) of the property is the product of a legal transaction. In such cases, the easement must be constituted in favor of the property that, by virtue of the transaction, has become landlocked, without any compensation. This is provided for in Article 400 of the Civil Code. In the present case, according to what was previously noted, this is not the case, as the properties never belonged to the same owner. As a corollary of the foregoing, in the sub-júdice we are not facing an easement by destination of the father of the family (servidumbre por destino de padre de familia), but rather a forced easement of passage, as it involves a landlocked property (fundo enclavado). The stated reasons of fact and law are sufficient to reach said conclusion. Therefore, it is unnecessary to address other allegations made for that purpose. Furthermore, as the exception provided for in the Civil Code is not configured, it is appropriate to recognize, in favor of all the defendant owners, whose properties will be affected by that encumbrance, the payment of compensation for the value of the land necessary to constitute it, as well as for any other damage (Articles 395 and 400 ibidem)." (end of quote, the underlining is not from the original). It is clear from this resolution that national jurisprudence accepts the constitution of an easement of passage by destination of the father of the family, when two requirements are inescapably met, namely, 1) that the properties belonged to the same owner; and 2) the trace of continuous lines, as apparent signs denoting the existence of the easement. Part of our legal doctrine reaches the same conclusion by stating: "The easement by destination of the father of the family does not continue, but rather 'is constituted' upon conveying one of the properties affected by that situation. Article 531 of the Spanish Civil Code contains the same impropriety. It has been established that the expression 'two properties' can be applied to the case where the owner of a single property has constituted an encumbrance on one of its portions for the benefit of another, before its division..." (SOTELA MONTAÑE, Rogelio (commentaries), in: BRENES CORDOBA, Alberto, Tratado de los Bienes, Juricentro, 1981, p. 112). Another author highlights the following: "If we review our legislation, we see that Article 380 states that the easement will continue upon the division of the property, or upon the transfer of one of the original owner's properties to another holder; what actually occurs is a transformation of a simple service between parts or properties of the same holder, because the principle 'nemini sua servit' previously discussed operates. It is important to consider that in this situation, the service already existed and it continues with the segregation of the property, or with the transfer of ownership of a property to another holder" (SANCHEZ BOZA, Roxana. Estudio de la Jurisprudencia judicial y administrativa respecto de las servidumbres. Universidad de Costa Rica, 1985, p. 98). Despite the above, there are still those who maintain a restrictive application of the institute, only for cases of continuous and apparent easements (BRENES CORDOBA, op. cit., p. 112, CHINCHILLA, José. Precisiones conceptuales sobre la regulación de la servidumbre por destino del padre de familia. In. Revista Jurídica Vox Iuris, UIA, Year 2, No. 1, 2005, p. 16-19). However, this interpretation does not align with the economic and social necessity of productive agricultural goods, as will be seen below. X.- The agrarian jurisprudence of the First Chamber of Cassation (Sala Primera de Casación) of the Supreme Court of Justice has established the link that agrarian easements have with the productive purpose of the properties, the agrarian enterprise, and the purpose given to productive properties by the good father of the family. In this regard, it was stated: "A fundamental element within the structure of the agrarian enterprise is its organization. Not only material but also immaterial goods (instrumenta fundi) participate in it. The rights acquired by the property holder (iura fundi), as a consequence of the exercise of agriculture and in view of its necessity or utility for the purposes of agrarian production, constitute a valuable instrument in its organizational structure. Normally, the 'iura fundi' are identified with the praedial servitudes of Roman law, more anciently qualified as res mancipi. They are the so-called 'rights' of the property and form part of the agrarian holding seen as a property-organization. The 'water requirement' of a property for cultivation needs or access to the public road, for communications to its exterior, create rights in favor of the landlocked property. The utility of one property is used by another property, but these rights do not always coincide with the praedial easement rights governed by the Civil Code. The typical easements of Roman law (iter, via, actus, aquae ductus) were, as has been said, configured as res mancipi. United with slaves, livestock, installations, and farming implements, they formed the instrumentum fundi, that is, the estate organization. This construction was possible because the easement was conceived as a ius fundi, which was realized through a material dominion (mancipium) over the parts of the servient property destined for the better utilization of the dominant property. This ancient conception of the agrarian easement was linked to the publicistic conception of rustic property as sovereign dominion and was superseded in the scope of the new privatist conception of Roman property. In modern law, the easement cannot be conceived as a belonging. Some of its characteristic elements, such as that of destination, still remain and assume relevant aspects. In the act of constituting the easement, there exists the intention, on the part of the dominant holder, to destine it for the organization of his property, achieving an economic utility from the other property. The purpose of the 'good father of the family' is essential to explain the economic-social function in the constitution of the easement. This function is linked to a complete choice by the holder of the dominant property who has wanted to obtain some utility from another property in order to destine it for his own service." (No. 80 of 14:30 hours on July 19, 1995)..." (the bold text does not correspond to the original).- IX.- REGARDING THE SUBSTANTIVE GRIEVANCES CONCERNING THE ACQUISITION OF THE EASEMENT BY POSITIVE PRESCRIPTION AND BY LANDLOCKING: The appellant is correct, but these grounds are insufficient to overturn the appealed judgment, which will be confirmed but for reasons different from those held by the First Instance Court. Certainly, the substantive grievances of the appeal, which claim that the constitution of an easement by usucapion (usucapión) is not applicable, are accepted, while the one regarding the landlocking of the property is irrelevant in the context of a negatory action. This is because the appealed judgment does not dismiss the claim for said reasons, so these grievances are unrelated to what was resolved. The analyzed substantive grievances are rejected.- X.- REGARDING THE SUBSTANTIVE GRIEVANCES RELATING TO THE FAILURE TO DEMONSTRATE THE EXISTENCE OF THE EASEMENT: The appellant is not correct. The grievance relating to the non-demonstration of a title for an easement constituted in accordance with Articles 378 and 308 of the Civil Code is accepted, but insufficient to overturn the appealed judgment. This Court concludes, assessing the evidence under the system of free assessment of evidence (libre valoración de la prueba) contained in numeral 56 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), that the tacit agreement (convenio tácito) between the previous owners of the properties (the brothers Pedro, José Angel and Roberto, Prado Segura) is the product of an easement by destination of the father of the family, under the terms of Article 380 of the Civil Code. And therefore, the negatory action claim cannot succeed due to a lack of right. The appellant is incorrect in asserting that it was not demonstrated that an easement by destination of the father of the family burdens their property, which is inferred from the very evidence offered by the appellant as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) and the historical registry entries of the properties that gave rise to the parties' properties. It is appropriate to analyze the evidence to chronologically determine how the easement by destination of the father of the family was constituted. History of property 548944-000 whose owner is the plaintiff: On August 11, 1956, Claudio Fallas García sold property 139456 to Pedro Prado Segura (testimony of the deed admitted as evidence for better resolution at image 10 of the appeal). Nine years later, on April 24, 1965, Roberto, Pedro, and José Angel Prado Segura, owners in equal parts of property 154579, sold said property to Azucena Prado Segura (registry entry at image 84). That same day, Azucena Prado Segura sold property 154579 to Pedro Prado Segura, and it became property 177426 (registry entry at image 84). Property registration number 548944-000 is the product of the merger (reunión) of properties registration numbers 139456 and 177426, which belonged to Pedro Prado Segura, whose merger and sale by him to PRADO DEL SUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, occurred through public deed No. 53 at ten o'clock on July tenth, two thousand four, before Notary Juan Edgar Fallas García (public deed in images 5 and 6 of the electronic file). Eight years later, PRADO DEL SUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, sold property number 548944-000 to the plaintiff, through public deed No. 91 at eleven o'clock on April twentieth, two thousand twelve, before Notary Juan Edgar Fallas García, so that when she acquired it, she knew of the use of the road, given the kinship relationship that existed between the holders of the servient and dominant properties and because she had lived her entire life on the property of her father, Pedro Prado Segura, which she acknowledged in the party statement (declaración de parte) of the plaintiff Ana Isabel Prado Chinchilla in the audio incorporated on 02/15/2022 13:49:08 in which she recognizes the old age of the road's existence when the property belonged to her father. History of property 612150-000 whose co-owners are the defendants: On April 24, 1976, Roberto Prado Segura segregated and sold a lot from his property 248899 to his brother José Angel Prado Segura, creating property 248901 (registry entry at image 75). That same day, April 24, 1976, Pedro, Roberto, and José Angel Prado Segura, as owners in equal parts of property 248893, divided it into three lots, one of them, number 2, being awarded to José Angel Prado Segura, creating property 248897 (registry entry at image 78). It was also demonstrated that Mr. José Ángel Prado Segura, as the previous owner of properties registration numbers 248901-000 and 248897-000, today property 612150 rights 001 and 002, had made use of the road in conflict by verbal agreement with his brothers Roberto and Pedro, who were co-owners, like him, of property 154579 which became property 177426 and which formed, by merger, what is now property 548944-000 of the plaintiff. Mr. José Angel utilized the road for the purpose of using it as the only access - on foot, on horseback, or by vehicle - to his property, where he had his house, agriculture, and livestock, as demonstrated by the testimonial evidence of Aurelio Mora Cruz in audio 02/15/2022 13:50:08, Marvin José Prado Monge in audio incorporated on 02/15/2022 13:50:31, and Noé Eduardo Elizondo Arias in audio incorporated on 02/15/2022 13:49:44. Later, in the year 2003, property registration number 612150 rights 001 and 002, was born as the product of the merger of properties 248901-000 and 248897-000, its previous owner being José Ángel Prado Segura, who merged them and donated them to his sons Ilver Antonio Prado Monge and Marvin Prado Monge, through public deed No. 41 at eight o'clock on September eleventh, two thousand three, executed before Notary Sergio Vidal Zúñiga López (public deed in images 18 and 19 of the electronic file). The use of the road in conflict on the plaintiff's property presents apparent signs of its existence, which is drawn on the cadastral plan (plano catastrado) SJ 815296-2002, starting at vertex 14 west-east direction where there is a metal gate facing a public street, then reaching another metal gate located in the plaintiff's grazing area, and finally a small gate that marks the limit of the plaintiff's property with the property of an adjoining third party named Adolfo Valverde, following the route through that third party's property, until reaching the defendants' property, as demonstrated by the cadastral plan in image 3 of the electronic file, the judicial inspection (reconocimiento judicial) audio incorporated on 07/16/2021 16:11:57, and videos recorded on a compact disc. Article 380 of the Civil Code establishes that "The existence of an apparent sign of a continuous easement between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement to continue actively or passively, unless at the time of separating the ownership of the two properties, the contrary is expressed in the title of conveyance of either of them." Doctrine indicates regarding this provision: "In the case of easements, it is required that the OWNER of both had left an apparent sign of service between the properties" (ALBALADEJO, (Manuel). Derechos Reales: Iura in Rei Aliena commented for Costa Rica by Ricardo Zeledón, Volume III, San José, EIJSA, 2012, p. 189. Given that the brothers Pedro, Roberto, and José Angel, all Prado Segura, were co-owners in equal parts of the properties that originated the parties' properties and that since the year 1956, they established the passage in favor of what is now the co-defendants' property through what is now the plaintiff's property, with apparent signs that have not disappeared to this day nor has the contrary been established to date, the existence of an easement by destination of the father of the family has been demonstrated, so the grievances are not accepted, and the appealed judgment must be confirmed for the previous reasons.
XI.- ADDITIONAL REASONS OF JUDGE ULATE CHACÓN: The undersigned shares the majority vote but considers it necessary to make some additional considerations regarding the normative interpretation of the Civil Code, in light of the text of the Political Constitution, the principles of Agrarian Law, and the evolution of property rights (derechos reales) in comparative law. Indeed, this Agrarian Court has, for more than 15 years, opted for a systematic, material, and evolutionary interpretation of the provisions related to the importance of the agrarian easement and, in particular, the easement of passage, establishing in specific cases the need to start from the principle of the economic, social, and environmental function (función económica, social y ambiental) of agrarian property, and of property rights in a thing owned by another (derechos reales en cosa ajena), or limited rights, such as easements. 1.- European doctrine, particularly Spanish (Busto Lagos, José Manuel. La usucapión de la titularidad de la servidumbre de paso. Monografías Jurídicas directed by Manuel Albaladejo García and Silvia Díaz Alabart; Madrid, Spain, Edersa, 2000) has very skillfully developed the jurisprudential shift in Spanish law. In Costa Rica as well, the need and utility of a normative reinterpretation of the Civil Code to accept not only the usucapion of easements of passage, but also the tacit agreement, has been examined in depth. (García Murillo, José Daniel and Barboza Castro, Natalia. “El reconocimiento de la usucapión y el convenio tácito en la adquisición de las servidumbres de paso en Costa Rica” Graduation thesis to qualify for the Licentiate in Law degree. Faculty of Law, Universidad de Costa Rica, 2024. Pages 141 to 146.). Regarding the first aspect, related to the prescription of the easement, the appellant raises the issue in the second instance and it is contested, which is why this Court could very well proceed to analyze said usucapion or positive prescription, under the terms of the provisions of Article 851 of the Civil Code: "The waiver of prescription can be tacit; and it results from failing to oppose the exception before the final judgment or from the person who could oppose it manifesting by an act of his that he recognizes the right of the owner or the creditor." Therefore, the argument of the appellant would not be valid, just as it is not acceptable to apply a nineteenth-century interpretive criterion derived from the literalness of Articles 378 and 379 of the Civil Code. Because in this case, it is abundantly clear that for more than 50 years, there have been visible, apparent signs, externalized by outward aspects (roadway (calzada), delimitation, continuous use), which have been recognized by the original owners, as well as their transferors and final acquirers. A public, peaceful, and uninterrupted possession, but also, immersed in a tacit consent that adds the just title or acquisitive basis (causa adquisitiva) of the real right of agrarian easement. The same doctrine cited above, as well as modern Civil Codes, do not even contemplate the distinction between continuous and apparent easements, regarding discontinuous and continuous non-apparent easements. Because it was superseded by the legislator and by jurisprudential interpretive criteria in accordance with agrarian and urban reality, attending to the full exercise of the economic, social, and environmental function of agrarian property. The agrarian easement, in function of productive real estate exercise, which is integrated into the property rights (iura fundi) of the agrarian holding (hacienda agraria), and which serves productive agrarian business activities, in this case, for over fifty years. Existing easements, admitted by tacit agreement, and transmitted, together with the dominant and servient properties, from generation to generation. The tacit agreement is a consequence of a legal transaction, in this case verbal, consisting of a meeting of the minds by the owner of the servient property in favor of the dominant property. From a sound interpretation of Article 308, which provides: "in the case of continuous non-apparent easements, or discontinuous easements, the claim, to be admissible, must be based on a title originating from the owner of the servient property, or from those from whom he obtained it." Furthermore, Article 379 states: "discontinuous easements of all kinds and continuous non-apparent easements can only be constituted by agreement or by last will. Possession, even immemorial, is not sufficient to establish them." The possibility of constituting an easement of passage by tacit agreement, as doctrine well indicates, represents an alternative distinct from prescription, the sole requirement being to demonstrate the existence of said agreement. The Civil Code does not explicitly define what constitutes an "agreement" (convenio) or "title," leaving open the possibility that it be written, verbal, or deduced from facts that support the will of the owner of the servient property, concurring with that of the dominant property holder, under the terms of Article 1022 of the Civil Code (the agreement is law between the parties). And precisely one of those manifestations of the tacit agreement, as will be seen, is the case of the easement by destination of the father of the family. Therefore, it is fundamental to verify the will of the parties, especially that of the owner of the servient property. The will to constitute the easement of passage by tacit agreement is supported by the broad conception that the Civil Code grants to the agreement, as established in Article 1008, which states: "The consent of the parties must be free and clearly manifested. The manifestation can be made by word, in writing, or by facts from which it is necessarily deduced." Therefore, here in this specific case, the agreement is accredited by the facts held as proven and that evidence, not only the will of the owner of the servient property to grant the easement, but also the will of the owner of the dominant property to receive it and utilize it for the utility and exercise of the social function of property. 2.- This Agrarian Court, in Resolution number 878 of 2013 of the Agrarian Court, developed the following in a specific case: "It is undeniable that as part of the social and economic function of property lies the limitation of granting rights of passage between neighboring properties, which is part of the country's social peace and an indispensable requirement of production in our agrarian zones. The updating of the easement from a constitutional point of view requires that we review that purely doctrinal criterion of conceiving the easement of passage as discontinuous and thereby denying usucapion of the possession of the easement, for by applying the rules of logic in the case of agrarian easements, what occurs is that the use of the passage will occur based on the cultivation needs, to extract harvests, bring inputs, materials, or labor to work. A repeated use of those activities would suppose the existence of a tacit agreement between the parties, unless the casuistry of the case demonstrates mere tolerance, which is clothed with other characteristics, such as being a unilateral act and probably a shorter time of use, added to the absence of other factors, such as trust or familiarity between the parties. II The concept of agreement in legislation, custom as a source of law in agrarian easements of passage, and the requirements of possession. Independently of what was expressed in the previous analysis, national regulations do recognize agreement as a means of acquiring a discontinuous and apparent easement, both in the case of continuous and apparent easements and discontinuous ones (Articles 378 and 379 of the Civil Code). Regarding the meaning of agreement (convenio), it is defined by the celebrated jurist Guillermo Cabanellas as: 'the concert of wills, expressed in convention, pact, contract, treaty, or arrangement. Synonymous with any of these terms that imply accord, due to the elasticity and generalized use given to agreement; notwithstanding the technical differentiations specified in each reference..' (Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Volume 2, Editorial Heliasta. pag. 365). As Mr. Guillermo Cabanellas well states, the agreement is an elastic institute, where the fundamental thing is that consent is expressed, what he calls a concert of wills. In the Costa Rican rural reality, the agreement is a hugely important source of Law, normally expressed by custom in verbal form. In this regard, it is important to differentiate the tolerated act from the agreement. Tolerance is typically a unilateral act that expresses an intention by the one granting the tolerance to permit certain conduct or acts, subject to the condition that it can be revoked at any moment, without any claim by the beneficiary thereof. In an agreement, even if verbal, there is a clear expression of consent by the parties. The demonstration of that consent will be a matter of proof. Evidently, although the regulations state that possession, even immemorial, is not sufficient to constitute what it calls discontinuous and apparent easements, such as that of passage, it is legally correct to affirm that in the evidentiary assessment of a tacit agreement, the existence of a peaceful, public, uninterrupted possession as owner, of a passage, constitutes an evidentiary element of great importance. Not accepting the foregoing would be to render nugatory the institute of possession, so meticulously regulated in our legal system. The requirements imposed on the right of possession to be recognized as such are those contemplated in Article 856 of the Civil Code, namely: the quality of owner in a continuous, public, and peaceful manner. In the case of a passage, those requirements would make it necessary for the user of the passage to consider himself the owner of the right to it, for the use to be continuous, without this meaning a permanent exercise of the passage, for that would be contrary to logic - as we already said before - ; what would actually be required would be a constant use, a contrario sensu, of what the law itself establishes as loss due to non-use, and lastly, for it to be public and peaceful. (...) It must finally be remembered that our law adheres to the system of transfer of goods by bare consent, there being no obligation for the easement to be registered for it to operate by full right between the parties who have agreed to it by tacit agreement (Article 480 of the Civil Code) (Agrarian Court, Ruling No. 878 of September 16, 2013)- 3.- The easement by destination of the father of the family is an evident manifestation of a tacit agreement (as occurs in this case). Article 380 of the Civil Code establishes: "The existence of an apparent sign of a continuous easement between two properties, established by the owner of both, is sufficient for the easement to continue actively or passively, unless, at the time of separating the ownership of the two properties, the contrary is expressed in the title of conveyance of either of them." In the first place, it is relevant to mention that the provision does not establish the need for a written title to constitute this easement, which allows the existence of mute or tacit titles in our legal system, based on the features or appearance of its existence between the two properties, as is the case. In accordance with the reasoning of the First Chamber (Sala Primera) in judgment No. 380-F-00 of 16:45 hours on May 19, 2000, the interpretation of the provision is clarified: In accordance with the literal wording of that article, one of the indispensable requirements for the applicability of this mode of constituting an easement is that the two properties belong to a single owner. In accordance with the proceedings and the certifications provided with the appeal, we agree with the appellant in finding such a requirement lacking in the sub-júdice. On the other hand, this Chamber considers the existence of apparent signs of an easement at the time of the land parceling to be questionable. That is to say, the trace of continuous lines denoting the existence of the easement, does not pass through that property. Finally, as this Chamber has repeatedly resolved, compensation for the value of the land and any other damage is an inherent element of a forced easement. Our legal system, like others, such as the Argentine, Italian, and Spanish systems, presents an exception to that rule. This is when the landlocking of the property is the product of a legal transaction. In such cases, the easement must be constituted in favor of the property that, by virtue of the transaction, has become landlocked, without any compensation. This is provided for in Article 400 of the Civil Code. In the present case, according to what was previously noted, this is not the case, as the properties never belonged to the same owner. As a corollary of the foregoing, in the sub-júdice we are not facing an easement by destination of the father of the family but rather a forced one of passage, as it involves a landlocked property. The stated reasons of fact and law are sufficient to reach said conclusion. Therefore, it is unnecessary to address other allegations made for that purpose. Furthermore, as the exception provided for in the Civil Code is not configured, it is appropriate to recognize, in favor of all the defendant owners, whose properties will be affected by that encumbrance, the payment of compensation for the value of the land necessary to constitute it, as well as for any other damage (Articles 395 and 400 ibidem). First Chamber of Cassation, judgment No.
380-F-00 of 16:45 on May 19, 2000. From the cited excerpt it is clear that Costa Rican case law accepts the constitution of an easement (servidumbre) of way by destination of the father of the family (destino de padre de familia), for which two indispensable elements must be met: 1) that the properties belonged to the same owner; and 2) that the existence of continuous lines or apparent signs indicating the existence of the easement (servidumbre) be proven. The same case law of the First Chamber has recognized the constitution of easements (servidumbres) by destination of the father of the family, which may arise from a silent title, i.e., from the existence of signs or apparent lines denoting said easement. Therefore, the need for a written title issued by the owner of the servient tenements (fundos) affected by this easement is discarded, which opens the possibility of constituting an easement through a tacit agreement (convenio tácito). (García Murillo, José Daniel and Barboza Castro, Natalia. “El reconocimiento de la usucapión y el convenio tácito en la adquisición de las servidumbres de paso en Costa Rica” Undergraduate thesis for the degree of Bachelor of Laws. Faculty of Law, University of Costa Rica, 2024. Pages 141 to 146.). 4.- This Tribunal, even in summary proceedings, has reflected on the importance of protecting the easement (servidumbre) of way in the case of landlocked tenements, leaving the discussion of the existence of consent and a tacit agreement (convenio tácito) for declaratory proceedings, as stated in Vote No. 494 of May 22, 2024: "VIII.- ..Logically, the protection operates when the agricultural entrepreneur is threatened in the exercise of his economic activity by facts or acts that disturb that agricultural possession, or that partially or totally dispossess him of the tenement, or of the so-called "iura fundi", or rights over which the current and momentary possession is exercised and that are useful for the continuous, stable, and effective exercise of the productive activity. This may occur, by way of example, when the way or road for extracting agricultural production, be it fruits or animals, is closed, which may cause eventual damages to the agricultural entrepreneur due to the impossibility of continuing to harvest or obtain the product as a result of the closure of the way or road.- Thirdly, it is important to remember that, according to consolidated agricultural case law, it has been considered that the agricultural easement (servidumbre agraria), right of way, is a right in rem that since Roman times was of great utility so that tenements could fulfill their economic, social, and now environmental function. Certainly, it has been considered an "iura fundi" at the service of the agricultural properties or tenements that require access to a public street, but also that this access is useful for the exercise of the economic activity. Now, these "iura fundi" or rights over the tenement may be constituted or created in the modes that the legal system itself establishes. According to the nature or type of easement, some legal qualifications have been made by the nineteenth-century legislator (the Civil Code is from 1988), and some categorizations do not correspond to the agricultural reality. Hence, it is important to clarify some concepts, in order to resolve this case in light of the most modern doctrine and case law, without losing sight that we are in the presence of an interdict for the protection of possession, and that definitive property rights and rights in rem are not adjudicated in this procedure, which is, as has been said, to protect productive agricultural activity. In this vein, it is important to consider that the easement (servidumbre) of way, although it is true that it has been considered a "discontinuous and non-apparent" easement, the agricultural reality of the tenements often demonstrates otherwise, due to the existence of visible signs over the passage of time and the continuity of the agricultural activity. So that the existence of visible signs, the continuity of an easement, and the existence of manifestations of the parties, could lead to categorizing the existence of an eventual agreement between parties for the existence of an agricultural easement (servidumbre) of way, but that is a discussion proper to declaratory proceedings. On the other hand, also in a judgment of plausibility, it is important to remember that when speaking of "landlockedness (enclave)" of a tenement, the legal system contains a couple of scenarios, which are, that the tenement is landlocked because it has no access at all, or does not have sufficient access to the public road, for the adequate exercise of the productive agricultural activity it carries out (article 395 of the Civil Code). Fourthly, it is important to consider that when there are productive agricultural activities of continuous production, in the particular case of dairy farming, it is evident that the productive and harvesting cycle (milking) is continuous, and the physical state of the animals must be considered. That continuous activity means that it is not an act of partial or sporadic enjoyment, such as the existence of a watering easement might be, but rather it must be a continuous and total enjoyment for the use of the productive activity twice a day. This point of view makes the difference between the exercise of continuous, stable, productive agricultural possession, and an act of mere tolerance as an act of partial enjoyment of the property by consent of the neighbor or the owner of the property over which that mere tolerance is exercised (Brenes Córdoba). Evidently, facultative acts or acts of mere tolerance, understood as a partial enjoyment, do not give a right of possession (article 279 of the Civil Code). Mere tolerance, consequently, is a unilateral act of the owner or possessor of partial enjoyment, which is distinct from both parties contributing to the construction of an access between one tenement and another, as apparently, as we shall see, occurs in this case." 5.- In this particular case, we find ourselves faced with an ordinary lawsuit of negatory action (acción negatoria), to which the defendant party objected, pointing out that the easement has existed for more than fifty years.- As indicated in the majority's substantive considerations, the easement was indeed constituted by agreement (convenio) between siblings, who held co-ownership of the two tenements (servient and dominant), which would result in the existence of an easement by destination of the father of the family, which was not contradicted in the various transfers among successive acquirers (family members). But the emphasis is the agreement (convenio).- Now, if we start from the hypothesis of the negatory action, we must recall, once again, the Spanish doctrine: "Doctrine and case law accept that, despite this possibility not being generally contemplated in the Civil Code, the owner of a property has the so-called 'negatory action (acción negatoria)' to defend the integrity of his ownership right against any pretended limitation thereof arising from the exercise of possession, in this case, of a limited right in rem of easement of way, requesting that the competent judicial body issue a judgment declaring the non-existence of the alleged encumbrance and the reinstatement of the full dominion. It seems clear that if the possibility of exercising this action were to prescribe after the lapse of a certain period of time, the owner of the alleged servient tenement could not exercise it against the power of usucapion (ad usucapionem) thereof, regardless of whether the acquisitive effects of this possession had been consummated or not..." (Busto Lago, op.cit., p. 289). From the foregoing it follows that the negatory action would not proceed if the easement is legally constituted by the demonstration of a tacit agreement (convenio tácito), as occurs in this case, reinforced by the fact that, there being a destination and continued use for more than ten years, the same is not contradicted in the translative titles of ownership, nor in the information of the real estate registry, which contemplates the physical description of the easement in the cadastral plans.-
THEREFORE
The judgment is confirmed regarding what was the subject of the appeal, for the reasons explained herein. Judge ULATE CHACÓN provides additional reasons to confirm the ruling.- ????????????????
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECIDING JUDGE ???????????????
ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECIDING JUDGE ???????????????
ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECIDING JUDGE Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:26:08.
Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso ordinario agrario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Agrario Tema: Servidumbre agraria Subtemas:
Formas de constitución y análisis sobre la aplicabilidad de la establecida por destino de padre de familia en las discontinuas. Consideraciones sobre la utilidad de reinterpretar el Código Civil para aceptar la usucapión de las servidumbres de paso y el convenio tácito. Alcances e improcedencia de acción negatoria en caso de estar la servidumbre de paso legalmente constituida por la demostración de un convenio tácito.
Tema: Servidumbre de paso Subtemas:
Formas de constitución y análisis sobre la aplicabilidad de la establecida por destino de padre de familia en las discontinuas. Consideraciones sobre la utilidad de reinterpretar el Código Civil para aceptar la usucapión de las servidumbres de paso y el convenio tácito. Alcances e improcedencia de acción negatoria en caso de estar la servidumbre de paso legalmente constituida por la demostración de un convenio tácito.
Tema: Servidumbre por destino de padre de familia Subtemas:
Aplicabilidad en las discontinuas.
Tema: Acción negatoria agraria Subtemas:
Alcances e improcedencia de acción negatoria en caso de estar la servidumbre de paso legalmente constituida por la demostración de un convenio tácito.
"X.-[...]Siendo que los hermanos Pedro, Roberto y José Angel, todos ellos Prado Segura, eran copropietarios por partes iguales de las fincas que originaron las fincas de las partes y que desde el año 1956 establecieron el paso a favor de los que es hoy la finca de los codemandados a través de lo que es en la actualidad la finca de la actora, con signos aparentes que no han desaparecido hasta el día de hoy ni se ha establecido lo contrario hasta la fecha, la existencia de una servidumbre de destino de padre de familia ha sido demostrada por lo que los agravios no son de recibo y debe confirmarse la sentencia impugnada por las razones anteriores. [...] XI.- RAZONES ADICIONALES DEL JUEZ ULATE CHACÓN: [...] en Costa Rica, se ha profundizado sobre la necesidad y utilidad de una reinterpretación normativa del Código Civil para aceptar no solamente la usucapión de las servidumbre de paso, sino también el convenio tácito.
... Ver más Otras Referencias: Ver resolución del Tribunal Agrario No. 878 del 16 de setiembre del 2013.
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas EV Generación de Machote: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj ????????????????
ORDINARIO ACTOR/A:
ANA ISABEL DEL ROSARIO PRADO CHINCHILLA DEMANDADO/A:
CARLOS RODOLFO MORA SOLANO VOTO N° N° 2024000673 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas cincuenta y tres minutos del once de julio de dos mil veinticuatro.- PROCESO ORDINARIO incoado por ANA ISABEL PRADO CHINCHILLA, mayor, soltera, agricultora, vecina de Cartago, La Unión, San Rafael, cédula de identidad uno - quinientos ochenta y nueve - quinientos treinta y seis; contra CARLOS RODOLFO MORA SOLANO, mayor, casado, agricultor, vecino de San José, Acosta, Cangrejal, cédula de identidad uno - mil ochenta - cuatrocientos treinta y cuatro; ILVER ANTONIO PRADO MONGE, mayor, soltero, agricultor, vecino de San José, Acosta, Cangrejal, cédula de identidad uno - quinientos sesenta y seis - seiscientos cincuenta y ocho. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Ricardo Salazar Hidalgo, cédula de identidad dos - cuatrocientos treinta y dos - cero dieciocho, colegiado veintiún mil cien; y como abogado director de los demandados, el licenciado Carlos Manuel Monge Monge. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea.
Redacta el juez Picado Vargas; y,
CONSIDERANDO:
I.- De las pretensiones: La parte actora formuló el presente proceso ordinario para que en sentencia se declare lo siguiente: “1. Que se declare que la señora Ana Isabel Prado Chinchilla es la única y exclusiva propietaria y poseedora del inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario en el Partido de San José, bajo la matrícula de Folio Real número 548944-000. 2. Que se declare que sobre la propiedad con matrícula de Folio Real N°: SJ- 548944-000 no existe un derecho real de servidumbre agrícola o servidumbre de paso, a favor ni en contra de esta. 3. Que se declare la extinción de cualquier derecho de paso que existiera por mera tolerancia en la propiedad de mi representada, y que los codemandados, sus familiares, peones o cualquier otra persona que en sus nombres quieran ingresar, se abstengan de hacerlo en lo sucesivo, pues la actora de la demanda establece la terminación de la mera tolerancia. Esto bajo pena de ser procesados por el delito de desobediencia a la autoridad, si no cumplen con lo ordenado por la autoridad judicial. 4. Que en caso de oposición de la presente demanda, se condene a los codemandados en forma solidaria, al pago de ambas costas de esta acción.” (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José, escrito incorporado el 21/04/2021 04:10:52).
II.- Debidamente notificados los accionados contestaron negativamente la demanda formulada en su contra. (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José, escrito incorporado el 09/06/2021 02:47:08) III.- La Jueza Vanessa Fisher González, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea en sentencia 2023000033 de las uno horas treinta y seis minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda interpuesta por ANA ISABEL PRADO CHINCHILLA contra CARLOS RODOLFO MORA SOLANO e ILVER ANTONIO PRADO MONGE, todos de calidades citadas. Se resuelve sin especial condenatoria en costas (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José sentencia de primera instancia incorporada el 08/02/2023 01:36:39).
IV.- Se admite como prueba para mejor resolver la prueba documental ofrecida por la parte actora en su recurso de apelación de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria.- V.- Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al acervo probatorio. De esta naturaleza, se tiene por demostrados los siguientes hechos: 13.- El día 11 de agosto de 1956, Claudio Fallas García vende a Pedro Prado Segura la finca 139456 (testimonio de escritura admitida como prueba para mejor resolver a imagen 10 del recurso de apelación). 14.- El 24 de abril de 1995, Roberto, Pedro y José Angel Prado Segura dueños por partes iguales de la finca 154579 venden dicha finca a Azucena Prado Segura (asiento registral a imagen 84). 15.- Ese mismo día, Azucena Prado Segura vende a Pedro Prado Segura la finca 154579 y se convierte en la finca 177426 (asiento registral a imagen 84). 16.- El 24 de abril de 1976, Roberto Prado Segura segrega y vende de su finca 248899 un lote a su hermano José Angel Prado Segura creando la finca 248901 (asiento registral a imagen 75). 17.- El 24 de abril de 1976, Pedro, Roberto y José Angel Prado Segura como dueños por partes iguales de la finca 248893, la dividen en tres lotes , uno de ellos, el número 2 se lo adjudica José Angel Prado Segura. Creando la finca 248897 (asiento registral a imagen 78).- VI.- El licenciado Ricardo Salazar Hidalgo, en su condición de apoderado especial judicial de Ana Isabel Prado Chinchilla, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando lo siguiente: "MOTIVOS O AGRAVIOS: PRIMER MOTIVO. ERRONEA FUNDAMENTACIÓN ANALITICA O INTELECTIVA CON RESPECTO A UN SUPUESTO CONVENIO SOBRE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE. El A quo yerra al valorar la prueba, y analizarla para arribar como resultado de que la servidumbre que se alega no existe, en realidad si se constituyó por medio de un supuesto convenio suscitado verbalmente entre los dueños originales de los fundos dominantes y sirvientes, que eran los hermanos José Ángel Prado Segura (difundo en enero del año 2006), padre del codemandado Iver Prado Monge y el señor Pedro Prado Segura (difunto en julio del año 2020), padre de la actora Ana Isabel Prado Chinchilla.Llama la atención que la Tesis del supuesto Convenio Verbal no fue desarrollada ni probada por la parte demandada, que se enfocó en alegar dos situaciones: 1) que dicha servidumbre si estaba inscrita porque aparecía graficada en el plano catastrado de la propiedad de la actora y aparecía la servidumbre como uno de los linderos en la certificación literal de la propiedad de la actora; y 2) Que aunque no se reconociera la inscripción del gravamen de servidumbre, por el plazo de más de 50 años de uso ya había operado la prescripción positiva. Ambas tesis desarrolladas por la parte demandada fueron rechazadas como debía ser, por el A quo. Pero erróneamente la jueza si desarrolla la tesis de que sí había operado un convenio tácito entre los padres y antiguos dueños de los fundos de la parte demandada y la parte actora, basado en supuestos indicios como: a) el uso inmemorial de la servidumbre, b) el que la servidumbre estuviera graficada en el plano de la propiedad de la actora, y c) que en la certificación registral de la propiedad de la actora aparece como colindante este la servidumbre de paso. Esto se logra determinar cuando en lo literal el A quo dice en la sentencia recurrida: Asimismo, si se analiza el plano catastrado de la finca que era de Pedro (hoy de la actora), se infiere que el plano catastrado No. SJ-815296-2002 (imagen 3), describe ese camino como "servidumbre" el cual conduce hacia finca de los demandados. Ese plano fue levantado en el 2002, cuando de acuerdo a lo analizado en considerandos anteriores, pertenecía la finca sirviente a Pedro Prado y la dominante a José Ángel Prado, de manera que razonablemente se puede tener por acreditado el convenio. Aunque un plano catastrado por sí mismo no basta para constituir una servidumbre, el punto acá es que en virtud del principio de unidad de la prueba, si se valora ese documento con la contundente posesión ejercida por los dueños del fundo dominante, se colige con meridiana claridad que efectivamente se había constituido el convenio. El plano catastrado se confecciona haciendo coincidir la realidad material con la catastral. Aunado a lo anterior, en la certificación registral de esa finca de la actora (imagen 2) se refiere que al este colinda con servidumbre de paso y José Ángel Prado, lo que refuerza la existencia de ese convenio. Pero resulta que esos tres indicios no son válidos para arribar a la conclusión de que sí existió un convenio verbal de constitución de servidumbre, convenio que no describe longitud, ancho y rumbo de la servidumbre y si esta fue gratuita y onerosa, por tiempo definido o indefinido, voluntaria o forzosa. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 002395-F-S1-2020 de las diez horas veinticinco minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, dijo lo siguiente: "V. El recurso de casación presentado no logra el efecto pretendido y, por el contrario, es una gestión que deviene en inútil a fin de quebrar lo dispuesto en las sentencias de primera y segunda instancia. Lo anterior por cuanto, la parte no atacó en ningún momento la conclusión del personal juzgador, en el sentido de que la prueba aportada y que reclama como indebidamente valorada no es idónea para acreditar la existencia de la servidumbre de paso, esto, no en el sentido de la existencia material, sino de que registralmente se haya establecido una limitación sobre el fundo de la demandada en favor de los de las accionantes; toda vez que la prueba idónea para ello, no es más que aquella que demuestre la constitución de la servidumbre conforme a lo establecido en los numerales 370, 375 y 379 del Código Civil. La citada prueba, se echa de menos a lo largo de todo el proceso y es por esto que no es posible otorgar una restitución de la servidumbre conforme a lo pretendido, pues no se cuenta con el convenio o la disposición de última voluntad, en el que se indique las dimensiones, naturaleza y demás detalles de la misma. Como bien lo expuso el juez de primera instancia y reafirmaron las juezas de alzada, la servidumbre de paso no puede constituirse por el asentimiento o el simple uso y paciencia del propietario del fundo sirviente, toda vez que este tipo de servidumbre no cumple con las características que impone el citado artículo 379 del Código Civil; que es ser una servidumbre continúa y aparente a la vez, debido a que carece del primer requisito, esto, al requerir de una actividad humana cada vez que se utiliza. Ahora bien, respecto de la prueba documental aportada ante esta instancia, la misma no es de recibo; en primer lugar, porque no fue aportada en la forma que estipula el artículo 609 del Código Procesal Civil (utilizando para la resolución de este recurso la Ley 7130, conforme a lo establecido en el Transitorio I de la Ley 9342 y se armonizará en lo posible el procedimiento con la nueva legislación) y en segundo; porque no se trata de documentos de influencia efectiva para el proceso, ya que, al igual que la prueba que se alega indebidamente valorada, corresponde a documentos en los que se indica que la servidumbre es un límite de la propiedad, más no de constitución de tal." (la negrita y el subrayado no es del original). El artículo 375 del Código Civil que menciona dicho Voto, establece que la extensión de las servidumbres se determina por el título, documento necesario del que carece la parte demandada para probar dicho convenio y sostener la Tesis del A quo.Por otro lado, La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N°001583-F-S1-2019 de las once horas cuarenta y dos minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dijo lo siguiente: "V. En sus dos primeras líneas de argumentos, conforme a la síntesis procurada en el III Considerando, la recurrente rechaza la falta de prueba de la servidumbre pues, en su tesis, las segregaciones originales de sus fincas la demuestran mediante los linderos descritos en la segregación de su propiedad 98090. Al mismo tiempo reprocha error en las segregaciones que dieron lugar a las fincas de los accionados luego de 1998, pues hacen “aparecer” una servidumbre en contra de su propiedad no. 90038 que en realidad no existe. Sobre este último punto cabe recordar que el Tribunal rechazó la reconvención pues, entre otras razones, consideró que en el área objeto de disputa tampoco está constituida una servidumbre en beneficio de los predios de los demandados, por lo cual ese último punto carece de interés, en tanto no entraña ningún pronunciamiento a favor o en contra de las pretensiones de alguna de las partes litigantes. En torno al primer aspecto, como bien refiere el Tribunal, para tener por constituido el derecho real de servidumbre, particularmente en las de carácter discontinuo -como ocurre con la servidumbre de paso-, se requiere de acuerdo de partes, o disposición de última voluntad (artículo 379 del Código Civil). La actora insiste en demostrar la existencia de la servidumbre (en el área disputada) a partir de la descripción de linderos de las sucesivas heredades que derivaron de las fincas 20900 y 76048. Tal esfuerzo es insuficiente, pues la descripción que haga el topógrafo de las colindancias de una finca -replicadas por el notario para la respectiva inscripción del terreno a partir de la información brindada por el agrimensor- no equivale a constitución de derecho real alguno respecto de las colindancias, su estatus o calificación jurídica. Se requería de acreditación de un negocio jurídico o disposición testamentaria -se insiste- en el que la parte actora, o anteriores titulares de las fincas 90038-000 y 98090-000 establecieran ese derecho real en beneficio de esa última heredad. Lo anterior evidencia la imposibilidad de acoger su reclamo de titularidad sobre la servidumbre y la negación de ésta respecto de los fundos de los demandados, en tanto, se reitera, no está inscrita una servidumbre en el área objeto de debate, ni a favor de la actora ni de los accionados. Así, sus dos primeras líneas de argumentos deben denegarse. (la negrita y el subrayado no son del original). Para los que hemos tramitado planos catastrados en los últimos años, sabemos que todo topógrafo que tenga conocimiento de que si un camino interno le da salida a otra finca del fondo, ellos la grafican como servidumbre de paso o servidumbre agrícola, y la grafican con 7 metros de ancho, aunque en la materialidad no los tenga, y esto lo digo por conocimiento de causo tanto por experiencia propia como por casos judiciales que he conocido en donde los dueños de fundos me informan de que a pesar de ellos rogarles o insistirles a los topógrafos que grafiquen el camino como un camino interno, estos insisten en graficarlas con el nombre de servidumbres agrícolas o de paso. SEGUNDO MOTIVO: ERRÓR DE ANÁLISIS Y/O APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA: El A quo analiza y aplica erróneamente el artículo 1008 del Código Civil el cual establece: “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca”. La inconformidad se logra verificar cuando el A quo dice en lo literal en la sentencia recurrida: “Sobre el particular, lleva razón la parte accionada, cuando argumenta en su contestación que debe de aplicarse en este caso el ordinal 1008 del Código Civil el cual establece: "El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca" (el énfasis no es del original). Ello por cuanto la prueba del convenio que refiere el ordinal 379 de ese mismo cuerpo legal, debe de valorarse conforme a las circunstancias del caso en particularmente el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Por ello no resulta atendible el argumento de la parte actora de que no se aportó "convenio escrito" porque no rige un sistema de prueba tasada para acreditar esta circunstancia. Bajo esta inteligencia, de esas declaraciones se desprende que evidentemente había un convenio o voluntad del titular del fundo sirviente (de Pedro Prado) para que el camino existente en su finca se destinara a servidumbre de la finca de su hermano (José Ángel), quien incluso lo mejoró hace más de veinte años.” En cuanto a lo dicho por el A quo en la sentencia, la parte actora considera que no lleva razón la jueza por los siguientes dos motivos: 1) La jurisprudencia nacional en cuanto a constitución de servidumbres de paso se ha decantado mayoritariamente por los convenios escritos y no verbales para demostrar su constitución, y 2) El mismo artículo 1008 del Código Civil dice al inicio: “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado…” y de la prueba aportada por las partes y los indicios invocados por el A quo no se logra determinar con claridad la información necesaria para inscribir una servidumbre como la longitud, ancho y rumbo; y si esta fue onerosa o gratuita, por tiempo definido o tiempo indefinido. Los testigos de la parte demandada solo se refirieron al uso por mera tolerancia, nunca afirmaron de que hubieran estado presentes cuando se dio el pacto verbal de constitución de servidumbre definiendo la descripción clara de los elementos constitutivos que si se dan en un verdadero convenio. Si bien los convenios pueden ser verbales, estos deben probarse fehacientemente, como podría ser las declaraciones de los ex – propietarios de los fundos sirviente y dominante, las declaraciones de testigos que respalden el negocio jurídico de constitución de servidumbre y no la simple materialidad de un camino y el análisis de indicios indirectos, que ya la jurisprudencia ha manifestado son insuficientes para declarar como constituida una servidumbre de paso. En este sentido, La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 000750-F-2000 de las dieciséis horas treinta minutos del dos de octubre de dos mil, dijo lo siguiente: “IV. La codemandada aquí recurrente sostiene que la servidumbre se constituyó por acuerdo de voluntades entre el actor y la anterior propietaria del inmueble. El actor, por su parte, si bien admite que el tendido eléctrico se dispuso con su anuencia, niega que el permiso trascendiera de una cuestión meramente personal, esto es, una concesión gratuita en provecho exclusivo de un pariente. La constitución de una servidumbre, como se vio, importa un gravamen real sobre un inmueble y por lo mismo una limitación muy grave del dominio. Por eso, si procede de convenio, debe tener como sustento un acuerdo claro y expreso. No se puede inferir de actos o conductas de contenido ambiguo. Según resulta de la prueba analizada por los juzgadores, fundamentalmente la testimonial, hay elementos de juicio suficientemente explícitos y además coincidentes para concluir que el permiso de reiterada mención se dio intui personae.” (la negrita y el subrayado no son del original). TERCER MOTIVO. TRANSCRIPCIÓN PARCIAL Y MUTILACIÓN DE LA PRUEBA. Vemos con tristeza que se transcribe mucho los testimonios de la parte demandada (demandados y testigos) y se mutila prueba importante a nuestro parecer de la parte actora, como lo es la descripción detallada de las perturbaciones, el hecho de que en una de las casas que está al lado de la supuesta servidumbre viven allí la madre de la actora, doña Olga Chinchilla Arias, actualmente de 85 años de edad (que es la testigo de más edad y no el señor Noe Eduardo Elizondo Arias como se dice en la sentencia), y también su hermano mayor, Dagoberto Prado Chinchilla, actualmente de 62 años de edad y quien tiene una afección cardiaca; ambos fueron testigos del proceso, pero solo se mencionan partes de sus testimonios, solamente para favorecer la tesis desarrollada por el A quo. Pido vehementemente al Tribunal de Alzada escuchar los audios de los testimonios de los testigos y declaración de parte de la parte actora. Por ejemplo, la declaración de la testigo dra. Cristina Prado no fue tomado en cuenta ni mencionado para nada. Por otra parte, El A quo toma como cierto todo lo que dijeron los testigos de la parte demandada. Por ejemplo, el padre del demandado Carlos Rodolfo Mora Solano, el señor Aurelio Mora Cruz manifestó en forma maliciosa y para favorecer a su hijo, que los terrenos de los hermanos Pedro y José Ángel ambos Prado Segura, los obtuvieron por herencia de su padre, lo cual es falso. Por ejemplo, la finca con folio real 139456-000 el señor Pedro Prado Segura, padre de la actora Ana Isabel Prado Chinchilla, la obtuvo por medio de compra que le hiciera al señor Claudio Fallas García el día 11 de agosto del año 1956, esto ante el Notario Carlos Bolaños Morales, certificación que se aporta como prueba para mejor proveer. Nótese que esta finca folio real SJ-139456-000 medía 10 hectáreas, 26 áreas, 88 centiáreas, 76 decímetros cuadrados por lo que desmiente lo dicho por el testigo complaciente Aurelio Mora Cruz. Cuando don Pedro Prado, padre de la actora Ana Isabel Prado, compra la finca descrita en el 11 de agosto del año 1956, el señor Aurelio Mora Cruz, padre del demandado Carlos Rodolfo Mora Solano, no había nacido siquiera, ya que don Aurelio actualmente de 66 años de edad, nació el 13 de noviembre de 1956 (de acuerdo al Registro Civil). El testigo de la parte demandada Noe Eduardo Elizondo Arias tenía apenas 10 años de edad en el año 1956 y no era ni vecino cercano del lugar, solo visitaba el caserío de Cangrejal ocasionalmente como él lo dice en su declaración. Solicito se tenga duda de lo declarado por los testigos de la parte demandada señores Aurelio Mora Cruz y Noe Eduardo Elizondo Arias. CUARTO MOTIVO. INCONFORMIDAD POR NO DAR MÉRITO A LA PERTURBACIÓN Y ARROGACIÓN DE UN DERECHO REAL POR PARTE DEL DEMANDADO CARLOS RODOLFO MORA SOLANO: El A quo minimiza en este caso dos elementos importantes de la acción negatoria como lo son la perturbación y la arrogación de un derecho real por parte de los demandados. Esto se logra verificar en el considerando VII en donde la Jueza le resta importancia a las perturbaciones realizadas por los demandados (moto tours y peleas de gallos), cuando la perturbación es uno de los elementos detonadores de toda acción negatoria así como el hecho de que los demandados se arroguen un derecho no constituido como es la servidumbre de paso. Ulate dice: “Se trata de un medio de defensa contra la inquietación o intromisión en la propiedad ajena, cometida sobre la base de atribuirse un derecho” (Ulate Chacón Enrique. Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. San José, Calbasa; 2007, pag.713). El hecho de que la familia Prado Chinchilla le haya permitido el paso por mera tolerancia a la familia Prado Monge por 50 años, esto por ser familia, eso no significa que un tercero ajeno a la familia venga a comprar un derecho y se le tenga que permitir actividades como moto tours y actividades de peleas de gallos, en donde un tropel de vehículos automotores y gente pasen por medio de la finca de la actora, en donde vive su madre que es una adulta mayor y también vive su hermano mayor que tiene una afección cardiaca y necesitan tranquilidad y paz en sus vidas." (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José escrito incorporado el 16/02/2023 05:37:19).- VII.- Conviene exponer, en primer término, los elementos que componen una acción negatoria, de la cual se trata el presente asunto, según se desprende del compendio de pretensiones contenidas en el libelo de demanda visible a folio 58. Dicha acción, contenida dentro del amplio espectro, contenido en nuestro Ordenamiento Jurídico para la tutela de la propiedad y contenido en el Voto de este Tribunal de las 14:45 horas del 17 de agosto de 1997, No. 586, citando a la Sala Primera de Casación, en lo conducente indicó: "...IV.- La Jurisprudencia de la Sala Primera de Casación, ha reiterado en muchas sentencias lo relativo a las distintas acciones protectoras del derecho de propiedad. Entre otras, en la sentencia No. 230 de las 16 horas del 20 de julio de 1990, se expresó: "IV.- Nuestro ordenamiento jurídico tiene un amplio espectro para la tutela de la propiedad en sus más diversas manifestaciones, podría señalarse que no obstante encontrarse dispersas por diferentes partes del Código Civil, incluso de otros cuerpos normativos, hay todo un régimen de acciones protectoras (artículos 295 y 316 del Código Civil), divididas en dos grandes apartados: 1) Las acciones de hecho, contempladas en los artículos 305 y 306 del Código Civil referidas a la autorización otorgada al propietario para defender de hecho su derecho cuando el mismo se encuentra amenazado, sólo que en este caso su acción resulta jurídicamente tutelada en tanto ejerce la protección con las particularidades propias de la legítima defensa, es decir frente a la agresión ilegítima, siendo necesaria su defensa, y existiendo proporcionalidad en el medio empleado. 2) Existen también un complejo conjunto de acciones de derecho aplicadas según el caso a las exigencias del propietario, el derecho afectado, e incluso la urgencia en su uso. Estas acciones muchas veces tienen una estructura formal similar (en cuanto al propietario, a quien afecta, perturbar o despoja la propiedad, y sobre todo en cuanto a la correcta identificación de la cosa), sin embargo, tienen grandes diferencias en cuanto a la forma en que tutelan la propiedad. Estas acciones pueden dividirse de la siguiente forma: A) acciones ordinarias, ubicándose dentro de esta categoría a) la acción reivindicatoria (artículos 316, 320 a 333 del Código Civil), b) la Negatoria, referida a la afectación de otro de los atributos de la propiedad distinto del de posesión, y es la denominada actio negatoria del Derecho romano, y c) la publiciana, denominada en Costa Rica más comúnmente como de mejor derecho de posesión (artículos 317 y 322 del Código Civil)... V.- LAS ACCIONES PROTECTORAS DE LA PROPIEDAD ( COMO DERECHO REAL) EN VIA ORDINARIA: Estas acciones mantienen un parelelismo respecto a las acciones protectoras de otros derechos reales, tales como la posesión, el usufructo y la servidumbre, las cuales adquieren otras denominaciones, dependiendo del fin perseguido. Veamos: 1. Para recuperar la posesión el titular del Derecho de propiedad, cuenta con la acción reivindicatoria, mientras que quien ostenta el Derecho de posesión pero por haber sido desposeído cuenta con la conocida "acción publiciana" o de mejor derecho de posesión; 2. También, cuando el propietario no pretende recuperar la posesión pero si obtener la declaratoria de su derecho con efectos erga ommes cuenta con la ACCION DECLARATIVA O DE CERTEZA; 3. Igualmente puede negar el derecho real de otra persona que se lo atribuye para sí, conocida como ACCION NEGATORIA. Estas dos últimas, es lógico pensar que también son procedentes en tratándose del Derecho de posesión como derecho real que necesita ser protegido, así el poseedor que se ve perturbado en su Derecho de posesión ( ya no en la posesión como mero hecho caso en el cual podría ejercitar la acción interdictal), puede pedir en vía ordinaria que se declare que es a él a quien le asiste el derecho, y también negar a otra persona un derecho que se está atribuyendo indebidamente y que no le pertenece ( ACCION DECLARATIVA Y NEGATORIA)... VIII.- LA ACCION NEGATORIA: La acción NEGATORIA es también una acción real que puede ser ejercitada tanto por un propietario, como por quien ostenta legítimamente otro derecho real. "La acción negatoria asiste al propietario para obtener la declaración de que la cosa objeto de su derecho no se encuentra sujeta al derecho que otro se atribuye sobre ella. Se llama negatoria o de libertad de la propiedad y puede ejercitarla todo propietario, poseedor o no, exclusivo o copropietario, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles... Se trata de un medio de defensa contra la inquietación o intromisión en la propiedad ajena, cometida sobre la base de atribuirse un derecho... La acción no aparece expresamente regulada por el Código Civil, pero ha sido reconocida y regulada en su ejercicio por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sus requisitos de ejercicio sería fundamentalmente, los siguientes: 1. La justificación del dominio actual del actor. 2. La prueba de los actos de perturbación que el demandado ha causado en el goce o ejercicio del dominio. Esta perturbación tiene que haber sido realizada con la pretensión de ostentar un derecho real sobre la cosa, puesto que para reprimir perturbaciones de mero hecho puede utilizarse las acciones posesorias.... La acción negatoria produce, fundamentalmente, los siguientes efectos de una parte, la declaración de que no existe el pretendido derecho del demandado; por otra parte, lo indemnización de daños y perjuicios que hay que unir a la cesación de la perturbación." ( Ver MONTES, op. cit., páginas 106-108).- También se ha definido la acción negatoria de la siguiente forma: la que compete los poseedores de inmuebles contra quienes les impidan el libre ejercicio de los derechos reales, a fin de que esa libertad sea restablecida. ( Artículo 2.800 del Código Civil Argentino). Esta acción se da contra cualquiera que perturbar el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, cuando se arrogue sobre él una servidumbre indebida... ( Ver CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, op, cit, Tomo I, página 48). En principio, y a partir de las fuentes romanas, la acción negatoria era concedida básicamente al propietario quien, al verse inquietado o perturbado por un sujeto que se atribuía para sí un derecho de usufructo o servidumbre, solicita declarar la inexistencia de tal derecho. Refiriéndose a dichas fuentes romanas, la doctrina española cita los siguientes casos de acción negatoria: " Es ésta la acción propia del dueño de un fundo contra una persona que pretende tener un usufructo sobre el mismo cuando el propietario niega la existencia de este usufructo". "Es ésta la acción correspondiente al propietario de un fundo contra la persona que injustamente pretende tener un derecho de paso a través del mismo." "Es ésta la acción del propietario de un fundo contra la persona que pretende tener derecho a construir un edificio sobre su propio suelo, elevándolo más de cierta altura, cuando el actor niega que tenga tal derecho".(MARTIN-BALLESTERO, Luis. La acción negatoria, Editorial Tecnos, Madrid, 1993, p. 43). Desde esa perspectiva, estaba legitimado para ejercer la acción negatoria únicamente el propietario. El legitimado pasivamente podía ser no solo contra aquellos que pretendieren mantener una posible servidumbre, sino que bastaba con la existencia de un estado o situación de hecho que objetivamente se correspondiera con el ejercicio de una servidumbre o usufructo. De esa forma era una acción limitada. La doctrina tradicional exigía como requisitos de la acción negatoria los siguientes: "1. que el actor justifique en principio su derecho de propiedad (mediante la presentación del correspondiente título de adquisición de la cosa). 2. Que pruebe la perturbación que el demandado le haya causado en el goce de su propiedad (perturbación que ha de ser realizada con pretensión de ostentar un derecho real, pues para reprimir perturbaciones de puro hecho no hace falta acudir a esta acción). En cambio, no es preciso que pruebe el actor la inexistencia de la servidumbre o derecho real pretendidos por el tercero, pues es principio de derecho ya repetido que la propiedad se presume libre y que el que sostiene la existencia de limitaciones a la misma es quien debe probarlas".(CASTAN TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral, ed. rev. por G. García Cantero, 2, vol. 1o., Reus, Madrid, 1992, p. 216, citado por Martin-Ballestero, op.cit., p. 80). IX.- Modernamente la acción negatoria tiene otro perfil práctico. No es solo para la defensa del derecho de propiedad. Debe admitirse que titulares de otros derechos reales sobre la cosa tengan protección contra quienes ejerzan sobre aquélla supuestos derechos que les perjudiquen. Indudablemente merecen una protección por parte del ordenamiento, independientemente de que se le llame acción negatoria o de otro tipo. En la doctrina española, se admite hoy día la posibilidad de ejercitar la acción negatoria, no solo frente a actos perturbatorios derivados de un presunto ejercicio de un derecho real de servidumbre o usufructo, sino también cuando la perturbación o molestia lo es de puro hecho o alegando haber adquirido mediante un documento privado un derecho que ahora el titular le niega. En este caso estaríamos ante un supuesto de acción negatoria puramente declarativa..." (Lo resaltado no corresponde al original).- VIII.- Conviene, asimismo, analizar la figura de la servidumbre de destino de padre de familia, alegada por la parte demandada y negada por la parte actora a lo largo del proceso, la cual es una servidumbre cuyo origen es legal y de la cual, en el voto 113-F-09 de este tribunal sobre el tema de las servidumbres se ha resuelto: " V.- ...Pretende obtener la declaración judicial de una servidumbre de paso a su favor, sin indemnización, por considerar que su inmueble conformaba una sola finca, con el terreno de los demandados, y desde tiempos inmemoriales ha utilizado el paso, sobre dichas fincas, para poder salir a la calle pública de Las Palmas. Además, sostiene, que la quebrada existente detrás de su casa, llamada Quebrada Las Palmas, afluente del Río Sucio, imposibilita el paso o salida a la calle pública que colinda al norte y al oeste con su propiedad, lo cual le afecta porque tiene su esposa enferma. Recrimina que los demandados le cerraron el paso, irrespetando ese derecho de paso existente y dejándolo sin posibilidad material de salir cómodamente de su propiedad y sin salida bastante a la vía pública, (folios 428 a 434). Todo ello, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la servidumbre de paso, y sus distintas formas de constitución reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, que tiene una derivación francesa. VI.- Este Tribunal, desde hace más de diez años, explicó en una resolución las diferentes formas de dar solución a un caso como el presente, al respecto señaló: "...Uno de los aspectos esenciales en relación con las servidumbres, es lo relacionado a su contenido y a su modo de constitución, siendo este tema esencial para la resolución del fondo de este asunto. Cuando un fundo, quede en una situación de enclave, y por ende no tenga salida o salida bastante a calle pública, el ordenamiento jurídico ha configurado varias soluciones posibles, dependiendo de las situaciones fácticas, por las cuales se originó el enclave. La primera solución posible en relación a un predio enclavado, es que la salida suficiente a calle se le otorgue por medio de la constitución de una servidumbre, voluntaria. Sobre las servidumbres voluntarias, Manuel Albaladejo señala: "Las servidumbres se establecen: 1. Por voluntad de los interesados, mediante negocio jurídico mortis causa o intervivos (...) Para constituirlas es preciso tener capacidad para disponer por el acto de que se trate del bien sobre el que se establecen, y que correspondan al constituyente las facultades que la servidumbre que sea otorgada sobre la cosa gravada. Por eso es indudable que puede constituirlo el dueño pleno (o si aquella es de varios, obrando todos por unanimidad); en cuanto al propietario nudo o con dominio limitado por algún otro derecho (así, por servidumbre anterior existente sobre la cosa, o si, de cualquier modo los deja a salvo, y en cuanto a quién, sin ser propietario, tiene sobre la cosa un derecho que le atribuye las facultades que la servidumbre conferirá al dueño dominante, puede también constituir ésta (como las mismas sortapisas señaladas antes para el dueño con dominio limitado) para el tiempo que dure su derecho". Esta posibilidad de constituir servidumbre por voluntad, ya sea mortis causa o intervivos, se encuentra regulada en el Código Civil, en la relación de los artículos 378 y 379, por cuanto el primero señala: "Las servidumbres que son continuas y aparentes a la vez, pueden constituirse por convenio, por última voluntad o por el simple uso del uno y paciencia del otro", y en el segundo artículo indica: "Las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no aparentes, solo pueden constituirse por convenio o por última voluntad. La posesión aún la inmemorial, no basta para establecerlas." Otro de los modos por los cuales se puede dar solución al problema del fundo enclavado, es el supuesto indicado en el artículo 380 del Código Civil el cual señala: "La existencia de un signo aparente de servidumbre continúa entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos". Esta figura es la denominada servidumbre por "destino de padre de familia" que "consiste en que si existe un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre surja" (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Vol. II, Editorial Bosch, 8a. edición, 1994, pág. 141). En consecuencia, al existir una servidumbre, es evidente que el actor tiene derecho a hacer uso de las facultades que la Ley le confiere para su ejercicio. En efecto, el artículo 374 del Código Civil dispone: "El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla, y puede hacer todas las obras indispensables para ese objeto, pero a su costa, si no se ha estipulado lo contrario...". La servidumbre por destino de padre de familia, debe cumplir una serie de requisitos, que de buena forma expone Albaladejo citando a Bonet Correa, en lo que interesa: "La creación de la servidumbre se produce ex lege (...) por la concurrencia de los requisitos que la ley marca con independencia, pues, de que los signos de la misma no se hayan suprimido por inadvertencia o para que, mantenidos, surgiere aquella; y los mismo que diga que si es que la escritura no contenía declaración contra la servidumbre. El signo debe ser viable (...) no importa que la servidumbre que se crea sea precisa. (...) el signo aparente de servidumbre dice la ley que haya sido "establecido por el propietario de ambas" (....) Pero el término "establecer" no debe interpretarse estrechamente, así que entendemos vale también el signo puesto por otro, y conservado por el propietario. Lo que importa es que exista al producirse la enajenación de la finca. (...) La servidumbre no surge si al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas se expresa lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas (...) De donde se sigue que si se enajena sólo será en el título de enajenación de ésta donde deberá hacerse constar la voluntad contraria, y si se enajenan las dos simultáneamente, podrá hacerse constar en el de cualquiera de ellas. (...) Por título se entiende la escritura correspondiente." (ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, Tomo III, Vol. II, Editorial Bosch, 8ª. edición, 1994, pág. 141-143). Es claro que bajo este supuesto no corresponde la indemnización, por cuanto la servidumbre existía y ha sido utilizada para dichos efectos desde que se originó el fundo que quedó teóricamente enclavado, pero que en la realidad tenía salida constituida por el antiguo dueño. De aquí que se derive la consecuencia de la no indemnización pues la salida fue adquirida de pleno derecho sea ipso iure, sin necesidad de declaratoria judicial. La tercera posibilidad para darle salida al fundo enclavado, es la servidumbre constituida de forma forzosa, el Código Civil al respecto señala en su artículo 395: "El propietario de un predio enclavado entre otros fundos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el valor del terreno necesario y de todo otro perjuicio". Sobre este tipo de servidumbre forzosa Albaladejo señala: "Por disposición de la autoridad (judicial o administrativa) es decir, por adjudicación que ésta decreta a favor del titular. Lo que ocurre en el caso de las prediales forzosas (...) cuando pedida su constitución por quien tiene derecho a la misma, es otorgada por la autoridad competente" (ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, tomo III, Vol. II, Editorial Bosch, 8a. edición, 1994, pág. 141-143). Esta forma de constitución, tiene como particularidad el hecho de que se constituye por medio de declaratoria judicial y debe indemnizarse el valor del terreno necesario y todo otro perjuicio. Finalmente, el problema de un predio enclavado, puede ser solucionado por medio del instituto del derecho de paso regulado en el artículo 400 del Código Civil, el cual indica: "Si se vende o permuta alguna parte de un predio, o si se adjudica cualquiera de los que lo poseían en común, y esa parte queda enclavada, se considerará concedido a su favor el derecho de paso sin indemnización alguna". Este artículo presenta la particularidad de que el fundo queda enclavado a raíz de un acto dispositivo del titular del predio, de modo tal de que transmite parte del inmueble dejando una de las partes enclavada, en consecuencia por razones de interés social y económica de que todo el fundo tenga salida a calle, se entiende que todo fundo tenga salida a calle, se entiende que de pleno derecho el sujeto tenga derecho de paso, para así tener salida a calle, sin que se le pueda obligar a pagar indemnización alguna por ello. En síntesis, de las anteriores argumentaciones se han podido establecer cuatro diversas soluciones frente a un problema de fundo enclavado..." (Tribunal Agrario, No. 635 de las 13:45 horas del 24 de setiembre de 1999). VII.- Dadas las particularidades del caso que nos ocupa, en donde la supuesta servidumbre de paso reclamada por el actor, podría provenir de un fundo que originalmente pertenecía al mismo propietario, conviene profundizar sobre la naturaleza de la servidumbre por destino de padre de familia, con el fin de determinar, si dicho instituto es aplicable únicamente a las servidumbres continuas o aparentes, como sostiene una parte de la doctrina, o también puede ser aplicado a las servidumbres discontinuas, como sería la de paso, cuando exista un signo aparente de servidumbre y la misma no haya sido rechazada al momento de producirse el traspaso o la escritura. Si sobre los orígenes del artículo 380 de nuestro Código Civil, habría que referirse, en primer lugar, a la experiencia francesa, en donde el legislador, la doctrina y la jurisprudencia, han coincidido en darle un alcance amplio a la servidumbre por destino de padre de familia, reconociendo su aplicación también para los casos de las servidumbres de paso donde pueda existir un signo aparente de servidumbre. Los artículos 692, 693 y 694 del Código Civil francés disponen: "692.- El destino del padre de familia vale como titulo respecto a las servidumbres continuas y aparentes" “693.- Existirá destino de padre de familia siempre que esté probado que los dos fundos actualmente divididos han pertenecido a un mismo propietario, y que es por él que las cosas han sido puestas en el estado del cual resulte la servidumbre". " 694.- Si el propietario de dos heredades entre las cuales existe un signo aparente de servidumbre, dispone de una de las heredades sin que el contrato contenga alguna cláusula relativa a la servidumbre, ella continúa existiendo activamente o pasivamente en favor del fundo enajenado o sobre el fundo enajenado". En relación con la división y la valoración de la prueba, la jurisprudencia francesa ha establecido criterios sobre la existencia del signo aparente de la siguiente forma: "La prueba de una servidumbre de paso establecida por destino de padre de familia, resulta, dentro del silencio del acto que ha operado la separación de las dos heredades, de la existencia de un signo aparente de servidumbre". (Req. 6 déc. 1898, D.P. 99, I, 87.- Civ. 8 juill. 1919, D.P. 1923.1.230, en: Códe Civil, Dalloz, Paris, 1965, p. 311) "Los jueces de fondo aprecian soberanamente la existencia, después de la división de las heredades, operada por el autor común, de un signo aparente de servidumbre establecido por destinación de padre de familia, y si es determinante después la intención del constituyente y las circunstancias extrínsecas y de la ejecución dada a los actos o convenciones e igualmente toman en consideración los elementos posteriores a la división de los fundos" (Civ. 3e. 25 janv. 1972: Bull.civ.III, no. 54 23 janv. 1991: ibid. III, no 38.- Jurisprudence constante). En la ausencia de signos aparentes sobre el plano anexo al acto de venta, esos signos aparentes deben ser buscados dentro de la situación misma del lugar (Civ.3e, 11 juin 1992: bull.civ.III, no. 201). El estado de hecho aparente, característico de la servidumbre por destino de padre de familia, debe existir al momento de la división de los fundos (Soc. 27 déc. 1945: D. 1946). Code Civil, 101º edición, Dalloz, 2002, página 650. La doctrina francesa, hace referencia a una controversia secular con motivo de la interpretación de ambas disposiciones (Bonecasse, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla, 1990, p. 498). Como elementos constitutivos de la servidumbre, según el 693, señalan tres: "1. Se requiere que las dos fincas, actualmente separadas, hayan pertenecido con anterioridad al mismo propietario; 2. Que se demuestre que este propietario es el autor del estado actual de los predios, que creó ese estado de hecho, del cual, con posterioridad surge la servidumbre que nunca antes había existido; y 3. Que este estado de hecho sea permanente, constitutivo de servidumbre y no un simple acondicionamiento para la comodidad" (PLANIOL Y RIPERT, Derecho Civil, 1990, Harla, p. 546). En relación a la interpretación del 694 los citados autores afirman: "el art. 694 se conforma con un signo aparente de servidumbre. No es necesario que la servidumbre sea continua. ¿Podrá aplicarse el art. 694 a una servidumbre de paso, la cual no es susceptible de constituirse por destino del padre de familia, ya que es discontinua?... En nuestra opinión, la distinción debe ser la siguiente: el art. 692 se ocupa de la creación de una servidumbre nueva, por destino de padre de familia, la cual nunca había existido con anterioridad; nace primero de hecho, antes de hacer como servidumbre al separarse los dos predios. El art. 694 se ocupa de los casos en que una servidumbre, establecida por cualquier procedimiento, existía ya entre dos predios que con posterioridad pertenecen a la misma persona. La servidumbre se extinguió, en este caso, por confusión, y lo que se trata de saber es en qué condiciones revivirá cuando las dos fincas se separen nuevamente. Continúa existiendo, dice el texto, lo que es una expresión muy exacta; se verá que la confusión no implica ningún obstáculo temporal al ejercicio de la servidumbre, y que, en realidad, no la extingue. La ley se conforma con un signo aparente de servidumbre, es decir, un indicio que anuncie la intención de mantener el estado de hecho anterior. La ley da, más facilidades para mantener una servidumbre que para crearla, no exige la condición de continuidad. De esta manera el tribuno Albison explicó el art. 694..." (PLANIOL y RIPERT, op. cit., p. 546). La doctrina francesa más moderna, se refiere a esta antigua controversia, sobre las servidumbres, cuando son aparentes pero discontinuas, como la servidumbre de paso, cuando se ha trazado un itinerario para su ejercicio, indicando que esa jurisprudencia ha sido aprobada por la mayoría de autores: "La jurisprudencia francesa adopta una solución más conforme al sentido literal de los artículos 692 y 694 y a las tradiciones de las costumbres de París y de Orléans. Sus razonamientos proceden del fundamento de la creación de la servidumbre por destino de padre de familia, creación que reposa sobre la voluntad presunta de las partes que, luego del acto de separación, han dejado subsistir el estado de cosas anterior." (TERRÉ, Francois y SIMLER, Philippe, Droit civil. Les biens, 5a. edición, París, Dalloz, 1998, p. 677). De todo lo anterior, se concluye, que la servidumbre por destino de padre de familia se aplica, en principio a las servidumbres aparentes y continuas. Sin embargo, la existencia de un signo aparente de servidumbre, cuando un propietario lo establece para el mejor ejercicio de su actividad, entre dos fundos o uno solo de su propiedad, y luego se divide en partes, dicho acondicionamiento que ha creado por comodidad y utilidad de su propio fundo, se mantiene, a favor o a cargo de los fundos resultantes de la división. Por ello, también resulta aplicable el instituto a las servidumbres de paso. Para una mejor comprensión del tema, y a fin de reforzar este criterio de interpretación, es importante analizar la regulación del instituto en otros países y el análisis que hace la doctrina dominante. El Código Español recogió el instituto en el artículo 541: "La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura". La doctrina española, al interpretar los alcances de la norma indica: "El art. en cuestión es aplicable a cualesquiera servidumbre, con tal de que sean aparentes: así, pues, lo mismo sin son continuas que discontinuas (sentencias de 10 octubre 1957, 22 noviembre 1963, 11 junio 1975 y 7 julio 1983)...No importa que la servidumbre que se crea en virtud del art. 541 sea precisa. Así que también nace aunque ya haya otra para el mismo fin a favor del predio dominante. Por ejemplo, si hay signo aparente de la servidumbre de paso, esta surge aunque la finca beneficiada tenga ya a su favor otro acceso a camino público, bien por otra servidumbre, bien porque tenga directamente salida a aquél (sentencia de 10 octubre 1957 y 26 enero 1971). ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, vol. II, 1994, p. 142). El mismo criterio aplica, según la doctrina, tratándose del caso de una copropiedad, donde es posible también que se constituya esa servidumbre por destino de padre de familia: "Si una o ambas de las fincas están en copropiedad y el signo lo establecieron todos los condueños o puesto por uno lo conservaron también los demás, no hay problema, y todo ocurre como en el supuesto de un solo dueño....En el caso de que lo hecho por un condueño dé lugar a servidumbre a favor del predio común, es decir, beneficie a la comunidad, parece que debe admitirse el nacimiento de la servidumbre..."(ALBALADEJO, Ibid.). El Códice Civile Italiano, unificado de 1942, también recogió este instituto para las servidumbres aparentes en el artículo 1062, al permitir la adquisición de la servidumbre por "destinazione del padre di famiglia", que toma en cuenta el acto de destinación de un fundo al servicio de otro por parte del único propietario, refiriéndose a la voluntad de poner o dejar los fundos en un estado del cual resulte una apariencia de servidumbre. Se trata, en consecuencia de un mero acto o hecho jurídico, de destinación destinado a durar en el tiempo en forma inalterada hasta cuando se perfecciona el hecho de la separación de los fundos, que hace nacer la servidumbre si no existe una disposición en contrario. A falta de tal disposición, la servidumbre se constituye "ipso iure", al momento de la separación de los fundos, admitiendo cualquier tipo de prueba, incluyendo la testimonial, para demostrar su existencia ( BUSNELLI, y otros. Diritto Civile, Diritti Reali, Utet, 1988, pág. 262). En consecuencia, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia francesa, italiana y española, coinciden en reconocer la posibilidad de que se constituya una servidumbre por destino de padre de familia, cuando ésta provenga por un mismo dueño o por copropietarios de un mismo fundo, tratándose de una servidumbre de paso, y ésta presenta signos aparentes al momento de producirse la división del fundo, independientemente de que el fundo que resulte beneficiado tenga otra salida o acceso a calle pública. VIII.-Otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos, incluyendo el nuestro, han adoptado y regulado la servidumbre por destino de padre de familia. Solo a manera de ejemplo, el Código Civil colombiano establece en el artículo 938: "Si el dueño de un predio establece un servicio continuo aparente en favor de otro predio que también le pertenece, y enajena después uno de ellos, o pasan a ser diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos predios, a menos que en el título constitutivo de la enajenación o de la partición se haya establecido expresamente otra cosa". El Código Civil boliviano, en su numeral 278 dispuso: "Cuando un propietario de dos fundos entre los cuales aparece un signo aparente de servidumbre, enajena uno de ellos sin ninguna disposición relativa a la servidumbre, ésta se entiende establecida activa o pasivamente en favor o en contra del fundo enajenado". El Código Civil venezolano, es más expreso y claro al establecer dentro de los modos de constitución de servidumbres en el artículo 721: "La destinación del padre de familia procede solamente respecto de las servidumbres aparentes, continuas o discontinuas y cuando consta, por cualquier género de prueba, que dos fundos actualmente divididos han sido poseídos por el mismo propietario, y que éste ha puesto o dejado las cosas en el estado del cual resulta la servidumbre...Si los dos predios dejan de pertenecer al mismo propietario, en uno cualquiera de los casos señalados en los dos párrafos anteriores, sin ninguna disposición relativa a servidumbre, ésta se reputa establecida activa o pasivamente sobre cada uno de dichos predios." IX.- Nuestro Código Civil, en su artículo 380 dispuso lo siguiente: "La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos". Como en el código francés, dicha norma está ubicada con posterioridad a los artículos 378 y 379 del Código que regula la constitución de las servidumbres continuas y aparentes, así como las discontinuas y las continuas no aparentes, como reglas generales. En consecuencia la regulación del 380 es una excepción a las reglas anteriores. Del contenido literal de dicha disposición se desprende los siguientes requisitos: 1.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos predios. 2.- Que dichos predios pertenezcan al mismo propietario. 3.- Que ese signo aparente continúe activa o pasivamente. 4.- Que no exista una disposición en contrario al momento de la enajenación de cualquiera de ellos. Si se lee la expresión inicial completa donde habla de: "La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios...", de acuerdo a su formación histórica, debe interpretarse en el sentido de que ese signo aparente es continuo, antes y después de la enajenación del predio. Es decir, que hay voluntad de mantenerlo, pues una de las formas de extinguirlo es eliminando el signo aparente existente, o bien, estableciendo expresamente en la escritura su desaparición. Esta interpretación debe ser la correcta, y así debe aplicarse para el caso en donde el signo aparente está referido a una servidumbre de paso. En efecto, la doctrina italiana, refiriéndose a sus orígenes vincula esta servidumbre, evocando las virtudes del campesino romano "sui iuris", que puesto a la cabeza de una hacienda rural, organiza y dirige las fuerzas de la naturaleza (Giorgianni, Buon padre di famiglia, Noviss. DI, II, 1958, 597, citado por BUSNELLI y otros, op. cit., página 263). Por lo que resulta admisible la constitución de este tipo de servidumbres por destino de padre de familia para las servidumbres de paso, como discontinuas y aparentes que son. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 380-F-00 de las 16:45 minutos del 19 de mayo del 2000, en la cual se señaló a propósito de un caso concreto, similar al que nos ocupa, lo siguiente: "V.- Tocante al primer aspecto, el cual desemboca en la aplicación o no del artículo 380 del Código Civil y el deber de indemnizar, en caso de estarse ante la constitución de una servidumbre forzosa de paso, es menester apuntar lo siguiente. Dicha norma preceptúa: “La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos.” (Lo resaltado no es del original). De conformidad con el tenor literal de ese artículo, uno de los requisitos indispensables para la procedencia de esta modalidad de constitución de servidumbre, es que los dos fundos pertenezcan a un solo propietario. De conformidad con la sustanciación, y las certificaciones aportadas con el recurso, se coincide con el casacionista cuando echa de menos tal requisito en el sub-júdice...Por otro lado, considera esta Sala, es cuestionable la existencia de signos aparentes de servidumbre al momento de hacerse la parcelación de tierras...Sea dicho trazo de líneas continuas que denotan la existencia de la servidumbre, no pasa por ese inmueble.... Por último, conforme lo ha resuelto reiteradamente esta Sala, la indemnización del valor del terreno y cualquier otro perjuicio, es un elemento inherente a la servidumbre forzosa. En relación, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 80 de las 14:30 hrs. del 19 de julio de 1995; 17 de las 14:30 hrs. del 20 de enero; y, 129 de las 14:10 hrs. del 26 de marzo, ambas de 1999. Nuestro ordenamiento jurídico, al igual que otros, como el argentino, italiano y español, presenta una excepción a esa regla. Esta es, cuando el enclavamiento del fundo es producto de un negocio jurídico. En tales casos, se deberá constituir la servidumbre a favor del predio que en virtud del negocio haya quedado enclavado, sin indemnización alguna. Así lo dispone el artículo 400 del Código Civil. En la especie, según lo apuntado anteriormente, éste no es el caso, pues los fundos no pertenecieron nunca al mismo propietario. Corolario de lo expuesto, en el sub-júdice no se está ante una servidumbre por destino de padre de familia, sino de una forzosa de paso, por tratarse de un fundo enclavado. Bastan las razones de hecho y de derecho expuestas para arribar a la conclusión dicha. Por ende, resulta innecesario reparar en otras alegaciones esgrimidas con esa finalidad. Además, al no configurarse el supuesto de excepción regulado en el Código Civil, procede reconocer, a favor de todos los propietarios demandados, cuyas fincas se verán afectadas por ese gravamen, el pago de la indemnización del valor del terreno necesario para constituirlo, así como de todo otro perjuicio (artículos 395 y 400 ibídem)."(hasta aquí la cita, lo subrayado no es del original). De dicha resolución se desprende, que la jurisprudencia patria acepta la constitución de una servidumbre de paso, por destino de padre de familia, cuando se cumplan ineludiblemente con dos requisitos, a saber, 1) que los inmuebles pertenecían a un mismo propietario; y, 2) El trazo de líneas continuas, como signos aparentes que denoten la existencia de la servidumbre. A esa misma conclusión llega parte de nuestra doctrina al señalar: "La servidumbre por destino del padre de familia, no continúa, sino que "se constituye" al enajenar uno de los predios afectados por esa situación. Igual impropiedad tiene el artículo 531 del Código civil de España. Se ha establecido que la expresión "dos predios" se puede aplicar al caso de que el propietario de un solo predio haya constituido gravamen sobre una de sus porciones en provecho de otra, antes de su división..."(SOTELA MONTAÑE, Rogelio (comentarios), en: BRENES CORDOBA, Alberto, Tratado de los Bienes, Juricentro, 1981, p. 112). Otra autora subraya lo siguiente. "Si revisamos nuestra legislación, vemos que el artículo 380, reza que la servidumbre continuará al hacerse la división del fundo, o a trasmitirse uno de los fundos del propietario originario, a otro titular; en realidad lo que sucede es una transformación de un simple servicio entre partes o fundos de un mismo titular, porque opera el principio "nemini sua servit" ya visto. Es importante tomar en cuenta que en esta situación, ya existía el servicio y éste continúa con la segregación del fundo, o con la transmisión de propiedad de un fundo a otro titular" (SANCHEZ BOZA, Roxana. Estudio de la Jurisprudencia judicial y administrativa respecto de las servidumbres. Universidad de Costa Rica, 1985, p. 98). Pese a lo anterior, existen aún quienes sostienen la aplicación restrictiva del instituto, solo para casos de servidumbres continuas y aparentes (BRENES CORDOBA, op. cit., p. 112, CHINCHILLA, José. Precisiones conceptuales sobre la regulación de la servidumbre por destino del padre de familia. En. Revista Jurídica Vox Iuris, UIA, Año 2, No. 1, 2005, p. 16-19). Sin embargo, dicha interpretación, no va acorde con la necesidad económica y social, de los bienes agrarios productivos, como se verá a continuación. X.- La jurisprudencia agraria de la Sala Primera de Casación, de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido la vinculación que tienen las servidumbres agrarias con el destino productivo de los fundos, la empresa agraria, y el destino que le da a los fundos productivos el buen padre de familia. Al respecto se indicó: "Un elemento fundamental, dentro de la estructura de la empresa agraria, es su organización. En ella participan bienes no solo materiales sino también inmateriales (instrumenta fundi). Los derechos adquiridos por el titular del fundo (iura fundi), como consecuencia del ejercicio de la agricultura y en vista a su necesidad o utilidad a los fines de la producción agraria, constituyen un valioso instrumento en su estructura organizativa. Normalmente los "iura fundi" se identifican con las servidumbres prediales del Derecho romano, más antiguamente calificadas como res mancipi. Son los llamados "derechos" del fundo y forman parte de la hacienda agraria vista como fundo-organización. La "exigencia de agua" de un fundo para las necesidades de cultivo o de acceso sobre la vía pública, para las comunicaciones a su exterior, crean derechos a favor del fundo enclavado. La utilidad de un fundo es utilizada por otro fundo. pero estos derechos no siempre coinciden con los derechos de servidumbre predial disciplinados por el Código Civil. Las servidumbres típicas del Derecho romano (iter, via, actus,aquae ductus) eran, como se ha dicho, configuradas como res mancipi. Unidas a los exclavos, al ganado, a las instalaciones y a los aperos de labranza formaban los instrumentum fundi, es decir la organización haciendal. Esta construcción era posible por cuanto la servidumbre se concebía como un ius fundi, el cual se realizaba a través de un dominio material (mancipium) sobre las partes del fundo sirviente destinadas a la mejor utilización del fundo dominante. Esta antigua concepción de la servidumbre agraria estaba ligada a la concepción publicística de la propiedad rústica como dominio soberano y fue superada en el ámbito de la nueva concepción privatista de la propiedad romana. En el derecho moderno la servidumbre no puede ser concebida como pertenencia. Algunos de sus elementos característicos, como el de destinación, todavía permanecen y asumen aspectos relevantes. En el acto de constitución de la servidumbre existe la intención, de parte del titular dominante, de destinarla a la organización de su fundo, logrando una utilidad económica del otro fundo. El destino de "buen padre de familia" es esencial para explicar la función económico-social en la constitución de la servidumbre. Esta función se liga a una elección completa del titular del fundo dominante quien ha querido obtener alguna utilidad de otro fundo para poderlo destinar al servicio propio." (No. 80 de las 14:30 horas del 19 de julio de 1995)..." (la negrita no corresponde a su original).- IX.- SOBRE LOS AGRAVIOS DE FONDO EN TORNO A LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA Y POR ENCLAVE: Lleva razón el recurrente, mas los mismos son insuficientes para revocar la sentencia apelada, la cual se confirmará pero por otros motivos distintos a los que tuvo el Juzgado de primera instancia. Ciertamente, los agravios de fondo del recurso, que invocan que no procede la constitución de servidumbre por usucapión son de recibo, mientras que el de enclave del fundo es irrelevante tratándose de una acción negatoria. Esto por cuanto la sentencia apelada no desestima la demanda por dichos motivos, por lo que dichos agravios no tienen relación con lo resuelto. Se rechazan los agravios de fondo analizados.- X.- SOBRE LOS AGRAVIOS DE FONDO RELATIVOS A LA FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA SERVIDUMBRE: No lleva razón el recurrente. El agravio relativo a que no se demostró el título de una servidumbre constituida conforme a los artículos 378 y 308 del Código Civil, es de recibo, pero insuficiente para revocar la sentencia impugnada. Este Tribunal concluye, valorando la prueba bajo el sistema de libre valoración de la prueba contenida en el numeral 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que el convenio tácito entre los anteriores propietarios de las fincas (los hermanos Pedro, José Angel y Roberto, Prado Segura) es producto de una servidumbre de destino de padre de familia, al tenor del artículo 380 del Código Civil. Y por ende, la demanda de acción negatoria no puede prosperar al existir una falta de derecho. No lleva razón la apelante en cuanto a que no se demostró que sobre su finca pese una servidumbre de destino de padre de familia, lo cual se extrae de la misma prueba ofrecida por el recurrente en carácter de prueba para mejor resolver y los asientos registrales históricos de las fincas que dieron origen a las fincas de las partes. Conviene analizar la prueba para determinar en forma cronológica como se constituyó la servidumbre de destino de padre de familia. Historia de la finca 548944-000 cuya propietaria es la actora: El día 11 de agosto de 1956, Claudio Fallas García vendió a Pedro Prado Segura la finca 139456 (testimonio de escritura admitida como prueba para mejor resolver a imagen 10 del recurso de apelación). Nueve años, después, el 24 de abril de 1965, Roberto, Pedro y José Angel Prado Segura dueños por partes iguales de la finca 154579 vendieron dicha finca a Azucena Prado Segura (asiento registral a imagen 84). Ese mismo día, Azucena Prado Segura vendió a Pedro Prado Segura la finca 154579 y se convierte en la finca 177426 (asiento registral a imagen 84). La finca matrícula 548944-000, es producto de la reunión de las fincas matrículas 139456 y 177426, las cuales pertenecían a Pedro Prado Segura, cuya reunión y venta que éste hiciera a PRADO DEL SUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, se produce mediante escritura pública No. 53 de las diez horas del diez de julio del dos mil cuatro, ante el Notario Juan Edgar Fallas García (escritura pública en imágenes 5 y 6 del expediente electrónico). Ocho años después, PRADO DEL SUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, vende la finca número 548944-000 a la actora, mediante escritura pública No. 91 de las once horas del veinte de abril del dos mil doce, ante el Notario Juan Edgar Fallas García, de manera que cuando ésta adquiere conocía del uso del camino, dada la relación de parentesco que existió entre los titulares de los fundos sirviente y dominante y porque de toda la vida habitó en el inmueble de su padre Pedro Prado Segura, lo cual lo reconoció en la declaración de parte de la actora Ana Isabel Prado Chinchilla en audio incorporado el 15/02/2022 13:49:08 en la que reconoce la vieja data de la existencia del camino cuando la finca pertenecía a su padre. Historia de la finca 612150-000 cuyos copropietarios son los demandados: El 24 de abril de 1976, Roberto Prado Segura segregó y vendió de su finca 248899 un lote a su hermano José Angel Prado Segura creando la finca 248901 (asiento registral a imagen 75). Ese mismo día, 24 de abril de 1976, Pedro, Roberto y José Angel Prado Segura como dueños por partes iguales de la finca 248893, la dividen en tres lotes , uno de ellos, el número 2 se lo adjudica José Angel Prado Segura. Creando la finca 248897 (asiento registral a imagen 78). También quedó demostrado que don José Ángel Prado Segura, como anterior propietario de las fincas matrículas 248901-000 y 248897-000, hoy finca 612150 derechos 001 y 002, había hecho uso del camino en conflicto por acuerdo verbal con sus hermanos Roberto y Pedro, que eran copropietarios como él de la finca 154579 que se convirtió en la finca 177426 y que formó por reunión lo que es ahora la finca 548944-000 de la actora. Don José Angel, utilizó el camino con el fin de usarlo como único acceso -a pie, a caballo, o en vehículo- a su fundo, donde tenía su casa, agricultura y ganadería, según se demuestra con la testimonial de Aurelio Mora Cruz en audio 15/02/2022 13:50:08, Marvin José Prado Monge audio incorporado el 15/02/2022 13:50:31 y Noé Eduardo Elizondo Arias en audio incorporado el 15/02/2022 13:49:44. Luego, en el año 2003, la finca matrícula número 612150 derechos 001 y 002, nace como producto de la reunión de las fincas 248901-000 y 248897-000, siendo que su anterior dueño era José Ángel Prado Segura, quien las reunió y donó a sus hijos Ilver Antonio Prado Monge y Marvin Prado Monge, mediante escritura pública No. 41 de las ocho horas del once de setiembre del dos mil tres, otorgada ante el Notario Sergio Vidal Zúñiga López (escritura pública en imágenes 18 y 19 del expediente electrónico). El uso del camino en conflicto en la finca de la actora, presenta signos aparentes de su existencia, la cual está dibujada en el plano catastrado SJ 815296-2002, inicia en el vértice 14 rumbo oeste-.este en donde existe un portón metálico frente a calle pública, se llega luego a otro portón metálico situado en el área de repastos de la actora, y finalmente un portillo que implica el límite de finca de la actora con el fundo de un tercero colindante de nombre Adolfo Valverde, se sigue la ruta por fundo de ese tercero, hasta llegar a finca de los demandados, segun se demuestra con el plano catastrado en imagen 3 del expediente electrónico, audio de reconocimiento judicial incorporado 16/07/2021 16:11:57 y videos registrados en disco compacto. El artículo 380 del Código Civil establece que "La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellos". La doctrina indica sobre dicha norma: "En el caso de las servidumbres se exige que el PROPIETARIO DE ambas hubiere dejado un signo aparente de servicio entre los predios" (ALBALADEJO, (Manuel). Derechos Reales: Iura in Rei Aliena comentado para Costa Rica por Ricardo Zeledón, Tomo III, San José, EIJSA, 2012, p. 189. Siendo que los hermanos Pedro, Roberto y José Angel, todos ellos Prado Segura, eran copropietarios por partes iguales de las fincas que originaron las fincas de las partes y que desde el año 1956 establecieron el paso a favor de los que es hoy la finca de los codemandados a través de lo que es en la actualidad la finca de la actora, con signos aparentes que no han desaparecido hasta el día de hoy ni se ha establecido lo contrario hasta la fecha, la existencia de una servidumbre de destino de padre de familia ha sido demostrada por lo que los agravios no son de recibo y debe confirmarse la sentencia impugnada por las razones anteriores.
XI.- RAZONES ADICIONALES DEL JUEZ ULATE CHACÓN: El suscrito comparte el voto de mayoría, pero considera necesario realizar algunas consideraciones adicionales, en torno a la interpretación normativa del Código Civil, a la luz del texto de la Constitución Política, los principios del Derecho Agrario y la evolución de los derechos reales en el derecho comparado. En efecto, este Tribunal Agrario, se ha decantado, desde hace más de 15 años, por una interpretación sistemática, material y evolutiva, de las normas vinculadas a la importancia de la servidumbre agraria y, en particular, a la servidumbre de paso, estableciendo en casos concretos, la necesidad de partir del principio de la función económica, social y ambiental de la propiedad agraria, y de los derechos reales en cosa ajena, o derechos limitados, como son las servidumbres. 1.- La doctrina europea, en particular la Española (Busto Lagos, José Manuel. La usucapión de la titularidad de la servidumbre de paso. Monografías Jurídicas dirigida por Manuel Albaladejo García y silvia Díaz Alabart; Madrid, España, Edersa, 2000) ha desarrollado con gran tino el cambio jurisprudencial en el derecho español. También en Costa Rica, se ha profundizado sobre la necesidad y utilidad de una reinterpretación normativa del Código Civil para aceptar no solamente la usucapión de las servidumbre de paso, sino también el convenio tácito. (García Murillo, José Daniel y Barboza Castro, Natalia. “El reconocimiento de la usucapión y el convenio tácito en la adquisición de las servidumbres de paso en Costa Rica” Tesis de grado para optar al título de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2024. Páginas 141 a 146.). En cuanto al primer aspecto, relacionado con la prescripción de la servidumbre, el recurrente plantea el tema en segunda instancia y es replicado, razón por la cual este Tribunal bien podría entrar a analizar dicha usucapión o prescripción positiva, al tenor de lo dispuesto en el artículo 851 del Código Civil: "La renuncia de la prescripción puede ser tácita; y resulta de o oponer la excepción antes de la sentencia firme o de quien pueda oponerla manifieste por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor". Por ende el argumento de quien recurre no sería válido, como tampoco es aceptable que se aplique un criterio interpretativo decimonónico, derivado de la literalidad de los artículos 378 y 379 del Código Civil. Porque en este caso, resulta sumamente claro, que desde hace más de 50 años, existen signos visibles, aparentes, exteriorizado por aspectos externos (calzada, delimitación, uso continuo), que han reconocido tanto los dueños originales, como sus trasmitentes y últimos adquirentes. Una posesión pública, pacífica e ininterrumpida, pero además, sumergida en una consentimiento tácito que suma el justo título o causa adquisitiva del derecho real de servidumbre agraria. La misma doctrina antes citada, así como los Códigos Civiles modernos, ni siquiera contemplan la distinción de las servidumbres continuas y aparentes, respecto a las discontinuas y las continuas no aparentes. Porque fue superada por el legislador y por criterios interpretativos jurisprudenciales de acuerdo a la realidad agraria y urbana, atendiendo al ejercicio pleno de la función económica, social y ambiental de la propiedad agraria. La servidumbre agraria, en función del ejercicio productivo inmobiliario, que se integra a los derechos fundiarios (iura fundi), de la hacienda agraria, y que sirve a las actividades agrarias empresariales productivas, en este caso, durante más de cincuenta años. Servidumbres existentes, admitidas por convenio tácito, y trasmitidas, junto con los inmuebles dominante y sirvientes, de generación en generación. El convenio tácito es consecuencia de un negocio jurídico, en este caso verbal consistente en un acuerdo de voluntades por parte del propietario del fundo sirviente a favor del fundo dominante. De una sana interpretación del artículo 308, que dispone: “tratándose de servidumbres continuas no aparentes, o de servidumbres discontinuas, el reclamo, para ser atendible, debe fundarse en título que provenga del propietario del fundo sirviente, o de aquellos de quienes éste lo hubo” Además, el artículo 379 dice: “las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no aparentes, sólo pueden constituirse por convenio o por última voluntad. La posesión, aun la inmemorial, no basta para establecerlas”. La posibilidad de constituir la servidumbre de paso mediante convenio tácito, como bien lo indica la doctrina, representa una alternativa distinta a la prescripción, siendo el único requisito demostrar la existencia de dicho convenio. El Código Civil, no define explícitamente qué constituye un “convenio” o “título”, dejando abierta la posibilidad de que sea escrito, verbal, o que se deduzca de hechos que respalden la voluntad del propietario del fundo sirviente, concurriendo con la del dominante, al tenor del artículo 1022 del Código Civil (el convenio es ley entre las partes). Y justamente una de esas manifestaciones del convenio tácito, como se verá, es el caso de la servidumbre por destino de padre de familia. Por lo tanto, es fundamental verificar la voluntad de las partes, especialmente la del propietario del fundo sirviente. La voluntad de constituir la servidumbre de paso mediante convenio tácito se respalda en la amplia concepción que el Código Civil otorga al convenio, como se establece en el artículo 1008, el cual establece que: “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca”. Por ende, aquí en ese caso concreto el convenio está acreditado por los hechos tenidos por demostrados y que evidencian, no solo la voluntad del propietario del fundo sirviente de otorgar la servidumbre, sino, también, la voluntad del propietario del fundo dominante de recibirla y aprovecharla para la utilidad y ejercicio de la función social de la propiedad. 2.- Este Tribunal agrario, en Resolución número 878 del 2013 del Tribunal Agrario desarrolló en un caso concreto lo siguiente: "Es indudable, que como parte de la función social y económica de la propiedad, se encuentra la limitación de otorgarse derechos de paso entre predios vecinos, que es parte de la paz social del país y requisito indispensable de la producción en nuestras zonas agrarias. La actualización de la servidumbre desde el punto de vista constitucional, exige que revisemos ese criterio puramente doctrinario, de concebir la servidumbre de paso como discontinua y con ello negar la usucapión de la posesión de la servidumbre, pues aplicando las reglas de la lógica en el caso de las servidumbres agrarias, lo que sucede es que el uso del paso, se dará en función de las necesidades del cultivo, para extraer cosechas, llevar insumos, materiales o mano de obra al trabajo. Un uso reiterado de esas actividades, supondrían la existencia de un convenio tácito entre las partes, salvo que de la casuística del caso que demostrada la mera tolerancia, la cual se reviste de otras características, como son un acto unilateral y probablemente un tiempo menor de uso, sumado a la ausencia de otros factores, como confianza o familiaridad entre las partes. II El concepto de convenio en la legislación, la costumbre como fuente de derecho en las servidumbres agrarias de paso y los requisitos de la posesión. Independientemente de lo expresado en el análisis anterior, la normativa nacional, si reconoce como medio de adquisición de una servidumbre discontinua y aparente, el convenio, tanto en el caso de servidumbres continuas y aparentes como discontinuas (artículos 378 y 379 del Código Civil. En cuanto a la acepción de convenio, éste es definido por el célebre jurista Guillermo Cabanellas como: “el concierto de voluntades, expresado en convención, pacto, contrato tratado o ajuste. Sinónimo de cualquiera de estos vocablos que implican acuerdo, por la elasticidad y uso generalizado que a convenio se le da; no obstante las diferenciaciones técnicas que en cada remisión se concretan..” (Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 2, Editorial Heliasta. pag. 365). Como bien lo dice don Guillermo Cabanellas el convenio es un instituto elástico, donde lo fundamental es que se exprese el consentimiento, lo que él llama concierto de voluntades. En la realidad rural costarricense el convenio es una fuente importantísima de Derecho, normalmente expresado por costumbre en forma verbal. Es importante al respecto diferenciar el acto tolerado al convenio. La tolerancia es típicamente un acto unilateral que expresa una intención de quien otorga la tolerancia, de permitir una conducta o ciertos actos, sujetos a la condición de que en cualquier momento puede ser revocada, sin reclamo alguno de quien es beneficiario de la misma. En el convenio aunque sea verbal, hay una expresión clara de consentimiento de las partes. Será un aspecto de prueba la demostración de ese consentimiento. Evidentemente, si bien la normativa señala que la posesión, aún la inmemorial, no basta para constituir servidumbres que llama discontinuas y aparentes, como la de paso, es jurídicamente correcto afirmar que en la valoración probatoria de un convenio tácito, la existencia de una posesión pacífica, pública, ininterrumpida a título de dueño, de un paso, constituye un elemento probatorio de gran importancia. No, aceptar lo anterior, sería hacer nugatorio, el instituto de la posesión, tan prolijamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Los requisitos que se le impone al derecho de posesión, para ser reconocido como tal, son los contemplados en el artículo 856 del Código Civil, a saber: la calidad de propietario en forma continua, pública y pacífica. En el caso de un paso, esos requisitos, harían necesario que quien use el paso se considere dueño del derecho al mismo, el que sea un uso continuo, sin que ello signifique un ejercicio permanente del paso, pues ello sería contrario a la lógica, - como ya dijimos antes - ; lo que en realidad sería exigido sería un uso constante, a contrario sensu , de lo que la misma ley establece, como pérdida por no uso y luego que sea pública y pacífica. (...) Hay que recordar finalmente que nuestro derecho adhiere el sistema de transmisión de bienes por nudo consenso, no existiendo la obligación de que la servidumbre se encuentre inscrita para que opere de pleno derecho entre las partes que la han convenido por convenio tácito (artículo 480 del Código Civil) (Tribunal Agrario, Voto No. 878 del 16 de setiembre del 2013)- 3.- La servidumbre por destino de padre de familia, es una manifestación evidente de un convenio tácito (como ocurre en este caso). El artículo 380 del Código Civil establece: “La existencia de un signo aparente de servidumbre continua entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos”. En primer lugar, es relevante mencionar que la norma no establece la necesidad de un título escrito para constituir esta servidumbre, lo que permite la existencia de títulos mudos o tácitos en nuestro ordenamiento, basados en los rasgos o la apariencia de su existencia entre los dos predios, como es el caso. De acuerdo con el razonamiento de la Sala Primera en la sentencia No. 380-F-00 de las 16:45 horas del 19 de mayo de 2000, se aclara la interpretación de la norma: De conformidad con el tenor literal de ese artículo, uno de los requisitos indispensables para la procedencia de esta modalidad de constitución de servidumbre, es que los dos fundos pertenezcan a un solo propietario. De conformidad con la sustanciación y las certificaciones aportadas con el recurso, se coincide con el casacionista cuando echa de menos tal requisito en el sub-júdice.Por otro lado, considera esta Sala, es cuestionable la existencia de signos aparentes de servidumbre al momento de hacerse la parcelación de tierras. Sea dicho trazo de líneas continuas que denotan la existencia de la servidumbre, no pasa por ese inmueble. Por último, conforme lo ha resuelto reiteradamente esta Sala, la indemnización del valor del terreno y cualquier otro perjuicio, es un elemento inherente a la servidumbre forzosa. Nuestro ordenamiento jurídico, al igual que otros, como el argentino, italiano y español, presenta una excepción a esa regla. Esta es, cuando el enclavamiento del fundo es producto de un negocio jurídico. En tales casos, se deberá constituir la servidumbre a favor del predio que en virtud del negocio haya quedado enclavado, sin indemnización alguna. Así lo dispone el artículo 400 del Código Civil. En la especie, según lo apuntado anteriormente, éste no es el caso, pues los fundos no pertenecieron nunca al mismo propietario. Corolario de lo expuesto, en el sub-júdice no se está ante una servidumbre por destino de padre de familia, sino de una forzosa de paso, por tratarse de un fundo enclavado. Bastan las razones de hecho y de derecho expuestas para arribar a la conclusión dicha. Por ende, resulta innecesario reparar en otras alegaciones esgrimidas con esa finalidad. Además, al no configurarse el supuesto de excepción regulado en el Código Civil, procede reconocer, a favor de todos los propietarios demandados, cuyas fincas se verán afectadas por ese gravamen, el pago de la indemnización del valor del terreno necesario para constituirse, así como de todo otro perjuicio (artículos 395 y 400 ibídem) Sala Primera de Casación, sentencia No. 380-F-00 de las 16:45 minutos del 19 de mayo del 2000.- Del extracto citado se desprende que la jurisprudencia costarricense acepta la constitución de una servidumbre de paso por destino de padre de familia, para lo cual deben cumplirse dos elementos indispensables: 1) que los inmuebles pertenecieran a un mismo propietario; y 2) que se compruebe la existencia de líneas continuas o signos aparentes que indiquen la existencia de la servidumbre. La misma jurisprudencia de la Sala Primera ha reconocido la constitución de servidumbres por destino de padre de familia, las cuales pueden surgir de un título mudo, es decir, de la existencia de signos o líneas aparentes que denoten dicha servidumbre. Por lo tanto, se descarta la necesidad de un título escrito emitido por el propietario de los fundos afectados por esta servidumbre, lo que abre la posibilidad de constituir una servidumbre mediante un convenio tácito.(García Murillo, José Daniel y Barboza Castro, Natalia. “El reconocimiento de la usucapión y el convenio tácito en la adquisición de las servidumbres de paso en Costa Rica” Tesis de grado para optar al título de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2024. Páginas 141 a 146.). 4.- Este Tribunal, incluso en sede sumaria, ha reflexionado sobre la importancia de tutelar la servidumbre de paso, tratándose de fundos enclavados, dejando la discusión de la existencia de un consentimiento y convenio tácito para la vía declarativa, así en Voto No. 494 del 22 de mayo del 2024 se indicó lo siguiente: "VIII.- ..Lógicamente, la tutela opera cuando el empresario agrario se ve amenazado en el ejercicio de su actividad económica por hechos o actos que perturben esa posesión agraria, o que despojen parcial o totalmente al mismo del fundo, o de los llamados "iura fundi", o derechos sobre los cuales se ejerce la posesión actual y momentánea y que son de utilidad para el ejercicio continuo, estable y efectivo de la actividad productiva. Eso puede ocurrir, a guisa de ejemplo, cuando se cierra el paso o camino para extraer la producción agraria, sea los frutos, sea los animales, lo cual puede provocar, eventuales perjuicios al empresario agrario por la imposibilidad de seguir cosechando u obteniendo el producto a raíz del cierre del paso o camino.- En tercer lugar, es importante recordar que, de acuerdo a la jurisprudencia agraria consolidada, se ha considerado que la servidumbre agraria, derecho de paso, es un derecho real que desde la época romana fue de gran utilidad para que los fundos pudieran cumplir su función económica, social y ahora ambiental. Ciertamente, se ha considerado un "iura fundi" al servicio de los inmuebles o fundos agrarios que requieren tener un acceso a calle pública, pero además que ese acceso se útil para el ejercicio de la actividad económica. Ahora bien, estos "iura fundi" o derechos sobre el fundo, pueden llegar a constituirse o crearse en los modos que el propio ordenamiento jurídico establece. De acuerdo a la naturaleza o tipo de servidumbre, se han realizado algunas calificaciones legales por parte de legislador decimonónico (el Código Civil es de 1988), y algunas categorizaciones no corresponden a la realidad agraria. De ahí que es importante clarificar algunos conceptos, a fin de poder resolver este caso a la luz de la doctrina y la jurisprudencia más moderna, sin perder de vista que estamos en presencia de un interdicto de amparo de posesión, y que los derechos de propiedad y derechos reales definitivos, no se juzgan en esta vía que es para proteger, como se ha dicho, la actividad agraria productiva. En ese orden de ideas, es importante considerar que la servidumbre de paso, si bien es cierto se ha considerado como una servidumbre "discontinua y no aparente", la realidad agraria de los fundos muchas veces demuestran cosa distinta, por la existencia de signos visibles por el transcurso del tiempo, y por la continuidad de la actividad agraria. De manera tal que la existencia de signos visibles, la continuidad de una servidumbre, y la existencia de manifestaciones de las partes, podrían conllevar a categorizar la existencia de un eventual convenio entre partes, para la existencia de una servidumbre de paso agraria, pero ello es una discusión propia de la vía declarativa. Por otra parte, también en juicio de verosimilitud, es importante recordar que cuando se habla de "enclave" de un fundo, el ordenamiento jurídico contiene un par de supuestos, cuales son, que el fundo esté enclavado porque del todo no tiene salida, o no tiene salida bastante a la vía pública, para el ejercicio adecuado a la actividad agraria productiva que desarrolla (artículo 395 del Código Civil). En cuarto lugar, es importante considerar que cuando existen actividades agrarias productivas, de producción contínua, en el caso particular de la actividad lechera, es evidente que el ciclo productivo y de aprovechamiento (ordeño), es contínuo debiendo considerarse el estado físico de los animales. Esa actividad continua, significa que no se trata de un acto de disfrute parcial o esporádico, como podría ser la existencia de una servidumbre de abrevadero, sino que debe tratarse de un disfrute continuo y total para el aprovechamiento de la actividad productiva dos veces al día. Ese punto de vista, hace la diferencia entre el ejercicio de una posesión agraria contínua, estable, productiva, y un acto de mera tolerancia como acto de disfrute parcial del bien por consentimiento del vecino o del dueño del inmueble sobre el cual se ejerce esa mera tolerancia (Brenes Córdoba). Evidentemente los actos facultativos o de mera tolerancia, entendidos como un difrute parcial, no dan derecho de posesión (artículo 279 del Código Civil). La mera tolerancia, en consecuencia, es un acto unilateral del propietario o poseedor, de disfrute parcial, lo que es distinto a que ambas partes aporten para la construcción de un acceso entre un fundo y otro, como aparentemente, según veremos, ocurre en este caso.". 5.- En este caso particular, nos encontramos frente a una demanda ordinaria de acción negatoria, a la cual se le opuso la parte demandada, señalando que la servidumbre existe desde hace más de cincuenta años.- Como se indica en las consideraciones de fondo de mayoría, efectivamente la servidumbre se constituyó por convenio entre hermanos, que tenían una cotitularidad de los dos fundos (sirviente y dominante), lo que decantaría en la existencia de una servidumbre por destino de padre de familia, que no se desdijo en las diversas transmisiones, entre los adquirentes sucesivos (familiares). Pero el énfasis es el convenio.- Ahora bien, si partimos de la hipótesis de la acción negatoria, hay que recordar, nuevamente la doctrina española: "La doctrina y jurisprudencia acepta que, pese a no contemplarse esta posibilidad con carácter general en el C.C., el dueño de un predio dispone de la llamada "acción negatoria" para defender la integridad de su derecho dominical frente a cualquier pretendida limitación del mismo proveniente del ejercicio de la posesión, en este caso, de un derecho real limitado de servidumbre de paso, solicitando que el órgano judicial competente dicte una sentencia que declare la inexistencia del pretendido gravamen y la reintegración de la plenitud del dominio. Parece claro que si la posibilidad de ejercicio de esta acción prescribiera por el transcurso de un determinado lapso de tiempo, el propietario del pretendido fundo sirviente no podría ejercitarla frente al poder ad usucapionem de la misma y ello con independencia de que se hubiese consumado o no los efectos adquisitivos de esta posesión..." (Busto Lago, op.cit., p. 289). De lo anterior se desprende que la acción negatoria no procedería si la servidumbre está legalmente constituida por la demostración de un convenio tácito, como ocurre en este caso, reforzada por el hecho de que, existiendo un destino y uso continuado por más de diez años, la misma no se desdice en los títulos traslativos de dominio, ni en la información del registro inmobiliario, que contempla la descripción física de la servidumbre en los planos catastrados.-
POR TANTO
Se confirma la sentencia en lo que fue objeto de apelación, por las razones aquí explicadas. El juez ULATE CHACÓN da razones adicionales para confirmar el fallo.- ????????????????
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.