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Res. 00462-2024 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 13/05/2024

Possessory interdict over private roadInterdicto de amparo de posesión sobre camino privado

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OutcomeResultado

AffirmedConfirmada

The Agrarian Tribunal affirmed the judgment dismissing the interdict, as the plaintiffs failed to prove the road was public or that a legally constituted easement existed.El Tribunal Agrario confirma la sentencia que rechazó el interdicto por no demostrarse la existencia de un camino público ni de una servidumbre constituida.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal upheld the judgment rejecting a possessory interdict filed by three plaintiffs who claimed that their access road was being obstructed. The plaintiffs argued that the road was public under the Public Roads Law and that they had used it for over twelve years. The court found no evidence that the road was public domain; if it were, jurisdiction would lie with the contentious-administrative court, not the agrarian court. The public-road argument was only raised in closing arguments. Furthermore, the plaintiffs failed to prove that their properties were landlocked or that a legally constituted easement existed in their favor. The defense of lack of right was properly sustained, and the lower court's dismissal of the claim — with an award of attorney fees against the plaintiffs — was affirmed.El Tribunal Agrario confirma la sentencia que rechazó un interdicto de amparo de posesión y restitución interpuesto por tres actores, quienes alegaban perturbación en un camino utilizado para acceder a sus fincas. Los demandantes sostenían que el camino era público, invocando la Ley General de Caminos Públicos, y que llevaban más de doce años utilizándolo. El Tribunal determinó que no se demostró que el camino fuera de dominio público ni que existiera una servidumbre legalmente constituida a favor de los actores. Señaló que la competencia sobre caminos públicos es contencioso-administrativa, no agraria, y que el argumento sobre el carácter público del camino fue introducido tardíamente en las conclusiones. Además, no se probó el enclave de los fundos ni se presentó título constitutivo de servidumbre, por lo que la excepción de falta de derecho fue correctamente acogida y se confirmó el fallo que condenó a los actores al pago de honorarios.

Key excerptExtracto clave

VI.- As for the first grievance, the appellant is not correct. There is no evidence that the road in dispute was a public road, and if it were, jurisdiction would lie with the contentious-administrative court and not the agrarian court, a point that was only mentioned in closing arguments and never even raised by the plaintiff-appellant during the proceedings. Since it was not proven that the road is a public-domain asset, Article 32 of the Public Roads Law invoked by the plaintiff on appeal does not apply. Note that the plaintiff did not even request the joinder of the State or the Municipality as co-defendants, which would be a procedural consequence if that were the case. The first grievance is dismissed.- VII.- The second grievance is also not accepted. This Tribunal agrees with the evidentiary assessment of the lower court, in that the plaintiffs failed to prove that their properties were landlocked or that an easement had been constituted in their favor. The appellant is wrong in arguing that the defendant's knowledge of the road's existence is relevant, because properties are presumed free of easements under Article 376 of the Civil Code, easements are created by agreement or last will, and to enforce them in court the respective constitutive title must be provided, as required by Article 308 of the same Code. Since it was not proven that the road is public, that an easement exists, or that the land is landlocked, the defense of lack of right was correctly sustained and the claim was properly dismissed.VI.- En cuanto al primer agravio, no lleva razón el recurrente. No hay prueba de que el camino en conflicto fuera un camino público, y si así lo fuera, la competencia sería contenciosa administrativa y no agraria, aspecto que solo fue mencionado en el alegato de conclusiones, pero que la parte actora-recurrente jamás mencionó siquiera en el proceso. Al no haber sido demostrado que se trate de un bien de dominio público, como lo es un camino de esa naturaleza, no puede aplicarse el artículo 32 de la Ley de Caminos Públicos que invoca la actora en su recurso de apelación. Nótese que ni siquiera se pidió la intervención del Estado o la Municipalidad en este caso como litisconsortes, lo cual sería una consecuencia procesal si se tratara de ese supuesto. Se rechaza el primer agravio.- VII.- Sobre el segundo agravio, el mismo no es de recibo. Este Tribunal concuerda con la valoración probatoria realizada por el a quo, en cuanto a que no se demostró el enclave de los fundos de los coactores ni que exista una servidumbre constituida a su favor. No lleva razón en cuanto a que el hecho de que el demandado supiera o no de la existencia del camino sea un hecho relevante, ya que los fundos se presumen libres de servidumbres de acuerdo al artículo 376 del Código Civil y las servidumbres se constituyen por convenio o manifestación de última voluntad y para hacerlas valer en un proceso debe aportar el título de constitución respectivo, según ordena el numeral 308 ibídem. Al no demostrarse que sea un camino público o que sea una servidumbre constituida ni el enclave del fundo, la excepción de falta de derecho está correctamente acogida y por ende la demanda bien rechazada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No hay prueba de que el camino en conflicto fuera un camino público, y si así lo fuera, la competencia sería contenciosa administrativa y no agraria, aspecto que solo fue mencionado en el alegato de conclusiones, pero que la parte actora-recurrente jamás mencionó siquiera en el proceso."

    "There is no evidence that the road in dispute was a public road, and if it were, jurisdiction would lie with the contentious-administrative court and not the agrarian court, a point that was only mentioned in closing arguments and never even raised by the plaintiff-appellant during the proceedings."

    Considerando VI

  • "No hay prueba de que el camino en conflicto fuera un camino público, y si así lo fuera, la competencia sería contenciosa administrativa y no agraria, aspecto que solo fue mencionado en el alegato de conclusiones, pero que la parte actora-recurrente jamás mencionó siquiera en el proceso."

    Considerando VI

  • "No lleva razón en cuanto a que el hecho de que el demandado supiera o no de la existencia del camino sea un hecho relevante, ya que los fundos se presumen libres de servidumbres de acuerdo al artículo 376 del Código Civil y las servidumbres se constituyen por convenio o manifestación de última voluntad y para hacerlas valer en un proceso debe aportar el título de constitución respectivo, según ordena el numeral 308 ibídem."

    "The appellant is wrong in arguing that the defendant's knowledge of the road's existence is relevant, because properties are presumed free of easements under Article 376 of the Civil Code, easements are created by agreement or last will, and to enforce them in court the respective constitutive title must be provided, as required by Article 308 of the same Code."

    Considerando VII

  • "No lleva razón en cuanto a que el hecho de que el demandado supiera o no de la existencia del camino sea un hecho relevante, ya que los fundos se presumen libres de servidumbres de acuerdo al artículo 376 del Código Civil y las servidumbres se constituyen por convenio o manifestación de última voluntad y para hacerlas valer en un proceso debe aportar el título de constitución respectivo, según ordena el numeral 308 ibídem."

    Considerando VII

  • "Al no demostrarse que sea un camino público o que sea una servidumbre constituida ni el enclave del fundo, la excepción de falta de derecho está correctamente acogida y por ende la demanda bien rechazada."

    "Since it was not proven that the road is public, that an easement exists, or that the land is landlocked, the defense of lack of right was correctly sustained and the claim was properly dismissed."

    Considerando VII

  • "Al no demostrarse que sea un camino público o que sea una servidumbre constituida ni el enclave del fundo, la excepción de falta de derecho está correctamente acogida y por ende la demanda bien rechazada."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PROCEEDING:

SUMMARY PLAINTIFF:

ALEXANDER JOSE MENDOZA CASTELLON DEFENDANT:

3-102-784679 SRL VOTO N° N° 2024000462 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and nine minutes on the thirteenth of May of two thousand twenty-four.- INTERDICTAL PROCEEDING filed by QUEBRADORES DE UJARRAS SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one hundred one - two hundred fifty-four thousand five hundred ninety-nine, represented by Alberto José Araya Mena, of legal age, single, businessman, identity card number one - one thousand two hundred eighty-eight - six hundred ninety-eight, resident of San José, ECO DESARROLLOS SOMBRERO VERDE SA, legal identification number three - one hundred one - one hundred forty-three thousand four hundred ninety-two, represented by Mario Araya Mena, of legal age, married, businessman, identity card number one - one thousand six - seven hundred ninety-six, resident of Cartago, and ALEXANDER MENDOZA CASTELLÓN, of legal age, married, holder of residency card number one five five eight two three six five two six zero eight, resident of Cartago; against 3-102-784679 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number identical to its corporate name, represented by Oscar Rodolfo Barboza Ugalde, of legal age, divorced, businessman, identity card number one - seven hundred forty-six - six hundred sixty-seven, resident of San José. Acting as special attorneys-in-fact for the parties: for the plaintiff, attorney Sergio Artavia Barrantes, bar association number four thousand nine hundred forty-five, and Oscar Nuñez Barrantes, bar association number twenty-seven thousand two hundred seventy; and for the defendant, attorney Francisco Dall´anese Álvarez, bar association number twenty-eight thousand eight hundred fifty-eight, and attorney Jonatán Picado León, bar association number twelve thousand sixty-two. Processed before the Agrarian Court of Cartago.

Drafted by Judge Picado Vargas; and,

CONSIDERANDO:

I.- Regarding the claims: The plaintiff files an interdictal claim, valuing it at four million colones, and requests that the judgment declare: "1- The defendant be ordered to remove any obstacle that impedes free transit along the access road to my represented party's farm. 2- The defendant be ordered to refrain from carrying out, in the future, any disturbing act, under warning of being prosecuted for the crime of disobedience to authority, without prejudice to the application of the provisions applicable to non-compliance with judgments ordering an obligation not to do. 3- The plaintiff be ordered to restore passage over the strip, removing the boundaries and obstacles it has interposed with the aim of disturbing the possessory right of the plaintiffs. 4- The plaintiff be ordered to cover the expenses involved in removing the obstacles and restoring the road. 5- The defendant be ordered to pay the damages caused, the liquidation, proof, and collection of which shall be carried out in the execution of the judgment." (see downloaded case file of the Agrarian Court of Cartago, images 01 to 18).

II.- By order of transfer issued at ten hours thirty-seven minutes on October seventh, two thousand twenty-one, the defendant was summoned, who answered the claim negatively, and as defenses raised the plaintiff's lack of procedural standing and the insufficiency or illegality of the power of attorney of its representative; a defense that was resolved interlocutorily by resolution number 2022000131 at eleven hours fifty minutes on July seventh, two thousand twenty-two. Defenses on the merits were raised. (See downloaded case file of the Agrarian Court of Cartago, order of transfer image 60, answer 96 to 111, resolution on defenses images 175 to 179).- III.- Judge Sergio Huertas Ortega, judge of the Agrarian Court of Cartago, by judgment number 2023000138 at nineteen hours forty-four minutes on June twelfth, two thousand twenty-three, resolved: "POR TANTO: The amount in controversy of this proceeding is set at the sum of four million colones exactly. The INTERDICT FOR PROTECTION OF POSSESSION AND RESTITUTION filed by QUEBRADORES DE UJARRÁS SA, ECO DESARROLLOS SOMBRERO VERDE SA, and ALEXANDER MENDOZA CASTELLÓN against 3-102-784679 SRL is DECLARED WITHOUT MERIT IN ALL ITS ASPECTS. The plaintiffs are ordered to pay attorney's fees in the sum of EIGHT HUNDRED THOUSAND COLONES EXACTLY, jointly and severally, each plaintiff must pay the sum of two hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six colones and sixty-seven cents. The indispensable costs of the proceeding may be liquidated in the execution phase of this judgment" (see downloaded case file of the Agrarian Court of Cartago, images 243 to 259).

IV.- The representation of Quebradores de Ujarrás .S.A and Eco Desarrrollo Sombrero Verde S.A., and the co-plaintiff Alexander Méndoza Castellón, filed an appeal, stating the following: "1.- Summary of the reasoning of the judgment: In summary, the judgment being challenged declared this interdictal claim without merit because, supposedly, our represented parties lack standing because: (i) The farms they own are not landlocked farms (ii) The defendant's farm does not bear a registered easement (servidumbre) in our favor. Furthermore, regarding the conclusions presented by our represented parties after the evidence was taken, concerning the closure of a public road; the appealed judgment reasoned as follows: 'This argument is not admissible, firstly because it was not alleged from the moment the claim was answered. While it is true that the legal representation of both parties varies as the proceeding advances, once the litis has been joined, it is the obligation of the professionals in charge of the various theories to adhere to what has already been joined; second, in order to access such a de facto road, this judge considers it prudent that the plaintiffs necessarily had to prove that their properties were landlocked, as they maintained in their claim and their questioned documentary evidence, or, that the public road was insufficient to provide access to their properties as indicated in unproven facts two and three of this judgment; third, it was not proven that the road in dispute is de facto delivered to the public service or to the owner or neighbors of a locality, since the plaintiffs did not prove that this road was used by emergency vehicles or other neighbors, because in this regard, the testimonies provided were complacent, as the alleged right of way (derecho de paso) has revolved around the mining and commercial activity of the plaintiffs, in accordance with what is established in proven fact four of this judgment. Lastly, the mandatory nature of the rule cited by the plaintiff is not applicable to the specific case, as it is a purely private dispute.' After this summary, with our customary respect for this Court, we proceed to explain why said reasoning is erroneous. 2.- Violation of a public policy rule (Ley General de Caminos Públicos): The Ley General de Caminos Públicos, contrary to what was argued by the defendant and what was considered in the appealed judgment, is not a rule whose application is reserved for the contentious-administrative jurisdiction; nor is it a rule that cannot be invoked in private conflicts. In reality, the exact opposite is true: said Law can—and rather must—be applied in any conflict, regardless of the jurisdiction before which the dispute was filed. Moreover, the cited Law must be applied even ex officio, in accordance with the maxim iura novit curia. With much greater reason, it must be applied when it has been expressly invoked by an interested party. Everything stated in the preceding paragraph derives from the public policy nature of the Ley General de Caminos Públicos, pursuant to its article 42 and precept 154 of the Political Constitution that governs us. In their most basic concept, public policy rules are the fundamental provisions upon which the social contract is based. Therefore, they are rules concerning which private individuals have no possibility of agreeing to the contrary, no matter how much volition and coincidence they may have. For that very reason, they are rules, it is insisted, that every jurisdiction (including the agrarian jurisdiction, of course) must apply even ex officio. Regarding this class of rules, with binding erga omnes effect, there are many precedents from the Constitutional Chamber. Among those precedents, resolutions numbers 7190-94 and 0033-96 may be cited, by way of simple illustration. The common conclusion of the extensive constitutional case law on this subject is that public policy rules have a double consequence: they cannot be disregarded by private individuals, even if there is free will on their part; and they also cannot be ignored by the State—understood in a broad sense, including, of course, the Judicial Branch. So, in summary, the final reasoning of the judgment to dismiss the application of article 32 of the Ley General de Caminos Públicos ('Lastly, the mandatory nature of the rule cited by the plaintiff is not applicable to the specific case, as it is a purely private discussion'), if we may draw an analogy with the technique of a cassation appeal, incurs a direct violation of the substantive legal system. Specifically, that reasoning violates articles 42 of the recently cited Law and 154, no more, no less, of the Political Constitution. Now, returning to the order of exposition of the appealed judgment; we also have the following objections: 'firstly because it was not alleged from the moment the claim was answered. While it is true that the legal representation of both parties varies as the proceeding advances, once the litis has been joined, it is the obligation of the professionals in charge of the various theories to adhere to what has already been joined.' Although the judgment does not expressly state it, it can be inferred from its reasoning that it interpreted that the fact of having invoked the application of article 32 of the Ley General de Caminos Públicos until the oral conclusions stage implied a presumed violation of the defendant company's right of defense; that is, that since it is an argument that was not originally developed in the statement of claim, there would supposedly be some type of defenselessness for the defendant. In this regard, first of all, it must be noted that the defendant company did not allege anything of that in its conclusions. It never claimed that said argumentation in any way infringed its right of defense. Rather, in its own conclusions, also presented orally, the defendant argued precisely what was embraced in the appealed judgment; that is, that in this jurisdiction, according to its theory, the Ley General de Caminos Públicos does not apply and that any invocation thereof is 'reserved' for the contentious-administrative venue. In short, the defendant company not only never complained about the use of this argument, but it was able to refute it freely and spontaneously (with a theory that is not admissible, as stated supra, for ignoring the public policy nature of the many-times-cited Law). Furthermore, it must be noted that, as seen, since it is a public policy rule, it is not even necessary for a party to invoke the application of said Law; rather, in accordance with the maxim iura novit curia, the legal regime of public roads must be included even ex officio by the Courts of Justice in their decisions. 'second, in order to access such a de facto road, this judge considers it prudent that the plaintiffs necessarily had to prove that their properties were landlocked, as they maintained in their claim and their questioned documentary evidence, or, that the public road was insufficient to provide access to their properties as indicated in unproven facts two and three of this judgment.' In this other part of its reasoning, said respectfully, the judgment distinguishes where the Law does not. Article 32 of the Ley General de Caminos Públicos, at no time, states that a private individual may close or narrow a public road, because an 'alternative route' exists. The existence of 'another access' (even if that other access does not comply with the minimum legal width and is more than uncomfortable but is dangerous and an attack on road safety), does not give a 'right' to a private individual to close or narrow the 'other option'; the safer one, and the one that is in fact used. So, again, we are faced with a direct violation of the Law; specifically, of article 32 of Law No. 5060, because said rule never distinguishes in the manner that the judgment challenged here did. 'third, it was not proven that the road in dispute is de facto delivered to the public service or to the owner or neighbors of a locality, since the plaintiffs did not prove that this road was used by emergency vehicles or other neighbors, because in this regard, the testimonies provided were complacent, as the alleged right of way has revolved around the mining and commercial activity of the plaintiffs, in accordance with what is established in proven fact four of this judgment.' Here, the violation of substantive law is twofold; both direct and indirect. Regarding the first, again, the judgment distinguishes where article 32 of Law No. 5060 does not. Let us look at the literal text of that rule, which is transcribed and highlighted for better illustration: 'Article 32.- No one shall have the right to close partially or totally, or to narrow, by fencing or building, roads or streets delivered by law or de facto to the public service or to the owner or neighbors of a locality, except when proceeding by virtue of a judicial resolution (…).' So, the first thing that stands out is that the rule does not require that the properties be landlocked (as seen above); nor does it require that there be an easement registered in the Real Property Registry (Registro de Bienes Inmuebles). Moreover, it also does not require (it is repeated on purpose) that the road be delivered for public use, because that is only one of the scenarios in which the many-times-invoked rule applies; it is highlighted that its text provides that a road delivered de facto to an owner or neighbors of any locality cannot be closed or narrowed. That is, in addition to the fact that an easement is not necessary (de facto delivery is sufficient), neither is it necessary to prove that the entire community uses it (a few neighbors are sufficient). Now, regarding the indirect violation of law due to an improper assessment of the evidence, there is not only the testimony of the witnesses offered by the companies we represent (which were not 'complacent,' but simply told the truth), but, even more importantly, there is the party-testimony of the defendant. We will return to this below, when referring to the express admission of the legal representative of the company 3-102-784679 S.R.L., regarding the existence of a road that crossed its farm. The violation of article 32 of Law No. 5060 is thus confirmed; now, both directly and indirectly. 3.- Improper weighing of evidence and indirect violation of substantive law. It has already been seen that it is not a theory of our represented parties, but the mandate of a Law of the Republic that has the character of a public policy rule, that any private subject is prohibited from closing or narrowing a road delivered de facto for the use of neighbors. They are proven facts, in accordance with all the evidence taken and especially thanks to what the legal representative of the defendant admitted without any objection: (i) That our represented parties are neighbors of the defendant (ii) That the defendant knew, when it acquired its farm, of the existence of the road. Those two facts must be added to the list of proven facts, explicitly. While it is true, fact 4 of the list of demonstrated facts recognizes that 'on the defendant's property there is a road forty meters long by six meters wide that is used by the plaintiffs to access a public street that has been used for more than twelve years'; it seems that such recognition was not sufficient to uphold this interdict. That use of the road by our represented parties, it is reiterated once more, is protected by article 32 of Law No. 5060, which is a public policy rule and from no point of view requires an easement (de facto delivery of the road is sufficient) nor use by the entire community (a few neighbors are sufficient). If we add to that, as has been indicated, that the legal representative of the defendant, in his sworn statement, accepted knowing of the existence of the road upon purchasing, it is clear that the list of proven facts is not complete. The truth is that the defendant knew that this road, even without an easement, was being used de facto by (at least) some neighbors; namely, our represented parties. And it is not about 'converting' this interdict into a contentious-administrative matter, as the defendant argued in error and as was also, unfortunately, reasoned in the appealed judgment. No. It is a matter, which is very different, of demanding the application of a public policy rule, to which this jurisdiction (like any other) is subject by constitutional mandate." (see downloaded case file of the Agrarian Court of Cartago, images 268 to 280).- V.- Regarding interdictal proceedings, this Tribunal has considered: "The interdictal route in agrarian matters serves to protect an agrarian possession that translates into the carrying out of agrarian possessory acts proper. From this specific action, what has been termed 'agrarian interdictal actions' has emerged within Agrarian Procedural Law, through which the objective is to protect current and momentary possession, so that production activities are not affected, and the productive purpose of agrarian goods can be fulfilled. The interdictal claim aims to maintain a de facto, current, and momentary situation, until the right to possess a thing, independently of the right of ownership or the better right of possession, is resolved in a broader proceeding, such as a declaratory one; in other words, interdicts aim at the prompt restoration of the state of fact, either to protect the one who was disturbed in possession, or to restore to it the one who has suffered dispossession; the law even empowers the possessor of any kind to repel force with force, in the event that their possession is attacked, which is an exceptional remedy, to which people should only resort in very qualified situations (article 457 of the Civil Procedure Code). In the present case, it concerns an access located on the defendant's property towards the plaintiff's property." (Tribunal Agrario, Voto 649-f-03 at 14.40 hours on September 26, 2003).- Likewise, specifically regarding agrarian interdicts that protect easements, the doctrine has stated: "For an interdict regarding easements to be successfully established, it is necessary to note important variations in these aspects, mainly regarding active standing, which differs not only if it is a civil interdict or an agrarian one—and even an agro-environmental one—but also in the characteristics of the easement involved—whether continuous and apparent (some cases of view easement), continuous and non-apparent (other cases of view easement), and discontinuous (such as rights of way, whether apparent or not). a.- Active standing and special cases: In this figure, in the case of continuous non-apparent and discontinuous easements, one must speak of a 'compound' active standing since it is composed of several specific elements. In the case of a civil interdict concerning easements, active standing lies in the plaintiff proving not only their condition as possessor, but that they are the possessor of a dominant tenement, that is, one over which they have the use of an easement in their favor. If the easement is discontinuous (like the typical example of a right of way, whether agrarian or civil) or continuous and non-apparent (like a view easement without external signs), they must prove that the easement is registered in the Registry—arts. 308, 379 Civil Code and 462 Civil Procedure Code—or the title originating from said owner or from previous owners, that is, a limited documentary evidence. If the easement is continuous and apparent, it will suffice for the plaintiff to demonstrate their use and the defendant's tolerance, that is, de facto possession over the dominant tenement, basically through judicial inspection, party-testimony, and testimonial evidence, without prejudice to other means of proof. In agrarian interdict matters, as analyzed in Chapter VI of this work, the material prerequisites of the claim lie in the thema probandum of demonstrating the quality of being a current or momentary possessor—de facto—of a property of an agrarian, forestry, or agrarian-environmental nature that has an easement in its favor that has been affected or obstructed. The type of possessory act, as with other interdicts, will depend on the nature of the real estate—agrarian, agroforestry, or ecological. The exceptions for demonstrating the title on which easements are based, contemplated in articles 462 Civil Procedure Code, 308 and 379 of the Civil Code, noted above, are applicable in agrarian matters. Likewise, for those not included in said exceptions. In the specific case of a right of way easement, whether or not the dominant tenement is landlocked is irrelevant; rather, the demonstration of the constitution of the easement is paramount, whether by agreement or by last will. It is in this case of article 462 of the Civil Procedure Code that the right to possess is discussed, and not the simple ad interdictam possession in the case of active standing. However, if we accept the thesis that ecological easements can be admitted as such even without the existence of a dominant tenement, we find that in the case of disturbing acts that affect this type of easement, since the collective or diffuse interest in a healthy and ecologically balanced environment is affected, any person, by the mere fact of being so, would have active standing to claim through the agrarian interdictal route, including environmental NGOs from the conflict zone, but it must also be taken into account that these ecological easements are generally non-apparent or discontinuous, so the constitution of these easements on the defendant's real estate must always be proven. b.- Passive standing and its casuistry: Active and passive standing are correlative, due to the causal link involving the parties through the disturbing act. But at the same time, just as the type of easement involved justifies a specific means of proof for active standing, the characteristics of the easement will also determine who can be sued and who cannot in certain cases, which opens a range of possibilities that we will try to address. If it were a continuous and apparent easement, which, being excluded from articles 462 Civil Procedure Code and 308 and 379 of the Civil Code, requires only proving the plaintiff's use with the defendant's tolerance, necessarily, passive standing in these cases will lie in convincingly proving that the defendant—regardless of whether they are the owner of the servient tenement or any third party—was the person(s) responsible for or cause(s) of the disturbance, closure, or obstruction of the use of said easement. Since a title is not required, much less one registered in the Registry, and the easement is apparent, as it has external signs that must convincingly reveal its existence, any third party can realize that their action affects the use of the easement. (...) A similar situation occurs in cases where the exceptions of articles 462 Civil Procedure Code and 308 and 379 of the Civil Code do apply: these are the cases of continuous non-apparent easements—the view easement without external signs and the agrarian beekeeping right of way—and discontinuous ones—like all other rights of way. Although said rules establish the obligation to prove the legal act—we are no longer speaking of a fact—that is duly constituted by agreement or last disposition of the owner of the servient tenement or their previous owners, we must take into account that said requirement is solely for active standing, because all this type of predial or real easements are imposed in favor of and against real estate, and not over or in favor of persons. But, as analyzed in Chapters VI, VII, and VIII, passive standing in interdicts for protection of possession and restitution lies in any third party who disturbs or dispossesses the plaintiff in their de facto possession. Therefore, passive standing lies not only in the figure of the owner of the servient tenement, but also in any third party who disturbs or dispossesses the plaintiff of the use of the easement. Of course, the solution to all these hypothetical cases depends on the configuration of the third prerequisite of the interdictal claim, which we briefly review below. c.- Statute of Limitations: Like any other interdict, except for the demolition interdict, the fatal term of the statute of limitations begins to run three months from the beginning of the disturbance, closure, or obstruction of the use of the easement." ARTAVIA BARRANTES (Sergio) and PICADO VARGAS (Carlos). Los Interdictos en Materia Civil, Agraria, Ambiental y Contenciosa, San José, Faro, 2017, pp. 415 to 420. The foregoing agrees with what has been established repeatedly by the case law of this Tribunal: "When it concerns an easement or right of way, active standing is established when possession is exercised in an agrarian or ecological manner on the plaintiff's land (which would be the dominant tenement, if it were an easement) and the access route is used to carry out activities inherent to agrarian production or environmental conservation on said land, to enter the property or to remove the goods produced therein. However, in those cases, what is stated in the following considerandos must also be taken into account.- VI- Regarding the interdictal protection of rights of way easement, the law is very clear: a) article 462 of the Civil Procedure Code provides that when the claim deals with continuous non-apparent easements, or discontinuous ones, what is stated in article 308 of the Civil Code shall apply. b) That article establishes that in the case of such easements 'the claim, to be heard, must be based on a title originating from the owner of the servient tenement or from those from whom the latter acquired it.' c) In turn, article 379 of the latter cited code states that 'Discontinuous easements of all kinds and continuous non-apparent ones can only be constituted by agreement or by last will.'" TRIBUNAL AGRARIO, Voto Nº 697 at 16:10 hrs. on November 8, 1996.

VI.- Regarding the first grievance, the appellant is not correct. There is no proof that the road in dispute was a public road, and if it were, jurisdiction would be contentious-administrative and not agrarian, an aspect that was only mentioned in the concluding arguments, but which the plaintiff-appellant never even mentioned during the proceeding. As it was not proven that it is a public domain asset, such as a road of that nature, article 32 of the Ley de Caminos Públicos, which the plaintiff invokes in its appeal, cannot be applied. Note that the intervention of the State or the Municipality was not even requested in this case as co-litigants, which would be a procedural consequence if that were the situation. The first grievance is rejected.- VII.- Regarding the second grievance, it is not admissible. This Tribunal agrees with the evidentiary assessment carried out by the a quo, insofar as the landlocked status of the co-plaintiffs' properties was not proven, nor that an easement exists constituted in their favor. It is not correct that the fact that the defendant knew or did not know of the existence of the road is a relevant fact, since properties are presumed free of easements in accordance with article 376 of the Civil Code, and easements are constituted by agreement or manifestation of last will, and to enforce them in a proceeding, the respective constitutive title must be provided, as ordered by article 308 ibidem. Since it was not proven that it is a public road or that it is a constituted easement, nor the landlocked status of the property, the defense of lack of right was correctly accepted and, therefore, the claim rightly rejected.

The grievance is rejected and the judgment is confirmed in that which was the subject of the appeal.-

POR TANTO

The judgment is confirmed in that which was the subject of the appeal.-  CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)  ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)  ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Second Judicial Circuit of San José (II Circuito Judicial San José), 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea across from the Hospital Hotel La Católica parking lot. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:21:33.

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Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso interdictal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL  SUMARIO ACTOR/A:

ALEXANDER JOSE MENDOZA CASTELLON DEMANDADO/A:

3-102-784679 SRL VOTO N° N° 2024000462 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas nueve minutos del trece de mayo de dos mil veinticuatro.- PROCESO INTERDICTAL interpuesto por QUEBRADORES DE UJARRAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve, representada por Alberto José Araya Mena, mayor, soltero, empresario, cédula de identidad uno - mil doscientos ochenta y ocho - seiscientos noventa y ocho, vecino de San José, ECO DESARROLLOS SOMBRERO VERDE SA cédula jurídica tres - ciento uno - cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y dos, representada por Mario Araya Mena, mayor, casado, empresario, cédula de identidad uno - mil seis- setecientos noventa y seis, vecino de Cartago y ALEXANDER MENDOZA CASTELLÓN, mayor, casado, portador del cédula de residencia uno cinco cinco ocho dos tres seis cinco dos seis cero ocho, vecino de Cartago; contra 3-102-784679 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica igual a su denominación social, representada por Oscar Rodolfo Barboza Ugalde, mayor, divorciado, empresario, cédula de identidad uno - setecientos cuarenta y seis - seiscientos sesenta y siete, vecino de San José. Actúan como apoderados especiales de las partes: de la actora, el licenciado Sergio Artavia Barrantes,colegiado cuatro mil novecientos cuarenta y cinco y Oscar Nuñez Barrantes, colegiado veintisiete mil doscientos setenta y por la parte demandada el licenciado Francisco Dall´anese Álvarez, colegiado veintiocho mil ochocientos cincuenta y ocho y el licenciado Jonatán Picado Leòn, colegiado doce mil sesenta y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago Redacta el juez Picado Vargas; y,

CONSIDERANDO:

I.- De las pretensiones: Interpone la parte actora demanda interdictal, estimándola en cuatro millones de colones y solicita se declare en sentencia: «1- Se ordene al demandado retirar cualquier obstáculo que impida el libre tránsito por el camino de ingreso a la finca de mi representada. 2- Se ordene al actor abstenerse de realizar, en el futuro, cualquier acto perturbatorio, bajo apercibimiento de ser juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que corresponden ante el incumplimiento de las sentencias con condena de no hacer. 3- Se ordene a la actora restituir el paso sobre la franja, retirando los linderos y obstáculos que ha interpuesto con el afán de perturbar el derecho posesorio de los actores. 4- Se condene a la actora a cubrir los gastos que implique el retiro de los obstáculos y la restitución del camino. 5- Se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios causados, cuya liquidación prueba y cobro se harán en ejecución de sentencia.» (ver expediente descargado Juzgado Agrario de Cartago imágenes 01 a 18).

II.- Por auto de traslado de las diez horas treinta y siete minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, se emplazó a la parte demandada, quienes contestaron de forma negativa la demanda, y como excepciones interpusieron falta de personalidad procesal del actor e insuficiencia o ilegalidad del poder de su apoderado;nnn defensa que fue resuelta de manera interlocutoria mediante resolución número 2022000131 de las once horas cincuenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós. Por el fondo se opusieron excepciones. (Ver expediente descargado Juzgado Agrario de Cartago auto traslado imagen 60, contestación 96 a 111, resolución de excepciones imágenes 175 a 179).- III.- El juez Sergio Huertas Ortega, juez del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 2023000138 de las diecinueve horas cuarenta y cuatro minutos del doce de junio de dos mil veintitrés resolvió: «POR TANTO:Se fija la cuantía de este proceso en la suma de cuatro millones de colones exactos. Se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS el INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN Y RESTITUCIÓN interpuesto por QUEBRADORES DE UJARRÁS SA, ECO DESARROLLOS SOMBRERO VERDE SA y ALEXANDER MENDOZA CASTELLÓN contra 3-102-784679 SRL. Se condena a los actores al pago de honorarios de abogado por la suma de OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS, solidariamente, cada actor deberá pagar la suma de doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y siete céntimos. Los gastos indispensables del proceso podrán ser liquidados en la fase de ejecución del presente fallo» (ver expediente descargado Juzgado Agrario de Cartago imágenes 243 a 259).

IV.- La representación de Quebradores de Ujarrás .S.A y Eco Desarrrollo Sombrero Verde S.A., y el coactor Alexander Méndoza Castellón, interpusieron recurso de apelación, manifestando lo siguiente: "1.- Resumen del razonamiento de la sentencia: En síntesis, la sentencia que se combate declaró sin lugar esta demanda interdictal porque, supuestamente, nuestras representadas carecen de legitimación debido a que: (i) Las fincas de su propiedad, no son fincas enclavadas (ii) La finca de la demandada, no soporta servidumbre inscrita a favor nuestro Además, en cuanto a las conclusiones rendidas por nuestras representadas luego de que se evacuara la prueba, acerca del cierre de un camino público; la sentencia apelada razonó así: “Este argumento no es de recibo, primero por no haber sido alegado desde el momento en que se contestó la demanda, si bien es cierto, la representación jurídica de ambas partes varía con el avance del proceso y estando ya trabada la litis, es obligación de los profesionales a cargo de las diversas tesis ajustarse a lo ya trabado, segundo, para acceder a tal camino de hecho, considera prudente este juzgador, que necesariamente los accionantes debían acreditar que sus fundos estaban enclavados, como lo sostuvieron con su demanda y su prueba documental cuestionada, o bien, que el camino público fuera insuficiente para brindar acceso a sus fundos conforme se indica en los hechos no probados dos y tres de este fallo; tercero, no se acreditó que el camino en discusión sea de hecho entregado al servicio público o al propietario o vecinos de una localidad, pues no lograron los accionantes demostrar que ese camino fuese utilizado por vehículos de emergencia u otros vecinos, pues en este sentido, las declaraciones aportadas resultaron complacientes, pues el derecho de paso alegado ha girado en torno a la actividad minera y comercial de los accionantes, conforme a lo establecido en el hecho probado cuatro de este fallo. Por último, la obligatoriedad de la norma que cita la parte actora, no es aplicable al caso concreto, pues se trata de una discusión meramente privada”. Luego de este resumen, con nuestro acostumbrado respeto por este Despacho, se pasa a exponer por qué se considera que dicho razonamiento es errado. 2.- Violación de una norma de orden público (Ley General de Caminos Públicos): La Ley General de Caminos Públicos, contrario a lo argumentado por la parte demandada y a lo que se consideró en la sentencia apelada, no es una norma de aplicación reservada para la jurisdicción contencioso-administrativa; o que no pueda invocarse en conflictos privados. En realidad, sucede todo lo contrario: dicha Ley puede -y debe, mejor dicho- aplicarse en cualquier conflicto, sin importar la jurisdicción ante la que se radicó la disputa. Es más, la citada Ley debe aplicarse aún de oficio, de acuerdo con la máxima iura novit curia. Con mucha mayor razón, debe aplicarse cuando ha sido invocada en forma expresa por parte interesada. Todo lo dicho en el párrafo que precede, deriva del carácter de norma de orden público de la Ley General de Caminos Públicos, conforme a su numeral 42 y al precepto 154 de la Constitución Política que nos rige. En su concepto más básico, las normas de orden público son las disposiciones elementales sobre las que se funda el pacto social. Por ello, son reglas en relación con las que los particulares no tienen ninguna posibilidad de pactar cosa contraria, por mucha voluntad y coincidencia que tengan. Por eso mismo, son normas, se insiste, que toda jurisdicción (incluyendo la jurisdicción agraria, claro está) debe aplicar aún de oficio. Sobre esta clase de normas, con carácter vinculante erga omnes, existen, de la Sala Constitucional, muchos antecedentes. Entre esos antecedentes, se pueden citar, a manera de simple ilustración, las resoluciones números 7190-94 y 0033-96. La conclusión común de la amplia jurisprudencia constitucional sobre esta temática, es que las normas de orden público tienen una doble consecuencia: no pueden ser desaplicadas por los particulares, aunque exista libre voluntad de su parte; y tampoco pueden ser ignoradas por El Estado -entendido en sentido amplio, incluyendo, por supuesto, al Poder Judicial. Así que, en síntesis, el razonamiento final de la sentencia para desechar la aplicación del artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos (“Por último, la obligatoriedad de la norma que cita la parte actora, no es aplicable al caso concreto, pues se trata de una discusión meramente privada”), si se nos permite una analogía con la técnica de un recurso de casación, incurre en violación directa del ordenamiento sustantivo. Específicamente, ese razonamiento es violatorio de los artículos 42 de la Ley recién citada y 154, ni más, ni menos, de la Constitución Política. Ahora bien, volviendo al orden de exposición de la sentencia apelada; tenemos, además, los siguientes reproches: “primero por no haber sido alegado desde el momento en que se contestó la demanda, si bien es cierto, la representación jurídica de ambas partes varía con el avance del proceso y estando ya trabada la litis, es obligación de los profesionales a cargo de las diversas tesis ajustarse a lo ya trabado”. Aunque la sentencia no lo indica expresamente, de su razonamiento para desprenderse que se interpretó que el hecho de haber invocado la aplicación del artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos hasta la etapa de conclusiones orales, implicaba una presunta falta al derecho de defensa de la empresa demandada; sea, que, como se trata de un argumento que no se desarrolló originalmente en el escrito de demanda, supuestamente, habría algún tipo de indefensión para la accionada. Al respecto, ante todo, debe señalarse que la empresa demandada no adujo nada de ello en sus conclusiones. Nunca reprochó que dicha argumentación conculcase, en modo alguno, su derecho de defensa. Más bien, en sus propias conclusiones, también vertidas en forma oral, la accionada argumentó justo lo que se prohijó en la sentencia apelada; sea, que en esta jurisdicción, según su tesis, no se aplica la Ley General de Caminos Públicos y que toda invocación al respecto está “reservada” para la sede contencioso-administrativa. En suma, la empresa demandada no sólo nunca se quejó de la utilización de este argumento, sino que lo pudo refutar libre y espontáneamente (con una tesis que no es de recibo, según se dijo supra, por desconocer el carácter de norma de orden público de la Ley tantas veces citada). Además, debe señalarse que, como se vio, tratándose de una norma de orden público, ni siquiera es necesario que una parte invoque la aplicación de dicha Ley, sino que, de acuerdo con la máxima iura novit curia, el régimen jurídico de los caminos públicos debe ser incluido aún de oficio por los Tribunales de Justicia en sus decisiones. “segundo, para acceder a tal camino de hecho, considera prudente este juzgador, que necesariamente los accionantes debían acreditar que sus fundos estaban enclavados, como lo sostuvieron con su demanda y su prueba documental cuestionada, o bien, que el camino público fuera insuficiente para brindar acceso a sus fundos conforme se indica en los hechos no probados dos y tres de este fallo” En esta otra parte de su razonamiento, dicho sea en forma atenta, la sentencia distingue donde la Ley no lo hace. El artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos, en ningún momento, señala que un particular pueda cerrar o estrechar un camino público, por el hecho de que exista una “vía alterna”. Que exista “otro acceso” (aunque ese otro acceso incumpla con el ancho mínimo de ley y más que incómodo sea peligroso y un atentado contra la seguridad vial), no da “derecho” a un particular a cerrar o estrechar la “otra opción”; la más segura, y la que de hecho se utiliza. Así que, de nuevo, estamos ante una violación directa de Ley; en concreto, del artículo 32 de la Ley No. 5060, pues dicha norma jamás distingue de la manera en que lo hizo la sentencia aquí combatida. “tercero, no se acreditó que el camino en discusión sea de hecho entregado al servicio público o al propietario o vecinos de una localidad, pues no lograron los accionantes demostrar que ese camino fuese utilizado por vehículos de emergencia u otros vecinos, pues en este sentido, las declaraciones aportadas resultaron complacientes, pues el derecho de paso alegado ha girado en torno a la actividad minera y comercial de los accionantes, conforme a lo establecido en el hecho probado cuatro de este fallo”. Acá, la violación de Ley sustantiva es doble; tanto directa, como indirecta. En cuanto a lo primero, nuevamente, la sentencia distingue donde el artículo 32 de la Ley No. 5060 no lo hace. Veamos la literalidad de dicha norma, que se transcribe y se resalta para mejor ilustración: “Artículo 32.- Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial (…)”. Entonces, lo primero que salta a la vista es que la norma no exige ni que se trate de fundos enclavados (como se vio líneas arriba); como tampoco, exige que exista servidumbre inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles. Es más, tampoco exige (se redunda adrede) que el camino esté entregado al uso público, pues esa es sólo una de las hipótesis en que se aplica la norma tantas veces invocada; destacándose que su letra dispone que no se puede cerrar o estrechar un camino entregado de hecho a un propietario o vecinos de cualquier localidad. Es decir, además que no hace falta servidumbre (basta la entrega de hecho), tampoco se requiere demostración de que toda la comunidad lo use (bastan unos vecinos). Ahora bien, en cuanto a la violación indirecta de ley por una indebida apreciación de las pruebas, no sólo se cuenta con la declaración de los testigos ofrecidos por las empresas que representamos (que no fueron “complacientes”, sino que simplemente dijeron la verdad), sino que, aún más importante, se cuenta con la declaración de parte de la demandada. Sobre esto se volverá de seguido, al referirnos a la admisión expresa del representante legal de la empresa 3-102-784679 S.R.L., acerca de la existencia de un camino que atravesaba su finca. Se ratifica entonces la violación del artículo 32 de la Ley No. 5060; ahora, tanto de manera directa como indirecta. 3.- Indebida valoración de la prueba y violación indirecta de Ley sustantiva. Ya se vio que no es una tesis de nuestras representadas, sino el mandato de una Ley de la República que tiene carácter de norma de orden público, que esté prohibido para cualquier sujeto privado cerrar o estrechar un camino entregado de hecho al uso de vecinos. Son hechos probados, conforme a toda la prueba evacuada y en especial gracias a lo que el representante legal de la demandada admitió sin ningún reparo: (i) Que nuestras representadas son vecinas de la demandada (ii) Que la demandada sabía, cuando adquirió su finca, de la existencia del camino Esos dos hechos deben ser agregados al elenco de hechos probados, en forma explícita. Si bien es cierto, el hecho 4 del listado de hechos demostrados, reconoce que “sobre el predio de la demandada existe un camino de cuarenta metros de largo por seis de ancho que es utilizado por los actores para acceder a calle pública que ha sido utilizado por más de doce años”; parece que tal reconocimiento no fue suficiente para acoger este interdicto. Esa utilización del camino por parte de nuestras representadas, se reitera una vez más, está amparado por el artículo 32 de la Ley No. 5060, que es una norma de orden público y que desde ningún punto de vista exige servidumbre (basta la entrega de hecho del camino) ni tampoco utilización por toda la comunidad (bastan unos vecinos). Si a ello sumamos, como se viene adelantando, que el representante legal de la demandada, en su declaración bajo juramento, aceptó conocer la existencia del camino al comprar, queda claro que el elenco de hechos probados no está completo. Lo cierto es que la parte accionada conocía que ese camino, aún sin servidumbre, estaba siendo empleado de hecho por (al menos) unos vecinos; a saber, nuestras representadas. Y no se trata de “convertir” este interdicto en un asunto contencioso-administrativo, como lo argumentó en error la accionada y como también, lamentablemente, se razonó en la sentencia apelada. No. Se trata, cosa que es muy distinta, de exigir la aplicación de una norma de orden público, a la que está sometida esta jurisdicción (como cualquier otra) por mandato constitucional." (ver expediente descargado Juzgado Agrario de Cartago imágenes 268 a 280).- V.- Sobre los procesos interdictales, ha estimado este Tribunal : "La vía interdictal en materia agraria, sirve para proteger una posesión agraria que se traduce en la realización de actos posesorios agrarios propiamente dichos. De esta acción específica ha surgido dentro del Derecho Procesal Agrario , lo que ha denominado " acciones interdictales agrarias" mediante las cuales se busca proteger la posesión actual y momentánea, a efecto de que las actividades de producción no sean afectadas, y se pueda cumplir con el destino productivo de los bienes agrarios. La pretensión interdictal, tiene por objeto mantener una situación de hecho, actual y momentánea, hasta tanto no sea resuelta en una vía más amplia, como la declarativa, el derecho de poseer una cosa, independientemente del derecho de propiedad o el mejor derecho de posesión; en otros términos; los interdictos tienden al pronto restablecimiento del estado de hecho, ya sea amparar al que fuere inquietado en la posesión, o restableciendo en ella al que ha sufrido despojo; incluso la ley faculta al poseedor de cualquier clase que sea para repeler la fuerza con la fuerza, en caso de que se atente contra su posesión, el cual es un recurso excepcional, el cual las personas sólo deben acudir en situaciones muy calificadas (artículo 457 del Código Procesal Civil). En el presente caso se trata de un acceso ubicado en la propiedad del demandado hacia el fundo de la actora. (Tribunal Agrario Voto 649-f-03 de las 14.40 horas del 26 de septiembre del 2003).- Asimismo, propiamente sobre los interdictos agrarios que tutelan las servidumbres, ha dicho la doctrina: "Para que el interdicto sobre servidumbres sea establecido con éxito, resulta necesario apuntar variaciones importantes en estos aspectos, principalmente en lo referente a la legitimación activa que difiere no sólo si trata de un interdicto civil o uno agrario –e incluso agroambiental- sino también en los caracteres de la servidumbre que se trate –sea continua y aparente -algunos supuestos de vista-, continua y no aparente -otros supuestos de servidumbre de vista- y discontinuas -como las de paso, sean aparentes o no-. a.- Legitimación activa y supuestos especiales: En esta figura, tratándose de servidumbres continuas no aparentes y discontinuas, se debe hablar de una legitimación activa “compuesta” pues se integra de varios elementos propios. En caso del interdicto civil de servidumbres, la legitimación activa radica en que el actor logre acreditar no sólo su condición de poseedor, sino que lo es de un fundo dominante, es decir, sobre el cual tenga a su favor el uso de una servidumbre. Si la servidumbre es discontinua (como el ejemplo típico de la de paso, sean agrarias o civiles) o continua no aparente (como la de vista sin signos externos), deberá acreditar que la servidumbre está inscrita en el Registro -arts. 308, 379 C.Ci. y 462 CPC- ó el título proveniente de dicho titular o de los anteriores propietarios, es decir, prueba tasada documental. Si la servidumbre es continua y aparente, bastará con que demuestre el uso del actor y la paciencia del demandado, es decir, la posesión de hecho sobre el fundo dominante, mediante, básicamente, reconocimiento judicial, confesional y testimonial, sin menoscabo de otros medios de prueba. En materia de interdicto agrario, tal y como se analizó en el Capítulo VI de esta obra, los presupuestos materiales de la pretensión radica en el thema probandum de demostrar la calidad de ser poseedor actual o momentáneo -de hecho-, de un fundo de naturaleza agrario, forestal o agrario-ambiental que tenga a su favor una servidumbre que se haya visto afectada u obstaculizada. El tipo de acto posesorio, al igual que en el resto de los interdictos, dependerá de la naturaleza del bien inmueble -agraria, agroforestal o ecológica-. Las salvedades de la demostración del título en que se funde las servidumbres contempladas en los artículos 462 CPC, 308 y 379 del C.Ci., señaladas anteriormente, son aplicables en materia agraria. De igual manera con las que no se incluyen en dichas excepciones. En el caso específico de una servidumbre de paso, resulta irrelevante el enclave o no del fundo dominante, sino que prima la demostración de la constitución de la servidumbre, sea por convenio o por última voluntad. Es en este supuesto del 462 del CPC que se ventila el derecho de poseer y no la simple posesión ad interdictam en el caso de la legitimación activa. Sin embargo, si aceptamos la tesis de que las servidumbres ecológicas pueden ser admitidas como tales aún sin la existencia de fundo dominante, encontramos que tratándose de actos perturbatorios que afecten este tipo de servidumbres, al afectarse el interés colectivo o difuso al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cualquier persona por el hecho de serlo, tendría legitimación activa para demandar en la vía interdictal agraria, incluyéndose en esto a las ONGs de carácter ambiental de la zona de conflicto, pero también debe tomarse en cuenta que estas servidumbres ecológicas generalmente son no aparentes, o discontinuas, por lo que siempre deberá demostrarse la constitución de estas servidumbres en el inmueble del demandado. b.- Legitimación pasiva y su casuística: La legitimación activa y la pasiva son correlativas, por el nexo de causalidad que involucra a las partes a través del acto perturbatorio. Pero a la vez, así como el tipo de servidumbre que se trate justifica determinado medio de prueba para la legitimación activa, los caracteres de la servidumbre van a determinar también quiénes pueden ser demandados y quiénes no en determinados supuestos, lo cual abre un abanico de posibilidades que trataremos de dar respuesta. Si se tratase de una servidumbre continua y aparente, que por ser excluida de los artículos 462 CPC y 308 y 379 del C.Ci, solo basta demostrar el uso del actor a paciencia del demandado, necesariamente, la legitimación pasiva en estos casos radicará en que se logre demostrar fehacientemente que el demandado –sin importar si es el titular del fundo sirviente o cualquier tercero- haya sido el (os) responsable (s) o causante (s) de la perturbación, cierre u obstaculización del uso de dicha servidumbre. Como no se exige un título, mucho menos inscrito en el Registro y la servidumbre es aparente, pues tiene signos externos que deben revelar fehacientemente su existencia, cualquier tercero puede percatarse que su acción afecta el uso de la servidumbre. (...) De forma similar sucede en los casos en que sí se aplican las excepciones de los artículos 462 CPC y 308 y 379 del C.Ci: son los supuestos de las servidumbres continuas no aparentes –la servidumbre de vista sin signos externos y la servidumbre agraria de paso apícola- y las discontinuas –como todo el resto de servidumbres de paso-. Aunque dichas normas establecen la obligatoriedad de acreditar el acto –ya no hablamos de hecho- jurídico que se encuentran debidamente constituidas por convenio o última disposición del propietario del fundo sirviente o sus anteriores dueños, debemos tomar en cuenta que dicho requisito es únicamente para la legitimación activa, pues todo este tipo de servidumbres prediales o reales, se imponen a favor y en contra de bienes inmuebles y no sobre o a favor de personas. Pero, tal como se analizó en los Capítulos VI, VII y VIII, la legitimación pasiva en los interdictos de amparo de posesión y restitución radica en cualquier tercero que perturbare o despojare al actor en su posesión de hecho. Por ello, la legitimación pasiva radica no sólo en la figura del titular del fundo sirviente, sino a cualquier tercero que perturbe o despoje el uso de la servidumbre al actor. Por supuesto que la solución a todos estos casos hipotéticos dependen de la configuración del tercer presupuesto de la demanda interdictal, el cual revisamos a continuación en forma breve. c.- Caducidad: Al igual que cualquier otro interdicto, salvo el de derribo, el término fatal de caducidad empieza a correr tres meses a partir del inicio de la perturbación, cierre u obstaculización del uso de la servidumbre." ARTAVIA BARRANTES (Sergio) y PICADO VARGAS (Carlos). Los Interdictos en Materia Civil, Agraria, Ambiental y Contenciosa, San José, Faro, 2017, p.p. 415 a 420. Lo anterior concuerda con lo establecido en forma reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal: "Cuando de lo que se trata es de una servidumbre o derecho de paso, la legitimación activa se configura cuando la posesión se ejerce agraria o ecológicamente en el terreno del actor (que sería el fundo dominante, si se tratara de servidumbre) y la vía de acceso se utiliza para realizar en el mismo las actividades propias de la producción agraria o de conservación ambiental, para ingresar al fundo o sacar los bienes producidos en él. Sin embargo, en esos casos debe tomarse en cuenta, además, lo que se expone en los siguientes considerandos.- VI- Tratándose de la protección interdictal de servidumbres de paso la ley es muy clara: a) el artículo 462 del Código Procesal Civil dispone que cuando la demanda versa sobre servidumbres continuas no aparentes, o sobre discontinuas, se aplicará lo dicho en el artículo 308 del Código Civil. b) Ese artículo establece que tratándose de esas servidumbres "el reclamo, para ser atendido, debe fundarse en título que provenga del propietario del fundo sirviente o de aquellos de quien éste lo hubo". c) Por su parte el numeral 379 del último código citado señala que "Las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no aparentes, sólo pueden constituirse por convenio o por última voluntad." TRIBUNAL AGRARIO, Voto Nº 697 de las 16:10 hrs. del 8 de noviembre de 1996.

VI.- En cuanto al primer agravio, no lleva razón el recurrente. No hay prueba de que el camino en conflicto fuera un camino público, y si así lo fuera, la competencia sería contenciosa administrativa y no agraria, aspecto que solo fue mencionado en el alegato de conclusiones, pero que la parte actora-recurrente jamás mencionó siquiera en el proceso. Al no haber sido demostrado que se trate de un bien de dominio público, como lo es un camino de esa naturaleza, no puede aplicarse el artículo 32 de la Ley de Caminos Públicos que invoca la actora en su recurso de apelación. Nótese que ni siquiera se pidió la intervención del Estado o la Municipalidad en este caso como litisconsortes, lo cual sería una consecuencia procesal si se tratara de ese supuesto. Se rechaza el primer agravio.- VII.- Sobre el segundo agravio, el mismo no es de recibo. Este Tribunal concuerda con la valoración probatoria realizada por el a quo, en cuanto a que no se demostró el enclave de los fundos de los coactores ni que exista una servidumbre constituida a su favor. No lleva razón en cuanto a que el hecho de que el demandado supiera o no de la existencia del camino sea un hecho relevante, ya que los fundos se presumen libres de servidumbres de acuerdo al artículo 376 del Código Civil y las servidumbres se constituyen por convenio o manifestación de última voluntad y para hacerlas valer en un proceso debe aportar el título de constitución respectivo, según ordena el numeral 308 ibídem. Al no demostrarse que sea un camino público o que sea una servidumbre constituida ni el enclave del fundo, la excepción de falta de derecho está correctamente acogida y por ende la demanda bien rechazada. Se rechaza el agravio y se confirma la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-

POR TANTO

Se confirma la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-  CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A  ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A  ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

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