← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 01653-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 18/03/2024
OutcomeResultado
The Court upheld the defense of lack of legal entitlement, dismissed the entire action challenging the circular that created the Public Force’s regional deputy director positions, and ordered each party to bear its own costs.El Tribunal acogió la excepción de falta de derecho, rechazó íntegramente la demanda de nulidad contra la circular que creó las subdirecciones regionales de la Fuerza Pública y dispuso que cada parte asumiera sus propias costas.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed ANEP’s entire action seeking annulment of Circular No. 153-2017-DGFP-A, which communicated the creation of regional deputy director positions within Costa Rica’s Public Force. It held that the Organic Law of the Ministry of Public Security and the General Police Law permit multiple deputy directors in a single region when justified by service needs, supported by adequate budgetary resources, and consistent with reasonableness and proportionality. The reorganization was backed by technical and legal studies intended to improve police coordination, supervision, and efficiency. The interim promotions used to fill the positions did not violate public competition requirements because the posts are subject to appointment and removal by the relevant minister, although appointees must still satisfy applicable qualifications and demonstrate fitness for office. The Court therefore upheld the defense of lack of legal entitlement and rejected every claim. Nevertheless, it waived litigation costs because ANEP acted in pursuit of collective interests concerning administrative spending and its members.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó en todos sus extremos la demanda de la ANEP que pretendía anular la circular N.° 153-2017-DGFP-A, mediante la cual se comunicó la creación de subdirecciones regionales de la Fuerza Pública. Determinó que la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley General de Policía permiten establecer varios puestos de subdirector en una misma región cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, exista contenido presupuestario y la decisión sea razonable y proporcional. La reorganización estuvo respaldada por estudios técnicos y jurídicos orientados a mejorar la coordinación, supervisión y eficiencia policial. Los nombramientos efectuados como ascensos interinos tampoco infringieron la exigencia de concurso público, pues esos cargos son de libre designación y remoción ministerial, sin perjuicio del deber de comprobar la idoneidad de las personas nombradas. El Tribunal acogió la excepción de falta de derecho, pero exoneró a la ANEP de costas por haber litigado en defensa de intereses colectivos.
Key excerptExtracto clave
2) THE SECOND CLAIM STATES: “2. That Circular No. 153-2017-DGFP-A submitted in this proceeding be declared null and void. // THIS COURT RULES: In accordance with the preceding considerations, this claim is denied. It has already been determined that the provisions of the circular at issue were supported not only by the legal system, but also by the proper statement of reasons and grounds required by the legal system for the various Security Forces to have the personnel necessary to protect and safeguard public security under our rule of law. Accordingly, the creation of the various regional deputy director positions provided for in the circular had the corresponding technical and legal support, and this claim must therefore be denied. IX) DEFENSES. In view of the foregoing considerations, in which this Chamber believes it has adequately addressed the claimant’s objections, the defense of lack of legal entitlement is upheld. The defense of lack of legal entitlement is upheld. The action filed by the NATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOYEES (ANEP) against THE STATE is dismissed in all respects. The losing party is exempted from paying the corresponding procedural and attorney’s costs. Consequently, each party shall bear its own costs. Let notice be given.2) LA SEGUNDA PRETENSIÓN INDICA: "2. Se declare la nulidad de la circular N° 153-2017-DGFP-A aportada en este proceso. // ESTE TRIBUNAL RESUELVE: Conforme a los considerandos anteriores se rechaza esta pretensión. Además, se indica que ya se analizó que lo dispuesto por la circular en cuestión contó no solo con el fundamento del ordenamiento jurídico, sino con la debida motivación y fundamentación prevista por el ordenamiento jurídico a las diversas Fuerzas de Seguridad, para contar con el personal necesario para proteger y velar por la seguridad pública de nuestro Estado de Derecho y en ese tanto, la creación de las diversas subdirecciones regionales previstas en la circular, contaron con el sustento técnico y legal correspondiente, en razón de lo cual, esta pretensión debe rechazarse. IX) EXCEPCIONES. En razón de lo ya indicado en los considerandos anteriores, en donde se ha motivado adecuadamente a consideración de esta Cámara lo objetado por la parte demandante, se acoge la excepción de falta de derecho. Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara improcedente en todos sus extremos la demanda incoada por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ANEP) en contra del ESTADO. Se exonera a la parte perdidosa del pago de las costas procesales y personales correspondientes. Cada parte se hará cargo de sus propias costas, en consecuencia. Notifíquese.-
Pull quotesCitas destacadas
"En conclusión: Por todo lo expuesto esta Asesoría Jurídica es del criterio que si es jurídicamente viable la creación de varios puestos de subdirector regional para una misma Regional de la Fuerza Pública, si la necesidad del servicio así lo justifica."
"In conclusion: For all the foregoing reasons, this Legal Advisory Office considers it legally permissible to create several regional deputy director positions for the same Public Force region when justified by service needs."
Considerando VII
"En conclusión: Por todo lo expuesto esta Asesoría Jurídica es del criterio que si es jurídicamente viable la creación de varios puestos de subdirector regional para una misma Regional de la Fuerza Pública, si la necesidad del servicio así lo justifica."
Considerando VII
"Esta Cámara considerando, que tanto la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, como la Ley General de Policía, faculta claro está, siempre y cuando se cuente con el contenido presupuestario y las subdirecciones a crear, -sean razonables y proporcionales- a la población sobre las cuáles éstas vayan a regular, es posible su existencia y creación como ocurrió en este caso."
"This Chamber finds that both the Organic Law of the Ministry of Public Security and the General Police Law authorize such positions, provided that budgetary resources are available and the deputy director positions to be created are reasonable and proportional to the population they will serve; their existence and creation are therefore permissible, as occurred in this case."
Considerando VII
"Esta Cámara considerando, que tanto la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, como la Ley General de Policía, faculta claro está, siempre y cuando se cuente con el contenido presupuestario y las subdirecciones a crear, -sean razonables y proporcionales- a la población sobre las cuáles éstas vayan a regular, es posible su existencia y creación como ocurrió en este caso."
Considerando VII
"En relación al tema del concurso público, no observa este Tribunal que haya existido violación al respecto, toda vez que los nombramientos realizados según se acreditó con los hechos probados, a los cuales reenviamos para no hacer muy extensa esta resolución, los nombramientos se realizaron como un "ascenso interino", según consta en la certificación emitida por la Licda. Lys Espinoza Quesada, Directora de Recursos Humanos, recordándo que éstos nombramientos, conforme la Ley General de Policía, son de libre designación y remoción por el Ministro del ramo."
"Regarding public competition, this Court finds no violation because, as established by the proven facts, the appointments were made as an “interim promotion,” according to the certification issued by Human Resources Director Lys Espinoza Quesada, and such appointments are subject under the General Police Law to discretionary appointment and removal by the relevant minister."
Considerando VII
"En relación al tema del concurso público, no observa este Tribunal que haya existido violación al respecto, toda vez que los nombramientos realizados según se acreditó con los hechos probados, a los cuales reenviamos para no hacer muy extensa esta resolución, los nombramientos se realizaron como un "ascenso interino", según consta en la certificación emitida por la Licda. Lys Espinoza Quesada, Directora de Recursos Humanos, recordándo que éstos nombramientos, conforme la Ley General de Policía, son de libre designación y remoción por el Ministro del ramo."
Considerando VII
"Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la región, ejerciendo las labores de vigilancia, protección y conservación del ambiente y denunciar ante los órganos judiciales y administrativos competentes, los actos y omisiones que contravengan esta normativa."
"Ensure compliance with environmental regulations in the region by carrying out environmental monitoring, protection, and conservation duties and reporting acts and omissions that violate those regulations to the competent judicial and administrative authorities."
Hechos probados, propuesta de funciones del subdirector
"Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la región, ejerciendo las labores de vigilancia, protección y conservación del ambiente y denunciar ante los órganos judiciales y administrativos competentes, los actos y omisiones que contravengan esta normativa."
Hechos probados, propuesta de funciones del subdirector
Full documentDocumento completo
EV Template Generation: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFF:
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEFENDANT:
EL ESTADO Nº N° 2024001653 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and twenty-four minutes on dieciocho de Marzo del dos mil venticuatro.- ORDINARY PROCEEDING DECLARED TO INVOLVE PURE QUESTIONS OF LAW (PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO), filed by ALBINO VARGAS BARRANTES, of legal age, single, resident of San José, identification card 1-457-390, in his capacity as Secretary General of the ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ANEP), represented by special counsel for judicial proceedings (apoderado especial judicial) MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, of legal age, identification card 1-1033-0695, attorney, bar card # 26870, against EL ESTADO, represented by Deputy Attorney General IRENE BOLAÑOS SALAS, of legal age, married, attorney, resident of Cartago, identification card 1-0970-137; and,
WHEREAS:
Furthermore, it will provide you with additional inputs for the operational planning of your Region and help ensure effective quality in the execution of operations. // (...)”. (I, 144 y 145-203 del escritorio virtuaL y Certification of the Head of the Occupational Analysis Department, I, 5-34).
SOLE FACT: That the administrative conduct (conducta administrativa) challenged in these proceedings is free from the alleged defects giving rise to nullity (vicios de nulidad).
// The interest of the General Directorate of the Public Force in creating these Deputy Regional Police Director positions is to strengthen the processes of operational and tactical support and of supervision and evaluation of police actions so as to enable continuous improvement. These processes are vital to ensuring the effectiveness and efficiency of the Public Force’s core processes and procedures in the six Regional Directorates examined in this document and, most importantly, to providing citizens and other sectors of interest to the police with service that is closer, more direct, and better coordinated; in other words, through these Deputy Directors, the Director will have greater internal and external reach in achieving police and institutional objectives. Furthermore, this will provide the Director with more information for the operational planning of the Region and ensure quality and effectiveness in the execution of operations. // (...)".
This technical document (LGAP, art. 16) reveals the Ministry of Public Security’s rationale (motivación) for seeking greater efficiency in safeguarding public safety. Subsequently, Lic. José Jeiner Villalobos Steller, Director of the Legal Advisory Directorate of the Ministry of Public Security, sent Lic. Gustavo Mata Vega, Minister of Public Security, official letter N° 2017-5638-AJ, dated 24 de abril de 2017, concerning the possibility of creating several “Deputy Regional Director” positions for a single Regional Directorate of the Public Force. As relevant to this case, the opinion of the Legal Advisory Department referred to the powers assigned under the Organic Law of the Ministry of Public Security, in Articles 6 and 7, concerning the possibility that the Ministry may have such police forces, directorates, departments, and sections as may be necessary. Moreover, reference was also made to the provisions of the General Police Law, Ley N° 7410, regarding the existence of deputy director positions, as provided in Articles 61, 63 and 64, second, third, and fourth paragraphs, and 65; it was specified that the legislation in question does not impose any limitation on the number of deputy directors in the Regional Directorates.
The challenged act stated, as relevant: “(....) The foregoing means that it is not necessary, because it is not required, to make a structural or regulatory change to the institutional organization in order to create several deputy regional director positions for a single Regional Directorate of the Public Force, if the operational and policing needs involved in providing the public service owed to citizens so justify, in accordance with the mandate and functions entrusted by the Political Constitution and the corresponding laws. (...).// Notwithstanding the foregoing, it must be made clear that any determination made in this regard must be duly supported and justified on the basis of objective criteria and sufficient evidence, in conformity with the general principles of rationality, reasonableness, and proportionality inherent in Administrative Law. It is further noted that the head of the respective Budgetary Program will be responsible for verifying the availability of funding under the corresponding budget line items for the creation of the positions in question.
In conclusion: In view of all the foregoing, this Legal Advisory Office is of the opinion that the creation of several deputy regional director positions for a single Regional Directorate of the Public Force is legally feasible if warranted by the needs of the service. It must be made clear that any determination made by the Administration in this regard must be duly supported and justified on the basis of objective criteria and sufficient evidence, in conformity with the general principles of rationality, reasonableness, and proportionality inherent in Administrative Law, without prejudice to a better-founded opinion or to any determination adopted by the government bodies with authority over the creation of public-sector positions. Lastly, but no less importantly, it should be noted that the head of the respective Budgetary Program will be responsible for verifying the availability of funding under the corresponding budget line items for the creation of the positions in question.” This other document shows that the legal division of the Ministry of Public Security prepared and approved the proposal in order to serve an overriding public interest, on the basis of the legal system and in compliance with the procedures established for creating the positions.
Accordingly, this Chamber rejects the alleged defect of absolute nullity (nulidad absoluta), namely that the creation of regional deputy directorates within each Regional Directorate was contrary to the legal system and lacked a statement of reasons and legal basis, as confirmed by the references made supra. Based on its analysis of the preceding recitals (considerandos) concerning the applicable legislation, this Chamber rejects the contention that the challenged act is substantively inconsistent with the legal system. This Chamber finds that both the Organic Law of the Ministry of Public Security and the General Police Law authorize their existence and creation, as occurred in this case, provided, of course, that budgetary funding is available and that the deputy directorates to be created are reasonable and proportionate in relation to the populations over which they will exercise authority.
It should be recalled that the facts at issue in these proceedings date from 2017-2018, and that the legal system currently contains certain regulatory provisions that must be taken into account in relation to public budgets and the creation of positions, for example; those provisions were enacted subsequently, and their retroactive application is therefore improper. With respect to the public competitive-selection process (concurso público), this Court finds no violation, since, as established by the proven facts—to which we refer so as not to unduly lengthen this ruling—the appointments were made as an “interim promotion,” as stated in the certification issued by Licda. Lys Espinoza Quesada, Director of Human Resources. It should be recalled that, under the General Police Law, these appointments may be freely made and revoked by the Minister responsible for the sector; nevertheless, as stated supra, persons appointed as deputy directors must satisfy the qualifications established in the corresponding regulations and manuals.
It must be clarified that this issue was not raised in these proceedings; this requirement serves to ensure the suitability that these officials must possess in light of the constitutional principle derived from Article 192 of the Political Constitution. It should be noted that the Legal Director stated that the Administration’s action had to be “duly supported and justified on the basis of objective criteria and sufficient evidence, in conformity with the general principles of rationality, reasonableness, and proportionality inherent in Administrative Law, without prejudice to a better-founded opinion or to any determination adopted by the government bodies with authority over the creation of public-sector positions. Lastly, but no less importantly, it should be noted that the head of the respective Budgetary Program will be responsible for verifying the availability of funding under the corresponding budget line items for the creation of the positions in question.” In any event, as already stated, these matters were not challenged in these proceedings. In view of the foregoing, the allegations of nullity are rejected.
POR TANTO:
The defense of lack of legal entitlement is sustained. The action brought by ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ANEP) against the ESTADO is dismissed in its entirety. The losing party is exempted from payment of the corresponding court costs and attorneys’ fees. Consequently, each party shall bear its own costs. Notice shall be given.- LAURA GARCÍA CARBALLO JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ PAULO ALONSO SOTO Judge (Juez(a)) PALONSO - Verification Code (Código Verificador) - ????????????????
PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ, DECIDING JUDGE LAURA GARCIA CARBALLO, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº N° 2024001653 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con venticuatro minutos del dieciocho de Marzo del dos mil venticuatro.- PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO interpuesto por ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor, soltero, vecino de San José, cédula 1-457-390, en su condición de Secretario General de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ANEP), representado por el apoderado especial judicial MARVIN GUSTAVO HERNÁNDEZ PICADO, mayor, cédula 1-1033-0695, abogado, carné # 26870, en contra del ESTADO, representado por la Procuradora Adjunta IRENE BOLAÑOS SALAS, mayor, casada, abogada, vecina de Cartago, cédula 1-0970-137, y;
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que la conducta administrativa cuestionada en autos, carezca de los vicios de nulidad acusados.
POR TANTO:
Se acoge la excepción de falta de derecho. Se declara improcedente en todos sus extremos la demanda incoada por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ANEP) en contra del ESTADO. Se exonera a la parte perdidosa del pago de las costas procesales y personales correspondientes. Cada parte se hará cargo de sus propias costas, en consecuencia. Notifíquese.- LAURA GARCÍA CARBALLO JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ PAULO ALONSO SOTO Juez(a) PALONSO ????????????????
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr
Document not found. Documento no encontrado.