← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 01649-2024 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · 18/03/2024
OutcomeResultado
The clause excluding coverage due to talud proximity is declared void, INS is ordered to pay the policies to the plaintiffs, and the remaining claims against the Municipality and financial entities are dismissed.Se declara la nulidad de la cláusula de exclusión de cobertura por talud, se condena al INS al pago de las pólizas a favor de los actores y se rechazan las demás pretensiones contra la Municipalidad y las entidades financieras.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court analyzes claims by homeowners in the Lomas de Cabrera, Villa del Sol, and Vista del Este condominiums in Moravia, affected by a landslide on November 14, 2007. Plaintiffs sue the Municipality of Moravia, the National Insurance Institute (INS), Banco Popular, and Mutual Alajuela, among others, for damages resulting from the disaster that destroyed or rendered their homes uninhabitable. The Court examines the strict liability of the Costa Rican State and the applicability of civil and commercial liability regimes to the defendants. It concludes that the Municipality is not liable for hidden construction defects, which are attributable to developers and responsible professionals, and that the building permit was lawfully issued. Regarding INS, it declares the absolute nullity of the contractual clause excluding landslide coverage when the home is located closer than twice the height of the slope, deeming it abusive and limiting liability, and orders the insurer to compensate the plaintiffs under the policies. Other claims against financial entities are dismissed for lack of causal link and insufficient evidence of claimed moral damages.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza las demandas de propietarios de viviendas en los condominios Lomas de Cabrera, Villa del Sol y Vista del Este, ubicados en La Trinidad de Moravia, afectados por un deslizamiento ocurrido el 14 de noviembre de 2007. Los actores reclaman a la Municipalidad de Moravia, al Instituto Nacional de Seguros (INS), al Banco Popular y a la Mutual Alajuela, entre otros, por daños y perjuicios derivados del siniestro que destruyó o inhabilitó sus viviendas. El Tribunal examina la responsabilidad objetiva del Estado costarricense y la aplicabilidad del régimen de responsabilidad civil y comercial de las entidades demandadas. Concluye que la Municipalidad no es responsable por vicios ocultos en la construcción, pues estos son atribuibles a los desarrolladores y profesionales a cargo de la obra, y que la licencia constructiva se otorgó conforme a derecho. Respecto al INS, declara la nulidad absoluta de la cláusula contractual que excluye cobertura de deslizamiento cuando la vivienda está a menos del doble de la altura del talud, por considerarla abusiva y limitativa de responsabilidad, y ordena a la aseguradora indemnizar a los actores conforme a las pólizas. Rechaza las demás pretensiones contra las entidades financieras por falta de nexo causal y ausencia de prueba del daño moral reclamado.
Key excerptExtracto clave
V.- On the merits. [...] 2) On municipal powers regarding building permits. No administrative liability for hidden construction defects. Absence of causal link due to third party actions: [...] The Municipality, by express legislative provision, is the competent entity to grant building permits, [...] however, [...] we must clarify that such oversight and control must be analyzed within reasonableness, as it must be understood that in the case of hidden defects or inspections that could ruin an already built work, it is not viable to hold the Municipal Government liable, especially when professionals involved in the construction process participated. [...] It is not appropriate to attribute liability to the Municipality for these events, since it was the responsibility of the professionals and the developer to ensure compliance with the recommendations of the soil studies, and not the Municipal Corporation. [...]V.- Sobre el fondo del asunto. [...] 2) Sobre las competencias municipales en materia de licencias constructivas. Inexistente responsabilidad administrativa por vicios ocultos en materia constructiva. Ausencia de nexo de causalidad por hecho de terceros: [...] La Municipalidad por disposición expresa del legislador, es la entidad competente para otorgar las licencias constructivas, [...] sin embargo, [...] hemos de aclarar, que tal ejercicio de tutela y fiscalización debe ser analizado dentro del ámbito de la razonabilidad, en el tanto ha de comprenderse, que tratándose de vicios ocultos o bien, fiscalizaciones que podrían dar al traste con una obra edificada, no es viable entender que el Gobierno Municipal pueda asumir alguna responsabilidad en tales términos, máxime cuando existe la intervención de profesionales en la materia que intervienen en el proceso constructivo. [...] No es dable atribuir responsabilidad a la Municipalidad por el acaecimiento de estos hechos, en tanto correspondía a los profesionales responsables y al desarrollador velar porque se cumplieran las recomendaciones de los estudios de suelo, y no a la Corporación Municipal. [...]
Pull quotesCitas destacadas
"No es dable atribuir responsabilidad a la Municipalidad por el acaecimiento de estos hechos, en tanto correspondía a los profesionales responsables y al desarrollador velar porque se cumplieran las recomendaciones de los estudios de suelo, y no a la Corporación Municipal."
"It is not appropriate to attribute liability to the Municipality for these events, since it was the responsibility of the professionals and the developer to ensure compliance with the recommendations of the soil studies, and not the Municipal Corporation."
Considerando V.2
"No es dable atribuir responsabilidad a la Municipalidad por el acaecimiento de estos hechos, en tanto correspondía a los profesionales responsables y al desarrollador velar porque se cumplieran las recomendaciones de los estudios de suelo, y no a la Corporación Municipal."
Considerando V.2
"La cláusula contenida en el artículo 4º, inciso 1.- 3.- a) de la póliza Hogar Seguro 2000 Colectivo, en tanto establece que no se otorgará cobertura de deslizamiento cuando la vivienda se encuentre sobre o al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud, constituye una cláusula abusiva y limitativa de la responsabilidad de la aseguradora, que vicia de nulidad absoluta dicha disposición contractual."
"The clause contained in article 4, paragraph 1.-3.-a) of the Hogar Seguro 2000 Colectivo policy, insofar as it establishes that landslide coverage will not be granted when the home is located on or at the foot of a talud, at a distance from its immediate edge less than twice the height of that talud, constitutes an abusive clause limiting the insurer's liability, which renders said contractual provision absolutely null."
Considerando V.4
"La cláusula contenida en el artículo 4º, inciso 1.- 3.- a) de la póliza Hogar Seguro 2000 Colectivo, en tanto establece que no se otorgará cobertura de deslizamiento cuando la vivienda se encuentre sobre o al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud, constituye una cláusula abusiva y limitativa de la responsabilidad de la aseguradora, que vicia de nulidad absoluta dicha disposición contractual."
Considerando V.4
"El artículo 1023 del Código Civil sanciona con nulidad absoluta las cláusulas que excluyen o limitan la responsabilidad del vendedor u oferente en los contratos de adhesión, cuando dicha exclusión o limitación es abusiva o desproporcionada."
"Article 1023 of the Civil Code sanctions with absolute nullity clauses that exclude or limit the liability of the seller or offeror in adhesion contracts, when such exclusion or limitation is abusive or disproportionate."
Considerando V.4
"El artículo 1023 del Código Civil sanciona con nulidad absoluta las cláusulas que excluyen o limitan la responsabilidad del vendedor u oferente en los contratos de adhesión, cuando dicha exclusión o limitación es abusiva o desproporcionada."
Considerando V.4
"No se acreditó un nexo causal entre la actuación de las entidades financieras y los daños reclamados, ya que su participación se limitó al otorgamiento de créditos y a la intermediación en la contratación de seguros, aspectos ajenos a la producción del deslizamiento o a la decisión de cobertura."
"A causal link between the actions of the financial entities and the claimed damages was not proven, since their participation was limited to granting loans and intermediating insurance contracting, matters unrelated to the occurrence of the landslide or the coverage decision."
Considerando V.5
"No se acreditó un nexo causal entre la actuación de las entidades financieras y los daños reclamados, ya que su participación se limitó al otorgamiento de créditos y a la intermediación en la contratación de seguros, aspectos ajenos a la producción del deslizamiento o a la decisión de cobertura."
Considerando V.5
Full documentDocumento completo
Administrative Litigation Tribunal, Section I Type of matter: Ordinary Proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Rulings from the same expediente Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority Vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Civil liability of the Administration Subtopics:
Considerations regarding municipal powers in matters of construction licenses. Scope of the indeterminate legal concept emanating from the phrase "local interests." Appropriateness of recognizing the insured sum according to the contract in force with the plaintiff resulting from a loss occurring at their dwelling.
Topic: Instituto Nacional de Seguros Subtopics:
Appropriateness of recognizing the insured sum according to the contract in force with the plaintiff resulting from a loss occurring at their dwelling.
Topic: Construction Permit Subtopics:
Considerations regarding municipal powers in matters of construction licenses. Scope of the indeterminate legal concept emanating from the phrase "local interests." "V. [.,..] 2) Regarding municipal powers in matters of construction licenses. Nonexistent administrative liability for hidden defects in construction matters. Absence of causal link due to acts of third parties: Our Constitution establishes in Article 169, in a precise and extremely broad manner, the scope of powers of Local Governments, by stating that: “The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, formed by a deliberative body, composed of popularly elected municipal council members (regidores municipales), and an executive official designated by law”. The indeterminate legal concept emanating from the phrase “local interests” allows us to understand a broad scenario of action for the Municipalities, especially given the development that our Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as well as the ordinary legislator, has carried out regarding this concept. It is of particular interest to bring up that our Constitutional Chamber has specified the powers of Local Governments in various matters, among which is urban development, stating in its rulings that the competence to control urban development within the limits of their territory is exclusive to the municipalities; for this exercise, they are assisted by the promulgation of regulations, such as regulatory plans (planes reguladores) and construction licenses. In this way, the regulation of city growth arises in the first instance as an exclusive municipal power, which began to lose that exclusivity starting with the participation of a series of public entities and bodies involved in land-use planning (ordenación del territorio), thus modifying the convergence of responsibilities in other subjects such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -a decentralized entity-, and the Ministry of Environment and Energy, with the Secretaría Técnica Ambiental (a deconcentrated body) and the Ministry of National Planning. It is of interest to mention the relevance that construction licenses hold, given that they respond to the exercise of the police power of the municipalities and find normative support in Article 1 of the Construction Law (Ley de Construcciones), which provides that municipalities are responsible for ensuring that cities and other towns have the necessary conditions of safety, health, beauty, and comfort, both on public roads and in the buildings and constructions that are erected, without prejudice to the powers that laws grant in urban matters to other administrative bodies. It is for this reason that local governments must avail themselves of all means that the legal system provides them for the fulfillment of such obligation, which is of public interest (In this regard, see rulings number 401-91, of fourteen hours on February twentieth and 619-91, of fourteen hours forty-five minutes on March twenty-second, both, resolutions of nineteen ninety-one and 2003-2864, of fifteen hours twenty minutes on April ninth of two thousand three, of the Constitutional Chamber) being the exercise of police power, the primary pillar of this action, understanding by this the recognition of the power to the municipalities so that, based on a law, they regulate and govern the activity, in order to ensure public order, beauty, health, tranquility and safety of citizens, in clear respect of their fundamental rights. Thus, it is clear that constitutional and national regulations place great responsibility on Local Corporations with respect to the control of urban growth and the conditions it must observe, a task that includes both sanitary aspects as well as safety, beauty, and comfort, which are fundamental for the optimal development of the inhabitants, who require these characteristics in their environment to achieve quality of life. The Municipality, by express provision of the legislator, is the competent entity to grant construction licenses, even though, in the case of developments (urbanizaciones), the participation of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo is required, which intervenes at the level of approval of construction plans, but nevertheless, the specific responsibility in terms of authorization and supervision of compliance with the legality framework (bloque de legalidad) falls on the Municipalities [...]".
... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings Document PJEDITOR ????????????????
Proceeding: Ordinary Proceeding Plaintiffs: [Name 001] [Name 002] [Name 003] [Name 027] [Name 010] Defendants: Instituto Nacional de Seguros Municipalidad de Moravia Banco Popular y de Desarrollo Comunal Mutual La Vivienda Alajuela de Ahorro y Préstamo No. 2024001649 First Section of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal, Second Judicial Circuit of San José, Annex A. At fourteen hours and three minutes on the eighteenth of March of two thousand twenty-four.- Accumulated ordinary proceeding of oral and public trial, filed by Mr. [Name 001], [...], [Name 002], [...], [Name 027], [...], [Name 003], [...] [Name 010], [...], against the Instituto Nacional de Seguros, last represented by its special judicial attorney, licensed attorney Jazmín Elena Calvo Ardón, bearer of identity card number one- one thousand two hundred two- zero seven hundred ninety, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, represented by its special judicial attorney, licensed attorney Marvin Abarca Chaves, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda Ahorro y Préstamo, represented by its special judicial attorney, licensed attorney Carlos Quesada Hernández, and the Municipalidad de Moravia, represented by its special judicial attorney, licensed attorney Roberto Morales Delgado.
WHEREAS
At that hearing, the testimony of four witnesses admitted at the preliminary hearing was received, and the proposing parties withdrew from the remaining declarants. Due to a failure in the recording of Mrs. [Name 010]’s testimony, her testimony is brought to the attention of the parties in accordance with the notes taken by the Tribunal, within a period of two days. Upon expiration of that period, a period of five business days was granted to submit written closing arguments (conclusiones escritas), which expired on February 14, 2024.
CONSIDERANDO
I.- Proven Facts: The following facts are cited as relevant to the resolution of this matter:
I.I. Facts related to [Name 001]: 1) On May 4, 2006, Mr. [Name 001] signed a form from the company Dinámica de Seguros S.A., an insurance marketer for INS, related to the application for a collective life insurance policy with Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (See images 404 and 405 of the digital judicial file); 2) On May 4, 2006, Architect Ricardo Solano Alvarado reported on appraisal No. IA 3963ts-2006, the site visit for which was on April 26, 2006, related to the property with real folio number [Value 005], noting as risk conditions: “due to landslide / due to steep slope (alta pendiente) and slope (talud).” Likewise, it is stated that: “... for this property, no ‘in situ’ tests were carried out in order to verify, in the case of civil works, the quality of the mechanical resistance of the structural elements, or the quality of the electrical and mechanical systems. In the case of the land, no drainage, electrical conductivity, hydraulic conductivity, compaction, infiltration, texture, or stoniness analyses were carried out, nor horizon classification, so no responsibility is assumed for hidden defects present in this property.” (See images 429 to 435 of the digital judicial file); 3) On May 29, 2006, a public deed was executed whereby Mr. [Name 001] acquired ownership of the property in the San José registry, registration number [Value 005], located in the canton of Moravia, district of la Trinidad, and simultaneously a mortgage was constituted in favor of Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pursuant to a credit granted in favor of the purchaser for the sum of fifty-one thousand dollars. (See images 372 to 380 of the digital judicial file); 4) That Mr. [Name 001]’s property, farm number [Value 005], had the Hogar Seguro 2000, Colectivo Banco Popular policy for the amount of 27,372,050 colones as the coverage amount, with types ABCD, with Banco Popular y de Desarrollo Comunal as the creditor (See folio 01 of administrative file INSSJ-01639-2009); 5) That the Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo policy indicates in Part I, Article 4, Automatic Inclusion, subsection 3: “I.- Coverage shall not be provided under any circumstance: 3.- Flood and Landslide, tremor and earthquake, and hurricane-force wind coverage: a) When the dwelling is located at the foot of a slope (talud), at a distance from its immediate edge less than twice the height of that slope. If the slope forms part of the channel of a river, lake, or other natural deposit, the distance may not be less than 20 m².” (See references at folios 56 and 78 of administrative file INSSJ-01639-2009); 6) On November 14, 2007, a landslide occurred in the playground area, the guard’s shack, and part of the access road to the [...] as well as damage to some dwellings in the [...], which include the property owned by the plaintiff (the report from the Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Fraudes, number 71-F-08-CI of February 26, 2008, visible in images 1066 et seq. of the digital judicial file); 7) By sanitary order (orden sanitaria) number 12-2007, dated November 16, 2007, issued by the Área Rectora de Salud Moravia of the Ministry of Health and addressed to Mr. [Name 001] Ditttel del [...], the following is communicated to him: “As a matter of public interest and mandatory compliance within the indicated period, and by means of an on-site assessment by the Unidad Protección al Ambiente Humano, you are ordered that: 1) The dwelling owned by you has been declared uninhabitable. Given that a landslide occurred in the surrounding area, your property is located within the affected area and the site is declared high risk, in accordance with the criterion of the CNE. 2) Therefore, as of your indicated notification, you must vacate the property as a preventive measure until the geotechnical studies guaranteeing the stability of the area are completed. 3) You are warned that failure to comply with this act will result in eviction in the company of officers of the Fuerza Pública. The foregoing because its conditions constitute a danger to the health and safety of its occupants and given the construction characteristics presented by the property...” (See folio 623 of volume 1b of the criminal administrative file); 8) Mr. [Name 001] filed a claim for application of the insurance policy with the Instituto Nacional de Seguros, which was assigned case number I-2007-729, as a consequence of the November 14, 2007 landslide that affected his dwelling. (Uncontroverted fact); 9) Through official communication INSSJ-05681-2008, dated June 27, 2008, the Subdirectorate of the Sede central of the Instituto Nacional de Seguros addresses Mr. [Name 001] and informs him that: “Because the insured property was located at a lesser distance in relation to the slope (talud) than that stipulated by the Institute in the Condiciones Generales of the Insurance under which this case is being processed, according to a topographic study conducted, it is appropriate to apply the provisions of Clause 4, subsection 1.-3.-) and the final paragraph of the Condiciones Generales of the Insurance (...). In this manner, the insured property should not have been included in a policy, and if it was, the Institute is released from paying any claim on properties insured under these conditions, that is, the property in question is contractually not covered by the policy. Given the foregoing, we must proceed to decline the claim...” Said decision was maintained by the entity until the exhaustion of the administrative process. (See images 510 and 511 of the digital judicial file) and 10) In the credit report issued by Banco Popular on March 5, 2024, it is stated that as of January 2024, Mr. [Name 001] maintains the status of debtor for the operation in US dollars. The attorney-in-fact for Banco Popular warns that: “Although the operation has a current payment arrangement status that is up to date, even though the last payment was on May 29, 2006, it is clarified that this is due to compliance with the precautionary measure.” (See images 3851, 3852, and 3856 of the digital judicial file).
I.2 Relevant facts related to [Name 003]: The following are taken as proven facts of interest for the resolution of this matter: 1) On April 28, 2005, Arch. Álvaro Saborío Ruiz carried out the appraisal report for the property with real folio number [Value 007], which corresponds to subsidiary farm number 17, for Mutual Alajuela-Agencia San José. The appraisal refers to the value of the property, related to the area of the farm, its unit value, as well as the constructed area. (See images 2678 to 2680 of the digital judicial file); 2) By public deed dated May 13, 2005, the company Desarrollos Panorámicos del Este Sociedad Anónima sold to Mr. [Name 003] the property with registration number of real folio [...], which is subsidiary farm number seventeen intended for residential use, in the process of construction, with one floor, a garden area, light well, and utility area, located in the third district of the fourteenth canton of Moravia, in the province of San José, with a first-degree mortgage simultaneously constituted in favor of Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (See images 2616 to 2622 of the digital judicial file); 3) On May 13, 2005, the property registered under real folio [Value 008], in the San José registry, whose debtor is Mr. [Name 003], was included in collective policy number INM-246, whose insured is Mutual Alajuela, on the occasion of operation number [Value 009], without any description of the property. (See image 2641 of the digital judicial file); 4) That among the charges to be made to Mr. [Name 003] on the occasion of the mortgage credit granted, a life policy and a fire policy are included. (Uncontroverted fact, see image 2634 of the digital judicial file); 5) Mr. [Name 003] had policy number 01 01 1NC0586874 02 0001, issued on May 27, 2005, effective from December 31, 2006 to December 31, 2007, collective policy Hogar Seguro 2000, coverages A, B, C, and D, for an amount of twenty million two hundred fifty-six thousand six hundred colones, on the farm in the San José registry, canton of Moravia, district of Trinidad, farm number [Value 008]. (See folio 8 of administrative file I- two thousand seven, seven hundred seventy-eight, certification INSSL-08941-2009); 6) By written submission dated November 15, 2007, and received on the 19th of that same month and year by the Sección de Seguros, Oficinas Centrales, Mr. [Name 003] requested from the Mutual the indemnification of the policy for the damages occurring to his dwelling as a result of the landslide. (See folio 3 of administrative file I- two thousand seven, seven hundred seventy-eight, certification INSSL-08941-2009). 7) On November 20, 2007, the INS received a claim filed by the Mutual in relation to master policy INM-246, a commercial collective policy. (See folio 4 of administrative file I- two thousand seven, seven hundred seventy-eight, certification INSSL-08941-2009); 8) The Instituto Nacional de Seguros, through official communication INSSJ-05829-2008 dated July 2, 2008, Sede Central, declined the plaintiff’s administrative claim due to it being consequential damages and considering that the property should never have been insured as the dwelling was located on a slope (talud). (See folios 52 to 54 of administrative file INSSL-08941-2009); 9) Mrs. [Name 013], [...]. She stated that she is the wife of Mr. [Name 003], since 2006. She recalls that in those years she worked as the pharmacist manager (regente farmacéutica) for a company owned by an uncle; it was a medication distribution company. She met [Name 003] in 2005, married him in 2006, and they are still together. In 2006, he already had the house, had already acquired it. She went to live with him; they invested money in the house, specifying that the investments included a granite countertop in the kitchen, a fine wooden cabinet, and non-slip flooring in the garage. In 2007, they were getting ready in the morning to go to work and there was a huge water leak, it was falling onto the [...], but they had to go to work. They left. In the afternoon, they were pursuing a Master’s in Business Administration at “U” Fidelitas and had to get home early to get ready to go to an in-person class. They heard a loud roaring sound, it was like an earthquake, they saw through the window how a slope (talud) of earth fell and the guard’s shack and a common area. It was coming down, it was a landslide (deslizamiento). They grabbed their pet and ran out. They positioned themselves in the highest part of the condominium. People began to arrive there, they were shouting, crying. They didn’t know if anyone was under the earth. It was terrifying. They couldn’t leave because there was like a hole. The firefighters and the Red Cross arrived and took everyone out, including the pets. Afterwards, they lived through a martyrdom; they were told they couldn’t go back in, and all their things were there. They couldn’t go back in; they lost everything. Eventually, the CNE and the Ministry of Health declared the place uninhabitable. They lost everything. They could not retrieve absolutely anything. It was left like a hole; she remembers they couldn’t pass, they tied a rope around their waists, she doesn’t remember if they put down a plank and rope and brought them across so they could leave. The site was the [...], it was left uninhabited and destroyed. It is at the entrance where the landslide occurs, and that was the only access to the condominium. She reiterates that they left that day and that first night they went to an uncle’s house who lived nearby; they had nothing. After a while, they decided to rent. The problem was that [Name 003] had to pay the bank installment and the rent. He was responsible for that, and she for the other expenses, food, and clothing. At some point, [Name 003] was summoned; she accompanied him to the criminal court, with the developer and the neighbors. The developer offered the neighbors to pay their credit; they all accepted, but [Name 003] did not, because it seemed like an outrage to him, and also, they had an installment for the INS. She specifies that she kept the bank stubs where the mutual was paid, and the policy was charged there. [Name 003] was positive, because he said the INS was going to pay them. They went to the Mutual, but they said it didn’t depend on them, but rather on the INS, but the INS said it couldn’t pay the insurance policy because the house was built near a slope (talud); their world then “fell apart.” It was worse. There was too much damage; the one that affected him most was that he had a business and imported oral care products, dental flosses, mouthwashes, brushes, etc., to distribute in Costa Rica and Central America. It was the product of working capital requested from the Bank; things were going very well for them, and it collapsed because the mutual declared him as non-creditworthy and reported him as delinquent to SUGEF. She saw a document, and the bank no longer lent to him because of it. He could no longer buy product to sell. [Name 003] also worked for CALOX and since he is a medical sales representative (visitador médico), he needs a vehicle, but they denied him credit. The laboratory would give him a car, but the problem was that it couldn't be paid for; the installment was very high at the lab. The worst part, he changed, he stopped being kind, sociable, and calm; he became a depressed, aggressive person; he had panic attacks. Sometimes she would wake up at night and he would be looking out the window. They sought psychiatric treatment, and they sent him antidepressants: Ribotril for crises and Exapro for every day. He changed as a husband; he was another person, which also affected her. To this day, he takes them, he keeps it up, and he still has crises. He takes both medications indicated, sent by a psychiatric doctor, Dr. Sancho from la Católica. He couldn’t buy the vehicle. [Name 003] withdrew, isolated himself; at the beginning he was very kind, attentive, with his friends and people in general; because of the problem, he isolated himself, he didn’t want to see anyone or be seen by anyone. To be a medical sales representative, one must have a “beautiful” disposition, and he felt sad. He imported products from Mexico and China; it was a very good brand of toothbrushes and other products from China. The bank that financed him was Cathay. Since he worked with his uncle, who was very well off financially, he did business with that bank; the uncle served as a figurehead and guarantor for the business, but then the bank said no. They currently live in a house in Moravia that belonged to the uncle. On cross-examination, she answered that she does not know if [Name 003] continued paying the credit. She does know that at the time, the developer made that agreement with the neighbors, but [Name 003] did not accept. As for the psychiatric treatment, it started when the INS told them that they were not going to pay them; [Name 003] began having panic attacks. She remembers that the Firefighters and Red Cross took them out of the site; days later they were told the place was uninhabitable; the CNE and the Ministry of Health indicated this days later. [Name 003]’s company was not closed at that moment; despite the fact that he could not continue working, he did not have the money to continue buying the products. They didn’t close the corporation, waiting to see what would happen. Now, 17 years later, they are starting to resume the company’s activity. She cannot attest that it was the subject of a judicial collection lawsuit. The condominium was an entrance with a gate, a guard’s shack, and then all the houses. Earth fell on the entrance, the guard’s shack, and the common area. A huge hole was made at the only entrance. It didn’t directly affect the houses, but she isn’t precise. Later, the Ministry of Health said they couldn’t live there. She didn’t have much of a relationship with the neighbors. She was getting ready that day to leave for work; there was a leak, she saw the large amount of water that was coming and falling onto the park that was in [...], but she went to work. She was under the impression that the neighbors were going to solve it. The amount of water was excessive. In the afternoon, a roaring sound was heard, and she saw the slope (talud) of earth; the guard’s shack fell. She doesn’t remember if the leak was near that place. The leak was below the houses; it was indeed a large amount of water. She doesn’t remember that there was water; she didn’t see the hole; she left scared and crying. The company in the criminal proceeding was a developer. The company did not compensate [Name 003]. He developed the business activity through a legal entity, Corporación Farmacéutica. The company stopped importing and marketing products because there was no capital; since he was not creditworthy, the Bank wouldn’t lend him money. They kept the corporation open, but sales stopped. The restart is now in January. Under questioning by the Instituto Nacional de Seguros, she answered that: “... she does not remember when the INS declined the claim, nor when her husband started psychiatric treatment.” As for the questioning by the representation of Grupo Mutual Alajuela, she stated that: “She remembers that they were taken out of the site by the Firefighters and Red Cross; days later they were told the place was uninhabitable; the CNE and the Ministry of Health indicated this days later.” To the question of whether she can attest that her husband took steps to insure the goods that remained inside the dwelling or took steps before any of those entities to be able to remove those goods, the witness stated, “I don’t remember.” (Testimony transcribed in images 3659 to 3661 and observations of the parties added in accordance with the indications in images 36976 and 3697 of the digital judicial file); 10) Mr. [Name 016], [...]. He stated that he knows [Name 003]; they were friends. He worked at Farmacias Fishel around the year 1999, 2000, and [Name 003] came to work there in 2003 and 2004, and they got to know each other. He is currently a professor at UNED and for the MEP at two high schools, the Cartago night school and Vicente Lachner. He has known [Name 003] since 2003 or 2004; they were coworkers, they were very good friends, they knew each other’s plans. [Name 003] lived in a small apartment; he was a pharmacist manager (regente farmacéutico). He worked a lot, weekends, holidays. He saved money. Years passed; he acquired a house in a condominium; he went there about three times before [Name 003] married and about three times after. When they were single, he slept over at the house and saw the house’s conditions. Before marrying [Name 013], he lived as a single man, ate out, had furniture that the condominium gave him; he later marries [Name 013], and when he goes to visit him after that, the house was something else; now there was order, a change of furniture; the kitchen one was large, in the flooring, the ceiling. He clarified that [Name 003] lived as a single man with a roommate. Once married, the roommate had to leave. The events occurred in 2007, if he’s not mistaken, and the witness and [Name 003] were no longer working for Fischel, but they were still in communication. The topic of the condominium appeared in the news. The witness was working for Medics de Centroamérica and had a pick-up under his charge; upon learning there was chaos, he called [Name 003] and put the pick-up at his disposal. There was a traffic jam in Moravia; he could not reach the place because CNE closed it off. [Name 003] explained to him that they closed it off and would not let them enter. Later, he met with [Name 003]; they talked. [Name 003] was very distressed, having a nervous crisis. They mentioned that it was a material matter and that the house was insured. They thought it would be restored; days passed. [Name 003] and [Name 013] went to live in an apartment. The anguish was from starting from scratch, emptiness, without furniture; he saw a mattress. A few days later, he saw on the news that neighbors from the area themselves were stealing things; he doesn’t know how they were entering. They began to dismantle the houses. On the news, he saw a man carrying a toilet. He went to the new apartment to see how he could help them, and they had nothing. They told him they hadn’t been able to get anything out. [Name 003] was very anguished; he remained very worried; they talked often, wondering what he would do, because they had to pay for the house, rent, and he also had a business with his own company that brought products from abroad, he imported them from Mexico and China and placed them here. [Name 003] knew that, for example, brushes for braces were missing. He started importing them. He was doing well; he had a distribution route. They had an agent to distribute; it was a well-formed business. He remembers the anguish; he couldn’t keep going, keep paying to avoid stains with SUGEF, pay the rent, recently married, and the business; he needed money. The witness lent him some money, thinking that the insurance would pay him soon. He managed to pay him back, with great difficulty, little by little. [Name 003] was very afflicted; it affected him on an emotional level; distance and time; [Name 003] isolated himself; he started to see him rarely. He settled the debt, but they no longer saw each other. This affected him a lot. About 5 years passed before he saw him for the trial. The last time he saw them, [Name 003], his wife, and the lawyer, was at the previous trial. The witness didn’t return to the condominium; [Name 003] and the news said they couldn’t enter. The friendship wasn’t the same, due to [Name 003]’s affliction. But he didn’t have the same relationship as before; he knows he was very afflicted; it stressed him a lot, seeing how to pay his friend back. He bit his nails; he had anxiety problems that arose from this. On cross-examination, he answered that before [Name 003] married, the house was empty, with few pieces of furniture; the kitchen furniture was melamine. Once married, “Vivi” showed him the laminate flooring, something on the ceiling; the house looked brighter, and the kitchen furniture. He cannot attest if the household contents were insured. He cannot attest that [Name 003] took any steps to remove the things. Regarding the business, he can attest it was profitable because [Name 003] had warehouses and product began to grow, but he remembers he had a distributing agent. Regarding the business, he was very happy; things were going very well for him. (Testimony recorded in audio and video) and 11) In the cancellation certification issued on February 29, 2024, by Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, it is stated that the original loan amount for Mr. [Name 003], for the sum of $43,900.00 (forty-three thousand nine hundred dollars), constituted on May 13, 2005, and associated with farm number [Value 008], was paid on September 6, 2013, under the method “liquidación OP Castigadas.” (See image 3845 of the digital judicial file).
I.3 Relevant facts of the action brought by [Name 002]: The following are taken as proven facts of interest for the resolution of this matter: 1) The farm in the San José registry, real folio registration [Value 001]-001 and 002, was registered in favor of CREDIBANJO S.A., as said property is fiduciary, in accordance with the will of the trustors who constitute themselves as debtors, [Name 023] and [Name 002]. (See folios 842 to 844 of the judicial file). 2) Bac San José S.A. issued a collective contract for Fire Insurance Hogar Seguro 2000 0116INM0000012, signed by Bac San José S.A., which groups the individual policies of the insured whose dwellings have a credit relationship with said banking entity. 3) That child policy 0116INC11507 was in the name of CREDIBANJO and had the following specific conditions: issue date: 06-27-2006, issuance policy number 01 16 INC 0011507-00, current policy number 01 20 INC 0009003-04, term: 12-31-2009 to 12-31-2010. Insured amount 19,607,240.00. Insured item: building. Farm number [Value 015] (see folio 956 of the judicial file, which corresponds to image 1382 of the digital judicial file). 4) CREDIBANJO S.A. was the trustee within the trust contract, and part of its assets was the farm in the San José registry, real folio registration [Value 001]-001 and 002 (See folios 842 to 844 of the judicial file, visible in images 1264 to 1266 of the digital judicial file) and 5) Mrs. [Name 023], bearer of identity card number [...]. She stated that she is the wife of [Name 002]. They have been together for 26 years. They bought the house because they went to live together. She specifies that they took out a loan at the bank and they had the event; an embankment fell where the condominium is, and the policy was not applied; three people were living there. No one was at home the day of the event, which affected their dwelling in [...], in la Trinidad de Moravia. The credit was with BAC. The bank asked for credit capacity and a series of documents to do the appraisal; they lent 100% because the land was worth more than what was requested. She affirmed that the insurance policy is already implicit in the credit contract; one cannot waive it; it comes within the monthly installments. After the event, she returned to her house where she lived with her 2 siblings; 2 dogs and 3 people returned; they were overcrowded, sleeping in the same bed, and it was supposed to be temporary, but it wasn’t. To this day, she lives with her sibling, since one left. Their house and their world fell apart; she was pregnant; [Name 002] lost his job; they had a good economic situation. They bought everything new; they ended up living in one room, the 3 of them sleeping in the same bed, an 11-year-old son; rats ate the clothes; everything was piled up. She had to take charge of things because [Name 002] lost his job and she also lost the baby. The event was on a Wednesday, and the following week she found out about her pregnancy. During that time, they had to haul many things; she didn’t eat well. Loss due to stress and physical strain. They went to the credit area; there was a suspension period for the collection; for a while they didn’t charge them, since they were carrying out procedures before the INS, and later they passed it to a debtor account; in the meantime, they didn’t pay anymore. Nor did they pay any more money. The policy was never applied. She and her son received treatment with a private psychologist. (Testimony recorded in audio and video); I.4 Relevant facts of the action brought by [Name 010]: The following are taken as proven facts of interest for the resolution of this matter: 1) On July 15, 2004, the horizontal property for residential use in the San José registry, real folio registration number [Value 011], which is subsidiary number eight intended for residential use, was registered in the Public Registry in the name of Mrs. [Name 010]. Said property supported a first-degree mortgage in favor of Banco Bac San José S.A. (See folios 2 and 3 of the documentary evidence file provided by Mrs. [Name 010]); 2) That fire policy number 01 16 INC 0012380 02, in the name of [Name 010], with a term from December 31, 2007, to December 31, 2008, whose payment method is monthly and is paid up to August 31, 2009, covering the property with real folio [Value 011] located in San José, Moravia, La Trinidad, whose insured amount is 18,510,784.00. The insured property is farm [Value 011], whose creditor is Bac San José S.A.
(see images 1996 to 1999 of the digital judicial file); 3) By the date on which the loss occurred, November 14, 2007, Mrs. [Name 010] had no outstanding credit operations with Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, these having been canceled on September 25, 2004, and December 21, 2006 (See certifications in images 3843 and 3864 of the digital judicial file); 4) Through sanitary order number 2007, dated November 16, 2007, issued by the Moravia Governing Health Area (Área Rectora de Salud Moravia) of the Ministry of Health and addressed to Mrs. [Name 010] of [...], she is informed of the following: "Because it is of public interest and mandatory compliance within the indicated period, and through an on-site assessment by the Human Environment Protection Unit (Unidad Protección al Ambiente Humano), you are ordered that: 1) The dwelling you own has been declared uninhabitable. Given that a landslide was generated in the surroundings, your property is located within the affected area, and the site is declared as high risk, in accordance with the criterion of the CNE. 2) Therefore, as of your indicated notification, you must vacate the property as a preventive measure until the geotechnical studies that guarantee the stability of the area are completed. 3) You are warned that failure to comply with this order will result in eviction accompanied by Public Force officers. The foregoing because these conditions constitute a danger to the health and safety of its occupants and given the construction characteristics presented by the property...". (See pages attached to the administrative file INSSJ-11002-2009, of the Instituto Nacional de Seguros related to case number 2007-747 in the name of [Name 010]); 5) On December 15, 2007, engineer Miguel Bolaños Sequeira submitted a consultancy report to the central headquarters of the Instituto Nacional de Seguros, regarding the landslide event generating claim I-2007-747, by Mrs. [Name 010], concluding, in relevant part, that: "...The landslide that occurred on November 14, 2007, happened suddenly, the first evidence manifested in the morning of that day and in the afternoon a significant volume of material mobilized, destroying four homes located at the foot of the failed slope. In the case of Mrs. [Name 010], her home is located at the [...], which were not directly affected by the landslide; only part of the common areas such as the gym and an activity room were lost. Additionally, there was a total loss of the access road to the condominium, which slid away with the aforementioned event. The probable cause of the landslide is associated with the lack of foundation of the gabion walls, a foundation that was built on a layer of poorly compacted fill of soft consistency. Furthermore, the landslide was favored by the presence of a very high steepness slope (talud de muy alta pendiente), and the presence of water in the ground is not ruled out. The damages to the dwelling are practically null and correspond to damages prior to the occurrence of the November 2007 landslide, due to construction problems typical of a new building. (...) The Ministry of Health issued a sanitary order (..) given this situation, this home has a total loss due to functionality since it was declared uninhabitable, it lacks basic services of potable water and electricity." (See pages 23 to 35 of the administrative file INSSJ-11002-2009, of the Instituto Nacional de Seguros related to case number 2007-747 in the name of [Name 010]); 6) Through official communication INSSJ-05830-2008, dated July 2, 2008, the central headquarters of the Instituto Nacional de Seguros declined the claim filed by Mrs. [Name 010] regarding the landslide that occurred on November 14, 2008, because policy 01-16-INC-12380 issued in her name corresponds to a fire insurance policy under the named peril modality, such that it covers the risks expressly detailed in the contract. It is added that, according to the professional assigned to the case, no damages related to the landslide event are present on site, given that it did not affect her home. The home was toured, paying special attention to determining cracking and/or fissures, but no damages that could be associated with the reported event were found. No deterioration was observed in walls, floors, or ceilings. Nor were problems found at the structural level. During the visit, it could be verified that the home was subjected to acts of vandalism that greatly affected it, but that situation is independent of the landslide and is due to the fact that when the evacuation order was given, the homes were left without the necessary care and looting of everything of some value occurred. For its part, the policy contract in its section IV establishes that any type of consequential damages resulting from an event are not subject to indemnification (...) According to the information gathered, the insured property was at a shorter distance relative to the slope (talud) than that established by the institute in the general conditions of the insurance under which the present case is processed; according to the topographic study performed, it is appropriate to apply the provisions of clause 4, subsection 1-3, and the final paragraph of the general conditions of insurance (...). In this manner, the insured property should not have been included in a policy and, if it was, the Institute is relieved of paying any claim on properties insured under these conditions; that is, contractually, the property in question is not covered by the policy." (See pages attached to the administrative file INSSJ-11002-2009, of the Instituto Nacional de Seguros related to case number 2007-747 in the name of [Name 010]); 7) Through official communication DSG-1339-2008 dated August 6, 2008, the Directorate of General Studies (Dirección de Estudios Generales) of the Instituto Nacional de Seguros rejected the appeals filed and considered the administrative route exhausted. (See pages 80-81 of the file for claim 1-2007-747); 8) [Name 021], [...]. She has been a friend of [Name 010] for 30 years. She declared that she does not remember the year, it was a long time ago. At the property were the woman who looked after the child and the child. The property fell, she does not know if it was a landslide (deslave), the entire entrance of the condominium fell, cars could not pass. It was days later and she observed what was related. The entrance part could not be traversed by vehicle. Later she went and entered the house. They had to leave everything abandoned due to the declaration of uninhabitability. She remembers that things were stolen from the house, it began to be dismantled, only the shell remained. The house was in La Trinidad de Moravia, she does not remember the name of the condominium. Regarding the question about [Name 010]'s reaction, she indicates that she called her that something had happened, the concern was that the child was in the house; at about that time the little one went out to play with the neighbor kid, she had that fright, they found out, thank goodness, that the child was not outside. The call was on the day of the event, at the end of the day. [Name 010] worried first about the little one; she handles stressful situations well in the moment. At first she resolved things but later she had an anxiety attack, palpitations changed her, it happened to her again because of the whole situation. Then came the stress of where to rent, moving out the furniture. Renting was very difficult for her, she was in the news, she was unable to rent in that area, she doesn't know if for that reason, so she stayed around her parents' area. She had just overcome a health issue and this situation came up. She had already been there for about 2 years, had a normal life and her business, suddenly she had no house, the child could no longer go to the same school, she still had to keep paying the loan. Emotional situation, in the midst of entering and leaving removing things, she hit her foot or ankle. It was very difficult. She could not afford to get sick with her seven-year-old child. In response to questions, she answers that there was a little neighbor who played with the plaintiff's son, they would go around the corner, at the rear side of the condominium; that was the fright, because they could have been playing there. At that moment no one could answer him, because there was no one in the house. She knows that the child was left alone because the woman who looked after him ran out, it was the firefighters who went for him. She spoke with the plaintiff and she told her about the events, for example, the firefighters matter. After the event, if the child heard rumblings or thunder, the child would look for his mother. That is what Mrs. [Name 010] told her. She knows that [Name 010] and the child had to undergo treatment with a psychologist. She does not know about any illness. The anxiety attacks became more frequent, she definitely saw that, it was not just because of that, but also due to normal life events. She turns green, faints, you have to give her sugar. She had a business, she set up plans and products for advertising. Solving the situation complicated her life to continue working. She lost the business because she could not dedicate herself 100% to the matter. She explained about loans, how she moved money and better promoted her business. She told her all of this. There was a prior health matter for the plaintiff, but she does not know the diagnosis. The anxiety episodes before the event are not known to her, nor at the time. She clarifies that what was related regarding the employee who left the house was based on what was indicated by [Name 010]. She knows she had a loan and was paying it. She did not earn much, she indicates this by logical deduction. She told him about psychologist sessions. She did not go to those sessions. She does not know the reason why the plaintiff lost the business; she knows she had difficulties and asked her for a loan of money. The parents lived in the Higuito area. She does not know how she resolved it, believes she did not change the child's school, but is not sure. Other anxiety issues were work-related, she had a big event for a client, the accumulation of stress and on top of it this issue. (Statement recorded in audio and video); 9) In the cancellation certification issued on March 1, 2024, by Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, it is indicated that the original amount of Mrs. [Name 010]'s loan for the sum of ¢6,780,000.00 (six million seven hundred eighty thousand colones), constituted on November 27, 2003, was paid in cash on September 25, 2004. (See image 3844 of the digital judicial file) and 10) In the cancellation certification issued on March 8, 2024, by Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, it is indicated that the original amount of Mrs. [Name 010]'s loan for the sum of $43,400.00 (forty-three thousand four hundred dollars), constituted on November 12, 2004, was paid by check on December 21, 2006. (See image 3844 of the digital judicial file).
I.5 Relevant facts for the action of [Name 027]: Of importance for the resolution of this matter are the following facts deemed proven: 1) On May 31, 2006, Mr. [Name 027] acquired the property of the San José party, real folio registration [Value 002], located in the canton of Moravia, district of La Trinidad; said property had the insurance policy Colectivo Hogar Seguro 2000, No. 01 01 IONC0616079 01 0001, with an issuance date of 05/31/2006, effective from 05/01/2007 to 05/01/2008, with a coverage amount of 27,298,213, whose creditor was Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (See page 1 of the administrative file I-2007-732, certification ISSJ-010224-2010); 2) The Collective Fire Insurance certificate, daughter policy No. INM0000337, of the Instituto Nacional de Seguros, whose insured is Mr. [Name 027], indicates as boundaries of the property of real folio 1[Value 002], the following: to the north: dwelling house, to the south: dwelling house, to the east: street or avenue, to the west: dwelling house. The slope (talud) is not marked. Likewise, this document does not bear the signature of Mr. [Name 027] (See image 1519 of the digital judicial file); 3) Through public deed No. 49-14, dated May 31, 2006, executed before notary Freddy Hoffmann Guillén, the sale of the property of the San José party, real folio registration [Value 002], was constituted, wherein INVERSANA INVERSIONES INMOVILIARIAS sells to [Name 027], who mortgages it in first degree to Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (See pages 2454 to 2460 of the digital judicial file); 4) On December 10, 2007, Mr. [Name 027] informed the INS of the loss that occurred at his home and requested coverage under his policy. (See page 2 of the administrative file I-2007-732, certification ISSJ-010224-2010); 5) Engineer Manuel Bolaños Sequeira submitted the consultancy report on November 16, 2007, regarding Mr. [Name 027]'s policy, concluding that: "The mass of soil and detritus material that fell onto the home caused total damage to the structure, making it impossible even to salvage some constructive elements, due to the state in which the home was left, the instability of the slope (talud), and the associated risk. This and other neighboring homes were destroyed. The landslide occurred on the northern bordering land, and as previously noted, the material moved downhill until hitting the rear part of the home, causing a strong impact and subsequently earth pressure on the exterior wall, aspects which combined produced the damages already described...". (See pages 7-17 of the administrative file I-2007-732, certification ISSJ-010224-2010); 6) On February 26, 2008, Eng. Bolaños Sequeira completed an addendum to his report dated November 16, 2007, wherein he importantly notes the following: "In attention to the foregoing and in order to locate the affected properties with respect to their position on the slope (talud), Topographer Eng. Julio Delgado was contracted, who carried out four telegraphic profiles that included the three involved housing complexes. The results can be seen on the attached sheet, but the following can be noted: 1.- The insured parties who filed claims and whose homes form part of the [...] are located on the crown of the slope (corona del talud). 2.- The insured parties who filed claims and whose homes form part of the [...] are located at the toe of the slope (pie del talud). 3.- In the case of the insured homeowners of the [...], it must be noted that they were located exactly on the crown and the body of the slope (cuerpo del talud). From the same information from Eng. Delgado, it can be concluded that the height of the slope (talud) is 21.60 m in profile No. 1, 22.55 m in profile No. 2, 24.91 m in profile No. 3, and 23.82 m in profile No. 4. In the insurance agreement, for the case of the Hogar Seguro 2000 policy, Collective Insurance, it is indicated: 'I.- Coverage will not be granted under any circumstances: 3.- Flood and Landslide, tremor and earthquake, and hurricane-force wind coverage: a) When the home is located at the foot of a slope (talud), at a distance from its immediate edge less than twice the height of that slope. If the slope forms part of the channel of a river, lake, or other natural deposit, the distance cannot be less than 20 m².' In accordance with the foregoing, for the case of the minimum height of the slope (21.60 m), all homes for which claims were filed are at a distance less than 43.20 m from the crown or toe of the slope." (See pages 39 to 41 of the administrative file I-2007-732, certification INSSJ-010224-2010); 7) Through official communication INSSJ-05803-2008 dated July 1, 2008, the Instituto Nacional de Seguros informed Mr. [Name 027] that it declined his claim, a decision maintained until the exhaustion of the administrative route. (See pages 53 to 54, 66 to 70 of the administrative file I-2007-732, certification INSSJ -010224 -2010); 8) That Banco Popular y de Desarrollo Comunal filed, on March 14, 2008, a mortgage foreclosure proceeding against Mr. [Name 027], indicating that the balance of the credit operation is $49,266.00 (forty-nine thousand two hundred sixty-six dollars) and that the debt is guaranteed by a first-degree mortgage guarantee on the property of the San José party, real folio registration number [Value 002]. (See images 2449 and 2450 of the digital judicial file); 9) Mrs. [Name 028], [...]. Furthermore, she has been the wife of Mr. [Name 027] for 20 years. She relates that she lost her house 16 years ago, they bought a house as a family dream, they lost it after a few months, it was insured and they believed they had the option of applying the policy, but it was not so. The house was in La Trinidad de Moravia, [...]. Her husband is a merchant, they bought it through Banco Popular. She does not remember the means by which. It was Mr. [Name 027] who carried out the procedures with the INS. They had to go live at her mother-in-law's house, they were there for quite some time while looking for a house to rent. It was about a couple of years, more or less. They lost everything, besides the home. The firefighters did not let them in; she went with her sister-in-law, since her husband was working. People from the construction company and the Comisión Nacional de Emergencia arrived and did not let them take anything out. Nothing could be seen, things mixed up with dirt. They ended up sleeping there for several nights to save various things; they were not allowed in. Her baby was 2 years old when that happened, they stayed in the early morning watching that no one entered, for the few things that were left. They forced them to continue paying. Their credit was ruined (quedaron manchados). She believes they did pay, but does not remember details. She believes they were ruined because they do not have credit to process with another bank. They had problems as a couple. They had changes, it was hard for the couple and the family. (Statement recorded in audio and video) and 10) In the credit report with public domain information issued by Banco Popular, it is indicated that as of January 2024, Mr. [Name 027] retains the status of debtor with 5903 days of arrears. The representation of Banco Popular indicates that: "Although the current status indicates Judicial Collection (Cobro Judicial), it is clarified that no judicial collection process has been processed or exists for this operation." (See image 3851 of the digital judicial file).
I.6 Proven facts of common interest to all procedural parties: 1) Construction license number 10073, dated November 17, 1999, issued by the Municipality of Moravia, was granted to Constructora La Constancia S.A. for the property registered under real folio number [Value 016], for the construction of the [...]. (See page 01 of the evidence dossier provided by the Municipality of Moravia); 2) In official communication DPM-INF-121-2001, dated July 26, 2001, geologist Julio Madrigal, Coordinator of the Geotechnics Sector of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, issued a report related to the inspection carried out on July 13 of the same year, on the land where the UNEMOPT-SIBAMPO housing project, second stage, was intended to be carried out, in La Trinidad de Moravia, where earthworks (movimientos de tierras) and fills were being performed. It indicates that in the observed fills, logs and organic soil as well as in situ vegetation were found, where homes are possibly going to be settled, and it is a fact that if the following situations are not corrected in a short period: in poorly executed fills, possibility of surface fault rupture, mud flows, settlements and cracking both in the works and in the soil, displacements of the retaining wall if not adequately constructed. It refers to the regulatory standards as well as the need for percolation tests and the use of fills, since the project to be developed contemplates an approximate total of 400 homes; therefore, the project in its initial and development stage must comply with the technical soil and slope stability studies when starting the works, as well as the substitution of the land with ballast that establishes the compaction level according to the required study. In attention to this, a recommendation is directed to the Municipality of Moravia, the Instituto de Vivienda y Urbanismo, the Ministry of Health, and the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, so that they request from those in charge of the project the corresponding studies and permits, corrective works on terraces, fills and substitution of ballast, retaining walls designed by an engineer, stormwater and sewage discharges in accordance with current legislation as well as the pertinent regulations, specifically recommending that the Municipality of Moravia not authorize any home construction permit until all the necessary studies are presented, apply the Seismic Code for the analysis, design, and construction of earthquake-resistant structures and the Foundations Code for the project, due to the existence of inadequate fills and existing geotechnical soil conditions, because the land underwent: earthworks (movimientos de tierras), terracing, and accumulation of material in the form of inadequate fills. In this way, it must comply with geotechnical studies of slope stability and soil characteristics, adopting appropriate engineering measures, in order to establish which corrective works must be carried out as soon as possible, new percolation tests according to the urban code, if expansive clay exists, consider the possibility of swelling, leaving under the total responsibility of the institutions granting permits, the financing, engineer or person responsible for the work as well as the Municipality for not requesting the corresponding reports and corrections. (See images 2747 to 2760 of the digital judicial file); 3) Through official communication DIOSMM 474, dated August 9, 2001, Eng. Marco Rojas Vega, Director of Engineering of the Municipality of Moravia, requested that Eng. Federico Chacón Hernández, as the person in charge of the UNEMOPT-SIBANPO project, II STAGE, address the recommendations issued by the Comisión Nacional de Emergencias, being mandatory compliance for his represented party, whose compliance will be reviewed by the Municipality. (See page 1053 of the file certified by the Deputy Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José); 4) On August 10, 2001, the Municipal Mayor addressed the institutional engineer, issuing instructions on the reports that must be requested for the [...] project in La Trinidad de Moravia on the occasion of technical report DPM-121-2001 from the Comisión Nacional de Emergencias. (See page 1053 of the file certified by the Deputy Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José); 5) In official communication URB-E-053-02 dated July 2, 2002, the Urbanizations Department of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados granted potable water availability and indicated that there was no sanitary sewer availability in the area, to develop the condominium project, on the property located in the district of La Trinidad, canton of Moravia, with cadastral map number [Value 017], in the name of Foresta de Moravia S.A. (See page 135 of the evidence dossier provided by the Municipality of Moravia); 6) On August 22, 2002, inspectors from the Municipality of Moravia advised Foresta de Moravia S.A. of the lack of a construction license for infrastructure works in the part intended for the reserve area. (See page 40 of the administrative file provided by [Name 003]); 7) On August 27, 2002, Municipal inspectors Marco Campos Quesada and Víctor Sánchez Avaos shut down the construction that was being developed in the reserve area of the [...]. (See page 130 of the evidence dossier provided by the Municipality of Moravia); 8) On October 7, 2002, through official communications DIOMM748 and DIOMM749, engineer José Joaquín González Gamboa, from the Engineering and Operations Division of the Municipality of Moravia, addressed the Instituto Nacional de Seguros and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respectively, and informed them that some constructions in the [...] in La Trinidad de Moravia had illegally connected to the service they provide or had built without a municipal license, therefore urging them to previously require the construction license. (See pages 953 and 954 of the file certified by the Deputy Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José); 9) On November 20, 2002, the company VIETO& ASOCIADOS S.A. informed engineer Federico Chacón, of the [...] project, that it was providing the results of the subsoil investigation (estudio de suelos) for the children's playground area, located in La Trinidad de Moravia. (See pages 11 to 20 of evidence dossier number III of the criminal file); 10) On November 20, 2002, the company Vieto& Asociados S.A., informed engineer Federico Chacón, of the [...] project, that it was providing the results of the subsoil investigation (estudio de suelos), which is located in La Trinidad de Moravia. In relevant part, this study recommends the following: "In the area of borings P-3 and P-4, there is a fill between 4.80 to 6.00 m of soft consistency, therefore it is recommended in this area to build a replacement fill of 0.60 m thick of compacted ballast at a minimum density of 92% of the modified Proctor covering the building area plus 1 m on each side at the front and back of the lot and to found the buildings with a foundation slab with a bearing capacity of 6 tons per square meter. The stability of this area is subject to the gabion wall being built behind these lots. Therefore, the design and construction of that gabion wall is very important. The global stability of the area must be verified due to the existing conditions, thus it is recommended to complete this study with a slope stability analysis, for which the land profiles are required. In the area where borings P-5 and P-6 were performed, there are fills soils of variable consistency down to a depth of 6.00 m, therefore it is recommended in this area to build a replacement fill of 0.60 m thick of compacted ballast at a minimum density of 92% of the modified Proctor covering the building area plus 1 m on each side at the front and back of the lot and to found the buildings with a foundation slab with a bearing capacity of 6 tons per square meter. The stability of the lots in this area depends on the constructed walls, therefore the design and how those walls, on which the stability of these lots depends when building the homes, were constructed is very important..." (See pages 21 to 42 of evidence dossier number III of the criminal file); 11) On December 2, 2002, the firm Vieto y Asociados S.A., Consulting Engineers, communicated to engineer Federico Chacón, of the [...] project, the results of the slope stability analysis of the project, concluding, in relevant part, that: "Under this scheme, the profile is stable as long as the gabion is founded on the hard stratum. The analysis of the slope (talud) in the playground area indicates that the slope is unstable, presenting a factor of safety of 1.15 in a no-seismic condition and 0.9 in a seismic condition; this indicates that a retaining wall system must be implemented as soon as possible..." (See pages of dossier number III of the criminal file); 12) That the Municipal Council of Moravia adopted a series of agreements related to [...] and the stabilization area of the slopes (taludes) of [...], which are described below: 1) Session number 39 of January 27, 2003, it was agreed to urgently request the Comisión de Emergencias, in the person of geologist Julio Madrigal, the delimitation of the area in danger of landslides in [...] in Alto de la Trinidad, so that the municipal engineer and the Ministry of Health proceed not to process constructions in that area until the pertinent works, which to date have not been resolved, are carried out. 2) In ordinary session number 40 of February 3, 2003, article 4, the Municipal Council resolved to approve the fifth opinion of the Works Commission and agreed to not accept or provide endorsements (visados) to several lots of the Urbanización Lomas de Cabrera, located between [...] and Quebrada San Francisco, between [...] reserve and [...] reserve, as a preventive measure, until the slopes (taludes) in the area of the children's playground of [...] are stabilized, this based on the approval of the Comisión de Emergencias, in addition to placing on the site of the lots a sign reading "lots without municipal endorsement (lotes sin visado municipal)." 3) Ordinary session number 67 of August 10, 2003, article 3, it was resolved: "Article three of the opinion of the Works Commission is approved and it was agreed to eliminate the sale restrictions on land in the [...] from property number 5 to 22, since to date the problem of the [...] was corrected through the use of gabions, the lifting of the imposed restrictions is agreed because the dangers were technically resolved." (See images 2890 to 2896 of the digital judicial file); 13) Through a brief dated February 5, 2003, Eng.
Víctor André Dondi Ruiz, project manager for Foresta de Moravia S.A., addressed the Works Commission of the Municipality of Moravia so that a decision would be made that properly complies with the safety parameters governing this type of case, and that satisfactorily resolves the stability of the slope in question, and he attached to this document the technical reports issued by: a) Report from TECHNISOIL S.A., soil engineering, geotechnics, and construction materials consultants, official communication TECH-24-01 dated July 5, 2001, in which the results of field infiltration tests on the property located in Trinidad de Moravia are submitted. b) Report from TECHNISOIL S.A., soil engineering, geotechnics, and construction materials consultants, official communication TECH-480-01 dated October 23, 2001, in which a hydrogeological study and slope stability analysis for the land located in Trinidad de Moravia are submitted. c) Environmental impact assessment (Estudio de impacto ambiental) for which the responsible company was CONSTRUCTORA LA CONSTANCIA S.A. and which was prepared by CONSULTECS.A. (1997), d) Soil study and slope stability analysis, project [...], November 2002 (See folios 127 to 128 of the documentary evidence folder provided by the Municipality); 14) On May 5, 2003, the firm Foresta de Moravia S.A. applied for a construction permit (licencia de construcción) for 23 condominium homes and their infrastructure, according to the submitted application and plans. The construction permit corresponds to number 12014, which bears the signature of the municipal engineer. In that proceeding, the engineers Federico Chacón Hernández and Víctor Dondi R. are listed as the responsible professionals. (See folios 138 to 141 of the evidentiary file provided by the Municipality of Moravia); 15) On July 9, 2003, the firm Vieto y Asociados S.A., consulting engineers, submitted to engineer Víctor Dondy the soil study for the gabion wall of the project [...], issuing a series of observations regarding the foundation and soil strata. (See folios 55 to 70 of file III of the criminal case file); 16) In the afternoon of November 14, 2007, a landslide occurred in Trinidad de Moravia. Said landslide took place in the children's play area, located within several gabion levels on an area of the hillside. The displacement of the mass (gabion and fill material) slid, affecting the integrity of the homes, settlements in the lower part, as well as the access road to the [...]. The event caused material losses to the infrastructure of 5 homes, the security booth, and the multi-purpose hall of the condominiums. (See technical report number DOM.INF-1957-2007, prepared in November 2008 by the Comisión Nacional de Emergencias regarding the landslide and damage to homes in the canton of Moravia, at folios 160 to 170 of the evidentiary file provided by the Municipality of Moravia); 17) In technical report DPM-INF-1957-2007, dated November 2007, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias analyzes the landslide event that occurred in the canton of Moravia, district of La Trinidad, among the developments [...], [...], and [...], noting that: "...it is considered that a significant degree of vulnerability exists, given that: 1. It is technically unknown how the condominiums are seated, whether or not they are founded on fill. 2. Whether the design of the gabions has the capacity to withstand the structure during significant seismic events. 3. Whether the structure complies with all technical requirements for their development in this sector of the hillside. According to the information gathered and considering that the landslide event generated in the canton of Moravia, district of La Trinidad, among the developments [...], [...], and [...], reveals a series of inconsistencies in the inadequate handling of procedures, missing permits from other State institutions, follow-up, and responsible professionals who were involved in the development of the project works, both in the design of the gabion walls, the treatment plant, and the structural condition of the condominiums, excavations, and constructions at the foot of a major work." (See folios 85 to 96 of file number III of the criminal case file); 18) In January 2008, the firm INGEOTEC S.A. submitted an expert report regarding the landslide in [...] and [...], in the canton of Moravia. Said document indicates that the expert assessment in the field of geotechnical engineering was conducted by geologist Roberto Protti (geology-geophysics) and engineer Marcos González Varela (topography). Regarding the relevant aspects, it states the following: "V. Diagnosis of the landslide problem, 5.1. Background. In analyzing the causes of the problem, it is important to keep the following in mind: 1. That in the area where the landslide occurred, there existed fill of variable thickness between 9.00 m in the upper part of the slope, down to 2.5 m in the lower part of the slope. 2. That both the borings performed by the company Vieto & Asociados and the geophysical survey conducted by this consultancy confirm that, in general, this fill was of fair to poor quality. 3. That the report from the company Vieto & Asociados dated November 20, 2002, mentions that this fill had already suffered cracking and stability problems. In this regard, it should be noted that according to statements from some residents, at the time the cracking occurred in the children's park, a concrete wall that had just been built in the lower part of the [...] collapsed. 4. That to solve the cracking and landslide problem in the children's park area, the development company built a system of 3 gabion walls on this slope. 5. That the landslide occurred at the end of 2007, that is, 5 years after the gabion walls were built. 6. That the houses that were destroyed in the lower part of the landslide (on the [...]) were built after the construction of the walls. 5.2. Diagnosis of the failure: Based on the information obtained in section 4.2. and the topographic survey conducted, a stability study of the slope was carried out, considering the initial condition of the walls, before the landslide occurred. A stability study of the fill was undertaken, both for static and dynamic (seismic) loading conditions. For the foregoing reasons, it is concluded that the landslide occurred for the following reasons: 1. In the area where the landslide occurred, there existed fill of fair to poor quality with variable thickness between 9.00 and 2.50 meters. 2. From the very moment of the construction of the retaining walls, they had low safety factors, which although they did not imply immediate failure, caused cracking of the soil mass. 3. A concrete stormwater pipe passed through the area where the landslide occurred, with several manholes located within the fill (...). 4. The deformations in the fill zone gradually caused, over the 5-year lifespan of those walls, both the concrete pipe and the manholes (also concrete) to have water leaks, which grew larger each winter. Leaks in this pipe are considered the triggering agent for the landslide, as they produced the following effects: increase in hydrostatic pressures, reduction in material strength, increase in the weight of the soil mass. To the above must be added the following factors that also contributed to the problem: proximity of the houses on [...] to the edge of the slope, significant weight of the gabion walls, placed on a fairly steep slope, existence of permanent water tables..." (See folios 78 to 126 of the documentary evidence file provided by [Name 010]); 19) In a submission dated January 24, 2008, engineer Miguel Bolaños addressed Lic. Eduardo Castro, General Insurance Director of the Instituto Nacional de Seguros, regarding claims 2009-729, 730, 732, and 735, and regarding the relevant aspects, states: "... Given that the homes were completely destroyed (only the facades remained partially standing, but with severe deformations), with the presence of the insured parties, the responsible professional, and in view of the construction plans, an analysis was carried out of the different constructed elements, their areas, the construction systems used, and the general quality of the building was commented upon. In this regard, we can comment that it was verified that the construction of the homes was carried out following the construction plans, that there was supervision by a responsible professional, and that according to what Arch. Castro indicated, good construction practices were followed in every respect." (See image 548 of the digital judicial file); 20) In report number 71-F-08-CI, dated February 16, 2008, issued by the Fraud Section of the Department of Criminal Investigations of the Organismo de Investigación Judicial, the following is concluded regarding the relevant aspects: "7.1. For their part, Engineer Sergio Sáenz Aguilar, in collaboration with Geologist Roberto Protti and Engineer Marcos González Varela, performed an expert assessment of the affected area, finding the following: That the affected area borders the [...] to the north, the [...] to the south, the [...] to the west, and the children's park of the UNEMOP-SIBANPO development to the east, and based on the results obtained, they concluded and recommended the following: 'It is concluded that in the case of the [...], quality soil mechanics information existed; although most of these studies were carried out motivated by a landslide problem that arose in the children's park area and which culminated in a landslide of large proportions. It was not demonstrated that there was negligence or malpractice on the part of the soil engineering companies involved. The landslide occurred due to a combination of the following factors: Existence of fill of fair to poor quality. Placement of very heavy gabion walls that were not adequately founded and that caused deformations to the fill. Rupture of a stormwater pipe and its respective manholes, which passed within the fill and in the wall zone. Weight of the homes on the crest of the slopes. Illicit connections of blackwater pipes coming from the drains located in houses situated on the upper part of the slope. Existence of water tables within the slopes. The houses on [...] located on the upper part of the slope run a high risk of suffering new landslides. It is recommended that they be permanently vacated. All the houses on [...] located on the lower part at the foot of the slope also present a very high risk of suffering damage from landslides that may come from the upper part of the slope. It is recommended that they also be vacated. The risk for the houses located on the other side of the street is much lower. However, it cannot be ruled out that under unusual conditions (hurricanes, cyclones, or tropical storms) they could be affected by mudflows descending from the slipped mass. Currently, the houses in the [...] do not show any evidence of problems due to settlements or landslides. However, a very serious design problem exists, as the blackwater drains were placed in the slope zone. This situation could lead to landslide problems in the short or medium term. It is therefore recommended not to inhabit this Condominium until a plant is built to treat these waters and channel them towards Quebrada San Francisco. The houses of the [...] that border the western flank of the landslide also present a high risk, since, if the landslide problem is not resolved, progressive landslides may occur, which could damage these homes. Regarding professional responsibilities, this expert assessment considers that the party responsible for the works is whoever signs the construction plans and the professional services contract at the Colegio de Ingenieros y Arquitectos. In this particular case, the professionals responsible for the [...] project are the most responsible for the damages that occurred.' (Source of information, Report by Engineer Sergio Sáenz Aguilar). Regarding the relevant conclusions of the study carried out by Engineer Sáenz Aguilar, it is clear to us that there existed a series of irregularities in the terrain of the affected area, which the development company of those projects should have corrected before selling the houses, with Engineer Sáenz Aguilar noting that concerning professional responsibilities, his study and expert assessment considers that the party responsible for the works is whoever signs the construction plans and the professional services contract at the Colegio de Ingenieros y Arquitectos, considering that in this case, the professionals responsible for the [...] project are the most responsible for the damages that occurred. That is, according to the information obtained by our part up to this moment, the responsible parties would be Federico Chacón Hernández and Víctor André Dondi Ruiz Ruiz (...) Regarding the reports from the company Vieto & Asociados, they pertain specifically to the affected area, it being the case that said company, in 2002, prepared the report called Soil study and slope stability analysis of the [...] Project, recommending placing a 60-centimeter-thick ballast fill, in addition to founding the homes on a slab, indicating that the stability of this zone was subject to the gabion wall that was built behind those lots, so the design and construction of that gabion wall were very important. However, Engineer Sáenz Aguilar indicated that this report has no direct relation to the problem, given that it refers to the [...], which to date have no damage, the actions of the company Vieto & Asociados being correct, given that it warned of the existence of poor-quality fill and therefore recommends a rigid slab foundation for the buildings; however, such recommendation was not followed by the designer. That company also prepared another report called Soil Study Children's Park Project [...], a study which, according to Engineer Sáenz, is very important for the case under investigation, given that it is directly related to the zone where the landslide occurred, and the necessary recommendations were made, the expert opining that the actions of the company Vieto & Asociados were also correct, given that it warned the developer about the instability problem in the zone and recommended conducting specific stability studies of the slope, since at the time of carrying out that study by the cited company, manifestations and cracking of the soil were already occurring that warned of a possible landslide. Likewise, the company Vieto & Asociados prepared another report called Slope Stability Analysis - [...] Project, in which, according to Engineer Sáenz Aguilar, the actions of the company Vieto were also correct, given that in the children's park zone where the landslide occurred, the company Vieto warned that safety was low and therefore recommended designing containment structures to prevent a landslide. Finally, Vieto & Asociados prepared another report called Soil Study where three retaining walls were built in [...] dated July 9, 2003, it being the case that by then, 3 gabion walls had already been constructed to stabilize the cracked zone of the children's park, and the conclusions of that company were that the first gabion wall located at the edge of the project access road was founded on fill of medium-compact to rigid consistency, for which settlements in the zone could be expected, while the second wall was founded on soft fill, making it evident to expect settlements and deformations; as for the third wall, it was supported on a rigid stratum, the actions of the company Vieto also being correct since it warned the designer or builder that two of the constructed walls were poorly founded and that consequently, deformations or settlements could occur and landslides could be produced." (See images 1066 to 1130 of the digital judicial file); 21) In official communication dated February 19, 2009, engineer Miguel Bolaños addressed Lic. Eduardo Castro, General Insurance Director of the Instituto Nacional de Seguros, regarding the claims in [...], [...], and [...], noting that: "The claim presented by a large number of insured parties due to the occurrence of a landslide in the El Alto de La Trinidad de Moravia area affected three different developments, namely: [...] (5 claims), [...] (4 claims), and [...] (17 claims). The landslide demarcated some clearly defined limits, and the degree of damage to the insured properties was highly variable, ranging from total loss for a few homes, to claims where the loss was null from the point of view of physical damage, with the possibility of using the insured assets being lost because the access street was destroyed by the landslide, as is the case for some of the homes located in the [...]. As is known, a landslide is a movement of a mass of soil and/or rock, over another mass considered stable, in a downslope direction. What this means is that for a landslide to occur, topographic conditions that favor it are required, that is, the existence of a slope. Furthermore, for damage to the buildings to occur, they must be located in the crest, the foot, or the actual body of the landslide, as shown in the following diagram:
Imagen 001 In light of the above and in order to locate the affected properties with respect to their position on the slope, Topographical Engineer Julio Delgado was contracted, who made four topographic profiles that included the three housing complexes involved. The results can be seen in the attached sheet, but the following can be pointed out: 1. The insured parties who filed claims and whose homes are part of the [...] are located on the crest of the slope. 2. The insured parties who filed claims and whose homes are part of the [...] are located at the foot of the slope. 3. In the case of the insured parties owning homes in the [...], it should be noted that they are located exactly on the crest and in the body of the slope. From the same information by Engineer Delgado, it can be concluded that the height of the slope is 21.60 m in Profile No. 1, 22.55 m in Profile No. 2, 24.91 m in Profile No. 3, and 23.82 m in Profile No. 4. In the Insurance Agreement, for the case of Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo policies, it is indicated: "1- It will not grant coverage under any circumstance: 3-Flood and Landslide, Tremor and Earthquake, and Hurricane Wind Coverages: a) When the home is located on or at the foot of a slope, at a distance from its immediate edge less than twice the height of that slope. If the slope forms part of the channel of a river, lake, or other natural deposit, the distance may not be less than 20m." In accordance with what was stated above, for the case of the lower slope height (21.60 m), all the homes for which claims were filed are located at a distance less than 43.20 m from the crest or the foot of the slope." (See images 520 to 522 of the digital judicial file).
I.7 Relevant facts regarding the Instituto Nacional de Seguros:
I.8 Relevant fact regarding the Banco Popular y de Desarrollo Comunal:
On March 23, 2007, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal extended the award contract for public tender number 007-2001 with the firm Dinámica de Seguros S.A., with the objective that the latter carry out the inclusion, exclusion, audit, and control of the database, renewal procedures, premium payment processing, issuance of monthly reports detailing all insured assets (total or future) that include those received as collateral for credit operations granted by the bank, as well as advisory and training services in the matter. (See images 1630 to 1640 of the digital judicial file) V.- UNPROVEN FACTS: 1) That the Bank harassed Mr. [Name 001] to demand payment of the debt; 2) That the Bank failed to comply with what was ordered in the precautionary measure and thereby caused any damage to Mr. [Name 001]; 3) That Mr. [Name 001] suffered objective moral damage or psychological damage on the occasion of the facts supporting his claim; 4) That Mr. [Name 027] suffered any type of psychological damage on the occasion of the facts of his claim; 5) That Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo informed the Instituto Nacional de Seguros about the existence of the adjacency to a slope of the [...] branches; 6) That the Mutual carried out a collection process against Mrs. [Name 010] and/or Mr. [Name 003]; 7) That Mr. [Name 003]'s impossibility to continue with his commercial activities is exclusively due to his credit condition; 8) That on the occasion of the facts of the claim related to the declaration of uninhabitability of the acquired condominium, Mr. [Name 003] suffered psychological damage; 9) That for a municipal inspection official, it was detectable with the naked eye that the retaining walls and the gabions upon which the condominium was seated were of very poor quality; 10) That any of the plaintiffs signed an insurance policy contract to insure their household contents or, that the collective policy contract associated with the bank credit included consequential damages; 11) That the common areas of the [...] as horizontal property, such as internal streets, the entrance and exit street to the property, green zones, recreation areas, formed part of the insured property; 12) That when the entrance and exit access street to the condominium disappeared, Mr. [Name 003]'s property suffered serious damage since it loses all possibility of use and security, and because said street is an undivided element of his property right and therefore enjoys coverage; 13) That the insurance policy contract signed by Mr. [Name 003], number 01 01 1NC0586874 02 0001, issued on May 27, 2005, with validity from December 31, 12/31/2006 to 12/31/2007, collective policy Hogar Seguro 2000 had coverage “R” rental expenses, and 14) That Mr. [Name 002] and Mr. [Name 027] suffered subjective moral, objective moral, or psychological damage on the occasion of the rejection of the application of the insurance policy by the Instituto Nacional de Seguros.
III.- Arguments of the plaintiffs: In essence, Mr. [Name 001], both in the lawsuit filed against the Instituto Nacional de Seguros and the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, and when presenting conclusions and addressing the arguments expounded opportunely that allowed the exercise of the right of defense, argued that around the months of March to May 2006, he formalized a mortgage credit operation with the Banco Popular y de Desarrollo Comunal; said credit was formalized after having complied with all the requirements demanded and requested by the Bank, which he fulfilled in a timely and diligent manner. On May 29 of that year, he appeared before a notary public to sign the corresponding deed, in whose fourth clause it indicates that the validity of the policy will come into effect once it is accepted and has the proper authorization by the Instituto Nacional de Seguros, as an imperative to approve the credit operation, the same that did not meet the requirements to be the object of any insurance since in the section on adjacent properties it was falsely recorded that the south and west boundaries were houses of habitation, when in reality they were a vacant lot and a slope or gabion wall, respectively, the latter being what collapsed onto his home. On November 14, 2007, a landslide fell onto the home he acquired, causing 100% damage to its structure, completely destroying it, and it was declared uninhabitable by the Health authorities and the Comisión Nacional de Emergencias. He was in Quepos and had to be stabilized at the hospital upon hearing the news. When he appeared at the site, he determined that his home was the most affected and had to be demolished for the safety of passersby and nearby homes, even though the washing machine and the living room set were visible with the naked eye hanging from one of the windows. He could not remove anything from the home. Officials from the Institute sued herein appeared at the site, collected information from the affected persons, and stated that the event was evident and guaranteed prompt compensation for the damages. He reported in writing to the INS what occurred on November 15, 2007, reporting the disaster that occurred to the home given as collateral and upon which the credit operation was based, and at the same time requested an inspection by Bank Authorities and the cessation of the loan collection due to the existence of an INS insurance policy coverage for which he has paid the monthly item concerning the life policy and fire policy. Given the lack of response, he filed an amparo appeal. It was on May 28, 2008, that the deputy director of the Institute sued herein replied that the policies did not cover those losses by virtue of the fact that the homes were built at a distance less than what is established with respect to a slope, and the Deputy Directorate wanted to "see" what the INS's responsibility was in these events and if they were acting correctly in declining the claims. He adds that the first party interested in considering an asset to be the object of insurance is the Institute sued herein itself, because they profit from the pooled funds of the insured parties, who are obligated to pay the amount for the policy. He then cites a legal opinion expressed by the INS legal advisory department, to conclude that said entity is responsible for constituting itself as the guarantor of the policy that was signed in his name as a direct insured, a policy that turned out to be ineffective at the moment he should have been indemnified. He attributes inefficiency, inoperativeness, and disinterest on the part of the INS in this matter. Subsequently, the application of the policy was declined, which generated disappointment and depression in him, by not taking responsibility for their actions, alleging that the insured asset should not have been included in any policy, when it was they themselves who included and accepted said asset as suitable to be the object of insurance. He filed unsuccessful appeals before the Institute sued herein. As for the Banco Popular, they did not even give the credit special treatment. Faced with the question he posed to them regarding the Bank's actions to establish responsibilities regarding the appraisal of what was at one time his home, he was only told that concerning the function of the appraisers who carried out the appraisal, they only fulfilled a supervisory role; this denotes in the actions of said Bank Institution a breach of duties "in eligendo and in vigilando," insofar as it was said entity that contracted and appointed the appraiser who would perform the aforementioned appraisal.
It highlights that the collective fire insurance certificate from the INS Fire Insurance Department, from which it can be inferred that “dwelling houses” were indicated as the south and west boundaries of her property, when in reality those boundaries correspond to a vacant lot and a slope (talud), respectively, data that are completely false, which logically generates serious doubts, coupled with the fact that in the sections for the Named Insured, Insurance Intermediary, and the countersignature of the Fire Department, their signatures are conspicuously absent, and it is precisely that document that supports the work of the Institute sued here. Likewise, upon reviewing the banking file in her name, she was able to notice that within the appraisal of her property carried out by the Architect-builder, who was designated by the defendant banking entity, there are also inconsistencies regarding the boundaries that were indicated as “physical abuttals” of what was her property, for which reason there exists “in eligendo” liability on the part of the defendant bank. She believes that if the actions of the defendants here in the entire above-mentioned process had been diligent at the time, she would not have purchased that dwelling, which carried with it hidden defects (vicios ocultos) that made it a property unfit to be the object of any sale, credit, or policy, and it is evident that the defendants here caused her to make a mistake and make a decision that was completely unwise and entirely detrimental to her interests. Subsequently, she expanded her complaint, stating, in summary, that her credit history shows delinquencies according to reports from Banco Popular, thus disregarding the precautionary measure granted by the Court of Appeals, which caused the rejection of a card to be issued by Banco Nacional, for which reason she adds a claim for objective moral damages (daño moral objetivo). Mr. [Name 027], states in summary that he sues Instituto Nacional de Seguros and Banco Popular, because in the year two thousand six, he applied for a mortgage loan before Banco Popular y de Desarrollo Comunal to purchase a property, through which he acquired the farm (finca) with real folio registration number [Value 018], sub-registration 000, which was located in la Trinidad de Moravia. He states that being out of the country, at the end of 2007, his partner informed him that the house was rumbling, cracks were appearing, and that the small pond in the back of the property was losing water level. He asked a Mr. Laurito, who sold the house, for explanations, who minimized the problem. Immediately afterwards, at five o'clock in the afternoon of that same day, the dwelling collapsed completely, without being able to rescue any of the goods whose invoices were left at the site. The property cost him fifty-two thousand dollars, but he made renovations worth one hundred thousand dollars. The area was declared a disaster zone, and the seller, despite being contacted, did not resolve anything regarding the value of the lost household contents. Instituto Nacional de Seguros declined to apply the policy under the argument that the properties were built ten meters from a slope (talud), and for them to be insurable according to the regulations, they had to be at not less than twenty meters distance. This, despite the fact that a legal opinion from the entity attributes its “in eligendo” and “in vigilando” liability. In view of the above, he questions the fact that the property was insured, when it would not have been subject to any credit, and thus he would not have acquired it. He affirms that in the collective insurance certificate in his name, the abuttal of the slope (talud) was not recorded. He affirms that Banco Popular incurred a lack of oversight, being negligent in its actions by not carrying out the pertinent investigations on the occasion of the questionable object of insurance and credit, besides not addressing his efforts and demanding compliance with the obligation, proceeding to file the mortgage foreclosure lawsuit in 2008. Mr. [Name 002], in summary states that in 2006, he undertook the task, jointly with his wife [Name 023], of acquiring a property, which they finally financed with Bac San José, and within the requirements, both he and his wife [Name 023] requested a collective life and outstanding balances insurance with Instituto Nacional de Seguros, and on June 23, 2006, his wife [Name 023] signed the registration form for the credit protection insurance policy for unemployment signed by Banco BAC San José as the contracting entity before Instituto Nacional de Seguros. Upon acquiring the property, on June 28, 2006, they transferred it in fiduciary ownership to Credibanjo S.A., both becoming debtors for said credit through a guarantee trust agreement called “[Name 023] -BAC San José- Two thousand six,” with the beneficiary being Banco BAC San José; the trustee being CREDIBANJO S.A. He affirms that in the Collective Fire Insurance Certificate from the Fire Insurance Department of Instituto Nacional de Seguros, the company called Credibanjo S.A. appears as the insured, and the aforementioned farm (finca) is covered by policies ABC, without it being indicated in the data section that on the eastern boundary of the property there is a slope (talud). He affirms that the property would never have been insurable, as this is one of the excuses that the defendant institute gives for not paying any policy to him and the other victims. He affirms that the seller did not fulfill the agreement to condition the house, and they did it with effort, acquiring new items from Golfito. Later, they noticed hidden defects (vicios ocultos) in the dwelling and construction defects. On November 15, 2007, the day of the loss (siniestro), he received a call from a neighbor who alerted him that the house was “cracking.” He affirms that the municipality had put a tractor and several laborers on the playground to clear the brush and see the cause, but what they did was accelerate the landslide process, after which they lost practically everything, except some things they managed to rescue. He relates that the anguish caused the loss of a pregnancy and his dismissal from work. He states that BAC froze the credit operation until December of that year. He explains that two months after the events, several victims were contacted by the Law Firm of Juan Diego Castro to sell them the idea of a criminal lawsuit; later, with subcontracted lawyers, they shifted to seeking payment from public institutions because in the criminal sphere they would not recover the money. Finally, he indicates that as credit subjects, they fully complied with everything required by the financial institution to obtain the desired credit, with the insurance of the property being an indispensable requirement for any financial institution to grant a loan, with coverage in the amount of 19,607,240 colones. Mr. [Name 003] and Mrs. [Name 010] direct their action against Grupo Alajuela Mutual de Ahorro y Préstamo, the Municipalidad de Moravia, and Instituto Nacional de Seguros, stating the same arguments, so they are summarized jointly below. It is stated that in the month of May 2005 and the second, in the month of November 2004, they acquire their property in [...], with the signing of an insurance contract under the collective policy INM-246, individualized 0101inc0586874 02, modality Hogar Seguro 2000 Colectivo, being a sine qua non requirement for the approval of the credit. On November 14, 2008, a large landslide occurred, which mainly affected the entrance and exit access of the condominium, impeding their access, also affecting other areas such as the guard booth, the gymnasium, the children's playground area, which prompted the immediate evacuation order of the place by the Ministry of Health. Subsequently, it was a victim of vandalism, totally losing the household contents and the property being dismantled. Faced with this situation, their dwelling has a total loss, as it was declared uninhabitable and lacks basic potable water and electricity services. They affirm that the landslide occurred because the construction of the condominium was raised illegally without the legal construction requirements, on a very poor-quality landfill area, coupled with the construction of retaining walls with low safety factors, which caused cracking in the soil mass and also the existence of a spring (naciente) or internal water leaks on the built terrain. All of the above caused an increase in hydrostatic pressures, a reduction in the resistance of the material used, and an increase in the weight of the soil mass. They add that Instituto Nacional de Seguros rejected the application of the policy, even though the contract, Section II, Articles 2 and 3, Coverage C, refers to flood and landslide, stating regarding the latter that: “the damages derived from the landslide of land mass, rock, or other matter of which the adjacent properties are formed or on which the insured's buildings or installations are settled are included within the scope of this coverage.” Furthermore, the insurance entity alleged that their property suffered no direct damages, which they reject because it is part of a horizontal property, in which there is a sinking in the garage floor that was not assessed by the report prepared by INS. Mr. Zeledón alleges in particular, that in accordance with cadastral map number [Value 019], his dwelling house is in a highly dangerous location within the condominium that makes it totally uninhabitable, not only because of the adjacent areas that have already disappeared due to the landslide, but also because it abuts to the north a basketball court area, which in 2006 suffered large cracks and, due to neighbors' complaints, the developer of the project, to cover up the problem and not solve it, simply placed a thick asphalt layer in the area, which is again reopening and showing cracks. Nor is his house built on gabions as INS's expert affirms to support the rejection of the policy application, as a false photograph is used. He states that the contract entered into with INS is a contract of adhesion, which contains an absolutely null clause, which goes against essential contractual principles such as equity, good faith, proportionality, etc., since Article 4, specifically subsection 1.- 3.- a). l. “No protection shall be granted under any circumstances: 3)- Coverage for Flood and Landslide, Tremor and Earthquake, and Hurricane Winds: a)- When the dwelling is located on or at the foot of a slope (talud), at a distance from its immediate edge less than double the height of that talud.” He considers that this contractual norm is an abusive and illegal clause, as it functions as a limitation or exclusion of the insurer institute's liability; which is sanctioned with absolute nullity by Article 1023, subsections 1, 2 paragraph m) and 3, of the Civil Code. He adds that being a contract of adhesion, it was not preceded by a free discussion of its content; the unchangeability was imposed as part of the contractual modality, obliging acceptance of the contract's clauses. The contract with INS was a pre-drafted, unilateral contract, as a product of uniformity and standardization in the contractual relationship; a contract that he had to accept, since there was no other option; otherwise, he could not join it, and the credit would not be granted by Mutual Alajuela. He argues that INS omitted its duty and did not carry out the necessary previous studies and appraisals before signing the insurance contract, an omission that cannot be attributed to him, since from the moment INS accepted the payment of the insurance premium and received the payment of each of its monthly installments, from the acquisition of the property until the landslide event occurred; it accepted assuming the protection of the risks agreed upon in favor of his property; to think otherwise is to go against contractual regulations. Omitting its payment duty leads to an act of bad faith, since being fully aware of the conditions imposed by the contract pre-prepared by the institution, it should have previously determined if the property qualified for it to have the policy applied, and not wait for the landslide event to occur and then carry out the corresponding studies to conclude that the property is uninsurable. Moreover, when Mutual Alajuela required him to sign up for insurance against possible risks to the property he was acquiring, there was no other legalized institution that offered him similar insurance, since at that time the sale of insurance of any kind corresponded exclusively to INS as a representative of the state monopoly. Thus, while it is true he signed that contract, it is also true that he has never waived the legal contractual protection established in Article 1023 of the Civil Code, subsections 1, 2 paragraph m)- 3. For the foregoing reasons, he considers that the exclusion of liability invoked in clause 4°, subsection 1.- 3.- a) of the insurance contract is not lawful, as it excludes or limits the liability of the seller or offeror. Finally, he states that he omitted to inform INS that the insured property was built near gabions and retaining walls; but this omission is because the undersigned was unaware of the extremely serious deficiencies in which the Condominium where the affected property is located was built, which even threatened the lives of his family and his own. The omission noted here was not intentional; therefore, in accordance with Article 15 of the insurance contract, Instituto Nacional de Seguros must assume the corresponding liability in accordance with this norm. Regarding Municipalidad de Moravia, they argue, based on the Construction Law (Ley de Construcciones), the Subdivision Regulations (Reglamento de Fraccionamientos), and the Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanizations of INVU (Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU), that it must assume civil liability for the events, because it granted the construction permit omitting to require the presentation of the technical, basic, legal, and preliminary requirements for any construction, which would guarantee the quality and safety standards required by law. The construction permit was approved without the construction plans, the engineering design duly approved by the General Directorate of Urbanism of INVU, Ministry of Health, Institute of Aqueducts and Sewers, SETENA, among others; therefore, there are no environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), geotechnical and soil mechanics study, or hydrological study. The recreational areas in general were built on a very poor-quality fill area, without the approval of any state institution, so Municipalidad de Moravia incurs a double breach of duties: 1) It grants the permit without the prior approval of the other state institutions. 2) It omits to carry out the periodic controls mandated by law to ensure that the construction was complying with the requirements demanded by the various regulations. Finally, they state that they bought the property because they considered that the state institutions involved approved the project, such as INVU, SETENA, Ministry of Health, and the Federated College of Engineers and Architects, among others, so it was Municipalidad de Moravia's responsibility to verify if all the state institutions had given the approval of the project. Regarding Mutual Alajuela, they point out that it must assume civil liability jointly and severally for the damages caused, since the official appointed by it for this purpose did not assess essential structural issues, including the common areas that form part of the property as it is a horizontal property, such as the entrance and exit access road, the gymnasium, and the guard booth. He was the only person, sent by the Mutual, who, due to his professional knowledge in the specialty of architecture, could have realized the large and serious structural problems the condominium presented; however, he did not report it, thereby inducing them to acquire a property and a loan, which according to INS's criteria was uninsurable, even though the insurance policy premium was charged month after month. They maintain that the Mutual's action was highly negligent, as it was its responsibility not only to verify the acquisitive value that the property it would finance would have at that time, but also to verify through a professional specialist in the matter whether the property that would guarantee the debt met sufficient qualities to be covered by a policy for possible unforeseen risks, and to have verified the structural situation of the same, because the construction of the Condominium was settled on sloped terrain, whose southern side was a cliff with a depth of more than one hundred fifty meters and with retaining wall supports assisted by very poor-quality gabions along the entire length of said side. The retaining walls, as well as the gabions, were plainly visible, and they could have been adequately assessed by the expert appointed by the Mutual; however, this was not the case. Upon responding to the hearing granted by the Court regarding the evidence for better resolution in relation to the current condition of the credits, the attorney-in-fact for Mrs. [Name 010] refers to the existence of an active policy with Instituto Nacional de Seguros at the time of the event, so Mrs. [Name 010] has the standing to initiate this process, adding that there is no illicit enrichment since her client is simply exposing a situation in which INS insures a property that it cannot insure, without any oversight and negligently, and subsequently illegitimately rejects the demand for compliance with a contract that from the beginning was never going to be possible to indemnify. This being the case, it is INS itself that incurs in illicit enrichment, as it received multiple premium payments and monthly installments for the issued policies, which, according to its own statement, were uninsurable. That is, according to INS, the insurance contract should never have been signed since the property was not susceptible to being covered. That is, the cause for the payments was not legal, this being clearly the figure of illicit enrichment.
IV.- Arguments of the defendants: In summary, the representation of Instituto Nacional de Seguros states that plaintiff [Name 001] is not correct in indicating that the bank is responsible for managing the procedures before INS for the insurance of the real property, since the intermediary between INS and Banco Popular for the granting of the insurance is the company Comercializadora de Seguros Dinámica de Seguros SA, an entity that intervenes by providing the information required for the granting of the insurance, covered under a contract signed with INS, which is governed by the provisions of the Regulation for the Operation of Insurance Marketing Entities of Instituto Nacional de Seguros (Reglamento para la Operación de Entidades Comercializadoras de Seguros del Instituto Nacional de Seguros), in which the intermediary is obligated in the following terms, as indicated: “e) Inform the Institute promptly of changes in the conditions and characteristics of the insured risks and of its clients. h) Inspect, upon issuance and at least annually, the risks of the insurance it places, or contract the services of accredited professionals to assess the risk, all in accordance with the Institute’s Regulations and provisions that regulate such activity. Article 18: ‘The following conduct on the part of the marketing agency, its representatives, personnel, or Agents shall be considered serious breaches of the contract signed with the Marketing Agency: j) Omitting or incurring in falsehoods in aspects related to the inspection or insurance of a risk.’” Regarding the insurance of the real property, it points out that plaintiff [Name 001] is correct in stating that INS accepted and authorized the approval of the policy, which was approved based on the information provided by the intermediary (Comercializadora Dinámica de Seguros SA) and Banco Popular, in the collective fire insurance certificate, which contains information, as the plaintiff rightly points out, that is false, since that document specifies that the south and west abuttals were dwelling houses, when in reality they were a vacant lot and a slope (talud), respectively. This fact abruptly increases the insurable risk, which, had it been recorded in the inspection that Comercializadora Dinámica de Seguros SA was supposed to carry out, as provided in the Fire Insurance Tariff and Underwriting Manual, would have been noted in the collective fire insurance certificate, and probably the landslide coverage (cobertura de deslizamiento) would not have been granted for the property; however, INS was caused to err due to the information recorded in the referred documents. It adds that the information provided not only by Comercializadora Dinámica de Seguros SA, but also by the Named Insured, Banco Popular, causes INS to err by recording false data in the presented information that aggravate the insured risk, violating the principle of utmost good faith, and thereby omitting what is established in the Regulation for the Operation of Insurance Marketing Entities, Article 16, subsection h, which states the following: “inspect, upon issuance and at least annually, the risks of the insurance it places, or contract the services of accredited professionals to assess the risk ...” In another order, what concerns official communication DJUR 2046-2008 issued by the Legal Directorate is true; the rest are the plaintiff's arguments. When setting forth its substantive arguments, it indicates that by virtue of the contract signed between Dinámica de Seguros SA and Instituto Nacional de Seguros, the former is obligated to respect, among others, the underwriting guidelines exercised by INS for products whose marketing is authorized by the Institute, a fact that is omitted by not carrying out the corresponding inspection according to the underwriting procedures contemplated in the Tariff and Procedures Manual, Fire Insurance, a document that contemplates the procedure that insurance marketers and their agents must follow for the granting of insurance, contemplated in Chapter Five of the mentioned Manual. On the other hand, as can be seen in the insurance application (collective insurance certificate), the information provided by Dinámica de Seguros SA and Banco Popular itself for the risk acceptance analysis is false, as it hides information that aggravates the risk, and if it had been contemplated in the insurance application document, the insurance would have been something else, on completely different terms, or it would not have been granted; therefore, it concludes that it is the intermediary and the Named Insured who hide information, causing INS to err in granting said insurance. Furthermore, when responding to Mr. [Name 027]'s complaint, it stated that the institute did not intervene at any time. In addition, as can be inferred from the reports made by both the Emergency Commission and the Ministry of Health, the buildings were constructed on high-risk properties, which can be noted from Technical Report number DPM-INF- 1957-2007 of November 2007 issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias); likewise, it was determined that there were a series of serious hidden defects (vicios ocultos) in the construction process, which could not have been known by Instituto Nacional de Seguros. It reiterates that the plaintiff is not correct in saying that the responsibility for the insurance lies with it, since it is important to indicate that it is the Insurance Marketer of the defendant Bank that carried out the insurance-related matters, and it was Banco Popular y de Desarrollo Comunal that included the plaintiff in the collective policy it holds, of which the insurer entity only receives a monthly list with the inclusions made, as well as the respective documentation, but it is directly the Marketer of Banco Popular that carries out everything related to the inspection of the property, as well as the analysis of the property's insurance. Moreover, the case in question was declined within the legal parameters stipulated in our legal system, since the agreement in question is a type of contract whose clauses are drafted by only one of the parties, whereby the other party has the power to accept it or reject it in its entirety, as no person is obligated to sign it; therefore, the insured accepted the clauses of the policy contract, thereby establishing that they understood it and accepted it in its entirety of their own free will and convenience. For the foregoing reasons, it considers that the plaintiff's claim does not show the causal link that could exist against the insurer entity, since the damages argued derive from hidden defects (vicios ocultos) caused by third parties, who are not parties to this proceeding, much less have any relationship with Instituto Nacional de Seguros, as has been clearly shown not only in this response but also from the evidence provided by the plaintiff, defects that could not be detected by Instituto Nacional de Seguros when receiving the proof provided by the insured, which was chosen by the plaintiff herself at the time of insurance. When responding to Mr. [Name 003]'s complaint, it requested that the action be dismissed, given that it considers the claim lacks legal basis to seek the intended damages, since the plaintiff does not demonstrate with the required evidence that said damages existed, nor that they were directly caused by the entity, as, despite the property being insured, the insurance was paid to the Banking entity through an Insurance Marketer, which handled everything related to the fire policy signed by the plaintiff. Likewise, it is important to note that as can be inferred from the expert report (expertaje) carried out by Engineer Miguel Bolaños Sequeira, the plaintiff's property did not meet the minimum requirements to be insured; therefore, and in accordance with Article 4, subsection 3.a of the General Conditions of Hogar Seguro 2000, the housing unit is unprotected by the policy. It added that the plaintiff's dwelling house did not suffer damages due to the loss (siniestro), but rather they occurred in areas distant from it. It points out that the plaintiff tries to make it seem that the entire condominium is a single unit, when the truth is that from a legal standpoint, each subsidiary unit is independent of the others, and the fact that a common area suffered some damage does not mean that the policy must be applied to the dwelling house, which is effectively the insured property, and therefore independent from the others. It states that the plaintiff does not demonstrate that the Institute had carried out any inspection or indicated any recommendation for the plaintiff's dwelling house before granting the fire policy, in order to determine any possible liability at the time of effecting the insurance of said property, that the household contents are not part of the insurance, and that the property insurance was analyzed and approved by the Insurance Marketer of Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo, which was in charge of inspecting the property as well as everything related to the requirements for the property to be insurable, a situation that did not occur in accordance with the guidelines stipulated in the Tariff and Procedures Manual for Fire Insurance for independent agents and marketing company agents, since a property that does not meet the minimum requirements stipulated in the General Conditions of the fire insurance Hogar Seguro 2000 was insured, which was confirmed by the experts who inspected the property in question. Regarding Mrs. [Name 010]'s complaint, the insurer entity specifies that a policy existed, number 01 011NC574938, signed by the plaintiff, which was undertaken with Mutual Alajuela and was valid until December 31, 2006, and was canceled as of January 2007, for non-payment of the premium; this coincides with the date the lien in favor of Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo was canceled. That is, as of January 1, 2007, said insurance is not in force. Subsequently, the plaintiff signed policy 01161NC12380 to cover the building that was previously insured with the policy cited by the plaintiff. It states that she confuses her relationship with Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, as the entity that financed the purchase of the property, with the relationship of the latter with Instituto Nacional de Seguros and with herself, since Instituto Nacional de Seguros does not require the contracting of an engineer for the signing of the insurance, given that the activity carried out by the Institute is the sale of insurance; it does not participate in matters related to the financing and construction of the dwelling.
The policy was issued once the dwelling was already built and the appraisal was issued so that the Mutual de Ahorro y Préstamo could verify the loan guarantee, but it was only added to pages 2 through 7 of policy 01011NC574938 as a reference for determining the insured amount and for the general inspection of the dwelling, regarding materials and construction area; it did not require that appraisal as an insurance requirement, nor does it have any relationship with the professional who performed it. Furthermore, as of that date, policy 01 011NC574938 was not in force (see certification INSLME-1919-2011), whose creditor and named insured was the Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Note that as a result of the cited event, the plaintiff filed claim 1-2007-747, and it was analyzed under policy 01161NC12380, whose creditor and named insured was Banco Bac San José SA. She adds that the dwelling of Mrs. [Name 010] was indeed declared uninhabitable and suffered vandalism damage, but these are unrelated to the event that occurred on November 14, 2007, since they originated when the eviction order was given, as the dwellings were left without the respective care. She reiterates that the plaintiff has been alluding to a policy that was not in force at the time of the event, and while policy 01161NC12380 was indeed in force on November 14, 2007, and had landslide (deslizamiento) coverage, as well as the premium payment, it is clear that the dwelling did not suffer damage due to what happened on that date, since the plaintiff herself acknowledges in the seventh fact of her complaint, and in this same fact indicates that the damages are because her dwelling was dismantled, which is evidently not a product of the landslide (deslizamiento), but rather the acts of third parties not covered by the insurance. She clarifies that the property (finca) of Mrs. [Name 010] was indeed insured, and the reason the claim was not accepted was not due to a lack of insurance, but because the conditions set forth in the policy for granting coverage were not met; on the contrary, the damages claimed by the plaintiff are excluded from the policy's coverage. Additionally, there is another reason to decline the claim, since the dwelling is located at a distance less than twice the height of a nearby slope (talud), such that when it was included under those conditions, the exclusion set forth in Article 4, subsection 3, and the final paragraph of Part 1 of the General Conditions of the "Póliza Hogar Seguro 2000" applies. In addressing the merits of the matter, she points out that the plaintiff makes a mix between the request for execution of the insurance contract and an alleged strict liability (responsabilidad objetiva), which she does not justify, as well as liability for the professional direction of the construction, in which she had no involvement whatsoever. She reiterates that the Institute did not participate in the choice of the property (finca), such that she, with ordinary diligence, should also have taken the respective precautions to ascertain the conditions of the asset she was acquiring; therefore, if she did not seek advice, that is not an aspect attributable to the insurer. In this regard, she draws attention to the fact that the plaintiff seeks to attribute responsibility to the defendants even though these are responsibilities specific to the professionals in charge of the work, whom she does not sue for hidden defects (vicios ocultos). Regarding the adhesion contract, she specifies that the plaintiff's thesis has no legal or factual basis, because the clauses of the adhesion contract respond to the adherent's decision to accept them or not, and they conform to insurance technique and are within the range permitted by law. Thus, what the questioned clause seeks to protect is nothing other than the principle of utmost good faith, applicable to all contracts, and very especially to insurance contracts, with the one in question being of a collective nature. Therefore, the insurer allows the automatic inclusion of risks; however, it must also reserve its liability when the insured and/or the policyholder have failed to provide important information for determining the risk. In this type of insurance, good faith is carried to its maximum, since the insurer relies on the information provided by the insured and the policyholder on their own. That is, the false or inaccurate inclusion of this type of information leads to a defect in the insurer's consent, which precisely justifies the declination of the claim. Had the insured or the policyholder declared the proximity of the insured property to a slope (talud), the insurance would not have been formalized; therefore, it was that omission that induced the Instituto Nacional de Seguros into error in accepting that risk. That is, the non-application of that clause would strengthen the position of the parties that breached contractual good faith, and therefore it is not abusive, the foregoing in specific application of Article 6 of the Insurance Law (Ley de Seguros). The plaintiff's claim originates from a landslide (deslizamiento) that occurred on November 14, 2007, which caused damage in areas surrounding the insured property; that is, no damage to the insured property was reported as a direct result of the landslide (deslizamiento), as is evident from the facts of the complaint and the reports made by engineer Miguel Bolaños. Now, what did occur as a result of that landslide (deslizamiento) was that the Comisión Nacional de Emergencias and the Ministry of Health proceeded to evacuate the building; and since neither those entities nor the insured took the respective measures to safeguard the property, third parties proceeded to dismantle the house. However, those damages are not a consequence of the landslide (deslizamiento) and are therefore not covered by the policy. The contract is even more direct and explicit, because this type of loss is not only not covered, but also expressly excluded, in Article 19 of Part II of the General Conditions of the Insurance. She adds that she finds it striking that the plaintiff requests the application of the errors and omissions clause, considering that she did not declare the existence of the slope (talud) because she was unaware of the extremely serious deficiencies with which the condominium had been built. This statement cannot go unnoticed, insofar as the insured did not declare the proximity to the slope (talud) due to ignorance of the level of risk exposure her property had. It should be noted that the slope (talud) is a drop of more than 20 meters in height, meaning it is easily perceivable, and therefore one cannot speak of an involuntary omission, much less proceed to apply the errors and omissions clause. Finally, regarding damages (daños y perjuicios), she indicates that the coverage was for an insured amount of 23,760,745 colones, so the claim for a dwelling of similar conditions exceeds it. The formalization expenses are not covered by the policy she seeks to enforce, nor is the loss of furniture, an extreme regarding which there is no connection whatsoever with the insurer, nor are rental expenses, damages for lost profits, or a foot injury. Finally, when invoking the defenses, she raises the statute of limitations (prescripción) of the action, because the event giving rise to the plaintiff's claim corresponds to a landslide (deslizamiento) that occurred on November 14, 2007, which was processed at the administrative level under file 1-2007-747 and was finalized with the resolution of the appeal, through official letter DSG-1339-2008 of August 6, 2008 (pages 80-81 of the file for claim 1-2007-747). The complaint is dated January 10, 2011, and while it is true that the procedural step of accumulating the file was notified to my client as of January 26, 2011, the complaint was not notified until April 9, 2012. That is, from the date of the last administrative action (August 6, 2008) until the filing of the complaint (January 10, 2011) and its notification (March 9, 2012), more than twelve months elapsed, and therefore the term for the statute of limitations (prescripción) stipulated in Part II, Section VI, Article 29 of the General Conditions of the Contract has already been fulfilled. She explains that while it is true that Article 42 of the Insurance Law (Ley de Seguros) establishes a statute of limitations (prescripción) period of 4 years in this matter, the fact is that this period can be reduced, as stipulated in that same provision, in the following terms: "Article 42. - Actions arising from an insurance policy shall be barred by the statute of limitations (prescripción) after four years, counting from the event that gave rise to the exercise thereof. However, the parties may agree that this term be shorter." Finally, in the hearing granted regarding the evidence for better resolution, the institutional representation stated that the complaint was filed under claim for the Hogar Seguro 2000 policy 01 01 574938, subscribed under the framework of the commercial loan contract entered into between the Mutual and [Name 010] for an insured amount of ¢ 23,760,475. This policy was canceled when the event occurred, unlike the other policy that was taken out by Bac San José as guarantee for a credit operation. Therefore, it believes that Mrs. [Name 010] seeks unjust enrichment (enriquecimiento sin causa), given that she claims from the INS through the policies the payment of loans that were canceled prior to the event of November 14, 2007, according to certificates provided by Grupo Mutual Alajuela La Vivienda. In presenting conclusions, she added that from the expert reports provided, it is observed that the houses of the [...] did not present any evidence of problems due to settlement or landslides (deslizamientos). However, a very serious design problem exists, because black water drainage was placed in the slope (talud) zone. This situation can lead to landslide (deslizamiento) problems in the short or medium term. Therefore, it is recommended not to inhabit this condominium until a plant is built to treat these waters and channel them towards the San Francisco stream. With that expert report, with the soil study conducted by Vieto and Associates, as well as report 71-F-08-CI delivered by the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) within criminal case No. 07-006553-0647-PE, which appears as images 1976 to 2039 of the judicial file, it is evident regarding the dwellings of [Name 010] and [Name 003] that they were built on fill, which never received the structural improvements recommended in the soil studies conducted prior to its construction, given that they were built with full knowledge of these structural errors by the developers. Likewise, this expert report demonstrates that the hidden defects (vicios ocultos) the dwellings presented were impossible for the INS to detect at the time of insurance, and therefore it bears no liability for the damages (daños y perjuicios) claimed in this proceeding.
It should also be considered that for the hidden defects (vicios ocultos) to have been known by the INS prior to insurance, a comprehensive assessment from the moment of construction of the dwellings was needed (for example, a geotechnical study of the soils), which was not possible, since the houses were finished when they were presented to request the respective insurance. This proceeding questions the reason why the plaintiffs did not sue or claim against the seller and the builder (developers) for the alleged damages, since they are the ones legally obligated to deliver a dwelling fit for habitation; otherwise, there is a contractual breach by the seller. (Articles 438 to 442 of the Commercial Code (Código de Comercio), 692, 693, 701 to 702, 1007, 1008, 1022, 1034 to 1042, 1070 of the Civil Code (Código Civil)). They (sellers-builders) are the direct responsible parties for those damages, since knowing of the defects in the land and that they did not carry out the reinforcement work on the site as required by the prior soil studies on the review of the land, they decided to build and sell the properties, concealing the truth. On the other hand, it should be noted that the owners of the dwellings located in the [...] and in the [...] filed a criminal action against the builders-developers, in which a conciliation was reached because those sellers admitted the criminal act and paid compensation for what happened to the dwelling owners. This is another element demonstrating that they are the ones responsible for the damage suffered by the plaintiffs, as stated by the witness, [Name 013]. Furthermore, she adds that the insurance inspection—if carried out—is only performed by the insurer in a basic manner, aimed at verifying that the assets existed and had minimum conditions for residential use, because it is physically impossible to review the condition of the land once the dwellings are built, in addition to the fact that there is no rule in the legal system that obligates the INS to inspect insured assets. Nor have the plaintiffs proven that the INS had the legal or contractual obligation to conduct this type of prior studies. She criticizes the lack of diligence, not only in failing to claim against the sellers, but also in failing to warn of the imminent danger of bordering the slope (talud), without seeking advice from a professional, and worst of all, without informing the INS about this situation, which, had the Institute known of it, would have never insured her dwelling. In another vein, she points out that the policy clearly indicates the object of insurance for the plaintiff's dwelling (building), and coverage for the common areas of the condominium was not provided, which should have been specified in the condominium regulations as established by Article 19 of the Condominium Property Regulatory Law (Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio), which was not demonstrated in this proceeding. Particularly in the case of plaintiff [Name 010], she warns that she lacks standing (legitimación) to sue the INS, for the following reason: At the time of the loss on November 14, 2007, the subsidiary policy number 01 01 574938 03 0001, Hogar Seguro 2000 modality, subscribed under the framework of the commercial loan contract existing between the Mutual and Mrs. [Name 010], was canceled according to certification INSLME-1919-2011, which appears as image 1923 of the judicial file. The plaintiff, in a filing dated April 5, 2018, attempted to introduce into the discussion the existence of another policy that was taken out by Bac San José as guarantee for a credit operation that Mrs. [Name 010] entered into with that entity. Therefore, attempting to introduce into the proceeding a policy that was not the subject of discussion and not mentioned in the complaint constitutes an issue upon which the Court could not rule, as it was not part of the debate, which is contrary to the right of defense of the defendant parties and must be rejected. Moreover, the loan obtained with BAC was subsequent to the one obtained with GM and is not part of the subject matter of this litigation. Lastly, she warns that the plaintiffs have not presented evidence proving the causal relationship between the denial of the INS claim and the suffering endured.
The legal representation of Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo responds to the complaints of Mr. [Name 003] and [Name 010] in the same terms, stating that it is not a banking entity, but rather an organization of a private nature, which, in accordance with its purposes, granted the loan to Mr. [Name 003], clarifying that the financing was for an already-built dwelling, and the loan has not been canceled. It adds that in the specific case of Mrs. [Name 010], Grupo Mutual did contract an engineer, but as explained, what was agreed in the deed was precisely an expert to supervise the construction progress according to the plans, never, as the plaintiff groundlessly claims in this fact, did Grupo Mutual undertake to appoint an engineer to supervise the work. Returning to the response to the complaint for both plaintiffs, it affirms that subscribing to an insurance policy, both for events of fire, earthquake, and others, as well as for the debtor's life, are requirements imposed by the applicable legislation itself; therefore, it is not true that Grupo Mutual Alajuela "obligated" the plaintiffs to subscribe such insurance, but rather these are requirements imposed by the legal system that neither the creditor nor the debtor can disapply. So much so that the insurance amount is always the amount of the loan it is intended to protect, and this is fully justified by the social interest of the Mutualista Association, which must protect the common funds of its Members. In addition, it points out that the policy indicated in this fact was subscribed, which in no way means a guarantee of coverage for all possible events, as the plaintiff seems to claim, because said insurance policy contract, as is usual, has exclusions and conditions that are in turn imposed by the Insurer, in this case the co-defendant Instituto Nacional de Seguros, which is the one that unilaterally establishes, under the adhesion contract modality, the terms of coverage, and which, likewise unilaterally, determines when damage coverage from a specific event is applicable and when it is not, both situations whose decisions are completely beyond the will of the Mutual. It states that the existence of the landslide (deslizamiento) and sanitary orders from the Ministry of Health is true; however, it rejects the other considerations, which it deems to be subjective, and warns that the reasons that could have caused the landslide (deslizamiento) have not been debated, analyzed, much less proven, which turns this fact into suppositions and affirmations that do not meet the conditions of a proper fact. It adds that the decision regarding when a certain coverage is paid or not is not within Grupo Mutual's purview. Rather, in the present case, and precisely due to the existence of the loan the plaintiff mentions in the first fact, the lack of coverage by the INS is causing serious harm to Grupo Mutual Alajuela, as its mortgage loan has been left completely unprotected. It explains that it granted a loan to the plaintiff for the acquisition of an already-built dwelling, meaning it did not participate in the design and construction process thereof. It is for this reason that the appraisal carried out by Grupo Mutual had the sole purpose of determining the value of the property for purposes of covering the mortgage guarantee. Determining whether or not there were hidden defects (vicios ocultos) in the construction or design, such as those described by the plaintiff in this fact, was completely beyond the real scope of the expert report, precisely because they are aspects not susceptible to appreciation in an appraisal of the nature of the one carried out. It was not possible to determine structural problems in the condominium, and had it been, the loan would not have been granted to the plaintiff. It should not be lost sight of that, with the situation that occurred, Grupo Mutual Alajuela, far from being a civilly liable party, is rather a victim, as its loan remains outstanding. It then raises preliminary defenses and, regarding the merits, points out that the expert report issued by the company INGEOTEC S.A., at the request of the Public Ministry, number IG019-2008, dated January 31, 2008, which the plaintiff presents as evidence number 10, is conclusive regarding this issue of the liability of the developers, professionals in charge of the work, builders, and other participants. It considers that the facts contained in the complaint make it clear that the only participation Grupo Mutual Alajuela had in the events giving rise to this judicial proceeding was granting a mortgage loan to the plaintiff so that he could acquire a condominium that was already built; thus, Grupo Mutual had no participation in the process of design, development, construction, and supervision of the works. On the contrary, when the plaintiff requested his loan, everything was already built and finished. The expert sent by Grupo Mutual, in compliance with the financial regulations applicable to all loans, only sought to determine, in their report, the value of the asset for purposes of granting the loan, and it was never a comprehensive expert assessment in search of hidden defects (vicios ocultos) or construction defects beyond the scope of technical observation. This expert assessment does not take construction samples, does not evaluate the construction technique, much less delves into design areas that are the exclusive responsibility of the developer, with the subject of the insurance contract being an alien aspect. In the first place, because the insurance requirement is generated by the legal-financial system itself, meaning it is not an obligation imposed by Grupo Mutual as creditor, but by Law. Therefore, the very existence of the insurance is a matter of legality and not of the voluntary imposition of obligations in a credit agreement. Secondly, because the determination of whether to accept or reject an indemnity claim is a decision completely alien to Grupo Mutual and within the exclusive competence of the Instituto Nacional de Seguros. Its only participation in insurance matters is subscribing the collective policy with the insurer and collecting and transferring the premiums to the latter. Whether or not there is liability for a clause deemed abusive under the provisions of the Civil Code (Código Civil), and whether or not the adhesion contract violates the legal system, are aspects specific to the insurer and cannot be attributable to it. Thus, the occurrence of a loss such as the one experienced in the plaintiff's condominium was not, nor could it be, in any way, the fault or responsibility of Grupo Mutual Alajuela, nor are the subsequent consequences that could have also occurred, such as the acts of vandalism cited by the plaintiff in her complaint, or the lack of coverage of the existing insurance, which will be commented on below, but which is likewise not attributable to it. In response to the amendment of the complaint (ampliación de la demanda), it indicated that the plaintiff did not participate in any conciliatory agreement, which is alien to him as it is a private matter concerning a conciliatory agreement between the Mutual and third parties.
The representation of Banco Popular y de Desarrollo Comunal responds to the complaint of Mr. [Name 027], indicating that the plaintiff was granted a loan secured by a first-degree mortgage on the property (finca) of the San José District, Folio Real registration [Value 002], for an amount of $50,900.00 (fifty thousand nine hundred United States dollars), formalized by public deed before Notary Public Freddy Hoffman Guillén on May 31, 2006, registered as credit operation number 18-96-529001-2, whose investment plan was the purchase of a dwelling. For the granting of said loan, appraisal number IA-4016 RS-2006, prepared by architect Ricardo Solano Alvarado on May 17, 2006, was taken into account. Subsequently, during the loan formalization stage, the respective fire insurance policy—which is of automatic inclusion—was prepared for the asset given as guarantee, which is included in the monthly payment. The processing of the cited policy was the responsibility of the insurance marketing company "Dinámica de Seguros S.A.", which was contractually obligated to perform inclusions, exclusions, auditing, and database control. Thus, it is clear that Banco Popular only dedicated itself to the analysis and granting of the loan that allowed the plaintiff to acquire the property in question, and that the aspects derived from the granting, review, effectiveness, and indemnification of the insurance policy are the absolute competence of those who participate in this matter, namely the insurance marketer "Dinámica de Seguros" and the Instituto Nacional de Seguros. Therefore, my client simply acted as a financial entity that facilitated the loan to Mr. [Name 027]. On the other hand, it indicates that it cannot attest to the plaintiff's personal facts or his dwelling, with the plaintiff's loan being at that time with a deteriorated guarantee, in a state of delinquency and under judicial collection, as the loan went into arrears. Nonetheless, an attempt was made on several occasions to reach a convenient arrangement for the parties, but this was not possible, and not through the Bank's fault. The debt as such could not be forgiven either, as it involves public funds and due to the supervisions to which it is subject as a financial entity and by its legal nature. In addition, it states that it always attended to those affected by the landslide (deslizamiento) in a timely manner. From the analysis of this matter and the documents that make up both the judicial and administrative files and other background information, there is no evidence or demonstration that the actions of Banco Popular are the cause of the refusal to pay the aforementioned insurance policy; rather, it is noted that Banco Popular fully complied with what corresponded to it as a financial entity in analyzing and granting the loan to Mr. [Name 027]. It is clear that everything related to the fire policy certification and all that it entails was the exclusive responsibility of the insurance marketing agency "Dinámica de Seguros S.A." and the Instituto Nacional de Seguros, as it is an aspect within their competence and precisely concerning their ordinary activity, i.e., the sale, marketing, and administration of insurance policies. In another vein, it draws attention to the fact that in official letter CNDC-217-2008 of April 10, 2008, which is provided as evidence, Engineer Marco V. Zamora Contreras, institutional expert IC-10335, expressly states that the study performed by the Municipality of Moravia concludes that they do not have all of the construction plans, and that they cannot locate the approval (visado) from the Ministry of Health, nor from the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, nor the environmental impact study from SETENA, reason why they initiated an investigation to establish the corresponding liabilities. Regarding the action of Mr. [Name 001], it follows the same line of exposition as above, and in particular, it indicates that the plaintiff is correct that he took out a loan in the months indicated, specifically on May 29, 2006, for the purchase of a dwelling under the "Vivienda Dólares" line for an amount of fifty-one thousand dollars, processed under credit operation No. 018-096-528689-4, for which appraisal number IA-3963 RS-2006, prepared by architect Ricardo Solano Alvarado on April 26, 2006, was taken into account. He recommends and considers, from a technical standpoint, that the land under study is suitable for construction. Subsequently, during the loan formalization stage, the respective fire insurance policy—which is of automatic inclusion—was prepared for the valued asset for an amount of forty-eight thousand five hundred sixty-three dollars, resulting in a monthly charge of twenty dollars and forty cents for the policy coverage, which is included in the monthly payment, and is sent to the insurance office. It argues that the boundaries (linderos) are not false, as they are consistent with the registry report of April 26, 2006, and the field visit by the expert in charge, Ricardo Solano Alvarado, the boundaries (linderos) having been shown by the seller of the property. It mentions that the certification of the fire insurance policy is the responsibility of the Insurance Marketer in charge at that time, i.e., Dinámica de Seguros. Banco Popular follows the initial procedure for these cases, and the marketer never indicated a lack of requirements or denied the inclusion of the policy; therefore, the allegations in this regard should be directed at the insurance marketer "Dinámica de Seguros" and not against it. It adds that it was not imperative to have authorization from the Instituto Nacional de Seguros to approve the credit operation, as it can be demonstrated that the loan was approved on April 4, 2006. It affirms that it was not imperative to have authorization from the Instituto Nacional de Seguros to approve the credit operation. It concludes that Banco Popular y de Desarrollo Comunal exercised, developed, and applied each of the guidelines correctly, not only regarding the granted loan but also in the processing of the corresponding policies discussed here, which was never questioned by the insurance marketer in charge of processing the policy. It also rejects the claims for objective moral damages (daño moral objetivo) regarding the amendment of the complaint (ampliación de la demanda), because as of October of the year 2008, Banco Popular y de Desarrollo Comunal acts in accordance with the guidelines of SUGEF agreement 1-05, and in its condition as a supervised entity, it must report the historical payment behavior and the days in arrears of the credit operation in question, and therefore it has fully complied with what was ordered by judicial resolution No. 39-2010 of 3:00 p.m. on February 8, 2010, by the Contentious Administrative and Civil Hacienda Appeals Court (Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).
The representation of the Municipality of Moravia, in summary, upon responding to the complaint of Mr. [Name 003], states that it cannot attest to the first three facts of the complaint, nor that the plaintiff's dwelling suffered a total loss and vandalism.
Nonetheless, it is aware of the landslide that primarily affected the condominium known as [...], its access, and other common areas such as the guardhouse, gym, children's play area, among others, and that the Ministry of Health ordered the evacuation of the site. It states that it is not aware of the alleged cracking in the soil mass, the poor construction of retaining walls, the existence of a spring (naciente) on the site, or internal leaks on the land where the condominium was built. It notes that the condominium was built with the respective permits from the Municipality, clarifying that the oversight of soil bearing capacity studies, geotechnical studies, among others, was not the responsibility of the Municipality, since its role is to require the developer to process the respective construction permit and, with that, if necessary, technical studies, which in this case do exist. It states that it is the responsible professional(s), the developer(s), and the investor(s) who had the total responsibility to ensure that the project to be built is carried out based on studies, with adequate materials, a recommended structure, and the selection of a suitable company with experience and technical capacity. Following this, it references the expert report from the firm INGEOTEC S.A. and that the plaintiff party warns about the possible existence of hidden defects, which, if proven, would make the seller or developer responsible for the damages and losses, without prejudice to the potential liability of the professionals in charge of the works, since they were responsible for considering, guiding, and overseeing the development of the works through an adequate foundation design, studies on the soil type and its capacity to support and transmit loads, as regulated in the Costa Rican Foundations Code (Código de Cimentaciones de Costa Rica) and the Seismic Code (Código Sísmico), which are of obligatory knowledge and application for the responsible professional, who is charging a professional fee for their services. It points out that it was not carrying out construction without a municipal permit that produced the landslide, but rather, according to the reports, the landslide originated from the apparent negligence of the developers and responsible professionals. It reiterates that the Municipality did require the permits for the development of the project, as recorded in the file that was seized by the Prosecutor's Office. It states that according to Article 81 of the Construction Law (Ley de Construcciones), the owner and the responsible engineer (the one who signs the urban development project plans and, in most cases, the preliminary project) are responsible for the data contained in the project. Likewise, Article 85 of said law establishes that the expert who requested the license for the execution of the work is responsible for complying with the rules established by the applicable regulations on the matter. When approving a construction permit, the Municipality relies on the fact that there is a responsible professional and that the construction plans for what is to be built are duly approved by the respective institutions, and based on that, it issues the construction permits; it is the responsibility of the project engineer to consider the foundation design for the dwelling, the soil type, and its capacity to support and transmit loads, as established in the Costa Rican Foundations Code and the Seismic Code, which are of obligatory knowledge for the designer, since they are charging a professional fee for their services. It states that the Municipality, although obligated to exercise prior controls and controls during constructions developed in the Canton, in this case was not the exception and control did exist. In fact, it was that prior control that led the project developers to process the respective construction permits, since, as recorded in the respective administrative file that was seized by the Prosecutor's Office, the Municipality, in its oversight duty, shut down the works of that development, because construction began without municipal permits, which, thanks to the intervention of the Municipality, were subsequently processed. Without prejudice to the foregoing regarding the seizure of the administrative files related to this case, it must be noted that the only documentation of which a copy exists in the Municipality is the site design for the [...], where it is recorded that it was approved by all the respective detailed instances: the College of Engineers and Architects (Colegio de Ingenieros y Arquitectos), the Ministry of Health, the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros), and, of course, the Municipality of Moravia. When the license approval process occurred, the Municipality exercised prior control, and during the construction process, it also exercised controls. Now, what must be clear is that within this process, it is not the competence of the Municipality of Moravia, nor of any municipality in Costa Rica, to homologate and oversee the technical studies that a developer carries out to build a residential complex, since it is precisely there where the figure of the responsible professional originates, because when approving a construction permit, the Municipality relies on the fact that there is a responsible professional and that the construction plans for what is to be built are duly approved by the respective institutions, and based on that, it issues the construction permits. The expert reports prepared in the criminal process unanimously lead to the conclusion that the responsibility for the cited landslide apparently is attributable to the developers and responsible professionals, not to the Municipality of Moravia, so that in applying Article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the case involves the act of a third party. When attending the evidentiary hearing ordered to better resolve, the representative of the local government notes that in the case of [Name 003], the certification provided shows that the credit he obtained from Mutual Alajuela for the acquisition of his home in the [...] was canceled on November 6, 2013, but not by him, but by a third party, which was precisely the project developer, as part of a conciliation process agreed upon in the criminal process. In this regard, it can be seen that in a document dated January 23, 2013, signed by [Name 003], which is an expansion of the complaint, he acknowledges that the Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo received the money granted for credits, including his, to settle the debt in exchange for clearing the credit delinquency history; that is, the plaintiff did not pay the credit, and therefore, he lacks standing to demand payment in his favor. Additionally, it is necessary to remember that the plaintiff withdrew the claim related to the credit payment and, in an evidently extemporaneous and improper manner in his closing arguments, made a supposed adjustment of claims; in this regard, see Articles 46 and 95 of the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA).
V.- On the merits of the matter. Having analyzed the arguments timely presented by the parties, as well as the evidence provided that allows structuring the list of proven facts, we must specify that the common axis of the plaintiffs in this process lies in attributing the application of the liability regime to the Municipality of Moravia, the National Insurance Institute, or to the commercial agents who intervened in the acquisition of certain properties, which were declared uninhabitable due to a land landslide that occurred on November 14, 2007. In order to determine whether a sufficient and adequate causal link exists between the causes of the landslide and the participation or lack thereof of the subjects who have been sued in this event, in light of the plaintiffs' line of argument, in addition to defects in consent that some plaintiffs allege, we proceed, in order concerning the defendants, to analyze in light of the factual matrix whether sufficient merit exists to attribute liability for the claimed damages and losses, to finally, once this is determined, address the particular claims of each of the plaintiffs. Being clear on the foregoing, this Chamber of Female Judges proceeds to issue the respective ruling. 1) On the strict liability regime that operates for public law subjects. Civil-commercial liability regime of the private financial entity and the State company. To address the merits of the matter, it is important to make some clarifications regarding the liability regime that operates in our Rule of Law. Particularly, the strict liability regime of the Costa Rican State is contemplated in general terms in Articles 190 and following of the General Law of Public Administration, from whose text is extracted the duty to indemnify all damages and losses caused by the conduct and omissions of the Public Administration, in which the defendant participates in this case. That is, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. From this perspective, under the premise of the Administration's duty of indemnification, regardless of subjective assessment criteria—intent or fault—in the actions of its servers or agents, a strict liability regime operates in our country, such that the State must indemnify all damage that the administered party or litigant is not obligated to bear, whether in their patrimonial or extra-patrimonial sphere, and without its subjective legal situation being relevant for that determination. Thus, the Public Administration is liable for its lawful and normal conduct, when it issues an administrative act substantially in accordance with the legal system or when faced with a commission through a permitted material action, whether active or omissive. Of course, the State also is liable for damages generated by virtue of an administrative conduct of an illicit, abnormal, and formal nature when the administrative act is illegal, and non-formal, when we are facing a non-permitted or abnormal material action. From the foregoing, it is concluded that for the generation of the strict liability regime of the State, the concurrence of three fundamental requirements is necessary: First, the existence of an administrative conduct, whether active or omissive, formal or material, lawful or unlawful, normal or abnormal functioning. The second requirement is the generation of an unlawful, effective, evaluable, and individualizable damage that the victim is not obligated to bear, whether in their patrimonial or extra-patrimonial sphere. The third requirement is precisely that a causal link exists between the two previous requirements; that is, that a direct cause-and-effect relationship exists between the act imputed and the damage produced, which legitimizes the injury caused, without grounds for excluding the causal link, upon the occurrence of an exempting situation such as force majeure, the victim's fault, or the act of a third party. (For further elaboration, see resolutions of the First Chamber of the Supreme Court of Justice: number 025-F-99 at 14:15 hours on January 22, 1999, number 589-F-99 at 14:20 hours on October 1, 1999, and number 252-F-01 at 16:15 hours on March 28, 2001). Now, we must be clear that the foregoing corresponds to the general liability regime, in the event that no special rule exists in the matter provided by the legislator. This leads us to specify that, in the case of activities regulated by private-commercial law carried out by State companies, in this case, the National Insurance Institute (Article 2 of Law number 12 of October 30, 1924) and Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Article 47 of the Organic Law of Banco Popular y de Desarrollo Comunal), which is, in essence, a non-state public entity, the rules applicable in the first order are those contemplated in commercial and civil law, just as they are typical of the private relationships carried out by private subjects, such as financial entities like Grupo Mutual Alajuela La Vivienda. Under this understanding, we must specify that, under any context, it is essential to identify the conduct to which the cause of the damage is attributed, in order to verify the causal link between the two. Under that understanding, we address the specific case below. 2) On municipal competencies in matters of construction licenses. No administrative liability for hidden defects in construction matters. Absence of causal link due to the act of third parties: Our Fundamental Charter establishes in Article 169, in a timely and extremely broad manner, the scope of competencies of Local Governments, stating that: "The administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government, formed by a deliberative body, composed of popularly elected municipal councilors, and an executive official designated by law." The indeterminate legal concept emanating from the phrase "local interests" allows us to understand a broad scenario of action for the Municipalities, even more so given the development that our Constitutional Chamber, as well as the ordinary legislator, have carried out of this concept. It is particularly of interest to bring up that our Constitutional Chamber has specified the competencies of Local Governments in various matters, among which is urban development, stating in its rulings that the municipalities' competence to control urban development within the limits of their territory is exclusive; for said exercise, they are assisted by the enactment of regulations, such as regulatory plans and construction licenses. In this way, the regulation of city growth is born in the first instance as an exclusive municipal competence, which begins to lose that exclusivity due to the participation of a series of public entities and bodies that intervene in territorial planning, thus modifying the convergence of responsibilities onto other subjects such as the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo)—a decentralized entity—and the Ministries of Environment and Energy, with the Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) (a deconcentrated body), and the Ministry of National Planning. It is of interest to mention the relevance of construction licenses, since they respond to the exercise of the municipalities' police power and find a regulatory basis in Article 1 of the Construction Law, which provides that municipalities are responsible for ensuring that cities and other towns have the necessary conditions of safety, health, beauty, and comfort, both on public roads and in the buildings and constructions erected, without prejudice to the powers that laws grant in urban matters to other administrative bodies. It is for this reason that local governments must avail themselves of all means that the legal system provides them for the fulfillment of that obligation, which is of public interest (In this sense, rulings number 401-91, at fourteen hours on February twentieth, and 619-91, at fourteen hours forty-five minutes on March twenty-second, both resolutions of nineteen ninety-one, and 2003-2864, at fifteen hours twenty minutes on April ninth, two thousand three, from the Constitutional Chamber may be consulted), the exercise of police power being the primary pillar of this action, understood as the recognition of the competence of municipalities so that, based on a law, they regulate and govern the activity, with the purpose of ensuring public order, beauty, health, tranquility, and safety of citizens, in clear respect for their fundamental rights. That being the case, it is clear that constitutional and national regulations place great responsibility on Local Corporations regarding the control of urban growth and the conditions it must observe, a task that includes health, safety, beauty, and comfort aspects, which are fundamental for the optimal development of the inhabitants, who require these characteristics in their environment to achieve quality of life. The Municipality, by express provision of the legislator, is the entity competent to grant construction licenses, even though where subdivisions are concerned, the participation of the National Institute of Housing and Urbanism is required, which intervenes at the level of construction plan approval, but however, the specific responsibility regarding the authorization and supervision of compliance with the body of law falls on the Municipalities. Doctrine has specified regarding this administrative act that it derives from the police powers vested in the Local Government, when addressing the subject of oversight of land use, and that it in turn obeys a regulated act, so the Administration verifies compliance with the legal and factual requirements for its issuance. Regarding regulatory provisions, it is of interest to mention that numeral 74 of the Construction Law specifies that all work related to construction executed in the towns of the Republic, whether works of a permanent or provisional nature, must be executed with a license from the respective Municipality, a competence recognized by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) in its Articles 15 and 57. Now, we must clarify that such exercise of guardianship and oversight must be analyzed within the scope of reasonableness, insofar as it must be understood that, in the case of hidden defects or oversights that could ruin a built work, it is not feasible to understand that the Municipal Government can assume any liability under such terms, even more so when there is the intervention of professionals in the matter who participate in the construction process. This is because many causal origins can arise throughout a construction process, and therefore, different intervening agents whose participation must be delimited to be able to determine, upon the occurrence of a damage, the liability that may have been generated in one or several of these, without it being feasible to apply a simple automatism absent of analysis, which guides attributing liability to the Municipality for the simple fact of being the public entity in charge of extending the license and overseeing the works, even more so when we insist, the scenario before us responds to a causal origin of the claimed damages that arise from hidden defects not determinable with technical-professional knowledge applicable upon the progress or completion of the works, this without affecting what was already built, which is precisely the scenario of the case under study, because the hidden defects were found in the gabion walls and fill material upon which the constructions were settled, as derived from the technical studies provided by the parties. Let us see. Although some plaintiffs bring up that as of July 2001, the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) issued warnings regarding the vulnerability of the soils in the area, since in official communication DPM-INF-121-2001, of July 26, 2001, the geologist Julio Madrigal, Coordinator of the Geotechnics Sector of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), indicated that on the land where the UNEMOPT-SIBAMPO housing project, second stage, in La Trinidad de Moravia was intended to be carried out, earthworks (movimientos de tierras) and fills were being performed, warning of the need for percolation tests and the use of fills, since the project to be developed contemplates a total approximate of 400 homes, so that the project in its initial and development stage must be in accordance with the technical studies of soils and slope stability when starting the works, as well as the substitution of the terrain materials for ballast to establish the compaction level in accordance with the required study. In the case file, we observe that effectively, inspectors from the Municipality oversaw and shut down the works that were being erected in August 2022 in the so-called "reserve area" of the [...], one of those affected by the landslide. Faced with the granting of potable water availability and the existence of National Insurance Institute policies on properties lacking a construction license, on October 7, 2002, through official communications DIOMM748 and DIOMM749, engineer José Joaquín González Gamboa, from the Engineering and Operations Division of the Municipality of Moravia, addressed the National Insurance Institute and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), respectively, and made known to them that some constructions of the [...] in La Trinidad de Moravia had illegally connected to the service they provide or had built without a municipal license, for which they urge them to require the construction license beforehand. Next, we observe in the file the reports for soil studies and slope stability analysis of the project prepared by the firm Vieto & Asociados S.A., on dates November 20 and December 2, both in 2002, in which technical recommendations are issued and warn that: "The stability of the lots in this zone depends on the walls built, so it is very important the design and how the walls on which the stability of these lots depends when constructing the homes were built...", "Under this scheme, the profile is stable as long as the gabion wall is founded on the hard stratum. The analysis of the slope in the playground area indicates that the slope is unstable, presenting a safety factor of 1.15 in a non-seismic condition and 0.9 in a seismic condition; this indicates that a retaining wall system must be implemented as soon as possible...". Likewise, through a document dated February 5, 2003, Engineer Víctor André Dondi Ruiz, project manager for Foresta de Moravia S.A., addressed the Works Commission of the Municipality of Moravia, so that a decision could be made, as it satisfactorily complies with the safety parameters governing such cases and satisfactorily resolves the stability of the slope in question, and he attached to this document the technical reports issued by: a) Report from TECHNISOIL S.A., consultants in soil engineering, geotechnics, and construction materials, official communication TECH-24-01 dated July 5, 2001, in which the results of field infiltration tests on the property located in La Trinidad de Moravia are submitted. b) Report from TECHNISOIL S.A., Consultants in soil engineering, geotechnics, and construction materials, official communication TECH-480-01 dated October 23, 2001, in which a hydrogeological study and slope stability analysis for the land located in La Trinidad de Moravia is submitted. c) Environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) whose responsible company was CONSTRUCTORA LA CONSTANCIA S.A. and was prepared by CONSULTEC S.A. (1997), d) Soil study and slope stability analysis, project [...], location Urbanización la... November 2002. Thus, faced with the existence of technical studies, in Ordinary Session number 67 of August 10, 2003, Article 3, it is ordered: "Article three of the opinion of the Works Commission is approved and it is agreed to eliminate the restrictions on the sale of land in the [...] of property number 5 to 22, since as of this date the problem of the [...] was corrected through the use of gabion walls, the lifting of the imposed restrictions is agreed, since the dangers were technically resolved.” By virtue of the expert assessments carried out after the event, it is demonstrated that the technical recommendations under which the Local Government allowed the continuation of the works were not fully followed by the project professionals, as will be analyzed in the following lines. Now, within the chronological order of events, we have that on May 5, 2003, the firm Foresta de Moravia S.A. requested a construction license for 23 condominium homes and their infrastructure, according to the request and plans presented. The construction license corresponds to number 12014, which bears the signature of the municipal engineer. In said process, Federico Chacón Hernández and Víctor Dondi R. are recorded as the responsible engineers. Subsequently, on July 9, 2003, the firm Vieto y Asociados S.A., consulting engineers, submitted to engineer Víctor Dondy the soil study for the gabion wall of the [...] project, issuing a series of observations regarding the foundation and soil extracts. Note then, that from the evidence provided to the case file, we have that the construction firm carried out soil and slope studies, with the aim of obtaining technical criteria to determine the works to be carried out and, in turn, to demonstrate to the Municipality compliance with the required feasibility studies, in order to continue with the construction activities. However, it is worth pointing out that, as indicated above, the technical evidence adduced in the file allows reaching the conclusion that the materials used were not of good quality, which, in addition to illegal aqueduct connections, caused the landslide that generated the damage claimed here, as we will detail later but we deem it important to record it in this chronology. Thus, in the afternoon hours of November 14, 2007, a landslide occurred in La Trinidad de Moravia. Said landslide happened in the children's play area, inserted into several levels of gabion walls in an area of the hillside. The displacement of the mass (gabion wall and fill material) slid, affecting the integrity of the homes settled in the lower part, as well as the access entrance to the [...]. The effect caused material losses to the infrastructure of 5 homes, a security booth, and a multipurpose room of the condominiums. Now, as we pointed out earlier, a series of reports related to the event were formulated. The first of them was technical report DPM-INF-1957-2007, from November 2007, issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, stating, in what is of interest, that: "it is considered that a significant degree of vulnerability exists, given that: 1. It is technically unknown how the condominiums are settled, whether they are founded on fill material or not. 2. If the design of the gabion walls has the capacity to support the structure under significant seismic events. 3. If the structure is in accordance with all technical requirements for the development of these in this sector of the hillside. According to the information gathered and considering that the landslide event generated in the canton of Moravia, La Trinidad district, between the subdivisions (urbanizaciones) [...], [...], and [...], frames a series of inconsistencies in the inadequate management of paperwork, lacking permits from other State institutions, follow-up, and responsible professionals who were involved in the development of the project works, both in the design of the gabion walls, treatment plant, and structural condition of the condominiums, excavations, and constructions at the foot of an important work." We must note that, in this first study, as it literally indicates, it is technically unknown how the condominiums are settled and whether they are founded on fill material or not, emphasizing the possible liability of several agents participating in the construction, particularly the project professionals. Subsequently, two technical studies were prepared that did manage to determine what this first one lacked, which is, the conditions of the gabion walls and particularly the fill material, concluding the use of poor material, as we explain below. In January 2008, the firm INGEOTEC S.A. rendered an expert report regarding the landslide in [...] and [...], in the canton of Moravia. Said document indicates that the expertise in the field of geotechnical engineering was prepared by geologist Roberto Protti (geology-geophysics) and engineer Marcos González Varela (topography). In what is of interest, it states the following: "V. Diagnosis of the landslide problem, 5.1. Background. In analyzing the causes of the problem, it is important to keep the following in mind: 1. That in the zone where the landslide occurred, there was a fill of variable thickness between 9.00 m in the upper part of the slope, to 2.5 m in the lower part of the slope. 2. That both the borings carried out by the firm Vieto & Asociados and the geophysical prospecting carried out by this consulting firm confirm that, in general, this fill was of regular to poor quality (…) 5.2. Failure diagnosis: Based on the information obtained in section 4.2.
and in the topographic survey carried out, a slope stability study was conducted, considering the initial condition of the walls, before the landslide occurred. A stability study of the fill was then carried out, for both static and dynamic (with earthquake) loading conditions. Based on the foregoing, it is concluded that the landslide was caused by the following reasons: 1. In the area where the landslide occurred, there was a fill of fair to poor quality with a variable thickness between 9.00 and 2.50 meters. 2. From the very moment of construction, the retaining walls had low safety factors, which, although they did not imply immediate failure, caused cracking of the soil mass. 3. A concrete stormwater pipe with several manholes located within the fill passed through the area where the landslide occurred (...). 4. The deformations in the fill area gradually caused, over the 5-year life of those walls, both the concrete pipe and the manholes (also concrete) to have water leaks, which grew larger each winter. The leaks in this pipe are considered the triggering agent of the landslide, as they produced the following effects: increase in hydrostatic pressures. Reduction in the material's strength. Increase in the weight of the soil mass. To the above must be added the following factors that also contributed to the problem: proximity of the houses of [...] to the edge of the slope, significant weight of the gabion walls, placed on a fairly steep slope. Existence of permanent water tables...". It is noted then that, up to this point, we have that the cause of the landslide is due primarily to the existence of a fill of fair to poor quality with a variable thickness between 9.00 and 2.50 meters, to leaks in the stormwater pipe, the weight of the gabion walls, and proximity of the houses of [...], all aspects inherent to the construction execution under the responsibility of the engineers in charge of the work, who must ensure that the material used is suitable and recommended for that type of fill, in addition to acts of third parties, such as the illegal pipes, which were so classified in a report we will cite below. It follows from what is indicated here that it was not the absence of a technical study or a deficient permit or analysis that caused the landslide, but rather precisely aspects inherent to the material execution of the works. Now then, in harmony with the technical opinion cited, we have that in report number 71-F-08-CI, dated February 16, 2008, issued by the Fraud Section of the Criminal Investigations Department of the Judicial Investigation Agency, it is concluded in the relevant part: "It is concluded that in the case of [...] there was good quality soil mechanics information; although most of these studies were carried out motivated by a landslide problem that occurred in the playground area and culminated in a landslide of large proportions. No negligence or malpractice was demonstrated on the part of the soil engineering companies involved. The landslide occurred due to a combination of the following factors: Existence of a fill of fair to poor quality. Placement of very heavy gabion walls that were not adequately founded and that were progressively causing deformations of the fill. Rupture of a stormwater pipe and its respective manholes, which passed within the fill and in the wall zone. Weight of the dwellings on the crown of the slopes. Illicit connections of black water pipes coming from the drains located in the houses located in the upper part of the slope. Existence of water tables within the slopes.” Again, and by judicial experts, the same reasons that caused the landslide are concluded, namely, an incorrect construction practice by those responsible for the works, in addition to illegal connections by third parties. Given the scenario described, it is clear that contrary to what the plaintiffs claim, it is not an omission or action of the Local Government that causes the landslide, but rather that the efficient cause thereof is the incorrect construction technique carried out by the engineers responsible for the work, so that the causal link is absent with respect to the municipal license and the reasonable oversight that said entity carried out over them, since the issue of the material to be used is a matter of the judgment of the engineers responsible at each construction stage, added to the fact that, when inspecting the works, it is not reasonable to require the Local Government to determine construction defects that are clearly hidden as they pertain to the foundations of the building works. From this perspective and following the Spanish jurisprudential line, we have that indeed, among the agents participating in the construction work, it must be analyzed what their participation consists of and the nature of their respective oversight role, in order to determine who is responsible in each case. Of interest for the specific case is to illustrate the position with the following excerpts from judicial precedents that illustrate precisely issues related to the case at hand and address the liability that, under the rules of logic, justice, and law, can be attributed to the different agents participating in construction works: “Regarding the architect, according to STS of July 17, 2006, the existence of soil or design defects is not proven in this case, concluding that the architect will only be liable when the defects are attributable to the senior management of the work. In this case, there is no deficient material execution of the work nor lack of diligence in supervision nor any negligence. As established by the SAP of Baleares of November 12, 2002, it is the responsibility of senior architects 'the high inspection and general supervision of the construction process, given the material impossibility for senior technicians to descend to questions of detail or use of materials that must specifically be supervised by the quantity surveyor (aparejador), ...". In the specific case, it affirms, it is not possible to attribute extraordinary diligence and thoroughness in the examination of details that are not their responsibility to senior architects, since the defects do not affect the senior management that corresponds to the senior technicians, but rather must be specifically supervised by the quantity surveyor (aparejador) who is the executive director of the work.” In another case similar to the one at hand, it was ruled: “Regarding the technical architect, the SAP of Toledo of September 18, 2006, considers the technical architect responsible for the seepage in the walls of the exterior stairs: 'it is not the task or responsibility of the senior architect, but it is that of the quantity surveyor (aparejador) to ensure the adequate mixtures of materials and that the inclinations are correct'. The SAP of Seville of April 5, 2011, delineates responsibilities: the builder and the quantity surveyor (aparejador) must be liable for defects arising from deficient or careless execution, as the latter is the professional responsible for ordering and directing the execution of the works and installations according to the rules and standards of good construction; not, however, the architect. And the SAP of Barcelona of December 16, 2010, sentences the quantity surveyor (aparejador) for defects caused by not duly fulfilling their supervisory function ...:". Finally, the line of thought is reiterated in the following matter: “It is the case of the SAP of Burgos of January 27, 2011. In the case of the Architect, the omission of their duties and passivity are absolute, disengaging from the direction of the work without resigning from it and issuing the final certificate. Indeed, the defendant architect has allowed the development of a work not adjusted to the technical project based on which the building license was granted for conforming to urban planning regulations. And whether because the owner did not notify the works director, or because the latter attended on rare occasions, the fact is that they neglected their supervisory duties, and therefore must be responsible for the urban planning illegality of the constructed work ...". (Paniza Fullana, Antonia. Responsabilidad Civil de los Sujetos de la Edificación La Protección del Consumidor de Inmuebles. Editorial Dykinson. Work by various authors directed by Lledó Yagüe, Francisco and coordinated by Monje Balmaseda, Óscar. Madrid. Spain. 2013. Pages 236-242). In our legal system, such interpretation guidelines are fully applicable, in light of the doctrine of hidden defects (vicios ocultos) that affect the knowledge thereof, in addition to legal regulations that guide such conclusions. Articles 81, 85, and 86 of the Construction Law, Law Number 833, of November 2, 1949, state that: “The owner and the responsible Engineer shall be responsible for the data contained in the project. The Municipality shall only be responsible for alignment and level data,” “For the Municipality, the expert who requested the license for the execution of a work is responsible for compliance with the rules of this ordinance, even if other Engineers are involved in the work, or its construction is entrusted to one or several contractors. However, a determined part of the work or an installation may be carried out with a license requested by another Responsible Engineer, who will supervise that installation or part of the work, and who will assume responsibility for that work. For that special authorization to be granted, written authorization from the Responsible Engineer in charge of general supervision of the work is indispensable,” and “contractors have the obligation to comply with and enforce this law and its Regulations in the work under their charge.” (Emphasis added.) In the same vein, Article 12 of the Organic Law of the Federated College of Engineers and Architects, Law Number 3663, of January 10, 1966, establishes that: “All engineering or architectural works or services, of a public or private nature, must be designed, calculated, supervised, directed, and in general carried out in all their stages under the responsibility of active members of the Federated College in accordance with this law. Each of the active members shall be legally authorized to exercise their professional activities contemplated in this article, in strict adherence to the Code of Professional Ethics and other regulations of the Federated Code.” (Emphasis added.) From this perspective and by mandate of law, it is clear that since the causal origin of the damages lies in construction defects in the poor quality material used, construction errors such as the weight of the gabions, as well as the connection of illegal pipes, and that these aspects are not appreciable under a regular inspection by the Local Government but would require the destruction of works for their determination as they are hidden defects (vicios ocultos), coupled with the fact that they respond to the material execution of the work, responsibility for which falls on the engineer registered as responsible for it, this Panel of Judges finds no merit whatsoever to attribute any liability to the Municipality of Moravia for the events supporting this process, and to that extent, all claims for damages formulated by the plaintiffs are rejected as they lack the legal basis that would allow the application of the strict liability regime, it not being demonstrated that there was a lack of objective and reasonable oversight in the exercise of its police power, nor that the absence of any study or parameter was the generating element, the efficient, direct, and principal cause of the claimed damage being identified as described. 3) Regarding the contractual liability of the National Insurance Institute. Application of the policy given the omission of data related to the terms of insurance coverage. Intervention of the Insurance Marketer. In general terms, the National Insurance Institute rejects any liability attributable to the construction works, because the damages are the product of construction errors caused by the developers that are not covered by the insurance contract, the claims of the plaintiffs being declined due to hidden defects (vicios ocultos). Indeed, as explained above, the efficient cause of the damage is attributable to those responsible for the works, and it is not proper to demand that the insurance entity have an inspector for insurance purposes bear the responsibility and obligation to verify construction works in detail and thoroughly, especially when, as in the case at hand, it has been demonstrated that hidden defects (vicios ocultos) occurred. Under that reasoning, the insurance entity is correct in arguing that there is no causal link whatsoever between the damages for the patrimonial losses suffered by the plaintiffs on the occasion of the landslide. On the other hand, another line of argument of the defendant entity revolves around the information provided in the forms, which it qualifies as false, by not warning of the existence of the slope, so that, in essence, the principle of contractual good faith is violated, attributing the responsibility for that mention to the financial entities. In this regard, this Chamber of Judges disagrees with such affirmation, for the reasons we explain below. From the responses to the claims, we have that the insurance entity itself recognizes the direct participation of the marketing companies, authorized by the Institute and with which it signs a contract to operate and intervene in the sale of insurance contracts. According to the same argument of the insurance entity, we have that the information required for the granting of insurance, covered under the contract signed with the INS, is governed by the provisions of the Regulation for the Operation of Insurance Marketing Entities of the National Insurance Institute, in which the intermediary is bound in the following terms, as indicated: "e) Promptly inform the Institute of changes in the conditions and characteristics of the insured risks and of its clients; h) Inspect, at issuance and at least annually, the risks of the insurance it places, or contract the services of accredited professionals to assess the risk, all in accordance with the Regulations and provisions of the Institute that regulate such activity.” It is noted then that the regulation governing those contractual relationships directly and clearly attributes to the authorized marketers the duty to inform the Institute of the conditions, characteristics, and risks. Moreover, Article 18 cited in its briefs by the defendant entity states: "The following conduct by the Marketing Agency, its representatives, personnel, or Agents shall be considered serious breaches of the contract signed: j) Omitting or incurring falsehoods in aspects related to the inspection or insurance of a risk." In the body of evidence, it is striking that the forms provided do not indicate the existence of the slope and that in said exercise of recording the information, even the debtor's signature does not appear, as observed in the certificate of Collective Fire insurance, child policy No. INM0000337, from the Instituto Nacional de Seguros, whose insured is Mr. [Name 027] and indicates as boundaries of the property of real folio 1[Value 002], the following: north: dwelling, south: dwelling, east: street or avenue, west: dwelling. The slope is not marked. Likewise, said document does not record the signature of Mr. [Name 027]. It is for the reasons stated that the claims filed by the plaintiffs were declined by the insurance entity, the expansion of the report issued on February 26, 2008, by Ing. Bolaños Sequeira being clear, who, adding to the report of November 16, 2007, notes the following of importance: "In response to the foregoing and in order to locate the affected properties with respect to their position on the slope, the Topographer Engineer Julio Delgado was contracted, who made four telegraphic profiles that included the three housing complexes involved. The results can be seen in the attached sheet, but the following can be noted: 1.- The insured persons who filed claims and whose dwellings are part of [...] are located on the crown of the slope. 2.- The insured persons who filed claims and whose dwellings are part of [...] are located at the toe of the slope. 3.- In the case of the insured owners of dwellings in [...], it should be noted that they were exactly on the crown and the body of the slope. From the same information from Ing. Delgado, it can be concluded that the height of the slope is 21.60m in profile No. 1, 22.55m in profile No. 2, 24.91m in profile No. 3, and 23.82m in profile No. 4. In the insurance agreement, for the case of the Hogar Seguro 2000 policy, Collective Insurance, it is indicated: 'I.- Coverage will not be granted under any circumstance: 3.- Flood and Landslide, tremor and earthquake, and hurricane wind coverage: a) When the dwelling is located at the toe of a slope, at a distance from its immediate edge less than twice the height of that slope. If the slope forms part of the channel of a river, lake, or other natural deposit, the distance may not be less than 20m2.' According to the above, for the case of the lowest slope height (21.60 m), all the dwellings for which claims were filed are located at a distance less than 43.20 m.” From this scenario, we have that certainly the plaintiffs' properties should not have had landslide coverage, as they did not comply with the limitation provided for in the insurance contract, which was contested in those terms, as will be addressed in this section. The plaintiffs [Name 003] and [Name 010] did not demonstrate why they consider the clause to be abusive, limiting the contractual exercise, and that it does not respond to a legitimate limit within the contractual insurance activity, which it is worth clarifying, as an economic activity subject to a contractual relationship, is not unlimited and absolute, but by its very nature, when insuring risks, it can establish coverage exceptions, it not being demonstrated in this case that it is illegitimate, arbitrary, disproportionate, or unreasonable, so that the legal representation of the plaintiffs simply requests the declaration of nullity without performing any intellectual analysis, much less proving their criterion. Finally, we cannot fail to mention that the plaintiffs disregard the very nature of the risk contract and that the principle of contractual freedom operates in this matter, in addition to the legislative provision that reads: "The insurance contract is one in which the insurer agrees, against the payment of a premium and in the event that an event whose risk is the object of coverage occurs, to indemnify the damage caused to the insured person, or to satisfy a capital amount, an income, or other benefits, within the agreed limits and conditions" (Article 3 of the Law Regulating the Insurance Contract, Law Number 8956, of June 17, 2011). Having stated the above, we again address the analysis of the coverage that the plaintiffs sought to apply under the serious and well-founded belief in the applicability of the coverages agreed upon when subscribing to the credits, so that, upon the occurrence of an event contemplated in the contract, the insured amount would be covered. However, due to failure attributable principally to the insurance marketers that intervened in the credit processing in association with the financial entities, when the landslide occurred, such coverage was not effective. To that extent, as the insurance marketers are agents authorized by the Instituto Nacional de Seguros to gather information and materialize it in the subscription of policy contracts, they are primarily responsible for the incomplete, false, or omitted information that generated the conflict at hand regarding the applicability of landslide coverage to properties that did not qualify for that purpose. While it is true that the financial entities that are beneficiaries of the policy contract are directly interested in the coverages being effective, and even also the debtors who indirectly participate in this relationship by being obliged to assume the payment of the premiums, the fact is that the core agents responsible for the execution of the contracts based on reliable and real information are the marketers authorized by the Institute, whose contractual relationship, as we pointed out above and supported by the defendant's own statement, Instituto Nacional de Seguros, contemplates their condition as responsible to the entity for the information provided. Given the foregoing, it is clear that the contractual obligation was unmet by the Institute, which was contractually compelled to perform it, and it is not proper to attribute the error to the insured or policyholder when the fault originates from its own authorized agent. From this perspective, this Court considers that the plaintiff parties who attribute illegitimate conduct to the insurance entity associated with the declination of claims are correct. Thus, in the section on claims, the scope thereof will be analyzed in light of what was requested in each particular case. 3) Regarding the non-existent liability of Banco Popular y de Desarrollo Comunal and Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, regarding the construction works subject to credit and the terms of subscription of the Hogar Seguro 2000 policy contract. Omission of review by both parties. Unproven defect in the will of the debtors attributable to the defendants. Having analyzed the merits of the matter, this Court arrives at the conclusion that the financial entities are correct in warning that the experts sent to appraise the properties in order to verify their suitability condition to constitute a mortgage guarantee do not have the objective of verifying in detail such particular aspects as those that generated the landslide and that have been classified as hidden defects (vicios ocultos), as claimed by the plaintiff [Name 010], who attributes a contractual breach regarding the oversight by Grupo Mutual Alajuela, with respect to which, at the time of the events, in any case, they did not hold any active credit, as can be seen from the certifications provided by said entity as evidence for better resolution requested by this Court. Thus, it being clear in this substantive Considerando that the direct, causal, and efficient responsibility for the damage to the dwellings falls on the owner of the construction project and the professionals in charge thereof, and that while it is true the financial entities are contractual parties to the insurance contracts in their condition as beneficiaries thereof, we cannot ignore that the primary and contractual responsibility for verifying compliance with the conditions to enjoy the coverages lies with the insurance marketers authorized by the Instituto Nacional de Seguros, who act on behalf of the latter, under a contract for that purpose. In this way, it is clear to us that both the plaintiffs as debtors and the financial entities as beneficiaries of the insurance contracts have a direct interest in the application of the coverages, and that, in the specific case, an omission of verification of the recorded data is presented by both parties, however, we insist, the essential or core call to carry out such work and guarantee that correct, timely, and truthful information was channeled by the Instituto Nacional de Seguros falls on its marketers, so responsibility for the incorrect recording of data is attributable to them. In another vein, the plaintiff [Name 001] argues that had he known that the property was not subject to any policy, he would not have acquired it and the credit would not have been entered into with the financial entity. In this regard, this Court considers that this argument is not admissible. In the first place, the topography of the area where they acquired the property was evident to all the plaintiffs, the slope being visible, ergo, they had full knowledge of the physical conditions of the place. Second, under an absolutely hypothetical posture, Mr. [Name 001] assures that had he known that the property would not have coverage for landslides, he would not have acquired it; however, it does not follow from his actions that this aspect was correctly assessed and that it could affect the intention to acquire the property, since he did not even carry out the minimum diligence of verifying that the slope met the contractual coverage conditions. By virtue of the foregoing, all the arguments timely made by the parties to attribute liability to the financial entities in relation to the damages from the landslide and the declination of the policy contract coverage by the Instituto Nacional de Seguros are rejected.
VI.- Regarding the claims of the plaintiffs: In accordance with the substantive analysis set forth in the preceding considerando, it is clear that the claims for administrative liability directed against the Municipality of Moravia are dismissed. The same fate befalls the claims brought against the financial entities, namely, Banco Popular y de Desarrollo Comunal and Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, insofar as the damages claimed on the occasion of the landslide are attributed to them. As for the claims brought by each of the plaintiffs against the Instituto Nacional de Seguros and those related thereto, this Court rules as follows. Regarding Mr. [Name 001], the claims for objective moral damage and psychological damage are dismissed, as they are not duly argued, nor is it expressly indicated what they consist of. Much less are they proven. Regarding the application of the fire insurance policy coverage, what is requested is partially granted, since the beneficiary thereof is Banco Popular y de Desarrollo Comunal, so the insured amount cannot be recognized nor paid in favor of the plaintiff, which operates solely through the action of the creditor Bank - beneficiary of the policy contract, which may request payment of the insured sum at the time of the events and must consider the transaction canceled if said sum at the time of the loss allows the mortgage credit to be considered covered. As a consequence of the application of the policy contract, the collection of premiums for the related policy must cease. It is worth clarifying that the annulment claims made by Mr. [Name 001] in relation to the deed of transfer of the property and the constitution of the mortgage in favor of Banco Popular, as well as the debt forgiveness, are inadmissible, as there is no unlawful basis for such legal transactions, as the financial entity bears no liability whatsoever with respect to the hidden defects (vicios ocultos) of the property acquired by the plaintiff. As for the claims made by Mr. [Name 003] directed against the Instituto Nacional de Seguros, the declaratory claims related to coverage under the policy contract with respect to the common areas of the condominium and its accesses are dismissed, which read: "That the common areas of [...] because they are horizontal property, such as internal streets, entrance and exit street to the property, green zones, recreation areas, formed part of the insured property and that upon the disappearance of the access street for entry and exit to the condominium, Mr. [Name 003]'s property suffered serious damage since it loses all possibility of use and security and because said street is an indivisible element of his property right and therefore enjoys coverage." The foregoing, because on May 13, 2005, the property registered in real folio [Value 008], of the San José party, whose debtor is Mr. [Name 003], was included in the collective policy number INM-246, without any other related areas being incorporated in any way, so that [Name 003] held policy number 01 01 1NC0586874 02 0001, issued on May 27, 2005, effective from December 31, 12/31/2006 to 12/31/2007, collective policy Hogar Seguro 2000, coverages A, B, C, and D, for an amount of twenty million two hundred fifty-six thousand six hundred colones, which only covered the property of the San José party, Moravia canton, Trinidad district, property number [Value 008], without it being possible to understand the common areas as included. In harmony with the foregoing, since it was not demonstrated that said policy included coverage R, "payment of rentals", the claim for its recognition is rejected. The same fate befalls the claim regarding the damages claimed on the occasion of the loss of household contents, since it was not demonstrated that he had coverage for consequential damage or a policy for that purpose, it being necessary to recall that the damage granted here arises from an expressly contractual relationship.
The annulment claim regarding Article 4, specifically subsection 1.- 3.- a)-, of the Insurance Contract is also rejected due to lack of substantiation, as the party limited itself to invoking infringement of legal articles without performing an intellectual exercise that would allow any defect to be deemed proven. It is not permissible for this Chamber to substitute the plaintiff in the duty of providing motivation and analysis for its claim; thus, it is not proven that the claim corresponds to an abusive or illegal clause, under the premise that the mere fact of setting a contractual limit is sufficient reason per se for a declaration of nullity, disregarding the nature of the risk contract and that the principle of contractual freedom applies in this matter, in addition to the legislative provision which states: "The insurance contract is one in which the insurer undertakes, against payment of a premium and in the event of an occurrence whose risk is the subject of coverage, to indemnify the damage caused to the insured person, or to pay a capital sum, an income, or other benefits, within the agreed limits and conditions" (Article 3, of the Regulatory Law of the Insurance Contract, Law number 8956, of June 17, 2011). In light of the foregoing, the claim analyzed is rejected, as it was neither argued nor demonstrated that the limits on coverage are unreasonable, disproportionate, or lacking in technical basis. Regarding psychological damage, it was not demonstrated, so it is rejected. Regarding moral damage, this Chamber understands, in light of the arguments, that this refers to subjective moral damage arising from the illegitimate conduct of rejecting the application of the policy. Particularly in the case of plaintiff [Name 003], from the testimonial statement of his wife, Mrs. [Name 013], it was proven without any doubt that the refusal of the Instituto Nacional de Seguros to apply the collective policy generated negative feelings in him, since she stated that: “[Name 003] was positive, because he said that INS was going to pay them. They went to Mutual but they said it did not depend on them, but on INS, but INS said it could not pay the insurance policy because the house was built near a cut slope (talud), then the world 'came crashing down on them.' It was worse (…) The worst part, he changed, he stopped being kind, sociable, and calm, he became a depressed, aggressive person, he had panic attacks. Sometimes he would wake up at night and he would be staring out the window. They sought psychiatric treatment and were prescribed antidepressants.” Based on the transcribed testimony, there is no doubt that in the case of Mr. [Name 003], a significant impact on his emotional condition was indeed generated by the refusal to apply the insurance, which is why, based on the merits of the case file and the effects caused by the untimely non-application of the policy due to the illegitimate refusal of the insurance entity, this Court deems that the sum of two million colones (colones) allows for the reparation of the damage on this count, without this implying in any way undue or disproportionate enrichment. Finally, regarding the application of the insurance contract, the Instituto Nacional de Seguros is ordered to recognize the sum insured as of the date of the loss according to the contract in force with the plaintiff [Name 003], the debt with Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo being deemed cancelled, insofar as the sum insured covers the amount owed at that historical moment. As for the interest generated to date, it may not be charged to the plaintiff insofar as, with the application of the policy under the terms in force at the time of the events, the entire debt is covered. Should the plaintiff be registered before the Superintendencia de Entidades Financieras as a person not eligible for credit on account of the credit operation granted by Mutual Alajuela subject to this proceeding, once the debt is cancelled, it is ordered that such credit condition be removed. Regarding the claims of Mr. [Name 002], the request to order the Instituto Nacional de Seguros to comply with the policy subscribed with said entity for the acquisition of property number [Value 001] is granted. The claims for payment of subjective moral, objective, and psychological damage are rejected, as they are unproven and unargued. This Chamber also takes into consideration that, although the wife of Mr. [Name 002] testified in the public oral hearing about a series of emotional impacts, she was also clear in stating that the subjective moral damage was due to the loss of the property and the discomforts experienced following that event, being categorical in indicating that the collection of the credit was frozen on account of the loss and pending the resolution of the Institute, and she further clarified that the credit was not collected by the banking entity. The claim for damages for the loss of the aforementioned home is also rejected, as the liability declared herein is solely of a contractual nature. Lastly, it is ordered that, should the plaintiff's credit history be affected due to the decline of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to remove that record. Regarding the claims of Mr. [Name 027] against the Instituto Nacional de Seguros, the request to order the Instituto Nacional de Seguros to comply with the policy subscribed with said entity for the acquisition of property number [Value 002] is granted. The claim for subjective moral, objective, and psychological damage and for losses is rejected due to lack of substantiation, identification of what they consist of, and above all, given the lack of evidence regarding the last two damages claimed. Consequently, the application of the principle of indexation (indexación) is also rejected, especially since there is no recognized liquid sum. The claim for payment for the loss of the home is rejected, as only contractual liability of the Instituto Nacional de Seguros is recognized for having declined the application of the policy. Lastly, it is ordered that, should the plaintiff's credit history be affected due to the decline of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to remove that record. Finally, with respect to the action of Mrs. [Name 010], the Instituto Nacional de Seguros notes that the plaintiff has been alluding in her complaint to a policy that was not in force at the time of the event, and that while policy 01161NC12380 was indeed in force on November 14, 2007, and had landslide (deslizamiento) coverage, as well as the premium payment, it is clear that the dwelling did not suffer damage as a result of what happened on that date, since the plaintiff herself acknowledges in the seventh fact of her complaint, and in this same fact indicates that the damages are because her dwelling was dismantled, which evidently is not a product of the landslide, but rather of acts of third parties not covered by the insurance. It clarifies that the property of Mrs. [Name 010] was indeed insured, and the reason why the claim was not accepted was not due to lack of insurance, but rather because the conditions provided in the policy for granting coverage were not met; on the contrary, the damages claimed by the plaintiff are excluded from the policy coverage. Having analyzed the arguments of the parties, while it is true based on the plaintiff's case theory and in light of the connection of the claims, we can understand that the basis of the claim is partially supported by the policy associated with the credit signed with Grupo Mutual Alajuela, which was not in force at the time of the loss; however, it also appears from the set of facts alleged in the complaint that the allegations are sustained based on the rejection of the application of a fire insurance policy. Therefore, this Panel of Judges does not consider that the Institute is unaware that the core objection of the plaintiff herein is the rejection of her claim, made through official communication INSSJ-05830-2008, of July 2, 2008, through which the Central Office of the Instituto Nacional de Seguros declines the claim filed by Mrs. [Name 010] regarding the landslide that occurred on November 14, 2008, because policy 01-16-INC-12380, subscribed in her name, corresponds to fire insurance under the named risk modality, meaning it covers the risks expressly detailed in the contract. Notwithstanding the foregoing, the defense of statute of limitations (prescripción) raised by the defendant must be upheld. This is because, in effect, the general conditions of the collective insurance called "Hogar Seguros 2000" established, in its Article 29, a period of twelve months to resort to court from the last action taken by the parties. We must note that Mrs. [Name 010] does not request in this judicial proceeding a review of the contractual clause to define its scope, which prevents this Chamber from carrying out such an exercise ex officio, without observing the right of defense of the defendant. Therefore, we certainly have that the complaint was filed on January 12, 2011, the transfer of which was verified through the resolution issued at nine fifty-four hours on March 5, 2012, and notified on April 9, 2012 (images 1957 and 1958 of the digital judicial file), and the last action that initiated the annual period to file a judicial action according to the contract is recorded as the act that addresses the appeal filed against the decision ordering the decline of the claim, this through official communication DSG-1339-2008 of August 6, 2008, issued by the Dirección de Estudios Generales of the Instituto Nacional de Seguros, which rejects the appeals filed and deems the administrative channel exhausted. Thus, the action against the Instituto Nacional de Seguros is declared time-barred (prescrita), and the complaint filed against it is dismissed. Having clarified the above, we must state that the claims brought against Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo and the Municipalidad de Moravia are subject to rejection, as explained above. The defense of the statute of limitations (prescripción) raised by the Municipality based on Article 196 of the Ley General de la Administración Pública does not apply, because we must note that, as these are hidden defects, the statute of limitations period does not run from the granting of the construction permit, since a sanctioning rule cannot be applied to someone who had no knowledge of the right to claim any compensatory action. In general terms, "the statute of limitations runs from the day the right could have been enforced, or what is the same, from when the action or right arose." (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. Third edition. San José, Costa Rica, page 1994.) Likewise, it is important to note that the novel claims included by the representation of Mrs. [Name 010] when rendering conclusions are considered untimely, and are therefore not subject to a ruling as they were not formulated at the appropriate procedural moment, with the objective of granting due process to the defendants.
VI.- Regarding the defenses raised: In accordance with the analysis of the arguments and the body of evidence, the exceptions raised are analyzed as follows: Regarding the action of Mr. [Name 001], the exceptions of lack of active and passive legal standing (legitimación) raised by Banco Popular are dismissed, because there is a legal relationship between the parties on account of the mortgage loan granted and that legitimizes his action. Regarding the lack of right (falta de derecho), it is upheld in accordance with the substantive analysis of this proceeding. Regarding the Instituto Nacional de Seguros, the defense of lack of right (falta de derecho) is partially upheld. Regarding the action of Mr. [Name 003], the exceptions of lack of passive legal standing and current interest (interés actual) raised by Grupo Mutual Alajuela are dismissed, as there is a legal relationship between the parties on account of the credit contract and the current interest in the resolution of this proceeding is proven by the nature of the compensatory claims formulated. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the Municipalidad de Moravia and Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo is upheld. The exceptions of lack of active and passive legal standing (legitimación) raised by the Instituto Nacional de Seguros are rejected, as there is a policy contract associated with the parties. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the Instituto Nacional de Seguros is partially upheld. Regarding the action of Mr. [Name 027], the exceptions of lack of active and passive legal standing (legitimación) raised by Banco Popular are dismissed, because there is a legal relationship between the parties on account of the mortgage loan granted and that legitimizes his action. The defense of lack of right (falta de derecho) is upheld, in accordance with the analysis carried out in the preceding considerando. The defense of lack of right (falta de derecho), associated with the so-called "lack of cause (falta de causa)," invoked by the Instituto Nacional de Seguros is partially upheld. Regarding the complaint of Mr. [Name 002], the defenses of lack of passive legal standing and lack of current interest invoked by the Instituto Nacional de Seguros are rejected, as the complaint is based on a legal relationship between the parties on account of the insurance contract and the current interest in the resolution of this proceeding is proven by the nature of the compensatory claims formulated. It is worth clarifying that, while it is true that the property on which his action is based, namely, property 1-[Value 001]-001 002, was registered at the time of the events as the patrimony of a guarantee trust of [Name 023]-Bac San José - two thousand six, in the name of Credibanjo as trustee, it is deemed proven that the plaintiff was codebtor of the credit, that is, he has a direct interest in the application of the policy, as the declination thereof affects his patrimony concerning the credit obligation entered into. Therefore, it is deemed that he indeed has legal standing to act and bring claims against the Instituto Nacional de Seguros. Finally, regarding the action of Mrs. [Name 010], the exception of statute of limitations (prescripción) raised by the Local Government is dismissed. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the Municipalidad de Moravia and Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo is upheld. The defenses of lack of passive legal standing and lack of current interest alleged by Grupo Mutual Alajuela are rejected, since the plaintiff formulated a case theory associated with the original acquisition of the property through a credit with said financial entity, to which she attributed a lack of supervision that caused her damages, which is why it merited being brought into the proceeding. The defense of lack of interest is also rejected, as it is evident that the plaintiff maintains a current interest associated with her compensatory and declaratory claims. Finally, as explained in the preceding considerando, the exception of the statute of limitations (prescripción) invoked by the Instituto Nacional de Seguros is upheld.
VII.- Regarding personal and procedural costs (costas): In accordance with the provisions of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this Chamber of Judges deems that in the present matter, there are merits for litigation, as the object of the proceeding concerns the definition of the liability regime applicable to the specific case to the different actors of the construction and financial process for the acquisition of the properties, coupled with the fact that regarding the Instituto Nacional de Seguros for the case of the action of Mrs. [Name 010], no ruling on the merits was issued, as the exception of the statute of limitations (prescripción) applied. Therefore, this judgment is issued without a special award for costs (costas).
POR TANTO
Regarding the complaint of Mr. [Name 001], the exceptions of lack of active and passive legal standing are dismissed and the exception of lack of right invoked by Banco Popular is upheld, and the defense of lack of right of the Instituto Nacional de Seguros is partially upheld. Consequently, what is not expressly granted shall be understood as denied. The Instituto Nacional de Seguros is ordered to grant landslide coverage for the event that occurred on November 14, 2007, which affected the property insured by the plaintiff, in order to apply the insured amount. As a consequence of the application of the insurance contract, the collection of premiums for the related policy must cease. Regarding the complaint of Mr. [Name 003], the exceptions of lack of passive legal standing and current interest raised by Grupo Mutual Alajuela are dismissed. The defense of lack of right raised by the Municipalidad de Moravia and Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo is upheld. The exceptions of lack of active and passive legal standing raised by the Instituto Nacional de Seguros are rejected. The defense of lack of right invoked by the insurance entity is partially upheld. Consequently, the complaint filed by Mr. [Name 003] against Municipalidad de Moravia and Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo is dismissed. The complaint filed against the Instituto Nacional de Seguros is partially granted. Consequently, what is not expressly granted shall be understood as denied. The Instituto Nacional de Seguros is ordered to grant landslide coverage for the event that occurred on November 14, 2007, and in accordance with the insured amount. The Instituto Nacional de Seguros is ordered to pay, as subjective moral damage to the plaintiff, the sum of two million colones. Finally, regarding the application of the insurance contract, the Instituto Nacional de Seguros is ordered to recognize the sum insured as of the date of the loss according to the contract in force with the plaintiff [Name 003], the debt with Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo being deemed cancelled on account of the payment, if the sum insured covered the amount owed as of the date of the loss. As for the interest generated to date, it may not be charged to the plaintiff insofar as, with the application of the policy under the terms in force at the time of the events, the entire debt is covered. Should the plaintiff be registered before the Superintendencia de Entidades Financieras as a person not eligible for credit on account of the credit operation granted by Mutual Alajuela subject to this proceeding, once the debt is cancelled, it is ordered that such credit condition be removed. Regarding the complaint filed by Mr. [Name 027] against Banco Popular y de Desarrollo Comunal, the exceptions of lack of active and passive legal standing are dismissed. The defense of lack of right is upheld. Consequently, the complaint filed by Mr. [Name 027] against Banco Popular y de Desarrollo Comunal is dismissed. The defense of lack of right with respect to the Instituto Nacional de Seguros is partially upheld, so the complaint is partially granted. It must be understood that what is not expressly granted is denied. The Instituto Nacional de Seguros is ordered to apply the landslide coverage subscribed in favor of property number [Value 002]. Should the plaintiff's credit history be affected due to the decline of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to remove that record. With respect to the action of Mr. [Name 002], the defenses of lack of passive legal standing and current interest invoked by the Instituto Nacional de Seguros are rejected, and the defense of lack of right is partially upheld. Consequently, the complaint is partially granted, and the Instituto Nacional de Seguros is ordered to apply the landslide coverage subscribed in favor of property number [Value 001]. Should the plaintiff's credit history be affected due to the decline of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to remove that record. In relation to the complaint filed by Mrs. [Name 010], the defenses of lack of passive legal standing and lack of current interest alleged by Grupo Mutual Alajuela, as well as the statute of limitations (prescripción) invoked by the Municipalidad de Moravia, are rejected. The defense of lack of right invoked by Grupo Mutual Alajuela and the Municipalidad de Moravia, as well as the exception of the statute of limitations (prescripción) raised by the Instituto Nacional de Seguros, are upheld. Consequently, the complaint filed by Mrs. [Name 010] against Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, the Municipalidad de Moravia, and the Instituto Nacional de Seguros is dismissed. This judgment is issued without a special award for costs (costas). Notify. - Claudia Bolaños Salazar. Laura Gómez Chacón. Alejandra Soto Fonseca.
????????????????
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A ????????????????
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
ALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Responsabilidad civil de la Administración Subtemas:
Consideraciones sobre las competencias municipales en materia de licencias constructivas. Alcances del concepto jurídico indeterminado que emana de la frase “intereses locales”. Procedencia del reconocimiento de la suma asegurada conforme al contrato vigente con el actor producto de siniestro ocurrido en su vivienda.
Tema: Instituto Nacional de Seguros Subtemas:
Procedencia del reconocimiento de la suma asegurada conforme al contrato vigente con el actor producto de siniestro ocurrido en su vivienda.
Tema: Permiso de construcción Subtemas:
Consideraciones sobre las competencias municipales en materia de licencias constructivas. Alcances del concepto jurídico indeterminado que emana de la frase “intereses locales”.
"V. [.,..] 2) Sobre las competencias municipales en materia de licencias constructivas. Inexistente responsabilidad administrativa por vicios ocultos en materia constructiva. Ausencia de nexo de causalidad por hecho de terceros: Nuestra Carta Fundamental fija en el artículo 169 de forma puntual y sumamente amplia, el ámbito de competencias de los Gobiernos Locales, al señalar que: “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”. El concepto jurídico indeterminado que emana de la frase “intereses locales” nos permite comprender un amplio escenario de acción de las Municipalidades, máxime ante el desarrollo que de este concepto ha llevado a cabo nuestra Sala Constitucional, así como el legislador ordinario. Particularmente es de interés traer a colación, que nuestra Sala Constitucional ha puntualizado las competencias de los Gobiernos Locales en diversas materias entre las cuales se encuentra el desarrollo urbano, señalando en sus votos que es exclusiva la competencia de las municipalidades el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, para dicho ejercicio, se asisten de la promulgación de normativa, como son los planes reguladores así como las licencias constructivas. De esta manera, la regulación del crecimiento de las ciudades nace en primera instancia como una competencia exclusiva de orden municipal, la cual comienza a dejar esa exclusividad a partir de la participación de una serie de entidades y órganos públicos que intervienen en la ordenación del territorio, modificándose así la convergencia de responsabilidades en otros sujetos como los son el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -ente descentralizado-, y los Ministerios de Ambiente y Energía, con la Secretaría Técnica Ambiental (órgano desconcentrado) y el Ministerio de Planificación Nacional. De interés es mencionar, la relevancia que revisten las licencias constructivas, toda vez que responden al ejercicio del poder de policía de las municipalidades encuentran asidero normativo en el artículo primero de la Ley de Construcciones, que dispone que las municipalidades son las encargadas que las ciudades y demás poblaciones cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, belleza y comodidad, tanto en las vías públicas como en los edificios y construcciones que se levanten, sin perjuicio de las facultades que las leyes concedan en materia urbana a otros órganos administrativos. Es por esta razón, que los gobiernos locales deben asistirse de todos los medios que el ordenamiento jurídico les provea para el cumplimiento de tal obligación que es de interés público (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número 401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional) siendo el ejercicio del poder de policía, el pilar primordial de esta acción, entendiéndose por éste el reconocimiento de la competencia a las municipalidades para que, con fundamento en una ley, regulen y reglamenten la actividad, con el fin de asegurar el orden público, la belleza, la salud, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, en claro respeto de los derechos fundamentales de éstos. Así las cosas, es claro que la normativa constitucional y nacional, carga de gran responsabilidad a las Corporaciones Locales con respecto al control del crecimiento urbanístico y las condiciones que éste debe observar, labor que incluye tanto aspectos sanitarios como de seguridad, belleza y comodidad, los cuales son fundamentales para un desarrollo óptimo de los habitantes, los cuales requieren de estas características en su entorno para alcanzar calidad de vida. La Municipalidad por disposición expresa del legislador, es la entidad competente para otorgar las licencias constructivas, pese que se requiere entratándose de urbanizaciones, de la participación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el cual interviene a nivel de aprobación de planos constructivos, más sin embargo, la responsabilidad puntual en materia de autorización y supervisión del cumplimiento del bloque de legalidad recae en los Municipios [...]".
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Documento PJEDITOR ????????????????
Proceso: Conocimiento Actores: [Nombre 001] [Nombre 002] [Nombre 003] [Nombre 027] [Nombre 010] Demandados: Instituto Nacional de Seguros Municipalidad de Moravia Banco Popular y de Desarrollo Comunal Mutual La Vivienda Alajuela de Ahorro y Préstamo N° 2024001649 Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, anexo a. A las catorce horas con tres minutos del dieciocho de Marzo del dos mil veinticuatro.- Proceso de conocimiento acumulado de juicio oral y público, interpuesto por el señor [Nombre 001], [...], [Nombre 002], [...], [Nombre 027], [...], [Nombre 003], [...] [Nombre 010], [...], en contra del Instituto Nacional de Seguros representado últimamente por su apoderada especial judicial, la licenciada Jazmín Elena Calvo Ardón, portadora de la cédula de identidad número uno- mil doscientos dos- cero setecientos noventa, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, representado por su apoderado especial judicial, el licenciado Marvin Abarca Chaves, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda Ahorro y Préstamo, representado por su apoderado especial judicial, el licenciado Carlos Quesada Hernández y la Municipalidad de Moravia, representada por su apoderado especial judicial, el licenciado Roberto Morales Delgado.
RESULTANDO
CONSIDERANDO
I.- Hechos probados: De importancia para la resolución del presente asunto, se citan los siguientes hechos:
I.I. Hechos relacionados con [Nombre 001]: 1) En fecha 4 de mayo del 2006, el señor [Nombre 001] rubrica formulario de la firma Dinámica de Seguros S.A., comercializadora de seguros del INS, relacionada con la solicitud para seguro colectivo de vida colectivo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ver imágenes 404 y 405 del expediente judicial digital); 2) En fecha 4 de mayo del 2006, el arquitecto Ricardo Solano Alvarado, informa del avalúo n°IA 3963ts-2006, cuya visita en sitio fue en fecha 26 de abril del 2006, relacionado con el inmueble con el número de folio real [Valor 005], advirtiendo como condiciones de riesgo: "por deslizamiento /por alta pendiente y talud". Asimismo, se indica que: "... para este bien, no se realizaron pruebas "in situ", con el fin de comprobar en el caso de obras civiles, la calidad de la resistencia mecánica de los elementos estructurales, o la calidad de los sistemas eléctricos y mecánicos. En el caso del terreno, no se realizaron análisis de drenaje, conductividad eléctrica, conductividad hidráulica, compactación, infiltración, textura ni pedregosidad, ni clasificación de horizontes, por lo que no se asume responsabilidad por vicios ocultos presentes en este inmueble". (Ver imágenes 429 a 435 del expediente judicial digital); 3) En fecha 29 de mayo del 2006, se celebra escritura pública mediante la cual, el señor [Nombre 001] adquirió la propiedad del partido de San José, matrícula N°[Valor 005], ubicada en el cantón de Moravia, distrito la Trinidad, constituyéndose a su vez hipoteca a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, conforme a crédito otorgado a favor del adquirente por la suma de cincuenta y un mil dólares. (Ver imágenes 372 a 380 del expediente judicial digital); 4) Que la propiedad del señor [Nombre 001] número de finca [Valor 005], contaba con la póliza Hogar Seguro 2000, Colectivo Banco Popular por el monto de 27.372.050 colones como monto de cobertura, con los tipos ABCD, siendo el Banco Popular y de Desarrollo Comunal el acreedor (Ver folio 01 del expediente administrativo INSSJ-01639-2009); 5) Que la póliza Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo, indica en la parte I, artículo 4, Inclusión Automática, inciso 3:"I.- No se otorgará cobertura bajo ninguna circunstancia: 3.- Cobertura de Inundaciones y Deslizamientos, temblor y terremoto, y vientos huracanados: a) Cuando la vivienda se encuentre al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud. Si el talud forma parte del cauce de un río, lago u otro deposito natural, la distancia no podrá ser menor a 20m². (Ver referencias en los folios 56 y 78 del expediente administrativo INSSJ-01639-2009); 6) En fecha 14 de noviembre del 2007 ocurre un deslizamiento del área de parque infantil, casetilla de guarda y parte de la calle de acceso al [...] así como daños a algunas viviendas de la [...], que incluyen al inmueble propiedad del actor (el informe del Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Fraudes, número 71-F-08-CI del 26 de febrero del 2008, visible en las imágenes 1066 a del expediente judicial digital); 7) Mediante la orden sanitaria número 12- 2007, de fecha 16 de noviembre del 2007, emitida por el Área Rectora de Salud Moravia del Ministerio de Salud y dirigida al señor [Nombre 001] Ditttel del [...], se le comunica lo siguiente: "Por ser de interés público y de acato obligatorio en el plazo indicado y mediante valoración en el sitio por parte de la Unidad Protección al Ambiente Humano se le ordena que: 1) La vivienda de su propiedad ha sido declarada inhabitable. Dado que en el entorno se generó un deslizamiento, su propiedad se ubica dentro del área de afectación y se declara el sitio como de alto riesgo, de acuerdo con el criterio de la CNE. 2) Por tanto a partir de su notificación indicada debe de desalojar por prevención el inmueble hasta tanto se cumpla con los estudios geotécnicos que garanticen la estabilidad del área. 3) Se le apercibe que el incumplimiento de este acto se procederá con el desalojo en compañía de los funcionarios de la Fuerza Pública. Lo anterior por constituirse sus condiciones en un peligro para la salud y seguridad de sus ocupantes y dadas las características de construcción que presenta el inmueble ...". (Ver folio 623 del tomo 1b, del expediente administrativo penal); 8) El señor [Nombre 001] interpone un reclamo de aplicación de la póliza de seguros ante el Instituto Nacional de Seguros, al cual se le asigna el número de caso I-2007-729, como consecuencia del deslizamiento del 14 de noviembre del 2007, que afectó su vivienda. (Hecho no controvertido); 9) A través del oficio INSSJ-05681-2008, del 27 de junio del 2008 la Subdirección de la Sede central del Instituto Nacional de Seguros se dirige al señor [Nombre 001], y le comunica que: "Debido a que el bien asegurado se encontraba a una distancia menor con relación al talud de la dispuesta por el Instituto, en las Condiciones Generales del Seguro por el cual se tramita el presente caso, según estudio topográfico realizado, corresponde aplicar lo previsto en la Cláusula 4a, inciso 1.-3.-) y párrafo final de las Condiciones Generales del Seguro (...). De esta manera, el bien asegurado, no debió ser incluido en una póliza y de serlo, el Instituto está relevado de pagar cualquier reclamo, sobre bienes asegurados en estas condiciones, es decir, contractualmente el bien en cuestión no esta amparado por la póliza. Dado lo expuesto anteriormente, debemos proceder a declinar el reclamo...". Dicha decisión, se mantuvo por la entidad hasta el agotamiento de la vía administrativa. (Ver imágenes 510 y 511 del expediente judicial digital) y 10) En el reporte crediticio expedido por el Banco Popular en fecha 05 de marzo del año 2024, se indica que al mes de enero del año 2024, el señor [Nombre 001], conserva la condición de deudor de la operación en moneda dólares. Advierte el apoderado del Banco Popular, que: "Si bien la operación presenta estado actual de arreglo de pago al día, aun y cuando el último pago fue el 29 de mayo del 2006, se aclara que esto obedece al acatamiento de la medida cautelar". (Ver imágenes 3851, 3852 y 3856 del expediente judicial digital).
I.2 Hechos relevantes con relación a [Nombre 003]: Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: 1) En fecha 28 de abril del 2005 se realizó por parte del Arq. Álvaro Saborío Ruiz el informe de avalúo del inmueble con el folio real número [Valor 007], que corresponde a la filia número 17, para la Mutual Alajuela-Agencia San José. El avalúo refiere al valor de la propiedad, relacionado con el área de la finca, valor unitario de ésta así como del área construida. (Ver imágenes 2678 a 2680 del expediente judicial digital); 2) Mediante escritura pública del día 13 de mayo del año 2005, la firma Desarrollos Panorámicos del Este Sociedad Anónima, vende al señor [Nombre 003], el inmueble con el número de matrícula de folio real [...], que es finca filial número diecisiete destinada a uso habitacional en proceso de construcción de una planta con área de jardín, patio de luz y tendido, sita en el distrito tercero del cantón décimo cuarto Moravia, de la provincia de San José, constituyéndose a su vez, hipoteca en primer grado a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ver imágenes 2616 a 2622 del expediente judicial digital); 3) En fecha 13 de mayo del 2005, el inmueble inscrito en el folio real [Valor 008], del partido de San José, cuyo deudor es el señor [Nombre 003] fue incluido en la póliza colectiva número INM-246, cuyo asegurado es Mutual Alajuela, con ocasión de la operación número [Valor 009], sin descripción alguna del inmueble. (Ver imagen 2641 del expediente judicial digital); 4) Que dentro de los cobros a realizar al señor [Nombre 003] con ocasión del crédito hipotecario otorgado, se incorpora la póliza de vida y póliza de incendio. (Hecho no controvertido, ver imagen 2634 del expediente judicial digital); 5) El señor [Nombre 003] contaba con la póliza número 01 01 1NC0586874 02 0001, emitida el 27 de mayo del 2005, con vigencia desde el 31 de diciembre del 31/12/2006 al 31/12/2007, póliza colectiva Hogar seguro 2000, coberturas A, B, C y D, por un monto de veinte millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos colones, sobre la finca del partido de San José, cantón Moravia, distrito Trinidad, número de finca [Valor 008]. (Ver folio 8 del expediente administrativo I- dos mil siete, setecientos setenta y ocho, certificación INSSL-08941-2009); 6) Mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2007 y recibido el día 19 de ese mismo mes y año por la Sección de Seguros, Oficinas Centrales, el señor [Nombre 003] solicitó a la Mutual la indemnización de la póliza, por los daños ocurridos en su vivienda a raíz del deslizamiento. (Ver folio 3 del expediente administrativo I- dos mil siete, setecientos setenta y ocho, certificación INSSL-08941-2009). 7) En fecha 20 de noviembre del 2007, el INS, recibió reclamo planteado por la Mutual, en relación con la póliza madre INM-246, póliza colectiva comercial. (Ver folio 4 del expediente administrativo I- dos mil siete, setecientos setenta y ocho, certificación INSSL-08941-2009); 8) El Instituto Nacional de Seguros a través del oficio INSSJ-05829-2008 de fecha 02 de julio de 2008, Sede Central, declinó el reclamo administrativo del actor por ser daños consecuenciales y al considerar que la propiedad nunca debió ser asegurada al encontrarse la vivienda sobre un talud. (Ver folios 52 a 54 del expediente administrativo INSSL-08941-2009); 9) La señora [Nombre 013], [...]. Expresó que es la esposa de don [Nombre 003]. desde el año 2006. Recuerda que para esos esos años trabajaba como regente farmacéutica de una empresa de un tío, era empresa distribuidora de medicamentos. Conoció a [Nombre 003] en el año 2005, se casó en el año 2006 y hasta el momento siguen juntos. En el 2006, el ya tenía la casa, ya la había adquirido. Se fue a vivir con él, le invirtieron dinero a la casa, precisa que entre las inversiones se encuentra un sobre de granito a la cocina, un armario de madera fino y piso antideslizante a cochera. En el 2007, estaban alistándose en la mañana para ir a trabajar y hubo una fuga de agua grandísima, caía sobre el [...], pero tenían que irse a trabajar. Se fueron. En la tarde, llevaban maestría en administración de empresas en la "U" Fidelitas y tenían que llegar temprano para alistarse para irse a clase presencial. Escucharon estruendo fuerte, era como un temblor, vieron por la ventana como cayó un talud de tierra y la caseta del guarda y un área común. Iba bajando, era un deslizamiento. Cogieron la mascota, y salieron corriendo. Se colocaron en la parte más alta del condominio. Ahí comenzó a llegar la gente, gritaban, lloraban. No sabían si había alguien bajo la tierra. Fue espantoso. No podían salir porque había como un hueco. Llegaron los bomberos y la cruz roja y los sacaron a todos, incluso a las mascotas. Luego, vivieron un martirio, les dijeron que no podían volver a entrar y ahí estaban sus cosas. No pudieron volver a entrar, perdieron todo. Al tiempo, la CNE y el Ministerio de Salud declararon el lugar inhabitable. Perdieron todo. No pudieron sacar absolutamente nada. Quedó como un hoyo, recuerda que no podían pasar, les ataron cuerda a la cintura, no recuerda si pusieron una tabla y cuerda y los pasaron para que pudieran salir. El sitio fue el [...], quedó inhabitado y destrozado. Es en la entrada donde se da el deslizamiento y ese era el único acceso al condominio. Reitera que salieron ese día y esa primera noche se fueron donde un tío que vivía por ahí, no tenían nada. Al tiempo, decidieron alquilar. El problema, era que [Nombre 003] debía pagar la cuota del banco y la del alquiler. El se encargaba de eso y ella de los demás gastos, comida y ropa. En algún momento se le citó a [Nombre 003], ella lo acompañó al juzgado penal, con la constructora y los vecinos. La constructora les ofreció a los vecinos pagarles el crédito, todos accedieron, pero [Nombre 003] no, porque le parecía un atropello y además tenían una cuota del INS. Precisa que ella llevaba las colillas del banco donde se pagaba la mutual y ahí se cobraba la póliza. [Nombre 003] estaba positivo, porque decía que INS les iba a pagar. Fueron a la Mutual, pero dijeron que de ellos no dependía, sino el INS, pero éste dijo que no podía pagar la póliza de seguro porque casa estaba construida cerca de un talud, el mundo entonces "se les vino encima". Fue peor. Hubo demasiados daños, el que le afectó más, fue que el tenía empresa e importaba productos de cuidado oral, hilos dentales, enjuagues, cepillos, etc, para distribuir en Costa Rica y centroamérica. Era producto de capital de trabajo pedido en el Banco, les iba muy bien y se cayó porque la mutual lo declaró sujeto de no crédito y lo puso moroso ante la sugef. Vio documento y el banco ya no le prestó por ello. Ya no pudo comprar producto para venderlo. Trabajaba [Nombre 003] también con CALOX y como era visitador médico ocupa vehículo, pero le negaron el crédito. El laboratorio le daba carro, pero el problema era que no se podía pagar, la cuota era muy alta en el laboratorio. La peor parte, él cambió, dejó de ser amable, sociable y tranquilo, se volvió persona deprimida, agresiva, le daban ataques de pánico. A veces despertaba en la noche y él viendo por la ventana. Buscaron tratamiento psiquiátrico y le enviaron antidepresivos: ribotril para crisis y Exapro para todos los días. Él cambió como esposo, fue otra persona, lo que también le afectó. Hasta el día de hoy, los toma, lo mantiene y todavía tiene crisis. Toma ambos medicamentos indicados enviados por médico psiquiátrica, Dr. Sancho de la Católica. No pudo comprar el vehículo. [Nombre 003] se alejó, se aisló, al principio era muy amable, atento, con sus amigos y la gente en general, por el problema se aisló, no quería ver a nadie ni ver a nadie. Para ser visitador médico debe tenerse aptitud "bonita" y se sentía triste. Importaba los productos de México y China, era una marca muy buena de cepillos de dientes y otros productos de China. El banco que lo financiaba era Cathay. Como trabajaba con su tío, quien estaba muy bien económicamente, hacía negocios con ese banco, sirvió de figura y fiador para el negocio, pero luego el banco dijo que no. Viven actualmente en una casa de Moravia, que era del Tío. Ante el contrainterrogatorio contestó que desconoce si [Nombre 003] siguió pagando el crédito. Sí sabe que en su momento, la constructora hizo ese acuerdo con los vecinos, pero [Nombre 003], no aceptó. En cuanto al tratamiento psiquiátrico, empezó cuando el INS les dijo que no les iba a pagar, [Nombre 003] empezó con ataques de pánico. Recuerda que los sacaron del sitio Bomberos y Cruz Roja, días después les dijeron que estaba inhabilitado el lugar, esto días después, lo indicó la CNE y el Ministerio de Salud. La empresa de [Nombre 003] no la cerraron en el momento, pese que no podía seguir laborando, no tenía el dinero para seguir comprando los productos. No cerraron la sociedad esperando a ver que pasaba. Hoy, 17 años después, están empezando a retomar la actividad de la empresa. No le consta que haya sido objeto de demanda de cobro judicial. El condominio era una entrada con portón, caseta de guarda y luego todas las casas. Tierra cayó en entrada, caseta de guarda y área común. Se hizo hoyo enorme en la única entrada. No afectó directamente a las casas, pero no precisa. luego Ministerio de Salud dijo no pueden vivir ahí. No tenía vecinos mucha relación con los vecinos. Se alistaba ese día para salir a trabajar, era una fuga, vio el poco de agua que venía y caía al parque que había en [...], pero se fue a trabajar. Quedó en la idea que los vecinos iban a solucionarlo. Era exagerada la cantidad de agua. En la tarde, se oyó estruendo y vio talud de tierra, cayó caseta del guarda. No recuerda si la fuga estaba cerca de ese lugar. La fuga estaba por debajo de la casas, sí era mucha cantidad de agua. No recuerda que había agua, no vio el hueco, salió con miedo y llorando. La empresa del proceso penal era una constructora. No indemnizó a [Nombre 003] la empresa. La actividad de empresa la desarrollaba por medio de persona jurídica, Corporación Farmacéutica. La empresa dejó de importar y comercializar productos porque no había capital, al no ser sujeto de crédito, el Banco no le prestaba dinero. Dejaron abierta la sociedad pero no se siguió vendiendo. El reinicio es ahora en enero. Ante el interrogatorio del Instituto Nacional de Seguros, contestó que: “... no recuerda cuando el INS le declinó el reclamo, ni cuando su esposo empezó con el tratamiento psiquiátrico.” En cuanto al interrogatorio de la representación del Grupo Mutual Alajuela, señaló que: Recuerda que los sacaron del sitio, Bomberos y Cruz Roja, días después les dijeron que estaba inhabilitado el lugar, esto días después, lo indicó la CNE y el Ministerio de Salud”. Ante la pregunta, si le consta que su esposo haya llevado a cabo actos de aseguramiento sobre los bienes que quedaron dentro de la vivienda o gestionado ante alguna de esas entidades poder sacar estos bienes, ante lo que la testigo indicó “no recuerdo”. (Declaración transcrita en las imágenes 3659 a 3661 y observaciones de las partes añadidas conforme a las indicaciones en las imágenes 36976 y 3697 del expediente judicial digital); 10) El señor [Nombre 016], [...]. Manifestó que conoce a [Nombre 003], fueron amigos. Trabajó en Farmacias Fishel, por ahí del año 1999, 2000 y [Nombre 003] llegó a trabajar en 2003 y 2004 y se conocen. Actualmente es profesor en la UNED y para el MEP en dos colegios, en el nocturno de Cartago y Vicente Lachner. Conoce a [Nombre 003] desde el año 2003 o 2004, fueron compañeros de trabajo, eran muy amigos, conocían sus proyectos. [Nombre 003] vivía en un apto pequeño, era regente farmacéutico. Trabajaba muchísimo, fines de semana, feriados. Ahorró dinero. Pasaron los años, adquirió casa en condominio, fue unas tres veces antes de casarse [Nombre 003] y unas tres veces después. Cuando eran solteros, se quedó a dormir en la casa y vio las condiciones de la casa. Antes de casarse con [Nombre 013], vivía como soltero, comía afuera, tenia muebles que le dió el condominio, se casa luego con [Nombre 013], y cuando va luego de ello, a visitarlo, la casa era otra cosa, ya había orden, cambio de muebles, el de cocina era grande, en piso, cielo raso. Aclaró que vivía soltero [Nombre 003] con compañero. Casado tuvo que irse éste. Los eventos ocurrieron en 2007 si no se equivoca, y ya no trabajaba el testigo y [Nombre 003] para la Fischel pero se seguían comunicando. Salió en las noticias el tema del condominio. Trabajaba para Medics de Centroamérica el testigo y tenía a su cargo un pick up y al darse cuenta que hay caos, le llamó a [Nombre 003] y puso a su disposición el cargo. Había presa en Moravia, no pudo llevar al lugar porque CNE cerró. [Nombre 003] le explicó que cerraron y no los van a dejar a entrar. Luego se vio con [Nombre 003], conversaron. [Nombre 003] muy afligido, en crisis de nervios. Se refirieron a que era un tema material y que la casa estaba asegurada. Pensaron que se repondría, pasaron los días. [Nombre 003] y [Nombre 013] se fueron a vivir a un departamento. La angustia fue por empezar de cero, vacío, sin muebles, vio un colchón. A los pocos días vio en las noticias que mismos vecinos de la zona se estaban robando las cosas, no sabe cómo entraban. Empezaron a desmantelar las casas. En las noticias vio un señor cargando un inodoro. Llegó al nuevo departamento para ver como les ayudaba y no tenían nada. Le dijeron que no habían podido sacar nada. [Nombre 003] muy angustiado, pasaba muy preocupado, conversaban a menudo, preguntando qué va a hacer, porque tenían que pagar casa, un alquiler y también tenía negocio con empresa propia que traía productos del extranjero, de México y China los importaba y los colocaba aqui. [Nombre 003] sabía que faltaba, por ejemplo, cepillos para frenillos. Comenzó a importarlos. Le iba bien, tenía ruta de distribución. Tenían un agente para distribuir, era un negocio ya bien formado. Recuerda la angustia, no podía seguir adelante, seguir pagando para evitar manchas en Sugef, pagar el alquiler, recién casado y el negocio, necesitaba dinero. Le prestó el testigo algo de dinero, pensando que pronto le pagarían el seguro. Logró pagarle, a duras penas, poco a poco. [Nombre 003] se afligió mucho, le generó a nivel emocional, distancia y tiempo, [Nombre 003] se aisló, lo empezó a ver poco. Saldó deuda pero ya no se veían. Esto le afectó mucho. Pasaron como 5 años para cuando lo vio para el juicio. La última vez que los vio, a [Nombre 003], esposa y abogada fue el juicio anterior. No volvió al condominio el testigo, [Nombre 003] y noticias decían que no podían entrar. La amistad no igual, por aflicción de [Nombre 003]. Pero no volvió a tener relación igual que antes, sabe que estuvo muy afligido, lo estresó mucho el ver cómo le pagaba al amigo. Se comía las uñas, tenía problemas de ansiedad que se generó con esto. Ante el contrainterrogatorio contestó que antes de casarse [Nombre 003], casa vacía, pocos muebles, el mueble de cocina era de melamina. Ya casados, "Vivi" le enseñó laminado de pisos, algo en cielo raso, se veía más clara la casa y muebles de cocina. No le consta si menaje estaba asegurado. No le consta que [Nombre 003] hiciera alguna gestión para sacar las cosas. El negocio, le consta que era rentable porque [Nombre 003] tenía bodegas y producto comenzó a crecer, pero recuerda que tuvo agente distribuidor. Con respecto al negocio estaba muy feliz, le iba muy bien. (Declaración registrada en audio y video) y 11) En la certificación de cancelación emitida en fecha 29 de febrero del año 2024, por Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, se indica que el monto original del préstamo del señor [Nombre 003], por la suma de $43.900.°° (cuarenta y tres mil novecientos dólares) constituido en fecha 13 de mayo del año 2005 y asociado a la finca número [Valor 008], fue pagado el 06 de setiembre del año 2013 bajo la modalidad "liquidación OP Castigadas". (Ver imagen 3845 del expediente judicial digital).
I. 3 Hechos relevantes de la acción de [Nombre 002]: Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: 1) La finca del partido de San José matrícula de folio real [Valor 001]-001 y 002, fue inscrita a favor de CREDIBANJO S.A., al ser esta propiedad fiduciaria, conforme a la voluntad de los fideicomitentes que se constituyen en deudores, [Nombre 023] y [Nombre 002]. (Ver folios 842 a 844 del expediente judicial). 2) El Bac San José S.A., emitió un contrato colectivo del Seguro de Incendio Hogar Seguro 2000 0116INM0000012, suscrito por Bac San José S.A., el cual agrupa las pólizas individuales de los asegurados cuyas casas de habitación tienen acreencia con dicha entidad bancaria. 3) Que la póliza hija 0116INC11507, estaba a nombre de CREDIBANJO y tenía las siguientes condiciones particulares: fecha de emisión: 27-06-2006, número de póliza de emisión 01 16 INC 0011507-00, número de póliza actual 01 20 INC 0009003-04, vigencia 31-12-2009 al 31-12-2010. Monto asegurado 19.607.240,00. Rubro asegurado edificio. Número de finca [Valor 015] (ver folio 956 del expediente judicial que corresponde a la imagen 1382 del expediente judicial digital). 4) CREDIBANJO S.A., era el fiduciario dentro del contrato de fideicomiso y parte del patrimonio de este era la finca del partido de San José matrícula de folio real [Valor 001]-001 y 002 (Ver folios 842 a 844 del expediente judicial, visible en las imágenes 1264 a 1266 del expediente judicial digital) y 5) La señora [Nombre 023], portadora de la cédula de identidad número [...]. Expresó que es la esposa de [Nombre 002]. Tienen 26 años de estar juntos. Compraron la casa porque se fueron a vivir juntos. Precisa que tomaron un crédito en el banco y tuvieron el suceso, cayó terraplen donde el condominio y la póliza no se aplicó, vivían tres personas. Nadie estaba en la casa el día del evento, que afectó su vivienda en [...], en la Trinidad de Moravia. El crédito fue con el BAC. El banco pidió capacidad de crédito y una serie de documentos para hacer el avalúo, prestaron el 100% porque terreno valía más de lo que se pedía. Afirmó que ya viene implícita en el contrato de crédito la póliza de seguro, no puede renunciar a eso, viene dentro de las mensualidades. Luego del evento, se devolvió a su casa donde vivió con sus 2 hermanos, regresaron 2 perros y 3 personas, estuvieron hacinados, durmiendo en la misma cama y se supone que era momentáneo, pero no lo fue. Hasta el día de hoy vive con su hermano, ya que se fue uno. Se les cayó la casa y el mundo, estaba embarazada, [Nombre 002] perdió el trabajo, tenían buena situación económica. Compraron todo nuevo, llegaron a vivir en un cuarto, durmiendo los 3 en una misma cama, hijo de 11 años, las ratas se comieron la ropa, todo amontonado. Tuvo que asumir las cosas porque [Nombre 002] perdió el trabajo y perdió también el bebé. El evento fue un miércoles y la semana siguiente se dio cuenta de su estado de embarazo. En ese tiempo, tuvieron que jalar muchas cosas, no comía bien. Pérdida por el estrés y esfuerzo físico. Acudieron al área de crédito, hubo plazo de suspensión del cobro, durante un tiempo no cobraron ya que ellos estaban realizando trámites ante el INS y luego lo pasaron a cuenta deudora, mientras tanto no pagaron más. Ni tampoco pagaron más dinero. No se aplicó la póliza nunca. Su persona y su hijo recibieron tratamiento con psicólogo privado. (Declaración registrada en audio y video); I.4 Hechos relevantes de la acción de [Nombre 010]: Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: 1) En fecha 15 de julio del año 2004, se inscribe ante el Registro Público a nombre de la señora [Nombre 010] la propiedad la propiedad horizontal de uso habitacional del partido de San José, matrícula de folio real número [Valor 011], que es filial número ocho destinada a uso habitacional. Dicha propiedad, soportaba hipoteca en primer grado a favor del Banco Bac San José S.A. (Ver folios 2 y 3 del legajo de prueba documental aportada por la señora [Nombre 010]); 2) Que la póliza de incendio número 01 16 INC 0012380 02, a nombre de [Nombre 010], con vigencia desde el 31 de diciembre del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008, cuya forma de pago es mensual y está pagada hasta el 31 de agosto del 2009, que cubre la propiedad de folio real [Valor 011] ubicada en San José, Moravia, La Trinidad, cuyo monto asegurado es de 18.510.784,00. La propiedad asegurada es la finca [Valor 011], cuyo acreedor es el Bac San José S.A. (Ver imágenes 1996 a 1999 del expediente judicial digital); 3) Para la fecha en la que ocurrió el siniestro, 14 de noviembre del 2007, la señora [Nombre 010], no contaba con operaciones de crédito con Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, a haberse cancelado en fechas 25 de setiembre del 2004 y 21 de diciembre del 2006 (Ver certificaciones en las imágenes 3843 y 3864 del expediente judicial digital); 4) Mediante la orden sanitaria número 2007, de fecha 16 de noviembre del 2007, emitida por el Área Rectora de Salud Moravia del Ministerio de Salud y dirigida a la señora [Nombre 010] del [...], se le comunica lo siguiente: "Por ser de interés público y de acato obligatorio en el plazo indicado y mediante valoración en el sitio por parte de la Unidad Protección al Ambiente Humano se le ordena que: 1) La vivienda de su propiedad ha sido declarada inhabitable. Dado que en el entorno se generó un deslizamiento, su propiedad se ubica dentro del área de afectación y se declara el sitio como de alto riesgo, de acuerdo con el criterio de la CNE. 2) Por tanto a partir de su notificación indicada debe de desalojar por prevención el inmueble hasta tanto se cumpla con los estudios geotécnicos que garanticen la estabilidad del área. 3) Se le apercibe que el incumplimiento de este acto se procederá con el desalojo en compañía de los funcionarios de la Fuerza Pública. Lo anterior por constituirse sus condiciones en un peligro para la salud y seguridad de sus ocupantes y dadas las características de construcción que presenta el inmueble ...". (Ver folios anexos al expediente administrativo INSSJ-11002-2009, del Instituto Nacional de Seguros relacionados con el caso número 2007-747 a nombre de [Nombre 010]); 5) En fecha 15 de diciembre del 2007, el ingeniero Miguel Bolaños Sequeira, rinde informe de consultoría a la sede central del Instituto Nacional de Seguros, con relación al evento del deslizamiento que genera el reclamo I-2007-747, de la señora [Nombre 010], concluyendo en lo que interesa que: "...El deslizamiento ocurrido el 14 de noviembre 2007 se presentó de forma súbita, las primeras evidencias se manifestaron en la mañana de ese día y en la tarde se movilizó un volumen importante de material que destruyó cuatro viviendas localizadas al pie del talud deslizado. En el caso de la Sra. [Nombre 010] su vivienda se localiza en los [...], los que no se vieron afectados directamente por el deslizamiento, únicamente se perdió parte de las áreas comunes como el gimnasio y un salón de actividades. Además, se presentó pérdida total de la calle de acceso al condominio, la que se deslizó con el evento ya comentado. La causa probable del deslizamiento se asocia con la falta de cimentación de los muros de gaviones, cimentación que fue realizada sobre un estrato de rellenos mal compactados y de consistencia blanda. Además el deslizamiento se vio favorecido por la presencia de un talud de muy alta pendiente y no se descarta la presencia de agua en el terreno. Los daños de la vivienda son prácticamente nulos y corresponden con daños anteriores a la ocurrencia del deslizamiento de noviembre de 2007, debido a problemas constructivos típicos de una edificación nueva. (...) El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria (..) ante esta situación esta vivienda tiene una pérdida total por funcionabilidad ya que fue declarada inhabitable, no dispone de los servicios básicos de agua potable y electricidad". (Ver folios 23 a 35 del expediente administrativo INSSJ-11002-2009, del Instituto Nacional de Seguros relacionados con el caso número 2007-747 a nombre de [Nombre 010]); 6) A través del oficio INSSJ-05830-2008, del 02 de julio del 2008, la sede Central el Instituto Nacional de Seguros declina el reclamo interpuesto por la señora [Nombre 010] con relación a deslizamiento del terreno ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2008, por cuanto la póliza 01-16-INC-12380 suscrita a su nombre, corresponde a un seguro de incendio bajo la modalidad de riesgo nombrado, de manera que cubre los riesgos expresamente detallados en el contrato. Se añade, que de acuerdo con el profesional asignado al caso en el lugar no se presentan daños relacionados con el evento de deslizamiento dado que el mismo no afectó su vivienda. Se recorrió la vivienda poniendo especial atención a la determinación de agrietamientos y/o fisuras, pero no se encontraron daños que se puedan asociar al evento reportado. No se observaron deterioros en paredes, en pisos o en cielos. Tampoco se encontraron problemas a nivel de la estructura. Durante la visita se pudo verificar que la vivienda fue sometida a actos de vandalismo que la afectaron grandemente, pero esa situación es independiente del deslizamiento y obedece que al darse la orden de desalojo, las viviendas quedaron sin el cuido necesario y se presentó el saqueo de todo lo que representaba algún valor. Por su parte, el contrato póliza en su sección IV, establece que cualquier tipo de daños consecuenciales producto de un evento no son objeto de indemnización (...) De acuerdo a la información recopilada al bien asegurado se encontraba a una distancia menor con relación al talud de la dispuesta por el instituto, en las condiciones generales del seguro por el cual se tramita el presente caso, según estudio topográfico realizado, corresponde aplicar lo previsto en la cláusula 4°, inciso 1-3, y párrafo final de las condiciones generales del seguro (...), De esta manera, el bien asegurado no debió ser incluido en una póliza y de serlo, el Instituto está relevado de pagar cualquier reclamo, sobre bienes asegurados en estas condiciones, es decir, contractualmente el bien en cuestión no está amparado por la póliza". (Ver folios anexos al expediente administrativo INSSJ-11002-2009, del Instituto Nacional de Seguros relacionados con el caso número 2007-747 a nombre de [Nombre 010]); 7) Mediante el oficio DSG-1339-2008 del 06 de agosto de 2008, la Dirección de Estudios Generales del Instituto Nacional de Seguros, rechaza los recursos interpuestos y da por agotada la vía administrativa. (Ver folios 80-81 del expediente del reclamo 1-2007-747); 8) [Nombre 021], [...]. Es amiga de [Nombre 010] desde hace 30 años. Declaró que no recuerda el año, fue hace mucho. En la propiedad estaba la señora que cuidaba al niño y éste. La propiedad se cayó, no sabe si fue deslave, toda la entrada del condominio se cayó, no podían pasar carros. Fue días después y observó lo relatado. La parte de la entrada no se podía pasar con vehículo. Luego fue e ingresó a la casa. Tuvieron que dejar todo botado por la declaratoria de inhabitable. Recuerda que se robaron cosas de la casa, se comenzó a desmantelar, quedó solo el cascarón. La casa era en la Trinidad de Moravia, no recuerda el nombre del condominio. En cuanto a la pregunta en torno a la reacción de [Nombre 010], señala que ella la llamó que algo había pasado, la preocupación era que el niño estaba en la casa, a más o menos esa hora el chiquito salía a jugar con el vecinito, tenía ese susto, se dieron cuenta por dicha que el niño no estaba afuera. La llamada fue el día del evento, al final del día. [Nombre 010] se preocupó primero por el chiquito, ella maneja bien las situaciones de estrés en el momento. Al principio resolvió pero luego tuvo ataque de ansiedad, las palpitaciones le cambian, le volvió a dar por toda la situación. Luego vino el estrés de donde alquilar, sacar los muebles. Le costó mucho donde alquilar, salía ella en las noticias, no pudo alquilar en esa zona, no sabe si por esa razón, sino que se quedó por donde la zona de los papás. Acababa de superar tema de salud y se vino esa situación. Tenía ya como 2 años de estar ahí, tenía vida normal y con su negocio, no tenía de momento la casa, el niño ya no iba a la misma escuela, el crédito lo tenía que seguir pagando. Situación anímica, en medio de que entró y salió sacando cosas, se golpeó pie o tobillo. Estuvo bien difícil. No podía darse el lujo de enfermarse y su niño con siete años. Ante las preguntas, contesta que había un vecinito que jugaba con el hijo de la actora, se iban a la vuelta, en el lado final del condominio, el susto era ese, porque podían estar jugando ahí. En ese momento nadie le podía contestar, porque no había nada en la casa. Sabe que el niño quedó solo porque la señora que lo cuidaba salió corriendo, fueron los bomberos por él. Hablaba con la actora y ella le contaba los eventos, por ejemplo lo de los bomberos. Después del evento, si el niño oía retumbos o truenos, el niño buscaba a la mamá. Eso le comentaba doña [Nombre 010]. Sabe que [Nombre 010] y el niño tuvieron que llevar tratamiento con psicológico. No sabe de enfermedad. Los ataques de ansiedad se le daban más seguido, eso sí lo vio, no era solo por eso, sino por eventos de la vida normal. Se pone verde, se desmaya, hay que estarle dando azúcar. Ella tenía un negocio, ella montaba planes y productos para publicidad. Resolver la situación, le complicó la vida para seguir trabajando. Ella perdió el negocio porque no podía dedicarse al 100% al asunto. Explicaba de préstamos, como movía dinero y promocionaba mejor su negocio. Todo esto ella le contaba. Asunto de salud tenía previo de la actora, pero no sabe diagnóstico. Los episodios de ansiedad antes del evento no le constan ni en el momento. Aclara que lo relatado respecto a la empleada que se fue de la casa, fue por lo indicado por [Nombre 010]. Sabe que ella tenía un crédito y lo estaba pagado. No ganaba tanto, por una deducción lógica lo indica. Ella le contaba de sesiones de psicóloga. No iba a esas sesiones. No le consta porqué perdió el negocio la actora, sabe que tuvo dificultades y le pidió dinero prestado. Los papás vivían en la zona de Higuito. No sabe cómo lo resolvió, cree que no lo cambió de escuela, pero no está segura. Otros temas de ansiedad eran temas de trabajo, tenía un evento grande de un cliente, la acumulación del estrés y encima con este tema. (Declaración registrada en audio y video); 9) En la certificación de cancelación emitida en fecha 1 de marzo del año 2024, por Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, se indica que el monto original del préstamo de la señora [Nombre 010] por la suma de ¢6,780.000.°° (seis millones setecientos ochenta mil colones) constituido en fecha 27 de noviembre del 2003 y fue pagado en efectivo el 25 de setiembre del 2004. (Ver imagen 3844 del expediente judicial digital) y 10) En la certificación de cancelación emitida en fecha 8 de marzo del año 2024, por Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, se indica que el monto original del préstamo de la señora [Nombre 010] por la suma de $43.400.°° (cuarenta y tres mil cuatrocientos dólares) constituido en fecha 12 de noviembre del 2004, fue pagado con cheque el 21 de de diciembre del año 2006. (Ver imagen 3844 del expediente judicial digital).
I.5 Hechos relevantes para la acción de [Nombre 027]: De importancia para la resolución de este asunto se tiene como hechos probados: 1) El señor [Nombre 027] adquirió en fecha 31 de mayo del 2006, la finca del partido de San José, matrícula folio real [Valor 002], ubicada en el cantos de Moravia, distrito la Trinidad, dicha propiedad contaba con la póliza de seguros Colectivo Hogar Seguro 2000, N°01 01 IONC0616079 01 0001, con fecha de emisión 31/05/2006, con vigencia del 01/05/2007 hasta el 01/05/2008, con un monto de cobertura de 27.298.213, cuyo acreedor era el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ver folio 1 del expediente administrativo I-2007-732, certificación ISSJ-010224-2010); 2) El certificado de seguro Colectivo de Incendio póliza hija N°INM0000337, del Instituto Nacional de Seguros, cuyo asegurado es el señor [Nombre 027], señala como colindancias del inmueble del folio real 1[Valor 002], las siguientes: al norte: casa de habitación, al sur: casa de habitación, al este calle o avenida, al oeste casa de habitación. No se marca el talud. Asimismo, dicho documento no registra la firma del señor [Nombre 027] (Ver imagen 1519 y del expediente judicial digital); 3) Mediante escritura pública N°49-14, del 31 de mayo del 2006, suscrita ante el notario Freddy Hoffmann Guillén, se constituyó la venta de la finca del partido de San José, matrícula folio real [Valor 002], en donde INVERSANA INVERSIONES INMOVILIARIAS vende a [Nombre 027] quien hipoteca en primer grado al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Ver folios 2454 a 2460 del expediente judicial digital); 4) En fecha 10 de diciembre del 2007, el señor [Nombre 027] informó al INS del siniestro ocurrido en su vivienda y solicitó la cobertura de su póliza. (Ver folio 2 del expediente administrativo I-2007-732, certificación ISSJ-010224-2010); 5) El Ingeniero Manuel Bolaños Sequeira rindió en fecha 16 de noviembre del 2007 el informe de consultoría en relación a la póliza del señor [Nombre 027], concluyendo que: "La masa del suelo y materiales de detrito que cayeron sobre la vivienda ocasionaron daños totales en la estructura que imposibilitaron siquiera el rescate de algunos elementos constructivos, debido al estado en que quedó la vivienda, a lo inestable que se encuentra el talud y el riesgo que se asocia. Esta y otras viviendas vecinas resultaron destruidas. El deslizamiento ocurrió en el terreno colindante norte y tal como se señaló anteriormente, el material se desplazó pendiente abajo hasta golpear la parte trasera de la vivienda, provocando un fuerte impacto y posteriormente una presión de tierra sobre la pared exterior, aspectos que combinados produjeron los daños ya descritos ...". (Ver folios 7-17 del expediente administrativo I-2007-732, certificación ISSJ-010224-2010); 6) En fecha 26 de febrero del 2008, el Ing. Bolaños Sequeira, realiza una ampliación de su informe de fecha 16 de noviembre del 2007, en donde señala de importancia lo siguiente: "En atención a lo anterior y con el fin de ubicar las propiedades afectadas con respecto su posición en el talud se contrató al Ing. Topógrafo Julio Delgado, quien efectuó cuatro perfiles telegráficos que incluyeron a los tres conjuntos habitacionales involucrados. Los resultados se pueden ver en la hoja adjunta, pero se puede señalar lo siguiente: 1.-Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en la corona del talud. 2.- Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en el pie del talud. 3.- En el caso de los asegurados propietarios de viviendas del [...] se debe señalar que se encontraba exactamente en la corona y el cuerpo del talud. De la misma información del Ing. Delgado se puede concluir que la altura del talud es de 21.60m en el perfil N°1, de 22,55m en el perfil N°2, de 24,91m en el perfil N°3 y de 23,82m en el perfil N°4. En el acuerdo de aseguramiento, para el caso de póliza Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo se indica: "I.- No se otorgará cobertura bajo ninguna circunstancia: 3.- Cobertura de Inundaciones y Deslizamientos, temblor y terremoto, y vientos huracanados: a) Cuando la vivienda se encuentre al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud. Si el talud forma parte del cauce de un río, lago u otro deposito natural, la distancia no podrá ser menor a 20m²." De acuerdo con lo señalado anteriormente, para el caso de altura menor del talud (21,60m), todas las viviendas para las que se presentaron reclamos se encuentran a menor distancia que 43,20m a partir de la corona o del pie del talud. (Ver folios 39 a 41 del expediente administrativo I-2007-732, certificación INSSJ-010224-2010); 7) Mediante el oficio INSSJ-05803-2008 del 01 de julio del 2008, el Instituto Nacional de Seguros le informa al señor [Nombre 027] que declina su reclamo, decisión que se mantiene hasta el agotamiento de la vía administrativa. (Ver folios 53 a 54, 66 a 70 del expediente administrativo I-2007-732, certificación INSSJ -010224 -2010); 8) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal interpone en fecha 14 de marzo del año 2008, proceso ejecutivo hipotecario en contra del señor [Nombre 027], indicándose que el saldo de la operación crediticia es de 49.266.°° (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y seis dólares) y que la deuda está garantizada mediante garantía hipotecaria de primer grado sobre la finca del partido de San José, matrícula de folio real número [Valor 002]. (Ver imágenes 2449 y 2450 del expediente judicial digital); 9) La señora [Nombre 028], [...]. Además, es la esposa de don [Nombre 027] hace 20 años. Relata que perdió su casa hace 16 años, compraron una casa como sueño de familia, la perdieron después de unos meses, estaba asegurada y creían tener opción de aplicación de la póliza, pero no fue así. La casa estaba en la Trinidad de Mravia, [...]. Su esposo es comerciante, la compraron por medio del Banco Popular. No recuerda como fue el medio. Fue don [Nombre 027] quien realizó trámites al INS. Se tuvieron que ir a vivir a casa de su suegra, estuvieron ahí bastante tiempo mientras buscaban casa para alquilar. Fueron como un par de años más o menos. Perdieron todo, además de la vivienda. Los bomberos no los dejaron entrar, ella fue con su cuñada, ya que su esposo trabajando. Llegaron los de la constructora y de la Comisión Nacional de Emergencia y no los dejaron sacar nada. No se veía nada, las cosas revueltas con tierra. Llegaron a dormir ahí varias noches para salvar varias cosas, no los dejaban entrar. Su bebé tenía 2 años cuando eso pasó, se quedaban en la madrugada cuidando que no entrara nadie, por las pocas cosas que quedaron. Les obligaban a seguir pagando. Quedaron manchados. Cree que si pagaron, pero no recuerda detalles. Cree que quedaron manchados porque no tienen crédito para hacer el trámite a otro banco. Tuvieron problemas como pareja. Tuvieron cambios, fue duro para la pareja y la familia. (Declaración registrada en audio y video) y 10) En el reporte crediticio con información de dominio público expedida por el Banco Popular, se indica que al mes de enero del año 2024, el señor [Nombre 027], conserva la condición de deudor con 5903 días de atraso. La representación del Banco Popular, señala que: "Si bien se indica en el estado actual Cobro Judicial, se aclara que no se ha tramitado ni existe proceso de cobro judicial para esta operación". (Ver imagen 3851 del expediente judicial digital).
I.6 Hechos probados de interés común de todas la partes procesales: 1) La licencia de construcción número 10073, del 17 de noviembre de 1999 extendida por la Municipalidad de Moravia, fue concedida a Constructora La Constancia S.A. para el inmueble inscrito bajo el número de folio real [Valor 016], para la construcción de la [...]. (Ver folio 01 del legajo de prueba aportada por la Municipalidad de Moravia); 2) En el oficio DPM-INF-121-2001, del 26 de julio del 2001, el geólogo Julio Madrigal, Coordinador del Sector de Geotecnia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió un informe relacionado con la inspección efectuada el día 13 de julio del mismo, año en el terreno donde se pretende efectuar el proyecto habitacional UNEMOPT-SIBAMPO, segunda etapa, en la Trinidad de Moravia, donde se estaban efectuado movimientos de tierras y rellenos. Se indica que en los rellenos observados se determinaron troncos y suelo orgánico así como vegetación in situ, donde posiblemente se van a asentar viviendas y es un hecho que de no corregirse en un corto plazo las siguientes situaciones: en rellenos mal efectuados posibilidad de ruptura de falla en la superficie, flujos de lodo, asentamientos y agrietamientos tanto en las obras como en el suelo, desplazamientos de muro de contención de no efectuarse adecuadamente. Se refiere a la normativa regulatoria así como a la necesidad de pruebas de filtración y el uso de rellenos, toda vez que el proyecto a desarrollar contempla un total aproximado de 400 viviendas, de manera que el proyecto en su etapa inicial y en desarrollo debe estar acorde a los estudios técnicos de suelos y estabilidad de taludes a la hora de iniciar las obras, así como la sustitución de los terrenos por lastre que establece el nivel de compactación de acuerdo con el estudio requerido. En atención a ello, se gira recomendación a la Municipalidad de Moravia, al Instituto de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Salud y al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, a fin que soliciten a los encargados del proyecto, los estudios y permisos correspondientes, obras correctivas en terrazas, rellenos y sustitución de lastre, muros de contención diseñados ingenierilmente, descargas de aguas pluviales y servidas de acuerdo con la legislación vigente así como las regulaciones pertinentes, recomendando en específico a la Municipalidad de Moravia que no autorice ningún permiso de construcción de viviendas hasta que no se presenten todos los estudios necesarios, aplicar el Código Sísmico para el análisis, diseño y construcción de estructuras sismo- resistentes y el Código de Cimentaciones para el proyecto, debido a la existencia de rellenos inadecuados y condiciones geotécnicas del suelo existentes, debido a que el terreno se llevó a cabo: movimientos de tierras, terrazas y acumulación de material en forma de rellenos inadecuados. De esta manera, debe estar acorde a estudios geotécnicos de estabilidad de taludes y características del suelo, adoptando las medidas ingenieriles adecuadas, con el propósito de establecer cuáles son las obras corretivas a realizar lo más pronto posible, nuevas pruebas de filtración de acuerdo al código urbano, de existir arcilla expansiva, considerar la posibilidad de hinchamiento, quedando bajo total responsabilidad de las instituciones que otorgan permiso, el financiamiento, ingeniero o responsable de la obra así como la Municipalidad de no solicitar los informes y correcciones correspondientes. (Ver imágenes 2747 a 2760 del expediente judicial digital); 3) A través del oficio DIOSMM 474, de fecha 09 de agosto del 2001, el Ing. Marco Rojas Vega Director de Ingeniería de la Municipalidad de Moravia, le solicita al Ing. Federico Chacón Hernández como encargado del proyecto UNEMOPT-SIBANPO, II ETAP, que debía atender las recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de Emergencias, siendo de acatamiento obligatorio para su representada, cuyo cumplimiento será revisado por la Municipalidad. (Ver folio 1053 del expediente certificado por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José); 4) En fecha 10 de agosto del 2001, el Alcalde Municipal se dirige al Ingeniero institucional, girando instrucciones de los informes que debe solicitar al proyecto [...], en la Triniidad de Moravia con ocasión del informe técnico DPM-121-2001, de la Comisión Nacional de Emergencias. ( Ver folio 1053 del expediente certificado por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José); 5) En el oficio URB-E-053-02 del 02 de julio del 2002 el Departamento de Urbanizaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgó disponibilidad de agua potable y señaló que no existía disponibilidad de alcantarillado sanitario en la zona, para desarrollar el proyecto de condominio, en la propiedad ubicada en el distrito la Trinidad del cantón de Moravia con el plano catastrado número [Valor 017], a nombre de Foresta de Moravia S.A. (Ver folio 135 del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad de Moravia); 6) En fecha 22 de agosto del 2002, inspectores de la Municipalidad de Moravia advierte a Foresta de Moravia S.A. de la carencia de la licencia constructiva para las obras de infraestructura en la parte destinada a área de reserva. (Ver folio 40 del expediente administrativo aportado por [Nombre 003]); 7) En fecha 27 de agosto del 2002, los inspectores Municipales señor Marco Campos Quesada y Víctor Sánchez Avaos, clausuraron la construcción que se estaba desarrollando en el área de reserva de la [...]. (Ver folio 130 del legajo de prueba aportado por la Municipalidad de Moravia); 8) En fecha 07 de octubre del 2002, mediante los oficios DIOMM748 y DIOMM749, el ingeniero José Joaquín González Gamboa, de la División de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Moravia se dirige al Instituto Nacional de Seguros y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respectivamente y hace su conocimiento que algunas construcciones de la [...] en la Trinidad de Moravia, han conectado de forma ilegal el servicio que brindan o han construido sin licencia municipal, por lo que instan a requerir de la licencia de construcción previamente. (Ver folios 953 y 954 del expediente certificado por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José); 9) En fecha 20 de noviembre del año 2002, la empresa VIETO& ASOCIADOS S.A., informó al ingeniero Federico Chacón, del proyecto de [...], que aportaba los resultados del estudio de suelos para la zona de parque infantil, ubicado en La Trinidad de Moravia. (Ver folios 11 a 20 del legajo de prueba número III del expediente penal); 10) En fecha 20 de noviembre del año 2002, la empresa Vieto& asociados S.A., informó al ingeniero Federico Chacón, del proyecto de [...], que aportaba los resultados del estudio de suelos, el cual se encuentra ubicado en La Trinidad de Moravia. En lo que interesa, en dicho estudio se recomenda lo siguiente: "En la zona de las perforaciones P-3 y P-4 existe un relleno entre 4,80 a 6,00 m de consistencia suave, por lo que se recomienda en esta zona, construir un relleno de sustitución de 0,60 m de espesor de lastre compactado a una densidad mínima del 92% del próctor modificado que cubra al área de la edificación más 1 m de cada lado en el frente y atrás del lote y cimentar las edificaciones con una losa de cimentación con una capacidad soportante de 6 toneladas por metro cuadrado. La estabilidad de esta zona está sujeta al muro de gaviones que se construye detrás de estos lotes. Por lo que es muy importante el diseño y construcción de ese muro de gaviones. Debe verificarse la estabilidad global de la zona por las condiciones existentes, por lo que se recomienda completar este estudio con un análisis de estabilidad de taludes, para lo cual se requieren los perfiles del terreno. En la zona donde se realizaron las perforaciones P-5 y p-6, existen suelos de relleno de consistencia variable hasta una profundidad de 6,00, por lo que se recomienda en esta zona, construir un relleno de sustitución de 0,60 m de espesor de lastre compactado a una densidad mínima del 92% del próctor modificado que cubra el área de la edificación más 1 m de cada lado en el frente y atrás del lote y cimentar las edificaciones con una losa de cimentación con una capacidad soportante de 6 toneladas por metro cuadrado. La estabilidad de los lotes en esta zona depende de los muros construidos, por lo que es muy importante el diseño y como fueron construidos esos muros de los dependen (sic) la estabilidad de estos lotes al construir las viviendas...". (Ver folios 21 a 42 del legajo de prueba número III del expediente penal); 11) En fecha 02 de diciembre del 2002, la firma Vieto y Asociaciados S.A., Ingenieros Consultores, comunica al ingeniero Federico Chacón, del proyecto [...], los resultados del análisis de estabilidad de taludes del proyecto, concluyendo en lo que interesa que: "Bajo este esquema el perfil es estable siempre y cuando el gavión esté cimentado en el estrado duro. El análisis del talud en la zona del parque de juego indica que el talud es inestable presentado un factor de seguridad de 1.15 en condición sin sismo y de 0.9 en condición con sismo, esto indica que debe de realizarse un sistema de muros de retención a la mayor brevedad posible...". (Ver folios del legajo número III del expediente penal); 12) Que el Concejo Municipal de Moravia adopta una serie de acuerdos relacionados con el [...] y el área de estabilización de los taludes de la [...], los cuales se describen a continuación: 1) Sesión número 39 del 27 de enero del 2003, se acuerda solicitar de forma urgente a la Comisión de Emergencias, en la persona del geólogo Julio Madrigal, la delimitación del área en peligro de deslizamientos de [...] en el Alto de la Trinidad, para que así el ingeniero municipal y el Ministerio de Salud procedan a no tramitar construcciones en dicha área, hasta que se realicen las obras pertinentes que hasta la fecha no han sido resueltas. 2) En la sesión ordinaria número 40 del 03 de febrero del 2003, artículo 4, se dispone por el Concejo Municipal, aprobar el quinto dictamen de la Comisión de Obras y acuerda dejar sin recibir ni dar visados a varios lotes de la Urbanización Lomas de Cabrera, ubicados entre el [...] y quebrada San Francisco, entre reserva [...] y reserva de [...], como medida preventiva, hasta que sean estabilizados los taludes en el área del parque infantil de [...], esto con base al visto bueno de la Comisión de Emergencias, además de señalar en el sitio de ubicación de los lotes el rótulo que diga “lotes sin visado municipal”.3) Sesión ordinaria número 67 del 10 de agosto del 2003, artículo 3, se dispone: "Se aprueba el artículo tres del dictamen de la Comisión de Obras y acuerda eliminar las restricciones de venta de terrenos en la [...] de la propiedad número 5 a la 22, ya que a la fecha se corrigió el problema de la [...] mediante la utilización de gaviones, se acuerda el levantamiento de las restricciones impuestas, ya que los peligros fueron técnicamente solventados". (Ver imágenes 2890 a 2896 del expediente judicial digital); 13) A través de memorial de fecha 05 de febrero del 2003, el Ing. Víctor André Dondi Ruiz, encargado de proyecto de la Foresta de Moravia S.A., se dirigió a la Comisión de Obras de la Municipalidad de Moravia sea tomado una decisión que cumple de buena forma con los parámetros de seguridad que rigen en este tipo de casos, y que soluciona satisfactoriamente la estabilidad del talud en cuestión y adjuntó a este documento los informes técnicos emitidos por: a) Informe de TECHNISOIL S.A., consultores en ingeniería de suelos, geotecnia y materiales de construcción, oficio TECH-24-01 de fecha 05 de julio del 2001, en el cual se remite el resultado de las pruebas de infiltración de campo en la propiedad ubicada en la Trinidad de Moravia. b) Informe de TECHNISOIL S.A., Consultores en ingeniería de suelos, geotecnia y materiales de construcción, oficio TECH-480-01 de fecha 23 de octubre del 2001, en el cual se remite estudio hidrogeología y análisis de estabilidad de taludes para el terreno ubicado en la Trinidad de Moravia. c) Estudio de impacto ambiental cuya empresa responsable era CONSTRUCTORA LA CONSTANCIA S.A. y fue elaborado por CONSULTECS.A. (1997), d) Estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes, proyecto [...], noviembre del 2002 (Ver folios 127 a 128 de la carpeta de prueba documental aportada por la Municipalidad); 14) En fecha 05 de mayo del 2003, la firma Foresta de Moravia S.A. solicita licencia de construcción de 23 viviendas en condominio e infraestructura del mismo, según solicitud y planos presentados. La licencia de construcción corresponde al número 12014, la cual cuenta con la firma del ingeniero municipal. En dicho trámite, se consignan como ingenieros responsables lo señores Federico Chacón Hernández y Víctor Dondi R. (Ver folios 138 a 141 del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad de Moravia); 15) En fecha 09 de julio del año 2003, la firma Vieto y Asociados S.A., ingenieros consultores, rinden al ingeniero Víctor Dondy, el estudio de suelos del muro de gaviones del proyecto [...], emiténdose una serie de observaciones en torno a la cimentación y extratos de suelos. (Ver folios 55 a 70 del legajo III del expediente penal); 16) En horas de la tarde del día 14 de noviembre del 2007, ocurre un deslizamiento en la Trinidad de Moravia. Dicho deslizamiento se suscitó en el sector de juegos infantiles, inserto en varios niveles de gaviones en un área de la ladera. El desplazamiento de la masa (gavión y material de relleno) se deslizó afectando la integridad de las viviendas, asentamientos en la parte inferior, así como de la entrada de acceso a los [...]. El efecto ocasionó pérdidas materiales en la infraestructura de 5 viviendas, caseta de seguridad y salón multiuso de los condominios. (Ver informe técnico número DOM.INF-1957-2007, levantado en el mes de noviembre del año 2008 por la Comisión Nacional de Emergencia con relación al deslizamiento y afectación de viviendas en el cantón de Moravia, en los folios 160 a 170 del legajo de prueba aportado por la Municipalidad de Moravia); 17) En el informe técnico DPM-INF-1957-2007, del mes de noviembre del año 2007, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, analiza el evento por deslizamiento generado en el cantón de Moravia, distrito de la Trinidad, entre las urbanizaciones [...], [...] y [...], señalando que: "...se considera que existe un grado de vulnerabilidad importante, dado que: 1. Se desconoce técnicamente, cómo están asentados los condominios, si se encuentran cimentados en relleno o no. 2. Si el diseño de los gaviones, tiene la capacidad de soportar la estructura ante eventos sísmicos importantes. 3. Si la estructura está acorde a todos los requerimientos técnicos para el desarrollo de éstas en este sector de la ladera. De acuerdo a la información recabada y considerando que el evento por deslizamiento generado en el cantón de Moravia, distrito La Trinidad, entre las urbanizaciones [...], [...] y [...], enmarca una serie de inconsistencias en el manejo inadecuado de tramitología, faltante de permisos de otras instituciones del Estado, seguimiento, profesionales responsables que estuvieron involucrados en el desarrollo de las obras de los proyectos, tanto en el diseño de los muros de gavión, planta de tratamiento y condición estructural de los condominios, excavaciones y construcciones al pie de una obra importante". (Ver folios 85 a 96 del leg degajo número III del expediente penal); 18) En el mes de enero del año 2008, la firma INGEOTEC S.A. rinde informe pericial respecto al deslizamiento en [...] y [...], en el cantón de Moravia. En dicho documento se indica que el peritaje en el campo de la ingeniería geotécnica, fue levantada por el geólogo Roberto Protti (geología- geofísica) y el ingeniero Marcos González Varela (topografía). En lo que interesa, señala lo siguiente: "V. Diagnóstico del problema del deslizamiento, 51. Antecedentes. En el análisis de las causas del problema es importante tener presente lo siguiente: 1. Que en la zona donde se produjo el deslizamiento existía un relleno de espesor variable entre 9.00 m en la parte alta del talud, hasta 2.5 m en la parte baja del talud. 2. Que tanto las perforaciones realizadas por la empresa Vieto & Asociados como la prospección geofísica realizada por esta consultoría conforme que en general este relleno era de regular a mala calidad. 3. Que el informe de la empresa Vieto & Asociados de fecha 20 de noviembre del 2002 hace mención a que este relleno ya había sufrido agrietamientos y problemas de estabilidad. Al respecto cabe destacar que según manifestaciones de algunos vecinos, en el momento que se produjo el agrietamiento en el parque infantil se cayó un muro de concreto que recién se había construido en la parte baja del [...]. 4. Que para solucionar el problema de agrietamientos y deslizamientos en la zona del parque infantil la empresa desarrolladora construyó un sistema de 3 muros de gaviones sobre este talud. 5. Que el deslizamiento ocurrió a finales del año 2007, es decir, 5 años después de construirse los muros de gaviones. 6. Que las casas que fueron destruidas en la parte baja del deslizamiento (de la [...]) se construyeron con posterioridad a la construcción de los muros. 5.2. Diagnóstico de la falla: Con base en la información obtenida en la sección 4.2. y en el levantamiento topográfico realizado, se efectuó un estudio de estabilidad del talud, considerando la condición inicial de los muros, antes de que ocurriera el deslizamiento. Se procedió a realizar un estudio de estabilidad del relleno, tanto para la condición de carga estática como dinámica (con sismo). Por lo anterior se concluye que el deslizamiento se produjo por las siguientes razones: 1. En la zona donde se produjo el deslizamiento existía un relleno de regular a mala calidad con espesor variable entre 9.00 y 2.50 metros. 2. Desde el momento mismo de la construcción de los muros de retención tenían factores de seguridad bajos, que aunque no implicaban falla inmediata, producían agrietamientos de la masa de suelo. 3. Por la zona donde se produjo el deslizamiento pasaba una tubería de aguas pluviales de concreto con varios pozos de registro localizados dentro del relleno (...). 4. Las deformaciones en la zona del relleno, hicieron que gradualmente a lo largo de los 5 años de vida que tenían eso muros, tanto la tubería de concreto como las cajas de registro (también de concreto) tuvieran fugas de agua, que cada invierno eran más grandes. Las fugas en esta tubería se considera el agente disparador del deslizamiento, ya que produjeron los siguientes efectos: aumento de las presiones hidrostáticas. Reducción en la resistencia del material. Aumento del peso de la masa de suelo. A lo anterior debe adicionarse los siguientes factores que también contribuyeron al problema: cercanía de las casa de la [...] al borde del talud, peso importante de los muros de gaviones, colocados sobre una pendiente bastante inclinada. Existencia de niveles freáticos permanentes...". (Ver folios 78 a 126 del legajo de prueba documental aportada por [Nombre 010]); 19) En memorial de fecha 24 de enero del año 2008, el ingeniero Miguel Bolaños se dirige al Lic. Eduardo Castro, Director General de Seguros del Instituto Nacional de Seguros, con relación a los reclamos 2009-729, 730, 732 y 735 y en lo que interesa indica: "... Dado que las viviendas quedaron destruidas en su totalidad (únicamente las fachadas quedaron parcialmente en pié, pero con fuertes deformaciones), con la presencia de los asegurados, del profesional responsable y con vista de los planos constructivos se realizó un análisis de los diferentes elementos construidos, sus áreas, los sistemas constructivos empleados y se comentó sobre la calidad en general de la edificación. Al respecto podemos comentar que se pudo verificar que la construcción de las viviendas se realizó siguiendo los planos constructivos, que se contó con la supervisión de un profesional responsable y que según indicó el Arq. Castro, se siguieron en todo, las buenas prácticas constructivas". (Ver imagen 548 del expediente judicial digital); 20) En el informe número 71-F-08-CI, del 16 de febrero del 2008, rendido por la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, se concluye en lo que interesa, lo siguiente: "7.1. Por su parte el Ingeniero Sergio Sáenz Aguilar, en colaboración del Geólogo Roberto Protti y el Ingeniero Marcos González Varela, hicieron el peritaje de la zona afectada, encontrando lo siguiente: Que el área afectada limita al norte con la [...], al sur con la [...], al oeste·con el [...] y al este con el parque infantil de la Urbanización UNEMOP-SIBANPO, y sobre los resultados obtenidos concluyeron y recomendaron lo siguiente: "Se concluye que en el caso de los [...] existía información de mecánica de suelos de buena calidad; aunque la mayoría de estos estudios se realizaron motivados por un problema de deslizamiento que se presentó en la zona del parque infantil y que culminó con .un deslizamiento de grandes .proporciones. No se demostró que haya habido negligencia o mala praxis en las Empresas de suelos involucradas. El deslizamiento se produjo debido a una combinación de los siguientes factores: Existencia de un relleno de regular a mala calidad. Colocación de muros de gaviones muy pesados que no se cimentaron adecuadamente y que se fueron produciendo deformaciones del relleno. Ruptura de una tubería de aguas pluviales y de.sus respectivos pozos de registro, que pasaba dentro del relleno y en la zona de muros. Peso de las viviendas en la corona de los taludes. Conexiones ilícitas de tuberías de aguas negras provenientes de los drenajes localizados en las casas ubicadas en la parte alta del talud. Existencia de niveles freáticos dentro de los taludes. Las casas de la [...] localizadas en la parte alta del talud corren alto riesgo de sufrir nuevos deslizamientos. Se recomiendan que las mismas sean deshabitadas permanentemente. Todas las casas de la [...] que se localizan en la parte baja al pie del talud, presentan también un muy alto riesgo de sufrir daños por deslizamientos, que puedan venir de la parte alta del talud. Se recomienda que también sean deshabitadas. El riesgo de las casas que se localizan del otro lado de la calle es mucho menor. No obstante, no puede descartarse que bajo condiciones inusuales (huracanes, ciclones o tormentas tropicales) puedan ser afectadas por flujos de lodos que desciendan de la masa deslizada. Actualmente las casas del [...] no presentan ninguna evidencia de problemas por asentamientos o deslizamientos. Sin embargo, se presenta un problema de diseño muy serio, ya que los drenajes de las aguas negras se colocaron en la zona de taludes. Esta situación puede acarrear a corto o mediano plazo problemas de deslizamientos. Se recomienda por lo tanto no habitar este Condominio hasta que se construya una planta que dé tratamiento a estas aguas y las conduzca hacia la Quebrada San Francisco. Las casas del [...] que colindan con el flanco oeste del deslizamiento también presentan un alto riesgo, ya que, en caso de que no se resuelva el problema del deslizamiento pueden ocurrir deslizamientos progresivos, que pueden dañar estas viviendas. Referente a responsabilidades profesionales este peritaje considera que el responsable de las obras es quién firma los planos de·construcción y el contrato·de servicios profesiones en el Colegio de Ingeniero y Arquitectos. En este caso en particular los profesionales, responsables del proyecto [...] son los mayormente responsables de los daños ocurridos." (Fuente de información Informe del Ingeniero Sergio Sáenz Aguilar). Sobre lo que interesa de las conclusiones del estudio realizado por el Ingeniero Sáenz Aguilar, tenemos claro que existían una serie de irregularidades en el terreno de la zona afectada, que la empresa desarrolladora de esos proyectos debió corregir antes de vender las casas, acotando el ingeniero Sáenz Aguilar que sobre las responsabilidades profesionales, su estudio y peritaje considera que el responsable de las obras es quién firma los planos de construcción y el contrato de servicios profesionales en el Colegio de Ingeniero y Arquitectos, considerando que en este caso, los profesionales responsables del proyecto [...] son los mayormente responsables de los daños ocurridos. O sea, según la información obtenida por nuestra parte hasta este momento, los responsables serían Federico Chacón Hernández y Víctor André Dondi Ruiz Ruiz (...) Sobre los informes de la empresa Vieto & Asociados, son propiamente del área afectada, siendo que dicha empresa, en el año 2002 confeccionó el informe denominado Estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes del Proyecto [...], recomendando colocar un relleno de lastre de 60 centímetros de espesor, además de cimentar las viviendas en una losa, indicando que la estabilidad de esta zona estaba sujeta al muro de gaviones que se construyó detrás de esos lotes, por lo que era muy importante el diseño y la construcción de ese muro de gaviones. Sin embargo el Ingeniero Sáenz Aguilar indicó que ese informe no tiene relación directa con el problema, dado que se refiere a los [...], que a la fecha no tienen ningún daño, siendo correcta la actuación de la empresa Vieto .~ Asociados, dado que advierte sobre la existencia de un relleno de mala calidad y recomienda por eso una cimentación con losa rígida para los edificios, sin embargo tal recomendación no fue acatada por el diseñador. También esa empresa confeccionó otro informe denominado Estudio de Suelos Proyecto Parque Infantil [...], estudio que según el Ingeniero Sáenz es muy importante para el caso que se investiga, dado que tiene relación directa con la zona donde ocurrió el deslizamiento y se hicieron las recomendaciones necesárias, opinando el perito que la actuación de la empresa Vieto · & Asociados también fue correcta, dado que advirtió al desarrollador sobre el problema de inestabilidad de la zona y recomendó realizar estudios específicos de estabilidad del talud, pues al momento de realizar ese estudio por la empresa citada, ya se presentaban manifestaciones y agrietamientos del suelo que alertaban sobre un posible deslizamiento. Así también la empresa Vieto & Asociados, confeccionó otro informe denominado Análisis de estabilidad de taludes -·Proyecto [...], en el cual según el Ingeniero Sáenz Aguilar, la actuación de la empresa Vieto fue también correcta, dado que en la zona del parque infantil donde ocurrió el deslizamiento, la empresa Vieto alertó que la seguridad era baja y que por lo tanto recomendaba diseñar estructuras de contención para evitar un deslizamiento. Por último, Vieto & Asociados, confeccionó otro informe denominado. Estudio.de suelos donde se construyeron tres muros de retención en [...] de fecha 09 de Julio del 2003, siendo que para entonces ya se habían construido 03. muros .de gaviones para estabilizar la zona agrietada del parque infantil, siendo que las conclusiones de esa empresa fueron que el primer muro de gaviones localizado a la orilla del camino de acceso al proyecto se cimentó sobre un relleno de consistencia medianamente compacta a rígida, por lo cual se podía esperar asentamientos en la zona, mientras que el segundo muro se cimentó sobre un relleno blando siendo evidente esperar asentamientos y deformaciones, en cuanto al tercer muro se apoyó sobre un estrato rígido, siendo la actuación de la empresa Vieto también correcta puesto que advirtió al diseñador o constructor que dos de los muros construidos, estaban mal cimentados y que consecuentemente podrían ocurrir deformaciones u (sic) asentamientos y producirse deslizamientos". (Ver imágenes 1066 a 1130 del expediente judicial digital); 21) En el oficio de fecha 19 de febrero del 2009, el ingeniero Miguel Bolaños se dirige al Lic. Eduardo Castro, Director General de Seguros del Instituto Nacional de Seguros, con relación a los reclamos en en [...], [...] y [...], señalando que: "El reclamo presentado por una gran cantidad de asegurados debido a la ocurrencia de un deslizamiento en la zona de El Alto de La Trinidad de Moravia, afectó a tres distintas urbanizaciones, a saber: [...] (5 reclamos), [...] (4 reclamos) y [...] (17 reclamos). El deslizamiento demarcó unos límites claramente definidos y el grado de afectación a las propiedades aseguradas fue muy variable, desde pérdida total para algunas pocas viviendas, hasta reclamos en donde la pérdida fue nula desde el punto de vista de daño físico, perdiéndose la posibilidad de uso de los bienes asegurados debido a que la calle de acceso quedó destruida por el deslizamiento, como es el caso de algunas de las viviendas localizadas en el [...]. Como es conocido, un deslizamiento es un movimiento de una masa de suelo y/o rocas, sobre otra masa que se considera estable, en dirección pendiente abajo. Esto lo que significa es que para que ocurra un deslizamiento se requiere de unas condiciones topográficas que lo favorezcan, o sea la existencia de un talud. Además, para que se produzca daño a las edificaciones se requiere que estas se localicen en la zona de la corona, el pié o en el cuerpo mismo del deslizamiento, tal como se muestra en el siguiente diagrama:
Imagen 001 En atención a lo anterior y con el fin de ubicar las propiedades afectadas con respecto su posición en el talud, se contrató al Ing. Topógrafo Julio Delgado, quién efectuó cuatro perfiles topográficos que incluyeron a los tres conjuntos habitacionales involucrados. Los resultados se pueden ver en la hoja adjunta, pero se puede señalar lo siguiente: l. Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en la corona del talud. 2. Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en el pié del talud. 3. En el caso de los asegurados propietarios de viviendas del [...] se debe señalar que se localizan exactamente en la corona y en el cuerpo del talud. De la misma información del Ing. Delgado se puede concluir que la altura del talud es de 21,60 m en el perfil No. 1, de 22,55 m en el perfil No. 2, de 24,91 m en el perfil No. 3 y de 23 ,82 m en el perfil No. 4. En el Acuerdo de Aseguramiento, para el caso de pólizas Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo se indica: "1- No otorgará cobertura bajo ninguna circunstancia: 3-Coberturas de Inundación y Deslizamiento, Temblor y Terremoto y Vientos Huracanados: a) Cuando la vivienda se encuentre sobre o al pié de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud. Si el talud forma parte del cauce de un río, lago u otro depósito natural, la distancia no podrá ser menor a 20m." De acuerdo con lo señalado anteriormente, para el caso de altura menor del talud (21,60 m), todas las viviendas para las que se presentaron reclamos se encuentran a menor distancia que 43,20 m a partir de la corona o del pié del talud." (Ver imágenes 520 a 522 del expediente judicial digital).
I.7 Hechos relevantes con relación al Instituto Nacional de Seguros:
I.8 Hecho relevante con relación al Banco Popular y de Desarrollo Comunal:
En fecha 23 de marzo del año 2007, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal prorroga el contrato de adjudicación de la licitación pública número 007-2001 con la firma Dinámica de Seguros S.A., con el objetivo que ésta última realice la inclusión, exclusión, auditoría y control de la base de datos, trámites de renovaciones, trámite de pago de prima, emisión de informes mensuales que detallen la totalidad de los bienes asegurados (totales o futuros) que incluyen los recibidos en garantía de operaciones de crédito otorgadas por el banco, así como la asesoría y capacitación en la materia. (Ver imágenes 1630 a 1640 del expediente judicial digital) V.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que el Banco ejerciera sobre el señor [Nombre 001] acoso para solicitar el pago de la deuda; 2) Que el Banco incumpliera con lo ordenado en la medida cautelar y con esto causara algún daño al señor [Nombre 001], 3) Que el señor [Nombre 001] sufriera de daño moral objetivo o daño psicológico con ocasión de los hechos que sustentan su demanda; 4) Que el señor [Nombre 027] sufriera algún tipo de daño psicológico con ocasión de los hechos de su demanda; 5) Que la Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo informara al Instituto Nacional de Seguros acerca de la existencia de la colindancia con un talud de las filiales del [...]; 6) Que la Mutual realizara proceso cobratorio en contra de la señora [Nombre 010] y/o el señor [Nombre 003]; 7) Que la imposibilidad de continuar el señor [Nombre 003] con sus actividades comerciales obedezca exclusivamente a su condición crediticia; 8) Que con ocasión de los hechos de la demanda relacionados con la declaratoria de inhabitabilidad del condominio adquirido, el señor [Nombre 003] sufriera de daño psicológico; 9) Que para un funcionario municipal de inspección, era detectable a simple vista, que los muros de retención y los gaviones sobre los cuales se asentaba el condominio, eran de muy mala calidad; 10) Que alguno de los actores haya suscrito un contrato de póliza para asegurar su menaje o bien, que el contrato de póliza colectiva asociado al crédito bancario, incluyera daños consecuenciales; 11) Que las áreas comunes del [...] por ser propiedad horizontal, como calles internas, calle de entrada y salida al inmueble, zonas verdes, áreas de recreación, formaban parte del inmueble asegurado; 12) Que al haber desaparecido la calle de acceso de entrada y salida al condominio, la propiedad del señor [Nombre 003] sufrió graves daños ya que pierde toda posibilidad de uso y de seguridad y por tratarse dicha calle de un elemento indiviso a su derecho de propiedad y por ende goza de la cobertura; 13) Que el contrato de póliza suscrito por el señor [Nombre 003], número 01 01 1NC0586874 02 0001, emitida el 27 de mayo del 2005, con vigencia desde el 31 de diciembre del 31/12/2006 al 31/12/2007, póliza colectiva Hogar seguro 2000 contara con la cobertura “R” gastos por alquiler y 14) Que el señor [Nombre 002] y el señor [Nombre 027], sufrieran daño moral subjetivo, moral objetivo o psicológico con ocasión del rechazo de la aplicación de la póliza de seguros por parte del Instituto Nacional de Seguros.
III.- Argumentos de los accionantes: En esencia, el señor [Nombre 001], tanto en la demanda incoada contra el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, como al rendir conclusiones y atendiendo a los argumentos expuestos oportunamente que permitieron el ejercicio del derecho de defensa, argumentó que para los meses de marzo a mayo del año 2006, formalizó una operación de crédito hipotecario ante el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, dicho crédito fue formalizado posterior a haber cumplido con todos los requisitos exigidos y solicitados por el Banco los cuales cumplió en tiempo y forma de manera diligente. Para el día 29 de mayo de ese año, compareció ante el notario público para suscribir la escritura correspondiente, en cuya cláusula cuarta indica que la validez de la póliza entrará en vigencia una vez que sea aceptada y tenga la debida autorización por parte del Instituto Nacional de Seguros, como imperativo para aprobar la operación de crédito, misma que no cumplía con los requisitos para ser objeto de seguro alguno por cuanto en el apartado de colindantes se consignó falsamente que los límites sur y oeste eran casas de habitación, cuando en realidad se trataban de un lote baldío y un talud o muro de gaviones, respectivamente, este ultimo fue el que cayó sobre su vivienda. En fecha 14 de noviembre del 2007, un deslizamiento cayó sobre la vivienda que adquirió provocándole daños en un 100% de su estructura, destruyéndola en su totalidad, siendo declarada como inhabitable por las autoridades de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias. Se encontraba en Quepos y debió ser establizado en el nosocomio por la noticia. Al apersonarse al sitio, determinó que su vivienda fue la más afectada y debía ser demolida por seguridad para los transeúntes y las viviendas cercanas a pesar que a simple vista se observaban la lavadora y el juego de sala el cual pendía de una de las ventanas. No pudo sacar nada de la vivienda. Al sitio se apersonaron funcionarios del Instituto aquí demandado, quienes levantaron la información de las personas afectadas y dijeron que el acontecimiento era evidente y garantizaron un pronto resarcimiento por los daños. Informó por escrito al INS lo ocurrido en fecha 15 de noviembre del 2007, informando acerca del desastre ocurrido en la vivienda dada en garantía y sobre la cual se originó la operación de crédito, a la vez solicitó la inspección por parte de Autoridades Bancarias y el cese del cobro del préstamo debido a la existencia de la cobertura de una póliza de aseguramiento del INS y de la cual ha pagado mensualmente el rubro concerniente a póliza de vida y póliza de incendio. Ante la falta de respuesta, interpuso un recurso de amparo. Es en fecha 28 de mayo del 2008, que la sub directora del Instituto demandado, contesta que las pólizas no cubrían esos siniestros en virtud de que las viviendas fueron construidas a distancia menor a la establecida con respecto a un talud y la Subdirección quería "ver" cual era la responsabilidad del INS en estos hechos y si estaban actuando correctamente al declinar los reclamos. Añade, que el primer interesado en considerar un bien para ser objeto del seguro es el propio Instituto demandado, porque lucran con el peculio de los asegurados, quienes en la obligación de cancelar el monto por concepto de la póliza. Cita de seguido un criterio jurídico vertido por la asesoría legal del INS, para concluir que dicha entidad es el responsable por constituirse en aval de la póliza que se suscribió a mi nombre como asegurado directo, póliza que resultó ser no ser eficaz al momento en que se me debió indemnizar. Atribuye ineficiencia, inoperancia y desinterés del INS en el presente asunto. De seguido, se declina la aplicación de la póliza, lo que le generó decepción y depresión, al no responder por sus actuaciones, alegando que el bien asegurado no debió ser incluido en póliza alguna, cuando fueron ellos mismos los que incluyeron y aceptaron dicho bien como idóneo para ser objeto de seguro. Interpuso recursos sin éxito ante el Instituto demandado. En cuanto al Banco Popular, no le dieron ni siquiera un trato especial al crédito. Ante la interrogante que les hiciera sobre la actuación del Banco para sentar responsabilidades en cuanto al avalúo de la que fue en algún momento a su vivienda, solamente se le indicó que en cuanto a la función de los peritos que realizaron el avalúo, los mismos únicamente cumplían un papel de fiscalizadores, ello denota en el actuar de dicha Institución Bancaria incumplimiento de deberes " in eligiendo e in vigilando", por cuanto fue dicha entidad quien contrató y designó el perito que realizaría el supracitado avalúo. Resalta que el certificado de seguro colectivo de incendio del Departamento de Seguros de Incendio del INS, de donde se desprende que, como linderos sur y oeste de su propiedad se indicaron ''casas de habitación", cuando en realidad dichos linderos corresponden a un lote baldío y a un talud, en su orden, datos que son totalmente falsos, lo cual lógicamente genera serias dudas, aunado al hecho de que en los apartados para el de Asegurado Nombrado, Intermediario de Seguros y en refrendo del Departamento Incendio, sus firmas se echan de menos, siendo precisamente ese documento el que respalda la labor del Instituto aquí demandado de igual manera, al realizar revisión del expediente bancario a su nombre, se pude percatar que dentro del peritaje que se realizara a su propiedad por parte del Arquitecto - constructor, mismo que fue designado por la entidad bancaria demandada, existen igualmente incongruencias en cuanto a los linderos que se indicaron como "colindantes físicos" de la que fuera su propiedad, por lo cual existe una responsabilidad "in eligendo" por parte del banco demandado. Estima que si la actuación de los aquí demandados en todo el proceso supra hubiese sido diligente en su momento, no hubiera adquirido esa vivienda, la cual llevaba consigo vicios ocultos que la convertían en un bien no apto para ser objeto de venta, crédito o póliza alguna, siendo que evidentemente los aquí demandados me hicieron incurrir en error y tomar una decisión nada acertada y totalmente lesiva para sus intereses. Posteriormente, amplió su demanda, señalando en síntesis, que su historial crediticio presenta atrasos según reportes del Banco Popular, inatendiendo así la medida cautelar concedida por el Tribunal de Apelaciones, lo que provocó el rechazo de una tarjeta a extender por el Banco Nacional, por lo que añade una pretensión de daño moral objetivo. El señor [Nombre 027], señal en resumen que demanda al Instituto Nacional de Seguros y al Banco Popular, por cuanto para el año dos mil seis, gestionó un crédito hipotecario ante el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la compra de propiedad, por medio del cual adquirió la finca con matrícula de folio real número [Valor 018], submatrícula 000, la cual se ubicaba en la Trinidad de Moravia. Señala que encontrándose fuera del país, a finales del año 2007, su pareja hizo de su conocimiento que la casa retumbaba, se le hacían grietas y que el estanque pequeño en la parte trasera de la propiedad iba bajando el nivel del agua. Requirió a un señor de apellido Laurito, quien vendió la casa, explicaciones, quien minimizó el problema. De seguido, al ser las cinco de la tarde de ese mismo día, la vivienda se desplomó por completo, sin poder rescatar ninguno de los bienes cuyas facturas quedaron en el lugar. La propiedad le costó cincuenta y dos mil dólares pero le hizo remodelaciones por la suma de cien mil dólares. La zona fue declarada de desastre y el vendedor pese contactarlo, no le resolvió nada respecto al valor del menaje perdido. El Instituto Nacional de Seguros declinó la aplicación de la póliza bajo el argumento que estaban las propiedades construidas a diez metros de un talud y para que sean objeto de seguro según el reglamento, tenían que estar a no menos de veinte metros de distancia. Esto, pese que un dictamen jurídico de la entidad, atribuye su responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando". En vista de lo anterior, cuestiona el hecho que se aseguró el bien, mismo que no hubiera sido sujeto de crédito alguno y así no lo hubiera adquirido. Afirma, que en el certificado de seguro colectivo a su nombre no se consignó la colindancia del talud. Afirma, que el Banco Popular incurrió en una falta de fiscalización, siendo omiso en su actuación al no realizar las investigaciones pertinentes con ocasión del cuestionable objeto de seguro y crédito, amén de no atender sus gestiones y exigir el cumplimiento de la obligación, procediendo a interponer la demanda ejecutiva hipotecaria en el año 2008. El señor [Nombre 002], en resumen señala que en el año 2006, se dio a la tarea en conjunto con su esposa [Nombre 023] de adquirir una propiedad, la cual financiaron finalmente con el Bac San José, siendo que dentro de los requerimientos, tanto su persona como su esposa [Nombre 023] solicitaron un seguro colectivo de vida de saldos deudores con el Instituto Nacional de Seguros y en fecha 23 de junio del 2006, su esposa [Nombre 023] suscribió el formulario de inscripción de póliza de seguro de protección crediticia por desempleo suscrita por Banco BAC San José como entidad contratante ante el Instituto Nacional de Seguros. Al adquirir la propiedad, en fecha 28 de junio del 2006, traspasaron la misma en propiedad fiduciaria a Credibanjo S.A, constituyéndose ambos, como deudores por dicho crédito mediante contrato de fideicomiso de garantía denominado "[Nombre 023] -BAC San José- Dos mil seis", siendo el fideicomisario Banco BAC San José; el fiduciario lo es CREDIBANJO S.A. Afirma, que en certificado de Seguro Colectivo de Incendio del Departamento de Seguros de Incendio del Instituto Nacional de Seguros aparece como asegurado la sociedad denominada Credibanjo S.A., siendo cubierta la supracitada finca por las pólizas ABC, sin que de señale en el apartado de datos que en el límite este de la propiedad se encuentra un talud. Afirma, que la propiedad nunca hubiera sido objeto de seguro, ya que es una de las excusas que el instituto demandado indica para no cancelar póliza alguna a su persona y demás damnificados. Afirma que el vendedor no cumplió el trato de acondicionar la casa y lo hicieron con esfuerzo, adquiriendo artículos nuevos desde Golfito. Posteriormente, denotaron vicios ocultos en la vivienda y defectos de construcción. El día 15 de noviembre del 2007, día del siniestro, recibió llamada de vecina quien le alertó que la casa estaba "traqueando". Afirma que la municipalidad había metido un tractor y varios peones en el play ground para cortar el monte y ver la causa, pero lo que hicieron fue acelerar el proceso de deslizamiento, a partir del cual, perdieron prácticamente todo, salvo algunas cosas que lograron rescatar. Relata que la angustia provocó la pérdida de un embarazo y el despido de su trabajo. Expresa que el BAC congeló la operación de crédito hasta diciembre de ese año. Expone que dos meses después de los hechos, varios damnificados fueron contactados por el Bufete de Juan Diego Castro para venderles la idea de una demanda a nivel penal, luego, con abogados subcontratados, se refirió a cobrar a instituciones públicas porque en penal no recuperarían los dineros. Por último, indica que como sujetos de crédito cumplieron a cabalidad con todo lo requerido por la entidad financiera para obtener el crédito deseado, siendo el aseguramiento del bien un requisito indispensable para que cualquier entidad financiera otorgue un crédito, siendo la cobertura en la suma de 19.607.240 colones. El señor [Nombre 003] y la señora [Nombre 010] cursan su acción en contra del Grupo Alajuela Mutual de Ahorro y Préstamo, la Municipalidad de Moravia y el Instituto Nacional de Seguros, señalando los mismos argumentos, por lo que se resumen de forma conjunta a continuación. Se expresa, que en el mes de mayo del año 2005 y la segunda, en el mes de noviembre del 2004, adquieren su propiedad en el [...], siendo requisito sine qua non para la aprobación del crédito, la suscripción de un contrato de seguros bajo la póliza colectiva INM-246, individualizada 0101inc0586874 02, modalidad Hogar Seguro 2000 Colectivo. En fecha 14 de noviembre del 2008, ocurre en gran deslizamiento de tierra, que afecta principalmente el acceso de entrada y salida del condominio, impidiendo su acceso, afectando también otras áreas como la casetilla del guarda, el gimnasio, el área de juegos infantiles, lo que provocó la orden inmediata del Ministerio de Salud de evacuación del lugar. Seguidamente, fue víctima de acciones vandálicas, perdiendo totalmente el menaje de casa y siendo desmantelado el inmueble. Ante esta situación, su vivienda tiene una pérdida total, ya que fue declarada inhabitable, no dispone de servicios básicos de agua potable y electricidad. Afirma que el deslizamiento ocurrió por cuanto la construcción del condominio se levantó ilegalmente sin los requerimientos constructivos de ley, sobre un área de relleno de muy mala calidad, aunado a la construcción de muros de retención con factores de seguridad bajos, que provocaron agrietamientos en la masa de suelo y además la existencia de una naciente o fugas de aguas internas sobre el terreno construido. Todo lo anterior provocó aumento de presiones hidrostáticas, reducción en la resistencia del material utilizado, aumento del peso de la masa de suelo. Añade, que el Instituto Nacional de Seguros rechazó la aplicación de la póliza, pese que el contrato, sección II, artículo 2 y 3 cobertura c, se refiere a la inundación y deslizamiento, indicando respecto a este último que: "quedan comprendidos dentro del alcance de esta cobertura, los daños derivados del deslizamiento de masa de tierra, roca u otra materia de que están formados los predios adyacentes o sobre los cuales están asentados los edificios o instalaciones del asegurado". Además, alegó la entidad aseguradora que su propiedad no sufrió daños directos, lo cual rechaza por cuanto es parte de una propiedad horizontal, en la cual existe un hundimiento en el piso del garaje que no fue valorado por el informe levantado por el INS. Alega el señor Zeledón en particular, que de conformidad con el plano catastrado número [Valor 019], su casa de habitación se encuentra en un lugar de alta peligrosidad dentro del condominio que lo hacen totalmente inhabitable, no solo por las áreas adyacentes que ya desaparecieron con el deslizamiento, sino porque colinda al norte con área de cancha de básquetbol, que en el año 2006 sufrió grandes agrietamientos y por queja de los vecinos, el mismo desarrollador del proyecto para tapar el problema y no solucionarlo, lo que hizo fue poner capa asfáltica gruesa en la zona, la cual vuelve a abrirse y presentar grietas. Tampoco su casa está construida sobre gaviones como lo afirma el perito del INS para sustentar el rechazo de la aplicación de la póliza, ya que utiliza una fotografía falsa. Refiere que el contrato celebrado con el INS es un contrato de adhesión, que contiene una cláusula absolutamente nula, que va en contra de los principios esenciales contractuales como lo son la equidad, buena fe, la proporcionalidad etc., ya que artículo 4°, propiamente en su inciso 1.- 3.- a). l. "No se otorgará protección bajo ninguna circunstancia: 3)- Cobertura de Inundación y Deslizamiento, Temblor y Terremoto y Vientos Huracanados: a)- Cuando la vivienda se encuentre sobre o al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud. Estima que esta norma contractual es una cláusula abusiva e ilegal, por cuanto funciona como limitante o excluyente de responsabilidad del instituto asegurador; misma que es sancionada con nulidad absoluta por el artículo 1023 incisos 1, 2 apartado m) y 3, del Código civil. Añade que al tratarse de un contrato de adhesión éste no fue precedido por una libre discusión de su contenido; se le impuso la inmodificabilidad como parte de la modalidad contractual, obligándose a aceptar el clausulado del contrato. El contrato con el INS, fue un contrato de pre elaboración unilateral, como producto de una uniformidad y estandarización en la relación contractual; contrato que tuve que aceptar, ya que no había otra opción; en caso contrario no podía afiliarse a él y no se le otorgaría el crédito por parte de la Mutual Alajuela. Argumenta que el INS omitió su su deber y no practicó los estudios y avalúos previos antes de la firma del contrato de seguros, omisión que no puede ser atribuida a su persona, ya que desde el momento que el INS aceptó el pago de la prima del seguro y recibió el pago de cada una de sus cuotas mensuales, desde la adquisición del bien, hasta que pasó el evento del deslizamiento; aceptó asumir la protección de los riegos pactados a favor de su propiedad, pensar lo contrario es ir en contra de la normativa contractual. Omitir su deber de pago, conlleva a una actuación de mala fe, por cuanto al ser amplio conocedor de las condiciones que impone el contrato pre elaborado por la institución, debió haber determinado previamente si calificaba; para que se le aplicara la póliza y no esperar que pasara el evento del deslizamiento y hacer los estudios correspondientes para concluir que el bien no es asegurable. Además, que cuando la Mutual Alajuela, le exigió la suscripción de un seguro contra posibles riesgos de la propiedad que adquiría, no existía otra institución legalizada que le ofreciera un seguro similar, por cuanto en ese momento la venta de seguros de cualquier género correspondía, en forma exclusiva al INS como representación del monopolio estatal. De manera que si bien es cierto, firmó dicho contrato, también es cierto que en ningún momento he renunciado a la protección legal contractual, establecida en el artículo 1023 del Código Civil inciso 1, 2 apartado m)- 3. Por lo expuesto, estima que la exclusión de responsabilidad invocada en la cláusula 4°, inciso 1.- 3.- a) del contrato de seguro no es lícita, al excluir o limitar la responsabilidad del vendedor u oferente. Por último, señala que omitió indicarle al INS, que la propiedad asegurada, se encontraba construida cerca de gaviones y muros de contención; pero dicha omisión se da por cuanto el suscrito ignoraba las deficiencias gravísimas en que se había construido el Condominio donde se ubica la propiedad afectada, que atentó incluso contra la vida de su familia y la propia. La omisión aquí apuntada no fue intencional, por lo tanto de acuerdo con el artículo 15 del contrato de seguros, el Instituto Nacional de Seguros deberá asumir la responsabilidad correspondiente de conformidad con esta norma. En lo que atañe a la Municipalidad de Moravia, argumenta con fundamento en la Ley de Construcciones, el Reglamento de Fraccionamientos y el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, que debe asumir la responsabilidad civil de los hechos, por cuanto otorgó el permiso de construcción omitiendo exigir la presentación de los requisitos técnicos, básicos, legales y preliminares de toda construcción, mismos que garantizarían los estándares de calidad y seguridad, requeridos por ley. Se aprobó el permiso de construcción sin los planos constructivos, el diseño de ingeniería debidamente visados por la Dirección General de Urbanismo del INVU, Ministerio de Salud, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, SETENA, entre otros, por lo que no existen estudios de impacto ambiental, estudio geotécnico y mecánica de suelos o estudio hidrofológico. Las áreas recreativas en general, fueron construidas en un área de relleno de muy mala calidad, sin la aprobación de ninguna institución estatal, por lo que la Municipalidad de Moravia incurre en un doble incumplimiento de deberes: 1) Otorga el permiso sin la aprobación previa de las otras instituciones estatales. 2)- Omite efectuar los controles periódicos encomendados por ley, para asegurarse que la construcción iba cumpliendo con los requisitos exigidos por los diversos reglamentos. Finalmente expone que compró la propiedad, porque consideró que las instituciones estatales involucradas aprobaron el proyecto como lo es INVU, SETENA, Ministerio de Salud y Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, entre otros, por lo que correspondía a la Municipalidad de Moravia verificar sí toda las instituciones estatales habían otorgado el visto bueno del proyecto. En lo que atañe a la Mutual Alajuela, señala que ésta debe asumir la responsabilidad civil solidariamente, por los daños y perjuicios ocasionados, por cuanto el funcionario nombrado al efecto por la misma, no valoró cuestiones esenciales estructurales, incluyendo las zonas comunes que forman parte del inmueble por tratarse de una propiedad horizontal, como lo era la calle de acceso de entrada y salida, el gimnasio, casetilla del guarda. Era la única persona, enviada por la Mutual, que por su conocimiento profesional en la especialidad de la arquitectura, podía darse cuenta de los grandes y graves problemas estructurales que presentaba el condominio, sin embargo no lo informó, induciéndole con ello en adquirir una propiedad y un crédito, mismo que según criterio del INS no era asegurable pese a que mes a mes se le cobraba la póliza de seguro. Sostiene que la actuación de la Mutual fue altamente negligente pues correspondía a ésta no solo verificar el valor adquisitivo que tendría el bien que financiaría en aquel momento, sino además verificar mediante un profesional especialista en la materia, sí el bien que respondería por la deuda, reunía las cualidades suficientes para ser cubiertos por una póliza por posibles riesgos inesperados, además haber verificado la situación estructural del mismo, por cuanto la construcción del Condominio se asentaba en un terreno inclinado cuyo costado sur era un despeñadero con una profundidad de más de ciento cincuenta metros y con soportes de muros de retención asistido por gaviones de muy mala calidad a todo lo largo de dicho costado. Los muros de contención, así como los gaviones estaban a la simple vista, mismos que pudieron ser valorados adecuadamente por el perito nombrado por la Mutual, sin embargo no fue así. Al contestar la audiencia conferida por el Tribunal respecto a la prueba para mejor resolver con relación a la condición actual de los créditos, el apoderado de la señora [Nombre 010] se refiere a la existencia de una póliza activa con el Instituto Nacional de Seguros al momento del evento, por lo que la señora [Nombre 010] cuenta con la legitimación para incoar este proceso, añadiendo que no existe ningún enriquecimiento ilícito puesto que su representada sencillamente está exponiendo una situación en la cual el INS, asegura un bien que no puede asegurar, sin ninguna fiscalización y de forma negligente y posteriormente de forma ilegítima rechaza la exigencia del cumplimiento de un contrato que desde el principio no iba a ser posible de indemnizar. Siendo las cosas así es el mismo INS quien incurre en un enriquecimiento ilícito puesto que recibió múltiples pagos de primas y cuotas mensuales de las pólizas expedidas, las cuales según su dicho no eran asegurables. Es decir el contrato de seguros nunca debió firmarse según el INS puesto que el bien no era susceptible de ser cubierto. Es decir, la causa de los pagos no era legal, siendo esta la figura del enriquecimiento ilícito de forma clara.
IV.- Argumentos de los demandados: En síntesis, la representación del Instituto Nacional de Seguros, señala que no llevan razón el accionante [Nombre 001], al indicar que es el banco el encargado de gestionar los trámites ante el INS para el aseguramiento del bien inmueble, ya que el intermediario entre el INS y el Banco Popular para el otorgamiento del seguro es la empresa Comercializadora de Seguros Dinámica de Seguros SA, entidad que interviene brindando la información requerida para el otorgamiento del seguro, amparada bajo contrato suscrito con el INS, el cual se rige por lo establecido en el Reglamento para la Operación de Entidades Comercializadoras de Seguros del Instituto Nacional de Seguros, en el cual, el intermediario se obliga en los siguientes términos, según se indica: "e) Informar al lnstituto a la brevedad de los cambios de condiciones y características de los riesgos asegurados y de sus clientes h) Inspeccionar, a la emisión y al menos anualmente, los riesgos de los seguros que coloque, o contratar los servicios de los profesionales acreditados para valorar el riesgo, todo de acuerdo con los Reglamentos y disposiciones del Instituto que regulan tal actividad. Artículo 18: ''Se considerarán incumplimientos graves al contrato suscrito con la Agencia comercializadora; sus representantes, personal o Agentes, incurran en las siguientes conductas: j) Omitir o incurrir en falsedades en los aspectos relativos a la inspección o aseguramiento de un riesgo". En lo que respecta al aseguramiento del bien inmueble, señala que lleva razón el actor [Nombre 001], al indicar que el INS aceptó y autorizó la aprobación de la póliza, misma que fue aprobada con la información suscrita por el intermediario (Comercializadora Dinámica de Seguros SA) y el Banco Popular, en el certificado seguro colectivo de incendio, en el cual se contempla información, como bien lo señala el actor, falsa, ya que en dicho documento se puntualiza que los colindantes sur y oeste eran casas de habitación y en realidad se trataba de un lote baldío y un talud, respectivamente. Este hecho que viene a incrementar en forma abrupta el riesgo asegurable, mismo que en caso de haberse consignado en la inspección que le correspondió realizar a la comercializadora Dinámica de Seguros SA, tal y como lo dispone el Manual de Tarifas y Aseguramiento de Incendio, se hubiese anotado en el certificado seguro colectivo de incendio y probablemente al bien no se le hubiera otorgado la cobertura de deslizamiento, no obstante, se le hizo incurrir al INS en error por la información consignada en los documentos referidos. Añade que la información otorgada no solo por la comercializadora Dinámica de Seguros SA, si no también por el asegurado nombrado, Banco Popular, hacen incurrir al INS en error al consignar en la información presentada datos falsos que agravan el riesgo asegurado, violentando el principio de máxima buena fe, y omitiendo con ello lo establecido en el Reglamento para la operación de Entidades Comercializadoras de Seguros, artículo 16, inciso h, el cual indica lo siguiente: "inspeccionar, a la emisión y al menos anualmente, los riesgos de los seguros que coloque, o contratar los servidos de los profesionales acreditados para valorar el riesgo ...". En otro orden, lo concerniente al oficio DJUR 2046-2008 emitido por la Dirección Jurídica es cierto, lo demás son argumentaciones del actor. Al exponer sus argumentos de fondo indica que en virtud del contrato suscrito entre Dinámica de Seguros SA y el Instituto Nacional de Seguros, la primera se obliga a respetar entre otros, los lineamientos de aseguramiento ejercidos por el INS, en los productos cuya comercialización le autorice el Instituto, hecho que se omite al no realizar la inspección correspondiente según los procedimientos de aseguramiento contemplados en el Manual de Tarifas y de Procedimientos, Seguro de Incendio, documento en el que se contempla el proceder que debe seguir las comercializadoras de seguros y sus agentes para el otorgamiento del seguro, contemplado en el Capítulo cinco del Manual mencionado. Por otra parte, como se aprecia en la solicitud de aseguramiento (certificado seguro colectivo de aseguramiento) la información otorgada por Dinámica de Seguros SA y el mismo Banco Popular para el análisis de la aceptación del riesgo es falsa, pues la misma oculta información que agrava el riesgo, y que si se hubiera contemplado en el documento de solicitud de seguro, el aseguramiento hubiese sido otro, en términos completamente distintos o en su defecto no se hubiera otorgado, por lo que concluye que es el intermediario y el asegurado nombrado quienes ocultan información haciendo incurrir al INS en error al otorgar dicho seguro. Por otra parte, al contestar la demanda del señor [Nombre 027], señaló que el instituto no intervino en ningún momento. Además, que como se puede desprender de los informes realizados tanto por la Comisión de Emergencias como por el Ministerio de Salud, las edificaciones fueron construidas en propiedades de alto riesgo lo que se puede notar del Informe Técnico número DPM-INF- 1957-2007 de noviembre del 2007 emitido por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias; asimismo, se pudo determinar que existían una serie de vicios ocultos graves en el proceso constructivo, los cuales no podían ser de conocimiento del Instituto Nacional de Seguros. Reitera que no lleva razón el actor al decir que es su responsabilidad lo referente al aseguramiento, ya que es importante indicar que es la Comercializadora de Seguros del Banco accionado la que realizó lo referente al aseguramiento, y fue el Banco Popular y de Desarrollo Comunal quien incluyó al actor en la póliza colectiva que posee, la cual, al ente asegurador únicamente le llega un listado mensual con las inclusiones que realiza, así como la documentación respectiva, pero es directamente la Comercializadora del Banco Popular la que realiza todo lo referente a la inspección del inmueble, así como el análisis del aseguramiento del bien. Además, el caso en cuestión fue declinado dentro de los parámetros legales estipulados en nuestro ordenamiento jurídico, ya que el convenio en mención es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes, con lo cual la otra parte tiene la potestad de aceptarlo o bien rechazarlo en su integridad por cuanto a ninguna persona se le obliga a rubricar el mismo, por consiguiente el asegurado aceptó las cláusulas del contrato de póliza con lo cual establece que entendió el mismo y lo aceptó en su totalidad por la propia voluntad y conveniencia. Por lo expuesto, estima que de la pretensión del actor no se desprende la relación de causalidad que pudiera existir contra el ente asegurador, pues los daños que argumenta derivan de vicios ocultos de terceras personas, las cuales no son parte en este proceso, ni mucho menos tienen relación con el Instituto Nacional de Seguros, lo cual ha quedado claramente expuesto no solo en la presente contestación, sino también de las pruebas aportadas por la actora, vicios que no podían ser detectados por el Instituto Nacional de Seguros a la hora de recibir la prueba emitida por la asegurada, la cual fue escogida por la misma actora al momento del aseguramiento. Al contestar la demanda del señor [Nombre 003], solicitó que se declarara sin lugar la acción, toda vez que estima que no cuenta con asidero legal para solicitar los daños y perjuicios pretendidos, por cuanto no demuestra con las probanzas requeridas que dichos daños existieron, así como que los mismos fueron ocasionados directamente por la entidad, ya que, no obstante, el bien se encontraba asegurado, el seguro que era cancelado al ente Bancario a través de una Comercializadora de Seguros, la que se encargó de todo lo relacionado con la póliza de incendios suscrita por el accionante. De igual manera es de importancia acotar que conforme se puede desprender del expertaje realizado por el Ingeniero Miguel Bolaños Sequeira, el bien del accionante no cumplía con los requisitos mínimos para ser asegurado, por consiguiente y conforme a estipulado en el artículo 4 inciso 3.a de las Condiciones Generales de Hogar Seguro 2000, la unidad habitacional queda desprotegida de la póliza. Añadió, que la casa de habitación del accionante no sufrió daños a causa del siniestro, sino más bien los mismos se dieron en lugares alegados a este. Señala que el actor pretende hacer creer que todo el condominio en si es una sola unidad, cuando lo cierto es que desde el punto de vista legal cada filial es independiente de la otra, y el hecho que un área común sufriere algún daño no quiere decir que con esto se debe de aplicar la póliza a la casa de habitación que efectivamente es el bien asegurado, y por ende independiente de las demás. Expone que el accionante no demuestra que el Instituto hubiere realizado alguna inspección o bien indicado alguna recomendación de la casa de habitación del actor antes de otorgar la póliza de incendios, a fin de poder determinar alguna posible responsabilidad a la hora de efectuar el aseguramiento de dicho inmueble, que el menaje no es parte del aseguramiento, que el seguro del bien fue analizado y aprobado por la Comercializadora de Seguros de Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo, quien era la encargada de inspeccionar el inmueble así como todo lo referente a los requisitos para que el bien pudiere ser asegurado, situación que no se dio conforme a los lineamientos estipulados en el Manuel de Tarifas y de Procedimientos de Seguros de Incendios para agentes independientes y Agentes de comercializadoras, ya que se aseguró un bien que no cumple con los requerimientos mínimos estipulados en las Condiciones Generales del seguro contra incendios Hogar Seguro 2000, lo cual quedó confirmado por los peritos que inspeccionaron el bien que interesa. En cuanto a la demanda de la señora [Nombre 010], precisa la entidad aseguradora que existió una póliza, la número 01 011NC574938, suscrita por la actora, la cual fue asumida con la Mutual Alajuela y la misma, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 y fue cancelada desde enero de 2007, por falta de pago de la prima; lo cual coincide con la fecha en que se canceló el gravamen a favor de la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Es decir, a partir del 1 de enero de 2007 dicho seguro no está vigente. Posteriormente, la actora suscribió la póliza 01161NC12380, para cubrir la edificación que estaba anteriormente asegurada con la póliza que cita la actora. Expone que ésta confunde su relación con la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, como entidad que financió la compra del inmueble, con la relación de ésta con el Instituto Nacional de Seguros y con ella misma, ya que el Instituto Nacional de Seguros no exige la contratación de un ingeniero para la suscripción del seguro, toda vez que la actividad que ejerce el Instituto es la venta de seguros; más no no participa en lo relacionado con el financiamiento y construcción de la vivienda. La póliza fue emitida una vez que la vivienda estaba construida y que el avalúo fue emitido para efectos de que la Mutual de Ahorro y Préstamo verificara la garantía por crédito, pero únicamente fue agregado a folios del 2 al 7 de la póliza 01011NC574938, como referencia para la determinación del monto asegurado e inspección general de la vivienda, en cuanto a materiales, área de construcción; no exigió ese avaluó como requisito de aseguramiento y tampoco tiene ninguna relación con el profesional que lo hizo. Además, para esa fecha no se encontraba vigente la póliza 01 011NC574938 (ver certificación INSLME-1919-2011) cuyo acreedor y asegurado nombrado era la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Nótese que producto del citado evento la actora presentó el reclamo 1-2007-747 y este fue analizado al amparo de la póliza 01161NC12380, cuyo acreedor y asegurado nombrado era el Banco Bac San José SA. Añade, que efectivamente la vivienda de la señora [Nombre 010] fue declarada inhabitable y sufrió daños vandálicos, pero éstos son ajenos al evento ocurrido el 14 de noviembre de 2007; ya que originaron al darse la orden de desalojo, pues las viviendas quedaron sin el cuidado respectivo. Reitera que la actora ha estado haciendo alusión a una póliza que no estaba vigente al momento del evento y que si bien la póliza 01161NC12380, sí estaba vigente al 14 de noviembre de 2007 y tenía la·cobertura de deslizamiento, así como el pago de la prima, está claro que la 'vivienda no sufrió daños a causa de lo ocurrido esa fecha, ya que la misma actora reconoce en el hecho sétimo de su demanda y en este mismo hecho señala que los daños son porque su vivienda fue desmantelada, lo cual 'evidentemente no es producto del deslizamiento, sino de hechos de terceros no cubiertos por el seguro. Aclara que la finca de la señora [Nombre 010] efectivamente estaba asegurada y la razón por la cual no se acogió el reclamo no fue por falta de aseguramiento, sino porque no dan las condiciones previstas en la póliza para otorgar la cobertura, por el contrario, los daños que reclama la actora están excluido de la cobertura de la póliza. Adicionalmente, hay otro motivo para declinar el reclamo, pues la vivienda está ubicada en una distancia inferior al doble de la altura de un talud cercano, de modo tal que al hacerse su inclusión en esas condiciones, aplica la exclusión prevista en el ·artículo 4 inciso 3 y párrafo o final· de la parte 1 de las Condiciones Generales de la "Póliza Hogar Seguro 2000". Al abordar el fondo del asunto, señala que la actora hace una mezcla entre la solicitud de ejecución del contrato de seguros y una presunta responsabilidad objetiva, que no justifica, así como la responsabilidad por la dirección profesional de la construcción en la cual no tuvo participación alguna. Reitera, que el Instituto no participó en la elección de la finca, de modo tal que ella también con la mediana diligencia debió tomar las previsiones 'respectivas para asegurarse de las condiciones del bien que estaba adquiriendo; de manera que si ella no se asesoró, eso no es aspecto imputable al ente asegurador. En este sentido llama la atención a que la actora pretenda endilgar responsabilidad a los demandados pese que son responsabilidades propias de los profesionales que tuvieron a cargo la obra, a quienes no demanda por vicios ocultos. En cuanto al contrato de adhesión, precisa que la tesis de la actora no tiene asidero ni jurídico ni fáctico, por cuanto las cláusulas del contrato de adhesión responden a la decisión de la voluntad del adherente si las acepta o no, las cuales se ajustan a la técnica de materia de seguros y están dentro del rango permitido por la ley, de esta manera, lo que la cláusula cuestionada viene a tutelar no es otra cosa que principio de máxima buena fe, aplicable a todos los contratos y muy especialmente a los de seguros, siendo el de cuestión uno de orden colectivo, de manera que el ente asegurador permite la inclusión automática de riesgos, sin embargo, también tiene que reservarse su responsabilidad cuando el asegurado y/o el contratante hayan omitido dar información importante para la determinación del riesgo; ya que en este tipo de seguros, la' buena fe se lleva a su máximo, ya que él asegurador confía en la información que suministra por su cuenta él asegurado y el contratante. Es decir, la inclusión falsa o inexacta de este tipo de información con lleva a un vicio en la voluntad del asegurador, que precisamente justifica la declinación·del reclamo; ya si el asegurado o el contratante hubieren declarado la cercanía del inmueble asegurado a un talud, el seguro no se hubiera formalizado; de modo tal que esa omisión la que indujo en error al Instituto Nacional de Seguros para aceptar ese riesgo. Es decir, la no aplicación de esa cláusula vendría a fortalecer la posición de las partes que faltaron a la buena fe contractual y por ende no es abusiva, lo anterior, en aplicación concreta del artículo 6 de la Ley de Seguros. El reclamo de la actora se origina por un deslizamiento ocurrido el 14 de noviembre del año 2007, el cual provocó daños en zonas aledañas al inmueble asegurado, es decir, producto directo del deslizamiento no se reportaron daños en el inmueble asegurado, tal y como se desprende de los hechos de la demanda como de los informes efectuados por el ingeniero Miguel Bolaños. Ahora bien, lo que si ocurrió producto de ese deslizamiento fue que la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud procedieron a la evacuación del edificio; y dado que dichas entidades ni la asegurada tomaron las medidas respectivas para salvaguardar la propiedad, terceras personal procedieron a desmantelar la casa; sin embargo, esos daños no son consecuencia del deslizamiento y por ende no están cubiertos por la póliza. Aún más directo y explícito es el contrato, porque este tipo de pérdida no sólo no están cubiertas sino que además estable que están expresamente excluidas, cuando en ' el artículo 19 de la Parte II de las Condiciones Generales del Seguro. Añade, que le llama la atención que la actora pida la aplicación de la cláusula de errores de omisiones, por considerar que ella no declaró la existencia del talud porque desconocía las deficiencias gravísimas en que se había construido el condominio. Manifestación que no puede pasar desapercibida en el tanto la asegurada no declaró la cercanía con el talud por desconocer el nivel de exposición al riesgo que tenía su propiedad, nótese que el talud es un desnivel de más de 20 metros de altura, es decir, se percibe fácilmente y por ende no se puede hablar de una omisión involuntaria y menos proceder a la aplicación de la cláusula de errores y omisiones. Por último, respecto a los daños y perjuicios, señala que la cobertura era por un monto asegurado de 23.760.745 colones, por lo que la pretensión de una vivienda de similares condiciones la supera. Los gastos de formalización no están cubiertos en la póliza que pretende ejecutar ni tampoco la pérdida de mobiliario, extremo con respecto al cual, no existe ningún nexo con el ente asegurador o bien, gastos por arrendamientos, perjuicios por ganancias dejadas de percibir y una lesión en el pie. Finalmente, al invocar las excepciones, aduce la prescripción de la acción, por cuanto el evento que origina el reclamo de la actora corresponde a un deslizamiento que ocurrió el 14 de noviembre de 2007, el cual fue tramitado en sede administrativa bajo el expediente 1-2007-747 y quedó finalizado con la resolución·del recurso de apelación, mediante el oficio DSG-1339-2008 del 06 de agosto de 2008. (folios 80-81 del expediente del reclamo 1-2007-747). La demanda tiene fecha de 10 de enero del 2011 y si bien es cierto, la gestión de acumulación del expediente fue notificada a mi representado desde el 26 de enero de 2011; no obstante; la demanda no fue notificada sino hasta el 09 de abril de 2012. Es decir, desde la fecha de la.última gestión administrativa (06 de agosto de 2008) hasta la interposición de la demanda (10 de enero de 2011) y notificación de la misma (09 de marzo de 2012), transcurrió más de doce meses y por lo tanto ya se ha cumplido el término de la prescripción estipulado en la Parte II, Sección. VI, artículo 29 de las Condiciones Generales del Contrato. Explica que si bien es cierto, el artículo 42 de la Ley de Seguros establece un plazo de prescripción de 4 años en esta materia, lo cierto es que ese plazo puede reducirse, según lo estipulado en esa misma norma, en los siguientes términos: "Artículo 42. -Las acciones que se derivan de una póliza de seguro prescribirán por el lapso de cuatro años, a partir desde el suceso que motivara el ejercicio de ellas. Sin embargo, las partes pueden convenir en que ese término sea más corto". Finalmente, ante la audiencia conferida respecto a la prueba para mejor resolver, señaló la representación institucional que la demanda se formuló al amparo del reclamo por la póliza Hogar Seguro 2000 01 01 574938 suscrita bajo el marco del contrato mercantil de préstamo suscrito entre la Mutual y [Nombre 010] por un monto asegurado de ¢ 23.760.475, se encontraba cancelada cuando ocurrió el evento y no así, la otra póliza que fue tomada por el Bac San José como garantía de una operación crediticia, por lo que estima que la señora [Nombre 010] pretende un enriquecimiento sin causa, dado que reclama al INS a través de las pólizas, el pago de créditos que fueron cancelados previo al evento del 14 de noviembre de 2007, según constancias aportadas por Grupo Mutual Alajuela La Vivienda. Al rendir conclusiones, agregó que de las pericias aportadas, se observa que las casas del [...] no presentaban ninguna evidencia de problemas por asentamientos o deslizamientos. Sin embargo, se presenta un problema de diseño muy serio, ya que los drenajes de las aguas negras se colocaron en la zona de taludes. Esta situación puede acarrear a corto o mediano plazo problemas de deslizamientos. Se recomienda por lo tanto no habitar este condominio hasta que se construya una planta que de tratamiento a estas aguas y las conduzca hacia la quebrada San Francisco, con esa pericia, con el estudio de suelos realizado por Vieto y Asociados, así como del informe 71-F-08-CI rendido por el Organismo de Investigación Judicial dentro del proceso penal N° 07-006553-0647-PE que consta a imágenes 1976 a 2039 del expediente judicial, se desprende en cuanto a las viviendas de [Nombre 010] y [Nombre 003], que estaban construidas sobre un relleno, el cual nunca recibió las mejoras estructurales recomendadas en los estudios de suelos realizados de previo a su construcción, dado que fueron construidas a sabiendas de estos errores estructurales por parte de los desarrolladores. De igual manera, con ese informe pericial se demuestra que los vicios ocultos que presentaban las viviendas eran imposibles de detectar por parte del INS al momento del aseguramiento, por lo que no tiene responsabilidad de los daños y perjuicios que se reclaman en este proceso.También debe de considerarse que para que, los vicios ocultos pudieran ser conocidos de previo al aseguramiento por el INS, se necesitaba una valoración exhaustiva desde el momento de la construcción de las viviendas (por ejemplo, un estudio geotécnico de los suelos), lo cual no era posible, toda vez que las casas estaban terminadas cuando se presentaron a solicitar el seguro respectivo. Se cuestiona en este proceso, sobre la razón por la cual los actores no demandaron o reclamaron al vendedor y al constructor (desarrolladores) por los daños alegados, pues ellos son los obligados legalmente a entregarles la vivienda apta para su habitabilidad, caso contrario se está ante un incumplimiento contractual por parte del vendedor. (Artículos 438 a 442 del Código de Comercio, 692,693, 701 a 702, 1007,1008, 1022, 1034 a 1042, 1070 del Código Civil). Ellos (vendedores-constructores) son los responsables directos de esos daños, ya que sabiendo de los vicios del terreno y de que no realizaron los trabajos de reforzamiento en el sitio según se les había exigido en los estudios de suelos previos sobre la revisión de los terrenos, decidieron construir y vender las propiedades, con ocultamiento de la verdad. Por otra parte, tómese en consideración que los dueños de las viviendas ubicadas en el [...] y en la [...] interpusieron un proceso penal contra los constructores-desarrolladores, en el cual se llegó a una conciliación pues esos vendedores admitieron el acto delictivo y pagaron una indemnización por lo ocurrido a los dueños de las viviendas, otro elemento que demuestra que ellos son los responsables del daño sufrido por los actores, lo cual fue manifestado por la testigo, [Nombre 013]. Por otra parte, añade que la inspección de aseguramiento- en caso de efectuarse-, únicamente la realiza el asegurador de manera básica, tendiente a comprobar que los bienes existían y que tenían condiciones mínimas para uso habitacional, pues es imposible materialmente revisar la condición del terreno una vez construidas las viviendas, además de que no existe norma en el ordenamiento jurídico que obligue al INS a inspeccionar los bienes asegurados. Tampoco los actores han acreditado que el INS tuviera la obligación legal o contractual de hacer este tipo de estudios previo. Reprocha la falta de diligencia, no solo de no reclamar ante los vendedores sino también de no advertir el peligro inminente de colindar con el talud, sin asesorarse por un profesional, y, lo peor del caso, sin informar al INS sobre esta situación que, de haberla conocido el Instituto, nunca hubiera asegurado su vivienda. En otro orden señala que la póliza señala con claridad el objeto de aseguramiento de la vivienda del actor (edificio) y no se previó el aseguramiento de las zonas comunes del condominio en que debería especificarse en el reglamento del condominio según lo establece el artículo 19 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, lo cual no fue demostrado en este proceso. Particularmente para el caso de la actora [Nombre 010], advierte que carece de legitimación para demandar al INS, por lo siguiente: Para el momento del siniestro 14 de noviembre del 2007, la póliza hija número 01 01 574938 03 0001 modalidad Hogar Seguro 2000, suscrita bajo el marco del contrato mercantil de préstamo existente entre la Mutual y la señora [Nombre 010], se encontraba cancelada según la certificación INSLME-1919-2011 que consta a imagen 1923 del expediente judicial. La actora en escrito del 05 de abril del 2018, trató de incorporar a la discusión, la existencia de otra póliza que fue tomada por el Bac San José como garantía de una operación crediticia que la señora [Nombre 010] suscribió con esta entidad. Por lo que, pretender introducir al proceso, una póliza que no fue objeto de discusión, que no se mencionó en la demanda, resulta un hecho que el Tribunal no podría pronunciarse, pues no fue objeto del debate, lo que es contrario al derecho de defensa de las partes accionadas y debe ser rechazado. Y el crédito adquirido con el BAC fue posterior al adquirido con GM y no forma parte del objeto de esta litis. Por último, advierte, que los actores no han presentado prueba que acredite la relación causal entre la denegatoria del reclamo del INS y el sufrimiento padecido. La representación legal del Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, contesta en los mismos términos la demanda del señor [Nombre 003] y [Nombre 010], señalando que no se trata de una entidad bancaria, sino de una organización de naturaleza privada, la cual atendiendo a sus fines, otorgó el crédito al señor [Nombre 003], aclarando que el financiamiento fue para una vivienda ya construida, cuyo crédito no ha sido cancelado. Añade que en el caso particular de la señora [Nombre 010], Grupo Mutual sí contrato un ingeniero, pero como se explicó, lo pactado en la escritura fue precisamente un perito que supervisara el avance constructivo según planos, nunca, como lo sostiene sin fundamento la actora en este hecho, se comprometió Grupo Mutual a nombrar un ingeniero que supervisara la obra. Retomando la contestación de la demanda para ambos actores, afirma que la suscripción de una póliza de seguros, tanto para eventos de incendio, terremoto y otros, como de vida del deudor, son requisitos que exige la propia legislación aplicable, de modo que no es cierto que Grupo Mutual Alajuela "obligara" a los actores a suscribir tales seguros, sino más bien que se trata de requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico que ni el acreedor ni el deudor pueden desaplicar. Tanto así que el monto del seguro es siempre el monto del crédito que está destinado a proteger, y que se justifica plenamente por el interés social de la Asociación Mutualista que debe proteger los fondos comunes de sus Asociados. Además, señala que la póliza que se indica en este hecho fue suscrita, lo que no significa en modo alguno una garantía de cobertura en todos los posibles eventos, como parece pretender el actor, debido a que dicho contrato póliza, como es usual, tiene exclusiones y condiciones que son impuestos a su vez por el Ente asegurador, en este caso el codemandado Instituto Nacional de Seguros, que es el que establece, de manera unilateral y bajo la modalidad de contrato de adhesión, los términos de cobertura, y el que, de igual forma unilateral, determina cuándo procede y cuándo no la cobertura de daños por un determinado evento, situaciones ambas cuyas decisiones son completamente ajenas a la voluntad de la Mutual. Señala que es cierta la existencia del deslizamiento y órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, sin embargo, rechaza las demás consideraciones que estima son de orden subjetivo y advierte que las razones que pudieran haber ocasionado el deslizamiento no han sido debatidas ni analizadas, mucho menos demostradas, lo que convierte este hecho en suposiciones y afirmaciones que no reúnen las condiciones propias de un hecho. Añade, que la decisión respecto a cuándo se paga o no se paga una determinada cobertura no es de resorte de Grupo Mutual. Más bien, en el presente caso y precisamente dada la existencia del crédito que el actor menciona en el hecho primero, al no darse la cobertura por parte del INS se está causando un grave perjuicio a Grupo Mutual Alajuela, ya que se ha dejado en completa desprotección su crédito hipotecario. Expone que otorgó un crédito al actor para que adquiriera una vivienda ya construida, es decir que no participó en el proceso de diseño y construcción de la misma. Es por tal razón que el avalúo que se llevó a cabo por Grupo Mutual tenía únicamente el propósito de determinar el valor del inmueble para efectos de cobertura de la garantía hipotecaria. Determinar si había o no vicios ocultos en la construcción o el diseño, como los que describe el actor en este hecho, escapaba completamente a la posibilidad real del peritaje, precisamente por tratarse de aspectos no susceptibles de apreciar en un avalúo de la naturaleza del que se llevó a cabo. No era posible determinar problemas estructurales en el condominio, y de haberlo sido, el crédito no le habría sido otorgado al actor. No debe perderse de vista que con la situación ocurrida, Grupo Mutual Alajuela, lejos de ser un responsable civil, es más bien una víctima, pues su crédito se encuentra insoluto. De seguido interpone defensas previas y en lo que refiere a las de fondo, señala que el informe pericial rendido por la empresa INGEOTEC S.A., a solicitud el Ministerio Público, número IG019-2008, del 31 de enero de 2008, y que la parte actora presenta como prueba número 10, es contundente respecto a este tema de la responsabilidad de los desarrolladores, profesionales a cargo de la obra, constructores y demás participantes. Estima que los hechos que contiene la demanda dejan claro que la única participación que tuvo Grupo Mutual Alajuela en los eventos que motivan este proceso judicial, fue la de otorgar un crédito hipotecario al actor para que éste adquiriera un condominio que ya estaba construido, de manera que ninguna participación tuvo Grupo Mutual en el proceso de diseño, desarrollo, construcción y supervisión de las obras. Al contrario, cuando el actor requirió de su crédito, ya todo estaba construido y terminado. El perito que envió Grupo Mutual, en cumplimiento de la normativa financiera aplicable a todo crédito, únicamente buscaba determinar, en su informe, el valor del bien para efectos del otorgamiento del crédito, y nunca se trató de un peritaje a fondo en busca de vicios ocultos o defectos constructivos más allá de la posibilidad de observación técnica. Este peritaje no toma muestras de la construcción, no evalúa la técnica constructiva, mucho menos profundiza en áreas de diseño que son de responsabilidad exclusiva del desarrollador, siendo el tema del contrato de seguro, un aspecto que le es ajeno. En primer lugar, porque la exigencia del seguro es generada por el propio ordenamiento jurídico - financiero, de modo que no es una obligación impuesta por Grupo Mutual como acreedor, sino por la Ley. Entonces, la existencia misma del seguro es un tema de legalidad y no de la imposición voluntaria de obligaciones en un contrato de crédito. En segundo lugar, porque la determinación de acoger o no un reclamo indemnizatorio es una decisión completamente ajena a Grupo Mutual y de competencia exclusiva del Instituto Nacional de Seguros. La única participación que presenta en materia de seguros es la de suscribir la póliza colectiva con el asegurador y cobrar y trasladar a éste las primas. Si hay o no responsabilidad por una cláusula que se considera abusiva a tenor de lo previsto por el Código Civil, y si el contrato de adhesión es o no violatorio del ordenamiento jurídico, son aspectos propios del ente asegurador y no pueden serle imputables. Es así como la ocurrencia de un siniestro como el que se vivió en el condominio de la parte actora no fue ni podía ser, en modo alguno, culpa ni responsabilidad de Grupo Mutual Alajuela, como tampoco lo son las consecuencias posteriores que también pudiera haber ocurrido, verbigracia los actos de vandalismo que cita la actora en su demanda, o la falta de cobertura del seguro existente, sobre el cual se comentará de seguido, pero que igualmente no le es imputable. Ante la ampliación de la demanda, señaló que el actor no participó en ningún acuerdo conciliatorio el cual le es ajeno al tratarse de un tema privado al tratarse de un acuerdo conciliatorio de la Mutual con terceros. La representación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, contesta la demanda del señor [Nombre 027] indicando que al actor se le otorgó un crédito garantizado con hipoteca en primer grado sobre la finca del Partido de San José, Folio Real matrícula [Valor 002] por un monto de $ 50.900,oo (cincuenta mil novecientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica), formalizado mediante escritura pública ante el Notario Público Freddy Hoffman Guillén el 31 de mayo de 2006, registra como operación de crédito número 18-96-529001-2 cuyo plan de inversión era compra de vivienda. Para el otorgamiento del citado crédito se tomó en cuenta el avalúo número IA-4016 RS-2006 elaborado por el arquitecto Ricardo Solano Alvarado el 17 de mayo de 2006. Posteriormente en la etapa de la formalización el crédito, se confeccionó la respectiva póliza de incendio - la cual es de inclusión automática - sobre el bien otorgado en garantía la cual queda incluida dentro de la cuota mensual. El trámite de la citada póliza estaba a cargo de la empresa comercializadora de seguros "Dinámica de Seguros S.A." quien estaba obligada contractualmente a realizar inclusiones, exclusiones, auditoría y control de la base de datos. Así las cosas, se desprende claramente que el Banco Popular sólo se dedicó al análisis y otorgamiento del crédito que le permitió al actor adquirir el inmueble en cuestión y que los aspectos derivados del otorgamiento, revisión, efectividad e indemnización de la póliza de seguros son competencia absoluta de quienes participan en esta materia sea la comercializadora de seguros "Dinámica de Seguros" y el Instituto Nacional de Seguros. De manera tal que mi representado simplemente fungió como entidad financiera que facilitó el crédito al señor [Nombre 027]. Por otra parte, indica que no le constan los hechos personales del actor o su vivienda, encontrándose en esos momentos el crédito del actor con la garantía desmejorada, en estado de morosidad y en cobro judicial, por cuanto el crédito entró en mora. No obstante, se intentó en varias ocasiones llegar a un arreglo conveniente para las partes pero ello no fue posible, no siendo por culpa del Banco. La deuda como tal tampoco podía ser condonada por tratarse de recursos públicos y por las supervisiones a las que está sujeto como entidad financiera y por su naturaleza jurídica. Además, señala que siempre atendió a los damnificados con el deslizamiento de forma oportuna. Del análisis del presente asunto y de los documentos que conforman tanto el expediente judicial, administrativo y demás antecedentes, no se logra evidenciar ni demostrar que las actuaciones del Banco Popular sean la causa de la negativa del pago de la póliza de seguros supracitada, siendo que más bien se denota que el Banco Popular cumplió a plenitud con lo que le correspondía como entidad financiera al analizar y otorgar el crédito al señor [Nombre 027]. Es claro que lo relativo a la certificación de póliza de incendio y todo lo que ella conlleva era responsabilidad exclusiva de la agencia comercializadora de seguros "Dinámica de Seguros S.A." y del Instituto Nacional de Seguros por ser un aspecto de su competencia y tratarse precisamente de su actividad ordinaria, sea la venta, comercialización y administración de pólizas de seguros. En otro orden, llama la atención que en el oficio CNDC-217-2008 del 10 de abril de 2008, el cual se aporta como prueba, el lng. Marco V. Zamora Contreras perito institucional IC-10335, manifiesta expresamente que en el estudio realizado por la Municipalidad de Moravia se concluye que no cuentan con la totalidad de los planos constructivos, así como que no localizan el visado del Ministerio de Salud, ni del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como tampoco el estudio de impacto ambiental del SETENA, razón por la cual iniciaron una investigación para sentar las responsabilidades del caso. En cuanto a la acción del señor [Nombre 001], sigue la misma línea de exposición anterior y en lo particular, señala que lleva razón el actor que en los meses que indicó constituyó un crédito, específicamente el 29 de mayo del 2006 para compra de vivienda en la línea de "Vivienda Dólares" por un monto de cincuenta y un mil dólares y tramitado bajo la operación de crédito No. 018-096-528689-4, para lo que se tomó en cuenta el avaluó número IA-3963 RS-2006 elaborado por el arquitecto Ricardo Solano Alvarado el 26 de abril del 2006, quien recomienda' y considera desde el punto de vista técnico que el terreno en estudio es apto para la construcción. Posteriormente en la etapa de la formalización del crédito, se confeccionó la respectiva póliza de incendio - la cual es de inclusión automática - sobre el bien valuado por un monto de cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y tres dólares, quedando una mensualidad de veinte dólares con cuarenta por la cobertura de la póliza, la cual queda incluida dentro de la cuota mensual enviándose la misma a la oficina de seguros. Aduce que los linderos no son falsos, por cuanto son acordes con el informe registral del 26 de abril del 2006 y la visita de campo del perito a cargo, Ricardo Solano Alvarado, siendo los linderos mostrados por el vendedor del inmueble. Menciona que la certificación de póliza de incendio es responsabilidad de la Comercializadora de Seguros a cargo en ese momento, sea Dinámica de Seguros. El Banco Popular cumple el procedimiento inicial para estos casos y no se les indicó en ningún momento por parte de la comercializadora la carencia de requisitos o se denegó la inclusión de la póliza, por lo que los alegatos en este sentido deben ser dirigidos a la comercializadora de seguros "Dinámica de Seguros y no en su contra. Añade, que como imperativo para aprobar la operación de crédito se debía contar con la autorización por parte del Instituto Nacional de Seguros, ya que se logra evidenciar que el crédito fue aprobado el 4 de abril del 2006. Afirma, que no era imperativo para aprobar la operación de crédito contar con la autorización por parte del Instituto Nacional de Seguros. Concluye que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ejerció, desarrolló y aplicó de forma correcta cada una de las pautas no solo en relación al crédito otorgado sino en la tramitación de las pólizas correspondientes y aquí discutidas, lo que en ningún momento fue cuestionado por la comercializadora de seguros a cargo de la tramitación de la póliza. Rechaza asimismo, las pretensiones de daño moral objetivo con ocasión de la ampliación de la demanda, por cuanto a partir del mes de octubre del año dos mil ocho, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal actúa de conformidad a los lineamientos del acuerdo SUGEF 1-05, y en su condición de entidad supervisada debe reportar el comportamiento de pago histórico y los días de morosidad de la operación de crédito de marras, por lo que ha cumplido a cabalidad lo ordenado mediante resolución judicial No. 39-2010 de las quince horas del ocho de febrero del año dos mil diez, el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La representación de la Municipalidad de Moravia, en síntesis indicó al contestar la demanda del señor [Nombre 003], señala que no le constan los primeros tres hechos de la demanda ni que la vivienda del actor sufriera pérdida total y vandalismos. No obstante, sí le costa el deslizamiento que afectó principalmente al condominio denominado [...], el acceso a éste y a otras áreas comunes tales como la casetilla del guarda, gimnasio, área de juegos infantiles, entre otras así como que el Ministerio de Salud ordenó la evacuación del lugar. Señala que no le constan los supuestos agrietamientos en la masa del suelo, la mala construcción de muros de retención, la existencia de una naciente en el lugar o fugas internas sobre el terreno donde se construyó el condominio. Advierte que el condominio fue construido con los respectivos permisos de la Municipalidad, aclarando que la fiscalización de los estudios de la capacidad de soporte de suelos, estudios geotécnicos entre otros, no eran responsabilidad de la Municipalidad, ya que su papel es exigir al desarrollador que tramitara el respectivo permiso de construcción y con ello, de ser necesario, estudios técnicos, que en este caso sí existe. Señala que es el o los profesionales responsables, el o los desarrolladores, el o los inversionistas, quienes tenían la total responsabilidad de velar porque el proyecto a construir se realice con base en estudios, con materiales adecuados, estructura recomendada así con la selección de una empresa adecuada, con experiencia y capacidad técnica. De seguido, hace referencia al informe pericial de la empresa INGEOTEC S.A. y que la parte actora advierte sobre la posible existencia de vicios ocultos, lo que de demostrarse, harían al vendedor o desarrollador responsabonsables de los daños y perjuicios, sin demérito de la eventual responsabilidad de los profesionales a cargo de las obras, pues estos eran los encargados de considerar, orientar y fiscalizar el desarrollo de las obras mediante un adecuado diseño de cimentación, estudios sobre el tipo de suelo y la capacidad de éste para soportar y transmitir cargas, tal como está regulado en el Código de Cimentaciones de Costa Rica y en el Código Sísmico que son de conocimiento y aplicación obligatoria del profesional responsable, quien está cobrando un honorario profesional por sus servicios. Hace notar que no fue la realización de una construcción sin permiso municipal lo que produjo el deslizamiento, sino que según los informes, el deslizamiento tuvo como origen la aparente negligencia de los desarrolladores y profesionales responsables. Reitera que la Municipalidad sí exigió los permisos para el desarrollo del proyecto, tal y como consta en el expediente que fue secuestrado por la Fiscalía. Expone que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Construcciones, es el propietario y el ingeniero responsable (el que firma los planos del proyecto urbanístico y en la mayoría de los casos el anteproyecto), los responsables de los datos que consten en el proyecto. Asimismo, el artículo 85 de dicha ley, establece que el perito que solicitó la licencia para la ejecución de la obra, es el responsable del cumplimiento de las reglas que establece el ordenamiento aplicable en la materia. La Municipalidad al aprobar un permiso de construcción, se fundamenta en que hay un profesional responsable y los planos constructivos de lo que se va a construir están debidamente aprobados por las instituciones respectivas, y con base en ello, emite los permisos de construcción es responsabilidad del ingeniero de la obra considerar el diseño de la cimentación que lleve la vivienda, el tipo de suelo y la capacidad de éste para soportar y transmitir cargas como está establecido en el Código de Cimentaciones de Costa Rica y en el Código Sísmico que son de conocimiento obligatorio del diseñador, pues está cobrando un honorario profesional por sus servicios. Expone que la Municipalidad, si bien está obligada a ejercer controles previos y durante las construcciones que se desarrollen en el Cantón, en este caso no fue la excepción y el control si existió. De hecho que fue ese control previo el que generó que los desarrolladores del proyecto tramitaran los respectivos permisos de construcción, pues según consta en el respectivo expediente administrativo que fuera secuestrado por la Fiscalía, la Municipalidad en ese deber de fiscalización clausuró las obras de ese desarrollo, púes el mismo se inició sin permisos municipales, mismos que gracias a la intervención del Municipio, posteriormente fueron tramitados. Sin demérito de lo expuesto con respecto al secuestro de los expedientes administrativos relacionados con este caso se debe indicar que de la única documentación de la cual existe una copia en el Municipio es del diseño de sitio del [...], donde consta que el mismo fue aprobado por todas las instancias respectivas al detalle Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Seguros y por supuesto Municipalidad de Moravia. Cuando se dio el proceso de aprobación de la licencia, la Municipalidad ejerció el control previo y durante el proceso constructivo también ejerció controles. Ahora bien, lo que debe quedar claro es que dentro de este proceso no es competencia de la Municipalidad de Moravia, ni de ninguna municipalidad de Costa Rica, homologar y fiscalizar los estudios técnicos que realiza un desarrollador para construir un conjunto residencial, pues es precisamente ahí donde nace la figura del profesional responsable, por cuanto la Municipalidad al aprobar un permiso de construcción, se fundamenta en que hay un profesional responsable y los planos constructivos de lo que se va a construir están debidamente aprobado por las instituciones respectivas y con base en ello, emite los permisos de construcción. Los informes periciales confeccionados en el proceso penal, de forma unánime llevan a concluir que la responsabilidad del citado deslizamiento aparentemente resulta atribuible a los desarrolladores y profesionales responsables, no así a la Municipalidad de Moravia, por lo que en aplicación del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, en el caso se encuentra el hecho de un tercero. Al atender la audiencia de la prueba ordenada para mejor resolver, advierte el representante del gobierno local, que en el caso de [Nombre 003], en la certificación aportada se evidencia que el crédito que este obtuvo ante la Mutual Alajuela para la adquisición de su vivienda en el [...], fue cancelado el 06 de noviembre de 2013, pero no por este, sino por un tercero, que fue precisamente el desarrollador del proyecto, como parte de un proceso conciliatorio que se pactó en el proceso penal. Al respecto, puede verse que en escrito fechado 23 de enero de 2013, suscrito por [Nombre 003], que es ampliación de demanda, el mismo reconoce que la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, recibió el dinero otorgado por créditos, incluido el suyo, para saldar la deuda a cambio de limpiar el historial moratorio crediticio, es decir, que, el actor no pagó el crédito, por lo cual, no tiene legitimación para exigir el pago en su favor. adicionalmente, es necesario recordar que el actor desistió de la pretensión relacionada al pago de crédito y de forma evidentemente extemporánea e improcedente en su alegato de conclusiones realizo un supuesto ajuste de pretensiones, al respecto, véanse los artículos 46 y 95 del cpca.
V.- Sobre el fondo del asunto. Analizados los argumentos expuestos por las partes oportunamente, así como la prueba aportada que permite estructurar el elenco de hechos probados, debemos precisar que el eje común de los accionantes en este proceso, estriba en atribuir la aplicación del régimen de responsabilidad a la Municipalidad de Moravia, el Instituto Nacional de Seguros o bien, a los agentes comerciales que intervinieron en la adquisición de unos inmuebles, que fueron declarados inhabitables con ocasión de un deslizamiento del terreno ocurrido el día 14 de noviembre del año 2007. En aras de determinar si existe un nexo causal suficiente y adecuado entre las causas del deslizamiento y la participación o no, de los sujetos que han sido demandados en ese evento, a la luz de la línea argumentativa de los actores, además de vicios en el consentimiento que algunos accionantes aducen, se procede en orden a los demandados a analizar a la luz del cuadro fáctico, si existe mérito suficiente para atribuir responsabilidad por los daños y perjuicios reclamados, para finalmente, una vez determinado esto, abordar las pretensiones particulares de cada uno de los accionantes. Teniendo claro lo anterior, procede esta Cámara de Juezas a emitir el pronunciamiento respectivo. 1) Sobre el régimen de responsabilidad objetiva que opera para los sujetos derecho público. Régimen de responsabilidad civil -comercial de la entidad financiera privada y de la empresa del Estado. Para abordar el fondo del asunto, es importante realizar algunas precisiones sobre el régimen de responsabilidad que opera en nuestro Estado de Derecho. Particularmente, el régimen de responsabilidad objetiva del Estado Costarricense se encuentra contemplado en términos generales en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de cuyo texto se extrae el deber de indemnizar todos los daños y perjuicios originados con motivo de las conductas y omisiones de la Administración Pública, de la cual participa en este caso. Esto es, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Desde esta perspectiva, bajo la premisa del deber de indemnización de la Administración, con independencia de criterios de valoración subjetiva -dolo o culpa-, en la actuación de sus servidores o agentes, en nuestro país opera un régimen de responsabilidad objetiva, de toda suerte que el Estado debe indemnizar todo daño que el administrado o justiciable no se encuentre en la obligación de soportar, ya sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y sin guardar relevancia para esa determinación su situación jurídica subjetiva. Es así, que la Administración Pública responde por su conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico o bien ante la comisión mediante una actuación material permitida, ya sea de forma activa u omisa. Claro está, responde también el Estado por los daños que se generen en virtud de una conducta administrativa de carácter ilícita, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal, cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. A partir de lo transcrito, se concluye que para la generación del régimen de responsabilidad objetiva del Estado se requiere la concurrencia de tres requisitos fundamentales: El primero, la existencia de una conducta administrativa, ya sea activa u omisa, formal o material, lícita o ilícita, funcionamiento normal o anormal. El segundo requisito es la generación de un daño antijurídico, efectivo, evaluable e individualizable, que la víctima no tenga la obligación de soportar, sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial. El tercer requisito es justamente que exista el nexo causal entre los dos requisitos anteriores, esto es, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitime el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. (Para mayor abundamiento ver resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y número 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001). Ahora bien, debemos tener claro que lo transcrito responde al régimen general de responsabilidad, en caso que no exista norma especial dispuesta por el legislador en la materia. Esto nos lleva a preciar, que tratándose de actividades reguladas por el derecho privado -comercial que efectúan las empresas del Estado, en este caso, el Instituto Nacional de Seguros (artículo 2 de la Ley número 12 del 30 de octubre de 1924) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( artículo 47 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal), que es en esencia, un ente público no estatal, las normas aplicables en primer orden son las contempladas en el derecho comercial y civil, al igual que son propias de la relaciones privadas que efectúan los sujetos privados, tales como las entidades financieras como el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda. Bajo este entendido, hemos de precisar, que bajo cualquier contexto, es indispensable identificar cuál es la conducta a la cual se la atribuye la causa del daño, para verificar el nexo causal entre ambos. Bajo ese entendido, abordamos de seguido el caso concreto. 2) Sobre las competencias municipales en materia de licencias constructivas. Inexistente responsabilidad administrativa por vicios ocultos en materia constructiva. Ausencia de nexo de causalidad por hecho de terceros: Nuestra Carta Fundamental fija en el artículo 169 de forma puntual y sumamente amplia, el ámbito de competencias de los Gobiernos Locales, al señalar que: “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”. El concepto jurídico indeterminado que emana de la frase “intereses locales” nos permite comprender un amplio escenario de acción de las Municipalidades, máxime ante el desarrollo que de este concepto ha llevado a cabo nuestra Sala Constitucional, así como el legislador ordinario. Particularmente es de interés traer a colación, que nuestra Sala Constitucional ha puntualizado las competencias de los Gobiernos Locales en diversas materias entre las cuales se encuentra el desarrollo urbano, señalando en sus votos que es exclusiva la competencia de las municipalidades el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, para dicho ejercicio, se asisten de la promulgación de normativa, como son los planes reguladores así como las licencias constructivas. De esta manera, la regulación del crecimiento de las ciudades nace en primera instancia como una competencia exclusiva de orden municipal, la cual comienza a dejar esa exclusividad a partir de la participación de una serie de entidades y órganos públicos que intervienen en la ordenación del territorio, modificándose así la convergencia de responsabilidades en otros sujetos como los son el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -ente descentralizado-, y los Ministerios de Ambiente y Energía, con la Secretaría Técnica Ambiental (órgano desconcentrado) y el Ministerio de Planificación Nacional. De interés es mencionar, la relevancia que revisten las licencias constructivas, toda vez que responden al ejercicio del poder de policía de las municipalidades encuentran asidero normativo en el artículo primero de la Ley de Construcciones, que dispone que las municipalidades son las encargadas que las ciudades y demás poblaciones cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, belleza y comodidad, tanto en las vías públicas como en los edificios y construcciones que se levanten, sin perjuicio de las facultades que las leyes concedan en materia urbana a otros órganos administrativos. Es por esta razón, que los gobiernos locales deben asistirse de todos los medios que el ordenamiento jurídico les provea para el cumplimiento de tal obligación que es de interés público (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número 401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional) siendo el ejercicio del poder de policía, el pilar primordial de esta acción, entendiéndose por éste el reconocimiento de la competencia a las municipalidades para que, con fundamento en una ley, regulen y reglamenten la actividad, con el fin de asegurar el orden público, la belleza, la salud, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, en claro respeto de los derechos fundamentales de éstos. Así las cosas, es claro que la normativa constitucional y nacional, carga de gran responsabilidad a las Corporaciones Locales con respecto al control del crecimiento urbanístico y las condiciones que éste debe observar, labor que incluye tanto aspectos sanitarios como de seguridad, belleza y comodidad, los cuales son fundamentales para un desarrollo óptimo de los habitantes, los cuales requieren de estas características en su entorno para alcanzar calidad de vida. La Municipalidad por disposición expresa del legislador, es la entidad competente para otorgar las licencias constructivas, pese que se requiere entratándose de urbanizaciones, de la participación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el cual interviene a nivel de aprobación de planos constructivos, más sin embargo, la responsabilidad puntual en materia de autorización y supervisión del cumplimiento del bloque de legalidad recae en los Municipios. La doctrina ha precisado respecto a este acto administrativo, que éste deviene de las facultades de policía que recaen en el Gobierno Local, al abordarse el tema de fiscalización del uso del territorio y que a su vez, obedece a un acto reglado, por lo que la Administración verifica el cumplimiento de los requisitos de derecho y hechos para su dictado. En lo que respecta a disposiciones normativas, es de interés mencionar el numeral 74 de la Ley de Construcciones precisa que toda obra relacionada con la construcción que se ejecute en las poblaciones de la República, bien se trata de obras de carácter permanente o provisional, deberán ejecutarse con licencia de la Municipalidad respectiva, competencia que reconoce la ley de Planificación Urbana en sus artículos 15 y 57. Ahora bien, hemos de aclarar, que tal ejercicio de tutela y fiscalización debe ser analizado dentro del ámbito de la razonabilidad, en el tanto ha de comprenderse, que tratándose de vicios ocultos o bien, fiscalizaciones que podrían dar al traste con una obra edificada, no es viable entender que el Gobierno Municipal pueda asumir alguna responsabilidad en tales términos, máxime cuando existe la intervención de profesionales en la materia que intervienen en el proceso constructivo. Esto, por cuanto existen muchos orígenes causales que se pueden presentar a lo largo de un proceso constructivo, y por ende, distintos agentes de intervención cuya participación debe ser deslindada para poder determinar ante el acaecimiento de un daño, la responsabilidad que se pudo haber generado en alguno o varios de éstos, sin que sea viable aplicar un simple automatismo ausente de análisis, que oriente a atribuir la responsabilidad a la Municipalidad por el simple hecho de ser la entidad pública encargada de extender la licencia y fiscalizar las obras, máxime cuando insistimos, el escenario que nos ocupa, responde a un origen causal de los daños reclamados que obedecen a vicios ocultos o no determinables con un conocimiento técnico - profesional aplicable ante el avance o finalización de las obras, esto, sin afectar lo ya edificado, que es justamente, el escenario del caso de estudio, por cuanto los vicios ocultos se encontraban en los gaviones y material de relleno sobre los cuales se asentaron las construcciones, conforme se desprende de los estudios técnicos aportados por las partes. Veamos. Si bien algunos accionantes traen a colación que desde el mes de julio del año 2001 la Comisión Nacional de Emergencias realizó advertencias respecto a la vulnerabilidad de los suelos de la zona, por cuanto en el oficio DPM-INF-121-2001, del 26 de julio del 2001, el geólogo Julio Madrigal, Coordinador del Sector de Geotecnia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, indicó que en el terreno donde se pretende efectuar el proyecto habitacional UNEMOPT-SIBAMPO, segunda etapa, en la Trinidad de Moravia, se estaban efectuando movimientos de tierras y rellenos, advirtiendo de la necesidad de pruebas de filtración y el uso de rellenos, toda vez que el proyecto a desarrollar contempla un total aproximado de 400 viviendas, de manera que el proyecto en su etapa inicial y en desarrollo debe estar acorde a los estudios técnicos de suelos y estabilidad de taludes a la hora de iniciar las obras, así como la sustitución de los terrenos por lastre de establecer el nivel de compactación de acuerdo con el estudio requerido. En el expediente observamos que efectivamente, inspectores de la Municipalidad fiscalizaron y clausuraron la obras que se estaban levantando en los meses de agosto del año 2022 en la denominada “área de reserva” de la [...], una de las afectadas con el deslizamiento. Ante el otorgamiento de disponibilidad de agua potable y la existencia de pólizas del Instituto Nacional de Seguros en propiedades ayunas de licencia constructiva, en fecha 07 de octubre del 2002, mediante los oficios DIOMM748 y DIOMM749, el ingeniero José Joaquín González Gamboa, de la División de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Moravia se dirige al Instituto Nacional de Seguros y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respectivamente y hace su conocimiento que algunas construcciones de la [...] en la Trinidad de Moravia, han conectado de forma ilegal el servicio que brindan o han construido sin licencia municipal, por lo que instan a requerir de la licencia de construcción previamente. De seguido observamos en el expediente los informes de estudios de suelo y del análisis de estabilidad de taludes del proyecto levantados por la empresa Vieto & Asociados S.A., en fechas 20 de noviembre y 02 de diciembre, ambas del año 2002 en los cuales se giran las recomendaciones técnicas y advierten que: “La estabilidad de los lotes en esta zona depende de los muros construidos, por lo que es muy importante el diseño y como fueron construidos esos muros de los dependen (sic) la estabilidad de estos lotes al construir las viviendas...", “ Bajo este esquema el perfil es estable siempre y cuando el gavión esté cimentado en el estrado duro. El análisis del talud en la zona del parque de juego indica que el talud es inestable presentado un factor de seguridad de 1.15 en condición sin sismo y de 0.9 en condición con sismo, esto indica que debe de realizarse un sistema de muros de retención a la mayor brevedad posible...". De igual manera, a través de memorial de fecha 05 de febrero del 2003, el Ing. Víctor André Dondi Ruiz, encargado de proyecto de la Foresta de Moravia S.A., se dirigió a la Comisión de Obras de la Municipalidad de Moravia, para que sea tomada una decisión ya que cumple de buena forma con los parámetros de seguridad que rigen en este tipo de casos, y que soluciona satisfactoriamente la estabilidad del talud en cuestión y adjuntó a este documento los informes técnicos emitidos por: a) Informe de TECHNISOIL S.A., consultores en ingeniería de suelos, geotecnia y materiales de construcción, oficio TECH-24-01 de fecha 05 de julio del 2001, en el cual se remite el resultado de las pruebas de infiltración de campo en la propiedad ubicada en la Trinidad de Moravia. b) Informe de TECHNISOIL S.A., Consultores en ingeniería de suelos, geotecnia y materiales de construcción, oficio TECH-480-01 de fecha 23 de octubre del 2001, en el cual se remite estudio hidrogeología y análisis de estabilidad de taludes para el terreno ubicado en la Trinidad de Moravia. c) Estudio de impacto ambiental cuya empresa responsable era CONSTRUCTORA LA CONSTANCIA S.A. y fue elaborado por CONSULTECS.A. (1997), d) Estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes, proyecto [...], localización Urbanización la noviembre del 2002. Es así, que ante la existencia de estudios técnicos, en la Sesión ordinaria número 67 del 10 de agosto del 2003, artículo 3, se dispone: "Se aprueba el artículo tres del dictamen de la Comisión de Obras y acuerda eliminar las restricciones de venta de terrenos en la [...] de la propiedad número 5 a la 22, ya que a la fecha se corrigió el problema de la [...] mediante la utilización de gaviones, se acuerda el levantamiento de las restricciones impuestas, ya que los peligros fueron técnicamente solventados”. Al tenor de los peritajes levantados luego del evento, queda demostrado que las recomendaciones técnicas bajo las cuales el Gobierno Local permitió la continuación de las obras, no fue atendida cabalmente por los profesionales de las obras, tal y como se analizará en las próximas líneas. Ahora bien, dentro del orden cronológico de los eventos, tenemos que en fecha 05 de mayo del 2003, la firma Foresta de Moravia S.A. solicita licencia de construcción de 23 viviendas en condominio e infraestructura del mismo, según solicitud y planos presentados. La licencia de construcción corresponde al número 12014, la cual cuenta con la firma del ingeniero municipal. En dicho trámite, se consignan como ingenieros responsables lo señores Federico Chacón Hernández y Víctor Dondi R. Posteriormente, en fecha 09 de julio del año 2003, la firma Vieto y Asociados S.A., ingenieros consultores, rinden al ingeniero Víctor Dondy, el estudio de suelos del muro de gaviones del proyecto [...], emiténdose una serie de observaciones en torno a la cimentación y extractos de suelos. Nótese entonces, que de la prueba aportada a los autos, tenemos que la firma constructora realizó estudios de suelos y taludes, con el objetivo de obtener criterio técnico para determinar las obras por realizar y a su vez, demostrar a la Municipalidad el cumplimiento de los estudios de factibilidad requeridos, con el fin de continuar con las actividades constructivas. Empero, valga señalar, que tal y como fue indicado líneas atrás, la prueba técnica allegada al expediente permite arribar a la conclusión que los materiales utilizados no fueron de buena calidad, lo cual sumado a conexiones ilegales de acueducto, provocaron el deslizamiento generador del daño aquí reclamado, como posteriormente detallaremos pero estimamos importante hacerlo constar en esta cronología. Es así, que en horas de la tarde del día 14 de noviembre del 2007, ocurre un deslizamiento en la Trinidad de Moravia. Dicho deslizamiento se suscitó en el sector de juegos infantiles, inserto en varios niveles de gaviones en un área de la ladera. El desplazamiento de la masa (gavión y material de relleno) se deslizó afectando la integridad de las viviendas asentamientos en la parte inferior, así como de la entrada de acceso a los [...]. El efecto ocasionó pérdidas materiales en la infraestructura de 5 viviendas, caseta de seguridad y salón multiuso de los condominios. Ahora bien, tal y como señalamos líneas atrás, se formularon una serie de informes relativos al evento. El primero de ellos, fue el informe técnico DPM-INF-1957-2007, del mes de noviembre del año 2007, emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, señalando en lo que interesa que: “se considera que existe un grado de vulnerabilidad importante, dado que: 1. Se desconoce técnicamente, cómo están asentados los condominios, si se encuentran cimentados en relleno o no. 2. Si el diseño de los gaviones, tiene la capacidad de soportar la estructura ante eventos sísmicos importantes. 3. Si la estructura está acorde a todos los requerimientos técnicos para el desarrollo de éstas en este sector de la ladera. De acuerdo a la información recabada y considerando que el evento por deslizamiento generado en el cantón de Moravia, distrito La Trinidad, entre las urbanizaciones [...], [...] y [...], enmarca una serie de inconsistencias en el manejo inadecuado de tramitología, faltante de permisos de otras instituciones del Estado, seguimiento, profesionales responsables que estuvieron involucrados en el desarrollo de las obras de los proyectos, tanto en el diseño de los muros de gavión, planta de tratamiento y condición estructural de los condominios, excavaciones y construcciones al pie de una obra importante". Hemos de hacer notar que, en este primer estudio, tal y como a la letra lo indica, se desconoce cómo técnicamente están asentados los condominios y si se encuentran cimentados en relleno o no, haciendo énfasis en la posible responsabilidad de varios agentes participantes de la construcción, particularmente, los profesionales de la obra. Posteriormente se levantaron dos estudios técnicos que sí lograron determinar lo que este primero extrañaba, cual es, las condiciones de los gaviones y particularmente el relleno, concluyendo el uso de un mal material, tal y como explicamos a continuación. En el mes de enero del año 2008, la firma INGEOTEC S.A. rinde informe pericial respecto al deslizamiento en [...] y [...], en el cantón de Moravia. En dicho documento se indica que el peritaje en el campo de la ingeniería geotécnica, fue levantada por el geólogo Roberto Protti (geología- geofísica) y el ingeniero Marcos González Varela (topografía). En lo que interesa, señala lo siguiente: "V. Diagnóstico del problema del deslizamiento, 51. Antecedentes. En el análisis de las causas del problema es importante tener presente lo siguiente: 1. Que en la zona donde se produjo el deslizamiento existía un relleno de espesor variable entre 9.00 m en la parte alta del talud, hasta 2.5 m en la parte baja del talud. 2. Que tanto las perforaciones realizadas por la empresa Vieto & Asociados como la prospección geofísica realizada por esta consultoría conforme que en general este relleno era de regular a mala calidad (…) 5.2. Diagnóstico de la falla: Con base en la información obtenida en la sección 4.2. y en el levantamiento topográfico realizado, se efectuó un estudio de estabilidad del talud, considerando la condición inicial de los muros, antes de que ocurriera el deslizamiento. Se procedió a realizar un estudio de estabilidad del relleno, tanto para la condición de carga estática como dinámica (con sismo). Por lo anterior se concluye que el deslizamiento se produjo por las siguientes razones: 1. En la zona donde se produjo el deslizamiento existía un relleno de regular a mala calidad con espesor variable entre 9.00 y 2.50 metros. 2. Desde el momento mismo de la construcción de los muros de retención tenían factores de seguridad bajos, que aunque no implicaban falla inmediata, producían agrietamientos de la masa de suelo. 3. Por la zona donde se produjo el deslizamiento pasaba una tubería de aguas pluviales de concreto con varios pozos de registro localizados dentro del relleno (...). 4. Las deformaciones en la zona del relleno, hicieron que gradualmente a lo largo de los 5 años de vida que tenían eso muros, tanto la tubería de concreto como las cajas de registro (también de concreto) tuvieran fugas de agua, que cada invierno eran más grandes. Las fugas en esta tubería se considera el agente disparador del deslizamiento, ya que produjeron los siguientes efectos: aumento de las presiones hidrostáticas. Reducción en la resistencia del material. Aumento del peso de la masa de suelo. A lo anterior debe adicionarse los siguientes factores que también contribuyeron al problema: cercanía de las casas de la [...] al borde del talud, peso importante de los muros de gaviones, colocados sobre una pendiente bastante inclinada. Existencia de niveles freáticos permanentes...". Nótese entonces que, hasta este momento, tenemos que la causa del deslizamiento obedece en primer término a que existía un relleno de regular a mala calidad con espesor variable entre 9.00 y 2.50 metros, a fugas de la tubería pluvial, el peso de los muros de gaviones y cercanías de las casas de la [...], todos aspectos propios de la ejecución constructiva a cargo de los ingenieros responsables de la obra, quienes deben velar que el material utilizado sea el idóneo y recomendado para ese tipo de relleno, amén de hechos de terceros, como lo fueron las tuberías ilegales, que así fueron calificadas en un informe que citaremos a continuación. Se desprende de lo aquí indicado, que no fue la ausencia de un estudio técnico o un deficiente permiso o análisis, el que ocasionó el deslizamiento, sino propiamente aspectos propios de la ejecución material de las obras. Ahora bien, en armonía con el criterio técnico citado, tenemos que en el informe número 71-F-08-CI, del 16 de febrero del 2008, rendido por la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, se concluye en lo que interesa: "Se concluye que en el caso de los [...] existía información de mecánica de suelos de buena calidad; aunque la mayoría de estos estudios se realizaron motivados por un problema de deslizamiento que se presentó en la zona del parque infantil y que culminó con un deslizamiento de grandes proporciones. No se demostró que haya habido negligencia o mala praxis en las Empresas de suelos involucradas. El deslizamiento se produjo debido a una combinación de los siguientes factores: Existencia de un relleno de regular a mala calidad. Colocación de muros de gaviones muy pesados que no se cimentaron adecuadamente y que se fueron produciendo deformaciones del relleno. Ruptura de una tubería de aguas pluviales y de.sus respectivos pozos de registro, que pasaba dentro del relleno y en la zona de muros. Peso de las viviendas en la corona de los taludes. Conexiones ilícitas de tuberías de aguas negras provenientes de los drenajes localizados en las casas ubicadas en la parte alta del talud. Existencia de niveles freáticos dentro de los taludes”. Nuevamente y por peritos judiciales, se concluyen las mismas razones que ocasionaron el deslizamiento, a saber, una incorrecta práctica constructiva por los responsables de las obras, amén de conexiones ilegales de terceros. Ante el escenario descrito, es claro que contrario a lo que afirman los accionantes, no es una omisión o acción del Gobierno Local el que provoca el deslizamiento, sino que la causa eficiente de éste, es la incorrecta técnica constructiva realizada por los ingenieros responsables de la obra, de manera que el nexo causal es ausente con respecto a la licencia municipal y la fiscalización razonable que dicha entidad, realizara de las mismas toda vez que el tema del material a utilizar es propio del criterio de los ingenieros responsables en cada etapa constructiva, sumado al hecho que, al fiscalizar las obras, no es dable exigir al Gobierno Local que determinara vicios constructivos que claramente se encuentran ocultos al obedecer a las bases de las obras ediles. Desde esta perspectiva y siguiendo la línea jurisprudencial española, tenemos que efectivamente, entre los agentes partícipes de la obra constructiva, se debe analizar en qué consiste su participación y el carácter de fiscalización respectivo, para efecto de determinar, a quién corresponde asumir la responsabilidad en cada caso. De interés para el caso concreto, es ilustrar la postura con los siguientes extractos de precedentes judiciales que ilustran justamente temas relacionados con el caso que nos ocupa y aborda la responsabilidad que bajo las reglas de la lógica, la justicia y el derecho, pueden ser atribuibles a los diferentes agentes partícipes de las obras constructivas: “Respecto al arquitecto, según la STS de 17 de julio de 2006 no queda acreditada en este caso la existencia de vicios del suelo ni de proyecto, concluyendo que el arquitecto solo responderá cuando los defectos sean imputables a la dirección superior de la obra. En este caso no hay deficiente ejecución material de la obra ni falta de diligencia en la vigilancia ni ninguna negligencia. Como establece la SAP de Baleares de 12 de noviembre de 2002, compete a los arquitectos superiores "la alta inspección y la vigilancia general del proceso constructivo, dada la imposibilidad material de que los técnicos superiores puedan descender a cuestiones de detalle o de empleo de materiales que específicamente han de ser vigilados por el aparejador, ...”. En el caso concreto, afirma, que no es posible atribuir a los arquitectos superiores una diligencia y minuciosidad extraordinaria en el examen de los detalles que no son de su competencia, ya que los vicios no afectan a la alta dirección que corresponde a los técnicos superiores, sino que han de ser específicamente vigilados por el aparejador que es el director ejecutivo de la obra”. En otro caso similar al que nos ocupa, se dispuso: “Por lo que se refiere al arquitecto técnico, la SAP de Toledo de 18 de septiembre de 2006 considera responsable al arquitecto técnico por las filtraciones en los muros de las escaleras exteriores: "no es labor ni responsabilidad del arquitecto superior, pero sí del aparejador el velar por las mezclas adecuadas de los materiales y el que las inclinaciones sean correctas". La SAP de Sevilla de 5 de abril de 2011 delimita las responsabilidades: de los defectos derivados de una ejecución deficiente o descuidada deben responder el constructor y el aparejador, por ser éste el profesional a quien compete ordenar y dirigir la ejecución de las obras e instalaciones con las normas y reglas de la buena construcción; no en cambio, el arquitecto. Y la SAP de Barcelona de 16 de diciembre de 2010 condena al aparejador por los defectos producidos por no cumplir debidamente su función de vigilancia ...:”. Por último, se reitera la línea de pensamiento en el siguiente asunto: “Es el caso de la SAP de Burgos de 27 de enero de 2011. En el caso del Arquitecto, la omisión de sus deberes y la pasividad son absolutas desentendiéndose de la dirección de la obra sin renunciar a ésta y emitiendo el certificado final. En efecto, el arquitecto demandado ha permitido el desarrollo de una obra no ajustada al proyecto técnico en base al cual se concedió la licencia de obras por acomodarse a la normativa urbanística. Y bien sea porque la propiedad no avisaba al director de obra, o bien sea porque éste acudía en contadas ocasiones, lo cierto es que descuidó sus funciones de vigilancia, y por ello debe ser responsable en la ilegalidad urbanística de la obra construida ... ".(Paniza Fullana, Antonia. Responsabilidad Civil de los Sujetos de la Edificación La Protección del Consumidor de Inmuebles. Editorial Dykinson. Obra de autores varios dirigida por Lledó Yagüe, Francisco y coordinada por Monje Balmaseda, Óscar. Madrid. España. 2013. Págs 236-242). En nuestro régimen de derecho, tales pautas de interpretación son plenamente aplicables, al tenor de la doctrina de los vicios ocultos que afectan el conocimiento de los mismos, amén de normativa de orden legal que orienta tales conclusiones. Los artículos 81, 85 y 86 de la Ley de Construcciones, ley número 833, del 02 de noviembre del año 1949, señalan que: “El propietario y el Ingeniero responsable serán responsables de los datos que consten en el proyecto. La Municipalidad sólo será responsable de los datos de alineamiento y niveles”, “Para la Municipalidad, el perito que solicitó la licencia para la ejecución de una obra, es responsable del cumplimiento de las reglas de este ordenamiento, aun cuando en la obra intervengan otros Ingenieros, o su construcción esté encomendada a uno o varios contratistas. Sin embargo, se puede hacer una parte determinada de la obra o una instalación con licencia pedida por otro Ingeniero Responsable, que vigilará esa instalación o parte de la obra, quien asumirá la responsabilidad de ese trabajo. Para que esa autorización especial se conceda es indispensable la autorización por escrito del Ingeniero Responsable encargado de la vigilancia general de la obra” y “los contratistas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir esta ley y su Reglamento en la obra que está a su cargo”. (El texto resaltado es propio). En igual sentido, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ley número 3663, del 10 de enero del año 1966, establece que: “Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad de miembros activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros activos estará legalmente autorizado a ejercer sus actividades profesionales contempladas en este artículo, con estricto apego al Código de Etica Profesional y demás reglamentos del Código Federado”. (El texto resaltado es propio). Desde esta perspectiva y por ministerio de ley, es claro que tratándose el origen causal de los daños en defectos constructivos en el material de mala calidad utilizado, errores constructivos como el peso de los gaviones así como la conexión de tuberías ilegales y que, éstos aspectos no son apreciables bajo una inspección regular del Gobierno Local sino que requeriría de la destrucción de obras para su determinación al tratarse de vicios ocultos, aunado al hecho que responden a la ejecución material de la obra cuya responsabilidad recae en el ingeniero registrado como responsable de la misma, no encuentra mérito alguno este Colegio de Juezas para endilgar responsabilidad alguna a la Municipalidad de Moravia por los hechos que sustentan este proceso y en ese tanto, se rechazan todas las pretensiones indemnizatorias formuladas por los accionantes al carecer de la base jurídica que permita aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, al no demostrarse una falta de fiscalización objetiva y razonable en ejercicio de su poder de policía ni que la ausencia de algún estudio o parámetro haya sido el elemento generador, identificándose como la causa eficiente, directa y principal del daño reclamado. 3) Sobre la responsabilidad contractual del Instituto Nacional de Seguros. Aplicación de póliza bajo la omisión de datos relacionados con los términos de aseguramiento de la cobertura c. Intervención de Comercializadora de Seguros. En términos generales, el Instituto Nacional de Seguros rechaza cualquier responsabilidad atribuible a las obras constructivas, por cuanto los daños son producto de errores constructivos originados por los desarrolladores que no están cubiertos por el contrato de seguros, siendo declinados los reclamos de los actores debido a los vicios ocultos. En efecto, tal y como se explicó líneas atrás, la causa eficiente del daño es atribuible a los responsables de las obras, no siendo dable exigir a la entidad aseguradora que un inspector para fines de aseguramiento tenga la responsabilidad y obligación de verificar en detalle y minuciosamente obras constructivas, máxime, cuando como en el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado que se presentaron vicios ocultos. Bajo ese razonamiento, lleva la razón la entidad aseguradora al exponer que no existe nexo de causalidad alguno entre los daños por las pérdidas patrimoniales sufridas por los actores con ocasión del deslizamiento. Por otra parte, otra línea argumentativa de la entidad demandada, gira en torno a la información brindada en los formularios, la cual califica de falsa, al no advertir de la existencia del talud, por lo que en esencia, se violenta el principio de buena fe contractual, atribuyendo la responsabilidad de esa mención, a las entidades financieras. Al respecto, discrepa esta Cámara de Juzgadoras de tal afirmación, por las razones que explicamos a continuación. De la contestación de las demandas, tenemos que la propia entidad aseguradora reconoce de la participación directa de las empresas comercializadoras, autorizadas por el Instituto y con quienes suscribe un contrato para operar e intervenir en la venta de contratos de seguros. Conforme al mismo argumento de la entidad aseguradora, tenemos que la información requerida para el otorgamiento del seguro, amparada bajo contrato suscrito con el INS, se rige por lo establecido en el Reglamento para la Operación de Entidades Comercializadoras de Seguros del Instituto Nacional de Seguros, en el cual, el intermediario se obliga en los siguientes términos, según se indica: "e) Informar al lnstituto a la brevedad de los cambios de condiciones y características de los riesgos asegurados y de sus clientes h) Inspeccionar, a la emisión y al menos anualmente, los riesgos de los seguros que coloque, o contratar los servicios de los profesionales acreditados para valorar el riesgo, todo de acuerdo con los Reglamentos y disposiciones del Instituto que regulan tal actividad”. Nótese entonces que la normativa que regula esas relaciones contractuales, atribuye de forma directa y clara a las comercializadoras autorizadas el deber de informar al Instituto de las condiciones, características y riesgos. Es más, el artículo 18 que cita en sus escritos la entidad demandada, señala:''Se considerarán incumplimientos graves al contrato suscrito con la Agencia comercializadora; sus representantes, personal o Agentes, incurran en las siguientes conductas: j) Omitir o incurrir en falsedades en los aspectos relativos a la inspección o aseguramiento de un riesgo". En el elenco probatorio, llama la atención que los formularios aportados no indican la existencia del talud y que en dicho ejercicio de consignación de la información incluso, no aparece la firma del deudor del crédito, tal y como se observa en el certificado de seguro Colectivo de Incendio póliza hija N°INM0000337, del Instituto Nacional de Seguros, cuyo asegurado es el señor [Nombre 027] y señala como colindancias del inmueble del folio real 1[Valor 002], las siguientes: al norte: casa de habitación, al sur: casa de habitación, al este calle o avenida, al oeste casa de habitación. No se marca el talud. Asimismo, dicho documento no registra la firma del señor [Nombre 027]. Es por lo expuesto que los reclamos interpuestos por los actores fueron declinados por la entidad aseguradora, siendo clara la ampliación del informe rendido en fecha 26 de febrero del 2008, por el Ing. Bolaños Sequeira, quien adicionando el informe de fecha 16 de noviembre del 2007, señala de importancia lo siguiente: "En atención a lo anterior y con el fin de ubicar las propiedades afectadas con respecto su posición en el talud se contrató al Ing. Topógrafo Julio Delgado, quien efectuó cuatro perfiles telegráficos que incluyeron a los tres conjuntos habitacionales involucrados. Los resultados se pueden ver en la hoja adjunta, pero se puede señalar lo siguiente: 1.-Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en la corona del talud. 2.- Los asegurados que presentaron reclamos y que sus viviendas forman parte de la [...] se localizan en el pie del talud. 3.- En el caso de los asegurados propietarios de viviendas del [...] se debe señalar que se encontraba exactamente en la corona y el cuerpo del talud. De la misma información del Ing. Delgado se puede concluir que la altura del talud es de 21.60m en el perfil N°1, de 22,55m en el perfil N°2, de 24,91m en el perfil N°3 y de 23,82m en el perfil N°4. En el acuerdo de aseguramiento, para el caso de póliza Hogar Seguro 2000, Seguro Colectivo se indica: "I.- No se otorgará cobertura bajo ninguna circunstancia: 3.- Cobertura de Inundaciones y Deslizamientos, temblor y terremoto, y vientos huracanados: a) Cuando la vivienda se encuentre al pie de un talud, a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud. Si el talud forma parte del cauce de un río, lago u otro deposito natural, la distancia no podrá ser menor a 20m2." De acuerdo con lo señalado anteriormente, para el caso de altura menor del talud (21,60m), todas las viviendas para las que se presentaron reclamos se encuentran a menor distancia que 43,20m”. Desde este escenario, tenemos que ciertamente las propiedades de los actores no debieron contar con la cobertura de deslizamientos, al no cumplir con la limitación prevista por el contrato de seguros, mismo que pese que fue impugnado en esos términos, tal y como se abordará en este apartado. Los accionantes [Nombre 003] y [Nombre 010] no demostraron por qué estiman que la norma resultaba abusiva, limitante del ejercicio contractual y que no responde a un límite legítimo dentro de la actividad contractual de seguros, misma que valga aclarar, como actividad económica sujeta a relación contractual, no es ilimitada y absoluta, sino que por su propia naturaleza, al asegurar riesgos puede establecer excepciones de cobertura, no demostrándose en esta causa, que la misma sea ilegítima, arbitraria, desproporcionada o irrazonable, de modo tal que la representación legal de los accionantes, simplemente solicita la declaratoria de nulidad sin realizar análisis intelectivo alguno y mucho menos, demostrar su criterio. Por último, no podemos dejar de mencionar que se desconoce por los accionantes la naturaleza propia del contrato de riesgos y que, opera en la materia el principio de libertad contractual amén de la disposición legislativa que reza: "El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y las condiciones convenidos" (artículo 3, de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, ley número 8956, del 17 de junio del año 2011). Expuesto lo anterior, abordamos de nuevo el análisis de la cobertura que los actores solicitaron aplicar amparados a la creencia seria y fundamentada, en la aplicabilidad de las coberturas pactadas al suscribir los créditos, de forma tal, que ante el acaecimiento de un evento contemplado en el contrato, el monto asegurado sería cubierto. No obstante, por falta atribuible de forma medular a las comercializadoras de seguros que intervinieron en el trámite de crédito en asocio con las entidades financieras, ocurrido el deslizamiento, tal cobertura no fue efectiva. En ese tanto, siendo las comercializadoras de seguros agentes autorizados por el Instituto Nacional de Seguros para recabar la información y materializarla en la suscripción de los contratos de póliza, son éstas las principales responsables de la información incompleta, falsa o bien omisa que generó el conflicto que nos ocupa en torno a la aplicabilidad de la cobertura por deslizamientos a unos inmuebles que no calificaban para tal fin. Si bien es cierto, las entidades financieras beneficiarias del contrato de póliza son interesadas directas en que las coberturas puedan ser efectivas e incluso, también los deudores que participan indirectamente de esta relación al obligarse a asumir el pago de las primas, lo cierto es que los agentes medulares responsables en la celebración de los contratos al amparo de información fehaciente y real, son las comercializadoras autorizadas por el Instituto, cuya relación contractual, tal y como señalamos líneas atrás y amparadas al propio dicho del accionado, Instituto Nacional de Seguros, contemplan su condición de responsables ante la entidad por la información aportada. Ante lo expuesto, es claro que la obligación contractual fue inatendida por el Instituto quien se encontraba contractualmente compelido a efectuarla, no siendo dable atribuir el error al asegurado o tomador, cuando la falta proviene de su propio agente autorizado. Desde esta perspectiva, estima este Tribunal que llevan razón las partes actoras que atribuyen una conducta ilegítima del ente asegurador asociada a la declinación de los reclamos. Así las cosas, en el apartado de pretensiones, se analizará el alcance de las mismas a la luz de lo peticionado en cada caso particular. 3) Sobre la inexistente responsabilidad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, con respecto a las obras constructivas objeto de crédito y los términos de suscripción del contrato de póliza de Hogar Seguro 2000. Omisión de revisión de ambas partes. Indemostrado vicio en la voluntad de los deudores atribuible a los demandados. Analizado el fondo del asunto, arriba este Tribunal a la conclusión que le asiste la razón a las entidades financieras al advertir que los peritos enviados para valorar los inmuebles con el objeto de verificar la condición de idoneidad de éstos para constituirse en garantía hipotecaria, no tienen el objetivo de verificar en detalle aspectos tan particulares como aquellos que generaron el deslizamiento y que han sido catalogados como vicios ocultos, tal y como lo reclama la accionante [Nombre 010], quien atribuye un incumplimiento contractual relativo a la fiscalización por parte del Grupo Mutual Alajuela, con respecto al cual, al momento de los hechos, en todo caso, no conservaba ningún crédito activo, tal y como se desprende de las certificaciones aportadas por dicha entidad en calidad de prueba para mejor resolver requeridas por este Tribunal. Así las cosas, quedando claro en este Considerando de fondo que la responsabilidad directa, causal y eficiente del daño a las viviendas recae en el dueño del proyecto constructivo y los profesionales a cargo de éste y que si bien es cierto, las entidades financieras son parte contractual de los contratos de aseguramiento en su condición de beneficiarios del mismo, no podemos dejar de lado que la responsabilidad primaria y contractual en la verificación del cumplimiento de las condiciones para disfrutar de las coberturas es de las comercializadoras de seguros autorizadas por el Instituto Nacional de Seguros, que actúan en representación de éste, al amparo de un contrato para tal fin. De esta forma, tenemos claro que tanto los actores en calidad de deudores como las entidades financieras en calidad de beneficiarias de los contratos de seguros, guardan interés directo en la aplicación de las coberturas y que, en el caso concreto, por ambas partes se presenta una omisión de verificación de los datos consignados, empero, insistimos, el llamado esencial o medular para realizar tal labor y garantizar que la información correcta, oportuna y veraz fuera canalizada por el Instituto Nacional de Seguros recae en sus comercializadoras, por lo que la responsabilidad por la consignación incorrecta de los datos es atribuible a éstas. En otro orden de ideas, tenemos que argumenta el actor [Nombre 001], que de haber sabido que el inmueble no era objeto de póliza alguna, no lo hubiera adquirido y no se hubiera celebrado el crédito con la entidad financiera. Al respecto estima este Tribunal que dicho argumento no es de recibo. En primer lugar, era evidente para todos los actores la topografía de la zona donde adquirieron el inmueble, siendo visible el talud, ergo, tenían pleno conocimiento de las condiciones físicas del lugar. Segundo, bajo una postura absolutamente hipotética, asegura el señor [Nombre 001] que de haber sabido que el inmueble no tendría cobertura por deslizamientos, no lo hubiera adquirido, sin embargo, no se desprende de sus actuaciones que ese aspecto, haya sido valorado correctamente y que pudiera afectar el ánimo de adquisición del inmueble, ya que no solo realizó la mínima diligencia de verificar que el talud cumpliera las condiciones de cobertura contractuales. En mérito de lo expuesto, se rechazan todos los argumentos expuestos oportunamente por las partes para atribuir responsabilidad a los entes financieros con relación a los daños por el deslizamiento y la declinación de la cobertura del contrato de póliza por parte del Instituto Nacional de Seguros.
VI.- Sobre las pretensiones de los accionantes: Atendiendo al análisis de fondo expuesto en el considerando anterior, queda claro que las pretensiones de responsabilidad administrativa dirigidas a la Municipalidad de Moravia son declaradas sin lugar. Igual suerte corren las pretensiones cursadas en contra de las entidades financieras, a saber, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, en el tanto se les atribuyen los daños y perjuicios reclamados con ocasión del deslizamiento. En cuanto a las pretensiones deducidas por cada uno de los actores en contra del Instituto Nacional de Seguros y las conexas a éste, se pronuncia de seguido este Tribunal. Respecto al señor [Nombre 001], se declaran sin lugar las pretensiones de daño moral objetivo y daño psicológico, por no encontrarse ni debidamente argumentados, indicándose al efecto, expresamente en qué consisten. Mucho menos, están demostrados. En cuanto a la aplicación de la cobertura de la póliza de incendio se acoge parcialmente lo solicitado, toda vez que el beneficiario de la misma es el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por lo que no se le puede reconocer ni girar a favor del actor el monto asegurado, el cual únicamente opera por gestión del Banco acreedor - beneficiario del contrato de póliza, el cual podrá requerir del pago de la suma asegurada para el momento de los hechos y deberá tener por cancelada la operación si dicha suma para el momento del siniestro, permite tener por cubierto el crédito hipotecario. Como consecuencia de la aplicación del contrato de póliza, deberá cesar el cobro de las primas de la póliza relacionada. Valga aclarar, que las pretensiones anulatorias que formula el señor [Nombre 001] con relación a la escritura de traspaso de la finca y la constitución de la hipoteca a favor del Banco Popular así como la condonación de la deuda son improcedentes, al no existir base antijurídica de tales negocios jurídicos, por no operar en medida alguna, responsabilidad de la entidad financiera con respecto a los vicios ocultos del inmueble adquirido por el actor. En cuanto a las pretensiones formuladas por el señor [Nombre 003] dirigidas al Instituto Nacional de Seguros, se declaran sin lugar las pretensiones declarativas relacionadas con una cobertura del contrato de póliza con respecto a las áreas comunes del condominio y sus accesos, las cuales rezan: “Que las áreas comunes del [...] por ser propiedad horizontal, como calles internas, calle de entrada y salida al inmueble, zonas verdes, áreas de recreación, formaban parte del inmueble asegurado y que al haber desaparecido la calle de acceso de entrada y salida al condominio, la propiedad del señor [Nombre 003] sufrió graves daños ya que pierde toda posibilidad de uso y de seguridad y por tratarse dicha calle de un elemento indiviso a su derecho de propiedad y por ende goza de la cobertura”. Lo anterior, por cuanto en fecha 13 de mayo del 2005, el inmueble inscrito en el folio real [Valor 008], del partido de San José, cuyo deudor es el señor [Nombre 003] fue incluido en la póliza colectiva número INM-246, sin incorporarse de forma alguna, otras áreas relacionadas, de forma tal, que el [Nombre 003] contaba con la póliza número 01 01 1NC0586874 02 0001, emitida el 27 de mayo del 2005, con vigencia desde el 31 de diciembre del 31/12/2006 al 31/12/2007, póliza colectiva Hogar seguro 2000, coberturas A, B, C y D, por un monto de veinte millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos colones, que giraba únicamente sobre la finca del partido de San José, cantón Moravia, distrito Trinidad, número de finca [Valor 008], sin que sea dable entender comprendidas las áreas comunes. En armonía con lo anterior, por no demostrarse que dicha póliza contara con la cobertura R, "pago de alquileres", se rechaza la pretensión de su reconocimiento. Igual suerte corre la pretensión respecto a los daños reclamados con ocasión de la pérdida del menaje, ya que no demostró contar con cobertura para daño consecuencial o bien, una póliza para tal efecto, debiendo recordarse, que el daño aquí otorgado obedece a una relación expresamente contractual. También se rechaza la pretensión anulatoria del artículo 4 propiamente el inciso 1.- 3.- a)- del Contrato de Seguros, por falta de fundamentación, toda vez que la parte se limita a invocar infracción a artículos legales sin realizar un ejercicio intelectivo que permita tener por acreditado vicio alguno, no siendo dable para esta Cámara sustituir al accionante en el deber de motivación y análisis de su pretensión, de suerte que no se tiene por demostrado que la misma responda a una cláusula abusiva o ilegal, bajo la premisa que el hecho de fijarse un límite contractual, este sea suficiente razón per se, para la declaratoria de nulidad, dejando de lado la naturaleza del contrato de riesgos y que, opera en la materia el principio de libertad contractual amén de la disposición legislativa que reza: "El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y las condiciones convenidos" (artículo 3, de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, ley número 8956, del 17 de junio del año 2011). Al tenor de lo expuesto, se rechaza la pretensión analizada, por cuanto no se argumentó ni demostró, que los límites en las coberturas sean irrazonables, desproporcionados o ayunos de sustento técnico. En cuanto al daño psicológico, tenemos que el mismo no fue demostrado por lo que se rechaza. En cuanto al daño moral, entiende esta Cámara a la luz de los argumentos que se trata del daño moral subjetivo que surge a partir de la conducta ilegítima del rechazo de la aplicación de la póliza. Particularmente en el caso del accionante [Nombre 003], a partir de la declaración testimonial de su esposa, la señora [Nombre 013], quedó acreditado sin lugar a dudas, que la negativa del Instituto Nacional de Seguros de aplicar la póliza colectiva le generó sentimientos negativos, ya que, afirmó que: “[Nombre 003] estaba positivo, porque decía que INS les iba a pagar. Fueron a la Mutual pero dijeron que de ellos no dependía, sino el INS, pero éste dijo que no podía pagar la póliza de seguro porque casa estaba construida cerca de un talud, el mundo entonces "se les vino encima". Fue peor (…) La peor parte, él cambió, dejó de ser amable, sociable y tranquilo, se volvió persona deprimida, agresiva, le daban ataques de pánico. A veces despertaba en la noche y él viendo por la ventana. Buscaron tratamiento psiquiátrico y le enviaron antidepresivos”. A partir de lo transcrito, no cabe duda que en el caso del señor [Nombre 003], efectivamente se generó a partir de la negativa de la aplicación del seguro una afectación significativa en su condición anímica, razón por la cual, al mérito de los autos y los efectos que provocó la inaplicación de la póliza de forma oportuna por negativa ilegítima de la entidad aseguradora, estima este Tribunal que la suma de dos millones de colones permiten la reparación del daño por este extremo, sin que implique de forma alguna un enriquecimiento indebido ni desproporcionado. Por último, en cuanto a la aplicación del contrato de póliza, se ordena al Instituto Nacional de Seguros al reconocimiento de la suma asegurada para el día del siniestro conforme al contrato vigente con el actor [Nombre 003], debiendo tenerse por cancelada la deuda con la Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, en el tanto la suma asegurada cubra el monto adeudado en ese momento histórico. En cuanto a los intereses generados hasta la fecha, los mismos no podrán ser cobrados al actor en el tanto, con la aplicación de la póliza en los términos vigentes al momento de los hechos, se cubra la totalidad del adeudo. En caso que ante la Superintendencia de Entidades Financieras se registre al actor como persona no sujeta de crédito con ocasión de la operación crediticia concedida por la Mutual Alajuela objeto de este proceso, una vez cancelado el adeudo, se ordena que se elimine tal condición crediticia. En cuanto las pretensiones del señor [Nombre 002] se declara con lugar el ordenar al Instituto Nacional de Seguros cumplir con la póliza que se suscribió con dicha entidad en razón de la adquisición de la finca número [Valor 001]. Se rechazan las pretensiones de pago daño moral subjetivo, objetivo y psicológico, por indemostrados y no argumentados, tomando en consideración esta Cámara además, que si bien la esposa del señor [Nombre 002] declaró en el juicio oral y público una serie de afectaciones anímicas, también fue clara en expresar que el daño moral subjetivo se debe a la pérdida del inmueble y las incomodidades vividas a partir de ese evento, siendo contundente en indicar que el cobro del crédito fue congelado con ocasión del siniestro y en espera de la resolución del Instituto, más aclaró, que no se les cobró el crédito por parte de la entidad bancaria. Se rechaza también la pretensión de condena por la pérdida de la vivienda supra citada, toda vez que la responsabilidad aquí declarada es de carácter contractual únicamente. Por último, se dispone que en caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor con ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. Respecto a las pretensiones del señor [Nombre 027] en contra el Instituto Nacional de Seguros, se declara con lugar que se ordene al Instituto Nacional de Seguros cumplir con la póliza que se suscribió con dicha entidad en razón de la adquisición de la finca número [Valor 002]. Se rechaza la pretensión de daño moral subjetivo, objetivo y psicológico y los perjuicios por falta de fundamentación, identificación en qué consisten y sobre todo, ante la carencia de elenco probatorio de los dos últimos daños reclamados, en consecuencia, se rechaza también la aplicación del instituto de la indexación, máxime que no existe suma líquida reconocida. Se rechaza la pretensión del pago de la pérdida de la vivienda, al reconocerse responsabilidad únicamente contractual del Instituto Nacional de Seguros por haber declinado la aplicación de la póliza. Por último, se dispone que en caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor con ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. Por último, con respecto a la acción de la señora [Nombre 010], tenemos que el Instituto Nacional de Seguros advierte que la actora ha estado haciendo alusión en su demanda a una póliza que no estaba vigente al momento del evento y que si bien la póliza 01161NC12380, sí estaba vigente al 14 de noviembre de 2007 y tenía la cobertura de deslizamiento, así como el pago de la prima, está claro que la 'vivienda no sufrió daños a causa de lo ocurrido esa fecha, ya que la misma actora reconoce en el hecho sétimo de su demanda y en este mismo hecho señala que los daños son porque su vivienda fue desmantelada, lo cual evidentemente no es producto del deslizamiento, sino de hechos de terceros no cubiertos por el seguro. Aclara que la finca de la señora [Nombre 010] efectivamente estaba asegurada y la razón por la cual no se acogió el reclamo no fue por falta de aseguramiento, sino porque no dan las condiciones previstas en la póliza para otorgar la cobertura, por el contrario, los daños que reclama la actora están excluidos de la cobertura de la póliza. Analizados los argumentos de las partes, tenemos que si bien es cierto a partir de la teoría del caso de la actora y a la luz de la hilación de las pretensiones, podemos comprender que el fundamento del reclamo se encuentra parcialmente sustentado en la póliza asociada al crédito suscrito con el Grupo Mutual Alajuela, la cual no se encontraba vigente al momento del siniestro, no obstante, también se desprende del elenco de hechos aducidos en la demanda, que los alegatos se sostienen en función del rechazo de la aplicación de una póliza de incendios, por lo que no estima este Colegio de Juezas que el Instituto desconozca que la impugnación medular de la aquí accionante, es el rechazo que de su gestión se realizó, a través del oficio INSSJ-05830-2008, del 02 de julio del 2008, a través del cual, la sede Central el Instituto Nacional de Seguros declina el reclamo interpuesto por la señora [Nombre 010] con relación a deslizamiento del terreno ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2008, por cuanto la póliza 01-16-INC-12380 suscrita a su nombre, corresponde a un seguro de incendio bajo la modalidad de riesgo nombrado, de manera que cubre los riesgos expresamente detallados en el contrato. No obstante lo anterior, la defensa de prescripción opuesta por el demandado debe ser acogida. Esto, por cuanto en efecto, en las condiciones generales del seguro colectivo llamado "Hogar Seguros 2000", establecía en su artículo 29, un plazo de doce meses para acudir a a sede judicial a partir de la última acción tomada por las partes. Hemos de hacer notar que la señora [Nombre 010] no requiere en este proceso judicial de la revisión de la cláusula contractual para definir sus alcances, lo que impide que esta Cámara de oficio, proceda a realizar tal ejercicio, sin observar el derecho de defensa del accionado. Así las cosas, ciertamente, tenemos que la demanda fue interpuesta en fecha 12 de enero del 2011, cuyo traslado se verificó a través de la resolución de las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del cinco de marzo del año dos mil doce, notificada en fecha 09 de abril del 2012 (imágenes 1957 y 1958 del expediente judicial digital) y la última actuación que daba inicio al plazo anual para accionar en vía judicial según el contrato, se registra con el acto que conoce del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión que dispone declinar el reclamo, esto, a través del oficio DSG-1339-2008 del 06 de agosto de 2008, emitido por la Dirección de Estudios Generales del Instituto Nacional de Seguros, que rechaza los recursos interpuestos y da por agotada la vía administrativa. Así las cosas, se declara prescrita la acción en contra del Instituto Nacional de Seguros y sin lugar la demanda interpuesta en su contra. Teniendo claro lo anterior, hemos de indicar que las pretensiones deducidas contra Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo y la Municipalidad de Moravia son objeto de rechazo, tal y como se explicó líneas atrás, no operando la defensa de prescripción opuesta por la Municipalidad con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto hemos de advertir que por tratarse de vicios ocultos, el plazo de prescripción no opera desde la concesión de la licencia de construcción, ya que no puede aplicarse un instituto sancionatorio a quien no tenía conocimiento del derecho a reclamar alguna acción indemnizatoria. En términos generales, "la prescripción corre desde el día en que pudo haberse hecho valer el derecho o bien, lo que es lo mismo, desde que la acción o derecho haya nacido.". (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. Tercera edición. San José, Costa Rica, página 1994.) De igual manera, es importante advertir que las pretensiones novedosas incluidas por la representación de la señora [Nombre 010] al rendir conclusiones, se tienen por extemporáneas, no siendo por ende objeto de pronunciamiento al no haber sido formuladas en el momento procesal oportuno, con el objetivo que conceder el debido proceso a los accionados.
VI.- Sobre las defensas interpuestas: De conformidad con el análisis de los argumentos y elenco probatorio, se analizan de seguido las excepciones interpuestas: En cuanto a la acción del señor [Nombre 001], se declara sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Banco Popular, por cuanto entre las partes existe una relación jurídica con ocasión del crédito hipotecario otorgado y ello legitima su acción. En cuanto a la falta de derecho, se acoge conforme el análisis de fondo del presente proceso. En lo que respecta al Instituto Nacional de Seguros, se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho. En cuanto a la acción del señor [Nombre 003], se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación pasiva e interés actual interpuestas por el Grupo Mutual Alajuela, por existir una relación jurídica entre las partes con ocasión del contrato de crédito y acreditarse el interés actual en la resolución del presente proceso por la naturaleza de las pretensiones indemnizatorias formuladas. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Instituto Nacional de Seguros, por existir un contrato de póliza asociado a las partes. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho interpuesta por el Instituto Nacional de Seguros. Respecto a la acción del señor [Nombre 027], se declara sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Banco Popular, por cuanto entre las partes existe una relación jurídica con ocasión del crédito hipotecario otorgado y ello legitima su acción. Se acoge la defensa de falta de derecho, conforme el análisis realizado en el considerando anterior. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho, asociada a la denominada "falta de causa" invocadas por el Instituto Nacional de Seguros. En cuanto a la demanda del señor [Nombre 002], se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual invocadas por el Instituto Nacional de Seguros, por cuanto la demanda se sustenta en una relación jurídica entre las partes con ocasión del contrato de seguros y acreditarse el interés actual en la resolución del presente proceso por la naturaleza de las pretensiones indemnizatorias formuladas. Valga aclarar que si bien es cierto, el inmueble con fundamento en el cual sustenta su acción, a saber, la finca 1-[Valor 001]-001 002, se encontraba registrada al momento de los hechos como patrimonio de un fideicomiso de garantía de [Nombre 023]-Bac San José - dos mil seis, a nombre de Credibanjo el fiduciario, tenemos por acreditado que el accionante era codeudor del crédito, es decir, tiene un interés directo en la aplicación de la póliza al afectar la declinación de la misma su patrimonio frente a la obligación crediticia celebrada, por lo que se estima que sí ostenta legitimación para actuar y dirigir pretensiones ante el Instituto Nacional de Seguros. Por último, respecto a la acción de la señora [Nombre 010], se declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por el Gobierno Local. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho interpuestas por la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo. Se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual aducidas por el Grupo Mutual Alajuela, toda vez que la actora formuló una teoría del caso asociada a la adquisición originaria del inmueble a partir de un crédito con dicha entidad financiera, a la cual le atribuyó una falta de fiscalización que le provocó daños, razón por la cual, ameritaba ser traída al proceso. La defensa de falta de interés también se rechaza, por cuanto es evidente que la actora mantiene un interés actual asociado a sus pretensiones indemnizatorias y declarativas. Por último, tal y como se explicó en el considerando anterior, se acoge la excepción de prescripción invocada por el Instituto Nacional de Seguro.
VII.- Sobre las costas personales y procesales: De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, estima esta Cámara de Juezas que en el presente asunto, existe mérito para litigar, al versar el objeto del proceso en la definición del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto a los diferentes actores del proceso constructivo y financiero para la adquisición de los inmuebles, aunado al hecho que con respecto al Instituto Nacional de Seguros para el caso de la acción de la señora [Nombre 010], no se emitió pronunciamiento en cuanto al fondo, por operar la excepción de prescripción, de manera que se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO
Con respecto a la demanda del señor [Nombre 001], se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y con lugar la excepción de falta de derecho invocada por el Banco Popular y se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho del Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, entiéndase denegado lo no expresamente concedido. Se ordena al Instituto Nacional de Seguros a conceder la cobertura de deslizamientos para el evento ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2007 que afectó el inmueble asegurado por el actor, a efecto de aplicar el monto asegurado. Como consecuencia de la aplicación del contrato de póliza, deberá cesar el cobro de las primas de la póliza relacionada. Con respecto a la demanda del señor [Nombre 003], se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación pasiva e interés actual interpuestas por el Grupo Mutual Alajuela. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Instituto Nacional de Seguros. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho invocada por la entidad aseguradora. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por el señor [Nombre 003] en contra de la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta en contra del Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, entiéndase denegado lo no expresamente concedido. Se ordena al Instituto Nacional de Seguros a conceder la cobertura de deslizamientos para el evento ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2007 y conforme al monto asegurado. Se condena al Instituto Nacional de Seguros a pagar por concepto de daño moral subjetivo a favor del actor, la suma de dos millones de colones. Por último, en cuanto a la aplicación del contrato de póliza, se ordena al Instituto Nacional de Seguros al reconocimiento de la suma asegurada para el día del siniestro conforme al contrato vigente con el actor [Nombre 003], debiendo tenerse por cancelada la deuda con la Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo con ocasión del pago, si la suma asegurada cubría a la fecha del siniestro el monto adeudado. En cuanto a los intereses generados hasta la fecha, los mismos no podrán ser cobrados al actor en el tanto, con la aplicación de la póliza en los términos vigentes al momento de los hechos, se cubra la totalidad del adeudo. En caso que ante la Superintendencia de Entidades Financieras se registre al actor como persona no sujeta de crédito con ocasión de la operación crediticia concedida por la Mutual Alajuela objeto de este proceso, una vez cancelado el adeudo, se ordena que se elimine tal condición crediticia. En cuanto a la demanda interpuesta por el señor [Nombre 027] en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por el señor [Nombre 027] en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho con respecto al Instituto Nacional de Seguros, por lo que se declara parcialmente con lugar la demanda, debiéndose entender denegado lo no expresamente concedido. Se le ordena al Instituto Nacional de Seguros aplicar la cobertura por deslizamiento suscrita a favor de la finca número [Valor 002]. En caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. Con respecto a la acción del señor [Nombre 002], se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva e interés actual invocadas por el Instituto Nacional de Seguros, y se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, se le ordena al Instituto Nacional de Seguros a aplicar la cobertura por deslizamiento suscrita a favor de la finca número [Valor 001]. En caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor con ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. En relación con la demanda interpuesta por la señora [Nombre 010], se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual aducidas por el Grupo Mutual Alajuela así como la prescripción invocada por la Municipalidad de Moravia. Se acoge la defensa de falta de derecho invocada por el Grupo Mutual Alajuela y la Municipalidad de Moravia así como la excepción de prescripción opuesta por el Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por la señora [Nombre 010] en contra de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, la Municipalidad de Moravia y el Instituto Nacional de Seguros. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. - Claudia Bolaños Salazar. Laura Gómez Chacón. Alejandra Soto Fonseca.
????????????????
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A ????????????????
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
ALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.