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Res. 01052-2023 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 06/12/2023

Possessory Action Barred During Indigenous Land RecoveryImprocedencia del interdicto durante recuperación de tierras indígenas

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Court reversed the first-instance judgment and denied the possessory action in full for lack of current legal interest because the territorial recovery proceeding provided a supervening solution to the dispute.El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y rechazó íntegramente el interdicto por falta de interés actual, debido a que el procedimiento administrativo de recuperación territorial ofreció una solución sobreviniente al conflicto.

SummaryResumen

The Agrarian Court reversed the judgment that had granted a possessory protection action and ordered Indigenous persons to vacate land located within the China Kichá Indigenous Territory. It held that, after the action was filed, INDER conducted an administrative proceeding to determine the claimant’s status and implement territorial recovery: the agency recognized him as a good-fa possessor regarding five properties and ordered appraisal and expropriation proceedings, while finding no good faith or right to compensation regarding another property. This supervening action supplied an institutional solution to the dispute and extinguished the current legal interest required by the Agrarian Jurisdiction Law. The court also reasoned that an expedited possessory action, which protects only present and temporary possession, could not contradict legitimate state measures intended to clear and restore Indigenous territory, guarantee collective Indigenous property, and fulfill international obligations. The claim was therefore denied in its entirety, without a special award of costs.El Tribunal Agrario revocó la sentencia que había acogido un interdicto de amparo de posesión y ordenado a personas indígenas desalojar terrenos situados dentro del Territorio Indígena China Kichá. Consideró que, después de presentada la demanda, el INDER tramitó un procedimiento administrativo para determinar la condición del actor y encauzar la recuperación territorial: respecto de cinco fincas lo reconoció como poseedor de buena fe y dispuso iniciar el avalúo y la expropiación, mientras que para otra descartó la buena fe y la indemnización. Esa actuación sobreviniente ofreció una vía institucional para solucionar el conflicto y eliminó el interés actual exigido por la Ley de Jurisdicción Agraria. Además, el interdicto, limitado a proteger la posesión actual y momentánea, no podía contradecir las medidas estatales dirigidas a sanear el territorio, garantizar la propiedad colectiva indígena y cumplir obligaciones internacionales. La demanda fue declarada sin lugar en todos sus extremos, sin especial condenatoria en costas.

Key excerptExtracto clave

XII.- Based on the foregoing, the possessory proceeding must be dismissed because the dispute is being addressed in accordance with international standards. In this sui generis case, the possessory proceeding cannot become a mechanism that contradicts the legitimate actions undertaken by the Costa Rican State to comply with its international obligations concerning protection of Indigenous peoples’ rights over their territories and governance of land tenure, in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society. In view of the foregoing, given the manner in which CONAI’s appeal was decided and for the reasons stated by this Chamber, there is no need to rule specifically on the challenge filed by the remaining defendants. XIII. Consequently, the judgment must be reversed for the reasons stated by this Court. In its place, the claim is denied in its entirety because the basic procedural requirement of a current legal interest has not been satisfied, since a supervening circumstance provided a solution to the dispute between the parties concerning possession of the land at issue (Article 23(c) of the Agrarian Jurisdiction Law). Pursuant to Article 55 of the Agrarian Jurisdiction Law, no special award of costs is made because the claimant had grounds to litigate at the time, as the properties involved were registered in his name and devoted to agricultural activity. OPERATIVE PROVISIONS The judgment is reversed. Consequently, because there is no current legal interest, the claim is denied in its entirety. No special award of costs is made.XII.- Con fundamento en lo anterior, el proceso interdictal debe de rechazarse porque el conflicto está siendo atendido conforme a los estándares internacionales. El proceso interdictal, para este caso sui generis, no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones legítimas que ha emprendido el Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra, a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. En virtud de lo anterior, dada la forma como se resolvió la apelación de la CONAI y por los motivos indicados por esta Cámara, carece de interés pronunciarse específicamente sobre la impugnación de las restantes demandadas. XIII. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia, por las razones expuestas por este Tribunal. En su lugar se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, por no cumplirse con el presupuesto básico de toda acción procesal de interés actual, al existir una situación sobreviniente que ofreció una solución al conflicto de las partes del presente proceso, en relación con la tenencia de la tierra objeto de litigio (artículo 23 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria). Al tenor del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se resuelve sin especial condenatoria en costas, toda vez a la parte actora la asistieron en su momento motivos para litigar por tener los bienes objeto del proceso inscritos a su nombre y destinados a la actividad agraria. POR TANTO Se revoca la sentencia. En consecuencia, por existir una falta de interés actual se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho."

    "A merely abstract or legal recognition of Indigenous lands, territories, or resources is meaningless if the peoples concerned cannot fully and peacefully exercise their right."

    Considerando X, cita del caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil

  • "Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho."

    Considerando X, cita del caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil

  • "El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas."

    "Territorial clearance entails not only removing good-fa third parties or persons unlawfully occupying demarcated and titled territories, but also ensuring peaceful possession and that titled property is free from hidden defects, namely obligations or encumbrances benefiting third parties."

    Considerando X, cita del caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil

  • "El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas."

    Considerando X, cita del caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil

  • "El mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas."

    "The mere fact that the claimed lands are privately held does not, by itself, constitute a sufficient “objective and reasoned” ground for rejecting Indigenous claims prima facie."

    Considerando X, cita del caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay

  • "El mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas."

    Considerando X, cita del caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay

  • "Las Directrices sitúan la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y tienen como objetivo contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible."

    "The Guidelines place tenure governance within the context of national food security and aim to contribute to the progressive realization of the right to adequate food, the eradication of poverty, environmental protection, and sustainable social and economic development."

    Considerando XI

  • "Las Directrices sitúan la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y tienen como objetivo contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible."

    Considerando XI

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CASE FILE:

PROCEEDING:

SUMMARY PLAINTIFF:

[Name 001] DEFENDANT:

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CHINA KICHA DECISION N° N° 2023001052 AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and ten minutes on December sixth, two thousand twenty-three.- SUMMARY POSSESSORY INJUNCTION PROCEEDING (PROCESO INTERDICTAL DE AMPARO DE POSESIÓN) filed by [Name 001], [...]; against [Name 012], [...]; [Name 002], [...]; [Name 003], [...]; [Name 004], [...], [Name 005], [...]; [Name 006], [...]; [Name 007], [...], all residents of China Kichá de Pérez Zeledón; [Name 008], [Name 009], [Name 010], [Name 011], the foregoing persons whose particulars are unknown in the record, and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ, legal entity identification number three - zero zero two - three hundred sixty-one thousand three hundred forty-six, represented by Hugo Efrain Fernández Zúñiga, of legal age, resident of China Kichá de Pérez Zeledón, identity card number one - one thousand two hundred thirteen - six hundred seventy-three.

The following participate as interested parties: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity identification number four - zero zero zero - zero four two one four three - eleven, represented by Margarita Elizondo Jiménez, of legal age, married, attorney, resident of Pérez Zeledón, identity card number one - six hundred eighty-seven - two hundred fifty-three, acting as general attorney-in-fact with full powers and no monetary limitation; and COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, legal entity identification number three - zero zero seven - forty-five thousand seven hundred ninety-five, represented by Vicente Aguirre Mendoza, of legal age, married twice, businessperson, identity card number: six-two hundred fourteen-five hundred thirty-eight, resident of Territorio Indígena de Matambú, in his capacity as President with the powers of a general attorney-in-fact with full powers and no monetary limitation.

The following appear as special judicial attorneys-in-fact (apoderados especiales judiciales): for the plaintiff, attorney Herald Garbanzo Alvarado, bar number twenty-four thousand fifty-seven, and Miguel Vargas Mata, bar member; for CONAI, attorney Salvador Arauz Figueroa, bar card number three thousand two hundred twenty-six; and as counsel of record for the defendants, attorney Ricardo Araya Piedra, bar number eighteen thousand nine hundred eight. The proceeding is being heard by the Agrarian Court of Buenos Aires.

Judge Fisher González drafts the decision; and,

CONSIDERANDO:

I.Claims: 1.- The plaintiff, [Name 001], filed a possessory injunction action (demanda interdictal), requesting that the judgment provide: “That this possessory protection injunction (interdicto de posesión de amparo) be granted on the basis of the facts. That the immediate eviction of the defendants be ordered and that the plaintiff in this proceeding be placed in possession. That the defendants be ordered not to enter the disputed property again, under penalty of prosecution for the offense of disobedience of authority. That the defendants be ordered to pay the costs of this proceeding” (complaint in images 1 through 11 of the first-instance electronic case file, viewed as a complete file and hereinafter referred to as the “electronic case file”).

II.Defenses asserted: Having been duly served, the defendants deny the allegations of the complaint and raise the defense of lack of legal right (falta de derecho). (Answer to the complaint in images 66 through 72 of the electronic case file).

III.In an order issued at ten hours and five minutes, the Civil, Labor and Family Court of Buenos Aires, Agrarian Division, orders the plaintiff to name Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá as a defendant. The plaintiff completes the joinder of parties (integra litis) and requests a declaration ordering: “Restoration of his original position within the disputed properties without disturbance or threat by the defendant.” The defendant Association denies the allegations and raises the defense of lack of legal right. (Order in image 80, joinder of parties in images 121 through 129, and answer by the defendant Association in images 161 through 166, all from the electronic case file).

IV.Judge Jean Carlo Céspedes Mora, by judgment N° 47-2021 issued at eight hours and forty-six minutes on August twenty-fifth, two thousand twenty-one, ruled: POR TANTO “In view of the foregoing, the facts deemed proven, the analysis, and the legal authorities cited, the defenses of lack of legal right and lack of standing (falta de legitimación) are denied. Accordingly, THIS POSSESSORY INJUNCTION ACTION brought by [Name 001] against [Name 002], [Name 007], [Name 009], [Name 003], [Name 010], [Name 005], [Name 004], [Name 012], [Name 011], [Name 008], AND [Name 006] IS GRANTED IN ALL RESPECTS. Consequently, the defendants are ordered to restore to the plaintiff the area that they are unlawfully occupying within the property of which the plaintiff had been exercising possession. Within three days after this judgment becomes final, they shall vacate the premises—if they are in fact occupying the land—under penalty of their removal by force in the event of noncompliance. [Name 002], [Name 007], [Name 009], [Name 003], [Name 010], [Name 005], [Name 004], [Name 012], [Name 011], [Name 008], and [Name 006] are ordered to refrain from disturbing, either personally or through an intermediary, the possession exercised by [Name 001] over the disputed area.

Failure to comply with this order shall result in the initiation of proceedings for disobedience of authority. Pursuant to Article 106.5 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), the defendants are ordered to pay the damages caused to the plaintiff; the assessment, proof, and recovery thereof may be addressed during the enforcement stage of this judgment. No special award of costs is made” (first-instance judgment in images 186 through 198 of the electronic case file).

V.The Agrarian Court, in decision 701-F-2022 issued at eight hours and twenty-six minutes on July twentieth, two thousand twenty-two, ruled: POR TANTO: “The Comisión Nacional de Asuntos Indígenas is recognized as an interested third party. Because this proceeding has been stayed by order of the Constitutional Chamber in case file 21-017138-0007- CO, the case file shall be remanded to the Agrarian Court of Buenos Aires. In view of that stay and until it is resolved, the digital case folder before this Court shall be temporarily closed. The appeals shall be heard once the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) has been resolved, at which time the lower court (a-quo) shall forward the virtual case file to this Court. Judge Díaz Bolaños dissents.” (See downloaded case file, images 239 through 246). The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in decision 2023011473 issued at nine hours and twenty minutes on May seventeenth, two thousand twenty-three, issued its opinion regarding the consultation submitted. (Decision added to the first-instance electronic case folder on 26-06-2023 09:17).

VI.Mr. Vicente Aguirre Mendoza, representative of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, appealed the judgment, expressly stating the reasons relied upon to refute the position of the lower court. The grounds of appeal (agravios) are as follows:

  • 1)Ley Indígena, No. 6172 clearly provides in Article 3: “Indigenous reserves are inalienable and not subject to acquisitive prescription, nontransferable, and exclusively for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, purchase, or otherwise acquire land or properties located within these reserves. Indigenous persons may negotiate their lands only with other indigenous persons. Any conveyance or negotiation of lands or improvements thereon in indigenous reserves between indigenous and non-indigenous persons is absolutely null and void, with the corresponding legal consequences. The lands and their improvements and the products of indigenous reserves shall be exempt from all present or future national or municipal taxes.” Article 5, for its part, establishes the State’s obligation to comply with the preceding article, specifying the actions to be taken regarding non-indigenous persons residing in Indigenous Territories when they are declared as such. Article 5: “In the case of non-indigenous persons who are owners or good-faith possessors within indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, ITCO shall expropriate their property and compensate them in accordance with the procedures established in Ley de Expropiaciones. The expropriation and compensation studies and proceedings shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. If non-indigenous persons subsequently invade the reserves, the competent authorities shall immediately proceed with their eviction, without payment of any compensation.” The obligation to comply with this requirement has been recognized at the country’s various judicial levels. Thus, for example, in Decision No. 00074-2013, Section VII of the Tribunal Contencioso Administrativo held that: “With respect to this article, the law appears to have recognized—or at least is worded in such a manner as to assume as a fact accepted by the Legislature—that, when it entered into force, there were indeed non-indigenous persons who possessed or held, in good or bad faith, areas within the territories of indigenous reserves and who, in order to fulfill the commitments undertaken by the State, particularly those stipulated in Article 11 of Convention No. 107 of the International Labour Organization, had to be evicted. In that regard, as stated by the Tribunal Contencioso, a series of steps had to be followed to comply with Article 5 of Ley Indígena;
  • 1)First, ‘these non-indigenous possessors […] had to be identified as possessors of land within the reserve,’ which entails a duty on the part of the Administration to ‘demarcate the land areas comprising the indigenous reserve’;
  • 2)Second, ‘based on the areas comprising the reserve, once duly demarcated, population censuses would then have to be conducted to identify the presence of non-indigenous persons therein […] and therefore the registry and/or cadastral status of the property is mandatory’;
  • 3)Third, ‘for the purposes of carrying out physical removal through police action, administrative eviction, or, as applicable, prior to eviction or placement in possession, compensation, if appropriate through expropriation proceedings, of every non-indigenous person in the reserves, the variables upon which Article 5 of Ley Indígena makes the choice of one course of action or another dependent must first be determined, namely, whether the acts performed or rights exercised by third parties were undertaken in good or bad faith’;
  • 4)Fourth, ‘in the case of non-indigenous persons, whether mere possessors or registered holders of title and/or any real property right in the property, insofar as they are acting in good faith, INDER must propose an alternative for their relocation to land that is, to the extent possible, equivalent to the land in indigenous reserves thus occupied by those third parties,’ or ‘the expropriation proceeding must be initiated, the administrative procedure and any ensuing judicial proceeding being the responsibility of the Instituto de Desarrollo Rural, using its own budget for that purpose, except solely for the payment of compensation when appropriate, which shall be charged to the funds to be administered by CONAI. For those purposes, INDER shall carry out the necessary procedures to comply with the preparatory acts for the respective administrative procedure and judicial expropriation proceedings, including full identification of the property concerned, its appraisal, and, where applicable, the declaration of public interest, without prejudice to the assistance that may be provided by other public entities and, of course, by the Executive Branch itself, which, in the view of the majority of the members of this Tribunal, has never been understood under the legal system to be exempt from these duties in the direct application of international law.’ 2) By resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) under Article 4 of Ordinary Session 36, held on August 24, 2020, the commencement of ordinary administrative proceedings was ordered to ascertain the substantive truth of the facts concerning Mr. [Nombre 001]’s possession or ownership, in order to determine whether he was a good-faith possessor or owner under the terms established by Ley Indígena, consistent regulations, and applicable case law, and to establish whether he would be entitled to compensation through the procedures established by Ley de Expropiaciones. The foregoing was pursuant to Decreto Ejecutivo N° 42250-MAG-MP, which declares the Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI) to be in the public interest and provides for compliance with the requirements established by the Legislature in Ley Indígena and by the various courts that have addressed the matter, directing the State to resolve the issue of land title for indigenous persons, as in the case analyzed above. Under Article 106 of Código Procesal Civil, possessory actions (interdictos) shall apply only to the current and immediate possession of real property. Under no circumstances shall they affect issues of ownership or permanent possession, concerning which no dispute shall be permitted. The possessory actions are protection of possession, restitution, and restoration of boundary lines. When one possessory action has mistakenly been brought in place of another, or all have been brought simultaneously, the appropriate action shall be granted according to the factual circumstances. A possessory action is unavailable when the act of interference or dispossession arises from judicial or administrative decisions. Accordingly, this possessory proceeding was brought to protect possession, evict the defendants (indigenous persons from the Territorio de China Kichá), and place the plaintiff in possession of the following properties: a) property registered in San José, registration number [Valor 011] b) property registered in San José, registration number [Valor 003] 3) property registered in San José, registration number [Valor 001] c) property registered in San José, registration number [Valor 004] d) property registered in San José, registration number [Valor 005] e) property registered in San José, registration number [Valor 006]. The foregoing is stated in a pleading filed by [Nombre 001] on May 8, 2020, before the Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria). Following the ordinary administrative proceeding conducted to ascertain the substantive truth regarding Mr. [Nombre 001]’s possession, the resolution adopted by the Board of Directors under Article No. 10 of Ordinary Session 14, held on April 26, 2021, deemed it established, based on the documentary evidence gathered, that [Nombre 001]’s properties lie within the Territorio Indígena China Kichá. The information was corroborated by the Institution (INDER) through topographic surveys conducted by the institution, from which several overlays were prepared that clearly illustrate how [Nombre 001]’s properties have been affected by the boundaries established in Decreto Ejecutivo N° 29447-G, published on May 16, 2001. Taking into consideration that the properties were located within the Territorio Indígena de China Kichá, the Board of Directors, following the ordinary administrative proceeding conducted pursuant to its obligations toward the indigenous population of China Kichá, ruled as follows: “1) With respect to the following properties:
  • 1)property registered in San José, registration number [Valor 006],
  • 2)property registered in San José, registration number [Valor 001],
  • 3)property registered in San José, registration number [Valor 004],
  • 4)property registered in San José, registration number [Valor 005],
  • 5)property registered in San José, registration number [Valor 003], Mr. [Nombre 001], holder of identification card [Valor 009], shall be deemed a GOOD-FAITH POSSESSOR, under the terms established in Ley Indígena, and the compensation process shall be commenced through appraisal and expropriation proceedings, in accordance with Article 5 of Ley Indígena and Ley de Expropiaciones. Likewise, the Fondo de Tierras shall be instructed to conduct the corresponding appraisal and commence the expropriation process. 2) With respect to the property registered in San José, registration number [Valor 011], it is recommended that [Nombre 001] NOT be deemed a good-faith possessor under the terms established in Ley Indígena; accordingly, there is NO entitlement to payment of any compensation for the property that he once possessed and that is affected by the Territorio Indígena de China Kichá.” In other words, because Mr. [Nombre 001]’s properties were located within an indigenous territory, it was imperative, through ordinary administrative proceedings and in compliance with Ley Indígena and Convention 169, to return the lands to the indigenous population of China Kichá through the legally established procedure for that purpose, namely, the Plan de Recuperación de Tierras Indígenas. As previously stated, the purpose of the administrative procedure was to determine the substantive property right, that is, whether Mr. [Nombre 001] held a legitimate or good-faith ownership right over the portions of land that he claimed to possess and, if so, to compensate him for the change in the property’s use resulting from the designation as an Indigenous Territory of a specified area that includes or encompasses those properties. The properties that were the subject of the administrative proceedings before INDER are the same as those that were the subject of the summary possessory action filed by Mr. [Nombre 001]; that is, both proceedings share the same parties, subject matter, and cause of action. 3) By a filing submitted in expediente RTI-PA-0001-2020 by Mr. [Nombre 001], in the proceeding conducted by INDER and pursuant to the authority granted by the resolution of the Board of Directors, which states: “A motion for reconsideration (recurso de revocatoria) may be filed against this decision before the Board of Directors of INDER within 3 days, and an appeal may be filed before the Tribunal Agrario within five business days counted from the day following service thereof,” he filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative (apelación en subsidio) against Decision 005-2021, insofar as it “declares Mr. [Nombre 001] to be a bad-faith possessor of property [Valor 011], without entitlement to compensation.”
  • 4)Regarding possessory injunction proceedings (interdictos), the Procuraduría General de la República (PGR) has stated: “Possessory injunction proceedings […] are summary proceedings (procesos sumarios) intended to protect possession (posesión) of real property as a factual state in which the property is under a person’s control and will, irrespective of whether that state is based on an enforceable right. Their rationale lies in the need to maintain social peace in the use and enjoyment of real property and in the common observation that, under normal circumstances, such property is held by its true owners. […] Under our procedural legislation, a possessory injunction proceeding is intended to protect current and immediate possession on a temporary basis, unless otherwise ordered or the parties’ rights are established in ordinary proceedings (proceso ordinario). […] Consequently, in this type of proceeding, judicial discussion is not permitted, nor are extraneous issues such as ownership, superior right of possession, or permanent possession decided.

Protection is afforded in the event of disturbance, dispossession, alteration of boundary markers between adjoining estates, or new or dilapidated construction causing harm; in the first three circumstances, the Judge is authorized to grant the possessory injunction supported by the proven factual circumstances when the party has incorrectly named the injunction or characterized the event under a different designation.” Mr. [Nombre 001] filed the summary possessory injunction proceeding on 8 de mayo de 2020, and the final decision concerning immediate possession of the property at issue was served on 25 de agosto de 2021, that is, one year and three months after the initial events occurred. In that regard, it is clear that the legal status of the property has changed substantially. Indeed, according to the case law, the nature of a possessory injunction proceeding is to protect immediate and current possession, and under no circumstances may issues relating to permanent ownership or possession viewed as a right be adjudicated therein; however, it is clear that the right of possession was the subject of an administrative decision by INDER—the institution legally required to conduct the relevant procedure—which determined that the land rights belong to the Indigenous people of China Kichá.

This is because: i) Decreto Ejecutivo N° 29447-G delineates the Territorio Indígena de China Kichá; ii) the properties: property registered in the San José district, registration number [Valor 006], property registered in the San José district, registration number [Valor 001], property registered in the San José district, registration number [Valor 004], property registered in the San José district, registration number [Valor 005], property registered in the San José district, registration number [Valor 003], and property registered in the San José district, registration number [Valor 011], are located within that delineated area and therefore lie within Indigenous territory; iii) the State has a duty to analyze and study the history of those properties in order to determine whether the person possessing them is non-Indigenous and whether that person acquired them before the territory was declared an Indigenous Territory by Executive Decree; iv) that study was conducted by INDER, which determined that, for 5 of the 6 properties, the acquisition by the non-Indigenous person, [Nombre 001], could be declared to have been made in good faith (buena fe); and v) Mr. [Nombre 001] did not challenge the decision that his properties are located in Indigenous Territory, but solely and exclusively the finding of bad faith (mala fe) in the acquisition of Property [Valor 011].

  • 5)The possessory injunction proceeding decided the factual issue of possession, but the right of possession, or the merits (fondo), has already been decided administratively and is currently the subject of an appeal before the Tribunal Agrario; therefore, the possessory injunction decision is now moot, and the decision of the Tribunal Agrario concerning the substantive right must govern.
  • 6)Article 35.5 of the Código Procesal Civil provides: “Inadmissible claim (demanda improponible). A manifestly inadmissible claim shall be dismissed, on the court’s own motion or at a party’s request, by an early judgment issued at the outset or at any stage of the proceeding. A claim shall be inadmissible when: 1. Its subject matter or relief sought is manifestly contrary to the legal system, impossible, absurd, or devoid of legal interest. […] 6. The right was waived in a prior proceeding.” In the present case, this claim lacks legal interest because the merits were already decided in another, earlier case, as stated supra. In other words, an administrative decision concerning Mr. [Nombre 001]’s rights in the properties at issue already exists. Moreover, in that administrative proceeding, counsel for Mr. [Nombre 001] appealed only the finding of bad faith regarding one of the properties; as to the remaining five properties, he accepted INDER’s determination.

Accordingly, evicting the Indigenous persons inhabiting their Territory—an issue that Mr. [Nombre 001] did not contest in the administrative proceeding—is contrary not only to the Ley Indígena but also to Convention 169 of the Organización Internacional del Trabajo and to international case law. Thus, the Corte Interamericana de Derechos Humanos has stated that, with respect to the particular circumstances of Indigenous peoples, expert witness Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, observed that, to guarantee the use and enjoyment of the right to collective property (propiedad colectiva), States must ensure that traditional territories are free from outside interference; that is, they must remove all forms of interference affecting the territory through title clearance (saneamiento), so that the exercise of the right to property has tangible and actual substance.

Expert witness Carlos Frederico Marés de Souza Filho expressed the same view in that proceeding. Merely abstract or legal recognition of Indigenous lands, territories, or resources is meaningless if the populations or peoples concerned cannot fully and peacefully exercise their right. Title clearance entails not only the eviction of good-faith third parties or persons unlawfully occupying delineated and titled territories, but also ensuring peaceful possession and that the titled properties are free from undisclosed encumbrances (vicios ocultos), meaning free of obligations or liens benefiting third parties. If this is not ensured, the Court considers it clear that the right to collective property has not been fully guaranteed. Thus, the Corte Interramericana de Derechos Humanos considers that administrative procedures for the delineation, demarcation, titling, and title clearance of Indigenous territories are mechanisms that guarantee legal certainty and protection of this right (see Corte IDH.

Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 124). Therefore, because the present claim lacks legal interest and is also contrary to the legal system, and because the right sought by the claimant—to place the claimant in possession of the properties—is relief that has already been resolved through ordinary proceedings in which payment for those properties is being litigated and that is currently the subject of judicial proceedings, it is clear that the subject matter of the proceeding at issue is now moot and devoid of legal interest. The proper course is therefore to dismiss and close the proceeding because of a supervening impossibility (imposibilidad sobrevenida) arising from the disappearance of the cause of action (causa de pedir).

  • 7)It is requested that the present claim be declared inadmissible because payment for Mr. [Nombre 001]’s properties is already being litigated in another forum, in which the claimant objected only to the finding of bad faith regarding one of the properties. Accordingly, a supervening impossibility would exist in this proceeding because the cause of action has disappeared, and the proceeding should be closed. In the alternative, it is requested that: a) the eviction ordered in the judgment be stayed until the Tribunal Agrario rules on the appeal filed by Mr. [Nombre 001], which will determine whether Property [Valor 011] was acquired in good or bad faith—that is, the substantive right concerning one of the properties that was the subject of the summary possessory injunction proceeding; b) the present proceeding be referred for adjudication under ordinary procedure, pursuant to Article 103.4 of the Código Procesal Civil, so that it may be included in case file RTIPA-0001-2020 and considered by the Tribunal Agrario, in its capacity as the nonhierarchical appellate authority (jerarca impropio) of INDER and the body responsible for deciding the appeal filed by Mr. [Nombre 001]; c) the appropriate measures be initiated so that the eviction is handled as a “vulnerability” matter, given the population concerned (Indigenous women), and that execution of the eviction be withheld until the involvement of the relevant institutions has been ensured (appellate brief in images 201 to 203 of the electronic trial-court case file displayed as a complete file). The defendants, in turn, filed an appeal based on the following grounds of error (agravios):
  • 1)The properties involved are within an Indigenous territory. In addition, the claimant is a non-Indigenous person. Indigenous land rights are comprehensive in nature, constitute a human right, and must be assessed under different criteria, giving precedence to Indigenous law and applying international conventions over any other considerations of ordinary law, which essentially protect private property rather than Indigenous property. Title to the property, the right of possession, and acts of possession (hechos posesorios) are clearly defined in special Indigenous legislation and Costa Rican case law and bear very little resemblance to the reasoning of the court below (A Quo). Under Indigenous legislation, those three aspects constitute a single right. The claimant has no right whatsoever to title to the properties. Likewise, as a non-Indigenous person, he is prohibited from living on, possessing, or in any way engaging in activities to exploit the property, although the Judge cited this as a factor favoring the claimant. On the contrary, it should be regarded as a harmful and violent act because of the extensive damage caused to the Indigenous heritage of China Kichá, particularly to the group of recovering families (familias recuperadoras), who for so many years have had to endure dispossession and humiliation by those who usurped the lands without any right whatsoever. That is what constitutes violence.
  • 2)Article 3 of the Ley Indígena establishes that Indigenous communities have the right to land ownership, even though the Judge states in the recitals (considerandos) that this is not the issue on the merits. Yet that same law provides that only Indigenous persons may build houses, fell trees, exploit timber resources, or plant crops for their own benefit within the boundaries of the reserves. It is therefore inconsistent for the judgment to state that the issue being adjudicated is the factual issue of possession rather than the right of possession. If the claimant has no right of possession under the law, then no factual possession could be recognized when he exercised that possession unlawfully until the property was lawfully recovered. Under the challenged judgment, the claimant is permitted to continue using for profit, violating, and unlawfully occupying land to which he has no right whatsoever.
  • 3)The appeal is based on Convention No. 169 of the Organización Internacional del Trabajo and Articles 2,3,4,5,6,7,9,10 and 11 of the Ley Indígena (appellate brief in images 225 to 228 of the electronic trial-court case file).

VII.The Court endorses proven facts (hechos probados) a) and d) contained in the judgment under appeal (fallo recurrido), because they are the result of the evidence in the record (probanzas que constan en autos), but not b) and c), since, given the manner in which this body will rule, they are not relevant. Likewise, the following established facts are added at this appellate stage (instancia): e) Because the properties that are the subject of these proceedings are located within the China Kichá Indigenous Territory, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in Article No. 10 of Ordinary Session No. 14, held on 26 de abril de 2021, resolved that the party subject to the administrative proceeding (administrado), [Nombre 001], was the good-faith owner (propietario de buena fe) of the properties in the province of San José registered under numbers [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], and [Valor 006], and the bad-faith owner (propietario de mala fe) of property No. [Valor 007], for purposes of initiating expropriation proceedings (proceso de expropiación) regarding the first five (see this Court’s electronic case file in improper hierarchical appeal (recurso jerárquico impropio) No. 23-000003-0029-AG, filed by the same plaintiff in these proceedings; the statements made by CONAI in the appellate brief (memorial de apelación) at images 201 to 203, which have not been contested; and the text of the INDER Board of Directors session, publicly available on the website https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-2021.pdf). f) This Court confirmed that decision, which had been partially challenged through an improper hierarchical appeal filed by the plaintiff herein, specifically with respect to the ruling concerning property No. [Valor 007] (see this Court’s electronic case file in improper hierarchical appeal No. 23-000003-0029-AG, filed by the same plaintiff in these proceedings; the statements made by CONAI in the appellate brief at images 201 to 203, which have not been contested; and the text of the INDER Board of Directors session, publicly available on the website https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-2021.pdf).

VIII.CONAI’s grounds of appeal (agravios) will be decided jointly because, for the reasons that will be set forth by this Court, they are encompassed within a single line of reasoning. First, this Court deems it necessary to recount certain administrative and judicial background that provides context for the current status of the dispute between the parties:

  • 1)These summary possessory proceedings (proceso interdictal) commenced on 8 de mayo del 2020 (complaint at images 2 to 11).
  • 2)The Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), promoted by the State of Costa Rica, seeks to regularize the country’s Indigenous territories through three stages, the first of which includes the territories of: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa and Térraba (see the Plan on the official website of the Ministerio de Agricultura y Ganadería: https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). That Plan was declared to be in the public interest by Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP del 13 de marzo del 2020. The recitals (parte considerativa) of that Decree mention Article 5 of the Ley Indígena and Article 14 of Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples of the International Labour Organization (ILO), stating that Governments must take the necessary measures to identify the lands traditionally occupied by the peoples concerned and guarantee effective protection of their ownership and possession rights. Likewise, Considerandos III y IV state that the Costa Rican State must fully guarantee Indigenous communities’ enjoyment of their rights and, in turn, continue efforts to recover their lands so that Indigenous persons may live freely within their territories. They also state that the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) is under the authority of the Ministerio de Agricultura and has been vested with special powers under the Ley Indígena. It is further stated that Article 8 of the Law Transforming the Instituto de Desarrollo Agrario into the Instituto de Desarrollo Rural created the Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Ley Nº 9036 del 11 de mayo del 2012), redirecting the institution’s activities toward the country’s rural development and empowering it as the agency responsible for resolving all disputes involving insecure possession (posesión precaria), by providing solutions to problems concerning the occupation of national reserves and the precarious occupation (ocupación en precario) of privately owned land.
  • 3)As part of the implementation of the PLAN-RTI, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, through a resolution adopted in Article No. 10 of Ordinary Session No. 14, held on 26 de abril de 2021, for purposes of determining which of the plaintiff’s properties might be subject to expropriation under the Ley Indígena, decided as a preliminary matter that [Nombre 001] was the good-faith owner of the properties in the province of San José registered under numbers [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], and [Valor 006], and the bad-faith owner of property No. [Valor 007]. With respect to the latter, this Court affirmed the administrative decision (resuelto en sede administrativa) in Voto No. 904-2023 de las veintidós horas veintisiete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. The operative portion (parte dispositiva) of the administrative decision expressly stated: “POR TANTO:
  • 1)With respect to the following properties:
  • 1)property registered in the San José registry district under registration number [Valor 006],
  • 2)property registered in the San José registry district under registration number [Valor 001],
  • 3)property registered in the San José registry district under registration number [Valor 004],
  • 4)property registered in the San José registry district under registration number [Valor 005], and
  • 5)property registered in the San José registry district under registration number [Valor 003], Mr. [Nombre 001] shall be deemed a good-faith possessor (poseedor de buena fe), in accordance with the terms established in the Ley Indígena and Ley de Expropiaciones. The Fondo de Tierras shall also be instructed to conduct the corresponding appraisal (avalúo), and the expropriation proceedings shall be initiated. 2) With respect to the property registered in the San José registry district under registration number [Valor 008], it is recommended that [Nombre 001] NOT be deemed a good-faith possessor under the terms established in the Ley Indígena; accordingly, there is NO entitlement to payment of any compensation (indemnización) for the property that he once possessed and that is affected by the China Kichá Indigenous Territory” (…) 4) Now, since these are properties with registered title (titulación registral), once administrative remedies have been exhausted (se agote la vía administrativa) in the present case concerning the determination of whether the occupant is entitled to compensation, the prescribed action shall be brought so that the registered titles may be annulled” (see this Court’s electronic case file in improper hierarchical appeal No. 23-000003-0029-AG, filed by the same plaintiff in these proceedings; the statements made by CONAI in the appellate brief at images 201 to 203, which have not been contested; and the text of the INDER Board of Directors session, publicly available on the website https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-021.pdf). 4) The judgment in the summary possessory proceedings that is before this Court on appeal (sentencia interdictal venida en alzada) was issued on 25 de agosto del 2021 (images 186 to 199 of the trial-court case file).

IX.In another vein, it must be noted that, as provided in section 106 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) (applicable by express provision of section 79 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria)), the specific purpose of possessory proceedings (proceso interdictal) is to protect current and immediate possession (posesión actual y momentánea), without definitively deciding matters concerning the right of ownership (derecho de propiedad) or the right of possession (derecho de posesión), since their purpose is to safeguard social peace. Such proceedings also have their substantive basis in section 309 of the Civil Code (Código Civil). However, Indigenous customary law (derecho consuetudinario indígena) must be applied as the primary source for resolving disputes among Indigenous persons themselves, even within possessory proceedings. In this regard, the interpretation of the scope of the aforementioned section 106, as indicated by the Sala Constitucional in the judicial consultation (consulta judicial) submitted in these proceedings, in judgment 2023011473 at nine twenty a.m. on diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, concerns an issue of legality, and it therefore declared that the consultation could not be entertained.

In this respect, it observed: “Based on the foregoing, this Tribunal considers that the matter raised is merely one of interpretation and application of the statutory provisions to the specific case, in view of its particular characteristics. That is, the Tribunal questions which rules should prevail when interpreting what the provision under consultation establishes in referring to lawful possession (posesión legítima) in this case, without impairing other rights recognized under international conventions regarding title to the property as Indigenous property. However, this is not an issue of constitutionality, but rather of legality. Accordingly, the consultation cannot be entertained.” In other words, this Tribunal understands that Article 106 is not unconstitutional in itself, because it is logically intended to resolve disputes concerning the holding (tenencia) of private property; consequently, its application to disputes in Indigenous territories, weighed against the other rules governing those territories, falls to the Courts in the exercise of their judicial function (función jurisdiccional).

Consistent with the foregoing, in the opinion of this body, although possessory proceedings may be used as a procedural mechanism for resolving disputes in agrarian matters, where Indigenous territories are concerned, the assessment of the prerequisites for the action (presupuestos de la acción) may take on different connotations depending on the circumstances and the legal interests involved, weighed within the legal system as a whole. This is so whenever the particular case presents circumstances warranting such treatment, as occurs in these proceedings. The appellant entity is therefore correct that this dispute warrants an analysis extending beyond the protection of mere possession, given what occurred between the filing of the complaint and the issuance of the judgment in relation to the land sought to be recovered. International rules govern the tenure rights (derechos de tenencia) of Indigenous and tribal peoples in their ancestral territories.

Indigenous property also serves a different function in society, and its structure is likewise distinct because of the collective manner in which that right is exercised. It thus transcends productive use, or the use and enjoyment of property—features that ordinarily characterize ownership—to incorporate other cultural and human aspects that are fundamentally relevant to the content of the legal regime governing Indigenous territories. The Inter-American Court of Human Rights has consistently outlined these characteristics in various decisions. In the Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, in its judgment of 31 de agosto de 2001, it held: “For Indigenous communities, their relationship with the land is not merely a matter of possession and production, but rather a material and spiritual element that Indigenous and Tribal Peoples must fully enjoy, including in order to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations.” Similarly, in the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, in its judgment of 29 de marzo de 2006, it determined: “This Tribunal further considers that the concepts of property and possession in Indigenous communities may have a collective meaning, in the sense that ownership ‘is not centered on an individual but on the group and its community.’ This conception of ownership and possession of lands does not necessarily correspond to the classical conception of property, but it merits equal protection under Article 21 of the American Convention.

Disregarding the specific forms of the right to use and enjoy property arising from each people’s culture, practices, customs, and beliefs would be equivalent to maintaining that there is only one way to use and dispose of property, which would in turn render illusory the protection afforded by Article 21 of the Convention to millions of people.” The foregoing is consistent with section 13.1 of ILO Convention 169, which provides: “In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance, for the cultures and spiritual values of the peoples concerned, of their relationship with the lands or territories, or both, as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of that relationship.” And section 14 of that same instrument provides: “1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands they traditionally occupy shall be recognized.

In addition, where appropriate, measures shall be taken to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid in this respect to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. 2. Governments shall take such measures as may be necessary to identify the lands traditionally occupied by the peoples concerned and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims (reivindicaciones de tierras) submitted by the peoples concerned.”

X.In view of all the foregoing, as explained in recital VIII (considerando VIII), it is evident that, with regard to the China Kichá Indigenous Territory, the State of Costa Rica has undertaken actions for its recovery, regularization (saneamiento), and organization, in order to protect Indigenous property while also preventing violence and instability. In the case under review, an initial stage of assessing objective, subjective, and temporal elements has been completed so that expropriation proceedings (expropiación) may be initiated against the plaintiff with respect to the properties in the province of San José registered under numbers [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], and [Valor 006], but not property [Valor 007], because it was determined that the plaintiff has no right to the latter. It should be noted that these proceedings concern all those properties, which form a conglomerate or physical unit within the China Kichá Indigenous Territory.

Regarding this point, Article 5 of the Ley Indígena provides: “In the case of non-Indigenous persons who are good-faith owners or possessors within Indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it shall expropriate their lands and compensate them in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. The expropriation and compensation studies and procedures shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI.” In light of the foregoing, this Chamber cannot disregard the fact that actions are being implemented to comply with that special statutory provision and with the principles of ILO Convention 169. Accordingly, CONAI’s contention that a State action aimed at expropriating the plaintiff is already under way is well founded; that action must be weighed in resolving this case and was even accepted by the plaintiff, who did not challenge the effects of that preliminary administrative expropriation procedure (he challenged only the finding of bad-faith possession concerning one of the properties).

Consequently, the resolution of these judicial proceedings must be harmonized with the implementation of the obligations assumed by the State and must not cause a regression that would deepen the social conflict, which arose precisely from the State’s decades-long neglect, to the detriment of the rights of the China Kichá Indigenous Community, and which has led to a serious breakdown of governance in the area. By way of example, regarding the effects of such omission by States in protecting the rights of Indigenous peoples, it is appropriate to mention the findings of the Inter-American Court in Case of the Garífuna Community of Punta Piedra and its Members v. Honduras, in the judgment of 08 de octubre de 2015: “Therefore, the failure to guarantee use and enjoyment, through the State’s failure for more than 15 years to regularize the territory of the Punta Piedra Community, as well as the failure to implement those agreements, resulted in serious tensions between the communities concerned.” Equally relevant are the tensions surrounding the tenure of Indigenous territories in Costa Rica, whose magnitude required the intervention of the INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS through RESOLUTION 16/15, when it issued precautionary measure No. 321-12 concerning the Teribe Indigenous People and the Bribri People of Salitre with respect to Costa Rica, dated 30 de abril de 2015, which ordered: “26.

With regard to the requirement of urgency, the IACHR considers it satisfied insofar as the risk faced by the members of the Teribe Indigenous People and the Bribri People of Salitre has remained ongoing throughout these proceedings, with 24 noviembre de 2014 being the date of the most recent alleged act of violence recorded. In this regard, the Commission takes note of and values the actions implemented by the State to safeguard the life and personal integrity of the members of both Indigenous peoples in Salitre, which reportedly resulted in the establishment of a dialogue roundtable, a series of investigations into the alleged events, and the establishment of patrols in the area, among other measures. In this regard, the Commission recognizes the State’s efforts to implement measures addressing the causes and effects of the aforementioned conflict, which has generated various manifestations of violence in the area.

However, according to the applicants: i) the local authorities of Buenos Aires, Puntarenas, have allegedly failed to adopt comprehensive measures to prevent further acts of violence or threats in the area, taking into account the stated context and background; and ii) the security measures offered would be insufficient, particularly because they would not be permanent, since they would be implemented only for short periods after an act of violence had occurred. Along these lines, the Commission takes note of the reports prepared by the Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, a State institution that has indicated that the members of the Teribe Indigenous People and the Bribri People of Salitre allegedly have no police checkpoint, no registry for entry into their territories, and no patrols provided by the local authorities. Under these circumstances, the Commission considers that, given the continuing climate of tension in the area vis-à-vis the reported progress on measures intended to delimit the territories, the risk in the area could be exacerbated.

Accordingly, the IACHR considers it necessary for the State to strengthen the protective measures implemented to date through appropriate and effective measures, taking into account a differentiated approach regarding Indigenous peoples and the particular dynamics in the area. (…) The Commission likewise reiterates that States are obligated to adopt measures to ensure effective control over their territories and to protect Indigenous peoples from acts of violence or harassment. In the same vein, Indigenous and tribal peoples have the right to have conflicts with third parties arising from land ownership prevented, particularly in cases where delays in demarcation, or the absence of demarcation, have the potential to generate conflicts.” Additionally, it is important to highlight what the aforementioned Court developed in Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, in the judgment of 25 de noviembre de 2015: “The Court has established that, in accordance with the principle of legal certainty, it is necessary to give tangible effect to the territorial rights of Indigenous peoples through the adoption of the legislative and administrative measures necessary to create an effective mechanism for delimitation, demarcation, and titling that recognizes such rights in practice.

This is so because recognition of Indigenous communal-property rights must be guaranteed through the granting of a formal property title, or another similar form of State recognition, that provides legal certainty for Indigenous land tenure against actions by third parties or by agents of the State itself, and because this ‘merely abstract or legal recognition of Indigenous lands, territories, or resources is practically meaningless unless the property is physically established, delimited, and demarcated.’ (…) It should be clarified that, for purposes of delimiting, demarcating, and titling the traditional territory in this case, the Court considers that the property rights of Indigenous and tribal peoples encompass full guarantees over the territories that they have traditionally possessed, occupied, and used to practice their own way of life, subsistence, traditions, culture, and development as peoples.

Without prejudice to the foregoing, there may be other complementary or additional traditional areas to which they have had access for their traditional or subsistence activities—which may, where applicable, be shared for other purposes—and with respect to which at least their access and use must be guaranteed to the appropriate extent.” In the same vein, the High Court has reiterated in its case law: “… members of Indigenous peoples who have involuntarily lost possession of their lands, where those lands have been lawfully transferred to good-faith third parties, have the right to recover them or to obtain other lands of equal size and quality; (…) the State must guarantee the effective property rights of Indigenous peoples and refrain from acts that could cause agents of the State itself, or third parties acting with its acquiescence or tolerance, to impair the existence, value, use, or enjoyment of their territory” (see Case of the Moiwana Community v. Suriname, judgment of 15 de junio de 2005, and Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members v. Honduras, judgment of 8 de octubre del 2015).

Accordingly, it should be noted that, in the case of our country, Article 5 of the Ley Indígena provides that restitution of the original territories is the applicable and prevailing course of action, such that non-Indigenous persons—if deemed good-faith possessors—must be relocated or expropriated. Likewise, in Case of the Xucuru Indigenous People and its Members v. Brazil, judgment of 5 de febrero de 2018, that Court stated that “the case law of this Court has indicated in other cases that Indigenous and tribal peoples are entitled to effective and expeditious administrative mechanisms to protect, guarantee, and promote their rights over Indigenous territories, through which the processes of recognition, titling, demarcation, and delimitation of their territorial property may be carried out. Those procedures must comply with the rules of due process of law enshrined in Articles 8 and 25 of the American Convention.” To the same effect: Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members v. Honduras, judgment of 8 de octubre de 2015.

Accordingly, if the Costa Rican State, through INDER, has initiated a China Kichá Territory Recovery Program, through which the legal status of the plaintiff’s possession has been conclusively resolved at the administrative level as a preliminary stage to expropriation, this must unquestionably be taken into account in cases such as the present one, because these possessory proceedings (proceso interdictal) have since become moot. Moreover, regarding the effectiveness of communal-property rights vis-à-vis the property rights of non-Indigenous third parties, the Inter-American Court held in Case of the Xucuru Indigenous People and its Members v. Brazil, in the judgment of 5 de febrero de 2018: “With regard to the particular situation of Indigenous peoples, expert witness Victoria Tauli-Corpuz, United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, observed that, to guarantee the use and enjoyment of the right to collective property, States must ensure that there is no external interference with traditional territories; that is, they must remove any form of interference affecting the territory in question through regularization, so that the exercise of the right to property has tangible and genuine substance.

Expert witness Carlos Frederico Marés de Souza Filho expressed the same view in these proceedings. Merely abstract or legal recognition of Indigenous lands, territories, or resources is meaningless if the populations or peoples concerned cannot fully and peacefully exercise their right.

Regularization (saneamiento) entails not only the eviction of good-faith third parties or persons who unlawfully occupy the demarcated and titled territories, but also ensuring peaceful possession thereof and that the titled property is free of latent defects, that is, free of obligations or encumbrances benefiting third parties. If the foregoing is not verified, it is clear to the Court that the right to collective property has not been fully guaranteed. Thus, the Court considers that the administrative processes of delimitation, demarcation, titling, and regularization of indigenous territories are mechanisms that ensure legal certainty and protect this right.” Lastly, mention should be made of the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, judgment of 29 March 2006: “In this regard, the Court finds that the arguments put forward by the State to justify its failure to give effect to the indigenous people’s right to property have not been sufficient to relieve it of its international responsibility. The State has presented three arguments:

  • 1)that the claimed lands have been transferred from owner to owner ‘for a long time’ and are duly registered;
  • 2)that those lands are being properly used, and
  • 3)that the owner of the lands ‘is protected by a Treaty between the Republic of Paraguay and the Federal Republic of Germany[,] which […] is Law of the Nation.’ 138. Regarding the first argument, the Court considers that the mere fact that the claimed lands are privately owned does not per se constitute a sufficient ‘objective and reasoned’ basis for prima facie denying the indigenous claims. Otherwise, the right to restitution would be meaningless and would offer no genuine possibility of recovering traditional lands, being limited solely to awaiting the will of the current holders and forcing the indigenous people to accept alternative lands or monetary compensation. In this regard, the Court has stated that, where conflicts of interest arise in indigenous land claims, the legality, necessity, proportionality, and attainment of a legitimate objective in a democratic society (public utility and social interest) must be assessed on a case-by-case basis in order to restrict either the right to private property, on the one hand, or the right to traditional lands, on the other. The content of each of these parameters was previously defined by the Court in the Case of the Yakye Axa Indigenous Community, and it therefore expressly refers to its prior ruling. 139. The same analysis applies to the State’s second argument concerning the productivity of the lands. Underlying this argument is the notion that indigenous people may not, under any circumstances, claim their traditional lands when those lands are being used and are fully productive, viewing the indigenous issue exclusively through the lens of land productivity and the agrarian system, which fails to account adequately for the particular characteristics of those peoples.”

XI.In another line of reasoning, but still to provide further grounds for the manner in which this Court rules, the FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security must also be taken into account. These Guidelines were endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) at its 38th (Special) Session on May 11, 2012. According to Objective 1.1, the aim is to improve the governance of tenure (gobernanza de la tenencia) of land, fisheries, and forests. They expressly state: “All programs, policies, and technical assistance intended to improve governance of tenure through the implementation of these Guidelines should be consistent with States’ existing obligations under international law, particularly the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments.” Regarding their nature and scope, subsection 2.4 reads: “These Guidelines are global in scope.

Taking the national context into account, they may be used by all countries and regions at all stages of economic development; and they may be used for the governance of all forms of tenure, including public, private, communal, collective, indigenous, and customary tenure.” Likewise, Section 7 addresses the “Legal recognition and allocation of tenure rights and duties,” and Section 9.3 provides: “States should ensure that all actions are consistent with their existing obligations under national and international law, with due regard for voluntary commitments undertaken pursuant to applicable regional and international instruments. In the case of indigenous peoples, States should comply with their relevant obligations and voluntary commitments in order to protect, promote, and implement human rights, including, where applicable, those arising from the International Labour Organization’s Indigenous and Tribal Peoples Convention in Independent Countries (No. 169), the Convention on Biological Diversity, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” As is evident from that document, these Guidelines are the first comprehensive global instrument on tenure and its administration prepared through intergovernmental negotiations.

The Guidelines establish internationally accepted principles and standards that guide responsible practices for the use and control of land, fisheries, and forests. The Guidelines provide guidance aimed at improving the policy, legal, and organizational frameworks governing tenure rights; increasing the transparency of tenure systems and the processes relating to their administration; and strengthening the capacities and operations of public agencies, private-sector companies, civil-society organizations, and individuals involved in matters concerning tenure and its governance. The Guidelines place governance of tenure within the context of national food security and seek to contribute to the progressive realization of the right to adequate food, the eradication of poverty, environmental protection, and sustainable social and economic development.

XII.Based on the foregoing, the possessory injunction proceeding (proceso interdictal) must be dismissed because the conflict is being addressed in accordance with international standards. In this sui generis case, the possessory injunction proceeding cannot become a mechanism that conflicts with the legitimate actions undertaken by the Costa Rican State to comply with its international obligations regarding the protection of indigenous peoples’ rights over their territories and governance of land tenure, in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society. In view of the foregoing, given the manner in which CONAI’s appeal was decided and for the reasons stated by this Chamber, there is no need to rule specifically on the challenges brought by the remaining defendants.

XIII.Consequently, the judgment must be reversed for the reasons set forth by this Court. In its place, the complaint is dismissed in its entirety because the basic prerequisite of a current interest (interés actual) for any legal action has not been met, since a supervening circumstance (situación sobreviniente) provided a solution to the conflict between the parties to these proceedings concerning tenure of the land at issue (artículo 23 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria). Pursuant to artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, the matter is decided without a special award of costs (especial condenatoria en costas), because the plaintiff had grounds to litigate at the time, as the property at issue was registered in the plaintiff’s name and devoted to agricultural activity.

POR TANTO

The judgment is reversed. Consequently, due to the absence of a current interest, the complaint is dismissed in its entirety. The matter is decided without a special award of costs.

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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - DECIDING JUDGE ???????????????

MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECIDING JUDGE ???????????????

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - DECIDING JUDGE

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Documento PJEDITOR ????????????????

SUMARIO ACTOR/A:

[Nombre 001] DEMANDADO/A:

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CHINA KICHA VOTO N° N° 2023001052 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés.- PROCESO INTERDICTAL DE AMPARO DE POSESIÓN interpuesto por [Nombre 001], [...]; contra [Nombre 012], [...]; [Nombre 002], [...]; [Nombre 003], [...]; [Nombre 004], [...], [Nombre 005], [...]; [Nombre 006], [...]; [Nombre 007], [...], todas vecinas de China Kichá de Pérez Zeledón; [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], los anteriores de calidades desconocidas en autos y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ, cédula jurídica tres - cero cero dos - trescientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis, representada por Hugo Efrain Fernández Zúñiga, mayor, vecino de China Kichá de Pérez Zeledón, cédula de identidad número uno - mil doscientos trece - seiscientos setenta y tres.

Participan como partes interesadas: el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro tres - once, representado por Margarita Elizondo Jiménez, mayor, casada, abogada, vecina de Pérez Zeledón, cédula de identidad número uno - seiscientos ochenta y siete - doscientos cincuenta y tres, en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma; y la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS; cédula jurídica tres - cero cero siete - cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco, representada por Vicente Aguirre Mendoza, mayor, casado dos veces, empresario, cédula de identidad número: seis-doscientos catorce-quinientos treinta y ocho, vecino del Territorio Indígena de Matambú, en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. Intervienen como apoderados especiales judiciales: de la parte actora el letrado Herald Garbanzo Alvarado, colegiado veinticuatro mil cincuenta y siete y Miguel Vargas Mata, colegiado; del CONAI el letrado Salvador Arauz Figueroa; carné tres mil doscientos veintiséis; y como abogado director de las demandadas el licenciado Ricardo Araya Piedra, colegiado dieciocho mil novecientos ocho. El proceso se tramita en el Juzgado Agrario de Buenos Aires.

Redacta la Jueza Fisher González; y,

CONSIDERANDO:

I.De las pretensiones: 1.- El actor [Nombre 001], interpuso demanda interdictal, solicitando que en sentencia: «Se declare con lugar el presente interdicto de posesión de amparo con base a los hechos. Se ordene el desalojo inmediato de los demandados, y se sitúe en posesión al actor del presente proceso. Se ordene a los demandados no ingresar más al bien en litigio so pena de procesarlo por el delito de desobediencia a la autoridad. Que se condene a los demandados al pago de las costas de este proceso" (demanda en imágenes 1 a 11 del expediente electrónico de primera instancia visualizado como archivo completo en adelante “expediente electrónico”).

II.Excepciones deducidas: Los accionados, debidamente notificados contestan la demanda de manera negativa e interponen la excepción de falta de derecho. (contestación de demanda en imágenes 66 a 72 del expediente electrónico).

III.En resolución de las diez horas y cinco minutos el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, materia Agraria, ordena a la parte actora tener como parte demandada a la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá. La parte actora integra litis y como pretensión solicita se declare: «Restablecer su posición originaria dentro de las propiedades en disputa sin que sea perturbado ni amenazado por el demandado». La Asociación demandada contesta de forma negativa y opone la excepción de falta de derecho. (resolución en imagen 80, integración de litis en imágenes 121 a 129 y contestación de la Asociación demandada en imágenes 161 a166, todas del expediente electrónico).

IV.El juez Jean Carlo Céspedes Mora mediante sentencia N° 47-2021 de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, resolvió: POR TANTO «En mérito de lo expuesto, hechos tenidos por demostrados, análisis y citas legales invocadas, se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Por ello SE DECLARA CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda interdictal de [Nombre 001] contra [Nombre 002], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 003], [Nombre 010], [Nombre 005], [Nombre 004], [Nombre 012], [Nombre 011], [Nombre 008] Y [Nombre 006] . En consecuencia, se ordena a los demandados restituir al actor del área que ilegalmente ocupan dentro del predio en posesión que venía ejerciendo el primero. Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar -si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en caso de omisión.

Previénese a [Nombre 002], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 003], [Nombre 010], [Nombre 005], [Nombre 004], [Nombre 012], [Nombre 011], [Nombre 008] y [Nombre 006] abstenerse perturbar sea de forma personal o interpuesta persona la posesión que ejerce [Nombre 001] en el área en conflicto. En caso de no acatarse esta orden se iniciará causa por desobediencia a la autoridad. De conformidad con el artículo 106.5 del Código Procesal Civil se condena a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados al actor cuya liquidación, prueba y cobro podrán tramitarse en etapa de ejecución de lo resuelto. Se resuelve sin especial condena en costas» (sentencia de primera instancia en imágenes 186 a 198 del expediente electrónico).

V.El Tribunal Agrario en resolución 701-F-2022 de las ocho horas veintiséis minutos del veinte de julio de dos mil veintidós resolvió: POR TANTO: «Se tiene como tercero interesado a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Al existir suspensión de este proceso por disposición de la Sala Constitucional dentro del expediente 21-017138-0007- CO, se dispone la remisión del expediente al Juzgado Agrario de Buenos Aires. Dada la citada suspensión y hasta tanto la misma sea resuelta, se ordena el cierre temporal de la carpeta digital en este Tribunal. Las apelaciones se conocerán una vez que sea resuelta la acción de inconstitucionalidad, siendo en ese momento que el a-quo itinerará el expediente virtual a este Tribunal. Hay voto salvado de la Jueza Díaz Bolaños.» (Ver expediente descargado imágenes 239 a 246). La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución 2023011473 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emitió criterio sobre consulta realizada. (resolución incorporada en la carpeta electrónica de primera instancia el 26-06-2023 09:17).

VI.El señor Vicente Aguirre Mendoza representante de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, apeló la sentencia, con indicación expresa de las razones en que se apoyan para refutar la tesis del juzgado de instancia. Los agravios son los siguientes:

  • 1)La Ley Indígena, No. 6172 establece claramente en el artículo 3: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. Por su parte, el artículo 5 establece la obligación del Estado de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, señalando las acciones a realizar para el caso de las personas no indígenas que se encuentren viviendo en los Territorios Indígenas al momento de su declaración como tales. Artículo 5º: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”. La obligación de cumplir con este extremo ha sido señalada en las distintas instancias jurisdiccionales del país. Así, por ejemplo, en Resolución No. 00074-2013, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII, estableció que: “La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente existían personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, debía de procederse a su desalojo. En ese sentido, según indica el Tribunal Contencioso, debían darse una serie de pasos para cumplir con el artículo 5 de la Ley Indígena;1) En primer lugar, “en torno [a] estas personas poseedoras no indígenas […] debían ser identificadas como poseedoras de terrenos dentro de la reserva”, lo cual implica un deber de la Administración de “delimitar las áreas de terreno que conforman la reserva indígena”;
  • 2)En segundo lugar, “partiendo de las áreas que comprenden la reserva, una vez debidamente delimitadas, habría entonces de procederse a efectuar los censos poblacionales que permitan identificar la existencia de no indígenas en ella […] por lo que la situación registral y/o catastral del inmueble resulta mandatoria”;
  • 3)En tercer lugar “a los efectos de proceder a la expulsión material por medio de una actuación de policía, al desalojo administrativo, o en su caso, previo al desalojo o puesta en posesión, la indemnización, si es del caso por la vía del proceso expropiatorio, de todo no indígena en las reservas, habría de procederse con la determinación previa de las variables que conforme el artículo 5 de la Ley Indígena, hacen depender obrar de una u otra forma, sea, según se trate del ejercicio de actos o derechos de terceros desplegados de buena o mala fe”;
  • 4)En cuarto lugar, “para el supuesto de los no indígenas, ya sean simples poseedores, ya sean titulares registrales del dominio y/o algún derecho real sobre el inmueble, en tanto se encuentren actuando de buena fe, debe procederse por el INDER a proponerles una alternativa para su reubicación en terrenos que habrían de resultar equivalentes en lo posible, con los así afectados por estos terceros en las reservas indígenas”, o bien “debe procederse con el trámite de expropiación, cuyo procedimiento, luego y eventual proceso judicial, habría de encontrarse a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo para ello mano de su propio presupuesto, salvo en lo que corresponde exclusivamente con el pago de las indemnizaciones cuando procedan, con cargo en los fondos que habría de administrar la CONAI. El INDER a esos efectos deberá efectuar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento con los actos preparatorios del procedimiento administrativo respectivo y de expropiación en sede judicial, incluyendo la identificación plena del inmueble de que se trate, su valoración y la declaratoria de interés público en su caso, sin perjuicio de la coadyuvancia que puedan suministrar otras entidades públicas y claro está, el propio Poder Ejecutivo, que en criterio de la mayoría de los integrantes de este Tribunal, nunca se ha entendido por el orden jurídico, desvinculado de estas tareas en aplicación directa del derecho internacional”. 2) Mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en el artículo 4 de la Sesión Ordinaria 36, celebrada el 24 de agosto de 2020, se ordenó el inicio del proceso administrativo ordinario para determinar la verdad real de los hechos referentes a la posesión o propiedad del Sr. [Nombre 001], para determinar si es poseedor o propietario de buena fe en los términos que ha establecido la Ley Indígena, normativa concordante y jurisprudencia aplicable, para establecer si tendría derecho a ser indemnizado mediante los procesos establecidos por la Ley de Expropiaciones. Lo anterior, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 42250-MAG-MP, que declara de interés público el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), y que establece el cumplimiento de lo indicado por el legislador en la Ley Indígena y por las distintas instancias judiciales que se han referido a la materia, ordenando al Estado solventar el tema de la titularidad de las tierras para las personas indígenas, como en el caso analizado supra. Según el artículo 106 del Código Procesal Civil; los interdictos solo procederán respecto de la posesión actual y momentánea de bienes inmuebles. De ninguna manera afectarán las cuestiones de propiedad o de posesión definitiva, sobre las cuales no se admitirá discusión alguna. Los interdictos son de amparo de posesión, de restitución y de reposición de linderos. Cuando se haya establecido equivocadamente un interdicto por otro, o todos a la vez, de acuerdo con la situación de hecho, se declarará con lugar el que proceda. No procede el interdicto cuando el acto de perturbación o despojo proviene de decisiones judiciales o administrativas. Así las cosas, el presente proceso interdictal se interpuso para amparar la posesión, desalojar a los demandados (personas indígenas del Territorio de China Kichá) y situar en posesión al actor de las fincas: a) Finca del partido de San José, matricula [Valor 011] b) Finca del partido de San José, matrícula [Valor 003] 3) Finca del partido de San José, matrícula [Valor 001] c) Finca del partido de San José, matrícula [Valor 004] d) Finca del partido de San José, matrícula [Valor 005] e) Finca del partido de San José, matrícula [Valor 006]. Lo anterior consta en escrito presentado por [Nombre 001] el 8 de mayo de 2020 ante el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria). Luego del trámite ordinario administrativo sustanciado para determinar la verdad real sobre la posesión del Sr. [Nombre 001], el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 10 de la Sesión Ordinaria 14, celebrada el 26 de abril de 2021, se tuvo como acreditado que de acuerdo a la prueba documental recabada, las fincas de [Nombre 001] están inmersas dentro del territorio indígena China Kichá. La información fue corroborada por parte de la Institución (INDER), mediante estudios topográficos practicados por la institución, los cuáles fueron elaborados algunos montajes que ilustran claramente como las fincas de [Nombre 001] han sido afectadas mediante las delimitaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N° 29447-G publicado el 16 de mayo del 2001. Tomando en consideración que las fincas se encontraban dentro del Territorio Indígena de China Kichá, la Junta Directiva, luego del procedimiento ordinario administrativo sustanciado con base en sus obligaciones para con la población indígena de China Kichá, resolvió lo siguiente: “1) Sobre las siguientes propiedades:
  • 1)finca del partido de San José, matricula [Valor 006],
  • 2)finca del partido de San José, matrícula [Valor 001],
  • 3)finca del partido de San José, matrícula [Valor 004],
  • 4)finca del partido de San José, matrícula [Valor 005],
  • 5)finca del partido de San José, matrícula [Valor 003] se tenga al señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad [Valor 009], como POSEEDOR DE BUENA FE, de acuerdo a los términos establecidos en la ley indígena y se inicie el proceso indemnizatorio mediante el avalúo y el trámite de expropiación, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Indígena y Ley de Expropiaciones. Así mismo, que se instruya al Fondo de Tierras a realizar el avalúo correspondiente y se inicie el proceso de expropiación.
  • 2)Que, sobre finca del partido de San José, matrícula [Valor 011], se recomienda que NO se tenga a [Nombre 001], como poseedor de buena fe, en los términos establecidos en la ley indígena, en ese sentido NO procede el derecho de pago de indemnización alguna de la propiedad que en algún momento fue poseedor y que se encuentra afectada por el Territorio Indígena de China Kichá”. Es decir, que, dado que las propiedades del Sr. [Nombre 001] se encontraban dentro de un territorio indígena, resultó imperativo, mediante procedimiento ordinario administrativo y en cumplimiento de la Ley Indígena, así como del Convenio 169, devolver las tierras a la población indígena de China Kichá, por medio del procedimiento legalmente dispuesto para ello, a saber, el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas. El procedimiento administrativo tuvo como finalidad, como se indicó anteriormente, determinar el derecho de fondo de la propiedad, es decir, si al Sr. [Nombre 001] le asiste un derecho de propiedad legítimo o de buena fe sobre las porciones de tierra que alega poseer, y de ser el caso, indemnizar el cambio de uso de la propiedad con base en la declaratoria como Territorio Indígena de un área determinada que incluye o contempla dichas fincas. Las fincas que fueron objeto del trámite administrativo ante el INDER, coinciden con las que fueron objeto de la demanda sumaria interdictal interpuesta por el Sr. [Nombre 001], es decir, hay una identidad de sujetos-objeto-causa en ambos procesos.
  • 3)Mediante escrito interpuesto en expediente RTI-PA-0001-2020 por el Sr. [Nombre 001], dentro del proceso llevado a cabo por el INDER, y haciendo uso de las facultades otorgadas por el acuerdo de la Junta Directiva, que indica: “Contra la presente resolución se podrá interponer los recursos de revocatoria ante la Junta Directiva del INDER, en el plazo de 3 días y el de apelación para ante el Tribunal Agrario en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación”, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución 005-2021, por cuanto “declara al señor [Nombre 001] como poseedor de mala fe en la finca [Valor 011], sin derecho a indemnización”.
  • 4)Sobre los interdictos, ha dicho la Procuraduría General de la República (PGR): “Los interdictos […] son procesos sumarios que tienden a proteger la posesión de un inmueble como estado de hecho, en el cual el bien está bajo la acción y voluntad de una persona, con abstracción de que ese estado responda a un derecho efectivo. Halla su razón de ser en la necesidad de mantener la paz social en el uso y goce de las cosas inmobiliarias y en la observación corriente de que éstas en la normalidad de situaciones están en poder de sus verdaderos titulares. […] De acuerdo a nuestra legislación procesal, el interdicto tiene por fin tutelar la posesión actual y momentánea, con carácter transitorio, mientras en un proceso ordinario no se disponga lo contrario o establezca los derechos de las partes. […] En consecuencia, en este tipo de procesos no se permite discusión judicial ni se resuelven cuestiones ajenas como la propiedad, mejor derecho de posesión o posesión definitiva. La tutela se brinda ante una perturbación, despojo, alteración de mojones entre heredades limítrofes, obra nueva o ruinosa que perjudican, autorizándose al Juez en los tres primeros supuestos a declarar con lugar el interdicto que resulte de la relación fáctica probatoria cuando la parte hubiere equivocado el nombre del interdicto o calificado el hecho con diversa denominación”. El Sr. [Nombre 001] interpuso el proceso sumario de interdicto el 8 de mayo de 2020, y su resolución definitiva, en cuanto a la posesión momentánea del fundo en cuestión, fue notificada el 25 de agosto de 2021, es decir, un año y tres meses después de que se dieran los primeros hechos. En ese sentido, es claro que la situación jurídica del bien ha cambiado sustancialmente. Ciertamente conforme a la jurisprudencia, la naturaleza del proceso interdictal responde a la tutela de la posesión momentánea y actual, sin que de ninguna forma puedan discutirse cuestiones relativas a la propiedad definitiva o la posesión vistas como derecho, pero es es claro que el derecho de posesión fue objeto de resolución administrativa por parte del INDER – institución obligada por Ley a realizar el procedimiento pertinente – en donde se definió que el derecho de tierras corresponde a las personas indígenas de China Kichá. Lo anterior por cuanto: i) el Decreto Ejecutivo N° 29447-G delimita el Territorio Indígena de China Kichá; ii) las propiedades: finca del partido de San José, matricula [Valor 006], finca del partido de San José, matrícula [Valor 001], finca del partido de San José, matrícula [Valor 004], finca del partido de San José, matrícula [Valor 005], finca del partido de San José, matrícula [Valor 003] y finca del partido de San José, matrícula [Valor 011], se encuentran dentro de dicha área delimitada, por lo que están dentro de un territorio indígena; iii) que es deber del Estado realizar el análisis y estudio de los antecedentes de dichas fincas, con el fin de determinar si la persona que se encuentra poseyéndolas es no indígena, y si las adquirió previo a la declaratoria mediante Decreto Ejecutivo de Territorio Indígena; iv) que dicho estudio fue realizado por el INDER y se determinó que en el caso de 5 de las 6 propiedades, se podía declarar de buena fe la adquisición por parte de la persona no indígena, [Nombre 001], y v) que la resolución en cuanto a que sus propiedades se encuentran en Territorio Indígena no fue impugnada por el Sr. [Nombre 001], sino única y exclusivamente lo resuelto en cuanto a la mala fe declarada en la adquisición de la Finca [Valor 011].
  • 5)El proceso interdictal resolvió el hecho de la posesión, más el derecho de posesión o el fondo ya fue resuelto a nivel administrativo y está siendo actualmente objeto de una apelación ante el Tribunal Agrario, por lo que la resolución interdictal perdió interés y ahora debe estarse a lo resuelto por el Tribunal Agrario sobre el derecho de fondo.
  • 6)El artículo 35.5 del Código Procesal Civil indica: “Demanda improponible. Será rechazada, de oficio o a solicitud de parte, mediante sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del proceso, la demanda manifiestamente improponible. Será improponible la demanda cuando: 1. El objeto o la pretensión sean evidentemente contrarios al ordenamiento, imposibles, absurdos o carentes de interés. […] 6. En proceso anterior fue renunciado el derecho”. En el presente caso, esta demanda carece de interés por cuanto ya fue resuelto el fondo en otro caso anterior, como fue indicado supra. Es decir, a nivel administrativo ya existe una resolución sobre los derechos del Sr. [Nombre 001] respecto de las fincas en cuestión. Lo que es aún más, en este proceso administrativo, la defensa legal del Sr. [Nombre 001] apeló únicamente lo concerniente a la declaratoria de mala fe de una de las propiedades, siendo que de las restantes cinco fincas, aceptó el resultado del INDER, por lo que desalojar a las personas indígenas que se encuentran habitando su Territorio, aspecto que no fue controvertido por el Sr. [Nombre 001] en el proceso administrativo, no solo es contrario a lo indicado por la Ley Indígena, sino también a lo indicado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo dicho en jurisprudencia internacional. Así, ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que; para la situación en particular de los pueblos indígenas, la perita Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, observó que para garantizar el uso y goce del derecho de la propiedad colectiva, los Estados deben asegurar que no exista interferencia externa sobre los territorios tradicionales, esto es, remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión a través del saneamiento con el objeto de que el ejercicio del derecho a la propiedad tenga un contenido tangible y real. En el mismo sentido se manifestó en ese proceso el perito Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho. El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas. Si lo anterior no se verifica, la Corte estima es claro que el derecho de propiedad colectiva no ha sido garantizado por completo. Así, la Corte Interramericana de Derechos Humanos estima que los procesos administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y protección a este derecho (ver Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 124). De manera que, al carecer de interés la presente demanda, así como también al ser contrario al ordenamiento jurídico, y siendo que el derecho pretendido por el actor - situar en posesión al actor de las propiedades- consiste en una pretensión que ya fue zanjada por medio de un procedimiento ordinario en el que se está discutiendo el pago de dichas propiedades, y actualmente está siendo objeto de un proceso judicial, es claro que el objeto del proceso en cuestión ya perdió vigencia e interés, y que lo que corresponde es desestimar y archivar el proceso, en virtud de una imposibilidad sobrevenida en el proceso por desaparición de la causa pedida.
  • 7)Se solicita declarar la presente demanda como improponible por cuanto ya se está discutiendo en otra vía el pago de las propiedades del Sr. [Nombre 001], vía en la cual el actor únicamente se opuso a la declaratoria de mala fe de una de las propiedades. En ese sentido, habría una imposibilidad sobrevenida en el proceso por desaparición de la causa de pedir y corresponde archivar el proceso. Subsidiariamente: se peticiona: a) suspender el desalojo ordenado en la sentencia hasta tanto no se resuelva en el Tribunal Agrario el recurso de apelación interpuesto por el Sr. [Nombre 001], la cual viene a dilucidar lo concerniente a la buena o mala fe mediante la cual se adquirió la propiedad Finca [Valor 011], es decir el derecho de fondo sobre una de las fincas de las cuales fue objeto el proceso sumario interdictal. b) Remitir el presente proceso a la vía ordinaria, de conformidad con el artículo 103.4 del Código Procesal Civil, para que se incluya en el expediente RTIPA-0001-2020 y sea considerado por el Tribunal Agrario, como jerarca impropio del INDER y responsable de resolver el recurso de apelación presentado por el Sr. [Nombre 001]. c) Iniciar las acciones correspondientes para el tratamiento del desalojo como de “vulnerabilidad”, por la población de la que se trata (mujeres indígenas) y abstenerse de su ejecución hasta no asegurarse el involucramiento de las instituciones pertinentes (escrito de apelación en imágenes 201 a 203 del expediente electrónico de primera instancia visualizado como archivo completo). Por otro lado, las demandadas interpusieron el recurso de apelación con base en los siguientes agravios:
  • 1)Los fundos involucrados están dentro de un territorio indígena. Además, la parte actora es persona no indígena. El derecho indígena sobre la tierra comprende una integralidad, es un derecho humano, y debe de ser valorado con otro tipo de criterios, anteponiendo la normativa indígena y aplicando Convenios Internacionales, por sobre cualesquiera otras consideraciones del derecho común que tutelan en lo esencial la propiedad privada, más no la indígena. La titularidad de la propiedad, el derecho de posesión y los hechos posesorios están bien tipicados en la legislación especial indígena y la jurisprudencia costarricense, y en muy poco responde a los argumentado por el A Quo. En la legislación indígena esos tres aspectos comprenden un solo derecho. El actor carece de todo derecho sobre la titularidad de las fincas. Igualmente, como persona no indígena está imposibilitado para vivir, poseer, y de cualquiera manera hacer actividades de explotación del inmueble, como lo ha apuntado el Juez, como un elemento a favor del demandante. Al contrario, debería de considerarse un hecho negativo y violento por el gran daño causado en el patrimonio indígena de China Kichá, y particularmente al grupo de familias recuperadoras, que por tantos años han tenido que soportar el despojo y la humillación de quienes usurparon las tierras sin derecho alguno. Eso sí se llama violencia.
  • 2)La ley Indígena en su artículo 3 establece que a las comunidades indígenas les asiste el derecho a la propiedad de la tierra, aunque en los considerandos el Juez indique que eso no es el fondo del asunto. Pero esa misma ley establece que solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos, para su provecho dentro de los límites de las reservas. Por eso, es incoherente que se afirme en la sentencia que lo que se discute es el hecho de la posesión y no el derecho de posesión. Si conforme a la ley, al actor no le asiste ningún derecho de posesión, no se podría reconocerse un hecho de la posesión, que estuvo ejerciendo ilegalmente, hasta que se hizo la recuperación legítima del bien. Conforme a la sentencia impugnada, se le permite al actor seguir usufructuando, violentando y ocupando irregularmente un terreno sobre el que no le corresponde derecho alguno.
  • 3)Se fundamenta el recurso con base en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No.169 y los artículos 2,3,4,5,6,7,9,10 y 11 de la Ley Indígena (escrito de apelación en imágenes 225 a 228 del expediente electrónico de primera instancia).

VII.El Tribunal avala los hechos probados a) y d) contenidos en el fallo recurrido, por ser el resultado de las probanzas que constan en autos, no así los b y c dado que por la forma como se resolverá por parte de este órgano no resultan de relevancia. De igual modo en esta instancia se añaden los siguientes hechos demostrados: e) En virtud de que los inmuebles objeto de este proceso están dentro del territorio indígena China Kichá, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo No. 10 de la Sesión Ordinaria No. 14, celebrada el 26 de abril de 2021, dispuso resolver que el administrado [Nombre 001] era propietario de buena fe de las fincas de la provincia de San José matriculas, [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], y de mala fe de la No. [Valor 007], para efectos de iniciar proceso de expropiación de las cinco primeras (ver capeta electrónica de este Tribunal en recurso jerárquico impropio No. 23-000003-0029-AG interpuesto por la misma parte actora de este proceso, manifestaciones de la CONAI en memorial de apelación en imágenes 201 a 203 que no ha sido controvertidas, texto de sesión de Junta Directiva del INDER de acceso público en página electrónica https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-2021.pdf). f) Este Tribunal procedió a confirmar esa resolución, que había sido parcialmente recurrida mediante un recurso jerárquico impropio, interpuesto por el acá actor, propiamente en cuanto a lo resuelto sobre la finca No. [Valor 007] (ver capeta electrónica de este Tribunal en recurso jerárquico impropio No. 23-000003-0029-AG interpuesto por la misma parte actora de este proceso, manifestaciones de la CONAI en memorial de apelación en imágenes 201 a 203 que no ha sido controvertidas, texto de sesión de Junta Directiva del INDER de acceso público en página electrónica https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-2021.pdf).

VIII.Los agravios de la CONAI se procederán a resolver en conjunto, debido a que por los fundamentos que se indicarán en esta Sede, quedan comprendidos en una sola argumentación. Primeramente, este Tribunal estima necesario reseñar algunos antecedentes de sede administrativa y judicial que permiten contextualizar el estado actual del conflicto suscitado entre las partes:

  • 1)Este proceso interdictal inició el 8 de mayo del 2020 (demanda en imágenes 2 al 11).
  • 2)El Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), impulsado por el Estado de Costa Rica, pretende regularizar los territorios indígenas del país, distribuido en tres etapas, incluyendo la primera de ellas a los territorios de: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa y Térraba (ver Plan en página electrónica oficinal del Ministerio de Agricultura y Ganadería:https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). Ese Plan fue declarado de interés público en Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP del 13 de marzo del 2020. En la parte considerativa de ese Decreto, se menciona el artículo 5 de la Ley Indígena, artículo 14 del Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, se expone en los considerandos III y IV que el Estado costarricense, debe garantizar plenamente el disfrute de los derechos de las comunidades indígenas y a su vez, continuar con los esfuerzos de recuperación de sus tierras que permita a los indígenas, vivir libremente en sus territorios. De igual modo, se expone que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), está bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y que ha sido revestido de competencias especiales por parte de la Ley Indígena. Se añade que el artículo 8 de la Ley que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, (Ley Nº 9036 del 11 de mayo del 2012) y que dimensiona el accionar de la institución hacia el desarrollo rural del país, facultándolo como el organismo para dirimir todos aquellos conflictos de posesión precaria, brindando soluciones que resulten a los problemas de ocupación de las reservas nacionales y de la ocupación en precario de tierras de dominio privado.
  • 3)Como parte de la implementación del PLAN-RTI, en Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo No. 10 de la Sesión Ordinaria No. 14, celebrada el 26 de abril de 2021, tomado para efectos de determinar cuáles fundos del actor podrían ser objeto de expropiación según la Ley Indígena, se dispuso resolver previamente que el administrado [Nombre 001] era propietario de buena fe de las fincas de la provincia de San José, matriculas, [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], y de mala fe de la No. [Valor 007]. Sobre esta última este Tribunal confirmó lo resuelto en sede administrativa en Voto No. 904-2023 de las veintidós horas veintisiete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Expresamente la resolución administrativa se indicó en la parte dispositiva: “POR TANTO:
  • 1)Sobre las siguientes propiedades:
  • 1)finca del partido de San José matrícula [Valor 006],
  • 2)finca del partido de San José, matrícula [Valor 001],
  • 3)finca del partido de San José, matrícula [Valor 004],
  • 4)finca del partido de San José, matrícula [Valor 005],
  • 5)finca del partido de San José, matrícula [Valor 003] se tenga al señor [Nombre 001], como poseedor de buena fe, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley Indígena y Ley de Expropiaciones. Asimismo, que se instruya el Fondo de Tierras a realizar el avalúo correspondiente y se inicie el proceso de expropiación. 2) Que sobre la finca del partido de San José, matrícula [Valor 008], se recomienda que NO se tenga a [Nombre 001] como poseedor de buena fe, en los términos establecidos en la Ley Indígena, en ese sentido NO procede el derecho de pago de indemnización alguna de la propiedad que en algún momento fue poseedor y que se encuentra afectada por el Territorio Indígena de China Kichá” (…) 4) Ahora bien, al tratarse de propiedades con titulación registral, en el momento que se agote la vía administrativa en cuanto al presente caso que es sobre la determinación si el ocupante es indemnizable o no, se proceda con la acción prevista, con el fin de que se anulen los títulos registrales” (ver capeta electrónica de este Tribunal en recurso jerárquico impropio No. 23-000003-0029-AG interpuesto por la misma parte actora de este proceso, manifestaciones de la CONAI en memorial de apelación en imágenes 201 a 203 que no ha sido controvertidas, texto de sesión de Junta Directiva del INDER de acceso público en página electrónica https://www.inder.go.cr/transferencia/jerarcas_decisions/actas/2021/ordinarias/014-021.pdf). 4) La sentencia interdictal venida en alzada se dicta el 25 de agosto del 2021 (imágenes 186 a199 de la carpeta de primera instancia).

IX.En otro orden de ideas, resulta menester indicar que ciertamente, conforme lo estipula el ordinal 106 del Código Procesal Civil (aplicable por disposición expresa del canon 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria), el proceso interdictal tiene como objeto específico la tutela de la posesión actual y momentánea, sin que se resuelvan en forma definitiva aspectos del derecho de propiedad o bien del derecho de posesión, pues su fin es la tutela de la paz social. Asimismo, que ese proceso tiene su fundamento sustantivo en el ordinal 309 del Código Civil. Pero el derecho consuetudinario indígena debe de aplicarse para resolver conflictos entre los mismos indígenas como fuente primaria, aún en el marco de un proceso interdictal. En este sentido, la interpretación de los alcances del ordinal 106 mencionado, como lo indicó la Sala Constitucional en la consulta judicial realizada en este proceso, en sentencia 2023011473 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, responde a un tema de legalidad, y por ello declaró inevacuable la consulta.

Sobre el particular soslayó: “A partir de lo anterior, este Tribunal considera que lo planteado es una cuestión de mera interpretación y aplicación de las normas legales en el caso concreto, por sus especiales características. Es decir, el Tribunal se cuestiona qué normas deben prevalecer para interpretar lo que el artículo consultado dispone al referirse a posesión legítima en este caso, sin lesionar otros derechos convencionales reconocidos a la titularidad del bien como propiedad indígena. Sin embargo, ello no es un problema propio de constitucionalidad, sino de legalidad. Por ende, la consulta resulta inevacuable”. Es decir, entiende este Tribunal que el artículo 106 no es inconstitucional en sí mismo, porque está lógicamente previsto para resolver controversias en la tenencia de los bienes privados, de ahí que su aplicación a conflictos en territorios indígenas, en ponderación con otras normas que los regulan, corresponde a los Tribunales, en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional.

En consonancia con lo anterior, a juicio de este órgano, aunque el proceso interdictal puede ser utilizado como mecanismo procesal de resolución de controversias en materia agraria, tratándose de territorios indígenas, dependiendo de la casuística e intereses jurídicos involucrados, sopesados en el marco del ordenamiento jurídico en su globalidad, la valoración de los presupuestos de la acción puede llegar a tener connotaciones distintas. Lo anterior, siempre que en el caso concreto existan particularidades que lo ameriten, como sucede en el presente proceso. De ahí que lleva razón la entidad recurrente que el este conflicto amerita un análisis que trasciende la protección de la mera posesión, dado lo sucedido entre la interposición de la demanda y la emisión de la sentencia, en relación con el terreno que se pretende recuperar. Existen normas internacionales que regulan los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y tribales en sus territorios ancestrales.

La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente. De esta forma se trasciende de la naturaleza productiva, o del uso y goce de un bien, como aspectos normalmente caracterizadores del dominio, para integrar otros aspectos culturales y humanos esencialmente relevantes en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado en forma consistente estas características, en diversos pronunciamientos. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua., en sentencia del 31 de agosto de 2001 consideró: “En las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar los Pueblos Indígenas y Tribales plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

De igual modo, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, en sentencia de 29 de marzo de 2006 determinó: “Asimismo, este Tribunal considera que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”.

Lo anteriormente señalado coincide con el ordinal 13.1 del Convenio 169 de la OIT, que estatuye: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Y el 14 de ese mismo articulado: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

X.En vista de todo lo anterior, conforme se expuso en el considerando VIII, es evidente que en lo relativo al territorio indígena China Kichá, el Estado de Costa Rica ha emprendido acciones para su recuperación, saneamiento y ordenamiento, con el fin de tutelar la propiedad indígena, y a la vez, evitar situaciones de violencia y desequilibrio. En el caso en estudio, se ha concretado una primera etapa de valoración de elementos objetivos, subjetivos y temporales, para que se proceda a iniciar la expropiación a la parte actora de las fincas de la provincia de San José matrículas [Valor 003], [Valor 001], [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], más no así la finca [Valor 007], por considerarse que sobre esta última no tiene derecho. Nótese el presente proceso versa sobre todas esas fincas que conforman un conglomerado o unidad material en el territorio indígena China Kichá. Con respecto a este punto, el artículo 5 de la Ley Indígena dispone: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones.

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI”. En razón de lo anterior, esta Cámara no puede desconocer que se están implementando acciones para dar cumplimiento a esa norma especial de rango legal y a los principios del Convenio 169 de la OIT. Por ello, resulta atendible el agravio de CONAI que ya existe en marcha una acción estatal encaminada a la expropiación del actor, que debe de ser ponderada en la solución de este caso, y que incluso fue aceptada por él al no haber recurrido los efectos de ese procedimiento administrativo preliminar a la expropiación (únicamente impugnó lo atinente a la posesión de mala fe de una de las fincas). Por consiguiente, la solución de este proceso judicial debe de armonizarse con la puesta en marcha del cumplimiento de obligaciones que el Estado ha asumido y no generar una regresión que profundice el conflicto social, originado precisamente en la desatención que por décadas mantuvo el Estado en detrimento de los derechos de la Comunidad Indígena China Kichá, lo que ha propiciado una grave ingobernanza en la zona.

A manera de ejemplo, en cuanto a los efectos de esa omisión de los Estados en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, conviene mencionar lo señalado por la Corte Interamericana en el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, en sentencia de 08 de octubre de 2015: “Por tanto, la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de dichos acuerdos, derivaron en graves tensiones entre las comunidades en cuestión”. De igual relevancia, conviene traer a colación las tensiones por la tenencia de territorios indígenas en Costa Rica, cuya magnitud ha requerido la intervención de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 16/15, al dictar la medida cautelar No. 321-12, relacionado con el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica, del 30 de abril de 2015, que ordenó: “26.

Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, en la medida que la situación de riesgo de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre se ha mantenido activa, a lo largo del presente procedimiento, siendo el 24 noviembre de 2014 el último presunto hecho de violencia registrado. Al respecto, la Comisión toma nota y valora las acciones implementadas por el Estado, a fin de garantizar la vida e integridad personal de los miembros de ambos pueblos indígenas en Salitre, las cuales se habrían traducido en la instauración de una mesa diálogo, una serie de investigaciones por los presuntos hechos alegados, el establecimiento de patrullajes en la zona, entre otras medidas. Al respecto, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado por implementar medidas que atiendan las causas y efectos del conflicto mencionado, el cual ha generado diversas manifestaciones de violencia en la zona.

Sin embargo, de acuerdo a los solicitantes: i) las autoridades locales de Buenos Aires, Puntarenas, no habrían adoptado medidas integrales para prevenir nuevos actos de violencia o amenazas en la zona, tomando en consideración el contexto y los antecedentes indicados; y ii) las medidas de seguridad ofrecidas no serían suficientes, en especial, por cuanto las mismas no tendrían un carácter permanente, en vista que las mismas solamente serían implementadas por cortos períodos de tiempo, una vez que algún hecho de violencia hubiese ocurrido. En esta línea, la Comisión toma nota de los informes elaborados por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, institución estatal que ha señalado que los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre no contarían con ningún puesto de control policial, un registro para el ingreso a sus territorios y tampoco contarían con algún patrullaje ofrecido por las autoridades locales.

En estas circunstancias, la Comisión estima que debido a la continuidad del clima de tensión en la zona vis-a-vis los avances reportados sobre las medidas destinadas a delimitar los territorios, la situación de riesgo podría exacerbase en la zona. En tal sentido, la CIDH considera que es necesario que el Estado refuerce las medidas de protección implementadas a la fecha, por medio de medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. (…) Asimismo, la Comisión reitera que los Estados están obligados a adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y proteger a los pueblos indígenas de actos de violencia u hostigamiento. En este mismo sentido, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos”.

Adicionalmente, debe destacarse lo que ha desarrollado la citada Corte en el Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, en la sentencia del 25 de noviembre de 2015: “La Corte ha establecido que, en atención al principio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales derechos en la práctica. Lo anterior, considerando que el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra forma similar de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de terceros o de los agentes del propio Estado, y que este “reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se establece, delimita y demarca físicamente la propiedad”.

(…) Cabe precisar, que para efectos de la delimitación, demarcación y titulación del territorio tradicional en el presente caso, la Corte estima que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales contempla garantías plenas sobre los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, y utilizado para ejercer su propia forma de vida, subsistencia, tradiciones, cultura y desarrollo como pueblos. Sin perjuicio de lo anterior, existirían otras áreas tradicionales complementarias o adicionales a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia (que en su caso pueden compartir otros fines), respecto de las que se debe garantizar, al menos, su acceso y uso en la medida de lo que corresponda”. En igual sentido, la Alta Corte ha reiterado en su jurisprudencia: “… los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad; (…) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio” (ver Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005 y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia del 8 de octubre del 2015).

Así las cosas, debe apuntarse que, en el caso de nuestro país, el artículo 5 de la Ley Indígena señala que lo que procede o prevalece es la restitución de los territorios originales, de forma tal que a los no indígenas -de considerarse poseedores de buena fe- lo que corresponde es su reubicación o expropiación. Asimismo en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil, sentencia de 5 de febrero de 2018, se menciona por parte de dicha Corte, que “la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en otros casos que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de su propiedad territorial . Los procedimientos en mención deben cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.

En el mismo sentido: Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia de 8 de octubre de 2015. Así las cosas, si el Estado costarricense, por medio del INDER, ha puesto en marcha un Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, a través del cual se ha resuelto en firme y en sede administrativa la situación jurídica de la posesión del actor como etapa previa a la expropiación, ello debe ser indudablemente tomado en cuenta en casos como el presente, pues ha sobrevenido una falta de interés en este proceso interdictal. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana, sobre la efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas, en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil en sentencia del 5 de febrero de 2018, se consideró: “Para la situación en particular de los pueblos indígenas, la perita Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, observó que para garantizar el uso y goce del derecho de la propiedad colectiva, los Estados deben asegurar que no exista interferencia externa sobre los territorios tradicionales, esto es, remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión a través del saneamiento con el objeto de que el ejercicio del derecho a la propiedad tenga un contenido tangible y real.

En el mismo sentido se manifestó en el presente proceso el perito Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho. El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas. Si lo anterior no se verifica, para la Corte es claro que el derecho de propiedad colectiva no ha sido garantizado por completo. Así, la Corte estima que los procesos administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y protección a este derecho”.

Por último, mencionar el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006: “En tal sentido, el Tribunal constata que los argumentos que el Estado ha interpuesto para justificar la falta de concreción del derecho a la propiedad de los indígenas no han sido suficientes para relevar su responsabilidad internacional. El Estado ha presentado tres argumentos:

  • 1)que las tierras reclamadas han sido trasladadas de propietario en propietario “desde hace mucho tiempo” y están debidamente inscritas;
  • 2)que dichas tierras están siendo debidamente explotadas, y
  • 3)que el propietario de las tierras “está amparado por un Tratado entre la República del Paraguay y la República Federal de Alemania[,] el cual […] es Ley de la Nación”. 138. Respecto al primer argumento, la Corte considera que el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existan conflictos de intereses en las reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro. El contenido de cada uno de estos parámetros ya fue definido por el Tribunal en el Caso Comunidad indígena Yakye Axa, por lo que hace remisión expresa a lo ya resuelto. 139. El mismo análisis se aplica al segundo argumento del Estado respecto a la productividad de las tierras. Bajo este argumento subyace la idea de que los indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, reclamar sus tierras tradicionales cuando éstas se encuentren explotadas y en plena productividad, mirándose la cuestión indígena exclusivamente a través de la productividad de la tierra y del régimen agrario, lo que resulta insuficiente a las peculiaridades propias de dichos pueblos”.

XI.En otro orden de consideraciones, pero siempre para abundar razones de la forma como se resuelve en esta instancia, se deben de tomar en cuenta, además, las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la FAO. Dichas directrices fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentara (CFS) en su 38º período (extraordinario) de sesiones el 11 de mayo de 2012. Según el objetivo 1.1 lo que se persigue es mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Expresamente se indica: “Todos los programas y políticas y la asistencia técnica destinada a mejorar la gobernanza de la tenencia mediante la aplicación de estas Directrices deberían guardar coherencia con las obligaciones existentes de los Estados con arreglo al Derecho internacional, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre los derechos humanos”.

En cuanto a su naturaleza y alcance, el acápite 2.4 reza: “Estas Directrices tienen alcance mundial. Teniendo en cuenta el contexto nacional, pueden ser utilizadas por todos los países y regiones en cualesquiera etapas del desarrollo económico; y se pueden utilizar en el ámbito de la gobernanza de todas las formas de tenencia, incluida la pública, la privada, la comunal, la colectiva, la indígena y la consuetudinaria”. Asimismo, en el apartado 7, se desarrolla el “Reconocimiento jurídico y asignación de derechos y deberes de tenencia”, y en el 9.3 se establece: “Los Estados deberían garantizar que todas las actuaciones se ajustan a sus obligaciones existentes en el marco del derecho nacional e internacional, teniendo en debida consideración los compromisos voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales aplicables. En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deberían cumplir con sus obligaciones y compromisos voluntarios pertinentes, a fin de proteger, promover y aplicar los derechos humanos, incluidos, cuando sea pertinente, los derivados del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (n.º 169) de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Conforme se desprende de ese documento, estas Directrices, son el primer instrumento exhaustivo de alcance mundial sobre la tenencia y su administración preparado mediante negociaciones intergubernamentales. En las Directrices se estipulan principios y normas internacionalmente aceptados que encauzan las prácticas responsables para el uso y control de la tierra, la pesca y los bosques. Las Directrices ofrecen orientaciones destinadas al mejoramiento de los marcos normativos, jurídicos y organizativos que regulan los derechos de tenencia; al aumento de la transparencia de los sistemas de tenencia y en los procesos relativos a su administración; y al refuerzo de las capacidades y operaciones de los organismos públicos, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en las cuestiones vinculadas con la tenencia y su gobernanza. Las Directrices sitúan la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y tienen como objetivo contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible.

XII.Con fundamento en lo anterior, el proceso interdictal debe de rechazarse porque el conflicto está siendo atendido conforme a los estándares internacionales. El proceso interdictal, para este caso sui generis, no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones legítimas que ha emprendido el Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra, a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. En virtud de lo anterior, dada la forma como se resolvió la apelación de la CONAI y por los motivos indicados por esta Cámara, carece de interés pronunciarse específicamente sobre la impugnación de las restantes demandadas.

XIII.En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia, por las razones expuestas por este Tribunal. En su lugar se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, por no cumplirse con el presupuesto básico de toda acción procesal de interés actual, al existir una situación sobreviniente que ofreció una solución al conflicto de las partes del presente proceso, en relación con la tenencia de la tierra objeto de litigio (artículo 23 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria). Al tenor del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se resuelve sin especial condenatoria en costas, toda vez a la parte actora la asistieron en su momento motivos para litigar por tener los bienes objeto del proceso inscritos a su nombre y destinados a la actividad agraria.

POR TANTO

Se revoca la sentencia. En consecuencia, por existir una falta de interés actual se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????

MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 6172 Indigenous Law

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      • Ley 6172 Ley Indígena

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