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Res. 00451-2023 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil · Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil · 18/12/2023

New work suspension interdict denied for lack of contiguity and proven riskInterdicto de suspensión de obra nueva desestimado por falta de colindancia y riesgo acreditado

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Court upholds the ruling that dismissed the new work suspension interdict due to lack of contiguity and absence of proven danger.El Tribunal confirma la sentencia que declaró sin lugar el interdicto de suspensión de obra nueva por falta de colindancia y ausencia de peligro acreditado.

SummaryResumen

The Civil and Labor Appeals Court of the Southern Zone upholds the lower court's ruling dismissing the new work suspension interdict filed by Mauren Calderón Mora against Carlos Sáenz Zúñiga, Heidy Sáenz Brenes, and Karla Sáenz Brenes. The plaintiff alleged that earth movements and material accumulation on neighboring properties posed an imminent landslide danger to her home and that rainwater runoff was improperly channeled. The court finds that the plaintiff's property does not adjoin the Sáenz Brenes defendants' property, so no direct impact exists. As for co-defendant Sáenz Zúñiga, the court-appointed expert report concludes that the accumulated material on his land poses no danger to the plaintiff. The appeal arguments concerning the expert report's value, failure to require an environmental impact study, and alleged disobedience of a suspension order are all rejected, and the cost award against the plaintiff stands.El Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Sur confirma la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar el interdicto de suspensión de obra nueva interpuesto por Mauren Calderón Mora contra Carlos Sáenz Zúñiga, Heidy Sáenz Brenes y Karla Sáenz Brenes. La actora alegaba que los movimientos de tierra y la acumulación de material en las propiedades vecinas generaban un peligro inminente de deslizamiento hacia su vivienda, así como problemas de escorrentía de aguas pluviales. El tribunal determina que la propiedad de la actora no colinda con la de las codemandadas Sáenz Brenes, por lo que no existe afectación directa. Respecto al codemandado Sáenz Zúñiga, el peritaje judicial oficial concluye que el material acumulado en su terreno no representa peligro para la actora. Se rechazan los agravios sobre el valor del peritaje, la omisión de exigir estudio de impacto ambiental y la desobediencia a la orden de suspensión, confirmando la condena en costas a la parte actora.

Key excerptExtracto clave

By first-instance ruling No. 2023000294, issued at 11:19 a.m. on November 1, 2023, the Civil and Labor Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone (Pérez Zeledón) ruled: "(...) OPERATIVE PART: In accordance with the foregoing and the cited provisions, IT IS HEREBY ORDERED: the defenses of lack of standing, lack of active and passive capacity, and lack of current interest are upheld; the defense of expiration is dismissed; and the SUMMARY PROCEEDING FOR SUSPENSION OF NEW WORK filed by MAUREN ALICIA CALDERÓN MORA against HEIDY PRISCILA SÁENZ BRENES, KARLA SÁENZ BRENES, and CARLOS LUIS SÁENZ ZÚÑIGA is DISMISSED IN ITS ENTIRETY. The plaintiff is ordered to pay the costs of this proceeding. Let notice be given (...)" (Sic). Based on the foregoing, this Court dismisses the appeal filed by the plaintiff against first-instance ruling No. 2023000294 issued at 11:19 a.m. on November 1, 2023, which is hereby upheld.Mediante sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, el Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), resolvió: "(...) PARTE DISPOSITIVA De conformidad con lo expuesto y la normativa citada, FALLO: se acogen las excepciones de falta de derecho, de falta de legitimación activa y pasiva y de falta de interés actual; se rechaza la defensa de caducidad; y se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS el PROCESO SUMARIO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA interpuesto por MAUREN ALICIA CALDERÓN MORA contra HEIDY PRISCILA SÁENZ BRENES, KARLA SÁENZ BRENES y CARLOS LUIS SÁENZ ZÚÑIGA. Se condena a la parte actora a pagar las costas de este proceso. Notifíquese (...)". (Sic). En los términos expuestos por este tribunal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, la que se confirma.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Conforme a lo antes transcrito, el juzgado de instancia concluyó en el fallo impugnado que, la propiedad de la parte actora no colinda con la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, lo cual no fue cuestionado por la parte recurrente, adquiriendo firmeza lo resuelto sobre este tema, razón por la cual, carecería de interés si en la prueba pericial no se analizó qué parte de la tierra removida quedó en la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, por cuanto, no hay colindancia con la propiedad de la parte accionante, y por tanto, no se le causaría perjuicio, siendo infundado el agravio."

    "Based on the foregoing, the lower court concluded in the challenged ruling that the plaintiff's property does not adjoin the property of co-defendants Heidy and Karla Sáenz Brenes, a finding not challenged by the appellant and which therefore became final. Hence, it is irrelevant whether the expert report did not analyze what portion of the removed soil remained on the Sáenz Brenes co-defendants' property, as there is no contiguity with the plaintiff's property and thus no harm would be caused to her; the grievance is unfounded."

    Considerando V, Primer Agravio

  • "Conforme a lo antes transcrito, el juzgado de instancia concluyó en el fallo impugnado que, la propiedad de la parte actora no colinda con la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, lo cual no fue cuestionado por la parte recurrente, adquiriendo firmeza lo resuelto sobre este tema, razón por la cual, carecería de interés si en la prueba pericial no se analizó qué parte de la tierra removida quedó en la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, por cuanto, no hay colindancia con la propiedad de la parte accionante, y por tanto, no se le causaría perjuicio, siendo infundado el agravio."

    Considerando V, Primer Agravio

  • "El artículo 73.1 del Código Procesal Civil, establece como regla la condena al vencido al pago de costas. Como consecuencia, dicha repercusión económica emerge de forma objetiva, sea por el solo hecho de haber perdido el litigio."

    "Article 73.1 of the Civil Procedure Code establishes as a rule the award of costs against the losing party. Consequently, this economic consequence arises objectively, merely from the fact of having lost the litigation."

    Considerando V, Séptimo Agravio

  • "El artículo 73.1 del Código Procesal Civil, establece como regla la condena al vencido al pago de costas. Como consecuencia, dicha repercusión económica emerge de forma objetiva, sea por el solo hecho de haber perdido el litigio."

    Considerando V, Séptimo Agravio

  • "En cuanto al codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, el perito fue claro al señalar que no hay peligro de deslizamiento de tierra hacia la propiedad de la parte actora, lo cual no ha sido desvirtuado por parte recurrente."

    "As for co-defendant Carlos Sáenz Zúñiga, the expert was clear in stating that there is no danger of landslide toward the plaintiff's property, which has not been refuted by the appellant."

    Considerando V, Quinto Agravio

  • "En cuanto al codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, el perito fue claro al señalar que no hay peligro de deslizamiento de tierra hacia la propiedad de la parte actora, lo cual no ha sido desvirtuado por parte recurrente."

    Considerando V, Quinto Agravio

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y DE TRABAJO DE LA ZONA SUR (SEDE PÉREZ ZELEDÓN) (CIVIL). At sixteen hours nineteen minutes on the eighteenth of December two thousand twenty-three.

Appeal filed by the plaintiff against the first-instance judgment No. 2023000294 of 11:19 hours of November 1, 2023, issued by the Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), within the summary proceeding for suspension of new work (interdicto de suspensión de obra) brought by Mauren Calderón Mora against Carlos Sáenz Zúñiga, Heidy Sáenz Brenes, and Karla Sáenz Brenes. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is Attorney Fernando Bonilla Orozco; and acting as special judicial attorney-in-fact for the defendants is Attorney Reyner Muñoz Piedra. The tribunal is composed of judges Karla Gabriela Montiel Chan, Alberto Juárez Gutiérrez, and Alexander Somarribas Tijerino, the latter being responsible for drafting the second-instance judgment.

CONSIDERANDOS:

I.By a brief added to the electronic record on February 8, 2022, the plaintiff filed a petition for suspension of new work (interdicto de suspensión de obra) before the Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), requesting that the judgment declare the following: a. The defendants be ordered to urgently resolve the problems caused by the imminent danger of the slope (talud), including extracting the roots, debris, and quantity of soil that were deposited next to the walls (tapias) of her property. b. For fear of the arrival of the strong rains of this approaching season, which are very common in this area of the country, the defendants be ordered to definitively resolve, at the rear of the defendants' property, its runoff (escorrentía), which passes through her property and the neighbor's, endangering the rights to life, security, and tranquility of the plaintiff herein, those of her spouse, and those who inhabit the other residential units. c. The defendants be ordered to refrain from disturbing her and her spouse, by reason of the results of this lawsuit, under warning of being accused of the crime of disobedience to authority. By a brief added to the electronic record on April 26, 2023, the plaintiff expanded the lawsuit against Carlos Sáenz Zúñiga, requesting that the judgment resolve the following: 1. The defendant be ordered to urgently resolve the problem caused by the imminent danger of the slope (talud), including removing the roots, debris, and quantity of soil that were deposited at the rear of the plaintiff's property. 2. For fear of the arrival of the strong rains of this approaching season, which are very common in this area of the country, the defendant be ordered to remove the slope (talud) of accumulated soil existing on his property, to definitively resolve, and within the period set by this Authority, the problem of rainwater accumulation at the rear of the defendant's property and its runoff (escorrentía) which will end up on her property, endangering the rights to life, security, and tranquility of the plaintiff herein, other family members, and visitors. 3. The defendant be ordered to pay costs, damages, and losses on account of this litigation.

II.Co-defendants Heidy Sáenz Brenes and Karla Sáenz Brenes answered the proceeding by a brief added to the electronic record on March 17, 2022, and raised the exceptions of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), and lack of present interest (falta de interés actual). Co-defendant Carlos Sáenz Zúñiga answered the proceeding by a brief added to the electronic record on June 15, 2023, and raised the exceptions of caducity (caducidad), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), and lack of present interest (falta de interés actual).

III.By first-instance judgment No. 2023000294 of 11:19 hours of November 1, 2023, the Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) resolved: "(...) DISPOSITIVE PART In accordance with the foregoing and the cited regulations, I FIND: the exceptions of lack of right (falta de derecho), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of present interest (falta de interés actual) are upheld; the defense of caducity (caducidad) is rejected; and the SUMMARY PROCEEDING FOR SUSPENSION OF NEW WORK (PROCESO SUMARIO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA) brought by MAUREN ALICIA CALDERÓN MORA against HEIDY PRISCILA SÁENZ BRENES, KARLA SÁENZ BRENES, and CARLOS LUIS SÁENZ ZÚÑIGA is declared WITHOUT MERIT IN ALL ITS EXTREMES. The plaintiff is ordered to pay the costs of this proceeding. Notify (...)". (Sic).

IV.As it is a faithful reflection of the evidentiary elements added to the electronic record, the recitation of "PROVEN and UNPROVEN FACTS" contained in the appealed judgment is adopted.

V. GRIEVANCES OF THE APPELLANT

The plaintiff opposes the disposition of the trial court in first-instance judgment No. 2023000294 of 11:19 hours of November 1, 2023, and therefore files an appeal by a brief added to the electronic record on November 8, 2023; she alleges the following grievances: First grievance: INCONSISTENCIES IN THE JUDICIAL EXPERTISE PERFORMED, WHICH IS CONTRARY TO THE DOCUMENTARY AND TESTIMONIAL EVIDENCE IN THE RECORD AND WHOSE ELEMENTS HAVE BEEN USED AS A BASIS FOR THE JUDGMENT. By a resolution at 14:38 hours on September 29, 2022, the Juzgado Civil de Pérez Zeledón ordered the acceptance of the position of judicial expert by Engineer Alejandro Jaramillo Luconi, providing that the technical aspects he was to analyze would be to determine the possible options for solving the integral problem of the slope (talud) existing on the defendants' property (the matter agreed upon at the beginning of the conciliation in the first oral hearing and described as such in the resolution). Not only did the judicially appointed expert issue his recommendations adjusted to what was requested, but also an opinion on the material deposited both at the rear of the co-defendants' land and on the land annexed to it, whose owner is the co-defendants' father. However, his opinion was clearly not objectively technical but subjective, based on an appreciation and not expertise on the content of the material used to modify the terrain and that thrown onto the adjacent lot. In this regard, Engineer Jaramillo Luconi stated in his report:

"It was confirmed that on the land adjacent to the defendants' property, owned by Mr. Sáenz, the cut material removed for the construction of the dwellings is deposited. It is not apparent, judging by the undisturbed vegetation of the terrain, which includes trees, that said material includes more than the exposed soil, observable in the following figures, which indicates that the condition of the terrain prior to the construction of the works has not been altered, except for the presence of some debris, pruning, and thinnings (raleas) which are indeed evident, but which do not pose a danger to anyone…".

It is not intended to discredit the professional's own technical aspects indicated above, but rather those elements that lack this quality for being totally subjective and contradicting the existing evidence. In summary, the professional indicated:

• That the removed soil is on Mr. Sáenz's land.

• That trees are not apparent (not roots as alleged in the lawsuit).

• That the condition of the terrain prior to the construction of the works has not been altered (the defendants' terrain, since there are no constructions on any other adjoining land).

• That only the presence of some debris, pruning, and thinnings (raleas) exists, which are evident and do not pose a danger to anyone.

The definition of "appreciate" ("apreciar") attends to totally subjective elements, to such an extent that it refers to several similar concepts. The one applicable to the case at hand states: "To perceive something through the senses or the mind" (source: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). That sense (sight, hearing, touch, etc.), which was used in the judicial expertise, contradicts the documentary and testimonial evidence for the following reasons:

First. Regarding the assertion that the removed soil is on Mr. Sáenz's land. It refers the Tribunal to review the photographs and videos provided in the complaint brief where the movements of material also thrown at the rear of the co-defendants' properties were demonstrated. In this same vein, in the response to fact six of the complaint, the co-defendants expressly accepted that on January 31, 2022, they carried out works to demolish the low-foundation dwelling that existed on their property. They also accepted that a movement of soil was carried out on their properties in order to build the prefabricated houses (as will be detailed further on and thus demonstrated, they modified a sloping terrain into a flat one).

Second. Regarding the fact that trees are not apparent (a non-controversial matter since it was not alleged in the complaint), it was demonstrated that there was no verification, verifiable by any means, by the expert that inside the slopes (taludes) formed to change the nature of the land and the deposit of these onto the co-defendants' land there was more than just soil, since he simply based his opinion on "it is (not) apparent (se aprecia(r)), judging by the undisturbed vegetation of the terrain," which includes trees or more than soil. In this regard, he did not perform an efficient and truthful verification, as is demanded of a professional, to conclude on the quantity and non-existence of roots, debris inside the removed material.

Third. The Judicial Expert stated that the condition of the terrain prior to the construction of the works (of the defendants) has not been altered. However, this is contradicted by what was stated in the testimonies given at the oral hearing by witnesses Edward Fernández Mora and Róger Rojas Valverde on October 31 of this year, where they expressed that the terrain did undergo modifications, because it was a slope and was changed to horizontal.

The grievance is rejected: The appellant questions the expertise of engineer Alejandro Jaramillo Luconi, when affirming that the removed soil is on co-defendant Sáenz's land, and therefore, in her opinion, the photographs and videos provided in the complaint brief should be reviewed, which demonstrate the movements of material thrown at the rear of the co-defendants' properties, who also accepted having carried out soil movement on their properties to build the prefabricated houses. The tribunal considers that the argument is unfounded, because the trial court, regarding the boundary line (colindancia) between the plaintiff's property and that of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, resolved, in the relevant part, the following:

"(...) This is relevant to the case at hand for two aspects in particular: firstly, because it has been proven in the record that the plaintiff is the owner of the Property of the Partido de San José, Folio Real Number Three Hundred Fifty-Nine Thousand Two Hundred Eighty-Seven - Zero Zero Zero, which borders (colinda) on the north with William Durán Retana, on the south with Mercedes Segura Mata, on the east with a public street, and on the west with Carlos Luis Sánchez and Héctor Fallas (image 12); and that co-defendants Sáenz Brenes are the owners of the Property of the Partido de San José, Folio Real Number One Hundred Eighty-One Thousand Three Hundred Ninety-Eight - Zero Zero One and Zero Zero Two, which borders (colinda) on the north with Rafael Ángel Rojas and Carlos Luis Sáenz Zúñiga, on the south with Juan Rafael Retana Arias, on the east with Rafael Ángel Rojas, and on the west with a public street (images 13 and 14), from which it follows that the plaintiff does not share a boundary line (colinda) with the property of the cited co-defendants (...)". (Sic).

According to the foregoing, the trial court concluded in the appealed judgment that the plaintiff's property does not share a boundary line (colinda) with the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, which was not challenged by the appellant, and what was resolved on this point has become final (firmeza), which is why it would be of no interest if the expert evidence did not analyze what portion of the removed soil remained on the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, because there is no boundary line (colindancia) with the plaintiff's property, and therefore, no harm would be caused to her; the grievance is unfounded. Furthermore, the appellant alleges that the expert states that trees are not apparent, but it was demonstrated that the expert did not carry out a verifiable verification that roots or debris existed inside the slopes (taludes). The argument put forward by the appellant lacks validity, because she questions the content of the expertise rendered by engineer Alejandro Jaramillo Luconi, regarding his appreciation of roots or debris inside the slope (talud); however, what was appropriate was to have requested an addendum or clarification of the expertise on that point when she was granted an audience (audiencia) regarding it. Note that, by an order at 9:16 hours on November 23, 2022, the trial court granted an audience (audiencia) for a period of 5 days on the expertise rendered by engineer Alejandro Jaramillo Luconi, and the plaintiff did not make any argument against it, and therefore conformed to its content and to the terms stated by said professional, which is why her challenge at this stage is untimely (extemporáneo). Likewise, the appellant alleges that the expert affirmed that the condition of the terrain prior to the construction of the works of the co-defendants had not been altered, which contradicts the testimony of witnesses Edward Fernández Mora and Róger Rojas Valverde, who expressed that the terrain did undergo modifications because it was a slope and was changed to horizontal. Regarding the analysis of the expertise rendered by engineer Alejandro Jaramillo Luconi, this authority observes that the trial court concluded in the relevant part:

"(...) Secondly, because it has been proven that Mr. Sáenz Zúñiga is the owner of the Property of the Partido de San José, Folio Real Number Six Hundred Seventy-Nine Thousand Fifteen - Zero Zero Zero, which borders (colinda) on the north with Carlos Rivera Chavarría, on the south with Heidy Priscila Sáenz Brenes and Karla Sáenz Brenes, on the east with Rafael Ángel Rojas Rojas, and on the west with a public street (image 62); and that the fill material accumulated at the top of the slope (talud) on his property does not represent any danger of detachment or additional thrust to the wall (tapia) at the boundary line (colindancia) with the plaintiff (images 118 to 130), as was stated in the expert opinion: '...With respect to the fill material accumulated at the top of the slope (talud), on Mr. Sáenz's property, it does not represent any danger of detachment or additional thrust to the wall (tapia) at the boundary line (colindancia) with the plaintiff in the proceeding...'
Furthermore, it is worth adding that the report in question also adduced that: '...It was confirmed that on the land adjacent to the defendants' property, owned by Mr. Sáenz, the cut material removed for the construction of the dwellings is deposited. It is not apparent (se aprecia), judging by the undisturbed vegetation of the terrain, which includes trees, that said material includes more than the exposed soil, observable in the following figures, which indicates that the condition of the terrain prior to the construction of the works has not been altered, except for the presence of some debris, pruning, and thinnings (raleas) which are indeed evident, but which do not pose a danger to anyone...', from which it follows that the condition of the terrain prior to construction has not been altered (...)". (Sic).

Regarding this grievance, in the tribunal's judgment, the appellant is confused in her challenge, because, in her opinion, the expert affirms that the condition of the terrain prior to the construction of the works of the defendants has not been altered; however, it is not clear which terrain he is referring to, whether the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, or that of co-defendant Carlos Sáenz Zúñiga, since the part of the expertise previously transcribed makes reference to the co-defendant's property. In any case, the argument is directed at the property of the co-defendants, and as indicated supra, this property does not share a boundary line (colinda) with the plaintiff's property, and in such circumstance, there would be no effect on the plaintiff's property, therefore the argument is rejected. Second grievance: CHALLENGE TO THE PROVEN FACTS OF THE JUDGMENT: Regarding proven fact c).- The Judge, while taking it as a proven fact that co-defendants Sáenz Brenes had the construction permit for the dwelling houses and thereby, in the considerations on the merits, legitimizes their construction, was remiss and erred by failing to assess that said constructions were carried out on terrain that was previously perpendicular and that they subsequently modified by contracting a backhoe, throwing the material both to the rear of their land and also to the area annexed to their properties, leaving a slope (talud) of material along not only their properties but also a mountain of said material on the neighboring lots, where it even reaches the rear of the plaintiff's property. As was respectfully informed to the Judge by this servant in the conclusions (he refers to the audio of the oral hearing), in accordance with the principle Iura Novit Curia, the Judge could not ignore the existence of Article 11 of the Reglamento de Construcciones of the Municipalidad de Pérez Zeledón, which establishes that the construction permit is granted only for the work that it itself determines and under the conditions established by the administrative (municipal) resolution issued for that purpose. As is proven from the document presented by the defendants, said administrative resolution pertains solely to the in-situ construction of the two dwellings, but the Municipality did not receive or grant permission for movements of materials that significantly alter the terrain. For this, the defendants had to submit—and they did not—the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) presented to the Municipalidad de Pérez Zeledón, as stated in Article 6 of the same Regulation when it indicates:

Article 6°—Special requirements. Depending on the circumstances and the conditions under which the work for which a municipal permit is requested is to be developed, the applicant must also provide the following special requirements:

"d) In the event of works and activities that require the partial or total alteration of the environmental and human resources in their surroundings, it will be necessary to provide the corresponding Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) approved by the authorities designated for this purpose by the Ministerio del Ambiente y Energía or whoever corresponds. This requirement may be demanded at any time, whether before or during the development of the civil work, whenever the operating conditions of the civil work so require." Said environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), mandatory under the regulation, was not accredited by the defendants, nor does it appear in the proceeding's record even though the regulation requires it, nor was it considered by the trial Judge, as said omission distorts the validity of this fact as a basis to demonstrate the legitimate action of the defendants. The grievance is rejected: The appellant challenges proven fact c) of the trial judgment, because the trial court finds it proven that co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, had a construction permit for the dwelling houses, but she claims it is remiss and mistaken by not assessing that said constructions were carried out on terrain that was perpendicular and that they later modified; however, this challenge cannot be reviewed by this authority, pursuant to what was stated supra, that the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, does not share a boundary line (colinda) with the plaintiff's property, and therefore the argument is rejected. As for the argument regarding the statements made in the conclusions, they lack validity, since according to the civil procedural rules, the parties' conclusions are not granted evidentiary value; likewise, regarding the issue of the construction permit granted to the co-defendants by the Municipality, which is considered to have been only for construction and not for movements of materials that alter the terrain, that argument did not form part of the litis, therefore it was not resolved in the appealed judgment, and for this reason, the tribunal lacks competence to issue a pronouncement on it, because it would introduce matters that have not been debated by the parties in the prior venue, and therefore the argument is rejected. Third grievance: Regarding proven fact e). In the judgment, it was shown that the co-defendants' dwellings are finished, and this served so that, in the substantive consideration, the Judge arrived at this same conclusion based on what was indicated by the judicial expert's report. However, the Judge erred by affirming this aspect as a proven fact, for the following:

  • a)When the lawsuit was filed (February 8, 2022), the dwellings were under full construction (photographs provided in the record).
  • b)When the trial Judge, on March 14, 2022, communicated the resolution for suspension of the new work (suspensión de la obra nueva) to the defendants, it is because they were still in the process of construction, and this remained suspended until the judicial office determined otherwise.
  • c)It was not until October 6, 2022, that is, 6 months and 22 days later, when the judicial expert appeared at the co-defendants' construction and verified that the dwellings were finished. The foregoing clearly means the following:

c.1) the co-defendants alleged, but did not prove throughout the judicial proceeding, that the houses were finished exactly when the judicial order for suspension of works was issued.

c.2) Consequently, the co-defendants disobeyed the judicial order for suspension of the works and continued the construction until completion, and neither the warnings were applied to them nor were they accused of disobedience to authority as the Court warned in its resolution. Thus, when the judicial expert arrived 6 months later, of course they were finished.

The grievance is rejected: The appellant challenges that the judgment considered it proven that the co-defendants' dwellings were finished, based on what the expert indicated, which she considers an error, because when the lawsuit was filed, the dwellings were under full construction; when the trial court communicated the suspension of the work, they were still under construction; but when the expert appeared at the co-defendants' construction, the dwellings were finished, and therefore, they disobeyed the judicial order for suspension of the works, nor were they accused of disobedience to authority. In the tribunal's judgment, the grievance is improper, in the first place, because the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, does not share a boundary line (colinda) with the plaintiff's property, therefore there is no direct effect between both properties; in the second place, regarding the argument about disobedience to authority, it was up to the affected party to file the complaint before the competent venue, and not the trial court, so the omission of its processing is the responsibility of the appellant. Fourth grievance: Regarding proven fact f). It is impossible for the Judge of first instance to have reached certainty regarding this fact by a simple appreciation of the judicial expert, as was set forth in the first part of this document, under the title: "INCONSISTENCIES IN THE JUDICIAL EXPERTISE …". The grievance is rejected: The argument is rejected for lack of substantiation, because the appellant merely points out the impossibility of the trial court reaching certainty regarding proven fact f) solely on the expert's appreciation, without explaining what those certainties were that were reached with the expertise, as well as the relevance for modifying what was resolved by the trial court in the appealed judgment. Fifth grievance: What the honorable Judge affirmed regarding the confessional evidence is not true: The Judge found it proven that the confessing party admitted facts of importance to the present matter that are contrary to her interests; however, he did not explain what those important facts were, which ones were contrary to the confessing party's interests, and why, based on the foregoing, the evidentiary means accepted by the Judge merit total credibility to the extent they do. Consequent to the foregoing, such omissions imply an invalidity of said reasoning. If it refers to the confessing party's admission that the water flowing towards her property is from rain and not from the gutters and pipes that discharge into the trench (cuneta), this is a non-controversial fact because it was not even mentioned in the complaint. The grievance is rejected: While it is true that in this grievance the appellant challenges that what the trial court affirmed regarding the deposition of a party (declaración de parte) given by the plaintiff is not true, upon admitting facts of importance to the present matter that are contrary to her interests, by omitting to indicate what those important and contrary-to-interest facts were; however, the appellant must take into consideration that the proceeding was delimited to demonstrating the lack of adequate drainage of rainwater from the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Mora, and the transfer of material from their property to the property of co-defendant Carlos Sáenz Zúñiga, forming a slope (talud) with the possibility of sliding onto the plaintiff's property. Now, regarding the drainage of rainwater from the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, it has been reiterated that its consideration at this stage is not proper, because the trial court determined that there was no boundary line (colindancia) between their property and the plaintiff's property. Regarding co-defendant Carlos Sáenz Zúñiga, the expert was clear in indicating that there is no danger of a landslide towards the plaintiff's property, which has not been disproved by the appellant; under such circumstance, the facts admitted by the plaintiff when giving her deposition of a party (declaración de parte) are irrelevant, since, as indicated above, that circumstance does not constitute the basis for declaring the lawsuit without merit, and therefore the grievance is irrelevant. In any case, the appellant adds that if the admission is that the water flowing towards her property is from rain and not from gutters or pipes that discharge into the trench (cuneta), that is not a controversial fact; with this last statement, the appellant undervalues the grievance because it does not correspond to a controversial fact, and in addition, she implies that it refers to the property of co-defendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, and this property does not share a boundary line (colinda) with the plaintiff's property, as was established in the appealed judgment, and therefore the grievance is rejected. Sixth grievance: CHALLENGE OF THE JUDGE'S REASONS FOR EXCLUDING IN THE JUDGMENT THE EXPERT REPORT PROVIDED BY THE PLAINTIFF, THE PHOTOS AND VIDEOS INCORPORATED IN THE COMPLAINT, AND THE TESTIMONIAL EVIDENCE RECEIVED AT THE ORAL HEARING. It is beyond doubt that if the Tribunal admits her factual arguments regarding the Judicial Expert Opinion rendered, then the expert report provided with the complaint, as well as the photos and videos incorporated in the complaint, and the testimonial evidence offered, are consequently admissible as full evidence. Respectfully, she considers the Judge's reasoning inadmissible for discrediting the expertise of Engineer Irving Zelaya Palacios because it was essentially prior to the one subsequently requested, since neither the former nor the latter demonstrated that the danger conditions changed.

The same situation arises with the photos, videos, and witnesses submitted and also received at the oral hearing, aspects that it requests must be recognized in order to guarantee a congruent ruling adjusted to the evidence brought into the proceeding. The grievance is dismissed: The appellant objects that it considers inadmissible the lower court’s reasoning for discrediting the expert report of engineer Irving Zelaya Palacios, because it predates the one subsequently requested, as well as the rejection of the photos, videos, and testimonial evidence. With respect to the rejection of evidence, the lower court in the challenged ruling decided, in relevant part:

"(...) Finally, it must be added that there is no interest in referring to the documentary evidence concerning municipal order No. ORD-0096-17-ACO, because said documentation refers to the dwelling house that was located on the property of the codefendants and that was demolished; to the expert report provided by the plaintiff with her complaint, because it predates the one requested in the case file by both parties; and to the photos and videos provided with the complaint and the witnesses received at the oral hearing, because these do not rebut the specialized technical evidence that was jointly requested by the parties (...)". (Sic).

As is evident from what was decided by the trial court, the rejection of the expert report, photos, videos, and witnesses is based on the fact that said evidence fails to rebut the official expert report rendered in the proceeding; a circumstance that the appellant has also failed to rebut in this appellate venue; in any case, it fails to comply with its duty to provide a reasoned basis, since it is not sufficient to allege a lack of analysis of the evidence, but it was the appellant’s duty to demonstrate to the court, in a well-founded manner, that each of those evidentiary elements should overturn what was decided by the trial court, which it did not do; therefore, the grievance is dismissed. Seventh grievance: APPEAL REGARDING WHAT WAS DECIDED IN THE JUDGMENT CONCERNING PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS: The lower-court judge failed to assess the application of Article No. 73.2.4 regarding his represented party’s conduct in the judicial proceeding for the exemption from costs when he dismissed the action. His client throughout the proceeding always acted in good faith, with transparency, respect, and consideration not only toward the judge but toward all those present, as detailed below: First: The plaintiff resorted to judicial instances to sue those involved in this proceeding because the report of the expert contracted for that purpose concluded that there was an imminent and direct danger to the material assets of her home, as well as to her physical integrity and that of the other persons residing there. His represented party’s action was not capricious but motivated by the results of the contracted expert report. Second: At the first scheduling of an oral hearing set by the trial judge, his client’s position was to conciliate, for which purpose it was agreed to appoint a court-appointed expert to assess possible options for solving the overall problem of the existing slope (talud) on the defendants’ property. As recorded in the case file, it was even agreed that each party would assume 50% of the professional costs of the expert to be appointed (hearing held on August 30, 2022, and see the resolution appointing the court-appointed expert, electronic image of the case file dated 09/29/2022, 13:24:37). Third: When an oral hearing was rescheduled for a second time, his represented party expressed her willingness to conciliate and even offered to assume the payment for the rocky material needed for the slopes, as indicated in the court-ordered expert report. The defendants rejected the proposal. Since the complaint was to be expanded, it was determined to conclude the first and, once the proceeding was complete, to schedule an oral hearing (image in electronic case file dated 03/30/23 at 09:55:28). Fourth: At the final oral hearing held on October 31, 2023, the judge once again called for conciliation and his represented party accepted; however, after deliberation, the defendants rejected it (electronic image of the same date at 10:10:06). Fifth: There was no dilatory conduct on the part of his client and this representation in the judicial proceeding; this can be observed and verified in the case file ad effectum videndi. Sixth: No excessive claims incapable of resolution were asserted, only the logical claims in a proceeding of this nature. The grievance is dismissed: Article 73.1 of the Code of Civil Procedure establishes as a rule that costs are imposed on the losing party. Consequently, this economic repercussion arises objectively, that is, by the mere fact of having lost the litigation. Contrary to the foregoing, the exemption provided for in section 73.2 of the same body of laws is discretionary; note that the legislator stipulated that "One may exempt..." and it is reasoned. In the specific case, it is the criterion of this authority that the preconditions alleged by the appellant are not met. The judgment under appeal was dismissed because the plaintiff does not share a boundary with codefendants Heidy and Karla, both with the surname Sáenz Brenes, and with respect to codefendant Carlos Sáenz Zúñiga, the expert report rendered by engineer Alejandro Jaramillo Luconi, which was not objected to in the prior instance by the appellant, is clear in establishing that the material moved to his property does not represent any danger to the plaintiff’s property. As a consequence, the defendants were forced to appear in a judicial proceeding, which has evidently generated expenses for them by reason of an unfounded conflict, and, in that sense, the sanction in costs must be upheld.

OPERATIVE PART:

In the terms set forth by this court, the appeal filed by the plaintiff against the first-instance judgment No. 2023000294 of 11:19 a.m. on November 1, 2023, is dismissed, and said judgment is affirmed. Return the electronic folder to its office of origin. LET THE PARTIES BE NOTIFIED.

Alexander Somarribas Tijerino Karla Gabriela Montiel Chan Alberto Juárez Gutiérrez Judges ALEXANDER SOMARRIBAS TIJERINO, DECISION-MAKING JUDGE KARLA GABRIELA MONTIEL CHAN, DECISION-MAKING JUDGE ALBERTO CESAR JUAREZ GUTIERREZ, DECISION-MAKING JUDGE It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:14:41.

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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil Clase de asunto: Interdicto de suspensión de obra nueva Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente  SUMARIO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA ACTOR/A:

MAUREN ALICIA CALDERON MORA DEMANDADO/A:

CARLOS LUIS SAENZ ZUÑIGA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 2023000451 TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y DE TRABAJO DE LA ZONA SUR (SEDE PÉREZ ZELEDÓN) (CIVIL). A las dieciséis horas diecinueve minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), dentro del proceso de interdicto de suspensión de obra establecido por Mauren Calderón Mora contra Carlos Sáenz Zúñiga, Heidy Sáenz Brenes y Karla Sáenz Brenes. Interviene en el proceso en calidad de apoderado especial judicial de la parte actora el Lic. Fernando Bonilla Orozco; y en calidad de apoderado especial judicial de las personas demandadas, el Lic. Reyner Múñoz Piedra. Se integra el tribunal con las personas juzgadoras Karla Gabriela Montiel Chan, Alberto Juárez Gutiérrez y Alexander Somarribas Tijerino, correspondiendo al último la redacción del fallo de segunda instancia.

CONSIDERANDOS:

I.Mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 08 de febrero de 2022, la parte actora interpone interdicto de suspensión de obra ante el Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), para que, en sentencia se declare lo siguiente: a. Se ordene a las demandadas resolver de forma urgente los problemas ocasionados con el peligro inminente de talud, incluyendo extraer las raíces, escombros y cantidad de tierra que fueron depositados próximo a las tapias de su propiedad. b. Por temor a la llegada de fuertes lluvias de esta época que se avecina, y muy normales en esta zona del país, se ordene a las demandadas resolver definitivamente en la parte trasera de la propiedad de las demandadas y su escorrentía, la cual pasa por su propiedad y la vecina, poniendo en peligro los derechos a la vida, seguridad y tranquilidad de la aquí actora, los de su esposo y quienes habitan las demás unidades habitacionales. c. Se ordene a las demandadas se abstengan de perturbarla y a su esposo, con ocasión de los resultados de la presente demanda, bajo advertencia de ser acusadas por el delito de desobediencia a la autoridad. Mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 26 de abril de 2023, la parte actora amplió la demanda contra Carlos Sáenz Zúñiga, para que se en sentencia se resuelva lo siguiente: 1. Se ordene al demandado resolver de forma urgente el problema ocasionado con el peligro inminente del talud, incluyendo extraer las raíces, escombros y cantidad de tierra que fueron depositados en la parte trasera de la propiedad de la actora. 2. Por temor a la llegada de fuertes lluvias en esta época que se avecina y muy normales en esta zona del país, se ordene al demandado remover el talud de tierra acumulada existente en su propiedad, resolver definitivamente y en el plazo que disponga esa Autoridad el problema de acumulación de agua pluvial en la parte trasera de la propiedad de la demandada y su escorrentía la cual concluirá en su propiedad, poniendo en peligro los derechos a la vida, seguridad y tranquilidad de la aquí actora, demás miembros de la familia y personas visitantes. 3. Se condene al demandado al pago de costas, daños y perjuicios con ocasión de la presente litis.

II.Las codemandadas Heidy Sáenz Brenes y Karla Sáenz Brenes contestaron el proceso mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 17 de marzo de 2022, opusieron las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho y falta de interés actual. El codemandado Carlos Sáenz Zúñiga contestó el proceso mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 15 de junio de 2023, opuso las excepciones de caducidad, falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho y falta de interés actual.

III.Mediante sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, el Juzgado Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), resolvió: "(...) PARTE DISPOSITIVA De conformidad con lo expuesto y la normativa citada, FALLO: se acogen las excepciones de falta de derecho, de falta de legitimación activa y pasiva y de falta de interés actual; se rechaza la defensa de caducidad; y se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS el PROCESO SUMARIO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA interpuesto por MAUREN ALICIA CALDERÓN MORA contra HEIDY PRISCILA SÁENZ BRENES, KARLA SÁENZ BRENES y CARLOS LUIS SÁENZ ZÚÑIGA. Se condena a la parte actora a pagar las costas de este proceso. Notifíquese (...)". (Sic).

IV.Por ser fiel reflejo de los elementos de prueba incorporados al expediente electrónico se acoge la relación de "HECHOS PROBADOS y NO PROBADO", contenidos en la sentencia impugnada.

V. AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE

Se opone la parte actora contra lo dispuesto por el juzgado de instancia en la sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, por lo que interpone recurso de apelación mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 08 de noviembre de 2023; alega los siguientes agravios: Primer agravio: INCONGRUENCIAS DEL PERITAJE JUDICIAL EFECTUADO, EL CUAL ES CONTRARIO A LA PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL DEL EXPEDIENTE Y CUYOS ELEMENTOS HAN SIDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA LA SENTENCIA. Mediante resolución de las 14:38 horas del 29 de setiembre del 2022, el Juzgado Civil de Pérez Zeledón, dispuso aceptar el cargo de perito judicial del Ing. Alejandro Jaramillo Luconi disponiendo que los aspectos técnicos que debía analizar serían, determinar cuáles son las opciones posibles para solucionar el problema integral del talud existente en la propiedad de las demandadas (objeto acordado al inicio de la conciliación en la primera audiencia oral y así descrito en la resolución). No solo el perito nombrado judicialmente emitió sus recomendaciones ajustadas a lo solicitado, sino también criterio sobre el material depositado tanto en la parte trasera del terreno de las codemandadas como también en el terreno anexo a éstas cuyo propietario es el padre de las codemandadas. Pero, su criterio a todas luces no fue objetivamente técnico sino subjetivo, basándose en una apreciación y no pericia sobre el contenido del material usado para modificar el terreno y el arrojado en el lote contiguo. Al respecto, señaló el Ing. Jaramillo Luconi en su informe:

“Se confirmó que en terreno contiguo al de las demandadas, propiedad del Sr. Sáenz, está depositado el material de corte removido para la construcción de las viviendas. No se aprecia, al juzgar por la vegetación inalterada del terreno, que incluye árboles, que dicho material incluya más que la tierra expuesta, observable en las siguientes figuras, lo que indica que la condición del terreno previa a la construcción de las obras no ha sido alterada, salvo por la presencia de algunos escombros, podas y raleas que sí son evidentes, pero que no presentan un peligro para nadie…”.

No pretende desacreditar los aspectos técnicos propios del profesional antes indicados, sino aquellos elementos que carecen de esta calidad por ser totalmente subjetivos y contrariar la prueba existente. En síntesis, señaló el profesional:

• Que la tierra removida está en el terreno del señor Sáenz.

• Que no se aprecian árboles (no raíces como se alegó en la demanda).

• Que la condición del terreno previa a la construcción de las obras no ha sido alterada (terreno de las demandadas, pues en ningún otro terreno aledaño existen construcciones).

• Que solo existe presencia de algunos escombros, podas y raleas, que son evidentes y no presentan un peligro para nadie.

La definición de “apreciar” atiende a elementos totalmente subjetivos, a tal punto que se refiere a varios conceptos similares. El aplicable al caso que nos ocupa señala: “Percibir algo a través de los sentidos o de la mente” (fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Ese sentido (vista, oído, tacto, etc) el cual fue empleado en el peritaje judicial, contradice la prueba documental y testimonial por lo siguiente:

 Primero. En cuanto a la afirmación de que la tierra removida está en el terreno del señor Sáenz. Remite al Tribunal a revisar las fotografías y videos aportados en el escrito de demanda donde se demostró los movimientos de material arrojados también al final de las propiedades de los codemandados. En este mismo sentido, en la respuesta al hecho sexto de la demanda, las codemandadas aceptaron expresamente que el día 31 de enero del año 2022, realizaron obras para demoler la vivienda de zócalo que existía en su propiedad. Aceptaron también que se hizo un movimiento de tierra en sus propiedades para poder construir las casas prefabricadas (como se detallará más adelante y así demostrado, modificaron un terreno de pendiente a uno plano).

 Segundo. Referente a que no se aprecian árboles (asunto no controvertido por cuanto no fue alegado en la demanda) se demostró que no existió por parte del perito una verificación constatable por algún medio de que al interior de los taludes formados para cambiar la naturaleza del terreno y el depósito de estos en el de las codemandadas existiera más que tierra, pues simplemente se basó en “aprecia (r), al juzgar por la vegetación inalterada del terreno” que incluya árboles o más que tierra. En este orden, no realizó una comprobación eficiente y veraz como se le demanda a un profesional para llegar a concluir con la cantidad y la inexistencia de raíces, escombros al interior del material removido.

 Tercero. Afirmó el señor Perito Judicial que la condición del terreno previa a la construcción de las obras (de las demandadas) no ha sido alterada. Sin embargo, ello se contradice con lo afirmado en las declaraciones rendidas en la audiencia oral por los testigos señores Edward Fernández Mora y Róger Rojas Valverde del 31 de octubre del presente año, donde expresaron que el terreno sí sufrió modificaciones, pues era pendiente y se varió a horizontal.

Se rechaza agravio: Cuestiona la parte recurrente el peritaje del ingeniero Alejandro Jaramillo Luconi, al afirmar que, la tierra removida está en el terreno del codemandado Sáenz, por lo que, a su criterio, se debe revisar las fotografías y videos aportados en el escrito de demanda con lo que se demuestra los movimientos de material arrojados al final de las propiedades de las codemandadas, quienes además, aceptaron haber realizado movimiento de tierra en sus propiedades para poder construir las casas prefabricadas. El tribunal considera que, el alegato es infundado, por cuanto, el juzgado a-quo sobre la colindancia entre la propiedad de la parte actora y de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, resolvió en lo que interesa lo siguiente:

"(...) Ello reviste de interés para el caso de marras por dos aspectos en particular: en primer lugar, pues en autos se ha acreditado que la actora es dueña de la Finca del Partido de San José, Matrícula de Folio Real Número Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Siete - Cero Cero Cero, misma que colinda al norte con William Durán Retana, al sur con Mercedes Segura Mata, al este con calle pública y al oeste con Carlos Luis Sánchez y Héctor Fallas (imagen 12); y que las codemandadas Sáenz Brenes son dueñas de la Finca del Partido de San José, Matrícula de Folio Real Número Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Noventa y Ocho - Cero Cero Uno y Cero Cero Dos, misma que colinda al norte con Rafael Ángel Rojas y Carlos Luis Sáenz Zúñiga, al sur con Juan Rafael Retana Arias, al este con Rafael Ángel Rojas y al oeste con calle pública (imágenes 13 y 14), de donde se desprende que la actora no colinda con la propiedad de las citadas coaccionadas (...)". (Sic).

Conforme a lo antes transcrito, el juzgado de instancia concluyó en el fallo impugnado que, la propiedad de la parte actora no colinda con la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, lo cual no fue cuestionado por la parte recurrente, adquiriendo firmeza lo resuelto sobre este tema, razón por la cual, carecería de interés si en la prueba pericial no se analizó qué parte de la tierra removida quedó en la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, por cuanto, no hay colindancia con la propiedad de la parte accionante, y por tanto, no se le causaría perjuicio, siendo infundado el agravio. Alega, además la parte recurrente que, el perito refiere que no se aprecian árboles, pero se demostró que, no existió por parte del perito una verificación constatable de que en el interior de los taludes existiera raíces o escombros. El argumento expuesto por la parte recurrente carece de validez, por cuanto, cuestiona el contenido del peritaje rendido por el ingeniero Alejandro Jaramillo Luconi, en cuanto a su apreciación sobre raíces o escombros en el interior del talud; sin embargo, lo que correspondía era haber gestionado adición o aclaración de la pericia sobre ese punto cuando se le confirió audiencia de la misma. Véase que, mediante auto de las 9:16 horas del 23 de noviembre de 2022, el juzgado a-quo confirió audiencia por el plazo de 5 días, sobre la pericia rendida por el ingeniero Alejandro Jaramillo Luconi, y la parte actora no realizó alegato alguno contra el mismo, por lo que, se conformó con su contenido, y en los términos expuestos por dicho profesional, razón por la cual en esta instancia resulta extemporáneo su cuestionamiento. Asimismo, alega la parte recurrente que, el perito afirmó que la condición del terreno previo a la construcción de las obras de las codemandadas no había sido alterada, lo cual, se contradice con la declaración de los testigos Edward Fernández Mora y Róger Rojas Valverde, quienes expresaron que, el terreno sí sufrió modificaciones, porque era pendiente y se varió a horizontal. Sobre el análisis de la pericia rendida por el ingeniero Alejandro Jaramillo Luconi, observa esta autoridad que, el juzgado a-quo en lo que interesa concluyó:

"(...) En segundo lugar, porque se ha acreditado que el señor Sáenz Zúñiga es dueño de la Finca del Partido de San José, Matrícula de Folio Real Número Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quince - Cero Cero Cero, misma que colinda al norte con Carlos Rivera Chavarría, al sur con Heidy Priscila Sáenz Brenes y Karla Sáenz Brenes, al este con Rafael Ángel Rojas Rojas y al oeste con calle pública (imagen 62); y que el material de relleno acumulado en la parte superior del talud, en su propiedad, no representa ningún peligro por desprendimiento o empuje adicional la tapia en la colindancia con la parte actora (imágenes 118 a 130), pues así se dispuso en el dictamen pericial: "...Con respecto al material de relleno acumulado en la parte superior del talud, en la propiedad del Sr. Sáenz, este no representa ningún peligro por desprendimiento o empuje adicional la tapia en la colindancia con la parte actora del proceso...".
Además, vale agregar que el informe en cuestión también adujo que: "...Se confirmó que en el terreno contiguo al de las demandadas, propiedad del Sr. Sáenz, está depositado el material de corte removido para la construcción de las viviendas. No se aprecia, al juzgar por la vegetación inalterada del terreno, que incluye árboles, que dicho material incluya más que la tierra expuesta, observable en la siguientes figuras, lo que indica que la condición del terreno previa a la construcción de obras no ha sido alterada, salvo por la presencia de algunos escombros, podas y raleas que sí son evidentes, pero que no presentan un peligro para nadie...", de donde se desprende que la condición del terreno previa a la construcción no ha sido alterada (...)". (Sic).

Sobre este agravio, a criterio del tribunal, se confunde el recurrente en su cuestionamiento, por cuanto, a su criterio el perito afirma que la condición del terreno, previo a la construcción de las obras de las demandadas no ha sido alterada; sin embargo, no queda claro a qué terreno hace referencia, si a la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes o del codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, ya que, en la parte de la pericia antes transcrita se hace referencia a la propiedad del codemandado. En todo caso, el alegato está dirigido a la propiedad de las codemandadas, y como se indicó supra, esta no colinda con la propiedad de la parte actora, y en tal circunstancia, no habría afectación sobre la propiedad de la parte accionante, por lo que, se rechaza el alegato. Segundo agravio: IMPUGNACIÓN SOBRE LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA: Sobre el hecho probado c).- El señor Juez si bien da por un hecho probado que las codemandadas Sáenz Brenes contaron con el permiso de construcción de las casas de habitación y con ello en las consideraciones de fondo legitima la construcción de éstas, fue omiso y se equivocó al no valorar que dichas construcciones se efectuaron sobre un terreno que de previo era perpendicular y luego ellas modificaron con la contratación de un retroexcavador arrojando el material tanto a la parte posterior de sus terrenos sino también a la parte anexa de sus propiedades, dejando un talud de material a lo largo no solo de las propiedades de ellas sino una montaña de dicho material en los lotes vecinos, donde incluso llega hasta la parte trasera de la propiedad de la actora. Tal y como respetuoso se le informó en las conclusiones al señor Juez por parte de dicho servidor (remite al audio de la audiencia oral), de conformidad con el principio Iura Novit Curi el Juez no podía ignorar la existencia del artículo 11 del Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Pérez Zeledón, el cual establece que el permiso de construcción se otorga únicamente para la obra que ella misma determina y en las condiciones que establece la resolución administrativa (municipal) que se dicte con ese fin. Como se comprueba del documento presentado por las demandadas, dicha resolución administrativa versa únicamente sobre la construcción in sito de las dos viviendas, pero el Municipio no recibió ni otorgó permiso para que se realizaran movimientos de materiales que alteraran significativamente el terreno. Para ello las demandadas debían presentar y no lo hicieron, el estudio de impacto ambiental presentado a la Municipalidad de Pérez Zeledón, tal y como reza el artículo 6 del mismo Reglamento cuando señala:

Artículo 6°—Requisitos especiales. Dependiendo de las circunstancias y de las condiciones en que se quiera desarrollar la obra para la cual se solicita permiso municipal, el solicitante además deberá aportar los siguientes requisitos especiales:

“d) En caso de tratarse de obras y de actividades que requieran de la alteración parcial o total de los recursos ambientales y humanos que estén a su alrededor será necesario aportar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental aprobado por las autoridades que designe con ese fin el Ministerio del Ambiente y Energía o a quien corresponda. Este requisito podrá ser exigido en cualquier momento, ya sea de previo o durante el desarrollo de la obra civil, en que las condiciones de operación de la obra civil así lo requieran”.

Dicho estudio de impacto ambiental obligatorio reglamentariamente, no fue acreditado por las demandadas ni consta en el expediente del proceso aun y cuando la normativa lo exige, ni considerado por el señor Juez Aquo, pues dicha omisión desnaturaliza la validez de este hecho como fundamento para demostrar la legitima actuación de las demandadas. Se rechaza agravio: Cuestiona la parte recurrente el hecho probado c) del fallo de instancia, por cuanto, tiene por acreditado el juzgado a-quo que, las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, contaban con permiso de construcción de las casas de habitación, pero siendo omiso y se equivoca al no valorar que dichas construcciones se efectuaron sobre un terreno que era perpendicular y luego ellas lo modificaron; sin embargo, este cuestionamiento no podrá ser revisado por esta autoridad, conforme a lo expuesto supra, de que la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes no colinda con la propiedad del actor, por lo que, se rechaza el alegato. En cuanto al alegato sobre las manifestaciones realizadas en las conclusiones, las mismas carecen de validez, toda vez que, conforme a la normativa procesal civil a las conclusiones de las partes no les concede valor probatorio; asimismo, en cuanto al tema sobre el permiso de construcción otorgado a las codemandadas por parte de la Municipalidad, el cual se considera que era únicamente para la construcción y no para realizar movimientos de materiales que alteraran el terreno, ese argumento no formó parte de la litis, por tanto, no fue resuelto en el fallo impugnado, razón por la cual, carece de competencia el tribunal para emitir pronunciamiento sobre el mismo, por cuanto, introduciría cuestiones que no han sido debatidas por las partes en la sede precedente, por lo que se rechaza el alegato. Tercer agravio: Sobre el hecho probado e). En el fallo se dio por demostrado que las viviendas de las codemandadas están terminadas y ello sirvió para que, en la consideración de fondo el señor Juez arribara a esta misma conclusión con vista en lo indicado por el informe del perito judicial. No obstante, el señor Juez erró al afirmar como hecho probado este aspecto, por lo siguiente:

  • a)Cuando se interpuso la demanda (8 de febrero de 2022) las viviendas estaban en plena construcción (fotografías aportadas en el expediente).
  • b)Cuando el señor Juez A Quo el 14 de marzo del 2022 comunicó la resolución de suspensión de la obra nueva a las demandadas es porque las mismas estaban aún en proceso de construcción y ésta quedaba suspendida hasta que el despacho judicial determinara lo contrario.
  • c)Es hasta el 6 de octubre del 2022, esto es 6 meses y 22 días después cuando el perito judicial se apersonó a la construcción de las codemandadas y constató que las viviendas estaban terminadas. Lo anterior significa claramente lo siguiente:

c.1) las codemandadas alegaron, pero no demostraron a lo largo del proceso judicial que las casas estaban terminadas justo cuando se dictó la orden judicial de suspensión de obras.

c.2) Consecuentemente, las codemandadas desobedecieron la orden judicial de suspensión de las obras y continuaron con la construcción hasta finalizarlas, siendo que no se les aplicó los apercibimientos ni tampoco se les acusó por desobediencia a la autoridad como advirtió el Juzgado en su resolución. De tal manera que al llegar el perito judicial 6 meses después, por supuesto que las mismas estaban terminadas.

Se rechaza agravio: Cuestiona la parte recurrente que, en el fallo se tuviese por demostrado que las viviendas de las codemandadas estuviesen terminadas con vista en lo indicado por el perito, lo que considera un error, por cuanto, cuando se interpuso la demanda las viviendas estaban en plena construcción; cuando el juzgado a-quo comunicó la suspensión de la obra aún estaban en construcción; pero, cuando el perito se apersonó a la construcción de las codemandadas las viviendas estaban terminadas, por lo que, desobedecieron la orden judicial de suspensión de las obras, ni tampoco se les acusó por desobediencia a la autoridad. A criterio del tribunal el agravio resulta improcedente, en primer término, porque la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, no colindan con la propiedad de la parte actora, por lo que, no existe afectación directa entre ambas propiedades; en segundo término, en cuanto alegato sobre la desobediencia a la autoridad, correspondía a la parte afectada interponer la denuncia ante la instancia competente, y no al juzgado a-quo, así que, la omisión de su trámite es de resorte de la parte recurrente. Cuarto agravio: Sobre el hecho probado f). Es imposible para el señor Juzgador de primera instancia el haber llegado a la certeza respecto de este hecho por una simple apreciación del perito judicial, conforme lo expuso en el aparte primero de la presente, con el título: “INCONGRUENCIAS DEL PERITAJE JUDICIAL …”. Se rechaza agravio: Se rechaza el alegato por falta de fundamentación, toda vez que, la parte recurrente se limita a señalar la imposibilidad del juzgado a-quo de llegar a la certeza sobre el hecho probado f) con sólo la apreciación del perito, sin explicar cuáles fueron esas certezas a las que se llegó con el peritaje, así como, la relevancia para modificar lo resuelto por el juzgado de instancia en el fallo impugnado. Quinto agravio: No es cierto lo afirmado por el respetable señor Juez en cuanto a la prueba confesional: Tuvo por demostrado el señor Juzgador que la parte confesante admitió hechos de importancia para el presente asunto que son contrarios a sus intereses, sin embargo, no explicó ¿Cuáles fueron esos hechos de importancia?, ¿Cuáles fueron los contrarios a los intereses de la confesante y ¿Porqué con base en lo anterior?, los medios probatorios aceptados por el Juzgador en qué medida le merecen total credibilidad. Consecuente con lo anterior, tales omisiones implican una invalidez de dicho razonamiento. Si se refiere a la aceptación por parte de la confesante de que el agua que discurre hacia su propiedad es proveniente de la lluvia y no de las canoas y las tuberías que desfogan en la cuneta, ello es un hecho no controvertido por cuanto ni siquiera fue mencionado en la demanda. Se rechaza agravio: Si bien es cierto, en este agravio cuestiona la parte recurrente que, no es cierto lo afirmado por el juzgado a-quo sobre la declaración de parte rendida por la accionante, al admitir hechos de importancia para el presente asunto, los que son contrarios a sus intereses, al omitir indicar cuáles fueron esos hechos de importancia y contrarios a sus intereses; no obstante, debe tomar en consideración la parte recurrente que, el proceso se delimitó a demostrar la falta de un adecuado desague de las aguas de lluvia de la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Mora, y el traslado de material de la propiedad de estas a la propiedad del codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, formando un talud con posibilidad de deslizamiento a la propiedad de la parte actora. Ahora bien, en cuanto, al desague de las aguas de lluvia de la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, se ha reiterado que, no procede conocerlo en esta instancia, por cuanto, el juzgado a-quo determinó que no había colindancia entre la propiedad de estas y la propiedad de la parte accionante. En cuanto al codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, el perito fue claro al señalar que no hay peligro de deslizamiento de tierra hacia la propiedad de la parte actora, lo cual no ha sido desvirtuado por parte recurrente, en tal circunstancia, resulta irrelevante los hechos admitidos por la parte actora al rendir la declaración de parte, ya que, como se indicó anteriormente, esa circunstancia no constituye la base para declarar sin lugar la demanda, razón por la cual, el agravio es irrelevante. En todo caso, agrega la parte recurrente que, si la aceptación es de que el agua discurre hacia su propiedad proviene de la lluvia y no de las canoas o tuberías que desfogan en la cuneta, que eso no es un hecho controvertido; con esta última manifestación, la parte recurrente desvalora el agravio por no corresponder a un hecho controvertido, aunado a ello, deja entrever que, hace referencia a la propiedad de las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, y esta no colinda con la propiedad de la parte actora, conforme quedó establecido en el fallo impugnado, por lo que se rechaza el agravio. Sexto agravio: IMPUGNACIÓN DE LAS RAZONES DEL SEÑOR JUEZ PARA EXCLUIR EN SENTENCIA EL INFORME PERICIAL APORTADO POR LA PARTE ACTORA, LAS FOTOS Y VIDEOS INCORPORADOS EN LA DEMANDA Y LA PRUEBA TESTIMONIAL RECIBIDA EN LA AUDIENCIA ORAL. Es indudable que de admitirse por parte del Tribunal sus argumentos de hecho referente al Dictamen Pericial Judicial rendido, son consecuentemente admisibles como plena prueba tanto el informe pericial aportado en la demanda, como las fotos y videos incorporados en la demanda y la testimonial ofrecida. Respetuoso, considera inadmisible la fundamentación del señor Juez al desacreditar el peritaje del Ing. Irving Zelaya Palacios por ser básicamente anterior al solicitado posteriormente, pues ni en el primero ni el segundo se demostró que las condiciones de peligro variaran. Misma situación se presentan con las fotos, videos y testigos presentados y también recibidos en la audiencia oral, aspectos que solicita se deben reconocer a efectos de garantizar un fallo congruente y ajustado a la prueba allegada al proceso. Se rechaza agravio: Cuestiona la parte recurrente que, considera inadmisible la fundamentación del juzgado a-quo para desacreditar el peritaje del ingeniero Irving Zelaya Palacios, por ser anterior al solicitado con posterioridad, así como, el rechazo de los fotos, videos y prueba testimonial. En cuanto al rechazo de prueba, el juzgado a-quo en el fallo impugnado resolvió en lo que interesa:

"(...) Por último, cabe agregar que carece de interés hacer referencia a la prueba documental referente a la orden municipal N° ORD-0096-17-ACO, pues dicha documentación es referente a la casa de habitación que se encontraba en la propiedad de las codemandadas y que fue demolida; al informe pericial aportado por la actora en su demanda, por ser anterior al solicitado en autos por ambas partes; y a las fotos y videos aportados con la demanda y los testigos recibidos en la audiencia oral, pues estos no desvirtúan la prueba técnica especializada que fue solicitada de manera conjunta por las partes (...)". (Sic).

Conforme se extrae de lo resuelto por el juzgado de instancia, el rechazo del informe pericial, fotos, videos y testigos, se fundamenta en que, dicha prueba no logra desvirtuar el peritaje oficial rendido en el proceso; situación que, tampoco ha logrado desvirtuar la parte recurrente en esta sede de apelación, en todo caso, incumple con su deber de fundamentación, ya que, no es suficiente alegar la falta de análisis de prueba, sino que, era deber de la parte recurrente el demostrar al tribunal, de manera fundada que, con cada uno de esos elementos probatorios se debe revocar lo resuelto por el juzgado de instancia, lo cual no hizo, por lo que, se rechaza el agravio. Sétimo agravio: APELACIÓN SOBRE LO RESUELTO EN SENTENCIA REFERENTE A LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES: El señor Juez A Quo no valoró aplicar el artículo N.° 73.2.4 en cuanto al desempeño de su representada en el proceso judicial para la exoneración en costas cuando falló sin lugar la demanda. Su cliente en el proceso siempre actuó de buena fe, con transparencia, respeto y consideración no solo hacia el señor Juez sino hacia todos los presentes, como a continuación se detalla: Primero: La actora acudió a instancias judiciales a demandar a los involucrados en este proceso por cuanto el informe del perito contratado al efecto concluyó en un peligro inminente y directo a los bienes materiales de su vivienda, así como a la integridad física de ella y demás personas que habitan. La actuación de su representada no fue antojadiza, sino motivada por los resultados del informe pericial contratado. Segundo: En la primera convocatoria a audiencia oral fijada por el señor Juez de primera instancia, la posición de su cliente fue conciliar, para lo cual se acordó nombrar un perito judicial para que se valoraran opciones posibles a efectos de solucionar el problema integral del talud existente en la propiedad de las demandadas. Como consta en el expediente incluso se acordó asumir un 50% cada parte para pagar los costos profesionales del perito que se designara (audiencia celebrada el 30 de agosto del 2022 y ver resolución de nombramiento del perito judicial, imagen electrónica del expediente del 29/09/2022, 13:24:37). Tercero: Cuando se fijó nuevamente a audiencia oral, por segunda ocasión, su representada manifestó su anuencia a conciliar e incluso ofreció asumir el pago del material rocoso necesario para los taludes, conforme lo indicado en el peritaje judicial. La parte demandada rechazó la propuesta. Como se iba a ampliar la demanda se determinó finalizar la primera y completado el proceso, citar a audiencia oral (imagen en expediente electrónico del 30/03/23 a las 09:55:28). Cuarto: En la audiencia oral y final celebrada el 31 de octubre del 2023, nuevamente el señor Juez efectuó un llamado a conciliar y su representada aceptó, sin embargo, luego de la deliberación, los demandados la rechazaron (imagen electrónica de misma fecha a las 10:10:06). Quinto: No existió por parte de su cliente y dicha representación ninguna gestión dilatoria en el proceso judicial, ello se puede observar y comprobar en el expediente ad effectum videndi. Sexto. Tampoco se reclamaron peticiones desmedidas no susceptibles de solucionar, únicamente la petitoria lógica ante un proceso de esta naturaleza. Se rechaza agravio: El artículo 73.1 del Código Procesal Civil, establece como regla la condena al vencido al pago de costas. Como consecuencia, dicha repercusión económica emerge de forma objetiva, sea por el solo hecho de haber perdido el litigio. Contrario a lo anterior, la exención prevista en el numeral 73.2 del mismo cuerpo de leyes es facultativa, nótese que el legislador dispuso que "Se podrá eximir..." y razonada. En el caso concreto, es criterio de esta autoridad que, no se cumple con los presupuestos alegados por la parte recurrente. La sentencia venida en alzada se declaró sin lugar, por cuanto, la parte actora no colinda con las codemandadas Heidy y Karla ambas de apellido Sáenz Brenes, y en cuanto al codemandado Carlos Sáenz Zúñiga, el peritaje rendido por el ingeniero Alejandro Jaramillo Luconi, el cual no fue objetado en la instancia precedente por la parte recurrente, es claro en establecer que, el material trasladado a su propiedad no representa ningún peligro para la propiedad de la parte actora. Como consecuencia, se obligó a la parte demandada a acudir a un proceso judicial, lo que evidentemente le ha generado gastos, en razón de un conflicto infundado y, en ese sentido, la sanción en costas debe mantenerse.

PARTE DISPOSITIVA:

En los términos expuestos por este tribunal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia N.° 2023000294 de las 11:19 horas del 1° de noviembre de 2023, la que se confirma. Devuélvase la carpeta electrónica a su oficina de origen. NOTIFÍQUESE.

Alexander Somarribas Tijerino Karla Gabriela Montiel Chan Alberto Juárez Gutiérrez Jueces/Jueza 

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      • Código Procesal Civil Art. 73.1
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