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Res. 06418-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 13/12/2023
OutcomeResultado
The Court annulled the decision upholding the tobacco-promotion penalty, ordered the claimant removed from the violators registry, and rejected the remaining claims.Se anuló la resolución que confirmó la sanción por promoción de tabaco, se ordenó eliminar al actor del registro de infractores y se rechazaron las demás pretensiones.
SummaryResumen
The Court partially granted the action against the State and annulled the ministerial decision upholding a penalty imposed after cigarette packs with attached lighters were found at Pulpería Nataly. Although it determined that the inspectors were properly vested as health authorities and that the sanctioning decision had been digitally signed, it found that the Ministry of Health had not adequately explained its decision. The Administration failed to consider the exception in Article 12(b) of Law No. 9028 concerning direct promotion between seller and buyer at the point of sale. Testimonial evidence established that distributors had delivered the products, which remained beyond consumers’ reach and outside their view. Because this omission constituted a defect in the decision’s grounds, the Court annulled Resolution DM-LC-801-2020 and ordered the claimant removed from the registry of violators. It rejected the remaining claims, including damages, and awarded procedural and attorney costs to the claimant.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda contra el Estado y anuló la resolución ministerial que confirmó una sanción por encontrar cajetillas de cigarrillos con encendedores adheridos en la Pulpería Nataly. Aunque reconoció que quienes efectuaron la inspección estaban debidamente investidos como autoridades de salud y que la resolución sancionatoria había sido firmada digitalmente, concluyó que el Ministerio de Salud no motivó adecuadamente su decisión. La Administración omitió analizar la excepción del artículo 12 inciso b) de la Ley N.º 9028, relativa a la promoción directa entre vendedor y comprador en el punto de venta. La prueba testimonial acreditó que los productos habían sido entregados por los distribuidores, permanecían fuera del alcance de los consumidores y no podían ser vistos por estos. Por ese vicio en el motivo, se anuló la resolución DM-LC-801-2020 y se ordenó eliminar al demandante del registro de infractores. Se rechazaron las demás pretensiones, incluidos los daños y perjuicios, y se impusieron las costas al Estado.
Key excerptExtracto clave
In accordance with the preceding considerations, this claim is granted. As stated above, in this case the Ministry of Health authorities did not adequately state the grounds for the administrative acts at issue because they did not weigh the exception contained in Article 12(b) of Law No. 9028, concerning one of the permitted forms of advertising, promotion, or sponsorship of tobacco-derived products—namely, when such activity takes place at the point of sale directly between seller and buyer. Based on the testimonial evidence admitted in the proceedings, which this Court finds fully credible under the rules of sound rational judgment, the Court is firmly convinced that the packs found at Pulpería Nataly had been delivered by cigarette distributors that morning when they supplied the products for sale, and that they were beyond consumers’ reach and in a place where consumers could not see them, as the inspector himself stated before this Court. The Court therefore annuls the challenged decisions because they did not analyze or provide a reasoned assessment of the exception in Article 12(b) of Law No. 9028. That exception is further developed by a specific protocol in the Regulation and permits direct promotion between seller and consumers. Accordingly, this Chamber partially grants this claim in favor of the claimant and declares Resolution DM-LC-801-2020 absolutely null due to a defect in its grounds. The claim regarding Resolution DM-RM-2921-2020 is rejected because that resolution established a general moratorium inapplicable to the claimant in view of the interim relief granted in his favor. The defense of lack of legal entitlement is rejected as to the claims granted and upheld as to the claims rejected. The action brought by JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA against the STATE is partially granted. Resolution DM-LC-801-2020, issued at 8:05 a.m. on March 30, 2020, is annulled, and the Ministry of Health is consequently ordered to remove the claimant from the registry of violators of Law No. 9028. All other claims are rejected. Procedural and attorney costs are awarded to the claimant, together with interest from the time their amount is determined until actual payment. Let notice be given.Conforme a los considerandos anteriores, se declara con lugar esta pretensión. Tal y como se indicó supra, en este caso las autoridades del Ministerio de Salud, no motivaron adecuadamente los actos administrativos en cuestión, toda vez que no ponderaron la excepción contenida en la Ley N° 9028 art. 12 inciso b), en relación a una de las posibilidades existentes para realizar publicidad, promoción o patrocinio de productos derivados de tabaco, en este caso, cuando tal actividad se efectuá en el punto de venta de forma directa entre el vendedor y el comprador. De la prueba testimonial, evacuada en los autos, y que le merece plena credibilidad a este Tribunal, y a la luz de la sana crítica racional, se tiene la plena convicción que las cajetillas encontradas en la pulpería Nataly habían sido entregados por los distribuidores de los cigarros en horas de la mañana al momento de hacer entrega de los productos para la venta, y éstos estaban fuera del alcance de los consumidores y en un lugar en donde no podían ser visto por éstos, según así lo manifestó ante este Tribunal el fiscalizador, razón por la cual, este Colegio se ha inclinado en declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas toda vez que en estas no se analizó ni ponderó de forma motivada la excepción contenida en la Ley N° 9028 art. 12 inciso b), que incluso se encuentra desarrollada con un Protocolo específico en el Reglamento, que permite la promoción directa entre el vendedor y los consumidores, a modo de excepción prevista en la propia legislación, razón por lo cual esta Cámara ha declarado con lugar esta pretensión -parcialmente- a favor de la parte demandante y declarando la nulidad absoluta por vicio en el elemento motivo, de la resolución DM-LC-801-2020 y se rechaza en cuanto a la resolución DM-RM-2921-2020, correspondiente a una moratoria general no aplicable a la parte demandante, en razón de la medida cautelar acogida a su favor. Se rechaza la excepción de falta de derecho en cuanto a las pretensiones que se acogen y se acoge la excepción en cuanto a las pretensiones rechazadas. Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA en contra del ESTADO. Se acoge la nulidad de la resolución DM-LC-801-2020 de las ocho horas y cinco minutos del día 30 de marzo de 2020 y en consecuencia se ordena al Ministerio de Salud que elimine al demandante del registro de infractores a la ley 9028. Las demás pretensiones se rechazan. Son las costas procesales y personales a favor de la parte demandante y los intereses desde su determinación hasta su efectivo pago. Notifíquese.-
Pull quotesCitas destacadas
"Los actos de los dependientes obligan a su principal en las operaciones que les estuvieren encomendadas expresamente."
"The acts of employees bind their principal in operations expressly entrusted to them."
Considerando VIII
"Los actos de los dependientes obligan a su principal en las operaciones que les estuvieren encomendadas expresamente."
Considerando VIII
"Sin embargo, en este caso, si bien la testigo señaló que esos productos se habían adquirido para su venta, ello no desvirtúa la tesis de la parte demandante en cuánto a que esos productos no estaban siendo ofrecidos directamente al público, y que correspondían a la excepción de la normativa ya señalada."
"However, although the witness stated that those products had been acquired for sale, that does not disprove the claimant’s position that they were not being offered directly to the public and fell within the previously identified regulatory exception."
Considerando VIII
"Sin embargo, en este caso, si bien la testigo señaló que esos productos se habían adquirido para su venta, ello no desvirtúa la tesis de la parte demandante en cuánto a que esos productos no estaban siendo ofrecidos directamente al público, y que correspondían a la excepción de la normativa ya señalada."
Considerando VIII
"De la revisión de la documentación consta que el documento en cuestión fue firmado de forma digital, motivo por el cual se rechaza esta pretensión."
"A review of the documentation shows that the document in question was digitally signed; this claim is therefore rejected."
Considerando IX, segunda pretensión
"De la revisión de la documentación consta que el documento en cuestión fue firmado de forma digital, motivo por el cual se rechaza esta pretensión."
Considerando IX, segunda pretensión
"En este caso, no hubo daños y perjuicios directos derivados de las resoluciones citadas, toda vez que como consta en los resultandos de esta resolución, la pulpería en cuestión nunca estuvo cerrada, sin que además se hayan acreditados daños directos en nexo de causalidad a la luz de la LGAP, artículos 190 y siguientes."
"In this case, the cited decisions caused no direct damages because, as the procedural history shows, the store was never closed, and no direct harm linked by causation was established under Articles 190 et seq. of the General Public Administration Law."
Considerando IX, quinta pretensión
"En este caso, no hubo daños y perjuicios directos derivados de las resoluciones citadas, toda vez que como consta en los resultandos de esta resolución, la pulpería en cuestión nunca estuvo cerrada, sin que además se hayan acreditados daños directos en nexo de causalidad a la luz de la LGAP, artículos 190 y siguientes."
Considerando IX, quinta pretensión
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CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF:
JOSE RAMON ARGUEDAS MATARRITA DEFENDANT:
THE STATE Nº N° 2023006418 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight thirty-three a.m. on trece de Diciembre del dos mil veintitres.- ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO), brought by JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA, of legal age, Costa Rican, twice married, identification card 6-02290-0173, resident of Puntarenas, Osa, Piedras Blancas, Santa Rosa, represented by lead counsel CAROLINA HERRERA ALVARADO, of legal age, attorney, identification card 1-1054-0134, bar membership number 12133, against THE STATE, represented by State Attorney BERNARDO LARA FLORES, of legal age, attorney, married, identification card 105980797, and
WHEREAS:
“1. That inspection report INS-TA-07-19-295-2019 be declared absolutely null and void because it was carried out by persons who had not been duly appointed as Civil Service Inspector 1 officers and therefore lacked administrative authority (investidura administrativa), since it was prepared by UNA students under an interinstitutional agreement that, by its nature, does not permit functions belonging to MINISTERIO DE SALUD to be delegated to students.
2. That decision DM-RM-2029-2020 be declared absolutely null and void because it lacks the signature of Dr. Christiam Valverde Alpízar and is based on inspection INS-TA-07-19-295-2019.
3. That decisions DM-RM-2921-2020 and DM-LC-801-2020 be declared null and void due to insufficient reasoning and the failure to interpret article 12 of ley 9028.
4. That Ministerio de Salud be ordered to remove the undersigned from the registry of violators of ley 9028, so that it cannot prevent the renewal of operating permits. (See the brief reformulating the complaint and the statements made during the preliminary hearing).
5. That the state (sic) be ordered to pay the damages caused by the the (sic) cited decisions. (Withdrawn at image 123 of the digital case file).
6. That the state (sic) be ordered to pay the attorney’s fees and litigation costs of this ordinary proceeding.” (Digital case file and relief as revised according to the preliminary hearing record. Listen to the preliminary hearing.). (Note: In addition, during the trial hearing, the State Attorney stated that the party had incorrectly referenced the decision that was to be annulled).
He was also informed that: “If the alleged offender’s violation is proven, the sanction indicated above shall apply, and all matters shall be decided by the Decision-Making Body (Órgano Decisor), constituted pursuant to artículo 44 del reglamento a la ley 9028 by the Regional Director, Dr. Christian Valverde Alpízar, after the report issued by the Directing Body (Órgano Director), which, under the same provision, is composed of MLA. Eduardo A. Segura Vargas, who presides, Licda. Marilyn Jiménez Mora, and Licda. Jovita López Morera. Acting in that capacity and pursuant to artículos 51 y siguientes del Reglamento a la Ley 9028, 227, 282.3, 297 y 300 de la Ley General de la Administración Pública, they shall conduct the proceedings, analyze the evidence under the principle of reasoned sound judgment (sana crítica racional), and report in due course to the Decision-Making Body for the appropriate action.
The case file is available to you at the headquarters of the Directing Body, namely the Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección Regional de Rectoría del Ministerio de Salud en la Región Brunca. (....)” The decision bears the signatures of MLA. Eduardo A. Segura Vargas, Licda. Jovita López Morera, and Licda Marilyn Jiménez Mora. (Interim-relief case file, images 150-152).
He stated that the concepts were being applied incorrectly in this case because of the penalty or sanction imposed, since it is one of the most serious sanctions, amounting to ten base salaries (salarios base), greater than many others, as it was intended to punish promotion—understood as inducement or advertising—and not the commercial act of making an offer or providing a gift, such as giving away a lighter; he indicated that imposing a sanction pertains to more serious matters, in accordance with the principle of proportionality (principio de proporcionalidad). He stated that the proper course was to apply Ley 9028 art. 12 párrafo segundo inciso a) y b ). He noted that, in this case, “promotion” was being confused with an “offer or gift.” He further specified: “The mere act of offering an item is outside the legislature’s intent and even implies (sic) restrictions on the commercial act of selling, which are clearly regulated by the OMC as a prohibited practice.” Finally, he requested that the proceeding be declared null and void and that the case be closed (archivo). (Interim-measure case file (Expediente de medida cautelar), images 155-162).
In this case, a lighter is attached to the cigarette pack as a ‘hook’ to induce the tobacco consumer to increase their purchase or prefer the product; and although the law does not refer to it as ‘bundling’ (‘bandeo,’ the name by which this commercial practice is commonly known), such conduct is nevertheless prohibited because it constitutes the promotion of tobacco products and therefore violates the provisions transcribed above. Accordingly, Mr. Arguedas Matarrita’s arguments in support of his position that he has not violated the law and his request that the administrative act (acto administrativo) be declared null and void cannot be accepted. It must be recalled that an act may be declared null and void only when, under artículos 158, 165, 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública, one or more of its constituent elements are entirely absent, either factually or legally, or one of those elements is defective, none of which has occurred in the case at bar (sub júdice).
It must likewise be recalled that evidence introduced in a proceeding—this or any other, whether judicial or, as in this case, administrative—must be assessed under the principle of reasoned sound judgment (principio de la sana crítica racional), since this forms part of the constitutional guarantee of due process of law (debido proceso de ley) enshrined in norma 39 constitucional. In other words, in contrast to the former extreme liberal or inquisitorial mechanisms for weighing evidence (free assessment of evidence and prescribed evidentiary weight), there stands the principle of ‘reasoned sound judgment,’ which subjects the intellectual operation of assessing evidence to the elements or rules of logic, psychology, and experience. It requires a reasoned analysis of the evidentiary elements (elementos de convicción), subject to the aforementioned rules, and a statement and explanation of the grounds supporting the final decision, whichever way it is decided.
In that regard, Mr. Director, based on those elements, it is clear to the Directing Body (Órgano Director) that, on the date and at the times stated in the health inspection report at folio 0005, tobacco products were found at the commercial establishment ‘Pulpería Nataly’ in Piedras Blancas de Osa, operated by Mr. José Ramón Arguedas—specifically, cigarette packs to which ‘lighters’ had been attached as a promotional item, as shown in the photographs reproduced herein—thereby establishing a violation of provisions 12 de la ley 9028 y 16 de su reglamento cited above. Consequently, the sanction prescribed for such conduct by ley 9028 en su artículo 36 inciso d) sub inciso v is applicable, namely, ten base salaries (cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos -¢4.462.000.00-), in accordance with Circular CSJ 174-2018 de la Corte Suprema de Justicia. Pursuant to artículo 38 de la ley, the respondent (accionado) must deposit that fine on behalf of the State into the bank account designated by that Directorate, within the non-extendable period of treinta días following notification of the resolution ordering payment.” Notice was served on 4 de noviembre de 2019. (Expediente de medida cautelar images 166-170 and 171).
Following an analysis of the administrative record (expediente administrativo), it was determined that on 02 de setiembre del 2019, when an inspection visit was conducted at the commercial establishment known as “Pulpería Nataly,” represented by Mr. José Ramán Arguedas Matarrita, 17 packs of Pall Mall cigarettes were found with lighters attached to promote the product. Such conduct violates Article 12 of Ley 9028 and Article 16 of Reglamento Ejecutivo No. 37185-S-MEIC-MTSSMP-H-SP, which provide: “(12) Advertising, promotion, and sponsorship.—Any form of advertising, promotion, or sponsorship of tobacco products and their derivatives is prohibited. (16) Advertising, promotion, and sponsorship. Any form of advertising, promotion, or sponsorship of tobacco products and their derivatives is prohibited.” // 3. This Office cannot accept the assertions made by Mr. José Ramón Arguedas Matarrita in his appeal, because it was established, according to the Health Report (Informe Sanitario) dated 02 de setiembre del 2019, that during the visit conducted by the health authority, 17 packs of Pall Mall cigarettes were found with lighters attached to promote the product, and tobacco regulations prohibit both the promotion and advertising of tobacco products and the sponsorship of any activity by or involving tobacco products and their derivatives.
Thus, in this case, attaching a lighter to a pack of cigarettes as a gift, added benefit, or strategy to persuade consumers to purchase or prefer a particular tobacco product or brand of cigarettes constitutes a form of promoting those products, and such conduct is prohibited under the regulations at issue.// With regard to the appellant’s assertions, it should be noted that, under the aforementioned legislation, keeping tobacco products with an attached gift at the establishment, thereby encouraging consumers to purchase or prefer a particular tobacco product or brand of cigarettes in order to obtain the gift (lighter), in a grocery store to which minors are permitted access at any time, and in view not only of consumers but of all customers entering the establishment, whether or not they are consumers, constitutes a form of promoting those products. One of the objectives of Ley 9028 and its Regulations is to reduce the consumption of products made from tobacco and its derivatives because of their harmful effects on human health, as well as to prevent people’s exposure to the advertising and promotion of tobacco products.
It is important to reiterate to the appellant that, as established in Articles 39 and 46 of Ley 9028 and its Regulations, respectively, the type of proceeding applicable to tobacco violations is the summary proceeding (Procedimiento Sumario): “(39) All proceedings and actions under this Law shall be processed in accordance with the summary proceeding established in the Ley General de la Administración Pública.” “(46).—For the exercise of the powers assigned to the Ministry of Health and in order to ensure the greatest effectiveness and efficiency in processing matters related to violations of the Law and its regulations, the Summary Proceeding established in Chapter Two of Title Six of the Ley General de la Administración Pública shall apply, as provided in Article 39 of the Law.” // 5. By virtue of the foregoing, Mr. José Ramón Arguedas Matarrita, for having violated Article 12 of Ley 9028, “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud,” as well as Article 16 of its Regulations, Decreto Ejecutivo No. 37185-5-MEIC-MTSS-MP-H-SP, by promoting tobacco products (keeping 17 packs of Pall Mall cigarettes with attached lighters), is subject to the monetary penalty (sanción pecuniaria) prescribed in Article 36, subsection d), subparagraph v), namely: a fine of ten (10) base salaries, which as of the date of the violation is equivalent to ¢4,462,000.00 (four million four hundred sixty-two thousand colones), to be deposited into Current Account N° 100-01-202-000010-0, Customer Account No.15120210010000104, both held at Banco Nacional de Costa Rica.
POR TANTO THE MINISTER OF HEALTH HEREBY DECIDES: Based on the factual and legal matters analyzed and pursuant to Articles 11, 21 39, 41, 50, and 129 of the Constitución Política; Articles 1, 2, 3, 4, 7, 37, and 349 of the Ley General de Salud; Articles 12 and 36, subsection d), subparagraph v), of Ley 9028, “Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”; and Article 16 of its Regulations, Decreto Ejecutivo No. 37183-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, the appeal filed by Mr. José Ramón Arguedas Matarrita, legal representative of the commercial establishment known as “Pulpería Nataly,” located in Piedras Blancas de Osa, Puntarenas, 500 meters south of the school, against Decision No. MS-DRRSBRU-2029-2019 at nine hours and fifteen minutes on veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, signed by Dr. Christian Alpízar Valverde, Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca, in his capacity as Decision-Making Body (Órgano Decisor) in the Summary Administrative Proceeding (Procedimiento Administrativo Sumario), is hereby DENIED as unfounded, because it was established that Mr.
José Ramón Arguedas Matarrita violated the regulations when it was determined that tobacco-product promotion was being conducted at the establishment.//Accordingly, the provisions of the decision challenged herein are affirmed, and Mr. José Ramón Arguedas Matarrita, in his capacity as legal representative of the commercial establishment known as “Pulpería Nataly,” is required to deposit into Banco Nacional de Costa Rica Current Account N” 100-01-202-000010-0, Customer Account N*15120210010000104, in favor of the Ministry of Health, the sum of ¢4,462,000.00 (exactly four million four hundred sixty-two thousand colones) for each violation. Once the deposit has been made, he must submit to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca a copy of the proof of payment issued by the bank. The Director of the Área Rectora de Salud de Osa is instructed that, if within a maximum period of 30 business days from service of this decision the appellant has not complied with the monetary penalty hereby affirmed, the Director shall take the appropriate steps to close the commercial establishment at issue herein, known as “Pulpería Nataly,” pursuant to the final paragraph of Article 36 of Ley 9028.” Served on 4 de mayo de 2020. (Precautionary-measure file (expediente de medida cautelar), images 177-183 and 184).
She and her husband support themselves with the income they earn from the business. She stated that the product came “bundled,” that they separated it and left it on the counter, and instructed them to sell the items separately. In response to the Attorney General’s questions, she stated that she does have experience receiving deliveries from suppliers. She received the cigarette representative. She stated that those cigarettes are purchased for sale to the public. In response to the Court’s questions, she stated that the cigarette representative arrived at approximately 9 or 10 am and the Ministry of Health officials at approximately 2-3 pm. Her husband arrived more or less while they were conducting the inspection. She recalls three Ministry of Health officials. One was Erick and the young woman was Andrea; she does not recall their surnames and does not recall having seen them previously.
She does not recall whether they left an official report (acta), or whether she or her husband received it. She spends little time in the grocery store and is there to help her husband. The grocery store is located in the same house. It does not have a separate entrance door. The boxes were under the counter. The cigarettes had a lighter attached. It was attached with tape. She does not recall whether those lighters bore cigarette branding. She answered in the negative when asked whether that brand customarily included lighters with the cigarettes. She stated that she did not know whether they had been attached by someone else. (Testimony given during the public oral trial hearing (audiencia de juicio oral y público).)
They inspected the cigarettes there, and there were also other cigarettes in a small cardboard box, rolls and other rolls with lighters attached. These were taken out and placed on the counter, and the person was told that this constituted product promotion because the cigarette pack came with a lighter attached. The appropriate course of action was to prepare the report, take photographs, separate them, and photograph the products individually, since they could not be confiscated because the pack complied with all Ministerio de Salud requirements: the product itself was compliant, properly labeled, and current. An official record (acta) was therefore prepared for product promotion. The information was delivered to the Administración Regional Brunca. For transportation, vehicles were rented, and they were given one vehicle per week, which they used to visit the establishments. When entering establishments, we carried an identification card issued by the Ministerio de Salud, which had an expiration date.
One would arrive with the credential. In this case, we identified ourselves as officials of the Ministerio de Salud. Regarding entry, we requested permission because it was necessary to enter the checkout area, where money and personal belongings are kept. There was no resistance. We did request permission. If nothing irregular is found, an official record of the visit is prepared. In this case, however, there was a promotion, which is not permitted. We became aware of it after going behind the counter and inspecting the cigarettes on the display rack (góndola). The box was open and in plain view. It was not visible to consumers, but that did not mean that they were not going to sell the products. We did ask whether they were for sale, and they indicated that they would eventually sell them. The report was prepared, a copy was given to the gentleman, and the remainder was submitted to the regional office, which then continued the proceedings.
We did find other similar items at other locations. It is difficult to say whether they came from the supplier or from the people at the establishments, but the same promotion was indeed found at other establishments. He reiterated that, in this case, the box was open and in plain view behind the counter. He stated that the plaintiff was present. When they arrived, the woman was there; I do not clearly recall whether he was sitting outside or inside the house. He asked the woman who was at the neighborhood grocery store at that time for permission. In response to questions from the plaintiff, he stated that the box was visible to the people who were behind the counter, in the interior area, inside the small cardboard box. He stated that he did not know the term used in practice for attaching one product to another. He denied having heard the word “bundling” (“bandeo”). When asked about the practice of attaching one product to another, he stated that it is classified as product promotion.
Yes, attaching a lighter or headphones to a cigarette pack is considered “promotion,” and it is prohibited by law. When asked about certain photographs shown to him by the Court, he stated that he did not remember. He then stated that the cigarettes were inside there. He recognized the display rack and confirmed that he entered the area behind the counter. There was no other way to access the display rack. Regarding the photographs showing the cigarette packs and lighters, he stated that he did take that photograph and that those were the packs with the lighters. He did not specify the time at which they arrived but stated that it was recorded in the report that was prepared. They merely conduct inspections, and if everything is in order, that is recorded. When they find something, they prepare the report and forward it to the regional office. (Testimony given during the public oral trial hearing).
SOLE FACT: The existence of damages (daños y perjuicios) causally connected to the administrative acts (actos administrativos) at issue in these plenary proceedings (proceso de conocimiento). (The case record (Los autos)).– V) ARGUMENTS OF THE PARTIES: A) CLAIMANT’S ARGUMENTS: The claimant, José Ramón Arguedas Matarrita, stated in his complaint (demanda) and in his arguments during the oral and public trial hearing (audiencia de juicio oral y público) that his wife was alone attending to Pulpería Nataly on 2 September 2019, and that on that day she received merchandise from the tobacco distributors, which she placed inside the counter, an area accessible only to the managers, because her husband is responsible for setting the prices. Five minutes after the delivery truck left, an unmarked vehicle arrived, from which two persons emerged and identified themselves as inspectors from the Ministerio de Salud—under Ley N° 9028—and gave their names as Erick Molina Vargas and Andrea Durán.
They entered the interior portion of the business, which is not open to the public, and, within the checkout area, removed from the lower shelves—which they stated were closed—a brown cardboard box containing several packs of Pall Mall cigarettes to which lighters had been attached, a practice known colloquially as “bandeo.” The box was placed on the counter of the grocery store, and they photographed the items. Those officials stated that the products could not be sold in that manner, proceeded to separate them, prepared an inspection report (acta de inspección), and then left. On 19 November 2019, the Ministerio de Salud, Región Brunca, established a governing body for the sanctioning proceeding (órgano director del procedimiento sancionatorio), composed of Eduardo A. Segura Vargas, Jovita López Morera, and Marilyn Jiménez Mora, in connection with the inspection conducted at Pulpería Nataly, for having violated the article, issuing the notice of charges (traslado de cargos) by means of the decision served on 24 September 2019, which was opposed in a filing submitted on 27 September 2019.
Dr. Christian Valverde Alpízar, Director Regional de la Rectoría de Salud, Región Brunca, issued decision MS-DRRSBRU-2029-2019 at nine hours fifteen minutes on 29 October 2019, imposing a fine of four million four hundred sixty-two thousand colones and granting a period of 30 business days for payment. He challenged the fact that the proceeding was summary in nature (sumarísimo), that the rejection of his arguments was not supported by reasons, and that the penalty established in Ley 9028, (art. 16), was imposed upon him. This decision was sent to the designated email address on Monday, 4 November 2019, and he noted that it lacked the corresponding signature. An appeal (apelación) was timely and properly filed with the Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, on 6 November 2019. The Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza, denied the appeal by decision DM-LC-801-2020, issued at eight hours and five minutes on 30 March 2020, on 4 May 2020.
The decision stated that merely keeping tobacco products to which a lighter had been attached constituted a violation of art. 12 of Ley N° 9028. In that decision, which does bear the Minister’s digital signature, he ordered payment of the fine within 30 business days and instructed the Director del Área de Salud de Osa to proceed with the commercial closure (clausura comercial) of Pulpería Nataly once the deposit had been made. They thereafter sought relief before this Court, and the acts of the Ministerio de Salud were stayed. In his closing arguments, he stated that Ley 9028 was enacted for the purpose of limiting tobacco consumption. Beginning with the consultation conducted before the Sala Constitucional for the enactment of that law, it had been argued that the law restricted individuals’ right to engage in commerce, pursuant to article 12 of that same law, with respect to tobacco products and their derivatives.
He noted that the action was dismissed; however, he emphasized that the Sala Constitucional did state that the provision does not impose a complete prohibition on advertising. For the Ministry, all advertising is prohibited, which is contrary to the provision; he noted that this is contrary to the legislature’s intent and to article 12 of Ley 9028, because the provision excepts advertising, promotion, and sponsorship, provided that it is conducted: “a) Inside places and at events where access is restricted exclusively to adults and which are not spaces declared one hundred percent (100%) smoke-free by this law. // b) By means of direct communication with sellers and consumers of tobacco products, in accordance with the protocol established in the regulations implementing this law.” In this case, the products were neither visible nor accessible to just anyone, and therefore article 12 of the law was not violated, since the place where the products were kept was accessible only to the managers.
Thus, they were neither visible nor accessible to just anyone, and article 12 of the law—the provision on which the penalty against the claimant was based—was therefore not violated. This was not a minor penalty: although there are lesser penalties amounting to 15% of a base salary, the amount then rises to 30%, then to 50%, and finally to the most serious penalty, which was the one imposed on my client, amounting to ten base salaries, equivalent to four million four hundred sixty-one thousand colones. The fine was intended to apply to commercial companies, which was why the penalty was so high; nevertheless, the Ministerio de Salud has been imposing this penalty on small grocery-store owners, who depend on the daily proceeds of their grocery stores, causing serious harm to those individuals. He noted that the financial statements submitted together with the application for interim relief (medida cautelar) are in fact part of the record.
Separately, the inspectors did not meet the statutory requirements; in this case, their employer was the Universidad Nacional, and they therefore lacked official authority (investidura), even though consent had been given because they were believed to be duly authorized persons conducting a routine inspection. Had they suspected that they were violating a law, they would not have allowed them access. As another defect, he stated that one of the decisions issued by the authorities of the Ministerio de Salud lacked the corresponding signature and that this penalty would cause harm of such magnitude that it would force him to close the business. He reiterated the requested relief (pretensiones) and asked that the State be ordered to pay procedural costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales). B) THE STATE’S ARGUMENTS.- The State’s representatives opposed the complaint and argued, both in their timely and properly filed answer and during the trial hearing, that duly accredited officials of the Ministerio de Salud did in fact appear at the commercial establishment, where the claimant himself stated that lighters were attached to the packs of Pall Mall cigarettes, a circumstance observed by the Ministerio de Salud officials Andrea Durán Sánchez and Erick Molina Vargas, the latter appearing as a witness in this proceeding.
Dr. Christian Valverde Alpízar did in fact issue decision MS-DRRSBRU-2029-2019 at 9:15 hours on 29 October 2019, and it was served at the designated email address on 4 November 2019; the State noted that the signature on the decision in question appears in the administrative record (expediente administrativo). An appeal was filed against that decision and was denied by the Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, in decision DM-LC-801-2020, issued at eight hours and five minutes on 30 March 2020, rejecting the claimant’s arguments. It stated that the closure of the business was not carried out because of the interim relief sought by the claimant and granted by this Court pending the decision on the merits. The State Attorney (Procurador) raised the defense of lack of legal entitlement (excepción de falta de derecho), noting that the Health Report (Informe Sanitario) of 2 September 2019 duly established that the claimant had offered for sale at his commercial establishment 17 packs of Pall Mall cigarettes with lighters attached, thereby promoting the product and violating the tobacco regulations, which prohibit both the promotion and advertising of tobacco products and their derivatives.
The violation occurred because a lighter had been attached to the pack of cigarettes as a gift, bonus, or strategy to persuade consumers to purchase or prefer a particular tobacco product or brand of cigarettes, as well as through the sponsorship of any activity by means of, or involving, lighters. This constitutes a violation of article 12 of Ley N° 9028 and article 16 of its Reglamento, whose purpose is to reduce consumption of products originating from or derived from tobacco. He therefore requested that the defense of lack of legal entitlement be upheld and that the claimant be ordered to pay costs and interest thereon until fully paid. The measure adopted by the Ministerio de Salud was intended to deter smoking, and the State noted that the Administration’s actions complied with the law. In closing arguments, it stated, with respect to claim N° 1, that although the claimant alleged that the persons who conducted the inspection were not officials of the Ministerio de Salud, they were in fact duly authorized pursuant to executive decrees DM-JG-1489-2018, published in La Gaceta N°91 on 24 May 2018, DM-JG-1338-2019 of 7 February 2019, published in La Gaceta N° 75 on 24 April 2019, and DM-JG- 5602-2020, published in La Gaceta N° 218 on 9 November 2020.
Those decrees authorized the personnel hired by the Ministerio de Salud to conduct the inspections referred to by the State’s witness. It stated that the contracting company rented the vehicles used by these persons and that they were not Ministerio de Salud vehicles. Accordingly, it argued that these persons’ actions were duly authorized. With respect to the decision allegedly lacking a signature, it corrected the decision number and stated that the duly signed decision in question appears at folio 25 of the administrative record. The fact that, possibly because of a clerical error, the document was sent without the signature does not render it invalid, because the original does bear the signature. With respect to the other claims alleging a lack of supporting reasons (falta de fundamentación), the claimant did not specify what that alleged deficiency consisted of. The claimant also challenged the suspension, due to COVID, of the collection of the penalty imposed administratively.
The State Attorney stated that the report established the existence of packs of cigarettes with attached lighters, which is prohibited by Ley N° 9028 under art. 12 and the Reglamento (art, 16), decree N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, which establish that promotion, advertising, and sponsorship of tobacco products and their derivatives are prohibited. The procedure established in art. 39 of Ley N° 9028 provides for the summary procedure (procedimiento sumario) applicable to the imposition of fines. Based on that and on the testimony of witness Zúñiga, who stated that the ultimate purpose was consumption and that what occurred in this case was not merely a commercial offer, it was argued that product promotion may be conducted only by the distributor directly to the consumer. The law does not draw the distinction asserted by the claimant to the effect that the penalty applied to commercial companies.
Furthermore, with respect to the allegation that the officials supposedly lacked official authority, the State argued that the Ley General permits the conferral of official authority in various circumstances and that officials need not necessarily be covered by the civil service system in order to serve as such.
It clarified that the Constitutional Chamber decision referenced by the party found no constitutional defects; therefore, the arguments raised are without merit, and it requested that the complaint be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay costs and interest. Finally, it stated that no damages have occurred because the business has remained open to this day.
This legislation also governs the measures that the State will implement to give effect to the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Law No. 8655 of July 17, 2008, for the purpose of controlling tobacco use and reducing its prevalence, as well as exposure to tobacco smoke, and it repealed the previous legislation governing the subject. Thus, the objectives contemplated by this legislation are: a) To reduce the consumption of tobacco products.// b) To minimize people’s exposure to the harmful effects of smoke from tobacco products. // c) To reduce the health-related, social, and environmental harm caused by tobacco use. // d) To prevent the initiation of tobacco use, especially among children and adolescents. // e) To promote health promotion and education, as well as the dissemination to present and future generations of knowledge concerning the risks attributable to the consumption of tobacco products and exposure to tobacco smoke. // f) To combat the illicit trade (comercio ilícito) in these products.
(art. 2). This legislation seeks affirmative action (acciones afirmativas) by the State through comprehensive care projects and programs, by means of which the State guarantees consumers the provision of appropriate services and treatments to combat addiction to tobacco products. (art. 3). Of relevance to this decision is the fact that the legislation itself defines a series of terms, a legislative-drafting technique that reduces any potential semantic ambiguity and defines concepts precisely for better application of the regulations. Accordingly, insofar as relevant, the following terms shall mean: “a) Tobacco-smoke-free space (espacio libre de humo de tabaco)”: an area in which, for public-policy reasons, consuming tobacco products or keeping them lit is prohibited. // (...) c) Illicit trade: any practice or conduct prohibited by law relating to production, shipment, receipt, possession, distribution, sale, or purchase, including any practice or conduct intended to facilitate such activity. // d) Packaging (empaquetado): consists of the following: 1.- Primary packaging or pack (empaque primario o cajetilla): any container that is in direct contact with the tobacco product for the purpose of protecting it against deterioration, contamination, or adulteration and facilitating its handling. 2.- Secondary packaging or carton (empaque secundario o cartón): any container holding two or more primary packages for the purpose of protecting them and facilitating their marketing until they reach the final consumer.
Secondary packaging is generally used to group several primary packages into a single sales unit. // e) Labeling (etiquetado): labeling or marking (rotulado) means the set of inscriptions, statements, marks, and notices printed on any primary or secondary container holding cigarettes or any tobacco-product derivative. //f) Enclosed place (lugar cerrado): a space covered by a roof and enclosed by two or more walls or sides, regardless of the type of material used or whether the structure is permanent or temporary. //g) Public place (lugar público): a place accessible to the general public or a place for collective use, regardless of who owns it or holds the right of entry. // (...) // i) Health message (mensaje sanitario): warnings directed to consumers and the public concerning the health risks and harm caused by the consumption of tobacco products and exposure to smoke from tobacco products.
They may consist of pictograms, images, statements, and similar items. // j) Tobacco industry (industria tabacalera): includes manufacturers, wholesale distributors, and importers of tobacco products. // k) Tobacco products (productos de tabaco): includes products prepared wholly or partly from tobacco leaves as raw material and intended to be smoked, sucked, chewed, or used as snuff. // l) Tobacco advertising and promotion (publicidad y promoción del tabaco): any form of commercial communication, recommendation, or action having the purpose, effect, or likely effect of directly or indirectly promoting a tobacco product or tobacco use. // m) Tobacco sponsorship (patrocinio del tabaco): any form of contribution to any event, activity, or individual having the purpose, effect, or likely effect of directly or indirectly promoting a tobacco product or tobacco use. //n) Tobacco promotion (promoción del tabaco): any stimulation of demand for tobacco products, which may include advertising and any act intended to attract the attention and arouse the interest of consumers and non-consumers of tobacco products or their derivatives. //(....) p) Consumption-related products (productos relacionados al consumo): articles directly related to the act or rituals of smoking, such as lighters, matches, ashtrays, cigarette cases, and similar items. // q) Tobacco-product sellers (vendedores de productos de tabaco): natural or legal persons engaged in any commercial activity for the purpose of selling tobacco products, their derivatives, and products related to their consumption, either wholesale or retail. // r) Point of sale (punto de venta): for purposes of this law, the cash register or similar checkout location of a commercial establishment. //s) Base salary (salario base): for purposes of this law, “base salary” means the concept used in article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993. // t) Distributor (distribuidor): any natural or legal person, domestic or foreign, de facto or de jure entity, private or public, that, in its own name or on behalf of a third party, for its own account or that of another, habitually engages in the wholesale or retail distribution or marketing of a tobacco product. // (....)”.- (Art. 4).- Chapter II of this legislation, entitled “PROTECTION FROM TOBACCO SMOKE,” prohibits smoking in various places, both public and private, declaring them one hundred percent free from exposure to tobacco smoke.
(art. 5).- It establishes the obligation to display signs referring to the smoking prohibition (art. 6), and requires employers to establish smoking-cessation programs (programas de cesación del fumado); employers shall endeavor to grant the corresponding leave to workers diagnosed with tobacco addiction so that they may attend accredited programs at institutions and overcome their addiction. (art. 7). Chapter III governs the powers and duties of the health authority (autoridad sanitaria) vested in the Ministry of Health, including methods for analyzing tobacco products, measuring the content of tobacco products, requirements for regulating such contents and emissions, and the information that manufacturers must provide to the health authority and the public regarding the ingredients used in tobacco products, in such a manner as to protect manufacturers’ trade secrets and proprietary formulas, among other matters.
(art. 8).- . Chapter IV governs the labeling of tobacco products, providing that: “Every pack and carton of tobacco products shall permanently display, on its external faces or principal exposed surfaces, health messages describing the harmful effects of tobacco, in accordance with this law and its regulations.” The Ministry of Health shall define and approve the health messages and warnings, which must be clear, varied, visible, legible, and in Spanish and must cover the following mandatory areas and percentages of the pack or carton, as well as the other warnings. It further provides that “Manufacturers and merchants of tobacco products may not alter the information appearing on packs and cartons. Nor may they place labels or other materials over such information so as to conceal it.” (art. 9).- Qualitative information concerning the contents and emissions of tobacco products is regulated, and tobacco-product packs or cartons are prohibited from containing terms that promote them in a misleading, false, or deceptive manner.
(arts 10 y 11). Chapter V governs the advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products, clearly and precisely providing that: “ARTICLE 12.- Advertising, promotion, and sponsorship // Any form of advertising, promotion, or sponsorship of tobacco products and their derivatives is prohibited. // The following advertising and promotion are exempt from the prohibition established in the preceding paragraph: // a) Advertising and promotion inside places and at events to which access is restricted to adults and which have not been declared one hundred percent (100%) smoke-free spaces under this law. //b) Advertising and promotion through direct communication with sellers and consumers of tobacco products, in accordance with the protocol established in the regulations to this law.” Chapter VI governs the illegal production and illicit trade of tobacco products, establishing the mandatory obligation to comply with current customs legislation in the importation, manufacture, or marketing of tobacco products and their derivatives of any kind; in the event of unauthorized entry, the Ministry of Health is authorized to destroy the confiscated products.
(art. 13). Likewise, the State shall oversee monitoring, documentation, and control measures concerning storage and distribution in free-trade zones, among other matters. (art. 14), and the Ministry of Finance and its agencies are made responsible for promoting and adopting measures for the tax control (control tributario) of tobacco products for the purpose of combating all forms of illicit trade and smuggling of such products. (art. 15). Chapter VII governs the distribution, sale, and supply of tobacco products, establishing that their sale and supply may take place in certain locations and spaces while being prohibited in others and to minors; it also establishes the obligation that tobacco products may be sold to the public exclusively at checkout counters or points of sale within establishments, so that they are not directly accessible to the final consumer. (art. 16). Minors are likewise prohibited from engaging in the sale or marketing of tobacco.
(art. 17). The trade, distribution, and sale of tobacco products have been regulated by prohibiting the sale of individual cigarettes or cigarettes sold separately, as well as cigarettes in packs containing fewer than twenty cigarettes, and by prohibiting the use of vending or dispensing machines for tobacco products or their derivatives. (art. 18). The manufacture, importation, and sale of food products or toys having the shape or design of tobacco products are also prohibited. (art. 19).
Chapter VIII regulates education, prevention, and cooperation by the health and education authorities in educational and prevention programs. (arts. 20 and 21).- Chapter IX, Articles 22 through 31, addresses the tax on tobacco products. Chapter X regulates oversight, inspection, and penalties, specifying that the Ministry of Health shall regulate, monitor, and inspect full compliance with this law and its regulations in matters pertaining to that field. (art. 32). Articles 33-35 regulate the seizure (decomiso) of prohibited items and tobacco products found unlawfully in the country; the seizure report (acta de decomiso); and the registry of offenders. On this last point, the creation of the National Registry of Offenders is mandated; it shall be administered by the Ministry of Health and shall maintain the history of violations and penalties committed by those who violate this law. Regarding penalties, Article 36 provides that: “Depending on the violation committed, the following penalties shall be imposed: a) A fine equal to ten percent (10%) of a base salary (salario base) on natural persons who smoke in prohibited places. //b) A fine equal to fifteen percent (15%) of a base salary on the responsible persons and senior officials who fail to fulfill the duty to post, in places where smoking is prohibited, notices bearing the phrase ‘Smoking prohibited, tobacco smoke-free environment’ and the international no-smoking symbol, as well as any other notice established by the regulations to this law. // c) A fine equal to fifty percent (50%) of a base salary on anyone who engages in any of the following conduct: i.- Anyone holding the position of administrator, director, custodian, trustee, attorney-in-fact, or any other natural person with decision-making authority in any public or private company or institution, when it is proven that they have allowed smoking in prohibited places. // ii.- Anyone who manufactures, imports, or sells food or toys shaped or designed like tobacco products. // iii.- Anyone who sells or supplies tobacco products in one-hundred-percent smoke-free places and spaces where smoking is prohibited. //iv.- Anyone who sells or supplies individual cigarettes, cigarettes at retail, or cigarette packs containing fewer than twenty units. //v.- Anyone who sells, supplies, or distributes tobacco products, whether for payment or free of charge, using vending or dispensing machines. // vi.- Anyone who distributes tobacco products free of charge in prohibited places. // vii.- Anyone who sells or supplies tobacco products to persons under eighteen years of age. // viii.- Anyone who sells or supplies tobacco products using any means that does not allow the identities of purchasers to be verified. // d) A fine equal to ten base salaries on anyone who engages in any of the following conduct: i.- Anyone who fails to fulfill the obligation to provide the Ministry of Health with complete and detailed information on tobacco products, as provided in Article 8 of this law. // ii.- Anyone who fails to fulfill the obligation to complete customs procedures for tobacco products or to comply with the conditions established by the Ministry of Health for the storage and distribution of tobacco products subject to a tax or duty suspension regime. // iii.- Anyone who fails to fulfill the obligation to place health warnings, notices, or health-related information on packs and cartons. //iv.- Anyone who fails to comply with any regulatory or technical specification governing the packaging and labeling of tobacco products. //v.- Anyone who fails to comply with any provision concerning the advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products established in this law.
In addition to the fines indicated, the municipalities and the Ministry of Health may close establishments that fail to comply with the obligations stipulated in this law. In cases where permits or licenses must be renewed before those entities or any other State institution, applicants must demonstrate, by means of a certification duly issued by the Ministry of Health, that they are current in the payment of the fines established in this article.” (Sinalevi Note: By Resolution N° MS-DM-JM-6737-2021del 5 de noviembre del 2021, a moratorium on the payment of the fines under Article 36 of Ley 9028 del 22 de marzo de 2012 “Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud” is established until 01 de marzo del 2022; therefore, from the effective date of that resolution and before that date (01 de marzo del 2022), establishments whose permit holders have not paid the fine may not be closed.).
Chapter XI establishes provisions concerning the collection and allocation of fines, as well as the period for their payment (arts. 37 and 38). With respect to the administrative procedure (procedimiento administrativo) for applying these provisions, it has been stipulated that: “All proceedings and actions under this law shall be processed in accordance with the summary procedure (procedimiento sumario) established in the Ley General de la Administración Pública.” (Art.39). Finally, Article 40 established the repeal of Ley de Regulación del Fumando, N° 7501 and its amendments. The transitional provisions refer to the period granted to the Executive Branch to issue regulations implementing these provisions and the period provided for importers and distributors of tobacco products to comply with the new regulations. Later, this Chamber will apply this legislation in deciding the case. Now, because the plaintiff invoked Constitutional Chamber decision Nº 2013016028 de las catorce horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece, concerning the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) that was dismissed with respect to Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (9028, it is important to revisit what the Constitutional Chamber stated in its recital V (considerando V), where it addressed restrictions on the advertising, promotion, and sponsorship of products, as well as direct communication between sellers and consumers.
Thus, recital V provided: “V.- OBJECTION TO THE REGULATION OF ADVERTISING, PROMOTION, AND SPONSORSHIP OF TOBACCO PRODUCTS. The petitioners object to the regulation of these matters in the bill under review. In this regard, the text they challenge states as follows: ‘ARTICLE 12.- Advertising, promotion, and sponsorship.// Any form of advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products and their derivatives is prohibited. //Excluded from the prohibition established in the preceding paragraph are advertising and promotion conducted: a) Inside places and at events to which access is restricted to adults and that are not spaces declared by this law to be one-hundred-percent (100%) smoke-free. // b) Through direct communication with sellers and consumers of tobacco products, in accordance with the protocol to be established in the regulations to this law.’ //Regarding this provision, they argue that, under this scenario, no options for the commercial advertising of tobacco remain because the prohibition is total.
They add that the purpose of the bill is to create indirect obstacles having the same effect as prohibiting tobacco consumption and that, upon closely examining which places are defined as one-hundred-percent tobacco-free, it becomes evident that the advertising prohibition is equivalent to a prohibition on smoking. They further assert that, if the cultivation, industrial processing, marketing, and consumption of tobacco-derived products are lawful activities, then, under our Constitution, it is not possible to impose by law indirect restrictions that have the effect of prohibiting that lawful activity. Upon analysis of those arguments, the first point to be made is that the provision under review does not contain a ‘total’ prohibition on advertising, as may be seen from subsections a) and b). Nor is tobacco consumption being prohibited, notwithstanding the restriction on advertising. It must also be clarified that this provision is based on the ‘Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco,’ which, with respect to this specific matter, stipulates: ‘Article 13 Tobacco advertising, promotion and sponsorship//1.
The Parties recognize that a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship would reduce the consumption of tobacco products.// 2. Each Party shall, in accordance with its constitution or constitutional principles, undertake a comprehensive ban of all tobacco advertising, promotion and sponsorship. This shall include, subject to the legal environment and technical means available to the Party in question, a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship originating from its territory. In this respect, each Party shall, within a period of five years after entry into force of the Convention for that Party, adopt appropriate legislative, executive, administrative, and/or other measures and report accordingly in conformity with Article 21.’// Note the unequivocal nature of this provision approved by the Legislative Assembly. Nevertheless, it should also be noted that the restriction on advertising in the bill under review is not total.
Furthermore, it should be recalled what the Chamber has stated regarding the value and hierarchy of this type of provision, whose purpose is to protect fundamental rights, as in this case, in which the purpose of the international convention (see its Preamble) is to protect public health: ‘IV.- For its part, in judgment N°3435-92 and its clarification, N°5759-93, this Chamber recognized that “the human rights instruments in force in Costa Rica not only have a value similar to that of the Political Constitution but, insofar as they grant greater rights or guarantees to individuals, take precedence over the Constitution” (see Voto 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995) ...’ (see judgment No. 2007-03043, de las 14:54 horas del 07 de marzo de 2007).// In summary, the challenged provision is not only legally permissible but is also consistent with the Law of the Constitution concerning Human Rights.
Lastly, in relation to this provision, the requesting parties argue that the bill does not regulate the ‘direct communication with sellers and consumers’ contained in Article 12, subsection b), but instead unconstitutionally delegates both its definition and regulation to the Executive Branch, such that the regulations could establish so broad a definition and so extensive a regulatory scheme that advertising could easily be restricted even further, all by means of regulations. This argument must likewise be rejected because it is clear that the legislature may assign the Executive Branch the task of developing the concepts contained in a law and, in any event, the ordinary courts could review in due course whether the regulations to be issued exceed the provisions of the law in question.” Two matters relevant to deciding this proceeding follow from this Constitutional Chamber decision: first, Article 12 of Ley N° 9028 does not establish an absolute prohibition on advertising, promotion, and sponsorship, but instead imposes a restriction and, as such, is not unconstitutional; and second, the exception in subsection b) of Article 12 was left to be developed through regulations, an issue that will be analyzed and developed in the following recital.
Tobacco sponsorship (Patrocinio de tabaco): Any form of contribution to any event, activity, or individual with the aim, effect, or likely effect of directly or indirectly promoting a tobacco product or the use of tobacco and its derivatives. // (...)// 42. Tobacco advertising and promotion (Publicidad y promoción de tabaco): Any form of commercial communication, recommendation, or action with the aim, effect, or likely effect of directly or indirectly promoting a tobacco product or the use of tobacco and its derivatives. // 43. Tobacco promotion (Promoción de tabaco): Any stimulation of demand for tobacco products, which may include advertising and any act intended to attract the attention and arouse the interest of consumers and non-consumers of tobacco products or their derivatives.” Chapter IV of these Regulations initially addresses matters relating to the advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products and their derivatives.
Thus, Article 16 prohibits—in principle—any form of advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products and their derivatives; however, Article 17 provides: “Article 17.- Direct-communication advertising and promotion (publicidad y promoción por comunicación directa) conducted by the tobacco industry with sellers and adult consumers of tobacco and its derivatives is exempt from the foregoing, in accordance with the protocol established for that purpose in Annex 3 to these Regulations.” Annex 3 then provided: “PROTOCOL: DIRECT-COMMUNICATION ADVERTISING AND PROMOTION BETWEEN MANUFACTURERS AND SELLERS OR CONSUMERS OF TOBACCO PRODUCTS AND THEIR DERIVATIVES.// Rationale: In accordance with Article 12 of the General Law on Tobacco Control and Its Harmful Effects on Health, this protocol is hereby issued. // Objective: To regulate the scope of advertising and promotion of tobacco products and their derivatives through direct communication between the tobacco industry and sellers and consumers. //Definitions: a) Direct communication (Comunicación directa): Communication between the tobacco industry and adult sellers or consumers of tobacco products and their derivatives. // a) Consumers (Consumidores): Persons who consume tobacco products and their derivatives. // b) Tobacco industry (Industria tabacalera): Any natural or legal person engaged in the manufacture, wholesale distribution, or importation of tobacco products and their derivatives. //c) Tobacco promotion: Any stimulation of demand for tobacco products, which may include advertising and any act intended to attract the attention and arouse the interest of consumers and non-consumers of tobacco products or their derivatives. d) Tobacco advertising and promotion: Any form of commercial communication, recommendation, or action with the aim, effect, or likely effect of directly or indirectly promoting a tobacco product or the use of tobacco. e) Sellers of tobacco products (Vendedores de productos de tabaco): Natural or legal persons engaged in any commercial activity for the purpose of selling, wholesale or retail, tobacco products, their derivatives, and products associated with their consumption. //Provisions: For the tobacco industry to communicate directly with sellers and consumers in order to advertise or promote tobacco products and their derivatives, it must ensure that such advertising is conducted between adults who are consumers of tobacco products and their derivatives. //Face-to-face home-delivery service may be used, provided that the communication is directed to the seller or consumer of tobacco products and their derivatives.” In addition, Article 40 of the Regulations provides: “Article 40.-For the purposes of these Regulations, the legal representative (responsable legal) of any establishment or commercial premises engaged in the sale of tobacco products shall be liable for the acts or omissions of its personnel and contractors. Such liability does not preclude any liability that may attach directly to the person who performed or omitted the act giving rise to the violation.” This Decree will now be applied to the case.
This is because the President of the Republic and the Minister of Health had indeed designated them, among other persons, to serve as Health Authorities, in accordance with the duties assigned to them concerning the enforcement provided for in Ley N° 9028 and its amendments. Accordingly, any ground for invalidity (nulidad) based on the inspectors’ alleged lack of authority is rejected, since the inspectors, pursuant to article 3 of the first resolution, were required to implement the monitoring and control measures established in Ley 9028 and its Regulations. A second ground for invalidity concerning the procedure followed relates to the alleged absence of Dr. Cristian Valverde Alpízar’s signature on official letter MS-DRRSBRU-2029-2019. However, the interim-measure case file (expediente de medida cautelar) shows that the document in question was digitally signed; therefore, the alleged ground for invalidity does not exist, and it is so declared.
As to a third argument concerning the absolute invalidity (nulidad absoluta) of the administrative proceeding, challenging the application of the summary proceeding (procedimiento sumario) established in the LGAP rather than the ordinary proceeding (procedimiento ordinario), this Court must first state that, in accordance with the principle of legality (principio de legalidad), protected both constitutionally and under the LGAP, in both cases in article 11, it was not for the health authorities to determine which of the two proceedings should apply. Rather, Ley N° 9028 itself provides as follows in article 39: “ARTICLE 39.- Administrative proceeding (procedimiento administrativo) //All proceedings and actions under this law shall be processed in accordance with the summary proceeding established in the Ley General de la Administración Pública.” A plain reading of this provision shows that it was the ordinary legislature that determined that the summary proceeding, rather than the ordinary proceeding, must be applied in this type of case.
In this regard, this Chamber finds that this issue was already challenged before the Constitutional Chamber, where a violation of the right of defense (derecho de defensa) was alleged, among other arguments, and the latter, through decision N° 2013016028, at fourteen hours thirty minutes on four December two thousand thirteen, ruled with binding erga omnes effect—that is, applicable to everyone—on the challenged matter, stating: “X. ON THE UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 39 OF LEY 9028 DUE TO A VIOLATION OF SECTION 39 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. Article 39 of the Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud is also challenged. It provides that proceedings and actions under the law shall be processed in accordance with the summary proceeding established in the Ley General de la Administración Pública. In the opinion of the petitioning Chamber, the provision violates due process (debido proceso), because, where very substantial monetary penalties and the closure of establishments are imposed, mandatory safeguards applicable to punitive matters are disregarded.
This Court finds that the objection is unfounded, because article 321 of the Ley General de la Administración Pública provides that, in the summary proceeding, ‘the Administration must, on its own initiative, thoroughly ascertain the substantive truth of the facts and evidence in the case.’ It provides the interested parties with a three-day hearing so that they may submit concise conclusions regarding the alleged facts, the evidence produced, and the legal grounds supporting their claims, and it grants a remedy against the denial of a hearing to conclude the proceeding and against the final administrative act (acto final). Additionally, any person subject to administrative action has recourse to the appropriate judicial proceeding if dissatisfied with the Administration’s decision; consequently, the alleged violation of due process does not occur. In a recent judgment issued at 16:01 hours on 15 May 2013, concerning the application of a penalty clause (cláusula penal) in administrative procurement proceedings (procedimientos de contratación administrativa), the majority of this Court held that the summary administrative proceeding satisfies the guarantees of due process and defense.
That holding applies to the case under review, which provides for fines and penalties involving the temporary closure of establishments when the prohibitions established in Ley 9028 are violated. In view of all the foregoing, this Court finds that the challenged provisions do not violate the constitutional rights alleged; therefore, the action must also be dismissed as to this issue.” Endorsing the Constitutional Chamber’s findings, this Chamber concludes that there was clearly nothing unlawful about using the summary proceeding to ascertain the substantive truth (verdad real) in the administrative proceeding: first, because the authorizing provision so establishes; and second, because that argument was resolved by the Constitutional Chamber, which found no unconstitutionality on this point and noted that judicial review remained available thereafter to challenge the Administration’s actions.
Consequently, this alleged ground for invalidity is rejected. A fourth ground for invalidity concerns the alleged disproportionality of the applicable penalty for engaging in allegedly prohibited conduct. Thus, the applicable provision concerning penalties is article 36, which states verbatim: “ARTICLE 36.- Penalties //Depending on the offense committed, the following penalties shall be imposed: a) A fine equal to ten percent (10%) of a base salary on natural persons who smoke in prohibited places. // b) A fine equal to fifteen percent (15%) of a base salary on responsible persons and senior officials who fail to fulfill the duty to post, in places where smoking is prohibited, notices bearing the phrase ‘Smoking prohibited, tobacco-smoke-free environment’ and the international no-smoking symbol, as well as any other notice established by the regulations to this law. // c) A fine equal to fifty percent (50%) of a base salary on any person who engages in any of the following conduct: // i.- Any person holding the position of administrator, director, curator, trustee, attorney-in-fact, or any other natural person with decision-making authority in any public or private company or institution, when it is established that they allowed smoking in prohibited places. // ii.- Any person who manufactures, imports, or sells food or toys having the shape or design of tobacco products. // iii.- Any person who sells or supplies tobacco products in places and spaces that are one hundred percent smoke-free and where smoking is prohibited. // iv.- Any person who sells or supplies individual cigarettes at retail or in packages containing fewer than twenty units. // v.- Any person who sells, supplies, or distributes tobacco products, for consideration or free of charge, using vending or dispensing machines. // vi.- Any person who distributes tobacco products free of charge in prohibited places. // vii.- Any person who sells or supplies tobacco products to persons under eighteen years of age. // viii.- Any person who sells or supplies tobacco products using any means that does not permit verification of the purchasers’ identity. // d) A fine equal to ten base salaries on any person who engages in any of the following conduct: i.- Any person who fails to comply with the obligation to provide the Ministry of Health with complete and detailed information concerning tobacco products, as provided in article 8 of this law. // ii.- Any person who fails to comply with the obligation to complete customs formalities for tobacco products or with the conditions established by the Ministry of Health for the storage and distribution of tobacco products under a tax- or duty-suspension regime. // iii.- Any person who fails to comply with the obligation to place health warnings, statements, or health-related information on cigarette packages and cartons. // iv.- Any person who fails to comply with any regulatory or technical specification concerning the packaging and labeling of tobacco products. //v.- Any person who fails to comply with any provision concerning the advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products established in this law. // In addition to the fines indicated, municipalities and the Ministry of Health may close premises that fail to comply with the obligations stipulated in this law.
In cases requiring the renewal of permits or licenses before those entities or any other State institution, applicants must demonstrate, through a certification duly issued by the Ministry of Health, that they are current in the payment of the fines established in this article.” (Sinalevi Note: Through resolution N° MS-DM-JM-6737-2021del 5 November 2021, a moratorium was established on the payment of the fines under article 36 of Ley 9028 of 22 March 2012, “Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud,” until 01 March 2022; therefore, from the effective date of this resolution and before that date (01 March 2022), establishments whose permit holders have not paid the fine may not be closed.). Although the plaintiff argued that the penalty was disproportionate, this Chamber rejects that contention because the formulation of the penalty, or type of administrative penalty (sanción administrativa), shows that the provision, considered in itself, encompasses a variety of defined offenses (conductas tipificadas), each subject to different penalties.
In other words, the provision does not establish a graduated scale for the applicable penalty. Specifically, with regard to the conduct attributed to the plaintiff, it is clear that the provision establishes only one consequence and does not allow the person applying the provision to adjust it, for example, to the type of business to which liability will be attributed, since a neighborhood grocery store is not the same as a supermarket chain. That said, in this case, at least, this Chamber finds no basis for accepting the party’s argument, since the defined offense establishes only one consequence for noncompliance and does not provide for graduated penalties, as the plaintiff claimed when asserting that the most severe penalty had been applied in this case. Accordingly, this ground for invalidity is rejected.
As a fifth point, the party argued that Article 12 of Ley N° 9028, although it establishes a prohibition on advertising, promotion, and sponsorship, imposes a relative rather than an absolute prohibition, as clarified in Voto de la Sala Constitucional N° 16028-2013. In this case, the provision establishes exceptions that should have been analyzed and weighed in relation to the specific case, as explained below. In this regard, Ley N° 9028, art. 12, categorically prohibits any form of advertising, promotion, or sponsorship of tobacco products and their derivatives, unless either of the following two exceptions applies: “a) Inside places and at events where access is restricted exclusively to adults and which have not been declared one hundred percent (100%) smoke-free spaces under this law.” In this regard, this Chamber states that this exception would not apply because, as a neighborhood grocery store, it is declared one hundred percent smoke-free and, moreover, not only adults but also minors enter to make purchases; therefore, this exception obviously does not apply.
The other exception provides: “b) Through direct communication with sellers and consumers of tobacco products, in accordance with the protocol established in the regulations implementing this law.” With respect to this exception, and in light of the provisions of Anexo 3 of the Reglamento, this Chamber finds that the exception did apply to this case. Indeed, the claimant is correct in asserting that the prohibition established in Ley N° 9028, under which the sanctioning proceeding (procedimiento sancionador) was initiated, is not absolute but relative; although it restricts advertising, promotion, and sponsorship, such activities are permissible provided they are conducted in accordance with the protocol established in the Reglamento. This argument was not even analyzed and rejected during the administrative proceeding (procedimiento administrativo), and, as the Sala Constitucional correctly stated, it is possible in these plenary proceedings to determine whether due process (debido proceso) was observed in that forum.
Based on the established facts, this Chamber finds that the theory concerning the exceptions invoked by the claimant was not weighed, resulting in a failure to state reasons (falta de motivación) in administrative action DM-LC-801-2020 of eight hours and five minutes on 30 de marzo de 2020. This Chamber is also persuaded that the party did not violate the prohibition at issue, taking into account the statements of both witnesses, whose accounts it finds fully credible. For greater clarity, reference will be made to the testimony given under oath: Thus, witness Marjorie Zúñiga Zúñiga, the claimant’s wife, who was attending the grocery store when the inspectors arrived, testified under oath that: “(...) They entered the area where only she and her husband serve customers. That morning, they had received an order from the Pall Mall cigarette representative. They entered the area where payments are collected.
The young man entered—she does not remember his name—and saw the Palm Mall cigarette products; they were not on display but were in boxes, because my husband handles that and sets the prices. The young man began rummaging through everything, and then my husband arrived and continued assisting them. (...) She stated that the product came ‘bundled,’ that they detached the items, left them on the counter, and instructed them to sell the cigarettes individually. In response to the State Attorney’s questions, she stated that she does have experience receiving deliveries from suppliers. That she received the cigarette representative. She stated that those cigarettes are purchased for sale to the public. (...) That the boxes were beneath the counter. That lighters were attached to the cigarettes. (...) She stated that she did not know whether they had been attached by someone else.” (Testimony given during the oral and public trial hearing).
From this testimony, the Court notes that the product was indeed in boxes; that it came “bundled,” meaning that the lighters were attached to the cigarettes; and that, earlier that same day, she had received the cigarette distributors, who left the merchandise before the inspection. Next, inspector ERICK MOLINA VARGAS stated that he inspected the cigarettes at the payment point after obtaining the corresponding authorization, specifying that: “(...) I entered, and the cigarettes have to be at the payment point. We inspected the cigarettes that were there, and in a small cardboard box there were other cigarettes as well, rolls and other rolls with lighters attached. They were taken out and placed on top of the counter, and it was explained to the person that this constituted product promotion because the cigarette pack came with a lighter attached. The proper course of action was to prepare the report, take photographs, separate them, and photograph the products individually.
(....) We became aware of them when we went behind the counter and inspected the cigarettes that were in the display unit. The box was visible and open. It was not visible to consumers, but that does not mean they were not going to sell them. We did ask whether they were for sale, and they said that they eventually intended to sell them. The report was prepared, a copy was given to the gentleman, and the remainder was delivered to the regional office; they then continued with the proceeding. We have found other similar items in other places. It is difficult to say whether it was the supplier or the people at the stores, but we did find the same promotion at other stores. He reiterated that, in this case, the box was open and visible behind the counter. (...) In response to the claimant’s questions, he stated that the box was visible to the people who were inside the counter area, in the interior section, inside the small cardboard box.
He stated that he did not know what the practice of attaching one product to another is called. He denied having heard the word ‘bundling.’ When asked about the practice of attaching one product to another, he stated that it is classified as product promotion. Yes, attaching a lighter or headphones to a cigarette pack is considered ‘promotion,’ and it is prohibited by law. When asked about certain photographs presented to him by the Court, he stated that he did not remember. He then stated that the cigarettes were inside there. He recognized the display unit and stated that he had entered the interior area behind the counter. That there was no other way to access the display unit. Regarding the photographs of the cigarette packs and lighters, he stated that he had taken that photograph and that those were the cigarette packs with the lighters. He did not specify the time of arrival but stated that it was recorded in the report that had been prepared.
That they merely conduct inspections and, if everything is in order, they record that fact. If they find something, they prepare the report and forward it to the Regional Office.” (Testimony given during the oral and public trial hearing). From inspector Erick Molina Vargas’s testimony, this Court concludes that the cigarettes were not in the display unit—that is, in what the regulations define as the point of sale—but rather beneath the counter inside a cardboard box, outside the field of vision of the grocery store’s consumers or customers, although visible to the sellers. Furthermore, the inspector’s statements show that they had already found the same promotion at other stores; in other words, what is called “bundling” came that way from the distributor, and that conduct was not attributable to the claimant. Now, as already stated, the final decision of the Ministerio de Salud did not explain that the discovery at Pulpería Nataly of cigarettes with lighters attached fell within an exception established in Ley N° 9028, art. 12 subsection b), under which the legal system permits such activity to be conducted directly between the seller and customers, and that the mere possession of one product attached to another is not punishable as part of the statutory offense (tipo), when the product was not displayed and its sale was not being conducted openly or at the point of sale at the time of the inspection, but rather, as the inspector himself stated, it was inside a box in the area reserved for the cash register or payment point and outside the consumer’s view.
This situation, in the Court’s view, falls within the exception in subsection b) of Article 12 of Ley N° 9028. Accordingly, decision N° DM-LC-801-2020 must be declared absolutely null and void (nulidad absoluta), because the grounds for the act (motivo del acto) were defective, given that the necessary background facts and legal assessments for issuing the sanctioning administrative act (acto administrativo sancionador)—on which the Administration based its determination of the act’s legality, timeliness, and advisability—did not include or weigh the exception provided by the legal system as applied to the specific case, as argued by the petitioner. This situation also affected the statement of reasons for the sanctioning act because the exception provided for in the regulations was neither considered nor analyzed. (Ley 9028. art. 12 inciso b). It is clear to this Chamber that, although the product was received by the claimant’s wife, this matter is covered by Article 40 of the Reglamento and her conduct is therefore attributable to the claimant, since Article 40 provides: “For purposes of these regulations, the legally responsible person for any establishment or commercial premises engaged in the sale of tobacco products shall be responsible for the acts or omissions of its personnel and contractors.
Such responsibility does not exclude any responsibility that may fall directly upon the person whose act or omission gave rise to the violation.” This Decreto will now be applied to the case.” Having said that, it is clear that direct responsibility for what occurred at the Pulpería while the claimant was absent is attributable to the claimant, and it must be remembered that, in commercial establishments, the person serving the public acts, for customers’ purposes, as the person responsible for the establishment. It should be noted that, with respect to commercial auxiliaries (auxiliares del comercio), the Código de Comercio establishes that employees (dependientes) are the persons whom the principal entrusts with carrying out specific operations of the principal’s commercial activity within the establishment. (Código de Comercio. Art. 369). Article 371 of this commercial legislation further provides: “The acts of employees bind their principal in the operations expressly entrusted to them.” Thus, the Decreto or Reglamento is consistent with the country’s commercial legislation and clearly links the employee to the owner of the business.
However, in this case, although the witness stated that those products had been acquired for sale, this does not rebut the claimant’s contention that the products were not being offered directly to the public and that they fell within the exception provided by the aforementioned regulations. Finally, the claim seeking annulment of decision DM-RM-2921-2020 is rejected because that decision concerned a moratorium ordered by the Ministro de Salud during the Pandemic on the enforcement of sanctions imposed for noncompliance with the Ley, a matter that does not apply in this case due to the interim measure (medida cautelar) granted in the record.
Under article 3 of the first agreement identified above, those inspectors were required to comply with the surveillance and control measures established in Ley 9028 and its Regulations. Accordingly, this claim is denied.
THE COURT RULES: A review of the documentation establishes that the document in question was digitally signed; therefore, this claim is denied.
THE COURT RULES: In accordance with the preceding recitals (considerandos), this claim is granted. As indicated above, in this case the authorities of the Ministerio de Salud did not adequately state the reasons for the administrative acts (actos administrativos) in question, since they failed to weigh the exception contained in Ley N° 9028 art. 12 inciso b), concerning one of the available means of advertising, promoting, or sponsoring tobacco-derived products—namely, when such activity is conducted at the point of sale directly between the seller and the purchaser. Based on the testimonial evidence (prueba testimonial) heard in the proceedings, which this Court finds fully credible, and in light of sound rational judgment (sana crítica racional), the Court is firmly convinced that the cigarette packs found at Pulpería Nataly had been delivered by the cigarette distributors during the morning, when they delivered the products for sale, and that they were beyond consumers’ reach and in a place where consumers could not see them, as the inspector stated before this Court.
Accordingly, this judicial panel has decided to declare the challenged resolutions null and void because they neither analyzed nor provided a reasoned weighing of the exception contained in Ley N° 9028 art. 12 inciso b), which is further developed in a specific Protocol in the Regulations and permits direct promotion between the seller and consumers as an exception provided for in the legislation itself. For this reason, this Panel has partially granted this claim in favor of the plaintiff and declared resolution DM-LC-801-2020 absolutely null and void due to a defect in its grounds (vicio en el elemento motivo); the claim is denied as to resolution DM-RM-2921-2020, which concerns a general moratorium inapplicable to the plaintiff because of the interim relief (medida cautelar) granted in the plaintiff’s favor.
THE COURT RULES: Upon review, this claim is considered ancillary to the third claim; because the third claim was partially granted, this claim must likewise be granted. Indeed, in addition to the monetary penalty, if the penalty were to become final, the plaintiff would be entered in the registry as a violator of Ley N° 9028.
THE COURT RULES: In this case, no direct damages arose from the cited resolutions because, as established in the findings of fact (resultandos) of this judgment, the establishment in question was never closed, nor were direct damages having a causal connection established under the LGAP, artículos 190 y siguientes. Therefore, this claim is denied.
THEREFORE:
The defense of lack of legal entitlement is denied as to the claims granted and is sustained as to the claims denied. The action brought by JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA against the STATE is partially granted. Resolution DM-LC-801-2020, issued at eight hours and five minutes on 30 de marzo de 2020, is declared null and void, and the Ministerio de Salud is consequently ordered to remove the plaintiff from the registry of violators of ley 9028. All other claims are denied. Litigation costs and attorneys’ fees are awarded in favor of the plaintiff, together with interest from the date they are determined until they are paid in full. Let notice be served.- LAURA GARCÍA CARBALLO JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ PAULO ALONSO SOTO Judge PALONSO ???????????????
PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - DECIDING JUDGE ???????????????
JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - DECIDING JUDGE ???????????????
LAURA GARCIA CARBALLO - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
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CONOCIMIENTO ACTOR/A:
JOSE RAMON ARGUEDAS MATARRITA DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº N° 2023006418 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con treinta y tres minutos del trece de Diciembre del dos mil veintitres.- PROCESO DE CONOCIMIENTO, interpuesto por JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA, mayor, costarricense, casado dos veces, cédula 6-02290-0173, vecino de Puntarenas, Osa, Piedras Blancas, Santa Rosa, representado por la abogada directora, CAROLINA HERRERA ALVARADO, mayor, abogada, cédula 1-1054-0134, carné numero 12133, contra el ESTADO, representado por el Procurador BERNARDO LARA FLORES, mayor, abogado, casado, cédula 105980797, y
CONSIDERANDO:
"1. Se declare la nulidad absoluta del acta de inspección INS-TA-07-19-295-2019, por haber sido llevada a cabo por personas que no estaban debidamente nombradas como inspectores de servicio civil 1, y por lo tanto carentes de la investidura administrativa, puesto que fue realizada por estudiantes de la UNA en un convenio interinstitucional, que no permite por su naturaleza subrogar funciones propias del MINISTERIO DE SALUD a estudiantes.
2. Se declare nulidad absoluta de la resolución DM-RM-2029-2020, por carecer de la firma del Dr. Christiam Valverde Alpízar y por ser fundamentada en la inspección INS-TA-07-19-295-2019.
3. Se declare la nulidad de las resoluciones DM-RM-2921-2020 y DM-LC-801-2020, por la falta de fundamentación e interpretación omisa del artículo 12 de la ley 9028.
4. Se ordene al Ministerio de Salud que elimine al suscrito en el registro de infractores a la ley 9028, de modo que pueda impedir la renovación de permisos de funcionamiento. (Ver escrito de reformulación de la demanda y lo indicado durante la audiencia preliminar).
5. Se condene al estado (sic) al pago de daños y perjuicios ocasionados por la las (sic) resoluciones citadas. (Desistida a imagen 123 del expediente digital).
6. Se condene al estado (sic) al pago de las costas personales y procesales del presente proceso de conocimiento." (Expediente digital y pretensiones ajustadas conforme consta en la audiencia preliminar. Escúchese la audiencia preliminar.). (Nota: Además, el Procurador indicó durante la audiencia de juicio que la parte había referenciado mal la resolución que debía ser anulada).
Así, se indicó que: "Dicha conducta habría hecho incurrir al administrado responsable del negocio “Pulpería Nataly” en las faltas tipificadas en las normas arriba citadas y sancionadas en el artículo 36 inciso d), sub inciso v)". Así, con fundamento en lo previsto en el artículo 324 de la LGAP, se le otorgó al denunciado el plazo de 3 días hábiles para presentar las conclusiones con relación a los hechos que se le imputan en los autos y prueba documental. Y se le manifestó además que: "De comprobarse la falta del supuesto infractor le será aplicable la sanción arriba indicada, todo sobre lo cual resolverá el Órgano Decisor, conformado según el artículo 44 del reglamento a la ley 9028 por el Director Regional, Dr. Christian Valverde Alpízar, tras el informe que rinda el Órgano Director que conforme a la misma norma está integrado por MLA. Eduardo A. Segura Vargas, quien preside, la Licda. Marilyn Jiménez Mora y la Licda. Jovita López Morera, quienes en ese carácter y conforme las disposiciones de los artículos 51 y siguientes del Reglamento a la Ley 9028, 227, 282.3, 297 y 300 de la Ley General de la Administración Pública, instruirán el procedimiento, analizarán la prueba bajo el principio de la sana crítica racional e informarán oportunamente al Órgano Decisor para lo que corresponda.
El expediente del caso está a su disposición en la sede del Órgano Director, sea ésta la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección Regional de Rectoría del Ministerio de Salud en la Región Brunca. (....)" Resolución que consta con la firma del MLA. Eduardo A. Segura Vargas, Licda. Jovita López Morera y la Licda Marilyn Jiménez Mora. (Expediente de medida cautelar, imágenes 150-152).
Señaló que se están aplicando los conceptos de forma errónea, en este caso, debido a la pena o sanción impuesta, pues es una sanción de las más graves, de diez salarios base, por encima de muchas otras, ya que fue pensada para castigar la promoción, -entiéndase estímulo o publicidad- y no el acto comercial de la oferta o regalía como es regalar un encendedor; indicando que el acto de sancionar refiere a cosas más severas, conforme al principio de proporcionalidad. Que lo procedente corresponde aplicar la Ley 9028 art. 12 párrafo segundo inciso a) y b ). Señaló que en este caso se confunde "promoción" con "oferta o regalía". Además precisó que: "El mero acto de tener una oferta de un bien es ajena a la voluntad del legislador, y implica (sic) incluso limitaciones al acto comercial de vender, claramente reguladas por la OMC como una práctica no permitida." Finalmente solicitó anular el procedimiento y se ordene el archivo del mismo. (Expediente de medida cautelar, imágenes 155-162).
En el caso, se le adhiere un encendedor a la cajetilla de cigarrillos, como “gancho” para que el consumidor de tabaco aumente su compra o prefiera el producto; y claro, no está denominado en la ley como “bandeo” (nombre con el que popularmente se conoce esa práctica mercantil), pero sí está prohibida tal conducta por constituir promoción de productos de tabaco y con ella se infraccionan las normas arriba transcritas. En razón de lo anterior no resultan de recibo los argumentos del señor Arguedas Matarrita como apoyo a su posición de que no ha infringido la ley y a la pretensión de que se anule el acto administrativo. Hay que recordar que la nulidad del acto solo procede cuando en los términos de los artículos 158, 165, 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública, falte totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente; o bien uno de ellos sea imperfecto, cosa que no sucede en el sub júdice.
Hay que recordar igualmente, que la prueba traída a un proceso, éste o cualquier otro, judicial o como en este caso, administrativo, ha de ser valorada bajo el principio de la sana crítica racional, pues ello es un elemento conformante de la garantía constitucional del debido proceso de ley consagrada en la norma 39 constitucional. Es decir que frente a los antiguos y extremos-liberales o inquisitivos mecanismos de sopesar la prueba (prueba libre y prueba tasada), se erige el principio de “la sana crítica racional” que incorpora a esa operación intelectual de valoración de la prueba bajo los elementos o reglas de la lógica, la psicología y la experiencia. Un análisis razonado de los elementos de convicción, sujeto a las citadas reglas y que exige fundamentación y explicación de los motivos que fundan la decisión final, en uno u otro sentido. En ese sentido, señor Director, con base en tales elementos, es claro para el Órgano Director, que el día y horas que indica el informe sanitario del folio 0005, en el negocio comercial “Pulpería Nataly” Piedras Blancas de Osa explota don José Ramón Arguedas, se encontraron productos de tabaco, cajetillas de cigarros a las que les fue adherido como elemento promocional, “encendedores” como se muestra en las fotografías que aquí se reproducen, configurándose con ello la infracción a las normas 12 de la ley 9028 y 16 de su reglamento antes citadas y procediendo por tanto, la aplicación de la sanción que para tales conductas contempla la propia ley 9028 en su artículo 36 inciso d) sub inciso v; a saber diez salarios base (cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos -¢4.462.000.00-) de acuerdo con la Circular CSJ 174-2018 de la Corte Suprema de Justicia; multa que conforme dispone el artículo 38 de la ley deberá depositar el accionado a favor del Estado en la cuenta bancaria que esa Dirección le indique, en el plazo improrrogable de treinta días posteriores a la notificación de la resolución que así lo disponga". Notificada el día 4 de noviembre de 2019. (Expediente de medida cautelar imágenes 166-170 y 171).
Realizado el análisis del expediente administrativo, se determina que el día 02 de setiembre del 2019, cuando se realizó la visita de inspección al establecimiento comercial denominado “Pulpería Nataly”, del cual es representante el señor José Ramán Arguedas Matarrita, se encontraron 17 cajetillas de cigarros marca Pall Mall con encendedores adheridos promocionando el producto, conducta que infringe lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 9028, y en artículo 16 del Reglamento Ejecutivo No. 37185-S-MEIC-MTSSMP- H-SP, que establecen: “(12) Publicidad, promoción y patrocinio. —Se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. (16) De la publicidad, promoción y patrocinio. Queda prohibida cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. // 3. No es posible para este Despacho acoger lo referido por parte del señor José Ramón Arguedas Matarrita, en su recurso de apelación, al tenerse por acreditado, según el Informe Sanitario, de fecha 02 de setiembre del 2019, que en la visita realizada por la autoridad de salud, se encontró 17 cajetillas de cigarros marca Pall Mall con encendedores adheridos promocionando el producto, y la normativa de tabaco prohíbe tanto la promoción y publicidad de productos de tabaco, como el patrocinio de cualquier actividad por o con productos de tabaco y sus derivados.
Es así como, en el presente caso, adherir un encendedor a la cajetilla de cigarrillos, como regalía, plus o como estrategia para persuadir al consumidor a comprar o preferir un producto de tabaco o una marca de cigarrillos determinada, constituye una forma de promocionar dichos productos y tal acción es reprochable según la normativa que nos ocupa.// En cuanto a las apreciaciones del aquí recurrente, cabe indicar que a la luz de la legislación supracitada, mantener en el establecimiento productos de tabaco, a los cuales se les adhiere un obsequio, alentando al consumidor a comprar o preferir un producto de tabaco o una marca de cigarrillos determinada, con tal de obtener el obsequio (encendedor), en una pulpería donde es permitido el acceso a menores de edad en cualquier momento, a vista no solo de los consumidores, sino de todo los clientes que ingresan al establecimiento, sean estos consumidores o no, constituye una forma de promocionar dichos productos, siendo que uno de los objetivos de la Ley 9028 así como de su Reglamento, es reducir el consumo de productos elaborados con tabaco y sus derivados, por las consecuencias nocivas que tiene en la salud de las personas, además de evitar la exposición de las personas a la publicidad y promoción de los productos de tabaco.
Importante reiterar al recurrente que por así estar establecido en los artículos 39 y 46 de la Ley 9028 y su Reglamento, respectivamente, el tipo de Procedimiento para las infracciones de tabaco es el Procedimiento Sumario “(39) Todas las actuaciones y acciones de esta ley se tramitarán de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley General de la Administración Pública”. “(46). - Para la aplicación de las competencias asignadas al Ministerio de Salud y a fin de procurar la mayor efectividad y eficacia en el trámite de los asuntos relacionados con las infracciones a la Ley y sus reglamentos, se aplicará el Procedimiento Sumario establecido en el Capítulo Segundo, del Título Sexto de la Ley General de la Administración Pública, tal y como lo establece el artículo 39 de la Ley.” // 5. En virtud de lo anterior, el señor José Ramón Arguedas Matarrita, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9028, “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”, así como lo señalado en el artículo 16 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 37185-5- MEIC-MTSS-MP-H-SP, por desarrollar promoción de productos de tabaco (mantener 17 cajetillas de cigarros marca Pall Mall con encendedores adheridos), se hace acreedor a la sanción pecuniaria dispuesta en el artículo 36 inciso d) v), a saber: multa de diez (10) salarios base, que para la fecha de la infracción equivale a la suma de ¢4,462,000.00 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones), los cuales deben ser depositados en la Cuenta Corriente N° 100-01-202-000010-0, Cuenta Cliente No.15120210010000104, ambas del Banco Nacional de Costa Rica.
POR TANTO EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Con fundamento en los aspectos de hecho y derechos analizados y con asidero legal en los artículos 11, 21 39, 41, 50 y 129 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4, 7, 37, 349 de la Ley General de Salud; así como en los artículos numerales 12 y 36 incisos d) sub inciso v, de la Ley 9028 de “Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud; y el artículo 16 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 37183-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, declarar SIN LUGAR, por improcedente, el Recurso de Apelación incoado por el señor José Ramón Arguedas Matarrita, representante legal del establecimiento comercial denominado “Pulpería Nataly”, ubicado en Piedras Blancas de Osa, Puntarenas, 500 metros sur de la escuela, contra el contenido de la Resolución No. MS-DRRSBRU-2029-2019, de las nueve horas quince minutos del veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, suscrita por el Dr. Christian Alpízar Valverde, director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca, en su condición de Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo Sumario, al haber quedado acreditado que el señor José Ramón Arguedas Matarrita, transgredió la nomativa al determinarse que en el establecimiento se desarrollaba la actividad de promoción de productos de tabaco.//Así las cosas, se ratifica lo dispuesto en la resolución que aquí se disputa, quedando obligado el señor José Ramón Arguedas Matarrita, en si condición de representante legal del establecimiento comercial denominado “Pulpería Nataly” , a depositar en la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Costa Rica N” 100-01-202-000010-0, Cuenta Cliente N*15120210010000104, a favor del Ministerio de Salud, por cada infracción la suma de ¢4,462,000.00 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos)..
Una vez realizado el depósito deberá presentar, en la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca, la copia del comprobante de pago emitida por el banco. Se instruye al director del Área Rectora de Salud de Osa, para que si en el plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la notificación de la presente resolución, el aquí recurrente no ha cumplido con la sanción pecuniaria que en este acto se confirma, gestione lo pertinente para que sea clausurado el establecimiento comercial que aquí nos ocupa, denominado “Pulpería Nataly”, esto con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley 9028." Notificada el día 4 de mayo de 2020. (Expediente de medida cautelar imágenes 177-183 y 184).
Que el medio de subsistencia de ella y de su esposo es lo que obtienen del negocio. Indicó que el producto venía "bandeado", que lo soltaron y lo dejaron en el mostrador e indicaron que lo vendieran sueltos. Ante las preguntas del Procurador, indicó que ella sí tiene experiencia en recibir proveedores. Que ella recibió al agente de los cigarrillos. Indicó que esos cigarrillos se compran para venderlos al público. Ante las preguntas del Tribunal, indicó que el agente de cigarros llegaron tipo 9 o 10 am y los del Ministerio de Salud, como a las 2-3 pm. Que el esposo de ella llegó más o menos cuando estaban revisando. Que recuerda a tres funcionarios del Ministerio de Salud. Uno era Erick y la muchacha Andrea, no recuerda los apellidos y no recuerda haberlos visto con anterioridad. No recuerda si le dejaron un acta, o si la recibió ella o su esposo. Que ella está poco en la pulpería, y está para ayudarle al esposo.
La pulpería está en la misma casa. Que no tiene puerta independiente para la entrada. Que las cajas estaban debajo del mostrador. Que los cigarros estaban adheridos con un encendedor. Venía pegado con una cinta. Esos encendedores no recuerda si venían identificados con el cigarrillo. Contestó negativamente ante la pregunta si esa marca acostumbraba adjuntar encendedores junto con los cigarrillos. Indicó no saber si fueron adheridos por otra persona. (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público).
Se entregó la información a la Administración Regional Brunca. Para trasladarnos como se alquilaban carros y nos daban un vehículo por semana, con el cual realizabamos los locales. Al entrar a los locales ibamos con un carné, que nos hacía el Ministerio de Salud, el cual tenía una fecha de vigencia. Si uno llegaba con la credencial. En este caso nos identificamos como personeros del Ministerio de Salud. En relación al ingreso, al que pedimos permiso, era para ingresar al área de pago, se maneja dinero, cosas personales. No hubo resistencia. Si solicitamos el permiso. Si no hay nada irregular, se hace un acta de la visita. Pero en este caso, al haber una promoción eso no está permitido. Nos dimos cuenta al ingresar detrás del mostrador, al revisar los cigarrillos que estaban en la góndola. La caja estaba a la vista, abierta. No esta a la vista del consumidor, pero no significa que no lo fueran a vender.
Si preguntamos si estaban para la venta e indicaron que eventualmente sí los iban a vender. Se hizo el reporte, se le entregó una copia al señor y el resto se entrega en la dirección regional; y ellos siguen con el procedimiento. Si encontramos otras cosas parecidas en otros lugares. Es complicado decir si fue el proveedor o la gente de los locales, pero que sí se encontraron en otros locales con la misma promoción sí. Reiteró que en este caso la caja estaba abierta y a la vista detrás del mostrador. Manifestó que el demandante estaba. Cuando llegaron estaba la señora, no recuerdo bien, si él estaba sentado afuera o dentro de la casa. Que le pidió permiso a la señora que estaba en ese momento en la pulpería. Ante las consultas de la parte demandante indicó que la caja estaba a la vista de las personas que estaban dentro del mostrador, en la parte interna, dentro de la cajita de cartón. Indicó desconocer cómo se denomina en la práctica, la adhesión de un producto con otro.
Negó haber escuchado la palabra "bandeo". Ante la consulta sobre la práctica de adherir un producto con otro, señaló que se cataloga como promoción de producto. Si, adherirlo, sea encendedor, unos audifonos a una cajetilla de cigarro se considera "promoción" y sí está prohibido en la ley. Ante la consulta sobre unas fotografías que se le presentaron por parte del Tribunal. Indico no recordar. Luego indicó que los cigarros estaban ahí adentro. Reconoció la góngola y que entró a la parte interna del mostrador. Que no había otra forma de accesar la góndola. En relación a las fotografías con la cajetilla y los encendedores indicó que esa foto, si la tomó él y que eran las cajetillas con los encendedores. No precisó la hora de haber llegado, pero indicó que se reporta en el informe realizados. Que ellos nada más fiscalizan y si está todo bien, así se consigna. Al encontrar algo, preparan el informe y lo remiten a la Regional. (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público).
ÚNICO: La existencia de daños y perjuicios cuyo nexo de causalidad sean los actos administrativos objeto de este proceso de conocimiento. (Los autos).- V) ARGUMENTOS DE LAS PARTES: A) ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE: La parte demandante, José Ramón Arguedas Matarrita, en su escrito de demanda y en sus alegatos durante la audiencia de juicio oral y público indicó que su esposa estaba sola atendiendo la Pulpería Nataly, el día 2 de setiembre de 2019, y ese día recibió una mercadería por parte de los repartidores de tabaco, que ella colocó dentro del mostrador, en dónde solo tienen acceso los administradores, ya que quien se encarga de establecer los precios es su esposo. Que cinco minutos después de que se fue el camión repartidor, llegó un vehículo sin identificación oficial, del cual se bajaron dos personas quienes se identificaron como inspectores del Ministerio de Salud, -según la ley N° 9028 y de nombres Erick Molina Vargas y Andrea Durán, quienes ingresaron a la parte interna del negocio, que no está abierta al público, y dentro del área de cajas, de los estantes inferiores y que indican estaban cerrados, sacaron una caja de cartón de color café que contenía varias cajetillas de cigarros de la marca Pall Mall, las cuales tenían adheridos encendedores, lo que se denomina en la jerga "bandeo"; caja que fue colocada en el mostrador de la pulpería, tomándole fotografía a las mismas.
Que éstos funcionarios, realizaron la manifestación de que esos productos no se podían vender de esa forma y procedieron a separarlos, realizando un acta de inspección y procedieron a retirarse. Que el 19 de noviembre de 2019, el Ministerio de Salud, Región Brunca, constituyó un órgano director del procedimiento sancionatorio, integrado por Eduardo A. Segura Vargas, Jovita López Morera y Marilyn Jiménez Mora, con relación a la inspección realizada en la Pulpería Nataly, por haber infringido el artículo confiriendo el traslado de cargos mediante la resolución notificada el día 24 de setiembre de 2019, y contestando negativamente según escrito presentado con fecha del 27 de setiembre de 2019. El Dr. Christian Valverde Alpízar, Director Regional de la Rectoría de Salud, Región Brunca, dictó la resolución MS-DRRSBRU-2029-2019 de las nueve horas quince minutos del día 29 de octubre de 2019, estableciendo una multa de cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones y otorgando el plazo de 30 días hábiles para su cancelación.
Cuestionó que el proceso fuera sumarísimo y que no se motivara el rechazo de sus alegatos y se le impusiera la sanción establecida en la Ley 9028, (art. 16). Esta resolución fue comunicada al correo señalado, el día lunes 4 de noviembre de 2019, precisando que la misma carece de la firma correspondiente. Se presentó apelación ante el Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, en tiempo y forma, el día 6 de noviembre de 2019. El Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza, rechazó el recurso de apelación, mediante la resolución DM-LC-801-2020 de las ocho horas y cinco minutos del día 30 de marzo de 2020, el día 4 de mayo de 2020. En la resolución se indicó que con solo mantener productos de tabaco a los que se le ha adherido un encendedor se está transgrediendo el art. 12 de la Ley N° 9028. En esta resolución que sí cuenta con la firma digital del Ministro, ordenó la cancelación de la multa en un plazo de 30 días hábiles e instruye al Director del Área de Salud de Osa, para que una vez realizado el depósito, proceda con la clausura comercial de la Pulpería Nataly.
Que luego de ello recurrieron ante este Tribunal, suspendiéndose los actos del Ministerio de Salud. En conclusiones, refirió que la Ley 9028 se aprobó con la finalidad de limitar el consumo del tabaco. Desde la consulta realizada ante la Sala Constitucional para la aprobación de esta ley, se había alegado que la misma limita el derecho al comercio de las personas, según el artículo 12 de la misma ley, los productos de tabaco y sus derivados, precisando que la acción fue declarado sin lugar, sin embargo, sí interesa que la Sala Constitucional indicó que la norma no tiene una prohibición total a la publicidad. Que para el Ministerio cualquier publicidad es prohibido, lo cual va en contra de la norma; precisando que es contrario al espíritu del legislador y a lo que dispone el artículo 12 de la Ley 9028, ya que la norma exceptúa la publicidad y promoción y patrocinio, salvo que se realice: "a) En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso limitado a personas adultas y no sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley. // b) Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley".
En este caso, los productos no estaban a la vista ni acceso de cualquier persona por lo cual no se violentó el artículo 12 de la ley ya que el lugar en dónde estaban los productos solo eran de acceso a los administradores, de modo que no estaban a la vista, ni al acceso de cualquier persona y por lo tanto no se violentó el artículo 12 de la ley, que fue el artículo base para sancionar a la parte demandante, no siendo una simple sanción, ya que si bien hay sanciones leves de un 15% de un salario base, luego sube a un 30%, pasa a un 50% y luego la más grave, que fue la que se le aplicó a mi representado de diez salarios bases, equivalente de cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil colones, siendo que la multa debía aplicarse a las casas comerciales, por eso la sanción era tan alta, sin embargo, el Ministerio de Salud, ha venido aplicando esta sanción a los pulperos, que viven del día a día con sus pulperías, provocándoles un grave perjuicio a éstas personas, precisando que incluso constan en autos los estados ecónomicos junto con la medida cautelar.
En otro orden de ideas, los inspectores no cumplían con los requisitos de ley, en este caso, el patrón era la Universidad Nacional, por lo que no tenían la investidura, a pesar de que contaran con el consentimiento, al haber creído que eran personas debidamente investidas y que era un control de rutina. Si ellos hubieran sospechado que estaban infringiendo una ley, no les hubieran dado el acceso. Por otra falta, indicó que una de las resoluciones dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud, carecía de la firma correspondiente y que esta sanción le provoca unos daños de gran magnitud que haría que cierre el negocio. Reiteró las pretensiones y pidió la condena de las costas procesales y personales al Estado. B) ALEGATOS DEL ESTADO.- La representación del Estado se opuso a la demanda, y alegó tanto en la contestación presentada en tiempo y forma, como en sus alegatos durante la audiencia de juicio que efectivamente los funcionarios del Ministerio de Salud debidamente acreditados, se apersonaron al local comercial en donde el propio actor manifestó que los cigarrillos de la marca Pall Mall tenían adheridos unos encendedores, lo cual fue advertido por los funcionarios del Ministerio de Salud, Andrea Durán Sánchez y Erick Molina Vargas, quien funge como testigo de este proceso.
El Dr. Christian Valverde Alpízar, efectivamente dictó la resolución MS-DRRSBRU-2029-2019 de las 9:15 horas del día 29 de octubre de 2019 y notificada al correo electrónico señalado el día 4 de noviembre de 2019; precisando que en el expediente administrativo consta la firma de la resolución en cuestión; resolución sobre la cual se formuló recurso de apelación, resuelto negativamente por el Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, según la resolución DM-LC-801-2020 de las ocho horas y cinco minutos del día 30 de marzo de 2020; rechazándose los alegatos de la parte demandante. Precisó que el cierre del negocio no se llevó a cabo, en razón de la medida cautelar declarada formulada por la parte demandante y que este Tribunal acogió de cara a la resolución de fondo. El Procurador, interpuso la excepción de falta de derecho, toda vez que precisó que en el Informe Sanitario del día 2 de setiembre de 2019, quedó debidamente acreditado que el accionante tenía a al venta en su establecimiento comercial 17 cajetillas de cigarrillos de la marca Pall Mall con encendedores adheridos, promocionando el producto, e infringiendo así la normativa de tabaco, la cual prohíbe tanto la promoción y publicidad de productos de tabaco y sus derivados.
La infracción se produjo al haber adherido un encendedor a la cajetilla de cigarros como regalía, plus o como estrategia para persuadir al consumidor a comprar o preferir un producto de tabaco o una marca de cigarrillos determinada, como el patrocinio de cualquier actividad por o con encendedores, lo cual constituye una infracción al artículo 12 de la Ley N° 9028 y 16 del Reglamento de ésta, los cuales tienen el objetivo de reducir el consumo de productos originarios o derivados del tabaco, motivo por el cual solicitó declarar con lugar la excepción de falta de derecho y se proceda a condenar a la parte demandante al pago de las costas y sus intereses hasta su efectivo pago. Que la medida tomada por el Ministerio de Salud, corresponde a una medida disuasoria del fumando, precisando que la actuación de la Administración fue ajustada a Derecho. En conclusiones señaló que en cuanto a la pretensión N° 1, dado que señala que los funcionarios que realizaron la inspección no eran funcionarios del Ministerio de Salud, precisó que sí estaban legitimados con fundamento en los decretos ejecutivos DM-JG-1489-2018, publicado en la Gaceta N°91 del 24 de mayo de 2018, DM-JG-1338-2019 de 7 de febrero de 2019 y publicado en la Gaceta N° 75 de 24 de abril de 2019 y DM-JG- 5602-2020, publicado en la Gaceta N° 218 de 9 de noviembre de 2020, decretos que habilitaban a los funcionarios que fueron contratados por el Ministerio de Salud, para realizar las inspecciones a las cuales se ha referido el testigo del Estado.
Indicó que la empresa contratista alquilaba los vehículos, que andaban estas personas, no siendo vehículos del Ministerio de Salud. Así, señaló que las actuaciones de éstas personas sí estaban legitimadas. En cuanto a la resolución que carece supuesta de firma, rectificó el número de la misma, e indicó que en el expediente administrativo a folio 25 consta la resolución en cuestión debidamente firmada. Que posiblemente por un error secretarial, el envió del documento sin la firma, no implica la invalidez de la misma, ya que en la original sí consta la firma. En relación a las otras pretensiones que se alega falta de fundamentación, no precisaron en qué consiste esa falta de fundamentación. La parte también cuestionó la suspensión del cobro de la sanción dispuesta administrativamente por el COVID. El Procurador indicó que con el acta se determinó la existencia de las cajetillas de cigarros con encendedores adheridos, lo cual está prohibido por la Ley N° 9028, según el art. 12 y el Reglamento (art, 16), decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, establecen como promoción, publicidad y patrocinio se prohíbe en los productos de tabaco y sus derivados.
Que el procedimiento establecido en el art. 39 de la Ley N° 9028, establece el procedimiento sumario para la aplicación de las multas. Con base en eso y con el testimonio de la testigo Zúñiga, quien indicó que el destino final era el consumo y que lo que aconteció en este caso no fue una simple oferta comercial, e indicó que la promoción de productos solo la puede hacer el distribuidor al consumidor. Que la ley no establece la diferenciación realizada por la parte en cuanto a que la sanción aplicaba a las casas comerciales. Además, señaló en cuanto al alegato de la supuesta falta de investidura de los funcionarios que la Ley General permite la investidura en diversos casos, y no necesariamente los funcionarios deben estar cubiertos por el servicio civil para fungir como tales. Precisó que la resolución de la Sala Constitucional a que hizo referencia la parte, no encontró vicios de constitucionalidad, por lo que los alegatos realizados carecen de recibo y solicitó se se declare sin lugar la demanda y se condene a la parte actora al pago de costas e intereses. Finalmente, indicó que no han existido daños dado que el negocio ha permanecido abierto hasta el día de hoy.
Esta legislación, regula además, las medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio de 2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición al humo de este y derogó la anterior legislación que regulaba la materia. Es así, como los objetivos previstos con esta legislación están: a) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco.// b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco. // c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo. // d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes. // e) Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento a las generaciones presentes y futuras de los riesgos atribuibles al consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de tabaco. // f) Combatir el comercio ilícito de estos productos.
(art. 2). Con esta legislación se buscan acciones afirmativas por parte del Estado, mediante proyectos y programas de atención integral, mediante los cuales el Estado garantice a los consumidores la prestación de los servicios y tratamientos adecuados para combatir la adicción a los productos del tabaco, mediante proyectos y programas integrales. (art. 3). De relevancia para esta resolución indicar que la misma legislación define una serie de términos, aspecto de técnica legislativa que reduce la ambigüedad semántica que pudiera existir y precisa conceptos de forma precisa, para una mejor aplicación de la normativa. Así, en lo conducente, se debe entender por: "a) Espacio libre de humo de tabaco": área que por razones de orden público está prohibido consumir o mantener encendido productos de tabaco. // (...) c) Comercio ilícito: toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, el envío, la recepción, la posesión, la distribución, la venta o la compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad. // d) Empaquetado: está constituido por lo siguiente: 1.- Empaque primario o cajetilla: todo recipiente que tiene contacto directo con el producto de tabaco, con el fin de protegerlo contra su deterioro, contaminación o adulteración y facilitar su manipulación. 2.- Empaque secundario o cartón: todo recipiente que contenga dos o más empaques primarios con el objeto de protegerlos y facilitar su comercialización hasta llegar al consumidor final.
El empaque secundario es usualmente utilizado para agrupar en una sola unidad de expendio varios empaques primarios. // e) Etiquetado: se entiende por etiquetado o rotulado el conjunto de inscripciones, leyendas, marcas y disposiciones que se imprimen en cualquier envase primario o secundario que contenga cigarrillos o algún derivado de productos del tabaco. //f) Lugar cerrado: espacio cubierto por un techo y cerrado por dos o más paredes o laterales, independientemente de la clase de material que se utilice o de que la estructura sea permanente o temporal. //g) Lugar público: lugar al que tiene acceso el público en general o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea el propietario o de quién posea el derecho de ingreso. // (...) // i) Mensaje sanitario: advertencias dirigidas al consumidor y al público sobre los riesgos y daños a la salud que produce el consumo de productos del tabaco y la exposición al humo de los productos de tabaco.
Pueden consistir en pictogramas, imágenes, leyendas y similares. // j) Industria tabacalera: abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores de productos de tabaco. // k) Productos de tabaco: abarca los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé. // l) Publicidad y promoción del tabaco: se entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco. // m) Patrocinio del tabaco: se entiende toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco. //n) Promoción del tabaco: todo estímulo de la demanda de productos de tabaco, que puede incluir publicidad y cualquier acto destinado a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores y no consumidores de productos de tabaco o sus derivados. //(....) p) Productos relacionados al consumo: artículos que tienen una relación directa con el acto o los rituales del fumado, tales como encendedores, fósforos, ceniceros, estuches para cigarrillos y similares. // q) Vendedores de productos de tabaco: personas físicas o jurídicas que se dedican a cualquier actividad comercial, con el fin de vender al por mayor o al detalle productos de tabaco, sus derivados y productos relacionados con su consumo. // r) Punto de venta: se entiende para los efectos de esta ley como la caja de registro o similar del establecimiento comercial. //s) Salario base: para lo dispuesto en esta ley, se entiende por "salario base" el concepto usado en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993. // t) Distribuidor: toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, entidad de hecho o derecho, privada o pública que en nombre propio o de un tercero, por cuenta propia o ajena, se dedica en forma habitual a distribuir o comercializar, al por mayor o al detalle, un producto de tabaco. // (....)".- (Art. 4).- En el Capítulo II, de esta legislación denominado: "PROTECCIÓN CONTRA EL HUMO DE TABACO". establece prohibición para fumar en diversos lugares, tanto públicos como privados, declarándolos espacios cien por ciento libres de exposición al humo de tabaco.
(art. 5).- Se establece la obligación de exhibir avisos alusivos a la prohibición de fumar (art. 6), y de establecer programas de cesación del fumado por parte de los patronos quienes procurarán otorgar el permiso correspondiente a las personas trabajadoras con diagnóstico de adicción al tabaco para asistir a programas acreditados en instituciones a fin de que puedan hacer abandono de su adicción. (art. 7). En el capítulo III, se regulan las potestades y deberes de la autoridad sanitaria que le competen al Ministerio de Salud, entre ellos los métodos para el análisis de los productos de tabaco, medición del contenido de los productos de tabaco, los requisitos para la reglamentación de esos contenidos y emisiones, la información que los fabricantes deberán proveer a la autoridad sanitaria y al público acerca de los ingredientes utilizados en los productos elaborados con tabaco, de modo tal que queden protegidos los secretos industriales y de fórmulas de los fabricantes, etc. (art. 8).- .
En el capítulo IV, se regula lo relativo al etiquetado de los productos de tabaco, determinándose que: "En toda cajetilla y cartón de los productos de tabaco deberán aparecer impresos de forma permanente, en sus caras externas o superficies principales expuestas, los mensajes sanitarios que describan los efectos nocivos del tabaco, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamento." Y el Ministerio de Salud definirá y aprobará los mensajes sanitarios y advertencias que deberán ser claros, variados, visibles, legibles y en idioma español y abarcarán, obligatoriamente, los espacios y porcentajes siguientes de la cajetilla o cartón y demás advertencias. De igual forma se establece que "Los fabricantes y comerciantes de productos de tabaco no podrán alterar la información consignada en las cajetillas y cartones. Tampoco, podrán colocar etiquetas u otros materiales que las oculten." (art. 9).- Se regula la información cualitativa del contenido y emisiones de los productos de tabaco, y se prohíbe que las cajetillas o los cartones de los productos de tabaco contengan términos que los promocionen de manera equívoca, falsa o engañosa.
(arts 10 y 11). En en el Capítulo V, se regula lo relativo a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, disponiéndose de forma clara y precisa que: "ARTÍCULO 12.- Publicidad, promoción y patrocinio // Se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. // Se exceptúa de la prohibición establecida en el párrafo anterior la publicidad y promoción que se realice: // a) En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso limitado a personas adultas y no sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley. //b) Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley.". El capítulo VI, regula lo relativo a la producción ilegal y el comercio ilícito de los productos de tabaco, determinándose la obligatoriedad de cumplir con la legislación aduanera vigente, tanto en la importación, fabricación, comercialización o cualquier tipo de productos de tabaco y sus derivados y en caso de realizar ingreso no autorizado está autorizado el Ministerio de Salud, para la destrucción de los productos confiscados.
(art. 13). De igual forma se vigilará por parte del Estado de las medidas se vigilancia, documentación y control en el almacenamiento y distribución en las zonas francas, entre otras. (art. 14) y se establece como responsabilidad del Ministerio de Hacienda y sus dependencias promover y adoptar medidas para el control tributario de los productos de tabaco, ello con la finalidad de combatir, todas las formas de comercio ilícito y contrabando de tales productos. (art. 15). En el capítulo VII, se regula la distribución, venta y suministro de los productos de tabaco, estableciéndose que la regulación de la venta y suministro de éstos se puede llevar a cabo en determinados lugares y espacios y prohibiéndose en otros, así como a menores de edad y se establece la obligación de que la venta de productos de tabaco al público deberá realizarse, exclusivamente, en las cajas de pago o en puntos de venta de los establecimientos, de tal forma que estos no estén, directamente, accesibles al consumidor final.
(art. 16). De igual forma se prohíbe que personas menores de edad se dediquen a la venta o comercialización de tabaco. (art. 17). Se ha regulado el comercio, distribución y venta de productos de tabaco, prohibiendo vender cigarrillos sueltos o al menudeo, así como en cajetillas que contengan menos de veinte cigarrillos y utilizar máquinas expendedoras o dispensadoras de productos de tabaco o sus derivados. (art. 18). Se prohíbe además, la fabricación, importación y venta de alimentos o juguetes que tengan la forma o el diseño de productos de tabaco. (art. 19). El capítulo VIII regula la educación, prevención y cooperación en los programas educativos y de prevención por parte de las autoridades de salud y de educación.. (art. 20 y 21).- En el capítulo IX, artículos del 22 al 31, lo relativo al impuesto a los productos de tabaco. En el Capítulo X, se regula lo relativo al control, fiscalización y sanciones, precisándose que el Ministerio de Salud, regulará, controlará y fiscalizará el cumplimiento cabal de esta ley y sus reglamentos, en lo atinente a ese ramo.
(art. 32). Los artículos 33-35 regula lo relativo al decomiso de objetos prohibidos y productos de tabaco que se encuentren de forma ilícita en el país; el acta de decomiso, registro de infractores. En este último punto se dispone la creación del Registro Nacional de Infractores que estará a cargo del Ministerio de Salud y se encargará de llevar el historial de faltas y sanciones que cometan los infractores de esta ley. En relación a las sanciones, el artículo 36 determina que: "De acuerdo con la infracción cometida, se sancionará: a) Con multa del diez por ciento (10%) de un salario base, a las personas físicas que fumen en los sitios prohibidos. //b) Con multa del quince por ciento (15%) de un salario base, a las personas responsables y jerarcas que incumplan el deber de colocar, en los sitios prohibidos para fumar, los avisos con la frase "Prohibido fumar, ambiente libre de humo de tabaco" y con el símbolo internacional de prohibido fumar, así como cualquier otro aviso que establezca el reglamento de esta ley. // c) Con multa del cincuenta por ciento (50%) de un salario base a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: i.- A quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que han permitido el fumado en sitios prohibidos. // ii.- A quien fabrique, importe o venda alimentos o juguetes que tengan la forma o el diseño de productos de tabaco. // iii.- A quien venda o suministre productos de tabaco en lugares y espacios cien por ciento libres de humo donde se prohíbe fumar. //iv.- A quien venda o suministre cigarrillos sueltos, al menudeo o en cajetillas que contengan menos de veinte unidades. //v.- A quien venda, suministre o distribuya, onerosa o gratuitamente, productos de tabaco utilizando máquinas expendedoras o dispensadoras. // vi.- A quien distribuya, gratuitamente, productos de tabaco en lugares prohibidos. // vii.- A quien venda o suministre productos de tabaco a personas menores de dieciocho años. // viii.- A quien venda o suministre productos de tabaco utilizando algún medio que no permita la comprobación de la identidad de las personas compradoras. // d) Con multa de diez salarios base a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: i.- A quien incumpla la obligación de brindar la información completa y detallada de los productos de tabaco ante el Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. // ii.- A quien incumpla la obligación de cumplir con los trámites aduaneros de los productos de tabaco o las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud, para el almacenamiento y la distribución de productos del tabaco que se encuentren en régimen de suspensión de impuestos o derechos. // iii.- A quien incumpla la obligación de colocación de las advertencias sanitarias, leyendas o información de contenido sanitario en las cajetillas y cartones. //iv.- A quien incumpla alguna de las especificaciones normativas y técnicas del empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco. //v.- A quien incumpla alguna de las disposiciones relacionadas con la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos del tabaco establecidas en esta ley.
Además de las sanciones de multa indicadas, las municipalidades y el Ministerio de Salud podrán clausurar los locales que incumplan las obligaciones estipuladas en la presente ley. En los casos que se requiera renovar permisos o licencias ante esos entes o cualquier otra institución del Estado deberán demostrar, mediante certificación debidamente emitida por el Ministerio de Salud, que se encuentran al día en el pago de las multas establecidas en el presente artículo". (Nota de Sinalevi: Mediante la resolución N° MS-DM-JM-6737-2021del 5 de noviembre del 2021 se establece una moratoria en la cancelación de las multas del artículo 36 de la Ley 9028 del 22 de marzo de 2012 "Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud", hasta el 01 de marzo del 2022, por ende, a partir de la fecha de vigencia de esta resolución y antes de esa fecha (01 de marzo del 2022), no podrán clausurarse los establecimientos cuyos permisionarios no hayan cancelado la multa.).
En el capítulo XI, se establece lo concerniente a la recaudación y destino de multas, así como el plazo para su cancelación (arts. 37 y 38). En lo relativo al procedimiento administrativo para la aplicación de esta normativa, se ha dispuesto que: "Todas las actuaciones y acciones de esta ley se tramitarán de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley General de la Administración Pública." (Art.39). Finalmente, el artículo 40 estableció de las derogatorias de la Ley de Regulación del Fumando, N° 7501 y sus reformas. Las normas transitorias refieren al plazo con que contaba el Poder Ejecutivo para la reglamentación de esta normativa y el período previsto para que los importadores y comercializadores de productos de tabaco, pudieran ajustarse a las nuevas regulaciones. Más adelante, esta Cámara aplicará esta legislación para la resolución del caso. Ahora bien, dado que la parte demandante invocó el voto de la Sala Constitucional Nº 2013016028 de las catorce horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad declarada sin lugar en relación a la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (9028, es importante retomar, lo señalado por la Sala Constitucional en su considerando V; en donde refirió a las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de productos, así como de la comunicación directa entre vendedores y consumidores.
Así, en en considerando V, se dispuso: "V.- OBJECIÓN A LA REGULACIÓN SOBRE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO. Los promoventes se oponen a la regulación de estos aspectos en el proyecto de ley consultado. Al respecto, el texto que impugnan expresa lo siguiente: “ARTÍCULO 12.- Publicidad, promoción y patrocinio.// Se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. //Se exceptúa de la prohibición establecida en el párrafo anterior la publicidad y promoción que se realice: a) En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso limitado a personas adultas y no sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley. // b) Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley”. //En relación con esta norma, alegan que ante ese escenario no subsisten opciones de hacer publicidad comercial de tabaco, porque la prohibición es total.
Agregan que el propósito del proyecto de ley es crear obstáculos indirectos que produzcan el mismo efecto que prohibir el consumo del tabaco, y que al analizar detenidamente cuáles lugares están definidos como cien por ciento libres de tabaco, resulta evidente que la prohibición de publicidad es equivalente a la prohibición de fumar. Además, aseveran que si es lícita la actividad de cultivo, industrialización, comercialización y consumo de productos derivados del tabaco, no es posible, de acuerdo con nuestra Constitución, imponer por ley restricciones indirectas que causen el efecto de prohibir esa actividad lícita. Del análisis de esos argumentos, lo primero que debe decirse es que la norma consultada no contiene una prohibición “total” de publicidad, conforme se observa en sus incisos a) y b). Tampoco se está prohibiendo el consumo del tabaco, no obstante la restricción a la publicidad.
Asimismo, debe precisarse que esta norma también tiene fundamento en el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco”, que en cuanto a este tema concreto, estipula: “Artículo 13 Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco//1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco.// 2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21”.// Véase la contundencia de este precepto aprobado por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, adviértase también que la restricción de la publicidad del proyecto consultado no es total. Por otra parte, recuérdese lo que ha dicho la Sala sobre el valor y la jerarquía de este tipo de normas, que tienen por objetivo proteger derechos fundamentales, como en este caso, en que la finalidad del convenio internacional (véase su Preámbulo) es proteger la salud pública:“IV.- Por su parte, en la sentencia N°3435-92 y su aclaración, N°5759-93 esta Sala reconoció que “los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución” (vid. Voto 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995) ... ” (ver sentencia No. 2007-03043, de las 14:54 horas del 07 de marzo de 2007).// En síntesis, la norma cuestionada no solo está jurídicamente permitida, sino que además, es acorde con el Derecho de la Constitución sobre los Derechos Humanos.
Por último, los consultantes alegan en relación con este precepto, que el proyecto no regula la “comunicación directa con los vendedores y los consumidores” contenida en el artículo 12 inciso b), sino que de manera inconstitucional delega en el Poder Ejecutivo tanto su definición como su regulación, de forma que el reglamento podría establecer una definición tan amplia y una regulación tan vasta, que fácilmente puede restringir aún más la publicidad, y todo esto, vía reglamento. A esta argumentación debe responderse que tampoco resulta de recibo, porque es claro que el legislador puede asignar al Ejecutivo el desarrollo de los conceptos de una ley, y, en todo caso, en su oportunidad podría revisarse en la jurisdicción ordinaria si estima que el reglamento por dictarse llegare a exceder lo dispuesto en la ley de marras". De esta resolución de la Sala Constitucional se desprenden dos cosas relevantes para la resolución de este proceso, la primera que el artículo 12 de la Ley N° 9028 no establece una prohibición absoluta a la publicidad, promoción y al patrocinio, sino que determina una restricción y como tal no resulta inconstitucional y en segundo lugar que la excepción del inciso b) del artículo 12, quedó a su desarrollo vía reglamento, aspecto que será analizado y desarrollado en el siguiente considerando.
Patrocinio de tabaco: Se entiende toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco y sus derivados. // (...)// 42. Publicidad y promoción de tabaco: Se entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco y sus derivados. // 43. Promoción de tabaco: Todo estímulo de la demanda de productos de tabaco, que puede incluir publicidad y cualquier acto destinado a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores y no consumidores de productos de tabaco o sus derivados.". Ahora bien en el Capítulo IV, de este Reglamento se desarrolla en un primer momento lo relativo a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y sus derivados.
Así, en el artículo 16 se prohíbe -en principio- cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados, sin embargo, en el artículo 17 se establece: "Artículo 17.- Se exceptúa de lo anterior la publicidad y promoción por comunicación directa que lleva a cabo la industria tabacalera con los vendedores y los consumidores de tabaco y sus derivados, mayores de edad, de conformidad con el protocolo establecido para dicho fin en el Anexo 3 del presente reglamento.". Luego, en el Anexo 3 se dispuso: "PROTOCOLO: PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN POR COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE FABRICANTES Y LOS VENDEDORES O LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS.// Justificación: De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley General para el Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, se emite el presente protocolo. // Objetivo: Regular los alcances de la publicidad y promoción de los productos de tabaco y sus derivados por comunicación directa de la industria tabacalera con los vendedores y consumidores. //Definiciones: a) Comunicación directa: Es aquella comunicación que se da entre la industria tabacalera con los vendedores o los consumidores mayores de edad, de productos de tabaco y sus derivados. // a) Consumidores: Personas que consumen productos de tabaco y sus derivados. // b) Industria tabacalera: Toda persona física o jurídica que se dedique a la fabricación, distribución mayorista e importación de productos de tabaco y sus derivados. //c) Promoción de tabaco: todo estímulo de la demanda de productos de tabaco, que puede incluir publicidad y cualquier acto destinado a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores y no consumidores de productos de tabaco o sus derivados. d) Publicidad y promoción de tabaco: Se entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco. e) Vendedores de productos de tabaco: Personas físicas o jurídicas que se dedican a cualquier actividad comercial, con el fin de vender al por mayor o al detalle productos de tabaco, sus derivados y productos relacionados con su consumo. //Disposiciones: Para que la industria tabacalera pueda comunicarse directamente con los vendedores y consumidores, para hacer efectiva la publicidad o promoción de los productos de tabaco y sus derivados, debe asegurarse que esta publicidad sea entre personas mayores de edad y consumidores de productos de tabaco y sus derivados. //Podrá hacerse uso del servicio a domicilio, cara a cara, siempre y cuando la comunicación sea para el vendedor o consumidor de productos de tabaco y sus derivados." Además, el artículo 40 del Reglamento establece que: "Artículo 40.-Para los efectos de este reglamento, el responsable legal de cualquier establecimiento o local comercial dedicado a la venta de productos de tabaco, será responsable por las acciones o las omisiones de su personal y de los contratistas.
Dicha responsabilidad no se excluye de la que pueda recaer directamente sobre quien realizó u omitió la acción que dio lugar a la infracción." A continuación se hará una aplicación de este Decreto al caso.
Este Tribunal, observa y constata que los fiscalizadores que realizaron la inspección en la Pulpería Nataly, ostentaban una investidura como "autoridad competentes" para los efectos de la fiscalización realizada, ello por cuanto efectivamente el Presidente de la República y la Ministra de Salud, los designaron entre otras personas, para que fungieran con carácter de Autoridad de Salud, de conformidad con las funciones encomendadas relativas a la fiscalización prevista en la Ley N° 9028 y sus reformas; en razón de lo cual se descarta vicio de nulidad al respecto con fundamento en la supuesta incompetencia de los fiscalizadores; toda vez que las personas fiscalizadoras, quienes según el artículo 3 del primer acuerdo, debían atender lo dispuesto en las medidas de vigilancia y control de la Ley 9028 y su Reglamento. Un segundo argumento de nulidad conforme al procedimiento realizado versa sobre la supuesta falta de firma del Dr. Cristian Valverde Alpízar en el oficio MS-DRRSBRU-2029-2019, sin embargo, del expediente de medida cautelar se desprende que el documento en cuestión fue firmado digitalmente; por lo que el vicio de nulidad acusado es inexistente, y así se declara.
Ante un tercer argumento en relación a la nulida absoluta del procedimiento administrativo, cuetionando la aplicación del procedimiento sumario, establecido en la LGAP y no el procedimiento ordinario, debe este Tribunal indicar en primer lugar que de conformidad con el principio de legalidad, tutelado tanto a nivel constitucional como en la LGAP, en ambos casos en el artículo 11, que no fue una decisión de las autoridades de salud quienes pueden determinar cuál de ambos procedimientos debe aplicarse, sino, que es la propia Ley N° 9028, la que en su artículo 39 determina lo siguiente: "ARTÍCULO 39.- Procedimiento administrativo //Todas las actuaciones y acciones de esta ley se tramitarán de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley General de la Administración Pública." De la simple lectura de esta norma se desprende que fue el legislador ordinario, quien determinó que en este tipo de procedimiento debía aplicarse el procedimiento sumario y no el ordinario.
Al respecto, esta Cámara considera que este aspecto ya fue impugnado ante la Sala Constitucional, alegándose violación al derecho de defensa entre otros argumentos, y ésta mediante la resolución N° 2013016028, de las catorce horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece, resolvió con efectos vinculantes erga omnes, -es decir aplicable a todos, lo cuestionado indicando: "X. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 9028, POR VIOLACIÓN DEL NUMERAL 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Se impugna también el artículo 39 de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud”, que dispone que las actuaciones y acciones de la ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento sumario previsto en la Ley General de la Administración Pública. A juicio de la Cámara accionante, la norma vulnera el debido proceso, pues tratándose de la imposición de sanciones pecuniarias muy elevadas y el cierre de establecimientos, se obvian garantías obligadas en materia sancionatoria.
Considera este Tribunal que el reproche no tiene fundamento, pues el artículo 321 de la Ley General de la Administración Pública, establece que en el procedimiento sumario “la Administración deberá comprobar exhaustivamente de oficio la verdad real de los hechos y elementos de juicio del caso.” Contempla una audiencia por tres días a los interesados, con el objeto de que formulen conclusiones sucintas sobre los hechos alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones, y confiere recurso contra la denegación de la audiencia para concluir el procedimiento y el acto final. Adicionalmente, el administrado cuenta con la vía judicial correspondiente, en caso de encontrarse inconforme con lo resuelto por la administración, por lo que no se produce la violación al debido proceso señalada. En una reciente sentencia, de las 16:01 horas del 15 de mayo del 2013, referida a la aplicación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa, la mayoría de este Tribunal señaló que el procedimiento administrativo sumario, satisface la garantía del debido proceso y la defensa, lo cual es aplicable al caso de estudio, en el que se prevé la aplicación de multas y sanciones de cierre temporal de establecimientos, en caso de que se infrinjan las prohibiciones previstas en la Ley 9028.
En razón de todo lo expuesto, estima este Tribunal que las normas impugnadas no violenten los derechos constitucionales alegados, por lo que la acción debe ser desestimada, también en cuanto a este extremo." Avalado por esta Cámara lo señalado por la Sala Constitucional, es claro que no existe ilegalidad en haber utilizado el procedimiento sumario, para constatar la verdad real del procedimiento administrativo; en primer lugar porque la norma autorizante así lo establece y en segundo lugar, por haber sido dicho argumento dirimido por la Sala Constitucional, quien no encontró inconstitucionalidad alguna en este punto, al reseñar que aún luego de ello quedaba la vía judicial para impugnar las actuaciones de la Administración, en consecuencia se rechaza este vicio de nulidad alegado. Un cuarto argumento de nulidad versa sobre la supuesta desproporción de la sanción aplicable al haber incurrido en una supuesta conducta prohibida.
Así, la norma aplicable en cuanto a las sanciones corresponde al artículo 36 que ordena, literalmente: "ARTÍCULO 36.- Sanciones //De acuerdo con la infracción cometida, se sancionará: a) Con multa del diez por ciento (10%) de un salario base, a las personas físicas que fumen en los sitios prohibidos. // b) Con multa del quince por ciento (15%) de un salario base, a las personas responsables y jerarcas que incumplan el deber de colocar, en los sitios prohibidos para fumar, los avisos con la frase "Prohibido fumar, ambiente libre de humo de tabaco" y con el símbolo internacional de prohibido fumar, así como cualquier otro aviso que establezca el reglamento de esta ley. // c) Con multa del cincuenta por ciento (50%) de un salario base a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: // i.- A quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que han permitido el fumado en sitios prohibidos. // ii.- A quien fabrique, importe o venda alimentos o juguetes que tengan la forma o el diseño de productos de tabaco. // iii.- A quien venda o suministre productos de tabaco en lugares y espacios cien por ciento libres de humo donde se prohíbe fumar. // iv.- A quien venda o suministre cigarrillos sueltos, al menudeo o en cajetillas que contengan menos de veinte unidades. // v.- A quien venda, suministre o distribuya, onerosa o gratuitamente, productos de tabaco utilizando máquinas expendedoras o dispensadoras. // vi.- A quien distribuya, gratuitamente, productos de tabaco en lugares prohibidos. // vii.- A quien venda o suministre productos de tabaco a personas menores de dieciocho años. // viii.- A quien venda o suministre productos de tabaco utilizando algún medio que no permita la comprobación de la identidad de las personas compradoras. // d) Con multa de diez salarios base a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: i.- A quien incumpla la obligación de brindar la información completa y detallada de los productos de tabaco ante el Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. // ii.- A quien incumpla la obligación de cumplir con los trámites aduaneros de los productos de tabaco o las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud, para el almacenamiento y la distribución de productos del tabaco que se encuentren en régimen de suspensión de impuestos o derechos. // iii.- A quien incumpla la obligación de colocación de las advertencias sanitarias, leyendas o información de contenido sanitario en las cajetillas y cartones. // iv.- A quien incumpla alguna de las especificaciones normativas y técnicas del empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco. //v.- A quien incumpla alguna de las disposiciones relacionadas con la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos del tabaco establecidas en esta ley. // Además de las sanciones de multa indicadas, las municipalidades y el Ministerio de Salud podrán clausurar los locales que incumplan las obligaciones estipuladas en la presente ley.
En los casos que se requiera renovar permisos o licencias ante esos entes o cualquier otra institución del Estado deberán demostrar, mediante certificación debidamente emitida por el Ministerio de Salud, que se encuentran al día en el pago de las multas establecidas en el presente artículo." (Nota de Sinalevi: Mediante la resolución N° MS-DM-JM-6737-2021del 5 de noviembre del 2021 se establece una moratoria en la cancelación de las multas del artículo 36 de la Ley 9028 del 22 de marzo de 2012 "Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud", hasta el 01 de marzo del 2022, por ende, a partir de la fecha de vigencia de esta resolución y antes de esa fecha (01 de marzo del 2022), no podrán clausurarse los establecimientos cuyos permisionarios no hayan cancelado la multa.). Si bien en sus alegatos la parte demandante alegó que la sanción resulta desproporcionada, esta Cámara rechaza la acusación señalada por la parte demandante, ya que de la configuración de la sanción o del tipo de sanción administrativa, se desprende que la norma en sí misma considerada, reúne una variedad de conductas tipificadas con sanción diversas unas de otras.
Es decir, la norma no prevé una gradualidad en la sanción aplicable. Y en concreto, en relación a la conducta endilgada a la parte demandante, es claro que la norma únicamente establece una consecuencia, y no otorga la posibilidad al operador de la norma a adecuarla por ejemplo al tipo de negocio a quien se le atribuirá la responsabilidad, ya que no es lo mismo una pulpería que a una cadena de supermercados. Dicho, lo anterior, en este caso, al menos, en ello no observa está cámara que el argumento de la parte sea posible de acoger, toda vez que el tipo solo establece una consecuencia ante el incumplimiento y no establece la gradualidad de la sanción como lo acusó la parte demandante, al manifestar que se aplicó al caso la sanción más gravosa. Dicho lo anterior se rechaza esta nulidad. Como quinto punto, la parte alegó que el artículo 12 de la Ley N° 9028, si bien establece una prohibición de realizar publicidad, promoción y patrocino, tal prohibición es relativa y no absoluta, según se precisó en el Voto de la Sala Constitucional N° 16028-2013.
Que en este caso, la norma establece excepciones que se debieron analizar y ponderar en relación al caso concreto, tal y como se indicará. Al respecto, la Ley N° 9028, art. 12, impide de forma categórica realizar cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados; salvo que se estuviera en alguna de éstas dos excepciones, a saber: "a) En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso limitado a personas adultas y no sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley." Al respecto, esta Cámara indica que no sería la excepción aplicable toda vez que como pulpería que es, está declarada cien por ciento libre de humo, y además, no solo entran a comprar adultos, sino que menores de edad; por lo tanto, no aplica esta excepción, obviamente. La otra excepción señala que: "b) Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley".
En relación a esta excepción según lo señalado en el Anexo 3 del Reglamento, considera esta Cámara que sí aplicaba al caso esta excepción. Efectivamente, lleva razón la parte demandante en cuanto a señalar que la prohibición establecida en la Ley N° 9028, mediante la cual se instauró el procedimiento sancionador, no es absoluta, sino relativa; ya que si bien establece una restricción a la publicidad, promoción y patrocinio, la misma sería posible, siempre y cuando se realice según el protocolo establecido en el Reglamento; argumentación que no fue siquiera analizada y descartada durante la fase del procedimiento administrativo, y como bien indicó la Sala Constitucional, en esta vía plenaria es posible determinar si en esa sede se realizó o no el debido proceso. De los hechos probados, a consideración de esta Cámara, no se ponderó la tesis de las excepciones alegadas por la parte demandante, ha ocasionado una falta de motivación de la actuación administrativa DM-LC-801-2020 de las ocho horas y cinco minutos del día 30 de marzo de 2020.
Llega, además esta Cámara a la convicción de que la parte no violentó la prohibición en cuestión, considerando además las declaraciones de ambos testigos, que le merecen plena credibilidad en lo relatado por ambos. Para mayor claridad se hará referencia a lo señalado bajo fe de juramento: Así, la testigo Marjorie Zúñiga Zúñiga, esposa del demandante, quien estaba atendiendo la pulpería cuando llegaron los inspectores, relató bajo fe de juramento que: "(...) Entraron en el área en dónde solo atiende ella y el esposo. Que en la mañana habían recibido un pedido del agente de cigarros de Pall Mall. Ellos ingresaron al lugar en dónde ellos cobran. El joven entró, no recuerda su nombre, vio el producto de los cigarrillos de Palm Mall, no estaba en exhibición, estaba en cajas, ya que de eso se encarga mi esposo, él pone los precios, el muchacho empezó a revolcar todo, en eso llegó mi esposo y él siguió atendiendolos a ellos.
(...) Indicó que el producto venía "bandeado", que lo soltaron y lo dejaron en el mostrador e indicaron que lo vendieran sueltos. Ante las preguntas del Procurador, indicó que ella sí tiene experiencia en recibir proveedores. Que ella recibió al agente de los cigarrillos. Indicó que esos cigarrillos se compran para venderlos al público. (...) Que las cajas estaban debajo del mostrador. Que los cigarros estaban adheridos con un encendedor. (...) Indicó no saber si fueron adheridos por otra persona". (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público). De esta declaración el Tribunal rescata que efectivamente, el producto estaba en cajas, que el producto venía "bandeado", es decir, adheridos a los cigarrillos los encendedores y que ella, en ese mismo día, había recibido a los distribuidores de cigarrillos, quienes dejaron la mercadería, antes de la inspección. Luego, el fiscalizador ERICK MOLINA VARGAS, quien manifesto que revisó los cigarrillos en el punto de pago, luego de obtener la autorización correspondiente y precisando que: "(...) yo ingresé y los cigarros tienen que estar en el punto de pago, se revisaron los cigarrillos existentes, y en una cajita de cartón habían otros cigarrillos también, ruedas y otras ruedas con encendedores adheridos, se sacó y se puso encima del mostrador y se le explicó a la persona que eso es promoción del producto, ya que viene la cajetilla con un encendedor adherido, ahí lo procedente era hacer el informe, sacar fotografías y los separaron y tomaron fotos de los productos por aparte, (....) Nos dimos cuenta al ingresar detrás del mostrador, al revisar los cigarrillos que estaban en la góndola.
La caja estaba a la vista, abierta. No esta a la vista del consumidor, pero no significa que no lo fueran a vender. Si preguntamos si estaban para la venta e indicaron que eventualmente sí los iban a vender. Se hizo el reporte, se le entregó una copia al señor y el resto se entrega en la dirección regional; y ellos siguen con el procedimiento. Si encontramos otras cosas parecidas en otros lugares. Es complicado decir si fue el proveedor o la gente de los locales, pero que sí se encontraron en otros locales con la misma promoción sí. Reiteró que en este caso la caja estaba abierta y a la vista detrás del mostrador. (...) Ante las consultas de la parte demandante indicó que la caja estaba a la vista de las personas que estaban dentro del mostrador, en la parte interna, dentro de la cajita de cartón. Indicó desconocer cómo se denomina en la práctica, la adhesión de un producto con otro. Negó haber escuchado la palabra "bandeo".
Ante la consulta sobre la práctica de adherir un producto con otro, señaló que se cataloga como promoción de producto. Si, adherirlo, sea encendedor, unos audifonos a una cajetilla de cigarro se considera "promoción" y sí está prohibido en la ley. Ante la consulta sobre unas fotografías que se le presentaron por parte del Tribunal. Indicó no recordar. Luego indicó que los cigarros estaban ahí adentro. Reconoció la góngola y que entró a la parte interna del mostrador. Que no había otra forma de accesar la góndola. En relacion a las fotografías con la cajetilla y los encendedores indicó que esa foto, si la tomó él y que eran las cajetillas con los encendedores. No precisó la hora de haber llegado, pero indicó que se reporta en el informe realizado. Que ellos nada más fiscalizan y si está todo bien, así se consigna. Al encontrar algo, preparan el informe y lo remiten a la Regional. (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público).
De la declaración del fiscalizador Erick Molina Vargas, concluye este Tribunal que los cigarrillos no estaban en la góndola, es decir lo que se precisa por la normativa como el punto de venta, sino que estaban debajo del mostrador dentro de una caja de cartón, la cual estaba fuera del ámbito de visión de los consumidores o clientes de la pulpería, pero sí a la vista de los vendedores. Además, se denota de lo señalado por el fiscalizador que ya habían encontrado la misma promoción en otros locales, es decir, que eso que se denomina "bandeo" venía así por parte del distribuidor, no siendo esa conducta atribuida al demandante. Ahora bien, en este caso, como ya se indicó no se motivó en la resolución definitiva del Ministerio de Salud, que el hallazgo en la pulpería Nataly de adherir cigarros con encendedores, correspondía a una excepción establecida en la Ley N° 9028, art. 12 inciso b), por el ordenamiento jurídico a realizarse de forma directa entre el vendedor y los clientes y no siendo sancionable como parte del tipo, la simple tenencia de ese producto adherido a otro, sin estar exhibido, cuya venta no se estaba efectuando abiertamente o realizándose en el punto de venta al momento de la fiscalización, sino que estaba como señaló el mismo fiscalizador dentro de una caja, en el área reservada a la caja o punto de pago y fuera de la vista del consumidor; situación que para este Tribunal corresponde a la excepción del inciso b) del artículo 12 de la Ley N° 9028 y por lo tanto, debe declararse la nulidad absoluta de la resolución N° DM-LC-801-2020, al existir un vicio en el motivo del acto en cuestión, toda vez que no se consideró entre los antecedentes y valoraciones jurídicas necesarios para la emisión del acto administrativo sancionador y sobre los cuales la Administración sustuvo la legalidad, oportunidad yy conveniencia de éste, sin ponderar al efecto la excepción prevista por el ordenamiento al caso concreto, según lo argumentado por la parte promovente.
Tal situación afectó además la motivación del acto sancionatorio, al no haber considerado o analizado la excepción prevista la normativa. (Ley 9028. art. 12 inciso b). Es claro para esta Cámara que si bien el producto fue recibido por la esposa del demandante, aspecto cubierto por el Reglamento en su artículo 40 y por lo tanto imputable al demandante su actuar ya que el artículo 40 establece: "Para los efectos de este reglamento, el responsable legal de cualquier establecimiento o local comercial dedicado a la venta de productos de tabaco, será responsable por las acciones o las omisiones de su personal y de los contratistas. Dicha responsabilidad no se excluye de la que pueda recaer directamente sobre quien realizó u omitió la acción que dio lugar a la infracción." A continuación se hará una aplicación de este Decreto al caso." Dicho lo anterior, es claro que la responsabilidad directa de lo ocurrido en la Pulpería, mientras el demandante no se encontraba es imputable al demandante, y debemos recordar que en los locales comerciales, quien brinda la atención al público, para los efectos de los clientes actúa como responsable del mismo.
Véase que el Código de Comercio en relación a los auxiliares del comercio, establece que los dependientes son las personas a quienes el principal encarga la ejecución de determinadas operaciones de su actividad comercial, dentro del establecimiento. (Código de Comercio. Art. 369) y, el artículo 371 de esta legislación mercantil, indica además que: "Los actos de los dependientes obligan a su principal en las operaciones que les estuvieren encomendadas expresamente.". Vemos así, como el Decreto o Reglamento, encuentra eco en la legislación comercial del país, y vincula claramente al dependiente con el propietario del negocio. Sin embargo, en este caso, si bien la testigo señaló que esos productos se habían adquirido para su venta, ello no desvirtúa la tesis de la parte demandante en cuánto a que esos productos no estaban siendo ofrecidos directamente al público, y que correspondían a la excepción de la normativa ya señalada.
Ahora, se rechaza la nulidad de la resolución DM-RM-2921-2020, toda vez que ésta correspondía a una moratoria dictada por el Ministro de Salud, durante la época de la Pandemia a ejecutar las sanciones impuestas ante el incumplimiento de la Ley, aspecto que en este caso, no aplica debido a la medida cautelar acogida en los autos.
EL TRIBUNAL RESUELVE: Tal y como se indicó supra, los fiscalizadores en el presente caso actuaron al amparo de los acuerdos Al respecto, en cuanto a este cuestionamiento, este Tribunal luego de la revisión y análisis de los acuerdos emitidos por el entonces Presidente de la República y la Ministra de Salud, a saber los acuerdos: N° DM-JG-1489-2018, publicado en la Gaceta N° 91 del 24 de mayo de 2018, DM-JG-1338-2019 de 7 de febrero de 2019 y publicado en la Gaceta N° 75 de 24 de abril de 2019 y DM-JG- 5602-2020, publicado en la Gaceta N° 218 de 9 de noviembre de 2020, de donde se desprende que los fiscalizadores de este caso, es decir de quienes realizaron la inspección en la Pulpería Nataly, ostentaban una investidura como "autoridad competentes" para los efectos de la Ley N° 9028, ello por cuanto efectivamente el Presidente de la República y la Ministra de Salud, los designaron entre otras personas, para que fungieran con carácter de Autoridad de Salud, de conformidad con las funciones encomendadas relativas a la fiscalización prevista en la Ley N° 9028 y sus reformas; esta Cámara descarta el vicio de nulidad alegado, con fundamento en la supuesta incompetencia de los fiscalizadores; quienes según el artículo 3 del primer acuerdo señalado supra, debían atender lo dispuesto en las medidas de vigilancia y control de la Ley 9028 y su Reglamento. En consecuencia de rechaza esta pretensión.
EL TRIBUNAL RESUELVE: De la revisión de la documentación consta que el documento en cuestión fue firmado de forma digital, motivo por el cual se rechaza esta pretensión.
EL TRIBUNAL RESUELVE: Conforme a los considerandos anteriores, se declara con lugar esta pretensión. Tal y como se indicó supra, en este caso las autoridades del Ministerio de Salud, no motivaron adecuadamente los actos administrativos en cuestión, toda vez que no ponderaron la excepción contenida en la Ley N° 9028 art. 12 inciso b), en relación a una de las posibilidades existentes para realizar publicidad, promoción o patrocinio de productos derivados de tabaco, en este caso, cuando tal actividad se efectuá en el punto de venta de forma directa entre el vendedor y el comprador. De la prueba testimonial, evacuada en los autos, y que le merece plena credibilidad a este Tribunal, y a la luz de la sana crítica racional, se tiene la plena convicción que las cajetillas encontradas en la pulpería Nataly habían sido entregados por los distribuidores de los cigarros en horas de la mañana al momento de hacer entrega de los productos para la venta, y éstos estaban fuera del alcance de los consumidores y en un lugar en donde no podían ser visto por éstos, según así lo manifestó ante este Tribunal el fiscalizador, razón por la cual, este Colegio se ha inclinado en declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas toda vez que en estas no se analizó ni ponderó de forma motivada la excepción contenida en la Ley N° 9028 art. 12 inciso b), que incluso se encuentra desarrollada con un Protocolo específico en el Reglamento, que permite la promoción directa entre el vendedor y los consumidores, a modo de excepción prevista en la propia legislación, razón por lo cual esta Cámara ha declarado con lugar esta pretensión -parcialmente- a favor de la parte demandante y declarando la nulidad absoluta por vicio en el elemento motivo, de la resolución DM-LC-801-2020 y se rechaza en cuanto a la resolución DM-RM-2921-2020, correspondiente a una moratoria general no aplicable a la parte demandante, en razón de la medida cautelar acogida a su favor.
EL TRIBUNAL RESUELVE: Vista esta pretensión, se considera que la misma es accesoria a la tercera y al haberse concedido la tercera -parcialmente- o declararse con lugar, de igual forma debe procederse con esta, declarándola con lugar, toda vez que además de la sanción pecuniaria de quedar firme la sanción sería aplicable el registro del demandante como infractor de la Ley N° 9028.
EL TRIBUNAL RESUELVE: En este caso, no hubo daños y perjuicios directos derivados de las resoluciones citadas, toda vez que como consta en los resultandos de esta resolución, la pulpería en cuestión nunca estuvo cerrada, sin que además se hayan acreditados daños directos en nexo de causalidad a la luz de la LGAP, artículos 190 y siguientes. Por lo tanto, se rechaza esta pretensión.
POR TANTO:
Se rechaza la excepción de falta de derecho en cuanto a las pretensiones que se acogen y se acoge la excepción en cuanto a las pretensiones rechazadas. Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por JOSÉ RAMÓN ARGUEDAS MATARRITA en contra del ESTADO. Se acoge la nulidad de la resolución DM-LC-801-2020 de las ocho horas y cinco minutos del día 30 de marzo de 2020 y en consecuencia se ordena al Ministerio de Salud que elimine al demandante del registro de infractores a la ley 9028. Las demás pretensiones se rechazan. Son las costas procesales y personales a favor de la parte demandante y los intereses desde su determinación hasta su efectivo pago. Notifíquese.- LAURA GARCÍA CARBALLO JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ PAULO ALONSO SOTO Juez(a) PALONSO ???????????????
PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
LAURA GARCIA CARBALLO - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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