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Res. 05081-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 01/11/2023
OutcomeResultado
The lawsuit filed by the former SINAC employee is dismissed; the no-fault dismissal is upheld, and all claims for damages and reinstatement are rejected, with costs imposed on the plaintiff.Se declara sin lugar la demanda del exfuncionario del SINAC; se confirma la legalidad del despido sin responsabilidad patronal y se rechazan todas las pretensiones indemnizatorias y de reinstalación.
SummaryResumen
The Administrative Appeals Court dismisses a lawsuit filed by a former employee of the National System of Conservation Areas (SINAC). The plaintiff claimed he had been subjected to workplace harassment and that his dismissal — without employer liability — was invalid. As coordinator of the SINAC marketing office, he was dismissed after an administrative disciplinary process confirmed serious irregularities in a project for a Protected Areas Guide, including misuse of SINAC’s logo and name to solicit sponsorships. The court examines all alleged harassing acts and concludes they do not constitute mobbing; rather, they are lawful management decisions, justified sanctions for repeated failure to submit mandatory reports, or legitimate exercise of disciplinary power. It further finds that the dismissal procedure respected due process and that the proven conduct — such as facilitating logos and contacts to third parties without a formal agreement — was sufficiently serious to justify termination. All claims for reinstatement, backpay, and moral damages are rejected, with costs imposed on the plaintiff.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda presentada por un exfuncionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que alegaba haber sido víctima de acoso laboral y que su despido era nulo o indebido. El actor, quien se desempeñaba como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación, fue despedido sin responsabilidad patronal tras un proceso disciplinario que confirmó graves irregularidades en un proyecto de una Guía de Áreas Silvestres Protegidas, en el que se usaron indebidamente logotipos y el nombre del SINAC para solicitar patrocinios. El Tribunal analiza minuciosamente todas las conductas señaladas por el actor y concluye que no constituyen acoso laboral, sino decisiones de gestión, sanciones justificadas por incumplimientos o el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria. Además, determina que el posterior procedimiento de despido respetó el debido proceso y que los hechos acreditados —como la facilitación irregular de logos y contactos a terceros sin convenio— son de suficiente gravedad como para justificar la separación del cargo. Se declaran sin lugar todas las pretensiones de reinstalación, salarios caídos e indemnización por daño moral, con costas a cargo de la parte actora.
Key excerptExtracto clave
In trying to disprove the charges, the plaintiff merely recites the original charges and those that ultimately formed the basis of the dismissal proceeding, together with his defense, but fails to address the extensive evidence in the preliminary investigation file, the administrative file, and the dismissal proceeding itself. That evidence shows that he did not limit himself to technical or coordination aspects of the guides. His actions breached the institution’s internal controls; his decisions allowed critical steps — such as verifying the identity of the person who supposedly signed the donation of the guides — to be omitted, which enabled Azul Media Group, supported by emails and official letters written by the plaintiff and by the logos provided by him, to approach private companies and public institutions, both domestic and international, to request donations and sell advertising in the guides. The plaintiff’s involvement is detailed in several documents, notably the one from the Spanish Embassy, where he acted as a conduit to allow Azul Media Group to request thirty thousand dollars — an amount that was never paid but was sought under the pretense of a MINAE project. This Chamber cannot accept the argument that such conduct was normal in view of the marketing office’s lack of funds. Even if funds were lacking, the way in which the plaintiff sought in-kind support was not proper and was not backed by institutional protocols formally approving such financing mechanisms. He should have sought legal advice and designed strategies in accordance with the principle of legality; instead, the record shows that he habitually engaged in informal and atypical practices long before the episode with Azul Media Group or its predecessor company.La parte actora para defender que él no cometió los cargos se limita a hacer recuentos de los cargos originales y los que finalmente fueron objeto de la gestión de despido y como se defendió él, pero omite referirse a las amplias pruebas que constan en el expediente de la investigación preliminar, en el expediente administrativo y la gestión de despido donde se comprueba que el actor no solo se limita a aspectos técnicos o de coordinación de las guías. Sus actuaciones violentaron el control interno de la institución, sus decisiones permitieron que no se verificaran adecuadamente actos tan importantes como la verificación de la identidad de la persona que supuestamente firma la donación de las guías que fue el inició para que Azul Media Group acuerpada por las presentaciones que por correo electrónico y oficios el actor realizó y por los logos proporcionados por el accionante, se presentará ante empresas privadas e instituciones públicas nacionales e internacionales a pedir donaciones y vendiera publicidad dentro de las guías, su participación consta en varios oficios que están ampliamente explicados en el informe preliminar y sobre todo el de la Embajada de España donde sirvió de enlace al presentarla para que la empresa Azul Media Group pidiera a la dicha embajada la suma de treinta mil dólares, suma que finalmente no se concretó pero si se solicitó al amparo de que era un proyecto del MINAE. No es de recibo para esta Cámara de Juzgadores, la afirmación que era una conducta normal ante la falta de fondos de la oficina de Mercadeo, si esos fondos no existían, no cabe duda que el modo en que el actor actuaba para obtenerlos en especie no era la forma correcta, ni tampoco estaba respaldada en protocolos institucionales que oficializaran dichos mecanismos de financiamiento. Debió pedir asesoría legal, diseñar estrategias acordes con el principio de legalidad, pero se denota que él mismo acostumbraba a realizar estas actuaciones informales y atípicas, mucho antes de que acaeciera la situación con Azul Media Group o la sociedad anterior a esta.
Pull quotesCitas destacadas
"No existe base antijurídica que justifique la responsabilidad de la administración que se pide."
"There is no unlawful basis to justify the administrative liability claimed."
Considerando VI.3
"No existe base antijurídica que justifique la responsabilidad de la administración que se pide."
Considerando VI.3
"No es de recibo para esta Cámara de Juzgadores, la afirmación que era una conducta normal ante la falta de fondos de la oficina de Mercadeo… el modo en que el actor actuaba para obtenerlos en especie no era la forma correcta, ni tampoco estaba respaldada en protocolos institucionales."
"This Chamber cannot accept the argument that such conduct was normal in view of the marketing office’s lack of funds… the way in which the plaintiff sought in-kind support was not proper and was not backed by institutional protocols."
Considerando VI.2
"No es de recibo para esta Cámara de Juzgadores, la afirmación que era una conducta normal ante la falta de fondos de la oficina de Mercadeo… el modo en que el actor actuaba para obtenerlos en especie no era la forma correcta, ni tampoco estaba respaldada en protocolos institucionales."
Considerando VI.2
"El acoso es una serie de actuaciones de una o varias personas que minan al acosado para afectarlo a diferentes niveles y lograr con ello básicamente su renuncia. En el caso del actor, no se demuestra que después de que éste solicitará trasladarse a un área de conservación se realizaran acciones sistemáticas de acoso."
"Harassment is a series of actions by one or more persons that undermine the victim at different levels in order essentially to bring about his resignation. In the plaintiff’s case, it is not shown that, after he requested to be transferred to a conservation area, there was any systematic harassment."
Considerando VI.1
"El acoso es una serie de actuaciones de una o varias personas que minan al acosado para afectarlo a diferentes niveles y lograr con ello básicamente su renuncia. En el caso del actor, no se demuestra que después de que éste solicitará trasladarse a un área de conservación se realizaran acciones sistemáticas de acoso."
Considerando VI.1
Full documentDocumento completo
**EXPEDIENTE:** **PROCESO:** CONOCIMIENTO **ACTOR/A:** [Nombre 001] **DEMANDADO/A:** THE STATE N° N° 2023005081 CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten hours and forty minutes on the first of November of two thousand twenty-three.- Proceedings (Proceso de conocimiento) filed by Mr. [Nombre 001], of legal age, divorced, Business Administrator with emphasis in Marketing, resident of Coronado, bearer of identity card number [...], represented by Lic. Jorge Emilio Regidor Umaña, of legal age, attorney, bar association number 2131, against the STATE, represented by the State Attorney, Licda. Amanda Grosser Jiménez, of legal age, attorney, bearer of identity card number 1-1256-0237, and against Mr. [Nombre 004], of legal age, single, budget analyst, bearer of identity card number [...], represented by his special judicial representative, Lic. Jonatan López Arias, bar association number 18931.- **RESULTANDO** I.- On April 21, 2021, the plaintiff filed proceedings (proceso de conocimiento) against the State and [Nombre 004], formulating the following claims: "I- That the undersigned was subjected to workplace harassment (acoso laboral), arising from all the acts indicated in the complaint, and that harassment culminated in my dismissal. II- That this workplace harassment has caused me irreparable personal moral damage (daño moral), and the undersigned requests that the payment of said moral damage be ordered (which the plaintiff party indicates is objective moral damage (daño moral objetivo) under Article 82 of the Labor Code (Código de Trabajo)). III- That the dismissal management process derived from Resolution No. 043-2019-TASC at ten hours on November twenty-ninth, two thousand nineteen, is based on facts that the undersigned did not commit and in which the real truth was distorted, and that this dismissal management was the final instrument with which I was harassed until my dismissal was achieved. IV- That the dismissal I was subjected to had prescribed (prescrito), since more than one month had passed after Resolution No. 043-2019-TASC became final, which is the second instance of the dismissal management, which was notified to all parties on December 4, 2019, because Personnel Action No. 120000259 for Cessation of Functions was prepared by the Department of Human Resources on January 17, 2020, effective one day earlier, January 16, 2020. V- That apart from what has been said, it be declared that the grounds subject to the complaint were not proven in this process, and to that extent, I request the payment of the items under Article 82 of the Labor Code, which I estimate at six months' salary. VI- That my reinstatement (reinstalación) in the position I held at the time of the dismissal must be ordered, that is to say, as CIVIL SERVICE PROFESSIONAL 2, GENERALIST specialty, in the position of Financial Analyst at the National System of Conservation Areas (SINAC), and that reinstatement must also include the payment of back pay (salarios caídos) from the day of the dismissal until the date of effective reinstatement, including the bonuses I had at the time of my salary, as well as the increases granted to the salary base from the dismissal until the reinstatement, including annual bonuses (anualidades), prohibition (prohibición), professional career, but those such as the annual bonus that increase upon completing years of service, shall also increase during the period in which I remain dismissed, and everything stated here shall be estimated until the undersigned is reinstated. In addition to the salary increases granted from the dismissal and until the reinstatement, school salary (salario escolar), year-end bonus (aguinaldo), and vacation days for the entire period of layoff must be paid. VII- That the back pay must be established, in enforcement of judgment, estimating each one month by month, and involving all the labor items stated in claim VI above, as well as any other bonus granted to CIVIL SERVICE PROFESSIONALS 2 during the entire time they remain dismissed; the back pay that the defendant must pay to the undersigned must also consider payments to the Disability, Old Age, and Death (Invalidez, Vejez y Muerte) system, the contribution of which must be paid in its entirety by the employer. VIII- That interest and indexation on all the foregoing items granted be recognized to me from the time those items arose until the moment I am reinstated and the first monthly salary payment is made. IX- That the defendant must pay the personal and procedural costs caused." (See complaint in images 2 to 34 and preliminary hearing in images 228 to 233 of the digital judicial file).- II.- Upon granting the statutory transfer, the State opposed the action, requesting the plaintiff's condemnation to pay costs and interest thereon. In addition to the foregoing, it filed the substantive defense of lack of right (excepción de fondo de falta de derecho). (See images 45 to 85 of the digital judicial file).- III.- Upon granting the statutory transfer, the co-defendant opposed the action, pointing out that his position cannot be affected. (See images 210 and 211 of the digital judicial file).- IV.- The preliminary hearing was held on December 4, 2021, with the presence of the representatives of all parties. (See preliminary hearing and minutes in images 228 to 233 of the digital judicial file).- V.- The oral and public trial was held on October 6, 2023, with the participation of all parties. In said hearing, the opening statement was presented, the expert and testimonial evidence admitted at the preliminary hearing was received, and finally, closing arguments were made. (Record of the hearing in the digital judicial file).- VI.- This judgment is issued within the statutory period, -taking into account the incapacity of Judge Miranda Alvarado from the 23rd to the 25th of October 2023 inclusive-, by unanimity and after deliberation by the members of the Court, without any grounds capable of invalidating the proceedings being observed.- Drafted by Judge Miranda Alvarado, with the affirmative vote of Judges Bolaños Salazar and Mejías Rodríguez.- **CONSIDERANDO** I.- PROVEN FACTS.- For the resolution of this matter, the following is duly accredited: 1) Mr. [Nombre 001] joined the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines as a security and surveillance agent on an interim basis on May 16, 1992. (See image 14 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 2) From August 1, 1993, to December 31, 1993, Mr. [Nombre 001] worked as security and surveillance agent 3. (See image 35 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 3) On August 1, 1993, he was dismissed as security and surveillance agent 3 and was appointed permanently as security and surveillance agent 1 at the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. Subsequently, he was granted unpaid leave to work as a technician 4 in the National Parks Service. (See images 38 to 39, 55 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 4) On May 16, 1996, the plaintiff here was appointed on an interim basis as Technician and Professional 1, in the General Forestry Directorate. (See image 89 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 5) On May 15, 1996, a scholarship was granted by the Ministry to Mr. [Nombre 001] to study Business Administration at the UNED. (See images 90 to 92 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 6) On December 16, 1997, Mr. [Nombre 001] was appointed permanently to the position of Technician and Professional 1 in Forestry Development, which was later changed due to restructuring to Technician MINAE D. (See images 127 and 142 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 7) In the year 1999, Mr. [Nombre 001] performed functions in the Maintenance area of the Department of Human Resources. (See image 144 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 8) In May 1999, Mr. [Nombre 001] was a graduate of the Bachelor's degree program in Business Administration with emphasis in Marketing, and in April of that year, he requested a transfer to the central offices of the National System of Conservation Areas (SINAC) due to his knowledge in marketing and to avoid being affected by the elimination of the prohibition payment made to him. However, that transfer was not carried out. (See images 147 to 154 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 9) In September 1999, Mr. [Nombre 001] graduated with a Bachelor's degree in Business Administration with emphasis in marketing. (See images 158, 159, and 168 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 10) By Resolution 0326-99 of the Department of Human Resources of the Ministry of Environment and Energy and Resolution OSC-213-99-RN of November 1999, Mr. [Nombre 001]'s position was reassigned as Licensed Professional of MINAE. (See image 169 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 11) In October 2000, Mr. [Nombre 001] was transferred to the Marketing Component of the National System of Conservation Areas. (See image 227 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 12) On April 27, 2011, Mr. [Nombre 001] assumed the acting coordination of the Marketing Component of the General Directorate of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy. (See image 237 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 13) Within the occupational analysis questionnaire conducted for Mr. [Nombre 001]'s position, the following task descriptions are indicated: "2- TASK DESCRIPTION WHAT DOES HE DO? A- Plan, direct, coordinate, supervise, control, and evaluate the activities carried out within the Marketing Component of the National System of Conservation Areas, verifying that the processes executed are in accordance with the objectives and goals that the department aims to achieve, in such a way as to provide the best service to both internal and external clients (sic). (...) WHAT DOES HE DO? B- Advise the General Directorate of SINAC on marketing matters and the other components. HOW DOES HE DO IT? By formulating policies, determining plans, conducting studies, analyses, and on-site investigations, and proposing concrete actions in the field of Marketing. (...) WHAT DOES HE DO? C- Represent the institution in different activities carried out jointly with state and private entities, (...) WHAT DOES HE DO? D- Actively participate jointly with the other Coordinators of the Technical Unit (Promotion, Protection and Control, Protected Wild Areas, Projects, Quality, Information Systems), General Directorate, and Directors of Conservation Areas, in the formulation and development of policies, plans, objectives, directives, and strategies. (...) WHAT DOES HE DO? E- Command the management of the Marketing Component in pursuit of achieving adequate positioning of the SINAC image for both internal and external clients, while promoting the services provided by the entity". (See images 241 to 244 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 14) Starting in December 2005, and due to attendance problems of the plaintiff here, a series of notes were exchanged between the Director of SINAC and Mr. [Nombre 001]. (See images 321 to 335 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 15) By official communication SINAC-DG-1304 of August 8, 2006, the Deputy General Director of SINAC indicated to the plaintiff here the need for him, based on the Director's instructions and the repeated opportunities that he had expressed to him, to prepare and present for the Directorate's consideration a proposal or work plan for the section under his charge. Likewise, he was reminded that, regardless of what he does during official work hours, for administrative purposes, there are a series of regulations and provisions that officials must comply with. (See image 338 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 16) By resolution of the General Directorate of the Civil Service (Dirección General del Servicio Civil), the plaintiff's position here was reclassified from Licensed Professional of MINAE Group B to Civil Service Professional 2, Generalist Administration specialty. (See images 360 and 361 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 17) On August 9, 2010, Mr. [Nombre 001] issued, as coordinator of the Marketing & Communication Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, certificate number SINAC-SE-M&C-032-10, which states in relevant part: "TO WHOM IT MAY CONCERN The undersigned; [Nombre 001], bearer of identity card number UNO-SEIS SIETE OCHO -CINCO SIETE UNO, in his capacity as COORDINATOR of the MARKETING & COMMUNICATION OFFICE HEREBY CERTIFIES That at present, this office maintains a cooperative relationship with the company PUBLICACIONES GRUPO 84 S.A., whose representative is Mr. Geovanny Hernández Ramírez, bearer of identity card number UNO-SEIS TRES DOS-NUEVE NUEVE CINCO. This strategic alliance is oriented towards the joint conduct of education and conservation campaigns for natural resources, with their respective graphic elements for promotion and information, for which the company is qualified to seek sponsors." (See image 513 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 18) By official communication SINAC-DE-1180 of September 1, 2011, the Executive Director of SINAC dismissed Mr. [Nombre 001] as coordinator of the marketing office, pointing out that he had not been involved in the actions established in the Strategic Plan as had been required of him in July 2011. (See images 499, 517 to 520 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 19) In October 2011, Mr. [Nombre 001] was informed of his duties as a marketing officer. (See images 536 to 539 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 20) Through an amparo appeal (recurso de amparo), the plaintiff here was reinstated in March 2012 to his coordinator position for not having been granted a right of defense against the questions that led to the dismissal from his coordination position. (See images 565 to 571 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 21) By official communication SINAC-DE-358 of March 11, 2015, the Executive Director of SINAC called Mr. [Nombre 001]'s attention for not completing the IV quarterly report of the 2014 Budget Plan and reminded him of the submission dates for said reports. (See image 640 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 22) On November 3, 2015, by official communication DM-977-2015, the Minister of Environment and Energy ordered a formal preliminary investigation procedure into the alleged donation of some SINAC 2014 Protected Wild Areas of Costa Rica Guides, initially by Inversiones Azul de Heredia OA, S.A. and subsequently Azul Group de Centroamérica S.A., who apparently without official authorization but endorsed by the plaintiff here, used the SINAC name and logo since 2013 to solicit financial sponsorships from both public and private companies throughout the country. (See images 8 and 9 of the Report in Spanish Embassy Documents in Evidence 1 on the evidence CD provided by the State and Complete File number GD-096-2018 in TSC File on the plaintiff's evidence CD); 23) By Resolutions No. R-341-2015-MINAE at 13:10 hours on November 13, 2015, and R-0361-2015-MINAE at 11:00 on November 25, 2015, both from the Ministry of Environment and Energy, a ten-day suspension without pay was ordered for failure to present the report and the quarterly schedule for the execution of the Budget Plan for the Marketing Coordination instance. (See images 652 to 653 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 24) By official communication SINAC-DE-327 of February 29, 2016, the Executive Director of SINAC issued a directive on the prohibition of third parties wearing badges, logos, or colors similar to the official uniform of the officials of the National System of Conservation Areas. (See Evidence 1 on the evidence CD provided by the State); 25) The business cards of Azul Media Group workers featured the SINAC logo, without authorization, as reported by the Executive Director of SINAC to the ICT. Likewise, the Executive Director of SINAC instructed the representative of Azul Media Group on May 18, 2015, to immediately stop using the logo and prohibited him from soliciting funds in the name of SINAC. (See Evidence 1 on the evidence CD provided by the State and images 67 and 77 of Volume I of File DGD-096-2018 on the plaintiff's evidence CD); 26) By official communication with a partially illegible number, dated April 4, 2016, the institutional coordinator of SINAC sent to the Legal Advisory Office a copy of official communication SINAC-SE-GP-017-2016 from the Planning Manager informing of the late or untimely delivery of the quarterly reports on the execution of the 2015 Budget Plan by the Marketing and Communication instance, which she classified as repeated conduct, and thus requested analysis for the opening of a disciplinary procedure. (See images 661 a of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 27) In April 2016, the Official Loan Agreement (Convenio de Préstamo de funcionario) was signed between the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) and the Executive Secretariat of the National System of Conservation Areas, through which Mr. [Nombre 001] was transferred for 8 months - with his consent - to the Conservation Area indicated above. (See images 607 to 609 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 28) By official communication SINAC-MC-025 of May 9, 2016, the plaintiff here presented his final report as coordinator of the SINAC Marketing and Communication office. (See images 704 to 709 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 29) By official communication SINAC-DE-751 of May 10, 2016, the plaintiff here was informed that, as had been indicated to him in April, with the partial approval of the reorganization of the SINAC Executive Secretariat, the advisory instance called Communications had been established, which merged the former Press and Public Relations Office and Marketing. That in that meeting, the possibility of relocating to the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area was mentioned. It was added that Planning and Evaluation had been consulted regarding the actions contained in the Budget Plan of the instances under his charge, but there were no activities foreseen in the 2016 Budget Plan specific to Marketing topics. He was informed that another official was appointed as head of the Communication instance and would be his superior. (See image 713 of the administrative file on the evidence CD); 30) In July 2016, the Regional Human Resources Coordinator of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area referred to the Loan Agreement and noted that she found it inappropriate to have transferred to the Conservation Area the responsibility for continuing the disciplinary procedures that Mr. Soto had open for apparent faults that were not committed in that Conservation Area, this being unsuitable both for the Administration and the official himself, and therefore she did not consider that transfer correct. (See images 666 and 667 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 31) In November 2016, the plaintiff requested an extension of the Loan Agreement, stating that, since his recommendations regarding the Marketing & Communication Strategy were not followed and his expectations were not met, he wished to continue on loan. The extension was granted for 6 more months, until June 8, 2017. (See images 686 and 695 to 697 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 32) On June 16, 2017, the Official Loan Agreement was terminated by the San José Subregional Office, Central Volcanic Mountain Range Biosphere Reserve, because the functions the plaintiff was performing were not appropriate for a Civil Service Professional with a specialization in Generalist Administration. (See images 718 and 724 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 33) As a result of the non-extension, by official communication SINAC-SE-DGIRH-876 of August 28, 2017, the Department of Institutional Human Resource Management, regarding Mr. [Nombre 001]'s position, which corresponds to a Civil Service Professional 2, specialty Administration, subspecialty Generalist, with a degree in Business Administration with emphasis in Marketing, indicated that the Specialty Manual of the General Directorate of Civil Service states that the Administration specialty is defined for those positions whose tasks are oriented to the process of planning, direction, organization, coordination, control, evaluation, and execution of administrative work in technical and professional areas, in order to satisfy the institutional mission. And regarding the Generalist subspecialty, it applies to positions oriented to a combination of administrative functions and processes, which may include financial analysis, feasibility studies, organization and methods studies, operations research, human resources administration, organizational development studies, motivation studies, statistical and economic analyses, price index studies, and other related functions. (See images 758 and 759 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 34) By official communication OSJ-589 of September 1, 2017, the plaintiff here requested to stay in the Central Conservation Area until December 8, 2017, which was not authorized. (See image 785 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 35) Mr. [Nombre 001] was transferred on September 4, 2017, to the Financial Accounting Department of the Executive Secretariat, and upon failing to report to said workplace, by official communication SINAC-DE-1767 of October 24, 2017, he was warned that the maximum deadline for incorporation was set for November 1, and he was asked to justify why he did not report starting September 4. (See images 791 and 792 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 36) By email dated September 24, 2017, the plaintiff here continued to oppose his transfer and requested an audience with the Executive Director, stating he was not qualified, although training was offered to him for a new project, and he maintained his desire to present options in marketing and communication. (See images 791 and 792 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 37) On October 30, 2017, an extensive "Final Preliminary Investigation Report ASP SINAC Guides" was sent to the Minister of the Ministry of Environment and Energy, which analyzed: official communications, emails, interviews conducted with various officials, companies, and the Spanish Embassy (email and official communication from Mr. [Nombre 001] introducing Henry Díaz who requested 30 thousand dollars), from which irregularities emerged in the solicitation and receipt of funds from companies under the supposed character of sponsorship and advertising for the ASP SINAC guides, with active participation of Mr. [Nombre 001] supporting the supposed advertising agency of Mr. Henry Díaz C., an individual who identified himself as Project Director of the Protected Wild Areas Guides, who received financial sponsorships and SINAC information without an agreement supporting that receipt of information. (See Spanish Embassy Report and Final Report in Evidence 1 of the CD provided by the State); 38) On November 6, 2017, Mr. [Nombre 001] filed a complaint before the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) of the Ministry of Environment and Energy regarding the relocation and assigned functions in the Financial Department. Therefore, the Board requested a certification of functions as a financial analyst, which was completed on the same day. (See images 794 to 796 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 39) On November 16, 2017, the Executive Director of SINAC informed Mr. [Nombre 001] that the functions he was to perform in the Financial Department were those detailed in certification DFC-0052, corresponding to a financial analyst position and were consistent with the classification of the position he held, that this would not affect him salary-wise because it was compatible with the specialty of his position and there was no geographic variation nor alteration of the workday, and he was given a three-day period to state what he deemed appropriate. (See image 806 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 40) In a note dated November 27, 2017, the plaintiff here stated regarding official communication SINAC.DE-1955 that the degree of academic specialization necessary for the financial analyst position was evident, and that he did not agree that with a little training he could perform in that position. That this transfer action put a limit on his 20-year administrative career because his development in his academic area was being restricted, as was his right to aspire to a reassignment, and that this situation had deteriorated his health. (See image 809 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 41) In the Descriptive Manual of Specialties of the Civil Service Directorate, under Administration, in the codes Business Administration, Generalist, Marketing is included in the scope of application, as well as Civil Service Professionals 1, 2, and 3. (See images 830 to 839 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 42) By official communication SINAC-SE-DGIRH-1332 of December 6, 2017, a response was given to Mr. [Nombre 001]'s note, informing him that, according to the tasks indicated in certification DFC-0053, all correspond to the classificatory level of the position he holds, Civil Service Professional 2, with specialty in Generalist Administration, a specialty in which the Bachelor's degree in Business Administration with emphasis in Marketing is included. It was added that his administrative career was not limited because he could pursue it in any of the professional fields pertaining to the training he possesses, both within and outside the institution. Regarding the right to a reassignment, he was reminded that when he joined the institution, he worked in the Ministry's Human Resources and knew what was necessary for a reassignment to operate and that it must comply with regulations. Regarding his health, he was informed that in his Professional position he was exposed to tensions and stress levels and that therefore, at a professional level, the position carries higher salary compensation. (See images 844 and 845 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 43) By official communication JRL-020-2017 of December 18, 2017, the Labor Relations Board of the Ministry of Environment and Energy informed the Director of SINAC that, upon learning about the transfer and the health problems of Mr. [Nombre 001], it was determined that the Administration has the power to place Human Resources wherever it deems convenient for reasons of institutional necessity, provided it does not cause harm to the official, and in the specific case, according to the information analyzed, they considered the transfer to be appropriate. However, notwithstanding the foregoing, they recommended evaluating whether he could be placed in an area related to Marketing, due to the experience accumulated by him in his work career at MINAE. But that, if the Administration maintained its original criterion, it was recommended to create adequate induction, training, and coaching conditions for him in order for him to adapt to his new position. (See image 854 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 44) From November 2017 to April, July, and September 2018, Mr. [Nombre 001] absented himself from his duties, not informing his superior beforehand but subsequently providing sick leave certificates, proof of attendance at medical centers or the INS for an accident, or stating he was preparing his defense against the disciplinary procedure, alleging his right to health and to due process (debido proceso) and right of defense.
Later, in May, June, and October, that situation arose again, but on that occasion he gave prior notice of some absences. (See images 866 to 941 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 45) On September 20, 2018, official communication SINAC-SEGGIRH-1086 was issued, providing a recount of all the attendance violations incurred by Mr. [Name 001] in 2018, all the days each month he did not work nor adequately justify his absence, and how on several occasions grounds for dismissal without employer liability had been configured due to consecutive unexcused absences, and the Head of Human Resources was asked to make a decision regarding those situations. (See images 947 to 961 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 46) On October 8, 2018, by official communication SINAC-SE-DGIRH-1144, the Head of Human Resources informed the Executive Director that the irregularities in Mr. [Name 001]'s attendance warranted a new dismissal proceeding. However, the dismissal proceeding was not carried out and it was archived in March 2019. (See images 962 to 967 and 1049 to 1051 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 47) Mr. [Name 001]'s attendance problems continued from November 2018 to March 2019, with some absences justified and others not. (See images 967 to 1041 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 48) By resolution number 13113 at 21:05 hours on April 1, 2019, of the Civil Service Tribunal, the dismissal proceeding was declared upheld. (See images 78 to 109 of scan 2 on the evidence CD provided by the plaintiff); 49) The plaintiff appealed said final act, and by resolution 043-2019-TASC at 10:00 on November 29, 2019, the Administrative Tribunal of the Civil Service confirmed the dismissal without employer liability. Said resolution was notified to all parties on December 4, 2019. (See images 1 to 77 and 207 of scan 2 on the evidence CD provided by the plaintiff); 50) By agreement 014-2019-MINAE effective as of December 15, 2019, the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy proceeded to agree to the dismissal for just cause without employer liability for the State of the employee [Name 001]. (See image 1212 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 51) Mr. [Name 001] was terminated from his employment by personnel action dated January 16, 2020. (See image 1224 of the administrative file on the evidence CD provided by the State); 52) According to certification number SINAC-SE-DGIRH-391-2020, the Head of the Department of Institutional Human Resource Management of the National System of Conservation Areas certifies that Mr. [Name 001] had, throughout his working life with MINAE, five proceedings: 1) For misuse of public property from June 25, 2013, to September 16, 2013, no sanction was applied. 2) Failure to submit reports and quarterly execution schedule of the Budget Plan, from June 24, 2015, to December 7, 2015, by resolution R-0368-2015-MINAE of December 1, 2015, a sanction of 10 days was applied. 3) Again for failure to submit the report and quarterly execution schedule of the 2016 Budget Plan, by resolution R-1122016 MINAE of 04/13/2016, a 10-day suspension was imposed. 4) For the third time, for failure to submit the report and quarterly execution schedule of the 2016 Budget Plan, by resolution R-140-2016 MINAE of 05/06/2016, another 10-day sanction was imposed. 5) Dismissal proceeding, by resolution 13113 of 04/01/2019 of the Civil Service Tribunal, confirmed by resolution 043-2019-TASC of 11/29/2019, he was dismissed without employer liability. (See certification in Evidence 3 on the evidence CD provided by the State); 53) Mr. [Name 004] has occupied, by inter-institutional promotion since April 16, 2020, the Civil Service Professional 2 position that Mr. [Name 001] held at SINAC. (See evidence 4 of the evidence CD provided by the State); 54) In the oral and public trial, the testimony of Olga Arguedas González was received, who states she is a school teacher. In response to questions from the plaintiff, she answers: What relationship did she have with Henry Díaz? She is the owner of Montessori, which was formerly Cartago and is now Ligth. She indicates she knows Henry Díaz and he was a collaborator and helped her some years ago with the administrative part. She is asked if, at any time, her entity made any donation for the preparation of a wildlife guide that Mr. [Name 001] was producing? She indicates no. She is asked if she knows Mr. [Name 001]. She states she later met him when she learned that her signature had been forged. She states she met him when she went to his office because he requested some financial statements from her and she went to his office. Through a phone call she became aware of the situation. That under her company, a donation of guides was being made and she only then became aware of all of that. She states that Henry Díaz did that. She is asked if she knew that Henry was using her name to give money. She indicates yes, because she started receiving bills from the CCSS and began to suspect something was not right; when she confronted him it was precisely around the time of Mr. Alvaro's call. She is asked if SINAC or any other office consulted her about this. No. If anyone else from SINAC interviewed her about the financing. She does not remember the date of the events. She refers to some letters addressed to the Minister. She believes it was in 2015 and that at that time it still had a little tree logo. She states that she went to the Courts of Cartago and filed the complaint and she asked Mr. Alvaro to be her witness. She is asked if, when she went to Mr. Alvaro's office, he recognized her? She states no, and that Henry Díaz had appeared with another person and had signed as her. Does she remember if, in 2018, Mr. Alvaro received a document from her law firm? She states yes. The State and Mr. Alvaro's representative do not ask questions. (Testimony in SIGAO in the digital judicial file); 55) In the oral and public trial, the testimony of Mr. Daniel Alejandro Soto Araya, who is the plaintiff's son, was received. In response to questions from the plaintiff's representative, he states: Has he seen his father become ill and when? He states yes, that in 2015 he began to have health problems, he did not eat or sleep and he asked him about it, he noticed him very withdrawn, later he learned of a lung problem and that he was suffering from depression. He states he began living with his father from January 2012 to mid-April 2018. His father's work problem was due to some issues because he was accused of stealing some ladders and he had to submit some reports to his boss, and no matter how much he insisted, he was not given a hearing. That he heard those comments from close relatives. He states they had severe financial problems and had to turn to his mother to be able to eat. He states he had stopped living with him when he was a child, but when he went back to live with him he realized he had changed. He noticed him distracted, his head elsewhere, he took pills, had psychiatry appointments, and lung issues. Regarding the lung issue, he indicates he supposes that due to anxiety he started smoking, not much. What emotional problems did he have as of 2017? He comments that they already had money problems, but from that year on, they did not have enough to eat. He had to learn to eat oatmeal, and they would have lunch and there was no dinner. Regarding other problems, he indicates many financial problems. That at work, he was very affected, his depression was noticeable, he did not attend anything, he did not leave the house. This continued until 2020, and with the dismissal in the middle of the pandemic, he was left without insurance, he had to practically give away the car for rent and food. That there was a very difficult part, because he was afraid he might commit suicide, and his father was asthmatic and they were afraid he would get Covid due to his lung problems. He states why he left the house and the financial hardship he went through. The defendant does not ask questions. (Declaration in the SIGAO system in the digital judicial file).
II.- REGARDING THE FACTS NOT PROVEN: It is of interest to mention that the parties did not prove the following relevant facts: 1) The workplace harassment alleged by the plaintiff under different administrations. (The case record). 2) That the plaintiff, from 2013 to 2015, sought the signing of an agreement with Azul Media Group S.A. (or Inversiones Azul de Heredia OA, S.A. which had supposedly offered the donation in the first place) that would allow the use of the name and logos of MINAE. (The case record). 3) That the plaintiff verified the identity of the person who supposedly signed the donation that was presented and accepted by the Procurement Office. (The case record). 4) That the plaintiff's participation was purely technical during the search for sponsorships from Azul Media Group. (The case record).
III.- REGARDING THE PLAINTIFF'S ARGUMENT: In summary, the plaintiff himself alleges that it should be taken as background that the Marketing and Communication office, of which he was the coordinator, did not have funds allocated for the fulfillment of its objectives, and that, therefore, he had to seek resources through sponsors, but he indicates that he never participated in the handling of funds, and that responsibility always rested with the companies participating in the different initiatives. He adds that, in the case of the creation of the Guide to Protected Wild Areas—a failed project for which he was dismissed—his role was that of liaison coordination and management of technical and photographic information. Likewise, he indicates that it took him one year and seven months to be able to speak with Mr. Julio Jurado, as Executive Director of SINAC, MINAE, despite his constant requests for a hearing. He adds to the above as a first point, that he was the subject of workplace harassment through which his supervisory position was removed and he was forced to work as a Financial Analyst. He then lists the following as workplace harassment conduct: a- In 2009, Ms. Guiselle Méndez, as Director of SINAC, rated him as "Good" using what he considers subjective arguments, and that his appeal was never resolved. b- That in September 2011, Ms. Méndez removed him from his supervisory position, but through an amparo appeal he was reinstated as coordinator in the Marketing and Communication Unit. c- That a proceeding was opened against him for the theft of a ladder at an event in which his office participated, and he was absolved of all charges. d- That Mr. Julio Jurado, Executive Director of SINAC in 2015, justifying the proceedings against him, annulled a reassignment request he had filed in 2014. e- That he was part of a labor lawsuit filed against the State for the payment of salary differentials, and that this created many hostilities against him. f- That on September 14, 2015, by resolution No. OD-01-2015, he was notified of Administrative Proceeding No. DM-771-2015, for failure to submit or late submission of reports and the quarterly execution schedule of the Budget Plan for the Marketing and Communication unit, and he was sanctioned by resolution R-0341-2015 of November 17, 2015, with 10 days of suspension. He considers that due process was violated, and he was not allowed to exercise his rights to material and technical defense with the breadth that the General Law of Public Administration permits, but the Administrative Court denied him the interlocutory relief. g- That on February 3, 2016, by resolution No. R-01-OD, he was notified of a new Administrative Proceeding, this time No. DM-1081-2015, for "failure to submit the report and the annual execution schedule of the 2016 Budget Plan for the Marketing and Communication unit," and by resolution No. R-112-2016-MINAE dated April 13, 2016, he was notified of a sanction of 10 days of work suspension without pay. He indicates that, again, due process and his right of defense and the basic principles that underpin it were violated. He adds that he appealed to the Constitutional Chamber to enforce his rights; however, he was told that the matters alleged were issues of ordinary legality. h- That on February 16, 2016, by resolution No. 001-OD-0048-2016, he was notified of a third Administrative Proceeding, with No. DM-108-2015, for Repeated failure to meet the delivery deadlines for the quarterly compliance reports for the 2015 budget plan, and by resolution No. R-140-2016 of May 6, 2016, he was suspended for 10 days. He indicates that he had two simultaneous administrative proceedings. He claims that this administrative proceeding deals with the same subject matter contained in the administrative proceeding of resolution No. OD-01-2015. He argues that he had spent one year and seven months requesting a hearing with his immediate superior, Julio Jurado Fernández, to understand his expectations regarding the Institutional Marketing and Communication processes, and that it is impossible to think that he could, without any prior coordination with the Executive Directorate, execute actions of the Institutional Planning Process. i- He indicates that he suffered a financial impact from the suspensions, and that the administration launched an attack against him at all work levels, which resulted in the covert closure of the office under his charge, his transfer to a peripheral office, and the initiation of his dismissal proceeding. That in September 2014, one of his subordinates was transferred to the BID TURISMO Project, and in December of that same year, he was informed of the transfer of the other subordinate to the Territorial Planning Unit. j- That due to the proceedings he deems spurious, his immediate superior did not consider him to be a candidate for the head of the new Communication office and appointed the same person who had replaced him in 2011. k- That he was removed from his office and transferred to the basement, to an unsanitary storage room. l- That he was forced, by medical recommendations, to transfer to a peripheral office, as he was relegated to an office located in a basement of the Main Building, for which reason he signed a "loan" agreement between the Executive Secretariat and a peripheral office (Central Volcanic Mountain Range Conservation Area). m- That the Human Resources Department forced him to continue annually filling out the "SWORN DECLARATION OF ASSETS" from 2016 to 2018. n- That the harassment transcended the professional sphere because in official communication No. SINAC-SE-DE-SA-004 of January 29, 2014, the National Council of Conservation Areas (CONAC) recommended reviewing the Marketing and Communication Strategy for the National System of Conservation Areas in a meeting of directors jointly with him, to be presented and approved in a new session; however, when he informed the Director of SINAC, given that an audit of the funds used from the United Nations to create the strategy was imminent, he was not given a hearing, and when he requested to be received by CONAC to defend the strategy, he was told that, because he was suspended due to one of the administrative proceedings, he could not exercise any administrative function; the strategy was not approved. He indicates that this affected him morally, psychologically, and professionally. o- That on December 6, 2017, he was notified of resolution E-01-OD, and through official communication DM-207-2018, measures were requested to be initiated before the General Directorate of Civil Service for the separation from the position without employer liability. This was for a project that could not be finalized and consisted of the creation and development of a Guide to Protected Wild Areas. p- The actions of the directing body, the Minister's office, the General Directorate of Civil Service, the Civil Service Tribunal, and the Administrative Tribunal of the Civil Service, who did not analyze the documentary and testimonial evidence, hindered his defense, and dragged on for two exhausting years. q- That when the organization for the official launch of the project called "GUIDE TO PROTECTED WILD AREAS" was ready in April 2015, at the instructions of his immediate superior, the event was canceled, and on May 25, 2015, he was instructed to suspend any activity related to that project and to submit a financial report; and that by official communication of May 27, 2015, he informed his superior that, pursuant to the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, he had remained on the sidelines of the commercialization processes, and his role had been purely technical and liaison coordination, but that he had requested the report from Henry Díaz. r- That he informed his superior, the Legal Department, and the Institutional Procurement Office of what had happened with the guides, the forgery of the signature of Ms. Olga Arguedas González, and Mr. Díaz's non-compliance. That he reiterated to them that he had acted in good faith and placed himself at their disposal. But that it was not until December 6, 2017—2 years and 4 months after he informed the administration of what had happened—that by resolution No. R-01-OD-(MINAE-DM-1145)-2017, he was notified of a new administrative proceeding. By that time, the cause of action had prescribed under Article 414 of the Labor Code. s- That after his transfer to the peripheral office, which became effective in June 2016, on August 31, 2017, through official communication No. SINAC-DE-1451, the Executive Director instructed him to report to work starting September 4, 2017, in the Financial Accounting Department, where he was to be assigned duties in accordance with the class and specialty of the position he held. That he informed the same authority, by official communication No. OSJ-592 dated September 4, 2017, that in a meeting with the Head of the Financial Accounting Department, his academic background did not contribute to the institutional objectives. That the training that was indicated he would need was not provided, and it was evident that he lacked knowledge in the financial-accounting area. That the duties he was to perform were certified, and yet, by official communication SINAC-DE-1767, the Executive Director reiterated his transfer to the aforementioned department, justifying this decision on eventual training processes that were being initiated and in which he did not participate over the following 2 years. t- That he informed the Executive Director that, with his decision, he was putting an end to more than 25 years of administrative career, and his right to aspire to a position reassignment—and thereby a better salary—was being limited, in addition to the deterioration in his health to which he was being subjected due to stress because, without training in the payment process, he sometimes had to process payments exceeding 500 million colones daily, and a mistake in this type of transaction would mean, at least, a criminal and civil process, especially since at one point he was responsible for the expenditures of 4 Conservation Areas (3 permanent and 1 temporary), as well as the recording of all revenues of the 11 Conservation Areas and the Executive Secretariat. u- That the Administration mocked him, because despite the moral damage and the professional disqualification he had been subjected to, and the dismissal proceeding against him, even in June 2019, the Executive Directorate requested his advice on matters related to his specialty in Marketing and Communication. v- That on June 23, 2018, one of his sons had a serious motorcycle accident in the city of Heredia in which he almost lost his life, for which reason he took a few vacation days; however, in the midst of this situation, the Head of the Human Resources Department pressured him to request a certification from the Professional Association of Economic Sciences of Costa Rica, to certify that he contributed to that entity as an active member, despite the fact that this information could be seen on his pay stubs. On another note, and regarding the irregularities of the administrative proceeding, the plaintiff indicates that, initially, eight charges were brought against him, and in resolution No. R-062-2018 of February 23, 2018, charges 2 and 6 were discarded. Then, in the Dismissal Proceeding (official communication DM-207-2018), the same was requested for only 4 charges and 6 facts. He indicates that, in the proceeding before the Civil Service, the Ministry's witnesses did not appear, and he attributes this to the fact that in the administrative proceeding the witnesses had largely favored him. He indicates that he defended himself against the charges by pointing out that, with the evidence available in the file, it was not possible to prove that he knew of the use of the logos and SINAC's central telephone numbers that the company's employees used to request money on behalf of the project; that he acknowledges having provided the logos for use in the advertising material that was being produced. And that the delivery of logos to Azul Media Group took place at the time of accepting the initial donation, and included both the advertising space in the EXPOTUR 2013 Vendor Catalog and the design of the promotional proposal (graphic art). He indicates that the project was formalized through that record and socialized at all levels, even at the Ministerial level, endorsement had been given through the Press and Public Relations Department. Regarding the agreement, he indicates that even though he never needed one in the 15 years he served as Head of the Marketing office, starting in April 2013, work began on multiple drafts with the participation of various actors (Marketing - Legal Department - Cooperation and Projects - Executive Directorate), but when models for its formalization were ready, it could never be presented to the new Executive Director because he did not grant him a hearing for two years. As for the disobedience to the order given by his superior in official communication SINAC-DE-801 of May 25, 2015, and the failure to submit a financial accounting report, he indicates that he proved there was never disobedience on his part, since in official communication SINAC-MC-037 dated May 27, he informed Julio Jurado that he did not possess such information, and he was a mere mediator so that Mr. Henry Díaz would present it, and upon the latter's failure to comply with what was requested, he turned to the person who, in theory, had signed the Donation Agreement on behalf of Azul Media Group, and in this way discovered the forgery of Ms. Arguedas's signature and thus the illicit act. He adds that he equally refuted the facts by pointing out that, as SINAC is an institution attached to the Ministry of Environment and Energy and therefore to the Executive Branch, all information related to it is of a public nature. That the use of physical space and logistical support was more than well-founded, since from the beginning of the project there was a formal communication process with the Executive Director and Process Coordinators; in official communication SINAC-MC-078 of November 2013, Ms. Jenny Asch, then Manager of Protected Wild Areas, was informed of some requirements from that unit for the smooth development of the project (physical space and designation of a liaison). The same Ms. Asch—who served as a witness in that case—clarified that it was normal to provide that type of support; likewise, through official communication SINACMC-092 of July 2014, the security company VIACHICA was informed about the stay of Azul Media Group personnel, upon the recommendation of Mr. Marco Tulio Castro, General Administrative Coordinator. Regarding the agreement, he affirms that he did not need it to provide public information; moreover, in the Oral and Private Hearing Record, Ms. Jenny Asch—a witness for the opposing party—clarified that it was normal to provide that type of support, and that in any case she observed the personnel hired by Azul Media using their own assets—laptops, copier, and cell phones, among others. That formalization occurred upon the signing of the Donation Agreements by Azul Media Group and the Acceptance by the Executive Director of SINAC, and when the project was socialized at all levels of the organizational structure, including coordination at the ministerial level. Regarding the change of the delivery date for the guides, he indicates that, as coordinator of the Marketing and Communication office, he could make the adjustments he deemed pertinent. That Mr. Jurado was the one who canceled the launch (official presentation) of the project in question on 2 occasions. Regarding the use of his institutional email, and that through his knowledge it validates or empowers Azul Media Group so that SINAC officials provide information directly to them. He indicated that the objective of creating a Guide to Protected Wild Areas was always to make available to national and foreign visitors first-hand information about tourist attractions, services, and facilities offered at those sites; that type of work was carried out daily in the Marketing office; furthermore, because it was public information and not "privileged," they could well have obtained it on their own, and that the company Azul Media Group was empowered as a publishing company to carry out the project. That the provision of tourist information to the public and coordination with the liaisons for the proper fulfillment of this task was one of the typical activities of the Promotion and User Service processes inherent to the Marketing and Communication office. Regarding the apparent failure to schedule his work, he indicated that the inclusion of that fact was solely intended to bring up the spurious sanctions that had been imposed on him; additionally, he was fully empowered as coordinator of the Marketing and Communication office to make the adjustments he deemed pertinent. Regarding the alleged disobedience to an order from his superior, he relied on what was answered in that charge 3. He adds that, in all the proceedings initiated against him, the authorities of the Ministry of Environment and Energy-National System of Conservation Areas- clearly and repeatedly violated his right of defense and the principles that constitute due process: a- Principle of impartiality of the Directing Body, b- Principle of Notice and Specific Charges, c- Principle of Hearing and Defense. d- Principle of Innocence, inasmuch as during the course of the investigation, he was stripped of the position of Coordinator, of his subordinate personnel, and of his office. That a series of administrative actions vitiated by nullity were developed against him, cloaked under the sanctioning administrative procedure. That the directing bodies rejected each and every one of his petitions, situations that harmed due process and the legality of administrative acts and conduct, since they were not only illegitimate and gross actions that put his work, family, and personal stability at risk. That they did not meet the requirements of legality and reasoning of the acts; they were merely empty and unfounded administrative acts, whose purpose was to support an accusing body that would recommend an unjust sanction of 10 days of suspension in 3 cases, and thus seek, through a fourth administrative proceeding, his dismissal, as ultimately happened. He adds that the three administrative proceedings and the sanctions received, which the Administration categorized as "repeated conduct," presented almost simultaneously and carried out over the course of 6 months, were the result of the situation that, at those times, he had been waiting for over a year for a hearing with the Executive Director that was not granted, which led to the paralysis of his office's processes, including planning. That the administration, to ensure a conviction against him, during the course of the proceeding charged him with an additional charge, which was having been suspended three times previously, resulting in a modification of the originally charged charges. That he proved that the work done for the Guide to Protected Wild Areas was not done in vain, as it was used in different promotional and dissemination initiatives, such as the one carried out with BID Turismo and Grupo Nación, so the Administration's argument, used by the Administrative Tribunal of the Civil Service, was not valid. That he did what was within his power to facilitate the process of returning participation resources, once the project was terminated, following the forgery of Ms. Olga Arguedas's signature by her partner, Mr. Henry Díaz, even though he never participated in the commercialization process carried out by Azul Media Group. He mentions that the Administration based the case against him on the Law Against Corruption and Illicit Enrichment solely to ensure the non-expiration of the statute of limitations for this case, given that he informed the Administration in August 2015, and it was not until December 2017 that he was notified of the initiation of the administrative proceeding against him. That there was no patrimonial damage to the State's interests, and public funds were never committed; therefore, the argument in the dismissal proceeding did not conform to reality. That Ms. Arguedas González tried to explain the situation that occurred to the Minister of Environment and Energy, but she was not given a hearing.
That an administrative proceeding was opened against him to dismiss him, but MINAE was operating simultaneously and identically with the company Imagen y Comunicación for the holding of the Environmental Fair, since the latter was the one in charge of deploying its commercial muscle to seek sponsors and resources, and that he states this from personal knowledge.- Regarding the damages against him, he mentions that the quantification of employment-related, moral, economic, and physical damages is extensive. He reiterates several of the actions that he indicates demonstrate workplace harassment (acoso laboral). He adds that suspending him without pay increased and caused him substantive problems in his finances and made it impossible for him to continue meeting the payment obligations he had at that time; from those actions, debts began to accumulate that he finally could not honor, and that this was aggravated by the dismissal in January 2020. He adds that at the time of his dismissal, his salary was garnished. He mentions that, regarding his health and its deterioration, this began to manifest in December 2015, which he demonstrates with certifications. That the actions against him caused problems that resulted in treatment for a pulmonary nodule and hypertension. He adds severe episodes of stress—recurrent anxiety and depression, clinical psychology treatment for a year and a half at the Interdisciplinary Mental Health Teams (Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental, EISAM) at the Coronado Clinic, psychiatric treatment for a year at the Jiménez Núñez Clinic, which was supposed to be continued at the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) clinic because it was an occupational disease, and which could not be carried out because the administration did not process the referral. And finally, that as a result of what happened, he had to be treated in gastroenterology at the Calderón Guardia Hospital, with a diagnosis of Barrett's esophagus. He adds that, as a result of the dismissal, his rights as an insured person were suspended as of August 1, 2020, and neither he nor his partner had access to medical treatment, nor did his partner's children, because he had them insured. He requests that interest be paid on the employment amounts that should have been paid to him immediately or within one month. He invokes the statute of limitations (prescripción) of the sanctioning power, indicating that the Administrative Tribunal of the Civil Service (Tribunal Administrativo del Servicio Civil) rejected his appeal and notified the resolution to the parties via email on December 4, 2019, and that it was not until official letter No. DM-0030-2020 dated January 14, 2020, that the Minister of Environment, M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, informed him that all employment relationship between the Public Administration and him was terminated as of December 15, 2019. He adds that he was notified of the same on January 17, 2019, by personnel action No. 120000259 of the Human Resources Department.- IV.- REGARDING THE ARGUMENT OF THE DEFENDANTS: In summary, the state representation indicates in its response that, in the present proceeding, the alleged workplace harassment is not configured. Based on this, it defines "mobbing" at a doctrinal level and indicates that the series of requirements that must be present for "workplace harassment" to exist have not been presented, as indicated by the ruling of this Second Chamber No. 2005-655, of 14:05 hours on August 3, 2005. It points out that the plaintiff states—in an unclear manner—that he was subjected to workplace harassment by various officials, among them the Director of SINAC (indicating at the time it was Ms. Guiselle Méndez) and the Executive Director of SINAC (indicating at the time it was Mr. Julio Jurado), indicating that, on the one hand, he was rated "good" for the 2009 performance evaluation and that, subsequently, approval was not granted for a request for position reassignment submitted by the plaintiff, considering that this forms part of "workplace harassment." Likewise, it asserts that he has had to face various disciplinary proceedings, the last of which culminated in a dismissal procedure, effective as of January 16, 2020. However, from the same unclear and even disorderly account given by the plaintiff, it can be proven that the plaintiff was terminated from his appointment by virtue of a disciplinary proceeding in which the imputed facts were proven. It requests to note that the plaintiff presents arguments that are chronologically disordered and are even arguments that are not concatenated with each other, which prevents a clear determination of the "harassment" situation he claims to have suffered. Likewise, at no time does he show that there is a connection between the "harassment situations" he claims to have suffered and the termination of his appointment through the disciplinary proceeding brought against him. It adds that the transfer to a peripheral office was requested by the plaintiff himself. And that the transfers of his subordinates occurred, one to the BID TURISMO Project and another to the Territorial Planning Unit (Unidad de Ordenamiento Territorial), and that, even if the plaintiff considers it harassment, the documentation shows that the personnel movements carried out by the Administration are part of the powers it possesses. It reiterates that the plaintiff at no time demonstrates that the actions constitute "workplace harassment," but rather relies on very subjective presumptions, and that none of the requirements of the Second Chamber are configured, and in any case, this would be unconnected to the facts of the dismissal procedure. To the above, it adds that there are no complaints at the administrative level of the alleged workplace harassment, for which it adds that the plaintiff cannot attribute financial liability to the State for a situation that the same party omitted to inform the Administration about, and cannot point to the existence of active or omissive conduct as stated in the claims. In a separate matter, it points out that the Administration acted in accordance with the law in the dismissal procedure. It points out that as background to the Dismissal Procedure (Gestión de Despido) GD-096-2018, the Administration proceeded to request a preliminary investigation through Official Letter DM-977-2015 dated November 3, 2015, regarding an "alleged donation that would be given to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), of some guides of Protected Wild Areas of Costa Rica SINAC-2014," and that said preliminary investigation concluded through the Preliminary Investigation Report "Guides of Protected Wild Areas of Costa Rica SINAC-2014," notified to the Minister of Environment and Energy through official letter SINAC-ACLA-P-AL-31-2017 dated October 30, 2017, received by the Minister on November 6, 2017. That, based on that report, by Official Letter DM-1145-2017 dated November 29, 2017, the initiation of an Administrative Disciplinary Proceeding is ordered to determine if the plaintiff here "incurred in breaches of his obligations," appointing a Directing Body of the Proceeding, which, through resolution R-01-OD (MINAEDM-1145-2017) dated December 5, 2017, issues the opening of the administrative proceeding, clearly and expressly determining the charges imputed to Mr. [Name 001], as well as indicating the documentation supporting the accusation, the possible rules infringed by the imputed conduct, and the possible sanctions to which he would be exposed if the imputed fault were proven, the plaintiff here being duly notified on December 6, 2017. It adds that the oral and private hearing was scheduled for 09:00 hours on January 12, 2018, but was rescheduled for January 30, 2020, at 09:00 hours at the plaintiff's request. It adds that at the hearing, the plaintiff was accompanied by his legal representative, the testimonial evidence offered by the parties was received, exercising his right to defense. It states that, through official letter No. AL-013 dated February 14, 2018, received on February 15, 2018, by the ministerial office, the Final Report of the Directing Body (DM-1145-2017-MINAE) was sent, in which it was determined to exonerate several of the conducts, but not others, determining that the actions of the official openly conflict with the duty of probity that every public official must observe in the exercise of their functions as stated in the Law Against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública). Therefore, through resolution R-062-2018-MINAE of 13:40 minutes on February 23, 2018—notified to the plaintiff here on February 27, 2018—the Ministerial Office resolves to "initiate the pertinent procedures before the General Directorate of Civil Service (Dirección General de Servicio Civil) for the separation from the position without employer liability of the aforementioned official for the faults committed...". It adds that, in fact, the plaintiff on March 5, 2018, filed an appeal for revocation with a subsidiary appeal against R-062-2018-MINAE of 13:40 minutes on February 23, 2018, from the Ministerial Office, the first rejected through resolution R-87-2018-MINAE of 11:35 minutes on March 15, 2018, which resolves without merit the appeal for revocation filed, and the second was not resolved because that resolution lacked said recourse. It adds that the procedure carried out is the background of the Dismissal Procedure that was initiated against the plaintiff before the General Directorate of Civil Service, the competent body for the procedure since we are dealing with the termination of the appointment of a public official. Thus, in the Dismissal Procedure file GD-096-2018, through official letter DM-207-2018, Mr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, formally presents the Dismissal Procedure against the plaintiff here, based on the file of the administrative proceeding and the ruling in resolution R-062-2018-MINAE of 13:40 minutes on February 23, 2018. It considers it important to mention that, through official letter JRL-011-2018-MINAE dated April 5, 2018, the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) of MINAE informed the Minister of the agreement reached in Ordinary Session No. 010-JRL-2018 dated April 3, 2018, in which it determined that "after reviewing the information in the file compiled for this case and analyzing the situation, it is verified that the corresponding procedures have been followed..." considering the dismissal procedure before the General Directorate of Civil Service to be appropriate. It mentions that, through resolution No. AJD-RES-251-2018 of 11:20 hours on April 19, 2018, the Legal Advisory Office of the General Directorate of Civil Service transferred the dismissal procedure to the plaintiff here, and this was notified to the plaintiff on May 9, 2020. It adds that the instruction of the Dismissal Procedure process, through a Decree of 15:10 hours on May 11, 2018, had to be suspended because a Director General of Civil Service had not been appointed as of the date of instruction. Nevertheless, the plaintiff presented, on May 15, 2018, an exception of statute of limitations for the proceeding, and through a writing dated May 22, 2018, the plaintiff here presented the defense arguments. Through resolution AJD-RES-324~2018 of 08:15 hours on June 18, 2018, the file was sent to the Civil Service Tribunal (Tribunal de Servicio Civil) to proceed to resolve the corresponding matter regarding the exception of statute of limitations filed. Through a resolution of 19:45 hours on July 10, 2018, from the Civil Service Tribunal—notified on July 17, 2018—the Administration was informed of the interposed exception so it could present the arguments it deemed pertinent. Through a resolution of 20:30 hours on August 27, 2018—notified on September 5, 2018—the Civil Service Tribunal resolved to reject the exception of statute of limitations filed by the plaintiff here. Through resolution AJD-RES-603-2018 of 08:10 hours on September 13, 2018—notified on September 17, 2018—dates and times were set to gather the testimony of the witnesses offered within the proceeding, indicating October 8 and 9, 2018. On October 8, 2018, the plaintiff here presented his defense arguments. It is necessary to point out that, in accordance with the records of October 8 and 9, none of the witnesses appeared to give their statements; therefore, through resolution AJD-RES-704-2018 of 08:30 hours on October 16, 2018—the parties notified on October 19, 2018—these were declared unavoided. Through resolution AJD-RES-800-2018 of 4:20 hours on November 19, 2018—the parties notified on November 20, 2018—the directing body resolved motions filed by the parties within the proceeding and instructed the file to be sent to the Civil Service Tribunal for its resolution. Through an interlocutory resolution of 20:00 hours on December 4, 2018, notified to the parties on January 30, 2018—the Civil Service Tribunal granted the parties a period of five days to present the conclusions they deemed pertinent. It is important to indicate that for the year 2018-2019, the closure period for collective vacations ran from December 21, 2018, to January 7, 2019, so the computation of the deadlines was suspended. Through writings dated January 31, 2019, and February 6, 2019, the parties rendered their conclusions. Through resolution 13113 of 21:05 hours on April 1, 2019—notified to the parties on April 26, 2019—the Civil Service Tribunal, having deemed the imputed and investigated facts proven, resolved to grant the dismissal procedure and authorize the plaintiff's dismissal. Through a writing dated May 3, 2019, the plaintiff here filed an appeal against the resolution of the Civil Service Tribunal. Through a resolution of 23:13 hours on May 14, 2019—notified to the parties on May 29, 2019—the Civil Service Tribunal admitted the appeal and summoned the parties to appear before the Administrative Tribunal of the Civil Service (Tribunal Administrativo del Servicio Civil), which is responsible for resolving the matter. Finally, through resolution No. 043-2019-TASC of 10:00 hours on November 29, 2019—notified to the parties on December 4, 2019—the Administrative Tribunal of the Civil Service resolved to reject the appeal. It indicates that, for the year 2019-2020, the closure period for collective vacations ran from December 20, 2018, to January 6, 2019, so the computation of the deadlines was suspended. It adds that, as evidenced by the foregoing recount, the administrative proceeding was conducted in accordance with the law, respecting due process and granting the plaintiff here the exercise of his defense, being represented by a lawyer, presenting arguments and exculpatory evidence, presenting his concluding arguments, and filing the legally established appeals. In the present proceeding, the plaintiff does not provide reliable evidence that would allow the existence of defects within the proceeding to be proven, so attempting to annul it merely because it is contrary to the interests of the plaintiff here is a violation of the legal system. In a third argument, the State representation reiterates the sanctioning power of the Public Administration, especially the sanctioning power over its public agents for their functional legal duties. Finally, it refers to the plaintiff's request for compensation for the subjective damage claimed and indicates that he does not provide suitable evidence to verify the causal link between the conduct he claims is illegal and the compensation for the damage, since note that he claims the "harassment" conduct was allegedly carried out by his hierarchical superior; however, he requests that the State compensate him for said conduct, without demonstrating that the Administration in any way promoted or accepted the particular conduct of the official or, failing that, that the Administration refused to carry out the corresponding procedures. That he also fails to prove a causal link between the dismissal procedure carried out against him and the compensation for damages he claims from the State, for which reason it requests its rejection.- For his part, the co-defendant [Name 004] limits himself to pointing out that the facts of the lawsuit are not of his knowledge or involvement, and that he was appointed through a Civil Service competition, and therefore cannot be affected.- V.- REGARDING THE ALLEGED STATUTE OF LIMITATIONS: The representation of the plaintiff, in the lawsuit brief, points out two moments in which it considers the sanctioning power prescribed. With the caveat that any other argument of this type put forward in the conclusions is novel and therefore inadmissible, it will not be taken into account, since the defendant could not adequately exercise its right to challenge at that stage. Thus, it points out as a first temporal space the moment when he communicates, through official letter SINAC-MC-044 dated August 20, 2015, to the Executive Director of SINAC what happened with Mr. Henry Díaz Cubillo and Azul Media Group, and that from that moment, in accordance with Article 414 of the Labor Code (Código de Trabajo), the proceeding should have been initiated, and that by the time it was initiated against him, it had already prescribed. A second moment of statute of limitations, it indicates, occurred when the Administrative Tribunal of the Civil Service rejected his appeal and notified the resolution to the parties via email on December 4, 2019, and that it was not until official letter No. DM-0030-2020 dated January 14, 2020, that the Minister of Environment, M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, informed him that all employment relationship between the Public Administration and him was terminated as of December 15, 2019. He adds that he was notified of the same on January 17, 2019, by personnel action No. 120000259 of the Human Resources Department. The defendant, regarding these statute of limitations claims, points out that the actions were taken within the corresponding legal deadlines and also recalls that the exception raised by the plaintiff was rejected by the Civil Service Tribunal. It adds that it must be taken into account that the closure period for collective vacations in the Public Administration spanned from December 20 to January 6, 2019, and that the computation of deadlines was suspended. Criterion of the Tribunal: In the first place, it is necessary to remember that the version of Article 414 of the Labor Code that the plaintiff invokes to request the declaration of the statute of limitations for the initiation of the proceeding is a rule that came into force after the facts, when the so-called labor procedural reform of 2016 occurred, whose entry into force was originally in 2017, applying a retroactive application to the regulatory modification, consequently, not said article but the former Article 603 of the same legal body is applicable in this specific case. In the second place, even if the previous article that regulated the statute of limitations were applied, it is necessary to remember that, in the administrative sanctioning procedure, if necessary, the existence of a preliminary investigation stage is possible, which, moreover, has no other parameters than proportionality and reasonableness of the actions carried out therein to determine the facts that support or dismiss the opening of a proceeding, gather evidence, and identify possible responsible parties, it being long understood that the statute of limitations runs for the employer entity from the moment when whoever has the competence for it has the objective possibility of knowing all the sufficient elements to make a correct imputation of responsibility, meaning it is not a simple notice or making known, but rather an event in which there are sufficient elements of conviction (circumstantiation of facts, evidence, and presumably responsible subjects) to be able to exercise the disciplinary power. This is what happened in the present matter since, as indicated in the proven facts, on November 3, 2015, the Minister of Environment and Energy, through official letter DM-977-2015, upon learning of the facts that occurred with the guide and Azul Media Group, ordered the initiation of a preliminary investigation to determine the merit of the potential opening of an administrative proceeding. Thus, the official letter that the plaintiff points out, where he reported the irregular facts directed only to the Executive Director, the Procurement Department, and the Legal Directorate, never included the Minister of the relevant branch, who is the competent body for the exercise of the sanctioning power, therefore not being an element of conviction to demonstrate that the latter had the objective possibility of initiating the proceeding within the legal deadline, reiterating that, at that time, the rule invoked by the plaintiff was not in force, so the alleged statute of limitations does not operate. Now, the fact of the nearly two years that the plaintiff claims said investigation lasted is not an administrative pathology per se, but rather criteria of verifiable reasonableness and justification must be applied, which, after an evaluation of the case file, the Tribunal considers that the time consumed is in accordance with the complexity and the extensive investigation carried out, which is adequately documented in the ample report that gave rise to the administrative proceeding and the dismissal procedure in question, thus it is not possible to prove an unfounded dilatory negligence on the part of the Administration that conducted the preliminary investigation. In the third place, and regarding the statute of limitations of the sanctioning power, indeed, from the proven facts, it is evident that by resolution number 13113 of 21:05 minutes on April 1, 2019, from the Civil Service Tribunal, the dismissal procedure was granted. The plaintiff appeals said resolution, and by resolution 043-2019-TASC of 10:00 on November 29, 2019, the Administrative Tribunal of the Civil Service confirmed the dismissal without employer liability. Said resolution was notified to all parties on December 4, 2019. What the plaintiff omits is that through agreement 014-2019-MINAE, signed by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, effective as of December 15, 2019, his dismissal is finalized in accordance with the authorization of the Civil Service Tribunal and ratified by the Administrative Tribunal of the Civil Service. This is the act of termination that causes what is legally known as a modification of the plaintiff's status, just as the appointment agreement signed by the Minister and the President was at the time of his appointment because it was a Civil Service position. The personnel action notified to the plaintiff on January 17, 2020, is merely an act of execution of the dismissal agreement taken within the legal deadline, the plaintiff confusing the deadline for making the sanctioning decision with the deadline for executing it, so his grievance is not capable of sustaining the statute of limitations of the Administration's sanctioning power as the plaintiff has attempted. For the foregoing reasons, the statute of limitations is rejected in the terms stated.- VI.- ON THE MERITS OF THE MATTER: Having reviewed the extensive evidence provided by both parties and the arguments of the plaintiff and defendants, this Chamber of Judges concludes that the present lawsuit must be dismissed for the reasons set forth below. In the first place, it is noted that only those arguments that have been the subject of challenge will be taken into account, and not those novel ones that were expressed in the conclusions stage, as this would violate due process and the opposing party's right to defense. In the second place, it is also necessary to point out that the plaintiff has made an incorrect mixture of facts and argumentation that makes it difficult to determine his theory of the case, but which is interpreted by this Chamber in exercise of the pro actione principle into three main themes: an alleged workplace harassment, an incorrect assessment of evidence by the Civil Service Tribunal and the Administrative Tribunal in the administrative dismissal proceeding, and, finally, the Administration's liability for the damages he claims. 1) There is no proof of the workplace harassment indicated by the plaintiff. The conducts he indicates demonstrate workplace harassment will be reviewed in the same order as presented by the plaintiff. a- The scope of a "good" rating in 2009. There is no evidence in the case file that this rating was the product of workplace harassment; the annual evaluation procedure for the public official had and has an appeal system in case of disagreement, which includes the Civil Service Directorate and the Civil Service Tribunal; however, it is not demonstrated in the case file that the plaintiff followed said procedure, nor is the correlation demonstrated between specific conducts during the period evaluated by the employer entity and the evaluation rubrics that would justify that, in some way, the employer's action was aimed at manipulating the plaintiff's work to be evaluated and thus result in the accused performance rating, nor how such a result had a negative impact on the ordinary activity of the plaintiff here, limiting himself to affirming that such a result, in itself, is proof of harassment. Therefore, it is discarded. b- The termination of his headship in 2011. The fact that his then superior considered that his functions were not adequate in the Marketing office does not automatically mean harassment. We must remember that, as part of the functions in a hierarchical relationship, is precisely that of evaluating the opportunity and convenience of the administrative structure, as indicated by Articles 101 and 102 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública); furthermore, the Chamber reinstated him because it pointed out to the Administration that it should have granted him a prior due process before the termination, not that the exercise of the competence as such was illegal or prohibited, and therefore, once the defense was exercised, it was possible to decide whether to keep him or not, but we reiterate, at no time was it indicated that the plaintiff had a right to remain immovable in that position. To the above, it must be added that, after that, he was allowed to continue, and no other action in that sense by the then Director is evident from his file. c- The opening of a proceeding for the theft of a ladder at an event in which his office participated. We must clarify here that every public official is exposed to the possibility of an administrative proceeding whose objective is to clarify facts in which they could eventually be involved, especially if, as in this case, a State asset that was under his custody was lost, and no harassment is seen in that. Let us remember that being subject to an administrative proceeding forms part of accountability that derives directly from Article 11 of the Constitution and its purpose is the investigation of the material truth of the facts, with its opening per se not pre-qualifying the result. In fact, for this case, exactly the opposite is demonstrated, given that the plaintiff's responsibility was dismissed as a result of the investigation, this being the outcome of the investigative findings, the irrational exercise of disciplinary control for this grievance not being appreciated. d- Regarding the non-reassignment of his position. On this point, and in view not only of the irregularities that were being investigated regarding the guides, it must also be considered that, at that time, there was a partial restructuring by SINAC that affected the office of which the plaintiff here was coordinator, meaning it is a conjunctural element that also does not amount to the demonstration of harassing conduct. e- Reprisals for a labor lawsuit. On this point, there is no reference or proof that harassing conduct occurred due to this situation, it thus being a statement by the plaintiff without evidentiary support or that it is possible to circumstantiate it with concrete administrative actions by the defendant. f- g- and h- The opening of three administrative proceedings for the non-rendering or late submission of reports and the quarterly execution schedule for the Budget Plan of the Marketing and Communication office for the years 2015 and 2016. As the three are for similar facts but different periods, and the plaintiff presents the same argumentation against all three, they are addressed in the same subsection. In this regard, it is necessary to point out that, if the plaintiff considered that the conducts were not his fault and that his due process or right to defense had been violated, he should have initiated the corresponding judicial proceeding against each of those proceedings and did not do so. Moreover, except for some of the final resolutions and the fact that they are not the object of any claim in this proceeding, neither at the administrative level nor at this judicial level, the plaintiff demonstrated that he, at least, attempted to prepare or effectively prepared the proposals that, indeed, it was proven he did not deliver to Planning, despite being expressly warned about the delivery dates. The plaintiff merely limits himself to pointing out that, since he had not met with the Director, he could not deliver any planning, which cannot be considered as justification for the omission.
His duty was to plan with or without the Director's approval and submit it to Planning, and he did not do so, hence the reasonableness and objective justification for the initiation of the indicated disciplinary procedures. Thus, there is also no harassment in actions that are solely his responsibility. i.1- Regarding the economic impact on him from the suspensions. On the understanding that the plaintiff did indeed fail to submit the reports and the quarterly planning of his office's Planning, the 30-day suspension sanctions and the damage to his salary correspond to disciplinary sanctions generated exclusively under his responsibility and do not constitute evidence of workplace harassment, as the existence of a final administrative act of a sanctioning nature is precisely what motivates the plaintiff to bear the financial loss as a consequence of the acts for which he was reproached. i.2- Regarding the closure of his office and the transfer of his subordinates. While it is true that, partly due to the need for personnel for a project being developed with the IDB that the plaintiff himself considered very important, and due to the transfer resulting from a subordinate's promotion, the plaintiff was effectively left without personnel and he was subsequently informed, due to the partial restructuring of SINAC, of the closure of that office and the transfer of functions to another unit, and at the time this occurred, in 2015, it could be thought that this was to force the plaintiff's transfer; however, this would be a single isolated act that by itself cannot constitute harassment, not to mention that the plaintiff fails to undermine the fact that, from a technical perspective, the restructuring was not unmotivated or had the exclusive purpose of affecting his sphere of interests. Harassment is a series of actions by one or more persons that undermine the harassed individual to affect them at different levels and thereby basically achieve their resignation. In the plaintiff's case, it is not demonstrated that after he requested a transfer to a conservation area, systematic harassment actions were carried out. Moreover, as will be seen below, not even when the loan agreement is not renewed and he is assigned to the finance department, despite the plaintiff's objectionable actions noted in the proven facts, is he harassed in any way. j- That he was not considered for the head position of the new Communications office. Besides the fact that the selection of a head position is a discretionary aspect of the high command of public agencies, the reason given to the plaintiff regarding the procedures opened against him for failing to fulfill his duties as coordinator is considered by this Chamber as reasonable and not evidence of harassment. k- and e- Exit conduct and transfer to a basement to an unsanitary storage room. As a first point, since the plaintiff did not have the head position, it is logical that he could not have the same office, so the office transfer is plausible in these types of circumstances. There is also no proof in the case file that the plaintiff was transferred to a basement or of its conditions. In any case, with the partial restructuring, he was offered a position in the Communications office, which he did not accept and requested his transfer on loan. m- Regarding the Sworn Declaration of Assets. Save for the annoyance this could create for the plaintiff, no element of harassment is seen in this aspect; in any case, there was no impediment for the plaintiff himself to directly manage with the Office of the Comptroller General of the Republic the respective communication of the change in his position to be excluded from the declaration obligation. In any case, it cannot be identified how this situation is attributable to the defendant or how it is linked to conduct aimed at affecting his sphere of interests in terms of harassment. n- Regarding what happened in the approval of the Marketing and Communication Strategy for the National System of Conservation Areas by the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación, CONAC). Again, upon reviewing this point in the evidence of the case file, it is not considered that this constitutes the workplace harassment conduct that the plaintiff claims. Basically, that strategy was not approved because it was considered that, by 2016 and due to the partial restructuring of SINAC, the 2014 document had become outdated. Although the plaintiff considers this a personal affront from his Superior and the fact that he was not allowed to give explanations to CONAC about said strategy, the truth is that the reason his request for attendance was not granted is justified as he was, at that very moment, suspended without pay. Nor is a harassment situation considered to exist in this, although the frustration this may have meant for the plaintiff at that time can be understood. o- The Dismissal Proceeding. In view of the evidence in the case file, the dismissal proceeding against him cannot be considered a situation of workplace harassment either. It was the result of an extensive preliminary investigation and an administrative procedure that recommended referring several charges and facts to the Civil Service. p- The actions of the directing body, the Minister's office, the General Directorate of Civil Service, the Civil Service Tribunal, and the Administrative Tribunal of the Civil Service, and the analysis of documentary and testimonial evidence. Exercise of the right of defense and its exhausting prolongation for two years. Again, it is not considered that subjecting a public official to the sanctioning procedures provided for in the legal system is proof of workplace harassment, especially if the facts are proven. Likewise, it is noted that it is very difficult for workplace harassment, as the plaintiff has mentioned, to occur when passing through different administrative authorities and having the evidence in the dismissal proceeding file analyzed broadly by the administrative instance bodies, as well as the Administrative Tribunal that confirms the dismissal. Contrary to what the plaintiff affirms, the administrative body undertook the task not only of reviewing what was resolved by its inferior and indicating whether or not the evidence was analyzed, without identifying any flaws in the final act of the disciplinary procedure. Furthermore, note that the plaintiff here, just as he did in the administrative venue, only points out that his evidence was not analyzed; however, his grievance is not regarding the consideration of the evidence, but rather the conclusion derived from it, which is displeasing to the plaintiff, since all evidentiary elements were reviewed and analyzed, but from them the effect of exempting him from the serious conduct that the Administrative Tribunal considered was not deduced, as the plaintiff believes and intends, leading to the declaration granting the dismissal proceeding filed against him. Except for general comments that he did provide evidence and that it was not analyzed or was analyzed incorrectly, the plaintiff does not carry out an intellectual development such that it would allow this Chamber to consider that, indeed, if such and such evidence had been analyzed differently or evidence that was precluded had been taken into account, the result would have been different. Likewise, the party complains that his defense was hindered, but it does not appear in the case file that, in the dismissal procedure, the free exercise of his right to defense and reply was violated; rather, all his rights were granted, and no defenselessness is noted to declare, besides the fact that, again, he does not specifically indicate in which specific aspect the Directorate or the tribunals did not allow his defense. Now, if what the party refers to is a violation of the right of defense or due process in the other processes prior to the dismissal proceeding, not only did he not file a process for those causes at the opportune moment, but he also did not do so in this process, where he only comes to question the final dismissal proceeding. For the foregoing, this is also not considered conduct that demonstrates workplace harassment. q- Regarding the cancellation of the guide launch event in April 2015. Request for a financial report. The plaintiff attempts to point out that the event was canceled as a form of workplace harassment against him. The case file reveals another reality: the dates for launching them were moved on several occasions, without the reasons for the variation being accredited as objective forms of harassing the plaintiff. From what is deduced from the proven facts and the evidence, the April cancellation was basically due to the fact that, although the product could be ready—after two years—in digital format, there was no delivery or a delivery date for the physical product. And by May 2015, the questions surrounding the guides and the supposed donation of the copies led to discarding their official launch. No harassing action is denoted in this, but rather the consequence of what happened regarding these guides. In that same line of thought, this Chamber also cannot consider that the request for a financial report on the elaboration of the guides by the plaintiff's superior is an act of workplace harassment; at that moment, there were already many questions about the "donations" from companies, and clarity on the issue was desired. r- Regarding the preliminary investigation and the opening of a procedure in 2017 for facts he reported in 2015. Once again, we do not agree with the plaintiff regarding what he points out as an act of harassment. It is clear to this Chamber of Judges that the unfortunate events related to the guides could have consequences if irregular conduct on the part of a MINAE official was determined. In that sense, and as already mentioned supra, the plaintiff informed the Executive Director, the Legal Department, and the Institutional Procurement Office of what happened with the guides, the forgery of the signature of Ms. Olga Arguedas González, and the non-compliance of Mr. Díaz. Therefore, upon the Minister becoming aware of what happened, it is he who orders a preliminary investigation and, based on it, the dismissal proceeding is later carried out once the plaintiff is informed of the results through a procedure. This is not an act of harassment, but rather the exercise of a supervisory and sanctioning power of the Administration which, in this specific case, has been determined not to have been exceeded and was carried out within the parameters of legality. s- and t- Regarding his transfer to the Accounting and Finance Department and the rejection and warnings he made about that transfer. These two points will be resolved together as they are intimately related. The party claims his transfer to the Accounting and Finance Department as harassment, claiming it was not his specialty and that he lacked training to perform those tasks. However, as deduced from the proven facts of this judgment, that transfer was not an act aimed at attacking him, but rather the result of a series of situations. As deduced from the evidentiary body, in November 2016, the plaintiff requested an extension of the Personnel Loan Agreement, and it was extended for six more months. On June 16, 2017, the aforementioned agreement was resolved by the Subregional Office of San José, Central Volcanic Mountain Range Biosphere Reserve, because it was noted that the functions the plaintiff was performing were not those of a Civil Service Professional specializing in Generalist Administration. That is, to foresee placing the plaintiff in a situation in which his position could even be reassigned, it was decided to terminate the agreement so as not to cause him harm. It is from this non-renewal that, by official letter SINAC-SE-DGIRH-876 of August 28, 2017, the Department of Institutional Human Resource Management indicates that Mr. [Name 001]'s position corresponds to a Civil Service Professional 2, Administration specialty, Generalist subspecialty, with a bachelor's degree in Business Administration with an emphasis on Marketing, and according to the Specialty Manual of the General Directorate of Civil Service, the Administration specialty is defined for those positions whose tasks are oriented toward the process of planning, directing, organizing, coordinating, controlling, evaluating, and executing administrative tasks in technical and professional areas, with the purpose of satisfying the institutional mission. And regarding the Generalist subspecialty, it applies to positions oriented toward a combination of administrative functions and processes, in which financial analyses, feasibility studies, organization and methods studies, operations research, human resources administration, organizational development studies, motivation studies, statistical and economic analyses, price index studies, and other related functions may arise. Thus, contrary to what the plaintiff affirmed, his transfer to a financial area was not foreign to his career, which was Administration. The plaintiff was not comfortable performing administration functions; what he wanted was to perform marketing functions, and in fact, he reiterated by official letter OSJ-589 of September 1, 2017, to remain in the Central Conservation Area until December 8, 2017. This position led him not to present himself on September 4, 2017, at the Accounting and Finance Department of the Executive Secretariat, so on October 24, 2017, he was warned that a maximum incorporation deadline of November 1 was given, and he was asked to justify why he had not presented himself since September 4. By email dated September 24, 2017, the plaintiff here continued opposing his transfer and requested an audience with the Executive Director, stating he was not trained, although he was offered training for a new project, and he maintained his desire to present options in marketing and communication. This situation was known by the Labor Relations Board of the Ministry of Environment and Energy, as Mr. [Name 001] filed a complaint on November 6, 2017. On this matter, the Board requested a certification of functions as a financial analyst. On November 16, 2017, the Executive Director of SINAC indicated to Mr. [Name 001] that the functions he would perform in the Finance Department are those detailed in certification DFC-0052, correspond to a financial analyst position, are congruent with the classification of the position he holds, will not affect his salary as they are compatible with the specialty of his position, and there is no geographical variation or alteration to the workday, and he was given a period of three days to state what he deemed appropriate. The plaintiff continued expressing his opposition to his transfer in a note dated November 27, 2017, basically indicating that the degree of academic specialization necessary for the financial analyst position is evident, and that he did not agree that with a little training he could perform in that position; that this transfer action puts a limit or end to his 20-year administrative career because his development in his academic area is being curtailed, along with the right to aspire to a reassignment, and that this situation has deteriorated his health. In response, he was reminded that the descriptive manual of specialties of the Civil Service Directorate, in ADMINISTRATION, under the codes Business Administration, Generalist, includes Marketing in the application range, along with Civil Service Professionals 1, 2, and 3. Also, by official letter SINAC-SE-DGIRH-1332 of December 6, 2017, he was told that, according to the tasks outlined in certification DFC-0053, all correspond to the classification level of the position he holds: Civil Service Professional 2, with a specialty in Generalist Administration, a specialty in which the Bachelor's Degree in Business Administration with an emphasis on Marketing is encompassed. It was estimated that his administrative career was not limited because he could carry it out in any of the professional fields related to the training he possesses, both inside and outside the institution. Regarding the right to a reassignment, he was reminded that when he joined the institution, he worked in Human Resources of the Ministry and knows what is necessary for a reassignment to operate and that the regulations must be complied with. Regarding his health condition, he was told that in his Professional position, he is exposed to tensions and stress levels, and that is why the position receives greater salary compensation at a professional level. Subsequently, through official letter JRL-020-2017 of December 18, 2017, the Labor Relations Board of the Ministry of Environment and Energy indicated to the Director of SINAC that, upon learning about the transfer and the health problems of Mr. [Name 001], it was determined that the Administration has the power to place Human Resources where it deems convenient for reasons of institutional necessity, provided it does not cause harm to the official, and in this particular case, according to the analyzed information, they consider the transfer to be procedurally appropriate. However, they recommend evaluating whether he can be placed in a related Marketing area due to the experience he has accumulated in his career at MINAE. But that, if the Administration maintains its original criteria, it is recommended that conditions of induction, training, and adequate instruction be created for him to adapt to his new position. That is, the Board endorses the plaintiff's transfer, issuing only recommendations, and there is no proof that the plaintiff performed poorly in that position; on the contrary, after that transfer, the plaintiff's conflicts occurred at the level of very irregular attendance, which the Administration tolerated. With this, what is accredited is that the plaintiff carried out actions aimed at resisting the labor transfer and mobilization motivated exclusively by his own opinion, without being able to accredit objective elements in which the Administration abused its powers in order to generate workplace harassment against the plaintiff; therefore, the grievance is rejected. u- That the Administration mocked him because, despite the moral damage and the professional disqualification to which he had been subjected and the dismissal proceeding against him, still in June 2019, the Executive Directorate requested his advice on topics related to his specialty in Marketing and Communication. On this point, the reference made is that he was consulted about the logo or the previous and current institutional image; it cannot be determined from this that the claimed mockery or a situation of workplace harassment exists. v- Regarding the certification from the Professional Association of Economic Sciences. Having reviewed the related documentation, save for the plaintiff's displeasure at the time when the certification request was unfortunately made, possibly to carry out his transfer to the finance department, no harassing conduct is observed in this either. From what has been analyzed, we find that there is no proof of harassment in the terms defined by labor jurisprudence, and this allegation of the plaintiff is rejected.- 2) The plaintiff party does not point out grounds for nullity of the Dismissal Proceeding procedure. Procedure adequately analyzes the plaintiff's evidence. In another line of thought and regarding the irregularities claimed concerning the administrative procedure, the plaintiff party points out that, initially, eight charges were imputed to him, and in resolution No. R-062-2018 of February 23, 2018, charges 2 and 6 were dismissed. Then, in the Dismissal Proceeding (official letter DM-207-2018), the dismissal is requested only for 4 charges and 6 facts. He indicates that, in the procedure before the Civil Service, the Ministry's witnesses did not appear, and he attributes this to the fact that, in the administrative procedure, the witnesses had broadly favored him. He points out that he defended himself against the charges by indicating that, with the evidentiary elements in the file, it was not possible to demonstrate that he knew of the use of the SINAC logos and telephone exchange numbers that the company's employees used to ask for money on behalf of the project; he acknowledges having facilitated the logos for use in the promotional material being prepared. And that the delivery of logos to Azul Media Group was made at the time of accepting the initial donation, and included both the advertising space in the EXPOTUR 2013 Vendor Catalog and the design of the promotional proposal (graphic art). He points out that the project was formalized through that act (acta) and socialized at all levels, even at the Ministerial level, endorsement had been given through the Press and Public Relations Department. Regarding the agreement, he points out that, even though he never needed one in the 15 years he served as Head of the Marketing office, starting in April 2013, work began on multiple drafts with the participation of various actors (Marketing - Legal Department - Cooperation and Projects - Executive Directorate), but when models for its formalization were already available, it could never be presented before the new Executive Director because the latter did not attend to him for two years. Regarding the disobedience to the order given by his superior in official letter SINAC-DE-801 of May 25, 2015, and the non-presentation of a financial and accounting report, he points out that he demonstrated there was never disobedience on his part, since in official letter SINAC-MC-037 dated May 27, he informed Julio Jurado that he did not possess said information, and he was a mere mediator so that Mr. Henry Díaz would present it, and upon the latter's non-compliance with what was requested, he resorted to the person who in theory had signed the Donation Act (Acta de Donación) on behalf of Azul Media Group, and in this way discovered the forgery of Ms. Arguedas's signature and therefore the illicit act. He adds that he also refuted the facts by pointing out that, since SINAC is an institution attached to the Ministry of Environment and Energy and therefore to the Executive Branch, all information related to it is of a public nature. That the use of physical space and logistical support was more than well-founded, since from the beginning of the project there was a formal communication process with the Executive Director and Process Coordinators; in official letter SINAC-MC-078 of November 2013, Ms. Jenny Asch, then Manager of Protected Wild Areas, was informed of some requirements from that management for the proper development of the project (physical space and designation of a liaison). Ms. Asch herself—who served as a witness in this case—clarified that it was normal to provide that type of support; likewise, through official letter SINACMC- 092 of July 2014, the security company VIACHICA was informed about the stay of Azul Media Group personnel, based on the recommendation of Mr. Marco Tulio Castro, General Administrative Coordinator. Regarding the agreement, that he did not need an agreement to facilitate public information; furthermore, in the Oral and Private Appearance Act, Ms. Jenny Asch—a witness for the counterpart—clarified that it was normal to provide that type of support, and that in any case, she observed the personnel hired by Azul Media use their own assets, laptops - copier and cell phones, among others. That the formalization occurred upon the signing of the Donation Acts by Azul Media Group and Acceptance by the Executive Director of SINAC, and when the project was socialized at all levels of the organizational structure, including ministerial-level coordination. Regarding the change in the delivery date of the guides, he points out that, as coordinator of the Marketing and Communication office, he could make the adjustments he deemed pertinent. That Mr. Jurado was the one who canceled the launch (official presentation) of the Project in question on 2 occasions. Regarding the use of his institutional email, and that his knowledge validated or empowered Azul Media Group so that SINAC officials would provide information directly to them, he indicated that the objective of creating a Protected Wild Areas Guide was always to make available to national and foreign visitors first-hand information about tourist attractions, services, and facilities offered at those sites; that type of work was carried out daily in the Marketing office; furthermore, since it was public and not "privileged" information, they could well have obtained it on their own, and that the company Azul Media Group was empowered as a publishing company to carry out the project. That delivering tourist information to the public and coordinating with the liaisons for the correct fulfillment of this task was one of the typical activities of the Promotion and User Service processes inherent to the Marketing and Communication office. Regarding the apparent lack of programming of his work, he indicated that the inclusion of this fact was solely intended to bring up the spurious sanctions that had been imposed on him; moreover, he was fully empowered as coordinator of the Marketing and Communication office to make the adjustments he deemed pertinent. Regarding the alleged disobedience to an order from his superior, he relied on what was responded to in that charge 3. He adds that, in all the procedures initiated against him, the authorities of the Ministry of Environment and Energy - National System of Conservation Areas - evidently and repeatedly violated his right of defense and the principles that constitute due process: a- Principle of Impartiality of the Directing Body, b- Principle of Notice and Imputation (Intimación e Imputación), c- Principle of Hearing and Defense. d- Principle of Innocence, because during the course of the investigation, he was stripped of the Coordinator position, the personnel under his charge, and the office. That a series of administrative actions vitiated by nullity were carried out against him, concealed under the sanctioning administrative procedure. That the directing bodies rejected each and every one of his petitions, situations that damaged due process and the legality of the administrative acts and conduct, as they were not only illegitimate and gross actions that put his labor, family, and personal stability at risk. That the same did not meet the requirements of legality and motivation of the acts; they were simple, empty, and unfounded administrative acts, whose purpose was to support an accusatory body that would recommend an unjust sanction of 10 days of suspension in 3 cases and thus seek, through a fourth administrative procedure, his dismissal, as ultimately happened. He adds that the three administrative procedures and the sanctions received, which the Administration categorized as "repeated conduct," presented almost simultaneously and carried out over the course of 6 months, were the product of the situation where he was, at that time, waiting for more than a year for an audience with the Executive Director that was not granted to him, and which led to the paralysis of his office's processes, including planning. That the Administration, to ensure a conviction against him, imputed an additional charge during the process, which was having been suspended on three prior occasions, meaning there was a modification of the originally imputed charges. That he demonstrated that the work carried out for the Protected Wild Areas Guide was not done in vain, as it was used in different promotion and dissemination initiatives, such as the one carried out with BID Turismo and Grupo Nación, so the Administration's argument, used by the Administrative Tribunal of the Civil Service, was not valid. That he did what was within his power to facilitate the process of returning participation resources, once the project was terminated due to the forgery of the signature of Ms. Olga Arguedas by her partner Mr. Henry Díaz, even though he never participated in the commercialization process carried out by Azul Media Group. He mentions that the Administration based its case against him on the Law Against Corruption and Illicit Enrichment solely for the purpose of ensuring its non-prescription, since he informed the Administration in August 2015, and it was not until December 2017 that he was notified of the opening of the administrative procedure against him. That there was no financial damage to the interests of the State, and public funds were never committed; therefore, the allegation in the dismissal proceeding did not conform to reality. That Ms. Arguedas González tried to explain the occurred situation to the Minister of Environment and Energy, but she was not granted an audience. That a procedure was opened against him for dismissal, but MINAE was operating simultaneously and identically with the company Imagen y Comunicación for the realization of the Environmental Fair, as it was the latter that was responsible for implementing its commercial muscle to seek sponsors and resources, and that he affirms this with knowledge of the cause. He adds that, in the case of the creation of the Protected Wild Areas Guide—the failed project for which he was dismissed—his role was coordination of liaisons and management of technical and photographic information.
Court’s Reasoning: The plaintiff asks that it be declared that the dismissal management process arising from resolution No. 043-2019-TASC of 10:00 a.m. on November 29, 2019, is based on acts he did not commit and that the real truth was distorted. It is on that argument that he requests the annulment of the resolution confirming his dismissal, and not on specific arguments regarding defects in the administrative act. Now, the plaintiff’s submission led this Chamber to review both the preliminary investigation report and the resolutions of the Civil Service Tribunal (Tribunal de Servicio Civil) and the Administrative Civil Service Tribunal (Tribunal Administrativo de Servicio Civil); contrary to what the plaintiff asserts, it is concluded that the plaintiff did engage in serious, reprehensible conduct that indeed warranted his dismissal. In defending himself against the charges, the plaintiff merely recounts the original charges and those that ultimately formed the basis of the dismissal management and how he defended himself, but he omits any reference to the extensive evidence contained in the preliminary investigation file, the administrative file, and the dismissal management which proves that the plaintiff did not limit himself to technical aspects or coordination of the guides. His actions violated the institution’s internal control; his decisions allowed crucial acts—such as verifying the identity of the person who supposedly signed the donation of the guides, which was the starting point for Azul Media Group, supported by the presentations the plaintiff made via email and official letters and by the logos provided by the plaintiff, to approach private companies and national and international public institutions to solicit donations and to sell advertising within the guides—not to be properly verified. His participation is recorded in several official letters that are extensively explained in the preliminary report, especially that of the Embassy of Spain where he acted as a liaison by introducing her so that the company Azul Media Group could request from said embassy the sum of thirty thousand dollars, a sum that ultimately was not finalized but was indeed requested under the pretense that it was a MINAE project. There are also documents from other companies indicating that they contributed various dollar amounts and, upon learning nothing further about the project, felt defrauded. Even if the plaintiff may not have caused the damage to public funds he claims, his actions did damage the institutional image. Added to the above, despite being warned, he never sought to have an agreement signed to clearly establish the duties and rights of each party. He himself makes no mention of this whatsoever, and that is precisely the evidence demonstrating that he did commit serious misconduct. This Chamber of Judges cannot accept the assertion that this was normal conduct given the lack of funds in the Marketing office; if those funds did not exist, there is no doubt that the manner in which the plaintiff acted to obtain them in kind was not the correct way, nor was it supported by institutional protocols that would have formalized such financing mechanisms. He should have sought legal advice and designed strategies consistent with the principle of legality (principio de legalidad), but it is evident that he himself habitually engaged in these informal and atypical actions, long before the situation with Azul Media Group or the predecessor company arose. The proven facts demonstrate that since 2010, the plaintiff already had this modus operandi, which violated legality, and it must be remembered that public service is governed by the principle of legality (article 11 of the Public Constitution and 11 of the General Law of Public Administration); that is, only what the law permits may be done, but the plaintiff, on the contrary, when there was no specified procedure or operational instructions, used a means of “association” with advertising companies and similar entities to obtain certain products. This allowed a situation such as that of Azul Media Group to occur due to the weakening of controls, casting doubt upon the participation of the Ministry where he worked. The active participation of a legal department attorney in acts such as the signing of the supposed donation, which was later determined to be false, would have prevented the Ministry from being compromised in fundraising activities that were subsequently deemed irregular. Moreover, if the donation was false, that empowerment which the plaintiff facilitated through presentations and communications to internal and external users of the Ministry was irregular and again signified a weakening of its internal control. In another vein, the plaintiff merely states in general terms that there was a “series of administrative actions vitiated with nullity, concealed under the administrative sanctioning procedure. That the governing bodies rejected each and every one of his requests, situations that injured due process and the legality of administrative acts and conduct, for they were not only illegitimate and gross actions that jeopardized his job stability, family, and personal life.” However, he does not explain them, and more importantly, these alleged violations and defects refer to proceedings that are not the subject of this lawsuit, as only the dismissal management is being reviewed here. In that same sense, and as already mentioned supra, there is mention that the acts—which he does not expressly indicate—did not comply with the requirements of legality and reasoning for the acts, and were merely empty, unfounded administrative acts. Again, this refers to procedures and acts that are not the subject of this proceeding, as no claim has been made regarding them and it is not possible to seek their review by stating that they were cited as precedents in the dismissal management. Finally, and only because it forms part of the arguments regarding the alleged procedural defects, it must be pointed out that, for this Chamber, it is not important whether the work performed for the Guía de Áreas Silvestres Protegidas was completed—at least at a digital level—and whether it was used in different promotion and dissemination initiatives such as the one carried out with BID Turismo and Grupo Nación; this was the least that could be expected after two years of work on that material by the plaintiff. In that same sense, it is not important whether the plaintiff was “a victim just like Mrs. Arguedas González” but rather that, as a public official, he acted contrary to the legal order, so the testimony of Mrs. Arguedas González regarding Mr. Henry Díaz does nothing to benefit him, but rather the opposite: it precisely demonstrates that the plaintiff did not take the minimal actions required to identify his counterparts in the business dealings he himself was promoting. What is important here was to determine whether the plaintiff incurred the conduct he was charged with, and the Administrative Tribunal takes up and analyzes this in accordance with what was resolved by the Civil Service Tribunal and the arguments of the appeal, arriving in a charge-by-charge analysis at the conclusion that the arguments and evidence from both parties were indeed reviewed and analyzed by the Civil Service Tribunal, and it concludes that there is reprehensible conduct. This is not challenged by the plaintiff, who almost limits himself to repeating what he had already stated throughout the procedure; he does not identify specific grievances or defects in the challenged administrative acts, merely setting forth again in this venue the position outlined in the administrative venue without providing other elements of conviction capable of altering the factual picture assessed in the administrative venue, seeking a different outcome on the same factual basis. Therefore, in this case, the plaintiff neither specifically attacks aspects of the dismissal management procedure that might have violated his right to due process or his right of defense, nor does he directly attack the confirmation of his dismissal made by resolution 043-2019-TASC of 10:00 a.m. on November 29, 2019, determining why it is allegedly vitiated with nullity; he limits himself to affirming that he gave reasons for his innocence that were not analyzed, but it is evident from the record that their review and the reason for their rejection were indeed determined. 3) Impropriety of the damages claimed. There is no unlawful basis that justifies the administration’s liability as requested. The plaintiff claims labor, moral, economic, and physical damages. Court’s Reasoning: It is necessary to recall that the non-contractual civil liability of the Public Administration is framed within an objective regime that encompasses, in its foundation, both the theory of risk and the theory of equilibrium in the patrimonial equation. The essential purpose of this is the indemnification of anyone who has suffered an injury attributable to the public organization as a center of authority. This purposive criterion, in turn, produces a complete transformation in the central axis of the liability itself, as it abandons the analytical observation of the subject producing the damage and the qualification of their conduct, and instead places itself in the position of the victim, who, diminished in their legal situation, is exempted from proving any subjective parameter of the acting public agent (except regarding their personal liability). In accordance with the objective regime of administrative liability established in the Political Constitution of the Republic (articles 9, first paragraph, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 first paragraph, 139 subsection 4), 140 subsection 8), 148, 188, and 191) and the provisions contained in articles 190 and following, and concordant articles, of the General Law of Public Administration, the Administration shall be liable for all damages caused by its lawful, unlawful, normal, or abnormal operation, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. Lawfulness or unlawfulness refers basically to the conformity of the Administration’s formal conduct with the legal order, whereas normality or abnormality refers above all (but not exclusively) to material or technical conduct, represented, among other things, by the service-provision activity attributed to the State. As indicated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in Judgment No. 000584-F-2005 of ten forty a.m. on August 11, 2005, abnormality refers to those administrative conducts that, in themselves, depart from good administration (consistent with the concept used by the General Law of Public Administration in article 102, subsection d), which includes, among other things, effectiveness and efficiency) or from the organization, from technical and scientific rules, or from the expertise and prudent practice in the execution of their actions. Abnormality can manifest through poor operation, delayed operation, or a total absence of operation. In any case, it must be considered that according to the liability regime contained in our legislation, the determination of liability is subject to the existence of a causal link (nexo de causalidad) between the administrative conduct and the damage produced, which must be certain, real, assessable, compensable, and not speculative. Consequently, for it to occur, three essential requirements are needed: 1) An act or omission derived from the function, or conduct of the Public Administration, whether passive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful, so that “there must be, in the terms of the LGAP, a normal or abnormal operation of public services, which is a broad concept referring to the lawful and unlawful actions of public administrations, or a lawful or unlawful conduct of the Public Administration, which includes the formal activity of public entities, whether through administrative acts—resolutions, agreements, or regulations. To the above must be added administrative dysfunction deriving from material or formal omissions.” (Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 98). 2) Injury or the existence of an unlawful (antijurídico) damage, conduct by act or omission that infringes the legal order, so that “when a public entity causes an injury to a citizen that is unlawful and that they are not obligated to bear, an obligation arises for it to compensate them for the damages and losses (...).” Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 97. Such damage, following said author, affects the injured party in their pecuniary or non-pecuniary sphere, producing a compensable unlawful injury that they have no duty to bear (objective unlawfulness), with such being any conduct that by act or omission infringes objective right. Therefore, such damage must be certain, real, assessable, individualized, not hypothetical, pursuant to article 196 of the General Law of Public Administration. 3) The causal link (nexo causal), that is, the existence of a direct cause-and-effect relationship between the act charged and the damage produced, which legitimizes the harm caused, without grounds for exclusion of the causal link due to an exonerating situation such as force majeure, fault of the victim, or act of a third party. As stated by the author Jinesta Lobo: “The causal relationship is the objective or external link between the specific manifestation of the administrative function, by act or omission, and the unlawful injury caused to the injured citizen. There must be an immediate, direct, and exclusive cause-and-effect relationship between the specific manifestation of the administrative function and the unlawful injury caused to the injured citizen that they have no duty to bear (...).” (Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 106). In this regard, it must be considered that article 190 of the General Law of Public Administration establishes three exonerating circumstances of liability that break the causal link, namely: a) force majeure (an unforeseeable, unavoidable event of nature, extraneous and external); b) act of a third party (the damage is produced by the act or omission of a subject wholly unrelated to the triangular relationship between administration-official-affected party); and c) fault of the victim (it is the passive subject of the damage themselves who, through inexcusable negligence or imprudence, self-produces the injury or places themselves in a position for it). Under the Administration’s objective liability regime, there is no need to prove deceit, fault, or liability of any official; rather, the only thing that must be proven for the fact triggering liability to arise is that there was damage and that the citizen is not obligated to bear it. Furthermore, when analyzing the Administration’s liability, it must be considered that multiple factors often contribute to the production of the damage, among which it is necessary to determine the act or omission that provoked the consequence and that directly or indirectly is the proximate, adequate, and efficient cause of the harm caused, displacing those that had no influence on the result (extraneous causes), which, had they not occurred, would have avoided the loss. To infer the efficiency of the cause deemed adequate, it is essential to deduce whether it is the producer of the injury, such that if it were eliminated, it is rational to deduce that the damage would not have occurred. The determination of that factor depends on the examination of the evidence brought to the proceeding by the parties, and from it, the Judge can deduce whether, within the factual picture of the case, the defendant’s actions entail their liability (see in this regard Judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01 of 4:15 p.m. on March 28, 2001, No. 584-2005 of 10:40 a.m. on August 11, 2005, and No. 00308 of 10:30 a.m. on May 25, 2006). In the specific case, since the plaintiff’s arguments regarding an alleged workplace harassment or improper conduct in the administrative procedure that determined his dismissal did not succeed, there is no administrative conduct—passive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful—upon which a causal relationship can be established and the existence or non-existence of the damages sought can be determined. Therefore, the testimonial evidence offered and received at trial does not serve to prove a moral damage that cannot be analyzed since no basis for it has been determined. This point is therefore rejected. 4) Regarding the impropriety of the other claims in the complaint. Being claims accessory to the principal ones, they follow the same course as those, such that since the plaintiff’s reinstatement is not appropriate, nor is the payment of back pay, the payment of interest and indexing is also not appropriate. 5) Regarding the co-defendant [Name 004]. From the foregoing, it follows that the situation of Mr. [Name 004], co-defendant, has not been affected by the rejection of the plaintiff’s reinstatement claim, which requires no further elaboration.
The defendant State files the objection of lack of right. In light of the record, the objection of lack of right is upheld, since, as indicated in the preceding whereas clause, the plaintiff is not entitled to his claim regarding the violation of due process and the claim for damages.
In accordance with article 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Dispensation from this award is only possible when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence the existence of which the opposing party was unaware. In the present case, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations, since, as stated supra, the plaintiff has lost this lawsuit as the right does not assist him; therefore, the losing party is ordered to pay both types of costs in the proceeding to both parties in the proceeding. As requested by the defendant party, the payment of legal interest is also ordered in accordance with article 1163 of the Civil Code on the costs awarded to the State, from the day after the resolution setting them becomes final in the execution stage and until their effective payment.
THEREFORE
The objection of lack of right is upheld. Consequently, the complaint filed by [Name 001] against the STATE and [Name 004] is declared WITHOUT MERIT. Costs are to be borne by the plaintiff. The payment of legal interest is also ordered in accordance with article 1163 of the Civil Code on the costs awarded to the State, from the day after the resolution setting them becomes final in the sentence execution stage and until their payment. Notify.
Amy Miranda Alvarado Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-02-2026 17:35:04.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente CONOCIMIENTO ACTOR/A:
[Nombre 001] DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº N° 2023005081 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con cuarenta minutos del uno de Noviembre del dos mil veintitres.- Proceso de conocimiento interpuesto por el señor [Nombre 001], mayor, divorciado, Administrador de empresas con énfasis en Mercadeo, vecino de Coronado, portador de la cédula de identidad número [...], representado por el Lic. Jorge Emilio Regidor Umaña, mayor, abogado, carnet de colegiado número 2131, en contra del ESTADO, representado por la procuradora estatal, Licda, Amanda Grosser Jiménez, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1256-0237, y contra el señor [Nombre 004], mayor, soltero, analista presupuestario, portador de la cédula de identidad número [...], representado por su apoderado especial judicial, Lic. Jonatan López Arias, carnet de colegiado número 18931.-
RESULTANDO
I.- En fecha 21 de abril de 2021, el actor interpone proceso de conocimiento en contra del Estado y [Nombre 004], formulando las siguientes pretensiones: "l- Que el suscrito fue objeto de acoso laboral, derivado de todos los actos que se señalan en la demanda y ese acoso culminó con mi despido. II- Que ese acoso laboral me ha causado un daño moral personal irreparable, solicitando el suscrito que se ordene el pago de ese daño moral (que la parte actora indica es moral objetivo art 82 del Código de Trabajo). III- Que el proceso de gestión de despido derivado de la Resolución N° 043-2019-TASC de las diez horas del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve se fundamenta en hechos que el suscrito no cometió y en el que se tergiversó la verdad real, y que esa gestión de despido fue el instrumento último con el que se me acosó hasta lograr despedírseme. IV- Que el despido del que fui objeto estaba prescrito, pues habían transcurrido más de un mes después de que adquirió firmeza la resolución N° 043-2019-TASC, que es la segunda instancia de la gestión de despido, la cual fue notificada a todas las partes el 4 de diciembre de 2019, pues la acción de personal N° 120000259 del Cese de Funciones fue confeccionada por el Departamento de Recursos Humanos el 17 de enero del año 2020 con rige de un día antes, 16 de enero del 2020. V- Que aparte de lo dicho, se declare que la causal objeto de la demanda no se probó en este proceso y en ese tanto, solicito el pago de los extremos del artículo 82 del Código de Trabajo, que estimo en seis meses de salarios. VI- Que debe ordenarse la reinstalación del suscrito en el puesto que tenía al momento del despido, vale decir como PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 especialidad GENERALISTA, en el cargo de Analista Financiero en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y esa reinstalación debe ser además con el pago de los salarios caídos desde el día del despido hasta la fecha de efectiva restitución, incluyéndose los pluses que tenía al momento del salario, así como los aumentos concedidos a la base salarial desde el despido hasta la reinstalación incluyendo anualidades, prohibición, carrera profesional pero aquellos como la anualidad que se incrementan al cumplir años de labor, también se incrementaran durante el período en que permanezca despedido, y todo lo que aquí se dice se estimará hasta que el suscrito se le reinstale. Se deberá pagar además de los aumentos que se concedan al salario desde el despido y hasta la reinstalación, el salario escolar, el aguinaldo y las vacaciones de todo el período en que esté cesante. VII- Que los salarios caídos deben establecerse, en ejecución de sentencia, estimando mes a mes cada uno de ellos, e involucrando todos los extremos laborales que se dicen en el petitorio VI anterior, así como cualesquiera otro plus que se conceda a los PROFESIONALES DE SERVICIO CIVIL 2 durante todo el tiempo en que permanezca despedido, el salario caído que deberá pagarle el demandado al suscrito deberá considerarse, además, los pagos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, cuyo aporte debe pagar en su totalidad el patrono. VIII- Que sobre todos los extremos anteriores que se conceda deberá reconocérseme el pago de intereses e indexación desde que esos extremos se produjeron y hasta el momento en que se me reinstale y se haga el primer pago de salario mensual. IX- Que el demandado deberá pagar las costas personales y procesales causadas". (Ver demanda en imágenes 2 a 34 y audiencia preliminar en imágenes 228 a 233 del expediente digital judicial).- II.- Otorgado el traslado de ley, el Estado se opone a la acción, solicitando la condena en costas al actor y el pago de intereses sobre las mismas. Aunado a lo anterior, interpone la excepción de fondo de falta de derecho. (Ver imágenes 45 a 85 del expediente digital judicial).- II.- Otorgado el traslado de ley, el codemandado se opone a la acción, señalando que no se le puede afectar en su puesto. (Ver imágenes 210 y 211 del expediente digital judicial).- IV.- La audiencia preliminar fue celebrada el día 4 de diciembre de 2021, con la presencia de los representantes de todas las partes. (Ver audiencia preliminar y minuta en imágenes 228 a 233 del expediente digital judicial).- V.- El juicio oral y público, fue celebrado el día 6 de octubre de 2023, con la participación de todas las partes. En dicha audiencia se expone el alegato de apertura, se recibe la prueba pericial y testimonial admitida en la audiencia preliminar y por último se rinden conclusiones. (Registro de la audiencia en expediente digital judicial).- VI.- Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, -tomando en cuenta la incapacidad de la jueza Miranda Alvarado del día 23 al día 25 de octubre de 2023 inclusive-, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.- Redacta la Jueza Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.-
CONSIDERANDO
I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) El señor [Nombre 001] ingresó al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas como agente de seguridad y vigilancia el día 16 de mayo de 1992 en forma interina. (Ver imagen 14 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 2) En fecha 01 de agosto de 1993 al 31 de diciembre de 1993, el señor [Nombre 001] laboró como agente de seguridad y vigilancia 3. (Ver imagen 35 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 3) En fecha 01 de agosto de 1993, se le cesa como agente de seguridad y vigilancia 3 y se le nombra en propiedad como agente de seguridad y vigilancia 1 en el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Posteriormente se le concede permiso sin goce de salario para trabajar como técnico 4 en el Servicio de Parques Nacionales. (Ver imágenes 38 a 39 55 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 4) En fecha 16 de mayo de 1996, se nombra interinamente al acá actor como Técnico y Profesional 1, en la Dirección General Forestal. (Ver imagen 89 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 5) En fecha 15 de mayo de 1996, se le concede una beca por parte del Ministerio al señor [Nombre 001], para que estudie Administración de negocios en la UNED. (Ver imágenes 90 a 92 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 6) En fecha 16 de diciembre de 1997, se nombra en propiedad al señor [Nombre 001] en la plaza de Técnico y Profesional 1 en Desarrollo Forestal, la cual después se cambia por reestructuración a Técnico MINAE D. (Ver imágenes 127 y 142 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 7) En el año 1999, el señor [Nombre 001] realizaba labores funciones en el área de Mantenimiento del Departamento de Recursos Humanos. (Ver imagen 144 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 8) En mayo de 1999, el señor [Nombre 001] era egresado de la carrera de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo y en abril de ese año solicita ser trasladado a las oficinas centrales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por sus conocimientos en mercadeo y para no verse afectado por la eliminación del pago de prohibición que se le hacía. Sin embargo, ese traslado no se realiza. (Ver imágenes 147 a 154 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 9) En setiembre de 1999, el señor [Nombre 001] se gradúa como Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en mercadeo. (Ver imágenes 158, 159 y 168 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 10) Por resolución 0326-99 del Departamento de Recursos Humanos de Ministerio del Ambiente y Energía y resolución OSC-213-99-RN de noviembre de 1999, se reasigna el puesto del señor [Nombre 001] como Profesional Licenciado del MINAE. (Ver imagen 169 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 11) En octubre de 2000, se traslada al señor [Nombre 001] al componente de Mercadeo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Ver imagen 227 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 12) El 27 de abril de 2011, el señor [Nombre 001] asume la coordinación a.i. del Componente de Mercadeo de la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía. (Ver imagen 237 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 13) Dentro del cuestionario de análisis ocupacional realizado al puesto del señor [Nombre 001] se indica como descripciones de tareas: "2- DESCRIPCIÓN DE TAREAS ¿QUÉ HACE? A- Planear, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades que se llevan a cabo dentro del Componente de Mercadeo del Sistema Nacional de Área de Conservación verificando que los procesos que se ejecuten sean acordes con los objetivos y metas que se propone alcanzar la dependencia, de tal forma que se brinde el mejor servicio tanto al cliente interno como eterno (sic). (...) ¿QUÉ HACE? B- Asesor a la Dirección General del SINAC en materia de mercadeo y a los demás componentes. ¿COMO LO HACE? Formulando políticas, determinando planes, efectuando estudios- análisis e investigaciones in situ y proponiendo acciones concretas en el ámbito de Mercadeo. (...) QUÉ HACE? C- Representar a la institución en diferentes actividades que se realizan en conjunto con entidades estatales y privadas, (...) ¿QUÉ HACE? D- Participar activamente en conjunto con los otros Coordinadores de la Unidad Técnica (Fomento. Protección y Control- Áreas Silvestres Protegidas -Proyectos - Calidad - Sistemas de Información) Dirección General y Directores de Áreas de Conservación, en la formulación y desarrollo de políticas, planes, objetivos, directrices y estrategias. (...) ¿QUÉ HACE? E- Comandar la gestión del Componente de Mercadeo en procura de lograr un posicionamiento adecuado de la imagen del SINAC tanto al cliente interno como externo, al tiempo que se promocionan los servicios brindados por la entidad". (Ver imágenes 241 a 244 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 14) A partir de diciembre del 2005, y por problemas de asistencia del acá actor, se giran una serie de notas entre el Director del Sinac y el señor [Nombre 001]. (Ver imágenes 321 a 335 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 15) Por oficio SINAC-DG-1304 del 8 de agosto de 2006, el Subdirector General del SINAC, indica al acá actor, la necesidad de que con base en las instrucciones del Director y de las reiteradas oportunidades que él le ha manifestado, él elabore y presente a conocimiento de la Dirección una propuesta o plan de trabajo de la sección a su cargo. Asimismo, se le señala que, al margen de lo que él haga en el horario oficial del trabajo, para efectos administrativos, hay una serie de reglamentos y disposiciones que los funcionarios deben cumplir. (Ver imagen 338 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 16) Por resolución de la Dirección General del Servicio Civil, se reclasifica el puesto del acá actor de Profesional Licenciado del MINAE Grupo B a Profesional de Servicio Civil 2, especialidad Administración Generalista. (Ver imágenes 360 y 361 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 17) El 9 de agosto de 2010, el señor [Nombre 001] emite como coordinador de la Oficina de Mercadeo & Comunicación. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la constancia número SINAC-SE-M&C-032-10, que indica en lo de interés: "A QUIEN CORRESPONDA El suscrito; [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número UNO-SEIS SIETE OCHO -CINCO SIETE UNO, en su calidad de COORDINADOR de la OFICINA de MERCADEO & COMUNICACIÓN HACE CONSTAR Que en la actualidad, esta oficina, mantiene una relación de cooperación con el empresa PUBLICACIONES GRUPO 84 S.A., cuyo apoderado es el señor Geovanny Hernández Ramírez, portador de la cédula de identidad número UNO-SEIS TRES DOS-NUEVE NUEVE CINCO. Esta alianza estratégica, está orientada a la realización conjunta de campañas de educación y conservación de los recursos naturales, con sus respectivos elementos gráficos para la promoción e información, por lo que la empresa está calificada para la búsqueda de patrocinadores". (Ver imagen 513 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 18) Mediante oficio SINAC-DE-1180 del 1 de setiembre de 2011, la Directora Ejecutiva del SINAC, cesa al señor [Nombre 001] como coordinador de la oficina de mercadeo, señalándole que no se había involucrado en las acciones establecidas en el Plan Estratégico como le había sido requerido en el mes de julio de 2011. (Ver imágenes 499, 517 a 520 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 19) En octubre de 2011, se le indica al señor [Nombre 001] cuales son sus funciones como oficial de mercadeo. (Ver imágenes 536 a 539 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 20) Por recurso de amparo, el acá actor es reinstalado en marzo de 2012, en su puesto de coordinador por no otorgarle un derecho de defensa ante los cuestionamientos que llevaron al cese de su puesto de coordinación. (Ver imagen 565 a 571 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 21) Por oficio SINAC -DE-358 del 11 de marzo de 2015, el Director Ejecutivo del SINAC, llama la atención al señor [Nombre 001], por no realizar el IV informe trimestral del Plan Presupuesto 2014 y le recuerda las fechas de presentación de dichos informes. (Ver imagen 640 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 22) El 3 de noviembre del 2015, por oficio DM-977-2015, el Ministro de Ambiente y Energía ordena un formal procedimiento de investigación preliminar sobre la supuesta donación de unas guías de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica SINAC 2014, por parte inicialmente de Inversiones Azul de Heredia OA, S.A. y posteriormente Azul Group de Centroamérica S.A., quienes aparentemente sin autorización oficial pero avalados por el acá actor, utilizaron desde el año 2013, el nombre del SINAC y su logo para pedir patrocinios económicos a empresas tanto públicas como privadas por todo el país. (Ver imágenes 8 y 9 del Informe en Documentos de Embajada España en Prueba 1 en cd de prueba aportada por el Estado y Expediente completo número GD-096-2018 en Expediente TSC en cd de prueba del actor); 23) Por resoluciones números R-341-2015-MINAE de las 13:10 horas del 13 de noviembre de 2015, y R-0361-2015 -MINAE de las 11:00 del 25 de noviembre de 2015, ambas del Ministerio de Ambiente y Energía, se dispone una suspensión de diez días sin goce de salario, por no presentar el informe y la programación trimestral de ejecución del Plan Presupuestario de la instancia de Mercadeo Coordinación. (Ver imágenes 652 a 653 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 24) Por oficio SINAC-DE-327 del 29 de febrero de 2016, el Director Ejecutivo del SINAC, emite un directriz sobre la prohibición a terceros de portar insignias, logotipos o colores similares al uniforme oficial de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Ver Prueba 1 en cd de prueba aportado por el Estado); 25) Las tarjetas de presentación de trabajadores de Azul Media Group contaban con el logo del SINAC, sin autorización como fue informado por el Director Ejecutivo del SINAC al ICT. Asimismo, el Director Ejecutivo del SINAC, le indica al representante de Azul Media Group, en fecha 18 de mayo de 2015, que deje de utilizar inmediatamente el logo y le prohíbe solicitar fondos en nombre del SINAC. (Ver Prueba 1 en cd de prueba aportado por el Estado e imágenes 67 y 77 del Tomo I del expediente DGD-096-2018 en cd de prueba del actor); 26) Por oficio con número parcialmente ilegible, del 04 de abril de 2016, la coordinadora institucional del SINAC, remite a la Asesoría Jurídica copia del oficio SINAC-SE-GP-017-2016 de la Gerente de Planificación donde informa la entrega tardía o extemporánea de los informes trimestrales de la ejecución del Plan Presupuesto 2015, por parte de la instancia Mercadeo y Comunicación, lo cual califica como conducta reiterada, por lo que pide analizar la apertura de un procedimiento disciplinario. (Ver imágenes 661 a del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 27) En abril del año 2016, se suscribe el Convenio de Préstamo de funcionario entre el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio del cual se traslada por 8 meses al señor [Nombre 001] -con su consentimiento-. al Área de Conservación indicada supra. (Ver imágenes 607 a 609 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 28) Por oficio SINAC-MC-025 del 09 de mayo del 2016, el acá actor, presenta informe final como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación del SINAC. (Ver imágenes 704 a 709 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 29) Por oficio SINAC-DE-751 del 10 de mayo de 2016, se le indicó al acá actor que, como se le había indicado en el mes de abril, con la aprobación parcial de la reorganización de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, se había establecido la instancia asesora denominada Comunicaciones, que fusionaba la anterior Oficina de Prensa y Relaciones Públicas y Mercadeo. Que en esa reunión se mencionó la posibilidad de reubicarse en el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Se añadió que se había consultado a Planificación y Evaluación las acciones contenidas en el Plan Presupuesto de las instancias a su cargo pero no existían actividades previstas en el Plan Presupuesto para el año 2016 propias en temas de Mercadeo. Se le informa que se nombró a otro funcionario como responsable de la instancia Comunicación y que iba a ser su superior. (Ver imagen 713 del expediente administrativo en cd de prueba); 30) En julio de 2016, la coordinadora Regional de Recursos Humanos de la Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, se refiere al Convenio de Préstamo y señala que ve inconveniente el haber trasladado al Área de Conservación, la responsabilidad de continuar con los procedimientos disciplinarios que el señor Soto tiene abiertos por aparentes faltas que no fueron cometidas en esa Área de Conservación, esto tanto para la Administración y el mismo funcionario, por lo que no considera correcto ese traslado. (Ver imágenes 666 y 667 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 31) En noviembre de 2016, el señor actor, pide prorrogar el Convenio de préstamo, por cuanto señala que, como no se acataron sus recomendaciones respecto de la Estrategia de Mercadeo & Comunicación y no cumplirse con sus expectativas desea continuar en préstamo. La prórroga se realiza por 6 meses más, hasta el 08 de junio de 2017. (Ver imágenes 686 y 695 a 697 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 32) En fecha 16 de junio de 2017, se procede a resolver el convenio de préstamo de funcionario por parte de la Oficina Subregional de San José, Reserva Biosfera Cordillera Volcánica Central, por cuanto las funciones que estaba realizando el actor no eran propias de un Profesional de Servicio Civil con especialidad en Administración Generalista. (Ver imágenes 718 y 724 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 33) A raíz de la no prórroga, por oficio SINAC-SE-DGIRH-876 del 28 de agosto de 2017, el Departamento de Gestión Institucional de Recurso Humano, indica respecto al puesto del señor [Nombre 001] que corresponde a un Profesional Servicio Civil 2, especialidad Administración, subespecialidad Generalista, con una licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo que, el Manual de Especialidad de la Dirección General de Servicio Civil señala que la especialidad Administración se define para aquellos puestos cuyas tareas se orientan al proceso de planeación, dirección, organización, coordinación, control, evaluación y ejecución de labores administrativas en las áreas técnicas y profesionales, con el objeto de satisfacer la misión institucional. Y en cuanto a la subespecialidad Generalista, se aplica a los puestos que se orientan a una combinación de funciones y procesos administrativos, en los cuales se pueden presentar análisis financieros, estudios de factibilidad, estudios de organización y métodos, investigación de operaciones, administración de recursos humanos, estudios de desarrollo organizacional, de motivación, de análisis estadísticos, económicos, estudios de índices de precios y otras funciones relacionadas. (Ver imágenes 758 y 759 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 34) Por oficio OSJ-589 del 01 de setiembre de 2017, el acá actor solicita permanecer en el Área de Conservación Central hasta el 08 de diciembre de 2017, lo cual no se le autoriza. (Ver imagen 785 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 35) Al señor [Nombre 001] se le traslada el 04 de setiembre de 2017, al Departamento Financiero Contable de la Secretaría Ejecutivo y al no presentarse a dicho lugar de trabajo, mediante el oficio SINAC-DE-1767 del 24 de octubre de 2017, se le previene que se le da como plazo máximo de incorporación el 01 de noviembre y se le pide justifique por qué no se presentó desde el 04 de setiembre. (Ver imágenes 791 y 792 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado) 36) Por correo de fecha 24 de setiembre de 2017, el acá actor se seguía oponiendo a su traslado y pedía una audiencia con el Director Ejecutivo señalando no estar capacitado, aunque se le ofrecía darle capacitación para un nuevo proyecto y mantenía su deseo de presentar opciones en materia de mercadeo y comunicación. (Ver imágenes 791 y 792 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 37) En fecha 30 de octubre de 2017, se traslada al Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía, un extenso "Informe final de Investigación Preliminar Guías ASP SINAC", en el cual se analizan: oficios, correos, entrevistas realizadas a diferentes funcionarios, empresas y embajada de España (correo y oficio del señor [Nombre 001] introduciendo a Henry Díaz quien pidió 30 mil dólares) del cual se desprenden irregularidades en la solicitud y recepción de dineros a empresas con supuesto carácter de patrocinio y publicidad de las guías ASP SINAC con participación activa del señor [Nombre 001] apoyando a la supuesta agencia de publicidad del señor Henry Díaz C., particular quien se identificaba como Director de Proyecto de las Guías de Áreas Silvestres Protegidas, que recibía los patrocinios económicos e información del SINAC sin un convenio que apoyara esa recepción de información. (Ver Informe Embajada de España e Informe final en Prueba 1 del cd aportado por el Estado); 38) El señor [Nombre 001] presenta el 06 de noviembre de 2017, ante la Junta de Relaciones Laborales del Ministerio de Ambiente y Energía, queja por la reubicación y funciones asignadas en el Departamento Financiero. Por ello, la Junta solicita una certificación de funciones como analista financiero, lo cual se realiza el mismo día. (Ver imágenes 794 a 796 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 39) En fecha 16 de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del SINAC, le indica al señor [Nombre 001] que, las funciones que deberá desempeñar en el Departamento Financiero son las que se detallan en la certificación DFC-0052, y corresponden a un cargo de analista financiero y son congruentes con las clasificación del puesto que ostenta, que eso no le afectara salarialmente porque es compatible con la especialidad de su puesto y no hay variación geográfica ni se altera la jornada laboral, se le da un plazo de tres días para que señale lo que crea oportuno. (Ver imagen 806 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 40) Con nota fechada 27 de noviembre de 2017, el acá actor señala respecto del oficio SINAC.DE-1955, que es evidente el grado de especialización académica necesaria para el puesto de analista financiero, que no está de acuerdo que con un poco de capacitación podrá desempeñarse en ese puesto. Que esa acción de traslado pone limite a su carrera administrativa de 20 años porque se le está coartando su desarrollo en su área académica y el derecho a aspirar a una reasignación y que esta situación le ha deteriorado su salud. (Ver imagen 809 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 41) En el Manual descriptivo de especialidades de la Dirección de Servicio Civil, en Administración, en los códigos Administración de Negocios, Generalista, en el rango de aplicación se incluye Mercadeo y los Profesionales de Servicio Civil 1, 2 y 3. (Ver imagen 830 a 839 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 42) Por oficio SINAC-SE-DGIRH-1332 del 6 de diciembre de 2017, se le da respuesta a la nota del señor [Nombre 001] indicándole que, de acuerdo a las tareas señaladas en la certificación DFC-0053, todas corresponden al nivel clasificatorio del puesto que ostenta. Profesional de Servicio Civil 2, con especialidad en Administración Generalista, especialidad en la cual se encuentra inmersa la Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo. Se agrega que no se limita su carrera administrativa por que la puede llevar a cabo en cualquiera de los campos profesionales atientes a la formación que posee tanto dentro como fuera de la institución. En cuanto al derecho a una reasignación se le recuerda que cuando ingresó a la institución trabajó en Recurso Humano del Ministerio y conoce lo necesario para que opere una reasignación y que debe de cumplir con la normativa. En cuanto a su salud, se le indica que en su puesto de Profesional está expuesto a tensiones y niveles de estrés y que por ello a nivel profesional el puesto posee una mayor retribución salarial. (Ver imágenes 844 y 845 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 43) Por oficio JRL-020-2017 del 18 de diciembre de 2017, la Junta de Relaciones Laborales del Ministerio de Ambiente y Energía le indica al Director del SINAC que, al conocerse sobre el traslado y los problemas de salud del señor [Nombre 001], se determinó que la Administración tiene la potestad de ubicar el Recurso Humano en donde considere conveniente por razones de necesidad institucional, siempre y cuando no le cause perjuicios al funcionario y en el caso particular, conforme la información analizada, consideran que el traslado es procedente. Pero que no obstante lo anterior, recomiendan valorar si se puede ubicar en un área afín de Mercadeo, por la experiencia acumulada por el mismo en su trayectoria laboral en el Minae. Pero que, si la Administración mantiene su criterio original, se recomienda crearle condiciones de inducción, capacitación y entrenamiento adecuado con el propósito de que se adapte a su nuevo puesto. (Ver imagen 854 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 44) Desde noviembre de 2017 a abril, julio y setiembre de 2018, el señor [Nombre 001] se ausentaba de sus labores no informando previamente a su superior sino que posteriormente aportaba incapacidades, comprobantes de asistencia a centros médicos o al INS por un accidente o señalaba estar preparando su defensa ante el procedimiento disciplinario, alegando tener derecho a su salud y al debido proceso y derecho de defensa. Posteriormente, en mayo, junio y octubre se presentó nuevamente esa situación pero en esa ocasión informó en forma previa algunas ausencias. (Ver imágenes 866 a 941 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 45) En fecha 20 de setiembre de 2018, se emite el oficio SINAC-SEGGIRH-1086, a través del cual se hace un recuento de todas las faltas de asistencias en que incurrió el señor [Nombre 001] en el año 2018, y todos los días en que cada mes no laboró ni justificó adecuadamente la ausencia y cómo se había configurado en varias ocasiones causales de despido sin responsabilidad patronal por ausencias consecutivas no justificadas y se pide a la Jefe de Gestión Humana tome una decisión respecto a dichas situaciones. (Ver imágenes 947 a 961 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 46) En fecha 8 de octubre de 2018, por oficio SINAC-SE-DGIRH-1144, la jefe de Gestión Humana comunica a la Directora Ejecutiva que las irregularidades en la asistencia del señor [Nombre 001] ameritan una nueva gestión de despido. No obstante, no se le hace la gestión de despido y se archiva en marzo de 2019. (Ver imágenes 962 a 967 y 1049 a 1051 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 47) Los problemas de asistencia del señor [Nombre 001] se siguen produciendo de noviembre de 2018 a marzo de 2019, justificando algunas ausencias y otras no. (Ver imágenes 967 a 1041 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 48) Por resolución número por resolución13113 de 21:05 minutos del 01 de abril de 2019 del Tribunal de Servicio Civil, se declara con lugar la gestión de despido. (Ver imágenes 78 a 109 del escaneo 2 en cd de prueba aportado por el actor); 49) La parte actora apela dicho acto final y por resolución 043-2019-TASC del de las 10:00 del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, se confirma el despido sin responsabilidad patronal. Dicha resolución fue notificada a todas las partes el día 04 de diciembre de 2019. (Ver imágenes 1 a 77 y 207 del escaneo 2 en cd de prueba aportado por el actor); 50) Por acuerdo 014-2019-MINAE con fecha de rige del 15 de diciembre de 2019, el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía proceden a acordar el despido por causa justificada sin responsabilidad patronal para el Estado del servidor [Nombre 001]. (Ver imagen 1212 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 51) El señor [Nombre 001] fue cesado de su trabajo por acción de personal de fecha 16 de enero de 2020. (Ver imagen 1224 del expediente administrativo en cd de prueba aportado por el Estado); 52) Conforme la certificación número SINAC-SE-DGIRH-391-2020, se certifica por parte de la Jefe del Departamento de Gestión Institucional de Recurso Humano del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que el señor [Nombre 001] tuvo a lo largo de su vida laboral con el MINAE, cinco procedimientos: 1) Por mal uso de bien patrimonial del 25 de junio de 2013 al 16 de setiembre de 2013, no se le aplicó sanción. 2) No rendición de informes y programación trimestral de ejecución del Plan Presupuesto, del 24 de junio 2015 al 07 de diciembre de 2015, por resolución R-0368-2015-MINAE del 01 de diciembre de 2015 se le aplicó una sanción de 10 días. 3) Nuevamente por no rendir informe y programación trimestral de ejecución del Plan Presupuesto 2016, por resolución R-1122016 MINAE del 13/04/2016, se le impuso 10 días de suspensión. 4) Por tercera ocasión, por no rendir informe y programación trimestral de ejecución del Plan Presupuesto 2016, por resolución R-140-2016 MINAE del 06/05/2016, se le impuso otra sanción de 10 días. 5) Gestión de despido, por resolución 13113 del 01/04/2019 del Tribunal de Servicio Civil, confirmada por la resolución 043-2019-TASC del 29/11/2019, se le despidió sin responsabilidad patronal. (Ver certificación en Prueba 3 en cd de prueba aportado por el Estado); 53) El señor [Nombre 004] ocupa por ascenso interinstitucional desde el 16 de abril de 2020, el puesto de Profesional de Servicio Civil 2 que ocupara el señor [Nombre 001] en el SINAC. (Ver prueba 4 del cd de prueba aportado por el Estado); 54) En juicio oral y público se recibió el testimonio de Olga Arguedas González, quien indica ser maestra de la escuela. Ante preguntas de la parte actora responde: ¿Qué relación tenía con Henry Díaz? Es la dueña de Montessori que antes era Cartago y ahora es Ligth. Señala que conoce a Henry Díaz y fue colaborador y la ayudo hace unos años con la parte administrativa. Se le pregunta si ¿En algún momento su entidad hizo alguna donación para la elaboración de una guía de vida silvestre que realizaba don [Nombre 001]? Indica que no. Se le consulta si conoce a don [Nombre 001]. Señala que después lo conoció cuando supo que habían falsificado su firma. Señala que lo conoció cuando fue a su oficina porque él le solicitó unos estados financieros y ella fue a su oficina. Por una llamada se dio cuenta de la situación. Que bajo su empresa se estaba haciendo una donación de guías y ella hasta ese momento se dio cuenta de todo eso. Señala que eso lo hizo Henry Díaz. Se le pregunta si ella sabía que Henry estaba utilizando su nombre para dar dinero. Señala que sí, porque le empezaron a llegar cobros de la CCSS y empezó a sospechar que algo no estaba bien, cuando ella lo confrontó fue precisamente para la época de la llamada de don Alvaro. Se le consulta si el SINAC o alguna otra oficina le consultó sobre esto. No. Que si alguien más del SINAC la entrevistó sobre el financiamiento. No recuerda la fecha de los hechos. Se refiere a unas cartas dirigidas al Ministro. Cree que fue en el año 2015 y que ellos creen todavía tenía un logo de arbolito. Señala que ella se dirigió a los Tribunales de Cartago y puso la denuncia y ella le pidió a don Alvaro que fuera su testigo. Pregunta si cuando ella fue a la oficina de don Alvaro, ¿él la reconoció? y señala que no y que Henry Díaz se había presentado con otra persona y había firmado como ella. ¿Recuerda si en el 2018 don Alvaro recibió un documento del bufete de ella? Señala que sí. Estado y el representante de don Alvaro no preguntan. (Testimonio en SIGAO en expediente digital judicial); 55) En el juicio oral y público se recibió el testimonio del señor Daniel Alejandro Soto Araya, quien es hijo del actor. Ante preguntas del representante del actor señala: ¿Ha visto enfermó al padre y cuándo? Señala que sí, que en el año 2015 empezó a tener problemas de salud, no comía ni dormía y le preguntó a él, lo notaba muy retraído, después se enteró de un problema en un pulmón y que estaba padeciendo de una depresión. Señala que empezó a vivir con su padre de enero de 2012 a mediados de abril de 2018. El problema laboral del papá era por unos problemas porque se le acusó de robarse unas escaleras y tenía que presentar unos informes al jefe y por más que insistía no se le atendía. Que esos comentarios los escuchó de los familiares cercanos. Señala que tuvieron problemas económicos severos y tuvieron que acudir a la mamá para poder comer. Señala que él había dejado de vivir con él cuando era niño, pero cuando volvió a vivir con él se dio cuenta que había cambiado Lo notó disperso, la cabeza en otro lado, tomaba pastillas, la citas con psiquiatría y los pulmones. Sobre lo del pulmón, indica que supone que por la ansiedad empezó a fumar, no mucho. ¿Qué cuales problemas emocionales tuvo a partir del año 2017? Comenta que ya tenían con problemas de plata, pero desde ese año, no tenían para comer. Tuvo que aprender a comer avena y almorzaban y no había para cena. Sobre otros problemas, señala muchos problemas económicos. Que laboralmente él estaba muy afectado, se le notaba la depresión, no asistía a nada, no salía de la casa. Esto llegó hasta el 2020, ya con el despido en media pandemia se queda sin seguro, tuvo que regalar prácticamente el carro, para alquiler y comida. Que había una parte muy complicada, porque él tenía miedo de que se suicidara y el papá era asmático y les daba miedo que le diera Covid por los problemas en pulmones. Señala por qué él se fue de la casa y las necesidades económicas que pasó. La parte demandada no pregunta. (Declaración en sistema SIGAO en expediente digital judicial).- II.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés: 1) El acoso laboral alegado por el actor en diferentes gobiernos. (Los autos). 2) Que el actor del 2013 al 2015, procurará la firma de un convenio con Azul Media Group S.A. (o Inversiones Azul de Heredia OA, S.A. quien había supuestamente ofrecido la donación en primer término) que permitiera el uso del nombre y logos del MINAE. (Los autos). 3) Que el actor verificara la identidad de la persona que supuestamente firmó la donación que se presentó y aceptó por parte de la Proveeduría. (Los autos). 4) Que la participación del actor fuera meramente técnica durante la búsqueda de patrocinios de Azul Media Group. (Los autos).
III.- SOBRE EL ARGUMENTO DEL ACTOR: En síntesis, alega el mismo actor que se tenga como antecedente que la oficina de Mercadeo y Comunicación de la cual él fue coordinador no tenía asignados fondos para el cumplimiento de sus objetivos y que, por eso, él tuvo que buscar recursos a través de patrocinadores, pero señala que nunca participó en el manejo de fondos, y que la responsabilidad siempre corrió por cuenta de las empresas participantes en las distintas iniciativas. Agrega que, en caso de la creación de la Guía de Áreas Silvestres Protegidas -proyecto fallido por el cual fue despedido-, su papel fue de coordinación de enlaces y manejo de la información técnica y fotográfica. Asimismo, señala que duró un año y siete meses para poder hablar con el señor Julio Jurado como Director Ejecutivo del SINAC, MINAE a pesar de sus constantes solicitudes para que se le brindara una audiencia. Agrega a lo anterior como un primer punto, que fue objeto de un acoso laboral por el que se le retiró su jefatura y se vio obligado a trabajar como Analista Financiero. A continuación, señala como conductas de acoso laboral las siguientes: a- En el año 2009, la señora Guiselle Méndez como Directora SINAC, lo calificó con un "Bueno" con lo que califica son argumentos subjetivos y que nunca se le resolvió la apelación. b- Que en setiembre del año 2011, la Sra. Méndez lo releva de su jefatura, pero con un recurso de amparo se le reinstaló como coordinador en la Jefatura de Mercadeo y Comunicación. c- Que le abrieron un procedimiento por el robo de una escalera en una actividad en la que participó su oficina, siendo absuelto de todo cargo. d- Que se anuló por parte del señor Julio Jurado, Director Ejecutivo del SINAC en el año 2015, justificando los procedimientos en su contra, una solicitud de reasignación presentada por él en el año 2014. e- Que él fue parte de una demanda laboral presentada contra el Estado para el pago de diferencias salariales y que eso le creo muchos anticuerpos. f- Que el 14 de setiembre del 2015, mediante resolución N° OD-01-2015, se le notifica el Procedimiento Administrativo N° DM-771-2015, por no rendición o presentación extemporánea de los informes y la programación trimestral de ejecución del Plan Presupuesto de la instancia de Mercadeo y Comunicación y se le sancionó por resolución R-0341-2015 del 17 de noviembre del 2015, con 10 días de suspensión. Considera que se le violó el debido proceso, y no se le permitió ejercer mis derechos de defensa material y técnica con la amplitud que la Ley General de la Administración Pública permite, pero el Tribunal Contencioso le denegó la medida cautelar. g- Que el 03 de febrero del 2016, mediante resolución N° R-01-OD, se le notifica un nuevo Procedimiento Administrativo, esta vez el N° DM-1081-2015, por "no rendición de informe y la programación anual de ejecución del Plan Presupuesto de la instancia de Mercadeo y Comunicación 2016", y por resolución N° R-112-2016-MINAE de fecha 13 de abril del 2016, se le notifica sanción de 10 días de suspensión laboral sin goce de salario. Señala que, nuevamente, le fueron violados el debido proceso y su derecho de defensa y los principios básicos que lo fundamentan. Agrega que acudió a la Sala Constitucional a hacer prevalecer sus derechos, no obstante, se le indicó que lo que se alegaba eran cuestiones de legalidad ordinaria. h- Que el 16 de febrero del 2016, mediante resolución N° 001-OD-0048- 2016, se le notifica un tercer Procedimiento Administrativo, con el N° DM-108- 2015, por Reiterado incumplimiento de los plazos de entrega de los informes trimestrales de cumplimiento al plan presupuesto del año 2015, y mediante resolución N° R-140-2016 del 06 de mayo del 2016, se le suspende por 10 días. Señala que tuvo dos procedimientos administrativos simultáneos. Reclama que este procedimiento administrativo versa sobre la misma temática contenida en el procedimiento administrativo de la resolución N° OD-01- 2015. Plantea que él tenía un año y siete meses de gestionar una audiencia con su jefe inmediato, Julio Jurado Fernández, para conocer sus expectativas con respecto a los procesos de Mercadeo y comunicación Institucionales y que es imposible pensar que él podía sin ninguna coordinación previa con la Dirección Ejecutiva ejecutar acciones del Proceso de Planificación Institucional. i- Señala que tuvo una afectación económica con las suspensiones y que, la administración desarrolló un ataque en todos los niveles laborales en su contra que redundó con el cierre solapado de la oficina a su cargo, y su traslado a una oficina periférica y el inicio de la gestión de su despido. Que en setiembre del 2014, se trasladó a uno de sus subalternos al Proyecto BID TURISMO, y en diciembre de ese mismo año se le informó del traslado del otro subalterno a la Unidad de Ordenamiento Territorial. j- Que por los procedimientos que califica de espurios, su jefe inmediato no lo tomó en cuenta para ser aspirante a la jefatura de la nueva oficina de Comunicación y nombró a la misma persona con que lo había sustituido en el año 2011. k- Que lo sacó de la oficina y lo trasladó al sótano a una bodega insalubre. l- Que lo forzó a trasladarse por recomendaciones médicas a una oficina periférica, pues se le relegó a una oficina ubicada en un sótano del Edificio Principal, por lo que firmó un convenio de "préstamo" entre la Secretaría Ejecutiva a una oficina periférica (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central). m- Que el Departamento de Recursos Humanos lo obligaron a seguir llenando anualmente la "DECLARACIÓN JURADA DE BIENES" del 2016 al 2018. n- Que el acoso trascendió lo profesional porque en el oficio N° SINAC-SE-DE-SA-004 del 29 de enero del año 2014, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), recomienda revisar la Estrategia de Mercadeo y Comunicación para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en reunión de directores en conjunto con él para ser presentado y aprobado en una nueva sesión, pero cuando se lo indica al Director del SINAC por estar pronta una auditoría de los fondos que se utilizaron de Naciones Unidas para crear la estrategia, no se le atendió y al solicitar él se le recibiera en el CONAC para defender la estrategia se le indicó que por estar suspendido por uno de los procedimientos administrativos no podía ejercer ninguna función administrativa, la estrategia no se aprobó. Señala que eso lo afectó moral, psicológica y profesionalmente. o- Que el 06 de diciembre de 2017, se le notificó la resolución E-01-OD y en ese, por medio del oficio DM-207-2018, se solicita iniciar gestiones ante la Dirección General del Servicio Civil, para la separación del cargo sin responsabilidad patronal. Esto por un proyecto que no pudo concretarse y que consistía en la creación y desarrollo de una Guía de Áreas Silvestres Protegidas. p- Las actuaciones del órgano director, el despacho del Ministro, la Dirección General del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, quienes no analizaron la prueba documental y testimonial y se dificultó su defensa y se prolongaron por dos años desgastantes. q- Que cuando se tenía lista en abril de 2015, la organización del lanzamiento oficial del proyecto denominado "GUÍA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS", por indicaciones de su jefe inmediato se canceló el evento y el 25 de mayo de 2015, se le instruye suspenda cualquier gestión relacionada con ese proyecto y presentara un informe financiero, y que por oficio del 27 de mayo de 2015, él le informó a su jefe que por la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, él se había mantenido al margen de los procesos de comercialización y su papel había sido solo técnico y coordinación con los enlaces, pero que él le solicitó el informe a Henry Díaz. r- Que él informó a su superior, al Departamento Legal y a Proveeduría Institucional, lo sucedido con las guías y la falsificación de la firma de la señora Olga Arguedas González y el incumplimiento del señor Díaz. Que él les reiteró que había actuado de buena fe y se puso a sus órdenes. Pero que no es sino hasta el 6 de diciembre del 2017, 2 años y 4 meses después de que informara a la administración lo sucedido, que mediante resolución N° R-01-OD-(MINAE-DM-1145)-2017, se le notificó acerca de un nuevo procedimiento administrativo. Para ese momento, había prescrito la causa conforme el artículo 414 del Código de Trabajo. s- Que después de su traslado a la oficina periférica que se hizo efectivo en junio 2016, el 31 de agosto del 2017, mediante el oficio N° SINAC-DE-1451 el Director Ejecutivo lo instruye para que se presente a laborar a partir del 04 de setiembre de 2017, en el Departamento Financiero Contable en el que se le iban a asignar funciones acordes con la clase y especialidad del puesto que ocupaba. Que él le informó al mismo por oficio N° OSJ-592 de fecha 04 de setiembre de 2017, que en reunión con la Jefa del Departamento Financiero Contable, su preparación académica no coadyuvaba con los objetivos institucionales. Que la capacitación que se indicó iba a necesitar no se dio y que era evidente que no tenía conocimientos en el área financiera - contable. Que se certificó las funciones que él iba a realizar y aun así por oficio SINAC-DE-1767, el Director Ejecutivo reitera su traslado al departamento de marras justificando esta decisión en eventuales procesos de capacitación que se estaban iniciando y en los cuales no participó en los 2 años siguientes. t- Que él le informó al Director Ejecutivo que con su decisión ponía límite a más de 25 años de carrera administrativa y se le limitaba a su derecho de aspirar a una reasignación de puesto y con ello a un mejor salario, amén del deterioro en su salud al que estaba siendo sometido por estrés porque sin capacitación en el proceso de pagos debía de tramitar en algunas ocasiones pagos superiores a los 500 millones de colones diarios y una equivocación en este tipo de transacciones le significaría al menos un proceso penal y civil, sobre todo porque en un momento tuvo a cargo los egresos de 4 Áreas de Conservación (3 permanentes y 1 temporal), así como el registro de todos los ingresos de las 11 Áreas de Conservación y el de la Secretaría Ejecutiva. u- Que la Administración se burlaba de él, porque a pesar del daño moral y la descalificación de la que había sido sujeto a nivel profesional y la gestión de despido en su contra, aún en junio del 2019, la Dirección Ejecutiva le solicitó asesoría en temas relacionados con su especialidad en Mercadeo y Comunicación. v- Que el día 23 de junio de año 2018, uno de sus hijos tuvo un grave accidente en motocicleta en la ciudad de Heredia en el que casi pierde la vida, por lo que sacó unos días de vacaciones, pero en medio de esta situación, la jefe del Departamento de Recursos Humanos, lo presionó para que solicitara una certificación en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, que hiciera constar que cotizaba para esa entidad como miembro activo, esto a pesar de que en las colillas de salario se puede apreciar ese dato. En otro orden de ideas y respecto a las irregularidades del procedimiento administrativo, la parte actora señala que, inicialmente le fueron imputados ocho cargos, y en la resolución N° R-062-2018 del 23 de febrero de 2018, se descartaron los cargos 2 y 6. Entonces, en la Gestión de Despido (oficio DM-207-2018) se solicita la misma solo por 4 cargos y 6 hechos. Indica que en el procedimiento ante el Servicio Civil los testigos del Ministerio no se presentaron y esto lo atribuye a que en el procedimiento administrativo los testigos lo habían favorecido a él ampliamente. Señala que él se defendió de los cargos señalando que, con los elementos de prueba habidos en el expediente no era posible demostrar que él conociera del uso de los logos y números de la central telefónica del SINAC que los empleados de la empresa hacían para pedir dinero en nombre del proyecto, que él reconoce haber facilitado los logos para el uso del material publicitario que se estaba elaborando. Y que la entrega de logotipos a Azul Media Group se realizó en el momento de aceptar la donación inicial, e incluyó tanto el espacio publicitario en el Catálogo de Vendedores de EXPOTUR 2013, como el diseño de la propuesta de promoción (arte gráfico). Señala que el proyecto estaba formalizado mediante esa acta y socializado a todo nivel, incluso a nivel Ministerial se había dado un aval a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Que en lo que respecta al convenio señala que aún y cuando nunca necesitó uno en los 15 años en que se desempeñó como Jefe de la oficina de Mercadeo, desde abril del 2013, se empezó a trabajar en múltiples borradores con la participación de varios actores (Mercadeo -Departamento Legal - Cooperación y Proyectos - Dirección Ejecutiva), pero cuando ya se tenían modelos para su formalización nunca pudo presentarse ante el nuevo Director Ejecutivo porque este no lo atendió en dos años. En cuanto a la desobediencia a la orden dada por su superior en el oficio SINAC-DE-801 del 25 de mayo del 2015, y la no presentación de un informe financiero contable señala que demostró que nunca hubo desobediencia de su parte, puesto que en el oficio SINAC-MC-037 de fecha 27 de mayo le informó a Julio Jurado que no poseía dicha información, y él fue un simple mediador para que el señor Henry Díaz lo presentara y al incumplir éste último con lo solicitado, recurrió con quién en teoría había firmado el Acta de Donación por parte de Azul Media Group, y de esta manera descubrió la falsificación de la firma de la señora Arguedas y por ende el acto ilícito. Agrega que igualmente refutó los hechos señalando que, al ser el SINAC una institución adscrita al Ministerio del Ambiente y Energía y por ende al Poder Ejecutivo toda la información relacionada con ella es de carácter público. Que la utilización de espacio físico y apoyo logístico estaba más que bien fundamentado, ya que desde el inicio del proyecto existió un proceso de comunicación formal con el Director Ejecutivo y Coordinadores de Procesos, en el oficio SINAC-MC-078 de noviembre del 2013, se le informa a la señora Jenny Asch, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas en ese entonces de algunos requerimientos de esa jefatura para el buen desarrollo del proyecto (espacio físico y designación de enlace). La misma señora Asch -quien fungiera como testigo en esa causa- aclaró que era normal brindar ese tipo de apoyo, de igual manera, mediante el oficio SINACMC- 092 de julio del 2014, se le informa a la empresa de seguridad VIACHICA sobre la estadía de personal de Azul Media Group., esto por recomendación del señor Marco Tulio Castro, Coordinador General Administrativo. En cuanto al convenio afirma que, no lo necesitaba para facilitar información de carácter público, además, en el Acta de comparecencia Oral y Privada la Sra. Jenny Asch -testigo de la contraparte- aclaró que era normal brindar ese tipo de apoyo, y que en todo caso ella observó al personal contratado por Azul Media utilizar sus propios activos, laptops - copiadora y teléfonos celulares, entre otros. Que la formalización se dio a partir de la firma de las Actas de Donación por parte de Azul Media Group y de Aceptación por parte del Director Ejecutivo del SINAC, y cuando el proyecto se socializó en todos los niveles de la estructura organizacional, incluyendo la coordinación a nivel ministerial. En cuanto al cambio de fecha de entrega de las guías señala que, él como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación, podía realizar los ajustes que considerara pertinentes. Que el señor Jurado fue el que canceló en 2 oportunidades el lanzamiento (presentación oficial) del Proyecto de marras. Sobre el uso de su correo institucional, y que por su conocimiento válida o empodera a Azul Media Group, para que los funcionarios del SINAC le brinden la información directamente a ellos. Indicó que, el objetivo de crear una Guía Áreas Silvestres Protegidas fue siempre poner a disposición de los visitantes nacionales y extranjeros información de primera mano sobre atractivos turísticos, servicios y facilidades que se ofrecen en esos sitios, ese tipo de trabajo se realizaba diariamente en la oficina de Mercadeo, además por tratarse de información pública y no "privilegiada" bien pudieron haberla conseguido por su cuenta y que la empresa Azul Media Group estaba facultada como empresa editorial para la realización del proyecto. Que la entrega de información turística al público y la coordinación con los enlaces para el correcto cumplimiento de esta tarea era una de las actividades propias de los procesos de Promoción y Atención al usuario inherentes a la oficina de Mercadeo y comunicación. En cuanto a la aparente no programación de su trabajo, él indicó que la inclusión de ese hecho solo tenía la finalidad de traer a colación las sanciones espurias que se le habían impuesto, además, él se encontraba plenamente facultado como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación para realizar los ajustes que considerara pertinentes. En cuanto a la supuesta desobediencia a una orden de su superior, se atenía a lo respondido en ese cargo 3. Agrega que, en todos los procedimientos incoados en su contra, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía- Sistema Nacional de Áreas de Conservación-, violentaron de forma evidente y reiterada su derecho de defensa y los principios que conforman el debido proceso: a- Principio de imparcialidad del Órgano Director, b- Principio de Intimación e Imputación, c- Principio de Audiencia y Defensa. d- Principio de Inocencia, por cuanto en el transcurso de la investigación, se le despojo del cargo de Coordinador, del personal a cargo y de la oficina. Que se desarrolló en su contra una serie de actuaciones administrativas viciadas de nulidad, solapadas bajo el procedimiento administrativo sancionador. Que los órganos directores rechazaron todas y cada una de sus gestiones, situaciones que lesionaron los debidos procesos y la legalidad de los actos y conductas administrativas, pues no sólo fueron actuaciones ilegítimas y groseras que pusieron en riesgo su estabilidad laboral, familiar y personal. Que las mismas no cumplieron con los requisitos de legalidad y motivación de los actos, se trató de simples actos administrativos vacíos y sin fundamento, que tuvieron como finalidad sustentar un órgano acusador que recomendara una sanción injusta de 10 días de suspensión en 3 casos y así buscar mediante un cuarto procedimiento administrativo su despido, como al final sucedió. Agrega que, los tres procedimientos administrativos y las sanciones recibidas que la Administración catalogó como "conducta reiterada", presentadas casi de manera simultánea y realizadas en el transcurso de 6 meses, fueron producto de la coyuntura de que él estuviera en esos momentos esperando por más de un año, una audiencia con el Director Ejecutivo que no se le brindó, y que derivó en la paralización de los procesos de su oficina, entre otros el de planificación. Que la administración para asegurarse una condena en su contra, en el transcurso del proceso le imputó un cargo adicional, que era el haber sido suspendido en tres ocasiones con anterioridad, por lo que hubo modificación de los cargos imputados originalmente. Que demostró que el trabajo realizado para la Guía de Áreas Silvestres Protegidas no se realizó en vano, por cuanto fue utilizado en diferentes iniciativas de promoción y divulgación como la realizada con BID Turismo y el Grupo Nación, por lo que el argumento de la Administración y utilizado por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil no era válido. Que él realizó lo que estuvo a su alcance para facilitar el proceso de devolución de recursos por participación, una vez dado por terminado el proyecto, producto de la falsificación de la firma de la Sra. Olga Arguedas por parte de su socio Sr. Henry Díaz, y aún y cuando él nunca participó en el proceso de comercialización realizado por Azul Media Group. Menciona que. la Administración fundamentó el caso en su contra en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito únicamente sólo para efectos de asegurarse la no prescripción de éste, por cuanto él puso en autos a la Administración desde agosto del 2015, y no es sino hasta diciembre del año 2017, en que se le notifica la apertura del proceso administrativo en su contra. Que no existió un daño patrimonial a los intereses del Estado, y nunca se comprometieron fondos públicos, por lo tanto, el alegato en la gestión de despido no se ajustó a la realidad. Que la señora Arguedas González intentó explicar al Ministro de Ambiente y Energía la situación acontecida, pero no se le dio audiencia. Que a él le abrieron un procedimiento administrativo para despedirlo pero el MINAE operaba de manera simultánea e idéntica con la empresa Imagen y Comunicación para la realización de la Feria Ambiental, pues era esta última la encargada de implementar su músculo comercial para la búsqueda de patrocinadores y recursos y que eso lo afirma con conocimiento de causa.- En cuanto a los daños en su contra menciona que, la cuantificación de daños y perjuicios de carácter laboral, moral, económico y físico es extensa. Reitera varias de las acciones que señala demuestran un acoso laboral. Agrega que, el suspenderlo sin goce de salario, incrementó y le ocasionó problemas sustantivos en su economía y le imposibilitó el continuar cumpliendo los compromisos de pago que tenía en esos momentos, a partir de esas acciones empiezan a acumularse deudas que finalmente no pudo honrar, y que esto se agravó con el despido en enero de 2020. Añade que a su despido su salario se encontraba embargado. Menciona que, en lo que se refiere a su salud y su deterioro, este empieza a manifestarse en diciembre del año 2015, lo cual demuestra con certificaciones. Que las actuaciones en su contra le provocaron problemas que redundaron en un tratamiento de un nódulo pulmonar, e hipertensión. Agrega, cuadros severos de estrés - ansiedad recurrente y depresión, tratamiento en psicología clínica por espacio de año y medio en los Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental (EISAM) en la Clínica de Coronado, tratamiento psiquiátrico por espacio de un año en la Clínica Jiménez Núñez que debía ser continuado en la clínica del Instituto Nacional de Seguros, por tratarse de una enfermedad de carácter laboral y que no pudo realizarse porque la administración no tramitó la referencia. Y finalmente que, producto de lo ocurrido tuvo que ser tratado en gastroenterología del Hospital Calderón Guardia, con un diagnóstico de esófago de Barrett. Adiciona que, como resultado del despido, sus derechos como asegurado fueron suspendidos a partir del primero de agosto de 2020, y ni él ni su pareja tenían acceso a tratamiento médico, así como los hijos de su pareja porque él los tenía asegurados. Pide se le paguen los intereses sobre los extremos laborales que debían de pagársele de inmediato o en el plazo de un mes. Invoca la prescripción de la potestad sancionatoria, indicando que el Tribunal Administrativo del Servicio Civil rechazó su apelación y notificó lo resuelto a las partes mediante correo electrónico en fecha 04 de diciembre del 2019, y que no es sino mediante oficio N° DM-0030-2020 de fecha 14 de enero del 2020, que el señor Ministro de Ambiente, M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, le informa que se da por terminada toda relación laboral entre la Administración Pública y él a partir del 15 de diciembre del año 2019. Añade que se le notificó el mismo en fecha 17 de enero del 2019 por acción de personal N° 120000259 del Departamento de Recursos Humanos.- IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LOS DEMANDADOS: En resumen, indica la representación estatal en su contestación que, en el presente proceso no se configura el supuesto acoso laboral. Partiendo de ello define a nivel doctrinario el "mobbing" e indica que no se han presentado la serie de requisitos que deben estar presentes para que exista "acoso laboral", conforme lo señalado por el voto de esta Sala Segunda No. 2005-655, de las 14:05 horas del 3 de agosto de 2005. Señala que la parte actora manifiesta -de forma poco clara- haber sido acosado laboralmente por parte de diversos funcionarios, entre ellos la Directora del SINAC (señalando en su momento lo era la señora Guiselle Méndez) y por el Director Ejecutivo del SINAC (señalando en su momento lo era el señor Julio Jurado), indicando que por una parte se le calificó para la evaluación de desempeño del año 2009 con un "bueno" y que, posteriormente no se otorga aval a una solicitud de reasignación de puesto presentada por el actor, considerando que ello forma parte de un "acoso laboral". Asimismo, asevera que ha debido afrontar diversos procedimientos disciplinarios, de los cuales el último culminó con una gestión de despido, efectiva a partir del 16 de enero de 2020. Sin embargo, del mismo relato poco claro y hasta desordenado que realiza el actor, puede acreditarse que al actor se le cesó de su nombramiento en virtud de un procedimiento disciplinario en el cual se acreditaron los hechos imputados. Pide se note que el actor presenta argumentos desordenados cronológicamente e incluso son argumentos que no se encuentran concatenados entre sí, lo que impide determinar de forma clara la situación de "acoso" que aduce haber sufrido. Asimismo, en ningún momento evidencia que haya una conexión entre las "situaciones de acoso" que aduce sufrió y el cese de su nombramiento a través del procedimiento disciplinario seguido en su contra. Agrega que el traslado a una oficina periférica fue solicitado por el mismo actor. Y que los traslados de sus subalternos se dieron uno al Proyecto BID TURISMO y otro a la Unidad de Ordenamiento Territorial y que, aunque el actor lo considere como un acoso, de la documentación se evidencia que los movimientos de personal llevados a cabo por la Administración son parte de las facultades que posee la misma. Reitera que la parte actora en ningún momento demuestra que las actuaciones correspondan a un "acoso laboral", sino que se basa en presunciones muy subjetivas y que no se configura ninguno de los requisitos de la Sala II y en todo caso, esto estaría desligado a los hechos de la gestión de despido. A lo anterior, añade que no existen denuncias a nivel administrativo del supuesto acoso laboral, por lo que añade que el actor no puede endosar una responsabilidad patrimonial al Estado sobre una situación que la misma parte omitió dar por enterada a la Administración y no puede señalar la existencia de una conducta activa u omisiva como señala en las pretensiones. En un tema aparte señala que, la Administración actuó ajustada a derecho en la gestión de despido. Señala que como antecedente del proceso de Gestión de Despido GD-096-2018, la Administración procedió a solicitar la realización de una investigación preliminar mediante Oficio DM-977-2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, respecto de una "supuesta donación que se daría al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de unas guías de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica SINAC-2014" y que dicha investigación preliminar, culminó mediante Informe Investigación Preliminar "Guías de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica SINAC-2014", notificado al Ministro de Ambiente y Energía mediante oficio SINAC-ACLA-P-AL-31-2017 de fecha 30 de octubre de 2017, recibido por el señor Ministro en fecha 06 de noviembre de 2017. Que, a partir de ese informe, por Oficio DM-1145-2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, se ordena el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario a fin de determinar si el aquí actor “incurrió en faltas a sus obligaciones”, nombrándose un Órgano Director del Procedimiento, el cual mediante resolución R-01-OD (MINAEDM-1145-2017) de fecha 5 de diciembre de 2017, dicta la apertura del procedimiento administrativo, determinándose de forma clara y expresa los cargos imputados al señor [Nombre 001], así como indicándose la documentación que sustenta la acusación, las posibles normas infringidas con el actuar imputado y las posibles sanciones a las que se vería expuesto en caso de comprobarse la falta imputada, quedando debidamente notificado el aquí actor en fecha 06 de diciembre de 2017. Añade que, la audiencia oral y privada se señaló para las 09:00 horas del 12 de enero de 2018, pero se reprograma para el 30 de enero de 2020 a las 09:00 horas por solicitud del actor. Añade que, en la audiencia el actor se acompañó de su representante legal, se recibió la prueba testimonial ofrecida por las partes, ejerciendo su derecho de defensa. Plantea que, por el oficio No. AL-013 de fecha 14 de febrero de 2018, recibido en fecha 15 de febrero de 2018 por el despacho ministerial, se remite el Informe Final del Órgano Director (DM-1145-2017-MINAE), en el cual se determinó exonerar varias de las conductas, pero respecto de otras no, determinando que lo actuado por el funcionario riñe abiertamente con el deber de probidad que debe observar todo funcionario público en el ejercicio de sus funciones que señala la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública. Por ello, mediante resolución R-062-2018-MINAE de las 13:40 minutos del 23 de febrero de 2018 -notificada al aquí actor en fecha 27 de febrero de 2018-, el Despacho Ministerial resuelve "iniciar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Servicio Civil para la separación del cargo sin responsabilidad patronal del mencionado funcionario por las faltas cometidas...". Añade que, inclusive, el actor en fecha 5 de marzo de 2018 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la R-062-2018-MINAE de las 13:40 minutos del 23 de febrero de 2018 del Despacho Ministerial, el primero rechazado mediante resolución R-87-2018-MINAE de las 11:35 minutos del 15 de marzo de 2018 que resuelve sin lugar el recurso de revocatoria planteado, y el segundo no se resuelve por carecer esa resolución de dicho recurso. Agrega que, el procedimiento realizado es el antecedente de la Gestión de Despido que se realiza en contra del actor ante la Dirección General de Servicio Civil, órgano competente para el procedimiento pues nos encontramos ante el cese de nombramiento de un funcionario público. Así, en el expediente de Gestión de despido GD-096-2018, mediante oficio DM-207-2018 el señor Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, presenta formal Gestión de Despido en contra del aquí actor, basado en el expediente del procedimiento administrativo y lo dictaminado en resolución R-062-2018-MINAE de las 13:40 minutos del 23 de febrero de 2018. Considera importante mencionar que, por oficio JRL-011-2018-MINAE de fecha 5 de abril de 2018, la Junta de Relaciones Laborales del MINAE indica al Ministro el acuerdo tomado mediante Sesión Ordinaria No. 010-JRL-2018 de fecha 03 de abril de 2018, en la que determinó que "revisada la información del expediente levantado para este caso y analizada la situación, se constata que se han seguido los procedimientos correspondientes..." considerando procedente la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil. Menciona que, por resolución No. AJD-RES-251-2018 de las 11:20 horas del 19 de abril de 2018, la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil realizó el traslado al aquí actor respecto de la gestión de despido y esta le fue notificada al actor en fecha 09 de mayo de 2020. Añade que, la instrucción del proceso de Gestión de Despido mediante Proveído de las 15:10 horas del 11 de mayo de 2018, debió suspenderse por cuanto no se había nombrado Director General de Servicio Civil a la fecha de instrucción. No obstante ello, el actor presenta en fecha 15 de mayo de 2018, una excepción de prescripción del proceso, y mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2018, el aquí actor presenta los alegatos de descargo. Mediante resolución AJD-RES-324~2018 de las 08:15 horas del 18 de junio de 2018, se remite el expediente al Tribunal de Servicio Civil para que se procediera a resolver lo correspondiente a la excepción de prescripción planteada. Mediante resolución de las 19:45 horas del 10 de julio 2018 del Tribunal de Servicio Civil -notificada el 17 de julio de 2018-, se da traslado a la Administración respecto de la excepción interpuesta para que presente los argumentos que considere pertinentes. Mediante resolución de las 20:30 horas del 27 de agosto de 2018 -notificada el 05 de setiembre de 2018-, el Tribunal de Servicio Civil resuelve rechazar la excepción de prescripción planteada por el aquí actor. Mediante resolución AJD-RES-603-2018 de las 08:10 horas del 13 de setiembre de 2018 -notificada el 17 de setiembre de 2018-, se señalan fechas y horas para recabar el testimonio de los testigos ofrecidos dentro del proceso, indicándose los días 8 y 9 de octubre de 2018. En fecha 8 de octubre de 2018, el aquí actor presenta los alegatos de descargo. Es menester señalar que, de conformidad con las constancias de fechas 8 y 9 de octubre, ninguno de los testigos se hizo presente a rendir sus declaraciones, por lo cual, mediante resolución AJD-RES-704-2018 de las 08:30 horas del 16 de octubre de 2018 -notificadas las partes el 19 de octubre de 2018-, se declaran las mismas inevacuables. Mediante resolución AJD-RES-800-2018 de las 4:20 horas del 19 de noviembre de 2018 -notificadas las partes el 20 de noviembre de 2018-, el órgano director resuelve gestiones planteadas por las partes dentro del proceso, e instruye el expediente para ser remitido al Tribunal de Servicio Civil para su resolución. Mediante resolución interlocutoria de las 20:00 horas del 4 de diciembre de 2018, notificada a las partes el 30 de enero de 2018-, el Tribunal de Servicio Civil otorga a las partes el plazo de cinco días para realizar las conclusiones que consideren pertinentes. Es importante indicar que para el año 2018-2019, el período de cierre por vacaciones colectivas abarcó desde el 21 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, por lo que el cómputo de los plazos quedó suspendido. Mediante escritos de fechas 31 de enero de 2019 y 6 de febrero de 2019, las partes rinden sus conclusiones. Mediante resolución 13113 de las 21:05 horas del 1 de abril de 2019 -notificada a las partes del 26 de abril de 2019-, el Tribunal de Servicio Civil al tener por acreditados los hechos imputados e investigados, resuelve declarar con lugar la gestión de despido y autorizar el despido del actor. Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2019, el aquí actor interpone recurso de apelación en contra de lo resuelto por el Tribunal de Servicio Civil. Mediante resolución de las 23:13 horas del 14 de mayo de 2019 -notificada a las partes el 29 de mayo de 2019-, el Tribunal de Servicio Civil admite el recurso de apelación y emplaza a las partes para que se apersonen ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, a quien le corresponde resolver el asunto. Finalmente, mediante resolución No. 043-2019-TASC de las 10:00 horas del 29 de noviembre de 2019 -notificada a las partes el 4 de diciembre de 2019-, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil resuelve rechazar el recurso de apelación. Indica que, para el año 2019-2020, el período de cierre por vacaciones colectivas abarcó desde el 20 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, por lo que el cómputo de los plazos quedó suspendido. Agrega que, como se desprende del recuento anterior, el procedimiento administrativo se llevó acorde a derecho, respetándose el debido proceso y otorgándosele al aquí actor, el ejercicio de su defensa, encontrándose representado por un abogado, presentando alegatos y prueba de descargo, presentando sus alegatos de conclusiones, así como interponiendo los recursos legalmente establecidos. En el presente proceso de conocimiento, el actor no aporta prueba fehaciente que permita tener por acreditada la existencia de vicios dentro del procedimiento, por lo que pretender se anule el mismo sólo por resultar contrario a los intereses del aquí actor, resulta violatorio del ordenamiento jurídico. En un tercer alegato reitera la representación del Estado, la potestad sancionadora de la Administración Pública y en especial a la sancionatoria para sus agentes públicos a sus deberes jurídicos funcionales. Finalmente, se refiere a la solicitud de indemnización del daño subjetivo pedido por el actor e indica que no aporta prueba idónea que haga constatar el nexo causal entre la conducta que alega es ilícita y el resarcimiento del daño, por cuanto nótese que alega que la actuación de "acoso" es supuestamente realizada por su superior jerárquico, sin embargo, solicita que el Estado le indemnice por dicha conducta, sin llegar a demostrar que la Administración de alguna forma impulsó o aceptó la conducta particular del funcionario o, en su defecto, que la Administración se haya negado a llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Que tampoco logra acreditar un nexo causal entre la gestión de despido llevada a cabo en su contra y el resarcimiento del daño que pretende a cargo del Estado por lo que solicita su rechazo.- Por su parte el codemandado [Nombre 004] se limita a señalar que los hechos de la demanda no son de su conocimiento ni participación y que él fue nombrado por concurso del Servicio Civil por lo que no puede ser afectado.- V.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA: La representación de la parte actora en el escrito de demanda señala dos momentos en los que considera prescribió la potestad sancionatoria. Haciendo la salvedad que cualquier otro argumento de este tipo esgrimido en las conclusiones resulta novedoso y por tanto improcedente, no se tomará en cuenta, puesto que la parte demandada no podría en esa instancia ejercer adecuadamente el contradictorio. Así, apunta como primer espacio temporal el momento en que comunica por oficio SINAC-MC-044 de fecha 20 de agosto de 2015, al Director Ejecutivo del SINAC lo sucedido con el señor Henry Díaz Cubillo y Azul Media Group, y que desde ese momento se debió de conformidad con el artículo 414 del Código de Trabajo iniciar el procedimiento y que para cuando se le inicia, ya había prescrito. Un segundo momento de prescripción indica se produjo cuando, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil rechazó su apelación y notificó lo resuelto a las partes mediante correo electrónico en fecha 04 de diciembre del 2019, y que no es sino mediante oficio N° DM-0030-2020 de fecha 14 de enero del 2020, que el señor Ministro de Ambiente, M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, le informa que se da por terminada toda relación laboral entre la Administración Pública y él a partir del 15 de diciembre del año 2019. Añade que se le notificó el mismo en fecha 17 de enero del 2019 por acción de personal N° 120000259 del Departamento de Recursos Humanos. La parte demandada sobre dichas prescripciones señala que, las actuaciones se dieron dentro de los plazos de ley correspondientes y que asimismo recuerda que la excepción planteada por el actor fue rechazada por el Tribunal del Servicio Civil. Agrega que, debe tomarse en cuenta que el período de cierre de las vacaciones colectivas en la Administración Pública abarcó del 20 al 6 de enero de 2019, y que el cómputo de plazos quedó suspendido. Criterio del Tribunal: En primer término, es necesario recordar que la versión del numeral 414 del Código de Trabajo que la parte actora invoca para solicitar la declaratoria de prescripción del inicio del procedimiento, es una norma que entró en vigencia en fecha posterior a los hechos, cuando se produce la llamada reforma procesal laboral del año 2016 y cuya vigencia en principio era en el año 2017, realizando una aplicación retroactiva a la modificación normativa, siendo consecuentemente aplicable no dicho numeral en el caso concreto, sino el otrora 603 del mismo cuerpo legal. En segundo término, aún si se aplicase el anterior numeral que regulaba la prescripción, es necesario recordar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, en caso de ser necesario, es posible la existencia de una etapa de investigación preliminar que, por demás, no tiene más parámetros que la proporcionalidad y la razonabilidad de las actuaciones realizadas en la misma para determinar los hechos que sustenten o descarten la apertura de un procedimiento, recabar prueba e individualizar posibles responsables, entendiéndose desde vieja data, que la prescripción corre para la entidad patronal, desde el momento en que, quien tiene competencia para ello, tiene posibilidad objetiva de conocer todos los elementos suficientes para realizar una correcta imputación de responsabilidad, es decir, no se trata de un simple aviso o puesta en conocimiento sino que se trata de un evento en el cual se cuentan con los suficientes elementos de convicción (circunstanciación de hechos, pruebas y sujetos presuntamente responsables) para poder ejercer la potestad disciplinaria. Esto es lo que sucedió en el presente asunto ya que, como se indicó en los hechos probados, el día 3 de noviembre del 2015, el Ministro de Ambiente y Energía por oficio DM-977-2015 al tener conocimiento de los hechos sucedidos con la guía y Azul Media Group, ordena el inicio de una investigación preliminar para determinar el mérito de la eventual apertura de un procedimiento administrativo. Así, el oficio que el actor señala donde él informó los hechos irregulares dirigido solo al Director Ejecutivo, la Proveeduría y la Dirección Jurídica nunca incluyó al Ministro de ramo, quien es el órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria, no siendo por ende un elemento de convicción para demostrar que éste tenía la posibilidad objetiva de iniciar el procedimiento en el plazo de ley, reiterando que, para ese momento, la norma que invoca el actor no estaba vigente, por lo que no opera la prescripción alegada. Ahora, el hecho de los casi dos años que la parte reclama duró dicha investigación, no se trata de una patología administrativa en sí misma, sino que han de aplicarse criterios de razonabilidad y justificación fiscalizables, lo cual, después de una evaluación de los autos, el Tribunal considera que el tiempo consumido es acorde con la complejidad y la amplia investigación realizada, que se encuentra adecuadamente documentada en el amplio informe que dio origen al procedimiento administrativo y la gestión de despido cuestionada, con lo que no se logra acreditar una desidia dilatoria infundamentada por parte de la Administración que realizó la investigación preliminar. En tercer término y respecto de la prescripción de la potestad sancionatoria, efectivamente, de los hechos probados se desprende que por resolución número 13113 de 21:05 minutos del 01 de abril de 2019, del Tribunal de Servicio Civil, se declara con lugar la gestión de despido. La parte actora apela dicha resolución y por resolución 043-2019-TASC del de las 10:00 del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, confirma el despido sin responsabilidad patronal. Dicha resolución fue notificada a todas las partes el día 04 de diciembre de 2019. Lo que omite la parte actora es que mediante el acuerdo 014-2019-MINAE, suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, con fecha de rige de fecha 15 de diciembre de 2019, se concreta su despido conforme la autorización del Tribunal de Servicio Civil, y ratificada por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil. Este es el acto de cese que causa lo que se conoce jurídicamente como modificación de estado del actor, así como lo fue el acuerdo de nombramiento firmado por el Ministro y el Presidente en el momento de su nombramiento por ser un puesto del Servicio Civil. La acción de personal notificada al actor en fecha 17 de enero de 2020, es solo un acto de ejecución del acuerdo de despido tomado en el plazo de ley, confundiendo la parte accionante el plazo para la toma de la decisión sancionatoria con el plazo para ejecutar ésta, por lo que su agravio no tiene la virtud de sostener la prescripción de la potestad sancionatorio de la Administración como ha pretendido el actor. Por lo dicho se rechaza la prescripción en los términos señalados.- VI.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez revisada la extensa prueba aportada por ambas partes y los argumentos de la partes actora y demandadas, esta Cámara de Jueces concluye que la presente demanda debe ser declarada sin lugar por las razones que a continuación se señalan. En primer término, se advierte que sólo se tomarán en cuenta los argumentos que hayan sido objeto del contradictorio y no aquellos novedosos que se vertieron en la etapa de conclusiones, en tanto ello violentaría el debido proceso y el derecho de defensa de la otra parte. En segundo término, también es necesario señalar que, el actor ha realizado una incorrecta mezcla de hechos con argumentación que hace difícil determinar la teoría del caso del mismo, pero que se interpreta por parte de esta Cámara en ejercicio del principio pro actione en tres grandes temas: un supuesto acoso laboral, una incorrecta valoración de la prueba del Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo en el procedimiento administrativo de despido y, finalmente, la responsabilidad de la Administración por los daños que reclama. 1) No existe prueba del acoso laboral que señala la parte actora. En el mismo orden expuesto por la actora se revisarán las conductas que señala demuestran el acoso laboral. a- Los alcances de una calificación de “bueno” en el año 2009. No hay prueba en autos de que esa calificación fuera producto de un acoso laboral, el procedimiento de calificación anual del funcionario público tenía y tiene un sistema recursivo en caso de no estar de acuerdo que incluye la Dirección de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil, no obstante, en autos no se demuestra que el actor haya seguido dicho trámite, ni tampoco se demuestra la correlación entre conductas específicas en el período evaluado por parte de la entidad patronal y las rúbricas de evaluación que llegan a justificar que, de alguna forma, la acción patronal se haya encaminado a manipular el trabajo a evaluar del actor y así devenir en la acusada calificación de desempeño, ni cómo tal resultado repercutió de forma negativa en la actividad ordinaria del acá demandante, limitándose a afirmar de que tal resultado, en sí mismo, es una prueba de acoso. Por lo tanto, se descarta. b- El cese de su jefatura en el año 2011. El hecho de que su entonces jefatura no consideraba que sus funciones eran adecuadas en la oficina de Mercadeo, esto no significa automáticamente acoso. Hemos de recordar que, como parte de las funciones en relación de jerarquía se encuentra justamente la de evaluar la oportunidad y conveniencia de la estructura administrativa, tal y como lo señalan los numerales 101 y 102 de la Ley General de Administración Pública, además, la Sala lo reinstaló porque le señaló a la Administración que debió realizarle un debido proceso previo al cese, no que el ejercicio de la competencia como tal fuese ilegal o se encontrase vedada y entonces, una vez ejercida la defensa, era posible decidir si lo mantenía o no, pero se insiste, en ningún momento se señaló que el actor tuviera un derecho a permanecer inamovible en ese puesto. A lo anterior, hay que agregar que, después de ello, se permitió que el mismo continuara y no se desprende de su expediente ninguna otra actuación en ese sentido por parte de la señora Directora en ese momento. c- La apertura de un procedimiento por el robo de una escalera en una actividad en la que participó su oficina. Debemos precisar aquí, que todo funcionario público está expuesto a la posibilidad de un procedimiento administrativo cuyo objetivo sea esclarecer unos hechos en que eventualmente podría estar involucrado, máxime si como en este caso, se había perdido un bien del Estado que estuvo bajo su custodia y en ello no se ve acoso alguno. Recordemos, el sometimiento a un procedimiento administrativo forma parte de la rendición de cuentas que deriva directamente del numeral 11 Constitucional y tiene por finalidad la averiguación de la verdad real de los hechos, siendo que su apertura per sé no precalifica el resultado. De hecho, para este caso se demuestra justamente lo contrario, dado que de la investigación se desestimó la presencia de responsabilidad del actor, siendo ello el resultado de las resultas investigativas, no lográndose apreciar el ejercicio irracional del control disciplinario para este agravio. d- Acerca de la no reasignación de puesto. Sobre este punto y en vista no solo de las irregularidades que se estaban investigando respecto de las guías, ha de considerarse también que, en ese momento, existía por parte del SINAC una reestructuración parcial que afectaba la oficina de la cual era coordinador el acá actor, es decir, se trata de un elemento coyuntural que tampoco llega a la demostración de una conducta de acoso. e- Represalias por una demanda laboral. Sobre este punto no hay ninguna referencia o prueba de que por esta situación se dieran conductas de acoso, tratándose por ende de una manifestación de la parte sin sustento probatorio o que sea posible circunstanciarlo con acciones concretas administrativas del demandado. f- g- y h- La apertura de tres procedimientos administrativos por la no rendición o presentación extemporánea de los informes y la programación trimestral de ejecución del Plan Presupuesto de la instancia de Mercadeo y Comunicación de los años 2015 y 2016. Como los tres son por hechos similares, pero períodos diferentes, y el actor expone contra los tres la misma argumentación, se conocen en un mismo acápite. Al respecto es necesario señalar que, si el actor consideraba que las conductas no eran su culpa y que se le había violentado el debido proceso o el derecho de defensa, debió iniciar el proceso judicial correspondiente en contra de cada uno de esos procedimientos y no lo hizo. Por demás, salvo algunas de las resoluciones finales y el hecho de que no son objeto de ninguna pretensión en este proceso, ni en sede administrativa ni en esta judicial, el actor demostró que, al menos, intentase elaborar o efectivamente elaborase las propuestas que, efectivamente, se le comprobaron no entregó a Planificación, esto a pesar de que se le advirtió expresamente sobre las fechas de entrega. La parte sólo se limita a señalar que, como no se había reunido con el Director, no podía entregar ninguna planificación, lo cual no se puede considerar como justificación de la omisión. Su deber era planificar con o sin el visto bueno del Director y someterlo a Planificación y no lo hizo, de ahí la razonabilidad y justificación objetiva de que se generasen los señalados procedimientos disciplinarios. Con ello, tampoco hay acoso en actuaciones que son solo su responsabilidad. i.1- Sobre su afectación económicas con las suspensiones. En el entendido de que el actor sí incurrió en la no entrega de los informes y la planificación trimestral de la Planificación de su oficina, las sanciones de suspensión de 30 días y el daño a su salario, corresponden a sanciones disciplinarias que se generan exclusivamente bajo su responsabilidad y no constituyen una prueba de acoso laboral, siendo justamente la existencia de un acto administrativo en firme de carácter sancionatorio lo que motiva al accionante a soportar la pérdida patrimonial como consecuencia de los actos reprochados en su contra. i.2- Sobre el cierre de su oficina y el traslado de sus subalternos. Si bien es cierto, en parte por la necesidad de contar con personal para un proyecto que se desarrollaba con el BID y que el mismo actor consideraba muy importante y por el traslado que se produce por el ascenso de un subalterno, el actor se quedó efectivamente sin personal y posteriormente se le anunció por la reestructuración parcial del SINAC, el cierre de esa oficina y el traslado de funciones a otra dependencia y en el momento en que se produjo, en el año 2015, podría pensarse que ello fue para forzar el traslado del actor, no obstante, este sería un solo acto aislado que por sí sólo no puede configurar acoso, sin mencionar a que el actor no logra demeritar que, desde la perspectiva técnica, la reestructuración no fuese motivada o tuviese por finalidad exclusiva la de afectar su esfera de intereses. El acoso es una serie de actuaciones de una o varias personas que minan al acosado para afectarlo a diferentes niveles y lograr con ello básicamente su renuncia. En el caso del actor, no se demuestra que después de que éste solicitará trasladarse a un área de conservación se realizaran acciones sistemáticas de acoso. Es más, como se verá más adelante, ni siquiera cuando no se renueva el convenio de préstamo y se le asigna al departamento financiero a pesar de las actuaciones reprochables del actor que se señalan en los hechos probados, al mismo no se le acosa en forma alguna. j- Que no se le considerara para la jefatura de la nueva oficina de Comunicación. Por demás que la escogencia de una jefatura es un aspecto discrecional de los altos mandos de las dependencias públicas, la razón que se le dio al actor en cuanto a los procedimientos que se abrieron en su contra por no cumplir con sus deberes como coordinador se considera por parte de esta Cámara como razonable y no una prueba de acoso. k- y e- Conducta de salida y traslado al sótano a una bodega insalubre. Como un primero punto, al no contar el actor con la jefatura, resulta consecuente que no pudiera contar con la misma oficina, por lo que el traslado de oficina resulta plausible en este tipo de circunstancias. Tampoco hay prueba en autos de que el actor se trasladara a un sótano y las condiciones de éste. En todo caso, con la reestructuración parcial se le ofreció ser parte de la oficina de Comunicación y el mismo no lo aceptó y pidió su traslado en préstamo. m- Sobre la Declaración Jurada de Bienes. Salvo la molestia que eso podía crear en el actor, no se ve en este aspecto un elemento de acoso, en todo caso, no existía impedimento que el propio actor gestionase directamente a la Contraloría General de la República la comunicación respectiva de la variación de su puesto para ser excluido de la obligación de declaración. En todo caso, no se logra identificar cómo esta situación resulta imputable al accionado o cómo éste se concatena con una conducta tendiente a afectar su esfera de intereses en términos de acoso. n- Sobre lo sucedido en la aprobación de la Estrategia de Mercadeo y Comunicación para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC). Nuevamente, al revisarse este punto en la prueba de los autos, no se considera que esto configure la conducta de acoso laboral que el actor reclama. Básicamente, esa estrategia no se aprobó por que se consideró que, para el año 2016 y por la reestructuración parcial del SINAC, el documento del año 2014 se había desactualizado. Si bien el actor considera esto como una afrenta personal de parte de su Superior y el hecho de que no se le permitiera dar explicaciones en el CONAC sobre dicha estrategia, lo cierto es que la razón por la cual no se atendió su petición de asistencia está justificado al estar él justo en ese momento suspendido sin goce de salario. Tampoco en esto se considera haya una situación de acoso, aunque puede entenderse la frustración que eso pudo significar para el acá actor en ese momento. o- La Gestión de Despido. Con vista en la prueba que consta en autos, tampoco puede considerarse la gestión de despido en su contra una situación de acoso laboral. La misma fue el resultado de una amplia investigación preliminar y un procedimiento administrativo que recomendó remitir al Servicio Civil varios cargos y hechos. p- Las actuaciones del órgano director, el despacho del Ministro, la Dirección General del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, y el análisis de la prueba documental y testimonial. Ejercicio del derecho defensa y su prolongación por dos años desgastantes. Nuevamente, no se considera que el sometimiento de un funcionario público a los procedimientos sancionatorios dispuestos en el ordenamiento jurídico sea prueba de un acoso laboral, sobre todo si los hechos son probados. Asimismo, se hace notar que, es muy difícil que, pasando por diferentes autoridades administrativas y habiéndose analizado las pruebas del expediente de gestión de despido en forma amplia por parte de los órganos de instancia administrativos, así como el Tribunal administrativo que confirma el despido, se presentara un acoso laboral como el accionante ha mencionado. Contrario a lo que afirma el actor, el órgano administrativo se dio a la tarea no sólo de revisar lo resuelto por su inferior y señalar si se analizó o no la prueba, sin que se llegaran a identificar vicios en el acto final del procedimiento disciplinario. Además nótese, el acá accionante igual que lo hizo en sede administrativa, sólo señala que no se analizó su prueba, sin embargo su agravio no es respecto a la consideración de la prueba, sino a la conclusión que deriva de ésta y que es de desagrado del actor, puesto que sí se revisó y se analizó todos los elementos de convicción, pero de ellos no se desprende, como el actor cree y pretende, el efecto de eximirlo de las conductas graves que consideró el Tribunal Administrativo produce declarar con lugar la gestión de despido incoado en su contra. Salvo comentarios generales de que él sí aportó prueba y que esta no fue analizada o lo fue en modo incorrecto, el actor no realiza un desarrollo intelectivo tal que permita a esta Cámara considerar que, efectivamente, si se hubiera analizado de forma diferente tal o cual la prueba o se hubiera tomado en cuenta prueba que fue precluida, el resultado habría sido diferente. Asimismo, la parte reclama que se le dificultó su defensa, pero no consta en autos que, en el procedimiento de despido, se le haya conculcado el ejercicio libre de su derecho de descargo y defensa, sino que se otorgaron todos sus derechos y no se nota indefensión que declarar, amén de que nuevamente, no señala concretamente en qué aspecto concreto la Dirección o los tribunales no le permitieron su defensa. Ahora, si lo que refiere la parte es violación al derecho de defensa o debido proceso de los otros procesos anteriores al de la gestión de despido, no solo, en el momento oportuno no presentó un proceso por esas causas, sino que tampoco lo hizo en este proceso, donde solo viene a cuestionar la gestión de despido última. Por lo anterior, tampoco se considera que este sea una conducta que demuestre acoso laboral. q- Sobre la cancelación del evento en abril de 2015 de lanzamiento de las guías. Solicitud de un informe financiero. El actor pretende señalar que el evento se canceló como una forma de acoso laboral en su contra. Los autos revelan otra realidad, en varias ocasiones se trasladó las fechas en que se lanzarían las mismas, sin que los motivos de la variación sean acreditados como formas objetivas de acosar al actor. De lo que se desprende de los hechos probados y la prueba, la cancelación de abril se debió básicamente a que, aunque el producto podía estar listo -después de dos años- a nivel digital, no se contaba con la entrega o una fecha de entrega del producto físico. Y para mayo de 2015, los cuestionamientos en torno a las guías y la supuesta donación de los ejemplares llevó a descartar el lanzamiento oficial de las mismas. En ello no se denota una actuación de acoso sino la consecuencia de lo sucedido en torno a estas guías. En ese mismo orden de ideas, tampoco puede considerar esta Cámara que la solicitud de un informe financiero de la elaboración de las guías por parte del superior del señor actor, sea un acto de acoso laboral, para ese momento, ya eran muchos los cuestionamientos sobre las "donaciones" de empresas y se deseaba claridad en el tema. r- Sobre la investigación preliminar y la apertura de un procedimiento en el año 2017 por hechos que él informó en el año 2015. Una vez más no se concuerda con el actor en cuanto a lo que señala como un acto de acoso. Es claro para esta Cámara de Juzgadores que los lamentables hechos relacionados con las guías podían tener consecuencias si se determinaba un actuar irregular por parte de un funcionario del MINAE. En ese sentido y como ya se ha mencionado supra, el actor informa al Director Ejecutivo, al Departamento Legal y a la Proveeduría Institucional, lo sucedido con las guías y la falsificación de la firma de la señora Olga Arguedas González y el incumplimiento del señor Díaz. Por ello es que, al ser de conocimiento de lo sucedido por parte del Ministro, es éste quien ordena una investigación preliminar y con base en la misma después se realiza la gestión de despido una vez puesta en conocimiento del actor los resultados a través de un procedimiento. Esto no es un acto de acoso, sino el ejercicio de una potestad fiscalizadora y sancionatoria de la Administración que en el caso concreto se ha determinado no se excedió y se dio dentro de los parámetros de la legalidad. s- y t- Sobre su traslado al Departamento Financiero Contable y el rechazo y las advertencias que él realizo sobre ese traslado. Estos dos puntos se resolverán juntos por estar íntimamente relacionados. La parte reclama como acoso su traslado al Departamento Financiero Contable, reclamando que no era su especialidad y que no contaba con capacitación para realizar esas labores. Sin embargo, como se desprende de los hechos probados de esta sentencia, ese traslado no fue un acto dirigido a atacarlo, sino resultado de una serie de situaciones. Como se desprende del elenco probatorio, en noviembre de 2016, el actor pidió prórroga del Convenio de Préstamo de Personal, y se realiza por seis meses más. En fecha 16 de junio de 2017, se procede a resolver el convenio citado por parte de la Oficina Subregional de San José, Reserva Biosfera Cordillera Volcánica Central por cuanto se señala que las funciones que estaba realizando el actor no eran propias de un Profesional de Servicio Civil con especialidad en Administración Generalista. Es decir, para prever poner al actor en una situación en la cual inclusive se le podía reasignar su puesto, es que se decide finalizar el convenio para no provocarle un daño. Es a partir de esa no prórroga, que por oficio SINAC-SE-DGIRH-876 del 28 de agosto de 2017, el Departamento de Gestión Institucional de Recurso Humano, indica que el puesto del señor [Nombre 001], corresponde a un Profesional Servicio Civil 2, especialidad Administración, subespecialidad Generalista, con una licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y acorde al Manual de Especialidad de la Dirección General de Servicio Civil, la especialidad Administración, se define para aquellos puestos cuyas tareas se orientan al proceso de planeación, dirección, organización, coordinación, control, evaluación y ejecución de labores administrativas en las áreas técnicas y profesionales, con el objeto de satisfacer la misión institucional. Y en cuanto a la subespecialidad Generalista se aplica a los puestos que se orientan a una combinación de funciones y procesos administrativos, en los cuales se pueden presentar análisis financieros, estudios de factibilidad, estudios de organización y métodos, investigación de operaciones, administración de recursos humanos, estudios de desarrollo organizacional, de motivación, de análisis estadísticos, económicos, estudios de índices de precios y otras funciones relacionadas. Con ello, contrario a lo afirmado por el actor, su traslado a un área financiera no era ajena a su carrera que era Administración. El actor no estaba conforme con desarrollar funciones de administración, lo que deseaba era desarrollar funciones de mercadeo y de hecho, reiteró por oficio OSJ-589 del 01 de setiembre de 2017, permanecer en el Área de Conservación Central hasta el 08 de diciembre de 2017, esa posición lo hizo no presentarse el 04 de setiembre de 2017 al Departamento Financiero Contable de la Secretaria Ejecutiva, por lo que el 24 de octubre de 2017, se le previene que se le da como plazo máximo de incorporación el 01 de noviembre y se le pide justifique por qué no se presentó desde el 04 de setiembre. Por correo de fecha 24 de setiembre de 2017, el acá actor se seguía oponiendo a su traslado y pedía una audiencia con el Director Ejecutivo señalando no estar capacitado aunque se le ofrecía darle capacitación para un nuevo proyecto y mantenía su deseo de presentar opciones en materia de mercadeo y comunicación. Esta situación fue conocida por la Junta de Relaciones Laborales del Ministerio de Ambiente y Energía, ya que el señor [Nombre 001] presentó una queja el 06 de noviembre de 2017. Sobre ello, la Junta solicita una certificación de funciones como analista financiero. En fecha 16 de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del SINAC, le indica al señor [Nombre 001] que, las funciones que deberá desempeñar en el Departamento Financiero son las que se detallan en la certificación DFC-0052, y corresponden a un cargo de analista financiero y son congruentes con las clasificación del puesto que ostenta, que eso no le afectara salarialmente por ser compatible con la especialidad de su puesto y no hay variación geográfica ni se altera la jornada laboral, se le da un plazo de tres días para que señala lo que crea oportuno. El actor se sigue manifestando en contra de su traslado en nota fechada 27 de noviembre de 2017, indicando básicamente que, es evidente el grado de especialización académica necesaria para el puesto de analista financiero, que no está de acuerdo que con un poco de capacitación podrá desempeñarse en ese puesto. Que esa acción de traslado pone limite o fin a su carrera administrativa de 20 años porque se le está coartando su desarrollo en su área académica y el derecho a aspirar a una reasignación y que esta situación le ha deteriorado su salud. Ante esto, se le recuerda que, el Manual descriptivo de especialidades de la Dirección de Servicio Civil, en ADMINISTRACIÓN, en los códigos Administración de Negocios, Generalista, en el rango de aplicación se incluye Mercadeo y los Profesionales de Servicio Civil 1, 2 y 3. También por oficio SINAC-SE-DGIRH-1332 del 6 de diciembre de 2017, se le indica que, de acuerdo con las tareas señaladas en la certificación DFC-0053 todas corresponde al nivel clasificatorio del puesto que ostenta. Profesional de Servicio Civil 2, con especialidad en Administración Generalista, especialidad en la cual se encuentra inmersa la Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo. Se estima que no se limita su carrera administrativa porque la puede llevar a cabo en cualquiera de los campos profesionales atinentes a la formación que posee tanto dentro como fuera de la institución. En cuanto al derecho a una reasignación se le recuerda que cuando ingresó a la institución trabajó en Recurso Humano del Ministerio y conoce lo necesario para que opere una reasignación y que debe de cumplirse con la normativa. En cuanto a su condición de salud, se le indica que en su puesto de Profesional está expuesto a tensiones y niveles de estrés y que por ello a nivel profesional el puesto posee una mayor retribución salarial. Posteriormente, mediante oficio JRL-020-2017 del 18 de diciembre de 2017, la Junta de Relaciones Laborales del Ministerio de Ambiente y Energía le indica al Director del SINAC que, al conocer sobre el traslado y los problemas de salud del señor [Nombre 001], se determinó que la Administración tiene la potestad de ubicar el Recurso Humano en donde considere conveniente por razones de necesidad institucional, siempre y cuando no le cause perjuicios al funcionario y en el caso particular conforme la información analizada consideran que el traslado es procedente. Pero que no obstante lo anterior, recomiendan valorar si se puede ubicar en un área afín de Mercadeo por la experiencia acumulada por el mismo en su trayectoria laboral en el Minae. Pero que, si la Administración mantiene su criterio original, se recomienda crearle condiciones de inducción, capacitación y entrenamiento adecuado con el propósito de que se adapte a su nuevo puesto. Es decir, la Junta avala el traslado del actor emitiendo solo recomendaciones y no hay prueba que en ese puesto el actor haya realizado una mala labor, al contrario, posterior a ese traslado, los conflictos del actor se dan a nivel de una asistencia muy irregular, que la Administración le toleró. Con ello, lo que queda acreditado es que el actor realizó, acciones tendientes a resistir el traslado y movilización laboral motivas exclusivamente en su propio parecer, sin que se logre acreditar elementos objetivos en los que la Administración abusara de sus atribuciones con el fin de generar acoso laboral al actor, por eso se rechaza el agravio. u- Que la Administración se burlaba de él porque, a pesar del daño moral y la descalificación de la que había sido sujeto a nivel profesional y la gestión de despido en su contra, aún en junio del 2019, la Dirección Ejecutiva le solicitó asesoría en temas relacionados con su especialidad en Mercadeo y Comunicación. Sobre este punto, la referencia que se hace es que se le consultó sobre el logo o la imagen institucional anterior y la actual, en ello no se puede determinar que exista la burla que reclama o una situación de acoso laboral. v- Sobre la constancia del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Revisada la documentación relacionada, salvo el disgusto del actor por el momento en que lamentablemente se le hizo la petición de la certificación, posiblemente para poder realizar su traslado al departamento financiero, tampoco se observa en esto una conducta de acoso. A partir de lo analizado, tenemos que, no hay prueba de un acoso en los términos definidos por la jurisprudencia laboral, y se rechaza este alegato del actor.- 2) Parte actora no señala motivos de nulidad del procedimiento de Gestión de Despido. Procedimiento analiza adecuadamente la prueba del actor. En otro orden de ideas y respecto a las irregularidades acusadas respecto al procedimiento administrativo, la parte actora señala que, inicialmente le fueron imputados ocho cargos, y en la resolución N° R-062-2018 del 23 de febrero de 2018, se descartaron los cargos 2 y 6. Entonces, en la Gestión de Despido (oficio DM-207-2018) se solicita la misma solo por 4 cargos y 6 hechos. Indica que en el procedimiento ante el Servicio Civil los testigos del Ministerio no se presentaron y esto lo atribuye a que en el procedimiento administrativo los testigos lo habían favorecido a él ampliamente. Señala que él se defendió de los cargos señalando que, con los elementos de prueba habidos en el expediente no era posible demostrar que él conociera del uso de los logos y números de la central telefónica del SINAC que los empleados de la empresa hacían para pedir dinero en nombre del proyecto, que él reconoce haber facilitado los logos para el uso del material publicitario que se estaba elaborando. Y que la entrega de logotipos a Azul Media Group se realizó en el momento de aceptar la donación inicial, e incluyó tanto el espacio publicitario en el Catálogo de Vendedores de EXPOTUR 2013, como el diseño de la propuesta de promoción (arte gráfico). Señala que el proyecto estaba formalizado mediante esa acta y socializado a todo nivel, incluso a nivel Ministerial se había dado un aval a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Que en lo que respecta al convenio señala que aún y cuando nunca necesitó uno en los 15 años en que se desempeñó como Jefe de la oficina de Mercadeo, desde abril del 2013, se empezó a trabajar en múltiples borradores con la participación de varios actores (Mercadeo -Departamento Legal - Cooperación y Proyectos - Dirección Ejecutiva), pero cuando ya se tenían modelos para su formalización nunca pudo presentarse ante el nuevo Director Ejecutivo porque este no lo atendió en dos años. En cuanto a la desobediencia a la orden dada por su superior en el oficio SINAC-DE-801 del 25 de mayo del 2015, y la no presentación de un informe financiero contable señala que demostró que nunca hubo desobediencia de su parte, puesto que en el oficio SINAC-MC-037 de fecha 27 de mayo le informó a Julio Jurado que no poseía dicha información, y él fue un simple mediador para que el señor Henry Díaz lo presentará y al incumplir éste último con lo solicitado, recurrió con quién en teoría había firmado el Acta de Donación por parte de Azul Media Group, y de esta manera descubrió la falsificación de la firma de la señora Arguedas y por ende el acto ilícito. Agrega que igualmente refutó los hechos señalando que, al ser el SINAC una institución adscrita al Ministerio del Ambiente y Energía y por ende al Poder Ejecutivo toda la información relacionada con ella es de carácter público. Que, la utilización de espacio físico y apoyo logístico estaba más que bien fundamentado, ya que desde el inicio del proyecto existió un proceso de comunicación formal con el Director Ejecutivo y Coordinadores de Procesos, en el oficio SINAC-MC-078 de noviembre del 2013, se le informa a la señora Jenny Asch, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas en ese entonces de algunos requerimientos de esa jefatura para el buen desarrollo del proyecto (espacio físico y designación de enlace). La misma señora Asch -quien fungiera como testigo en esta causa- aclaró que era normal brindar ese tipo de apoyo, de igual manera, mediante el oficio SINACMC- 092 de julio del 2014, se le informa a la empresa de seguridad VIACHICA sobre la estadía de personal de Azul Media Group., esto por recomendación del señor Marco Tulio Castro, Coordinador General Administrativo. En cuanto al convenio que, no necesitaba un convenio para facilitar información de carácter público, además en el Acta de comparecencia Oral y Privada la Sra. Jenny Asch -testigo de la contraparte- aclaró que era normal brindar ese tipo de apoyo, y que en todo caso ella observó al personal contratado por Azul Media utilizar sus propios activos, laptops - copiadora y teléfonos celulares, entre otros. Que la formalización se dio a partir de la firma de las Actas de Donación por parte de Azul Media Group y de Aceptación por parte del Director Ejecutivo del SINAC, y cuando el proyecto se socializó en todos los niveles de la estructura organizacional, incluyendo la coordinación a nivel ministerial. En cuanto al cambio de fecha de entrega de las guías señala que, él como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación, podía realizar los ajustes que considerara pertinentes. Que el señor Jurado fue el que canceló en 2 oportunidades el lanzamiento (presentación oficial) del Proyecto de marras. Sobre el uso de su correo institucional, y que por su conocimiento válida o empodera a Azul Media Group, para que los funcionarios del SINAC le brinden la información directamente a ellos. Indicó que, el objetivo de crear una Guía Áreas Silvestres Protegidas fue siempre poner a disposición de los visitantes nacionales y extranjeros información de primera mano sobre atractivos turísticos, servicios y facilidades que se ofrecen en esos sitios, ese tipo de trabajo se realizaba diariamente en la oficina de Mercadeo, además por tratarse de información pública y no "privilegiada" bien pudieron haberla conseguido por su cuenta y que la empresa Azul Media Group estaba facultada como empresa editorial para la realización del proyecto. Que la entrega de información turística al público y la coordinación con los enlaces para el correcto cumplimiento de esta tarea era una de las actividades propias de los procesos de Promoción y Atención al usuario inherentes a la oficina de Mercadeo y comunicación. En cuanto a la aparente no programación de su trabajo, él indicó que, la inclusión de ese hecho solo tenía la finalidad de traer a colación las sanciones espurias que se le habían impuesto, además, él se encontraba plenamente facultado como coordinador de la oficina de Mercadeo y Comunicación para realizar los ajustes que considerara pertinentes. En cuanto a la supuesta desobediencia a una orden de su superior, se atenía a lo respondido en ese cargo 3. Agrega que, en todos los procedimientos incoados en su contra, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía- Sistema Nacional de Áreas de Conservación-, violentaron de forma evidente y reiterada su derecho de defensa y los principios que conforman el debido proceso: a- Principio de imparcialidad del Órgano Director, b- Principio de Intimación e Imputación, c- Principio de Audiencia y Defensa. d- Principio de Inocencia, por cuanto en el transcurso de la investigación, se le despojo del cargo de Coordinador, del personal a cargo y de la oficina. Que se desarrolló en su contra una serie de actuaciones administrativas viciadas de nulidad, solapadas bajo el procedimiento administrativo sancionador. Que los órganos directores rechazaron todas y cada una de sus gestiones, situaciones que lesionaron los debidos procesos y la legalidad de los actos y conductas administrativas, pues no sólo fueron actuaciones ilegítimas y groseras que pusieron en riesgo su estabilidad laboral, familiar y personal. Que las mismas no cumplieron con los requisitos de legalidad y motivación de los actos, se trató de simples actos administrativos vacíos y sin fundamento, que tuvieron como finalidad sustentar un órgano acusador que recomendara una sanción injusta de 10 días de suspensión en 3 casos y así buscar mediante un cuarto procedimiento administrativo su despido, como al final sucedió. Agrega que, los tres procedimientos administrativos y las sanciones recibidas que la Administración catalogó como "conducta reiterada", presentadas casi de manera simultánea y realizadas en el transcurso de 6 meses, fueron producto de la coyuntura de que él estuviera en esos momentos esperando por más de un año, una audiencia con el Director Ejecutivo que no se le brindó, y que derivó en la paralización de los procesos de su oficina, entre otros el de planificación. Que la administración para asegurarse una condena en su contra, en el transcurso del proceso le imputó un cargo adicional, que era el haber sido suspendido en tres ocasiones con anterioridad, por lo que hubo modificación de los cargos imputados originalmente. Que demostró que el trabajo realizado para la Guía de Áreas Silvestres Protegidas no se realizó en vano, por cuanto fue utilizado en diferentes iniciativas de promoción y divulgación como la realizada con BID Turismo y el Grupo Nación, por lo que el argumento de la Administración y utilizado por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil no era válido. Que él realizó lo que estuvo a su alcance para facilitar el proceso de devolución de recursos por participación, una vez dado por terminado el proyecto, producto de la falsificación de la firma de la Sra. Olga Arguedas por parte de su socio Sr. Henry Díaz, y aún y cuando él nunca participó en el proceso de comercialización realizado por Azul Media Group. Menciona que, la Administración fundamentó el caso en su contra en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito únicamente sólo para efectos de asegurarse la no prescripción de éste, por cuanto él puso en autos a la Administración desde agosto del 2015, y no es sino hasta diciembre del año 2017, en que se le notifica la apertura del proceso administrativo en su contra. Que no existió un daño patrimonial a los intereses del Estado, y nunca se comprometieron fondos públicos, por lo tanto, el alegato en la gestión de despido no se ajustó a la realidad. Que la señora Arguedas González intentó explicar al Ministro de Ambiente y Energía la situación acontecida, pero no se le dio audiencia. Que a él le abrieron un procedimiento administrativo para despedirlo, pero el MINAE operaba de manera simultánea e idéntica con la Empresa Imagen y Comunicación para la realización de la Feria Ambiental, pues era esta última la encargada de implementar su músculo comercial para la búsqueda de patrocinadores y recursos y que eso lo afirma con conocimiento de causa. Agrega que en caso de la creación de la Guía de Áreas Silvestres Protegidas -proyecto fallido por el cual fui despedido-, su papel fue de coordinación de enlaces y manejo de la información técnica y fotográfica. Criterio del Tribunal: La parte actora pide se declare que el proceso de gestión de despido derivado de la resolución N° 043-2019-TASC de las 10:00 horas del 29 de noviembre del 2019, se fundamenta en hechos que él no cometió y que se tergiversó la verdad real. Sobre ese argumento es que se pide dejar sin efecto la resolución que confirma su despido y no sobre argumentos concretos de vicios del acto administrativo. Ahora, el planteamiento del actor llevó a esta Cámara a revisar tanto el informe de investigación preliminar como las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil y Tribunal Administrativo de Servicio Civil, contrario a lo que plantea el actor, se concluye que el actor sí incurrió en una conducta grave reprochable que si merecía ser sancionada con su despido. La parte actora para defender que él no cometió los cargos se limita a hacer recuentos de los cargos originales y los que finalmente fueron objeto de la gestión de despido y como se defendió él, pero omite referirse a las amplias pruebas que constan en el expediente de la investigación preliminar, en el expediente administrativo y la gestión de despido donde se comprueba que el actor no solo se limita a aspectos técnicos o de coordinación de las guías. Sus actuaciones violentaron el control interno de la institución, sus decisiones permitieron que no se verificaran adecuadamente actos tan importantes como la verificación de la identidad de la persona que supuestamente firma la donación de las guías que fue el inició para que Azul Media Group acuerpada por las presentaciones que por correo electrónico y oficios el actor realizó y por los logos proporcionados por el accionante, se presentará ante empresas privadas e instituciones públicas nacionales e internacionales a pedir donaciones y vendiera publicidad dentro de las guías, su participación consta en varios oficios que están ampliamente explicados en el informe preliminar y sobre todo el de la Embajada de España donde sirvió de enlace al presentarla para que la empresa Azul Media Group pidiera a la dicha embajada la suma de treinta mil dólares, suma que finalmente no se concretó pero si se solicitó al amparo de que era un proyecto del MINAE. Así hay documentos de otras empresas donde señalan que ellos contribuyeron en diversas sumas en dólares y cuando no conocen nada más del proyecto se sienten estafados. El actor si bien puede no haber provocado el daño a los fondos públicos que reclama, sí afectó con sus actuaciones la imagen institucional. Aunado a lo anterior, a pesar de que se le advirtió, nunca procuró la firma de un convenio por medio del cual dejar en claro los deberes y derechos de cada parte. Y el mismo no señala nada de ello y esa es precisamente la prueba que demuestra que sí cometió faltas graves. No es de recibo para esta Cámara de Juzgadores, la afirmación que era una conducta normal ante la falta de fondos de la oficina de Mercadeo, si esos fondos no existían, no cabe duda que el modo en que el actor actuaba para obtenerlos en especie no era la forma correcta, ni tampoco estaba respaldada en protocolos institucionales que oficializaran dichos mecanismos de financiamiento. Debió pedir asesoría legal, diseñar estrategias acordes con el principio de legalidad, pero se denota que él mismo acostumbraba a realizar estas actuaciones informales y atípicas, mucho antes de que acaeciera la situación con Azul Media Group o la sociedad anterior a esta. En los hechos probados se demuestra que desde el año 2010 ya el actor tenía esa forma de modus operandi, la cual violentaba la legalidad y es que recordemos, la función pública tiene como eje el principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Pública y 11 de la Ley General de la Administración Pública), es decir, solo lo que la ley permite se puede hacer, pero el actor al contrario, cuando no existía un procedimiento o instrucciones especificadas a nivel operativo utilizó un medio de "asociación" con empresas de publicidad y similares para obtener ciertos productos, esto permitió que ante el debilitamiento de controles, se dieran una situación como la de Azul Media Group poniendo en entredicho la participación del Ministerio en el cual trabajaba. La participación activa de un abogado del departamento legal en actos como la firma de la supuesta donación, que posteriormente se determinó era falsa, habría impedido comprometer al Ministerio en labores de recolección de fondos que después fueron calificados como irregulares. Aunado a ello, si la donación fue falsa, ese empoderamiento que el actor facilitó con presentaciones y comunicados a los usuarios internos y externos del Ministerio fue irregular y nuevamente significó un debilitamiento en su control interno. En otro orden de ideas, el actor solo enuncia a nivel general que se dieron una "serie de actuaciones administrativas viciadas de nulidad, solapadas bajo el procedimiento administrativo sancionador. Que los órganos directores rechazaron todas y cada una de sus gestiones, situaciones que lesionaron los debidos procesos y la legalidad de los actos y conductas administrativas, pues no sólo fueron actuaciones ilegítimas y groseras que pusieron en riesgo su estabilidad laboral, familiar y personal". Sin embargo, no las explica pero más importante aún, estas supuestas violaciones y vicios se refieren a los procesos que no son objeto de esta demanda, ya que acá solo se revisa la gestión de despido. En ese mismo sentido y como ya se refirió supra, se habla de que los actos -que no señala expresamente- no cumplieron con los requisitos de legalidad y motivación de los actos, y fueron simples actos administrativos vacíos y sin fundamento. Nuevamente, se refiere a procedimientos y actos que no son el objeto de este proceso por cuanto sobre estos no se ha realizado ninguna pretensión y no es posible pretender su revisión al señalar que se citaron como precedentes en la gestión de despido. Finalmente, y solo porque es parte de los argumentos sobre los supuestos vicios del procedimiento, es necesario señalar que, para esta Cámara no es importante si el trabajo realizado para la Guía de Áreas Silvestres Protegidas se realizó -por lo menos a nivel digital- y si fue utilizado en diferentes iniciativas de promoción y divulgación como la realizada con BID Turismo y el Grupo Nación, esto era lo mínimo que se podía esperar después de dos años de trabajo en ese material de parte del actor y en ese mismo sentido no es importante si el actor fue "una víctima al igual que la señora Arguedas González" sino que, como funcionario público, actúo en forma contraria al ordenamiento, por lo que el testimonio de la señora Arguedas González respecto del señor Henry Díaz no abonan nada en su favor, sino todo lo contrario, acredita justamente que el actor no realizó las mínimas acciones tendientes a identificar a sus contrapartes en los actos negociales que él mismo estaba propiciando. Lo importante acá era determinar si el actor incurrió en la conductas que se le imputaron y que el Tribunal Administrativo retoma y analiza conforme lo resuelto por el Tribunal de Servicio Civil y los argumentos del recurso de apelación y llega en un análisis hecho por hecho a la conclusión de que efectivamente sí se revisó y se analizó los argumentos y las pruebas de las dos partes por parte del Tribunal de Servicio Civil y concluye que hay una conducta reprochable; esto no es cuestionado por el actor quien se limita casi a repetir lo mismo que ya había señalado a lo largo del procedimiento, no identifica agravios o vicios puntuales en los actos administrativos cuestionados, limitándose a exponer de nuevo en esta sede la postura esbozada en sede administrativa sin aportar otros elementos de convicción con capacidad de variar el cuadro fáctico apreciado en sede administrativa, pretendiendo obtener un resultado diferente bajo la misma base fáctica, por lo tanto en este caso, ni ataca concretamente el actor aspectos del procedimiento de gestión de despido que pueden haberle violentado su derecho al debido proceso o su derecho de defensa, ni tampoco ataca directamente la confirmación de su despido realizada por la resolución 043-2019-TASC de las 10:00 horas del 29 de noviembre de 2019, determinando por qué está viciada supuestamente de nulidad, limitándose a afirmar que él dio razones de su inocencia que no fueron analizadas, pero de los autos se desprende que sí se determina su revisión y el motivo de su rechazo. 3) Improcedencia de los daños que se reclaman. No existe base antijurídica que justifique la responsabilidad de la administración que se pide. La parte actora reclama daños y perjuicios de carácter laboral, moral, económico y físico. Criterio del Tribunal: Es necesario recordar que la responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública se enmarca, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del riesgo, como la teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). De conformidad con el régimen objetivo de responsabilidad administrativa establecido en la Constitución Política de la República (artículos 9, párrafo primero, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 párrafo primero, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 148, 188 y 191) y las disposiciones contenidas en los artículos 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. La legitimidad o ilegitimidad se refiere básicamente a la adecuación de la conducta formal de la Administración al ordenamiento jurídico, mientras que la normalidad o anormalidad se refiere ante todo (pero no en forma exclusiva) a la conducta material o técnica, representada entre otras por la actividad prestacional que se atribuye al Estado. Conforme lo ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No.000584-F-2005 de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del 2005), la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la Ley General de la Administración Pública en el artículo 102, inciso d) que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas y científicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones. La anormalidad se puede manifestar a través de un mal funcionamiento, un funcionamiento tardío o una ausencia total de funcionamiento. En todo caso, debe considerarse que conforme al régimen de responsabilidad contenido en nuestra legislación, la determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. En consecuencia para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita, de modo que "debe mediar en los términos de la LGAP, un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que es un concepto amplio que se refiere a las actuaciones lícitas e ilícitas de las administraciones públicas, o bien una conducta lícita o ilícita de la Administración Pública, con lo cual se incluye la actividad formal de los entes públicos, sea a través de actos administrativos-resoluciones, acuerdos o reglamentos-. A lo anterior debe agregarse la disfunción administrativa derivada de las omisiones materiales o formales.". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 98). 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, de modo que "cuando un ente público le causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, surge a su cargo una obligación de repararle los daños y perjuicios (...)". Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 97. Tal daño, siguiendo a dicho autor, afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), siendo tal toda conducta que por acción u omisión infringe el derecho objetivo. De modo que, tal daño debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable, no hipotético, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. y 3) El Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Como establece el autor Jinesta Lobo: "La relación de causalidad es el nexo objetivo o externo entre la manifestación específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al administrado damnificado. Debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre la manifestación específica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla (...).". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 106). En este sentido debe considerarse que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190, establece tres eximentes de responsabilidad que generan un rompimiento del nexo causal, a saber: a)- fuerza mayor (hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior); b)- hecho de un tercero (el daño es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre administración-funcionario-afectado) y c)- culpa de la víctima (es el propio sujeto pasivo del daño, quién se auto produce por negligencia o imprudencia inexcusable, la lesión o se coloca en posición para ello). Conforme al régimen de responsabilidad objetiva de la Administración, no hay que acreditar ni dolo, ni culpa, ni responsabilidad de ningún funcionario, sino que lo único que debe acreditarse para que surja el hecho generador de la responsabilidad, es que hubo un daño y que el administrado no está en la obligación de soportar. Además, debe considerarse que al momento de realizar el análisis de la responsabilidad de la Administración, debe considerarse que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuáles es preciso determinar la acción u omisión que provocó la consecuencia, y que directa o indirectamente son causa próxima, adecuada y eficiente del mal causado, desplazando aquellas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. La determinación de ese factor depende del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes y a partir de ellas el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico del caso, las acciones del demandado conllevan su responsabilidad (ver en este sentido las Sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 252-F-01 de las 16: 15 horas del 28 de marzo del 2001, No.584-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005 y No. 00308 de las 10:30 horas del 25 de mayo del 2006). En el caso concreto, al no prosperar los argumentos de la parte actora en cuanto a un supuesto acoso laboral o una actuación indebida en el procedimiento administrativo que determinó su despido, no existe una actuación administrativa omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita sobre la cual se puede realizar una relación de causalidad y determinar la existencia o no de los daños que se han pretendido. Por ello, la prueba testimonial ofrecida y recibida en juicio no sirve para acreditar un daño moral que no puede ser analizado al no determinarse una base para ello. Por lo tanto se rechaza este punto.- 4) Sobre la improcedencia de las demás pretensiones de la demanda. Tratándose de pretensiones acccesorias a las principales, siguen el mismo curso de éstas, de toda suerte que al no ser procedente la reinstalación del actor, así como tampoco el pago de salarios caídos tampoco procede el pago de intereses e indexación.- 5) Sobre el codemandado [Nombre 004]. De lo anterior se desprende que la situación del señor [Nombre 004], codemandado, no se ha visto afectada en virtud del rechazo de la pretensión de reinstalación de la parte actora, lo que no amerita mayor abundamiento.- VII.- SOBRE LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA: El Estado demandado interpone la excepción de falta de derecho. A la luz de los autos, la excepción de falta de derecho, se acoge, toda vez que tal y como se indicó en el considerando anterior, al actor no le asiste la razón en torno al reclamo de violación de debido proceso y el indemnizatorio.- VIII.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a la parte vencida al pago de ambas costas del proceso a las dos partes del proceso. Por haberlo pedido la parte demandada, se condena asimismo al pago de intereses legales conforme el artículo 1163 del Código Civil sobre las costas otorgadas al Estado, a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije en la etapa de ejecución y hasta su efectivo pago.-
POR TANTO
Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por [Nombre 001] contra el ESTADO y [Nombre 004]. Son las costas a cargo de la parte actora. Se condena asimismo al pago de intereses legales conforme el artículo 1163 del Código Civil sobre las costas otorgadas al Estado, a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije en la etapa de ejecución de sentencia y hasta el pago de estas. Notifíquese.- Amy Miranda Alvarado Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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