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Res. 04834-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 27/10/2023
OutcomeResultado
The claim is dismissed as no causal link was proven between MOPT works and damages, which were attributed to force majeure.Se declara sin lugar la demanda por no acreditarse el nexo causal entre los trabajos del MOPT y los daños sufridos, atribuidos a fuerza mayor.
SummaryResumen
The Administrative Court dismissed the claim by Álvaro Vargas Barrantes against the State and the Municipality of Buenos Aires for damages suffered on his property due to the flooding of the Ceibo River in 2018. The plaintiff argued that cleanup and channeling works carried out by the Ministry of Public Works (MOPT) at the municipality's request diverted the riverbed, flooding his land and causing loss of crops, lumber, and structures. The Court analyzed the State's strict liability under Articles 9 and 41 of the Constitution and Article 190 of the General Public Administration Law, requiring proof of an unlawful, effective, and measurable harm and a direct causal link with administrative conduct. Based on documentary and expert evidence, it concluded that the works were merely maintenance, without altering the riverbed, and that the flooding was due to a natural event (force majeure) characteristic of the river's meandering behavior, as confirmed by the National Geographic Institute. Since no causal link was demonstrated, the court upheld the exception of lack of right and dismissed the claim, exempting the plaintiff from costs because there were sufficient grounds to have litigated in good faith.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de Álvaro Vargas Barrantes contra el Estado y la Municipalidad de Buenos Aires por los daños sufridos en su propiedad a raíz de la crecida del río Ceibo en 2018. El actor alegaba que trabajos de limpieza y canalización ejecutados por el MOPT a solicitud municipal desviaron el cauce del río, inundando sus terrenos y causando pérdidas en cultivos, madera y estructuras. El Tribunal analiza la responsabilidad objetiva de la Administración conforme a los artículos 9 y 41 constitucionales y 190 de la LGAP, exigiendo la comprobación de un daño antijurídico, efectivo y evaluable, y un nexo causal directo con la conducta administrativa. Con base en prueba documental y pericial, concluye que los trabajos fueron de mero mantenimiento sin alterar el cauce, y que la inundación se debió a un fenómeno natural (fuerza mayor) propio del comportamiento meándrico del río, acreditado por el Instituto Geográfico Nacional. Al no demostrarse el nexo causal, acoge la excepción de falta de derecho y declara sin lugar la demanda, exonerando al actor de costas por existir motivos suficientes para litigar de buena fe.
Key excerptExtracto clave
In conclusion, this Court finds that the administration's conduct was lawful; the accusations made by the aggrieved party are mere subjective assessments without any technical evidence to support them, failing to comply with the provisions of Article 41.1 of the Civil Procedure Code, applicable supplementarily as mandated by Article 220 of the Contentious Administrative Procedure Code, which states: 'Burden of proof. The burden of proof falls: 1. On whoever formulates a claim, regarding the constitutive facts of their right.' Therefore, the grievance is rejected. It is clear then that in the sub judice case, what happened was that, at the time of the rains in 2018, the Ceibo River experienced an increase in its flow to such an extent that its natural course swelled, flooding the plaintiff's property beyond the norm, to the point of destroying crops, stacked lumber, and constructions on the site; however, this was the result of a natural event (force majeure), not the administration's actions, as the plaintiff maintains without any evidentiary support but only subjective assumptions. Thus, the causal link between the conduct and the damage does not exist, and the claim for compensation must be dismissed. The lack of standing to sue and be sued is rejected. The exception of lack of right raised by the State is upheld. Consequently, the claim filed by Mr. Ángel Álvaro Vargas Barrantes against the State and the Municipality of Buenos Aires is dismissed. No special order as to costs.En conclusión, estima este Tribunal que la conducta realizada por la administración se encuentra ajustada a derecho, siendo que lo acusado por el agraviado son meras apreciaciones subjetivas sin prueba técnica alguna que sustente sus dichos, incumpliendo lo dispuesto en el ordinal 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por mandato del 220 del CPCA, y que reza: “Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho”. Debido a lo anterior se rechaza el agravio. Es claro entonces que en el sub judice, lo que ha pasado es que en su momento ante las lluvias ocurridas para el año 2018 el rio Ceibo sufrió un aumento en su cauce a tal magnitud que su cauce natural aumento inundando más de lo normalmente la propiedad del actor, a tal punto que le destruyó sembradíos, maderas apiladas y construcciones que allí tenía; pero ello fue producto de un evento natural (fuerza mayor) no de las actuaciones de la administración como lo sostiene el actor sin ningún acervo probatorio sino meras suposiciones subjetivas, siendo entonces que el nexo de causalidad entre la conducta realizada y el daño no existe, imponiéndose el rechazo del reclamo indemnizatorio. Se rechaza la falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por El Estado. Consecuentemente, se declara sin lugar la demanda incoada por el señor Ángel Álvaro Vargas Barrantes contra el Estado y la Municipalidad de Buenos Aires. Sin especial condena en costas.
Pull quotesCitas destacadas
"En el sub examine la parte actora como ya se ha indicado alega que los trabajos realizados por el MOPT en el río Ceibo a solicitud de la Municipalidad produjeron que uno de sus brazos se desviara e inundara su propiedad causando daños graves. De una revisión de los autos no se desprende de la prueba allegada al proceso que los trabajos realizados por el MOPT produjeran que el río se desviara de su cauce natural a tal punto que produjera los daños reclamados."
"In the sub examine, the plaintiff, as stated, alleges that the works carried out by MOPT on the Ceibo River at the municipality's request caused one of its branches to divert and flood his property, causing serious damage. A review of the record shows no evidence that the MOPT works caused the river to divert from its natural course to the extent of causing the claimed damage."
Considerando VII — sobre los daños y perjuicios pretendidos
"En el sub examine la parte actora como ya se ha indicado alega que los trabajos realizados por el MOPT en el río Ceibo a solicitud de la Municipalidad produjeron que uno de sus brazos se desviara e inundara su propiedad causando daños graves. De una revisión de los autos no se desprende de la prueba allegada al proceso que los trabajos realizados por el MOPT produjeran que el río se desviara de su cauce natural a tal punto que produjera los daños reclamados."
Considerando VII — sobre los daños y perjuicios pretendidos
"Es claro entonces que en el sub judice, lo que ha pasado es que en su momento ante las lluvias ocurridas para el año 2018 el rio Ceibo sufrió un aumento en su cauce a tal magnitud que su cauce natural aumento inundando más de lo normalmente la propiedad del actor, a tal punto que le destruyó sembradíos, maderas apiladas y construcciones que allí tenía; pero ello fue producto de un evento natural (fuerza mayor) no de las actuaciones de la administración."
"It is clear then that in the sub judice, what happened was that, at the time of the rains in 2018, the Ceibo River experienced such an increase in flow that its natural course swelled, flooding the plaintiff's property beyond the norm, to the point of destroying crops, stacked lumber, and constructions; but this was the result of a natural event (force majeure), not the administration's actions."
Considerando VII — sobre los daños y perjuicios pretendidos
"Es claro entonces que en el sub judice, lo que ha pasado es que en su momento ante las lluvias ocurridas para el año 2018 el rio Ceibo sufrió un aumento en su cauce a tal magnitud que su cauce natural aumento inundando más de lo normalmente la propiedad del actor, a tal punto que le destruyó sembradíos, maderas apiladas y construcciones que allí tenía; pero ello fue producto de un evento natural (fuerza mayor) no de las actuaciones de la administración."
Considerando VII — sobre los daños y perjuicios pretendidos
"Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho."
"The burden of proof falls: 1. On whoever formulates a claim, regarding the constitutive facts of their right."
Considerando VII — cita del Art. 41.1 del Código Procesal Civil
"Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho."
Considerando VII — cita del Art. 41.1 del Código Procesal Civil
Full documentDocumento completo
Date of the Resolution: October 27, 2023 at 16:26 Case File: 19-003428-1027-CA Type of matter: Proceeding of cognition \*190034281027CA\* CASE FILE:
PROCEEDING:
COGNITION PLAINTIFF:
ANGEL ALVARO VARGAS BARRANTES DEFENDANT:
THE STATE No. N° 2023004834 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours and twenty-six minutes on the twenty-seventh of October, two thousand and twenty-three.- Oral and public hearing proceeding of cognition, filed by Álvaro Vargas Barrantes, of legal age, merchant, identity card number 6-0159-0055, represented by Lic. Rafael López Gutiérrez, of legal age, attorney, bar association number 2817, against the Municipalidad de Buenos Aires, represented by Lic. Johnny Vidal Atencio, of legal age, attorney, bar association number 10727, and, the State, represented by the Procurador Lic. Omar Rojas Valverde, of legal age, attorney, bar association number 21889.
WHEREAS
As part of the procedural iter, the following is established:
1- By means of the complaint filed on May 16, 2019, the plaintiff party requested as a claim: “That in judgment the defendants be ordered to restore the original course of the Ceibo River channel, to pay the damages that they caused me, plus both costs of this action” (images 339-347, electronic case file).
2- That, once the legal hearing was granted, the State responded negatively, raising the defense of lack of right (images 218-229, electronic case file).
3- By resolution of January 17, 2020, the Municipalidad de Buenos Aires, for failing to answer the complaint in time, was declared in default (image 66, electronic case file).
4- That on February 11, 2020, the preliminary hearing was held in which the proceeding was cleansed of defects, and the claims were set, with the plaintiff party's clarification of the claims corresponding to material damage in the sum of ¢ 1,683,860.00 (images 45 – 49, electronic case file and listen to audio).
5- The oral and public trial hearing was held on October 12, 2023. The Tribunal was composed during the trial hearing by Judges Paulo Alonso Soto, Jonatán Canales Hernández, and Rodolfo Marenco Ortiz, the latter being responsible for presiding over the trial hearing and preparing the ruling draft that is issued unanimously. The Chamber had the collaboration of judicial technician Jessica Rojas Leitón, in the tasks of recording the hearing, collaborating with witness management, and preparing the minutes. At the beginning of the hearing, the plaintiff party stated that it had no procedural aspects to cleanse and offered evidence for better resolution. The State stated it had no evidence for better resolution nor aspects to cleanse. The representation of the Municipalidad de Buenos Aires was accredited, and it offered evidence for better resolution. The Tribunal, on its own motion, indicated that the witness accepted in the preliminary hearing was not present, and that although there was a written request from the plaintiff to substitute the witness, when consulted if there were pending procedures, the party stated orally that there were none, consequently, the testimonial evidence was declared unobtainable.
The evidence for better resolution was rejected. The proceeding was declared one of pure law, and the parties made their closing arguments orally and beforehand. This judgment is issued within the corresponding legal period (listen to and watch audio).
The following are considered facts of this nature relevant to the resolution of this matter:
The following are considered unproven facts relevant to the resolution of this matter: 1.- That the Ministerio de Obras Públicas y Transportes carried out works to divert the Ceibo River channel in the place known as La Motomba (the case file). 2.- The material damage suffered by the plaintiff as a result of the Administration's actions cannot be accredited (lack of evidence).
The case under study refers to a typical Civil Treasury proceeding in which the objective liability of the Public Administration is denounced for carrying out material administrative conduct that caused damage to the plaintiff's property by diverting the river channel.
As has been reiterated in multiple rulings of this Tribunal, as well as of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in what is relevant to this case, Articles 190 and following of the Ley General de la Administración Pública frame the preeminently objective regime, which essentially seeks compensatory reparation for anyone who has suffered an injury attributable to the public organization as a center of authority. The foregoing has been explained by our Constitutional Chamber, for example, in its vote number 5207-04 of 14:55 hours on May 18, 2004, when indicating: “IV.- CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LIABILITY. Our Political Constitution does not explicitly enshrine the principle of the patrimonial liability of public administrations for the unlawful injuries that, in the exercise of the administrative function, they cause to the administered parties. However, this principle is implicitly contained in the Law of the Constitution, and it can be inferred from a systematic and contextual interpretation of several constitutional precepts, principles, and values.
Indeed, Article 9, paragraph 1, of the Political Charter provides that 'The Government of the Republic is (...) responsible (...)', which assumes the liability of the largest public entity or State and its various bodies - Legislative, Executive, and Judicial Powers -. Article 11, for its part, establishes in its first paragraph the '(...) criminal liability (...)' of public officials, and the second paragraph refers to the '(...) personal liability for officials in the fulfillment of their duties (...)'. Article 34 of the Political Constitution protects 'acquired patrimonial rights' and 'consolidated legal situations', which can only be effectively and truly protected with a broad-spectrum system of administrative liability, without immune or exempt zones, when they are violated by public administrations in the deployment of their activity or public performance. Numeral 41 ibidem establishes that 'By resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests (...)', this precept imposes the duty on the author and person responsible for the damage to compensate for the unlawful injuries effectively suffered by the administered parties as a consequence of the exercise of the administrative function, through positive conduct by action or negative conduct by omission of public entities, thereby becoming the constitutional cornerstone for the legislative development of an objective and direct liability system in which compensation does not depend on the moral and subjective reproach to the conduct of the public official for fraud or fault, but solely and exclusively because they have effectively infringed upon or received '(...) injuries or damages (...) in their person, property, or moral interests (...)', that is, an unlawful injury that they have no duty to bear and, consequently, must be compensated.
Numeral 41 of the Political Constitution establishes a fundamental compensatory right in favor of the administered party who has suffered an unlawful injury by an entity - through its normal or abnormal functioning, or its lawful or unlawful conduct - and the correlative obligation of the latter to compensate or repair it integrally; the access to jurisdiction provided for in this same constitutional precept thus becomes an instrumental right to ensure, forcibly, the enjoyment and exercise of the compensatory right of the aggrieved party when the party obliged to provide reparation voluntarily breaches said obligation. Article 45 of the Magna Carta embraces the principle of the intangibility of patrimony by providing that 'Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law (...)', it is recognized, in this way, by the fundamental text that the special sacrifices or singular burdens that the administered party has no duty to bear or tolerate, even if they arise from a lawful activity - such as the exercise of expropriatory power - must be compensated.
Article 49, paragraph 1, of the Political Constitution, insofar as it implicitly recognizes legal personality and, consequently, the possibility of suing public entities in court when they breach their obligations, constitutes a clear basis for administrative liability. For its part, the final paragraph of the aforementioned numeral 49 provides that 'The law shall protect, at least, the subjective rights and legitimate interests of the administered parties', and one of the main forms of guarantee of these is constituted by an objective, direct, broad, and complete administrative liability regime. The final paragraph of Article 50 of the Political Constitution, in matters of environmental damage, establishes that 'The law shall determine the corresponding liabilities and sanctions,' a liability regime from which, obviously, public economic entities (denominated public enterprises-public entity) and public enterprises (also called public enterprises-private law entity) cannot be excluded when they pollute by deploying an industrial, commercial, or service activity, and, in general, the State when it breaches its obligations of defense and preservation of the environment through deficient oversight or control activity of public and private activities that are currently or potentially polluting.
In the hypothesis of the members of the Boards of Directors of Autonomous Institutions, Article 188 of the fundamental norm provides that 'Their directors are responsible for their management.' Regarding the Executive Power, Title X of the constitutional text contains a Chapter V whose heading is 'Liabilities of those who exercise the Executive Power,' with Article 148 enshrining the liability of the President for the 'use he makes of those attributions that according to this Constitution correspond to him exclusively,' the joint liability of the latter with the respective Minister of the sector 'with respect to the exercise of the attributions that this Constitution grants to both' - which is specified by Article 149 ibidem -, and that of the Government Council for the agreements it adopts. The principle of administrative liability of public entities and their officials is complemented by the constitutional enshrinement of the principle of equality in bearing public burdens (Articles 18 and 33), which prevents imposing on the administered parties a singular or special burden or sacrifice that they have no duty to bear, and the principle of social solidarity (Article 74), according to which if the administrative function is exercised and deployed for the benefit of the community, it is the latter that must bear the unlawful injuries caused to one or more administered parties and unjustly borne by them.
Finally, it is necessary to take into consideration that the Political Constitution includes an unnamed or atypical fundamental right, which is that of the administered parties to the proper functioning of public services, which is clearly inferred from the relationship of the numerals, interpreted a contrario sensu, 140, subsection 8, 139, subsection 4, and 191 of the fundamental Law, insofar as they respectively embody the deontological parameters of the administrative function, such as the 'proper functioning of administrative services and dependencies,' 'good management of the Government,' and 'efficiency of the administration.' This fundamental right to the proper functioning of public services imposes on public entities the duty to act in the exercise of their competencies and the provision of public services in an efficient and effective manner and, of course, the correlative obligation to repair the damages caused when this constitutional guarantee is violated.
In this way, it becomes evident that the original constituent implicitly included the principle of the liability of public administrations, which, as such, must serve all public powers and legal operators as a parameter for interpreting, applying, integrating, and delimiting the entire legal system.
Under this understanding, a fundamental corollary of the constitutional principle of administrative liability (responsabilidad administrativa) is the impossibility for the ordinary legislator to exempt or exonerate any public entity from liability for any unlawful harm (lesión antijurídica) that its normal or abnormal functioning or its lawful or unlawful conduct causes to the patrimonial and non-patrimonial sphere of the administered parties." Having outlined the above, it is necessary then to highlight that in our judicial system there operates a duty to fully compensate the damage caused, which also derives from Article 190.1 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), insofar as it provides that: "1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party." From the foregoing it follows that in our legal system a regime of strict liability (responsabilidad objetiva) prevails through which the Administration's duty to indemnify operates; the central axis of the state liability (responsabilidad estatal) system is the victim of the damage, since that liability arises whenever its normal or abnormal functioning causes damage that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or non-patrimonial, regardless of their subjective legal situation.
However, this duty to compensate is not absolute, nor does it have an unrestricted character for any type of damage; rather, it must proceed in the event that it originates from an administrative conduct that is not lawful or normal, from the abnormality that signifies departing from good administration (buena administración) (according to the concept used by the General Public Administration Law itself in Article 102, subsection d), which among other things includes effectiveness and efficiency), that is, by reason of poor functioning, or a tardy act or the absence thereof, on the part of the Administration, since that "non-doing" or that inactivity (formal or material) of the Administration may generate a direct injury to a legitimate interest or a subjective right, that is, damage that the administered party does not have to bear. This abnormality will determine the unlawfulness (antijuricidad) as a prerequisite for the compensability of the damage.
Now then, in addition to the above, it must also be considered that strict liability is subject to other provisions concerning it, contained in the General Public Administration Law, such as Article 196 which provides: "In any case, the alleged damage must be effective, assessable, and individualizable in relation to a person or group." Precisely regarding the damages that may be subject to compensation in the contentious-administrative jurisdiction, our First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), since long ago, pronounced in its vote No. 112 of 2:15 p.m. on July 15, 1992, indicating the following: "(...) IV. Damage constitutes one of the prerequisites of extracontractual civil liability, since the duty to compensate is only configured if there has been a harmful unlawful act that injures a legally relevant interest, capable of being protected by the legal system.
Damage, in a legal sense, constitutes any impairment, loss, or detriment to the patrimonial or non-patrimonial legal sphere of the person (injured party), which causes the deprivation of a legal good, regarding which its preservation was objectively expected had the harmful event not occurred. Under this principle, there is no civil liability if there is no damage, just as there is no damage if there is no injured party. On the other hand, only damage that is proven (reality or existence) is compensable, this being a matter of fact reserved to the prudent discretion of the judge. In sum, damage constitutes the harmful gap for the victim, resulting from comparing the situation prior to the unlawful act with that subsequent to it. V.- On many occasions the expressions 'damages' (daños) and 'losses' (perjuicios) are used indiscriminately. It is necessary to specify and distinguish both concepts.
Damage constitutes the loss incurred by the injured party (damnum emergens), while loss is constituted by the frustrated profit or utility or that ceased to be received (lucro cessans), which was reasonably and probably expected had the unlawful act not occurred. VI.- Not any damage gives rise to the obligation to compensate. For this purpose, the following characteristics must basically converge in order to be a 'compensable damage': A) It must be certain; real and effective, and not merely eventual or hypothetical; it cannot be based on supposed or conjectural realizations. Damage does not lose this characteristic if its quantification is uncertain, indeterminate, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with actuality, since compensation for certain but future damage is admissible; likewise, one should not confuse future damage with lucro cessante or loss, since the former refers to that which arises as a necessary consequence derived from the causal or generating event of the damage, that is, its repercussions do not project themselves upon the initiation of the process.
Regarding the magnitude or amount (seriousness) of the damage, this constitutes an extreme of unique subjective concern to the injured party, but the law cannot deal with claims based on insignificant damages, derived from excessive susceptibility. B) There must be injury to a legally relevant interest worthy of protection. Thus there can be a direct injured party and an indirect one: the first is the victim of the harmful event, and the second will be the successors of the victim. C) It must be caused by a third party, and subsistent, that is, if it has been repaired by the responsible party or a third party (insurer), it becomes non-subsistent. D) There must be a causal relationship between the unlawful act and the damage. VII.- Among the classes of damages, there is in the first place material damage (daño material) and bodily damage (daño corporal), the first being that which affects the things or material goods that constitute the person's patrimony, while the second impacts bodily and physical integrity.
In doctrine, under the generic denomination of material or patrimonial damage, the specific categories of bodily damage and material damage, in a strict sense, are usually included. The second seems to be the most felicitous expression, since bodily damage often affects patrimonial interests of the injured party (payment of medical treatment, hospitalization expenses, medications, etc.), frustrated earnings if the damage has incapacitated them from carrying out their habitual occupations (losses), etc. (...)". Under the protection of what has been set forth and of what our jurisprudence has established on the subject, it can be maintained that the underlying unlawfulness (antijuricidad de base), to which reference is made as the basic and essential substrate and prerequisite for liability, is always present in compensable damage. Consequently, for its occurrence, three essential requirements are necessary: 1- An act or omission derived from the function or conduct of the Public Administration, whether by omission or action, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful. 2- Injury or existence of an unlawful harm, a conduct by action or omission that infringes the legal system and affects the injured party in their patrimonial or non-patrimonial sphere, producing an unlawful and compensable injury that they have no duty to bear, provided that said injury is certain, effective, real, assessable, individualizable, and not hypothetical. 3- The causal link (nexo causal), that is, that there exists a direct cause-and-effect relationship between the act attributed and the damage produced that legitimizes the loss caused, without the existence of intervening causes of exclusion of the causal link, upon the occurrence of an exonerating situation such as force majeure, fault of the victim, and the act of a third party, in the terms contemplated in Article 190 of the General Public Administration Law (in this regard, see votes numbers 025-F-99 of 2:15 p.m. on January 22, 1999, and 252-F-01 of 4:15 p.m. on March 28, 2001, both from the First Chamber of Cassation). This criterion is shared by this Tribunal, and it proceeds accordingly into the analysis of the merits of the matter.
The complainant argues that, due to the works carried out by the MOPT in the channel of the Ceibo River at the request of the Municipality of Buenos Aires, the river was diverted and flooded his property, which in addition to being divided in two, suffered material losses in his crops, in existing structures, and in the lumber he had stacked for sale. The Tribunal's Criterion. In order to assess the liability of the State claimed by the plaintiffs so that the duty to compensate may arise, it must be taken into account that Articles 9 and 41 of the Political Constitution, as already indicated above, establish the so-called general principle of State liability and thereby of the Costa Rican Public Institutions, and the right to integral reparation for damage suffered as a consequence of public management. These articles relate to Articles 11, 18, 45, 49, and 74 of the same Fundamental Charter, and from them derive the principles of legality, equality before public burdens, legal certainty, intangibility of patrimony, the creation of the contentious-administrative jurisdiction, and the principle of solidarity and inalienability of rights, and in attention to them the so-called "strict liability regime of the Administration" (régimen de responsabilidad objetiva de la Administración) is also created, which is positivized in Article 190, subsection 1) of the LGAP, which states: "1.
The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. From this norm it is extracted that liability requires, in order to arise, three essential elements or indispensable prerequisites, namely: a.) The existence of an unlawful harm that the victim has no legal duty to bear, and when speaking of strict liability of the Administration, it is exempt from verifying any subjective parameter of the public agent or official except as regards their personal liability. Thus, the Administration shall be liable whenever its functioning causes damage that the victim has no duty to bear, and the LGAP, in its Article 196, defines the characteristics of that damage for it to be compensable; said norm indicates that it must be 'effective, assessable, and individualizable in relation to a person or group' (see cited norm).
When speaking of 'effective' damage, it is understood to be certain and demonstrable; when speaking of 'assessable' damage, reference is made to the fact that it must be translatable into economic terms; and when saying 'individualizable', it refers to having a direct relation with a person or group, their patrimony or their values; so that it is not general or broad but directed at a subject—the one who suffers or bears it. The reparation of non-existent damages, expectations, or undetermined damages does not proceed; the affectation must be accredited in order to be repaired. For their part, Articles 58, subsection c) and 82 of the CPCA in relation to Article 41 of the CPC oblige the demonstration of the existence of the injury that must be borne, leaving it to the victim to demonstrate the existence of that effective, assessable, and individualizable damage, and the causal link (nexo de causalidad) between that harmful effect and a public proceeding or conduct, and only the victim is legitimized to claim the indemnity.
It is also important that the damage must be unlawful (antijurídico), that is, it must imply the impairment or loss in the patrimonial or non-patrimonial legal sphere of the victim. b.) The Administration shall be liable for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, assuming that duty in relation to all conducts, both formal (by the adoption of administrative acts, of a general, normative nature) and material (provision of public services, execution of acts, anomalous coercion, and de facto actions); and for the so-called administrative dysfunction or omissive conduct, both formal (relative to the omission of timely resolution of recourse, and which has generated in doctrine the formulation of the institute of the presumed act through which positive or negative silence is configured); and material, in unlawful or lawful conduct, as well as by normal or abnormal functioning.
In the case of lawful conduct and normal functioning, the damage must be special or abnormal, which supposes that it must fall upon a small proportion of affected persons or, in the second case, must have exceptional intensity. In unlawful conduct and abnormal functioning, liability is plenary and covers both damages and losses directly linked to the conduct. c.) It must be accredited that the injury is a consequence of the actions or omissions, and the so-called causal link must be established, which allows it to be taken as certain that the act claimed as 'harmful' must have been generated by conduct of the Public Administration. If there is no such causal link, the compensatory claim made is not sustainable. In the sub examine, the plaintiff, as has already been indicated, alleges that the works carried out by the MOPT in the Ceibo River at the request of the Municipality caused one of its branches to divert and flood his property, causing serious damages.
From a review of the case file, it is not evident from the evidence adduced in the process that the works carried out by the MOPT caused the river to deviate from its natural channel to such a point as to produce the claimed damages. Observe that after the events of Storm Nate in October 2017 occurred, in several southern communities, and in the case that interests us, in Buenos Aires de Puntarenas, the rivers overflowed and caused havoc in the communities of said canton. This situation led the municipal authorities, at the start of the year 2018 and to avoid greater damages with subsequent rains than those already produced, to request that the Emergency Commission collaborate with them with machinery to carry out works in various stretches of the Ceibo River; this emerges from the different requests for non-declared emergency intervention, which were processed in attention to the Principle of Prevention contained in Article 3 of Law No. 8488, which provides: "Prevention: Anticipatory action to seek to reduce vulnerability, as well as measures taken to avoid or mitigate the impacts of hazardous events or disasters; by their very condition these actions or measures are of public interest and mandatory compliance" (proven facts 2 to 6).
In this order of ideas and according to the evidence, we proceed to the analysis of the material conducts carried out by the administration and that are being claimed. i. Of the works carried out in the Ceibo River. The plaintiff argues both in his initial writ and in the trial conclusions that the works carried out by the MOPT in the river channel caused the deviation of its natural course toward his farm. The grievance is not accepted. First, from the documentation presented by the plaintiff to prove his theory of the case, such an assertion is not evident; in this order of ideas, Mr. Vargas Barrantes only presents the appraisals carried out by a forestry expert that determine the value of the losses he suffered due to the river's flooding, and from the private report carried out by surveyor Solano Saldaña, hired by the plaintiff, it cannot be concluded that the works carried out by the Administration are exactly the cause of the alleged deviation of the Ceibo River channel; note that from said report the only thing indicated is that according to cartographic sheet Buenos Aires 3543 IV of 1:50000 scale from the year 1970, the natural channel of the river is demonstrated; however, when contrasting this report with that provided by the Department of Topography and Territorial Observations of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) No. DIG-TOT-INF-052-2019 (evidence adduced by the State), which had the object of a photointerpretive study to observe the changes that occurred in the hydrographic network of a segment of the Ceibo River, in relation to the farm that is the object of the present process, the methodology used was to examine what is indicated in the cartographic sheet Buenos Aires of 1972, in relation to the historical aerial-photographic archives of the IGN; in this intelligence, photographs from the years 1998, 2005, 2008, and 2018 were compared, arriving at the conclusion that the normal channel of the north and south arms of the river over the years has invaded the plaintiff's property, its flow growing alternately according to the time of year, it being then that a first conclusion reached by this Tribunal is that the deviation of the channel pointed out by surveyor Solano Sanabria, who only used a cartographic sheet from the year 1972, is explained by the IGN report in which it is warned that said river not only crosses the property but that said situations depend on its flow whether it rains or not (proven fact 13).
Entering into the analysis of the evidence brought to the case file in relation to the works carried out by the MOPT in the river channel (an uncontroverted fact); the plaintiff thereby seeks to demonstrate that works were indeed carried out in the channel (a fact as to which there is no controversy); for this he provided the requests made at the time by the Municipality before the National Emergency Commission with the aim of preventing greater damage in the river's floods resulting from the rains that normally affect said zone for the year 2018. In this order of ideas, from a review of said documentation, this Tribunal does not find that the works carried out by the contracted machinery actually diverted the river channel as an alternate measure to prevent greater risks to the community; in this regard, observe what was expressly indicated by Engineer Yénsi Arrieta in official letter number DVOP-DOF-2018-588 of May 28, 2018, when informing the Mayor of the Municipality of Buenos Aires of the works to be carried out in the river sections: "that the repair and maintenance of the channels described below has been scheduled: Ceibo River, Name of the Work: Cleaning and channelization in the Ceibo River, Buenos Aires, Puntarenas, Coordinates: 1016628 north latitude, 573389 west longitude (…) The cleaning and channelization works to be carried out are under the following premises: 1.
That the works to be carried out are for the repair and maintenance of existing works in the channel of the Ceibo River, 2. No material will be extracted for commercialization, 3. Protection zones will not be altered, 4. The riverbed will not be altered" (proven fact 8) these situations were indicated to the plaintiff in response to the consultation he made through official letter No. DVOP-DOF-2018-980 of October 2, 2018: "In reference to the works carried out in the Ceibo River, in the sector of the Poza del Carbón, Buenos Aires de Puntarenas, this directorate carried out cleaning and channelization works, where as a result of Storm Nate the river caused great damage in the community; the geomorphology of the river channel has not been altered given that the works carried out were those indicated in the preceding paragraph" (proven fact 10), so it can be inferred that the river channel was indeed diverted (as the plaintiff supposes), as the Administration indicated in asserting that the works carried out were only for maintenance of the river channel, but that its channel was never modified, and since the works carried out were not greater than a section of 600 meters in length and a depth of 1 meter and a width of 15 meters, hydrological studies were not necessary, a situation for which, according to the certification provided by the plaintiff and issued by MINAE, permits from the Water Directorate of said ministry were not necessary to carry out such works, because it was not a hydraulic work of greater magnitude as the plaintiff has sought to portray in his conclusions by indicating that works were done in the river without MINAE permits (proven fact 11).
In conclusion, this Tribunal considers that the conduct carried out by the administration is in accordance with law, since what is alleged by the aggrieved party are mere subjective appreciations without any technical evidence to support his claims, failing to comply with the provisions of Article 41.1 of the Civil Procedure Code, of supplementary application by mandate of Article 220 of the CPCA, which states: "Burden of proof. The burden of proof rests: 1. On whoever formulates a claim, regarding the constitutive facts of their right." Due to the foregoing, the grievance is rejected. ii. Of the causal link between what was executed by the MOPT and the alleged damage. As regards the causal link, what was clarified by the First Chamber in vote No. 300-F-S1-2009 of 11:25 a.m. on March 26, 2009, is of interest: "(...) Regarding causality, it is necessary to indicate that it is a casuistic assessment made by the judge in which, based on the facts, the existence of a relationship between the claimed damage and the deployed conduct is determined (...).
Although there are various theories on the matter, the one considered most in accordance with the Costa Rican regime is that of adequate causality (causalidad adecuada), according to which there is a link between damage and conduct when the first originates, if not necessarily, at least with a high probability according to the specific circumstances that affect the matter, from the second (in this sense, see, among others, resolutions 467-F-2008 of 2:25 p.m. on July 4, 20085, or 1008-F-2006 of 9:30 a.m. on December 21, 2006)." (The underlining is not from the original). Thus, it is understood that the causal link is the bond or relationship between the damage and the conduct that allows deducing with a high degree of probability that the damage was the product—directly or indirectly—of the conduct, and in such case, the liability of the Administration arises. From the facts related by the plaintiff and the analysis of the evidence carried out supra, it is clear to this Tribunal that there is no causal link between the administrative conduct deployed and the claimed damages.
There is no technical evidence that the river channel was diverted by the works that the MOPT carried out; there is no technical evidence that the natural channel of the river has remained in the same place for the last 100 years as the plaintiff alleges; rather, quite the contrary, it has been accredited that it is normal for the arms of the river that cross the plaintiff's property to suffer flooding. It is clear then that in the sub judice, what has happened is that, at the time, given the rains that occurred in the year 2018, the Ceibo River suffered an increase in its flow of such magnitude that its natural channel increased, flooding more than normally the plaintiff's property, to such an extent that it destroyed crops, stacked lumber, and constructions that were there; but this was the product of a natural event (force majeure), not of the actions of the administration as the plaintiff maintains, without any evidentiary support but mere subjective suppositions, it being then that the causal link between the conduct carried out and the damage does not exist, necessitating the rejection of the compensatory claim.
The State, when answering the complaint, interposed the exception of lack of standing (legitimación activa y pasiva), lack of right. The Municipality, in the oral trial hearing, argued that the claim be dismissed. With respect to the lack of standing in both modalities, it must be rejected since the plaintiff has the right to sue against the co-defendants because the challenged conduct was deployed by both the State and the Municipality of Buenos Aires. In accordance with what was indicated in considering "VII", since the liability of the Administration in relation to the damage alleged by the plaintiff has not been demonstrated, the exception of lack of right must be upheld. Consequently, it is imposed to declare the claim dismissed in all its aspects.
In accordance with Articles 119, 193, and 194 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the imposition of costs on the losing party is ex officio and without the need to justify said condemnation. Likewise, the Procedural Code provides that in cases where the Tribunal considers that there have been sufficient reasons to litigate, the party may be exonerated. In the sub examine, this Tribunal considers that, due to the nature of the debated facts, there have been sufficient valid reasons to litigate in good faith; due to the foregoing, the plaintiff is exonerated from the costs of the process, each party being responsible for their own.
Therefore (Por Tanto) The exception of lack of standing, both active and passive, is rejected. The exception of lack of right interposed by the State is upheld. Consequently, the claim filed by Mr. Ángel Álvaro Vargas Barrantes against the State and the Municipality of Buenos Aires is declared dismissed. Without special condemnation for costs. Notify.
Rodolfo Marenco Ortiz Jonatán Canales Hernández Paulo André Alonso Soto ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - DECIDING JUDGE JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - DECIDING JUDGE PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
Tribunal Contencioso Administrativo CONOCIMIENTO ACTOR/A:
ANGEL ALVARO VARGAS BARRANTES DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº N° 2023004834 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con veintiseis minutos del veintisiete de Octubre del dos mil veintitres.- Proceso de conocimiento de juicio oral y público, interpuesto por Álvaro Vargas Barrantes, mayor, comerciante, cédula de identidad número 6-0159-0055, representado por el Lic. Rafael López Gutiérrez, mayor, abogado, carné de colegiado número 2817, contra la Municipalidad de Buenos Aires, representada por el Lic. Johnny Vidal Atencio, mayor, abogado, carné de colegiado número 10727, y, el Estado, representado por el Procurador Lic. Omar Rojas Valverde, mayor, abogado, carné de colegiado número 21889.
CONSIDERANDO
Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:
1- Mediante escrito de demanda presentado el día 16 de mayo de 2019, la parte actora como pretensión peticionó: “Que en sentencia se conde a los demandados al restablecimiento del curso original del cauce del Río Ceibo, al pago de daños y perjuicios que me ocasionaron, más ambas costas de esta acción” (imágenes 339-347, expediente electrónico).
2- Que otorgada la audiencia de ley el Estado contestó negativamente oponiendo la excepción de falta de derecho (imágenes 218-229, expediente electrónico).
3- Por resolución del 17 de enero de 2020 la Municipalidad de Buenos Aires al no contestar la demanda en tiempo fue declarada rebelde (imagen 66, expediente electrónico).
4- Que el 11 de febrero de 2020 se realizó la audiencia preliminar en el cual se saneó el proceso, y se fijaron las pretensiones, con la aclaración de la parte actora de las pretensiones correspondiente al daño material en la suma de ¢ 1.683.860.00 (imágenes 45 – 49, expediente electrónico y escuchar audio).
5- La audiencia de juicio oral y pública se realizó el 12 de octubre del 2023. El Tribunal estuvo integrado durante la audiencia de juicio por los Jueces Paulo Alonso Soto, Jonatán Canales Hernández y Rodolfo Marenco Ortiz, correspondiéndole a este último presidir la audiencia de juicio y preparar la ponencia que por unanimidad se dicta. La Cámara contó con la colaboración de la técnica judicial Jessica Rojas Leitón, en labores de grabación de la audiencia, colaboración con el manejo de testigos y elaboración de la minuta. Al inicio de la audiencia la parte actora manifestó que no tenía aspectos procesales que sanear, ofreció prueba para mejor resolver. El Estado manifestó no tener prueba para mejor resolver ni aspectos que sanear. Se acreditó la representación de la Municipalidad de Buenos Aires, ofreció prueba para mejor resolver. El Tribunal de oficio indicó que el testigo aceptado en la audiencia preliminar no se encontraba presente, y que si bien existió una solicitud por escrito de parte del actor en sustituir el testigo al momento de consultar que existía gestiones pendientes, de viva voz manifestó que no, en consecuencia, se declaró inevacuable la prueba testimonial.
La prueba para mejor resolver fue rechazada. El proceso se declaró de puro derecho y las partes realizaron sus conclusiones de forma oral y previo. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley correspondiente (escuchar y ver audio).
De importancia para la resolución de este asunto se tienen como de esta naturaleza los siguientes:
De importancia para la resolución del presente asunto se tiene como hechos no probados: 1.- Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizara trabajos de desviación del cauce del Rio Ceibo en el lugar conocido como La Motomba (los autos). 2.- No se logra acreditar el daño material sufrido por el actor producto del actuar de la Administración (ayuno de pruebas).
El caso en estudio refiere a un proceso típico Civil de Hacienda en el que se denuncia la responsabilidad objetiva de Administración Pública al realizar conductas materiales administrativas que causaron daños en la propiedad del actor al desviar el cauce del río.
Tal y como se ha reiterado en múltiples fallos de este Tribunal, así como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en lo que interesa a este caso en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública se enmarca el régimen preeminentemente objetivo, que procura esencialmente la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad. Lo anterior ha sido explicado por nuestra Sala Constitucional, por ejemplo, en su voto número 5207-04 de las 14:55 horas del 18 de mayo del 2004, al indicar: “IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Nuestra Constitución Política no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados.
Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, principios y valores constitucionales. En efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, de la Carta Política dispone que “El Gobierno de la República es (...) responsable (...)”, con lo cual se da por sentada la responsabilidad del ente público mayor o Estado y sus diversos órganos -Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo primero la “(...) responsabilidad penal (...)”de los funcionarios públicos y el segundo párrafo nos refiere la “(...) responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (...)”. El artículo 34 de la Constitución Política ampara los “derechos patrimoniales adquiridos” y las “situaciones jurídicas consolidadas”, los cuales solo pueden ser, efectiva y realmente, amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público.
El numeral 41 ibídem, estatuye que “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, este precepto impone el deber al autor y responsable del daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente sufridas por los administrados como consecuencia del ejercicio de la función administrativa a través de conductas positivas por acción o negativas por omisión de los entes públicos, con lo cual se convierte en la piedra angular a nivel constitucional para el desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y directa en el cual el resarcimiento no depende del reproche moral y subjetivo a la conducta del funcionario público por dolo o culpa, sino, única y exclusivamente, por habérsele infringido o recibido, efectivamente, “(...) injurias o daños (...) en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, esto es, una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y, por consiguiente, debe serle resarcida.
El numeral 41 de la Constitución Política establece un derecho fundamental resarcitorio a favor del administrado que haya sufrido una lesión antijurídica por un ente -a través de su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación correlativa, de éste de resarcirla o repararla de forma integral, el acceso a la jurisdicción previsto en este mismo precepto constitucional, se convierte, así en un derecho instrumental para asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del derecho resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la reparación incumpla voluntariamente con la obligación referida. El artículo 45 de la Carta Magna acoge el principio de la intangibilidad del patrimonio al disponer que “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (...)”, se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental que los sacrificios especiales o las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de soportar o tolerar, aunque devengan de una actividad lícita -como el ejercicio de la potestad expropiatoria- deben resarcirse.
El artículo 49, párrafo 1°, de la Constitución Política en cuanto, de forma implícita, reconoce la personalidad jurídica y, por consiguiente, la posibilidad de demandar en estrados judiciales a los entes públicos, cuando incumplan con sus obligaciones constituye un claro basamento de la responsabilidad administrativa. De su parte el párrafo in fine del ordinal 49 ya citado dispone que “La ley proteger á, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados “, siendo que una de las principales formas de garantía de éstos lo constituye un régimen de responsabilidad administrativa objetivo, directo, amplio y acabado. El párrafo final del artículo 50 de la Constitución Política, en materia del daño ambiental, establece que “La ley determinará las responsabilidad y las sanciones correspondientes “, régimen de responsabilidad del que, obviamente, no pueden abstraerse los entes públicos de carácter económico (denominados empresas públicas-ente público) y empresas públicas (llamadas también empresas públicas-ente de Derecho privado) cuando contaminan al desplegar una actividad industrial, comercial o de servicios y, en general, el Estado cuando incumple sus obligaciones de defensa y preservación del medio ambiente a través de una deficiente actividad de fiscalización o de control de las actividades públicas y privadas actual o potencialmente contaminantes.
En la hipótesis de los miembros de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas, el artículo 188 de la norma fundamental dispone que “Sus directores responden por su gestión”. En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, el Título X del texto constitucional contiene un Capítulo V cuyo epígrafe es “Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo”, siendo que el artículo 148 consagra la responsabilidad del Presidente por el “uso que hiciera de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva”, la conjunta de éste con el respectivo Ministro del sector “respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos “-la cual es especificada por el artículo 149 ibídem- y la del Consejo de Gobierno por los acuerdo que adopte. El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente soportadas por éstos.
Finalmente, es menester tomar en consideración que la Constitución Política recoge un derecho fundamental innominado o atípico que es el de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, el que se infiere claramente de la relación de los numerales, interpretados, a contrario sensu, 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Ley fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros deontológicos de la función administrativa tales como el “buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas ”, “buena marcha del Gobierno “y “eficiencia de la administración”. Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía constitucional.
De esta forma, queda en evidencia que el constituyente originario recogió de forma implícita el principio de la responsabilidad de las administraciones públicas, el que, como tal, debe servir a todos los poderes públicos y operadores del Derecho como parámetro para interpretar, aplicar, integrar y delimitar el entero ordenamiento jurídico. Bajo esta inteligencia, un corolario fundamental del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la imposibilidad para el legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la esfera patrimonial y extrapatrimonial de los administrados". Reseñado lo anterior, es menester entonces destacar, que en nuestro sistema judicial opera un deber de resecabilidad de forma plena el daño causado, que además se desprende del artículo 190.1 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto dispone que: "1.
La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero". De lo anterior se desprende que en nuestro ordenamiento jurídico impera un régimen de responsabilidad objetiva mediante la cual opera el deber de indemnización de la Administración, el eje central del sistema de responsabilidad estatal es la víctima del daño, ya que aquélla surge, siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva. No obstante, este deber resarcitorio, no es tampoco pleno, ni tiene un carácter irrestricto para cualquier tipo de daño, sino que el mismo debe proceder, en el caso de que se origine de una conducta administrativa no lícita o normal, de la anormalidad que significa el apartarse de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General de la Administración Pública en el artículo 102 inciso d), que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o sea con motivo de un mal funcionamiento, o un actuar tardío o inexistencia del mismo, por parte de la Administración, puesto que ese "no hacer" o esa inactividad (formal o material) de la Administración puede generar una lesión directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo , sea un daño que no tiene por qué soportar el administrado.
Esta anormalidad determinará la antijuricidad como presupuesto para la resarcibilidad del daño. Ahora bien, aunado a lo anterior debe considerarse también que la responsabilidad objetiva está sujeta a otras disposiciones sobre ella, contenidas en la Ley General de Administración Pública, como el ordinal 196 que dispone: "En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo". Justamente en torno a los daños que pueden ser objeto de resarcimiento en sede contencioso-administrativa, nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde vieja data se pronunció en su voto N° 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992, indicando lo siguiente: "(...) IV. El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico.
El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es daño indemnizable el que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo. V.- En muchas ocasiones se utilizan indiscriminadamente las expresiones "daños" y "perjuicios". Es menester precisar y distinguir ambos conceptos. El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito.
VI.- No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad.
La segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc. (...)". Al amparo de lo expuesto y de lo que nuestra jurisprudencia ha sentado en torno al tema, se puede sostener que la antijuricidad de base, a la que se hace referencia como sustrato y presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, se ubica siempre presente en el daño indemnizable. En consecuencia, para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1- Actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública, omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita. 2- Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico y afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar, siempre que dicha lesión sea cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable y no hipotética. 3- El nexo causal, sea que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin que existan de por medio causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, en los términos contemplados en el canon 190 de la Ley General de la Administración Pública (al respecto se pueden consultar los votos números 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999 y 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001, ambos de la Sala Primera de la Casación). Criterio que es compartido por este Tribunal, y conforme se entra al análisis del fondo del asunto.
Argumenta el quejoso que, debido a los trabajos realizados por el MOPT en el cauce del Río Ceibo a solicitud de la Municipalidad de Buenos Aires, éste se desvió e inundó su propiedad, la cual además de ser dividida en dos, sufrió pérdidas materiales en sus sembradíos, en las estructuras existentes y la madera que tenía apilada para vender. Criterio del Tribunal. A fin de valorar la responsabilidad del Estado que reclama lo actores y surja así el deber de resarcimiento debe tenerse en cuenta que los artículos 9 y 41 de la Constitución Política, como ya se indicó líneas atrás, establecen el llamado principio general de la responsabilidad del Estado y con ello de las Instituciones Públicas Costarricenses y el derecho a la reparación integral por el daño sufrido a consecuencia de la gestión pública, esos numerales se relacionan con los artículos 11, 18, 45, 49 y 74, de la misma Carta Fundamental, y de ellos derivan los principios de legalidad, de igualdad ante las cargas públicas, el de seguridad jurídica, la intangibilidad del patrimonio, la creación de la jurisdicción contenciosa y el principio de solidaridad e irrenunciabilidad de los derechos y en atención a ellos se crea también el llamado "régimen de responsabilidad objetiva de la Administración" y que se positivizado en el artículo 190 inciso 1) de la LGAP que reza: “1.
La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. De dicha norma se extrae que la responsabilidad requiere para que surja tres elementos esenciales o presupuestos indispensables a saber: a.) La existencia de un daño antijurídico que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, y al hablarse de responsabilidad objetiva de la administración, se exime de la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público o funcionario salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere. Entonces habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, y la LGAP, en su artículo 196 define las características de ese daño para que sea indemnizable, señala dicha norma que deberá ser “efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo”(ver norma enunciada).
Cuando se habla de daño “efectivo”, se entiende que es cierto y demostrable; cuando se habla de daño “evaluable”, se hace referencia a que debe traducirse a términos económicos y cuando se dice “individualizable”, se refiere a que tenga relación directa con una persona o grupo, su patrimonio o sus valores; de manera que no sea general o amplio sino dirigido a un sujeto -el que lo sufre o soporta. No procede la reparación de los daños inexistentes, de expectativas o de daños no determinados; debe estar acreditada la afectación para poder ser reparada. Por su parte los artículos 58 inciso c) y 82 del CPCA en relación con el 41 del CPC obligan a demostrar la existencia de la lesión que debe soportarse, quedando en la víctima la demostración de la existencia de ese daño efectivo, evaluable e individualizable, y el nexo de causalidad entre ese efecto lesivo y un proceder público o conducta y solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la indemnización.
Es importante también que el daño debe ser antijurídico, esto es, que implique el menoscabo o pérdida en la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la víctima. b.) La Administración responderá por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, asumiendo ese deber en relación a todas las conductas, tanto formales (por la adopción de actos administrativos, de carácter general, normativo) como materiales, (prestación de servicios públicos, ejecución de actos, coacción anómala y vías de hecho); y por la denominada disfunción administrativa o conducta omisiva, tanto formal (relativa a la omisión de resolución en tiempo de los recursos, y que ha generado la formulación en doctrina del instituto del acto presunto por el que se configuran el silencio positivo o negativo); como la material, en conducta ilícita o lícita, así como por funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional.
En la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria y cubre tanto los daños como los perjuicios que se unan directamente a la conducta. c.) Debe acreditarse que la lesión es consecuencia de las acciones u omisiones, y establecerse el llamado nexo causal, que permite tener como cierto que el hecho que se reclama como "dañoso", debe ser generado por conducta de la Administración Pública. Si no hay ese nexo de causalidad, no resulta atendible el reclamo indemnizatorio que se hace. En el sub examine la parte actora como ya se ha indicado alega que los trabajos realizados por el MOPT en el río Ceibo a solicitud de la Municipalidad produjeron que uno de sus brazos se desviara e inundara su propiedad causando daños graves. De una revisión de los autos no se desprende de la prueba allegada al proceso que los trabajos realizados por el MOPT produjeran que el río se desviara de su cauce natural a tal punto que produjera los daños reclamados.
Véase que sucedido los acontecimientos de la tormenta Nate en octubre de 2017, varias comunidades del sur y para el caso que nos interesa en Buenos Aires de Puntarenas los ríos se desbordaron y causaron estragos en las comunidades de dicho cantón. Esta situación llevó a que las autoridades municipales que para el inicio del año 2018 y para evitar mayores daños con las siguientes lluvias de los ya producidos, solicitaron a la Comisión de Emergencias que les colaborara con maquinaria para realizar labores en varios tramos del río Ceibo, así se desprende de las diferentes solicitudes de intervención de emergencia no declarada, las cuales fueron gestionadas en atención al Principio de Prevención contenido en el artículo 3 de la Ley N° 8488 que dispone: “Prevención: Acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio” (hechos probados del 2 al 6).
En este orden de ideas y conforme a las pruebas se entra al análisis de las conductas materiales realizadas por la administración y que son reclamadas. i. De los trabajos realizados en el río Ceibo. Alega el actor tanto en su escrito inicial como en las conclusiones del juicio, que los trabajos realizados por el MOPT en el cauce del río ocasionaron la desviación de su curso natural hacia su finca. El agravio no es de recibo. Primero, de la documentación presentada por el actor, para probar su teoría del caso, no se desprende tal afirmación; en este orden de ideas, el señor Vargas Barrantes lo único que presenta son los peritajes realizados por un experto forestal que determina el valor de las pérdidas que fue objeto por la crecida del río, y del informe privado realizado por el topógrafo Solano Saldaña contratado por el actor, no se puede concluir que los trabajos realizados por la Administración son exactamente los causantes de la supuesta desviación del cauce del rio Ceibo; véase que de dicho informe lo único que se indica es que conforme a la hoja cartográfica Buenos Airs 3543 IV de escala 1:50000 del año 1970 se demuestra el cauce natural del rio; ahora bien, al contrastar este informe con el vertido por el Departamento de Topográfico y Observaciones del Territorio, del Instituto Geográfico Nacional N° DIG-TOT-INF-052-2019 (prueba allegada a los por el Estado), el cual tenía como objeto el estudio fotointerpretativo para observar los cambios ocurridos en la red hidrográfica de un segmento del río Ceibo, en relación con la finca objeto del presente proceso, dentro de la metodología utilizada fue examinar lo indicado en la hoja cartográfica Buenos Aires de 1972, en relación con los archivos históricos aerofotográficos del IGN; en esta inteligencia se compararon fotografías de los años 1998, 2005, 2008 y 2018, llegando a concluir que el cauce normal de los brazos norte y sur del río a través de los años ha invadido la propiedad del actor creciendo su caudal de forma alterna según la época del año, siendo entonces que una primera conclusión a la que arriba este Tribunal es que la desviación del cauce que apunta el topógrafo Solano Sanabria quien solo utilizo una hoja cartográfica del año 1972, se explica con el informe del IGN en el cual se advierte que dicho río no solo atraviesa la propiedad sino que dicha situaciones dependen del caudal del mismo si llueve o no (hecho probado 13).
Entrando al análisis de la prueba traída a los autos en relación con los trabajos realizados por el MOPT en el cauce del río (hecho no controvertido); pretende con ello el actor demostrar que efectivamente se realizaron trabajos en el cause (hecho que no existe controversia) para ello aportó las solicitudes que en su momento realizó la Municipalidad ante la Comisión Nacional de Emergencias con el fin de prevenir un daño mayor en las crecidas del río producto de las lluvias que afectan normalmente dicha zona para el año 2018. En este orden de ideas de una revisión de dicha documentación no encuentra este Tribunal que efectivamente los trabajos realizados por la maquinaria contratada desviasen el cauce del río como una medida alterna para prevenir mayores riesgos a la comunidad; al respecto véase lo que indicó expresamente la Ingeniera Yénsi Arrieta en el oficio número DVOP-DOF-2018-588 del 28 de mayo de 2018 al indicarle al señor Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires los trabajos que se realizarían en las secciones del río: “que se ha programado la reparación y mantenimiento de los cauces que se describen a continuación: Río Ceibo, Nombre de la Obra: Limpieza y canalización en el Río Ceibo, Buenos Aires, Puntarenas, Coordenadas: 1016628 latitud norte, 573389 longitud oeste (…) Los trabajos a realizar de limpieza y canalización son bajo las siguientes premisas: 1.
Que las obras a realizar son de reparación y mantenimiento de obras existentes en el cauce del Río Ceibo, 2. No se extraerá ningún material para ser comercializado, 3. No se alterarán las zonas de protección, 4. No se alterará el lecho del río” (hecho probado 8) situaciones que le fue indicada al actor ante la consulta que realizó mediante oficio N° DVOP-DOF-2018-980 del 02 de octubre de 2018: “En referencia a los trabajos realizados en el Río Ceibo, en el sector de la Poza del Carbón, Buenos Aires de Puntarenas, esta dirección realizó trabajos de limpieza y canalización, donde producto de la tormenta Nate el río provocó grandes daños en la comunidad, la geomorfología del cauce del río no ha sido alterado dado que los trabajos realizados fueron los señalados en el párrafo anterior” (hecho probado 10), por lo que se puede desprender que efectivamente se desvió el cauce del río (como lo supone el actor), así lo indicó la Administración al aseverar que los trabajos realizados eran solo de mantenimiento del cauce del río, pero que nunca se modificó su cauce, y siendo que los trabajos a realizados no fueron mayores a una sección de 600 metros de longitud y a una profundidad de 1 metro y un ancho de 15 metros no fueron necesario los estudios hidrológicos, situación que por tal razón conforme a la certificación aportada por el actor y que fuera emitida por el MINAE no eran necesario permisos de la Dirección de Aguas de dicho ministerio para realizar tales obras, por no ser una obra hidráulica de magnitud mayor como ha querido hacerlo ver el actor en sus conclusiones al indicar que se hicieron trabajos en el río sin los permisos del MINAE (hecho probado 11).
En conclusión, estima este Tribunal que la conducta realizada por la administración se encuentra ajustada a derecho, siendo que lo acusado por el agraviado son meras apreciaciones subjetivas sin prueba técnica alguna que sustente sus dichos, incumpliendo lo dispuesto en el ordinal 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por mandato del 220 del CPCA, y que reza: “Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho”. Debido a lo anterior se rechaza el agravio. ii. Del nexo de causalidad entre lo ejecutado por el MOPT y el daño alegado. En lo que atañe, al nexo causal, resulta de interés lo aclarado por la Sala Primera en el voto Nº 300-F-S1-2009 de las 11:25 horas del 26 de marzo de 2009, "(...) En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada (...).Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de la segunda (en este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 20085, o la 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006)." (El subrayado no es del original).
Así, se entiende que el nexo causal es el vínculo o relación entre el daño y la conducta que permite deducir con un alto grado de probabilidad que el daño fue producto -directa o indirectamente- de la conducta, y en tal caso, se genera la responsabilidad de la Administración. De los hechos relatados por el actor y del análisis de la prueba realizado ut supra, es claro para este Tribunal que no existe un nexo de causalidad entre la conducta administrativa desplegada y los daños reclamados. No existe prueba técnica que el cauce del río fue desviado por los trabajos que realizó el MOPT, no existe prueba técnica que el cauce natural del río se ha mantenido en los últimos 100 años como lo alega el actor, más bien todo lo contrario ha quedado acreditado que es normal que los brazos del río que atraviesan la propiedad del actor sufran crecidas. Es claro entonces que en el sub judice, lo que ha pasado es que en su momento ante las lluvias ocurridas para el año 2018 el rio Ceibo sufrió un aumento en su cauce a tal magnitud que su cauce natural aumento inundando más de lo normalmente la propiedad del actor, a tal punto que le destruyó sembradíos, maderas apiladas y construcciones que allí tenía; pero ello fue producto de un evento natural (fuerza mayor) no de las actuaciones de la administración como lo sostiene el actor sin ningún acervo probatorio sino meras suposiciones subjetivas, siendo entonces que el nexo de causalidad entre la conducta realizada y el daño no existe, imponiéndose el rechazo del reclamo indemnizatorio.
El Estado al contestar la demanda interpuso la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho. La Municipalidad en la audiencia de juicio oral alegó que se declare sin lugar la demanda. Con respecto a la falta de legitimación en ambas modalidades la misma debe ser rechazada ya le asiste el derecho al actor para accionar en contra de los codemandados puesto que la conducta impugnada fue desplegada tanto por el Estado como por la Municipalidad de Buenos Aires. De conformidad con lo indicado en el considerando “VII” al no haberse demostrado la responsabilidad de la Administración con relación al daño alegado por el actor, se debe acoger la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se impone declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos.
De conformidad con los ordinales 119, 193 y 194 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la imposición de las costas al vencido es de oficio y sin necesidad de justificar dicha condena. De igual forma el Código de Rito prevé que en casos que el Tribunal considere que ha existido motivos suficientes para litigar se le puede exonerar. En el sub examine estima este Tribunal que por la naturaleza de los hechos debatidos ha existido suficientes motivos válidos para litigar de buena fe, debido a lo anterior se exonera al actor de las costas del proceso, debiendo cada parte hacerse cargo de estas.
Por Tanto
Se rechaza la falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por El Estado. Consecuentemente, se declara sin lugar la demanda incoada por el señor Ángel Álvaro Vargas Barrantes contra el Estado y la Municipalidad de Buenos Aires. Sin especial condena en costas. Notifíquese.
Rodolfo Marenco Ortiz Jonatán Canales Hernández Paulo André Alonso Soto ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - JUEZ/A DECISOR/A JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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