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Res. 01311-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 06/10/2023
OutcomeResultado
The Court denied the appeal and upheld the conviction for destroying a leatherback turtle nest by manually removing eggs, together with the finding of environmental harm.El Tribunal rechazó la apelación y mantuvo la condena por destruir un nido de tortuga baula mediante la extracción manual de huevos, así como la determinación del daño ambiental.
SummaryResumen
The Criminal Judgment Appeals Court denied the challenge to a conviction for destroying the nests of endangered leatherback turtles. It found sufficient proof that the defendant was discovered at night beside a nesting turtle, reaching into the nest, with a sack containing 174 eggs nearby. The scientific impossibility that one leatherback could lay that many eggs did not create reasonable doubt because the relevant accusation did not assert that every egg came from a single nest, and the precise number was immaterial to the observed removal. The Court also upheld the finding of environmental harm: human handling exposed the eggs to germs and bacteria, reduced or eliminated their likelihood of hatching, and impaired the species’ reproduction and survival, with ecological, fisheries, tourism, scientific, and scenic consequences. The seizure of a specialized tool was unnecessary because the charged method of destroying the nest was the manual removal of eggs. The trial court’s evidentiary assessment therefore complied with sound judicial reasoning.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal rechazó el recurso presentado contra la condena por destrucción de nidos de tortuga baula, especie en peligro de extinción. Consideró suficientemente probado que el acusado fue sorprendido de madrugada junto a una tortuga en desove, introduciendo las manos en el nido y con un saco que contenía 174 huevos. La imposibilidad científica de que una sola tortuga depositara esa cantidad no generó duda razonable, porque la imputación relevante no afirmaba que todos procedieran de un único nido y la cantidad exacta era irrelevante para acreditar la extracción observada. El Tribunal también confirmó la existencia de daño ambiental: la manipulación humana expuso los huevos a gérmenes y bacterias, redujo o eliminó su posibilidad de eclosión y afectó la reproducción y subsistencia de la especie, con repercusiones ecológicas, pesqueras, turísticas, científicas y escénicas. Tampoco era necesario decomisar herramientas, pues la destrucción se ejecutó manualmente mediante la extracción de los huevos.
Key excerptExtracto clave
The second appellate argument concerns environmental damage—specifically, the claim that such damage did not arise from the evidence, particularly from the trial testimony of marine biologist Guillermo Zúñiga Reyes. However, that issue was properly derived and analyzed by the trial court, as shown in item viii) above, because that testimony specifically supported the conclusion that mere human intervention in embryonic development—once the eggs have been laid—exposes it to harm associated with germs and bacteria that affect hatching. Moreover, considering the judgment as a unified and integral whole, when addressing the harm underlying the civil damages action, the judge reasoned that such harm existed because it affected the reproductive potential of the turtle and the eggs she laid. Furthermore, it was unnecessary to elaborate upon the fact that the accused was apprehended without a suitable instrument for destroying the nest in which the turtle was laying eggs, because the prosecution theory attributed the destruction to the act of removing the eggs, which was properly established by the evidence, as explained above. Accordingly, the appeal is denied. The appeal filed by attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender for the accused, is denied. NOTICE SHALL BE GIVEN.El segundo argumento recursivo se relaciona con el tema del daño ambiental, en concreto que, según se reclama, este no derivó de las probanzas, en particular de lo dicho en juicio por Guillermo Zúñiga Reyes, biólogo marino, sin embargo, tal extremo fue debidamente derivado y analizado por el tribunal de mérito, tal cual se aprecia en el punto numerado viii) supra, en el tanto, precisamente a partir de tal testimonio, se razonó que la mera intervención de un ser humano en el desarrollo embrionario —una vez realizado el desove— expone a este a un daño, ello relacionado con gérmenes y bacterias que afectan la eclosión, pero, además —es decir, a mayor abundamiento—, partiendo de la unidad e integralidad de la sentencia, en la misma, al aludir al daño relacionado con la acción civil resarcitoria, el juzgador razonó la existencia de tal daño, impactando la posibilidad de reproducción de la tortuga y de los huevos que ella desovó. Aunado a lo anterior, no era necesario profundizar en que el justiciable fue aprehendido sin medio idóneo para destruir el nido en el que la tortuga desovaba, pues la hipótesis imputativa atribuyó la destrucción correspondiente mediante la acción de extraer los huevos, lo cual sí fue debidamente derivado de las probanzas, tal cual se reseñó supra. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza, defensor público del imputado. NOTIFÍQUESE.
Pull quotesCitas destacadas
"Sin embargo, el juzgador tomó en cuenta que al sindicado se le atribuyó que, en la playa de Matina, un día concreto, en horas de la madrugada, tenía consigo un saco con huevos de tortuga y estaba al lado de un nido de tortuga metiendo sus manos dentro de él y eso fue lo que se demostró, por lo que resultaba irrelevante la cantidad de huevos."
"However, the judge considered that the accused was charged with being on Matina Beach on a specific day in the early morning, carrying a sack of turtle eggs and standing beside a turtle nest with his hands inside it; that was what the evidence established, making the number of eggs irrelevant."
Considerando II
"Sin embargo, el juzgador tomó en cuenta que al sindicado se le atribuyó que, en la playa de Matina, un día concreto, en horas de la madrugada, tenía consigo un saco con huevos de tortuga y estaba al lado de un nido de tortuga metiendo sus manos dentro de él y eso fue lo que se demostró, por lo que resultaba irrelevante la cantidad de huevos."
Considerando II
"Valoró, igualmente, que no se debió intervenir en ese proceso, pese a lo cual el imputado extrajo los huevos que ella depositó, poniendo en peligro la subsistencia de esa especie y, en alusión a lo narrado por el biólogo marino, refirió que se afectó al medioambiente con variedad de repercusiones, entre ellas el aspecto turístico y la belleza escénica."
"The judge also found that the process should not have been disturbed, yet the defendant removed the eggs she had laid, endangering the survival of the species and, with reference to the marine biologist’s testimony, harming the environment through various consequences, including effects on tourism and scenic beauty."
Considerando II
"Valoró, igualmente, que no se debió intervenir en ese proceso, pese a lo cual el imputado extrajo los huevos que ella depositó, poniendo en peligro la subsistencia de esa especie y, en alusión a lo narrado por el biólogo marino, refirió que se afectó al medioambiente con variedad de repercusiones, entre ellas el aspecto turístico y la belleza escénica."
Considerando II
"Entonces, en la sentencia apelada sí se valoró la versión de la defensa material, demeritándola sobre la base de las reglas de la sana crítica y de las inferencias interprobatorias."
"Thus, the appealed judgment did assess the defendant’s account and discredited it based on the rules of sound judicial reasoning and inferences drawn across the evidence."
Considerando II
"Entonces, en la sentencia apelada sí se valoró la versión de la defensa material, demeritándola sobre la base de las reglas de la sana crítica y de las inferencias interprobatorias."
Considerando II
Full documentDocumento completo
Decision: 2023-1311 Case file: 19-000281-1521-PE (4) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at fifteen hours and fifty minutes, on seis de octubre de dos mil veintitrés.
APPEAL (RECURSO DE APELACIÓN) filed in the present proceeding against [Nombre 001], who is of legal age, Costa Rican, holder of identity card number [Valor 001], born in Puntarenas on 22 de agosto de 1970, son of [Nombre 002] and [Nombre 003], single, an agricultural worker, resident of Limón, Playa Matina; for the offense of DESTRUCTION OF NESTS OF ENDANGERED WILDLIFE (DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN), to the detriment of WILDLIFE. Judge Norberto E. Garay Boza and Judges Rosaura Chinchilla Calderón and Cinthya Ramírez Angulo participated in the decision. Attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender for the accused, appeared before this Court, and
RESULTANDO:
I.By judgment number 649-2023, issued at ocho horas diez minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José ruled: «POR TANTO: In accordance with all the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Articles 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, Articles 1, 2, 11, 12, 18, and 30 of the Criminal Code, Article 93 subsection a) of the Wildlife Conservation Law, Articles 122 through 138 of the 1941 Criminal Code concerning the Rules in Force on Civil Liability, Articles 1 through 6, 11, 12, 13, 18 subsection c), 37 through 41, 70, 71, 75 through 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 through 124, 142, 143, 180 through 184, 265 through 270, 308, and 360 through 366 of the Code of Criminal Procedure, Decreto Ejecutivo número 41457-JP currently in force (Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services), and Articles 632, 704, and 1045 of the Civil Code, it is hereby ruled: FIRST: [Nombre 001] is found criminally responsible as the perpetrator of one offense of Destruction of Nests of Endangered Wildlife, to the detriment of Wildlife, and is accordingly sentenced to ONE YEAR OF IMPRISONMENT, which sentence he shall serve at the place and in the manner prescribed by the rules and regulations of Adaptación Social, with credit for time spent in pretrial detention (prisión preventiva).
Because the convicted person meets the requirements set forth in Articles 59 through 63 of the Criminal Code, he is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL SUSPENSION OF SENTENCE (BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA) for a period of THREE YEARS, commencing on the date this judgment becomes final. If, during the aforementioned probationary period, he commits an intentional offense punishable by imprisonment for more than six months, the benefit granted herein shall be revoked and he shall serve the imposed prison sentence in the appropriate correctional facility. SECOND: The civil claim for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Office of the Attorney General of the Republic against civil defendant [Nombre 001] is granted, and he shall pay the civil claimant the following amounts: for environmental damage (daño ambiental), seven hundred eighty-one thousand one hundred fifteen colones and five céntimos (781.115,5, equivalent in colones to the 1420.21 dollars established in the expert appraisal, converted at the Banco Central de Costa Rica exchange rate as of today).
He is additionally ordered to pay both categories of costs arising from this action, with attorney’s fees and procedural costs relating to the civil claim set at one hundred fifty-six thousand two hundred twenty-three colones and ten céntimos (156.223,10), and those relating to the private criminal complaint (querella) set at one hundred twenty-one thousand colones (121.000), as prescribed in Article 44 of the cited fee schedule. The unsuccessful party is likewise ordered to pay statutory interest on those sums from the date the judgment becomes final until payment in full, at the interest rate established by the Banco Central de Costa Rica. The civil defendant shall pay those amounts by simple order of the Court within fifteen business days after this judgment becomes final; otherwise, the interested party shall resort to the appropriate legal proceeding. Once the judgment becomes final, it shall be entered in the Judicial Registry. Because this judgment was delivered orally, the parties are hereby deemed notified.» (the transcription is verbatim).
III.After the corresponding deliberation was conducted in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.
Drafted by Judge Garay Boza; and
CONSIDERANDO:
I.Admissibility and jurisdiction. Attorney Manuel Antonio Toledo Mendoza, public defender for [Nombre 001], filed an appeal against the judgment rendered in these proceedings, and this Court has jurisdiction to hear that challenge under the principle of objective exhaustiveness (taxatividad objetiva). Likewise, because the challenged judgment was delivered orally on 03 de julio de 2023, the deadline for challenging it expired on día 25 del mismo mes y de dicho año, the date on which the application addressed by this judicial ruling was filed; it was therefore submitted within the procedurally prescribed period. The appeal was also filed by counsel for the accused, who had standing to do so under the principle of subjective exhaustiveness (taxatividad subjetiva). Accordingly, pursuant to constitutional Articles 39 and 41, Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights, and Article 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the challenge filed by counsel for the accused is admitted.
II.In the sole ground of appeal (motivo de apelación), the appellant alleges a violation of the in dubio pro reo principle. Based on the facts found proven in the trial judgment— which he transcribed—he asserts that they were not duly established, because the expert witness (perito)—as characterized by the petitioner—Guillermo Zúñiga Reyes, stated that a leatherback turtle nest contains from 80 to 90 eggs, a point that, he claims, the a quo failed to assess, finding instead that the accused destroyed the corresponding nesting site by removing 174 eggs of that species. However, he asserted that this was impossible, since “…no turtle can lay 174 eggs in one nest; in addition to the foregoing, the witness Juan Carlos Cubillo Madrigal, Coast Guard officer, stated (sic) ‘…that a leatherback turtle nest produces from 90 to 100 egg…’ (sic), thereby confirming what the expert witness stated; he was even asked (sic) whether he had collected more (sic) eggs from any other nest, and he said no, leaving reasonable doubt…” (the transcript is identical).
He criticizes the finding that environmental harm (daño ambiental) had been proven, even though, according to the aforementioned “expert witness,” there was no possibility that the eggs, once “reburied,” would complete their embryonic development; even if they had been relocated on the same beach where the eggs were laid, hatching in that area would have been rare, based on his experience. To this the appellant adds that a study was presented according to which eggs relocated to protected hatchery areas have an 86% probability of hatching, which the trial court failed to consider. He states that the evidence did not establish that any tool or suitable means for destroying turtle nests was seized from the defendant, the only aspect analyzed by the sentencing court, and that the challenged reasoning does not show that any credence was given to the defendant’s testimony, which denied his participation in the incident at issue.
He specifies, as grounds for grievance, that the errors in the assessment of evidence resulted in his client’s conviction without the degree of certainty required for that purpose, even though the evidence absolved him of responsibility. He requests that the ground of appeal be granted and, consequently, that the challenged judgment and the preceding trial be vacated, with the latter to be held again before a differently constituted court. Within the statutory period, neither the prosecution nor the Procuraduría General de la República submitted a response regarding the appeal decided in this judgment. The ground is denied. Having reviewed the content of the challenged judgment and analyzed it in light of the appellate arguments, this appellate chamber finds that those arguments merely express the appellant’s disagreement with the trial court’s decision, without any error in the reasoning provided by that court or any failure to state reasons concerning the matters raised.
To explain this conclusion more clearly, it is appropriate to summarize the points analyzed in the challenged judgment regarding the assessment of the evidence. Thus, the trial judge assessed the following: i) that much of Carlos’s testimony—referring to Juan Carlos Cubillo Madrigal, an officer of the Servicio Nacional de Guardacostas—was confirmed by the accused’s statement, in the sense that one night, while patrolling the beach at Matina, from approximately 15 m away and using night-vision equipment, he observed the defendant beside a turtle in the early-morning hours and that, once he and his fellow officers identified themselves, the defendant attempted to run but was “detained”; the judge reiterated that these matters were also established by the defendant’s own statement; ii) that, according to the accused’s testimony at trial, he was not engaging in the acts described by the witness Carlos, who stated that the defendant was lying on the sand with his arms inside the turtle’s nest, while the defendant admitted that, at some point during the events, he crouched down, but did so out of curiosity, leading the judge to conclude that the overall sequence described by Carlos ultimately coincided with that recounted by the accused; iii) the judge summarized the defendant’s own defense (defensa material), insofar as he described circumstances that should exempt him from criminal liability and explained that, on that night, he was watching a house near the area; that, upon hearing noises, he thought someone was approaching to harm him, so he went outside and saw that there was nothing there, but when the dogs barked toward the beach, he headed in that direction and saw a person with the turtle who was removing its eggs; that he had a brief conversation with that person, who became frightened and fled, while the accused remained there out of curiosity; that he waited for the other individual so he could identify him and thereby determine whether he wanted the eggs or intended to damage the property the accused was watching, but the individual did not return, which heightened the accused’s curiosity, so he crouched down to see whether the turtle was laying eggs.
The trial court did not find this version by the accused credible and stated that there were two scenarios: on the one hand, the one described by the Coast Guard officer, according to which the officer was patrolling the beach, bore no animosity toward the defendant, and observed him virtually in the act of removing eggs from the nest; and, on the other hand, the sequence narrated by the accused, according to which he happened to be there but was not removing the eggs, which was not credible because the court considered it contrary to logic that he would be beside the turtle in the early-morning hours, while it was laying eggs, with a sack containing eggs from that animal nearby, but that he had not removed them; iv) that the documentary evidence corroborated Carlos’s testimony: the police report recorded the same interaction, and his version had not changed despite the passage of four years with respect to the seizure and the sack, including the number of eggs it contained, so the judge considered that the events should be deemed proven; v) that, as the defense argued, the second fact alleged in the accusation—which stated that the 174 seized eggs had been removed from a single nest—could not have occurred in those terms, with the a quo finding that this could not be true, just as the biologist whose testimony was received at trial had stated, because he testified that each turtle could lay no more than 90 or 100 eggs, and therefore more nests had probably been “looted.” Nevertheless, the judge took into account that the accused was charged with having, on a particular day in the early-morning hours on the beach at Matina, a sack containing turtle eggs in his possession while he was beside a turtle nest with his hands inside it, and that this was what had been proven, making the number of eggs irrelevant.
In any event, however, the facts alleged in the complaint (querella) were used, since they did not state that those 174 eggs came from a single nest, but rather that the accused was caught handling the nest and also had beside him the sack containing that number of eggs, and this was what was established; vi) that Carlos’s testimony provided many details, such as that he was able to observe the silhouette of the person and that of the turtle from 15 m away using night-vision equipment; that the person was crouched behind the turtle, kneeling and extending his arms downward, a description the a quo inferred to depict the removal of eggs from the nest; vii) that the defendant’s version contained a contradiction, namely that, although the officer stated that it was a dark area, that there was no natural light at that hour and no artificial lighting apart from the lights from the houses, and that night-vision equipment was required to see the person’s silhouette—indeed, the officers involved passed the device among themselves to determine how to proceed at that time—the accused claimed that he saw an individual at that early-morning hour, even though the Coast Guard officer needed the aforementioned device to see from a distance of 15 m, and thus that aspect of the defendant’s own theory was not credible; viii) that the eggs in question were transported to certify the species to which they belonged and were then taken to another location to be buried, a circumstance unrelated to the offense, which was completed upon the accused’s “detention,” because the transportation of those items constituted a governmental attempt to minimize the harm caused by the defendant’s handling of them, precisely as the biologist indicated, in the sense that human intervention in the process—touching the eggs with one’s hands—causes damage because it exposes the eggs to harmful germs and bacteria; thus, the harm had occurred and would have been mitigated had the eggs been buried immediately, since doing so would have increased the likelihood of hatching.
However, because the procedure required by the prosecution called for certification, transportation would have been necessary, and this would be a particular circumstance that could affect the eventual valuation of the environmental harm, but it does not affect proof of the facts alleged against the defendant. This concludes the summary of the trial court’s decision. (audiovisual file 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, beginning at minute 09:18:00). The foregoing summary shows, first, that it is not true that the trial judge failed to address the relationship between the possible number of eggs that a leatherback turtle can lay in a single nesting event—from 90 to 100—and the total number seized—174. On the contrary, that issue was indeed addressed in the challenged judgment, and there was no error in the corresponding reasoning, insofar as the reasons given by the sentencing judge form part of the rules of experience (reglas de la experiencia) and, in turn, respect the principle of congruence between the accusation—the complaint—and the judgment (principio de correlación entre acusación —querella— y sentencia).
With respect to the former, it is indeed a matter of—scientific—experience that turtles of that species cannot lay more than 100 eggs in a single nesting event—as supported in the appealed judgment by the testimony of the marine biologist, Guillermo Zúñiga Reyes—and therefore the reasoning concerning that point is correct: the logical consequence is that 174 leatherback turtle eggs could not have been removed from a single nest. As for the latter, it is evident that, just as explained in the trial judgment, the material allegation made against the accused in the complaint filed by the Procuraduría General de la República was, verbatim, as follows: “…At approximately 2:30 hours on 30 de abril del 2019, in Matina, Limón, specifically in the beach sector located 2.5 kilometers north of the mouth of the río Matina, the officers of the Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad, Luis Fabián Rivas Mora, Juan Carlos Cubillo Madrigal and José Sandí Méndez, caught the defendant [Nombre 001] in flagrante delicto destroying the nest of a leatherback sea turtle (Dermochelys coriácea) while it was laying eggs. To that end, the accused was lying on the sand and using his hands to remove the eggs from the nest in question and place them in a sack-type bag…” (the transcription is verbatim).
Such aspects, as may be inferred from the review set forth above, were established from the evidence (probanzas), with no dispute concerning the circumstances of time and place. Moreover, it is essential to resolving the issue under analysis that the court’s assessment of the quantity of seized eggs was not only properly developed but also concerned a matter that ultimately did not infringe the right of defense in relation to the original charge, since the private criminal complaint (querella) filed against the accused referred only to the removal of the eggs in question, without their quantity forming part of the charge. The second ground of appeal concerns environmental damage (daño ambiental), specifically the claim that it was not established by the evidence, particularly by the statements made at trial by Guillermo Zúñiga Reyes, a marine biologist. However, this matter was duly established and analyzed by the trial court, as shown in numbered point viii) above, insofar as, precisely on the basis of that testimony, it reasoned that the mere intervention of a human being in embryonic development—once the eggs have been laid—exposes it to harm related to germs and bacteria that affect hatching.
Furthermore—that is, in further support—considering the judgment as a unified and integral whole, when addressing the damage connected with the civil claim for compensation (acción civil resarcitoria), the judge reasoned that such damage existed because it affected the turtle’s reproductive capacity and the eggs it had laid. The judge likewise found that there should have been no intervention in that process, yet the defendant removed the eggs it had deposited, endangering the survival of that species and, referring to the marine biologist’s account, stated that the environment was affected in a variety of ways, including tourism and scenic beauty (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 32:00:00). This appellate court confirms that these matters were indeed established by the evidence: marine biologist Guillermo Zúñiga Reyes stated that the removal of leatherback turtle eggs entailed problems such as the following: i) as the jellyfish population increases because of the decline in turtles, the fish population decreases, affecting the livelihoods of people who depend on fishing; ii) the tourism-related economy is also harmed because fewer turtles likewise mean fewer tourists; and iii) scientific interests and scenic beauty are harmed (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»).
Upon analyzing these points and comparing them with the challenged reasoning, this appellate adjudicatory body confirms that the trial judge’s inferences did derive from the statements of the marine biologist who testified at trial and who, in his capacity as an expert witness (testigo experto)—not an expert appointed for evidentiary purposes (perito), since he was not offered in that capacity—addressed matters directly related to environmental damage. Regarding the likelihood that the replanted eggs would hatch, the witness stated that, in his experience, there was none. The trial judge did indeed find that this likelihood had been reduced because of the handling and transportation of the eggs following the intervention involving the accused. Despite that difference, however, there is no prejudice because, as the appellant indicates, the marine biologist in question maintained that the seized eggs would not hatch, which demonstrates the corresponding harm to them.
Likewise, although the appellant mentions in his appellate arguments a study according to which eggs relocated to protected hatchery areas have an 86% probability of hatching—without specifying the source to which he refers—the record indicates that he relied on the account given by the marine biologist during the trial. The appellant misread that testimony, however, because what the witness stated was that there was a project associated with Tortuga de Mawamba in which the hatching rate was around 80% and that, in his view, 86% would be incredible (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»). Those figures, however, were unrelated to the matter before the court and thus did not constitute information requiring discussion in the challenged judgment, which must address what is relevant to the thema probandum.
In other words, if that reference were hypothetically removed, the remainder of the judgment would be unaffected. Lastly, the appellant contends that the court failed to consider that no suitable means for destroying turtle nests was seized from the accused and that no weight was given to the accused’s statement denying his participation. Once again, however, this amounts merely to disagreement by defense counsel, as is shown in numbered points iii) and vii) set forth above. Thus, the appealed judgment did assess the defendant’s own account (defensa material), rejecting it on the basis of the rules of sound judicial reasoning (sana crítica) and cross-evidentiary inferences (inferencias interprobatorias)—such as the testimony of Juan Carlos Cubillo Madrigal and the untenability of the accused’s account in light of the rules of experience, particularly the impossibility, under those circumstances and without special equipment, of seeing from a distance of 15 m or more.
This fundamentally ruled out the beginning of the sequence of events described by the defendant, namely that, out of curiosity, he went to see a person who was present at the place and time of his apprehension, thereby explaining why he remained at that location. Moreover, it was unnecessary to examine in greater depth the fact that the defendant was apprehended without any suitable means for destroying the nest in which the turtle was laying its eggs, because the prosecution’s theory (hipótesis imputativa) alleged that the destruction occurred through the act of removing the eggs, which was duly established by the evidence, as reviewed above. In view of the foregoing, the appeal is denied.
WHEREFORE:
The appeal filed by attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender for the accused, is denied. NOTICE SHALL BE GIVEN.
Norberto E. Garay Boza Rosaura Chinchilla Calderón Cinthya Ramírez Angulo Criminal sentence appellate judge and judges Accused: [Name 001] Injured Party: La Vida Silvestre Offense: Destruction of Nests of Endangered Wildlife JMORALESGO 1
Resolución: 2023-1311 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas cincuenta minutos, del seis de octubre de dos mil veintitrés.
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Puntarenas el 22 de agosto de 1970, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], soltero, de oficios agrícolas, vecino de Limón, Playa Matina; por el delito de DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión el juez Norberto E. Garay Boza y las juezas, Rosaura Chinchilla Calderón y Cinthya Ramírez Angulo. Se apersonó en esta sede el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza defensor público del imputado y,
RESULTANDO:
I.Que mediante sentencia número 649-2023, de las ocho horas diez minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: «POR TANTO: De conformidad con todo lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 11, 12, 18, 30, del Código Penal, artículo 93 inciso a) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículos 122 al 138 del Código Penal de 1941 sobre las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, artículos 1, a 6, 11, 12, 13, 18 inciso c), 37 al 41, 70, 71, 75 a 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 al 124, 142, 143, 180 al 184, 265 a 270, 308 y 360 a 366 del Código Procesal Penal, Decreto Ejecutivo número 41457-JP vigente (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), artículos 632, 704 y 1045 del Código Civil, se resuelve: PRIMERO: se declara a [Nombre 001] autor responsable de un delito de Destrucción de Nidos de fauna silvestre en peligro de extinción, en perjuicio de La Vida Silvestre, imponiéndosele en tal carácter el tanto de UN AÑO DE PRISIÓN, pena que deber· descontar en el lugar y forma que determinen las normas y reglamentos de Adaptación Social, previo abono de a preventiva sufrida.
Por reunir el condenado los requisitos mencionados en los artículos 59 al 63 del Código Penal, se le concede el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por un plazo de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que el presente fallo adquiera firmeza. En caso de que durante el período de prueba ya indicado, cometiera un delito doloso sancionado con pena de prisión mayor a seis meses, se le revocar· el beneficio aquí concedido y deber· cumplir la pena de prisión impuesta en el centro carcelario respectivo. SEGUNDO: Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, interpuesta por la procuraduría general de la república, en contra del demandado civil [Nombre 001], quien deber· pagar al actor civil los siguientes montos: por concepto de daño ambiental setecientos ochenta y un mil ciento quince colones con cinco céntimos (781.115,5, equivalente en colones de los 1420.21 dólares establecido en el peritaje, cambio efectuado al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica el día de hoy).
Adicionalmente se le condena al pago de ambas costas de esta acción, fijándose las personales y procesales, en cuanto a la acción civil en la suma de ciento cincuenta y seis mil doscientos veinte y tres colones con diez céntimos (156.223,10) y en cuanto a la querella en la suma de ciento veintiún mil colones (121.000), así regulado en el artículo 44 del arancel citado. Asimismo, se condena a la parte vencida al pago de los intereses de ley sobre dichas sumas a partir de la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago, fijándose la tasa de interés en la establecida por el Banco Central de Costa Rica. Dichos rubros deberán ser cancelados por el demandado civil por simple orden del Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de este fallo, caso contrario la parte interesada deber· acudir a la vía legal que corresponda. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial. Al haberse dictado la presente sentencia de manera oral, quedan las partes notificadas en el acto.» (la transcripción es literal).
II.Que, contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza, defensor público del imputado, interpuso recurso de apelación.
III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
Redacta el juez Garay Boza; y,
CONSIDERANDO:
I.Admisibilidad y competencia. El licenciado Manuel Antonio Toledo Mendoza, defensor público de [Nombre 001], interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, admitiendo tal impugnación su conocimiento ante esta sede (taxatividad objetiva). Asimismo, dado que el fallo recurrido se emitió de forma oral el 03 de julio de 2023, el plazo para impugnarlo venció el día 25 del mismo mes y de dicho año, data en la que se presentó la gestión objeto de este pronunciamiento jurisdiccional, por lo que se interpuso en el momento procesalmente oportuno. Igualmente, la apelación fue planteada por la defensa técnica del sindicado, ostentando aquella la legitimación para tal proceder (taxatividad subjetiva). En virtud de lo anterior, numerales 39 y 41 constitucionales, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se admite la impugnación gestionada por el patrocinio letrado del encartado.
II.En el único motivo de apelación, el recurrente reclama la violación al principio in dubio pro reo. A partir de los hechos tenidos por probados en el fallo de instancia —los cuales transcribió—, asegura que estos no fueron debidamente acreditados, pues el perito —así calificado por el gestionante—, Guillermo Zúñiga Reyes, indicó que un nido de tortuga baula tiene de 80 a 90 huevos, extremo que, afirma, el a quo no valoró, estimando, en su lugar, que el sindicado destruyó el nido de desove correspondiente al extraer 174 huevos de tal especie, sin embargo, aseveró que ello era imposible, ya que «…ninguna tortuga puede depositar la cantidad de 174 huevos en un nido, aunado a lo anterior el testigo Juan Carlos Cubillo Madrigal Guardacosta indico (sic) “…que un nido de tortuga Baula produce de 90 a 100 huevo…” (sic) reafirmando lo indicado por el perito, incluso se le pregunto (sic) si había recolectado mas (sic) huevos de algún otro nido indicando que no, dejando una duda razonable…» (el trasunto es idéntico).
Fustiga que se tuvo por demostrado el daño ambiental, ello pese a que, acorde con lo dicho por el «perito» referido de previo, no había posibilidad de que los huevos, una vez «resembrados», culminaran el desarrollo embrionario, incluso, si hubiesen sido reubicados en la misma playa donde se dio el desove, habría sido rara una salida del cascarón en esa zona, ello sobre la base de su experiencia, extremo al que el recurrente aúna que se tuvo un estudio, según el cual, los huevos reasentados en zonas de protección de vivero tienen un 86% de probabilidades de eclosión, lo que no fue ponderado por el órgano jurisdiccional de mérito. Señala que de las probanzas no se acreditó que al encartado se le decomisara herramienta o medio idóneo para destruir nidos de tortuga, único aspecto que analizó el tribunal sentenciador, no apreciándose en la fundamentación cuestionada que se concediera crédito a la declaración del justiciable, la cual descartaba su participación en el evento de marras.
Precisa, como agravio, que los errores en la valoración probatoria conllevaron que se condenara a su patrocinado sin la certeza requerida para tal efecto, ello pese a que las probanzas lo eximían de responsabilidad. Solicita que se acoja el motivo de apelación y, por ende, se anule el fallo recurrido y el debate precedente, último que deberá realizarse nuevamente, pero con una integración jurisdiccional distinta. Dentro del plazo de ley, ni la fiscalía, ni la Procuraduría General de la República se pronunciaron respecto del recurso objeto de esta sentencia. El motivo se declara sin lugar. Una vez que esta cámara de alzada se ha impuesto del contenido del fallo recurrido y le ha analizado a la luz de los argumentos recursivos, considera que lo desarrollado en estos últimos responde a una mera inconformidad del apelante con lo decidido por el tribunal de mérito, sin que exista yerro en la fundamentación efectuada por este, ni tampoco falta de motivación de los aspectos aludidos.
Para una mejor exposición de tal inferencia, conviene reseñar los puntos analizados en la sentencia impugnada en torno a la valoración de las probanzas. Así, el juez de instancia valoró lo siguiente: i) que gran parte del testimonio de Carlos —en alusión a Juan Carlos Cubillo Madrigal, oficial del Servicio Nacional de Guardacostas— fue confirmado por la declaración del sindicado, en el sentido de que una noche, en patrullaje en la playa de Matina, a unos 15 m, con el uso de un visor nocturno, observó al endilgado al lado de una tortuga y en horas de la madrugada, el cual, una vez que él y sus compañeros se identificaron, intentó correr, pero fue «detenido»; reiteró el juez que se trató de extremos acreditados, también, por el justiciable; ii) que, acorde con el dicho en juicio del sindicado, él no realizaba los actos aludidos por el testigo Carlos, último que refirió que el encartado estaba acostado sobre la arena, con los brazos dentro del nido de la tortuga, mientras que el imputado admitió que, en algún momento de la dinámica, se agachó, pero que lo hizo por curiosidad, concluyendo el juzgador que, finalmente, la dinámica general descrita por Carlos coincide con la relatada por el acusado; iii) reseñó la versión de la defensa material, en tanto esta relató unas circunstancias que le deberían eximir de responsabilidad penal y detalló que aquella noche cuidaba una casa cerca de la zona; que, ante unos ruidos que escuchó, pensó que alguien se acercaba a hacerle daño, por lo que salió y se percató que no había nada, pero, ante los ladridos de los perros hacia la playa, se dirigió en esa dirección y vio a una persona con la tortuga la cual extraía sus huevos; mantuvo una breve conversación con ese sujeto y que este se asustó y huyó, quedándose el sindicado ahí por curiosidad, esperó al otro individuo para identificarlo y así determinar si lo que quería eran los huevos o hacerle algún daño a la propiedad que cuidaba, pero no regresó, lo que incrementó su curiosidad, por lo que se agachó para ver si la tortuga desovaba.
Esa versión del acusado que no mereció la credibilidad del tribunal de instancia, el cual refirió tener dos escenarios: por un lado, el descrito por el oficial guardacostas, acorde con el que este policía realizaba un recorrido en la playa, sin ninguna enemistad contra el endilgado, observándolo, prácticamente, mientras extraía huevos del nido, y, por otro, la dinámica narrada por el imputado, según la cual estaba por ahí, pero no extraía los huevos, lo que no resulta creíble, pues estima contrario a la lógica que él esté al lado de la tortuga, en horas de la madrugada, que ella estuviera desovando, que cerca hubiese un saco con huevos de dicho animal, pero que él no los extrajera; iv) que la prueba documental reforzó el testimonio de Carlos: así, en el informe policial se consignó la misma interacción, su versión no ha cambiado, pese a haber pasado cuatro años, en cuanto al decomiso y al saco, describiendo la cantidad de huevos ahí contenidos, por lo que el juzgador consideró que se debió tener por acreditado lo ocurrido; v) que, como lo alegó la defensa, el hecho segundo de la acusación —que establecía que los 174 huevos decomisados fueron extraídos de un solo nido— no podía haberse dado en esos términos, considerando el a quo que ello no podía ser cierto, tal cual lo había declarado el biólogo cuyo testimonio se recibió en juicio, quien afirmó que, a lo sumo, cada tortuga podría desovar 90 o 100 huevos, por lo que, probablemente, fueron más nidos los que «fueron saqueados».
Sin embargo, el juzgador tomó en cuenta que al sindicado se le atribuyó que, en la playa de Matina, un día concreto, en horas de la madrugada, tenía consigo un saco con huevos de tortuga y estaba al lado de un nido de tortuga metiendo sus manos dentro de él y eso fue lo que se demostró, por lo que resultaba irrelevante la cantidad de huevos. Empero, en todo caso, se utilizaron los hechos de la querella, ya que en ellos no se dice que esos 174 huevos fueran de un solo nido, sino que se sorprendió al sindicado manipulándolo y que, además, tenía a su lado ese saco con esa cantidad de huevos, y eso fue lo acreditado; vi) que el testimonio de Carlos brindó muchos detalles, tales como que él pudo observar la silueta de la persona y la de la tortuga, ello a 15 m y con un visor nocturno, que el sujeto estaba agachado detrás de la tortuga, en posición de rodillas, extendiendo los brazos hacia abajo, descripción que el a quo infirió como la de extracción de huevos del nido; vii) que en la versión del endilgado había una contradicción, sea que, pese a que el oficial indicó que se trata de una zona oscura, que a esa hora no había luz natural, sin iluminación artificial, más allá de las luces de las casas y que se requirió de un visor nocturno para ver la silueta de la persona y que, incluso, se pasaron ese dispositivo entre los agentes actuantes para determinar cómo proceder en ese momento, el imputado aseguró que, a esa hora de la madrugada, observó a un sujeto, pese a que el oficial guardacostas ocupó el dispositivo recién indicado para ver a una distancia de 15 m, por lo que no resulta creíble tal extremo de la hipótesis de la defensa material; viii) que los huevos en cuestión fueron trasladados para certificar la especie a la que pertenecían y, luego, fueron llevados a otro sitio para sembrarlos, circunstancia que no atañe al delito, último que finalizó con la «detención» del imputado, pues el transporte de tales elementos constituye un intento gubernamental para minimizar el daño causado con la manipulación realizada por el justiciable, justo como lo indicó el biólogo, en el sentido de que el hecho de que un ser humano intervenga en el proceso —les toque con sus manos— conlleva que el detrimento exista, pues expone a los huevos a gérmenes y bacterias que les afectan, de ahí que el daño se generó, el que se mitigaría si estos se hubieran sembrado inmediatamente pues aumentaría la posibilidad de eclosión, pero, por el trámite exigido por la fiscalía, se requería una certificación, lo que implicó el traslado habría y ello sería una particularidad que podría incidir en el eventual valor del daño ambiental, pero que no repercute en la demostración de los hechos atribuidos en contra del endilgado.
Hasta aquí un resumen de la decisión de instancia. (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 09:18:00). De la reseña recién efectuada se aprecia, en primer lugar, que no es cierto que el juzgador de instancia omitiera pronunciarse respecto de la relación entre la cantidad posible de huevos que una tortuga baula puede depositar en un desove —de 90 a 100— y el total decomisado —174—, antes bien, se constata que ese sí fue un punto abordado en el fallo recurrido y, además, no existió yerro en la motivación correspondiente, en el tanto las razones dadas por el juez sentenciador forman parte de las reglas de la experiencia y, a su vez, respetan el principio de correlación entre acusación —querella— y sentencia, así, respecto de las unas, efectivamente forma parte de la experiencia —científica— que las tortugas de tal especie no pueden depositar más de 100 huevos en un desove —como se sustentó en el fallo apelado a partir del dicho del biólogo marino, Guillermo Zúñiga Reyes—, por lo que el razonamiento dado en relación con ese punto es correcto, sea que la consecuencia lógica es que 174 huevos de tortuga baula no podrían haber sido extraídos de un solo nido y, en cuanto a la otra, se constata que, tal cual se motivó en el fallo de instancia, en la querella planteada por la Procuraduría General de la República lo atribuido al sindicado, de relevancia, de manera textual fue lo siguiente: «…Aproximadamente a las 2:30 horas del 30 de abril del 2019, en Matina, Limón, específicamente en el sector de la playa ubicado 2.5 kilómetros al norte de la desembocadura del río Matina; los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad, Luis Fabián Rivas Mora, Juan Carlos Cubillo Madrigal y José Sandí Méndez, sorprendieron infraganti al encartado [Nombre 001] destruyendo un nido de una tortuga marina Baula (Dermochelys coriácea) en proceso de desove.
A ese efecto, el imputado se encontraba recostado en la arena y con el uso de sus manos extraía los huevos del nido en cuestión colocándolos en una bolsa tipo saco…» (la transcripción es literal). Tales aspectos, como se infiere de la reseña realizada supra, fueron derivados de las probanzas, sin que haya habido controversia en relación con las circunstancias de tiempo y lugar, pero, además, resulta esencial para la resolución del extremo bajo análisis que la ponderación jurisdiccional en torno a la cantidad de los huevos decomisados no solo fue debidamente desarrollada, sino que, igualmente, se trató de un aspecto que, a la postre, no vulneró el derecho de defensa relacionado con la imputación primigenia, ya que la querella planteada contra el encartado únicamente hizo alusión a la extracción de los huevos de marras, sin que el monto de los mismos fuera objeto de la imputación. El segundo argumento recursivo se relaciona con el tema del daño ambiental, en concreto que, según se reclama, este no derivó de las probanzas, en particular de lo dicho en juicio por Guillermo Zúñiga Reyes, biólogo marino, sin embargo, tal extremo fue debidamente derivado y analizado por el tribunal de mérito, tal cual se aprecia en el punto numerado viii) supra, en el tanto, precisamente a partir de tal testimonio, se razonó que la mera intervención de un ser humano en el desarrollo embrionario —una vez realizado el desove— expone a este a un daño, ello relacionado con gérmenes y bacterias que afectan la eclosión, pero, además —es decir, a mayor abundamiento—, partiendo de la unidad e integralidad de la sentencia, en la misma, al aludir al daño relacionado con la acción civil resarcitoria, el juzgador razonó la existencia de tal daño, impactando la posibilidad de reproducción de la tortuga y de los huevos que ella desovó.
Valoró, igualmente, que no se debió intervenir en ese proceso, pese a lo cual el imputado extrajo los huevos que ella depositó, poniendo en peligro la subsistencia de esa especie y, en alusión a lo narrado por el biólogo marino, refirió que se afectó al medioambiente con variedad de repercusiones, entre ellas el aspecto turístico y la belleza escénica (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 32:00:00). Constata esta cámara de alzada que tales extremos efectivamente derivaron de las probanzas: así, el biólogo Guillermo Zúñiga Reyes afirmó que la extracción de la tortuga baula conllevaba problemas, tales como los siguientes: i) al aumentar la población de medusas ante la disminución de tortugas, disminuye la de los peces, afectando la subsistencia de las personas que dependen de su pesca; ii) también se perjudica la economía asociada al turismo, pues al haber menor cantidad de tortugas, igualmente habrá menos turistas y iii) se ocasiona un perjuicio científico y de belleza escénica (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»).
Al analizar tales puntos y compararlos con la fundamentación controvertida, confirma este órgano judicante de alzada que las inferencias del juez de instancia sí derivaron del dicho del biólogo marino recibido en juicio, quien, en su calidad de testigo experto —no perito, pues su ofrecimiento no se hizo en tal calidad—, aludió a extremos relacionados directamente con el daño ambiental. En relación con la probabilidad de eclosión de los huevos sembrados, tal declarante indicó que, desde su experiencia, no la había. Ahora bien, efectivamente el juez de mérito consideró que primaba una reducción de tal posibilidad debido al manejo y traslado que se les dio luego de la intervención realizada sobre el sindicado, sin embargo, pese a tal diferencia, no existe agravio, pues, tal cual lo indica el gestionante, el biólogo marino en cuestión sostuvo que los huevos decomisados no eclosionarían, lo que evidencia el daño correspondiente respecto de ellos.
Asimismo, si bien en sus alegatos recursivos el apelante menciona un estudio según el cual los huevos reubicados en zonas de protección de vivero tienen un 86% de probabilidades de eclosión —sin precisar a cuál fuente alude—, de los autos se infiere que se basó en el relato que el biólogo marino rindió durante el debate. Sin embargo, el impugnante efectuó una lectura errada, pues lo que tal testigo sostuvo fue que había un proyecto, relacionado con Tortuga de Mawamba, en el que la eclosión rondaba el 80% y que, para él, un 86% sería increíble (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»), pero eran datos que no tenían relación con el supuesto bajo conocimiento jurisdiccional, por lo que no se trataba de información que ameritara desarrollo en la sentencia cuestionada, ya que esta debe versar sobre aquello que sea pertinente para el thema probandum.
Es decir, suprimida hipotéticamente esa referencia, no se afecta el resto de la sentencia. Por último, reclama el recurrente que no se analizó que al encartado no se le decomisó medio idóneo para destruir nidos de tortuga, no concediéndose mérito a la declaración de este que descartaba su participación, pero se trata, nuevamente, de una mera disconformidad de la defensa técnica, pues tal cual consta en los puntos numerados iii) y vii) expuestos de previo. Entonces, en la sentencia apelada sí se valoró la versión de la defensa material, demeritándola sobre la base de las reglas de la sana crítica y de las inferencias interprobatorias —tales como el testimonio de Juan Carlos Cubillo Madrigal y la insostenibilidad de lo relatado por el acusado de cara a las reglas de la experiencia, en particular la imposibilidad de ver a una distancia igual o mayor de 15 m, en aquel contexto, sin equipo especial para ello, lo que descartaba medularmente el inicio de la dinámica referida por el imputado, en el sentido de que, por curiosidad, fue a ver a un sujeto que estaba en el lugar y hora de su aprehensión, explicando el porqué de su permanencia en aquel sitio—.
Aunado a lo anterior, no era necesario profundizar en que el justiciable fue aprehendido sin medio idóneo para destruir el nido en el que la tortuga desovaba, pues la hipótesis imputativa atribuyó la destrucción correspondiente mediante la acción de extraer los huevos, lo cual sí fue debidamente derivado de las probanzas, tal cual se reseñó supra. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza, defensor público del imputado. NOTIFÍQUESE.
Norberto E. Garay Boza Rosaura Chinchilla Calderón Cinthya Ramírez Angulo Juez y juezas de apelación de sentencia penal Imputado: [Nombre 001] Ofendido: La Vida Silvestre Delito: Destrucción de Nidos de Fauna Silvestre en peligro de extinción JMORALESGO 1
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