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Res. 02770-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 31/08/2023
OutcomeResultado
The Court vacated the entire preliminary hearing sua sponte, ordered it repeated with effective participation by all parties, and directed the judge to decide the counterclaim’s outstanding request for interim relief.El Tribunal anuló de oficio la audiencia preliminar completa, ordenó repetirla con participación efectiva de todas las partes y dispuso resolver la medida cautelar pendiente de la reconvención.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court vacated sua sponte the entire preliminary hearing held on May 25, 2022, in a lesividad action brought by Inder concerning title to a parcel, with the State and Sinac participating as interested third parties. It held that the case-management judge engaged in excessive formalism by drawing, without legal support, a distinction between an email address designated for service and one designated to receive the Microsoft Teams link. Although several parties had expressed their intention to appear virtually and supplied contact information, they were not sent the link. This prevented them from being heard, arguing their preliminary defenses, and supporting evidence relevant to both the complaint and the damages counterclaim. The denial of a defense was not cured by the parties’ failure to raise nullity later. Because the defect impaired access to justice, effective judicial protection, and the hearing’s essential purpose, the Court ordered the hearing repeated in full and directed the judge to decide the counterclaim’s outstanding request for interim relief.El Tribunal Contencioso Administrativo anuló de oficio, en su totalidad, la audiencia preliminar celebrada el 25 de mayo de 2022 en un proceso de lesividad promovido por el Inder sobre la titulación de una finca, con participación del Estado y el Sinac como terceros interesados. Determinó que el juez tramitador incurrió en formalismo excesivo al distinguir, sin fundamento jurídico, entre un correo señalado para notificaciones y uno destinado a recibir el enlace de Microsoft Teams. Aunque varias partes habían expresado su voluntad de comparecer virtualmente y suministrado datos de contacto, no recibieron el vínculo. Esto les impidió ser oídas, defender sus excepciones y justificar pruebas relevantes para la demanda y la reconvención indemnizatoria. La indefensión no quedó convalidada por la falta de una alegación posterior de nulidad. Como el vicio afectó el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el propósito mismo de la audiencia, el Tribunal ordenó repetirla íntegramente y resolver además la medida cautelar pendiente de la reconvención.
Key excerptExtracto clave
For this Chamber, the case-management judge’s position, as stated, runs counter to the Protocol’s aim of bringing justice closer to the parties and amounts to excessive formalism by requiring a specific formula of words to perform an essential legal act: communicating to a party the link needed to participate in the hearing at which the future of the proceeding was largely determined. The failure to provide the party with the link to join the hearing, despite its repeated requests, deprived it of the right to be heard at the hearing, to oppose the rulings made there, and to present new arguments under the rules governing preliminary hearings. The fact that none of the parties alleged nullity in their closing arguments or at another time neither relieves the Court of its obligation to examine the situation nor validates actions taken at a hearing where excessive and unjustified formalism curtailed several participants’ right of defense, grossly undermining access to justice and effective judicial protection. Given the gravity of what occurred at the third preliminary hearing in this matter, and because the defect could entail the nullity of the judgment this Court is called upon to issue, this Chamber has no alternative but to declare the hearing null and consequently return the case file to the judge who conducted it, so that it may be repeated in full, ensuring the participation of all parties, sending invitations to the email addresses they designate if they intend to attend virtually, and facilitating their connection if they fail to appear.Para esta Cámara, la tesis del Juez de Trámite, como se dijo, contraviene el espíritu de acercamiento de la justicia que persigue el Protocolo y peca de formalismo excesivo al requerir una fórmula de palabras específica para llevar a cabo un acto jurídico esencial, como es la comunicación a la parte del vínculo para poder participar en la audiencia en la que se definió en gran medida el futuro del proceso. El no comunicarle a la parte el vínculo para unirse a la audiencia pese a sus reiteradas gestiones le cercenó su derecho a ser oída en audiencia, a oponerse a lo resuelto en ella y a presentar nuevas alegaciones, en el marco de las reglas propias de la audiencia preliminar. El hecho de que ninguna de las partes haya alegado la nulidad en sus conclusiones o en otro momento, no enerva la obligación del Tribunal de analizar la situación, ni convalida las actuaciones realizadas en una audiencia donde por una cuestión de excesivo e injustificado formalismo se cercenó el derecho de defensa de varios de los intervinientes, atentando en forma grosera contra el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ante la gravedad de lo acontecido en la tercera audiencia preliminar de este asunto y tratándose de un vicio que pudiera conllevar a la nulidad de la sentencia que este Tribunal está llamado a emitir, no le queda más remedio a esta Cámara que decretar la nulidad de la misma, y por consiguiente ordenar la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su intención asistir en forma virtual y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia.
Pull quotesCitas destacadas
"Considera esta Cámara que la distinción que hace el Juez de Trámite entre medio de notificaciones y correo para recibir la invitación a la audiencia no tiene sustento jurídico, pues ni el Protocolo vigente ni la misma resolución que convocó a la audiencia hacen esa diferencia tan sutil entre un término y otro."
"This Chamber finds that the case-management judge’s distinction between an address for service and an email address for receiving the hearing invitation has no legal basis, because neither the applicable Protocol nor the order convening the hearing makes such a subtle distinction between those terms."
Considerando
"Considera esta Cámara que la distinción que hace el Juez de Trámite entre medio de notificaciones y correo para recibir la invitación a la audiencia no tiene sustento jurídico, pues ni el Protocolo vigente ni la misma resolución que convocó a la audiencia hacen esa diferencia tan sutil entre un término y otro."
Considerando
"El espíritu de estos requisitos, contenidos en el Protocolo, es facilitar la participación de las partes vía remota, originalmente en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, pero en la actualidad en virtud del ahorro y mejora en la prestación del servicio público de justicia que significa que las partes puedan participar en una diligencia judicial de trascendencia, sin necesidad de trasladarse al despacho."
"The purpose of these requirements, contained in the Protocol, is to facilitate the parties’ remote participation, originally because of the restrictions imposed by the COVID pandemic, but now because allowing parties to participate in a significant judicial proceeding without traveling to the courthouse saves resources and improves the public administration of justice."
Considerando
"El espíritu de estos requisitos, contenidos en el Protocolo, es facilitar la participación de las partes vía remota, originalmente en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, pero en la actualidad en virtud del ahorro y mejora en la prestación del servicio público de justicia que significa que las partes puedan participar en una diligencia judicial de trascendencia, sin necesidad de trasladarse al despacho."
Considerando
"En este sentido, no es posible subsanar esta actuación en tanto se impidió la participación de las partes en la integralidad de las actuaciones de la audiencia llevada a cabo."
"Accordingly, this irregularity cannot be cured because the parties were prevented from participating throughout the proceedings conducted at the hearing."
Considerando
"En este sentido, no es posible subsanar esta actuación en tanto se impidió la participación de las partes en la integralidad de las actuaciones de la audiencia llevada a cabo."
Considerando
"Proceda además el Juez de Trámite a resolver la medida cautelar contenida en el escrito de reconvención."
"The case-management judge shall also decide the request for interim relief contained in the counterclaim."
Por tanto
"Proceda además el Juez de Trámite a resolver la medida cautelar contenida en el escrito de reconvención."
Por tanto
Full documentDocumento completo
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PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF:
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEFENDANT:
JOSE NARVAEZ NARVAEZ Nº N° 2023002770 ADMINISTRATIVE AND CIVIL COURT OF THE TREASURY, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours and nine minutes on thirty-one August two thousand twenty-three.- Ordinary proceeding seeking a declaration that an administrative act is harmful to the public interest (proceso de conocimiento —lesividad—), brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter Inder), represented by Mr. Rodrigo Cervantes Barrantes, identity card number 1-0667-0358, in his capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) (img. 35 of the main folder), against Mr. JOSÉ NARVÁEZ NARVÁEZ, identity card number 8-0046-0467, and LOS HUMILDES DE UPALA S.A., corporate identification number 3-101-678501, represented by its president, who holds a general power of attorney without monetary limitation (apoderado generalísimo sin límite de suma), José Narváez Narváez, identity card number 8-0046-0467 (img. 424 of the main folder).
The ESTADO participates as an interested third party (tercero interesado), represented by Heilyn Guisselle Sáenz Calderón, identity card number 7-0121-0163, in her capacity as counsel for the State appearing in the proceeding (procuradora apersonada al proceso) (img. 493 of the main folder), as does the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (Sinac), represented by Mary Paz Monge Jara, identity card number 2-0717-0872, in her capacity as special judicial attorney-in-fact (img. 475 of the main folder). Mirna Espinoza Pereira, identity card number 2-0637-0886, participates as special judicial attorney-in-fact for the defendants (img. 455 of the main folder).
WHEREAS
PRELIMINARY MATTERS.- The following forms part of the procedural history (íter procesal):
By complaint filed on 26 November 2013, Inder’s representative instituted this proceeding seeking a declaration that an administrative act is harmful to the public interest, requesting: “1. That this complaint be deemed filed. / 2. That, because it is harmful to the public interest, the resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario in Article 43 of session 016-04, dated 3 May 2004, be annulled solely insofar as it concerns the titling of property registered in the Province of Alajuela under Real Property Folio number 403065-000 in favor of Mr. JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic), corresponding to Cadastral Plan A-0690214-2001. / 3. By reason of relatedness (conexidad), that public deed number deed number (sic) 130-79, executed before Notary Huberth Rojas Araya and appearing on the front of folio 094 of volume 79 of that Notary’s protocol, issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled solely insofar as it concerns the titling of the property (sic) registered in the Province of Alajuela under Real Property Folio number 403065-000 in favor of Mr.
JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic), corresponding to Cadastral Plan A-0690214-2001. / 4. By reason of relatedness, that the registration entry for the property registered under the Real Property Folio system in the Province of Limón (sic), Real Property Folio number 403065-000, issued by the Registro Nacional, be annulled. / 5. By reason of relatedness, that any registration arising from the registration (sic) of the real property registered (sic) with the Registro Nacional, Province of Alajuela, Real Property Folio registration number 403065-000, be annulled. / 6. That the defendant be ordered to pay both categories of costs in this proceeding.” In addition, as a precautionary measure (medida cautelar), Inder requested that notice of the complaint be recorded and that the property be frozen (img. 114-131 of the main folder).
In an order issued at 15:29 hours on 26 November 2013, the duty Processing Judge provisionally granted the request for a precautionary measure in part, ordering that notice of this complaint be entered in the margin of the record for the property registered in the Province of Alajuela under registration number 403065-000, title to which was registered at that time in the name of co-defendant José Narváez Narváez (img. 132-133 of the main folder). This order was challenged by defendant Narváez Narváez in a filing dated 24 February 2014 (img. 140 of the main folder). The motion for reconsideration (recurso de revocatoria) was denied by the Processing Judge in an order issued at 11:01 hours on 28 August 2014 (img. 162-163 of the main folder). The appeal was summarily dismissed by the Court of Appeals in decision number 547-2014, issued at 15:35 hours on 13 November 2014 (img. 176-179 of the main folder).
The complaint was answered by the first attorney-in-fact for defendant Narváez Narváez in a filing received twice by fax on 2 December 2014 and filed again with the court, bearing a receipt date of 16 December of that same year (img. 180-196, 197-213 and 214-228, respectively, of the main folder). In that filing, the defenses (excepciones) of expiration and limitation, lack of legal right, lack of cause, lack of active and passive standing (sic), improper representation, res judicata, and nonretroactivity of the Law were raised. He also requested that Inder be ordered to pay damages and losses, as well as costs. A judicial inspection (reconocimiento judicial) was also requested “so that the actual condition of the properties and the use to which they have been and are being put by the defendant may be verified.” Together with the answer to the complaint, defendant Narváez Narváez filed a counterclaim (reconvención) against Inder, in which he requested: “Reasons given (sic), evidence cited and submitted in the record, together with that which is to be admitted in due course, and the factual and legal grounds set forth, because it is lawful, just, and legally proper; the complaint brought against my client must be dismissed in its entirety on the grounds of the defenses of: Expiration and limitation, pursuant to Articles 37, 38 and 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, because my principal acquired the properties by purchase from IDA through a deed executed by the plaintiff before Notary Hubert Rojas Araya, number 130-79, at 9:00 hours on 26 May 2004; the award act having been dated 21/09/1998 (See evidence # 3, document consisting of folios 1 and 2; evidence # 4, folios 1 through 5, Official Letter STA-165, dated 28/04/2004; Article 43, assignment 016-04, dated 3 May 2004; and evidence # 5, folios 1 through 17).- As well as the defenses of lack of legal right, lack of cause, lack of active and passive standing (sic), improper representation, res judicata, and nonretroactivity of the law.- And that it be ordered to pay both categories of costs in the proceeding, damages, and losses.- ALTERNATIVELY, the cross-complaint or counterclaim must be granted in its entirety; and, accordingly, Inder, as counterclaim defendant or cross-defendant herein, shall be ordered to pay damages, losses, statutory interest, and both categories of costs in the proceeding, according to the breakdown above, which is reiterated and transcribed below: / PECUNIARY DAMAGE: / 1- Purchase of improvements and possessory acts from its (sic) former possessors of the properties; and the amount paid to Inder, based on INEC price growth indices, updating (sic) the amount paid from the date of acquisition through actual payment and bringing that figure to present value, according to calculations to be made in due course by expert appraisal, is prudently quantified, estimated, assessed, and fixed at: ¢300.000.000,00.- / 2- Investments in the properties exceeding millions, for boundary demarcation, clearing of boundaries, construction and repair of fences, clearing, and reforestation carried out, which is prudently quantified, estimated, assessed, and fixed at: ¢200.000.000,00. / NON-PECUNIARY DAMAGE: / 1- All the distress to which Mr.
Narvaez Narvaez (sic) has (sic) been subjected since the administrative proceeding before La Contraloría General de la República and later in the criminal jurisdiction, where the properties have been frozen, preventing them from being used as collateral for potential loans or from being sold, has caused don José Santos to experience uncertainty to such an extent that he has faced (sic) critical episodes of depression; this non-pecuniary damage is inestimable; nevertheless, for these purposes, it is prudently quantified, estimated, assessed, and fixed at: ¢100.000.000,00.- / LOST PROFITS: / Given that each time the properties have been frozen, Mr. Narvaez Narvaez (sic) has been unable to use them as collateral for potentially favorable loans and has had to resort to other means to maintain them and finance all the reforestation that he has carried out and continues to carry out on the property; compounded by the fact that the property could not be sold when prospective buyers appeared, Inder, through those actions (sic), has caused him to suffer an economic loss, which is prudently quantified, estimated, assessed, and fixed at: ¢200.000.000,00.” As a precautionary measure, the counterclaimant requested: “If deemed appropriate and admissible, an inspection or examination of the properties shall be conducted at the location in question so that the actual condition of the properties and the use to which they have been and are being put by the defendant, my client, may be verified.” In order number 1298-2015, issued at 7:55 hours on 15 May 2015, the Processing Judge ruled: “THE REQUEST TO CONSOLIDATE case file 13-008124-1027-CA with case file number 13-008122-1027-CA IS DENIED.- Once final, each case file shall be forwarded to the competent Judge so that the appropriate proceedings may continue” (img. 230-233 of the main folder).
Inder answered the counterclaim in a filing received on 25 September 2015, raising the defenses of lack of legal right and “lack of standing in both of its forms” (img. 247-253 of the main folder).
The preliminary hearing provided for in Article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo began on 14 December 2015, at which time the parties decided to proceed to the conciliation stage (img. 272-273 of the main folder). That stage was declared unsuccessful by order issued at 13:35 hours on 1 April 2016 (img. 291 of the main folder).
In an order issued at 9:04 hours on 11 May 2017, the Processing Judge ordered the proceeding stayed due to the pendency of the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) being processed under case file number 17-000373-0007-CO (img. 322 of the main folder).
On 16 January 2019, a second preliminary hearing was held, at which Inder’s representative stated that it was necessary to join Sociedad Los Humildes de Upala S.A., the Estado, and Sinac in the proceeding. In response, the Processing Judge, in decision number 47-2019, issued at 9:30 hours that day, ruled: “The preliminary defense of mandatory joinder of defendants (litisconsorcio pasivo necesario) is denied; in view of the foregoing, the plaintiff is ordered to provide two sets of copies of the entire record within THREE BUSINESS DAYS so that the ESTADO and Sinac may be informed of this matter and may appear as interested third parties or as supporting parties on the plaintiff’s side, should they so wish” (img. 405-406 of the main folder).
In a filing dated 22 January 2019, Inder again requested that Los Humildes de Upala S.A. be joined in the proceeding because it was the current owner of the property at issue (img. 408-412 of the main folder).
The Processing Judge, in decision number 538-2020, issued at 7:45 hours on 25 March 2020, ruled: “Pursuant (sic) to Articles 12.3 and 71 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the request for mandatory joinder of defendants filed by Inder IS GRANTED. The company LOS HUMILDES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101-67601, is ordered joined as a mandatory co-defendant. The plaintiff is ordered to submit, within THREE BUSINESS DAYS, one set of copies of the entire record for purposes of not (sic) serving notice upon the joined party, pursuant to Article 49 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, under penalty of having future applications disregarded” (img. 440-443 of the main folder).
In a filing received on 24 de septiembre de 2020, Mr. Narváez Narváez, acting in his personal capacity and as representative of the co-defendant company, submitted a new power of attorney (poder) in favor of attorney Mirna Espinoza Pereira. In this filing, he did not address the service of the action upon the company holding title to the property (img. 457-459 of the main case file).
Through filings submitted on 10 y 14 de enero del 2022, representatives of the State and Sinac entered appearances as interested third parties (terceros interesados). The State presented arguments and requested that all claims in the action for a declaration of injuriousness (demanda de lesividad) be granted, while Sinac merely requested that it be recognized as an interested third party (img. 465-474 and 475-476 of the main case file, respectively). In a filing received on 21 de febrero de 2022, Sinac submitted its statements in its capacity as an interested third party (img. 489-491 of the main case file).
By an order (auto) issued at 14:29 on 16 de febrero de 2022, Los Humildes de Upala S.A. was declared in default (rebelde). The parties were also summoned to a virtual preliminary hearing (audiencia preliminar), with the Case Management Judge (Juez Tramitador) stating that all participants were required to provide an email address to which the TEAMS invitation could be sent, failing which they would be required to attend the court in person (img. 477-482 of the main case file).
The State, Sinac, the co-defendants, and Inder provided an email address for receipt of the TEAMS notification in filings received on 21 de febrero (the first two), 18 y 25 de mayo de 2022, respectively (img. 484, 485, 492 and 498 of the main case file, respectively).
On 25 de mayo de 2022, the preliminary hearing continued in the absence of representatives of Inder, the defendants José Narváez Narváez and Los Humildes de Upala S.A., and Sinac. Only the State’s representative was present. At the beginning of the hearing, the Case Management Judge stated: “I note that only the State’s representative is present at the hearing, despite the fact that, in the decision summoning the parties to today’s virtual hearing, it was the only party that provided electronic contact information (sic). Likewise, when any electronic contact information is added, the parties will be deemed present at this proceeding, in accordance with the rules established in Article 86 of the governing Code.” With respect to the action, no procedural-curing matters (aspectos de saneamiento) were identified, and the claims were established as set forth in the initial filing. By decision number 837-2022-T, issued at 9:22 on 25 de mayo de 2022, the Judge ruled on the preliminary defenses (defensas previas) raised by Mr.
Narváez Narváez, the operative portion of which states: “The preliminary defenses of expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), res judicata (cosa juzgada), and improper representation (indebida representación) are denied.” Once this phase had concluded, the Judge checked whether the parties had submitted any filings and announced during the hearing that a filing had been received from counsel for the defendants. After reading it, he stated: “…although consent was given to hold the hearing virtually, no means of sending the corresponding link for the Teams invitation was provided to this Court. What the parties are submitting, and the discussion that has been taking place regarding (sic), is that the filing they submitted states ‘means for service of notices,’ which is not synonymous, or even equivalent, to contact information for an invitation to a virtual hearing. Service of notices (notificaciones) is solely (sic) for communicating any judicial decision concerning matters being processed in this judicial proceeding; accordingly, that situation cannot be deemed to have been acknowledged (sic).
We shall therefore continue with the preliminary hearing.” The disputed facts (hechos controvertidos) were subsequently identified; the documentary evidence (prueba documental) offered by the parties was admitted; the inspection (reconocimiento) requested by Inder was denied (upon joining the hearing, Inder stated that it wished to withdraw that request); and the evidence offered by the defendant was also denied (submission of documentary evidence not previously provided, witness testimony (prueba testimonial), judicial inspection (reconocimiento judicial), and expert evidence (prueba pericial)), due to the lack of additional reasoning justifying the evidence offered. At that point in the hearing, Inder’s representative joined the proceeding, and the Case Management Judge referred to the document submitted by Sinac, in which it also complained that it had not been invited to the hearing.
The Case Management Judge reiterated his position that the invitation had not been sent because Sinac had provided contact information for receiving notices, not for receiving the Teams invitation. With respect to the counterclaim (contrademanda), there were no procedural-curing matters; the claim remained as stated in the original counterclaim (reconvención); no preliminary defenses were decided; the disputed facts were established; and the admissibility of the evidence submitted was then analyzed. At that point, Sinac’s representative joined the hearing. The Case Management Judge again clarified: “…Counsel, I merely wish to note that the corresponding invitation had not been sent to you because it was not received until this point in the proceedings. The various filings submitted, including today or on the date in February, identified contact information for receiving notices, which is not synonymous with contact information for the corresponding invitation link, which is what was requested in the filing summoning the parties to the preliminary hearing….” Regarding the evidence offered in the counterclaim, two items of evidence that the party had requested the Court to incorporate were denied for lack of relevance and lack of proof as to why the Court should obtain them.
With respect to the witness testimony offered, the Judge denied it, stating that because the counterclaim concerned civil proceedings against the Treasury for damages (proceso civil de hacienda de daños y perjuicios), the evidence offered was incompatible with the claims asserted. The same applied to the judicial inspection, which was again denied for lack of relevance in view of the scant arguments presented, the Judge expressly stating: “…in this Judge’s view, what is stated in the record is insufficient to determine that it is relevant to the claims at issue. On that basis, it is denied.” Regarding the expert evidence, the Case Management Judge ruled: “The expert evidence would appear to have been appropriate because the party is seeking damages caused by Inder’s conduct in granting said (sic) instrument conferring a subjective right (título habilitante de derecho subjetivo). Nevertheless, there is an omission in the request because it merely states, ‘expert evidence for the purpose of quantifying the corresponding compensation,’ without specifying the type of professional requested for that evidentiary item.
Neither this Judge nor this Court may presume elementary matters for the parties (sic), and therefore its admission is not appropriate. Let us remember that (sic) admission of evidence is solely the responsibility of, or must be offered by, the party, and this Court cannot presume which professional the party requires to conduct the corresponding expert examination. It must therefore be denied.” Based on these denials, the matter was declared to present a pure question of law (asunto de puro derecho). Nevertheless, the Case Management Judge granted the parties five days to submit closing arguments (conclusiones), stating: “…Let us remember that the hearing was convened or held without representation of the counterclaimant or defendant. The party might submit, within three days, an explanation for its absence from the hearing scheduled for today, which the Court could consider. When this type of circumstance arises, if the party submits an adequate justification for not having been summoned to the hearing (sic), the legal consequence is to go back, vacate the scheduled hearing, and hold it again accordingly.
Ergo, any closing arguments that had been presented would constitute a prejudgment (sic) for the parties participating in this judicial proceeding.” Finally, the Case Management Judge noted that no ruling had been issued on the interim measure (medida cautelar) requested by the counterclaimant in its initial filing because Sinac and the State had not been given an opportunity to respond. Accordingly, he granted those bodies three days to address it and further stated that “…thereafter, this Court shall rule on the merits as legally appropriate regarding the interim measure requested.” In a filing added to the case file on the day of the hearing at 9:25, counsel for the co-defendants stated: “With regard to the SUMMONS TO A PRELIMINARY HEARING TO BE HELD VIRTUALLY, scheduled for today, 25 de mayo del 2022, at 8:45, I was not sent the link to join the hearing, even though I submitted a filing consenting to participate in the hearing. / Consequently, I was unable to connect virtually to the scheduled hearing” (img. 497 of the main case file).
Similarly, in a filing received at 9:29 that same day, Inder’s representative stated: “…this representative expressly states his availability to participate in the preliminary hearing scheduled for 25 de mayo de 2022 in virtual format; for that purpose, I provide the email address [email protected] to receive the invitation to the virtual hearing scheduled by that Court. I also provide my cell phone number, 8886-1011, to receive any communication from the Court regarding that hearing” (img. 498 of the main case file). Additionally, in a filing received at 9:31 on the same day as the hearing, Sinac’s representative stated: “…I hereby state that a preliminary hearing was to be held today, 25 de mayo de 2022, for which reason I submitted a filing consenting to participate virtually on 21 de febrero of that same year, as shown in the case file. / I did not receive the email containing the hearing link, and therefore, on the day of the hearing, I sent an email to the technical staff member responsible for the session at [email protected] at 7:35am (image attached), but received no response.
I likewise called the Court and reported the error, whereupon I was told that the link would be sent to me; nevertheless, I received neither the email nor instructions for connecting. I therefore submit through this filing my explanation as to why I was unable to connect: due to improper handling by the person responsible for the session, I never received the means to connect to the hearing” (img. 499 of the main case file).
The State submitted its closing arguments in a filing received on 1 de junio de 2022 (img. 511-513 of the main case file). Inder did the same in a filing dated 2 de junio (img. 514-516 of the main case file). The defendant-counterclaimant did so in a filing received on 3 de junio de 2022 (img. 517-518 of the main case file).
Pursuant to the process of implementing the redesign of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court proposed by the Planning Directorate of the Judiciary and approved by the Superior Council, in accordance with resolutions numbers XXVIII of Session N° 84-2021 dated 28 de setiembre de 2021 and XXXIX of Session N° 95-2021 dated 04 de noviembre de 2021, as well as resolution number 12.VI.2023 dated 27 de julio del 2023 of the Contentious-Administrative Commission, which established the criteria for distributing the caseload of proceedings awaiting judgment and pursuant to which the Court’s Coordinating Office reassigned a large number of case files, this matter involving solely questions of law (Puro Derecho) was assigned to Judge Conejo Cantillo as of 02 de agosto de 2023 and is hereby decided under the priority policies established by the Full Court.
Opinion drafted by Judge Conejo Cantillo, unanimously and with the affirmative votes of Judge Madriz Martínez and Judge Hidalgo Rueda.
PROCEDURAL DEFICIENCIES IN THE PRESENT MATTER.- Following this Court’s proper review of the case file (expediente), two aspects have become apparent that must necessarily be corrected: 1) Violation of the right of defense (derecho de defensa) through excessive formalism at the preliminary hearing (audiencia preliminar). As revealed by the record of proceedings conducted in this case, this action for annulment of a favorable administrative act (proceso de lesividad) was filed by Inder for the purpose of declaring null and void the resolution adopted by the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 43 of session 016-04, dated 3 de mayo de 2004, insofar as it concerns the issuance of title to property registered in the Alajuela Land Registry under Real Folio number 403065-000 in favor of co-defendant JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic), corresponding to Cadastral Survey Plan (Plano Catastrado) A-0690214-2001, because a report by the Contraloría General de la República determined that this and many other properties had been titled in favor of third parties without compliance with the statutory or regulatory requirements and, in many cases, constituted part of the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado).
On grounds of relatedness (conexidad), annulment of the registry entries (asientos registrales) for any resulting registration was also requested. In answering the complaint, Mr. Narváez also became a counterclaimant (reconventor), seeking damages (daños y perjuicios) from Inder for the harm that dispossession would cause, in light of the improvements made, as well as for the consequences of having the property encumbered against transfer, without the possibility of conveying it or using it as collateral. At a later date, the current owner of the property, Los Humildes de Upala S.A., was joined to the proceedings, was declared in default (rebeldía), and Sinac and the State were granted a hearing on the matter so that they could state whether they wished to appear as interested third parties (terceros interesados). It is also established that three preliminary hearings had to be held: the first was suspended because of the parties’ interest in reaching a settlement; the second was held to notify the State and Sinac of the existence of this matter and ask whether they wished to appear as third parties; and at the last, after Sinac and the State had entered appearances and the co-defendant company had been declared in default, all phases pertaining to that stage were addressed.
That last hearing, however, had the particular feature of being held on 25 de mayo de 2022, while the Protocolo para la realización de audiencias orales en modalidad virtual total o parcial mediante la utilización de herramientas tecnológicas, materia Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, communicated through circular number 137-2020 and approved by the Corte Plena at session number 37-2020, held on 29 de junio de 2020, Article V, was in force. That protocol was adopted to address the restrictions arising from the pandemic but has remained in effect because of the efficiency it affords the parties, particularly those coming from remote areas. First, this protocol established an obligation to ask the parties whether they were willing to participate in the hearing virtually, failing which they would have to appear at the court. If the response was affirmative, it established the court’s obligation to require the parties, in the order setting the hearing (auto de convocatoria), “to provide the email address of each person who will participate in the hearing, for the purpose of including them in the corresponding invitation.” In the present matter, this third hearing was set by an order issued at 14:29 on 16 de febrero de 2022, which stated, insofar as relevant: “… solely if they have not previously done so, within three days after receipt of this communication, the parties must provide an email address for each person who will participate in the hearing, so that the corresponding invitation may be sent to that address…
Before the hearing, the parties will receive an email containing the link for joining it, which they must access fifteen minutes before it begins in order to conduct the tests necessary to ensure the quality of the sound and connection; accordingly, within TWENTY-FOUR HOURS after being served with this ruling, they must provide the respective email address… The parties are advised that those who do not provide the electronic address for receiving the invitation from the Microsoft Teams platform within the prescribed period must appear before the Court in person.” In response to that communication from the court, the parties submitted their statements in the following order and manner: a) State: In a filing received on 21 de febrero de 2022, the State’s representative stated: “… I express my willingness to participate in the preliminary hearing virtually. I have the requested technical capabilities. / I provide the Court with my telephone number 88159938 and my email address [email protected].” b) Sinac: In a filing received on the same date as the State’s, its attorney-in-fact (apoderada) stated: “…
I express my willingness to participate in the preliminary hearing virtually […] NOTICES: I designate the email address [email protected] as the means for receiving notices; alternatively, I provide telephone number 8993-6043.” c) Co-defendants: In a filing received on 18 de mayo de 2022, the attorney for both stated: “… I express my willingness to participate in the preliminary hearing virtually and in accordance with the requested technical requirements. / NOTICES: I designate the email address [email protected] as the means for receiving notices, and I also provide telephone number 71782211.” There is no record in the case file of any statement having been received from Inder before the oral hearing began. As the foregoing account shows, all the parties except Inder expressed their intention to participate in the hearing virtually and, in the same filing, provided an email address and a mobile telephone number for addressing any matter related to the hearing.
As previously indicated, this third preliminary hearing was held on 25 de mayo de 2022 and began with only the State’s representative present. This particular circumstance was noted by the Procedural Judge (Juez de Trámite), who stated that this was because he had sent an invitation only to the party in attendance, since it was the only party that had correctly provided its email address in its filing, despite the fact that both Sinac’s representative and counsel for the co-defendants had provided an email address in the filings in which they expressly stated that they agreed to the virtual hearing. The judge stated that he would monitor the receipt of filings so that “… once any electronic contact information is submitted, the parties will be permitted to appear in these proceedings, in accordance with the rules established in Article 86 of the applicable Code (Código de rito).” With only the State present—which had been joined to the proceedings solely as an interested third party—the Procedural Judge proceeded to review the terms of the complaint, found no matters requiring procedural correction (saneamiento), and defined the claims (pretensiones) as they had been set forth in the principal filing, in the absence of the defendant and Inder itself.
Immediately thereafter, he proceeded to address the preliminary defenses (defensas previas) raised by co-defendant Narváez Narváez against the complaint and, by ruling number 837-2022-T, issued at 9:22 on 25 de mayo de 2022, rejected all the defenses asserted (expiration, statute of limitations, res judicata, and improper representation (caducidad, prescripción, cosa juzgada e indebida representación)). It should be noted that, in his oral ruling, the judge relied on the lack of supporting grounds for the defenses—having only what the party had stated in the answer to the complaint—as the basis for rejecting most of them. After ruling on the defenses, the judge proceeded to check whether any filings from the parties had been received and announced during the hearing that a filing had been received from counsel for the defendants, in which the attorney-in-fact stated: “With regard to the NOTICE OF A PRELIMINARY HEARING TO BE HELD VIRTUALLY, scheduled to take place today, 25 de mayo del 2022, at 8:45, I was not sent the link to join the hearing, even though I submitted a filing expressing my willingness to participate in the hearing. / Consequently, I was unable to connect virtually to the scheduled hearing.” After this filing was read at the hearing, the Procedural Judge stated: “… although there is consent to holding the virtual hearing, this Court was not provided with a means by which to deliver or send the corresponding Teams invitation link.
What the parties are providing, and the discussion that has been taking place to transcend (sic), is that in the filing they submit they indicate ‘means for notices,’ which is not synonymous even with an address for an invitation to a virtual hearing. Notices are (sic) solely for communicating any judicial ruling relating to matters being processed in this judicial proceeding; therefore, that circumstance cannot be deemed to have been perceived (sic). Accordingly, we shall continue with the preliminary hearing.” In other words, the reason the invitation was not sent to counsel for the co-defendant counterclaimants, despite the fact that the filing expressing their willingness to participate orally did provide an email address, was that designating an email address as a means for receiving notices is not the same as designating an email address to which the invitation to the hearing should be sent.
Stated differently, although the document contained an email address, the invitation was not sent because it stated that the address was for sending notices and not for sending the summons to the hearing, according to the Procedural Judge’s reasoning. Based on this position, and without the State expressing any objection, the judge continued with the hearing, without contacting counsel at the mobile telephone number that the court itself had required her to provide in the event of any problem with the hearing and without inviting counsel for the co-defendants despite having an email address at which to do so. Following this clarification, the disputed facts (hechos controvertidos) relating to the complaint were established; the documentary evidence (prueba documental) offered by the parties was reviewed and admitted; the inspection (reconocimiento) requested by Inder was denied—Inder stated upon joining the hearing that it wished to withdraw that request—and the evidence offered by the defendant was also rejected (submission of documentary evidence not previously provided, testimonial evidence, judicial inspection, and expert evidence (acercamiento de prueba documental no aportada, prueba testimonial, reconocimiento judicial y prueba pericial)).
Once again, the Procedural Judge justified the rejection of the evidence offered by the defendant primarily on the lack of additional arguments supporting the evidence offered, because he had only what was stated in the answer and not the statements that counsel for co-defendant Narváez could have made at the hearing. At this stage of the proceeding, Inder’s representative joined the hearing, and the Procedural Judge referred to the document filed by Sinac, in which it likewise complained that it had not been invited to the hearing; the judge reiterated his position that the invitation had not been sent because Sinac had designated a means for receiving notices rather than for receiving the Teams invitation. With Inder’s representative present virtually, the judge proceeded to address the counterclaim (contrademanda), with respect to which it was stated that there were no matters requiring procedural correction.
The relief sought remained as set forth in the original counterclaim (reconvención), no preliminary defenses were decided, the disputed facts were established, and the admissibility of the evidence submitted was analyzed. At that point, Sinac’s representative joined the hearing.
Once again, the procedural judge (juez de trámite) clarified: “…I would merely point out, counsel, that the corresponding invitation had not been sent because it was not received until this procedural stage. In the various filings submitted, including today or on the date in February, an address was indicated as the means for receiving service of process (medio para recibir notificaciones), which is not synonymous with the means for sending the corresponding link invitation, as requested in the order convening the preliminary hearing (audiencia preliminar)…”. Regarding the evidence offered in the counterclaim (reconvención), two items of evidence that the party requested the Court to admit were excluded. The reason for their exclusion was their lack of relevance and the failure to explain why the Court, rather than the party itself, should arrange for their production. With respect to the testimonial evidence (prueba testimonial) offered, the judge excluded it, stating that because the counterclaim concerned a public-finance civil proceeding (proceso civil de hacienda) for damages, the evidence offered was incompatible with the claims asserted; the same applied to the judicial inspection (reconocimiento judicial), which was again excluded for lack of relevance in view of the scant argument presented, the judge expressly stating: “…what is stated in the record is insufficient, in this Judge’s view, to determine that it is relevant to the claims at issue.
On that basis, it is excluded.” As to the expert evidence (prueba pericial), the Procedural Judge ruled: “The expert evidence would appear to have been appropriate because what the party is seeking is damages caused by Inder’s conduct in having granted that (sic) legal instrument conferring a subjective right (título habilitante de derecho subjetivo). Nevertheless, there is an omission in the request, because it merely states ‘expert evidence for the purpose of quantifying the corresponding compensation,’ without specifying the type of professional requested for that evidentiary item. Neither this Judge nor this Court may presume basic matters on behalf of the parties (sic), and therefore its admission is not appropriate. Let us remember that (sic) the admission of evidence is solely incumbent upon, or rather the evidence is offered by, the party, and this Court may not presume which professional the party requires to conduct the corresponding expert examination.
For that reason, it must be excluded.” Once again, it is evident how the absence of counsel for the co-defendants influenced the decision to exclude evidence that the judge himself acknowledged might have been relevant and appropriate, particularly the expert evidence intended to establish damages, which constitute the essential subject matter of the counterclaim. On the basis of these exclusions, the matter was declared to present a pure question of law (asunto de puro derecho), and the parties’ written closing arguments were received, without any of them referring to what had occurred at the hearing. With the circumstances set out above clearly in view, this panel unanimously holds that the Procedural Judge’s position—namely, refusing to send the invitation for the virtual hearing to the email address provided by the parties when they stated that they agreed to participate in the hearing through that format—constitutes an excessively formalistic practice that substantially impaired the absent parties’ right of defense, with particular significance for the defendant, who was denied the opportunity to state orally the reasons why it had raised preliminary defenses (defensas previas), on the one hand, and, on the other, was prevented from defending the evidence it had submitted, which formed the basis both of its defense and of the claims for compensation asserted in its counterclaim.
This Chamber considers that the distinction drawn by the Procedural Judge between an address for service and an email address for receiving the hearing invitation has no legal basis, because neither the Protocol in force nor the order convening the hearing draws such a subtle distinction between one term and the other. The parties’ filings clearly expressed their intention to attend the preliminary hearing virtually. In every case, they provided not only an email address but also a mobile telephone number so that, as the Court had requested, they could be contacted urgently in the event of a connection problem. The purpose of these requirements, contained in the Protocol, is to facilitate the parties’ remote participation, originally because of the restrictions imposed by the Covid pandemic, but now because allowing the parties to participate in a significant judicial proceeding without having to travel to the court saves resources and improves the delivery of the public justice service.
This objective of expediting proceedings and bringing justice closer to the parties is incompatible with the conduct of the Procedural Judge presiding over the hearing, who, even while reviewing the filings that the parties were submitting to him in real time, in which they clearly reiterated their intention to participate in the hearing, refused to send them the link at the email address they had already provided, or at least to contact them at the mobile telephone number they had indicated in order to explain his position and seek correction of the filing so as to satisfy his formalistic requirement (that the filing state that the email address was for receiving the invitation rather than for receiving service). For this Chamber, as stated above, the Procedural Judge’s position runs counter to the objective of bringing justice closer to the parties pursued by the Protocol and is excessively formalistic in requiring a specific wording in order to carry out an essential legal act, namely, providing the party with the link needed to participate in the hearing at which the future course of the proceeding was largely determined.
The resulting denial of the right to be heard (indefensión) affects Inder and Sinac to some extent and the defendant to a far greater extent, and entails the nullity of the preliminary hearing held, which the Court finds sua sponte pursuant to the case-management and corrective powers (poderes de saneamiento) granted to judicial authorities under Article 33.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), which applies on a supplementary basis pursuant to Article 220 CPCA. In this regard, this defect cannot be cured because the parties were prevented from participating in the entirety of the proceedings conducted at the hearing. Moreover, this irregular conduct prevented the hearing from fulfilling the purpose for which it had been convened, because the assessment of the preliminary defenses and the evidence relating to both the complaint and the counterclaim was one-sided, without the views and explanations that the representative of the defendant and counterclaimant could have presented during the hearing.
The failure to provide the party with the link to join the hearing, despite its repeated requests, deprived it of its right to be heard at the hearing, to object to the rulings made there, and to present new arguments under the rules governing the preliminary hearing. The fact that none of the parties asserted nullity in their closing arguments or at any other time neither negates the Court’s obligation to examine the situation nor validates the actions taken at a hearing in which, because of excessive and unjustified formalism, several participants were deprived of their right of defense, in a flagrant violation of access to justice and effective judicial protection (tutela judicial efectiva). Given the seriousness of what occurred at the third preliminary hearing in this matter, and because the defect could result in the nullity of the judgment that this Court is called upon to issue, this Chamber has no alternative but to declare that hearing null and void and, consequently, to order the case file returned to the Judge who conducted it so that he may conduct the entire hearing again, ensuring the participation of all parties, sending invitations to the email addresses indicated by the parties if they intend to attend virtually, and endeavoring to establish their connection if they fail to appear. 2) Failure to rule on the interim relief (medida cautelar) requested in the counterclaim.
As a second matter, this Chamber verified that the defendant and counterclaimant submitted a request for interim relief in its counterclaim. At the conclusion of the third preliminary hearing, the Procedural Judge mentioned that this incidental matter (incidencia) had not been resolved and justified this on the ground that Sinac and the State had not been given an opportunity to respond to it. Accordingly, he granted those entities three days to address it, stating that “…this Court will subsequently rule on the merits as legally appropriate with respect to the requested interim relief.” The case file does not show that the Procedural Judge ruled on the party’s application, although he was required to rule on every matter presented to him. This circumstance further supports the need, already noted, to return the case file to the Procedural Judge so that he may also rule on this interim relief.
POR TANTO
Sua sponte (de oficio), the preliminary hearing (audiencia preliminar) held on 25 de mayo de 2022 is annulled in its entirety. The case file (expediente) is ordered returned to the Judge who conducted that hearing so that it may be repeated in full, guaranteeing the participation of all parties, sending invitations to the email address specified by the parties if they intend to attend virtually, and facilitating their connection should their attendance not be achieved. The Case Management Judge (Juez de Trámite) shall also rule on the interim relief (medida cautelar) requested in the counterclaim (reconvención). José Martín Conejo Cantillo. Karla Madriz Martínez. Francisco Hidalgo Rueda. Judges.- JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, ADJUDICATING JUDGE KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, ADJUDICATING JUDGE FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, ADJUDICATING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj CONOCIMIENTO ACTOR/A:
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEMANDADO/A:
JOSE NARVAEZ NARVAEZ Nº N° 2023002770 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con nueve minutos del treinta y uno de Agosto del dos mil ventitres.- Proceso de conocimiento -lesividad- incoado por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante Inder), representado por el señor Rodrigo Cervantes Barrantes, cédula de identidad número 1-0667-0358, en su condición de apoderado especial judicial (img. 35 de la carpeta principal), en contra del señor JOSÉ NARVÁEZ NARVÁEZ, cédula número 8-0046-0467 y LOS HUMILDES DE UPALA S.A., cédula jurídica número 3-101-678501, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, José Narváez Narváez, cédula de identidad número 8-0046-0467 (img. 424 de la carpeta principal). Intervienen como terceros interesados el ESTADO, representado por Heilyn Guisselle Sáenz Calderón, cédula de identidad número 7-0121-0163, en su condición de procuradora apersonada al proceso (img. 493 de la carpeta principal), y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (Sinac), representado por Mary Paz Monge Jara, cédula de identidad número 2-0717-0872, en su condición de apoderada especial judicial (img. 475 de la carpeta principal). Interviene en condición de apoderada especial judicial de los demandados, Mirna Espinoza Pereira, cédula 2-0637-0886 (img. 455 de la carpeta principal).
CONSIDERANDO
ASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:
Mediante escrito de demanda presentado el 26 de noviembre del año 2013, la representación del Inder entabló el presente proceso de lesividad, solicitando: “ 1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. / 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 43, de la sesión 016-04, de fecha 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del señor JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001. / 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública número escritura número (sic) 130-79 otorgada ante el Notario Huberth Rojas Araya, visible al folio 094 frente del tomo 79 del protocolo de dicho Notario, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de las finca (sic) Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del señor JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001. / 4.
Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Limón (sic) Folio Real número 403065-000 emitido por el Registro Nacional. / 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción (sic) del inmueble inscritos (sic) en el Registro Nacional, Provincia de Alajuela Folio Real matrícula número 403065-000. / 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio”. Además, a título de medida cautelar, solicitó el Inder la anotación de la demanda e inmovilización del inmueble (img. 114-131 de la carpeta principal).
En auto de las 15:29 horas del 26 de noviembre del 2013, el Juez Tramitador de turno de forma provisional acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar, ordenando anotar la presente demanda al margen de la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 403065-000, propiedad registrada, en ese momento, a nombre del codemandado José Narváez Narváez (img. 132-133 de la carpeta principal). Este auto fue impugnado por el demandado Narváez Narváez en escrito del 24 de febrero de 2014 (img. 140 de la carpeta principal). El recurso de revocatoria fue rechazado por el Juez Tramitador en auto de las 11:01 horas del 28 de agosto de 2014 (img. 162-163 de la carpeta principal). El recurso de apelación fue rechazado de plano por el Tribunal de Apelaciones en resolución número 547-2014, de las 15:35 horas del 13 de noviembre de 2014 (img. 176-179 de la carpeta principal).
La demanda fue contestada por el primer apoderado del demandado Narváez Narváez en escrito recibido dos veces vías fax el 2 de diciembre de 2014 y presentado al despacho nuevamente con fecha de recibido 16 de diciembre del mismo año (img. 180-196, 197-213 y 214-228, respectivamente, de la carpeta principal). En ese escrito se opusieron las excepciones de caducidad y prescripción, falta de derecho, falta de causa, falta de legitimidad (sic) activa y pasiva, indebida representación, cosa juzgada e irretroactividad de la Ley. Solicitó además condenar al Inder al pago de los daños y perjuicios, así como de las costas. Se solicitó además un reconocimiento judicial “a fin que se verifique el verdadero estado de los inmuebles y la explotación a que han sido y están siendo sometidos por el demandado”. Junto a la contestación de la demanda, el demandado Narváez Narváez presentó reconvención contra el Inder, en la que solicitó: “Razones dadas (sic), pruebas citadas y aportadas en autos, más las que han de evacuarse oportunamente, fundamentos de hecho y derecho expuestos, por ser lo legal, justo y procedente en derecho; la demanda incoada en contra de mi representado, debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, por las excepciones de: Caducidad y prescripción, con base en los artículos 37, 38 y 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en razón que las fincas mi poderdante las adquiere por compra al IDA, mediante escritura otorgada por la actora, ante el Notario Hubert Rojas Araya, número 130-79, de fecha 9:00 horas del 26 de mayo de 2004; siendo el acto adjudicatario, de fecha 21/09/1998 (Ver prueba # 3, documental foliada de 1 y 2; prueba # 4 folios 1 a 5, Oficio STA-165, de 28/04/2004; artículo 43, cesión 016-04, de 3 de mayo de 2004; y, prueba # 5, folios 1 a 17).- Así como las excepciones de falta de derecho, falta de causa, falta de legitimidad (sic) activa y pasiva, indebida representación, cosa juzgada e irretroactividad de la ley.- Y, condenarle al pago de ambas costas del proceso, daños y perjuicios.- EN DEFECTO, ha de acogerse en todos sus extremos la contra-demanda o reconvención; y, en su razón, se condenará al Inder, aquí reconvenido o contra-demandado a pagar los daños, perjuicios, intereses de ley y ambas costas del proceso, según desglose supra y que a continuación de reitera y transcribe así: / DAÑO MATERIAL: / 1- Compra de mejoras y actos posesorios a su (sic) anteriores poseedores de los inmuebles; y, lo pagado al Inder, con base en los Índices de crecimiento de precios del INEC, actualizado (sic) lo pagado, de la fecha de adquisición y al efectivo pago, traída esa cifra al momento presente, según cálculos que se hará en su oportunidad pericialmente, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢300.000.000,00.- / 2- Inversiones en los inmuebles que sobrepasan sumas millonarias, en deslinde, limpieza de linderos, construcción y reparación de cercas, limpias y la reforestación practicada, lo que prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢200.000.000,00. / DAÑO MORAL: / 1- Toda esa zozobra a ha (sic) venido siendo sometido, el señor Narvaez Narvaez (sic), desde del proceso administrativo en La Contraloría General de la República, luego en sede penal, donde se han inmovilizado los inmuebles, sin poder usarlos como garantía en créditos potenciales, ni poder venderse, ha hecho entrar en incertidumbre a don José Santos, al extremo que enfrente (sic) episodios críticos de depresión; cuyo daño moral, es inestimable, no obstante, a los efectos, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢100.000.000,00.- / PERJUICIOS: / Siendo que cada vez, que se han inmovilizado los inmuebles, no ha podido el señor Narvaez Narvaez (sic), usarlos como garantía en créditos potenciales y favorables, debiendo recurrir a otros medios, para poder darle mantenimiento a los mismos y financiar toda la reforestación que ha y está ejecutando y llevando a cabo en la finca; aunado que, no se ha podido vender, cuando se han presentado eventuales compradores potenciales, ha causado o provocado el Inder, con esa gestiones (sic), que sufra un perjuicio económico, el cual, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢200.000.000,00”.
Como medida cautelar, solicitó el contrademandante “Al considerarlo oportuno y de recibo, practíquese inspección o reconocimiento a los inmuebles, en el lugar de la cuestión, a fin que se verifique el verdadero estado de los inmuebles y la explotación a que han sido y están siendo sometidos por el demandado, mi cliente”.
En auto número 1298-2015, de las 7:55 horas del 15 de mayo de 2015 el Juez de Trámite resolvió: “SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN al expediente número 13-008122-1027-CA del expediente 13-008124-1027-CA.- Una vez firme, remítase cada expediente al Juez competente a fin de que continúe con el trámite que corresponda” (img. 230-233 de la carpeta principal).
El Inder contestó la contrademanda en escrito recibido el 25 de septiembre de 2015, respecto de la que opuso las defensas de falta de derecho y “falta de legitimación en sus dos modalidades” (img. 247-253 de la carpeta principal).
La audiencia preliminar prevista en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo inició el día 14 de diciembre de 2015, oportunidad en la que las partes decidieron acudir a la fase de conciliación (img. 272-273 de la carpeta principal). Dicha etapa fue declarada fracasada mediante auto de las 13:35 horas del 1 de abril de 2016 (img. 291 de la carpeta principal).
En auto de las 9:04 horas del 11 de mayo de 2017 el Juez Tramitador ordenó la suspensión del proceso en virtud del curso de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente número 17-000373-0007-CO (img. 322 de la carpeta principal).
En fecha 16 de enero de 2019 se realizó una segunda audiencia preliminar, en la que el representante del Inder indicó que era necesario traer al proceso a la Sociedad Los Humildes de Upala S.A., al Estado y al Sinac. Ante ello, el Juez de Trámite, por resolución número 47-2019, de las 9:30 horas de ese día, decidió: “Se rechaza la defensa previa de litisconsorcio pasivo necesario, en razón de lo anterior se le previene a la parte actora dos juegos de copias de todo lo actuado en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a efectos de poner en conocimiento del ESTADO y el Sinac del presente asunto con el fin de que si es de su interés apersonarse como terceros interesados o como coadyuvantes activos” (img. 405-406 de la carpeta principal).
En escrito del 22 de enero de 2019 el Inder solicitó nuevamente integrar al proceso a Los Humildes de Upala S.A., al ser el titular actual del bien objeto de debate (img. 408-412 de la carpeta principal).
El Juez de Trámite, en resolución número 538-2020, de las 7:45 horas del 25 de marzo de 2020 resolvió: “Con fundamentos (sic) en los artículos 12.3 y 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se DECLARA CON LUGAR la litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el Inder. Se ordena la integración como litis consorcio pasivo necesario a la empresa LOS HUMILDES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-67601. Se le previene a la parte actora que un plazo de TRES DÍAS HÁBILES presente un juego de copias de todo lo actuado a efectos no (sic) notificar al integrado, al amparo de lo regulado en el artículo 49 del Código Procesal Contencioso Administrativo, so pena de no atender futuras gestiones” (img. 440-443 de la carpeta principal).
En escrito recibido el 24 de septiembre de 2020 el señor Narváez Narváez, en su condición personal y como representante de la sociedad codemandada aportó un nuevo poder, a favor de la profesional Mirna Espinoza Pereira. En este escrito no se refirió al curso de la demanda concedido contra la sociedad titular del bien (img. 457-459 de la carpeta principal).
Mediante escritos presentados los días 10 y 14 de enero del 2022, las representaciones del Estado y del Sinac se apersonaron como terceros interesados. El Estado expuso argumentos y solicitó acoger en todos los extremos las pretensiones de la demanda de lesividad, mientras que el Sinac se limitó a solicitar que se le tuviera como tercero interesado (img. 465-474 y 475-476 de la carpeta principal, respectivamente). En escrito recibido en fecha 21 de febrero de 2022 el Sinac hizo sus manifestaciones en condición de tercero interesado (img. 489-491 de la carpeta principal).
En auto de las 14:29 horas del 16 de febrero de 2022 la sociedad Los Humildes de Upala S.A. fue declarada rebelde. Asimismo, se procedió a convocar a las partes a audiencia preliminar virtual, indicando el Juez Tramitador la obligación de todos los intervinientes de señalar un correo para remitirles la invitación de TEAMS so pena de tener que asistir en forma presencial al despacho (img. 477-482 de la carpeta principal).
El Estado, el Sinac, los codemandados y el Inder señalaron un correo electrónico para recibir la notificación de TEAMS en escritos recibidos el 21 de febrero (los dos primeros), 18 y 25 de mayo de 2022, respectivamente (img. 484, 485, 492 y 498 de la carpeta principal, respectivamente).
El 25 de mayo de 2022 continuó la audiencia preliminar, en ausencia de las representaciones del Inder, de las partes demandadas José Narváez Narváez y Los Humildes de Upala S.A. y del Sinac. Sólo estuvo presente la representación del Estado. El Juez de Trámite indicó al inicio de la audiencia: “Hago la acotación de que únicamente en la audiencia se encuentra presente la representación estatal, esto a pesar de que en la resolución que hace la convocatoria a la audiencia del día de hoy de manera virtual, únicamente fue quien aportó los medios electrónicos (sic). En igual sentido, en el momento que se incorporen algunos medios electrónicos pues se dará la presencia de las partes en dicha diligencia, de conformidad con las reglas que establece el artículo 86 del Código de rito”. En cuanto a la demanda, no se determinaron aspectos de saneamiento y se fijaron las pretensiones de la forma que están en el escrito inicial.
Mediante resolución número 837-2022-T, de las 9:22 horas del 25 de mayo de 2022 el Juez resolvió las defensas previas opuestas por el señor Narváez Narváez, cuya parte dispositiva indica: “Se rechazan las defensas previas de caducidad, prescripción, cosa juzgada e indebida representación”. Terminada esta fase, el juez procedió a revisar si no había escritos de las partes, y comunicó en audiencia que se había recibido escrito de la abogada de los demandados. Posterior a su lectura, indicó: “… a pesar de que existe la anuencia al desarrollo de la audiencia virtual, no fue presentado a este Tribunal un medio para presentar o mandar el link correspondiente para la invitación del Teams. Lo que las partes están aportando y la discusión que se ha venido dando a trascendentar (sic) es que en el escrito que ellos presentan indican “medio para notificaciones”, que no es sinónimo ni siquiera de medio para la invitación a la audiencia de manera virtual.
Las notificaciones únicamente es (sic) para comunicar toda aquella resolución judicial referente a lo que se vaya tramitando dentro de esta causa jurisdiccional, por ende no puede tenerse entonces como percibida (sic) dicha situación. Por ende, continuamos entonces con la audiencia preliminar”. Posteriormente se determinaron los hechos controvertidos, se procedió a la admisión de prueba documental ofrecida por las partes, al rechazo del reconocimiento solicitado por el Inder (que al incorporarse a la audiencia manifestó que su interés era desistir del mismo), y al rechazo también de las pruebas ofrecidas por la parte demandada (acercamiento de prueba documental no aportada, prueba testimonial, reconocimiento judicial y prueba pericial), por falta de razonamientos adicionales que justificaran las pruebas ofrecidas. En ese momento de la audiencia se integró la representación del Inder y el Juez Tramitador se refirió al documento presentado por el Sinac, donde acusaba también no haber sido invitada a la audiencia, reiterando el Juez de Trámite su posición de que no se le envió la invitación porque señaló un medio para recibir notificaciones y no para recibir la invitación de teams.
En cuanto a la contrademanda, no se tuvieron aspectos de saneamiento, la pretensión se mantuvo tal y como estaba en la reconvención inicial, no se resolvieron defensas previas, se fijaron los hechos controvertidos y se procedió a analizar la procedencia de la prueba presentada. Para este momento, procedió a integrarse a la audiencia la representación del Sinac. Nuevamente el juez de trámite aclaró: “…nada más licenciada le hago la acotación de que no se le había mandado la invitación correspondiente porque no es sino hasta este momento procesal que se recibió la misma. En los diversos escritos presentados incluso el día de hoy o en la fecha del mes de febrero se indicó como medio para recibir notificaciones lo cual no es sinónimo de medio para el enlace correspondiente para la invitación del link, que fue lo que se peticionó dentro del escrito de convocatoria a audiencia preliminar…”. Sobre la prueba ofrecida en la reconvención, se procedió al rechazo de dos elementos de prueba que la parte solicitó al Tribunal incorporar, por falta de pertinencia y a falta de prueba de por qué debía diligenciarla el Tribunal.
Respecto de la prueba testimonial ofrecida, el juez procedió a su rechazo indicando que tratándose la contrademanda de un proceso civil de hacienda de daños y perjuicios, la prueba ofrecida no es compatible con las pretensiones esbozadas, igual que lo vinculado al reconocimiento judicial, rechazado nuevamente por falta de pertinencia ante la escasa argumentación presentada, manifestando expresamente: “… con lo indicado en autos no basta, a criterio de este Juzgador, para determinar que resulte pertinente de acuerdo a las pretensiones objeto de debate. Bajo esa consideración, se rechaza”. En cuanto a la prueba pericial, el Juez Tramitador dispuso: “La prueba pericial, pareciera que resultaba procedente porque la parte lo que está peticionando es daños y perjuicios ocasionados por la conducta del Inder de la gestión de haber otorgado dicha (sic) título habilitante de derecho subjetivo. No obstante existe una omisión en la petición, porque únicamente dice “prueba pericial a efectos de que cuantifique la indemnización correspondiente”, sin establecer qué tipo de profesional es el que peticiona para dicho elemento probatorio.
No puede este Juzgador ni este Tribunal presumir aspectos elementales de las partes (sic) y por ende entonces no resulta procedente su admisibilidad. Acordémonos de que (sic) la admisión de la prueba únicamente compete o viene siendo ofrecida por la parte y no puede este Tribunal presumir cuál es el profesional que requiere que realice la pericia correspondiente. Por tal motivo la misma debe ser rechazada”. Con base en estos rechazos, se declaró el asunto de puro derecho. Sin embargo, el Juez Tramitador otorgó el plazo de cinco días a las partes para conclusiones, indicando que: “… Recordémonos que la audiencia se presentó o se realizó sin la representación de la parte reconventora o bien la parte demandada. Podría ser que la parte presente en el plazo de los tres días una justificación para la ausencia de la audiencia señalada para el día de hoy, lo cual sería valorable por el Tribunal.
Cuando pasan este tipo de consideraciones, pues si la parte presenta una justificación adecuada de la no convocatoria a la audiencia (sic), la consecuencia jurídica es devolverse, anular la audiencia señalada y volverse a materializar consecuentemente. Ergo, las conclusiones que se habrían brindado serían un adelanto de criterio (sic) para las partes intervinientes en esta causa jurisdiccional”. Por último, el Juez de Trámite mencionó que no se había resuelto la medida cautelar solicitada por la parte reconventora en su escrito inicial, en virtud de que no se había dado audiencia al Sinac y al Estado, conforme a lo cual concedió a dichos órganos el plazo de tres días para que se refirieran a la misma, indicando además que “… ya posteriormente este Tribunal se pronunciará entonces sobre el fondo de lo que en derecho corresponda en cuanto a la medida cautelar peticionada”.
En escrito agregado al expediente el día de la audiencia a las 9:25 horas la abogada de los codemandados indicó: “En relación a la CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRELIMINAR EN MODALIDAD VIRTUAL señalada para llevarse a cabo el día de hoy 25 de mayo del 2022 a las 8:45, no me fue enviado el enlace para unirme a la audiencia, pese a que envié escrito con anuencia para participar en la audiencia. / En consecuencia, no me fue posible conectarme virtualmente a la audiencia señalada” (img. 497 de la carpeta principal). En el mismo sentido, en escrito recibido a las 9:29 horas de ese mismo día el representante del Inder indicó: “… esta representación manifiesta de forma expresa su disponibilidad a efecto de participar en la audiencia preliminar programada para el día 25 de mayo de 2022 en modalidad virtual, para tales efectos señalo el correo electrónico [email protected], a efecto de recibir la invitación a la realización de la audiencia en modalidad virtual señalada por dicho Tribunal.
Asimismo señalo mi teléfono celular 8886-1011, a efecto de recibir de parte del Tribunal cualquier comunicación respecto de dicha audiencia” (img. 498 de la carpeta principal). Adicionalmente, en escrito recibido a las 9:31 horas del mismo día de la audiencia la representación del Sinac indicó: “…manifiesto por medio de la presente que el día de hoy 25 de mayo de 2022 se celebraría audiencia preliminar, por lo cual envié un escrito con la anuencia a participar de manera virtual desde la fecha 21 de febrero del mismo año, tal y como consta en el expediente. / No recibí el correo con el enlace para la audiencia, por lo cual el día de la audiencia envié un correo a la persona técnica encargada de la sesión, al correo [email protected], al ser las 7:35am (adjunto imagen), sin recibir respuesta alguna, de igual manera llamé al Tribunal indicando el error, por lo cual me refirieron que me enviarían el enlace, no obstante, no recibí el correo ni indicaciones para la conexión, por tanto, manifiesto por este medio mi justificación por la cual no pude conectarme, ya que, debido a una inadecuada gestión de la persona encargada de la sesión, nunca recibí el medio para conectarme a la audiencia” (img. 499 de la carpeta principal).
El Estado presentó sus conclusiones en escrito recibido el 1 de junio de 2022 (img. 511-513 de la carpeta principal). El Inder hizo lo mismo en escrito del 2 de junio (img. 514-516 de la carpeta principal). La parte demandada reconventora lo hizo en escrito recibido el 3 de junio de 2022 (img. 517-518 de la carpeta principal).
Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, así como el acuerdo número 12.VI.2023 del 27 de julio del 2023 de la Comisión de la Contencioso Administrativo, mediante el cual se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, en virtud de los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación de una gran cantidad de expedientes, el presente asunto de Puro Derecho fue turnado al juzgador Conejo Cantillo, a partir del día 02 de agosto de 2023, y se procede a resolver al amparo de las políticas de prioridad establecidas por Corte Plena.
Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad y con el voto afirmativo de la jueza Madriz Martínez y el juez Hidalgo Rueda.
DEFICIENCIAS DE TRÁMITE EN EL PRESENTE ASUNTO.- Hecha la debida revisión del expediente por parte de este Tribunal, se evidencian dos aspectos que ameritan corrección de forma ineludible: 1) Violación al derecho de defensa por excesivo formalismo en la audiencia preliminar. Tal y como se revela del elenco de actuaciones llevadas adelante en este expediente, el presente asunto de lesividad fue presentado por el Inder con el fin de declarar la nulidad del acuerdo tomado por la Junta Directiva del otrora Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 43, de la sesión 016-04, de fecha 3 de mayo de 2004, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del codemandado JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001, ya que a partir de un informe de la Contraloría General de la República se determinó que esta y otras muchas propiedades fueron tituladas a favor de terceros sin contar con los requisitos legales o reglamentarios, constituyendo en muchos casos patrimonio natural del Estado.
Por conexidad, se solicitó también la nulidad de los asientos registrales de cualquier inscripción derivada. Al contestar la demanda, el señor Narváez se constituyó además en reconventor, reclamando al Inder los daños y perjuicios que causaría el despojo, en virtud de las mejoras introducidas, así como lo que ha significado tener la finca inmovilizada, sin posibilidad de enajenarla o utilizarla como garantía. En fecha posterior, se integró al proceso al titular actual de la propiedad, la sociedad Los Humildes de Upala S.A., que fue declarada en rebeldía y se concedió audiencia sobre el asunto, a fin de que manifestaran si deseaban constituirse en terceros interesados, al Sinac y al Estado. Se tiene además que fue necesario la realización de tres audiencias preliminares, la primera de las cuales fue suspendida en virtud del interés de las partes de conciliar, la segunda, a fin de notificar al Estado y al Sinac de la existencia de este asunto y consultarles si querían constituirse en terceros y la última, en la que, una vez apersonados el Sinac y el Estado y declarada rebelde la sociedad codemandada, se conocieron todas las fases propias de esa etapa.
Ahora bien, esa última audiencia tuvo la particularidad de celebrarse el 25 de mayo de 2022, estando vigente el Protocolo para la realización de audiencias orales en modalidad virtual total o parcial mediante la utilización de herramientas tecnológicas, materia Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, comunicado mediante la circular número 137-2020 y aprobado por la Corte Plena en sesión número 37-2020, celebrada el 29 de junio de 2020, artículo V, a fin de lidiar con las restricciones propias de la pandemia, pero que ha permanecido vigente en virtud de la agilidad que brinda a las partes, particularmente aquellas que vienen de zonas alejadas. Este protocolo estableció la obligación, en primer lugar, de preguntar a las partes si estaban dispuestas a participar en la audiencia de forma virtual, bajo pena de tener que presentarse al despacho. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, estableció la obligación del despacho de requerir a las partes en el auto de convocatoria “que indiquen el correo electrónico de cada una de las personas que intervendrán en la audiencia, con la finalidad de incluirlos en la convocatoria correspondiente”.
En el presente asunto, esta tercera audiencia fue convocada en auto de las 14:29 horas del 16 de febrero de 2022, mediante la cual se indicó, en lo que interesa: “… únicamente en el caso de no haberlo indicado con anterioridad, dentro del plazo de tres días luego de recibida esta comunicación, las partes deberán indicar un correo electrónico correspondiente a cada una de las personas que participará en la audiencia, a fin de poder remitir a dicho medio la invitación correspondiente… Las partes recibirán con antelación a la audiencia un correo electrónico con el vínculo para unirse a ésta, al cual deberá acceder quince minutos antes de su inicio, a fin de realizar las pruebas necesarias para garantizar la calidad del sonido y de la conexión, razón por la cual deberán en el plazo de VEINTICUATRO HORAS aportar el correo electrónico respectivo una vez notificada la presente resolución… Se le indica a las partes que no aporten el medio electrónico para recibir la invitación de la plataforma Microsoft Teams, en el plazo establecido, deberán apersonarse al Tribunal de manera personal”.
En atención a esa comunicación del despacho, las partes procedieron a hacer sus manifestaciones en el siguiente orden y sentido: a) Estado: Mediante escrito recibido el 21 de febrero de 2022 la representante estatal indicó: “… manifiesto mi anuencia a realizar la audiencia preliminar de manera virtual. Cuento con los requerimientos técnicos solicitados. / Pongo a disposición del Despacho mi número de teléfono 88159938 y mi correo electrónico [email protected]”. b) Sinac: En escrito recibido la misma fecha que el del Estado, la apoderada indicó: “… manifiesto mi anuencia a realizar la audiencia preliminar de manera virtual […] NOTIFICACIONES: Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico [email protected] subsidiariamente se aporta número telefónico 8993-6043”. c) Codemandados: En escrito recibido el 18 de mayo de 2022 la abogada de ambos indicó: “… manifiesto mi disposición a realizar la audiencia preliminar de manera virtual y conforme a los requerimientos técnicos solicitados. / NOTIFICACIONES: Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico [email protected], también aporto número telefónico 71782211”.
No consta en el expediente que se haya recibido manifestación alguna del Inder previo al inicio de la audiencia oral. Como se ve del recuento anterior, todas las partes, salvo el Inder, manifestaron su intención de participar en la audiencia de forma virtual e indicaron en el mismo escrito un correo y un celular para atender cualquier consulta al respecto de la audiencia. Según se indicó previamente, esta tercera audiencia preliminar se llevó a cabo el 25 de mayo de 2022 y comenzó con la presencia de la representación estatal, únicamente. Esta circunstancia particular fue señalada por el Juez de Trámite, quien manifestó que esto era así porque él sólo le había enviado invitación a la parte presente, pues era la única que había indicado correctamente el correo electrónico en su escrito, esto pese a que tanto la representante del Sinac como la de los codemandados señalaron un correo electrónico en el escrito en el que manifestaron expresamente que estaban de acuerdo con la audiencia virtual.
Indicó el juez que iba a monitorear la recepción de escritos, para que “… en el momento que se incorporen algunos medios electrónicos pues se dará la presencia de las partes en dicha diligencia, de conformidad con las reglas que establece el artículo 86 del Código de rito”. Contando entonces sólo con la presencia del Estado, que sólo está incorporado en el proceso como tercero interesado, el Juez de Trámite procedió a revisar los términos de la demanda, sin que detectara aspectos a sanear y fijó las pretensiones como estaban planteadas en el escrito principal, en ausencia de la parte demandada y del propio Inder. Acto seguido, procedió a conocer las defensas previas planteadas por el codemandado Narváez Narváez contra la demanda y mediante resolución número 837-2022-T, de las 9:22 horas del 25 de mayo de 2022, resolvió el rechazo de todas las defensas opuestas (caducidad, prescripción, cosa juzgada e indebida representación).
Cabe destacar que el juez argumentó en su resolución oral la falta de fundamentación de las defensas (siendo que sólo contó con lo que la parte había indicado en la contestación de la demanda), para el rechazo de la mayoría de ellas. Una vez resueltas las defensas, el juez procedió a revisar si no había escritos de las partes, y comunicó en audiencia que se había recibido escrito de la abogada de los demandados, en el que la apoderada indicó: “En relación a la CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRELIMINAR EN MODALIDAD VIRTUAL señalada para llevarse a cabo el día de hoy 25 de mayo del 2022 a las 8:45, no me fue enviado el enlace para unirme a la audiencia, pese a que envié escrito con anuencia para participar en la audiencia. / En consecuencia, no me fue posible conectarme virtualmente a la audiencia señalada”. Leído que fue este escrito en la audiencia, el Juez de Trámite manifestó: “… a pesar de que existe la anuencia al desarrollo de la audiencia virtual, no fue presentado a este Tribunal un medio para presentar o mandar el link correspondiente para la invitación del Teams.
Lo que las partes están aportando y la discusión que se ha venido dando a trascendentar (sic) es que en el escrito que ellos presentan indican “medio para notificaciones”, que no es sinónimo ni siquiera de medio para la invitación a la audiencia de manera virtual. Las notificaciones únicamente es (sic) para comunicar toda aquella resolución judicial referente a lo que se vaya tramitando dentro de esta causa jurisdiccional, por ende no puede tenerse entonces como percibida (sic) dicha situación. Por ende, continuamos entonces con la audiencia preliminar”. Es decir, la razón por la que no se envió la invitación a la abogada de los codemandados reconventores, pese a que en el escrito en el que se manifestó su anuencia a participar en forma oral sí se había indicado un correo electrónico, es que señalar un correo electrónico como medio para recibir notificaciones no es lo mismo que señalar un correo para que le sea enviada la invitación a la audiencia.
En otras palabras, pese a que en el documento consta un correo, no se envió la invitación por que decía que ese correo era para enviar notificaciones y no para enviar la convocatoria a la audiencia, según el razonamiento del Juzgador de trámite. Con esta tesis y sin que el Estado manifestara oposición al respecto, el Juez continuó con la audiencia, sin comunicarse con la abogada al celular que el mismo despacho había solicitado indicar en caso de que existiera algún conflicto con la audiencia y sin invitar a la abogada de los codemandados pese a tener un correo donde hacerlo. Posterior a esta aclaración, se determinaron los hechos controvertidos de la demanda, se procedió a la revisión y admisión de prueba documental ofrecida por las partes, al rechazo del reconocimiento solicitado por el Inder (que al incorporarse a la audiencia manifestó que su interés era desistir del mismo), y al rechazo también de las pruebas ofrecidas por la parte demandada (acercamiento de prueba documental no aportada, prueba testimonial, reconocimiento judicial y prueba pericial).
Nuevamente, el Juez de trámite justificó el rechazo de la prueba aportada por la parte demandada principalmente por la falta de razonamientos adicionales que justificaran las pruebas ofrecidas, pues únicamente contó con lo que se dijo en el escrito de contestación y no con las manifestaciones que hubiera podido hacer la abogada del codemandado Narváez en audiencia. A estas alturas de la diligencia, se integró la representación del Inder y el Juez Tramitador se refirió al documento presentado por el Sinac, donde acusaba también no haber sido invitada a la audiencia, reiterando el Juez de Trámite su posición de que no se le envió la invitación porque señaló un medio para recibir notificaciones y no para recibir la invitación de Teams. Contando con la presencia virtual del representante del Inder, el Juez procedió a conocer la contrademanda, respecto de la cual se indicó que no había aspectos de saneamiento.
La pretensión se mantuvo tal y como estaba en la reconvención inicial, no se resolvieron defensas previas, se fijaron los hechos controvertidos y se procedió a analizar la procedencia de la prueba presentada. Para este momento, procedió a integrarse a la audiencia la representación del Sinac. Nuevamente el juez de trámite aclaró: “…nada más licenciada le hago la acotación de que no se le había mandado la invitación correspondiente porque no es sino hasta este momento procesal que se recibió la misma. En los diversos escritos presentados incluso el día de hoy o en la fecha del mes de febrero se indicó como medio para recibir notificaciones lo cual no es sinónimo de medio para el enlace correspondiente para la invitación del link, que fue lo que se peticionó dentro del escrito de convocatoria a audiencia preliminar…”. Sobre la prueba ofrecida en la reconvención, se procedió al rechazo de dos elementos de prueba que la parte solicitó al Tribunal incorporar.
El motivo del rechazo fue su falta de pertinencia y la falta de aclaraciones de por qué debía diligenciarla el Tribunal y no la propia parte. Respecto de la prueba testimonial ofrecida, el juez procedió a su rechazo indicando que tratándose la contrademanda de un proceso civil de hacienda de daños y perjuicios, la prueba ofrecida no era compatible con las pretensiones esbozadas, igual que el reconocimiento judicial, rechazado nuevamente por falta de pertinencia ante la escasa argumentación presentada, manifestando expresamente: “… con lo indicado en autos no basta, a criterio de este Juzgador, para determinar que resulte pertinente de acuerdo a las pretensiones objeto de debate. Bajo esa consideración, se rechaza”. En cuanto a la prueba pericial, el Juez Tramitador dispuso: “La prueba pericial, pareciera que resultaba procedente porque la parte lo que está peticionando es daños y perjuicios ocasionados por la conducta del Inder de la gestión de haber otorgado dicha (sic) título habilitante de derecho subjetivo.
No obstante existe una omisión en la petición, porque únicamente dice “prueba pericial a efectos de que cuantifique la indemnización correspondiente”, sin establecer qué tipo de profesional es el que peticiona para dicho elemento probatorio. No puede este Juzgador ni este Tribunal presumir aspectos elementales de las partes (sic) y por ende entonces no resulta procedente su admisibilidad. Acordémonos de que (sic) la admisión de la prueba únicamente compete o viene siendo ofrecida por la parte y no puede este Tribunal presumir cuál es el profesional que requiere que realice la pericia correspondiente. Por tal motivo la misma debe ser rechazada”. Nuevamente se denota cómo la ausencia de la abogada de los codemandados influyó en la decisión de rechazo de las pruebas que el mismo juez reconoció que pudieron ser relevantes y procedentes, en particular la prueba pericial para establecer los daños y perjuicios, que constituye el objeto esencial de la pretensión de la contrademanda.
Con base en estos rechazos, se declaró el asunto de puro derecho y se escucharon conclusiones de las partes por escrito, sin que ninguna de ellas hiciera referencia a lo sucedido en la audiencia. Teniendo claro el panorama expuesto en líneas precedentes, es la posición unánime de esta integración que la tesis del Juez de Trámite, en cuanto a no enviar la invitación para la realización de la audiencia virtual al correo electrónico que aportaron las partes al momento de manifestar que están de acuerdo con participar en la audiencia bajo esta modalidad, constituye una práctica en exceso formalista que provocó una afectación importante al derecho de defensa de los ausentes, especialmente relevante para la parte demandada, que vio coartada la posibilidad de expresar a viva voz las razones por las que había interpuesto defensas previas, por un lado, y por otro, porque le impidió defender las pruebas que había aportado y que constituían tanto la base de su defensa, como de las pretensiones indemnizatorias de su contrademanda.
Considera esta Cámara que la distinción que hace el Juez de Trámite entre medio de notificaciones y correo para recibir la invitación a la audiencia no tiene sustento jurídico, pues ni el Protocolo vigente ni la misma resolución que convocó a la audiencia hacen esa diferencia tan sutil entre un término y otro. En los escritos de las partes, quedó clara su intención de acudir a la audiencia preliminar en modalidad virtual. En todos los casos se indica no sólo un correo, sino además un celular para que, como el Tribunal lo solicitó, se pudiera comunicar de forma urgente con ellos en caso de que hubiera un problema de conexión. El espíritu de estos requisitos, contenidos en el Protocolo, es facilitar la participación de las partes vía remota, originalmente en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, pero en la actualidad en virtud del ahorro y mejora en la prestación del servicio público de justicia que significa que las partes puedan participar en una diligencia judicial de trascendencia, sin necesidad de trasladarse al despacho.
Esta idea de celeridad y acercamiento de la justicia a las partes es incompatible con la actitud del Juez de Trámite a cargo de la audiencia, quien aun revisando los escritos que las partes le presentaban en tiempo real, donde claramente reiteraron su intención de participar en la audiencia, se rehusó a enviarles el vínculo al correo que ya habían señalado, o al menos a comunicarse con ellas al celular que habían indicado con el fin de explicarles su posición y buscar la corrección del escrito para cumplir con su posición formalista (que el escrito dijera correo para recibir la invitación y no para recibir notificaciones). Para esta Cámara, la tesis del Juez de Trámite, como se dijo, contraviene el espíritu de acercamiento de la justicia que persigue el Protocolo y peca de formalismo excesivo al requerir una fórmula de palabras específica para llevar a cabo un acto jurídico esencial, como es la comunicación a la parte del vínculo para poder participar en la audiencia en la que se definió en gran medida el futuro del proceso.
La indefensión anotada, afecta en alguna medida al Inder y al Sinac y en mucho mayor medida a la parte demandada, y conlleva la nulidad de la audiencia preliminar realizada, lo que es apreciado de oficio por el Tribunal, a tenor de los poderes de saneamiento concedidos a las autoridades jurisdiccionales a la luz del artículo 33.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 220 CPCA. En este sentido, no es posible subsanar esta actuación en tanto se impidió la participación de las partes en la integralidad de las actuaciones de la audiencia llevada a cabo. Por otro lado, esta actuación irregular impidió el logro del fin para la que fue convocada la audiencia, pues la valoración que se hizo de las defensas previas y de la prueba, tanto de la demanda como de la contrademanda, se hizo de forma sesgada, sin contar con las apreciaciones y explicaciones que pudo haber presentado la representante de la parte demandada reconventora en el transcurso de la misma.
El no comunicarle a la parte el vínculo para unirse a la audiencia pese a sus reiteradas gestiones le cercenó su derecho a ser oída en audiencia, a oponerse a lo resuelto en ella y a presentar nuevas alegaciones, en el marco de las reglas propias de la audiencia preliminar. El hecho de que ninguna de las partes haya alegado la nulidad en sus conclusiones o en otro momento, no enerva la obligación del Tribunal de analizar la situación, ni convalida las actuaciones realizadas en una audiencia donde por una cuestión de excesivo e injustificado formalismo se cercenó el derecho de defensa de varios de los intervinientes, atentando en forma grosera contra el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ante la gravedad de lo acontecido en la tercera audiencia preliminar de este asunto y tratándose de un vicio que pudiera conllevar a la nulidad de la sentencia que este Tribunal está llamado a emitir, no le queda más remedio a esta Cámara que decretar la nulidad de la misma, y por consiguiente ordenar la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su intención asistir en forma virtual y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia. 2) Falta de resolución de la medida cautelar solicitada en la contrademanda.
Como un segundo aspecto, esta Cámara verificó que la parte demandada reconventora presentó en su escrito de contrademanda una solicitud de medida cautelar. Al finalizar la tercera audiencia preliminar, el Juez de Trámite mencionó que no se había resuelto esta incidencia y lo que justificó en el hecho de que no se había dado audiencia al Sinac y al Estado de la misma. En esos términos, concedió a dichos órganos el plazo de tres días para que se refirieran a la misma, indicando que “… ya posteriormente este Tribunal se pronunciará entonces sobre el fondo de lo que en derecho corresponda en cuanto a la medida cautelar peticionada”. No consta en el expediente que el Juez de Trámite haya resuelto esa gestión de la parte, siendo su obligación pronunciarse sobre todas las cuestiones que le hayan sido presentadas. Esta circunstancia abona a la necesidad ya indicada de devolver el expediente al Juez Tramitdor, a fin de que resuelva también sobre esta medida cautelar.
POR TANTO
De oficio, se anula en su integralidad la audiencia preliminar llevada a cabo el 25 de mayo de 2022. Se ordena la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de que proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su intención asistir en forma virtual, y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia. Proceda además el Juez de Trámite a resolver la medida cautelar contenida en el escrito de reconvención. José Martín Conejo Cantillo. Karla Madriz Martínez. Francisco Hidalgo Rueda. Jueces.- Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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