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Res. 02331-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 21/08/2023
OutcomeResultado
Lesividad claim upheld, annulling the IDA agreement that titled the parcel because it was part of the State Natural Heritage and therefore inalienable.Se declaró con lugar la lesividad, anulando el acuerdo del IDA que tituló la parcela por ser parte del Patrimonio Natural del Estado y por tanto inalienable.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court annulled a 2004 decision by the former Agrarian Development Institute (IDA) that had titled parcel 13-C-1501 of the Zona Norte Project to a private individual. The court found that the 7-hectare mountainous property in Bijagua, Upala, was part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) under Articles 13, 14 and 15 of Forestry Law 7575, making it inalienable and imprescriptible. The titling lacked the mandatory land-use compliance studies and violated the prohibition on transferring public-domain assets. The Constitutional Chamber had already annulled the regulation supporting such titlings in 2007, with retroactive effect. The court upheld INDER's lesividad claim, declared the absolute nullity of the agreement, the transfer deed and the land registry entries, and maintained the precautionary measure to recover the land. The defense of lack of right was rejected; no costs were awarded because there was sufficient reason to litigate.El Tribunal Contencioso Administrativo anuló el acuerdo del antiguo IDA que en 2004 tituló a favor de un particular la parcela 13-C-1501 del Proyecto Zona Norte, ubicada en Bijagua de Upala. El tribunal determinó que el inmueble, con 7 hectáreas de terreno de montaña, constituía Patrimonio Natural del Estado (PNE) según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575, por lo que era inalienable e imprescriptible. La titulación se realizó sin los estudios de uso conforme de suelos exigidos por la normativa y contraviniendo la prohibición de traspasar bienes demaniales. La Sala Constitucional ya había anulado en 2007 el reglamento que amparaba esas titulaciones, con efectos retroactivos. El tribunal acogió la demanda de lesividad interpuesta por el INDER, declaró la nulidad absoluta del acuerdo, de la escritura de traspaso y de las inscripciones registrales, y ordenó mantener la medida cautelar para recuperar el terreno. Se rechazó la excepción de falta de derecho y se resolvió sin condena en costas por existir motivo suficiente para litigar.
Key excerptExtracto clave
VII.- ON LESIVIDAD IN THE SPECIFIC CASE. After a thorough review of the record and the evidence submitted by the parties, this Court concludes that Agreement No. 57 of Session No. 044-04, held by the former IDA on November 29, 2004, regarding the titling of Mr. Gerardo Solórzano Barrantes of the parcel at issue, identified as number 13-C-1501, with an area of 70,341.71 m², according to cadastral plan A-924054-2004, located in Province 02, Alajuela, Canton 13, Upala, District 04, Bijagua, of the so-called Zona Norte Project, must necessarily be annulled because it was carried out contrary to the legal order. This will also entail the partial annulment of public deed number 76 issued before Notary Juan Luis Vargas Alfaro, by which the Agrarian Development Institute authorized the segregation and titling of the property described in cadastral plan A-924054-2004, which gave rise to the property of the Partido de Alajuela, real folio registration number 406953-000 in the name of Mr. Solórzano Barrantes, as well as the subsequent transfer of ownership made by him before Notary Carlos Luis Ramírez Badilla in favor of the company Inversiones el Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima. (...) viii) In the instant case, we reaffirm that the proceeding has been brought in a timely manner and in proper form, since prior to the filing of this claim, the supreme hierarchical body of the Institute of Rural Development declared the lesividad of the agreement sought to be annulled, which is not subject to any time limit because it involves the recovery of public-domain property, and the exercise of the action to recover the State Natural Heritage – in its broadest sense – is, as set forth in this judgment, non-transferable, unattachable and imprescriptible, and constitutes rather a power-duty of the Public Administration. IX.- ON THE DEFENSES. As stated in this judgment, the defendants raised the defense of lack of right, which must be rejected for the reasons explained above, since the law supports INDER's claim and therefore the claim has been upheld, because an agreement was adopted that is contrary to the legal order and detrimental to the public interests of the State.VII.- SOBRE LA LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO. Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el acuerdo N° 57 de la sesión N° 044-04, celebrada por el otrora IDA el día 29 de noviembre del año 2004, en lo que se refiere a la titulación del señor Gerardo Solórzano Barrantes de la parcela objeto de este proceso, identificada con el número 13-C-1501, con un área de 70.341,71 m2, según plano A-924054-2004, sita en la Provincia 02, Alajuela, Cantón 13, Upala, Distrito 04, Bijagua, del llamado Proyecto Zona Norte, necesariamente debe anularse por haberse realizado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública número 76 otorgada ante el Notario Juan Luis Vargas Alfaro, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, mediante la cual se autorizó la segregación y titulación del inmueble descrito en el plano catastrado A-924054-2004, que originó la finca del Partido de Alajuela, matrícula de folio real número 406953-000 a nombre del señor Solórzano Barrantes, así como el traspaso de la propiedad realizado posteriormente por éste ante el Notario Carlos Luis Ramírez Badilla en favor de la empresa Inversiones el Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima. (...) viii) En el caso de examen, reafirmamos entonces que el proceso ha sido entablado en tiempo y forma, al haberse declarado de previo a la interposición de esta demanda, por parte del órgano superior jerárquico del Instituto de Desarrollo Rural, la lesividad del acuerdo que se pretende anular, el cual no está sujeto a plazo alguno, por tratarse de la recuperación de bienes de dominio público, siendo que el ejercicio de la acción reivindicatoria del Patrimonio Natural del Estado -en su acepción más amplia-, por lo que se ha reseñado en esta sentencia, resulta intransmisible, inembargable e imprescriptible y constituye más bien un poder-deber de la Administración Pública. IX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES. Conforme se ha reseñado en esta sentencia, la representación de las partes demandadas alegó la excepción de falta de derecho, misma que por lo explicado en los considerandos que anteceden ha de rechazarse, pues el derecho ampara lo peticionado por el INDER y por ello se ha declarado con lugar la demanda, al haberse tomado un acuerdo que resulta contrario al ordenamiento jurídico y lesivo a los intereses públicos del Estado.
Pull quotesCitas destacadas
"El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables."
"The State Natural Heritage is of public domain, and therefore the lands and forests included in it are unattachable, imprescriptible and inalienable."
Considerando VI
"El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables."
Considerando VI
"ningún bien que formara parte del PNE podía ser objeto de traspaso a persona particular, por lo que la actuación de las autoridades del otrora IDA fue a contrapelo de la ley."
"no asset forming part of the PNE could be transferred to a private individual, so the actions of the former IDA authorities were against the law."
Considerando VII
"ningún bien que formara parte del PNE podía ser objeto de traspaso a persona particular, por lo que la actuación de las autoridades del otrora IDA fue a contrapelo de la ley."
Considerando VII
"la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada."
"the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by possessory information and both invasion and occupation of them shall be sanctioned."
Considerando VII (citando Art. 14 Ley Forestal)
"la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada."
Considerando VII (citando Art. 14 Ley Forestal)
"el ejercicio de la acción reivindicatoria del Patrimonio Natural del Estado (...) resulta intransmisible, inembargable e imprescriptible y constituye más bien un poder-deber de la Administración Pública."
"the exercise of the action to recover the State Natural Heritage (...) is non-transferable, unattachable and imprescriptible, and constitutes rather a power-duty of the Public Administration."
Considerando VII
"el ejercicio de la acción reivindicatoria del Patrimonio Natural del Estado (...) resulta intransmisible, inembargable e imprescriptible y constituye más bien un poder-deber de la Administración Pública."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
**RESOLUTION N° 02331 - 2023** **Date of Resolution:** August 21, 2023 at 2:21 p.m.
**Case File:** 15-010355-1027-CA **Drafted by:** Francisco De La Trinidad Hidalgo Rueda **Type of matter:** Lesividad proceeding **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Type of content:** Majority vote **Topics (descriptors):** Public domain asset **Subtopics:** Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel that forms part of the Estado's Patrimonio Natural del Estado in favor of a private individual. **Topics (descriptors):** Lesividad proceeding **Subtopics:** Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel that forms part of the Estado's Patrimonio Natural del Estado in favor of a private individual. **Topics (descriptors):** Patrimonio Natural **Subtopics:** Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel owned by the Estado in favor of a private individual. **Rulings to the same effect** **Text of the resolution** **FILE:** **MATTER:** KNOWLEDGE **PLAINTIFF:** INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL **DEFENDANT:** EL ESTADO **N° N° 2023002331** TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and twenty-one minutes of the twenty-first of August of two thousand twenty-three.- Proceeding of Knowledge -Lesividad- initiated by the Instituto de Desarrollo Rural -hereinafter INDER-, represented by Mr. Rodrigo Cervantes Barrantes, attorney with powers of special judicial representative, bar association number 7896, against Mr. Gerardo Solórzano Barrantes, identity card number 6-0160-0269 of other unknown qualities and against Inversiones del Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima, entity holding legal identity number 3-101-255500, represented by Messrs. Elías Villalta Dávila and Christian Alexander Callejas Escoto, bar numbers 11561 and 21540 respectively. Intervening as interested third parties, representing the Estado and SINAC, respectively, are Ms. Silvia Quesada Casares, attorney, member number 13586, in her capacity as Deputy Procuradora, and Mr. José Guillermo Corrales Montero, attorney, bar number 10135, in his capacity as special judicial representative.
**CONSIDERANDO** **I.- PRELIMINARY ASPECTS.** As part of the procedural iter, the following is noted:
**II. ON THE PROVEN FACTS.** The review of the allegations and documents provided by the parties allows the following facts to be taken as accredited:
**III.- ON THE UNPROVEN FACTS.** From the evidentiary elements examined, the following has not been proven:
**IV.- ON THE PARTIES' ARGUMENTS.** The legal representative of the current INDER stated in the first instance that the formerly called Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, formerly Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, promoted a series of Titling Programs in Reservas Nacionales, based on the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales No. 7599 of August 9, 1996, on Articles 11 and 12 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and Article 32 section a) of the Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735. He argued that such Titling Programs were established as a national necessity, since large extensions of the national territory existed where peasants lacked a property title. The IDA's work within the aforementioned programs was directed at declaring Titling Zones in areas where persons were in possession of the land, but lacked a property title, proceeding to survey and cadaster the properties that were not registered in the Registro Público and to register the respective title, with the beneficiaries having to pay the costs for titling and surveying, whose costs were much lower than the market average for titling lands, and which had to be paid to the IDA within a maximum term of one year. He added that among such programs was the so-called "Programa de Titulación Zona Norte 041" created by Decreto Ejecutivo N° 16707-MAG of November 5, 1985, published in the Diario Oficial La Gaceta N° 235 of December 9, 1985, and which generated the property of Partido de Alajuela, folio real registration number 237598-000. He stated that within the framework of the Titulación Zona Norte 041 program, and through a written request filed with the Institute, the defendant presented on May 31, 2004, a request for titling of parcel 13-C-1501, described in cadastral plan N° A-0924054-2004, with an area of 70,341 meters and 71 square decimeters and which is mountain land. He added that within the titling file, it is recorded that MINAE certification number SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 of May 25, 2004, was presented prior to the registral inscription of parcel 13-C-1501 in favor of the defendant, establishing that: “the property IS LOCATED OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLIFE AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY (sic) ADMINISTERED BY THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. HOWEVER IT DOES (sic) AFFECT THE PROTECTION AREAS ACCORDING TO ARTICLES 33 and 34 of Ley Forestal 7575 of April 16, 1996 AND IN PART IT CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 of said law” [the uppercase highlighted text is in the complaint, the quotation marks are added]. On the other hand, the INDER representative also maintained that no study from the Instituto Geográfico Nacional is recorded in the file, nor that the defendant presented, within the parcel titling process, the compliant land-use study (estudio de uso conforme de suelo) from INTA, or from any duly accredited private professional to carry out said study. He added that the Junta Directiva of the IDA agreed to transfer parcel 1501, Block 13-C, of the Proyecto de Titulación Zona Norte 041 through agreement number 57 of Ordinary Session No. 044-04 of November 29, 2004, and that the corresponding deed of transfer of the property was granted at 8:00 a.m. on December 9, 2004, before Notary Juan Luis Vargas Alfaro, identified as deed number 76, registered on March 29, 2005, under the folio real of Partido de Alajuela, registration No. 406953-000 and described in plan A-0924054-2004, according to which it has an area of 7 hectares 0341 meters and 71 square decimeters and is mountain land and pasture. He continued by stating that in the titling process of the referred parcel, the requirements that underpinned its registration in favor of the defendant were not met. In turn, he said that through a public deed granted before Notario Público Carlos Luis Ramírez Badilla, the defendant Solórzano Barrantes appeared in his personal capacity and as President of the company INVERSIONES EL RÍO DEL NORTE S.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, who sold to said company the property registered under Alajuela folio real number 406953-000. In another vein, he pointed out that through Report No. DFOE-PGAA-20-2008 dated August 27, 2008, from the Contraloría General de la República called "Result of studies of land titling in national reserves on lands belonging to the Patrimonio Natural del Estado" and addressed to the IDA, it was indicated that said study allowed determining that within the content framework of the different titling projects and in contravention of the provisions of Articles 13, 14, 15 and 33 of Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, the IDA titled properties with partial or total forest cover (cobertura boscosa) or that had soil use and topographic characteristics that gave them the category of lands suitable for forestry and of protection areas, and therefore, could not leave the Administration of the Estado, nor be susceptible to being titled in favor of the applicants as they were part of the Patrimonio Natural, and because each and every one of the necessary requirements for proceeding in accordance with the block of legality in force at that time for the titling to be appropriate were not met or provided. He added that in said report, the CGR ordered the IDA to carry out the corresponding administrative procedures and actions, in order to initiate the recovery process for the titled lands that belonged to the Patrimonio Natural del Estado. Given that, he related that the Junta Directiva of INDER, through the agreement taken in Article 47, Ordinary Session No. 36-2015 of October 5, 2015, declared harmful to public interests the administrative act issued through Agreement No. 57 of Ordinary Session No. 044-04 held on November 29, 2004, of the Institution's Junta Directiva, which gave rise to the title registered in the Registro de la Propiedad, Partido de Alajuela, folio real registration No. 406953-000 in favor of Gerardo Solórzano Barrantes, for having been granted to the detriment of the Patrimonio Natural del Estado. As part of the substantive arguments, INDER stated that in the titling of parcel 7-A-1028 of the Proyecto de Titulación ZONA NORTE 041, necessary and regulatory requirements provided for in the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales No. 7599 of April 29, 1996, or as the case may be, the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales published in Gaceta No. 173 of September 10, 2002, in accordance with Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, and the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which established the requirements for the titling of parcels by the IDA, were not met, generating defects in the administrative act.
The ground for nullity that is the subject of this proceeding affects the public interest, since due to breaches of the aforementioned regulations, the IDA authorized the transfer of said parcel, which is part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). It further explained that the purpose of the titling programs transferred to the IDA by Executive Decree No. 16707-MAG was to justify the tenure of unregistered properties by possessors. Those transfers were intended to give the IDA an instrument so that it could segregate and transfer them, under a legal fiction, and thus register properties in favor of the possessors who had possessed those lands under the conditions established by the legal system, with the purpose of facilitating access to credit (Article 10 of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves). According to its statement, in the case of the parcel in question, registered in favor of the defendant, it is recorded in the administrative file that was submitted as evidence, the fact of having possessed the lands, which demonstrates the pre-existence of possessory tenure (tenencia posesoria) of the parcel prior to the Board of Directors' agreement for its transfer (taken in Article 57 of Ordinary Session 044-01 held on November 29, 2004). In this regard, it is considered that the cause of acquisition of those lands by the possessors was the possession exercised by them and not the transfers or sales made by the IDA, since all the Institute received in return was the cost of preparing the corresponding plans and not the price of the properties themselves; in this sense, there was no agreement between thing and price, the Institute could not transfer the lands to the highest bidder, but rather had to transfer them to the possessor who demonstrated compliance with the legal requirements, merely verifying those requirements (Article 10 of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves). It also explained that, under the protection of Constitutional Chamber vote number 04587-97 of 3:45 p.m. on August 5, 1997, the legal nature of the acts in the titling projects carried out by the IDA was merely declaratory; they were limited to recognizing the property right acquired by a person through the figure of usucapion (usucapión), for its registration in the Public Registry, and not constitutive acts of the property right. As part of the defects of absolute nullity, the representative of INDER emphasized that the cited Article 10 of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves was breached, which established that lands not subject to administration by MINAE were to be titled. Furthermore, Article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) was breached, given that protected wild areas (áreas silvestres protegidas) are administered by MINAE, and Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), which establishes that the Natural Heritage of the State is administered by MINAE; therefore, it is concluded that the certification by said Ministry determining that the land is not within protected wild areas or the Natural Heritage of the State was an essential and insurmountable requirement for the validity of the proceeding before the IDA, and the subsequent titling. In the case at hand, it stated that the titling administrative file contains the certification issued by the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS, USER SERVICE OFFICE, identified with the consecutive SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 dated May 25, 2004, according to which the mentioned property AFFECTS THE PROTECTION AREAS ACCORDING TO ARTICLES 33 AND 34 OF THE FORESTRY LAW (Ley Forestal) 7575 OF APRIL 16, 1996 AND CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 of said law. Thus, despite the evidence that the parcel constitutes Natural Heritage of the State, the titling of the respective parcel was recommended in violation of the provisions of the cited Article 10 of the regulation, which, as indicated, excludes from the titling procedure lands that are under the administration of MINAE, as is the case with the Natural Heritage of the State pursuant to Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), for which reason in this case an evident and manifest defect of absolute nullity (vicio de nulidad absoluta) was generated. Additionally, there is no record that the study of compliant land use (estudio de uso conforme de suelos) was submitted, which is required by the Regulation to the Land Use Law (Reglamento a la Ley de Uso de Suelos) number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which came into effect on March 21, 2001, that is, prior to the titling of parcel 13-C-1501 in favor of the defendant; hence, the study was mandatory, and its breach generates another defect of absolute nullity. In this regard, it cited that numeral 158 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a defect thereof, an article which, in relation to 166 of the same law, establishes that an act shall be absolutely null when one or several constitutive elements are completely lacking, in fact or in law, and Article 167, which provides that an act shall be relatively null when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the achievement of the purpose, in which case the nullity shall be absolute. All these related articles allow the conclusion that the lack of essential requirements for the titling of the parcel under study produces the absolute nullity of the administrative act. It also added that pursuant to numeral 133 of the cited legal body, in the case of land titling in national reserves, the motive was regulated, such that the breach of the requirements established in the respective law or regulation, as occurred in the case at hand, constitutes in itself a defect of nullity of the act because it did not exist as it had been considered for its issuance. Likewise, it invoked that constitutional canon 129 establishes that acts and agreements contrary to prohibitory laws shall be null, unless the laws themselves provide otherwise, given that the administrative act that authorized the transfer of the parcel in favor of the defendant is contrary to Articles 13, 14, 15, 33, and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), the consequence of the contravention of the related articles being absolute nullity. Finally, INDER stated that the titling of the property under discussion here harms the public interest, since through said absolutely null act, lands forming part of the Natural Heritage of the State were titled, and therefore it requested that the filed complaint be granted in all its aspects. Regarding the arguments presented by Mr. Solórzano Barrantes, both in his personal capacity and as representative of the company Inversiones el Río Azul del Norte SCR S.A., it is important to highlight that he admitted the majority of the facts set forth in the lesivity (lesividad) complaint. Likewise, he accepted the existence of the certification SINAC DS-OFAU-C-1934-2004, noting that it indicates that the cadastral plan A-924054-2004 constitutes a property that is outside any wild area but that constitutes Natural Heritage of the State. Given this, he considered that the fact is inaccurate because the evidence offered does not correspond to the alleged request, also claiming that it is also not true that the property with that plan number is in a natural heritage zone (zona de patrimonio natural). He argued that although the certification exists in the record, it is not conclusive proof that his property is located in an area that constitutes Natural Heritage of the State, given that the information in that document was determined based on the location recorded in a cadastral plan and was carried out through a study of cartographic sheets in the year 2004. He added in this regard, that as accredited by the certificate SINAC ACAT-PNE-CERT-081-2016 submitted as evidence, the property in question is not within any reserve area or Natural Heritage of the State. He also indicated that it is not true that the titling requirements for the property were not met, and that an application was submitted accrediting peaceful and uninterrupted possession (posesión) of the property, paying in addition the canon required for that purpose, given that the legal-historical moment in which the property was titled demanded only those requirements, so any other requirement that might be lacking does not invalidate the administrative act that granted such titling, as it would not represent a defect in any essential element. He argued that since INDER did not specify which requirements it refers to as breached, it is impossible to issue a ruling on the merits. This being the case, he continued, it is also not deduced what the supposed defect in some essential element of the administration's act is, which turns the complaint into an action with contradictory and mutually exclusive claims, as it is not understood whether what is sought is absolute nullity due to defects in essential elements or a lesivity proceeding that by nature is directed against perfectly valid acts. In relation to the report of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), he maintained that it is not applicable to his property, since according to the certificates issued by INDER itself and SINAC, it is accredited that the property in question is not within any Natural Heritage or State Reserve area. This being the case, he opposed the declaration that the property in question is harmful to the public interest, since the property is not located in any protected zone and therefore no such harm to the public interest exists. The defendant party pointed out that none of the defects of nullity alleged by the plaintiff entity exist in the administrative act that generated subjective rights and are final, given that with the evidence provided, it is incontestably disproven that the property is in a Natural Heritage of the State area, whereby the premise of harm to the common interest disappears and with it the possibility that the administrative act is declared lesivo (harmful), and therefore this complaint must be dismissed. Regarding the defects of absolute nullity due to lack of motive and procedure, he indicated that there would be a violation of due process in administrative proceedings, since the proper ordinary procedure for absolute nullity was not carried out, necessarily involving a legal opinion from the Procuraduría General de la República, and the alleged defects lose meaning since there is no harm to the public interest as it is not in a Natural Heritage area. He added that it must be observed that the purpose of the titling process was precisely to ensure the property right of citizens; this was fulfilled, and the lack of the other elements would constitute a violation of the property right, which was precisely what was sought with the titling law. The defendant also explained that his property right is consolidated, since the property that is the subject of this process belonged to Mrs. Ananías Salas Vega, who held it as a possessor (poseedora) with the intention of ownership (ánimo de dueña), and he later acquired it in the same condition of possession, and it was subsequently that the titling procedure was carried out. He added that even before the titling, he had the bare ownership (nuda propiedad) of the property, and the property right was consolidated with the titling made by the IDA. He reiterated that the property is not located in a Natural Heritage of the State zone, and therefore does not fall under the concept of public domain status (demanialidad) intended to be attributed to it; consequently, he stated, should the plaintiff's claims be accepted, they could only annul the titling since the bare ownership would be preserved. This being the case, he requested the rejection of the complaint and the lifting of the precautionary measure. Regarding the argument of the State, appearing as an interested third party in this proceeding, it began by explaining through its representative that in ordinary session No. 36 of October 5, 2015, the Board of Directors of INDER declared harmful (lesivo) agreement 57 of ordinary session No. 044-04 of November 29, 2004, relating to parcel 1501, block 13-C, of the North Zone 041 titling project, which gave rise to the registration of Partido de Alajuela 406953-000, plan A-924054-2004 and which originates from the property of Partido de Alajuela 215217, which was canceled at the request of the Board of Directors of the IDA according to agreement No. 9 adopted in ordinary session 43 of December 17, 2007, before the “Report on the compliance and validity of the functions assigned to the Instituto de Desarrollo Agrario” by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República)” [the highlighting is from the original]. The State added that the property of Partido de Alajuela 406953-000, plan A-924054-2004 (7 Ha 341.71 m2), was registered in the name of Gerardo Solórzano Barrantes on March 29, 2005 (volume 545, entry 1503), and donated to the company Inversiones Río Azul del Norte S.C.R. S.A. on June 12, 2007 (volume 571, entry 40477). In this regard, it noted that plan A-924054-2004 describes the property as "mountain" and that in the certification INAC-DS-OFAU-C-1934-2004 of May 25, 2004, it states that the land described in such plan "CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE" [the capital letters are from the original]. In that sense, it cited that Article 14 of the Forestry Law (Ley Forestal) provides for the inalienability (inalienabilidad) and imprescriptibility (imprescriptibilidad) of the lands of the Natural Heritage of the State, as well as the impossibility of their appropriation by private individuals, a topic which, it pointed out, has already been addressed by this Contentious-Administrative Tribunal and by the Constitutional Chamber. Thus, the forests and forest lands or lands of forest aptitude of property 2-406953-000, originating from the property of Partido de Alajuela 215217, at the time property of the IDA, constitute Natural Heritage of the State according to Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), so in that condition, they could not be exchanged, ceded, alienated in any way, delivered, or given under lease. Therefore, it added, the administrative act issued through agreement 57 of ordinary session No. 044-04 of November 29, 2004, is vitiated by absolute nullity, an aspect on which it cited judgments that addressed the matter. Furthermore, it continued, the registration procedure for title 2-406953-000 was carried out based on the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, adopted by agreement of the Board of Directors of the IDA, published in La Gaceta 173 of September 10, 2002, which was annulled by constitutional vote 2063-2007, with effects “retroactive to the effective date of the norms that are annulled, that is, August twelve, two thousand two”, due to the lack of competence of the IDA to issue it and of legal grounds supporting it [the highlighting is not from the Court]. It mentioned in support of its defense thesis that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has reiterated that the nullity of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves vitiates the titlings made based on that norm. In its opinion, given the defects of nullity contained in the registration and transfer of property 2-406953-000, it should be noted that the acts and agreements carried out privately over a public domain (demanial) real estate tract, due to the nature of the property, the absence of valid ownership, and for contravening prohibitory laws, become absolutely null (Constitución Política, Articles 28 paragraph 2 -a contrario sensu- and 129 paragraph 4; General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), Article 18.2; Civil Code (Código Civil), Articles 10, 261, 262, 627 subsection 2, 629, 631, 835, 837 and 844; Chamber of Cassation, judgments of 10 a.m. on August 10, 1946, 3-53, 79-55, 78-76 and 121-79; First Chamber, votes 317-2008, considering XXI and XXII, 1562-2012, considerings IX and X; Contentious-Administrative Tribunal, Nos. 433-2010-11, considerings v-V11; 2642-2010-V1; 71-2012-VIII). Finally, the legal representative of SINAC, laconically regarding the pursued lesivity, simply appeared in the proceeding indicating agreement to be considered as an interested third party.
V.- REGARDING THE LESIVITY (LESIVIDAD) PROCEEDING IN GENERAL. As a starting point, it is necessary to highlight that, in general terms, the lesivity proceeding is a jurisdictional mechanism, through which the ordinary legislator authorized Public Administrations to bring annulment claims regarding declaratory acts of subjective rights issued by them. In these types of judicial proceedings, the validity of a specific formal conduct, which has generated subjective rights in favor of an administered party -individual or legal entity-, is analyzed. Precisely for this reason, the compulsory participation of the addressee of the act whose nullity is sought is necessary, in order to guarantee not only the adversarial process but also the timely exercise of their right of defense. In our legal system, Article 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo - CPCA) is the norm that sets forth the preliminary elements and procedural regulations of this figure; however, said normative precept must be harmonized with numerals 173.6 and 183, both of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública - LGAP), in order to have a complete picture of the topic addressed. From the harmonious combination of said norms, it is concluded that in this type of proceeding, active standing is granted to the Administration that issued the challenged act, while the passive standing belongs to the administered party who is the addressee of the effects of that formal conduct. This is so because, as indicated earlier, lesivity constitutes an instrument for the legal suppression of specific administrative acts that create subjective rights, insofar as they are substantially non-compliant with the legal system -acts vitiated by absolute or relative nullity- (Articles 128, 158, 165 and concordant of the LGAP). Therefore, the lesivity proceeding is an additional guarantee for the administered party, in which, in application of the principle of intangibility of own acts (intangibilidad de los actos propios), the Administration cannot by itself eliminate the effects of a declaratory act of subjective rights; rather, it is through this proceeding and by a jurisdictional body that such rights-creating acts can be suppressed, independent of the Administration that authored the act sought to be annulled as harmful to the public interest. Now, it is important to recall that in addition to what has already been indicated, it is essential that the supreme hierarchical superior of the respective Public Administration -issuer of the formal conduct being challenged- declares the act lesivo, when public, economic, or any other interests have been affected. Furthermore, according to our body of law, when the act emanates from the Central Administration, the complaint may only be filed by the Procuraduría General de la República (Article 16 of the CPCA). Regarding the time available, both for declaring the act lesivo and for filing the judicial proceeding under discussion, the CPCA establishes a term of one year, calculated from the day following the issuance of the act, for declaring it lesivo in the administrative proceedings. The foregoing applies except in cases where said formal conduct has defects of absolute nullity, in which case, per the provisions of ordinal 34.1 of the CPCA, that internal declaration may be made as long as the effects of the act persist. In such a case, by mandate of said norm, the one-year period is calculated from the cessation of its effects, and the judgment ordering the eventual nullity shall do so solely for the annulment and future inapplicability of the challenged conduct. After the declaration of lesivity, the CPCA grants a term of one year to the respective Public Administration -calculated from the day following the finality of such declaration- to file the contentious-administrative lesivity proceeding -Article 39 of the CPCA-. In summary, according to what has been indicated, for the initiation of a lesivity proceeding and a consequent ruling on the merits, the following are required: i) the existence of a specific, final administrative act that declares subjective rights; ii) that said formal conduct has defects of absolute or relative nullity; iii) that said act has been declared harmful (lesivo) to public, economic, or any other interests in administrative proceedings by the supreme hierarchical superior of the Administration that issued it; iv) that such declaration of lesivity is made within the one-year term provided in numeral 34 of the CPCA -except regarding the protection of public domain assets (bienes de dominio público) which is not subject to a term -Article 34.2 of the CPCA-; v) that the contentious lesivity proceeding is filed by the Public Administration that issued the act, within the one-year term provided by Article 39.1.e) of the CPCA -with the aforementioned exception regarding public domain assets- and/or that the act contains defects of absolute nullity perpetuated over time. Precisely the fulfillment of these requirements regarding lesivity will be analyzed later by the Court to verify whether or not the requested nullity is appropriate.
VI.- REGARDING THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO). It is worth recalling that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was recognized and protected as such in our country, even before the reform of Article 50 of the Constitución Política, by Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969 -repealed by Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996-, which not only contained “...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, use, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources...” (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado) (Article 32 first paragraph). Regarding the Forest Heritage of the State, Forestry Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies to administer and supervise the Forest Heritage of the State, which according to that regulation were the Dirección General Forestal and the Ministry of Environment and Energy (Article 32 second paragraph); the powers conferred on these bodies for the purposes of protecting and conserving the Forest Heritage of the State, among which stand out: the actions for recovery (acciones reivindicatorias) of those properties (Article 33); the constitution within the Natural Heritage of the State of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (Articles 35 to 37); the demarcation (deslinde) of the lands in the areas that make up the Forest Heritage of the State (Article 38). For its part, in Forestry Law number 7575 of February 5, 1996, which currently governs us, that concept is taken up again but with a variation in the name, since now it is called Natural Heritage of the State, which is a broader term that encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3 subsection c of the Forestry Law (Ley Forestal)). The Natural Heritage of the State is of public domain, which is why the lands and forests comprised within it are unattachable (inembargables), imprescriptible (imprescriptibles), and inalienable (inalienables); meanwhile, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment and Energy, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), 32 second paragraph of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente)). Furthermore, it is composed of two important components: 1) Protected Wild Areas, whatever their management category and that have been declared by Law or Executive Decree, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forestry Law (Ley Forestal) 7575, Articles 1°, paragraphs 2°, 3° subsection i; Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, Article 32; Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, Articles 22 et seq. and 58; National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales) No. 6084, Article 3° subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE (Ley Orgánica del MINAE) No. 7152 and its Regulation; Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317, numeral 82, subsection a); and 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, of the properties registered under its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, which have an immediate legal affectation (ordinal 13 first paragraph of the Forestry Law (Ley Forestal)) [on this matter, judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 2:53 p.m. on November 12, 2008, can be consulted]. Now, another aspect of vital importance to indicate is that the Natural Heritage of the State does not require an express declaration, given that, pursuant to the provisions of Articles 13 and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), as well as what was decided by the Constitutional Chamber in its judgments 1992-03789 and 1997-04587, forested zones, lands with forest aptitude, mangroves, and wetlands comprised within the inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. In this sense, it is evident that the State -in the broad sense of the term- has the legal and constitutional duty to guarantee, defend, and protect forested zones, lands of forest aptitude, mangroves, wetlands, among others, comprised in the inalienable areas, taking the necessary measures for their effective protection and conservation, as in this case, where the annulment of an administrative act that should never have come into legal existence is sought, since it contains defects of absolute nullity for authorizing the private appropriation of an asset that forms part of the Natural Heritage of the State.
VII.- REGARDING LESIVITY IN THE SPECIFIC CASE. From the exhaustive analysis of the case file and the evidence provided by the parties that is attached in the judicial file, this Court concludes that agreement No. 57 of session No. 044-04, held by the former IDA on November 29, 2004, regarding the titling to Mr. Gerardo Solórzano Barrantes of the parcel that is the subject of this proceeding, identified with number 13-C-1501, with an area of 70,341.71 m2, according to plan A-924054-2004, located in Province 02, Alajuela, Canton 13, Upala, District 04, Bijagua, of the so-called Zona Norte Project, must necessarily be annulled for having been carried out against the legal system. The foregoing will also imply the partial annulment of public deed number 76 granted before Notary Juan Luis Vargas Alfaro, issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, by which the segregation and titling of the property described in cadastral plan A-924054-2004 was authorized, which originated the property of Partido de Alajuela, real folio registration number 406953-000 in the name of Mr. Solórzano Barrantes, as well as the transfer of ownership subsequently carried out by the latter before Notary Carlos Luis Ramírez Badilla in favor of the company Inversiones el Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima. This is because the procedure carried out by the former IDA did not comply with the regulatory requirements established for this purpose by the legal system. This being the case, once the examination of the indispensable requirements that are rigorous in this type of proceeding has been carried out, as highlighted in the fifth considering of this judgment, this Chamber determines that the declaration of lesivity made by the plaintiff Administration meets the indicated requirements, for the reasons explained below:
In this regard, this Court considers that, as argued by the plaintiff entity, the agreement of session 044-04 dated November 29, 2004, insofar as it ordered the segregation and transfer of parcel number 13-C-1501 of the so-called Zona Norte Project, violated the legal system and therefore contains defects of absolute nullity perpetuated over time that must be reversed. First, it must be emphasized that, in addition to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado - PNE) having been regulated and classified as public domain for over 50 years, similarly, Forest Law No. 7575 of February 5, 1996—which was already in force at the date of the transfer of the parcel registered in the name of Mr. Gerardo—contains its own regulation in Title Two, establishing, for what is of interest here, the following: Article 13: “Constitution and administration. The Natural Heritage of the State shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage (...)” / Article 14: “Unseizable and inalienable condition of the natural heritage. The forest lands and forests that constitute the Natural Heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's recovery action (acción reivindicatoria) for these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and occupation thereof shall be punished in accordance with the provisions of this law.” / Article 15: “Impediments. Bodies of the Public Administration may not exchange, assign, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands owned or administered by them, without such lands having first been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they shall automatically become part of the Natural Heritage of the State, and a limitation shall be established that must be registered in the Public Registry.” [underlining added]. As can be seen with crystal clarity, no property that formed part of the PNE could be transferred to a private individual, so the actions of the authorities of the former IDA were against the law. Moreover, it must be noted that both in this case and in many others already resolved in this same judicial venue with very similar results, the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) itself warned in 2008 of the anomalies that occurred, adding the fact that the title grants made were carried out under norms that were later declared unconstitutional with retroactive effects. This was pointed out by the oversight body in point 1 of Report FOE-PGAA-0578 of August 27, 2008, called Results of the Study, where it stated: “(...) The legal basis on which the Institute has relied to carry out land titling in national reserves has been the Multiple Titling of Lands Law No. 5064 of August 22, 1972, and Law No. 7599 of April 29, 1996, called Law on the Titling of Lands Located in National Reserves, as well as the provisions of Internal Regulation of the IDA No. 55, called 'Regulation for the Titling of Lands in National Reserves,' published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002. Notwithstanding the foregoing, it is appropriate to mention that the cited norms were declared unconstitutional by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in various rulings (...).” [italics in original]. And indeed, by way of example, in constitutional judgment number 2007-02063 of 2:40 p.m. on February 14, 2007, the aforementioned Regulation for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in session 055-02 of August 12, 2002, published in La Gaceta 173 of September 10, 2002, was annulled, with the following relevant provisions for the case at hand:
“VI.- (...) Thus, by domain assets or demanial properties must be understood the set of assets—both immovable and movable—that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, as they are assets that by express will of the constitution-maker or the legislator are dedicated to a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and that therefore, cannot be subject to private property, so they are outside the commerce of men, that is, they cannot belong individually to private individuals, nor to the State—in a strict sense—since the State limits itself to their administration and guardianship. Thus, assets of public domain and those of private domain of the State (fiscal) are differentiated by their purpose and the titleholder, in that what defines the legal nature of the former is the purpose given to this type of assets, that is, insofar as they are dedicated to and at the service of public use, under the terms provided in Article 261 of the Civil Code (In this same sense, judgments number 2306-91 and 2988-99, among others, may be consulted.) Thus, this category includes—without it constituting a closed list—the maritime-terrestrial zone, the forest or natural heritage of the State—protected areas—(composed of national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments—Article 32 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September 18, 1995—), the hydrographic protection zones—Article 33 of the Forest Law—(adjacent [sic] to springs, to the banks of rivers and lakes), border zones (Article 10 of the Law on Vacant Lands, number 13, of January 10, 1939), the right of way, railway lines, indigenous reserves, the historical-architectural heritage, mining resources, archaeological heritage, etc. These are assets that, by their vocation and purpose, are outside the commerce of men, so they are inalienable, imprescriptible, and unseizable, so that neither their ownership nor possession is possible, neither gratuitously nor for consideration; they cannot be lost by prescription, nor can they be acquired by usucapion, so they are assets that permanently retain their legal validity; and they are not subject to seizure; in addition, they are subject to police power, regarding their exploitation and use, since it is conditioned on the granting of the respective licenses and permits and on the control and oversight by the Administration (...) / XII.- (...) Therefore, any normative provision that generally allows or empowers the Administration to own public domain assets shall be unconstitutional, and especially when it concerns assets that form part of the natural heritage of the State, whatever their designation or category—national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, natural monuments—maritime-terrestrial zone, hydrographic protection zones, indigenous reserves, historical-architectural heritage, mining resources, archaeological heritage, border zone—to subject them to the regime of private domain, especially when there is no prior technical-scientific study, as has been noted (...) / XIII.- (...) it falls to all State institutions—among them the Agrarian Development Institute—to protect the environment, such that allowing the titling of assets that form part of the natural heritage of the State constitutes a direct injury to the environment, due to the harmful effects it causes, both nationally and internationally (In this sense, judgments number 4480-94, 0132-99, 2002-1220, 2005-8945, 2003-06323, 2004-1923, and 2005-12039 may be consulted). It is clear that due to the content of this regulation, by allowing the titling of national reserves, which are part of the protected areas and comprise the natural heritage of the State—public domain assets—the stated constitutional obligation is ignored (...) / XV.- (...) Pursuant to the provisions of Articles 90, first paragraph, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the finding of unconstitutionality made in this judgment in relation to the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute by Article 11 of session number 055-02, of August 12, two thousand two, and published in the Official Gazette La Gaceta number 173, of August 10, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the effective date of this regulatory body, that is, August 12, two thousand two, the foregoing, such that the recovery of assets that, being of public domain, have been subject to titling under the norm that is now annulled, shall proceed, the foregoing, without prejudice to the patrimonial liability of the State deriving from this unconstitutionality (...) / XVI.- (...) c.) it is appropriate to grant the action in an interlocutory manner, in relation to the challenge made of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute by Article 11 of session number 055-02, of August 12, two thousand two, and published in the Official Gazette La Gaceta number 173, of August 10, two thousand two, because there are jurisprudential precedents—judgments 2988-99, 2001-8560 and 2001-8678, in which the unconstitutionality of the Law on Titling in National Reserves, number 7599, of April 29, 1996, was declared—on the matter, which have found the possibility of titling national reserves to be contrary to the Law of the Constitution, considering that it constitutes a threat to the natural heritage of the State, and with it, to the right that all persons have to a healthy and ecologically balanced environment (...) / Therefore: (...) Consequently, the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in session 055-02 of August 12, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September 10, two thousand two, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the norms that are annulled, that is, August 12, two thousand two, and April 16, 1996, respectively. The foregoing, without prejudice to the patrimonial liability of the State deriving from this unconstitutionality (...)”. [the bold, underlining, and italics are from the original].
From the transcribed constitutional judgment, which incidentally cites other important precedents, it follows without fear of error that agreement 044-04 of November 29, 2004, by means of which the parcel identified with number 13-C-1501 with an area of 70,341.71 m2, according to plan A-924054-2004, was transferred to Mr. Gerardo Solórzano Barrantes, is inconsistent with the legal system and must be annulled, as well as the related and consequent acts that will be cited later, not only because it was based on norms that were declared unconstitutional with retroactive effects, but also because, pursuant to Articles 26 and 27 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998, in force at the time of the adoption of the cited agreement, the former IDA had the obligation to have the respective land-use capability studies before acquiring lands for titling purposes. Likewise, pursuant to the provisions of the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils, in its version in force at the time of the facts at hand, the titling file in favor of Mr. Gerardo also lacked the requirements established in Chapter VI called “On Land Titling.” For example, Article 58 establishes that: “In any possessory information submitted to the IDA or to the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by ordinary law, must demonstrate, with an adequate soil study, that they have exercised possession in compliance with the approved land use (uso conforme del suelo) for the activity they carry out according to the approved methodology, and executing them with the best management practices (...).” In turn, Article 59 of that regulatory body provides: “The study shall be conducted by the Certifier of Approved Land Use, who must analyze and certify, based on a field visit, whether the possession in the activities of the property has been exercised in accordance with the approved land use according to its classification and that management and conservation practices for soils and water are carried out on the property in accordance with the approved methodology” [emphasis supplied]. For its part, Article 62 of the cited regulation provides: “If from the soil study and land classification, titling for agricultural or urban purposes is not feasible, the IDA shall allocate them, as the case may be, to a national reserve, transferring them, as the case may be, to MINAE.” As we can see, the legal system prevailing at the time of the transfer of the parcel under review in this proceeding required, as specified by the CGR in its report, a certification of approved land use in order to title, and it had to be done, as detailed above, through a field visit by the responsible professionals. However, in the case at hand, as has been established in proven facts numbers 3) and 12) of this judgment, the certifications issued for the titling of the property in the name of Mr. Solórzano Barrantes were carried out, as is commonly said, “from the office” or “from the desk” and not in the field as required by law, that is, there was never an actual trip to the area to conduct the rigorous investigation. Nevertheless, it should be noted that in the certification identified as SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 of 11:00 a.m. on May 25, 2004, even though it stated that the property was outside any protected area, the official Arnoldo Luna Sancho of SINAC indicated that it did form part of the PNE, literally stating the following: “Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a 1:50,000 scale, it has been determined, based on the location recorded in cadastral map number A-924054-2004 in the name of I. D. A., that it describes a property located OUTSIDE OF ANY PROTECTED WILD AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 OF THE FOREST LAW 7576 OF APRIL 16, 1996” [the bold and uppercase are from the original, the underlining is added]. For his part, in official letter ACAT-PNE-046-2019 of 3:49 p.m. on February 18, 2019, Eng. Alexander León Campos, in his capacity as Director of the Arenal Tempisque Conservation Area of SINAC, again conducting a desk study and not a field study, certified the following: “HAVING REVIEWED: The study carried out on the cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a 1:50000 scale, the existing geographic information, a study carried out of the Real Estate Registry, and the location recorded in plan A-0924054-2004. I CERTIFY: That the property with plan A-0924054-2004, which corresponds to a tract of land with an area of seven hectares, three hundred forty-one point seventy-one square meters, located in San Miguel, District Bijagua, Canton Upala, Province Alajuela, is outside any Protected Wild Area or farm administered by the National System of Conservation Areas. According to the registry study conducted, this plan generated the farm registered in Real Folio 2-0406953-000, in the name of Inversiones El Río Azul del Norte S C. R. Anónima.” Thus, from what has been explained in this section, it is evident that there was a failure to comply with the regulated administrative procedures at the time the IDA arranged the titling in favor of Mr. Solórzano Barrantes, with one of the documents even showing—despite the apparent contradiction—that the property clearly did form part of the PNE and therefore could not be titled. Hence, this evidence only reinforces that the agreement made not only violated the recently transcribed norms that were applicable at that time, but also failed to consider the provisions regarding the inalienability of the Natural Heritage of the State, as an integral part of the public domain.
VIII.- ON THE NULLITIES SOUGHT. Based on the granting of the harmfulness declared by INDER as explained supra, what is appropriate in law is to declare the absolute nullity by this Court of the administrative act contained in the agreement adopted by the Board of Directors of the former Agrarian Development Institute, in Article 57, of Ordinary Session number 044-04 of November 29, 2004, regarding the transfer of the farm object of this proceeding to Mr. GERARDO SOLÓRZANO BARRANTES, that is, Parcel No. Thirteen-C-One Thousand Five Hundred One, situated in District Four, Bijagua, Canton Thirteen, Upala of the Province of Alajuela, with an area of 70,341.71 m2, according to plan A-924054-2004, which includes, by connection, the annulment of public deed number 76 granted at 8:00 a.m. on December 9, 2004, before Notary Public Juan Luis Vargas Alfaro, solely with respect to the titling of the farm of the Alajuela Registry, real folio number 406953-000, the registry entry of which appears at Volume: 545, Entry: 01503, Consecutive: 01, which is also ordered annulled. Likewise, the nullity is ordered of the registration entry, according to Volume: 571, Entry: 40477, Consecutive: 01, by means of which the property was registered in the name of the company INVERSIONES EL RÍO AZUL DEL NORTE C.R SOCIEDAD ANÓNIMA. Until this judgment becomes final, the precautionary measure of annotation of the claim on the referenced property must be maintained, in order to provide adequate protection to the property that forms part of the Natural Heritage of the State that is sought to be recovered. Finally, the argument and petition of the legal representation of the defendant parties in this case cannot be overlooked, to the effect that a vested right exists in favor of their clients, since, as explained in this judgment, public domain assets are non-transferable and the action for their recovery is imprescriptible. Moreover, seeking compensation is improper when no counterclaim has even been filed in this case.
IX.- ON THE DEFENSES. As has been recounted in this judgment, the representation of the defendant parties raised the defense of lack of right, which, for the reasons explained in the preceding recitals, must be rejected, since the law supports what is petitioned by INDER, and therefore the claim has been granted, an agreement having been adopted that is contrary to the legal system and harmful to the public interests of the State.
X.- ON COSTS. According to the regulation of Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs are a burden imposed on the losing party for the fact of being so, and their waiver is only appropriate when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the case under study, we consider that there is valid cause to vary the premise and resolve without special award of costs, since the initial allocation and registry registration made in favor of Mr. Gerardo Solórzano Barrantes resulted from a disposition made by the Public Administration itself, so that in this Chamber's view, there was sufficient reason to litigate in defense of his interests.
Furthermore, the subsequent donation received by the co-defendant company, also represented by Mr. Solórzano Barrantes, was made when the agreement had not even been declared harmful (lesivo) by INDER. Consequently, we consider it appropriate to resolve this matter without a special award of procedural and personal costs.
THEREFORE
The objection of lack of right is dismissed. Consequently, this harmful action (acción de lesividad) brought by the Institute of Rural Development -INDER- is granted, and the absolute nullity is ordered of the agreement made by the Board of Directors of the former Institute of Agrarian Development, in article 57, of ordinary session number 044-04 dated November 29, 2004, insofar as it concerns the transfer of the property that is the subject of this proceeding to Mr. GERARDO SOLÓRZANO BARRANTES, that is, Parcel No. Thirteen-C-One Thousand Five Hundred One, located in the Fourth District, Bijagua, Thirteenth Canton, Upala of the Province of Alajuela, with an area of 70,341.71 m2, according to plan A-924054-2004, which includes, by connection, the annulment of public deed number 76 issued at 08:00 hours on December 9, 2004, before Notary Public Juan Luis Vargas Alfaro, solely with respect to the titling of the property of the Alajuela Registry, real folio number 406953-000, a registry entry recorded in Volume: 545, Entry: 01503, Consecutive: 01, which is also ordered annulled. Likewise, the nullity is ordered of the registration entry, according to Volume: 571, Entry: 40477, Consecutive: 01, whereby the property was recorded in the name of the company INVERSIONES EL RÍO AZUL DEL NORTE C.R SOCIEDAD ANÓNIMA. Finally, the precautionary measure ordered interlocutorily in the processing phase must be maintained until this judgment becomes final. This is resolved without a special award of costs. NOTIFY.- Francisco Hidalgo Rueda Gustavo Irías Obando José Martín Conejo Cantillo FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, DECISION-MAKING JUDGE GUSTAVO IRIAS OBANDO, DECISION-MAKING JUDGE JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, DECISION-MAKING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 05:51:09.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de lesividad Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Bien demanial Subtemas: Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela que forma parte del Patrimonio Natural del Estado a favor de un particular. Temas (descriptores): Proceso de lesividad Subtemas: Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela que forma parte del Patrimonio Natural del Estado a favor de un particular. Temas (descriptores): Patrimonio natural Subtemas: Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela propiedad del Estado a favor de un particular. Sentencias en igual sentido CARPETA:
ASUNTO:
CONOCIMIENTO ACTOR:
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL EL ESTADO Nº N° 2023002331 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con ventiuno minutos del ventiuno de Agosto del dos mil ventitres.- Proceso de Conocimiento -Lesividad- incoado por el Instituto de Desarrollo Rural -en adelante INDER-, representado por el señor Rodrigo Cervantes Barrantes, abogado con facultades de apoderado especial judicial, carné de colegiado número 7896, en contra del señor Gerardo Solórzano Barrantes, cédula número 6-0160-0269 de demás calidades desconocidas y de Inversiones del Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima, entidad poseedora de la cédula jurídica número 3-101-255500, representada por los señores Elías Villalta Dávila y Christian Alexander Callejas Escoto, colegiados números 11561 y 21540 respectivamente. Intervienen como terceros interesados, en representación del Estado y del SINAC, respectivamente, la señora Silvia Quesada Casares, abogada, agremiada número 13586, en su carácter de Procuradora Adjunta y el señor José Guillermo Corrales Montero, abogado, colegiado número 10135, en su condición de apoderado especial judicial.
CONSIDERANDO
I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:
II.SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. La revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:
III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De los elementos demostrativos examinados, no se ha logrado comprobar lo siguiente:
IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES. Manifestó en primera instancia el personero legal del actual INDER, que el antes llamado Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, otrora Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, impulsó una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales, con fundamento en la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N° 7599 del 09 de agosto de 1996, en los artículos 11 y 12 de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961 y el artículo 32 inciso a) de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario N° 6735. Argumentó que tales Programas de Titulación se establecieron como una necesidad nacional, ya que existían grandes extensiones del territorio nacional donde los campesinos carecían de título de propiedad. La labor del IDA dentro de los programas de cita, se orientó a declarar Zonas de Titulación en áreas donde las personas se encontraban en posesión de la tierra, pero carecían de título de propiedad, procediéndose a realizar el levantamiento y catastro de las fincas que no se encontraban inscritas en el Registro Público y a inscribir el título respectivo, debiendo pagar los beneficiarios los costos por la titulación y agrimensura, cuyos costos fueron muy inferiores al promedio del mercado para titular tierras, y que debían ser cancelados al IDA como máximo a un año plazo. Adicionó que dentro de tales programas, se encontró el denominado "Programa de Titulación Zona Norte 041" creado mediante el Decreto Ejecutivo N° 16707-MAG del 05 de noviembre de 1985, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 09 de diciembre de 1985 y que generó la finca del Partido de Alajuela, folio real matrícula número 237598-000. Refirió, que dentro del marco del programa de Titulación Zona Norte 041, y mediante escrito presentado ante el Instituto, el demandado presentó el día 31 de mayo del 2004, solicitud de titulación de la parcela 13-C-1501, descrita en el plano catastrado N° A-0924054-2004, con un área de 70.341 metros con 71 decímetros cuadrados y que es terreno de montaña. Agregó, que dentro del expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAE número SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 del 25 de mayo del 2004, antes de la inscripción registral de la parcela 13-C-1501 a favor del demandado, estableciendo que: “el inmueble SE UBICA FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA (sic) DE MANEJO ADMINISTRATIVA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO SI (sic) AFECTA LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996 Y EN PARTE CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 de dicha ley” [lo resaltado en mayúscula está en la demanda, el entrecomillado es agregado]. Por otro lado, sostuvo también el personero del INDER, que no consta en el expediente estudio alguno del Instituto Geográfico Nacional ni que el demandado presentara dentro del trámite de titulación de la parcela, el estudio de uso conforme de suelo del INTA, o bien, de algún profesional privado debidamente acreditado para realizar dicho estudio. Añadió, que la Junta Directiva del IDA acordó hacer el traspaso de la parcela 1501, Bloque 13-C, del Proyecto de Titulación Zona Norte 041 a través del acuerdo número 57 de la Sesión Ordinaria N° 044-04 del 29 de noviembre del 2004 y que la correspondiente escritura de traspaso del inmueble fue otorgada a las 08:00 horas del 09 de diciembre del 2004 ante el Notario Juan Luis Vargas Alfaro, identificada como escritura número 76, inscrita el 29 de marzo del año 2005, bajo el folio real del Partido de Alajuela, matrícula N° 406953-000 y descrita en el plano A-0924054-2004, según el cual tiene un área de 7 hectáreas 0341 metros con 71 decímetros cuadrados y es terreno de montaña y potrero. Prosiguió manifestando, que en el proceso de titulación de la parcela referida, no se cumplieron los requisitos que fundamentaron su inscripción a favor del demandado. A su vez, dijo, que mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Carlos Luis Ramírez Badilla, el demandado Solórzano Barrantes compareció en su condición personal y como Presidente de la sociedad INVERSIONES EL RÍO DEL NORTE S.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, quien vendió a dicha sociedad la finca inscrita bajo el folio real de Alajuela número 406953-000. En otro orden de ideas, señaló que mediante el Informe N° DFOE-PGAA-20-2008 de fecha 27 de agosto del 2008 de la Contraloría General de la República denominado "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado" y dirigido al IDA, se indicó que dicho estudio permitió determinar que en el marco de contenido de los diferentes proyectos de titulación y en contravención a lo señalado en los artículos 13, 14,15 y 33 de la Ley Forestal N° 7575 del 05 de febrero de 1996, el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado, ni ser susceptibles de titular a favor de los solicitantes por ser parte del Patrimonio Natural, y por no concurrir, ni haberse aportado todos y cada uno los requisitos necesarios para proceder de conformidad con el bloque de legalidad vigente en aquel momento para que fuera procedente la titulación. Agregó, que en tal informe la CGR ordenó al IDA realizar los procedimientos administrativos y las acciones correspondientes, a efecto de iniciar el proceso de recuperación de las tierras tituladas que pertenecieran al Patrimonio Natural del Estado. Ante ello, relató que la Junta Directiva del INDER, mediante el acuerdo tomado en el artículo 47, Sesión Ordinaria N° 36-2015 del 05 de octubre del 2015, declaró lesivo a los intereses públicos el acto administrativo dictado mediante el acuerdo N° 57 de la Sesión Ordinaria N° 044-04 celebrada el 29 de noviembre del año 2004 de la Junta Directiva de la Institución, que dio origen al título inscrito en el Registro de la Propiedad, Partido de Alajuela, matrícula de folio real N° 406953-000 a favor de Gerardo Solórzano Barrantes, por haber sido otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. Como parte de los argumentos de fondo, expuso el INDER que en la titulación de la parcela 7-A-1028 del Proyecto de Titulación ZONA NORTE 041, se incumplieron requerimientos normativos necesarios y previstos en la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales N° 7599 del 29 de abril de 1996, o en su caso, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales publicado en la Gaceta N° 173 del 10 de setiembre del 2002, en concordancia con la Ley Forestal N° 7575 del 05 de febrero de 1996 y el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, los cuales establecían los requisitos para la titulación de las parcelas por parte del IDA, generando vicios del acto administrativo. La causal de nulidad objeto de este proceso, afecta el interés público, ya que con motivo de los incumplimientos de la normativa antes relacionada, el IDA autorizó el traspaso de la parcela dicha, que es parte del Patrimonio Natural del Estado. Explicó además, que el propósito de los programas de titulación traspasados al IDA mediante el Decreto Ejecutivo No 16707-MAG, era justificar la tenencia de las fincas sin inscribir por parte de poseedores. Esos traspasos tenían por objeto darle al IDA un instrumento para que pudiera segregarlos y traspasarlos, bajo una ficción legal y así inscribir predios a favor de los poseedores que hubieran poseído esos terrenos bajo las condiciones que establecía el ordenamiento jurídico con la finalidad de facilitar la obtención de crédito (artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Según dijo, en el caso de la parcela de marras, inscrita a favor del demandado, consta en el expediente que se aportó como prueba, el hecho de haber poseído los terrenos, lo cual evidencia la preexistencia de la tenencia posesoria de la parcela con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva de su traspaso (tomado en el artículo 57 de la Sesión Ordinaria 044-01 celebrada el 29 de noviembre del 2004). En tal sentido, se considera que la causa de adquisición de esos terrenos por parte de los poseedores era la posesión ejercida por éstos y no los traspasos o ventas hechos por el IDA, ya que el Instituto lo único que recibía a cambio era el costo de la confección de los planos correspondientes y no el precio en sí de los predios, en tal sentido, no se daba un acuerdo entre cosa y precio, el Instituto no podía traspasar los terrenos al mejor oferente, sino que tenía que traspasarlos al poseedor que le demostrara haber cumplido con los requisitos legales, limitándose a constatar esos requisitos (artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Explicó también, que al amparo del voto de la Sala Constitucional número 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, la naturaleza jurídica de los actos en los proyectos de titulación realizados por el IDA era meramente declarativa, se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por una persona por medio de la figura de la usucapión, para su inscripción en el Registro Público y no actos constitutivos del derecho de propiedad. Como parte de los vicios de nulidad absoluta, recalcó el mandatario del INDER, que se incumplió el citado artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, que establecía que se titularan las tierras que no estuvieran sujetas a la administración por parte del MINAE. Además, se incumplió el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto que las áreas silvestres protegidas son administradas por el MINAE y el artículo 13 de la Ley Forestal, que establece que el Patrimonio Natural del Estado lo administra el MINAE; por ello, se concluye que la certificación por parte de ese Ministerio determinando que el terreno no está dentro de áreas silvestres protegidas o del Patrimonio Natural del Estado era un requisito esencial e infranqueable para la validez del trámite ante el IDA, y la posterior titulación. En el caso en cuestión, dijo que consta en el expediente de titulación, la certificación emitida por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO, identificada con el consecutivo SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 de fecha 25 de mayo del 2004, según la cual el inmueble mencionado AFECTA LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LOS ARTÍCULOS 33 y 34 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996 Y CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 y 15 de dicha ley. Así, pese a la evidencia de que la parcela constituye Patrimonio Natural del Estado, se recomendó la titulación de la respectiva parcela en violación a lo dispuesto por el citado artículo 10 del reglamento, que conforme se señaló excluye del trámite de titulación a los terrenos que se encuentran bajo la administración del MINAE, como es el caso del Patrimonio Natural del Estado conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, por lo que en este caso se generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. Adicionalmente, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos el cual es requerido por el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, el cual entró en vigencia el 21 de marzo del 2001, es decir, con anterioridad a la titulación de la parcela 13-C-1501 a favor del demandado, de ahí que el estudio era obligatorio por lo que su incumplimiento genera otro vicio de nulidad absoluta. En tal sentido, citó que el numeral 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que en relación con el 166 de la misma ley, establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos real o jurídicamente, y el artículo 167, que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. Todos estos artículos relacionados permiten concluir que la falta de requisitos esenciales para la titulación de la parcela de estudio, producen la nulidad absoluta del acto administrativo. Añadió también que conforme al numeral 133 del citado cuerpo legal, en el caso de las titulaciones de tierras en reservas nacionales, el motivo se encontraba regulado, por lo que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o el reglamento respectivo como sucedió en el caso que nos ocupa, constituye en sí un vicio de nulidad del acto por no existir tal y como había sido tomado en cuenta para su dictado. Asimismo, invocó que el canon 129 constitucional establece que los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa, siendo que el acto administrativo que autorizó el traspaso de la parcela a favor del demandado es contrario a los artículos 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, siendo la consecuencia de la contravención de los artículos relacionados, la nulidad absoluta. Finalmente, refirió el INDER que la titulación del inmueble que se discute aquí lesiona el interés público, toda vez que a través de dicho acto nulo de forma absoluta, se titularon terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que solicitó el acogimiento de la demanda incoada en todos sus extremos. En cuanto a los argumentos vertidos por señor Solórzano Barrantes, tanto en su condición personal como en representación de la empresa Inversiones el Río Azul del Norte SCR S.A., importa destacar que admitió la mayoría de los hechos expuestos en la demanda de lesividad. De igual forma aceptó la existencia de la certificación SINAC DS-OFAU-C-1934-2004, haciendo ver que la misma indica que el plano catastrado A-924054-2004 constituye un inmueble que está fuera de cualquier área silvestre pero que constituye Patrimonio Natural del Estado. Ante ello, consideró que el hecho resulta inexacto pues la prueba que se ofrece no corresponde a la solicitud alegada, aduciendo que tampoco es cierto que la finca con ese número de plano esté en zona de patrimonio natural. Adujo que si bien consta la certificación, la misma no es prueba contundente de que su propiedad se encuentre en un área que constituya Patrimonio Natural del Estado, toda vez que la información de ese documento se determinó con base en la ubicación consignada en un plano catastrado y se efectuó mediante un estudio de hojas cartográficas en el año 2004. Añadió al respecto, que como se acredita con la constancia del SINAC ACAT-PNE-CERT-081-2016 aportada como prueba, la propiedad en cuestión no está dentro de ningún área de reserva ni de Patrimonio Natural del Estado. Indicó también, que no es cierto que no se hayan cumplido los requisitos de titulación de la finca y que se presentó una solicitud en la que se acreditaba la posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble, pagándose además el canon que se exigía para tal fin, siendo que el momento histórico jurídico en el que se tituló el bien exigía solamente esos presupuestos, por lo que cualquier otro requisito que pudiera faltar no invalida el acto administrativo que concedió tal titulación, pues no representaría un vicio de algún elemento esencial. Argumentó que al no precisar el INDER a qué requisitos se refiere como incumplidos, existe la imposibilidad de verter pronunciamiento sobre el fondo. Así las cosas, prosiguió diciendo, tampoco se deduce cuál es el supuesto vicio en algún elemento esencial del acto de la administración, lo que convierte la demanda en una acción con pretensiones contradictorias y excluyentes, pues no se entiende si lo que se pretende es la nulidad absoluta por vicios en elementos esenciales o un proceso de lesividad que por naturaleza se dirige contra actos perfectamente válidos. En relación con el informe de la Contraloría General de la República, sostuvo que el mismo no resulta aplicable a la finca de su propiedad, pues según las constancias extendidas por el propio INDER y el SINAC, se acredita que la finca en cuestión no es encuentra dentro de ningún área de Patrimonio Natural o Reserva del Estado. Así las cosas, se opuso a que se haya declarado lesivo al interés público la finca en cuestión, pues el predio no se encuentra en ninguna zona protegida y por tanto no existe tal afectación al interés público. Señaló la parte demandada, que no existe ninguno de los vicios de nulidad alegados por el ente accionante en el acto administrativo que generó derechos subjetivos y que están firmes, siendo que con la prueba aportada queda desacreditado de forma incontestable que la finca no está en área de Patrimonio Natural del Estado, por lo que el presupuesto de afectación del interés común desaparece y con ello la posibilidad que se declare la lesividad del acto administrativo, por lo que esta demanda debe declararse sin lugar. En cuanto a los vicios de nulidad absoluta por falta de motivo y procedimiento, indicó que habría violación al debido proceso en sede administrativa, pues no se llevó a cabo el debido procedimiento ordinario de nulidad absoluta mediando dictamen de la Procuraduría General de la República necesariamente y los vicios que se alegan pierden sentido al no existir una afectación al interés púbico por no estar en área de Patrimonio Natural. Añadió que debe observarse que el fin del proceso de titulación era precisamente asegurar el derecho de propiedad de los ciudadanos se cumplió y la carencia de los demás elementos vendría a constituir una violación al derecho de propiedad que era lo que precisamente se buscaba con la ley de titulación. Explicó además el demandado, que su derecho a la propiedad se encuentra consolidado, pues la finca objeto de este proceso pertenecía a la señora Ananías Salas Vega, quien la tenía en calidad de poseedora con ánimo de dueña y luego él la adquirió en la misma condición de posesión y fue posteriormente que se hizo el trámite de titulación. Adicionó, que aún antes de la titulación, él tenía la nuda propiedad sobre el inmueble y el derecho de propiedad se llegó a consolidar con la titulación hecha por el IDA. Reiteró que la finca no se encuentra en zona de Patrimonio Natural del Estado, por lo que no entra en el concepto de demanialidad que se le pretende dar; por consiguiente, dijo, en caso de acogerse las pretensiones de la parte actora, podrían tan solo anular la titulación pues se conservaría la nuda propiedad. Así las cosas, solicitó el rechazo de la demanda y el levantamiento de la medida cautelar. Tocante a la argumentación del Estado, apersonado como tercero interesado en este proceso, empezó explicando por intermedio de su representante, que en la sesión ordinaria N° 36 del 05 de octubre del 2015, la Junta Directiva del INDER declaró lesivo el acuerdo 57 de la sesión ordinaria N° 044-04 del 29 de noviembre del 2004, relativo a la parcela 1501, bloque 13-C, del proyecto de titulación zona Norte 041, que dio origen a la inscripción del Partido de Alajuela 406953-000, plano A-924054-2004 y que proviene del inmueble del Partido de Alajuela 215217, el cual fue cancelado a solicitud de la Junta Directiva del IDA según acuerdo N° 9 adoptado en sesión ordinaria 43 del 17 de diciembre del 2007, ante el “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario” de la Contraloría General de la República” [el destacado está es del original]. Añadió el Estado, que el inmueble del Partido de Alajuela 406953-000, plano A-924054-2004 (7 Ha 341,71 m2), fue inscrito a nombre de Gerardo Solórzano Barrantes el 29 de marzo del 2005 (tomo 545, asiento 1503), y donado a la sociedad Inversiones Río Azul del Norte S.C.R. S.A. el 12 de junio del 2007 (tomo 571, asiento 40477). Al respecto hizo ver, que el plano A-924054-2004 describe el inmueble como "montaña" y que en la certificación INAC-DS-OFAU-C-1934-2004 del 25 de mayo del 2004, refiere que el terreno descrito en tal plano "CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO" [las mayúsculas son del original]. En ese sentido, citó que el artículo 14 de la Ley Forestal, dispone la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los terrenos del Patrimonio Natural del Estado, así como la imposibilidad de su apropiación por particulares, tema que, señaló, ya ha sido abordado por este Tribunal Contencioso Administrativo y por la Sala Constitucional. Así, los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del inmueble 2-406953-000, al provenir de la finca del Partido de Alajuela 215217, en su momento propiedad del IDA, constituyen Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal, por lo que en esa condición, no podían ser permutados, cedidos, enajenados de ninguna manera, entregados, ni dados en arrendamiento. Por ende, añadió, el acto administrativo dictado mediante el acuerdo 57 de la sesión ordinaria N° 044-04 del 29 de noviembre del 2004, está viciado de nulidad absoluta, aspecto sobre lo cual citó sentencias que abordaron el asunto. Además, prosiguió diciendo, el trámite de inscripción de la matrícula 2-406953-000 se realizó con base en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, adoptado por acuerdo de la Junta Directiva del IDA, publicado en La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, el cual fue anulado por el voto constitucional 2063-2007, con efectos “retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos”, ante la falta de competencia del IDA para emitirlo y de presupuestos legales que lo sustentaran [el destacado no es del Tribunal]. Mencionó en apoyo a su tesis de defensa, que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la nulidad del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vicia las titulaciones hechas con base en esa norma. En su criterio, dado los vicios de nulidad que contiene la inscripción y traspaso del inmueble 2-406953-000, cabe observar que los actos y convenios realizados privativamente sobre un tramo inmobiliario demanial, por la naturaleza del bien, ausencia de titularidad hábil y contrariar leyes prohibitivas, devienen absolutamente nulos (Constitución Política, artículos 28 párrafo 2 -a contrario sensu- y 129 párrafo 4; Ley General de la Administración Pública, artículo 18.2; Código Civil, artículos 10, 261, 262, 627 inciso 2, 629, 631, 835, 837 y 844; Sala de Casación, sentencias de 10 hrs. del 10 de agosto de 1946, 3-53, 79-55, 78-76 y 121-79; Sala Primera, votos 317-2008, considerando XXI y XXII, 1562-2012, considerandos IX y X; Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 433-2010-11, considerandos v-V11; 2642-2010-V1; 71-2012-VIII). Finalmente, el apoderado judicial del SINAC, de forma lacónica en cuanto a la lesividad emprendida, simplemente se apersonó al proceso indicando estar de acuerdo en que se le tenga como tercero interesado.
V.- SOBRE EL PROCESO DE LESIVIDAD EN GENERAL. Como punto de partida es menester resaltar, que en términos generales, el proceso de lesividad es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ellas. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la validez de una conducta formal concreta, que ha generado derechos subjetivos a favor de un administrado -persona física o jurídica-. Justamente por ello, es que se hace necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de defensa. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, es la norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura; sin embargo, dicho precepto normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la Administración Pública -LGAP-, a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se aborda. De la combinación armónica de dichas normas, se concluye que en este tipo de procesos la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal. Ello es así, por cuanto como se indicó líneas atrás, la lesividad se constituye en un instrumento de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP). Así entonces, el proceso de lesividad es una garantía más para el administrado, en el que en aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no puede por sí misma eliminar los efectos de un acto declaratorio de derechos subjetivos, sino que es a través de este proceso y por parte de un órgano jurisdiccional, que pueden suprimirse tales actos generadores de derechos, independiente de la Administración autora del acto que se pide anular por lesivo al interés público. Ahora bien, es importante recordar que además de lo ya señalado, resulta esencial que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, cuando se hayan visto afectados intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Además, conforme a nuestro bloque de legalidad, cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de comentario, el CPCA, establece el plazo de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que la referida conducta formal tenga vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto. En tal caso, por mandato de dicha norma, el año se computa desde el cese de sus efectos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza de tal declaratoria- para incoar el proceso contencioso administrativo de lesividad -artículo 39 del CPCA-. En síntesis, conforme lo señalado, para la instauración de un proceso de lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede administrativa por el superior jerárquico supremo de la Administración emisora del mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA; v) que el proceso contencioso de lesividad se incoe por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e) del CPCA -con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público- y/o que el acto contenga vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo. Justamente el cumplimiento de tales presupuestos en torno a la lesividad, serán analizados más adelante por el Tribunal para verificar si resulta o no procedente el requerimiento de nulidad realizado.
VI.- SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Valga recordar que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estaba reconocido y tutelado como tal en nuestro país, desde antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, por la Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre de 1969 -derogada por la Ley Forestal N° 7575 del 5 de febrero de 1996-, que no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley Forestal N° 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo); las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado, entre las que destacan: las acciones reivindicatorias de esos inmuebles (artículo 33); la constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); el deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por su parte, en la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996, que actualmente nos rige, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se denomina Patrimonio Natural del Estado, el cual, es un término más amplio que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables; en tanto, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la Ley Forestal, 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente). Además, está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, artículos 1°, párrafos 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, artículos 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, numeral 82, inciso a); y 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata (ordinal 13 párrafo primero de la Ley Forestal) [al respecto se puede consultar la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 14:53 horas del día 12 de noviembre del año 2008]. Ahora bien, otro aspecto que resulta de vital importancia indicar, es que el Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sus sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. En ese sentido, es evidente que el Estado -en el sentido amplio del término- tiene el deber legal y constitucional de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables, debiendo tomar las medidas necesarias para su protección y conservación efectivas, como en este caso, en el que se busca anular un acto administrativo que nunca debió nacer a la vida jurídica, toda vez que contiene vicios de nulidad absoluta por autorizar la apropiación particular de un bien que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.
VII.- SOBRE LA LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO. Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el acuerdo N° 57 de la sesión N° 044-04, celebrada por el otrora IDA el día 29 de noviembre del año 2004, en lo que se refiere a la titulación del señor Gerardo Solórzano Barrantes de la parcela objeto de este proceso, identificada con el número 13-C-1501, con un área de 70.341,71 m2, según plano A-924054-2004, sita en la Provincia 02, Alajuela, Cantón 13, Upala, Distrito 04, Bijagua, del llamado Proyecto Zona Norte, necesariamente debe anularse por haberse realizado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública número 76 otorgada ante el Notario Juan Luis Vargas Alfaro, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, mediante la cual se autorizó la segregación y titulación del inmueble descrito en el plano catastrado A-924054-2004, que originó la finca del Partido de Alajuela, matrícula de folio real número 406953-000 a nombre del señor Solórzano Barrantes, así como el traspaso de la propiedad realizado posteriormente por éste ante el Notario Carlos Luis Ramírez Badilla en favor de la empresa Inversiones el Río Azul del Norte S.C.R. Sociedad Anónima. Ello, por cuanto el trámite realizado por el otrora IDA no cumplió con los requisitos normativos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico. Así las cosas, una vez realizado el examen de los presupuestos indispensables que resultan de rigor en este tipo de procesos, tal y como se destacó en el considerando quinto de esta sentencia, determina esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante cumple con los requisitos señalados, por las razones que se explican de seguido:
“VI.- (…) Es así, como por bienes demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto se trata de bienes que por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado –en sentido estricto–, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, los bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado (fiscales) se diferencian por su finalidad y el sujeto titular, en tanto lo que define la naturaleza jurídica de los primeros es el destino que se da a este tipo de bienes, sea, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, en los términos previstos en el artículo 261 del Código Civil (En este mismo sentido, se pueden consultar las sentencias número 2306-91 y 2988-99, entre otras.) Es así como entran en esta categoría –sin que se constituya en una lista cerrada– la zona marítimo terrestre, el patrimonio forestal o natural del Estado –áreas protegidas– (conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales –artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco–), las zonas de protección hidrográfica –artículo 33 de la Ley Forestal– (contíguas (sic) a los manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), las zonas limítrofes (artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 13, de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve), el derecho de vía, las líneas ferroviarias, las reservas indígenas, el patrimonio histórico-arquitectónico, los recursos mineros, el patrimonio arqueológico, etc. Se trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del comercio de los hombres, de manera que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión, de modo que son bienes que conservan su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo; además de que están sujetos al poder de policía, en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración (…) / XII.- (…) Por ello, será inconstitucional toda disposición normativa que permita o faculte a la Administración titular bienes de dominio público de manera genérica, y máxime cuando se trate de bienes que conforman el patrimonio natural del Estado cualquiera que sea su denominación o categoría –parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales, monumentos naturales– zona marítimo terrestre, zonas de protección hidrográfica, reservas indígenas, patrimonio histórico-arquitectónico, recursos mineros, patrimonio arqueológico, zona limítrofe, para someterlas al régimen de dominio privado, máxime cuando no se cuenta con el estudio técnico-científico previo, según se ha anotado (…) / XIII.- (…) le corresponde a todas las instituciones del Estado –entre ellas al Instituto de Desarrollo Agrario– la tutela del ambiente, de donde, permitir la titulación de bienes que conforman el patrimonio natural del Estado se constituye en una directa lesión al ambiente, por los efectos nocivos que provoca, tanto a nivel nacional como internacional (En este sentido, pueden consultarse las sentencias número 4480- 94, 0132-99, 2002-1220, 2005-8945, 2003-06323, 2004-1923 y 2005-12039). Es claro que por el contenido de este reglamento, al permitir la titulación de las reservas nacionales, que son parte de las zonas protegidas y que comprenden el patrimonio natural del Estado –bienes de dominio público–, se obvia la obligación constitucional enunciada (…) / XV.- (…) Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterior, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (…) / XVI.- (…) c.) procede acoger con lugar la acción en forma interlocutoria, en relación con la impugnación que se hace del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, por existir antecedentes jurisprudenciales –sentencias 2988-99, 2001-8560 y 2001-8678, en los cuales se ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Titulación en Reservas Nacionales, número 7599, del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis– sobre la materia, que ha estimado disconforme con el Derecho de la Constitución la posibilidad de titular reservas nacionales, en atención a que se constituye en una amenaza al patrimonio natural del Estado, y con ello, al derecho que tienen todas las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…) / Por tanto: (…) En consecuencia, se anula el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta 173, del diez de setiembre del dos mil dos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos, y el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (…)”. [lo destacado en negrita, subrayado y letra cursiva es del original].
De la sentencia constitucional transcrita, la cual dicho sea de paso cita otros precedentes de importancia, se deduce sin temor a equívocos, que el acuerdo 044-04 del 29 de noviembre del 2004, por medio del cual le fue traspasada al señor Gerardo Solórzano Barrantes la parcela identificada con el número 13-C-1501 con un área de 70.341,71 m2, según plano A-924054-2004, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico y debe anularse, así como los actos conexos y consecuentes que luego se citarán, no solo por basarse en una normativa que fue declarada inconstitucional con efectos retroactivos, sino porque además, conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998 y vigente al momento de la adopción del acuerdo de cita, el otrora IDA tenía la obligación de disponer de los estudios respectivos de capacidad de uso de la tierra antes de adquirir terrenos para fines de titulación. Asimismo, conforme a lo que dispone el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en su versión vigente al momento de los hechos que aquí nos ocupan, tampoco existió en el expediente de titulación en favor de don Gerardo, los requisitos establecidos en el Capítulo VI denominado “De la Titulación de Tierras”. Así por ejemplo, el numeral 58 establece que: “En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo (…)”. A su vez, el ordinal 59 de dicho cuerpo normativo regula: “El estudio será realizado por el Certificador de Uso Conforme del Suelo, quien deberá analizar y certificar con base en visita de campo, si la posesión en las actividades del inmueble, se han ejercido de acuerdo con el uso conforme de suelo según su clasificación y que en el inmueble se realizan prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas de acuerdo con la metodología aprobada” [énfasis suplido]. Por su parte, en el artículo 62 de citado reglamento se dispone: “Si del estudio de suelos y la clasificación de las tierras, no sea procedente la titulación para fines agrarios o urbanos, el IDA las destinará en su caso a reserva nacional traspasándolas en su caso al MINAE”. Como vemos, el ordenamiento jurídico imperante al momento del traspaso de la parcela objeto de examen en este proceso, obligaba, tal y como lo precisó la CGR en su informe, a contar con una certificación de uso conforme de suelos para poder titular y la misma debía hacerse, tal y como lo hemos detallado en las líneas que anteceden, mediante una visita de campo por parte de los profesionales responsables. No obstante, en el caso que nos ocupa, tal y como se ha precisado en los hechos probados números 3) y 12) de esta sentencia, las certificaciones emitidas para la titulación del inmueble a nombre del señor Solórzano Barrantes, fueron realizadas como usualmente suele decirse “de oficina” o “de escritorio” y no de campo como prescribe la normativa, es decir, nunca hubo un traslado real a la zona para realizar la investigación de rigor. Empero, nótese que en la certificación identificada como SINAC-DS-OFAU-C-1934-2004 de las 11:00 horas del 25 de mayo del 2004, a pesar de que se dispuso que el inmueble estaba fuera de cualquier área protegida, el funcionario Arnoldo Luna Sancho del SINAC indicó que sí formaba parte del PNE, señalando literalmente lo siguiente: “Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número A-924054-2004 a nombre de I. D. A., que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER AREA (sic) SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA (sic) DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA (sic). SIN EMBARGO CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGUN (sic) ARTICULOS (sic) 13, 14 y 15 DE LA LEY FORESTAL 7576 DEL 16 DE ABRIL DE 1996” [la negrita y mayúscula es del original, lo subrayado es agregado]. Por su parte, en el oficio ACAT-PNE-046-2019 de las 15:49 horas del 18 de febrero del 2019, el Ing. Alexander León Campos, en su condición de Director del Área de Conservación Arenal Tempisque del SINAC, nuevamente realizando un estudio de oficina y no de campo, certificó lo siguiente: “CON VISTA: En el estudio realizado en las hojas cartográficas del mapa básico de Costa Rica a escala 1:50000, en la información geográfica existente, en estudio realizado al Registro Inmobiliario y en la ubicación consignada en el plano A-0924054-2004. CERTIFICO: Que el inmueble con plano A-0924054-2004, que corresponde a un terreno con una cabida de siete hectáreas, trescientos cuarenta y uno punto setenta y un metros cuadrados, ubicado en San Miguel, Distrito Bijagua, Cantón Upala, Provincia Alajuela, se encuentra fuera de cualquier Area (sic) Silvestre Protegida o finca administrada por el Sistema Nacional de Areas (sic) de Conservación. De acuerdo al estudio registral realizado, este plano generó la finca inscrita a Folio real 2-0406953-000, a nombre de Inversiones El Río Azul del Norte S C. R. Anónima”. Así las cosas, de lo que se ha explicado en este apartado, es evidente que existió un incumplimiento a los procedimientos administrativos normados a la hora de que el IDA dispusiera la titulación en favor del señor Solórzano Barrantes, desprendiéndose incluso de uno de los documentos -a pesar de la contradicción aparente que existe- de que evidentemente el inmueble sí formaba parte del PNE y por ende no podía titularse. Ergo, dicha probanza, lo único que refuerza es que el acuerdo tomado, no sólo violentó las normas recién transcritas que resultaban de aplicación en aquel momento, sino que tampoco consideró las disposiciones en torno a la indisponibilidad del Patrimonio Natural del Estado, como parte integrante del demanio público.
VIII.- SOBRE LAS NULIDADES PRETENDIDAS. Teniendo como fundamento el acogimiento de la lesividad declarada por el INDER en los términos explicados supra, lo que resulta procedente en derecho es declarar la nulidad absoluta por parte de este Tribunal, del acto administrativo contenido en el acuerdo tomado por la Junta Directiva del otrora Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 57, de la sesión ordinaria número 044-04 de fecha 29 de noviembre de año 2004, en lo que concierne al traspaso de la finca objeto de este proceso al señor GERARDO SOLÓRZANO BARRANTES, es decir, la Parcela N° Trece-C-Mil Quinientos Uno, situada en el Distrito Cuarto, Bijagua, Cantón Décimo Tercero, Upala de la Provincia de Alajuela, con un área de 70.341,71 m2, según plano A-924054-2004, lo que incluye, por conexidad, la anulación de la escritura pública número 76 otorgada a las 08:00 horas del 09 de diciembre del 2004 ante el Notario Público Juan Luis Vargas Alfaro, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca del Partido de Alajuela, folio real número 406953-000, cuyo asiento registral consta al Tomo: 545, Asiento: 01503, Consecutivo: 01, que también se ordena anular. De igual manera, se dispone la nulidad del asiento de inscripción, según Tomo: 571, Asiento: 40477, Consecutivo: 01, por medio del cual quedó registrado el inmueble a nombre de la empresa INVERSIONES EL RÍO AZUL DEL NORTE C.R SOCIEDAD ANÓNIMA. Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre el inmueble referenciado, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad que forma parte del Patrimonio Natural del Estado que se pretende recuperar. Finalmente, no puede pasar por alto la argumentación y petición de la representación judicial de las partes demandadas en esta causa, en el sentido de que existe un derecho consolidado en favor de sus patrocinados, toda vez que, según se ha explicado en esta sentencia, los bienes demaniales resultan intransmisibles y la acción para su recuperación es imprescriptible. Además, deviene en improcedente pretender una indemnización cuando ni siquiera se ha presentado en esta causa una reconvención.
IX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES. Conforme se ha reseñado en esta sentencia, la representación de las partes demandadas alegó la excepción de falta de derecho, misma que por lo explicado en los considerandos que anteceden ha de rechazarse, pues el derecho ampara lo peticionado por el INDER y por ello se ha declarado con lugar la demanda, al haberse tomado un acuerdo que resulta contrario al ordenamiento jurídico y lesivo a los intereses públicos del Estado.
X.- SOBRE LAS COSTAS. Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estimamos que existe causa válida para variar la premisa y resolver sin especial condenatoria en costas, toda vez que la adjudicación e inscripción registral realizada inicialmente en favor del señor Gerardo Solórzano Barrantes, obedeció a una disposición realizada por la propia Administración Pública, por lo que en criterio de esta Cámara, existió motivo suficiente para litigar en defensa de sus intereses. Incluso, la donación posterior que recibió la sociedad codemandada, también representada por el señor Solórzano Barrantes, se hizo cuando el acuerdo ni siquiera había sido declarado lesivo por parte del INDER. Consecuentemente, lo que consideramos procedente es resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas procesales y personales.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de derecho. Por consiguiente, se declara con lugar la presente acción de lesividad incoada por el Instituto de Desarrollo Rural -INDER- y se dispone la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del otrora Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 57, de la sesión ordinaria número 044-04 de fecha 29 de noviembre de año 2004, en lo que concierne al traspaso de la finca objeto de este proceso al señor GERARDO SOLÓRZANO BARRANTES, sea la Parcela N° Trece-C-Mil Quinientos Uno, situada en el Distrito Cuarto, Bijagua, Cantón Décimo Tercero, Upala de la Provincia de Alajuela, con un área de 70.341,71 m2, según plano A-924054-2004, lo que incluye, por conexidad, la anulación de la escritura pública número 76 otorgada a las 08:00 horas del 09 de diciembre del 2004 ante el Notario Público Juan Luis Vargas Alfaro, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca del Partido de Alajuela, folio real número 406953-000, asiento registral que consta al Tomo: 545, Asiento: 01503, Consecutivo: 01, que también se ordena anular. De igual manera, se dispone la nulidad del asiento de inscripción, según Tomo: 571, Asiento: 40477, Consecutivo: 01, por medio del cual quedó registrado el inmueble a nombre de la empresa INVERSIONES EL RÍO AZUL DEL NORTE C.R SOCIEDAD ANÓNIMA. Finalmente, habrá de mantenerse la medida cautelar ordenada interlocutoriamente en fase de trámite, hasta que la presente sentencia adquiera firmeza. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE.- Francisco Hidalgo Rueda Gustavo Irías Obando José Martín Conejo Cantillo Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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