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Res. 00125-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 16/12/2022
OutcomeResultado
The claim is fully denied, confirming the legality of the municipal resolutions that declared the plaintiff's bid ineligible and awarded the other company, with no right to compensation.Se rechaza la demanda en todos sus extremos, confirmando la legalidad de las resoluciones municipales que declararon inelegible la oferta actora y adjudicaron a la otra empresa, sin derecho a indemnización.
SummaryResumen
The Administrative Court denies the claim of Empresas Bertier De Costa Rica S.A., seeking annulment of two resolutions by the Municipality of Puntarenas which declared its bid ineligible and awarded the tender for solid waste treatment and final disposal to Manejo Integral Tecnoambiente S.A. The plaintiff proposed using the 'Proyecto Ambiental Pacífico Central' landfill operated by WPP Continental de Costa Rica S.A., but owned by the Municipality of Orotina. The Court confirms the authorization was invalid: WPP did not own the landfill nor had powers to permit a third party to provide services there. Moreover, the bidder lacked its own health permits and municipal licenses, showing the service would be fully executed by WPP—an unlawful 100% subcontract under Article 69 of the Administrative Contracting Regulation. Damages are denied for lack of causation. The awardee's passive legitimacy is dismissed.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de Empresas Bertier De Costa Rica S.A., que pretendía anular dos resoluciones de la Alcaldía Municipal de Puntarenas que declararon su oferta inelegible y adjudicaron el concurso a Manejo Integral Tecnoambiente S.A., para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos del cantón central de Puntarenas. La demandante ofertó utilizar el relleno sanitario 'Proyecto Ambiental Pacífico Central', operado por WPP Continental de Costa Rica S.A., pero propiedad de la Municipalidad de Orotina. El Tribunal confirma que la autorización presentada no era válida porque WPP no era propietaria del relleno ni tenía facultades para permitir que un tercero prestara el servicio. Además, la oferente no acreditó permisos sanitarios ni licencias municipales propias, lo que revelaba que el servicio sería ejecutado en su totalidad por WPP, configurando una subcontratación del 100%, prohibida por el artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa. Se rechazan las indemnizaciones por no existir nexo causal. Se declara falta de legitimación pasiva de la empresa adjudicataria.
Key excerptExtracto clave
Upon weighing the documents reviewed and the facts recounted above, this Court finds as a starting point that the object of the contract is indeed the provision of solid waste treatment and disposal services. Thus, although for technical, legal and health reasons such service could only be provided within the facilities of a duly authorized sanitary landfill, the object to be contracted is not the rental or use of such a property, and therefore the tender documents did not require, nor was it a necessary legal requirement, that the bidder be the owner; it was sufficient to prove the essential elements to guarantee the required service, namely, that the bidder had legal authorization to provide the specific service and to use the sanitary landfill. For this latter authorization to be valid, it must be granted by the property owner or by someone with sufficient capacity to do so; and in this regard, this Chamber agrees with the analysis made by the Municipality of Puntarenas in determining that none of those aspects were satisfied. Under this scenario, there are only two possibilities if the contract had been awarded to the plaintiff's bid: either it would provide the service illegally—or at least without valid authorization—or it would subcontract the company that did have the corresponding authorizations, which would violate Article 69 of the Administrative Contracting Regulation, which allows such mechanism up to a maximum of fifty percent of the awarded amount, unless expressly authorized by the contracting administration. Therefore, the subcontracting argument raised in the challenged resolution is nothing more than the most favorable hypothesis for the bidder, derived from the documentation provided and the deficiencies of the bid. In any case, under both scenarios the bid becomes inadmissible.En la ponderación de los documentos estudiados y hechos arriba relatados, encuentra este Tribunal como punto de partida, que efectivamente el objeto de la contratación es la prestación del servicio de disposición y tratamiento de desechos sólidos. Así, aunque por razones técnicas, legales y sanitarias, tal servicio solamente podría prestarse dentro de las instalaciones de un relleno sanitario debidamente autorizado al efecto, el objeto a contratar no es el alquiler o uso de un inmueble de ese tipo, y por ello no se pedía en el cartel del concurso ni era un requisito legal necesario, que el oferente fuera el propietario, bastando al efecto que se acreditaran elementos esenciales para garantizar el servicio requerido, a saber, que el oferente contaba con autorización legal para la prestación del específico servicio, así como para utilizar el relleno sanitario. Esta última autorización, para que resulte válida, solamente puede ser otorgada por el propietario del inmueble o por quien tenga capacidad de disposición suficiente para hacerlo; y en este sentido, esta Cámara coincide con el análisis realizado por la Alcaldía Municipal de Puntarenas en cuanto determinó que ninguno de esos aspectos quedó satisfecho. Ante ese panorama, solo hay dos escenarios posibles en caso que el concurso hubiera sido adjudicado a la oferta de la empresa actora: o prestaba el servicio en forma ilegal, o al menos, no válidamente autorizada, o subcontrataba a la compañía que sí contaba con las autorizaciones correspondientes, lo que implicaba violación a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, que autoriza tal mecanismo hasta un máximo del cincuenta por ciento del monto adjudicado, salvo expresa autorización de la administración contratante. Por ello, el alegato de subcontratación expuesto en la resolución que se ataca, no es más que la hipótesis más favorable para el oferente, derivada de la documentación aportada y de las falencias de la plica. De todas maneras, en ambos escenarios la oferta se torna inadmisible.
Pull quotesCitas destacadas
"El Tribunal coincide plenamente con las manifestaciones de la representación actora que [...] carece de toda relevancia referirse a los elementos que motivaron la resolución que declaró desierto el concurso, toda vez que aquella fue revocada por la Alcaldía Municipal, y que la discusión en este proceso se limita a dos elementos, que serían determinar si su oferta fue mal excluida y si el procedimiento empleado por la Municipalidad de Puntarenas para adjudicar violenta el debido proceso y las normas cartelarias."
"The Court fully agrees with the plaintiff's statements that [...] it is irrelevant to refer to the elements that motivated the resolution that declared the tender void, since it was revoked by the Municipal Mayor, and the discussion in this proceeding is limited to two elements: whether its bid was wrongly excluded and whether the procedure used by the Municipality of Puntarenas to award violated due process and tender rules."
Considerando Sexto
"El Tribunal coincide plenamente con las manifestaciones de la representación actora que [...] carece de toda relevancia referirse a los elementos que motivaron la resolución que declaró desierto el concurso, toda vez que aquella fue revocada por la Alcaldía Municipal, y que la discusión en este proceso se limita a dos elementos, que serían determinar si su oferta fue mal excluida y si el procedimiento empleado por la Municipalidad de Puntarenas para adjudicar violenta el debido proceso y las normas cartelarias."
Considerando Sexto
"solo hay dos escenarios posibles en caso que el concurso hubiera sido adjudicado a la oferta de la empresa actora: o prestaba el servicio en forma ilegal, o al menos, no válidamente autorizada, o subcontrataba a la compañía que sí contaba con las autorizaciones correspondientes, lo que implicaba violación a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa"
"there are only two possibilities if the contract had been awarded to the plaintiff's bid: either it would provide the service illegally—or at least without valid authorization—or it would subcontract the company that did have the corresponding authorizations, which would violate Article 69 of the Administrative Contracting Regulation"
Considerando Sexto
"solo hay dos escenarios posibles en caso que el concurso hubiera sido adjudicado a la oferta de la empresa actora: o prestaba el servicio en forma ilegal, o al menos, no válidamente autorizada, o subcontrataba a la compañía que sí contaba con las autorizaciones correspondientes, lo que implicaba violación a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa"
Considerando Sexto
"alegato de subcontratación expuesto en la resolución que se ataca, no es más que la hipótesis más favorable para el oferente, derivada de la documentación aportada y de las falencias de la plica. De todas maneras, en ambos escenarios la oferta se torna inadmisible."
"the subcontracting argument raised in the challenged resolution is nothing more than the most favorable hypothesis for the bidder, derived from the documentation provided and the deficiencies of the bid. In any case, under both scenarios the bid becomes inadmissible."
Considerando Sexto
"alegato de subcontratación expuesto en la resolución que se ataca, no es más que la hipótesis más favorable para el oferente, derivada de la documentación aportada y de las falencias de la plica. De todas maneras, en ambos escenarios la oferta se torna inadmisible."
Considerando Sexto
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**CONSIDERING:** **FIRST. PRELIMINARY ASPECTS:** 1.- By brief filed on March sixteenth, two thousand sixteen, the representation of the plaintiff corporation filed an administrative contentious claim against the Municipalidad de Puntarenas, Manejo Integral Tecnoambiente S.A., and Nombre103682, formulating the following claims, subsequently ratified at the preliminary hearing: "Based on the foregoing, I request that the judgment declare: 1.- That the resolution issued by the Municipalidad de Puntarenas Mayor's Office at one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013, is null and is annulled (sic), whereby it was ordered \"to deny in all its aspects the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed by Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; to grant the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed by the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; THE appealed resolution IS REVOKED insofar as it declared the direct contracting process 2013CD-000533-01 deserted, and instead the award is made to the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A., as it is the only offer that maintains its eligible status within this process and meets the legal and technical conditions for its award.\" 2.- That the resolution issued by the Municipalidad de Puntarenas Mayor's Office at ten o'clock in the morning on November twenty-first, two thousand thirteen, which rejected the appeal filed against the resolution of one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013, is null and is annulled (sic). 3.- That the conduct displayed by the defendant Municipality, in issuing the challenged resolutions, is inconsistent with the legal system. 4.- That the offer of Empresas Bertier Nombre125807 de Costa Rica, according to the evaluation of offers carried out by the Municipalidad de Puntarenas, obtained the highest score and should have been awarded. 5.- That the Municipalidad de Puntarenas, jointly and severally with the co-defendant Nombre103682, must pay the damages caused to my represented party, consisting of the lost profit equivalent to 10% of the price per ton offered, which amounts to the sum of C17,293,250.00 (seventeen million two hundred ninety-three thousand two hundred fifty colones), a sum that shall be indexed to present value at the time of payment, according to the consumer price index. 6.- That the Municipalidad de Puntarenas, jointly and severally with the co-defendant Nombre103682, must pay interest, from the date of filing the claim until the effective payment of the sums to which it is condemned. 6.- (sic) That the Municipalidad de Puntarenas, jointly and severally with the co-defendant Nombre103682, must pay both costs of this action." (Folio 403 of the court file).
2.- The three defendants answered separately, opposing the claim in its entirety, requesting that it be dismissed, and that the plaintiff be ordered to pay costs. The Municipalidad de Puntarenas raised the defenses of lack of right and lack of standing to sue, Tecno Ambiente S.A. raised lack of right and lack of cause, and Mrs. Nombre103682 raised lack of right and lack of standing to sue and to be sued. (Folios 423 to 442 of the court file).
3.- On August fourth, 2015, the Preliminary Hearing was held where the claims set forth in the complaint brief were ratified, disputed facts were established, the documentary evidence offered by the parties was admitted, as well as expert evidence, for which the Case Management Judge issued the relevant warnings (Folios 513 and 514 of the court file, as well as the audio file recording of the hearing).
4.- In a brief filed on June first, 2017, the plaintiff corporation withdrew the expert evidence. As a result, by order issued at eleven forty-three in the morning on June twenty-second, 2017, this matter was declared one of pure law and the parties were granted a hearing to submit written conclusions, which they did. (Images 577 to 624 of the electronic court file).
5.- The applicable procedural requirements have been observed in the proceedings, and no defects or omissions liable to cause nullity or defenselessness to the parties are perceived. This judgment is issued unanimously, after the relevant deliberations and with the drafting of Judge Nombre15126.
**SECOND. PROVEN FACTS:** The comparison of the available evidentiary elements allows this Chamber to deem the following facts, relevant to the subject matter of the proceeding and to the manner in which it is resolved, as proven:
1.- That through official communication No. DCA-2515 of October tenth, 2013, the Contraloría General de la República authorized the Municipalidad de Puntarenas a direct contracting by tender for the disposal and treatment of solid waste, under the supply-on-demand modality, with a maximum price per ton of ten thousand colones and for a maximum term of one year. (Not disputed, folios 15 to 21 of the administrative file).
2.- That on October fifteenth, 2013, the Municipalidad de Puntarenas initiated and sent an invitation to participate in Direct Contract 20131CD-000533-01 "Contracting of treatment and final disposal of solid waste from the Central Canton of Puntarenas, on demand for one year," setting the deadline for the receipt of offers at two o'clock in the afternoon on October twenty-third, 2013. (Not disputed, folios 27 to 34 of the administrative file).
3.- That, among others, the tender specifications (cartel) contained the following provisions: "2.1.1 It is required to contract the service of treatment and final disposal of ordinary and non-traditional, residential, and commercial solid waste from the central canton of Puntarenas. (...) 2.1.8 As an eligibility requirement, the participating companies must have the respective operating health permits (permisos sanitarios de funcionamiento, PSF) to carry out the activity of receipt, treatment, and final disposal of the solid waste that the municipality of Puntarenas transports to its facilities. For this purpose, the presentation of a photocopy of the current PSF (PSF) along with the offer is requested. (...) 2.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS. 2.2.1 Bidders must be legally qualified to provide the services to be contracted. Said services must be carried out in compliance with all current national health and environmental regulations. 2.2.2 It is required to contract the service of treatment and final disposal of ordinary and non-traditional, residential, and commercial solid waste from the Central Canton of Puntarenas. 2.2.3 The awarded company must treat the waste generated in the Central Canton of Puntarenas, 85 tons on daily average, in a mechanized type landfill (relleno sanitario), complying with the technical specifications established by the Ministry of Health, particularly regarding the existence and operation of a leachate treatment plant, as well as adequate internal and external structures for the conduction and elimination or utilization of the gases produced in the landfill (relleno sanitario)." Additionally, the established offer evaluation system was set as follows: 60% price, 30% distance, establishing at this point that the offer presenting a duly authorized landfill (relleno sanitario) with the shortest distance in kilometers from the new Balneario de Puntarenas Centro would be assigned thirty points, and the other offers would have a proportional valuation; and 10% availability of service hours, it being understood that this corresponds to the available hours per week for the treatment and final disposal of solid waste. (Folios 26 to 33 of the administrative file).
4.- That through official communication PM543-10-13 dated October 21, 2013, the Municipalidad de Puntarenas, among others, communicated the following modifications to the tender specifications (cartel): "Add to Point 1.5 RECURSO DE REVOCATORIA: After the notification of the act, bidders will have a period of 2 business days to file their appeals, if they so deem, in accordance with the provisions of Article 136 of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa." Furthermore, it changed the date for opening the offers, setting it for October 24, 2013, at 14:00 hours. (Folios 42 and 43 of the administrative file).
5.- That through Official Communication PM-554-10-13 dated October 23, 2013, the Municipalidad de Puntarenas communicates the following modification to the tender specifications (cartel): "Regarding Point 1.5 RECURSO DE REVOCATORIA. The following is to be understood: Against the award act, or if the tender is declared deserted or unsuccessful, an appeal for reversal (recurso de revocatoria) may be filed before the Municipal Mayor's Office, the department that will issue the award decision for this process or declare it unsuccessful or deserted, as the case may be. After the notification of the act, bidders will have a period of 2 business days to file their appeals, if they so deem, in accordance with the provisions of Article 136 of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa." (Folios 45 and 46 of the administrative file).
6.- That on October twenty-fourth, 2013, the opening act was held, in which two offers were submitted, namely, Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., which offered a price of six thousand five hundred colones 00/100 per ton for the treatment and final disposal of solid waste; to be treated in the landfill (relleno sanitario) called Proyecto Ambiental Pacífico Central, located in Alajuela, Canton of Orotina; offering time availability of 24 hours a day from Monday to Saturday; and Manejo Integral Tecnoambiente S.A., which offered a price of nine thousand colones 00/100 per ton for the treatment and final disposal of solid waste, to be treated in the Parque Ecoindustrial Miramar landfill (relleno sanitario), located in the canton of Montes de Oro in Puntarenas; with time availability from 5:00 a.m. to 9:00 p.m. from Monday to Saturday. (Folios 57 to 221 of the administrative file).
7.- That the operating health permit (permiso sanitario de funcionamiento) submitted with the offer of the company Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., as well as the municipal license for the landfill (relleno sanitario) activity, are granted in favor of Nombre125809. (Folios 88 to 90 of the administrative file).
8.- That as an enabling title for the use of the landfill (relleno sanitario) called "PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL," Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. attached to its offer a note signed with the company Nombre125809, which states the following: "The company Nombre125809 CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., legal identification number CED121575, hereinafter also known as 'WPP,' represented by Mr. Nombre104046, [...], in my capacity as President, [...], hereby appears before the Municipality of the Central Canton of Puntarenas to state the following: On the occasion of Direct Contract No. 2013CD-000533-01 called 'Contracting of treatment and final disposal of solid waste from the Central Canton of Puntarenas, on demand for one year,' my represented party, as the operator of the Mechanized Landfill (Relleno Sanitario) called PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL, located in the Canton of Orotina, authorizes EMPRESAS Nombre153905 Nombre125807 DE COSTA RICA-SOCIEDAD ANÓNIMA, entity with legal identification number CED121577, [...] represented by Mr. Nombre70790, [...], who acts as Manager with powers of General Unlimited Power of Attorney without limit of sum, [...] so that, for the purpose of submitting an offer in the aforementioned Direct Contract, it may offer the final disposal and treatment of the solid waste, subject matter of the Direct Purchase, belonging to the Municipality of the Central Canton of Puntarenas, in the Mechanized Landfill (Relleno Sanitario) called PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL. Likewise, I make an express statement that the hours enabled by my represented party for the disposal and treatment of the solid waste from the Canton of Puntarenas is twenty-four hours." (Folios 138 and 139 of the administrative file).
9.- That the property where the garbage dump of the Canton of Orotina is located, subsequently named as the Landfill (Relleno Sanitario) PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL, is owned by the Municipalidad de Orotina, which on October second, 2007, signed a contract with the company Nombre125809 Continental de Costa Rica S.A., for the "Collection, transport, final disposal and treatment of solid waste collected in the Canton of Orotina under the execution of operations modality for the technical closure of the open-air dump of the Municipalidad de Orotina and for the final disposal and post-closure treatment services of the site." In said contract, the following was agreed, of interest for the resolution of this matter: "2.2. OWNERSHIP AND SOVEREIGN POWER OF THE MUNICIPALITY IN THE SUPERVISION OF THE SERVICE. The ownership and sovereign power in the supervision of the disposal service of ordinary solid waste and the execution of mitigation works for its eventual technical closure of the site, as well as the construction of the new disposal and treatment site, corresponds to LA MUNICIPALIDAD. 2.3. RIGHT TO THE RATIONAL USE OF THE LANDS. It is understood that Nombre125809 shall have the right to use LA MUNICIPALIDAD's lands rationally, during the term of this contract, in the areas over which the municipality has authority or that are acquired to complement the project, specifically, the parties understand that the service will be provided on the property owned by the Municipality of Orotina, and which has functioned until today as an open-air dump. Nombre125809 understands and accepts that it may not use areas of the aforementioned property for other purposes or activities, except those directly related to the provision of the services referred to in this contract signed WITH LA MUNICIPALIDAD. (...) 3.2.2. (...) g. Nombre125809 points out that the solid waste generated in the canton of Orotina is not sufficient to achieve the project's technical and economic feasibility objectives, as the minimum average volume to achieve project viability is 100 metric tons per day, according to the submitted plan, therefore LA MUNICIPALIDAD authorizes the entry into its jurisdiction of the remaining quantity of tons of solid waste that allows achieving the adequate volume to ensure the project's viability. LA MUNICIPALIDAD will contribute the volume generated by its population served by the collection and transport of its waste, it being understood that the difference in volume to achieve the necessary minimum for the project's feasibility shall be the sole and exclusive responsibility of WPP. That the waste authorized to enter the site must be exclusively the product of ordinary residential and commercial activities, and in no way is the entry into the canton's jurisdiction of infectious-contagious waste (product of exclusive hospital activities), radioactive, and industrial chemical waste permitted. It is clear that the costs arising from the transfer, final disposal, and treatment of waste coming from other municipalities and sites shall be covered by each of the originating municipalities, which will pay WPP, it being understood that LA MUNICIPALIDAD bears no responsibility for the costs this generates." (Copy of the contract visible at folios 460 to 475 of the court file).
10.- That through official communication No. Placa22738 of October twenty-fifth, 2013, the Director of Finance of the Municipalidad de Puntarenas informs the municipal supplier of the cost analysis involved in sending the garbage to another dump with conditions different from the one being used, detailing the cost offered by each company, to which she added the expenses that the Municipality would incur for fuel, tolls, and travel allowances to send the garbage to each of the dumps stipulated by the bidders, concluding that: "...even with the lowest price from the company EBI, daily, the municipality would have to pay an additional of ¢28,619.00, inclusive, resulting in an additional cost that goes against the public interests, and although it is true, it is not paid for the disposal service, it would increase our costs in collection and sending to the disposal site." (Folios 226 and 227 of the administrative file).
11.- That through official communication No. DCU-649-2013 of October twenty-fifth, 2013, the Director of Development and Urban Control of the Municipalidad de Puntarenas informs the municipal supplier that it was determined that both offers meet the requested technical requirements, that upon applying the offer comparison mechanism, the one submitted by Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. obtains a total score of 86.60; while that of Manejo Integral Tecnoambiente S.A. obtained a total of 80.33; and that: "...Notwithstanding the foregoing, it was jointly determined that if this procedure were awarded to Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., it would force the Administration to spend more resources for operating costs, corresponding to travel allowances, tolls, and fuel mainly; therefore, it is necessary to safeguard the public interest, taking care of the municipal treasury, which compels us to recommend that the Municipal Mayor's Office declare the present tender Deserted, providing the due justifications with the legal - technical and financial support." (Folios 228 and 229 of the administrative file).
12.- That through a resolution issued at eight o'clock in the morning on October twenty-eighth, 2013, the Municipal Mayor Nombre103682, based on the previously referenced reports, ordered: "POR TANTO; Based on the foregoing and on the legal citations invoked, especially Article 86 of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, as well as the cited legal, technical, and financial reports, It (sic) is resolved; to declare deserted the present Direct Contracting process 2013CD-000533-01 'Contracting of treatment and final disposal of solid waste from the central canton of Puntarenas, on demand for one year,' due to the protection and safeguarding of the alluded public interest, which must be the primary purpose of this municipal Administration." (Folios 230 to 234 of the administrative file).
13.- That against the indicated resolution, both companies filed an appeal for reversal (recurso de revocatoria). (Folios 236 to 250 of the administrative file).
14.- That upon hearing the filed appeals, the Municipal Mayor, Nombre103682, in a resolution issued at one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013, ordered: "POR TANTO; Based on the foregoing and on the cited facts and legal precepts, it is resolved: to deny in all its aspects the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed by Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; to grant the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed by the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; THE appealed resolution IS REVOKED insofar as it declared the direct contracting process 2013CD-000533-01 deserted, and in its place, the award is made to the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A., as it is the only offer that maintains its eligible status within this process and meets the legal and technical conditions for its award." In the reasoning of said provision, she stated the following: "From the review conducted of the file, of the documentation provided by the company Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., there is a letter signed by the representative of Nombre125809, whereby Nombre125807 is authorized to bid the landfill (relleno) operated by them, for the disposal and treatment of the solid waste from this canton; it is worth highlighting that the landfill (relleno sanitario) mentioned in said offer is the property of the Municipalidad de Orotina and that at this moment it is operated by the company Nombre125809. From the foregoing, the following situations arise: in the aforementioned letter, Nombre125807 is authorized to bid for the entirety of the object of this contract, which contradicts what is indicated in the regulations cited above, since at no time has there been a request for authorization or approval from the municipal administration for a percentage greater than that established in the regulations of Article 69 of the Reglamento de Contratación Administrativa, which, as relevant, states: 'The bidder may subcontract up to 50% of the awarded amount, unless the administration authorizes a greater amount...'. Furthermore, this does effectively constitute a subcontract (subcontratación) since the object of the contracting procedure is the disposal and treatment of solid waste, which in this particular case, would be performed by Nombre125809 and not by Nombre125807, who is the bidder, since Nombre125809 holds the operation of the landfill (relleno sanitario) called Proyecto Ambiental Pacífico Central, as it is owned by the Municipalidad de Orotina, and since it is authorized for its operation, the same is limited to said company and not to a third party outside the relationship between Nombre125809 and the Municipalidad del Cantón de Orotina, therefore the service would be provided entirely by Nombre125809 and not by the bidder. Moreover, the document provided by the bidder Nombre125807 de Costa Rica S.A. is an authorization to bid for the object of the contracting procedure that concerns us, but it is not clear as to whether it authorizes its use or whether there is a commitment from said company for its use throughout the entire contractual term should it become the awardee. Therefore, it is necessary to indicate that this is a subcontract (subcontratación), which had not been noticed in the offer evaluation phase, as it does not fit the assumptions indicated in the final paragraph of the aforementioned article to not be considered a subcontract (subcontratación); a different case would be if the participation had been through a consortium offer, where each participant can assume commitments independently within the same offer, as stipulated in Article 72 and subsequent articles of the cited Reglamento." (Folios 275 to 280 of the administrative file).
15.- That on November fourteenth, 2013, Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. filed the appeals for reversal with a subsidiary appeal (revocatoria con apelación en subsidio) against the Municipal Mayor's resolution of one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013. (Folios 290 to 322 of the administrative file).
16.- That through a resolution issued at ten o'clock in the morning on November twenty-first, 2013, the Municipal Mayor Nombre103682 ordered the rejection of the appeals referred to in the previous fact, indicating that the available challenges had already been used when appealing the resolution that declared the tender deserted. (Folios 323 and 324 of the administrative file).
**THIRD. FACTS NOT PROVEN.** Of such nature and of relevance to what is ordered, the following fact was not proven:
1.- That Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. has an operating health permit (permiso sanitario de funcionamiento) or municipal license to provide the service of treatment and final disposal of solid waste, nor does it have the property owner's authorization to carry out such activity in the landfill (relleno sanitario) called Proyecto Ambiental Pacífico Central.
**FOURTH. THEORY OF THE CASE. SUMMARY OF THE CLAIM:** After recounting all the actions recorded in the direct contracting procedure 2013CD-000533-01 "Contracting of treatment and final disposal of solid waste from the Central Canton of Puntarenas on demand for one year," the plaintiff specifies that it challenges the resolution issued by the Municipalidad de Puntarenas Mayor's Office at one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013, which denied the appeal for reversal (recurso de revocatoria) that said company filed against the resolution that had previously declared the tender deserted, while simultaneously granting the one filed by Manejo Integral Tecnoambiente S.A., revoked the appealed resolution, and awarded the contract to this latter company. It adds that it also challenges the resolution of ten o'clock in the morning on November twenty-first of the same year. It argues that in the first of these resolutions, a series of conjectures are made aimed at considering it proven that its company is engaged in a subcontract (subcontratación) when there is not even a contract yet; that this effort to exclude that company from the tender and award an offer with a much higher price is in itself suspicious. It maintains that the reasoning contained in that resolution has no basis whatsoever in the elements of conviction added to the file, as it is not recorded where the information is extracted from or what supports its conclusions. It considers it even more serious because it involves false facts, without any substantiation in any evidence contained in the file. It reiterates that the assertion that the plaintiff company would be sub-contracting (sub-contratando) the contractual object is whimsical, without any basis, and can only stem from bad faith. It states that jointly with its offer, it presented the express authorization from the company Nombre125809 Continental de Costa Rica so that Empresa Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima may use the Landfill (Relleno Sanitario) called Proyecto Ambiental Pacífico Central, to provide the treatment and final disposal services for solid waste from the Central Canton of Puntarenas for one year; and that said authorization constitutes for its represented party an enabling act for the use of the aforementioned landfill (relleno sanitario). It states that the offered service would be provided by its company, such that we are not in the presence of any sub-contracting (sub-contratación); since the plaintiff is authorized to use the Landfill (Relleno Sanitario) called Proyecto Ambiental Pacífico Central, and provide the service offered to that Municipality, and the manner in which it does so could even be monitored by the Municipality. It considers that it is not acceptable to anticipate an alleged sub-contracting (sub-contratación) in the provision of the service, with the sole purpose of favoring a much more onerous offer. It adds that in addition to the non-existence of the motive and the discordance of the content, the challenged resolution also incurs the defect of misuse of power, since its content, far from satisfying the public purpose, seriously affects the municipal assets by awarding a much more onerous offer. Moreover, regarding the resolution of ten o'clock in the morning on November twenty-first, 2013, it criticizes that by rejecting the appeal filed against the resolution of one o'clock in the afternoon on November fourteenth, 2013, on the grounds that the appeal for reversal (recurso de revocatoria) had already been used, it incurs a violation of Article 557 of the Code of Civil Procedure, applicable supplementarily, since the challenged resolution is a new resolution insofar as it revoked the challenged resolution that had declared the tender deserted, and instead, issued an award act.
It considers that both resolutions should be annulled and, furthermore, that the co-defendant Nombre103682, who was the official that signed said resolutions, should be held jointly and severally liable to pay the damages caused, consisting of the lost profit equivalent to 10% of the offered price per ton, which amounts to the sum of C17,293,250.00 (seventeen million two hundred ninety-three thousand two hundred fifty colones), a sum it requests be indexed to present value at the time of payment, according to the consumer price index, plus interest from the date of filing of the complaint until its effective payment.
FIFTH. SUMMARY OF THE DEFENDANTS' OPPOSITIONS: All co-defendants answered the action negatively and requested that it be dismissed with an award of costs against the plaintiff. Manejo Integral Tecnoambiente S.A. maintained that its motion for reversal was granted due to the legal impossibility the Municipality of Puntarenas had of considering the plaintiff company's offer as an eligible offer, and that they so argued at the precise moment through the corresponding challenge filed before the Mayoress, who, once the matter was analyzed, had no legal remedy but to agree with them, and therefore it is not possible to seek to hold anyone responsible for enforcing the law; and it emphasizes that one must not lose sight of the fact that the Orotina landfill belongs to a third party and that it is not legally permissible to disguise contracts or subcontracts to make something legal that is not. It also alleged that it draws attention that the lawsuit was filed eight and a half months after the issuance of the acts, when the contract is near its expiration, for which reason it estimates that the maximum compensation to which the plaintiff could aspire is for the three and a half months remaining on the contract at the time the lawsuit was filed. The co-defendant Nombre103682 maintained that she has no relationship whatsoever with the facts indicated by the plaintiff, that they were issued in her capacity as Municipal Mayoress, and not personally, that they were duly based on technical reasons, and that in none of the facts of the complaint is any personal liability for willful misconduct or negligence asserted. The Municipality of Puntarenas emphasizes that the motion for reversal filed by Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. against the resolution of the Municipal Mayor's Office of eight o'clock on October twenty-eighth, 2013, was resolved by the Municipal Mayor's Office through a resolution of thirteen o'clock on November fourteenth, 2013, where the decision adopted by the municipality was duly motivated; furthermore, it was possible to determine a situation that completely changed the initial decision, since an unauthorized subcontracting, which the plaintiff company incurred, was verified by offering to deposit and treat the waste at a site where it neither acted as its administrator nor was its owner; for which reason, from that moment on, the offer had to be considered as non-eligible, and by maintaining said condition, it could not be awarded; so that, with only one eligible offer remaining and in the interest of preserving the process, the offers, and weighing the need to have a site to deposit and treat solid waste in an effort to safeguard public health, it was then possible to award the offer that was found eligible. It acknowledges as true that the Municipality argued the subcontracting by the plaintiff company's offer here, since the document it supposedly provided as enabling for the use of the landfill only states that the company Nombre125809, in its capacity as operator of the Sanitary Landfill called Proyecto Ambiental Pacífico Central, located in the Canton of Orotina, authorizes Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. to proceed to offer the final disposal and treatment of the solid waste that is the object of this direct contracting; however, this does not imply that it is the offeror who would perform the contracted works; given that this is not what the document expresses, which is limited to authorizing it to proceed to offer. Based on this, it states that it was not possible for the company Nombre125809 Continental de Costa Rica S.A., as operator of said property, to authorize the offeror to work in said landfill, since the contract signed by Nombre125809 with the Municipality of Orotina, owner of the sanitary landfill, does not empower it for such an act, meaning it lacks legitimacy to issue that type of authorization; as well as that, on the other hand, the environmental viability granted by SETENA through Resolution No. 1643-2008-SETENA of 10 hours 30 minutes on June 3, 2008, was granted solely and exclusively for the Proyecto Ambiental del Pacífico Central, which was to be developed by Nombre125809 Continental de Costa Rica, not by a third party; especially since the municipality of Orotina was not even aware of what the offering company intended to do at the site, such that the plaintiff company, under no circumstances, could have performed the final disposal and treatment services for solid waste; rather, these would be performed entirely by the project development company, which results in the subcontracting that was argued by this representation.
SIXTH. LEGALITY OF THE CHALLENGED ADMINISTRATIVE ACTS: The substantive claims brought in this proceeding consist of the annulment of the resolutions issued by the Municipal Mayor's Office of Puntarenas that decided the direct contracting 2013CD-000533-01 “Contracting of treatment and final disposal of solid waste for the Central Canton of Puntarenas, according to demand, for one year”; and based on this, that the municipality and the official who issued such resolutions be jointly and severally ordered to pay the damages caused by those actions, which it determines as the lost profit had it been awarded the contract. Specifically, it is requested to annul the resolution of thirteen o'clock on November fourteenth, 2013, which ordered: "…to dismiss in all its aspects the motion for reversal filed by Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; to grant the motion for reversal filed by the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; THE appealed resolution is REVOKED insofar as it declared the direct contracting process 2013CD-000533-01 void, and in its place, the contract is awarded to the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A., as it is the only offer that maintains its eligible condition within this process, and it meets the legal and technical conditions for its award"; as well as the one issued at ten o'clock on November twenty-first, two thousand thirteen, which rejected the motion filed against the resolution of thirteen o'clock on November fourteenth, 2013. Against the first, it alleges nonexistence of grounds, discrepancy of content, and the defect of misuse of power; while against the second, it alleges violation of due process due to denial of the appeal avenue. Thus stated, the Court fully agrees with the statements of the plaintiff's representation who, upon desisting from the expert evidence originally requested and presenting conclusions, stated that it is entirely irrelevant to refer to the elements that motivated the resolution that declared the tender void, given that that decision was revoked by the Municipal Mayor's Office, and that the discussion in this process is limited to two elements, which would be to determine if its offer was wrongly excluded and if the procedure used by the Municipality of Puntarenas to award violates due process and the tender specifications. Where this Chamber does not agree with the plaintiff's representation is regarding the conclusions reached in considering the municipal actions null due to defects in grounds and content. The Court has taken as accredited that the Municipality of Puntarenas processed Direct Contracting 20131CD-000533-01 “Contracting of treatment and final disposal of solid waste for the Central Canton of Puntarenas, according to demand, for one year”, whose tender specifications contained the following provisions of interest for the matter at hand: “2.1.1 It is required to contract the service of treatment and final disposal of ordinary and non-traditional, residential and commercial solid waste from the central canton of Puntarenas. (…) 2.1.8 As an eligibility requirement, the companies that participate must have the respective sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento, PSF) to carry out the activity of receiving, treating, and finally disposing of the solid waste that the municipality of Puntarenas transports to their facilities. For which, the presentation of a photocopy of the valid PSF together with the offer is requested. (…) 2.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS. 2.2.1 The offerors must be legally authorized to provide the services to be contracted. Said services must be carried out in compliance with all current national sanitary and environmental regulations. 2.2.2 It is required to contract the service of treatment and final disposal of ordinary and non-traditional, residential and commercial solid waste from the Central Canton of Puntarenas. 2.2.3 The awarded company must treat the waste generated in the Central Canton of Puntarenas, an average of 85 tons daily, in a mechanized sanitary landfill, which complies with the technical specifications established for this purpose by the Ministry of Health, particularly regarding the existence and operation of a leachate treatment plant, as well as adequate internal and external structures for the conduction and elimination or utilization of the gases produced in the sanitary landfill." (emphasis supplied). It was also verified, that in the offer of the plaintiff company here, it indicated that it would provide the solid waste treatment service at the sanitary landfill called Proyecto Ambiental Pacífico Central, located in Alajuela, Canton of Orotina; for which it provided a note signed by the representative of the company Nombre125809 Nombre153906, stating that: “…On the occasion of Direct Contracting No. 2013CD-000533-01 called 'Contracting of treatment and final disposal of solid waste for the Central Canton of Puntarenas, according to demand, for one year', my represented party, as operator of the Sanitary Landfill called PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL, located in the Canton of Orotina, authorizes EMPRESAS Nombre153905 Nombre125807 DE COSTA RICA-SOCIEDAD ANÓNIMA, (…) so that for the purpose of submitting an offer in the referenced Direct Contracting, it may proceed to offer the final disposal and treatment of solid waste that is the object of the Direct Purchase, from the Municipality of the Central Canton of Puntarenas, at the Mechanized Sanitary Landfill called PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL.” Based on such background, in the first of the acts whose annulment is sought, it ordered the inadmissibility of the plaintiff's offer here, and awarded the tender to the co-defendant company, which then became the only eligible offer. To support the determination of ineligibility of the offer of Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima, the Municipal Mayor's Office stated that: “From the review carried out on the file, of the documentation provided by the company Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., there is a letter signed by the representative of Nombre125809 by which it authorizes Nombre125807 to offer the landfill operated by them, for the disposal and treatment of the solid waste from this canton; it is worth noting that the sanitary landfill mentioned in said offer is the property of the Municipality of Orotina and is currently operated by the company Nombre125809. From the above, the following situations emerge: the mentioned letter authorizes Nombre125807 to offer the entirety of the object of this contracting, which contradicts what is indicated in the supra-indicated regulation, given that at no time has there been a request for authorization or approval from the municipal administration for a percentage greater than that established in the regulation of article 69 of the Reglamento de Contratación Administrativa, which, as relevant, states: “The offeror may subcontract up to 50% of the awarded amount, unless the administration authorizes a greater amount…”. Furthermore, it is effectively a subcontracting since the object of the contracting procedure is the disposal and treatment of solid waste, which in this particular case, would be carried out by Nombre125809 and not by Nombre125807 which is the offeror, given that Nombre125809 holds the operation of the sanitary landfill called Proyecto Ambiental Pacífico Central, since the same is the property of the Municipality of Orotina, and by being authorized for its operation, the same is limited to said company and not to a third party outside the relationship between Nombre125809 and the Municipality of the Canton of Orotina, so the service would be provided entirely by Nombre125809 and not by the offeror. In addition, the document provided by the offeror Nombre125807 de Costa Rica S.A. is an authorization for it to offer the object of the contracting procedure that concerns us, but it is not clear whether it authorizes its use or whether there is a commitment from said company for its use throughout the entire contractual term should it be awarded. Therefore, it is necessary to indicate that this is a subcontracting situation which had not been noticed in the offer evaluation phase, as it does not conform to the assumptions indicated in the final paragraph of the aforementioned article to not be considered subcontracting; a different case would be if participation had been through a consortium offer, where each participant can assume commitments independently within the same offer, as provided in article 72 and following of the referenced Reglamento.” On what constitutes the core of the lawsuit, the plaintiff's representation argues that such resolution has no basis whatsoever in any elements of conviction added to the file, that the assertion that the plaintiff company would be sub-contracting the contractual object is arbitrary, without any foundation, and can only derive from bad faith; that the express authorization from the company Nombre125809 Continental de Costa Rica for Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima to use the Sanitary Landfill called Proyecto Ambiental Pacífico Central constitutes an enabling act for the use of said sanitary landfill; and that the offered service would be provided by its company, with machinery and personnel supplied by it, and considers that it is not permissible to anticipate an alleged sub-contracting in the provision of the service, for the sole purpose of favoring a much more expensive offer. In considering the documents studied and the facts related above, this Court finds as a starting point, that indeed the object of the contracting is the provision of the solid waste disposal and treatment service. Thus, although for technical, legal, and sanitary reasons, such a service could only be provided within the facilities of a duly authorized sanitary landfill, the object to be contracted is not the rental or use of a property of that type, and for that reason, the tender specifications did not require, nor was it a necessary legal requirement, that the offeror be the owner, it being sufficient to accredit essential elements to guarantee the required service, namely, that the offeror had legal authorization for the provision of the specific service, as well as to use the sanitary landfill. This latter authorization, to be valid, can only be granted by the property owner or by whoever has sufficient disposition capacity to do so; and in this sense, this Chamber agrees with the analysis carried out by the Municipal Mayor's Office of Puntarenas in that it determined that neither of those aspects was satisfied. In the first place, the letter signed by the representative of Nombre125809 Nombre153906, which the plaintiff company claims as an enabling title to provide the solid waste disposal and treatment services at the Sanitary Landfill called Proyecto Ambiental Pacífico Central, is neither clear nor unequivocal in this regard, given that the authorization described therein is for Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. to submit the offer within the indicated tender, indicating that the service would be provided within said landfill, but without specifying which company would be the one dedicated to the waste disposal and treatment tasks. This imprecision, though it may seem vague or of little importance, acquires transcendental relevance in the specific matter that concerns us, because the authorizing party Nombre125809 is not the owner nor did it prove having authorization to allow third-party companies to carry out such tasks within the Proyecto Ambiental Pacífico Central. It is an undisputed and demonstrated fact that the garbage dump of the Canton of Orotina, later called the Sanitary Landfill PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL, is the property of the Municipality of Orotina, which on October second, two thousand seven, entered into a contract with the company Nombre125809 Nombre153906, for the “Collection, transport, final disposal and treatment of solid waste collected in the Canton of Orotina under the modality of execution of operations for the technical closure of the open-air dump of the Municipality of Orotina and the final disposal and post-closure treatment services of the site”, where the following of interest for the resolution of this matter was agreed: “2.2. OWNERSHIP AND GOVERNMENTAL AUTHORITY OF THE MUNICIPALITY IN THE SUPERVISION OF THE SERVICE. The ownership and governmental authority in the supervision of the ordinary solid waste disposal service and the execution of mitigation works for its eventual technical closure of the site, as well as the construction of the new disposal and treatment site, corresponds to THE MUNICIPALITY. 2.3. RIGHT TO THE RATIONAL USE OF THE LAND. It is understood that Nombre125809 shall have the right to rationally use THE MUNICIPALITY'S land, during the term of this contract, in the areas where the municipality has authority or that are acquired to complement the project, specifically, the parties understand that the service will be provided on the property owned by the Municipality of Orotina, and which has functioned to this day as an open-air dump. Nombre125809 understands and accepts that it may not use areas of the supra-described property for other purposes or activities, except those directly related to the provision of the services referred to in this contract signed WITH THE MUNICIPALITY. (…) 3.2.2.(…) g. Nombre125809 indicates that the solid waste generated in the canton of Orotina is not sufficient to achieve the technical and economic feasibility objectives of the project, as the minimum average volume to achieve project viability is 100 metric tons daily, in accordance with the submitted plan, therefore THE MUNICIPALITY authorizes the entry into its jurisdiction of the remaining quantity of tons of solid waste that will allow achieving the adequate volume to ensure the project's viability. THE MUNICIPALITY will contribute the volume generated by its population served by the collection and transport of its waste, with the difference in volume to achieve the minimum necessary for the project's feasibility being the sole and exclusive responsibility of Nombre125809. That the waste authorized to enter the site must be exclusively the product of ordinary residential and commercial activities and under no circumstances is the entry into the canton's jurisdiction of infectious-contagious waste (product of exclusively hospital activities), radioactive, and industrial chemical waste allowed. It is clear that the costs generated from the transfer, final disposal, and treatment of the waste coming from other municipalities and sites will be covered by each of the municipalities of origin, which will pay Nombre125809, it being understood that THE MUNICIPALITY has no responsibility whatsoever for the costs that this generates.” From the contract text, it stands out that ownership of the property was and would continue to be that of said municipal entity, which also retained all governmental authority in the supervision of the service it authorized by that means; that an express prohibition was established for Nombre125809 to use areas of the described property for other purposes or activities, except those directly related to the provision of the services referred to in the indicated contract, and that, although clause 3.2.2 allowed it to receive solid waste from other jurisdictions, it was limited to the quantity lacking to cover the volume for the project's viability, according to prior studies, and obviously, within the term of that contract; but at no time was that company empowered to allow companies other than itself to execute such tasks. The authorization given in this way is revealed as not valid nor sufficient to accredit the eligibility of the offer or the fulfillment of the mandatory conditions established in the tender specifications. Added to the above is that Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. did not prove that it itself had the necessary permits, licenses, and authorizations to provide the required service, since from the documentation contained in its offer, it can be extracted that only Nombre125809 has a municipal license to provide the solid waste disposal and treatment service, and the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) presented is in its name, therefore, coupled with the cited contractual content, only that company could legally provide the service that was being requested. Faced with this panorama, there are only two possible scenarios had the tender been awarded to the plaintiff company's offer: either it would provide the service illegally, or at least, without valid authorization, or it would subcontract the company that did have the corresponding authorizations, which would imply a violation of the provisions of article 69 of the Reglamento de Contratación Administrativa, which authorizes such a mechanism up to a maximum of fifty percent of the awarded amount, unless expressly authorized by the contracting administration. For this reason, the allegation of subcontracting set out in the resolution under attack is nothing more than the most favorable hypothesis for the offeror, derived from the documentation provided and the deficiencies of the offer. In any case, in both scenarios, the offer becomes inadmissible. In the first, due to evident non-compliance with the admissibility requirements, and in the second, because the sole object of the contracting would have to be subcontracted one hundred percent, given that only Nombre125809 was authorized to provide the waste disposal and treatment services at the indicated landfill, and only it had the municipal license and sanitary operating permit for that purpose. Therefore, the argument that the resolution in question incurs the defects of nonexistence of grounds, discrepancy of content, or abuse of power, which the plaintiff's representation alleges as grounds for annulment, is not upheld.
Now, with respect to the resolution of ten o'clock on November twenty-first, 2013, where the Municipal Mayoress ordered the rejection of the motions for reversal and subsidiary appeal filed by the plaintiff company against the resolution of thirteen o'clock on November fourteenth, 2013, indicating that the available challenges had been used when appealing the resolution that declared the tender void, this Court considers that the plaintiff here is partially correct in deeming the rejection at the threshold of her challenges improper; however, for the reasons detailed below, such a deficiency is not sufficient to declare the requested absolute nullity. From the very authorization for the initiation of the contracting procedure, granted by the Contraloría General de la República, it was clear that in said tender, only a motion for reversal would proceed against the act that awarded or declared the tender void. This was established in the tender specifications and its subsequent modification, timely communicated and accepted by the parties, in the following sense: “Regarding Point 1.5 MOTION FOR REVERSAL. Understand the following: Against the award act, or if the tender is declared void or unsuccessful, a motion for reversal may be filed, before the Municipal Mayor's Office, the department that will issue the award of this process or declare it unsuccessful or void, as the case may be.” Then, through resolution of eight o'clock on October twenty-eighth, 2013, the Municipality of Puntarenas ordered the tender declared void in safeguarding the public interest, despite considering both offers eligible, after which both companies filed motions. It was in resolving said challenges that the Municipal Mayor's Office issued the indicated resolution of thirteen o'clock on November fourteenth, 2013, already analyzed previously, where it dismissed in all its aspects the motion for reversal filed by Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., granted the motion filed by the company Manejo Integral Tecnoambiente S.A., revoked the appealed resolution insofar as it declared the direct contracting process void, and in its place awarded the contract to the latter company, considering it the only offer that maintained its eligible condition. As can be seen, it is an act with multiple contents, and although the plaintiff protests that they should have been issued separately, there is actually no legal impediment for all of them to have been gathered in the same resolution. Now, what is relevant is that the appeal avenue was thus exhausted with respect to that first resolution that declared the tender void. For example, if said action had denied the filed motions and confirmed the initial decision, it would have become the final resolution of the procedure. However, insofar as it not only granted one of the companies' motions but also declared the plaintiff's offer here ineligible, it placed her in a different legal situation that she did not suffer before said declaration, so she had the right to challenge such a decision. Therefore, the affected company did have the right for the Municipal Mayor's Office to hear the substance of the filed motion for reversal, and due to this, said administrative instance erred in rejecting it for the reasons it indicated. However, in this specific case, such a defect does not imply absolute nullity of the actions. The regime of nullities of the administrative act must be placed in its proper sense in accordance with the general principles of law of reasonableness and proportionality, and within this approach, the maxim "pas nullité sans grief", no nullity without harm, which defines the principle of materiality, has become a fundamental principle of the matter. Therefore, for an omission to render a specific administrative action void, it must be of such gravity that it is impossible to remedy, that it violates the administered party's rights, or that had it been performed correctly, it would have prevented or changed the final decision in important aspects, which is reflected in section 223 of the Ley General de la Administración Pública as it states: “1. The omission of substantial procedural formalities shall only cause nullity of what has been acted upon. 2. A formality shall be understood as substantial whose correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission would cause defenselessness.” For this reason, actions similar in content but issued in different contexts will have a different legal solution, depending on whether the harm produced is substantial or not, in the terms referred to. In this case, the basis used in rejecting the motions does not affect the final result of what was ordered. Note that the subsidiary appeal filed is correctly rejected at the threshold, given that the only available means of challenge was the motion for reversal, and that this, although for different reasons, had to be rejected on the merits. The Court is in a position to make this statement in view that the content of that motion was substantially the same as that which has been raised in the lawsuit, that is, the alleged illegality of what was ordered in that appealed resolution.
Thus, insofar as this Chamber has had to hear on the merits the grievances expressed by the plaintiff against the resolution of the Municipal Government of Puntarenas issued at thirteen hundred hours on fourteen November 2013, in which, among other points, it declared the bid submitted by Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. ineligible, and ruled that said bid does not contain the nullity defects attributed to it; it would make no logical, legal, or practical sense to then declare the nullity of the resolution that rejected at the threshold the appeals filed against it, or to order the defendant Municipality to hear the revocation on the merits. Since there is no possibility that the final decision could be different, the error shown cannot be classified as substantial, and therefore, the petition for nullity filed cannot be granted. Moreover, insofar as it was shown that the bid of Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. was ineligible, the petitions seeking a declaration that the conduct of the defendant Municipality in issuing the challenged resolutions is inconsistent with the legal order, and that the plaintiff, according to the bid evaluation conducted by the Municipality of Puntarenas, obtained the highest score and should have been awarded the contract, are also dismissed.
SEVENTH. INADMISSIBILITY OF THE CLAIMS FOR DAMAGES. The other substantive claims brought consist of ordering the Municipality of Puntarenas and the co-defendant Nombre103682 , in her capacity as the official responsible for the challenged conduct, to be jointly and severally liable, together with interest on said sums. These claims must be dismissed according to the principle accessorium sequitur principale, that is, the logical rule requiring that which is accessory to the fundamental object of a given relationship follows the same fate as the principal. It should be noted in this regard that the claimed obligation to compensate arises from an imputation of liability that is only possible when the damage has been a consequence of its normal or abnormal functioning, such that a cause-and-effect relationship can emerge, i.e., that the injury is the result of that conduct or omission. In this sense, and in accordance with the content of the pleading, the cause of the liability claimed would be the nullity of the administrative acts detailed in the primary claims, which has been rejected; therefore, no causal link (nexo causal) would exist and consequently the claimed obligation to indemnify could not arise.
EIGHTH. DEFENSES: The Municipality of Puntarenas raised the defenses of lack of right (falta de derecho) and lack of active standing (falta de legitimación activa); Manejo Integral Tecno Ambiente S.A. raised those of lack of right and lack of cause of action (falta de causa); and Ms. Nombre103682 , those of lack of right and lack of active and passive standing. In addition to this, insofar as they constitute indispensable material elements for the granting of a claim, the Court has the sua sponte obligation to review whether the action possesses both active and passive standing, current interest (interés actual), and right. Regarding current interest, no reason has been shown that would determine that the plaintiff’s interest in having the petition resolved has lapsed, or that there has been any modification in the factual circumstances on which the claim is based. For its part, standing refers to the aptitude of the intervening parties to be a party to a proceeding; this derives or originates from the relationship existing between the sphere of interests and rights of those parties in direct relation to the administrative conduct challenged. In that sense, the co-defendant Manejo Integral Tecno Ambiente S.A. was called to the proceeding by the plaintiff, given its status as the company awarded the tender that is the subject of the proceeding and which derived rights from the administrative acts sought to be annulled. However, in accordance with the provisions of Article 90 of the Administrative Procurement Law (Ley de Contratación Administrativa), and insofar as it was a procurement in an advanced stage of execution, the plaintiff did not request the re-awarding of the tender, but rather limited its claim to the declaration of nullity of the acts and compensation for the damages and losses suffered. In such a scenario, the awarded company lacks passive standing by cause of action (legitimación ad causam pasiva) to be a party to this matter, since none of the claims brought could affect it if granted; it is not the author of any of the acts designated as null, nor has it been requested that it assume, even in part, the proposed compensation. Therefore, lack of passive standing by cause of action is declared sua sponte with respect to it. Regarding the Municipality of Puntarenas and Nombre103682 , the relationship they hold with respect to the petition (petitum) and the subject matter of the proceeding is clear, insofar as they are the authors of the challenged conduct and it has been requested against both that they be held jointly and severally liable for the claimed compensation. Thus, although the liability regime of the Administration differs from that of the official author of the conduct, such analysis pertains to the right of action and not properly to either active or passive standing; therefore, such defense is rejected as raised by those co-defendants. Based on the reasoning set forth in the preceding recitals (considerandos), the defense of lack of right is granted. Insofar as it is encompassed within the defense of lack of right, and does not constitute a defense separate from the latter, the defense of lack of cause of action raised by Manejo Integral Tecnoambiente S.A. is rejected.
NINTH. COSTS: In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA), procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of losing. Dispensation from this condemnation is only viable when, in the Court’s judgment, there is sufficient reason to litigate, or else, when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the instant case, we find no basis whatsoever to apply the cited exceptions, which is why the costs—procedural and personal—shall be borne by the plaintiff company.
THEREFORE:
The defenses of lack of active and passive standing raised by the Municipality of Puntarenas and by Nombre103682 are rejected. The defense of lack of cause of action raised by Manejo Integral Tecnoambiente S.A. is rejected. With respect to the latter, lack of passive standing by cause of action is declared sua sponte. The defense of lack of right raised by all defendants is granted. Consequently, the claim is dismissed in its entirety. The plaintiff is ordered to pay both sets of costs of this action. Nombre15126 , Nombre125810 , Nombre125765 .
Nombre15126 , TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Nombre125765 , TRIAL JUDGE Nombre125810 , TRIAL JUDGE Is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:37:22.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL TIPO DE PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre153905 Nombre125807 Nombre153906 .
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS Y OTROS N° 125-2022-VII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las siete horas treintay cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.
Proceso de conocimiento contencioso administrativo formulado por EMPRESAS Nombre153905 Nombre125807 DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED121571, representada por su Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Nombre70790 , mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED121572; en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, cédula jurídica CED121573, que actúa bajo la representación de su Alcalde, Nombre153907 , mayor, casado, vecino de Barranca de Puntarenas, cédula de identidad número CED116577; Nombre103682 , mayor, casada, Máster en Salud Pública, cédula de identidad número CED121574 y MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A., cédula jurídica CED116299, representada por el señor Nombre125808 , de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, con pasaporte de su país número 452017726.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. ASPECTOS PRELIMINARES:
1.- Por memorial presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la representación de la sociedad actora interpuso demanda de conocimiento contencioso administrativa en contra de la Municipalidad de Puntarenas, Manejo Integral Tecnoambiente S.A. y de Nombre103682 , formulando las siguientes pretensiones, ratificadas luego en audiencia preliminar: “Con base en lo expuesto solicito que en sentencia se declare: 1.- Que es nula y se anula (sic) la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Puntarenas a las trece horas del catorce de noviembre del 2013, mediante la cual se dispuso "declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; declarar con lugar el recurso de revocatoria establecido por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; SE REVOCA la resolución recurrida en cuanto declaró desierto el proceso de contratación directa 2013CD-000533-01, y en su lugar se adjudica a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., por ser la única oferta que mantiene su condición de elegible dentro del presente proceso, y cumplir con las condiciones legales y técnicas para su adjudicación". 2.- Que es nula y se anula (sic) la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Puntarenas de las diez horas del veintiuno de noviembre del año dos mil trece que rechazó el recurso interpuesto contra la resolución de las trece horas del catorce de noviembre del 2013. 3.- Que la conducta desplegada por la Municipalidad demandada, al dictar las resoluciones impugnadas es disconforme con el ordenamiento jurídico. 4.- Que la oferta de Empresas Bertier Nombre125807 de Costa Rica, de acuerdo con la evaluación de ofertas realizada por la Municipalidad de Puntarenas, obtuvo el mayor puntaje y debió ser adjudicada. 5.- Que la Municipalidad de Puntarenas, en forma solidaria con la codemandada Nombre103682 , deben pagar los daños y perjuicios causados a mi representada, consistentes en la utilidad dejada de percibir consistente en el 10% del precio por tonelada ofrecido, que asciende a la suma de C17.293.250.00 (diecisiete millones doscientos noventa y tres mil doscientos cincuenta colones), suma que se indexará al valor presente al momento del pago, de acuerdo con el índice de precios al consumidor. 6.- Que la Municipalidad de Puntarenas en forma solidaria con la codemandada Nombre103682 , debe pagar intereses, desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el efectivo pago de las sumas a que resulte condenada. 6.- (sic) Que la Municipalidad de Puntarenas en forma solidaria con la codemandada Nombre103682 , debe pagar ambas costas de esta acción.” (Folio 403 del expediente judicial).
2.- Los tres demandados contestaron por separado, oponiéndose en su totalidad a la demanda, solicitando que fuera declarada sin lugar, y que se condenara a la actora en costas. La Municipalidad de Puntarenas opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, Tecno Ambiente S.A. las de falta de derecho y falta de causa, y la señora Nombre103682 , las de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. (Folios 423 a 442 del expediente judicial).
3.- El cuatro de agosto de 2015 se celebró la Audiencia Preliminar donde se ratificaron las pretensiones deducidas en el libelo de demanda, se fijaron hechos controvertidos, se admitió la prueba documental ofrecidas por las partes, así como prueba pericial, para lo cual la señora Jueza Tramitadora realizó las prevenciones de rigor (Folios 513 y 514 del expediente judicial, así como el archivo de audio de la grabación de la audiencia).
4.- En memorial presentado el primero de junio de 2017, la sociedad actora desistió de la prueba pericial. Producto de ello, mediante auto de las once horas y cuarenta y tres minutos del veintidós de junio de 2017, se declaró este asunto como de puro derecho y se confirió audiencia a las partes para que rindieran conclusiones por escrito, lo cual hicieron. (Imágenes 577 a 624 del expediente electrónico judicial).
5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia por unanimidad, previas las deliberaciones de rigor y con la redacción del Juez Nombre15126 .
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS: El cotejo de los elementos probatorios disponibles, permite a esta Cámara tener como acreditados los siguientes hechos de relevancia para el objeto del proceso y a la forma en que se resuelve:
1.- Que mediante oficio número DCA-2515 del diez de octubre de 2013, la Contraloría General de la República autorizó a la Municipalidad de Puntarenas la contratación directa concursada para la disposición y tratamiento de desechos sólidos, bajo la modalidad de entrega según demanda, con un precio máximo por tonelada de diez mil colones y por un plazo máximo de un año. (No controvertido, folios 15 a 21 del expediente administrativo).
2.- Que el quince de octubre de 2013, la Municipalidad de Puntarenas dio inicio y cursó invitación para participar en la Contratación Directa 20131CD-000533-01 “Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, según demanda durante un año”, fijando como límite para la recepción de ofertas las catorce horas del veintitrés de octubre de 2013. (No controvertido, folios 27 a 34 del expediente administrativo).
3.- Que, entre otras, el cartel del concurso contenía las siguientes disposiciones: “2.1.1 Se requiere contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales del cantón central de Puntarenas. (…) 2.1.8 Como requisito de elegibilidad de las empresas que participen deberán contar con los respectivos permisos sanitarios de funcionamiento para ejercer la actividad de recibo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos que transporten la municipalidad de Puntarenas hasta sus instalaciones. Para lo cual se solicita la presentación de una fotocopia del PSF vigente en compañía de la oferta. (…) 2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 2.2.1 Los oferentes deben estar legalmente habilitados para la prestación de los servicios a contratar. Dichos servicios tienen que llevarse a cabo en apego a toda la normativa sanitaria y ambiental nacional vigente. 2.2.2 Se requiere contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales del Cantón Central de Puntarenas. 2.2.3 La empresa adjudicada debe darle tratamiento a los desechos generados en el Cantón Central de Puntarenas, 85 toneladas en promedio diario, en un relleno sanitario de tipo mecanizado, que cumpla con las especificaciones técnicas que tiene al respecto el Ministerio de Salud, particularmente en cuanto a la existencia y operación de una planta de tratamiento de lixiviados, así como estructuras internas y externas adecuadas para la conducción y eliminación o aprovechamiento de los gases producidos en el relleno sanitario.” Además, el sistema de evaluación de las ofertas establecido quedó fijado de la siguiente manera: 60% precio, 30% distancia, disponiendo en este punto que la oferta que presente un relleno sanitario debidamente autorizado, con menor distancia en kilómetros desde el nuevo Balneario de Puntarenas Centro se le asignarían los treinta puntos, y las demás ofertas tendrían una valoración proporcional; y 10 % disponibilidad de horario de servicio, entendiendo que corresponde a las horas hábiles por semana que se dispondría para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. (Folios 26 a 33 del expediente administrativo).
4.- Que mediante el oficio PM543-10-13 de fecha 21 de octubre, 2013 la Municipalidad de Puntarenas, entre otras, comunicó las siguientes modificaciones al cartel: “Agregar en el Punto 1.5 RECURSO DE REVOCATORIA: Posterior a la notificación del acto, los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles, para interponer sus recursos, si así lo consideran, de acuerdo con lo indicado en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” Además, varió la fecha de apertura de las ofertas, fijándola para el día 24 de octubre de 2013 a las 14:00 horas. (Folios 42 y 43 del expediente administrativo).
5.- Que mediante Oficio PM-554-10-13 de fecha 23 de octubre de 2013, la Municipalidad de Puntarenas comunica la siguiente modificación al cartel del concurso: “Referente al Punto 1.5 RECURSO DE REVOCATORIA. Entiéndase lo siguiente: Contra el acto de adjudicación, o si se declare (sic) desierto o infructuoso el concurso, podrá interponerse recurso de revocatoria, ante la Alcaldía Municipal, departamento que dictará la adjudicación de este proceso o lo declarará infructuoso o desierto, si fuese el caso. Posterior a la notificación del acto, los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles, para interponer sus recursos, si así lo consideran, de acuerdo con lo indicado en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (Folios 45 y 46 del expediente administrativo).
6.- Que el día veinticuatro de octubre de 2013, se realizó el acto de apertura en el cual se presentaron dos ofertas, a saber, Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., que ofertó un precio de seis mil quinientos colones 00/100 por tonelada para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos; los cuales serán tratados en el relleno sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, sita en Alajuela, Cantón de Orotina; ofreciendo una disponibilidad horaria de 24 horas al día de lunes a sábado; y Manejo Integral Tecnoambiente S.A. que ofertó un precio de nueve mil colones 00/100 por tonelada para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos, que serán tratados en el relleno sanitario Parque Ecoindustrial Miramar, ubicado en el cantón de Montes de Oro de Puntarenas; con una disponibilidad horaria de 5:00a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado. (Folios 57 a 221 del expediente administrativo).
7.- Que el permiso sanitario de funcionamiento presentado en la oferta de la compañía Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., así como la licencia municipal para la actividad de relleno sanitario están otorgados a favor de Nombre125809 . (Folios 88 a 90 del expediente administrativo).
8.- Que como título habilitante para el uso del relleno sanitario denominado “PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL”, Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. anexó a su oferta nota suscrita con la compañía Nombre125809 . que dispone lo siguiente: “La empresa Nombre125809 CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica número CED121575 en adelante conocida igualmente como 'WPP", representada por el señor Nombre104046 , mayor, casado una vez, Contador Público Autorizado, vecino de Goicoechea, cédula de identidad número CED121576 , en mi condición de Presidente, con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma personería que adjunto, con el debido respeto me apersono ante el Municipio del Cantón Central de Puntarenas, a manifestar lo siguiente: Con ocasión de la Contratación Directa N°2013CD-000533-01 denominada "Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, según demanda durante un año", mi representada como operadora del Relleno Sanitario denominado PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL, ubicado en el Cantón de Orotina, autoriza a EMPRESAS Nombre153905 Nombre125807 DE COSTA RICA-SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula de persona jurídica número CED121577- - ; y domiciliada en San José, La Uruca, de la Dirección15247 , 200 metros al oeste y 175 metros al Sur, representada por el señor Nombre70790 , mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número CED121578- - , quien actúa como Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, personería que se adjunta para que con la finalidad de presentar oferta en Contratación Directa de cita, proceda a ofertar la disposición y tratamiento final de los desechos sólidos objeto de la Compra Directa, del Municipio del Cantón Central de Puntarenas, en el Relleno Sanitario Mecanizado denominado PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL. Asimismo me permito hacer manifestación expresa que el horario habilitado por mi representada para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos del Cantón de Puntarenas es de veinticuatro horas.” (Folios 138 y 139 del expediente administrativo).
9.-Que el inmueble donde se localiza el vertedero de basura del Cantón de Orotina, posteriormente denominado como Relleno Sanitario PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL, es propiedad de la Municipalidad de Orotina, quien el dos de octubre de 2007 suscribió contrato con la empresa Nombre125809 Continental de Costa Rica S.A., para la “Recolección, transporte, disposición final y tratamiento de los desechos sólidos recolectados en el Cantón de Orotina bajo la modalidad de ejecución de operaciones para el cierre técnico del vertedero a cielo abierto de la Municipalidad de Orotina y de los servicios de disposición final y tratamiento post-cierre del sitio.” En dicho contrato se pactó lo siguiente de interés para la resolución de este asunto: “2.2. TITULARIDAD Y POTESTAD DE IMPERIO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. La titularidad y potestad de imperio en la supervisión del servicio de disposición de los desechos sólidos ordinarios y de la ejecución de las obras de mitigación para su eventual cierre técnico del sitio, así como la construcción del nuevo sitio de disposición y tratamiento corresponde a LA MUNICIPALIDAD. 2.3. DERECHO A LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS TERRENOS. Se entiende que Nombre125809 tendrá el derecho de utilizar en forma racional los terrenos de LA MUNICIPALIDAD, durante la vigencia de este contrato, en las áreas en las que la municipalidad tenga potestad o que se adquieran para complementar el proyecto, en concreto, las partes entienden que el servicio se prestará sobre el inmueble propiedad del Municipio de Orotina, y que ha funcionado hasta el día de hoy como un vertedero a cielo abierto. Nombre125809 entiende y acepta que no podrá utilizar áreas del inmueble supra descrito para otros fines o actividades, salvo las directamente relacionadas con la prestación de los servicios a los que refiere el presente contrato suscrito CON LA MUNICIPALIDAD. (…) 3.2.2.(…) g. Nombre125809 señala que los desechos sólidos generados en el cantón de Orotina no son suficientes para alcanzar los objetivos de factibilidad técnica y económica del proyecto, pues el volumen promedio mínimo para alcanzar la viabilidad del proyecto de 100 toneladas métricas diarias, de conformidad con el plan presentado, por lo que LA MUNICIPALIDAD autoriza el ingreso a su jurisdicción de la restante cantidad de toneladas de desechos sólidos que permitan conseguir el volumen adecuado que asegure la viabilidad del proyecto. LA MUNICIPALIDAD aportará el volumen que genere su población servida por la recolección y transporte de sus desechos, siendo que la diferencia en el volumen para lograr alcanzar el mínimo necesario, para la factibilidad del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de WPP. Que los desechos que se autorizan a ingresar en el sitio deberán ser exclusivamente producto de actividades ordinarias residenciales y comerciales y bajo ningún modo se permite la entrada en la jurisdicción del cantón desechos infecto contagiosos (producto de actividades exclusivamente hospitalarias), radiactivos e industriales químicos. Es claro que los costos que se generen del traslado, disposición final y tratamiento de los desechos que vienen de otros municipios y sitios, serán cubiertos por cada una de las municipalidades de origen, que cancelaran (sic) a WPP, teniéndose que LA MUNICIPALIDAD no tiene responsabilidad alguna en los costos que ello genera.” (Copia del contrato visible en los folios 460 a 475 del expediente judicial).
10.- Que mediante oficio número Placa22738 del veinticinco de octubre de 2013, la Directora de Hacienda de la Municipalidad de Puntarenas, informa al proveedor municipal análisis de costos que representa enviar la basura a otro vertedero con condiciones diferentes al que se estaba utilizando, en el que detalla el costo ofertado por cada empresa, a los que le sumó los gastos en que incurriría la Municipalidad por concepto de combustible, peajes y viáticos para enviar la basura a cada uno de los vertederos estipulados por los oferentes, concluyendo que: “…aun siendo el precio más bajo de la empresa EBI, diariamente, la municipalidad tendría que pagar de más ¢ 28.619.00 inclusive, resultando un costo adicional que va en contra de los intereses públicos, y que si bien es cierto, no se cancelan del servicio de disposición, nos aumentaría los costos en recolección y envío al sitio de disposición.” (Folios 226 y 227 del expediente administrativo).
11.- Que mediante oficio número DCU-649-2013 del veinticinco de octubre de 2013, el Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, informa al proveedor municipal que se determinó que ambas ofertas cumplen con los requerimientos técnicos solicitados, que al aplicar el mecanismo de comparación de las ofertas, la presentada por Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. obtiene una puntuación total de 86.60; mientas que la de Manejo Integral Tecnoambiente S.A. obtuvo un total de 80.33; y que: “…No obstante lo anterior, en conjunto se determinó que de adjudicarse este procedimiento a Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., ello obligaría a la Administración en (sic) gastar mas (sic) recursos por concepto de costos de operación, correspondientes a viáticos, peajes y combustible principalmente; por lo que se hace necesario resguardar el interés público, cuidando el erario municipal, lo que obliga a recomendarle a la Alcaldía Municipal declarar el presente concurso Desierto, aportando las debidas justificaciones con el sustento legal – técnico y financiero.” (Folios 228 y 229 del expediente administrativo).
12.- Que mediante resolución de las ocho horas del veintiocho de octubre de 2013, la Alcaldesa Municipal Nombre103682 , con base en los informes ya referenciados, dispuso: "POR TANTO; De lo anterior y con base en las citas de derecho invocadas y en especial al artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como los informes legales, técnicos y financieros citados, Se (sic) resuelve; declarar desierto el presente proceso de Contratación Directa 2013CD-000533-01 "Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del cantón central de Puntarenas, según demanda durante un año", en razón de la protección y resguardo al interés público aludido, que debe ser el fin primordial de esta Administración municipal." (Folios 230 a 234 del expediente administrativo).
13.- Que contra la indicada resolución, ambas empresas presentaron recurso de revocatoria. (Folios 236 a 250 del expediente administrativo).
14.- Que conociendo los recursos interpuestos, la Alcaldesa Municipal, Nombre103682 , en resolución de las trece horas del catorce de noviembre de 2013, dispuso: "POR TANTO; De lo anterior y con base en las citas de hecho y de derecho invocadas se resuelve: declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; declarar con lugar el recurso de revocatoria establecido por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; SE REVOCA la resolución recurrida en cuanto declaró desierto el proceso de contratación directa 2013CD-000533-01, y en su lugar se adjudica a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., por ser la única oferta que mantiene su condición de elegible dentro del presente proceso, y cumplir con las condiciones legales y técnicas para su adjudicación." En la fundamentación de tal disposición, expuso lo siguiente: “De la revisión efectuada al expediente, de la documentación aportada por la empresa Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., se encuentra un oficio suscrito por el representante de Nombre125809 . mediante el cual se autoriza a Nombre125807 para que oferte el relleno operado por ellos, para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos de este cantón; cabe destacar que el relleno sanitario que se menciona en dicha oferta es propiedad de la Municipalidad de Orotina y que en este momento es operado por la empresa Nombre125809 . De lo anterior se desprenden las siguientes situaciones: en el oficio mencionado se autoriza para que Nombre125807 oferte en su totalidad el objeto de la presente contratación, lo que viene a contraponer lo indicado en la normativa supra indicada, ya que en ningún momento ha existido solicitud de autorización o aprobación de la administración municipal para que se dé un porcentaje mayor al establecido en la normativa del artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, el cual en lo que interesa: “El oferente podrá subcontratar hasta un 50% del monto adjudicado, salvo que la administración autorice un monto mayor…”. Además, efectivamente se trata de una subcontratación puesto que el objeto del procedimiento de contratación es la disposición y tratamiento de los desechos sólidos, lo cual en este particular, sería realizado por Nombre125809 y no por Nombre125807 que es el oferente, ya que Nombre125809 . lo que ostenta es la operación del relleno sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, pues el mismo es propiedad de la Municipalidad de Orotina, que al estar autorizado para su operación la misma se circunscribe a dicha empresa y no a un tercero ajeno a la relación entre Nombre125809 y la Municipalidad del Cantón de Orotina, por lo que el servicio lo estaría prestando en su totalidad Nombre125809 y no el oferente. Además, el documento aportado por el oferente Nombre125807 de Costa Rica S.A. es una autorización para que oferte el objeto del procedimiento de contratación que nos ocupa, mas el mismo no es claro en cuanto si autoriza su utilización o que exista un compromiso de dicha empresa para su utilización a lo largo de todo el plazo contractual en caso de resultar adjudicatario. Por lo anterior, resulta necesario indicar que se trata de una subcontratación lo cual no había sido advertido en la fase de evaluación de ofertas, ya que no se ajusta a los supuestos señalados en el párrafo final del artículo supra citado para no ser considerada la subcontratación; caso distinto es que se hubiera participado a través de una oferta consorciada, donde cada participante puede asumir compromisos en forma independiente dentro de la misma oferta, tal y como lo dispone el artículo 72 y siguientes del Reglamento de cita.” (Folios 275 a 280 del expediente administrativo).
15.- Que el catorce de noviembre de 2013, Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la Alcaldía Municipal de las trece horas del catorce de noviembre de 2013. (Folios 290 a 322 del expediente administrativo).
16.- Que mediante resolución de las diez horas del veintiuno de noviembre de 2013, la Alcaldesa Municipal Nombre103682 , dispuso rechazar los recursos referidos en el hecho anterior, indicando que habían sido utilizados las impugnaciones disponibles al recurrir la resolución que declaró desierto el concurso. (Folios 323 y 324 del expediente administrativo).
TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza y de relevancia para lo que se dispone, no quedó acreditado el siguiente hecho:
1.- Que Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. cuente con permiso sanitario de funcionamiento ni licencia municipal para brindar el servicio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos, así como tampoco autorización del propietario para realizar tal actividad en el relleno sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central.
CUARTO. TEORÍA DEL CASO. SÍNTESIS DE LA DEMANDA: Luego de relatar todas las actuaciones que constan en el procedimiento de contratación directa 2013CD-000533-01 “Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas según demanda durante un año”, concreta la parte actora que impugna la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Puntarenas de las trece horas del catorce de noviembre de 2013, que declaró sin lugar el recurso de revocatoria que esa empresa interpuso en contra de la resolución que previamente había declarado desierto el concurso, a la vez que acogió el interpuesto por Manejo Integral Tecnoambiente S.A., revocó la resolución recurrida y adjudicó a esta última empresa. Añade que también impugna la resolución de las diez horas del veintiuno de noviembre del mismo año. Aduce que en la primera de tales resoluciones se hacen una serie de elucubraciones tendientes a tener por acreditado que su empresa incurre en una subcontratación cuando aún ni siquiera hay contrato; que ese esfuerzo para excluir a esa empresa del concurso y adjudicar una oferta con un precio mucho mayor, resulta en sí mismo sospechoso. Sostiene que los razonamientos contenidos en aquella resolución no tienen sustento alguno en elementos de convicción agregados al expediente, pues no consta de dónde extrae la información ni en qué sustenta sus conclusiones. Considera que todavía es más grave, porque se trata de hechos falsos, sin ningún sustento en prueba alguna que conste en el expediente. Reitera que la afirmación de que la empresa actora estaría sub-contratando el objeto contractual resulta antojadiza, sin ningún fundamento y que solo puede derivarse de la mala fe. Expone que conjuntamente con la oferta, presentó la autorización expresa de la empresa Nombre125809 Continental de Costa Rica, para que Empresa Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima, pueda utilizar el Relleno Sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, para prestar los servicios de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, durante un año; y que dicha autorización constituye para su representada un acto habilitante para la utilización del referido relleno sanitario. Expone que el servicio ofertado sería prestado por su empresa, de manera tal que no estamos en presencia de sub-contratación alguna; pues la actora está autorizada para la utilización del Relleno Sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, y prestar el servicio ofertado a esa Municipalidad, y la forma en que lo haga podría incluso ser vigilada por la Municipalidad. Considera que no es dable anticipar una supuesta sub-contratación en la prestación del servicio, con el único propósito de favorecer una oferta mucho más onerosa. Añade que además de la inexistencia del motivo y la discordancia del contenido, la resolución impugnada incurre a su vez en el vicio de desviación de poder, pues su contenido, lejos de satisfacer el fin público, afecta seriamente el patrimonio municipal, al adjudicarse una oferta mucho más onerosa. Por otra parte, respecto de la resolución de las diez horas del veintiuno de noviembre de 2013, acusa que al rechazar el recurso interpuesto contra la resolución de las trece horas del catorce de noviembre del 2013, con el argumento de que ya se había hecho uso del recurso de revocatoria, incurre en una infracción del artículo 557 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, toda vez que la resolución impugnada es una nueva resolución en el tanto que revocó la resolución impugnada que había declarado desierto el concurso, y en su lugar dictó un acto de adjudicación. Considera que deben anularse ambas resoluciones y además que debe condenarse en forma solidaria con la codemandada Nombre103682 , quien fue la funcionaria que suscribió tales resoluciones, a pagar los daños y perjuicios causados, consistentes en la utilidad dejada de percibir consistente en el 10% del precio por tonelada ofrecido, que asciende a la suma de C17.293.250.00 (diecisiete millones doscientos noventa y tres mil doscientos cincuenta colones), suma que pide indexar al valor presente al momento del pago, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, más los intereses desde la fecha de interposición de la demanda y hasta su efectivo pago.
QUINTO. SÍNTESIS DE LAS OPOSICIONES DE LOS DEMANDADOS: Todos los codemandados contestaron negativamente la acción, y pidieron que fuera rechazada con condena en costas contra la actora. Manejo Integral Tecnoambiente S.A. sostuvo que su recurso de revocatoria fue acogido debido a la imposibilidad legal que tenía la Municipalidad de Puntarenas de considerar como una oferta elegible a la de la empresa actora, y que así lo argumentaron en el momento preciso mediante la correspondiente impugnación presentada ante la Alcaldesa quien una vez analizado el tema no tuvo más remedio legal que darles la razón y por ello no es posible que se pretenda responsabilizar a nadie por hacer cumplir la ley; y recalca que no se debe perder de vista que el relleno de Orotina pertenece a un tercero y que no es dable legalmente disfrazar contrataciones o sub contrataciones para hacer parecer legal algo que no lo es. También alegó que le llama la atención que la demanda se interpuso ocho meses y medio después del dictado de los actos, cuando la contratación está cerca de su vencimiento, por lo que estima que el máximo de indemnización a la que podría aspirar la actora es por los tres meses y medio que le quedaban al contrato al momento de interponer la demanda. La codemandada Nombre103682 sostuvo que no tiene relación alguna con los hechos indicados por la actora, que fueron dictados en su condición de Alcaldesa Municipal, y no en forma personal, que estuvieron debidamente fundamentados en razones técnicas, y que en ninguno de los hechos de la demanda se asienta alguna responsabilidad personal por dolo o culpa. La Municipalidad de Puntarenas recalca que el recurso de revocatoria interpuesto por Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. contra la resolución de la Alcaldía Municipal de las ocho horas del veintiocho de octubre del 2013, fue resuelto por la Alcaldía Municipal mediante resolución de las trece horas del catorce de noviembre del 2013, donde se motivó debidamente la decisión adoptada por el municipio; además, se logró determinar una situación que variaba totalmente la decisión inicial, ya que se verificó una subcontratación no autorizada, en la cual incurría la empresa actora, al ofrecer depositar y tratar los desechos en un sitio donde no fungía como administrador del mismo ni era su propietario; razón por la cual a partir de ese momento, la oferta se debía considerar como no elegible, y al mantener dicha condición, no podía ser adjudicada; de manera que al quedar solo una oferta elegible y en aras de la conservación del proceso, las ofertas y ponderando la necesidad de contar con un sitio donde depositar y tratar los desechos sólidos, en procura de salvaguardar la salud pública, entonces era posible adjudicar la oferta que se encontraba elegible. Reconoce como cierto que la Municipalidad argumentó la subcontratación por parte de la oferta de la empresa aquí actora, por cuanto el documento que aportó supuestamente como habilitante para la utilización del relleno sanitario, lo único que se indica es que la empresa Nombre125809 . autoriza, en su condición de operadora del Relleno Sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, ubicado en el Cantón de Orotina, para que Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., proceda a ofertar la disposición y tratamiento final de los desechos sólidos objeto de la presente contratación directa; no obstante ello no implica que sea el oferente quien fuera a realizar los trabajos contratados; toda vez que no es eso lo que expresa el documento, que se limita a autorizar que proceda a ofertar. A partir de ello expone que no le era posible a la empresa Nombre125809 Continental de Costa Rica S.A., como operadora de dicho terreno, autorizar al oferente a trabajar en dicho relleno, toda vez que el contrato firmado por Nombre125809 con la Municipalidad de Orotina, propietaria del relleno sanitario, no lo faculta para tal acto, es decir no tiene legitimación para emitir ese tipo de autorizaciones; así como que, por otra parte, la viabilidad ambiental otorgada por SETENA mediante Resolución N°1643-2008-SETENA de las 10 horas 30 minutos del 03 de junio del 2008, fue otorgada única y exclusivamente para el proyecto Ambiental del Pacífico Central, que sería desarrollado por Nombre125809 Continental de Costa Rica, no por un tercero; máxime que el municipio de Orotina ni siquiera tuvo conocimiento de lo que la empresa oferente pretendía hacer en el sitio, de manera que la empresa actora, bajo ninguna circunstancia podría haber realizado los servicios de disposición final y tratamiento de desechos sólidos; sino que los mismos serían realizados en su totalidad por la empresa desarrolladora del proyecto, lo cual hace que se configure la subcontratación que fue argumentada por esa representación.
SEXTO. LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS: Las pretensiones sustanciales deducidas en este proceso consisten en la anulación de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Municipal de Puntarenas que decidieron la contratación directa 2013CD-000533-01 “Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, según demanda durante un año”; y a partir de ello que se condenen solidariamente a la municipalidad y a la funcionaria que dictó tales resoluciones al pago de los daños y perjuicios generados por esas actuaciones, los cuales determina como la utilidad dejada de percibir en caso de haber resultado adjudicataria. En concreto, se pide anular la resolución de las trece horas del catorce de noviembre del 2013, que dispuso: "…declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por Empresas Nombre153905 de Costa Rica S.A.; declarar con lugar el recurso de revocatoria establecido por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A.; SE REVOCA la resolución recurrida en cuanto declaró desierto el proceso de contratación directa 2013CD-000533-01, y en su lugar se adjudica a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., por ser la única oferta que mantiene su condición de elegible dentro del presente proceso, y cumplir con las condiciones legales y técnicas para su adjudicación"; así como la dictada de las diez horas del veintiuno de noviembre del año dos mil trece que rechazó el recurso interpuesto contra la resolución de las trece horas del catorce de noviembre del 2013. En contra de la primera alega inexistencia del motivo, discordancia del contenido y vicio de desviación de poder; mientras que contra la segunda alega violación al debido proceso por denegación de la vía recursiva. Así lo expuesto, el Tribunal coincide plenamente con las manifestaciones de la representación actora que, al momento de desistir de la prueba pericial originalmente solicitada y de rendir conclusiones, manifestó que carece de toda relevancia referirse a los elementos que motivaron la resolución que declaró desierto el concurso, toda vez que aquella fue revocada por la Alcaldía Municipal, y que la discusión en este proceso se limita a dos elementos, que serían determinar si su oferta fue mal excluida y si el procedimiento empleado por la Municipalidad de Puntarenas para adjudicar violenta el debido proceso y las normas cartelarias. En lo que no coincide esta Cámara con la representación actora es respecto de las conclusiones a las que arriba de considerar nulas las actuaciones municipales por vicios en el motivo y el contenido. El Tribunal ha tenido como acreditado que la Municipalidad de Puntarenas tramitó la Contratación Directa 20131CD-000533-01 “Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, según demanda durante un año”, cuyo cartel contenía las siguientes disposiciones de interés para lo que nos ocupa: “2.1.1 Se requiere contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales del cantón central de Puntarenas. (…) 2.1.8 Como requisito de elegibilidad de las empresas que participen deberán contar con los respectivos permisos sanitarios de funcionamiento para ejercer la actividad de recibo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos que transporten la municipalidad de Puntarenas hasta sus instalaciones. Para lo cual se solicita la presentación de una fotocopia del PSF vigente en compañía de la oferta. (…) 2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 2.2.1 Los oferentes deben estar legalmente habilitados para la prestación de los servicios a contratar. Dichos servicios tienen que llevarse a cabo en apego a toda la normativa sanitaria y ambiental nacional vigente. 2.2.2 Se requiere contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales del Cantón Central de Puntarenas. 2.2.3 La empresa adjudicada debe darle tratamiento a los desechos generados en el Cantón Central de Puntarenas, 85 toneladas en promedio diario, en un relleno sanitario de tipo mecanizado, que cumpla con las especificaciones técnicas que tiene al respecto el Ministerio de Salud, particularmente en cuanto a la existencia y operación de una planta de tratamiento de lixiviados, así como estructuras internas y externas adecuadas para la conducción y eliminación o aprovechamiento de los gases producidos en el relleno sanitario.” (énfasis suplidos). Se verificó además, que en la oferta de la empresa aquí actora, ésta señaló que prestaría el servicio de tratamiento de los desechos sólidos en el relleno sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, sita en Alajuela, Cantón de Orotina; para lo cual aportó una nota suscrita por el representante de la compañía Nombre125809 Nombre153906 , en la que manifestaba que: “…Con ocasión de la Contratación Directa N°2013CD-000533-01 denominada "Contratación de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón Central de Puntarenas, según demanda durante un año", mi representada como operadora del Relleno Sanitario denominado PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL, ubicado en el Cantón de Orotina, autoriza a EMPRESAS Nombre153905 Nombre125807 DE COSTA RICA-SOCIEDAD ANÓNIMA, (…) para que con la finalidad de presentar oferta en Contratación Directa de cita, proceda a ofertar la disposición y tratamiento final de los desechos sólidos objeto de la Compra Directa, del Municipio del Cantón Central de Puntarenas, en el Relleno Sanitario Mecanizado denominado PROYECTO AMBIENTAL PACIFCO (sic) CENTRAL”. A partir de tales antecedentes, en el primero de los actos cuya nulidad se pide, dispuso declarar la inadmisibilidad de la oferta de la aquí actora, y adjudicar el concurso a la empresa codemandada, que pasaba a ser la única oferta elegible. Para fundamentar la determinación de inelegibilidad de la oferta de Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima, la Alcaldía Municipal expuso que: “De la revisión efectuada al expediente, de la documentación aportada por la empresa Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., se encuentra un oficio suscrito por el representante de Nombre125809 . mediante el cual se autoriza a Nombre125807 para que oferte el relleno operado por ellos, para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos de este cantón; cabe destacar que el relleno sanitario que se menciona en dicha oferta es propiedad de la Municipalidad de Orotina y que en este momento es operado por la empresa Nombre125809 . De lo anterior se desprenden las siguientes situaciones: en el oficio mencionado se autoriza para que Nombre125807 oferte en su totalidad el objeto de la presente contratación, lo que viene a contraponer lo indicado en la normativa supra indicada, ya que en ningún momento ha existido solicitud de autorización o aprobación de la administración municipal para que se dé un porcentaje mayor al establecido en la normativa del artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, el cual en lo que interesa: “El oferente podrá subcontratar hasta un 50% del monto adjudicado, salvo que la administración autorice un monto mayor…”. Además, efectivamente se trata de una subcontratación puesto que el objeto del procedimiento de contratación es la disposición y tratamiento de los desechos sólidos, lo cual en este particular, sería realizado por Nombre125809 y no por Nombre125807 que es el oferente, ya que Nombre125809 . lo que ostenta es la operación del relleno sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, pues el mismo es propiedad de la Municipalidad de Orotina, que al estar autorizado para su operación la misma se circunscribe a dicha empresa y no a un tercero ajeno a la relación entre Nombre125809 y la Municipalidad del Cantón de Orotina, por lo que el servicio lo estaría prestando en su totalidad Nombre125809 y no el oferente. Además, el documento aportado por el oferente Nombre125807 de Costa Rica S.A. es una autorización para que oferte el objeto del procedimiento de contratación que nos ocupa, mas el mismo no es claro en cuanto si autoriza su utilización o que exista un compromiso de dicha empresa para su utilización a lo largo de todo el plazo contractual en caso de resultar adjudicatario. Por lo anterior, resulta necesario indicar que se trata de una subcontratación lo cual no había sido advertido en la fase de evaluación de ofertas, ya que no se ajusta a los supuestos señalados en el párrafo final del artículo supra citado para no ser considerada la subcontratación; caso distinto es que se hubiera participado a través de una oferta consorciada, donde cada participante puede asumir compromisos en forma independiente dentro de la misma oferta, tal y como lo dispone el artículo 72 y siguientes del Reglamento de cita.” En lo que constituye el eje de la demanda, la representación actora sostiene que tal resolución no tiene sustento alguno en elementos de convicción agregados al expediente, que la afirmación de que la empresa actora estaría sub-contratando el objeto contractual resulta antojadiza, sin ningún fundamento y que solo puede derivarse de la mala fe; que la autorización expresa de la empresa Nombre125809 Continental de Costa Rica, para que Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica Sociedad Anónima, pueda utilizar el Relleno Sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, constituye un acto habilitante para la utilización del referido relleno sanitario; y que el servicio ofertado sería prestado por su empresa, con maquinaria y personal por ella suministrados y considera que no es dable anticipar una supuesta sub-contratación en la prestación del servicio, con el único propósito de favorecer una oferta mucho más onerosa. En la ponderación de los documentos estudiados y hechos arriba relatados, encuentra este Tribunal como punto de partida, que efectivamente el objeto de la contratación es la prestación del servicio de disposición y tratamiento de desechos sólidos. Así, aunque por razones técnicas, legales y sanitarias, tal servicio solamente podría prestarse dentro de las instalaciones de un relleno sanitario debidamente autorizado al efecto, el objeto a contratar no es el alquiler o uso de un inmueble de ese tipo, y por ello no se pedía en el cartel del concurso ni era un requisito legal necesario, que el oferente fuera el propietario, bastando al efecto que se acreditaran elementos esenciales para garantizar el servicio requerido, a saber, que el oferente contaba con autorización legal para la prestación del específico servicio, así como para utilizar el relleno sanitario. Esta última autorización, para que resulte válida, solamente puede ser otorgada por el propietario del inmueble o por quien tenga capacidad de disposición suficiente para hacerlo; y en este sentido, esta Cámara coincide con el análisis realizado por la Alcaldía Municipal de Puntarenas en cuanto determinó que ninguno de esos aspectos quedó satisfecho. En primer lugar, la carta suscrita por el representante de Nombre125809 Nombre153906 ., que la empresa actora aduce como título habilitante para prestar los servicios de disposición y tratamiento de desechos sólidos en el Relleno Sanitario denominado Proyecto Ambiental Pacífico Central, no es clara ni unívoca al respecto, dado que la autorización allí descrita es para que Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. presente la oferta dentro del indicado concurso indicando que el servicio se prestaría dentro del indicado relleno, pero sin especificar cuál empresa sería la que se dedicaría a las labores de disposición y tratamiento de los desechos. Esta imprecisión, aunque pueda parecer vaga o de poca importancia, adquiere trascendental relevancia en el negocio concreto que nos ocupa, debido a que la autorizante Nombre125809 . no es la propietaria ni acreditó tener autorización para permitir que terceras empresas realicen tales labores dentro del Proyecto Ambiental Pacífico Central. Constituye hecho indisputado y demostrado que el vertedero de basura del Cantón de Orotina, posteriormente denominado como Relleno Sanitario PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL, es propiedad de la Municipalidad de Orotina, quien el dos de octubre de 2007 suscribió contrato con la empresa Nombre125809 Nombre153906 ., para la “Recolección, transporte, disposición final y tratamiento de los desechos sólidos recolectados en el Cantón de Orotina bajo la modalidad de ejecución de operaciones para el cierre técnico del vertedero a cielo abierto de la Municipalidad de Orotina y de los servicios de disposición final y tratamiento post-cierre del sitio” donde se pactó lo siguiente de interés para la resolución de este asunto: “2.2. TITULARIDAD Y POTESTAD DE IMPERIO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. La titularidad y potestad de imperio en la supervisión del servicio de disposición de los desechos sólidos ordinarios y de la ejecución de las obras de mitigación para su eventual cierre técnico del sitio, así como la construcción del nuevo sitio de disposición y tratamiento corresponde a LA MUNICIPALIDAD. 2.3. DERECHO A LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS TERRENOS. Se entiende que Nombre125809 tendrá el derecho de utilizar en forma racional los terrenos de LA MUNICIPALIDAD, durante la vigencia de este contrato, en las áreas en las que la municipalidad tenga potestad o que se adquieran para complementar el proyecto, en concreto, las partes entienden que el servicio se prestará sobre el inmueble propiedad del Municipio de Orotina, y que ha funcionado hasta el día de hoy como un vertedero a cielo abierto. Nombre125809 entiende y acepta que no podrá utilizar áreas del inmueble supra descrito para otros fines o actividades, salvo las directamente relacionadas con la prestación de los servicios a los que refiere el presente contrato suscrito CON LA MUNICIPALIDAD. (…) 3.2.2.(…) g. Nombre125809 señala que los desechos sólidos generados en el cantón de Orotina no son suficientes para alcanzar los objetivos de factibilidad técnica y económica del proyecto, pues el volumen promedio mínimo para alcanzar la viabilidad del proyecto de 100 toneladas métricas diarias, de conformidad con el plan presentado, por lo que LA MUNICIPALIDAD autoriza el ingreso a su jurisdicción de la restante cantidad de toneladas de desechos sólidos que permitan conseguir el volumen adecuado que asegure la viabilidad del proyecto. LA MUNICIPALIDAD aportará el volumen que genere su población servida por la recolección y transporte de sus desechos, siendo que la diferencia en el volumen para lograr alcanzar el mínimo necesario, para la factibilidad del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de Nombre125809. Que los desechos que se autorizan a ingresar en el sitio deberán ser exclusivamente producto de actividades ordinarias residenciales y comerciales y bajo ningún modo se permite la entrada en la jurisdicción del cantón desechos infecto contagiosos (producto de actividades exclusivamente hospitalarias), radiactivos e industriales químicos. Es claro que los costos que se generen del traslado, disposición final y tratamiento de los desechos que vienen de otros municipios y sitios, serán cubiertos por cada una de las municipalidades de origen, que cancelaran (sic) a Nombre125809, teniéndose que LA MUNICIPALIDAD no tiene responsabilidad alguna en los costos que ello genera.” Del texto del contrato resalta que la titularidad del inmueble es y seguiría siendo de aquel ente municipal, quien además conservaba todas las potestades de imperio en la supervisión del servicio que por ese medio autorizaba; que se fijó expresa prohibición a Nombre125809 para utilizar áreas del inmueble descrito para otros fines o actividades, salvo las directamente relacionadas con la prestación de los servicios a los que refiere el indicado contrato, y que, aunque en la cláusula 3.2.2 se le permitió recibir desechos sólidos de otras jurisdicciones, se le hizo limitado a la cantidad faltante para cubrir el volumen de la viabilidad del proyecto, según estudios previos, y obviamente, dentro del período de vigencia de ese contrato; pero en ningún momento se le confirió potestad a tal empresa para permitir que otras distintas de ella sean las que ejecuten tales labores. La autorización así dada, se revela como no válida ni suficiente para acreditar la elegibilidad de la oferta ni el cumplimiento de las condiciones obligatorias establecidas en el cartel. A lo anterior se suma que Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. no acreditó tener ella los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para brindar el servicio requerido, pues de la documentación constante en su oferta se extrae que solo Nombre125809 tiene licencia municipal para prestar el servicio de disposición y tratamiento de desechos sólidos, y el permiso sanitario de funcionamiento presentado está a su nombre, por lo que, aunado al contenido contractual citado, solo esa compañía podía legalmente brindar el servicio que se estaba requiriendo. Ante ese panorama, solo hay dos escenarios posibles en caso que el concurso hubiera sido adjudicado a la oferta de la empresa actora: o prestaba el servicio en forma ilegal, o al menos, no válidamente autorizada, o subcontrataba a la compañía que sí contaba con las autorizaciones correspondientes, lo que implicaba violación a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, que autoriza tal mecanismo hasta un máximo del cincuenta por ciento del monto adjudicado, salvo expresa autorización de la administración contratante. Por ello, el alegato de subcontratación expuesto en la resolución que se ataca, no es más que la hipótesis más favorable para el oferente, derivada de la documentación aportada y de las falencias de la plica. De todas maneras, en ambos escenarios la oferta se torna inadmisible. En el primero, por evidente incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, y en el segundo, por cuanto el objeto único de la contratación debería ser sub contratado en un cien por ciento, dado que, solo Nombre125809 estaba autorizada a prestar los servicios de disposición y tratamiento de desechos en el relleno que se indicó, y solo ella contaba con licencia municipal y permiso sanitario de funcionamiento al efecto. Por ello, no se acoge el planteamiento de que la resolución de marras incurra en los vicios inexistencia de motivo, discordancia del contenido ni abuso de poder que alega la representación actora como sustento de nulidad. Ahora bien, con relación a la resolución de las diez horas del veintiuno de noviembre de 2013, donde la Alcaldesa Municipal dispuso rechazar los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria interpuestos por la empresa actora en contra de la resolución de las trece horas del catorce de noviembre de 2013, indicando que habían sido utilizados las impugnaciones disponibles al recurrir la resolución que declaró desierto el concurso, considera este Colegio que en forma parcial lleva razón la aquí actora al estimar improcedente el rechazo ad portas de sus impugnaciones, sin embargo, por las razones que de seguido se detallan, tal falencia no es suficiente para declarar la nulidad absoluta pedida. Desde la autorización misma del inicio del procedimiento de contratación, brindada por la Contraloría General de la República quedó claro que en dicho concurso únicamente procedería el recurso de revocatoria en contra del acto que adjudicara o declarara desierto el concurso. Así quedó fijado en el cartel y su posterior modificación oportunamente comunicada y aceptada por las partes en el siguiente sentido: “Referente al Punto 1.5 RECURSO DE REVOCATORIA. Entiéndase lo siguiente: Contra el acto de adjudicación, o si se declare (sic) desierto o infructuoso el concurso, podrá interponerse recurso de revocatoria, ante la Alcaldía Municipal, departamento que dictará la adjudicación de este proceso o lo declarará infructuoso o desierto, si fuese el caso.” Luego, mediante resolución de las ocho horas del veintiocho de octubre de 2013, la Municipalidad de Puntarenas dispuso declarar desierto el concurso en resguardo del interés público, y a pesar de considerar que ambas ofertas resultaban elegibles, ante lo cual, las dos empresas recurrieron. Fue resolviendo dichas impugnaciones que la Alcaldía Municipal dictó la indicada resolución de las trece horas del catorce de noviembre de 2013, ya analizada de previo, donde declaró sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., acogió el recurso establecido por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., revocó la resolución recurrida en cuanto declaró desierto el proceso de contratación directa, y en su lugar adjudicó a la última empresa indicada, por considerarla la única oferta que mantenía su condición de elegible. Como puede verse es un acto con múltiples contenidos, que aunque la actora protesta que debieron dictarse por separado, en realidad no hay impedimento legal para que todos ellos fueran reunidos en la misma resolución. Ahora bien, lo relevante es que la vía recursiva estaba así agotada respecto de aquella primera resolución que declaró desierto el concurso. Por ejemplo, si dicha actuación hubiera denegado los recursos interpuestos y confirmado la decisión inicial, se hubiera constituido en resolución definitiva del procedimiento. Sin embargo, en el tanto que no solo acogió el recurso de una de las empresas, sino que además declaró inelegible a la oferta de la aquí actora, la colocó en una situación jurídica distinta que no padecía antes de dicha declaración, por lo que le asistía el derecho de impugnar tal decisión. Por ende, la empresa afectada sí tenía derecho a que la Alcaldía Municipal conociera por el fondo la revocatoria presentada, y debido a ello, erró dicha instancia administrativa al rechazarla por las razones que indicó. Sin embargo, en este caso concreto, tal defecto no implica nulidad absoluta de las actuaciones. El régimen de nulidades del acto administrativo debe ser ubicado en su justo sentido acorde con los principios generales del derecho de razonabilidad y de proporcionalidad, y dentro de dicho enfoque, ha venido a constituir un principio fundamental de la materia la máxima "pas nullité sans grief", no hay nulidad sin daño, que define al principio de trascendencia. Por ello, para que una omisión vicie de nulidad determinada actuación administrativa, debe ser de una gravedad tal que sea imposible de remediar, que conculque los derechos del administrado, o que de haberse producido en forma correcta, hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, lo que se ve reflejado en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública en cuanto señala: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades substanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. Por ello, actuaciones similares en contenido, pero dictadas en contextos diferentes, tendrán una solución jurídica diferente, dependiendo de si la afectación producida es de carácter sustancial o no, en los términos referidos. En este caso, el fundamento utilizado en el rechazo de los recursos no incide en el resultado final de lo dispuesto. Nótese que la apelación en subsidio interpuesta sí está correctamente rechazada ad portas, dado que el único medio impugnaticio disponible era la revocatoria, y que esta, aunque por razones diferentes, debía ser rechazada por el fondo. El Tribunal está en posibilidad de realizar esta afirmación en vista que el contenido de ese recurso era en lo sustancial el mismo que ha sido planteado en la demanda, es decir, la supuesta ilegalidad de lo dispuesto en aquella resolución impugnada. Así, en el tanto que esta Cámara ha tenido que conocer por el fondo los agravios expresados por la actora en contra de la resolución de la Alcaldía Municipal de Puntarenas de las trece horas del catorce de noviembre de 2013, donde, entre otros extremos declaró inelegible la oferta presentada por Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A., y dictaminó que ésta no contiene los vicios de nulidad que se le achacan; ningún sentido lógico, ni jurídico, ni práctico, tendría que declare a su vez la nulidad de la resolución que rechazó ad portas los recursos interpuestos en su contra, o que le ordene a la Municipalidad demandada que conozca la revocatoria por el fondo. Al no existir posibilidad de que la decisión final sea distinta, el yerro evidenciado no puede calificarse como sustancial, y por ende, no procede acoger la pretensión de nulidad formulada. Por otra parte, en el tanto se evidenció que la oferta de Empresas Nombre153905 Nombre125807 de Costa Rica S.A. resultaba inelegible, tampoco se acogen las pretensiones de que se declare que la conducta desplegada por la Municipalidad demandada, al dictar las resoluciones impugnadas, es disconforme con el ordenamiento jurídico, ni de que la actora de acuerdo con la evaluación de ofertas realizada por la Municipalidad de Puntarenas, obtuvo el mayor puntaje y debió ser adjudicada.
SÉTIMO. IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS. Las otras pretensiones sustanciales deducidas consisten en que condenen solidariamente a la Municipalidad de Puntarenas y a la codemandada Nombre103682 , en su condición de funcionaria autora de las conductas atacadas, así como los intereses sobre dichas sumas. Dichas pretensiones deben ser rechazadas según el principio accessorium sequitur principale, o sea, la regla lógica por la que se ordena que aquello que sea accesorio al objeto fundamental de una determinada relación siga el mismo destino que la primera. Nótese al efecto que la obligación resarcitoria que se pide, parte de una imputación de responsabilidad que sólo es posible cuando el daño ha sido consecuencia de su funcionamiento normal o anormal, de manera que pueda surgir una relación causa-efecto, es decir, que la lesión sea el resultado de aquella conducta u omisión. En este sentido, y a tenor con el contenido de la petitoria, la causa de la responsabilidad que se pide sería la nulidad de los actos administrativos detallados en las primeras pretensiones, la cual ha sido rechazada, por lo que no existiría nexo causal y por ende no podría surgir la obligación indemnizatoria que se pide.
OCTAVO. EXCEPCIONES: La Municipalidad de Puntarenas opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, Manejo Integral Tecno Ambiente S.A. las de falta de derecho y falta de causa, y la señora Nombre103682 , las de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. Además de ello, en el tanto constituyen elementos materiales indispensables para el acogimiento de una demanda, el Tribunal está en la obligación oficiosa de revisar si le asisten a la acción la legitimación tanto activa como pasiva, el interés actual y el derecho. Con relación al interés actual, no se ha evidenciado ninguna razón que determine que habría decaído el interés de la actora para que se resuelva lo peticionado, o que hubiera alguna modificación en las circunstancias de hecho en que se funda la demanda. Por su parte, la legitimación refiere la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. En ese sentido, la codemandada Manejo Integral Tecno Ambiente S.A. fue llamada al proceso por la actora, dado su carácter de empresa adjudicataria del concurso que es objeto del proceso y quien derivó derechos de los actos administrativos que se piden anular. Sin embargo, a tenor con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y en el tanto se trataba de una contratación en avanzado proceso de ejecución, la actora no pidió la readjudicación del concurso, sino que limitó su pretensión a la declaración de nulidad de los actos y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. En tal escenario, la empresa adjudicataria carece de legitimación ad causam pasiva para formar parte en este asunto, dado que ninguna de las pretensiones deducidas podría afectarle en caso de ser acogidas, no es autora de ninguno de los actos señalados como nulos, ni tampoco se ha pedido que asuma ni siquiera en parte, la indemnización planteada. Por ende, de oficio se declara falta de legitimación ad causam pasiva respecto de ella. Respecto de la Municipalidad de Puntarenas y de Nombre103682 , resulta clara la relación que mantienen con relación al petitum y al objeto del proceso, en el tanto son las autoras de las conductas impugnadas y en contra de ambas se ha pedido que respondan solidariamente por la indemnización reclamada. Así, aunque el régimen de responsabilidad de la Administración difiere de la del funcionario autor de la conducta, tal análisis corresponde al derecho de la acción y no propiamente a la legitimación tanto activa como pasiva; por lo que se rechaza tal excepción en cuanto opuestas por esos codemandados. Con fundamento en los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes, se acoge la defensa de falta de derecho. En el tanto está comprendida dentro de la defensa de falta de derecho, y no constituye una excepción separada de esta última, se rechaza la falta de causa opuesta por Manejo Integral Tecnoambiente S.A.
NOVENO. COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encontramos motivo alguno que permita aplicar las excepciones citadas, razón por lo cual las costas -procesales y personales- serán a cargo de la empresa actora.
POR TANTO:
Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la Municipalidad de Puntarenas y por Nombre103682 . Se rechaza la defensa de falta de causa interpuesta por Manejo Integral Tecnoambiente S.A. Respecto de esta última, se declara de oficio falta de legitimación ad causam pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por todos los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena a la actora al pago de ambas costas de esta acción. Nombre15126 , Nombre125810 , Nombre125765 .
Nombre15126 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre125765 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre125810 , JUEZ/A DECISOR/A
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