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Res. 00111-2023 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 22/03/2023

Partial annulment of municipal agreement imposing reforestation in a protected zone without technical basisAnulación parcial de acuerdo municipal que imponía reforestación en zona de protección sin respaldo técnico

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The municipal agreement is partially annulled: the order to reforest 50% of the property is eliminated, and the municipality must rule only on the 5% that is outside the protected zone, while the already-granted 50% industrial use remains.Se anula parcialmente el acuerdo municipal: se elimina la orden de reforestar el 50% de la finca y se ordena a la municipalidad pronunciarse solo sobre el 5% que está fuera de la zona protegida, manteniéndose el 50% de uso industrial ya otorgado.

SummaryResumen

The Administrative Appeals Court hears an appeal against a Cartago Municipal Council agreement that, in granting land-use for a private property partially within the Cerros de la Carpintera Protected Zone, ordered reforestation of 50% of the land. The court analyzes the conflict between property rights and environmental protection, and the overlapping powers of the municipality and SINAC in protected wild areas. It finds the municipal agreement lacked technical precision to impose reforestation and that the municipality lacks jurisdiction over land use within the protected zone, which is exclusively for the Executive Branch through SINAC. The appeal is partially granted: the already-allowed 50% industrial use is upheld, the reforestation obligation is annulled, and the municipality is ordered to rule solely on the remaining 5% of the land outside the protected zone, without imposing further environmental restrictions.El Tribunal Contencioso Administrativo conoce en apelación del acuerdo del Concejo Municipal de Cartago que, al resolver sobre el uso del suelo de una finca privada parcialmente dentro de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, ordenó reforestar el 50% del inmueble. La Cámara analiza conflictos entre el derecho de propiedad y la protección ambiental, así como la superposición de competencias entre la municipalidad y el SINAC en áreas silvestres protegidas. Determina que el acuerdo municipal carecía de precisión técnica para imponer la reforestación y que no le corresponde a la municipalidad regular el uso del suelo dentro de la zona de protección, pues es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo a través del SINAC. Declara parcialmente con lugar el recurso, mantiene el 50% de uso industrial ya otorgado, anula la obligación de reforestar, y ordena a la municipalidad pronunciarse únicamente sobre el 5% restante de la finca que está fuera de la zona protegida, sin que pueda imponerle restricciones ambientales adicionales.

Key excerptExtracto clave

The appeal must be partially granted, annulling the appealed act, to be understood as follows: the 50% of industrial land use already granted and unchallenged is maintained; the encumbrance ordering that “the other 50% of the property is in the Cerros la Carpintera Protection Zone and must therefore be reforested according to the management plan under SINAC” is annulled; and the record is returned for the municipality to rule solely on the remaining 5%, which cannot be subject to any management plan or kept within a protected zone, much less be forced into reforestation. The remaining 45%, located within the Protection Zone, must be handled according to any future management plan and land use established by SINAC, with which the Municipality cannot interfere.El recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, anulándose el acto venido en alzada, para que se entienda en los siguientes términos: se mantiene el 50% del uso del suelo industrial ya otorgado y no recurrido, se anula la afectación que dispuso que “el otro 50% de la finca se encuentra en la Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera por lo que debe ser reforestada, de acuerdo con el plan de manejo a cargo del SINAC”, y se devuelven los autos para que el ayuntamiento se pronuncie únicamente sobre el 5% faltante, el cual no puede afectarlo a ningún plan de manejo ni mantener dentro de una zona protegida, menos aún imponerle una actividad de reforestación. El restante 45%, que se encuentra dentro de la Zona de Protección, deberá atenderse conforme al plan de manejo y uso de suelo que eventualmente disponga el SINAC, por lo que no puede intervenir la Municipalidad en ello.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Plan Regulador vigente en la búsqueda de armonizar de mejor manera la relación entre las zonas de protección, en este caso particular, la Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera y la Zona Industrial del Valle de Coris, redefine el límite de protección ajustándolo a las condiciones topográficas del sitio (pendientes) y la distribución catastral de la finca."

    "The current Land-Use Plan, seeking to better harmonize the relationship between protection zones—in this particular case, the Cerros de la Carpintera Protection Zone and the Coris Valley Industrial Zone—redefines the protection boundary adjusting it to the site's topographical conditions (slopes) and the cadastral layout of the property."

    Considerando I.4

  • "El Plan Regulador vigente en la búsqueda de armonizar de mejor manera la relación entre las zonas de protección, en este caso particular, la Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera y la Zona Industrial del Valle de Coris, redefine el límite de protección ajustándolo a las condiciones topográficas del sitio (pendientes) y la distribución catastral de la finca."

    Considerando I.4

  • "Es el primero, y tal vez el más importante reglamento que debe acompañar a todo plan urbanístico (...), le corresponde la ordenación y determinación del uso del suelo, con vistas a un uso racional de la tierra y para asegurar condiciones y calidades ambientales de vida satisfactoria, con lo cual, condiciona el uso de la propiedad inmobiliaria, mediante la delimitación de áreas, según la categorización adoptada."

    "It is the first, and perhaps the most important regulation that must accompany any urban plan (...), responsible for the organization and determination of land use, with a view to rational land use and to ensure satisfactory environmental living conditions, thereby conditioning the use of real property through the delimitation of areas according to the adopted categorization."

    Considerando V

  • "Es el primero, y tal vez el más importante reglamento que debe acompañar a todo plan urbanístico (...), le corresponde la ordenación y determinación del uso del suelo, con vistas a un uso racional de la tierra y para asegurar condiciones y calidades ambientales de vida satisfactoria, con lo cual, condiciona el uso de la propiedad inmobiliaria, mediante la delimitación de áreas, según la categorización adoptada."

    Considerando V

  • "Una correcta integración de normas lleva a entender que, en tratándose de regulaciones establecidas por el Poder Ejecutivo, los poderes de ordenamiento urbano de la Municipalidad de Cartago deben ceder, de modo que en casos como el presente, que se trata de un área silvestre protegida, solamente el SINAC está envestido legalmente para regular todo lo concerniente a la disposición de los suelos, según el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad."

    "A proper integration of norms leads to the understanding that, when it comes to regulations established by the Executive Branch, the urban planning powers of the Municipality of Cartago must yield, so that in cases like the present one, involving a protected wild area, only SINAC is legally empowered to regulate everything concerning land use, under Article 22 of the Biodiversity Law."

    Considerando VI

  • "Una correcta integración de normas lleva a entender que, en tratándose de regulaciones establecidas por el Poder Ejecutivo, los poderes de ordenamiento urbano de la Municipalidad de Cartago deben ceder, de modo que en casos como el presente, que se trata de un área silvestre protegida, solamente el SINAC está envestido legalmente para regular todo lo concerniente a la disposición de los suelos, según el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad."

    Considerando VI

  • "esta Cámara ha sido clara en reiteradas ocasiones, en el sentido que la imposición de esta clase de restricciones sobre la propiedad privada, debe partir de estudios que brinden certeza técnica y científica sobre la cobertura de las zonas protegidas, brindando con ello una delimitación precisa y exacta de la superficie que se encuentra afectada, pues ello brinda seguridad y certeza jurídica tanto al ayuntamiento como al propietario."

    "this Court has repeatedly made clear that the imposition of such restrictions on private property must be based on studies that provide technical and scientific certainty about the coverage of protected areas, thus offering a precise and exact delimitation of the affected surface, as this provides legal security and certainty to both the municipality and the owner."

    Considerando VII

  • "esta Cámara ha sido clara en reiteradas ocasiones, en el sentido que la imposición de esta clase de restricciones sobre la propiedad privada, debe partir de estudios que brinden certeza técnica y científica sobre la cobertura de las zonas protegidas, brindando con ello una delimitación precisa y exacta de la superficie que se encuentra afectada, pues ello brinda seguridad y certeza jurídica tanto al ayuntamiento como al propietario."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Tribunal Contencioso Administrativo, Section III Date of Resolution: March 22, 2023 at 08:30 Case File: 21-003363-1027-CA Type of Matter: Improper Hierarchy Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Content Type: Majority Vote Topics (descriptors): Municipality Subtopics: Limitations on the appellant's property with the issuance of the Zoning Regulation. Scope of competence in urban development control. Topics (descriptors): Urban Planning Subtopics: Scope and purpose. Limitations on the appellant's property with the issuance of the Zoning Regulation. Topics (descriptors): Urban Zoning Subtopics: Scope of urban development control as a municipal competence. Limitations on the appellant's property with the issuance of the Regulation. Topics (descriptors): Land Use Certification Subtopics: Requirement for subsequent construction or commercial licenses and mode of urban control. Sentences in the same sense Case File No. 21-003363-1027-CA Appeal in municipal improper hierarchy Carlos Astorga Domian and Ganadera Astorga Domian S.A. v/ Municipality of Cartago No. 111-2023 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. THIRD SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eight thirty o'clock on the twenty-second of March, two thousand twenty-three.

This Tribunal, as improper hierarchical authority, hears the appeal filed by Carlos Astorga Domian, identification number 3-0232-0157 and Ganadera Astorga Domian, legal identification number 3-101-203308, represented by its unlimited general attorney-in-fact, Mr. Constantino Astorga Domian, identification number 3-306-666, against the agreement adopted by the Municipal Council of Cartago, in the Ordinary Session held on April 28, 2020, record No. 313-2020, article No. XXXVII.

Judge Solano Ulloa drafts, and:

CONSIDERING:

I.- Relevant Facts. For a correct resolution of this matter, the following are taken as relevant, uncontested facts: 1) For the property 3-6212-003 and 004, map No. C-461231-1982, owned by Carlos Astorga Domian and Ganadera Astorga Domian, the land use for the development of agro-industrial activities had been rejected by the Municipality of Cartago, as it was considered to be within a protection zone (uncontested fact). 2) The Área de Conservación Central of SINAC issued certification SINAC-D-ACC-0864-2018 of November 13, 2018, indicating that the property 3-6212-003 and 004, map No. C-461231-1982, owned by Carlos Astorga Domian and Ganadera Astorga Domian, represented by Mr. Constantino Astorga Domian, is located outside any protected wildlife area. (images 61 and 110). 3) In a brief dated September 6, 2019, Carlos Astorga Domian and Ganadera Astorga Domian, represented by Mr. Constantino Astorga Domian, requested to modify the zoning assigned by the Planning Office to the property they own, with registered real estate folio 3-6212-003 and 004, from "protection zone" to "industrial zone". (image 35). 4) The Special Commission for Monitoring the Regulatory Plan issued the technical report contained in official communication CESPR-0016-2020 of April 28, 2020, regarding the request submitted by Carlos Astorga Domian and Ganadera Astorga Domian, indicating the following:

"... they sought to be granted the industrial land use certificate for the property with registered real estate folio 3-6212-003 and 004, since in case file No. 16636 of November 2018, it had been granted as non-compliant for agro-industrial activity, because it was in a protection zone according to the Zoning Regulation of the Regulatory Plan. On this new occasion, said Commission ruled the following:

"Development The current Regulatory Plan, in seeking to better harmonize the relationship between protection zones, in this particular case, the Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera and the Zona Industrial del Valle de Coris, redefines the protection limit by adjusting it to the topographical conditions of the site (slopes) and the cadastral distribution of the property.

Given that the property is approximately 50% affected by the Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera, it was initially determined that the indicated action is to reforest the entire property as a buffer measure for the Industrial Zone, since moreover, during the site visit it was determined that there is water ponding in the sector, which originally behaved as a wetland, meaning it was not viable for the property to have industrial uses that would threaten the ecological balance of the area.

Notwithstanding the above, the pressure from the area's own industrial activities has resulted in earthworks (movimientos de tierra) and fill, completely contrary to the conservation of the area's natural state and therefore its ecological dynamics.

Resolution The property in question, like its surrounding neighbors, has already been modified, so up to 50% industrial use of the property could be granted with a maximum coverage of 60%; the other 50% of the property is located in the Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera and therefore must be reforested, in accordance with the management plan under the responsibility of SINAC.

This change can only be applied under Article No. 17 of the Urban Planning Law, so it cannot be implemented until compliance with said regulation is achieved.." 5) In the agreement of the Municipal Council of Cartago, adopted in the Ordinary Session held on April 28, 2020, record No. 313-2020, article No. XXXVII, the ruling transcribed in the preceding fact was approved. 6) Disagreeing, the administrated parties filed ordinary remedies. 7) In a brief filed on December 13, 2020, the Astorga Domian parties, in their stated capacity, filed a formal request directed to the Urban Planning Department of the Municipality of Cartago, so that, for the same property, they be granted the tolerated land use or the concurrent bordering land use in accordance with the current use and the industrial environment that surrounds it. 8) In official communication AL-OF-119-2021/DU-OF-479-2021, the Legal Advisory Office and the Urban Planning Department recommended rejecting the motion to overturn. For this purpose, they relied on certification SINAC-ACC-OSC-0611-2020 of July 2, 2020, which indicated that, with the help of field data, information from the SNIT on the cadastral map and the shape file of the boundary and zoning of the ZPCC, a sketch was prepared in which it is verified that the property with map C-461231-82 is partially located within the limits of the ZPCC and is not 100% outside this zone, as indicated in official communication SINAC-D-ACC-0864-2018. For this purpose, SINAC concluded, in this more recent official communication, that 45% of the property is within the limits of the ZPCC, within two zones according to the ZPCC zoning map. 9) In article 4 of Record No. 17-2021 of the ordinary session of May 11, 2021, the municipal council accepted the recommendation given in official communication AL-OF-119-2021/DU-OF-479-2021 and rejected the motion to overturn.

II.- Unproven Fact. The appealing party does not demonstrate the following: 1) That the property is classified with an Integrated Environmental Fragility Index of "moderate" under subclass III.B (the case file contains no evidence in this regard). 2) That official communication SINAC-ACC-OSC-0611-2020 of July 2, 2020 has been annulled or revoked.

III.- Grounds for Grievance. The appellants are appealing to this higher body the decision of the municipal council, reproaching that there is an error of fact and of law, as it is not true that the property is in the management plan that provides for reforestation areas, which is demonstrated in certification SINAC-D-ACC-0864-2018 stating that the property is outside any protected wildlife area, so it is not affected by any environmental protection regime. They also rely on resolution 195-2010 SETENA which provides that the property has an Integrated Environmental Fragility Index of "moderate" under subclass III.B, meaning its use is varied, from residential to industrial. They add that historically the property had industrial and agricultural land use, with a dairy for more than 30 years, a parking lot for 80 trucks, gunpowder storage warehouses, and chicken and egg poultry production sheds; furthermore, its surroundings are also industrial, thus alleging that regulations cannot be retroactively applied to the property in these conditions.

IV.- Preliminary Matter. The challenge of land use certificates is governed by the general rules contained in ordinals 165 or 171 of the Municipal Code, depending on the agency that issued it; however, in this case, the party, before challenging the act of the Planning Office, chose to file an autonomous proceeding before the Municipal Council, which, in its condition as municipal hierarch, decided again in the constitutive phase on the land use regulations for the appellants' property. This Chamber considers, for reasons of procedural economy, to address the substance of the claims of nullity raised. Likewise, any analysis referring to the issue of tolerated use or the extension of bordering use for properties 3-74090-001-002 and 3-06212-003-004 is omitted, as these were proceedings filed after the denial of the overturn motion regarding the agreement analyzed by this Chamber, and therefore they have their own phase of remedies. Furthermore, the requested land use certificate cannot be understood as a modification of the Cartago regulatory plan, it being understood that what was decided affects the sphere of rights of the appellants, and therefore the substance of the appeal is addressed.

V.- On the Merits. Urban planning is an essentially local competence, as provided by constitutional numeral 169 and numeral 15 of the Urban Planning Law, and includes limitations on private property that tend to prevent disorderly and impactful development of communities and guarantee the coexistence of human needs for cohabitation along with the duty to provide environmental protection. The owners of lands and their buildings are obliged to allocate them to the use established in the respective urban planning, which derives from the zoning implemented in the regulations created for this purpose, being subject to its provisions and limitations, with which the essential content of the property right is integrated (see rulings of the Constitutional Chamber Nos. 6706-93 and 4205-96). This obligation is materialized in the Regulatory Plan, which contains, among other norms, the zoning and subdivision (fraccionamiento) regulations, as provided in article 21 of the Urban Planning Law. In the zoning regulation, "certain zones of a territory are reserved for specific needs or functions; and it ranges from the creation of industrial zones to the establishment of residential, political-administrative zones, sports zones, green zones, special environmental protection zones, and others" (CALVO MURILLO, Virgilio, "Derecho Urbanístico: Fundamentos e Instituciones", Revista Judicial, Year II, No. 5, Poder Judicial de Costa Rica, September 1977, p. 92.) It is the first, and perhaps the most important regulation that must accompany every urban plan, in accordance with article 21, subsection 1) of the Urban Planning Law, since, as its name indicates, it is responsible for the ordering and determination of land use, with a view to the rational use of land and to ensure satisfactory environmental living conditions and qualities, with which it conditions the use of real estate, through the delimitation of areas, according to the categorization adopted. Urban planning norms are effective into the future and, by application of the prohibition of retroactivity of the norm to the detriment, the size and land use existing at the date of its entry into force must be respected. Precisely, it is understood that all this regulation is a development of constitutional ordinal 45, which allows the imposition of limitations of public interest since they do not empty the property right, so no injury of such magnitude is generated that could be understood as an expropriation.

VI.- Having clarified the above, in a complementary manner with the regulations and limitations provided by local urban planning, it must be indicated that the Executive Branch is empowered, in ordinal 32 of the Organic Environmental Law, to establish protected wildlife areas, which can encompass forest reserves, protective zones, national parks and biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments. These territories can be state or private property, but in either case, management is orchestrated by MINAET, in accordance with the provisions of article 37 of the same legal body, whose paragraph expressly dictates the following:

Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wildlife areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their limits, the properties or parts of private properties necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection and compliance with this law.

In the case of national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, with prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed national wildlife refuges, and wetlands, the estates or their parts may also be purchased or expropriated, unless, at the requirement of the owner, they voluntarily submit to the forest regime. Said subjection shall be registered in the Public Property Registry, as an encumbrance on the property, which will be maintained during the time established in the management plan.

Private properties affected as provided in this article, by being in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subjected to an environmental planning plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and subsequently, the management, recovery, and resource restoration plan.

(Thus reformed the previous paragraph by article 72, section c) of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was reformed by article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998) (Highlighting is added.)

The Executive Branch is empowered to, through the Ministry of Environment and Energy, carry out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriation Law No. 7495, of May 3, 1995.

In accordance with the foregoing, the Zona de Protección del Cerro de La Carpintera was created in Decretos Ejecutivos 6112-A of June 23, 1976, named "Crea Zonas Protectoras", 29278-MINAE of January 15, 2001, named "Modifica Límites de la Zona Protector Cerro la Carpintera", and 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, and SINAC issued the “Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de la Carpintera - Gestión Participativa para la Conservación del Agua y la Biodiversidad”, of January 2012, thus constituting the framework for action, use, and custody of the resources and the land use existing there. It should be noted that in cases where the legislator decided to encumber private lands to protected areas that to date have not been subject to expropriation, these guidelines directly bind them and constitute public order limitations that affect the use and disposition of the land. Precisely, the Plan Regulador Territorial de Cartago refers to these provisions, when providing a section for the Zona de Protección, whose full text dictates the following:

"58.1.12.- Zona de protección (ZP) Objectives Being lands unsuitable for the siting of infrastructure due to their physical-environmental conditions, they will be allocated to conservation, regeneration, and protection of existing resources, being partially usable for recreation and low-density tourism activities.

...

Parameters The works to be carried out in these zones must comply with the prior procedure before SETENA (MINAE), as provided for each case, as well as comply with the land stability study in those sectors with slopes greater than 30%. In these cases, technical studies signed by a geologist and a civil engineer must be presented, guaranteeing that people and works will not be exposed to risk or represent a threat. The Municipality reserves the authority to request other studies, authorization from public entities or bodies, and commitments in order to safeguard the general interest. For the siting of low-density tourism infrastructure, the approval of the Instituto Costarricense de Turismo will be required, as well as the application of the current regulations for projects related to tourism services from the Ministry of Health, the Construction Law, and the approval of SETENA. All specific regulations referring to the zona de protección del Cerro de La Carpintera, Cordillera Volcánica Central, and Zona de Protección de Río Navarro - Río Sombrero shall apply. (The highlighting is added.)

As can be read, this norm expressly links the limitations contained therein with the regulation related to the Zona Protectora Cerro de la Carpintera. A correct integration of norms leads to the understanding that, in the case of regulations established by the Executive Branch, the urban planning powers of the Municipality of Cartago must yield, so that in cases such as the present one, which concerns a protected wildlife area, only SINAC is legally vested to regulate everything concerning the disposition of the lands, according to Article 22 of the Biodiversity Law.

VII.- Having clear the normative framework on which this case must be addressed, the grievances set forth by the appellants in their petition of challenge must be addressed. They maintain that the property they own with registered real estate folio 3-6212-003 and 004 has none of the encumbrances indicated by such regulation, therefore aspiring to obtain a land-use change (cambio de uso del suelo) on the remaining 50% of the surface of their property, which is currently classified by the Municipality as the protective zone of the Cerro La Carpintera and upon which the municipal corporation imposes a duty to reforest it. It is evident that the appealing party intends to obtain industrial land use for the entirety of their property, since according to their statement, it has been entirely dedicated to that type of commercial activity for several decades. They provide as evidence of their statement certification SINAC-D-ACC-0864-2018, which certainly indicates that the property is outside any protected wildlife area. Additionally, they invoke resolution 195-2010 SETENA, without a detailed date, alleging that it provides that the property has an Integrated Environmental Fragility Index of "moderate" under subclass III.B, for varied use, ranging from residential to industrial. However, this second document was neither provided nor offered as an element of proof and, therefore, such allegation, being devoid of proof, must be rejected, there being no evidence whatsoever that the property has specific mention in that sense. In any case, it is clear that in the presence of protected areas officially created by the Executive Branch, as occurs in this case with the protection of the Cerros La Carpintera area, any administrative provision yields to the specialty and rule of state powers. It shall be understood then that, with a geographical delimitation of the Área Protectora Cerros La Carpintera existing, the regulation of SINAC excludes any other existing in a different sense. Now, in the opposite sense, the municipality has maintained, throughout the chain of remedies, that it must not change its position regarding the encumbrance on that 50% of the land and the duty to reforest it, and for this purpose, it used, in the rejection of the motion to overturn, certification SINAC-ACC-OSC-0611-2020, issued by the Oficina Subregión Cartago of SINAC. This document is known to Mr. Carlos Astorga Domian, insofar as it is a response to a proceeding filed by himself. Upon careful analysis of the case file, this Chamber notes several elements of relevance that must be taken into consideration. First, we are in the presence of two fundamental rights that confront each other, since the right to private property and all its inherent attributes yields to the public interest represented in environmental protection, as derived from the harmonious interpretation of constitutional ordinals 45 and 50. Furthermore, there are two pieces of evidence issued by the same administrative authority that contradict each other: certification SINAC-D-ACC-0864-2018 of November 13, 2018, and official communication SINAC-ACC-OSC-0611-2020 of July 2, 2020. In the first, the property is excluded as part of the Área Silvestre Protegida. However, conversely, in official communication SINAC-ACC-OSC-0611-2020 of July 2, 2020, a detailed field exercise was carried out with the cadastral map, the shape file of the boundary, and the zoning of the Zona Protectora, and from this, a sketch was drawn up based on the cadastral plan and the coordinates of the coverage area that is protected, which allowed concluding that the property subject to this case is located 45% within the limits of the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, with a larger portion in the sustainable use zone and a much smaller portion in the restricted use zone (ZUR), sub-zone 2. This second document is the one that, due to its technical precision, deserves from this Chamber the true probative value, insofar as it is the only one that contains a clear and detailed explanation of how that conclusion was reached, it is of a later date, and, given the absence of any challenge or declaration of its invalidity, it must be given prevalence. Therefore, the grievance that intends to exclude the property from the Área Silvestre Protegida is not receivable, as there exists a significant portion of the property area, delimited in this second official communication from SINAC, which specifies the limits of the land area that is indeed within the Área Silvestre Protegida. SINAC specified that there are areas with two different uses, which are defined in the “Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de la Carpintera - Gestión Participativa para la Conservación del Agua y la Biodiversidad”, and in no way do they impose on the administrated party the duty to reforest the affected land. Therefore, this Chamber does not find the reasons by which the municipality arrived, in the appealed act, at the conclusion that approximately 50% of the property is within the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, evidencing an absence of technical rigor for the determination of a limitation on private property of such magnitude. In this regard, this Chamber has been clear on repeated occasions, in the sense that the imposition of this kind of restriction on private property must be based on studies that provide technical and scientific certainty about the coverage of the protected zones, thereby providing a precise and exact delimitation of the surface that is affected, as this provides legal security and certainty to both the municipality and the property owner. It is evident that the manner in which the municipal council resolved the land use proceeding is devoid of that prior and necessary study, which led it to issue an openly imprecise agreement regarding the coverage, space, and limits of the strip that the party could use for industrial purposes. Furthermore, this Chamber is unaware of where the requirement to reforest that 50% of the property originated, since not even the Regulatory Plan demands anything in that sense. Additionally, it must be noted that on these lands, the land use is defined by SINAC, according to the cited Plan General de Manejo, meaning that in this portion of land, there can be no intervention by the Municipality, as it is an exclusive and excluding matter of the Executive Branch. Note, in this regard, that the Plan Regulador Territorial de Cartago expressly states that all specific regulations referring to the Zona de Protección del Cerro de La Carpintera shall apply, and regarding it, the regulations contained in Decretos Ejecutivos 6112-A of June 23, 1976, named "Crea Zonas Protectoras", 29278-MINAE of January 15, 2001, named "Modifica Límites de la Zona Protector Cerro la Carpintera", and 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, have been issued. It is evident, then, that there are grounds for annulment in the act brought on appeal, due to transgression of the duty of technical justification, in its content and purpose, unreasonably expanding a protection area that falls on a private property, and imposing a land use that is not in any normative text regulating the land. Undoubtedly, the appealed agreement must be partially annulled, and it is so ordered in this act. However, it is not possible for this Chamber to grant industrial land use for 100% of the property on the terms the appellants aspire to, because the property is immersed in the Área Protegida Cerros de la Carpintera, which has its own land regulation of environmental origin, which prevails over any Industrial Zone that is overlaid on it, which is the exclusive competence of SINAC, and it is to that body that the appealing party must redirect their proceeding, if they see fit. Having therefore already been granted 50% industrial use, and taking into account that SINAC can only intervene in 45%, it is necessary to return the case file to the Municipality, so that it may rule on the land use of that remaining 5%, which is outside the protection area. The appeal must be declared partially with merit, annulling the act brought on appeal, so that it is understood in the following terms: the 50% of industrial land use already granted and not appealed is maintained; the encumbrance that provided that "the other 50% of the property is located in the Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera and therefore must be reforested, in accordance with the management plan under the responsibility of SINAC" is annulled; and the case file is returned so that the municipality rules only on the missing 5%, which cannot be subjected to any management plan or kept within a protected zone, even less so to impose a reforestation activity on it. The remaining 45%, which is within the Zona de Protección, must be addressed in accordance with the management plan and land use that SINAC eventually determines, and therefore the Municipality cannot intervene in it. As there is no further remedy, the administrative path is considered exhausted.

VIII.- On the return of the case file. Having been substantiated in this venue electronically, a comprehensive copy containing both the administrative file sent by the Municipal Corporation and the entirety of the pieces that make up this appeal is available to the parties, for which they must provide the electronic storage device (USB drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation (maps, photographs, reports, etc.) had been submitted that still remains in the custody of the Office, whoever provided it may retrieve it within a period of 30 working days, in accordance with the provisions of article 12 of the Regulation on Electronic Case Files before the Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO

The appeal is declared partially with merit. The agreement of the Municipal Council of Cartago, adopted in the Ordinary Session held on April 28, 2020, record No. 313-2020, article No.

XXXVII, annulling the encumbrance that ordered that “the other 50% of the property is in the Cerros la Carpintera Protection Zone and therefore must be reforested, in accordance with the management plan administered by SINAC,” and the case file is remanded so that the municipality rules solely on the 5% of the land that is not within the Protected Zone, which it may not subject to any management plan nor keep within a protected zone, still less impose a reforestation activity upon it. Regarding the 45% portion of the property’s land that is within the Cerros La Carpintera Protection Zone, the Municipality of Cartago may not rule on the permitted uses. The administrative channel is deemed exhausted with respect to what is ordered herein.

Evelyn Solano Ulloa Marco Antonio Hernández Vargas Francisco José Chaves Torres *KYVQYFS47ORO61* EVELYN SOLANO ULLOA, DECISION-MAKER JUDGE FRANCISCO CHAVES TORRES, DECISION-MAKER JUDGE MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECISION-MAKER JUDGE Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:38:37.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Clase de asunto: Jerarquía Impropia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Municipalidad Subtemas: Limitaciones a la propiedad del recurrente con la emisión del Reglamento de Zonificación. Alcances de la competencia en el control del desarrollo urbano. Temas (descriptores): Planificación urbana Subtemas: Alcances y finalidad. Limitaciones a la propiedad del recurrente con la emisión del Reglamento de Zonificación. Temas (descriptores): Zonificación urbana Subtemas: Alcances del control de desarrollo urbano como competencia de la municipalidad. Limitaciones a la propiedad del recurrente con la emisión de Reglamento. Temas (descriptores): Certificación de uso de suelo Subtemas: Requisito para posteriores licencias constructivas o comerciales y modo de control urbano. Sentencias en igual sentido Apelación en jerarquía impropia municipal Carlos Astorga Domian y Ganadera Astorga Domian S.A. c/ Municipalidad de Cartago N° 111-2023 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del veintidós de marzo del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal, como jerarca impropio, del recurso de apelación interpuesto por Carlos Astorga Domian, cédula 3-0232-0157 y Ganadera Astorga Domian, cédula jurídica 3-101-203308, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, el señor Constantino Astorga Domian, cédula 3-306-666, contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Cartago, en la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril del 2020, acta No, 313-2020, artículo No. XXXVII.

Redacta la Juez Solano Ulloa, y:

CONSIDERANDO:

I.- Hechos de relevancia. Para una correcta resolución del presente asunto, se tiene como hechos de relevancia, no controvertidos, los siguientes: 1) Sobre la finca finca 3-6212-003 y 004, plano No. C-461231-1982, propiedad de Carlos Astorga Domian y Ganadera Astorga Domian, había sido rechazado el uso de suelo por parte de la Municipalidad de Cartago, para el desarrollo de actividades agroindustriales, al considerarse que se encuentra dentro de una zona de protección (hecho no contrivertido). 2) El Área de Conservación Central del SINAC, emitió la certificación SINAC-D-ACC-0864-2018 del 13 de noviembre del 2018, en la que indicó que la finca 3-6212-003 y 004, plano No. C-461231-1982, propiedad de Carlos Astorga Domian y Ganadera Astorga Domian, representada por el señor Constantino Astorga Domian, se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida. (imágenes 61 y 110). 3) En memorial fechado 6 de setiembre del 2019, Carlos Astorga Domian y Ganadera Astorga Domian, representada por el señor Constantino Astorga Domian, solicitaron modificar la zonificación asignada por la Oficina de Planificación a la finca de su propiedad, con matrícula de folio real 3-6212-003 y 004, de “zona de protección” a “zona industrial”. (imagen 35). 4) La Comisión Especial de Seguimiento al Plan Regulador emitió el informe técnico contenido en el oficio CESPR-0016-2020 del 28 de abril del 2020, ante la solicitud presentada por Carlos Astorga Domian y Ganadera Astorga Domian, indicando lo siguiente:

“... aspiraban se les otorgara el certificado de uso de suelo industrial a favor de la finca con matrícula de folio real 3-6212-003 y 004, pues en expediente No. 16636 de noviembre del 2018, le había sido otorgado no conforme para actividad agroindustrial, por encontrarse en zona de protección según el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador. En esta nueva ocasión, dicha Comisión dictaminó lo siguiente:

“Desarrollo El Plan Regulador vigente en la búsqueda de armonizar de mejor manera la relación entre las zonas de protección, en este caso particular, la Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera y la Zona Industrial del Valle de Coris, redefine el límite de protección ajustándolo a las condiciones topográficas del sitio (pendientes) y la distribución catastral de la finca.

Dado que la finca se encuentra afectada aproximadamente en un 50% por la Zona de Protección Los Cerros de la Carpintera, en una primera instancia se determinó que lo indicado es reforestar la totalidad de la finca como una medida de amortiguamiento a la Zona Industrial pues además, en visita de sitio se determinó que en el sector se presenta un empozamiento de aguas, que originalmente se comportaba como un humedal por lo que no era viable, que la finca tuviese usos industriales que atentará contra el equilibrio ecológico de la zona.

No obstante lo anterior la presión de las actividades industriales propias del lugar han realizado movimientos de tierra y rellenos, totalmente opuestos a la conservación del estado natural de la zona y por ende su dinámica ecológica.

Resolución

La finca en cuestión ya fue modificada al igual que sus vecinos circundantes, por lo que se podría conceder hasta un 50% el uso industrial de la finca con una cobertura del 60% máximo, el otro 50% de la finca se encuentra en la Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera por lo que debe ser reforestada, de acuerdo con el plan de manejo a cargo del SINAC.

Dicho cambio solo puede ser aplicado bajo el artículo No. 17 de la Ley de Planificación Urbana, por lo que no puede ser implementado hasta cumplir con dicha normativa..” 5) En el acuerdo del Concejo Municipal de Cartago, adoptado en la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril del 2020, acta No, 313-2020, artículo No. XXXVII, fue aprobado el dictamen transcrito en el hecho anterior. 6) Inconformes, los administrados interpusieron los recursos ordinarios. 7) En memorial presentado el 13 de diciembre del 2020, los señores Astorga Domian en su condición dicha, presentaron formal solicitud dirigida al Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, a efecto de que, sobre la misma finca, se le otorgara el uso de suelo tolerado o el uso de suelo limítrofe concurrente de conformidad con el uso actual y el entorno industrial que la rodea. 8) En oficio AL-OF-119-2021/DU-OF-479-2021, de la Asesoría Jurídica y el Departamento de Urbanismo, recomendaron rechazar el recurso de revocatoria. Al efecto, se sustentaron en la certificación SINAC-ACC-OSC-0611-2020 del 2 de julio del 2020, la cual indicó que, con ayuda de datos de campo, información del SNIT sobre el mapa catastral y archivo shape del límite y la zonificación de la ZPCC, se elaboró un croquis en el que se constata que el inmueble con el plano C-461231-82, se ubica parcialmente dentro de los límites de la ZPCC y no se ubica 100% fuera de esta zona, como se indica en el oficio SINAC-D-ACC-0864-2018. Al efecto, concluyó el SINAC, en este oficio más reciente, que el 45% del inmueble está dentro de los límites de la ZPCC, dentro de dos zonas según el mapa de zonificación de la ZPCC. 9) En artículo 4, del Acta No. 17-2021 de la sesión ordinaria del 11 de mayo del 2021, el cuerpo edil acogió la recomendación dada en el oficio AL-OF-119-2021/DU-OF-479-2021 y rechazó el recurso de revocatoria.

II.- Hecho no probado. No demuestra la parte apelante lo siguiente: 1) Que la finca se encuentre clasificada con un índice de fragilidad ambiental Integrado de “moderado” bajo la subclase III.B (los autos, no existe prueba al respecto). 2) Que el oficio SINAC-ACC-OSC-0611-2020 del 2 de julio del 2020 haya sido anulado o revocado.

III.- Motivos de agravio. Los apelantes vienen recurriendo en esta alzada lo resuelto por el cuerpo edil, recriminando que existe error de hecho y de derecho, pues no es cierto que la finca esté en el plan de manejo que dispone las áreas a reforestar, lo cual se demuestra en la certificación SINAC-D-ACC-0864-2018 que indica que la finca está fuera de cualquier área silvestre protegida, de modo que no se encuentra afectada por ningún régimen de protección ambiental. Se sostiene también en la resolución 195-2010 SETENA que dispone que la finca cuenta con índice de fragilidad ambiental Integrado de “moderado” bajo la subclase III.B, de modo que es de uso variado, desde habitacional a industrial. Agrega que históricamente la finca tuvo uso de suelo industrial y agrícola, con una lechería desde hace más de 30 años, un parqueo para 80 camiones, bodegas de almacenamiento de pólvora y galpones de producción avícola de pollo y huevo, además sus inmediaciones también son industriales, alegando entonces que no se puede aplicar retroactivamente regulaciones a la finca en estas condiciones.

IV.- De previo. La impugnación de los certificados de uso de suelo se rige por las reglas generales contenidas en los ordinales 165 o 171 del Código Municipal, según sea la dependencia que lo emita, no obstante, en este caso la parte elige antes de impugnar el acto de la Oficina de Planificación, plantea una gestión autónoma ante el Concejo Municipal, que en su condición de jerarca municipal decidió nuevamente en fase constitutiva sobre las regulaciones de uso de suelo de la propiedad de los apelantes. Esta Cámara considera por economía procesal atender por el fondo los señalamientos de nulidad planteados. Asimismo, se omite cualquier análisis referido al tema del uso tolerado o la extensión de uso limítrofe, para las fincas 3-74090-001-002 y 3-06212-003-004, ya que fueron gestiones interpuestas con posterioridad al rechazo de la revocatoria del acuerdo analizado por ésta Cámara, y por ende cuentan con su propia fase recursiva. Además, el certificado de uso de suelo peticionado No puede comprenderse como una modificación del plan regulador de Cartago, entendiéndose que lo resuelto afecta la esfera de derechos de los apelantes, por lo que se procede con la atención del recurso por el fondo.

V.- Sobre el fondo. La planificación urbana es una competencia esencialmente local, según lo disponen los numerales 169 constitucional y 15 de la Ley de Planificación Urbana, e incluye limitaciones a la propiedad privada que tienden a impedir el desarrollo desordenado e impactante de las comunidades y garantizar la coexistencia de las necesidades humanas de convivencia junto con el deber de brindar protección del medio ambiente. Los propietarios de los suelos y sus edificaciones están obligados a destinarlos al uso establecido en el ordenamiento urbano respectivo, el cual deriva de la zonificación implementada en los reglamentos creados al efecto, quedando sujetos a sus disposiciones y limitaciones, con los cuales queda integrado el contenido esencial del derecho de propiedad (ver sentencias de la Sala Constitucional Nos. 6706-93 y 4205-96). Esta obligación se materializa en el Plan Regulador, que contiene, entre otras normas, los reglamentos de zonificación y fraccionamiento, según lo dispone el articulo 21 de la Ley de Planificación Urbana. En el reglamento de zonificación, se reservan "determinadas zonas de un territorio para necesidades o funciones concretas; y abarca desde la creación de zonas industriales hasta la fijación de zonas residenciales, político-administrativas, zonas deportivas, zonas verdes, de protección especial ambiental y otras" (CALVO MURILLO, Virgilio, "Derecho Urbanístico: Fundamentos e Instituciones", Revista Judicial, Año II, No. 5, Poder Judicial de Costa Rica, Setiembre de 1977, p. 92.) Es el primero, y tal vez el más importante reglamento que debe acompañar a todo plan urbanístico, de conformidad con el artículo 21 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana, toda vez que, como su nombre lo indica, le corresponde la ordenación y determinación del uso del suelo, con vistas a un uso racional de la tierra y para asegurar condiciones y calidades ambientales de vida satisfactoria, con lo cual, condiciona el uso de la propiedad inmobiliaria, mediante la delimitación de áreas, según la categorización adoptada. Las normas urbanísticas tienen vigencia hacia futuro y, por aplicación de la prohibición de retroactividad de la norma en perjuicio, se debe respetar el tamaño y el uso del suelo existente a la fecha de su entrada en vigencia. Precisamente, se entiende que toda esa regulación es desarrollo del ordinal 45 constitucional, el cual permite la imposición de limitaciones de interés público puesto que no vacían el derecho de propiedad, de modo que no se genera una lesión de tal envergadura que pueda entenderse que hay una expropiación.

VI.- Aclarado lo anterior, en forma complementaria con la regulaciones y limitaciones dispuestas por la planificación urbana local, debe indicarse que el Poder Ejecutivo está facultado, en el ordinal 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, para establecer áreas silvestres protegidas, que pueden abarcar reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales y reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. Estos territorios pueden ser propiedad estatal o particular, mas en cualquier caso el manejo es orquestado por el MINAET, de conformidad con los dispuesto en el artículo 37 del mismo cuerpo legal, cuyo párrafo que expresamente dicta lo siguiente:

Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) (El resaltado es agregado.)

Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995.

En consonancia con lo anterior, la Zona de Protección del Cerro de La Carpintera se creó en los Decretos Ejecutivos 6112-A de fecha 23 de junio de 1976, denominado "Crea Zonas Protectoras", 29278-MINAE de fecha 15 de enero de 2001, denominado "Modifica Límites de la Zona Protector Cerro la Carpintera", y 25902-MIVAH-MP-MINAE de fecha 12 de febrero de 1997, y el SINAC emitió el “Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de la Carpintera - Gestión Participativa para la Conservación del Agua y la Biodiversidad”, de enero del 2012, constituyendo así el marco de acción, aprovechamiento y custodia de los recursos y el uso del suelo que allí existen. Véase que en los supuestos en que el legislador decidió afectar terrenos particulares a las áreas protegidas que a la fecha no han sido objeto de expropiación, estas directrices les vinculan directamente y constituyen limitaciones de orden público que afectan el uso y disposición del suelo. Precisamente, el Plan Regulador Territorial de Cartago hace referencia a estas disposiciones, al disponer un aparte para la Zona de Protección, cuyo texto íntegro dicta lo siguiente:

“58.1.12.- Zona de protección (ZP) Objetivos Al ser terrenos no aptos para el emplazamiento de infraestructuras debido a sus condiciones físico-ambientales, se destinarán a conservación, regeneración y protección de los recursos existentes, pudiendo ser en parte utilizados para la recreación y para actividades turísticas de baja densidad.

…

Parámetros Las obras a realizar en estas zonas deben cumplir con el trámite previo ante la SETENA (MINAE), según lo dispuesto para cada caso, así como cumplir con el estudio de estabilidad del terreno en aquellos sectores con pendientes mayores al 30%. En estos casos, se deberán presentar estudios técnicos suscritos por un geólogo y un ingeniero civil, donde se garantice que las personas y obras no estarán expuestas a riesgo o representen una amenaza. La Municipalidad se reserva la potestad de solicitar otros estudios, autorización de entidades u órganos públicos y compromisos con el objeto de salvaguardar el interés general. Para el emplazamiento de infraestructura turística de baja densidad, se exigirá la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo, así como la aplicación de la normativa vigente para los proyectos relacionados con servicios para atender al turismo del Ministerio de Salud, la Ley de Construcciones y la aprobación de la SETENA. Será de aplicación toda la reglamentación específica referida a la zona de protección del Cerro de La Carpintera, Cordillera Volcánica Central y Zona de Protección de Río Navarro - Río Sombrero. (El resaltado es agregado.)

Como se puede leer, esta norma expresamente vincula las limitaciones allí contenidas, con la reglamentación relacionada con la Zona Protectora Cerro de la Carpintera. Una correcta integración de normas lleva a entender que, en tratándose de regulaciones establecidas por el Poder Ejecutivo, los poderes de ordenamiento urbano de la Municipalidad de Cartago deben ceder, de modo que en casos como el presente, que se trata de un área silvestre protegida, solamente el SINAC está envestido legalmente para regular todo lo concerniente a la disposición de los suelos, según el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad.

VII.- Teniendo claro el marco normativo sobre el cual se debe atender esta causa, es menester atender los agravios que exponen los recurrentes en su libelo de impugnación. Ellos sostienen que el predio de su propiedad con matrícula de folio real 3-6212-003 y 004, no tiene ninguna de las afectaciones que señala tal regulación, con lo cual aspiran a obtener el cambio de uso de suelo sobre el restante 50% de la superficie de su finca, que actualmente está clasificado por la Municipalidad, como zona protectora del Cerro La Carpintera y sobre el cual la corporación municipal le impone el deber de reforestarla. Es evidente que la parte recurrente pretende obtener el uso de suelo industrial para la totalidad de su inmueble, pues según su dicho, se dedica en su integralidad a ese tipo de giro comercial desde hace varias décadas. Aporta como probanzas de su dicho, la certificación SINAC-D-ACC-0864-2018, la cual ciertamente señala que la finca está fuera de cualquier área silvestre protegida. Además, invoca la resolución 195-2010 SETENA, sin fecha detallada, alegando que con ella se dispone que el predio cuenta con índice de fragilidad ambiental Integrado de “moderado” bajo la subclase III.B, de uso variado, abarcando desde habitacional hasta el industrial. Sin embargo, este segundo documento no fue aportado ni ofrecido como elemento de prueba y, por ende, tal alegato, al ser ayuno de prueba, debe ser rechazado, probanza alguna en el sentido que la finca tenga mención específica en tal sentidoa en tal sentido. En todo caso, es claro que ante la existencia de áreas protegidas oficialmente creadas por el Poder Ejecutivo, como ocurre en este caso con el resguardo de la zona de los Cerros La Carpintera, cualquier disposición administrativa cede ante la especialidad e imperio de los poderes estatales. Entiéndase entonces que, existiendo una delimitación geográfica del Área Protectora Cerros La Carpintera, la regulación de SINAC es excluyente de cualquier otra existente en sentido diverso. Ahora bien, en sentido contrario, el ayuntamiento ha mantenido, en la sustanciación de la cadena recursiva, que no ha de cambiar su posición respecto de la afectación de ese 50% del terreno y el deber de reforestarlo y, para ello utilizó, en el rechazo del recurso de revocatoria, la certificación SINAC-ACC-OSC-0611-2020, emanada por la Oficina Subregión Cartago del SINAC. Este documento es de conocimiento del señor Carlos Astorga Domian, en el tanto es respuesta a una gestión planteada por él mismo. Analizados los autos cuidadosamente, advierte esta Cámara varios elementos de relevancia que deben ser tomados en consideración. En primer lugar, estamos en presencia de dos derechos fundamentales que se confrontan, pues el derecho a la propiedad privada y todos los atributos que le son inherentes, cede ante el interés público representado en la protección al ambiente, como derivado de la interpretación armónica de los ordinales 45 y 50 constitucionales. Además, existen dos elementos de prueba emanados por la misma autoridad administrativa que se contradicen, que son la certificación SINAC-D-ACC-0864-2018 del 13 de noviembre del 2018 y el oficio SINAC-ACC-OSC-0611-2020 del 2 de julio del 2020. En la primera de ellas, se excluye la finca como parte del Área Silvestre Protegida. Empero, en sentido contrario, en el oficio SINAC-ACC-OSC-0611-2020 del 2 de julio del 2020, se realizó un detallado ejercicio de campo con mapa catastral y archivo shape del límite y la zonificación de la Zona Protectora y a partir de ello se levantó un croquis sobre la base del plano de catastro y las coordenadas del área de cobertura que se encuentra protegida, que permitió concluir que la finca objeto de esta causa, se ubica en un 45% dentro de los límites de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, con una porción mayor en la zona de usos sostenibles y una porción mucho menor, en la zona de usos restringidos (ZUR), sub-zona 2. Este segundo documento es el que, por su precisión técnica, merece por parte de esta Cámara el verdadero valor probatorio, en el tanto es el único que contiene una exposición clara y detallada de la manera en que se arribó a tal conclusión, el cual es de fecha posterior y, ante la inexistencia de impugnación o declaratoria de su invalidez, debe dársele prevalencia. Por ende, no resulta de recibo el agravio que pretende excluir la finca del Área Silvestre Protegida, pues existe una porción importante del área de la finca, delimitado en este segundo oficio del SINAC, que precisa los límites del área del terreno que sí está dentro del Área Silvestre Protegida. El SINAC especificó que existen áreas con dos usos diferentes, los cuales están definidos en “Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de la Carpintera - Gestión Participativa para la Conservación del Agua y la Biodiversidad”, y en ellos no se impone, de modo alguno, el deber del administrado de reforestar el terreno afectado. Por ende, no encuentra esta Cámara las razones por medio de las cuales el ayuntamiento arribó, en el acto recurrido, a la conclusión que aproximadamente el 50% de la finca está dentro de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, evidenciándose ausencia de rigidez técnica para la determinación de una limitación sobre la propiedad privada de tanta envergadura. Al respecto, esta Cámara ha sido clara en reiteradas ocasiones, en el sentido que la imposición de esta clase de restricciones sobre la propiedad privada, debe partir de estudios que brinden certeza técnica y científica sobre la cobertura de las zonas protegidas, brindando con ello una delimitación precisa y exacta de la superficie que se encuentra afectada, pues ello brinda seguridad y certeza jurídica tanto al ayuntamiento como al propietario. Es evidente que la manera en que el cuerpo edil resolvió la gestión de uso del suelo, es ayuna de ese estudio previo y necesario, lo que le llevó a la emisión de un acuerdo abiertamente impreciso respecto de la cobertura, espacio y límites de la franja que podría aprovechar la parte como uso industrial. Además, desconoce esta Cámara de donde surgió la exigencia de reforestar ese 50% de la finca, pues ni siquiera el Plan Regulador exige algo en tal sentido. Por demás debe indicarse que sobre estos terrenos el uso del suelo es definido por el SINAC, según el Plan General de Manejo de cita, de modo que en esta porción de tierra no puede haber intervención de la Municipalidad, por ser materia excluyente y exclusiva del Poder Ejecutivo. Nótese al respecto, que el Plan Regulador Territorial de Cartago expresamente dice que será de aplicación toda la reglamentación específica referida a la Zona de Protección del Cerro de La Carpintera y en torno a la misma se han emitido las reglamentaciones contenidas en los Decretos Ejecutivos 6112-A de fecha 23 de junio de 1976, denominado "Crea Zonas Protectoras", 29278-MINAE de fecha 15 de enero de 2001, denominado "Modifica Límites de la Zona Protector Cerro la Carpintera", y 25902-MIVAH-MP-MINAE de fecha 12 de febrero de 1997. Es evidente entonces, los vicios de nulidad en el acto venido en alzada, por transgresión al deber de fundamentación técnica, en su contenido y fin, ampliando sin razón de ello un área de protección que recae sobre un predio privado, e imponiéndole un uso de suelo que no está en ningún texto normativo regulador del terreno. Sin duda, el acuerdo apelado debe ser anulado parcialmente y así se dispone en este acto. Sin embargo, no es posible para esta Cámara, conferir el uso de suelo industrial respecto del 100% de la finca en los términos que aspiran los recurrentes, pues el inmueble se encuentra inmerso en el Área Protegida Cerros de la Carpintera que posee su propia regulación del suelo con origen ambiental, que priva sobre cualquier Zona Industrial que le sobreponga, lo cual es competencia exclusiva del SINAC y será esa instancia a la que debe redireccionar la parte apelante su gestión, si lo tiene a bien. Habiéndose entonces conferido ya un 50% de uso industrial y teniendo en cuenta que el SINAC solamente puede intervenir en un 45%, es necesario devolver los autos a la Municipalidad, a efecto de que se pronuncie sobre el uso del suelo de ese 5% restante, el cual está fuera del área de protección. El recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, anulándose el acto venido en alzada, para que se entienda en los siguientes términos: se mantiene el 50% del uso del suelo industrial ya otorgado y no recurrido, se anula la afectación que dispuso que “el otro 50% de la finca se encuentra en la Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera por lo que debe ser reforestada, de acuerdo con el plan de manejo a cargo del SINAC”, y se devuelven los autos para que el ayuntamiento se pronuncie únicamente sobre el 5% faltante, el cual no puede afectarlo a ningún plan de manejo ni mantener dentro de una zona protegida, menos aún imponerle una actividad de reforestación. El restante 45%, que se encuentra dentro de la Zona de Protección, deberá atenderse conforme al plan de manejo y uso de suelo que eventualmente disponga el SINAC, por lo que no puede intervenir la Municipalidad en ello. Al no haber ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa.

VIII.- De la devolución del expediente. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal, así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación. Se anula parcialmente el acuerdo del Concejo Municipal de Cartago, adoptado en la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril del 2020, acta No, 313-2020, artículo No. XXXVII, anulándose la afectación que dispuso que “el otro 50% de la finca se encuentra en la Zona de Protección la (sic) Cerros la Carpintera por lo que debe ser reforestada, de acuerdo con el plan de manejo a cargo del SINAC”, y se devuelven los autos para que el ayuntamiento se pronuncie únicamente sobre el 5% del terreno que no está dentro de la Zona Protegida, el cual no podrá afectarlo a ningún plan de manejo ni mantener dentro de una zona protegida, menos aún imponerle una actividad de reforestación. Sobre la porción del 45% del terreno del inmueble que se encuentra dentro de la Zona de Protección Cerros La Carpintera, no podrá pronunciarse la Municipalidad de Cartago sobre los usos permitidos. Se da por agotada la vía administrativa respecto de lo que aquí se dispone.

Evelyn Solano Ulloa Marco Antonio Hernández Vargas Francisco José Chaves Torres *KYVQYFS47ORO61*

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de Planificación Urbana Art. 21 inciso 1)
    • Ley Orgánica del Ambiente Art. 32
    • Ley Orgánica del Ambiente Art. 37
    • Ley de Biodiversidad Art. 22
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