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Res. 01649-2022 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 15/11/2022
OutcomeResultado
The acquittal is overturned and a retrial is ordered for both the criminal and civil aspects.Se anula la sentencia absolutoria y se ordena el reenvío para nuevo juicio penal y civil.
SummaryResumen
The Criminal Sentence Appeals Court overturned the acquittal of a defendant charged with invading a conservation or protected area. The trial court acquitted based on the in dubio pro reo principle, reasoning that the accusation did not specify why the stream was a protected area or the violated norms. The Appeals Court found these doubts unfounded, as the Water Law and Forestry Law clearly establish streams and their banks as protected areas, and the evidence unequivocally showed the stream's existence, its public domain character, and the construction of invasive works (bridge, wall, and fence) within the protected zone. The court also found that the judgment lacked sufficient reasoning on the civil damages claim. It ordered a retrial without prejudging the final outcome, due to flaws in the reasoning of the acquittal.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló la absolución de un acusado por el delito de invasión a un área de conservación o protección. La sentencia de primera instancia absolvió al imputado basándose en el principio in dubio pro reo, al considerar que la acusación no especificaba por qué la quebrada era un área protegida ni la normativa infringida. El Tribunal de Apelación determinó que tales dudas eran infundadas, pues la Ley de Aguas y la Ley Forestal establecen claramente que las quebradas y sus riberas son áreas de protección, y la prueba demostró de manera indubitable la existencia de la quebrada, su carácter de dominio público y la construcción de obras invasoras (puente, tapia y malla) dentro de la zona protegida. Asimismo, encontró que la sentencia carecía de fundamentación suficiente en cuanto a la acción civil resarcitoria. Se ordenó el reenvío para un nuevo juicio, sin prejuzgar sobre el resultado final, por vicios en la fundamentación de la sentencia absolutoria.
Key excerptExtracto clave
In the present case the evidence unequivocally (see official communication DA-UHCAROG-0110-2017, folios 18 to 21) establishes that this unnamed stream is a public watercourse originating from a spring that maintains flow, and that it receives rainwater runoff from the lands it crosses; moreover, it was clearly located by its coordinates, as well as through the various photographs provided in the different reports and with the testimonial statements of [Name [Name11]], [Name [Name12]], [Name [Name13]] and [Name [Name14]], and the existence of the stream and the execution of the works was admitted by the accused [[Name4]] himself and the builder of the same, witness [Name [Name15]]. That is, there is no doubt that the stream exists and that its waters are in the public domain, regardless of whether they flow through private properties, as so provided by law. For its part, the Forestry Law in its article 33(b) provides: 'Protection areas. The following are declared protection areas: (...) b) A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams or creeks, if the land is flat, and fifty meters horizontally, if the land is steep.' ... It is clear, then, that by legal provision, streams are protected areas, so the requirement established by the trial court that the accusatory pleading indicate why the stream in question is a protected area is inexplicable, when the answer is simple: thus the law provides; but even more serious, that a doubt be established because it is considered that it is not established that the wall and perimeter fence are invading the fifteen-meter strip, and whether that area is considered rural, when it is not only absolutely clear, and even cited in the judgment, that the aforementioned article establishes: 'A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides'; which means nothing other than that the protection area of a stream extends to 'fifteen meters in rural zones' and 'ten meters in urban zones', in both cases 'measured horizontally on both sides': Under this reasoning, in the present case, even though the various reports determine that it is a rural area where the constructions were carried out, this fact is irrelevant when, as the accusation and the complaint indicate, and as supported by the testimonial, documentary, and photographic evidence, not only was a bridge built over the stream, but the perimeter fence is located only 0.83 meters to the west and 1.30 meters to the east of the watercourse; that is, in both cases invading the protected zone, and furthermore, the perimeter wall crosses the stream, so there is also no point in discussing whether that [Placa1] is located less or more than fifteen meters from the stream, as a review of the reports and photographs taken on site is sufficient to corroborate that all these works are indeed invading the protected zone of the unnamed stream.En el presente caso la prueba de forma indubitable (ver oficio DA-UHCAROG-0110-2017 de folios 18 a 21) establece que esa quebrada sin nombre es un cauce de dominio público originada por un nacimiento que mantiene flujo, así como que recibe aportes de aguas pluviales de los terrenos por los cuales atraviesa, pero además fue claramente ubicada por sus coordenadas, como por las distintas fotografías aportadas en los diferentes informes y con las declaraciones testimoniales de [Nombre [Nombre11]], [Nombre [Nombre12]], [Nombre [Nombre13]] y [Nombre [Nombre14]], como admitida la existencia de la quebrada y la realización de las obras por el propio acusado [[Nombre4] ] y el constructor de las mismas, el testigo [Nombre [Nombre15]]. Es decir, no existe ninguna duda de que la quebrada existe y de que sus aguas son de dominio público, indistintamente que discurran por propiedades privadas, por así establecerlo la ley. Por su parte, la Ley Forestal en su artículo 33, inciso b) dispone: 'Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: (...) b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.' ... Es claro, entonces, que por disposición legal, las quebradas, son áreas protegidas, por lo que resulta inexplicable la exigencia que establece el tribunal de mérito de que la pieza acusatoria indique porque la quebrada de marras es un área protegida, cuando la respuesta es sencilla: así lo dispone la ley; pero más grave aún, que se establezca una duda porque se considere que no se establece que la tapia y la malla perimetral se encuentran invadiendo los quince metros, y si esa zona se considera rural, cuando no solo es absolutamente claro e, incluso, lo cita la sentencia, que el artículo antes citado establece: 'Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados'; lo que implica no otra cosa, que el área de protección de una quebrada se extiende a 'quince metros en zona rural' y 'diez metros en zona urbana', en ambos supuestos 'medidas horizontalmente a ambos lados': Bajo esa tesitura, en el presente caso, aún cuando de los distintos informes se determina que se trata de un área rural donde se realizaron las construcciones, ese dato carece de relevancia cuando, como lo señala la acusación y la querella, pero lo respalda la prueba testimonial, documental y fotográfica, no solo se construyó un puente sobre la quebrada, sino que la malla perimetral se ubica a solo 0.83 centímetros en sentido oeste y 1:30 metros en sentido este del cauce; es decir, en ambos casos invadiendo la zona protegida, pero además, la tapia perimetral cruza la quebrada, por lo que tampoco tiene ningún sentido discutir si es a menos o más de quince metros de la quebrada que se ubica esa [Placa1], pues basta revisar los informes y las fotografías tomadas en el sitio para corroborar que todas esas obras sí están invadiendo la zona protegida de la quebrada sin nombre.
Pull quotesCitas destacadas
"no estamos en presencia de una duda razonable que entonces favorezca al imputado [[Nombre4] ], sino de cuestionamientos del propio tribunal informante hacia la pieza acusatoria pero que devienen infundados."
"we are not in the presence of a reasonable doubt that then favors the defendant [[Name4]], but rather questions from the trial court itself toward the accusatory pleading that turn out to be unfounded."
Considerando II
"no estamos en presencia de una duda razonable que entonces favorezca al imputado [[Nombre4] ], sino de cuestionamientos del propio tribunal informante hacia la pieza acusatoria pero que devienen infundados."
Considerando II
"lo que se debe tener en cuenta es que tanto la acusación, como la querella, lo que imputan son hechos, no calificaciones jurídicas, al tanto que el propio tribunal puede dar al hecho una calificación diferente de la acusación o querella, según dispone el numeral 365 del Código Procesal Penal"
"what must be taken into account is that both the accusation and the complaint charge facts, not legal classifications, while the court itself may give the fact a different classification from the accusation or complaint, as provided in article 365 of the Criminal Procedure Code"
Considerando II
"lo que se debe tener en cuenta es que tanto la acusación, como la querella, lo que imputan son hechos, no calificaciones jurídicas, al tanto que el propio tribunal puede dar al hecho una calificación diferente de la acusación o querella, según dispone el numeral 365 del Código Procesal Penal"
Considerando II
"las dudas que le surgen al tribunal a quo, no solo encuentran respuesta en la propia Ley Forestal, sino que, más grave aún, son circunstancias que acreditó la probanza documental y testimonial"
"the doubts that arise for the lower court not only find an answer in the Forest Law itself, but even more seriously, are circumstances proven by the documentary and testimonial evidence"
Considerando II
"las dudas que le surgen al tribunal a quo, no solo encuentran respuesta en la propia Ley Forestal, sino que, más grave aún, son circunstancias que acreditó la probanza documental y testimonial"
Considerando II
Full documentDocumento completo
Penal Sentence Appeals Court, Second Judicial Circuit of San José Date of Resolution: November 15, 2022 at 08:35 Case File: 17-001558-0485-PE Type of Matter: Criminal appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Type of Content: Majority vote Topics (descriptors): Principle in dubio pro reo Subtopics: Concept of reasonable doubt. Rulings in the same sense Judgment with protected data, in accordance with current regulations Resolution: [Telf1] Case File: 17-001558-0485-PE (5) PENAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight hours thirty-five minutes, on the fifteenth of November of two thousand twenty-two.
CRIMINAL SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name [Name1]], [...]; for the crime of INVASION OF A CONSERVATION OR PROTECTION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Edwin Salinas Durán, Roy Antonio Badilla Rojas, and Judge Elizabeth Montero Mena participate in the decision of the appeal. Appearing before this court is attorney [Name2], representing the Procuraduría General de la República; and attorney [Name3], private counsel for the accused [[Name4]]; and,
WHEREAS:
I.- That by judgment number 660-2022, at thirteen hours thirty minutes on September sixth, two thousand twenty-two, the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 39, 41, 50 of the Political Constitution, 1, 30, 45, 59, 62, 71 to 74 of the Penal Code; 33, 58 subsection 1 of the Forest Law (Ley Forestal) number 7575, articles 1, 37, 38, 70, 71, 112, 119, 140, 360, 361, 363, 364, 365, 367 of the Criminal Procedure Code. Article 1048 and 1045 of the Civil Code, article 122, 123 and 124 of the 1941 Penal Code and the civil liability rules of the 1941 Penal Code in force, [Name [Name1]] is acquitted of the crime of VIOLATION OF THE FOREST LAW in its modality of INVASION OF THE PROTECTED AREA to the detriment of NATURAL RESOURCES that was brought against him. The civil action for damages filed by the State as complainant and civil plaintiff is declared WITHOUT MERIT. The costs of the proceedings, in the criminal aspect, are borne by the State. Once final, the judgment shall be registered in the Judicial Registry and the respective certifications shall be issued to the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology. [Name5]. Trial Judge" (sic, folios 232 to 249 reverse).
II.- That against the preceding ruling, attorney [Name2], representing the Procuraduría General de la República, filed the criminal sentence appeal.
III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.
IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by the Criminal Sentence Appeals Judge [Name6]; and,
WHEREAS:
I.- Grounds for the criminal sentence appeal. Attorney [Name2], representing the Procuraduría General de la República, appeals in time judgment number 660-2022, at thirteen hours thirty minutes on September sixth, two thousand twenty-two, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone. He alleges in the first ground of his appeal, with a partial quote from the ruling, that the accused was acquitted based on a contradiction, since while the invasion with the construction of a bridge, a wall (tapia), and a wire mesh fence (malla metálica) was held to be true, it states that the reasons why it is a protected area must be established, ignoring that the Public Prosecutor's Office accusation was clear in pointing out that a protected area of the unnamed stream (quebrada) located at the place where these constructions were carried out was invaded. He criticizes that the judgment states that the accusation did not establish the violated regulation, this not being a requirement in the statement of facts. He refers, quoting subsection 58(a) of the Forest Law, that this does not describe what should be understood as a protection area nor exhaustively lists the cases of invasion, which implies that it must necessarily be complemented with extra-penal elements. He reiterates that the accusation and the complaint are clear in describing the type of protected area invaded, indicating that it is a stream (quebrada), its location, and with a public domain channel (cauce de dominio público), resulting that article 33 of the Forest Law establishes that the areas bordering streams (quebradas) are considered protection areas. He states that the trial court (tribunal a quo) carried out a biased assessment, concluding that just because a specific article or regulation is not cited in the statement of facts, the accusation is lacking regarding the reasons why the area is considered protected, but the ruling also considers that the wall (tapia) and the wire mesh fence (malla) are not found invading the fifteen meters nor was it established that it was a rural area, which is contrary to having proven that the invasion exists. He emphasizes that the complaint describes the invasive acts in a detailed manner, such as the construction of a bridge, a perimeter wall (tapia) that invades 60 meters within the protection area, and a wire mesh fence (malla) located less than one meter from the channel (cauce) in one direction and one meter thirty centimeters in the other, without mentioning whether it concerns 10 or 15 meters or whether it is a rural area, but rather describes the invasive works and their location within the area and at a distance less than that regulated by the standard. He reiterates that the invasive works were described, but the trial court (tribunal a quo) carried out a biased analysis and did not examine the evidence provided that described the invasive works in a precise and categorical manner and that were proven with the evidence, citing the testimonies of [[Name7]] and [[Name8]], as well as the documentary evidence. He summarizes that there is a biased analysis, violating the principles of correlation between accusation and judgment, breadth and freedom of evidence, and the obligation to duly substantiate judicial decisions. In the second ground, he claims, with a fragmented quote from the judgment, that it indicates that environmental damage was not demonstrated, which denotes a partial review of the testimonial and documentary evidence on the issue of environmental damage caused by the constructions within the protection area of the streams (quebradas), decontextualizing the ideas to reach incoherent conclusions about the evidence. Citing the testimony of [[Name9]], he explains that official letter ACTo-DRFVS-CP-082-19 was partially analyzed, and the technical evidence on the environmental damage caused was deliberately left out. He cites official letter SINAC-ACTO-AL-278-2018, which establishes the impact on the ecological component called riparian forest (bosque ripario). In addition to the condition of the stream (quebrada) and the construction of the wall and bridge, and the impact they cause. He partially cites report DA-UHCAROG-0291-2020 in the excerpt that determines the damage caused by the construction of the bridge to the environment, which was expanded upon by witness [[Name10]], as he summarizes his statement, and criticizes that the judgment refers that environmental damage is not clearly established when the evidence establishes the contrary. He summarizes that despite the evidence provided determining the damage caused by the constructions, the judgment does not prove it, based on a biased, non-comprehensive or complete analysis of the evidence, without reviewing the technical terms developed. All of which causes harm to the interests of the State. He requests the appeal be granted in the criminal and civil aspects, ordering a remand (reenvío).
II.- The appeal is admissible. In consideration of the arguments of the appealing prosecutor, attorney [Name2], the examination of the summary and the comprehensive analysis of the ruling, as provided by section 459 of the Criminal Procedure Code, which is written and found at folios 232 to 249 reverse, must conclude that the appeal presented is admissible. Although the appellant presents two grounds, both refer to the substantiation of the ruling and the assessment of the evidence, so to avoid reiterations and imprecisions, they are resolved jointly, granting them. This is so because, indeed, the judgment lacks a joint and harmonious assessment of the evidence, as the appellant criticizes, a defect that leads to the erroneous application of the principle in dubio pro reo to arrive at the acquittal of the accused [Name [Name1]], since the trial court (tribunal a quo) finds defects in the imputation of the facts that are non-existent, such that contradictorily the judgment holds as proven facts that no fact against the accused was demonstrated, but in its substantiation, it proves both the existence of the stream (quebrada), and that the accused [Name [Name1]] did build, without permission to do so, a bridge, a perimeter wall (tapia) of 60 meters, and a wire mesh fence (malla metálica) located less than 83 centimeters on the west bank and 1.30 meters on the east bank of that stream (quebrada), just as was accused and complained, and that, certainly, is the factual picture that finds support in the admitted evidence. Hence, although the ruling is rich in doctrinal, bibliographic, and jurisprudential appreciations applicable to various events related to this type of crime, they become irrelevant to the particular case and evidence a failure in the analysis carried out by the trial court (tribunal de mérito) that, then, permeates the judgment to reach conclusions that, then, do not arise from the evidence. It should be remembered that the principle in dubio pro reo, as regulated by subsection 9, first paragraph in fine, of the Criminal Procedure Code, provides that: "In case of doubt on questions of fact, the most favorable to the accused shall prevail," however, the doubts that arise for the trial court (tribunal a quo) not only find an answer in the Forest Law itself, but, more seriously, are circumstances that the documentary and testimonial evidence proved, because as previously stated, the sentencing body itself admits that the accused did build the works imputed to him, without even addressing whether he had a cause for justification or exculpation in his actions. In this vein, as the Cassation Chamber has pointed out: "the principle in dubio pro reo protects the accused when a situation of reasonable doubt exists, understood as the consequence of reasoning in accordance with the rules of correct human understanding. A judgment based on this principle must have as its foundation, not simple doubt, but a reasoned doubt, which makes it absolutely clear what were the reasons why the judges did not acquire sufficient certainty to convict. It is a certain and founded state of doubt, which has as its platform a comprehensive analysis of the evidentiary elements, in order to fulfill the obligation to clearly state the reasons for doubting when applying the aforementioned principle" (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, vote number 2012-00864, at 14:05 hours on June 5, 2012). However, we are not in the presence of a reasonable doubt that would then favor the accused [[Name4]], but of questions from the reporting court itself towards the accusatory document that are unfounded. This is because what must be taken into account is that both the accusation and the complaint impute facts, not legal qualifications, insofar as the court itself can give the fact a different qualification from the accusation or complaint, as provided by section 365 of the Criminal Procedure Code, which implies that it is not an omission in the accusatory document, since it is not a regulatory requirement, as the trial court (tribunal de mérito) criticizes, that the imputation must specify why the area where the construction works were carried out is a protected area and what specific regulation, then, is violated. This is because the Water Law, though of old date, is clear in indicating the public domain character (carácter de dominio público) of the waters that flow, as in this case, through the streams (quebradas) and that go from their source (nacimiento) to their mouth in the sea, lakes, lagoons, or estuaries. In the present case, the evidence indisputably (see official letter DA-UHCAROG-0110-2017 at folios 18 to 21) establishes that this unnamed stream (quebrada) is a public domain channel (cauce de dominio público) originating from a spring (naciente) that maintains flow, as well as that it receives contributions of rainwater from the lands through which it passes, but it was also clearly located by its coordinates, as well as by the different photographs provided in the different reports and with the testimonial statements of [Name [Name11]], [Name [Name12]], [Name [Name13]], and [Name [Name14]], as well as the existence of the stream (quebrada) and the carrying out of the works was admitted by the accused himself [[Name4]] and the builder thereof, witness [Name [Name15]]. That is, there is no doubt that the stream (quebrada) exists and that its waters are of public domain, regardless of whether they flow through private properties, as established by law. For its part, the Forest Law in its article 33, subsection b) provides: "Protection areas. The following are declared protection areas: (...) b) A strip of fifteen meters in a rural area and ten meters in an urban area, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams (quebradas) or brooks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is uneven." (boldface supplied). It is clear, then, that by legal provision, streams (quebradas) are protected areas, so the demand established by the trial court (tribunal de mérito) that the accusatory document indicates why the stream in question is a protected area is inexplicable, when the answer is simple: the law so provides; but more seriously, that a doubt is established because it is considered that it was not established that the wall (tapia) and the perimeter wire mesh fence (malla perimetral) are found invading the fifteen meters, and if that area is considered rural, when it is not only absolutely clear and, the judgment even cites it, that the aforementioned article establishes: "A strip of fifteen meters in a rural area and ten meters in an urban area, measured horizontally on both sides"; which implies nothing other than that the protection area of a stream (quebrada) extends to "fifteen meters in a rural area" and "ten meters in an urban area", in both cases "measured horizontally on both sides": Under this framework, in the present case, even though the different reports determine that it is a rural area where the constructions were carried out, that fact is irrelevant when, as the accusation and the complaint point out, but the testimonial, documentary, and photographic evidence supports, not only was a bridge built over the stream (quebrada), but the perimeter wire mesh fence (malla perimetral) is located just 0.83 centimeters in a westerly direction and 1.30 meters in an easterly direction from the channel (cauce); that is, in both cases invading the protected area, but furthermore, the perimeter wall (tapia) crosses the stream (quebrada), so it also makes no sense to discuss whether this wall is located at less or more than fifteen meters from the stream (quebrada), as a review of the reports and photographs taken at the site is enough to corroborate that all these works are indeed invading the protected area of the unnamed stream (quebrada). In the present case, the accusatory document is clear in its imputation and is supported by the evidence, so this Appeals Chamber does not understand where the doubts of the trial court (tribunal a quo) reside, when there is a clear, precise, and detailed description of the accused facts which, without more, are summarized as the accused [[Name4]] invaded the protected area of the unnamed stream (quebrada) with the works he carried out and that, he certainly did not have the authorization of the State Forest Administration to carry them out, which is different from whether or not he processed the municipal permits for those works. In conclusion, the questions raised against the imputation are clearly unfounded. In another vein, analyzing the substantiation of the ruling, this Appeals Chamber must agree that in relation to the bridge, although the evidence shows that the impact is not so serious since its box design allows the flow of waters, it must be assessed whether it was a pre-existing work and that, then, was only repaired by the accused or produced some modification that altered the previous construction, which will necessarily have to be clarified in order to determine his responsibility for that work, however, this is a doubt that does not extend to the wall (tapia) and the perimeter wire mesh fence (malla perimetral) which are new works and that, like the bridge, are effectively noted to be in the protected area of the stream (quebrada). This, then, must be resolved by the trial court (tribunal a quo) in accordance with the remand (reenvío) ordered herein. As a corollary of the foregoing, the doubts proposed by the judgment are not such and, on the contrary, a different evidentiary analysis, which is considered harmonious and comprehensive, could lead to a different result, which demonstrates the impropriety of invoking the principle in dubio pro reo to uphold the acquittal of the accused [Name [Name1]] as the appealed ruling proposes. Now, in relation to the civil action for damages, the appellant's claim also proceeds, because from the comprehensive review of the ruling, the lack of substantiation of what was resolved in the civil aspect is verified, since, as section 142 of the Criminal Procedure Code provides, it is insufficient substantiation when it is resolved solely based on the use of forms, dogmatic statements, or routine phrases, being that in the particular case, the substantiation carried out is based on the gathering of excerpts of doctrine and jurisprudence that aim to give content to what was resolved but that do not address the specific case or its particularities, but furthermore, the conclusion of the trial court that it was not possible to attribute the complained conduct to the civil defendant for reasons of imputation is non-existent, since, on the contrary, as corroborated, it is solely the approach taken by the court itself that fosters this thesis, but not because the accusatory document, the complaint, or the civil action actually present any problem in imputing the conduct attributed to the accused and civil defendant [Name [Name1]]. In conclusion, a comprehensive and harmonious analysis of the testimonial, documentary, expert, and circumstantial evidence supports the accusatory thesis, hence the appealed ruling not only presents an essential defect of substantiation by failing to analyze evidence that was produced in the debate, but the evidentiary analysis carried out, just as the appellant claims, leaves important gaps in understanding why, if there are factual reasons, it is appropriate to acquit the accused [[Name4]], which implies that the appeal is admissible and is granted. Therefore, it is appropriate to fully annul the appealed judgment and order a retrial (juicio de reenvío) so that a new panel of the Criminal Court hears the case in its criminal and civil aspects. It is necessary to point out, for it to be noted, that by the provisions of this resolution, the outcome that must finally be reached in this case is not being prejudged, as only defects of form that affect the validity of the instance ruling have been indicated. Consequently, when conducting the retrial (juicio de reenvío), the trial court must assess the evidence produced in its original form, to reach the conclusions deemed pertinent, and establish whether or not the accused crime existed and whether it was committed by the implicated party [[Name4]].
THEREFORE:
The criminal sentence appeal filed by attorney [Name2], representing the Procuraduría General de la República, is granted. Consequently, the judgment is fully annulled, and a retrial (juicio de reenvío) is ordered. NOTIFY.
Edwin Salinas Durán Roy Antonio Badilla Rojas Elizabeth Montero Mena Criminal Sentence Appeals Judges Case File 17-001558-0485-PE (5) Against: [Name [Name1]] Crime: Invasion of a conservation or protection area Victim: Natural Resources KZUNIGAA Case File No. 17-001558-0485-PE(5) - Vote No. [Telf1] - Pg.: 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:35:21.
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Principio in dubio pro reo Subtemas: Concepto de duda razonable. Sentencias en igual sentido Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL . Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos, del quince de noviembre de dos mil veintidós.
RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], [...]; por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Edwin Salinas Durán, Roy Antonio Badilla Rojas y la jueza Elizabeth Montero Mena. Se apersonó en esta sede el licenciado [Nombre2] , en representación de la Procuraduría General de la República; y el licenciado [Nombre3] particular del imputado [[Nombre4] ]; y,
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 660-2022, de las trece horas con treinta minutos del seis de setiembre de dos mil veintidós, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 50 de la Constitución Política, 1, 30, 45, 59, 62, 71 a 74 del Código Penal; 33, 58 inciso 1 de la Ley Forestal número 7575, artículos 1, 37, 38, 70, 71, 112, 119, 140, 360, 361, 363, 364, 365, 367 del Código Procesal Penal. Articulo 1048 y 1045 del Código Civil, artículo 122, 123 y 124 del Código Penal de 1941 y las reglas de la responsabilidad civil del Código Penal de 1941 vigentes se absuelve a [Nombre [Nombre1]] del delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en su modalidad de INVASION AL AREA PROTEGIDA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES que se le venía. Se declara SIN LUGAR la acción Civil resarcitoria incoada por el Estado como querellante y actor Civil. Son las costas del proceso, en lo penal, a cargo del Estado. La sentencia una vez firme, se inscribirá en el Registro Judicial y se expedirán los testimonios respectivos al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Instituto Nacional de Criminología. [Nombre5] . Jueza de Juicio" (sic, folios 232 a 249 vlto).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso el recurso de apelación de sentencia penal el licenciado [Nombre2] , en representación de la Procuraduría General de la República.
III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre6] ; y,
CONSIDERANDO:
I.- Planteamiento del recurso de apelación de sentencia penal . El licenciado [Nombre2] , en representación de la Procuraduría General de la República, recurre en tiempo de la sentencia número 660-2022, de las trece horas con treinta minutos del seis de setiembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Alega en el primer motivo de su recurso, con cita parcial del fallo, que se absolvió al imputado partiendo de una contradicción, pues mientras se tuvo por cierta la invasión con la construcción de un puente, una tapia y una malla metálica, se dice que se deben establecer las razones por las que se trata de un área protegida, desconociendo que la acusación del Ministerio Público fue clara en señalar que se invadió un área protegida de la quebrada sin nombre que se encuentra en el lugar en que se realizaron esas construcciones. Reprocha que la sentencia expone que la acusación no estableció la normativa infringida, no siendo este un requisito en la relación de hechos. Refiere, con cita del numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal que este no describe lo que se debe entender por un área de protección ni enumera taxativamente los supuestos de invasión, lo que implica que necesariamente se debe complementar con elementos extrapenales. Reitera que la acusación y la querella son claras en describir el tipo de área de protección invadida, indicando que se trata de una quebrada, su ubicación y con un cauce de dominio público, resultando que el artículo 33 de la Ley Forestal establece que las áreas que bordean las quebradas son consideradas áreas de protección. expone que el tribunal a quo realizó una valoración sesgada, concluyendo que solo porque no se cita un artículo o norma especifica en la relación de hechos, la acusación es omisa en las razones por las que el área se considera protegida, pero además considera el fallo que la tapia y la malla no se encuentran invadiendo los quince metros ni se estableció que era zona rural, lo que es contrario a haber acreditado que la invasión existe. Recalca que en la querella se describen los actos invasores de forma detallada, como la construcción de un puente, de una tapia perimetral que invade 60 metros dentro del área de protección y una malla ubicada a menos de un metro del cauce en un sentido y un metro treinta centímetros en el otro, sin mencionar si se trata de 10 o 15 metros o es una zona rural, sino que se describen las obras invasoras y su ubicación dentro del área y a menos de la distancia regulada por el norma. Reitera que se describieron las obras invasoras pero el tribunal a quo realizó un análisis sesgado y no entró a conocer la prueba aportada que describió de forma precisa y categórica las obras invasoras y que se acreditaron con la prueba, cita los testimonios de [[Nombre7] ] y [[Nombre8] ], como la documental. Resume que hay un análisis sesgado, violentado los principios de correlación entre acusación y sentencia amplitud y libertad probatoria y la obligación de fundamentar debidamente las resoluciones judiciales. En el segundo motivo reclama, con cita fragmentada de la sentencia, que en ésta se indica que no se demostró el daño ambiental, lo que denota una revisión parcial de la prueba testimonial y documental sobre el tema del daño ambiental provocado por las construcciones dentro del área de protección de las quebradas, descontextualizando las ideas, para llegar a conclusiones incoherentes sobre la prueba. Con cita del testimonio de [[Nombre9] ], explica que se analizó parcialmente el oficio ACTo-DRFVS-CP-082-19, y se dejó por fuera deliberadamente la prueba técnica sobre el daño ambiental ocasionado. Cita el oficio SINAC-ACTO-AL-278-2018 que establece la afectación del componente ecológico denominado bosque ripario. Además de la condición de la quebrada y la construcción del muro y del puente .y la afectación que causan. Cita parcialmente el informe DA-UHCAROG-0291-2020 en el extracto que determina el daño causado con la construcción del puente al medio ambiente, el que fue ampliado por el testigo [[Nombre10] ] , según resume su declaración, y reprocha que la sentencia refiera que no se establece con claridad el daño ambiental cuando la prueba establece lo contrario. Resume que pese a que la prueba aportada determina el daño causado por las construcciones, la sentencia no lo acredita partiendo de un análisis sesgado, no integral ni completo de la prueba, sin revisar los términos técnicos desarrollados. Todo lo cual genera un agravio a los intereses del Estado. Gestiona acoger el recurso en lo penal y lo civil, ordenando el reenvío.
II.- El recurso de apelación es atendible . En atención a los argumentos del procurador recurrente, licenciado [Nombre2] , el examen del sumario y realizado el análisis integral del fallo, como dispone el numeral 459 del Código Procesal Penal, mismo que es escrito y se encuentra a folios 232 a 249 vlto., se debe concluir que el recurso presentado es atendible. Si bien el apelante presenta dos motivos, ambos refieren a la fundamentación del fallo y a la apreciación de la prueba, por lo que para evitar reiteraciones e imprecisiones se resuelven conjuntamente, acogiéndolos. Esto así, porque en efecto, en la sentencia se echa de menos una valoración conjunta y armoniosa de la prueba, como lo reprocha el impugnante, vicio que conlleva a la errónea aplicación del principio in dubio pro reo para arribar a la absolutoria del imputado [Nombre [Nombre1]], desde que el tribunal a quo encuentra defectos en la imputación de los hechos, que resultan inexistentes, por lo que de forma contradictoria la sentencia tiene como hechos probados que no se tuvo por demostrado ningún hecho en contra del acusado, pero en su fundamentación acredita tanto la existencia de la quebrada, como que el acusado [Nombre [Nombre1]] sí construyó, sin permiso para ello, un puente, una tapia perimetral de 60 metros y una malla metálica ubicadas a menos de 83 centímetros en el margen oeste y 1.30 metros en el margen este de esa quebrada, tal y como fue acusado y querellado y que, ciertamente, es el cuadro fáctico que encuentra apoyo en la prueba evacuada. De allí que, aunque el fallo es rico en apreciaciones doctrinarias, bibliográficas y jurisprudenciales aplicables a variados eventos relacionados con este tipo de delitos, devienen inatinentes al caso particular y evidencian una falencia en el análisis realizado por el tribunal de mérito que, entonces, permea la sentencia para arribar a conclusiones que, entonces, no surgen de la prueba. Cabe recordar que el principio in dubio pro reo, según regula el numeral 9, párrafo primero in fine, del Código Procesal Penal, dispone que: "En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo mas favorable para el imputado", empero las dudas que le surgen al tribunal a quo, no solo encuentran respuesta en la propia Ley Forestal, sino que, más grave aún, son circunstancias que acreditó la probanza documental y testimonial, pues como antes se dijo, el propio órgano sentenciador admite que el acusado sí construyó las obras que se le imputan, sin que siquiera se aborde que tuviera una causa de justificación o exculpación en su actuar. En este orden de ideas, según ha señalado la Sala de Casación Penal: "el principio in dubio pro reo protege al acusado cuando existe una situación de duda razonable, entendida ésta como la consecuencia de un razonamiento acorde con las reglas del correcto entendimiento humano. Una sentencia que se base en este principio debe tener como fundamento, no la simple duda, sino una duda razonada, que permita tener absolutamente claro, cuáles fueron los motivos por los que los juzgadores no adquirieron la certeza suficiente para condenar. Se trata de un estado dubitativo cierto y fundado, que tiene como plataforma un análisis integral de los elementos probatorios, para así cumplir con la obligación de exponer en forma diáfana las razones por las que duda cuando aplica el principio aludido" (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2012-00864, de las 14:05 horas del 5 de junio de 2012). Sin embargo, no estamos en presencia de una duda razonable que entonces favorezca al imputado [[Nombre4] ], sino de cuestionamientos del propio tribunal informante hacia la pieza acusatoria pero que devienen infundados. Esto porque, lo que se debe tener en cuenta es que tanto la acusación, como la querella, lo que imputan son hechos, no calificaciones jurídicas, al tanto que el propio tribunal puede dar al hecho una calificación diferente de la acusación o querella, según dispone el numeral 365 del Código Procesal Penal, lo que implica que no es una omisión de la pieza acusatoria, desde que no es una exigencia normativa, como lo reprocha el tribunal de mérito, que se deba especificar en la imputación por qué la zona donde se realizaron las obras constructivas es un área protegida y cuál es la normativa especifica que, entonces, se infringe. Esto, porque la Ley de Aguas, aunque de vieja data, es clara en señalar el carácter de dominio público de las aguas que discurren, como en este caso, por las quebradas y que van desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros. En el presente caso la prueba de forma indubitable (ver oficio DA-UHCAROG-0110-2017 de folios 18 a 21) establece que esa quebrada sin nombre es un cauce de dominio público originada por un nacimiento que mantiene flujo, así como que recibe aportes de aguas pluviales de los terrenos por los cuales atraviesa, pero además fue claramente ubicada por sus coordenadas, como por las distintas fotografías aportadas en los diferentes informes y con las declaraciones testimoniales de [Nombre [Nombre11]], [Nombre [Nombre12]], [Nombre [Nombre13]] y [Nombre [Nombre14]], como admitida la existencia de la quebrada y la realización de las obras por el propio acusado [[Nombre4] ] y el constructor de las mismas, el testigo [Nombre [Nombre15]]. Es decir, no existe ninguna duda de que la quebrada existe y de que sus aguas son de dominio público, indistintamente que discurran por propiedades privadas, por así establecerlo la ley. Por su parte, la Ley Forestal en su artículo 33, inciso b) dispone: "Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: (...) b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado." (la negrita se suple). Es claro, entonces, que por disposición legal, las quebradas, son áreas protegidas, por lo que resulta inexplicable la exigencia que establece el tribunal de mérito de que la pieza acusatoria indique porque la quebrada de marras es un área protegida, cuando la respuesta es sencilla: así lo dispone la ley; pero más grave aún, que se establezca una duda porque se considere que no se establece que la tapia y la malla perimetral se encuentran invadiendo los quince metros, y si esa zona se considera rural, cuando no solo es absolutamente claro e, incluso, lo cita la sentencia, que el artículo antes citado establece: "Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados"; lo que implica no otra cosa, que el área de protección de una quebrada se extiende a "quince metros en zona rural " y "diez metros en zona urbana", en ambos supuestos "medidas horizontalmente a ambos lados": Bajo esa tesitura, en el presente caso, aún cuando de los distintos informes se determina que se trata de un área rural donde se realizaron las construcciones, ese dato carece de relevancia cuando, como lo señala la acusación y la querella, pero lo respalda la prueba testimonial, documental y fotográfica, no solo se construyó un puente sobre la quebrada, sino que la malla perimetral se ubica a solo 0.83 centímetros en sentido oeste y 1:30 metros en sentido este del cauce; es decir, en ambos casos invadiendo la zona protegida, pero además, la tapia perimetral cruza la quebrada, por lo que tampoco tiene ningún sentido discutir si es a menos o más de quince metros de la quebrada que se ubica esa [Placa1], pues basta revisar los informes y las fotografías tomadas en el sitio para corroborar que todas esas obras sí están invadiendo la zona protegida de la quebrada sin nombre. En el presente caso la pieza acusatoria es clara en su imputación y se respalda en la prueba, por lo que no comprende esta Cámara de Apelación en dónde residen las dudas del tribunal a quo, cuando hay una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos acusados que sin más se resumen a que el acusado [[Nombre4] ] invadió la zona protegida de la quebrada sin nombre con las obras que realizó y que, ciertamente no contó con la autorización de la Administración Forestal del Estado para realizarlas, que es distinto a que tramitara o no los permisos municipales para esas obras. En conclusión, los cuestionamientos que se le hacen a la imputación son claramente infundados. En otro orden de ideas, analizada la fundamentación del fallo ha de convenir está Cámara de Apelación que en relación con el puente, si bien la prueba arroja que la afectación no es tan grave desde que su diseño de cajón permite el discurrir de las aguas, debe valorarse si era una obra preexistente y que, entonces, fue solamente reparada por el acusado o produjo alguna modificación que alterara la anterior construcción, lo que necesariamente deberá ser aclarado a fin de determinar su responsabilidad por esa obra, no obstante está es una duda que no se extiende a la tapia y la malla perimetral que son obras nuevas y que efectivamente se advierte, al igual que el puente, están en el área protegida de la quebrada. Lo que, entonces, deberá ser dirimido por el tribunal a quo conforme al reenvío que aquí se ordena. Corolario de lo antes expuesto, las dudas que propone la sentencia no son tales y, contrariamente, un análisis probatorio distinto, que se estime armonioso e integral, podría llevar a un resultado diferente, lo que evidencia la improcedencia de invocar el principio in dubio pro reo para sostener la absolutoria del imputado [Nombre [Nombre1]] como lo plantea el fallo apelado. Ahora bien, en relación con la acción civil resarcitoria igual procede el reclamo impugnaticio, pues de la revisión integral del fallo se verifica la falta de fundamentación de lo resuelto en el aspecto civil, desde que según dispone el numeral 142 del Código Procesal Penal, es una fundamentación insuficiente cuando se resuelva tan solo a partir de la utilización de formularios, afirmaciones dogmáticas o frases rutinarias, siendo que en el caso particular la fundamentación realizada se finca en la reunión de extractos de doctrina y jurisprudencia que pretenden darle contenido a lo resuelto pero que no abordan el caso concreto ni las particularidades del mismo, pero además la conclusión del tribunal de sentencia de que no fue posible atribuirle al demandado civil la conducta querellada por razones de imputación, es inexistente, desde que, por el contrario, según se corrobora es únicamente el abordaje realizado por el propio tribunal lo que propicia esa tesis, pero no porque efectivamente la pieza acusatoria, la querella o la acción civil presenten algún problema al imputar la conducta que se le atribuye al acusado y demandado civil [Nombre [Nombre1]]. En conclusión, un análisis integral y armonioso de la prueba testimonial, documental, pericial e indiciaria sustenta la tesis acusatoria, de allí que el fallo apelado no solo presenta un vicio esencial de fundamentación dejando de analizar prueba que se reprodujo en el debate, sino que el análisis probatorio realizado, tal y como lo reclama el impugnante, deja lagunas importantes para comprender porque, de existir razones de hecho, procede absolver al imputado [[Nombre4] ], lo que implica que el recurso de apelación es atendible y se declara con lugar. Por ende, procede anular integralmente la sentencia apelada y ordenar el juicio de reenvío para que una nueva integración del Tribunal Penal conozca de la causa en sus extremos penales y civiles. Es necesario señalar, para que se tome nota de ello, que con lo dispuesto en la presente resolución no se está prejuzgando sobre el resultado a que deberá llegarse finalmente en esta causa, pues sólo se han señalado vicios de forma, que afectan la validez del fallo de instancia. En consecuencia, al realizar el juicio de reenvío, deberá el tribunal de juicio valorar la prueba que se produzca en su forma originaria, para llegar a las conclusiones que se estimen pertinentes, y establecer si existió o no el delito acusado y si el mismo fue cometido por el imputado [[Nombre4] ].
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia penal interpuesto por el licenciado [Nombre2] , en representación de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se anula integralmente la sentencia y se ordena el juicio de reenvío. NOTIFÍQUESE.
Edwin Salinas Durán Roy Antonio Badilla Rojas Elizabeth Montero Mena Jueces y jueza de Apelación de Sentencia Penal Contra: [Nombre [Nombre1]] Delito: Invasión a un área de conservación o protección Ofendido: Los recursos naturales KZUNIGAA
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