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Res. 01109-2022 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 29/11/2022

Acquittal due to doubt on permanent spring characterization and lack of intent in Forestry Law violationAbsolución por duda en la caracterización de naciente permanente y falta de dolo en infracción a la Ley Forestal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office are denied, upholding the acquittal issued by the Trial Court.Se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, confirmando la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio.

SummaryResumen

The Criminal Sentencing Appeals Court of Alajuela, San Ramón, rules on the appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office against the acquittal issued by the Grecia Trial Court for the offense of infringement of the Forestry Law (Art. 58(a)). The appeals challenge the evaluation of expert evidence, the existence of intent, the reopening of the trial, and the refusal to order demolition. The Appeals Court upholds the acquittal, finding that technical reports were insufficient to prove that the water outflow on the property was a permanent spring, with doubts remaining as to its origin in groundwater. Moreover, it was not proven that the defendant acted with intent, as he relied on professionals and studies that ruled out the existence of a spring. The nullity claim based on the treatment of a suspicious witness is rejected, and the reopening of the trial is upheld as non-prejudicial. Finally, demolition is denied as no environmental harm was proven.El Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela, San Ramón, resuelve los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio de Grecia, que absolvió al imputado por el delito de infracción a la Ley Forestal (art. 58 inciso a). La apelación cuestiona la valoración de la prueba pericial, la existencia de dolo, la reapertura del debate y el rechazo del derribo de la obra. El Tribunal de Alzada confirma la absolución, determinando que los informes técnicos fueron insuficientes para probar que el afloramiento de agua en la propiedad constituía una naciente permanente, existiendo dudas sobre su origen en aguas subterráneas. Además, no se acreditó que el imputado actuara con dolo, pues confió en profesionales y estudios que descartaban la existencia de una naciente. Se rechaza la nulidad por la declaración de un testigo sospechoso y se avala la reapertura del debate como no perjudicial para las partes. Finalmente, se niega la demolición al no probarse daño ambiental.

Key excerptExtracto clave

As can be seen, the thesis sustained by the defense expert is that the conclusions of the GEOTEC study are correct, and not those of SENARA, firstly because, according to the FUNDEVI and UCR study, there are no aquifers in the affected area, since the Colima aquifer is located in a totally different and distant sector; therefore, far from contradicting his conclusions, it rather supported them. Secondly, he points out that the FUNDEVI and UCR document places the water table in the area of interest at 70 meters, which is incompatible with SENARA's statements, so the only way to establish with certainty that the water body near the house built by the defendant was a permanent spring was through a hydrogeological study. Thus, if the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office sought the conviction of the defendant for the crime of Invasion of a Protected Area (Article 58, first paragraph, of the Forestry Law), they had to refute the defense thesis. And that is precisely what they failed to achieve in the case at hand, since, as will be seen below, the judgment explains that the testimonies of both [Name4] and [Name6] were extensive and clear, conveying sincerity and absence of intent to favor or harm the defendant, so there was no reason to discredit them. Indeed, it is striking that both the Public Prosecutor's appeal and that of the Attorney General's Office present the Court's reasoning for establishing doubt in a biased manner. [...] the Water Directorate was also unable to give a definitive answer, which is why the acquittal of the defendant was imposed by application of the in dubio pro reo principle.Como puede verse, la tesis sostenida por el perito de la defensa es que las conclusiones del estudio de GEOTEC son correctas, no así las del SENARA, en primer lugar, porque de acuerdo con el estudio de FUNDEVI y la UCR, no hay mantos acuíferos en la zona afectada, toda vez que el manto de Colima se ubica en un sector totalmente distinto y alejado, de ahí entonces dicho estudio, lejos de contradecir sus conclusiones, más bien las avalaba. En segundo lugar, refiere que el documento de FUNDEVI y la UCR ubica el nivel freático en el área de interés en 70 metros, lo que resulta incompatible con las afirmaciones de SENARA, de manera que la única forma de establecer, con certeza, que el cuerpo de agua que se encuentra cerca de la vivienda que construyó el imputado era una naciente permanente, era a través de un estudio hidrogeológico. Pues bien, si el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pretendían la condenatoria del imputado por el delito de Invasión a Área Protegida (art. 58 inciso primero de la Ley Forestal), debían rebatir la tesis defensiva. Y eso fue justamente lo que no consiguieron en el sub júdice, puesto que, como se verá más adelante, en sentencia se explica que tanto los testimonios de [Nombre4] como de [Nombre6] fueron amplios y claros, impresionando sinceridad y ausencia de intencionalidad de favorecer o perjudicar al imputado, razón por la cual no había razones para restarles credibilidad. En efecto, llama la atención que tanto en el recurso del Ministerio Público como en el de la Procuraduría General de la República, se exponen en forma sesgada los razonamientos del Tribunal para sustentar la duda. [...] la Dirección de Aguas tampoco pudo dar una respuesta definitiva, razón por la cual se impuso la absolutoria del imputado en aplicación del principio in dubio pro reo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La determinación de si las afirmaciones conclusivas de un informe pueden ser catalogadas como científicas, no depende exclusivamente de la jerarquía o prestigio que pueda gozar la entidad que lo emite, como erróneamente asumen los apelantes (pues ello implica caer en una falacia de autoridad), sino más bien si dicha conclusión es resultado de la aplicación del método científico para el examen del caso concreto."

    "Whether the conclusive assertions of a report can be classified as scientific does not depend exclusively on the hierarchy or prestige of the issuing entity, as the appellants erroneously assume (since this implies falling into an authority fallacy), but rather on whether said conclusion is the result of applying the scientific method to the specific case."

    Considerando I

  • "La determinación de si las afirmaciones conclusivas de un informe pueden ser catalogadas como científicas, no depende exclusivamente de la jerarquía o prestigio que pueda gozar la entidad que lo emite, como erróneamente asumen los apelantes (pues ello implica caer en una falacia de autoridad), sino más bien si dicha conclusión es resultado de la aplicación del método científico para el examen del caso concreto."

    Considerando I

  • "En un caso tan particular como el que aquí nos ocupa, sin un estudio hidrogeológico que así lo confirme, ello se puede afirmar como mero indicio de un naciente permanente, pero no con la certeza que requiere la aplicación de la ley penal."

    "In a case as particular as the one at hand, without a hydrogeological study to confirm it, this can only be asserted as a mere indication of a permanent spring, but not with the certainty required for the application of criminal law."

    Considerando I

  • "En un caso tan particular como el que aquí nos ocupa, sin un estudio hidrogeológico que así lo confirme, ello se puede afirmar como mero indicio de un naciente permanente, pero no con la certeza que requiere la aplicación de la ley penal."

    Considerando I

  • "Con ese dictamen en su poder, no es posible afirmar que don [Nombre7] actuó con dolo eventual al proseguir con la obra, toda vez que tenía un criterio técnico -no refutado por ninguna autoridad en aquel entonces- de acuerdo con el cual la construcción que levantaba no estaba invadiendo ningún área de protección."

    "With that expert report in his possession, it is not possible to assert that Mr. [Name7] acted with eventual intent by continuing with the construction, given that he had a technical opinion – unchallenged by any authority at the time – according to which the building he was erecting was not invading any protection area."

    Considerando I

  • "Con ese dictamen en su poder, no es posible afirmar que don [Nombre7] actuó con dolo eventual al proseguir con la obra, toda vez que tenía un criterio técnico -no refutado por ninguna autoridad en aquel entonces- de acuerdo con el cual la construcción que levantaba no estaba invadiendo ningún área de protección."

    Considerando I

Full documentDocumento completo

PODER JUDICIAL SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 24569029 _____________________________________________________________________________________________ File: 09-204266-0331-PE Res: 2022-001109 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at thirteen hours fifty-five minutes on the twenty-ninth of November, two thousand twenty-two.

SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name1], Costa Rican, identity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL) to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges José Alberto Rojas Chacón, Yadira Godínez Segura, and Karina Redondo Gómez participate in the decision on the appeal. Appearing in the sentence appeal are licensed attorney Arturo Figueroa García, as representative of the Ministerio Público, the Procurador Penal, Randall Aguirre Mena, and licensed attorney Jeannette Salazar Araya, as legal representative of the private prosecutor and civil plaintiff, Mrs. [Name2].

WHEREAS (RESULTANDO):

1.- That by judgment number 154-TGRE-2021 at sixteen hours fifteen minutes on the second of November, two thousand twenty-one, the Trial Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Grecia Seat, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the evidence gathered, rules of sound rational criticism, numerals 39, 41, 46 and 50 of the Political Constitution, ordinals 1, 2, 4, 11, 14, 16, 18 to 20, 30, 31, 34, 45, 50, 51, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 103, 110, 216 subsection 2) and 217 subsection 2) of the Penal Code; articles 1, 33 subsection a) and 58 subsection a) of the Ley Forestal; 1, 2, 3, 17, 32, 50, 51, 52, 98, 99 subsection h) and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 32 of the Ley de Aguas, numerals 1 to 7, 8, 9, 10, 11 to 13, 15 to 17, 30 to 34, 40, 72 to 80, 111 to 124, 140, 142, 267 to 269, 270, 341, 343, 349, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 and 367 of the Código Procesal Penal; articles 1, 2, 4, 5 and 41.1 of the Código Procesal Civil (Law No. 9342), 1163 and 1045 of the Código Civil, numerals 122, 123, 124 and 125 of the current Civil Liability Rules of the 1941 Penal Code; articles 18 and 45 of Decreto number 32493-J, Tariff of Fees for Professional Legal and Notarial Services, amended by Decretos 32683-J and 34442-J; and numerals 16 and 39 of Decreto Number 36562-J; this Collegiate Court, by unanimous vote resolves: I) [Name1] is acquitted of all penalty and liability for the crime of INVASION of a PROTECTION AREA (INVASIÓN a un ÁREA DE PROTECCIÓN) that was being attributed to him to the detriment of the STATE. II) The accused [Name1] is declared responsible perpetrator of a CRIME OF ESTELIONATO to the detriment of [Name2] and [Name3] and in this capacity, the penalty of THREE YEARS OF IMPRISONMENT is imposed upon him, a penalty he shall serve in the place and manner determined by penitentiary regulations. III) The accused [Name1] is granted the BENEFIT of CONDITIONAL EXECUTION of the SENTENCE for a period of THREE YEARS during which he may not commit a new intentional crime punishable by a custodial sentence exceeding six months' imprisonment; otherwise, said benefit may be revoked, and he must serve the imprisonment now imposed accordingly. Once this judgment is final, register it in the Judicial Register, notify the Instituto Nacional de Criminología and the Juzgado de Ejecución de la Pena for their respective duties. IV) Regarding the civil action for damages brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendant [Name1]: IT IS DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). V) Regarding the civil action for damages brought by the civil plaintiff [Name2] against the civil defendant [Name1], IT IS DECLARED PARTIALLY WITH MERIT, solely, for the concept of MORAL DAMAGES (DAÑO MORAL) and he is ordered to pay the sum of FIFTEEN MILLION COLONES, plus legal interest from the moment the judgment becomes final and indexation on said amount. VI) Regarding the civil action for damages brought by the civil plaintiff [Name2] against the Municipality of Grecia, THE SAME IS DECLARED WITHOUT MERIT. VII) Regarding the costs and expenses of the process: Mr. [Name1] is ordered to pay the fees of the legal representation of Mrs. [Name2], on the amount now liquidated for Moral Damages, for the sum of THREE MILLION COLONES corresponding to the exercise of the Civil Action for Damages, as well as the payment of the sum of TWO MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES for the exercise and presentation of the PRIVATE PROSECUTION (QUERELLA), which was carried out jointly with the civil action. Such sums must be paid by the civil defendant by simple order of the Court and upon the finality of this judgment; otherwise, the interested party must resort to the Sentence Execution process as provided by ordinal 488 of the Código Procesal Penal. The other parties each assume their own costs of the process. VII) Regarding the restitution of things to their prior state: The request for demolition is declared without merit. VIII) It is ordered to lift the notation entered on the margin of the registration entry of the property of the Alajuela Party, registration number [Placa1], once the judgment is final. For the reading of the integral judgment, sixteen hours on the ninth of November, two thousand twenty-one is set. NOTIFY BY READING. Pablo Vargas Rojas. Esmeralda Arguedas Carballo. Yineth Portuguéz Herrera. Trial Judge and Judges." 2.- That against the foregoing pronouncement, licensed attorneys Arturo Figueroa García and Randall Aguirre Mena have filed appeals against the judgment.

3.- That having carried out the respective deliberation, in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Sentencing Appeals Judge Rojas Chacón; and, CONSIDERING (CONSIDERANDO):

I.- As the sole ground of the sentence appeal filed by the representation of the Ministerio Público, contradictory reasoning, violation of the rules of sound criticism, and disagreement with the analysis of the evidence are claimed. It criticizes the Court for having conducted a selective and erroneous analysis of the evidence, since, without comprehensively evaluating the technical criteria received, they found doubts regarding the understanding the accused could have of the requirements of the criminal type provided in article 58 of the Ley Forestal and regarding the nature of the spring (naciente), since the judges considered it necessary to establish the existence of an aquifer in the area, and despite what was stated at trial by the hydrogeologist expert, [Name4], who explained the reason for a spring in the area and an invasion of the protection area, the Trial Court opted for an argument that does not hold up, as they point out that the FUNDEVI study, used to establish the existence of the spring, indicated that there was a difference in the depth of the waters at the site relative to sea level, indicating that no drilling occurred, but the judges set aside the criteria of several professional geologists and technicians in the field, who clearly stated that the fracture characteristics in the rocks, the topographical condition, and the existence of wells in the area determined the existence of aquifers and that historically the body of water turned out to be a spring that gives rise to the Flores creek, which begins from the spring and there is no other contribution than the subterranean one, that said spring maintains its flow throughout the year, being permanent, and [Name4] and [Name5] declared it so. After transcribing a fragment of the ruling, it reproaches the Trial Court for not having analyzed that, from the permit application stage, clear information was provided to the accused about the existence of water springs in the area and that the protection area had to be respected, but, violating sound rational criticism, the Trial Court reasons that, even though the accused was the interested party in the work, any other person could receive all the documents that were being added to the construction file, and since there was an engineer in charge of the work, the accused did not have a reason to know about those documents. However, the appellant considers that the ruling is lacking in its analysis, given that it was established that the work was closed down in the presence of the defendant, that at the visit on November 18, 2019, SINAC officials were present for those purposes, and that despite the closure after the visit (when knowledge of the spring's existence was already clear), he continued his invasive works at the site. It criticizes that the ruling attempts to establish that, despite the above, he was unaware that he was breaking the law. It considers that the ruling is devoid of substantiation on this point, since according to the evidence received and correct human understanding, under these circumstances, one should have resorted to sources that could, from that moment on, clearly establish the existence of the spring that he was invading with the construction carried out, disregarding the fact that since 2007, in documentation related to the construction, the existence of the protection area in the zone had been indicated to him (file of the Municipality of Grecia). After citing other excerpts from the ruling, it accuses that the evidentiary analysis was biased and the Court's demands exceed the technical criteria received in the debate, since they set aside what was said by geologist [Name4] and the latest opinions issued by the Dirección de Aguas, which established the existence of a spring in the area. It complains that the Court departed from the principle of freedom of evidence, since the existence of the spring could be demonstrated through any suitable means of proof, but instead, the debate was reopened without basis to obtain a criterion from the Departamento de Aguas, which, despite establishing the existence of the spring in the area, was not sufficient for the sentencing court, as it alleges doubt due to the nomenclature used when locating the spring, doubt about the location of the points under study called springs (nacientes), disregarding that, despite the nomenclature and coordinates used, all of them established a greater or lesser invasion of the protection area, a circumstance that did not affect the proof of an invasion in the specific case, since even the GEOTEC report, prepared by [Name6], establishes the existence of the spring or source 257, which gives rise to the Flores creek and is located at [Address1] of the property, determining the invasion with the statement of this expert. It complains that the subsequent behavior of the accused was not analyzed, nor is it reasoned why the restoration of things to their prior state was not ordered, violating the pro natura principle. It requests that the impugned ruling be annulled and a retrial be ordered regarding the Violation of the Ley Forestal. As the first ground of the appeal filed by the Procuraduría General de la República, in its capacity as private prosecutor and civil plaintiff, lack of intellectual substantiation and erroneous evaluation of the evidence is claimed, with violation of the principle of freedom of evidence in relation to the acquittal of [Name7] for the crime of Violation of the Ley Forestal, declaring the civil action for damages without merit. It notes that the defendant was accused of having invaded the protection zone of springs 257 and 258, despite having been warned by the Municipality of Grecia about their existence and the duty to build outside the 100-meter radius, despite which he erected the building within said zone. It points out that the Court based the acquittal on doubt about the characterization of the body of water existing at the location, as well as doubt about its location. It opposes several claims to this: a) Regarding the doubt about the existence of subterranean water at the surface level, which affects the determination of the spring on the accused's property. After transcribing a fragment of the ruling's reasoning, it reproaches that the Court unjustifiably treated the technical reports issued by serious institutions such as the [Name8] and the Dirección de Aguas as empirical, studies that were incorporated for the purpose of partially validating the criterion of geologist [Name6] (provided by the defense), and based on that, to support the existence of a doubt. It points out that, according to the Court, it was not enough to have an inspection at the site, but rather an analysis had to be done to establish the existing water table (nivel freático) at the location and, from that, establish if there is an outcrop (afloramiento). It points out that this argument, in essence, is based on a FUNDEVI and Universidad de Costa Rica study prepared in 2007 (which were not provided in the adversarial proceedings), which are cited only by the [Name8] in official letter DIGH-UGH-OF-086-2012 as a general location reference for aquifers, and which is then questioned by the defense expert, precisely using the assertion that the water table at the site is at 70 meters. However - the appellant continues - the Court failed to assess and analyze a series of evidentiary elements that explain why at the site the water table was surface-level and is not at 70 meters, much less that the depth of the wells needs to be determined to establish this aspect. It reproaches that the judges merely cite the GEOTEC report, issued by [Name6], in which there is not even a prevailing analysis of the water table, drawing attention that it was not examined by the Court, which relied on some statements made in the adversarial proceedings by said geologist, even though the GEOTEC report contains a series of statements attesting that there are water outbreaks (brotes de agua) at the site, but contradictorily concludes that what exists there is a creek. The appellant points out that the Court affirms that a subterranean water study had to be carried out, because there is a FUNDEVI and UCR study issued in 2007 that establishes a broad geographical area (not at the specific location of the events) where the water table was at 70 meters, from which it derives that there is no outcrop. However, the judges do not assess that in the GEOTEC report, it is established that there are water outbreaks at the location, that there is a group of springs (manantiales) and even that a small flow on the order of 0.5 liters per second outcrops, the appellant questioning how this would be possible if the water table were at 70 meters, which is not logical, despite which the judges affirm that an analysis of it was necessary because a 2007 study indicated that the water table was at 70 meters in a geographical area, an argument that clashes with the derivation of the evidence and the findings at the site recorded in the 2010 GEOTEC report. On the other hand, it accuses that the Court did not assess that in the [Name8] report DIGH-UGH-OF-086-2012, it is explained, from a technical point of view, why there was indeed a spring at the site, evidence that was not evaluated, hence the argument that there is no technical explanation for why there are no surface-level waters originating from subterranean water at the place is unsustainable, which implies that the water table is surface-level and hence the non-existence of a spring. It considers that the Court starts from false premises by considering the technical reports empirical, where it is explained why the water table was surface-level (therefore the study the judges miss was not necessary), as also when it appeals to criteria of authority to point out that just because it is the [Name8] one must believe it and consider what a spring is. It also criticizes that the testimony given by geologist Rafael Matamoros was not analyzed, who said that upon visiting the site he found rock fracture, which is only possible if there is subterranean water outcrops and that for a creek to originate, a large quantity of water emerging at the surface is needed, which was determined based on the inspection conducted by the [Name8] geologist at the location of the events and is derived from the statements contained in the GEOTEC report, none of which was analyzed and, instead, a 2007 study was made to prevail. It questions that the Court also did not evaluate what the defense expert himself said about the existence of water outbreaks and the fact that, to explain this, what exists is wastewater (aguas servidas) that causes water to emerge at the surface, despite the fact that in official letter DA-UHTPCOSR-240-2019 from the Dirección de Aguas itself, brought into the process and incorporated by the Court itself, it is stated that at the site there is no rainwater (aguas pluviales) and that the flow begins in the rock face fracture and is maintained in both dry and rainy seasons at the same point, that it is a spring where the Flores creek originates. Consequently, it is indeed a spring for the Dirección de Aguas, due to the fact that there is an outcrop of subterranean waters. It questions that expert [Name6] was complacent and that it is not the first time in a criminal process that he maintains there is a creek where there is a spring, without the judgment having a pronouncement on the questions the Procuraduría raised in its conclusions to this expert. It adds that in the Municipality's file, there is a sworn statement by Engineer [Name9] Alfaro which rules out that there is a wastewater discharge on the property, as expert [Name6] claimed. The appellant lists a series of reports and official letters incorporated as evidence that, in its opinion, is conclusive regarding the permanent spring nature of the body of water located on the property and criticizes that the Court doubted the existence thereof, due to the fact that subterranean water depth studies were not carried out, accusing that this evidence was evaluated in a fractional and omissive manner. b) Regarding the existence of doubt about the location of the spring: After transcribing a fragment of the ruling's reasoning, it points out that the facts attributed to Mr. [Name1] are that, despite having been warned by the Municipality about the existence of two uncaptured water springs, designated 257 and 258, within his property, and that construction had to take place outside the 100-meter protection area, he ignored this and built his dwelling, so the thema probandum of the process is limited to establishing if said building was erected within the protection area of said springs. It points out that official letter PUSS-US-707-208 (municipal file) addressed to the accused warns of the existence of two uncaptured springs within his property and that the development must be outside the 100-meter radius, and although the geographical coordinates of the springs are not specified, it is a warning to the defendant that two springs exist on his property and the obligation to carry out any development outside said zone. In the SINAC complaint to the Ministerio Público, official letter SOC-1434, it is indicated that a permanent spring is observed [Address2] meters from the dwelling house, a document where the location coordinates of the property are cited, but not those of the springs. In the municipal file, there is a record of closure of works dated November 19, 2009, where [Name7]'s work is closed because the construction is located within the protection area of spring 257, although the coordinates of the latter are not cited either. Then, expert report 0718-ING-2011 from Forensic Engineering is provided, which concludes that the house is within 100 horizontal meters of the spring; the spring's coordinates are also not located. Report DIGH-UGH-OF-086-2012 from the [Name8] is the first to detail the geographical coordinates where, according to SENARA records, spring NAC-1189 is located, evidence that was prepared at the request of the Ministerio Público to determine the existence of the spring and its permanent character, as well as to have a technical criterion to analyze the GEOTEC report that was in the Municipality's file, according to which what existed there was a creek, the [Name8] concluding that there was a spring. Even - the appellant continues - in the municipal file there is a sworn statement, not analyzed by the Court, where it is established that the property has an encumbrance of an uncaptured water spring, but that the construction is located outside the protection area. Based on the above, the appellant argues that the evidence corroborates that at least one spring existed on the property, that the building erected was within its protection zone, and that the nomenclature assigned to the spring, which initially was 257 and 258, which later appears in the [Name8] as NAC-1189, does not affect or influence the accreditation of the factual framework charged, and even the geographical coordinates, which are data that only arise upon the SENARA visit, after GEOTEC had already conducted a visit to the place and established its coordinates, also do not affect the facts, and this is due to an aspect the Court did not address in its analysis nor evaluated, such as the statement of [Name10], who categorically affirmed that he conducted a visit to the location and locates a spring, that later he went to the same place with the [Name11] expert, who also went with the SENARA one, that on the thirteen occasions he always went down to the same outcrop point, so it is clear that the spring located at the site as a reference point is the same, and is the one that determines that the constructions carried out are within the 100 meters of the protection area. Even the GEOTEC report locates spring 257 and establishes that it is where the creek originates, data that had not been provided by the Municipality or SINAC in their complaint, as the complaint only alludes to the existence of the spring, but not to the origin of the creek, an aspect that was determined by Geologist [Name6] in his report, which was not weighed by the Court, in addition to the fact that in his report, described as figure 3.1, spring 257 is located as an uncaptured spring and the closest to the property owned by the accused, it even locates the corner point of the house, which when confronted with the engineering report leads to the conclusion that it is the same location point of the spring, corroborating that it is within the 100-meter protection area, none of which was evaluated by the Court. It points out that the statements of [Name5], [Name12], and [Name4] coincide in locating the point where the water outcropping occurs, which corresponds to figure 3.1 of the GEOTEC report, so despite evidence existing of the spring in the same location, the Court, unfoundedly, holds that there is a doubt based on different nomenclature in the reports of the Dirección de Aguas, but without having analyzed and confronted the evidentiary elements that were evacuated tending to locate the body of water reported by SINAC. The annulment of the ruling and the trial that preceded it is requested, ordering a retrial for new substantiation.

As a second ground of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), it challenges a lack of intellectual reasoning and erroneous assessment of the evidence, in violation of the principle of freedom of proof concerning the acquittal of [Nombre7] for the crime of Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), dismissing the civil action for damages. It points out that the Trial Court acquitted because it found doubt as to whether the accused had acted with intent (dolo), which justified the criminal acquittal and the rejection of the civil action for damages. After transcribing part of the ruling's reasoning, it argues that the Court believed the accused's version that in 2009 he hired an architect by the surname [Nombre9] to handle the procedures and the land use (uso de suelo), which was enough for the judges to consider it proven that Mr. [Nombre1] was not aware of the municipal warning. The appellant notes that the municipal file contains official letter PUCC US 707 2008 where the accused is warned about the existence of two springs (nacientes) of water that have a protection area of 100 meters (which according to the Forestry Law is reserved for permanent springs), specifying that any development must be carried out outside that area, this being the only land-use document that was issued, as no other was requested. It criticizes the Court for not noticing that the land use was issued in 2008, when the accused had not yet hired engineer [Nombre9], since that hiring did not take place until August 2009, as stated in the professional services contract visible on folio 32 of the municipal file, which contradicts the accused's version, even though it was validated by the Court. It adds that the municipal file contains an official letter 1321-1242-2009 issued by I.C.E. on June 23, 2009, indicating that on the property where the events occurred there are distribution lines for the service requested by the accused, as well as a document from the Tax Administration of the Municipality of Grecia, issued on that same date, where at the defendant's request it is stated that he was up to date with the payment of municipal taxes, and also the official letter RT-59-0000141231, in which I.N.S. issues a certificate at the request of [Nombre1] for the subscription of a worker's compensation insurance policy for construction. The appellant argues that these documents, which were not assessed by the Court, prove that the accused, before hiring engineer [Nombre9], carried out all the procedures, including the land-use request, despite which the Court only refers to the land-use document issued by the Municipality and deduces from that evidence that it is not possible to prove that the accused was aware of its content, because in his statement he said that he hired a person to manage the permits, a hiring that took place a year after the land-use permit was requested. It adds that according to the statement of [Nombre13], these documents were not directed only to professionals, but to the individuals under the administration so they would know the limitations on their property, none of which was analyzed in the judgment. It reiterates that the file contains a sworn statement about the existence of the uncaptured spring, a document not addressed to the Municipality and bearing an issue date of August 14, the same day the professional services contract is signed, the appellant questioning how engineer [Nombre9] could have been aware of the existence of a spring (naciente) encumbrance if he signed the contract that very day. For the appellant, the answer is that the land-use request was in the possession of the accused. For the appellant, it is not plausible that the accused was unaware of documents that were issued at his request and that are related to a strong economic investment he made since 2007. It criticizes that the property plan offered with the complaint was also not assessed, which indicates that it is 109 meters long, so that, if the land use warned that the protection area could not be invaded, this left very little space for construction, making any development on said property unfeasible, despite which the accused hired engineer [Nombre9] to develop the work. It reiterates that the contract with the latter was signed a year after the land-use document was issued, as well as that the construction permit was issued in a single day by the Municipality, none of which was analyzed by the Court and pointed to the accused's knowledge of the existence of springs. It refers that according to the SINAC complaint and the statement of [Nombre14], the work was shut down on November 18 for affecting spring 257, with the result that the accused hired engineer [Nombre6] who makes the GEOTEC report, which was sent to the Municipality without being reviewed or analyzed by any competent entity. However, there is no resolution lifting the shutdown order by the Municipality and the accused, despite the new warnings, finished the work, so the Court is not correct in its assessments, since the evidence points to the defendant having finished the construction illegitimately, which was confirmed by witnesses [Nombre13] and [Nombre14], whose testimonies were not correctly assessed by the Trial Court, as it erroneously drew the conclusion that they gave credibility to the accused. It adds that, when questioned, the accused rushed to sell the property without warning the buyers that he had a criminal proceeding against him, which reinforces the existence of intent. It considers the argument that there was a mistake of fact (error de tipo) unsustainable, because he did not know the permanent nature of the springs, because in the warnings made to him by the Municipality it is clearly indicated that there was a 100-meter setback zone, which the law only contemplates for permanent springs, and even this warning was reiterated by SINAC when shutting down the work, despite which he finished the construction. It requests that the judgment and the debate that preceded it be annulled, ordering a new trial. As these three grounds contain repetitive and related claims, they are addressed in a single Considerando and dismissed: Contrary to what the appellants allude, after a comprehensive review of the ruling and the content of the file, what this Chamber observes is that during the trial two technical opinions were introduced—offered by the prosecution and the defense—whose conclusions contradict and exclude each other. Firstly, the expert report from the company GEOTEC, endorsed by geologist [Nombre6] [Nombre6] (cf. folios 100 to 105), according to which the body of water under study constitutes the base flow of the Quebrada Flores and forms part of it, such that it is not a permanent spring in the terms of subsection a) of Article 33 of the Forestry Law. On the other hand, report DIGH-UGH-OG-066-2012, prepared by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), signed by geologist [Nombre4] [Nombre4] and agronomist engineer [Nombre15] García Serrano (cf. folios 133 to 138), where it is concluded that said outcropping corresponds to a permanent spring. Both expert reports refer to the same body of water and agree that it is located at a distance of less than 100 meters from the dwelling house built by the accused [Nombre1]. Now, for this Court of Appeals, the claim that the Trial Court should never have invoked, as part of its reasoning, the study prepared by FUNDEVI and the Central American School of Geology of the University of Costa Rica (UCR) is not admissible, because it was not introduced at trial. In the first place, the existence of said geological study has never been questioned, and, secondly, because both [Nombre8]'s reports, GEOTEC's, and the Water Directorate's (Dirección de Aguas) take relevant data from this study to support their conclusions, for and against the existence of a permanent spring. In fact, it is observed that in official letter DIGH-UGH-OF-066-2012—cited by the appellants in support of their thesis—this same 2007 study prepared by FUNDEVI and UCR is expressly cited, to maintain that the reported site was in a zone of low to medium vulnerability to contamination for the Colima aquifer and of moderate to high aquifer recharge (cf. folio 135), data that precisely constitutes its starting point to maintain that the reported site constitutes a permanent spring representing the existence of an aquifer that is outcropping on the surface, since the FUNDEVI and UCR study indicated that it was possible to find a multi-layer aquifer system in the area, where the closest to the surface was the so-called Colima Secondary System, formed by tuffs and lavas, which technically supported the existence of an aquifer in the indicated place (cf. folio 137). As can be seen, [Nombre8]'s own report relies on data collected by FUNDEVI and the UCR, such that questioning the existence and content of this study would have the consequence of calling into question all the prosecution expert reports that the appellants cite in support of their arguments. In the debate, the defense expert used this same study to affirm the error made by SENARA, since the referred aquifer layer was in a different place. With respect to the claim that the GEOTEC report lacks a study of the water table (nivel freático), the appellants overlook the explanations that geologist Rojas Castro provided at trial, who indicated in this regard that when he presented his report, the present criminal proceeding did not exist, and consequently, neither did report DIGH-UGH-OG-066-2012 which, several years later, came to question the conclusions of his expert opinion, so that then, during the debate, it was necessary for him to expand on several points of it. For this appellate Court, the explanation of geologist Rojas Castro is reasonable, besides which the parties had the opportunity to question him exhaustively. Well then, referring to the questions that [Nombre8] posed to the study carried out by GEOTEC, the expert [Nombre6] stated: "Geological conditions do not change; what does change are the conditions of the groundwater levels—Hydrogeological. Which means that in some times of the year when there is recharge when water infiltrates the level rises, in some springs when that level rises it is gushing, in summer that level drops—that is the change that occurs when it is groundwater. That is the criterion for saying whether it is permanent or not—when the water table rises and gushes. The condition is that groundwater exists. If an institution classifies a water outlet as a spring, it must demonstrate that it is groundwater. That technical requirement, which is always mandatory here, is required of those of us who carry out studies to work on that issue, and when institutions ask to classify a point as a spring and where the groundwater level is, there are no resources to do it, and that then remains at the discretion of the person and applies a protection radius that affects the individuals under the administration. If the study is not available, it could not be said that there is a spring. In reality, I do not know who or which institution determines whether it is a spring or not. I only know the instance of the Administrative-Contentious Court. The municipality supported my criterion, but in 2007 it contracted a study from FUNDEVI of the University of Costa Rica, which sells services using the UCR seal. In that same year, there was a master's thesis with a Geogeological study of the Canton of Rio Cuarto de Grecia or western region. The municipality subsequently submitted the approval to [Nombre8]. As far as I understand, the municipality invests 27 million colones; it is a working tool in that study that is mentioned in the SENARA note. There are isophreatic lines there—it is a map of what the water surface is like in an aquifer. They determine three aquifers, and the most superficial is San Pedro unit lavas. That map is in the study, and if at that time I carried out the study and the municipality tells me that in its study there is no spring, it is in contradiction that the water table is above. I do not know if the municipality used that study or not for decision-making. At this moment, that study is not being used. That isophreatic map, the same one made by the UCR and approved by [Nombre8], says that at that San Isidro site the surface is 70 meters below where it is said there is a spring, and that study comes to corroborate my study, and if the municipality uses that study as an instrument for decision-making it did the right thing, but in their study it says it is 70 meters below where there is a spring, yes it indicates that for a spring to exist there must be a water table surface. The map presents is taken by the UCR is the same as carried out by the thesis of [Nombre16]. The municipality had that study and that map of what the groundwater is like at the site—I marked it in red. [Nombre8], in the document he prepared, mentions the FUNDEVI study and used it as the main argument to invalidate my work. The truth is that the FUNDEVI UCR study validates my work. If the municipality validated and deemed my work correct, the municipality had a technical tool that was the study it had contracted 4 years earlier with the UCR. That map is in a study as the main argument by [Nombre8] that has the shape of what the water surface is like at the site. Shows diagram - cause of the Quebrada Flores, the site where the spring is being placed is to the [Dirección3] at sea level. Lines that connect points of equal elevation and it says it is at level 1100, and the arrows that indicate where the groundwater flows in the sector is about 1220, therefore we know that the groundwater is at elevation 1220. If we calculate the difference between the point of the alleged spring and the point where the groundwater level is, there is a difference of 70 meters, that means the groundwater is 70 meters below. The national technical guides of 2004 were published as a regulation in the gazette, which define what an aquifer is, also says what groundwater is, indicates which one it is and that it is below the water table. The definition of spring is where the ground surface cuts the water table and there the water gushes, but at the site the ground surface does not cut the terrain, does not meet that condition, does not cut it, does not meet the definition of a spring, and that map was issued by the same criterion of SENARA. In [Nombre8]'s document, it says that the aquifer outcrops on the surface, and the FUNDEVI study prepared it is possible to find—he reads—the main argument of [Nombre8] to disqualify my work, is that true or not? It is false, because Colima is not at the site they are saying. I do not know if they did not bother to read the document they signed. It cannot be indicated that Colima is there in San Isidro, because any geologist who knows the geology of Grecia knows that is not true. The main technical argument they mention to invalidate my work is false […] Characteristic findings that must be observed to know if there is a spring. In some cases, due to the type of rocks—they are fractured lavas—the water gushes spontaneously, and in other cases, it is difficult by visual inspection alone. The existing studies must be reviewed for that determination. A spring must have an influx of groundwater without a doubt—basic characteristic unless there is artesianism, water under pressure, because there is water and it gushes due to some effect. In the case of the Rosales River in Grecia, in summer you can see water gushing from the bottom of the river; one clearly realizes there is a gush and that there is artesianism, and in other very exceptional cases like Ojo de Agua, which is in front of a lava flow. With just an inspection, it is difficult. Another characteristic is that it is a fixed point. A spring cannot be gushing and then change a month later, because there must be a geological structure; it may be a fracture that causes the water discharge to gush. It is a requirement that it be a fixed point that is always there. That one can recognize the aquifer, what contains the groundwater. That is, in some springs in Grecia, the lavas of the San Pedro unit—on those lava fronts, the aquifer is clearly recognized. It cannot be found in a place with clayey soils. The aquifer must develop in a permeable medium. In rock like lava, it is possible to find a spring; in deposits like those here, no. The water comes out and pushes forward and produces instability on that slope, and if one sees decompression fractures, there are instability problems at the site. Folio 105 indicates that it was verified at the site that the spring is not unique. At that moment, I believe it was 257. I insist that that block was defined as a spring. What I did was locate what SINAC was saying, and I located several water outlets, and that was because there were water outlets from the creek and fallen blocks. What I do in that document is use the SINAC information and tell them that if you are considering—but I did not put it that way—that there are a ton of springs here, what it forms is a creek, give it the protection of the creek. The issue at that time was very basic; it was not a report to enter into controversy or make arguments against the SINAC hypothesis. At this moment, if one goes to [Nombre8] to carry out these studies, they ask for a drilling. Conclusion: when I say that it forms an intrinsic part of the Quebrada Flores, yes, if that is the approach that SINAC is making, it must be understood that it is base flow. If there is linearity of the spring, it continues there along the creek. Intrinsic part means they are there as flow of the creek. I put the springs with the coordinates, they were about ten meters from that lot. I concentrated on the problem, which was 257. The condition of the site does not allow for a measurement—it is right in the creek bed. It is very difficult; measurement cannot be done because of falling material. The water gush comes from above. In my opinion, all the water falls from that area. The road that goes from Grecia to San Isidro—everything that is to the west goes to that creek that drains there. It is a complicated zone due to instability. If something blocks the water outlet in the left photo, the water goes another way. The report on folio 100 is addressed to [Nombre17] because [Nombre7] asked me to address it to him. The study was because the Municipality requested it. The soil study is to determine load-bearing capacity and slope settlement, which is done in the field; in the field of zootechnics, it is for civil works. The Land-Use Study does not exist here. The municipality was requesting it, but a study is not done for that. What it was is basically that the administrated individual had to hire an engineer or architect to present to the municipality. To determine a body of water is a hydrogeological study, and the land-use one is for engineering, and yes, I have carried them out." As can be seen, the thesis held by the defense expert is that the conclusions of the GEOTEC study are correct, unlike those of SENARA. In the first place, because according to the FUNDEVI and UCR study, there are no aquifers in the affected zone, since the Colima aquifer is located in a totally different and distant sector. Hence, said study, far from contradicting his conclusions, actually supported them. In the second place, he states that the FUNDEVI and UCR document locates the water table in the area of interest at 70 meters, which is incompatible with SENARA's statements, such that the only way to establish with certainty that the body of water near the dwelling built by the accused was a permanent spring was through a hydrogeological study. Well then, if the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and the Office of the Attorney General of the Republic intended the conviction of the accused for the crime of Invasion of a Protected Area (Art. 58, first paragraph of the Forestry Law), they had to rebut the defensive thesis. And that was precisely what they did not achieve in the sub judice case, since, as will be seen later, the judgment explains that the testimonies of both [Nombre4] and [Nombre6] were extensive and clear, conveying sincerity and an absence of intent to favor or harm the accused, which is why there were no reasons to detract from their credibility. Therefore, the Trial Court decided to request a third criterion, this time from the Water Directorate (Dirección de Aguas), which according to SINAC official letter OG-1212-2017 of August 25, 2017 (cf. folios 646 and 647), is the competent entity to characterize a body of water in case of doubt, seeking the definitive clarification of the nature of the site where the water outcrops, with the result that this latter department was also unable to provide a definitive answer, which is why the accused's acquittal was imposed in application of the in dubio pro reo principle. Indeed, it is striking that both in the appeal of the Public Prosecution Service and in that of the Office of the Attorney General of the Republic, the Court's reasoning to support the doubt is presented in a biased manner. Even in both appeals, attempts are made to transcribe the foundations of the ruling. However, when comparing them with the judgment, it is detected that these were incomplete, as they omit to record essential arguments and statements by the court of instance to justify the doubt. With respect to this topic, the judges—in summary—explained that in this case there was not only doubt regarding the nomenclatures used by the different institutions involved in the protection of the water resource (SINAC, [Nombre8], and the Water Directorate), as well as doubts regarding the georeferential location of the same, but also doubts as to whether the tributary with the characteristics indicated by SINAC and [Nombre8] was a "spring." They point out that the accusers speak of the existence of two springs at the site, 257 and 258, based on the SINAC report carried out by [Nombre5] and [Nombre18], which reports that the construction made by the accused was located [Dirección4].5 meters from the tributary that they identify as a spring, whose geographic location, according to its coordinates, is 233267 horizontal and 506347 vertical, while in report DIGH-1092-11 of SENARA, it is reported to the prosecution that, as of November 17, 2011, upon reviewing the database of said institution within a radius of 2000 meters around where the accused's property is located, a spring is located identified as NAC 1189, situated 82 meters from the site. However—the judges continue—once the SENARA field study was carried out, through report DIGH-UGH-OF-066-2012, the professionals who conducted the inspection report the location of a spring now at coordinates [Dirección5], concluding that it is NAC 1189, previously registered according to the database of said entity, and that the distance between the infrastructure and the outcropping is 48 meters, such that both institutions did not even have clarity regarding the nomenclature with which they identify the body of water; they provided different coordinates and distances between the location of the tributary and the dwelling. This same situation—the judges explain—occurs with the official letter from the Water Directorate DA-UHTPCOSJ-2262-2021, which was requested by the Trial Court (Tribunal A quo), in which it does not recognize any of these nomenclatures and indicates that, although under official letter DA-UHTPCOSR-0240-2019, that institution referenced a tributary as a spring, this was at coordinates latitude [Dirección6] and longitude [Dirección7], and, to be able to conclude with certainty that it is the same consulted tributary or rather two independent springs, it would be necessary to carry out an on-site inspection (This last part is omitted in the transcriptions of both appeals). The court of instance continues explaining that, during the debate, SINAC officials [Nombre5] and [Nombre18], who initially said that the body of water corresponded to a permanent spring, a characterization that was due to the fact that water outcrops at the place at all times of the year and that, given the visits made by them at different times throughout the investigation, it was clear that it was a permanent spring. However, both witnesses made it clear that, despite the designation given by SINAC, those authorized for such effect were the Water Directorate. Witness [Nombre18] stated that they locate the spring and request an opinion from the Water Directorate, because they cannot say whether the spring is permanent or not; rather, they carry out an inspection and if they find an outcropping they report it to the Water Directorate or SENARA, but they cannot give an opinion on whether the outcropping is permanent, such that they act according to the criterion of these entities (This is omitted in the transcriptions of the appeals). The judges note that a field visit was conducted by [Nombre8] on the occasion of this process, with the result that [Nombre4] explained in the debate that although he did not go down to the tributary, with the photograph taken by his colleague [Nombre15], he determined that the water outcropping was a spring, because the photograph clearly showed groundwater exiting and it was consistent with what [Nombre15] and the SINAC colleagues say, as there was fractured rock, water coming out of the rock, and that originates the creek that is seen in the upper part. The witness stated that, according to the concept of springs, that fits as it is groundwater outcropping through rock fracturing, and, since they already had the survey from the SINAC colleague, he searched the database of the national archive of wells and springs, where nearby wells appear and due to the topography of the area they are deep, but all report a groundwater level hosted in rocks of volcanic origin, the same as the outcropping where the fractures are where the water comes out, which originates the spring. The deponent indicated that, as there are wells with a registered water level, it means there is an aquifer; if there were no aquifer in that sector, water would not have been found. Based on that information, [Nombre8] indicates that it is a permanent spring, because it is being visited in the most critical time of the dry season. The witness also explained that when he spoke of a water flow that increases progressively, that was groundwater that was outcropping on the surface, that what provides the water is the groundwater, and from where it outcrops from an aquifer and this results in a spring (This part is omitted in the transcription of the appeals). Well then, based on what was affirmed by witness [Nombre4], the Court concluded that it was no longer only necessary that the tributary possess water at all times of the year for its characterization, but that it was also necessary to prove that the water flow came from groundwater, which coincided with what was indicated by expert [Nombre6], who stated that this was the criterion for saying whether the spring was permanent or not, that is, when the water table rises and gushes; the condition is that groundwater exists, such that if an institution classifies a water outlet as a spring, it had to demonstrate that it is groundwater, a technical requirement that is always mandatory in the country and is required of those who carry out studies to work on that topic. The Trial Court points out that on this point both experts differ, since for [Nombre4], despite the fact that no drilling is carried out at the site to determine the groundwater level, he concludes that given the existence of wells at the site and that these have already been referenced by [Nombre8] and by the Water Directorate itself, it leads to the conclusion that the aquifer is at surface level, especially since the hydrographic chart reports that at the site the aquifer that outcropped is the Colima one. On the other hand, for geologist Rojas Castro, this assertion could not be true, because according to scientific studies carried out by FUNDEVI and by the UCR laboratory, the isophreatic level in the area was below seventy meters, and that consequently such an outcropping could not be related to the Colima aquifer, which is located in another place and not in the district of San Isidro, where the accused's property is located. The judges state that, according to this expert's presentation, to determine if a spring exists there must be a hydrogeological study, because during the inspection one only sees water exiting, so the study must determine the origin of the water, where it comes from, and what characteristics it has, with the result that the competent entity to carry out said study was the Water Directorate.

The Tribunal then explains that, for this reason, despite having concluded the debate, and given the importance of accurately determining whether they were dealing with a spring, a consultation was made with the Dirección de Aguas, and although that entity stated that in 2019 a site visit was made where the existence of an unnamed spring was referenced, they could not, with the elements provided to them, determine that at the indicated coordinates the existing water flow in that area is a spring, since a study of the area is necessary for that purpose. Therefore, in the opinion of the trial court, to accept the criteria rendered by [Name8] and by the witness [Name4], as the accusing party sought, the only way to substantiate the classification of the spring would be by appealing merely to a criterion of authority and stating that it is a spring because [Name8] and the Dirección de Agua also stated so, but a clear explanation of how they reached that conclusion is lacking, since for both institutions, on-site observation and the fact that water emerges year-round would be sufficient to determine that it is a spring, but far from that observation, which seems quite empirical and unscientific, when the method is questioned, both institutions fall short and do not analyze the existing evidence, or they say that a more extensive study was required to respond to the request, once again leaving the possibility of comparing those empirical assessments with the scientific method up in the air. The judging body clarifies that it did not seek to question, by mere caprice, the findings of the Dirección de Aguas, or what was said by the representative of SENARA, but rather that a normative aspect existed that clearly defines what a spring is. In this regard—the lower court continues—the Dirección de Aguas indicated that a spring is the flow of groundwater that surfaces due to topographic changes, preferential zones, geological-structural features such as faults, or changes in hydraulic conductivity, fractures, or discontinuities. The judges reason that, according to what was indicated by the Dirección de Aguas itself, for a spring to exist, this water outflow must necessarily be related to an aquifer, and it must be the point of emergence, but it so happens that in this case this could not be determined, considering that the FUNDEVI study, which is a public document and used as a reference by [Name8] and by the GEOTEC report, indicates different depth levels of the waters at the site that are far from the height relative to sea level at which the point under study was located. The judges argue that, in addition to the above, the water-table map (mapa isofreático) of [Name8] for the Alajuela area, which also appears on its website, shows that the Colima aquifer is extremely far from the San Isidro de Grecia area, and what is there, according to said map, are isophreatic curves, and no one had been able to answer for the Tribunal whether the emergence under study was related to these curves, or to which specific aquifer and at what depth it is located. The judges continue explaining that, although it could be said that a field inspection was needed to provide that answer, this answer, in turn, is more scientific and is based on data already collected at the site such as the depth of wells already dug in the area or information existing in different state entities such as the University of Costa Rica, which allow establishing at what level the groundwater level is at the site and if this coincides with the location of the emergence, not simply taking it for granted without indicating further support. The lower court concludes that, for these reasons, it could not indicate that a spring clearly existed at the site and that it was permanent in nature. Well, having assessed these reasonings, in contrast with the content of the case file, in the opinion of this appellate court, the grounds for the ruling respect the rules of sound criticism and conform to the evidentiary material. The first thing to indicate is that this Chamber does not find excessive the qualification made by the Trial Court of the reports from SENARE and the Dirección de Aguas as empirical. The determination of whether the conclusive statements of a report can be classified as scientific does not depend exclusively on the hierarchy or prestige that the issuing entity may enjoy, as the appellants erroneously assume (since that implies falling into a fallacy of authority), but rather on whether said conclusion is the result of the application of the scientific method for the examination of the specific case. Hence, the complaint from the Procuraduría is not acceptable, since the mere material accumulation of documents issued by different institutions (SINAC, SENARE, and Dirección de Aguas), stating that there was a permanent spring at the site, would not in itself be sufficient to acquire certainty in that regard, if such a statement does not find support in conclusive scientific studies, in a way that disproves, without a doubt, the exculpatory evidence. Indeed, having reviewed report DIGH-UGH-OF-066-2012, this Tribunal observes that geologist [Name4]—unlike geologist [Name6]—considered the descent to the place where the water outflow was located to be risky, and therefore did not perform an in situ analysis of the emergence, but rather through a photograph. And as is well explained in the judgment, the expert [Name4] himself confirmed at trial that precisely what characterized an emergence as a permanent spring is that its source is a flow of groundwater, which responds to aquifers. Therefore, it is not true that the judging body omitted to assess the technical criteria of [Name8] and what was stated at trial by the expert [Name4]. On the contrary, the Trial Court is correct that it is not sufficient for a report to simply indicate that a water outflow is observed, which has some characteristics that in principle may be compatible with permanent springs (e.g., rock fracturing), if the origin of this water is not confirmed, so no error is appreciated in the analytical reasoning of the judges when they validated the questions raised by expert [Name6] regarding the incriminating evidence. Therefore, the Procuraduría is not correct when it criticizes the conclusions of the GEOTEC expert report, since, regardless of whether it refers to the presence of several water sources (manantiales), at trial the expert [Name6] explained the origin of these waters, ruling out that they were groundwater giving rise to a spring in the terms of Article 33 of the Ley Forestal, hence the alleged contradiction is not appreciated, given that it is not inferred from the document that these emergences had their origin in the Colima aquifer (as SENARA did consider), nor in underground water sources. Nor is the claim that it is illogical that, according to what was indicated in the GEOTEC report itself, there was a water emergence of 0.5 to 1 liter per second, if there were no feeding from groundwater, worthy of attention. This argument ignores the explanation proposed in that regard by expert [Name6]: "In the sector there are discharges of wastewater, rains, all that water goes to the site that was defined as a spring, the septic tanks with their drainage systems but the water descends and goes to the subsoil and somewhere it comes out and this is in the lowest part. In the area, water is observed discharging, this was in 2012, there have been landslides there, in the [Name8] report there are indications of cracks, in the place due to the relief, cracks are created in what is called the free face and decompression always occurs towards the slope, on the slope the water flows and the origin of that water are these and when it reaches that place even in summer the water always flows but we already know that the water is what flows in the place and cannot be groundwater because it is 70 meters below the surface. In the Sinac report, it establishes a series of springs 257, 258 because water falls there everywhere, but in Sinac a spring NAC 1189 appears on the map, number CED2 A is a well that was built, it is what is called captured waters, I do not know if that is a spring or captured waters and they were used for agriculture but it is no longer there and that point is 180 meters from the house, so it is in the database. [Name8] indicates that Nac 1189 is the subject of debate and they place it in the green zone that was deforested within the property that [Name7] had and it is now located a hundred meters away, but there it is the upper part and there it is grass and it is a pipe that collects water from the street and rainwater flows, it is a change, it was in one place, it was granted, and now they place it in another." (Verbatim copy) As can be seen, the doubt invoked by the Trial Court has an evidentiary basis. The appellants fail to refute the Tribunal's arguments and, instead, their arguments are limited to asserting that, if at the investigated site there was an emergence, in winter and summer, its feeding source was necessarily groundwater. But in a case as particular as the one we are dealing with here, without a hydrogeological study that confirms it, this can only be stated as a mere indication of a permanent spring, but not with the certainty required for the application of criminal law. Contrary to what is stated in the grounds, the lower court body makes clear in the judgment that, according to the thesis held by geologist Rafael Matamoros, precisely based on the FUNDEVI and UCR study itself, the surface waters referred to by SENARE would come from the Colima aquifer, but according to the water-table map of [Name8] for the Alajuela area, which also appears on its website, the Colima aquifer is extremely far from the San Isidro de Grecia area, and what is there, according to said map, are isophreatic curves, without anyone having been able to answer for the Tribunal whether the emergence under study was related to these curves. So it is not true, as the Procuraduría states, that the lower court limited itself to citing what was testified by the expert [Name4], without analyzing its content, since an intellectual analysis of the incriminating evidence is appreciated here. For the same reasons set forth above, the Trial Court is correct in pointing out that the official communication from the Dirección de Aguas DA-UHTPCOSR-0240-2019 (cf. folios 924 to 929), does not add any additional quality information to what was referred by SENARA, in the sense that the spring is classified as permanent, basically because it maintains its flow in summer (cf. folio 926), but said report also does not mention that a hydrogeological study existed confirming that the source was groundwater. Therefore, the statement by the Trial Court that this is a predominantly empirical criterion cannot be labeled as incorrect. The sentencing body asked the Dirección de Aguas to analyze the Comprehensive Hydrogeological Study in the western sector of the canton of Grecia, No. 113-A5-402, which existed on the website of the Municipality of Grecia and was public information, as well as the hydrogeological map of SENARA, which was also on its website; it also requested to clearly define which aquifers were in the study area and, if found below said area, to indicate their depth and whether they were related to the emergence under study, as well as to determine if isophreatic curves existed at the site and what relationship they could have with the emergence under study. The response from the Dirección in official communication DA-UHTPCOSJ-2262-2021 was that the analysis of the hydrogeological study had not been done and, in order to consider it for a new opinion, its review by one of its geologists was required, and the issuance of the criterion would involve the analysis of all the mentioned inputs, as well as a field inspection during the period of least rainfall in the Grecia area (summer 2022), while the establishment of the aquifers would also require a study of the area (cf. folio 921). As can be seen, considering that, specifically in the case under study, there was disagreement between the expert for the prosecution and the defense regarding the presence of aquifers in the area where the studied emergence was located, as well as the existence of underground flows feeding it, an essential factor for classifying it as a permanent spring, the judging body decided to turn to the Dirección de Aguas since, as the latter confirmed in official communication DA-UHTPCOSJ-2262-2021 itself, according to decree 35669-MINAET, the authority to issue findings on bodies of water is given solely to the Dirección de Agua. However, the response obtained is that a hydrogeological study has not been carried out and that a field visit in the summer of 2022 would be necessary. Consequently, the Procuraduría is not correct when it maintains that said official communication clarifies the doubts that led to the application of the principle in dubio pro reo in this specific case. Likewise, the argument that credibility should be detracted from expert [Name6] because he was considered complacent in a proceeding completely unrelated to the present case is unacceptable. That would imply that the Trial Court would have to renounce sound rational criticism, to apply criteria of weighted evidence. Therefore, regardless of whether the appellants consider the statements in the GEOTEC report questionable regarding the fact that the studied emergence is fed by rainwater, this is not sufficient to support a conviction, because as the Trial Court explains well, it was up to the accusing party to demonstrate, with certainty, that the waters feeding the emergence on the defendant's land came from underground flows fed by aquifers, something they never did, since, inexplicably, from the investigation phase they never requested the respective studies from the Dirección de Aguas of MINAET, until said evidence was requested—ex officio—by the Trial Court. On the other hand, regarding the appellants' complaints about the alleged lack of substantiation of the doubt concerning the identity and location of the emergence, it is again observed that the appellants cite the Tribunal's reasonings in a fragmented manner. Indeed, upon transcribing the complete reasoning of the judging body, it is found that the judges argued the following: "[…] although official communication 199-11-2011 from folios 74 to 75 and its expansion at folios 122 to 126 of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento preliminarily informs that after conducting a preliminary study in the database that said institution has, it is referenced that within a radius of 2000 meters around the coordinates indicated by the prosecutor's office in its request, the existence of 12 registered wells, 2 illegal ones, and 17 springs is reported, and that the closest spring is the one identified by them as NAC 1189, which, as indicated in the preliminary report, is located 82 meters from the site. By the expansion that was carried out by officials [Name15] García and Rafael Matamoros, these officials conclude that the water emergence that exists at the site is a permanent spring and that it is the spring NAC 1189, which they now report as being only 48 meters from the house, indicating in said reports very different geographic location coordinates for the water flow, so for the Tribunal, what is indicated in official communication DA-UHTPCOSJ-2262-2021 gains relevance as to whether we are looking at the same body of water referenced in the land use, or in the [Name8] report, or rather it is another body of water. In this regard, the Dirección de Aguas informs the Tribunal that '...It is reported that the nomenclature CED3 and CED4 is specific to SENARA. Consulting their page, the coordinates of the springs called 257 and 258 were not found, therefore it is not possible to corroborate what was requested. Regarding NAC 1189 according to [Name8], it is located at coordinates CED5 and CED6, which is close to the one issued with official communication DA-UHTPCOSR-0240-2019, it would be necessary to corroborate in the field if it is two independent springs or indeed the same one.' And further on they added: 'The Public Prosecutor's Office and the Procuraduría have come to speak of the existence of two springs at the site, 257 and 258, the foregoing, based on the SINAC report carried out by [Name5] and [Name18], in which it was indicated that the construction carried out by the defendant was located 71.5 meters from the water flow that they identify as a spring and that its geographic location according to coordinates is CED7 horizontal and 506347 vertical. Meanwhile, in report DIGH-1092-11 from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the prosecutor's office is informed that as of November 17, 2011, having reviewed the database that said institution has within a 2000-meter radius around where the defendant's property is located, a spring identified as NAC 1189 is located 82 meters from the site. But once the field study was carried out by this entity through report DIGH-UGH-OF-066-2012, the professionals who attended the inspection refer to the location of a spring now located at coordinates CED8 [Address8] and [Address9] longitude east, and whose conclusion is that it is the NAC 1189 previously registered according to the database of said entity, and that the distance between the infrastructure and the emergence is 48 meters. That is, both institutions do not even have clarity regarding the nomenclature with which they identify the body of water, they provide different coordinates and distances between the location of the water flow with respect to the dwelling. The same occurs with the official communication from the Dirección de Aguas DA-UHTPCOSJ-2262-2021, which the Tribunal requested, which does not recognize any of these nomenclatures and indicates that although under official communication DA-UHTPCOSR-0240-2019, that institution referenced a water flow as a spring at latitude coordinates CED9 and longitude CED10, to be able to conclude with certainty that it is the same water flow consulted or rather they are two independent springs, it would be necessary to carry out a field inspection.' Although it is true that in the complaint filed by the Procuraduría it is alleged that the defendant's construction encroaches on the protection area of one of the springs that were located within his property, without indicating which one (257 or 258), the problem that arises is that there are doubts about the emergence reported by SINAC, which gave rise to the complaint at folios 1 to 14, whether it is the same body of water that SENARE subsequently declared as a permanent spring. The Procuraduría's argument basically consists of asserting that since the SINAC official, Eliden Alcázar, visited the emergence on three occasions, accompanying both the Forensic Engineering expert and the SENARE officials, it must be the same place. However, this explanation is contrived. In report SOC-1434 from SINAC, it is recorded that, to establish the location of the emergence, a measuring tape and GPS georeferencing equipment were used, obtaining a result of a distance of 71.5 meters (cf. folio 1). However, in report DIGH-UGH-OF-066-1012, it is stated that a measurement was made with a Garmin brand GPS system (high precision) and ArcView 3.3 software, yielding a result of a distance of 48 meters. Note, at first glance, that these are two notably different locations, calculated using high-tech equipment, such that the presence of Mr. Eliden Alcázar at both proceedings does not clarify the situation. The matter is further complicated when report DA-UHTPCOSJ-2262-2021 reveals that the numbering CED11, CED12, and CED4 is specific to [Name8] and that, consulting their page, the coordinates of these springs were not found, so it was not possible to corroborate what was requested by the Tribunal, while regarding CED13, it was necessary to carry out field work to determine if it was the same one issued in official communication DA-UHTPCOSR-0240-2019 or it was two independent springs. Hence, it is not possible to conclude with certainty, as the appellants conjecture, that the body of water assessed by SENARE (48 meters from the house) is the same one that SINAC reported ([Address10] from the house) and that, in turn, one of these actually corresponds to the registered springs CED14, or CED13, as described in the accusatory documents. But, in any case, even if it could be established that it is the same emergence, since it could not be determined that it was a permanent spring, the application of Article 9 of the Code of Criminal Procedure was equally appropriate. On the other hand, regarding the issue of the absence of criminal intent (dolo) on the part of the defendant, it is again observed that the appellants mutilate the Trial Court's argumentation. On this topic, it is explained in the judgment that: "[…] the prosecution's thesis in its conclusions indicated that the defendant's knowledge of the fact (a constituent element of the criminal type) was obtained in the first instance on July 3, 2008, with official communication PUCC US 707-2008, a document issued by the municipality of Grecia in which it referred to the existence of two uncaptured springs and that part of the property was within the protection zone and therefore no construction project could be developed within a 100-linear-meter radius. That this document, being addressed to the defendant, clearly meant he received it and that from that moment [Name1] had knowledge of the springs and of their protection radius, however—the two accusing entities allude—that despite this knowledge, the defendant waited a year—as part of his plan—and on August 27, 2009, filed with the municipality the application for a construction permit for a single-story family dwelling with an area of 120 square meters of construction, with the Municipality of Grecia granting it in record time—according to the prosecutor's office, a circumstantial element also to be considered to accredit the defendant's knowledge of its unlawfulness—of one day, and the permit for the construction of said dwelling was granted to him. The Procuraduría's representation adds that the defendant's knowledge that the water emergence existing on the northern boundary of his property corresponded to a spring was clear, given that he waited up to a year to carry out the procedures at the municipality, having the possibility of seeking advice during that year to determine, in accordance with the law, whether to build his dwelling. The prosecutor's office and the Procuraduría consider that these circumstantial elements give us as the only answer that the defendant had knowledge of the existence of the body of water and its protection radius, and therefore the impossibility of carrying out construction on the site. For the Tribunal, these arguments lack evidentiary support—as analyzed supra—since from the incriminating evidence itself, the indications turn out to be amphibological; let us see: a) In the first instance, regarding official communication PUCC US 707-2008, as indicated by the witness [Name13], these types of procedures were often not carried out personally; although they are addressed to the owner or titleholder of the property, this is not necessarily the person who submits the application or who retrieves it from the municipality. The witness states '...Anyone can submit the land-use application. I have been hired for special cases because it is very complicated but they are always done as if the administrado made the application. The gentleman made the application because it was signed by him and it is with his ID number but anyone could have submitted it...' (emphasis added). We have no elements to contradict, in this case, that [Name1], as he declared at trial, had hired professional services to carry out all the procedures before the municipality, as is extracted from the Digital File of the Municipality of Grecia and from the Geotec Report itself, in which it is accredited that [Name7] had the advice of the Architect in charge of the work who even submitted a sworn statement in the Municipality's file, noting that the water flow did not prevent the construction of the contracted dwelling because it was not within the protection radius, and a report—addressed to who at the time was the person in charge of construction permits, [Name17] Corrales—of the study of the Spring by the Geotec company in which reference is made that although there is a body of water, it is part of the base flow of the Quebrada Flores and the protection radius is not what the municipality is indicating in the land use, nor what [Name19] and [Name8] report as a spring. From the evidence, the version of [Name1] is actually supported regarding his lack of knowledge of the existence of a spring that affected his property and, at the moment he acquired that knowledge, he sought the advice of the person who was helping him at that time and it is when he presents the hydrogeological study that the Municipality official in charge of permits requests from him and manages to finish his construction with it. b) The speed with which the construction permit was granted and the time in which the defendant applies for it after the land use was granted, as [Name7] well indicated in his statement, could have been because he had a person within the municipality who indicated they could help or, such as from the need to have the economic resources for construction, the defendant had to process two mortgages with two different entities for the construction of the dwelling, which was accredited with the registry report and with the statements of [Name3], or as it is already demonstrated in the file, it was because he did not have money for the construction or that there was no rush to build, and that he was just processing the procedures to start his project. Furthermore, the witnesses [Name13] and [Name5] themselves were consistent in indicating that the Municipality is in charge of analyzing these documents, that this document is a necessary requirement for processing a construction permit, regardless of the time it was issued, and that the professional in charge of the Urban Planning department, who at that time was [Name17], had the obligation to verify compliance with these requirements and to grant or deny the construction permit. [Name13] refers to '...Land use is a requirement for a construction permit... the cadastral plan with visado, the use, the water availability letter and the electrical one were required, the rest very simple, stamps, being up to date on municipal tax payments, a plan sealed by the Architects Association, and the construction plan... There the official grants or does not grant, [Name17] is a former colleague architect in charge of Urban Planning. I don't remember for which year he entered, 2006 and he left in 2017, he did not hold a head position with me, he thought he was everyone's boss, but he was not my boss. His job was to grant construction permits…' None of those elements considered by the prosecutor's office and the Procuraduría prove to be serious, unequivocal, and consistent to accredit that [Name1], by the year 2009, had knowledge of what 'spring' meant, that it was 'permanent in nature,' and that as a result of this characterization affecting his property, if he carried out construction he would be violating the Ley Forestal." As can be seen, the Trial Court's argumentation went far beyond the few lines cited in both appeals and, furthermore, contrary to what is stated therein, it encompasses the arguments put forth by both the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría in their conclusions. Now, to resolve the appellants' complaints, the first thing to point out is that although on folio 6 of the digital file of the Municipality of Grecia it is observed that the land-use permit is addressed to Mr. [Name1], there is no acknowledgment of receipt noted. The appellants assume that a copy of said document was delivered directly to the interested party, a deduction they make from the fact that it was addressed to the defendant and that other official communications issued at his request appear in the file. But, equally, these other documents also do not have acknowledgments of receipt noted, so what was indicated by the witness [Name13] gains relevance, regarding that these procedures could be carried out by anyone, not necessarily the direct interested party. And this statement is compatible with the defendant's version, regarding that he left these procedures in the hands of other people. In other words, there is no proof that this document was actually in the possession of Mr. [Name1].

Furthermore, although the sworn statement signed by the architect surnamed [Name9] is dated August 2009, the appellants seem to assume—since there is also no evidence on the matter—that this professional’s involvement in the construction process of the accused’s dwelling began on the same day he signed said statement, whereas the maxims of experience indicate that generally persons interested in building or remodeling homes contract architects well in advance; these professionals begin with designs and document preparation, as well as the processing of municipal permits, and when they have completed the initial stages of document collection, they submit the contracts to the Municipalities, such that the fact that in this case the contract was dated August 2009 does not, per se, rule out that the architect surnamed [Name9] had been providing assistance to the accused for some time prior. As the appellants themselves assert, an investment as high as that involved in the construction of a dwelling demands and imposes that the interested party seek help from persons knowledgeable in the field, and this whole process takes time. Yet even hypothetically assuming that Mr. [Name1] read official communication PUCC US 707-2008, it so happens that witness [Name1], referring to its content, stated: “The document is a technical document of difficult interpretation for an administered party but of easy interpretation for colleagues of mine who practice as independent professionals. At that time no sworn statement of that type was being presented showing that the protection zone was being respected.” From this person’s testimony, it follows that not necessarily, by the mere fact that the administered party to whom the document was addressed read its content, would he automatically acquire an instantaneous understanding of its meaning and legal scope—in this specific case, what a “spring (naciente)” is and what conditions it must meet to be considered “permanent.” More importantly still, from reading official communication PUCC US 707-2008, it is evident that at no point is the administered party prohibited from constructing the dwelling; he is merely warned that part of the property was within the protection area of uncaptured springs (nacientes no captadas) 257 and 258 (without indicating their specific location), and therefore the building had to be erected outside the one-hundred-meter radius. It is noteworthy that the appellants cited certain statements by witness [Name13] in a tendentious manner regarding the fact that land-use permits (permisos de suelo) were directed to the administered parties, but they omit reference to the part where this same deponent acknowledges that such resolutions are difficult for ordinary citizens to understand. This is where the sworn statement of engineer [Name9], at folio 35 of the municipal file, takes on special relevance, because this professional, who was directly responsible for the work, affirms that the construction is located outside the protection area. The appellants make a partial reading of this document to extract the conclusion that Mr. [Name1] had official communication PUCC US 707-2008 in his possession. However, this Chamber of Appeals considers rather that this document validates the conclusions of the Trial Court, in the sense that the accused had left the construction in the hands of this professional, who was responsible for directing the construction, which makes credible Mr. [Name1]’s version that he learned that the house he was building could be affecting a protection area. Put differently, having been demonstrated that there was an engineer in charge of the work, there is no evidence to affirm that the defendant had reasons to distrust what professional [Name9] indicated in the sworn statement, or that he knew at all that what was stated therein was incorrect. For this same reason, the Attorney General’s Office’s argument—that the accused must have known that, according to the property plan, no development was possible on the property—is also not admissible. This argument is inadmissible, first, because it rests on a presumption in malam partem that the accused possessed the technical knowledge to read and interpret a plan, as well as to calculate the buildable area he could develop on his property. Second, from the literal text of official communication PUCC US 707-2008 it cannot be inferred in any way that the administered party was prohibited from building. He is simply told that the work must be outside the protection area. If, for reasons of space, it was not feasible to build a house in that location, the person responsible for determining that was precisely engineer [Name9], not the administered party. In this regard, the appellants never explain on what basis they would maintain that the accused imposed the construction on said professional despite knowing the limitation, or that there was an agreement between the two to disregard it. Third, returning to the issue of hiring a professional, the appellants also fail to explain on what piece of evidence the assertion can be sustained that the accused had reasons to distrust the indications of [Name9], as the person responsible for the building, that there was no problem with the construction, or that Mr. [Name7] possessed the technical knowledge to suspect the possible falsity of what the engineer stated in the sworn statement, which indicated that the construction would not affect the area of the water outcrops (afloramientos de agua). Moreover, it is observed that the appellants skew the witnesses’ testimony regarding the stoppage and reopening of the work. On this point, the accused testified as follows: “About three or four days later they were working, when the municipality arrives with some seals, they sealed the work and I was shocked to see what was happening, I didn’t ask anything to the one who placed the seals, I came to the municipality and asked Mr. [Name17] I don’t remember the last names and the other gentleman Esteban, I asked very worried about what was happening Mr. [Name17] told me there is nothing left but to present a study I don’t know if geological, I don’t remember the term, he recommended a Mr. [Name6], I explained the matter to him he very kindly told me he would help me, I gave him the details, the address where it was, he goes to the property, it took about seven or eight days and I was very worried one day Mr. [Name17] calls me and told me to come down I came to the municipality [Name17] was in the office with Esteban I was frightened of what they were going to say [Name17] told me: you can build whatever house you want in that place, he was very happy to see that it was a ravine (quebrada), I remember that was Monday and on Tuesday at 8 Mr. [Name17] and [Name14] went up to remove the seals and told me I could continue the work I happily, this architect [Name9] came every day to see the work and never said anything to me. When the construction was stopped the house was about 75 percent done when he goes up removes the seals I call the people and the construction continues everything continued normal everything fine house was finished everything calm everything good the house was finished I came to live there for a few days I was very happy with the house and a month later I received notification of what was happening.” Now, regarding the closure of the work, witness [Name14] testified: “On that topic whether the work was completed [Name17] saw it as far as I know he took care of it [Name17] since when the lifting of the work was carried out it fell to another inspector, since they rotated us. I wasn’t the one who went at that moment to remove the seals with [Name17] normally he was the one who went […] [Name17] was the head of the Engineering department I don’t know why he signed in that spot for person in charge of the work, the signature that is above the witness indication at that moment I remember it was the master builder who was on site, it was he who signed there. All the information I put in the record I was accompanied by [Name17], he went to do that proceeding with me and he indicated to me what I had to put that day in the record. The work progress section is located in the percentage area that says 80. I don’t remember if I had been to that place before. You cannot lift a closure if they have seals if it is within the radius of a spring (naciente) in theory but my boss was the one who made those decisions […] [Name17] who was the boss had to give the approval to lift the closure of the work […] I mentioned that because on another occasion they said right here that they were lifted but I didn’t find out when it was, or who it was, I don’t know if they were lifted or not, I can’t attest to it.” [Name5] testified: “[…] we set about gathering more data, photos, and measuring the area of the house and investigating at the municipality whether it had permits we interviewed engineer [Name17] and he indicated to us that there was a permit information was gathered and presented to the Grecia prosecutor’s office. When speaking with [Name17] we informed him that the spring (naciente) was there and he told me that if they presented a geological study of the spring (naciente) he would grant the permit. I did not know if there was a geological study we did not have access to the file. The first visit was in November 2009, I don’t remember if it was the same day or days later I spoke with [Name17] I don’t know if it was closed, I understand not […] I don’t know if [Name17] knew about the existence of the spring (naciente) but he only told me that if they present a technical study I grant the permit.” In the same vein, [Name6] stated: “The study was carried out to assess some supposed springs (manantiales) that were described in that area by SINAC and the need to carry it out arose for [Name7] because when he was going to build a house there was a complaint and the municipality was forced to suspend the construction process and they requested a study and he presented it Municipality of Grecia and at that time the municipality does not have a specialized area to carry out those assessments they sought technical environmental advice so that a private consultant like me could determine whether those effectively are or are not springs (nacientes). And I believe [Name7] sought me out at the end of 2009 and I presented the study at the beginning of 2010 […] [Name17] I met him at the municipality he is an architect acted as municipal engineer and I believe he is the person who requested the study […] Folio 100 the report is addressed to [Name17] because [Name7] asked me to address it to him. The study was because the Municipality requested it from him.” For his part, [Name13] testified: “At that time there were no geologists in the municipality. SINAC, [Name8] they do have geologists, the private work they do, I cannot evaluate it. There may be a setback that partially affects the property and outside that area one can build or it totally affects the property and one cannot build; if approved one can but should not because it is breaking the law. The municipality accepted private geological studies, extremely expensive studies, technical analyses were requested, what they tried to demonstrate was that these springs (nacientes) were incorrectly declared; when these studies were contracted once the municipality received them it did not have the capacity to evaluate they were forwarded to [Name19] they took a year or more to determine whether or not it was a spring (naciente) and whether one could or could not build, this was being done when I was there, it was requested of the taxpayer, this was done prior to construction when you as a professional had or did not have doubts whether or not it is a spring (naciente) so that it could be forwarded to the Water Directorate; in some instances the studies served, they were incorrectly declared in the majority they were not, they were correctly declared.” As can be seen, contrary to what is argued in the appeals, these witnesses state that, at the time of the events, it was possible for administered parties to submit private geological studies to the Municipality to demonstrate that a spring (naciente) had been incorrectly declared as such and, furthermore, they also support the version that Mr. [Name1] was requested by the Municipality to present a geological study to rule out the presence of permanent springs (nacientes permanentes) near the construction area, as a condition for him to be able to finish it. Additionally, they confirm that the information was handled that [Name17] was the one who took charge of addressing this situation, lifted the seals, and authorized the work to continue. But more importantly still, regardless of whether or not the Municipality’s administrative file contains a resolution ordering the lifting of the seals (an aspect that could never be attributable to the administered party but rather to the Municipality officials), what is clear is that the GEOTEC study was conducted, at the interested party’s request, which concluded that the water outcrops (afloramientos de agua) located within the accused’s property were not permanent springs (nacientes permanentes). The foregoing openly undermines the thesis maintained by the appellants that the accused acted with eventual intent (dolo eventual), given that he was informed by the inspectors of the Municipality of Grecia that the work he was building invaded the protection area of a spring (naciente), which is why it was closed, and despite this he proceeded. On the contrary—and of this there is certainty—Mr. [Name1] was provided with an expert opinion prepared by geologist [Name6], which states, categorically, that the water outcrops (afloramientos de agua) identified by SINAC were not permanent springs (nacientes permanentes), but rather a ravine (quebrada), which was precisely the same information that the accused had, and which allowed him to complete the construction. With that opinion in his possession, it is not possible to affirm that Mr. [Name7] acted with eventual intent (dolo eventual) by proceeding with the work, since he had a technical opinion—not refuted by any authority at that time—according to which the construction he was erecting was not invading any protection area (unless the appellants could demonstrate that the accused possessed the technical knowledge, or had well-founded reasons to doubt the conclusions of the GEOTEC report that endorsed the legality of the work, which they do not). Finally, according to the proven facts of the judgment, it is not true that the accused “rushed” to sell his property upon learning of the criminal case, because the case commenced in 2009, the accused was questioned on June 14, 2011 (cf. folio 17), and the negotiation of the dwelling house did not occur until 2011, that is, two years after the case was opened. None of this can be “backdated” to 2009, when the house was built, to claim that at that time he acted with intent (dolo). Based on all the foregoing, the grounds are declared without merit.

II.- As the third ground of appeal, nonconformity is claimed with the reception, incorporation, and rejection of testimonial evidence, with the consequent erroneous application of articles 204 and 352 of the Code of Criminal Procedure. It is claimed that the Court did not allow the Attorney General’s Office and the parties to conduct an exhaustive examination of witness [Name17], who was offered by the defense and mentioned by several witnesses as the municipal official who approves the municipal permit, who gives the closure order, with whom the SINAC officials communicate, to whom the GEOTEC report is addressed, therefore he was an important witness to establish the processing of the municipal permit and the issuance of the land use, as well as the information that led to the closure of the work and the existence in the Municipality of information on the matter of the springs (nacientes), including the fate of the GEOTEC report once received by the Municipality, and even the presence of the accused at the Municipality prior to the issuance of the municipal permit. However, prior to receiving his testimony at trial, the Court considered that said witness had the status of a suspect, despite the fact that neither the Public Prosecutor’s Office nor the Attorney General’s Office ever considered him under investigation and, moreover, more than 10 years had already elapsed since the events. The Court’s sole argument was that this witness had been mentioned in the SINAC report regarding the issuance of the municipal permits. The appellant states that it filed a motion to revoke, pointing out to the Court that said witness was never considered the perpetrator of any crime and that, in any event, what should have been done was to let him testify and only if some self-incrimination could be observed from his testimony could it be assessed with those elements whether it was necessary to advise him of his rights. However, the Court denied the motion and assigned him a public defender, who recommended he abstain from testifying, such that it was not possible to examine the witness. It argues that this caused harm to the Attorney General’s Office, since it was not allowed to examine a very important witness, because it should not be overlooked that the Court acquitted based on doubt regarding the knowledge the accused had of a document issued by the department where witness [Name17] worked, who was the person who issued the construction permit. It reiterates that, pursuant to article 204 of the Code of Criminal Procedure, the proper course was to allow the witness to testify and only if some responsibility were observed should he be advised of his rights, drawing attention to the fact that the Court, in order to declare him a suspect, assessed the SINAC report, despite the fact that in the present case he was never considered a possible perpetrator of a crime, thereby assessing evidence that was not permitted at this procedural stage. It requests that the challenged judgment be annulled and remand for a new trial be ordered. The ground is declared without merit. This testimonial evidence, in this Chamber’s opinion, does not have the significance the appellant seeks to give it, because as set forth in the preceding whereas clause, even hypothetically assuming that Mr. [Name1] appeared at the Municipality of Grecia to collect the construction permit, it is a document whose content is not easily understandable for an administered party—unlike for construction professionals—such that simply reading it does not ensure, as the appellants suppose, that he fully understood what a permanent spring (naciente permanente) is, exactly which part of his property they were located on, and where he could not build. Furthermore, the land-use document does not prohibit construction, but merely gives instructions that it must remain outside the protection area, there being a sworn statement by the engineer in charge of the work, in which he reports that the dwelling house would be located outside said area, without the accusers having been able to demonstrate, with compelling arguments, why responsibility for engineer [Name9], who was in charge of building the dwelling, should be transferred to Mr. [Name1], or on what pieces of evidence one could derive, with certainty, the conclusion that the accused had reasons to doubt the information given to him by the engineer he hired, about there being no problem building the dwelling on the site where it was erected, or had reasons to doubt the conclusions of the GEOTEC study, regarding whether the water outcrops (afloramientos de agua) that were less than one hundred meters from his house were not permanent springs (nacientes permanentes). In addition to the foregoing, it was explained in the preceding whereas clause that it also could not be demonstrated, with certainty, that the water outcrops (afloramientos de agua) identified by SINAC and [Name8] constituted permanent springs (nacientes permanentes), a fundamental element for the configuration of the criminal offense, a situation that was not going to change with the testimony of Mr. [Name17], such that annulment of the proceedings on this ground is also not justified. In any event—and this for greater argument—it is also not observed that the adjudicating body engaged in arbitrary conduct. The fact that a person has not been investigated within the proceedings does not exclude the possibility that he may be considered a suspect witness, insofar as he may be exposed to providing testimony in which he self-incriminates as the perpetrator of a punishable act. Regarding this topic, the appellant omits mentioning several particular circumstances that arose in this specific case. First, at the time witness [Name17] was called to the stand, the complaint filed by SINAC, visible at folios 1 to 4, had already been admitted into evidence at trial, where it expressly states: “In the event it is determined that Mr. [Name1] has no responsibility for the reported facts, we request that the actions of the Engineer of the Municipality of Grecia be investigated, as to whether an illicit act occurred in the granting of the permit within the protection area of a permanent spring (naciente permanente).” Note that in this document he is already being identified as the possible perpetrator of a crime against probity in public office. Furthermore, while it is true that this person was mentioned by other witnesses, the appellant omits setting forth what they said. Upon review of the judgment, it is found that, regarding the intervention of [Name17] in the events, [Name14] stated: “Folio 187 I am shown, that is my handwriting and the closure record that was made, it is the one they have shown me on other occasions, my signature is the one in the center, the one that says Inspector, left edge above the line person in charge of the work [Name17]. [Name17] was the head of the Engineering department I do not know why he signed in that spot for person in charge of the work, the signature that is above the witness indication at that moment I remember it was the master builder who was on site, it was he who signed there […] I do not remember having seen a visible construction permit I do know that the work had a permit because [Name17] told me so, but I do not remember seeing it in the field. [Name17] who was the boss had to give the approval to lift the closure of the work […] I do not know if [Name17] could carry out the Inspector’s tasks. He went with me because he knew that the work had a permit, he went to the site with me because he had to take charge of the matter, for the closure of a work the Inspector was required […] Normally the two of them, [Name17] and the assistant, would review whether it was affected or not, I do not know why in this case they did not realize or it was not affected because they reviewed before granting the permit. Before this I do not remember having carried out this type of proceeding.” For his part, [Name13] stated that: “I learned that the construction permit was granted because in the witness room there was a friend of mine who was a witness and that all this happened because a construction permit was granted. The witness told me yes but I cannot attest to whether it was closed or not. At that time the cadastral plan with approval was required, the use, the water availability certificate and the electrical one, the rest was very simple stamps being current on municipal tax payments, plan sealed by the College of Architects and the construction plan. There the official grants or does not grant the permit […] The construction permit can be annulled and could be granted again. There must be an administrative act and the municipal council must see that case. The permit is issued by a professional from the Planning department. I know that at that time some permits that had certain administrative problems had been annulled, I do not know if in the same case but when there is a closure it is so that the administered party resolves what the municipality requested. In the closure the administered party must be told the reason for it and he is given a certain amount of time it is established in the law […] The administered party had to request the approval and the land use from the municipality both took 15 days to be delivered, the permit requirements were usually handled by the administered party or the professional, he must collect all the rest of the requirements from a list that the municipality provided 8 to 10 requirements and plans were sealed and appraised by the College that package was presented to the municipal platform so that it could be forwarded to urban planning and construction control which took 10 days to grant or not the permit or construction license. The professional had to review everything presented by the administered party. If there was doubt help was requested from the legal or cadastral department and if the doubt persisted a more qualified professional was sought. If there was doubt the [Name19] had to be consulted to verify the existence and number of the spring (naciente). Protocols exist that established the function of each professional but internal control was not as specialized as it is now, I do not know if the professional did it or not.” Note how, in addition to the SINAC complaint, in this particular case, from what the witnesses testified, possible irregular actions emerge on the part of Mr. [Name17] in the exercise of his duties, not only regarding the allegedly hasty granting of the construction permits, but also regarding the granting of authorization for the resumption of work without complying with administrative procedures, which already allowed the Court, from that moment, to glimpse that the eventual testimony this person might give could hold him responsible for his intervention in these events. In a case very similar to the one before us, the Sentencing Appeals Court, through vote No. 2020-1121 of 10:25 a.m. on July 8, 2020—cited incompletely by the appellant—ruled in the following terms: “In the arguments raised, it is disputed that it was not possible to extract quality information by reproducing what the witness testified, nor was the complainant and civil plaintiff allowed to conduct an effective examination to establish the responsibilities of the accused and civil defendant. This is because, despite the fact that the judge did not use the common procedure upon receiving the testimony of a ‘suspect witness’ (constitutional warnings regarding his right to abstain and to have legal counsel, since he must be afforded the same treatment as any accused), he did limit the parties in the sense that they could not formulate an examination whose answers could result in ‘self-incrimination.’ First, it should be noted that a witness ‘is one who, without being the accused, expresses the knowledge he has regarding the facts around which the proceedings revolve, knowledge acquired by any of his senses.’ (Llobet Rodríguez, Javier, Proceso Penal Comentado, 6th edition, San José, Editorial Continental, 2017, p. 349), whereas, for its part, article 81 of the Code of Criminal Procedure establishes that the accused is ‘anyone who, through any investigative act or proceeding, is identified as the possible perpetrator of the punishable act or participant in it,’ such that the limits of state and private punitive activity are thereby established in order to protect the rights and guarantees that correspond to each of these subjects in the proceedings, among which are the right to technical assistance and the right to abstain (article 36 of the Political Constitution) and even the right to abstain for witnesses, in the case of the scenarios contemplated in article 205 of the Code of Criminal Procedure. This preamble allows us to affirm that, while it is true, pursuant to article 204 of the Code of Criminal Procedure, the witness has a legal duty to comply with the judicial summons and, under oath, testify, this includes exceptions, among them: that he exercises the right to abstain, by virtue of a blood or affinity relationship with the accused himself, according to the rules of article 205 of the Code of Criminal Procedure; that the facts about which his testimony is required could criminally incriminate him (a scenario that has been assigned, in practice, the denomination of ‘suspect witness’) or that he appears as an acquitted or dismissed accused for the events to which he must refer. That is, when from the background of the proceedings the possibility arises of attributing some responsibility to him in the events investigated, or accused, as the case may be, and even of self-incrimination (without any party having raised it in that manner), the person (‘suspect witness’) is assisted by the right to abstain and to have legal counsel. Although the establishment and determination of this figure has presented serious difficulties, since it can even generate arbitrariness, the fact is that it derives from article 91 of the Code of Criminal Procedure which states ‘When there is sufficient reason to suspect that a person has participated in the commission of a punishable act, the Public Prosecutor’s Office official in charge of the investigation shall proceed to take his statement, in accordance with the provisions of this code’ (bold text not in original), but such condition (of ‘suspect witness’) may be validly excluded when the ‘suspicion’ that attributes that condition to him disappears or dissipates over the course of the proceedings on the occasion of the admission of legitimate evidence that rules out his involvement in the punishable act or if, having applied a criterion of opportunity, in accordance with the regulation of articles 22 and 23 of the Code of Criminal Procedure, and after the fifteen-day period following the finality of the respective judgment, the expectation of the prosecuting entity was satisfied.

Regarding this premise, it must be noted that if, in the particular case, the Public Prosecutor's Office or the Procuraduría General de la República, as depositaries of the criminal action, decided not to accuse [Nombre21] and reserved the possibility of keeping him as a witness by reason of minimal participation, for example, they had the real and legal possibility of applying this institute and thereby avoiding these discussions. However, having not proceeded in that manner, what was legally expected was that the court, prior to receiving the statement of [Nombre21], would inform him of his constitutional right of abstention and grant him the possibility of having a public defender or one of his own choosing, which, in any case, did not exempt the judge from remaining attentive and warning of any circumstance that could entail responsibility for the declarant and thus taking actions to guarantee his rights.” Naturally, the need for the Trial Court, prior to receiving a witness, to warn him of his status as a “suspect” and inform him of his right to abstain from testifying, must be assessed according to the characteristics and particularities of each specific case, since on many occasions there are no objectively verifiable elements that, ex ante and reasonably, allow the Court to assess that this person could incriminate himself when giving testimony, so it will be only at the moment when he presents his testimony that such elements could come to light, for which reason the judges must be very attentive to the person's account, ready to inform him of his rights and warn him about the possibility of being assisted by a defender. However, in this particular case, according to the evidence received in trial, such indicators did exist and were timely perceived by the Court, so that the judging body acted in accordance with the Law when informing Mr. [Nombre17] that he could be assisted by a defense attorney. Therefore, the ground is declared without merit.

III.- As a fourth ground of the appeal, nonconformity is claimed with the reopening of the trial (debate), ordered by the Court for incurring in a lack of intellectual and evidentiary reasoning, in violation of the principle of freedom of evidence. The appellant reproaches that, after the closing arguments stage had concluded, the Trial Court ordered the reopening of the trial based on Article 362 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), but never substantiated the need to request such new evidence, especially because technical evidence had already been submitted to the proceedings under the principle of freedom of evidence. After transcribing the responses that the Dirección de Aguas sent to the Trial Court, the appellant reproaches that said institution replied to the judging body that it was not possible to address some of its concerns, since that would take more time and it was also necessary to carry out an inspection in the summer of 2022, a technical aspect that was already known to the Court since from the beginning the geologists who testified in trial indicated that a study of this nature should be carried out in the dry season. However, the Court, without foundation, makes the decision to require a technical opinion in the middle of the rainy season, and after the Dirección de Aguas issues the report, the judges take some aspects of it to qualify the Dirección de Aguas study as “empirical,” question the technical information, and increase doubt. The appellant requests that the challenged judgment be annulled and a remand be ordered for new proceedings. The ground is declared without merit. Article 362 of the Code of Criminal Procedure provides that: “If the court deems, during deliberation, it is absolutely necessary to receive new evidence or expand upon the evidence already submitted, it may order the reopening of the trial for that purpose. The discussion shall then be limited to the examination of the new elements of assessment provided.” Note that, from the wording of the norm, it is not implied that, to order the reopening of the trial, the Court must substantiate its decision profusely. The only thing required is that during deliberation the judges consider it absolutely indispensable to receive such evidence, it being sufficient to inform the parties of their decision, who, in any case, must have access to the examination of this new evidence. The article does not foresee the possibility that the parties may oppose that reopening and/or question the Court’s motivations. Hence, the appellant's argument that said evidence was unnecessary because sufficient technical evidence already existed to prove the accused facts constitutes a particular consideration about the case that, by itself, does not determine that the Trial Court’s action, in this specific case, was arbitrary. As explained in the second whereas clause (considerando) of this decision, the judging body had opposing criteria between the expert reports of SENARE and Geotec on the characterization of the bodies of water located on the defendant’s property, so in this Chamber’s view it was reasonable to consult the Dirección de Aguas, which is precisely the competent entity to determine if an upwelling (afloramiento) can be classified as a permanent spring (naciente permanente). Commenting on the scope of this Article 362, national doctrine notes that: “This is a problematic norm from the perspective of the judge's impartiality [...] It is assumed that the reopening of the evidence can be ordered both to request evidence that could harm the defendant, and to request evidence that could favor him [...] However, in practice, the reopening of the trial is ordered in cases where it is intended to bring incriminating evidence against the defendant. The correct approach is that if during deliberation there is doubt, what is appropriate is the issuance of an acquittal and not ordering the reopening of the trial to request additional evidence [...] The logical approach is that when ordering the reopening, incriminating evidence cannot be ordered, but only exculpatory evidence, as proposed by [Nombre22], but this remains problematic, since against what is foreseen, the result may end up harming the defendant [...] It must be insisted that if there is doubt, what corresponds is to acquit. However, the reopening of the trial in practice has not followed that criterion and is frequently ordered seeking to complete the incriminating evidence of the Public Prosecutor's Office, against the accusatory principle and impartiality [...] The justification that is tried to be given to the evidence ordered upon opening the trial is that it is a measure for better provision based on the principle of 'material truth.' It must be exercised only in exceptional cases, as it alters the normal order of the process. Therefore, it is required that it be 'absolutely necessary' to receive new evidence” ([Nombre23], Javier. Proceso Penal Comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 6th edition, 2017, pp.- 546-547). Starting from the above, if in the specific case the Trial Court had doubts about the characterization of the body of water under study, what it should have done was to directly acquit the defendant in application of the principle in dubio pro reo, instead of reopening the trial to request this report from the Dirección de Aguas, the result of which could well have ended up favoring the accusatory thesis. Consequently, the assertion that this action by the Trial Court caused “grievance” to the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría is unacceptable, since it could perfectly have happened that this new evidence rather came to strengthen their position, regarding that the water upwelling (afloramiento de agua) was indeed a permanent spring (naciente permanente), because it was fed by groundwater, allowing the Court to opt for the expert report prepared by SENARE, so that the one who could have been harmed was Mr. [Nombre1] himself. On the other hand, the claim that said evidence was impertinent is not receivable, since the geologist [Nombre4] had warned that this type of field investigation, such as the one the Court requested from the Dirección de Aguas, had to be done in the dry season. As indicated in the second whereas clause (considerando) of this decision, the responsibility for this situation is not transferable to the judging body, since, if it was known from the beginning that by legal provision the characterization of an upwelling (afloramiento) corresponded to the Dirección de Aguas, it is not understood why then, during the preparatory stage, neither the Public Prosecutor's Office nor the Procuraduría General de la República ever requested the technical opinion of said agency. Hence, it is not the Court's responsibility that, when its members determined the need to have this study, it was not possible for the Dirección de Aguas to carry it out, due to the time of year in which the trial was held, it being necessary to reiterate here that this problem would not have arisen if, previously, the accusing party had taken care to bring this evidence to the case file. Therefore, the ground is declared without merit.

IV.- As a fifth ground of the appeal, a lack of reasoning for the rejection of the request for the demolition of the construction is claimed. In summary, the appellant argues that the reasoning of the judgment regarding this point is insufficient, by not analyzing the evidence that determines the existence of a spring (naciente) and a protection zone, but above all by not carrying out any legal reasoning and not taking into account the precautionary principle (principio precautorio) and the pro natura principle (principio pro natura), which must be observed when dealing with actions against the environment. The ground is declared without merit. The problem with the appellant's argumentation is that in all the cases that gave rise to the jurisprudential precedents cited (both from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and the Courts of Appeal), regardless of the defendant's acquittal, it was demonstrated that there was an invasion of a protection area, as well as a real impact on the environment. However, that is precisely what was not proven in the case under study. Indeed, the facts that were held as proven in the judgment were the following: “FIRST: In the year 2008, the defendant [Nombre1] built a dwelling on the property located in San Isidro de Grecia, [Dirección11], property registered in the Alajuela district, real folio registration number CED15, geographic location at horizontal coordinates [Dirección12] and vertical [Dirección13], Naranjo cartographic sheet, scale 1:50,000, measuring 3,300 square meters and through which a body of water runs. SECOND: By the month of April 2011, the indictee [Nombre1], knowing about criminal case number 09-204266-0331-Pe pending against him for the crime of Violation of the Forestry Law (Infracción ley Forestal), where the object upon which said forestry violation falls was the property in the Alajuela district, real folio registration number CED15, sells it to the victims [Nombre2] and [Nombre3] for the sum of ONE HUNDRED THIRTY MILLION COLONES, hiding from them the criminal case 09-204266-0331-PE, in which limitations to the property were discussed that made enjoyment of it impossible, producing economic harm to their patrimony. THIRD: That the indictee [Nombre1] has no prior convictions.” Note that one of the reasons why the defendant was acquitted is precisely that the incriminating technical evidence was insufficient to demonstrate that this body of water was a permanent spring (naciente permanente). And if this is so, the existence of environmental damage cannot be affirmed either, so under these circumstances it would be arbitrary to order the demolition of the construction. Therefore, the ground is declared without merit.

POR TANTO:

The appeals against the judgment filed by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República are declared without merit.

José Alberto Rojas Chacón Yadira Godínez Segura Karina Redondo Gómez Judge and Judges of Appeal of Judgment Against: [Nombre1] Crime: Infracción a la Ley Forestal To the detriment of: Los Recursos Naturales [Nombre24] Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or onerous distribution is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:34:26.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Testigo sospechoso Subtemas:

Necesidad de que previo a la recepción de un testigo se le advierta de su condición de ”sospechoso” y derecho de abstenerse a declarar debe valorarse en cada caso concreto.

Tema: Derecho de abstención en el proceso penal Subtemas:

Necesidad de que previo a la recepción de un testigo se le advierta de su condición de ”sospechoso” y derecho de abstenerse a declarar debe valorarse en cada caso concreto.

"II. [...] el Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante el voto No. [Telf1] de las 10:25 horas del 8 de julio de 2020 -citado de manera incompleta por el recurrente- se pronunció en los siguientes términos: “En los argumentos que se plantean, se discute que no fue posible extraer información de calidad con la reproducción de lo declarado por el testigo, ni mucho menos se permitió al querellante y actor civil ejercer un interrogatorio eficaz para establecer las responsabilidades del imputado y demandado civil. Lo anterior porque, pese a que el juzgador no utilizó el procedimiento común ante la recepción de la declaración de un "testigo sospechoso" (advertencias constitucionales sobre su derecho de abstención y a contar con un acompañamiento letrado, ya que debe dispensársele el mismo trato que a cualquier imputado), sí limitó a las partes en el sentido de que no podían formular un interrogatorio cuyas respuestas pudieren derivar en una "autoincriminación." Naturalmente, la necesidad de que el Tribunal de Juicio, previo a la recepción de un testigo, le advierta de su condición de ”sospechoso” y le informe de su derecho de abstenerse de declarar, deberá valorarse de acuerdo a las características y particularidades de cada caso concreto, pues en muchas ocasiones no existen elementos objetivamente constatables que, ex ante y razonablemente, permitan al Tribunal valorar que esta persona podría comprometerse a sí misma al rendir declaración, por lo que se será hasta el momento en que ésta exponga su testimonio, que tales elementos podrían surgir a la luz, por lo cual los juzgadores deben estar muy atentos al relato de la persona, prestos a informarle de sus derechos y prevenirle sobre la posibilidad de ser asistido por un defensor." ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Prueba para mejor proveer en materia penal Subtemas:

Reapertura del debate no exige una fundamentación profusa y las partes no tienen posibilidad de oponerse y/o cuestionar las motivaciones del tribunal.

Tema: Debate Subtemas:

Reapertura del debate no exige una fundamentación profusa y las partes no tienen posibilidad de oponerse y/o cuestionar las motivaciones del tribunal.

"III. [...] El artículo 362 del Código Procesal Penal dispone que: “Si el tribunal estima, durante la deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos elementos de apreciación aportados”. Nótese que, de la redacción de la norma, no se desprende que, para disponer la reapertura del debate, el Tribunal deba fundamentar de manera profusa su decisión. Lo único que se exige, es que durante la deliberación los juzgadores consideren absolutamente indispensable recibir esa prueba, bastando con que informen de su decisión a las partes que, en todo caso, deberán tener acceso al examen de esta prueba nueva. El artículo no prevé la posibilidad de que las partes puedan oponerse a esa reapertura y/o cuestionar las motivaciones del Tribunal. De ahí entonces que el alegato del apelante, respecto a que dicha prueba era innecesaria porque ya existía prueba técnica suficiente para acreditar los hechos acusados, constituye una consideración particular sobre el caso que, por sí sola, no determina que la actuación del Tribunal de Juicio, en este caso concreto, fuese arbitraria. Tal como se explicó en el considerando segundo de la presente resolución, el órgano juzgador contaba con criterios contrapuestos entre los peritajes de SENARE y Geotec sobre la caracterización de los cuerpos de agua ubicados en la finca del imputado, por lo que a criterio de esta Cámara resultaba razonable consultar a la Dirección de Aguas, que es precisamente la entidad competente para determinar si un afloramiento puede ser calificado como una naciente permanente. Comentando los alcances de este artículo 362, señala la doctrina nacional que: “ Se trata de una norma problemática desde la perspectiva de la imparcialidad del juzgador […] Se parte de que la reapertura de la prueba se puede disponer tanto para pedir prueba que pueda perjudicar al imputado, como para solicitar prueba que lo pueda favorecer [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 24569029 _____________________________________________________________________________________________ Res: 2022-001109 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , costarricense, cédula de identidad número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces José Alberto Rojas Chacón, Yadira Godínez Segura y Karina Redondo Gómez. Se apersonan en apelación de sentencia, el licenciado Arturo Figueroa García, en condición de representante del Ministerio Público, el Procurador Penal, Randall Aguirre Mena y la licenciada Jeannette Salazar Araya, en condición de representante legal de la querellante y actora civil, señora [Nombre2] .

RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 154-TGRE-2021 de las dieciséis horas quince minutos del dos de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sede Grecia, resolvió: "POR TANTO: De acuerdo con las pruebas recabadas, reglas de la sana crítica racional, numerales 39, 41, 46 y 50 de la Constitución Política, ordinales 1, 2, 4, 11, 14, 16, 18 a 20, 30, 31, 34, 45, 50, 51, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 103, 110, 216 inciso 2) y 217 inciso 2) del Código Penal; artículos 1, 33 inciso a) y 58 inciso a) de la Ley Forestal; 1, 2, 3, 17, 32, 50, 51, 52, 98, 99 inciso h) y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 32 de la Ley de Aguas, numerales 1 a 7, 8, 9, 10, 11 a 13, 15 al 17, 30 a 34, 40, 72 a 80, 111 a 124, 140, 142, 267 a 269, 270, 341, 343, 349, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal; artículos 1, 2, 4, 5 y 41.1 del Código Procesal Civil (Ley No. 9342), 1163 y 1045 del Código Civil, numerales 122, 123, 124 y 125 de la Reglas de Responsabilidad Civil vigentes del Código Penal de 1941; artículos 18 y 45 del Decreto número 32493-J, Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, modificado por Decretos32683-J Y 34442-J; y numerales 16 y 39 del Decreto Número 36562-J; este Tribunal Colegiado, por unanimidad de sus votos resuelve: I) Se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] por el delito de INVASIÓN a un ÁREA DE PROTECCIÓN uqe en perjuicio del ESTADO se le venia atribuyendo. II) Se declara al imputado [Nombre1] autor responsable de un DELITO DE ESTELIONATO en perjuicio de [Nombre2] y [Nombre3] y en tal carácter se le impone la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los reglamentos penitenciarios. III) Se concede al imputado [Nombre1] el BENEFICIO de EJECUCIÓN CONDICIONAL de la PENA por un periodo de TRES AÑOS periodo en el cual no podrá cometer nuevo delito doloso sancionado con pena privativa de libertad superior a los seis meses de prisión, en caso contrario se le podrá revocar dicho beneficio y deberá descontar la prisión ahora impuesta según corresponda. Una vez firme esta sentencia, inscríbase en el Registro Judicial, comuníquese al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de sus cargos. IV) Sobre al acción civil resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República contra el demandado civil [Nombre1] : SE DECLARA SIN LUGAR. V) Sobre la acción civil resarcitoria promovida por la actora civil [Nombre2] en contra del demandado civil [Nombre1] , SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, únicamente, por concepto de DAÑO MORAL y se le condena al pago de la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES, más intereses legales a partir del momento de la firmeza de la sentencia y la indexación sobre dicho monto. VI) Sobre la acción civil resarcitoria promovida por la actora civil [Nombre2] en contra de la Municipalidad de Grecia, SE DECLARA SIN LUGAR LA MISMA. VII) Sobre la scostas y gastos del proceso: Se condena al señor [Nombre1] al pago de los honorarios de la representación legal de la señora [Nombre2] , sobre el monto ahora liquidado del Daño Moral, por al suma de TRES MILLONES DE COLONES correspondientes al ejercicio de la Acción Civil Resarcitoria, así como al pago de la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES por ejercicio y presentación de la QUERELLA, misma que se realizó en conjunto con la acción civil. Tales sumas deberá cancelarlas el demandado civil por simple orden del Tribunal y a la firmeza de este fallo, caso contrario deberá acudir la parte interesada al proceso de Ejecución de Sentencia según lo dispone el ordinal 488 del Código Procesal Penal. Las demás partes asumen cada una con los gastos del proceso. VII) Sobre la restitución de las cosas a su estado anterior: Se declara sin lugar la solicitud de demolición. VIII) Se ordena levantar la anotación que pesa al margen del asiento de inscripción de la finca del Partido de alajuela, matrícula [Placa1], una vez firme la sentencia. Para la lectura de la sentencia integral se fijan dieciséis horas del nueve de noviembre de año dos mil veintiuno. MEDIANTE LECTURA NOTIFÍQUESE. Pablo Vargas Rojas. Esmeralda Arguedas Carballo. Yineth Portuguéz Herrera. Juez y Juezas de Juicio".

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Arturo Figueroa García y Randall Aguirre Mena, han interpuesto recursos de apelación de sentencia.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Rojas Chacón; y,

CONSIDERANDO:

I.- Como único motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la representación del Ministerio Público, se reclama fundamentación contradictoria, violación a las reglas de la sana crítica e inconformidad con el análisis de las pruebas. Fustiga al Tribunal haber realizado un análisis selectivo y erróneo de la prueba, pues sin valorar en forma integral los criterios técnicos recibidos, encontraron dudas en cuanto a la comprensión que pudiera tener el imputado sobre las exigencias del tipo penal previsto en el artículo 58 de la Ley Forestal y sobre el carácter de la naciente, ya que los juzgadores consideraron que era necesario establecer la existencia de un acuífero en la zona, y pese a lo indicado en juicio por el perito hidro geólogo, [Nombre4] , quien explicó el motivo de una naciente en la zona y de una invasión al área de protección, el A quo se decantó por un argumento que no se sostiene, pues señalan que el estudio de FUNDEVI, utilizado para establecer la existencia de la naciente, señalaba que existía una diferencia en cuanto a la profundidad de las aguas en el sitio, con relación al nivel del mar, indicando que no existió perforación, pero los jueces dejaron de lado los criterios de varios profesionales geólogos y técnicos en la materia, que claramente refirieron que las características de rompimiento en las rocas, la condición topográfica y la existencia de pozos en la zona, determinaban la existencia de acuíferos y que históricamente el cuerpo de agua resultaba ser una naciente que da origen a la quebrada Flores, que inicia desde la naciente y no hay más aporte que el subterráneo, que dicha naciente mantiene su caudal durante todo el año, siendo permanente y así lo declararon [Nombre4] y [Nombre5] . Luego de transcribir un fragmento del fallo, reprocha al Tribunal de mérito no haber analizado que, ya desde la solicitud de permisos, se aportó al imputado información clara de la existencia de nacientes de agua en la zona y que debía respetar el área de protección, pero, violentando la sana crítica racional, el A quo razona que, aun cuando el imputado era el interesado en la obra, cualquier otra persona podía recibir todos los documentos que se iba agregando al expediente de construcción, y como existía un ingeniero encargado de la obra, no tenía el acusado por qué conocer dichos documentos. Sin embargo, el apelante considera que el fallo es omiso en su análisis, al establecerse que en presencia del encartado clausuraron la obra, que en la visita del 18 de noviembre de 2019 estuvieron presentes los personeros del SINAC para dichos efectos, y que pese a la clausura posterior a la visita (cuando ya el conocimiento de la existencia de la naciente era claro), continuó con sus obras invasoras en el sitio. Fustiga que el fallo pretenda establecer que, pese a lo anterior, se desconocía que infringía la ley. Considera que el fallo es ayuno de fundamentación en este extremo, pues según la prueba recibida y el correcto entender humano, ante dichas circunstancias se debía acudir a fuentes que podrían, ya desde ese momento, establecer claramente la existencia de la naciente que estaba invadiendo con la construcción realizada, dejando de lado que desde el 2007, en documentación relacionada con la construcción, se le venía indicando que la existencia del área de protección en la zona (expediente de la Municipalidad de Grecia). Luego de citar otros extractos del fallo, acusa que el análisis probatorio fue sesgado y las exigencias del Tribunal rebasan los criterios técnicos recibidos en debate, pues dejaron de lado lo dicho por el geólogo [Nombre4] [Nombre4] y los últimos dictámenes emitidos por la Dirección de Aguas, que establecían la existencia de una naciente en la zona. Reclama que el Tribunal se apartó del principio de libertad probatoria, puesto que la existencia de la naciente se podía demostrar a través de cualquier medio de prueba idóneo, pero en su lugar se reabrió el debate sin fundamento, para obtener un criterio del Departamento de Aguas, que pese a establecer la existencia de la naciente en la zona, no fue suficiente para el Tribunal sentenciador, pues aduce una duda por la nomenclatura utilizada al ubicar la naciente, una duda por la ubicación de los puntos en estudio denominadas nacientes, dejando de lado que, pese a la nomenclatura y las coordenadas utilizadas, todas ellas establecían una invasión mayor o menor al área de protección, circunstancia que no afectaba la comprobación de una invasión en el caso concreto, pues incluso el informe del GEOTEC, realizado por [Nombre6] , establece la existencia del manantial o naciente 257, que da origen a la quebrada Flores y se ubica a [Dirección1] de la finca, determinándose la invasión con la declaración de este perito. Reclama que no se analizó el comportamiento posterior del imputado, como tampoco se motiva por qué no se ordenó el reestablecimiento de las cosas al estado anterior, vulnerando el principio pro natura. Solicita se anule el fallo impugnado y se ordene reenvío en lo relacionado a la Infracción de la Ley Forestal. Como primer motivo del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República, en su condición de querellante y actor civil, se reclama falta de fundamentación intelectiva y errónea valoración de la prueba, con violación al principio de libertad probatoria en lo relacionado con la absolutoria de [Nombre7] por el delito de Infracción a la Ley Forestal, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria. Refiere que se acusó al encartado haber invadido la zona de protección de las nacientes 257 y 258, pese a haber sido advertido por la Municipalidad de Grecia sobre la existencia de éstas y el deber de realizar la construcción fuera del radio de los 100 metros, pese lo cual levantó la edificación dentro de dicha zona. Señala que el Tribunal sustentó la absolutoria en la duda sobre la caracterización del cuerpo de agua existente en el lugar, así como una duda en la ubicación de ésta. A ello opone varios reclamos: a) En cuanto a la duda sobre la existencia de aguas subterráneas a nivel superficial, que incide en la determinación de la naciente en la propiedad del imputado. Luego de transcribir un fragmento de los fundamentos del fallo, reprocha que el Tribunal trató de manera injustificada de empíricos los informes técnicos emitidos por instituciones serias como el [Nombre8] y la Dirección de Aguas, estudios que fueron incorporados con el propósito de validar de manera parcial el criterio del geólogo [Nombre6] [Nombre6] (aportado por la defensa), y a partir de ahí sustentar la existencia de una duda. Señala que, según el Tribunal, no bastaba con una inspección en el sitio, sino que debía hacerse un análisis para poder establecer el nivel freático existente en el lugar y, a partir de ello, establecer si hay un afloramiento. Señala que este argumento, en esencia, se basa en un estudio de FUNDEVI y de la Universidad de Costa Rica elaborado en el 2007 (que no fueron aportados al contradictorio), que se citan únicamente por el [Nombre8] en el oficio DIGH-UGH-OF-086-2012 como una referencia de ubicación en general de acuíferos, y el cual es cuestionado luego por el perito de la defensa, utilizando justamente la afirmación de que el nivel freático en el sitio se encuentra a 70 metros. Sin embargo -prosigue el apelante- el Tribunal dejó de valorar y analizar una serie de elementos probatorios que explican por qué en el sitio el nivel freático era superficial y no se encuentra a 70 metros y mucho menos que se requiera determinar la profundidad de los pozos para poder establecer este aspecto. Reprocha que los jueces se limitan a citar el informe de GEOTEC, emitido por [Nombre6] , en el cual ni siquiera existe un análisis imperante en el nivel freático, llamando la atención que no fue examinado por el Tribunal, el cual se quedó con unas afirmaciones emitidas en el contradictorio por dicho geólogo, pese a que en el informe de GEOTEC contiene una serie de afirmaciones que dan cuenta de que en el sitio existen brotes de agua, pero concluye de manera contradictoria que lo que existe ahí es una quebrada. Señala el apelante que el Tribunal afirma que se debía realizar un estudio de aguas subterráneas, porque existe un estudio de FUNDEVI y la UCR emitido en el 2007 que establecen una zona geográfica amplia (no en el lugar de los hechos específicos) que el nivel freático estaba a 70 metros, de lo que deriva que no hay afloramiento. Sin embargo, los jueces no valoran que en el informe de GEOTEC, en donde se establece que en el lugar existen brotes de agua, que hay un grupo de manantiales e incluso que aflora un caudal pequeño de orden de los 0.5 litros por segundo, cuestionándose el apelante cómo sería esto posible si el nivel freático estuviera a 70 metros, lo cual no es lógico, pese a lo cual los jueces afirman que era necesario un análisis de éste, porque un estudio del 2007 señalaba que el nivel freático estaba a 70 metros en una zona geográfica, argumento que riñe con la derivación de la prueba y los hallazgos en el sitio que se consigna en el informe de GEOTEC del año 2010. Por otra parte, acusa que el Tribunal no valoró que en el informe del [Nombre8] DIGH-UGH-OF-086-2012 se explica, desde el punto de vista técnico, por qué en el sitio sí había una naciente, prueba que no fue valorada, de ahí que no es sostenible el argumento de que no existe una explicación técnica del por qué en el lugar no existen aguas superficiales que provienen del agua subterránea, lo que implica que el nivel freático es superficial y de ahí la inexistencia de una naciente. Considera que el Tribunal parte de premisas falsas al considerar empíricos los informes técnicos, donde se explica por qué el nivel freático era superficial (por lo que no era necesario el estudio que los jueces echan de menos), como también cuando apela a criterios de autoridad para señalar que sólo por ser [Nombre8] hay que creerle y considerar qué es una naciente. También fustiga que no se analizó lo depuesto por el geólogo Rafael Matamoros, quien dijo que al visitar al sitio encontró fractura de roca, lo cual solo es posible si existe agua subterránea que aflora y que para que nazca una quebrada se necesita gran cantidad de agua saliendo a la superficie, lo cual se determinó con base en la inspección que realizó el geólogo del [Nombre8] al lugar de los hechos y se deriva de las afirmaciones contenidas en el informe del GEOTEC, nada de lo cual fue analizado y, en su lugar, se hizo prevalecer un estudio del 2007. Cuestiona que el Tribunal tampoco valorara lo que el mismo perito de la defensa dijo sobre la existencia de brotes de agua y el hecho de que, para explicar esto, lo que hay son aguas servidas que hacen que el agua salga a la superficie, pese a que en el propio oficio DA-UHTPCOSR-240-2019 de la Dirección de Aguas, traído al proceso e incorporado por el propio Tribunal, se afirma que en el sitio no hay aguas pluviales y que el caudal inicia en la fractura del paredón y se mantiene en época seca y lluviosa en el mismo punto, que es una naciente donde nace la quebrada Flores. En consecuencia, sí es una naciente para la Dirección de Aguas, por el hecho de que existe afloramiento de aguas subterráneas. Cuestiona que el perito [Nombre6] fue complaciente y no es la primera vez que en un proceso penal sostiene que hay una quebrada donde hay una naciente, sin que en la sentencia hay pronunciamiento sobre los cuestionamientos que hizo la Procuraduría en sus conclusiones a este perito. Agrega que en el expediente de la Municipalidad hay una declaración jurada del Ingeniero [Nombre9] Alfaro la cual descarta que en la finca haya descarga de aguas servidas, como afirmó el perito [Nombre6] . El apelante enumera una serie de informes y oficios incorporados como prueba que, a su criterio, es contundente respecto al carácter de naciente permanente del cuerpo de agua que se ubica en la propiedad y fustiga que el Tribunal haya dudado de la existencia de aquella, por el hecho de que no se hicieron estudios de profundidad de aguas subterráneas, acusando que esta prueba fue valorada de manera fraccionada y omisiva. b) En cuanto a la existencia de la duda sobre el lugar de la ubicación de la naciente: Luego de transcribir un fragmento de los fundamentos del fallo, señala que los hechos que se imputan al señor [Nombre1] es que, pese a haber sido advertido por parte de la Municipalidad sobre la existencia de dos nacientes de agua no captadas, denominadas 257 y 258 dentro de su propiedad, y que la construcción debía realizarse fuera de los 100 metros de área de protección, hizo caso omiso y construyó su vivienda, por lo que el thema probandum del proceso se limita a establecer su dicha edificación fue levantada dentro del área de protección de dichas nacientes, Señala que el oficio PUSS-US-707-208 (expediente municipal) dirigido al imputado, advierte la existencia de dos nacientes no captadas dentro de su propiedad y que el desarrollo debe estar fuera del radio de los 100 metros y, aunque no se especifican las coordenadas geográficas de las nacientes, es una advertencia al encartado de que existen dos nacientes en su propiedad y la obligación de realizar cualquier desarrollo fuera de dicha zona. En la denuncia del SINAC al Ministerio Público, oficio SOC-1434, se indica que a [Dirección2] metros de la casa de habitación se observa una naciente que es de carácter permanente, documento donde se citan las coordenadas de ubicación del inmueble, pero no de las nacientes. En el expediente municipal consta un acta de clausura de obras de fecha 19 de noviembre de 2009, donde se clausura la obra de [Nombre7] porque la construcción se ubica dentro del área de protección de la naciente 257, aunque tampoco se citan las coordenadas de ésta. Luego se aporta el dictamen 0718-ING-2011 de Ingeniería Forense, que concluye que la casa se encuentra dentro de los 100 metros horizontales de la naciente; tampoco se ubican las coordenadas de la naciente. El informe DIGH-UGH-OF-086-2012 del [Nombre8] es el primero que detalla las coordenadas geográficas donde, según los registros del SENARA, se ubica la naciente NAC-1189, prueba que se realizó a solicitud del Ministerio Público para determinar la existencia de la naciente y el carácter permanente de ésta, así como para contar con un criterio técnico que analizara el informe de GEOTEC que se encontraba en el expediente de la Municipalidad, según el cual lo que había ahí era una quebrada, concluyendo el [Nombre8] que había una naciente. Incluso -prosigue el apelante- en el expediente municipal hay una declaración jurada, no analizada por el Tribunal, donde se establece que la propiedad tiene una afectación de una naciente no captada de agua, pero que la construcción se ubica fuera del área de protección. Partiendo de lo anterior, el recurrente arguye que la prueba corrobora que en la propiedad existía al menos una naciente, que la edificación levantada se encontraba dentro de la zona de protección de ésta, y que la nomenclatura asignada a la naciente, que en principio fue 257 y 258, que luego se indica que en [Nombre8] aparece como la NAC-1189, no afecta ni incide en la acreditación del cuadro fáctico acusado e, incluso, las coordenadas geográficas, que son un dato que surge hasta la visita de SENARA, luego de que GEOTEC había realizado ya una visita al lugar y establecido sus coordenadas, tampoco inciden en los hechos, y ello obedece a un aspecto que el Tribunal no reparó en su análisis y tampoco valoró, como es la declaración de [Nombre10] , quien afirmó categóricamente que realizó una visita al lugar y ubica una naciente, que luego a ese mismo lugar fue con el perito del [Nombre11]., que también fue con el de SENARA, que en las trece ocasiones siempre bajó al mismo punto de afloramiento, por lo que es claro que la naciente que se ubica en el sitio como punto de referencia es la misma, y es la que determina que las construcciones realizadas se encuentran dentro de las 100 metros del área de protección. Incluso, el informe de GEOTEC, se ubica la naciente 257 y establece que la misma es donde se origina la quebrada, dato que no había sido suministrado por la Municipalidad ni por el SINAC en su denuncia, pues en la denuncia solo se hace alusión a la existencia de la naciente, pero no al origen de la quebrada, aspecto que fue determinado por el Geólogo [Nombre6] en su informe, que no fue ponderado por el Tribunal, aunado a que en su informe se describe como figura 3.1 se ubica la naciente 257 como una naciente no captada y la más cercana al inmueble propiedad del imputado, incluso ubica el punto de la esquina de la casa, lo que al confrontarlo con el informe de ingeniería lleva a la conclusión de que se trata del mismo lugar de ubicación de la naciente, corroborándose que se encuentra dentro del área de protección de 100 metros, nada de lo cual fue valorado por el Tribunal. Señala que las declaraciones de [Nombre5] , [Nombre12] y [Nombre4] coinciden en ubicar el punto donde se da el afloramiento de aguas, que corresponde a la figura 3.1 del informe de GEOTEC, por lo que pese a existir pruebas de la existencia de la naciente en la misma ubicación, el Tribunal, de manera infundada, sostiene que existe una duda basada en una nomenclatura distintas en los informes de la Dirección de Aguas, pero sin haber analizado y confrontado los elementos probatorios que fueron evacuados tendientes a ubicar el cuerpo de agua denunciado por el SINAC. Solicita la anulación del fallo y del juicio que lo antecedió, disponiéndose el reenvío para nueva sustanciación. Como segundo motivo del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República, se reclama falta de fundamentación intelectiva y errónea valoración de la prueba, con violación al principio de libertad probatoria en lo relacionado con la absolutoria de [Nombre7] por el delito de Infracción a la Ley Forestal, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria. Señala que el Tribunal de Juicio absolvió por considerar que existió duda en cuanto a que el imputado hubiera actuado con dolo, lo que justificó la absolutoria penal y el rechazo de la acción civil resarcitoria. Luego de transcribir parte de los fundamentos del fallo, arguye que el Tribunal creyó la versión del acusado respecto a que para el año 2009 contrató a un arquitecto de apellido [Nombre9] para realizar los trámites y el uso de suelo, lo que bastó a los juzgadores para tener por demostrado que el señor [Nombre1] no se enteró de la advertencia municipal. El apelante señala que en el expediente municipal consta el oficio PUCC US 707 2008 donde se le advierte al imputado sobre la existencia de dos nacientes de agua que cuentan con área de protección de 100 metros (que según la Ley Forestal está reservada a las nacientes permanentes), donde se especifica que cualquier desarrollo debe realizarse fuera de esa área, siendo éste el único documento de uso de suelo que fue extendido, pues no se solicitó ningún otro. Reprocha que el Tribunal no reparó en que el uso de suelo fue expedido en el año 2008, cuando el imputado todavía no había contratado al ingeniero [Nombre9] , pues dicha contratación se hace hasta agosto de 2009, como consta en el contrato de servicios profesionales visible a folio 32 del expediente municipal, lo que contradice la versión del imputado, pese a lo cual fue validada por el Tribunal. Agrega que en el expediente municipal consta un oficio 1321-1242-2009 extendido por el I.C.E. en fecha 23 de junio de 2009, donde se indica que en la propiedad donde ocurren los hechos existen líneas de distribución del servicio solicitado por el imputado, como también un documento de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Grecia, emitido en esa misma fecha, donde a solicitud del justiciable se hace constar que éste se encontraba al día con el pago de los impuestos municipales, así como también el oficio RT-59-0000141231, en el cual el I.N.S. expide constancia a solicitud de [Nombre1] de la suscripción de una póliza de riesgos de trabajo para construcción. Arguye el recurrente que estos documentos, que no fueron valorados por el Tribunal, acreditan que el imputado, antes de la contratación del ingeniero [Nombre9], hizo todos los trámites, incluso la solicitud de uso de suelos, pese a lo cual el Tribunal solo hace referencia al documento de uso de suelo extendido por la Municipalidad y derivan de dicha prueba que no es posible acreditar que el encartado tuviere conocimiento del contenido de éste, porque en su declaración señaló que contrató a una persona para que gestionara los permisos, contratación que se hizo un año después de que se solicita el permiso de uso de suelo. Agrega que según la declaración de [Nombre13] , estos documentos no iban dirigidos solo a profesionales, sino a los administrados para que conocieran las limitaciones sobre su propiedad, nada de lo cual fue analizado en sentencia. Reitera que en el expediente existe una declaración jurada sobre la existencia de la naciente no captada, documento que no es dirigido a la Municipalidad y que tiene como fecha de emisión el 14 de agosto, mismo día que se firma el contrato de servicios profesionales, cuestionándose el recurrente cómo pudo haber tenido conocimiento el ingeniero [Nombre9] de la existencia de una afectación de nacientes, si ese mismo día firmó el contrato. Para el apelante la respuesta es que la solicitud de uso de suelos estaba en poder del imputado. Para el apelante no es verosímil que el imputado no tuviere conocimiento de documentos que fueron emitidos a solicitud suya y que guardan relación con una fuerte inversión económica que hizo desde el año 2007. Reprocha que tampoco fuese valorado el plano de la propiedad ofrecido con la querella, el cual indica que ésta tiene 109 metros de largo, por lo que, si el uso de suelo advertía que no se podía invadir el área de protección, esto dejaba muy poco espacio para una construcción, lo que hacía inviable cualquier desarrollo en dicho inmueble, pese a lo cual el imputado contrató al ingeniero [Nombre9] para desarrollar la obra. Reitera que el contrato con este último fue suscrito un año después de emitido el documento de uso de suelo, así como que el permiso de construcción fue emitido en un solo día por parte de la Municipalidad, nada de lo cual se analizó por el Tribunal y apuntaba al conocimiento que tenía el imputado de la existencia de nacientes. Refiere que según la denuncia del SINAC y la declaración de [Nombre14] , la obra fue clausurada el 18 de noviembre por haber afectación a la naciente 257, resultando que el imputado contrató al ingeniero [Nombre6] que hace el informe de GEOTEC, el cual fue remitido a la Municipalidad sin que éste fuese revisado por analizado por alguna entidad competente. No obstante, no existe ninguna resolución de levantamiento de orden de clausura por parte de la Municipalidad y el imputado, pese a las nuevas advertencias, terminó la obra, por lo que no lleva razón el Tribunal en sus apreciaciones, puesto que la prueba apunta a que el justiciable terminó la construcción de manera ilegítima, lo que fue confirmado por los testigos [Nombre13] y [Nombre14] , mismas que no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de Juicio, pues derivó erróneamente la conclusión de que éstos le otorgaron credibilidad al imputado. Agrega que, al ser indagado, el imputado corrió a vender la propiedad sin advertir a los compradores de que tenía un proceso penal en su contra, lo que refuerza la existencia del dolo. Considera insostenible el argumento de que hubo error de tipo, porque no sabía del carácter permanente de las nacientes, porque en las advertencias que le hizo la Municipalidad claramente se indica que existía una zona de retiro de 100 metros, que la ley solo contempla para las nacientes permanentes, e, incluso, esta advertencia fue reiterada por el SINAC al clausurar la obra, pese a lo cual finalizó la construcción. Solicita se anule la sentencia y el debate que lo precedió, ordenándose nuevo juicio. Por contener reclamos reiterativos y conexos, los tres anteriores motivos se conocen en un mismo considerando, declarándose sin lugar: Contrario a lo que aluden los apelantes, luego de revisar integralmente el fallo y el contenido del expediente, lo que observa es que durante plenario fueron incorporados dos dictámenes técnicos -ofrecidos por la parte acusadora y la defensa- cuyas conclusiones se contraponen y excluyen entre sí. Primeramente, el informe pericial de la empresa GEOTEC, refrendado por el geólogo [Nombre6] [Nombre6] (cf. folios 100 a 105), de acuerdo con el cual el cuerpo de agua objeto de estudio, constituye el flujo base de la Quebrada Flores y forma parte de ésta, de manera que no es una naciente permanente en los términos del inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. Por otra parte, el informe DIGH-UGH-OG-066-2012, elaborado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), suscrito por el geólogo [Nombre4] [Nombre4] y la ingeniera agrónoma [Nombre15] García Serrano (cf. folios 133 a 138), donde se concluye que dicho afloramiento corresponde a una naciente de carácter permanente. Ambos peritajes hacen referencia al mismo cuerpo de agua y coinciden en que se encuentra a una distancia inferior a 100 metros de la casa de habitación construida por el imputado [Nombre1] . Ahora bien, para esta Cámara de Apelación, no resulta atendible el reclamo de que el Tribunal de Juicio nunca debió invocar, como parte de sus fundamentos, el estudio elaborado por FUNDEVI y la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), porque éste no fue incorporado en juicio. En primer lugar, la existencia de dicho estudio geológico nunca ha sido cuestionada, y, en segundo lugar, porque tanto en los informes de [Nombre8] como de GEOTEC y de la Dirección de Aguas, toman datos de interés de dicho estudio para sustentar sus conclusiones, favor y en contra de la existencia de una naciente permanente. De hecho, se observa que en el oficio DIGH-UGH-OF-066-2012 -citado por los apelantes en apoyo de su tesis- expresamente se cita este mismo estudio del 2007 elaborado por FUNDEVI y UCR, para sostener que el sitio denunciado se encontraba en una zona de baja a media vulnerabilidad a la contaminación para el acuífero Colima y de moderada a alta recarga acuífera (cf. folio 135), dato que justamente constituye su punto de partida para sostener que el sitio denunciado constituye una naciente permanente que representa la existencia de un acuífero que se encuentra aflorando en la superficie, puesto que el estudio de FUNDEVI y la UCR indica que era posible encontrar en la zona un sistema acuífero multicapas, donde el más cercano a la superficie era el denominado Sistema Secundario Colima, conformado por tobas y lavas, lo cual respaldaba técnicamente la existencia de un acuífero en el lugar señalado (cf. folio 137). Como puede verse, el propio informe del [Nombre8] se apoya en datos recopilados por FUNDEVI y la UCR, de manera que cuestionar la existencia y contenido de este estudio, tendría como consecuencia el poner en entredicho todos los peritajes de cargo que los recurrentes citan en apoyo de sus alegatos. En debate, el perito de la defensa utilizó este mismo estudio para afirmar el error en que incurrió SENARE, puesto que el referido manto acuífero se encontraba en un lugar distinto. En lo que respecta al reclamo de que en el informe de GEOTEC no existe un estudio del nivel freático, los apelantes soslayan las explicaciones que en juicio brindó el geólogo Rojas Castro, quien al respecto indicó que cuando él presentó su informe, no existía el presente proceso penal y, por consiguiente, tampoco el informe DIGH-UGH-OG-066-2012 que, varios años después, venía a cuestionar las conclusiones de su pericia, por lo que entonces, durante el debate, fue necesario para él ampliar varios puntos de ésta. Para este Tribunal de alzada, la explicación del geólogo Rojas Castro resulta razonable, amén de que las partes tuvieron oportunidad de interrogarlo de manera exhaustiva. Pues bien, refiriéndose a los cuestionamientos que realizó el [Nombre8] al estudio efectuado por GEOTEC, el perito [Nombre6] señaló: “Las condiciones geológicas no cambian lo que si cambian es las condiciones de los niveles de aguas subterráneas Hidrogeológicas. Lo que significa que en algunas épocas del año que hay recarga cuando hay agua se infiltra el nivel sube, en algunos manantiales cuando ese nivel sube esta brotando en verano ese nivel baja ese es el cambio que se da cuando es agua subterránea. Ese es el criterio para decir que es permanente o no cuando el nivel freático sube y brota, la condición es que exista agua subterránea, si una institución califica de manantial una salida de agua debe de demostrar que se trata de aguas subterráneas, ese requisito técnico que se obliga aquí siempre, se nos exige a los que hacemos estudios para trabajar en ese tema y cuando las instituciones piden que califica un punto como manantial y donde está el nivel del agua subterránea no hay recursos para hacerlo y eso entonces queda a criterio de la persona y aplica un radio de protección que afecta a los administrados. Si no se tiene el estudio no podría decirse que hay un manantial. En realidad no conozco quien o cual institución es quien determina que es naciente o no, solo conozco la instancia del Contencioso administrativo, la municipalidad apoyo mi criterio pero en el 2007 contrato un estudio a FUNDEVI de la Universidad de Costa Rica que vende servicios usando el sello UCR, en ese mismo año existió una tesis maestría de un estudio Geogeológico del Cantón de Rio Cuarto de Grecia o occidental. La municipalidad sometió posteriormente la aprobación de [Nombre8] hasta donde yo entiendo la municipalidad invierte 27 millones de colones es una herramienta de trabajo en ese estudio que es mencionado en la nota de Senara, allí hay líneas isofreáticas es un mapa de como esta la superficie del agua en un acuífero, ellos determinan tres acuíferos y el más superficial es lavas unidad San Pedro, esta ese mapa hecho en el estudio y si en aquel momento yo hago el estudio y la municipalidad me dice que en su estudio no hay manantial esta en contraposición que la masa freática esta arriba, yo no sé si la municipalidad utilizo o no ese estudio para la toma de decisiones, en este momento no se utiliza ese estudio. Ese mapa de isofreáticas el mismo que realizo la UCR y aprobó el [Nombre8] dice que en ese sitio de San Isidro la superficie esta 70 metros por debajo de donde dice que hay un manantial y ese estudio vienen a corroborar mi estudio y si la municipalidad usa ese estudio como instrumento para toma de decisiones hizo la correcto, en el estudio de ellos dice que esta por 70 metros por debajo donde hay un manantial, si indica que para que exista manantial debe de haber superficie freática. El mapa presenta es tomado la UCR es igual que realizado por tesis de [Nombre16] la municipalidad tenia ese estudio y ese mapa de como es el agua subterránea en el sitio yo marque en rojo. El [Nombre8] en el documento que realizo menciona el estudio de Fundevi y lo uso como argumento principal para invalidar mi trabajo. Lo cierto es que el estudio Fundevi UCR valida mi trabajo. Si la municipalidad valido y dio por correcto mi trabajo la municipalidad tenia una herramienta técnica que era el estudio que había contratado 4 años antes con la UCR. Ese mapa esta en un estudio como argumento principal por el [Nombre8] que tiene la forma de como es la superficie de agua en el sitio. Muestra esquema - causa de la Quebrada Flores el sitio donde esta poniendo manantial es a [Dirección3] a nivel de mar. Lineas que unen punto de igual elevación y dice que esta a nivel 1100 y las flechas que indican a donde fluye el agua subterránea en el sector es como 1220 por ello sabemos que el agua subterránea es a elevación 1220 si sacamos diferencia entre el punto del supuesto manantial y el punto donde esta nivel agua subterránea hay una diferencia de 70 metros eso quiere decir que el agua subterránea esta por debajo 70 metros. Las guías técnicas nacionales del 2004 esta como reglamento publicada en la gaceta en la cual define que es acuífero, dice también que es agua subterránea, indica cual es y que esta por debajo del nivel freático, la definición naciente donde la superficie del terreno corta el nivel freático y allí brota el agua pero en el lugar la superficie del terreno no corta el terreno, no cumple esa condición no lo corte no cumple la definición de manantial y ese mapa fue emitido por el mismo criterio del SENARA. En el documento de [Nombre8] dice que el acuífero aflora en superficie y el estudio elaborado Fundevi es posible encontrar -lee -el argumento principal de [Nombre8] para descalificar mi trabajo, es cierto eso o no es falso por cuanto Colima no esta en el sitio que están diciendo, no se si no se tomaron la molestia de leer el documento que ellos firmaron, no puede indicarse que all í esta colima en San Isidro por que cualquier Geólogo que conozca la Geologia de Grecia sabe que no es cierto, el argumento principal técnico que mencionan para invalidar mi trabajo es falso […] Hallazgos característicos que se deben de observar para saber si hay naciente, en algunos casos por el tipo de rocas que hay son lavas fracturadas y el agua brota en forma espontánea y en otros casos es difícil por la sola inspección visual, se debe de revisar los estudios que existan para esa determinación. Naciente tiene que haber afluencia de agua subterránea sin duda características básica salvo que exista artesianismo agua en presión por cuanto hay agua y brota por algún efecto. En el caso el rio Rosales en Grecia en verano se ve el agua brotar del fondo del rio claramente uno se da cuenta que hay brote y que hay artesianismo, y en otros casos muy excepcionales como Ojo de agua que esta al frente de una colada de agua. Con solo una inspección es difícil. Otra característica es que sea un punto fijo una naciente o manantial no puede estar brotando y al mes cambiar porque debe de haber una estructura geológica puede ser una fractura que hace que la descarga de agua brote, es requisito que sea un punto fijo que siempre este allí. Que uno pueda reconocer el acuífero lo que contienen el agua subterránea, es decir en algunos manantiales en Grecia las lavas de la unidad San Pedro en esos frente de lavas lo reconoce claramente el acuífero. No se puede encontrar en un lugar de terrenos arcillosos, el acuífero debe de desarrollarse en un medio permeable. En roca como lava si es posible encontrar naciente en depósitos como hay aquí no, el agua sale y empuja hacia adelante y produce una inestabilidad en esa ladera y si uno ve fractura de descompresión hay problemas de inestabilidad en el sitio. Folio 105 se indica que se comprobó en el sitio que el manantial no es único en ese momento creo que era el 257 que insisto que ese bloque estaba definido como manantial yo lo que hice fue ubicar lo que el SINAC decía y yo ubico varias salidas de agua y eso era porque había salida de agua por la quebrada y bloque caídos. Yo lo que hago en ese documento es usar la información del SINAC y decirle que si uds están considerando pero no lo puse así que hay aquí un montón de manantiales lo que forma es una quebrada póngale la protección de la Quebrada, el tema en ese momento era muy básico, no era un informe para entrar en controversia ni hacer argumentación en contra de la hipótesis del SINAC. En este momento si uno va a [Nombre8] a realizar estudios de estos le pide una perforación. Conclusión cuando yo digo que forma parte intrínseca de la quebrada flores si ese es el planteamiento que esta asiendo el SINAC debe de entender que es flujo base si existe linealidad de la naciente, allí sigue por la quebrada. Parte intrínseca es que están allí como flujo de la quebrada. Yo puse los manantiales con las coordenadas estaban como a diez metros de ese lote. Yo me concentre en el problema que era el 257. La condición del sitio no permite realizar una medición es en el puro cauce de la quebrada. Es muy difícil no se puede hacer medición por la caída de material. El brote de agua viene de arriba en mi opinión toda el agua cae de esa zona, la carretera que va de Grecia a San Isidro todo lo que esta al oeste va a esa quebrada que escurren allí. Es una zona complicada por inestabilidad. Si algo tapa la salida de agua en la foto izquierda el agua se va por otro lado. Folio 100 a [Nombre17] se le dirige el informe porque [Nombre7] me lo pidió que lo dirigiera él. El estudio fue porque la Municipalidad se lo pidió. El estudio de suelo es para determinar capacidad de soporte y asentamiento de laderas que se hace en campo, en campo de la zootecnia es para obra civil. El estudio del Uso de Suelo no existe aquí la municipalidad estaba pidiendo pero no se hace un estudio para eso, lo que era es básicamente que el administrado debía de contratar a un ingeniero o arquitecto para presentar a la municipalidad. Para determinar un cuerpo de agua es un estudio hidrogeológico y el de uso de suelo es para ingeniería y si los he realizado”. Como puede verse, la tesis sostenida por el perito de la defensa es que las conclusiones del estudio de GEOTEC son correctas, no así las del SENARA, en primer lugar, porque de acuerdo con el estudio de FUNDEVI y la UCR, no hay mantos acuíferos en la zona afectada, toda vez que el manto de Colima se ubica en un sector totalmente distinto y alejado, de ahí entonces dicho estudio, lejos de contradecir sus conclusiones, más bien las avalaba. En segundo lugar, refiere que el documento de FUNDEVI y la UCR ubica el nivel freático en el área de interés en 70 metros, lo que resulta incompatible con las afirmaciones de SENARA, de manera que la única forma de establecer, con certeza, que el cuerpo de agua que se encuentra cerca de la vivienda que construyó el imputado era una naciente permanente, era a través de un estudio hidrogeológico. Pues bien, si el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pretendían la condenatoria del imputado por el delito de Invasión a Área Protegida (art. 58 inciso primero de la Ley Forestal), debían rebatir la tesis defensiva. Y eso fue justamente lo que no consiguieron en el sub júdice, puesto que, como se verá más adelante, en sentencia se explica que tanto los testimonios de [Nombre4] como de [Nombre6] fueron amplios y claros, impresionando sinceridad y ausencia de intencionalidad de favorecer o perjudicar al imputado, razón por la cual no había razones para restarles credibilidad. Por ello, el Tribunal de Juicio decidió solicitar un tercer criterio, esta vez a la Dirección de Aguas, que de acuerdo con el oficio del SINAC OG-1212-2017 del 25 de agosto de 2017 (cf. folios 646 y 647), es el ente competente para caracterizar un cuerpo de agua en caso de duda, en procura del esclarecimiento definitivo de la naturaleza del sitio donde aflora el agua, con el resultado de que este último departamento tampoco pudo dar una respuesta definitiva, razón por la cual se impuso la absolutoria del imputado en aplicación del principio in dubio pro reo. En efecto, llama la atención que tanto en el recurso del Ministerio Público como en el de la Procuraduría General de la República, se exponen en forma sesgada los razonamientos del Tribunal para sustentar la duda. Incluso, en ambos recursos se pretende hacer transcripciones de los fundamentos del fallo, más, sin embargo, a la hora de cotejarlas con la sentencia, se detecta que éstas estaban incompletas, pues se omite consignar argumentos y afirmaciones esenciales del órgano de instancia para justificar la duda. Con respecto a este tópico, los juzgadores -en síntesis- explicaron que en este caso no solo existía duda en cuanto a las nomenclaturas utilizadas por las diferentes instituciones involucradas en el resguardo del recurso hídrico (SINAC, [Nombre8] y la Dirección de Aguas), así como dudas en cuanto a la ubicación georeferencial de la misma, sino además dudas en cuanto a si el afluente con las características indicadas por SINAC y [Nombre8] se trataba de una “naciente”. Señalan que los acusadores hablan de la existencia de dos nacientes en el sitio, la 257 y 258, basándose en el informe del SINAC practicado por [Nombre5] y [Nombre18] , el cual reporta que la construcción realizada por el imputado se ubicaba a [Dirección4]. 5 metros del afluente que ellos identifican como naciente, cuya ubicación geográfica, según coordenadas de éste, es 233267 horizontales y verticales 506347, en tanto que en el informe DIGH-1092-11 del SENARE se reporta a la fiscalía que, para el 17 de noviembre del 2011, revisada la base de datos de dicha institución en una radio de 2000 metros a la redonda donde se ubica la propiedad del encartado, se localiza una naciente identificada como la NAC 1189, situada a 82 metros del sitio. No obstante -prosiguen los juzgadores- una vez realizado el estudio de campo del SENARA, mediante el informe DIGH-UGH-OF-066-2012, los profesionales que efectuaron la inspección refieren la localización de una naciente ubicada ahora en las coordenadas [Dirección5] , concluyendo que se trata de la NAC 1189, registrada de forma previa según la base de datos de dicha entidad, así como que la distancia entre la infraestructura y el afloramiento es de 48 metros, de manera que ambas instituciones ni siquiera tenían claridad en cuanto a la nomenclatura con que identifican el cuerpo de agua, brindaron distintas coordenadas y distancias entre la ubicación del afluente con respecto a la vivienda. Esta misma situación -explican los juzgadores- ocurre con el oficio de la Dirección de Aguas DA-UHTPCOSJ-2262-2021, que fue solicitado por el Tribunal A quo, en el cual no reconoce ninguna de estas nomenclaturas y se indica que, si bien bajo el oficio DA-UHTPCOSR-0240-2019, esa institución referenció una afluente como naciente, ello en las coordenadas latitud [Dirección6] y longitud [Dirección7], y, para poder concluir certeramente que se trata del mismo afluente consultado o bien se trata de dos nacientes independientes, sería necesario realizar la inspección en campo (Esto último se omite en las transcripciones de ambos recursos). Continúa explicando el órgano de instancia que, en debate, los funcionarios del SINAC, [Nombre5] y [Nombre18] , quienes inicialmente dijeron que el cuerpo de agua correspondía a una naciente de carácter permanente, caracterización que se debía a que el agua aflora en el lugar en todas las épocas del año y que, ante las visitas realizadas por ellos en diferentes épocas a lo largo de la investigación, era claro que se trataba de una naciente permanente. Sin embargo, ambos testigos dejaron claro que, a pesar de la denominación dada por el SINAC, los autorizados para tal efecto lo era la Dirección de Aguas, refiriendo el testigo [Nombre18] que ellos ubican la naciente y piden criterio a la Dirección de Aguas, pues ellos no pueden decir si la naciente es permanente o no, sino que hacen inspección y si encuentran afloramiento lo reportan a la Dirección Aguas o al SENARA, pero no pueden dar criterio si el afloramiento es permanente, de manera que actúan según el criterio de estas entidades (Esto se omite en la transcripciones de los recursos). Señalan los juzgadores que se tuvo una visita de campo realizada por el [Nombre8] con ocasión de este proceso, resultando que [Nombre4] explicó en debate que si bien él no bajó hasta el afluente, con la fotografía tomada por su compañera [Nombre15], determinó que el afloramiento de agua se trataba de una naciente, por cuanto en la fotografía se veía claramente salida del agua subterránea y era coherente a lo que [Nombre15] y los compañeros del SINAC dicen, pues había roca fracturada, aguas saliendo de la roca y que origina la quebrada que es la que se ve en la parte de arriba. Refirió el testigo que, de acuerdo al concepto de nacientes, eso calza que es afloramiento de agua subterránea a través de fracturación de la roca, y, como ya tenían el levantamiento del compañero del SINAC, buscó en la base de datos del archivo nacional de pozos y manantiales, donde aparecen pozos cercanos y por la topografía de la zona son profundos, pero todos reportan nivel de agua subterráneo albergado en rocas de origen volcánico, igual que el afloramiento donde están las fracturas donde sale el agua lo que origina la naciente. Indicó el deponente que, al haber pozos con nivel de agua registrado es que hay un acuífero, si no hay un acuífero en ese sector no se hubiera encontrado agua, y a partir de esa información [Nombre8] indica que se trata de una naciente permanente, porque se está visitando en la época más crítica de la época seca. Explicó también el testigo que cuando hablaba de un flujo de agua que aumenta progresivamente, eso era agua subterránea que estaba aflorando en superficie, que quien aportaba el agua es el agua subterránea, y de donde aflora de un acuífero y éste da resultado una naciente (Esta parte se omite en la transcripción de los recursos). Pues bien, con fundamento en lo afirmado por el testigo [Nombre4] , el Tribunal concluyó que ya no solo se hacía necesario que el afluente poseyera agua en todas las épocas del año para su caracterización, sino que además era necesario acreditar que el flujo de agua provenía de aguas subterráneas, lo que coincidía con lo indicado por el perito [Nombre6] , quien refirió que ese era el criterio para decir que la naciente era permanente o no, esto es, cuando el nivel freático sube y brota; la condición es que exista agua subterránea, de manera que si una institución califica de manantial una salida de agua, debía de demostrar que se trata de aguas subterráneas, requisito técnico que se obliga en el país siempre y que se exige a quienes realizan estudios para trabajar en ese tema. Señala el Tribunal de Juicio que en este punto ambos peritos difieren, por cuanto para [Nombre4] , a pesar de que en el lugar no se realiza una perforación para determinar el nivel de agua subterránea, éste concluye que ante la existencia de pozos en el sitio y que los mismos ya fueron referenciados por [Nombre8] y por la misma Dirección de Aguas, conlleva a concluir que el manto acuífero se encuentra a nivel de superficie, máxime que de la carta hidrográfica se reporta que en el sitio el manto acuífero que afloraba es el de Colima. Por su parte, para el geólogo Rojas Castro esta afirmación no podía ser cierta ya, que conforme a estudios científicos realizados por el FUNDEVI y por el laboratorio de la UCR, el nivel isofreático en la zona estaba por debajo de los setenta metros, y que en consecuencia tal afloramiento no se podía relacionar con el manto acuífero Colima, el cual se encuentra ubicado en otro lugar y no en el distrito de San Isidro, lugar donde se encuentra la propiedad del encartado. Refieren los juzgadores que, de acuerdo con la exposición de este perito, para determinar si existe naciente debía haber un estudio hidrogeológico, pues en la inspección solo se ve una salida agua, por lo que el estudio debe de conocer el origen del agua, de dónde vienen y que características, resultando que entidad competente para llevar a cabo el citado estudio era la Dirección de Aguas. El Tribunal explica entonces que, por esta razón, a pesar de haber concluido el debate, y en razón de la trascendencia de dilucidar certeramente si se encontraban frente una naciente, se realizó la consulta a la Dirección de Aguas y, si bien dicha entidad refirió que en el 2019 se hizo una visita en el sitio en el cual se referenció la existencia de una naciente sin nombre, no podían, con los elementos que se le hicieron llegar, determinar que en las coordenadas indicadas el afluente existente en dicha zona se trate de una naciente, ya que para ello se hace necesario un estudio de la zona. Por lo anterior, a criterio del Tribunal de mérito, para acoger el criterio rendido por [Nombre8] y por el testigo [Nombre4], como pretendía la parte acusadora, la única manera de fundamentar la categoría de la naciente sería apelando meramente a un criterio de autoridad y señalar que se trata de una naciente porque el [Nombre8] y la Dirección de Agua también lo refirieron, pero es una explicación clara de cómo llegaron a esa conclusión, puesto que para ambas instituciones la observación en el sitio y el hecho de que aflore agua todo el año, ya sería suficiente para determinar que es una naciente, pero lejos de esa observación, que parece bastante empírica y poco científica, cuando se cuestiona el método, ambas instituciones se quedan cortas y no analizan la evidencia existente, o bien dicen que para dar respuesta a lo peticionado se requería un estudio mayor, dejando nuevamente en el aire la posibilidad de confrontar esas valoraciones empíricas con el método científico. Aclara el cuerpo juzgador que no buscó cuestionar por mero capricho lo dictaminado por la Dirección de Aguas, o lo dicho por el representante del SENARA, sino que existía un aspecto normativo que claramente define qué es una naciente. Al respecto -prosigue el A quo- la Dirección de Aguas indicó que naciente es el flujo de agua subterránea que aflora en la superficie debido a cambios topográficos, zonas preferenciales, rasgos geológicos-estructurales como fallas, o cambios en la conductividad hidráulica, fracturas o discontinuidades. Razonan los jueces que, conforme a lo indicado por la propia Dirección de Aguas, para que exista naciente, es porque esa salida de agua necesariamente se tiene que relacionar con un manto acuífero, y que ésta sea el punto de afloramiento, pero sucede que en esta causa eso no se pudo determinar, considerando que el estudio del FUNDEVI, que es un documento de carácter público y usado como referencia por el [Nombre8] y por el informe de GEOTEC, señala diferentes niveles de profundidad de las aguas en el sitio que distan mucho de la altura en relación al nivel del mar en el que se ubicó el punto en estudio. Argumentan los jueces que, aunado a lo anterior, el mapa isofreático del [Nombre8] para la zona de Alajuela, que también consta en su página de Internet, hace ver que el acuífero Colima está sumamente alejado de la zona de San Isidro de Grecia, y ahí lo que hay, según dicho mapa, son curvas isofreáticas y nadie había podido contestar al Tribunal si el afloramiento en estudio tenía o no relación con estas curvas, o bien con cuál manto acuífero en particular y a qué profundidad se ubica. Continúan explicando los juzgadores que, que aunque podría decirse que se requería una inspección de campo para dar esa respuesta, la misma, a su vez es más científica y se basa en datos ya recopilados en el sitio como la profundidad de pozos ya excavados en la zona o la información existente en diferentes entidades estatales como la Universidad de Costa Rica, que permitan establecer a que nivel se encuentra en el sitio el nivel del agua subterránea y si esto coincide con la ubicación del afloramiento, no simplemente darlo por sentado sin indicar mayor fundamento. Concluye el A quo que, por estas razones, no podía señalar que en el sitio existiese con claridad una naciente y que esa sea ésta de carácter permanente. Pues bien, valorados estos razonamientos, en contraste con el contenido del expediente, a criterio de este Tribunal de alzada los fundamentos del fallo respetan las reglas de la crítica racional y se ajustan al material probatorio. Lo primero a indicar, es que esta Cámara no encuentra excesiva la calificación que hizo el Tribunal de Juicio de los informes del SENARE y de la Dirección de Aguas como empíricas. La determinación de si las afirmaciones conclusivas de un informe pueden ser catalogadas como científicas, no depende exclusivamente de la jerarquía o prestigio que pueda gozar la entidad que lo emite, como erróneamente asumen los apelantes (pues ello implica caer en una falacia de autoridad), sino más bien si dicha conclusión es resultado de la aplicación del método científico para el examen del caso concreto. De ahí que no resulta aceptable la queja de la Procuraduría, pues la mera acumulación material de documentos emitidos por distintas instituciones (SINAC, SENARE y Dirección de Aguas), donde se refiere que en el sitio había una naciente permanente, por sí sola no bastaría para adquirir certeza al respecto, si tal afirmación no encuentra respaldo en estudios científicos contundentes, de manera que desvirtúan, sin lugar a duda la prueba de descargo. En efecto, revisado el informe DIGH-UGH-OF-066-2012, observa este Tribunal que el geólogo [Nombre4] -a diferencia del geólogo [Nombre6] - consideró riesgoso el descenso hacia el lugar donde estaba la salida de agua, por lo que no realizó un análisis in situ del afloramiento, sino a través de una fotografía. Y como bien se explica en sentencia, el propio perito [Nombre4] confirmó en juicio que justamente lo que caracterizaba un afloramiento como naciente permanente, es que su fuente sea un caudal de aguas subterráneas, que responden a mantos acuíferos. Luego, no es cierto entonces que el cuerpo juzgador omitió valorar los criterios técnicos de [Nombre8] y lo expuesto en juicio por el perito [Nombre4] . Por el contrario, lleva razón el Tribunal de Juicio en que no basta que un informe simplemente indique que se observa una salida de agua, que tiene algunas características que en principio pueden ser compatibles con las nacientes permanentes (v. gr. rompimiento de rocas), si no se confirma la procedencia de esta agua, por lo que tampoco se aprecia yerro alguno en el razonamiento analítico de los juzgadores, cuando validaron los cuestionamientos formulados por el perito [Nombre6] a la prueba de cargo. Por ende, no lleva razón la Procuraduría cuando critica las conclusiones del peritaje de GEOTEC, puesto que, independientemente que éste refiera la presencia de varios manantiales, en debate el perito [Nombre6] explicó la procedencia de estas aguas, descartando que se tratase de aguas subterráneas que dieran lugar a una naciente en los términos del artículo 33 de la Ley Forestal, de ahí que no se aprecia la pretendida contradicción, toda vez que del documento no se infiere que estos afloramientos tuvieren su origen en el manto acuífero Colima (como sí consideró SENARA), ni en manantiales subterráneos. Tampoco es atendible el reclamo de que es ilógico que, según lo indicado en el propio informe de GEOTEC, hubiese un afloramiento de agua de 0.5 a 1 litro por segundo, si no existiese alimentación de aguas subterráneas. Este alegato desconoce la explicación que al respecto propuso el perito [Nombre6] : “En el sector hay descargas de aguas residuales, lluvias, todas esas aguas van al sitio que se definió como naciente, los tanques sépticos con sus sistemas de drenaje pero el agua baja y va al subsuelo y en algún lado sale y esto es en la parte mas baja. En la zona se observa agua descargando esto fue en el 2012 allí han existido deslizamientos, en el informe de [Nombre8] existen indicaciones de grietas, en el lugar por el relieve se van creando grietas en lo que se llama cara libre y la descompresión siempre se da hacia la ladera, en la ladera el agua corre y el origen de esa agua son esas y cuando llega a ese lugar aun en verano el agua siempre fluye pero ya sabemos que el agua es la que corre en el lugar y no puede ser subterránea porque esta a 70 metros por debajo de la superficie. En en el informe de Sinac establece una serie de nacientes 257, 258 porque alli cae agua por todo lado, pero en el Sinac aparece en el mapa una naciente NAC 1189 el numero CED2 A es un pozo que fue confeccionado es lo que se denomina aguas captadas, no se si eso es naciente o aguas captadas y se utilizaban para agricultura pero ya no esta y ese punto esta a 180 metros de la casa así esta en la base de datos. El [Nombre8] indica que la Nac 1189 es el motivo de debate y la colocan en la zona verde que fue deforestada dentro de la propiedad que tenia [Nombre7] y la esta corriendo a cien metros, pero allí es la parte arriba y allí es zacate y es una tubería que recoge las aguas de la calle y discurren las aguas pluviales, es un cambio estuvo en un lugar estuvo consecionada y ahora la colocan en otro lugar”. (Copia textual) Como puede verse, la duda que invoca el Tribunal de Juicio tiene fundamento probatorio. Los apelantes no logran refutar los argumentos del Tribunal y, en su lugar, sus alegatos se circunscriben a que, si en el lugar investigado había un afloramiento, en invierno y verano, necesariamente su fuente de alimentación eran aguas subterráneas. Pero en un caso tan particular como el que aquí nos ocupa, sin un estudio hidrogeológico que así lo confirme, ello se puede afirmar como mero indicio de un naciente permanente, pero no con la certeza que requiere la aplicación de la ley penal. Contrario a lo que se afirma en los motivos, el órgano de instancia hace ver en sentencia que, según la tesis sostenida por el geólogo Rafael Matamoros, justamente con base en el propio estudio de FUNDEVI y la UCR, las aguas superficiales a que hace referencia SENARE vendrían del manto acuífero de Colima, pero según el mapa isofreático del [Nombre8] para la zona de Alajuela, que también consta en su página de Internet, el acuífero Colima está sumamente alejado de la zona de San Isidro de Grecia, y ahí lo que hay, según dicho mapa, son curvas isofreáticas, sin que nadie haya podido contestar al Tribunal si el afloramiento en estudio tenía o no relación con estas curvas. Entonces no es cierto, como lo afirma la Procuraduría, que el A quo se limitó a citar lo depuesto por el perito [Nombre4] , sin analizar su contenido, pues aquí se aprecia un análisis intelectivo de la prueba de cargo. Por las mismas razones arriba expuestas, lleva razón el Tribunal de Juicio al señalar que el oficio de la Dirección de Aguas DA-UHTPCOSR-0240-2019 (cf. folios 924 a 929), no agrega ninguna información de calidad adicional a lo referido por el SENARA, en el sentido de que la naciente se cataloga como permanente, básicamente, porque mantiene su caudal en verano (cf. folio 926), pero dicho informe tampoco refiere que existiese estudio hidrogeológico que confirme que la fuente fuese aguas subterráneas. Por ende, no se puede tachar como incorrecta la afirmación del Tribunal de Juicio respecto a que se trata de un criterio predominantemente empírico. Se le pidió por parte del órgano sentenciador a la Dirección de Aguas analizar el estudio Hidrogeológico Integral en el sector occidental del cantón de Grecia, No. 113-A5-402, que existía en la página de la Municipalidad de Grecia y era información de carácter público, así como el mapa hidrogeológico de SENARA, que también se encontraba en su página web; le solicitó también delimitar claramente cuáles acuíferos eran los que se encontraban en la zona de estudio y, de encontrarse por debajo de dicha zona, señalara cuál era su profundidad y si tenían relación con el afloramiento de estudio, así como determinar si en el sitio existían curvas isofreáticas y cuál relación podían tener con el afloramiento en estudio. La respuesta de la Dirección en el oficio DA-UHTPCOSJ-2262-2021, fue que el análisis del estudio hidrogeológico no se había hecho y a fin de contemplarlo para un nuevo dictamen era requerido su conocimiento por parte de uno de sus geólogos, y la emisión del criterio implicaría el análisis de todos los insumos mencionados, sí como inspección de campo en la época de menor precipitación en la zona de Grecia (verano 2022), en tanto que el establecimiento de los mantos acuíferos también requeriría un estudio de la zona (cf. folio 921). Como puede verse, tomando en cuenta que, específicamente en el caso de estudio, entre el perito de cargo y descargo existió desacuerdo respecto a la presencia de mantos acuíferos en la zona donde se encontraba el afloramiento estudiado, así como la existencia de caudales subterráneos que lo alimentaran, factor esencial para catalogarlo como naciente permanente, el cuerpo juzgador decidió acudir a la Dirección de Aguas puesto que, como lo confirmó esta última en el propio oficio DA-UHTPCOSJ-2262-2021, según el decreto 35669-MINAET, la potestad de dictaminar cuerpos de agua le está dada únicamente a la Dirección de Agua. Sin embargo, la respuesta que se obtiene es que no se ha realizado un estudio hidrogeológico y que sería necesaria una visita de campo en el verano de 2022. En consecuencia, no lleva razón la Procuraduría cuando sostiene que dicho oficio aclara las dudas que llevaron a la aplicación del principio in dubio pro reo en este caso concreto. Asimismo, resulta inaceptable el argumento de que se le debe restar credibilidad al perito [Nombre6] , porque en un proceso totalmente ajeno a la presente causa, se le consideró complaciente. Ello implicaría que el Tribunal de Juicio tuviese que renunciar a la sana crítica racional, para aplicar criterios de prueba tasada. Por ello, independientemente de que los apelantes consideren cuestionables las afirmaciones del informe GEOTEC acerca de que el afloramiento estudiado se alimenta de aguas pluviales, ello no basta para sustentar una condenatoria, porque como bien lo explica el Tribunal de Juicio, correspondía a la parte acusadora demostrar, con certeza, que las aguas que alimentaban el afloramiento en el terreno del imputado, provenía de caudales subterráneos alimentados por mantos acuíferos, cosa que nunca hicieron, puesto que, inexplicablemente, desde la fase de investigación nunca solicitaron los estudios respectivos a la Dirección de Aguas del MINAET, hasta que dicha prueba fue requerida -de oficio- por el Tribunal de Juicio. Por otra parte, en lo que respecta a los reclamos de los apelantes sobre la pretendida falta de fundamentación sobre la duda en cuanto a la identidad y ubicación del afloramiento, nuevamente se observa que los apelantes citan de manera fragmentada los razonamientos del Tribunal. En efecto, al transcribir el razonamiento completo del cuerpo juzgador, se tiene que los juzgadores argumentaron lo siguiente: “[…] si bien el oficio 199-11-2011 de folios 74 a 75 y su ampliación de folios 122 a 126 del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Advenimiento de forma preliminar informa que realizado un estudio preliminar en la base de datos que cuenta dicha institución, se referencia que dentro del radio de 2000 metros a la redonda de las coordenadas indicadas por la fiscalía en su solicitud, esta reportada la existencia de 12 pozos registrados, 2 ilegales y 17 nacientes y que la naciente más cercana es la por ellos identificada como NAC 1189, misma que según se indica en el informe preliminar se encuentra a 82 metros del sitio. Ya para la ampliación que fue llevada a cabo por los funcionarios [Nombre15] García y Rafael Matamoros, estos funcionarios concluyen que la afloramiento de agua que existe en el sitio se trata de una naciente de carácter permanente y que se trata de la naciente NAC 1189, misma que ahora reportan a tan solo 48 metros de la casa, indicando en dichos informes coordenadas de ubicación geográfica del afluente muy diferentes, por lo que para el Tribunal lo indicado en el oficio DA-UHTPCOSJ-2262-2021 cobra relevancia en cuanto a si nos encontramos frente al mismo cuerpo de agua referenciado en uso de suelo, o en el informe de [Nombre8] o más bien se trata de otro cuerpo de agua, al respecto la Dirección de Aguas le informa al tribunal que “...Se informa que la nomenclatura CED3 y CED4 es propia del SENARA. Consultada su página no se encontró las coordenadas de las nacientes denominadas 257 y 258, por lo que no es posible corroborar lo solicitado. En cuanto a la NAC 1189 según [Nombre8] se ubica en las coordenadas CED5 y CED6, misma que está cercana a la dictaminada con oficio DA-UHTPCOSR-0240-2019, sería necesario corroborar en campo si se trata de dos nacientes independientes o bien de la misma”. Y más adelante añadió: “El Ministerio Público y la Procuraduría han venido a hablar de la existencia de dos nacientes en el sitio, la 257 y 258, lo anterior, basados en el informe del SINAC practicado por [Nombre5] y [Nombre18] , en donde se señalaba que la construcción realizada por el imputado se ubicaba a 71. 5 metros del afluente que ellos identifican como naciente y que la ubicación geográfica según coordenadas de éste es CED7 horizontales y verticales 506347. Por su parte en el informe DIGH-1092-11 del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Advenimiento se le informa a la fiscalía que para el 17 de noviembre del 2011 revisada la base de datos con que cuenta dicha institución en una radio de 2000 metros a la redonda donde se localiza la propiedad del encartado, se localiza una naciente que se identifica como la NAC 1189 misma que se ubica a 82 metros del sitio. Pero una vez realizado el estudio de campo por esta entidad mediante el informe DIGH-UGH-OF-066-2012, los profesionales que asistieron a la inspección refieren la localización de una naciente ubicada ahora en las coordenadas CED8 [Dirección8] y [Dirección9] longitud este y cuya conclusión es que se trata de la NAC 1189 registrada de forma previa según la base de datos de dicha entidad y que la distancia entre la infraestructura y el afloramiento es de 48 metros. Es decir, ambas instituciones ni siquiera tienen claridad en cuanto a la nomenclatura con que identifican el cuerpo de agua, brindan distintas coordenadas y distancias entre la ubicación del afluente con respecto a la vivienda. Igual ocurre con el oficio de la Dirección de Aguas DA-UHTPCOSJ-2262-2021, que el Tribunal solicita, la cual no reconoce ninguna de estas nomenclaturas e indica que si bien bajo el oficio DA-UHTPCOSR-0240-2019, esa institución referencio una afluente como naciente ello en las coordenadas latitud CED9 y longitud CED10, para poder concluir certeramente que se trata del mismo afluente consultado o bien se trata de dos nacientes independientes sería necesario realizar la inspección en campo”. Si bien es cierto que en la querella formulada por la Procuraduría se imputa que la construcción del imputado invade el área de protección de una de las nacientes que se encontraban dentro de la finca de su propiedad, sin indicar cuál (257 o 258), el problema que se plantea es que existen dudas sobre el afloramiento reportado por el SINAC, que dio origen a la denuncia de folios 1 a 14, sea el mismo cuerpo de agua que SENARE declaró posteriormente como naciente permanente. El argumento de la Procuraduría, básicamente, consiste en asegurar que como el funcionario del SINAC, Eliden Alcázar, visitó el afloramiento en tres oportunidades, acompañando tanto al perito de Ingeniería Forense como a los funcionarios del SENARE, tiene que tratarse del mismo lugar. Sin embargo, esta explicación es artificiosa. En el informe SOC-1434 del SINAC, se consigna que, para establecer la ubicación del afloramiento, se utilizó una cinta métrica y equipo de ubicación georeferencial GPS, obteniendo como resultado una distancia de 71,5 metros (cf. folio 1). Sin embargo, en el informe DIGH-UGH-OF-066-1012, se afirma que se realizó una medición con un sistema GPS marca Garmin (de alta precisión) y el software ArcView 3.3., arrojando como resultado una distancia de 48 metros. Nótese, a simple vista, que se trata de dos ubicaciones notoriamente distintas, calculadas a través de equipos de alta tecnología, de modo tal que la presencia en ambas diligencias del señor Eliden Alcázar, no aclara la situación. La cuestión se complica aún más cuando el informe DA-UHTPCOSJ-2262-2021 revela que la numeración CED11, CED12 y CED4 es propia del [Nombre8] y que, consultada su página, no se encontraron las coordenadas de estas nacientes, por lo que no fue posible corroborar lo solicitado por el Tribunal, mientras que en lo referente a la CED13 , era necesario realizar un trabajo de campo para determinar si era la misma dictaminada en el oficio DA-UHTPCOSR-0240-2019 o se trataba de dos nacientes independientes. De ahí que no es posible concluir con certeza, como conjeturan los apelantes, que el cuerpo de agua valorado por el SENARE (48 metros de la casa), sea el mismo que reportó SINAC ([Dirección10] de la casa) y que, a su vez, alguno de éstos corresponda realmente con las nacientes registradas CED14, o CED13 , como se describe en las piezas acusatorias. Pero, en todo caso, aun si pudiera establecerse que se trata del mismo afloramiento, al no poderse determinar que se trataba de una naciente permanente, igual lo procedente era la aplicación del artículo 9 del Código Procesal Penal. Por otra parte, en lo referente al tema de la ausencia de dolo por parte del imputado, nuevamente se observa que los apelantes mutilan la argumentación del Tribunal de Juicio. Sobre este tópico, se explica en sentencia que: “[…] la tesis de cargo en sus conclusiones indicaron que el conocimiento del hecho (elemento integrante del tipo penal) del encartado lo obtuvo en primera instancia desde el 03 de julio del 2008 con el oficio PUCC US 707-2008, documento emitido por la municipalidad de Grecia en el cual refería sobre la existencia de dos nacientes no captadas y que parte de la propiedad se encontrada dentro de la zona de protecci ón y por ende no se podía desarrollar ningún proyecto de construcción en el radio de 100 metros lineales. Que este documento al estar dirigido al encartado era claro que este lo recibió y que desde ese momento [Nombre1] tenia el conocimiento de las nacientes y del radio de protección de las mismas, más sin embargo- aluden los dos entes acusadores- que a pesar de este conocimiento el encartado espera un año- como parte de su plan-, y en fecha 27 de agosto del 2009 presenta a la municipalidad la solicitud de permiso de construcción de una vivienda familiar de un piso y con un área de 120 metros de construcción, siendo que la Municipalidad de Grecia le otorga en un tiempo récord- según la fiscalía elemento indiciario a considerar también para acreditar el conocimiento del encartado de su ilicitud- de un día y se le concede el permiso para la construcción de dicha vivienda. Abona la representación de la procuraduría que era claro el conocimiento del encartado que el afloramiento de agua existente en el lindero norte de su propiedad correspondía a una naciente por cuanto este presenta hasta un año después para realizar los tramites en la municipalidad, teniendo la posibilidad de asesorarse en ese año para determinar en apego la ley el construir su vivienda. Considera la fiscal ía y la Procuraduria que estos elementos indiciarios nos dan como única respuesta que el encartado tenia conocimiento de la existencia del cuerpo de agua y del radio de protección de éste y por ende de la imposibilidad de llevar a cabo una construcción en el sitio. Para el Tribunal dichos argumentos no tienen sustento probatorio-como se analizo supra- por cuanto de la misma prueba de cargo los indicios resultan ser anfibológicos; veamos: a) En primera instancia el oficio PUCC US 707-2008 como lo indico el testigo [Nombre13] este tipo de trámites en muchas de las ocasiones no se realizaban de forma personal, si bien van dirigidas al dueño o titular de bien, no necesariamente este es quien presenta la solicitud o bien quien la retira de la municipalidad, indica el testigo “...Cualquier persona puede presentar la solicitud de uso de suelo. A mi me han contratado para casos especiales porque es muy complicado pero se hacen siempre como si fuese el administrado quien hace la solicitud. La solicitud realiza el señor porque fue firmada por el y esta con el número de cedula de el pero cualquier persona la pudo presentar …”(lo resaltado es propio). No tenemos elementos para desvirtuar en este caso que [Nombre1] como lo declaro en debate, hubiese contratado los servicios profesionales para realizar todos los trámites ante la municipalidad, como se extrae del Expediente digital de la Municipalidad de Grecia y del mismo Informe de Geotec, en que se acredita que [Nombre7] tuvo la asesoría del Arquitecto encargado de la obra quien hasta presenta una declaración jurada en el expediente de la Municipalidad, donde hace ver que el afluente no impedía la construcción de la vivienda contratada por cuanto no se encontraba en el radio de protección y un informe -que va dirigido al que en su momento era el encargado de los permisos de construcción [Nombre17] Corrales -del estudio de la Naciente por parte de la empresa Geotec en el cual se hace referencia que si bien existe un cuerpo de agua, éste es parte del flujo base de la Quebrada Flores y el radio de protección no es el que la municipalidad esta indicando en el uso de suelo, ni el que [Nombre19] y [Nombre8] reportan como naciente. De la prueba más bien se acredita la versión de [Nombre1] en cuanto al desconocimiento de la existencia de una naciente que afectaba su propiedad y en el momento que adquiere ese conocimiento, busca la asesoría de la persona que en ese momento le estaban ayudando y es cuando presenta el estudio hidrogelógico que el personero de la Municipalidad encargado de los permisos le solicita y logra con ello terminar su construcción. b) La rapidez con que se otorgo el permiso de construcción y el tiempo en el cual el imputado solicita el mismo despu és de otorgado el uso de suelo, como bien lo indico en su declaración [Nombre7] pudo deberse a que tenía una persona dentro del municipio que le indico podía ayudar o bien como de la necesidad de contar con los recursos económicos para la construcción, el imputado debió de tramitar dos hipotecas con dos entidades diferentes para la construcción de la vivienda y que se acredito con el informe registral y con las declaraciones de [Nombre3] , o bien como la ya se demuestra en el expediente se debió a que no contaba con dinero para la construcción o que no existía prisa por construir y que estaba apenas diligenciando los trámites para iniciar su proyecto. Además el mismo testigo [Nombre13] y [Nombre5] fueron contestes en indicar que la Municipalidad es la encargada de analizar estos documentos, que el mismo es requisito necesario para la tramitación de un permiso de construcción, con independencia del tiempo que este se expidió, y que el profesional a cargo del departamento de Planificación Urbana que en aquel momento lo era [Nombre17] tenia la obligación de constatar el cumplimiento de estos requisitos y otorgar o no el permiso de construcción. [Nombre13] refiere el “...Uso de suelo es requisito para permiso de construcción...se requería el plano catastro con visado, el uso, la carta de disponibilidad de agua y la eléctrica, el resto muy sencilla timbres estar al día en el pago de impuestos municipales, plano sellado por el Colegio de Arquitectos y el plano de construcción...Allí el funcionario otorga o no el [Nombre17] es un ex compañero arquitecto encargado de planificación Urbana, no recuerdo para que año entro 2006 y salio en el 2017 , no ejerció cargo de jefatura para conmigo, se creía jefe de todo el mundo, pero no era jefe mio. La labor de él era otorgar permisos de construcción…” Ninguno de esos elementos considerados por la fiscal ía y la procuradur ía resultan ser graves, unívocos y contestes para acreditar [Nombre1] para el año 2009, tenia el conocimiento de que significaba “naciente”, de que la misma era de “carácter permanente” y que a raíz de esta caracterización que afectaba su propiedad si realizaba una construcción estaría infringiendo la ley Forestal”. Como puede verse, la argumentación del Tribunal de Juicio fue mucho más allá de los pocos renglones que se citan en ambos recursos y, además, contrario a lo afirmado en éstos, abarca los argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por la Procuraduría en sus conclusiones. Ahora bien, para resolver los reclamos de los apelantes, lo primero a señalar es que si bien a folio 6 del expediente digital de la Municipalidad de Grecia se observa que el permiso de uso de suelo está dirigido al señor [Nombre1] , no consta ninguna razón de recibido. Los apelantes suponen que una copia de dicho documento fue entregada directamente al interesado, deducción que hacen a partir del hecho de que éste fue dirigido al imputado y en el expediente constan otros oficios extendidos a petición de éste. Pero, igualmente, en estos otros documentos tampoco constan razones de recibido, por lo que cobra relevancia lo indicado por el testigo [Nombre13] , respecto a que estos trámites podía realizarlos cualquier persona, no necesariamente el interesado directo. Y esta afirmación resulta compatible con la versión del imputado, respecto a que dejó estos trámites en manos de otras personas. Dicho de otra manera, no hay prueba que ese documento realmente estuvo en poder del señor [Nombre1] . Por otra parte, si bien la declaración jurada firmada por el arquitecto de apellido [Nombre9] tiene fecha agosto de 2009, los apelantes parecen suponer -pues tampoco hay prueba al respecto- que la intervención de este profesión en el proceso de construcción de la vivienda del imputado, comenzó el mismo día que firmó dicha declaración, cuando las máximas de la experiencia señalan que por general las personas interesadas en construir o remodelar viviendas contratan a los arquitectos con antelación, éstos comienzan con los diseños y preparación de documentos, así como la gestión de permisos municipales, y cuando han completado las primeras etapas de recolección de documentos, presentan los contratos a las Municipalidades, de manera el hecho de que en este caso el contrato tuviese fecha agosto de 2009, per se, no descarta que el arquitecto de apellido [Nombre9] estuviere prestando asistencia al imputado desde tiempo atrás. Como lo afirman los propios apelantes, una inversión tan alta como la que conlleva la construcción de una vivienda demanda, impone que el interesado procure ayuda en personas conocedoras de la materia y todo este proceso lleva tiempo. Pero incluso, aun asumiendo hipotéticamente que el señor [Nombre1] leyó el oficio PUCC US 707-2008, sucede que el testigo [Nombre1] , refiriéndose al contenido de éste, indicó: “El documento es un documento técnico de difícil interpretación para un administrado pero fácil interpretación de colegas míos que ejercen servicios profesionales independientes. En aquel momento no se presentaba ninguna declaración jurada de ese tipo que se estuviera respetando la zona de protección”. De lo depuesto por esta persona, se deriva que no necesariamente, por el simple hecho de que el administrado al que iba dirigido el documento leyera su contenido, automáticamente iba a adquirir una comprensión instantánea de su significado y alcances jurídicos, en este caso concreto, qué es una “naciente” y cuáles condiciones debe tener para considerarse “permanente”. Pero más importante aún, de la lectura del oficio PUCC US 707-2008, se desprende que en ningún momento se le prohíbe al administrado la construcción de la vivienda; únicamente se le advierte que parte de la propiedad de encontraba dentro del área de protección de las nacientes no captadas 257 y 258 (sin indicar su ubicación específica), por lo que la edificación debía levantarse fuera del radio de cien metros. Es interesante que los apelantes citaran de manera tendenciosa algunas manifestaciones del testigo [Nombre13] respecto a que los permisos de suelo estaban dirigidos a los administrados, pero omiten referirse a la parte en que este mismo deponente reconoce que este tipo de resoluciones es de difícil comprensión para los ciudadanos comunes. Aquí es donde cobra especial relevancia la declaración jurada del ingeniero [Nombre9] , de folio 35 del expediente municipal, pues este profesional, quien era el responsable directo de la obra, asegura que la construcción se ubica fuera del área de protección. Los apelantes hacen una lectura parcial de este documento, para extraer la conclusión de que el señor [Nombre1] tenía en su poder el oficio PUCC US 707-2008. Sin embargo, esta Cámara de Apelación considera más bien que este documento valida las conclusiones del Tribunal de Juicio, en el sentido de que el imputado había dejado la construcción en manos de este profesional, quien era el responsable de dirigir la construcción, por lo que resulta creíble la versión del señor [Nombre1] respecto a que éste se enteró de que la casa que estaba construyendo podría estar afectando un área de protección. Dicho de otra manera, habiéndose demostrado que existía un ingeniero a cargo de la obra, no hay prueba para afirmar que el justiciable tuviere razones para desconfiar de que lo indicado por el profesional [Nombre9] en la declaración jurada, o que del todo supiera que lo consignado ahí no era correcto. Por esta misma razón, tampoco resulta atendible de la Procuraduría, respecto a que el imputado debía saber que, de acuerdo con el plano de la propiedad, no era posible realizar ningún desarrollo en la propiedad. Este alegato no es atendible, en primer lugar, porque parte de una presunción in malam partem de que el imputado poseía los conocimientos técnicos para leer e interpretar un plano, como también para hacer un cálculo acerca del área de construcción que podía desarrollar en su finca. En segundo lugar, de la literalidad del oficio PUCC US 707-2008 no se desprende en modo alguno que el administrado tuviese prohibición de construir. Simplemente se le indica que la obra debía estar fuera del área de protección. Si por razones de espacio no era viable construir una casa en dicho lugar, a quien le correspondía determinar eso era precisamente al ingeniero [Nombre9] , no al administrado. En ese tanto, nunca explican los apelantes en qué se apoyarían para sostener que el acusado le impuso a dicho profesional la construcción, pese a conocer la limitación, o que existió un acuerdo de ambos para desatenderla. En tercer lugar, volviendo al tema de la contratación de un profesional, tampoco explican los recurrentes en cuál elemento de prueba se puede sustentar la afirmación de que el imputado tenía razones para desconfiar de las indicaciones de [Nombre9] , como responsable de la edificación, acerca de que no había ningún problema con la construcción, o bien que don [Nombre7] poseía los conocimientos técnicos para sospechar de la posible falsedad de lo consignado por el ingeniero en la declaración jurada, donde lo que se indica es que la construcción no afectaría el área de los afloramientos de agua. Por otra parte, se observa que los apelantes sesgan lo declarado por los testigos con respecto a la paralización y reapertura de la obra. Sobre este aspecto, el imputado declaró lo siguiente: “Como a los tres días o cuatro estaban trabajando ellos, cuando llega la municipalidad con unos sellos, me selló la obra y yo quede impactado de ver lo que estaba sucediendo, no pregunte nada al que puso los sellos, me vine para la municipalidad pregunte a don [Nombre17] no recuerdo los apellidos y al otro señor Esteban, pregunté muy preocupado por lo que estaba pasando Don [Nombre17] me dijo no queda más que presente un estudio no se si geológico, no recuerdo el término, me recomendó a un señor [Nombre6], le explico el asunto a él muy amable me dijo que él me ayudaba, le di los datos, la dirección donde era, el va ha la propiedad, duro como siete días u ocho y yo estaba muy preocupado un día me llama don [Nombre17] y me dijo que bajara yo me vine para la municipalidad estaba [Nombre17] en la oficina con Esteban yo estaba asustado de lo que iban a decir [Nombre17] me dijo: ud puede hacer la casa que le de la gana en ese lugar, él estaba muy contento de ver que era quebrada, me acuerdo que eso era lunes y el martes a las 8 subió don [Nombre17] y [Nombre14] a quitar los sellos y me dijeron que podía seguir la obra yo contento, este arquitecto [Nombre9] iba todos los días a ver la obra y nunca me dijo nada. Cuando me para la construcción la casa iba a un 75 por ciento cuando el sube quita los sellos yo llamo a la gente y se sigue la construcción se siguió normal todo bien casa se termino todo tranquilo todo bien la casa estaba terminada me vine unos días a vivir allí yo estaba muy contento con la casa y al mes me llego notificación de lo que estaba sucediendo”. Ahora bien, acerca de la clausura de la obra, el testigo [Nombre14] declaró: “Ese tema si la obra culmino lo vio [Nombre17] hasta donde se él se encargo [Nombre17] ya que cuando se realizo el levantamiento de la obra le correspondió a otro inspector, toda vez que ha nosotros nos rotaban. Yo no fui el que fue en ese momento a quitar los sello con [Nombre17] normalmente él era quien iba […] [Nombre17] era el jefe de departamento de Ingeniería no se porque firmo en ese lugar de encargado de la obra, la firma que esta sobre la indicación testigo en ese momento recuerdo que era el maestro de obras que estaba en el lugar, fue e que firmo allí. Toda la información que puse acta estaba acompañado de [Nombre17] , el fue hacer conmigo esa diligencia y el me indico lo que tenia poner ese día en el acta. El apartado de avance de la obra se ubica en el área de porcentaje que dice 80. No recuerdo si antes había ido a ese lugar. No se puede levantar una clausura si tienen sellos si esta en radio de una naciente en teoría pero el jefe mio era quien tomaba esas decisiones […] [Nombre17] que era el jefe tenia que dar el visto bueno de levantar la clausura de la obra […] Yo mencione eso porque en otra ocasión dijeron aquí mismo que se levantaron pero yo no me di cuenta que cuando fue, ni quien fue, no se si se levantaron o no, no me consta”. [Nombre5] declaró: “[…] nos dimos a la tarea de tomar más datos, fotos y medir el área de la casa e investigar en la municipalidad si contaba permisos nos entrevistamos ingeniero [Nombre17] y este nos indico que si había permiso se recabo información y se presento a la fiscalía de Grecia. Al hablar con [Nombre17] le informamos que allí estaba la naciente y me dijo que si le presentaban un estudio geológico de la naciente el daba el permiso. No sabia si había un estudio geológico no teníamos acceso al expediente. La primer visita fue en noviembre del 2009, no recuerdo si fue en el mismo día o días posteriores hable con [Nombre17] no se se si se clausuro, entiendo que no […] No se si [Nombre17] sabia de la existencia de la naciente pero solo me dijo que si le presentan un estudio técnico otorgo el permiso”. En el mismo sentido, [Nombre6] refirió: “El estudio fue realizado para valorar unos supuestos manantiales que estaban descritos en esa zona por el Sinac y la necesidad de realizar le surgió a [Nombre7] porque cuando iba a construir una casa hubo una denuncia y la municipalidad se vio obligada a suspender el proceso constructivo y lo solicitaron estudio y el lo presento municipalidad de Grecia y en aquel momento la municipalidad no tienen área especializada para realizar esas valoraciones busco asesoría técnica de parte ambiental para que un consultor privado como yo y determinara si efectivamente esas son o no nacientes. Y creo que [Nombre7] me busco a finales del 2009 y yo presente el estudio a inicios 2010 […] [Nombre17] conoció en la municipalidad es arquitecto actuaba como ingeniero municipal y creo que es la persona pidió el estudio […] Folio 100 a [Nombre17] se le dirige el informe porque [Nombre7] me lo pidió que lo dirigiera él. El estudio fue porque la Municipalidad se lo pidió”. Por su parte, [Nombre13] declaró: “Para ese momento no existían geólogos en la municipalidad. Sinae, [Nombre8] si tienen geólogos, los trabajos privados que hacen, yo no puedo evaluarlos. Puede que exista un retiro que afecte parcialmente la propiedad y fuera de esa área se puede construir o totalmente la propiedad y no se puede construir, de aprobarse si se puede pero no debería porque esta infringiendo la ley. La municipalidad aceptaba estudios geológicos privados, estudios sumamente caros se pedían análisis técnicos, lo que trababa de demostrar que estas nacientes estaban mal declaradas, cuando se contrataban estos estudios una vez municipalidad recibían no tenia capacidad de evaluar se elevaba al [Nombre19] tardaban un año o más para determinar si era o no naciente y se podía o no construir, esto se estuvo haciendo cuando yo estuve, se solicitaba al contribuyente, esto se hacia previo a la construcción cuando ud como su profesional tenia o no dudas si es o no naciente para que lo eleve la Dirección aguas, en algunas ocasiones los estudios servían, estaban mal declaradas en las mayorías no, estaban bien declaradas”. Como puede verse, contrario a lo sostenido en los recursos, estos testigos refieren que, para la época de los hechos, era posible que los administrados presentasen a la Municipalidad estudios geológicos privados, para demostrar que una naciente estaba mal declarada como tal y, además, también respaldan la versión de que al señor [Nombre1] se le solicitó por parte de la Municipalidad que presentara un estudio geológico para descartar la presencia de nacientes permanentes cercanas al área de construcción, como condición para que pudiera terminarla. Además, dan cuenta de que se manejó la información de que [Nombre17] fue quien se encargó de atender esta situación, levantó los sellos y autorizó que se continuara con la obra. Pero más importante aún, independientemente de si en el expediente administrativo de la Municipalidad consta o no una resolución ordenando el levantamiento de los sellos (aspecto que nunca podría ser achacable al administrado sino a los funcionarios de la Municipalidad), lo que sí está claro es que fue realizado el estudio de GEOTEC, a solicitud del interesado, donde se concluye que los afloramientos de agua ubicados dentro de la finca del imputado no eran nacientes permanentes. Lo anterior desvirtúa abiertamente la tesis sostenida por los apelantes de que el imputado actuó con dolo eventual, toda vez que fue informado por los inspectores de la Municipalidad de Grecia que la obra que estaba construyendo invadía el área de protección de una naciente, razón por la cual ésta fue clausurada, pese a lo cual siguió adelante. Por el contrario -y de esto sí existe certeza- al señor [Nombre1] le fue entregado un dictamen pericial elaborado por el geólogo [Nombre6] , en el cual se afirma, categóricamente, que los afloramientos de agua señalados por el SINAC, no eran nacientes permanentes, sino una quebrada, que era justamente la misma información que manejaba el imputado, lo que le permitió concluir la construcción. Con ese dictamen en su poder, no es posible afirmar que don [Nombre7] actuó con dolo eventual al proseguir con la obra, toda vez que tenía un criterio técnico -no refutado por ninguna autoridad en aquel entonces- de acuerdo con el cual la construcción que levantaba no estaba invadiendo ningún área de protección (a menos que los apelantes pudieran demostrar que el imputado poseía los conocimientos técnicos, o tenía razones fundadas para dudar de las conclusiones del informe de GEOTEC que avalaba la legalidad de la obra, cosa que no hacen). Por último, de acuerdo con los hechos probados del fallo, no es cierto que el imputado “corrió” a vender su propiedad al enterarse de la causa penal, puesto que ésta dio inicio en el año 2009, el imputado fue indagado el 14 de junio de 2011 (cf. folio 17) y la negociación de la casa de habitación fue hasta el 2011, es decir, dos años después de la apertura de la causa. Nada de esto se puede “retrotraer” al año 2009, cuando se realizó la construcción de la casa, para alegar que en aquel entonces actuó con dolo. Por todo lo expuesto, se declaran sin lugar los motivos.

II.- Como tercer motivo del recurso, se reclama inconformidad con la recepción, incorporación y rechazo de la prueba testimonial, con la consecuente aplicación errónea de los artículos 204 y 352 del Código Procesal Penal. Reclama que el Tribunal no permitió a la Procuraduría General de la República y a las partes el interrogatorio exhaustivo del testigo [Nombre17] , quien fue ofrecido por la defensa y mencionado por varios testigos como el funcionario municipal que aprueba el permiso municipal, quien da la orden de clausura, con quien se comunican los funcionarios del SINAC, a quien se le dirige el informe de GEOTEC, por lo que era un testigo importante para poder establecer el trámite del permiso municipal y de la emisión del uso de suelo, así como de la información que llevó a la clausura de la obra y la existencia en la Municipalidad de información del tema de las nacientes, incluso sobre el destino del informe de GEOTEC una vez recibido en la Municipalidad, incluso sobre la presencia del imputado en la Municipalidad previo a la emisión del permiso municipal. No obstante, previo a la recepción de su declaración en juicio, el Tribunal consideró que dicho testigo tenía la condición de sospechoso, pese a que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría lo tuvieron en ningún momento como investigado y, además, ya habían transcurrido más de 10 años desde los hechos. El único argumento del Tribunal fue que ese testigo había sido mencionado en el informe del SINAC por la emisión de los permisos municipales. Refiere el apelante que interpuso recurso de revocatoria, haciéndole ver al Tribunal que a dicho testigo nunca se le tuvo como autor de ningún delito y que, en todo caso, lo que se debía hacer era dejarlo declarar y sólo en caso de que de su declaración se pudiera advertir alguna auto incriminación, podía valorarse con esos elementos si era necesario advertirle sus derechos. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso y le asignó un defensor público, quien le recomendó abstenerse de declarar, por lo que no fue posible interrogar al testigo. Refiere que con ello se ocasionó agravio a la Procuraduría, puesto que no se le permitió interrogar a un testigo muy importante, pues no había que dejar de lado que el Tribunal absolvió por duda del conocimiento que tenía el imputado de un documento expedido por el departamento donde trabajaba el testigo [Nombre17] , quien fue la persona que emitió el permiso de construcción. Reitera que, conforme al artículo 204 del Código Procesal Penal, lo que correspondía era permitir que el testigo declarara y, solo en caso de que se advirtiera alguna responsabilidad, se le debían advertir sus derechos, llamando la atención que el Tribunal, para declararlo como sospechoso, hizo una valoración del informe del SINAC, pese a que en la presente causa nunca se le tuvo como posible autor de un delito, realizando una valoración de la prueba que no estaba permitida en esta etapa procesal. Solicita se anule el fallo impugnado y se ordene reenvío para nuevo juicio. El motivo se declara sin lugar. Esta prueba testimonial, a criterio de esta Cámara, no tiene la trascendencia que el apelante pretende darle, porque tal como se expuso en el considerando anterior, aún asumiendo hipotéticamente que el señor [Nombre1] se presentó a la Municipalidad de Grecia a retirar el permiso de construcción, se trata de un documento que cuyo contenido no es fácilmente comprensible para un administrado -a diferencia de los profesionales de construcción- de manera que la simple lectura de éste no asegura, como suponen los apelantes, que éste comprendiera cabalmente qué es una naciente permanente, exactamente en qué parte de su finca se encontraban y dónde no podía construir. Además, el documento de uso de suelo no prohíbe la construcción, sino que únicamente gira instrucciones respecto a que ésta debía mantenerse fuera del área de protección, existiendo una declaración jurada por parte del ingeniero a cargo de la obra, donde éste informa que la casa de habitación se ubicaría fuera de dicha área, sin que los acusadores pudieran demostrar, con argumentos contundentes, por qué se le debía trasladar al señor [Nombre1] la responsabilidad del ingeniero [Nombre9] , encargado de la construcción la vivienda, o con base en cuáles elementos de prueba se podría derivar, con certeza, la conclusión de que el imputado tenía razones para dudar de la información que le dio el ingeniero que contrató, acerca de que no había problema para construir la vivienda en el sitio donde fue levantada, o tenía razones para dudar de las conclusiones del estudio de GEOTEC, respecto a que los afloramientos de agua que estaban a menos de cien metros de su casa, no eran nacientes permanentes. Aunado a lo anterior, se explicó en el considerando anterior que tampoco logró demostrarse, con certeza, que los afloramientos de agua señalados por el SINAC y [Nombre8] constituyesen nacientes permanentes, elemento fundamental para la configuración del tipo delictiva, situación que no iba a cambiar con la declaración del señor [Nombre17] , de manera que tampoco se justifica la anulación del proceso por esta causa. En todo caso -y esto a mayor abundamiento- tampoco se observa que el órgano juzgador incurriera en una actuación arbitraria. El hecho de que una persona no haya sido objeto de investigación dentro del proceso no excluye la posibilidad de que se le pueda considerar testigo sospechoso, en el tanto pueda verse expuesta a brindar declaraciones en las cuales se auto incrimine como autor de un hecho punible. Respecto a este tópico, el apelante omite mencionar varias circunstancias particulares que se presentaron en este caso concreto. En primer lugar, para el momento en que el testigo [Nombre17] fue llamado a estrados, ya se había incorporado como prueba en juicio la denuncia interpuesta por el SINAC, visible de folios 1 a 4, donde expresamente se dice: “En caso de que se determine que el señor [Nombre1] no tiene responsabilidad en los hechos denunciados, solicitamos que se investigue la actuación del Ingeniero de la Municipalidad de Grecia, en el sentido de si se dio un ilícito en el otorgamiento del permiso dentro del área de protección de una naciente permanente”. Nótese que en este documento ya se le está señalando como posible autor de un delito contra la probidad en la función pública. Por otra parte, si bien es cierto que esta persona fue mencionada por otros testigos, el apelante omite consignar qué fue lo que dijeron. Revisado el fallo, se tiene que, con respecto a la intervención de [Nombre17] en los hechos, [Nombre14] refirió: “Folio 187 se le muestra, esa es mi letra y el acta de clausura que se hizo, es la que me han mostrado en otras ocasiones, mi firma es la del centro, la que dice Inspector, borde izquierdo sobre la linea encargado de la obra [Nombre17] . [Nombre17] era el jefe de departamento de Ingeniería no sé porque firmo en ese lugar de encargado de la obra, la firma que esta sobre la indicación testigo en ese momento recuerdo que era el maestro de obras que estaba en el lugar, fue el que firmo allí […] No recuerdo haber visto un permiso de construcción visible si sé que la obra tenía permiso porque [Nombre17] me lo indico, pero de haberlo visto en el campo no recuerdo. [Nombre17] que era el jefe tenía que dar el visto bueno de levantar la clausura de la obra […] No sé si [Nombre17] podía hacer las gestiones de Inspector. El fue conmigo porque el sabia que la obra tenia permiso, él fue al lugar conmigo porque tenia encargarse del asunto, para la clausura de una obra se requería del Inspector […] Normalmente dos [Nombre17] y el asistente revisaban si estaba afectado o no, no se porque en este caso no se dieron cuenta o no estaba afectada porque ellos revisaban antes de conceder el permiso. Antes de esto no recuerdo haber realizado este tipo de diligencia”. Por su parte, [Nombre13] refirió que: “Supe que se otorgó el permiso de construcción porque en la sala de testigos estaba un amigo mío que era testigo y que todo esto se dio por cuanto se otorgo un permiso de construcción. Me contó el testigo que si pero no me consta si se clausuro o no. En aquel entonces se requería el plano catastro con visado, el uso, la carta de disponibilidad de agua y la eléctrica, el resto muy sencilla timbres estar al día en el pago de impuestos municipales, plano sellado por el Colegio de Arquitectos y el plano de construcción. Allí el funcionario otorga o no el permiso […] El permiso de construcción puede anularse y se podría volver a dar. Debe de existir acto administrativo y el consejo municipal debe de ver ese caso. El permiso lo emite un profesional del departamento de Planificación. Se que en aquel momento se había anulado unos permisos que tenían ciertos problemas administrativos, no se si den mismo caso pero cuando existe una clausura es para que el administrado resuelva lo solicitado por la municipalidad. En la clausura se debe de indicar al administrado se debe decir el porque de la misma y se le da cierto tiempo en la ley esta establecido […] El administrado debía de solicitar a la municipalidad el visado y el uso de suelo ambos tardaban 15 días en entregarse, los requisitos del permisos regularmente lo hacia el administrado o el profesional, debe de recolectar todo el resto de requisitos de una lista que entregaba la municipalidad 8 a 10 requisitos y plano estaban sellados y tasados por el Colegio se presentaba ese legajo a la plataforma municipal para que esta trasladara a planificación urbana y control constructivo el cual tardaba 10 días para otorgar o no el permiso o licencia construcción. El profesional debía de revisar todo lo presentado por al administrado. Si había duda se solicitaba ayuda al departamento jurídico o catastro y en caso que persistiera la duda se buscaba profesional mas capacitado. Si había duda se debía de asistir la [Nombre19] para verificar la existencia y el número de naciente. Existen protocolos que se establecían la función de cada uno de los profesionales pero el control interno no estaba tan especializado como ahora, no se si el profesional lo hizo o no”. Nótese cómo, aunado a la denuncia del SINAC, en este caso particular, de lo depuesto por los testigos, se desprenden posibles actuaciones irregulares por parte del señor [Nombre17] en el ejercicio de sus funciones, no solamente en cuanto al otorgamiento presuntamente apresurado de los permisos de construcción, sino también en cuanto a la concesión de la autorización para la reanudación de la obra sin cumplir con los procedimientos administrativos, lo que ya permitía al Tribunal, desde ese momento, vislumbrar que la eventual declaración que esta persona podría depararle responsabilidad por su intervención en estos hechos. En un caso muy similar al que aquí nos ocupa, el Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante el voto No. 2020-1121 de las 10:25 horas del 8 de julio de 2020 -citado de manera incompleta por el recurrente- se pronunció en los siguientes términos: “En los argumentos que se plantean, se discute que no fue posible extraer información de calidad con la reproducción de lo declarado por el testigo, ni mucho menos se permitió al querellante y actor civil ejercer un interrogatorio eficaz para establecer las responsabilidades del imputado y demandado civil. Lo anterior porque, pese a que el juzgador no utilizó el procedimiento común ante la recepción de la declaración de un "testigo sospechoso" (advertencias constitucionales sobre su derecho de abstención y a contar con un acompañamiento letrado, ya que debe dispensársele el mismo trato que a cualquier imputado), sí limitó a las partes en el sentido de que no podían formular un interrogatorio cuyas respuestas pudieren derivar en una "autoincriminación." De previo, conviene precisar que testigo “es aquel que, sin ser imputado, expresa el conocimiento que tiene con respecto a los hechos sobre los que gira el proceso, conocimiento adquirido por cualquiera de sus sentidos”. (Llobet Rodríguez, Javier, Proceso Penal Comentado, 6ª edición, San José, Editorial Continental, 2017, pág. 349), mientras que, por su parte, el artículo 81 del Código Procesal Penal establece que imputado es “a quien, mediante cualquier acto de investigación o del procedimiento, sea señalado como posible autor del hecho punible o partícipe en él”, de modo que así se establecen los límites a la actividad punitiva estatal y privada a fin de proteger los derechos y garantías que corresponden a cada uno de esos sujetos en el proceso, entre los cuales figura el de asistencia técnica y el derecho de abstención (artículo 36 de la Constitución Política) e, incluso, el de abstención para los testigos, en el caso de los supuestos contemplados en el numeral 205 del Código Procesal Penal. Este preámbulo permite afirmar que, si bien es cierto, conforme el artículo 204 del Código Procesal Penal, el testigo tiene un deber legal de atender al llamado judicial y, bajo fe de juramento, declarar, esto incluye excepciones, entre ellas: que ejerza la facultad de abstención, en virtud de una relación de consanguinidad o afinidad con el propio imputado, según las reglas del numeral 205 del Código Procesal Penal; que los hechos sobre los cuales se requiere su declaración pudieren incriminarlo penalmente (supuesto al que le ha sido asignada, en la práctica, la denominación de "testigo sospechoso”) o que figure como imputado absuelto o sobreseído por los eventos a los que deba referirse. Es decir, cuando de los antecedentes del proceso surge la posibilidad de imputarle alguna responsabilidad en los hechos investigados, o acusados, según sea el caso, e incluso de auto incriminación (sin que ninguna parte lo haya planteado de esa forma) asiste a la persona ("testigo sospechoso") el derecho de abstención y de contar con patrocinio letrado. Aunque el establecimiento y determinación de esta figura ha presentado serias dificultades, pues incluso puede generar arbitrariedad, lo cierto es que se deriva del numeral 91 del Código Procesal Penal que refiere “Cuando exista motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el funcionario del Ministerio Público encargado de la investigación procederá a recibirle declaración, con arreglo a las disposiciones de este código ” (la negrilla no corresponde al original), pero tal condición (de "testigo sospechoso") podrá excluirse, válidamente, cuando la "sospecha" que le atribuye esa condición desaparece o se diluye a lo largo del proceso con ocasión de la incorporación de probanzas legítimas que descarten su intervención en el hecho punible o bien si aplicado un criterio de oportunidad, conforme a la regulación de los artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal, y superado el plazo de quince días después de la firmeza del fallo respectivo, se alcanzó la expectativa del ente acusador. Sobre este supuesto ha de indicarse que si, en el caso particular, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, como depositarios de la acción penal, decidieron no acusar a [Nombre21] y se reservaron la posibilidad de mantenerlo como testigo en virtud de ínfima participación, por ejemplo, tuvieron la posibilidad real y legal de aplicar este instituto y con ello evitar estas discusiones. Sin embargo, al no haber procedido de esa forma, lo legalmente esperable era que el tribunal, de previo a recibir la declaración de [Nombre21] , le informara sobre su derecho constitucional de abstención y le otorgara la posibilidad de contar con un defensor público o uno de su confianza, lo que, en todo caso, no eximía al juez de mantenerse atento y advertir cualquier circunstancia que pudiera deparar responsabilidad al declarante y así tomar acciones para garantizar sus derechos.”. Naturalmente, la necesidad de que el Tribunal de Juicio, previo a la recepción de un testigo, le advierta de su condición de ”sospechoso” y le informe de su derecho de abstenerse de declarar, deberá valorarse de acuerdo a las características y particularidades de cada caso concreto, pues en muchas ocasiones no existen elementos objetivamente constatables que, ex ante y razonablemente, permitan al Tribunal valorar que esta persona podría comprometerse a sí misma al rendir declaración, por lo que se será hasta el momento en que ésta exponga su testimonio, que tales elementos podrían surgir a la luz, por lo cual los juzgadores deben estar muy atentos al relato de la persona, prestos a informarle de sus derechos y prevenirle sobre la posibilidad de ser asistido por un defensor. Sin embargo, en este caso particular, de acuerdo con la prueba recibida en debate, tales indicadores sí existieron y fueron oportunamente percibidos por el Tribunal, de manera que el cuerpo juzgador actuó apegado a Derecho al informarle al señor [Nombre17] que podía ser asistido por un abogado defensor. Por lo expuesto, se declara sin lugar el motivo.

III.- Como cuarto motivo del recurso, se reclama inconformidad con la reapertura del debate, decretada por el Tribunal al incurrir en una falta de fundamentación intelectiva y probatoria, con violación al principio de libertad probatoria. Reprocha que, luego de finalizada la etapa de conclusiones, el Tribunal de Juicio dispuso la reapertura del debate con fundamento en el artículo 362 del Código Procesal Penal, pero nunca fundamentó la necesidad de solicitar dicha prueba nueva, sobre todo porque ya se había aportado al proceso prueba técnica al amparo del principio de libertad probatoria. Luego de transcribir las respuestas que la Dirección de Aguas remitió al Tribunal de Juicio, reprocha que dicha institución contestó al órgano juzgador que no era posible atender algunas de sus inquietudes, ya que ello llevaría más tiempo y además era necesario realizar una inspección en verano de 2022, aspecto técnico que ya era conocido por el Tribunal puesto que desde el inicio los geólogos que declararon en debate señalaron que un estudio de esta naturaleza debía realizarse en época seca. No obstante, el Tribunal, de manera infundada, toma la decisión de requerir un criterio técnico en plena época de invierno, y luego de que la Dirección de Aguas emite el informe los juzgadores toman algunos aspectos de éste para calificar el estudio de la Dirección de Aguas como “empírico”, cuestionar la información técnica y acrecentar la duda. Solicita que se anule el fallo impugnado y se ordene reenvío para nueva sustanciación. El motivo se declara sin lugar. El artículo 362 del Código Procesal Penal dispone que: “Si el tribunal estima, durante la deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos elementos de apreciación aportados”. Nótese que, de la redacción de la norma, no se desprende que, para disponer la reapertura del debate, el Tribunal deba fundamentar de manera profusa su decisión. Lo único que se exige, es que durante la deliberación los juzgadores consideren absolutamente indispensable recibir esa prueba, bastando con que informen de su decisión a las partes que, en todo caso, deberán tener acceso al examen de esta prueba nueva. El artículo no prevé la posibilidad de que las partes puedan oponerse a esa reapertura y/o cuestionar las motivaciones del Tribunal. De ahí entonces que el alegato del apelante, respecto a que dicha prueba era innecesaria porque ya existía prueba técnica suficiente para acreditar los hechos acusados, constituye una consideración particular sobre el caso que, por sí sola, no determina que la actuación del Tribunal de Juicio, en este caso concreto, fuese arbitraria. Tal como se explicó en el considerando segundo de la presente resolución, el órgano juzgador contaba con criterios contrapuestos entre los peritajes de SENARE y Geotec sobre la caracterización de los cuerpos de agua ubicados en la finca del imputado, por lo que a criterio de esta Cámara resultaba razonable consultar a la Dirección de Aguas, que es precisamente la entidad competente para determinar si un afloramiento puede ser calificado como una naciente permanente. Comentando los alcances de este artículo 362, señala la doctrina nacional que: “Se trata de una norma problemática desde la perspectiva de la imparcialidad del juzgador […] Se parte de que la reapertura de la prueba se puede disponer tanto para pedir prueba que pueda perjudicar al imputado, como para solicitar prueba que lo pueda favorecer […] Sin embargo, en la práctica la reapertura del debate se dispone en casos en que se pretende allegar prueba incriminatoria en contra del imputado. Lo correcto es que si en la deliberación hay duda, lo que corresponde es el dictado de la sentencia absolutoria y no disponer la reapertura del debate para ordenar una prueba adicional […] Lo lógico es que al disponerse la reapertura no puede ordenarse prueba de cargo, sino solamente de descargo, como lo propone [Nombre22] , pero esto no deja de ser problemático, ya que en contra de lo previsto, el resultado puede llegar a perjudicar al imputado […] Debe insistirse en que si hay duda, lo que corresponde es absolver. Sin embargo, la reapertura del debate en la práctica no ha seguido ese criterio y con frecuencia se ordena buscando completar la prueba incriminatoria del Ministerio Público, en contra del principio acusatorio y de imparcialidad […] La justificación que se le trata de dar a la prueba ordenada al abrirse el debate, es que se trata de una medida para mejor proveer basada en el principio de “verdad material”. Debe ser ejercida solo en casos excepcionales, ya que altera el orden normal del proceso. Por ello se requiere que sea “absolutamente necesario” recibir nuevas pruebas” ([Nombre23] , Javier. Proceso Penal Comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 6° edición, 2017, pp.- 546-547). Partiendo de lo anterior, si en el caso concreto el Tribunal de Juicio tenía dudas sobre la caracterización del cuerpo de agua objeto de estudio, lo que debió hacer fue absolver directamente al imputado en aplicación del principio in dubio pro reo, en vez de reabrir el debate para solicitar este informe a la Dirección de Aguas, cuyo resultado bien pudo haber terminado favoreciendo a la tesis acusatoria. En consecuencia, resulta inaceptable la afirmación de que esta actuación del Tribunal de Juicio causó “agravio” al Ministerio Público y a la Procuraduría, pues perfectamente pudo haber ocurrido que esta prueba nueva viniera más bien a afianzar la postura de éstos, respecto a que el afloramiento de agua efectivamente era una naciente permanente, porque estaba alimentada de aguas subterráneas, permitiéndole al Tribunal decantarse por el peritaje elaborado por SENARE, de manera que quien pudo haber resultado perjudicado fue el propio señor [Nombre1] . Por otra parte, no resulta de recibo el reclamo de que dicha prueba era impertinente, puesto que el geólogo [Nombre4] había advertido que este tipo de investigaciones de campo, como las que el Tribunal solicitó a la Dirección de Aguas, debía hacerse en época seca. Tal como se indicó en el considerando segundo de la presente resolución, la responsabilidad por esta situación no es trasladable al cuerpo juzgador, puesto que, si desde el principio se conocía que por disposición legal le correspondía a la Dirección de Aguas la caracterización de un afloramiento, no se entiende por qué entonces, durante la etapa preparatoria, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General de la República, nunca solicitaron el criterio técnico de dicha dependencia. De ahí que no es responsabilidad del Tribunal que, cuando sus integrantes determinaron la necesidad de contar con este estudio, para la Dirección de Aguas no fuese posible la realización de éste, debido a la época del año en que se realizó el debate, debiendo reiterarse aquí que este problema no se hubiese presentado si, con anterioridad, la parte acusadora se hubiera ocupado de hacer llegar esta prueba a los autos. Por lo expuesto, se declara sin lugar el motivo.

IV.- Como quinto motivo del recurso, se reclama falta de fundamentación del rechazo de la solicitud del derribo de la obra. En síntesis, sostiene que la motivación del fallo con respecto a este extremo, es insuficiente, al no analizar la prueba que determina la existencia de una naciente y de una zona de protección, pero sobre todo no realizar ninguna fundamentación jurídica y no tomar en cuenta los principios precautorio y pro natura, que deben ser observados cuando se trata de actuaciones contra el medio ambiente. El motivo se declara sin lugar. El problema con la argumentación del apelante es que en todos los casos que dieron lugar a los precedentes de jurisprudenciales que cita (tanto de la Sala Constitucional como de los Tribunales de Apelación), independientemente de la absolutoria del imputado, sí se logró demostrar que existió invasión a un área de protección, así como una afectación real al medio ambiente. Sin embargo, es justamente lo que no se logró acreditar en el caso de estudio. En efecto, los hechos que se tuvieron por demostrados en sentencia fueron los siguientes: “PRIMERO: Para el año 2008, el encausado [Nombre1] construyo una vivienda en la propiedad ubicada en San Isidro de Grecia, [Dirección11] , , finca inscrita en el partido de Alajuela, matrícula de folio real número CED15, ubicación geográfica en las coordenadas horizontales [Dirección12] y verticales [Dirección13], hoja cartográfica Naranjo, escala 1:50.000, que mide 3.300 metros cuadrados y por la cual discurre un cuerpo de agua. SEGUNDO: Para el mes de abril 2011, el encartado [Nombre1] , sabiendas del proceso penal número 09-204266-0331-Pe seguido en su contra por el delito de Infracción ley Forestal, donde el objeto, sobre el cual recae dicha infracción forestal, lo era la propiedad partido de Alajuela, matrícula de folio real número CED15, le vende a los ofendidos [Nombre2] y [Nombre3] en la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE COLONES, ocultándoles el proceso penal 09-204266-0331-PE, en el cual se discutía limitaciones a la propiedad que le hacían imposible el disfrute de esta, produciendo un perjuicio económico a los éstos en su patrimonio. TERCERO: Que el encartado [Nombre1] no cuenta con juzgamientos anteriores”. Nótese que una de las razones por las que el imputado fue absuelto, es justamente que la prueba técnica de cargo resultó insuficiente para demostrar que ese cuerpo de agua fuese una naciente permanente. Y si esto es así, tampoco se puede afirmar la existencia de un daño al medio ambiente, por lo que en estas circunstancias resultaría arbitrario ordenar el derribo de la obra. Por lo expuesto, se declara sin lugar el motivo.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

José Alberto Rojas Chacón Yadira Godínez Segura Karina Redondo Gómez Juez y Juezas de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: Infracción a la Ley Forestal En perjuicio de: Los Recursos Naturales [Nombre24] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

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    • Ley Forestal 7575 Art. 58 inciso a
    • Ley Forestal 7575 Art. 33
    • Código Procesal Penal Art. 362
    • Código Procesal Penal Art. 91
    • Código Procesal Penal Art. 204
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