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Illegal fishing with a spear gun — the precautionary principle in abstract-danger environmental crimesPesca ilegal con arbaleta — principio precautorio en delitos ambientales de peligro abstracto

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Appeals Tribunal denied the appeal and upheld the conviction for illegal fishing, imposing two months’ imprisonment commuted to sixty days of community service and the forfeiture of the equipment used.El Tribunal de Apelación declaró sin lugar el recurso y confirmó la condena por pesca ilegal, imponiendo dos meses de prisión conmutados por sesenta días de servicios de utilidad pública y el comiso del equipo utilizado.

SummaryResumen

The Criminal Sentence Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José upheld the conviction of two individuals for illegal fishing in continental waters after they used spear guns and harpoons to catch a fish in a river within a wildlife area. The defense argued that no concrete endangerment to the continuity of species or to the environment was proven, since the abundance of fish, their reproduction rate, or specific ecosystem damage was not established. The court rejected the appeal and held that Article 97 of the Wildlife Conservation Law creates an abstract-danger offense: the mere use of prohibited methods—such as a spear gun—is sufficient to deem the continuity of species at risk, without requiring proof of material harm. The decision relies on the precautionary principle, recognized in the Rio Declaration and the Biodiversity Law, and on the case law of the Constitutional Chamber and the Third Chamber, which prioritize prevention of serious or irreversible environmental damage.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la condena de dos personas por pesca ilegal en aguas continentales tras haber utilizado arbaletas y arpones para capturar un pez en un río dentro de un área silvestre. La defensa argumentó que no se probó una puesta en peligro concreta a la continuidad de las especies ni al medio ambiente, pues no se acreditó la existencia de afluencia de peces, su tasa de reproducción ni el daño específico al ecosistema. El tribunal rechazó el recurso y sostuvo que el artículo 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre configura un delito de peligro abstracto: basta la utilización de métodos prohibidos —como la arbaleta— para considerar que se pone en riesgo la continuidad de las especies, sin necesidad de demostrar una lesión material. La decisión se apoya en el principio precautorio, reconocido en la Declaración de Río y en la Ley de Biodiversidad, y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Tercera, que priorizan la prevención frente a daños ambientales graves o irreversibles.

Key excerptExtracto clave

Predominantly, given the fragility and vital importance of the environment, its protection under criminal law is achieved through abstract-danger offenses, since precisely what is sought is to sanction the conduct described in the norm that may put the environment at risk, rather than waiting for it to be seriously or irreparably harmed. This is grounded in the precautionary principle, which is one of the fundamental approaches in environmental matters and has been extensively analyzed by the Constitutional Chamber […] In this specific case, it was charged and proven at trial that the defendants—by mutual agreement and knowing that it was a prohibited method and that they were in a wildlife area (the grounds of EARTH University)—illegally fished a Moga-type fish measuring 20 centimeters in length, using spear guns and harpoons, thereby endangering the continuity of the species of the riverine ecosystem. The mere use of spear guns and fishing in continental waters (in this case, a river) is prohibited by law because, when used, it creates a danger to the continuity of species, as required by the cited criminal provision […], without it being necessary—as the appellant erroneously claims—to verify a concrete impact on the protected legal interest (endangering the continuity of the species), since the analysis and interpretation of norms that protect the environment must be carried out in light of the precautionary principle (in dubio pro natura) for the reasons already set forth, so the error that the defense seeks to assert does not exist.Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable. Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional […] En este caso en concreto, se acusó y en sentencia quedó demostrado, que los imputados -de común acuerdo y a sabiendas de que se trataba de un método no permitido y que se encontraban en un área silvestre (límites de la Universidad EARTH)-, pescaron ilegalmente un pescado tipo Moga de 20 centímetros de longitud, para lo cual utilizaron arbaletas y arpones, poniendo en peligro la continuidad de las especies del ecosistema rivereño. El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado […], sin que fuera necesario -como erróneamente lo pretende la quejosa-, que se verificara la concreta afectación al bien jurídico (poner en peligro la continuidad de la especie), pues el análisis e interpretación de las normas que tutelan el medio ambiente, debe hacerse a la luz del principio precautorio (in dubio pro natura) por las razones ya expuestas, de manera que no existe el yerro que pretende hacer valer la defensa.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado [...], sin que fuera necesario [...] que se verificara la concreta afectación al bien jurídico."

    "The mere use of spear guns and fishing in continental waters (in this case, a river) is prohibited by law because, when used, it creates a danger to the continuity of species, as required by the cited criminal provision [...], without it being necessary [...] to verify a concrete impact on the protected legal interest."

    Considerando Único

  • "El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado [...], sin que fuera necesario [...] que se verificara la concreta afectación al bien jurídico."

    Considerando Único

  • "Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable."

    "Predominantly, given the fragility and vital importance of the environment, its protection under criminal law is achieved through abstract-danger offenses, since precisely what is sought is to sanction the conduct described in the norm that may put the environment at risk, rather than waiting for it to be seriously or irreparably harmed."

    Considerando Único

  • "Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable."

    Considerando Único

  • "Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional."

    "This is grounded in the precautionary principle, which is one of the fundamental approaches in environmental matters and has been extensively analyzed by the Constitutional Chamber."

    Considerando Único

  • "Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional."

    Considerando Único

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Resolution: [Telf1] Case File: 21-000321-1263-PE(15) CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight hours forty minutes, on the ninth of August, two thousand twenty-two.

APPEAL filed in the present case against [Name [Name1]], [...] and [Name [Name2]], [...]; for the crime of ILLEGAL FISHING, to the detriment of the WILDLIFE CONSERVATION LAW. Participating in the decision on the appeal are Judge [Name3], and Judges Edwin Esteban Jiménez González and Raúl Madrigal Lizano. Appearing at this venue are Attorney [Name4], in her capacity as public defender for the accused, and Attorney [Name5], representing the Public Prosecutor's Office.

WHEREAS:

I.- That by judgment number 343-2021, at sixteen hours thirty minutes on the fifteenth of November, two thousand twenty-one, the Criminal Trial Court, II Judicial Circuit of the Atlantic Zone, ruled: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8.2 of the American Convention on Human Rights, 11 of the Universal Declaration of Human Rights, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 97 of Law 7317, Wildlife Conservation Law, Articles 1, 2, 18, 30, 45, 59 to 61, 51, 56 bis, 71 of the Penal Code, 1 to 15, 142, 143, 180 to 184, 360, 361, 363 to 367, 422 to 429 of the Criminal Procedure Code, this Court declares [Name [Name1]] AND [Name [Name2]] criminally responsible as perpetrators of ONE CRIME OF ILLEGAL FISHING committed to the detriment of WILDLIFE and in such capacity imposes upon them the penalty of TWO MONTHS OF IMPRISONMENT; a penalty that shall be served after crediting any pre-trial detention they may have suffered, as determined by the respective prison regulations. Having met the legal requirements, the penalty imposed on the accused [[Name6]] AND [[Name7]] is commuted to SIXTY DAYS OF COMMUNITY SERVICE each, as established in Article 56 bis, to be completed within a period of eight months, counted from the finality of the resolution, at the place and in the manner determined by the Community Service Office of the Ministry of Justice and Peace, which will be in charge of defining the place, schedule, and compliance plan to be fulfilled by the sentenced individuals and of reporting thereon to the Sentence Enforcement Court. Unjustified non-compliance with the community service will empower the Sentence Enforcement Judge to revoke it, and the sentenced individuals must then serve the principal prison sentence imposed upon them in this judgment. Once the judgment is final, they must appear before the Court so that the documents may be issued for them to attend the community service office. Issue the corresponding official orders and the certified copies to the Criminal Records Archive and the Sentence Enforcement Court. The confiscation in favor of the State is ordered of three Beuchat brand spearguns of approximately 80 to 85 centimeters each, black and white in color. Three harpoons, one diving mask colored black with green and silver, two diving masks colored black with silver, one flashlight colored black with phosphorescent green, one flashlight colored black with orange, and one black flashlight, and the destruction of the same is ordered. Once this judgment is final, the definitive archiving of the case file is ordered. It is resolved without special order as to costs; the expenses of the criminal proceedings are borne by the State. As this is an oral judgment, the parties are duly notified in the act." (sic).

II.- That against the preceding pronouncement, Attorney [Name4], in her capacity as public defender for the accused, filed an appeal.

III.- That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge of Criminal Sentence Appeals [Name8]; and,

WHEREAS:

SOLE.- As the first ground comprising the appeal filed by public defender [Name4], she alleges improper legal reasoning regarding unlawfulness (antijuridicidad). She believes that the criminal offense charged and held as proven in the judgment is that set forth in Article 97 of the Wildlife Conservation Law, which descriptively establishes the protected legal interest, which corresponds to the continuity of the species, since, for the conduct to be legally relevant, it is not enough to merely hold as proven that the defendants fished with spearguns, but rather it must be clearly established how that method used endangered the continuity of the species. Thus, she considers that the court should have analyzed the existence or non-existence of harm to the legal interest and, for that reason, should have discarded the analysis of an alleged environmental damage, since the protected legal interest is the conservation of the species and not the environment. She adds that the environmental damage was also not supported by any objective evidence or technical report and "[...] the harm to the continuity of the species was not substantiated in the judgment, as it is not sufficient to merely indicate that the harm arises from the use of the spearguns to carry out the alleged fishing" (cf. folio 43 verso). The appellant believes that "[...] to derive that the legal interest of conservation was violated, it was necessary to establish several relevant aspects such as the fact of whether there was a particular abundance of fish in that river, (which cannot be verified solely by the fact that the defendants were trying to 'fish' for a period of one hour); in addition to whether this type of species reproduces massively in the area where the events occurred or if, on the contrary, its reproduction is scarce and if the fishing of only one of these fish in itself causes a danger to its continuity of the species, aspects that were in no way demonstrated with the testimonial evidence gathered at the plenary stage nor through the documentary evidence introduced" (cf. folio 44). In the specific case, the criminal offense charged in Article 97 of the Wildlife Conservation Law establishes that the protected legal interest is conservation; hence, when the continuity of the species is endangered, that is when harmfulness is generated. For this, the Court had to conduct a complete analysis of this endangerment and not mix it with other legal interests that are not applicable to the criminal offense. She concludes her claim by stating that a correct analysis and reasoning was not carried out on one of the components of the theory of crime, namely substantive unlawfulness, without which there is no possibility of imposing a penalty, since it cannot be established that the conduct displayed by the defendants caused an impact on the legal interest. Position of the Public Prosecutor's Office: Prosecutor [Name5] requests that the appeal be dismissed because the defense's argument is nothing more than a simple disagreement with what was resolved, since the judgment is duly reasoned. Appeal dismissed. The defense demands that it should have been necessary to demonstrate the endangerment of the continuity of the species, in order to determine whether the protected legal interest was harmed, otherwise, it believes that the conduct would not be legally relevant. Article 97 of Law Number 7317, called the Wildlife Conservation Law, provides: "Whoever fishes in continental waters—rivers, streams, and creeks up to their mouth, lakes, lagoons, reservoirs, estuaries, and other wetlands—of national property, using explosives, spearguns, cast nets, seine nets, multiple lines, trammel nets, or any other method that endangers the continuity of the species, shall be sanctioned with a fine of five (5) to ten (10) base salaries or imprisonment of two (2) to eight (8) months, and the confiscation of the corresponding equipment or material. Should the fishing be carried out in continental waters using poisons, lime, or pesticides, it shall be sanctioned with a fine of ten (10) to thirty (30) base salaries or imprisonment of one (1) to two (2) years, provided that a more serious crime is not committed, and the confiscation of the corresponding equipment and material." For the most part, by virtue of the fragility and vital relevance of the environment, its protection in criminal matters is through crimes of abstract danger (delitos de peligro abstracto), since precisely what is sought is to sanction the conducts described in the norm that may put the environment at risk and not wait for it to be seriously or irreparably harmed. This is justified by the precautionary principle, which is one of the fundamental approaches in environmental matters and which has been extensively analyzed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): "[...] XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, adopts the following principles as hermeneutical parameters: '1. Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2. Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is a danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.' In Ruling of this Chamber No. 1250-99 at 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 at 14:14 hours on July 3, 2003), this Court held the following: '(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since once the socially harmful biological consequences have occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.' Subsequently, in Ruling No. 3480-03 at 14:02 hours on May 2, 2003, this Court indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura principle implies that when there are no studies or reports carried out according to the unequivocal and exactly applicable rules of science and technology that allow arriving at a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the dubious state is clarified, and, concurrently, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation" (Constitutional Chamber, judgment number 1923-2004 at 14:55 hours on February 25, 2004. See in this regard judgment number 00480 - 2015 at 8:59 hours on April 8, 2015, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). In this specific case, it was charged and proven in the judgment that the defendants—by common agreement and knowing that it was a non-permitted method and that they were in a wildlife area (boundaries of EARTH University)—illegally fished a Moga type fish 20 centimeters in length, for which they used spearguns and harpoons, endangering the continuity of the species of the riverine ecosystem. The simple use of spearguns and fishing in continental waters (in this case, a river) is prohibited by law because, when used, it creates a danger to the continuity of the species, as required by the aforementioned criminal offense (see in this regard, judgment number 2016-266 at 16:17 hours on April 28, 2016, issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, Second Section), without it being necessary—as the complainant erroneously claims—to verify the specific impact on the legal interest (endangering the continuity of the species), since the analysis and interpretation of the norms that protect the environment must be done in light of the precautionary principle (in dubio pro natura) for the reasons already stated, so that the error the defense seeks to assert does not exist. As such, the appeal is unmeritorious.

THEREFORE:

The appeal filed by the defense is dismissed. NOTIFY.

[Name3] Raúl Madrigal Lizano Edwin Esteban Jiménez González Judges of Criminal Sentence Appeals Case File: 21-000321-1263-PE (15) Accused: [Name [Name1]] Victim: Illegal fishing Crime: Wildlife Conservation Law AVARGASQ

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Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas cuarenta minutos, del nueve de agosto de dos mil veintidós.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], [...] y [Nombre [Nombre2]], [...]; por el delito de PESCA ILEGAL, en perjuicio de LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión del recurso la jueza [Nombre3] , los jueces Edwin Esteban Jiménez González y Raúl Madrigal Lizano. Se apersonaron en esta sede la licenciada [Nombre4] en calidad de defensora pública del encartado y el licenciado [Nombre5] en representación del Ministerio Público.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 343-2021, de las dieciséis horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 97 ley 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículos 1, 2, 18, 30, 45, 59 al 61 51, 56 bis, 71 del Código Penal, 1 al 15, 142, 143, 180 a 184, 360, 361, 363 a 367, 422 al 429 del Código Procesal Penal, este Tribunal declara a [Nombre [Nombre1]] Y [Nombre [Nombre2]] autores responsables de UN DELITO PESCA ILEGAL cometido en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE y en tal carácter se les impone la sanción de DOS MESES DE PRISIÓN; pena que deberá descontar previo abono a la preventiva que hubiere sufrido, según lo determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Por cumplir con los requisitos de ley se les conmuta la sanción impuesta a los encartados [[Nombre6] ] Y [[Nombre7] ] por SESENTA DÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA cada uno, tal y como lo establece el artículo 56 bis, a realizar en el plazo de ocho meses, contados a partir de la firmeza de la resolución, en el lugar y forma que determine la oficina de Atención en Comunidad del Ministerio de Justicia y Paz que será la encargada de definir lugar, horario, plan de cumplimiento a cumplir por los sentenciado y dar informe de ello al Juzgado de Ejecución de la Pena. El incumplimiento injustificado de la pestación de servicios de utilidad pública, facultará al Juez de ejecución de la Pena a revocarla, debiendo cumplir los sentenciados la sanción principal de prisión que les fue impuesta en el presente fallo. Una vez firme la sentencia deberá de presentarse al Tribunal a efecto de que se le otorguen los documentos para que asista a la oficina de atención en comunidad. Expídanse los oficios de ley y los testimonios de estilo ante el Archivo Criminal y el Juzgado de Ejecución de la Pena. Se ordena el comiso a favor del estado de tres arbaletas marca Beuchat de aproximadamente 80 a 85 centímetros cada una, de color negra con blanco. Tres arpones, una mascarilla de buceo color negra con verde y plateado, dos mascarillas de buceo color negras con plateado, un foco color negro con verde fosforescente, un foco color negro con anaranjado y un foco color negroy se ordena la destrucción de los mismos. Una vez firme esta sentencia, se ordena el archivo definitivo del expediente. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Por tratarse de una sentencia oral quedan las partes debidamente notificados en el acto." (sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la licenciada [Nombre4] en calidad de defensora pública del encartado.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal [Nombre8] ; y,

CONSIDERANDO:

ÚNICO.- Como primer motivo que integra el recurso de apelación interpuesto por la defensora pública [Nombre4] , alega indebida fundamentación con respecto a la antijuridicidad. Estima que el tipo penal acusado y que se tuvo por acreditado en sentencia es el previsto en el numeral 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre el cual establece de manera descriptiva el bien jurídico tutelado, que corresponde a la continuidad de las especies pues, para que la conducta sea jurídicamente relevante no basta solamente con tener por acreditado que los imputados pescaron con arbaletas, sino que se debe establecer de manera clara cómo ese método empleado puso en peligro la continuidad de la especie. Así, considera que el tribunal debía analizar la existencia o no de la lesión al bien jurídico y por eso debió descartar el análisis de un supuesto daño ambiental, ya que el bien jurídico tutelado es la conservación de la especie y no el medio ambiente. Agrega que el daño ambiental tampoco se respaldó en ninguna prueba objetiva o informe técnico y "[...] el daño de la continuidad de la especie no se fundamentó en la sentencia, ya que no resulta suficiente indicar únicamente que el daño se da a partir de la utilización de las arbaletas para realizar la supuesta pesca" (cfr. folio 43 vuelto). Estima la recurrente que "[...] para derivar que el bien jurídico de conservación se vio violentado, era necesario establecer varios aspectos de relevancia como el hecho de si en ese río particularmente existía afluencia de peces, (lo cual no se puede constatar solo por el hecho de que los imputados estuvieran intentando “pescar” por espacio de una hora); además de si este tipo de especie se reproduce masivamente en la zona donde se dieron los hechos o si por el contrario, su reproducción es escasa y si la pesca de uno solo de estos peces ocasiona en sí mismo un peligro para su continuidad de la especie, aspectos que de ninguna manera fueron demostrados con la prueba testimonial recabada en la etapa plenaria ni tampoco mediante la prueba documental judicializada" (cfr. folio 44). En el caso en concreto, el tipo penal acusado en el artículo 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece que el bien jurídico tutelado es la conservación de ahí que cuando se ponga en peligro la continuidad de la especie, es cuando se genera la lesividad. Para ello, el Tribunal debía realizar un análisis completo de esta puesta en peligro y no mezclar con otros bienes jurídicos que no son los aplicables al tipo penal. Finaliza su reclamo indicando que no se realizó un correcto análisis y fundamentación sobre uno de los componentes de la teoría del delito, como lo es la antijuridicidad material, sin la cual no existe posibilidad de imponer una pena, ya que no se puede establecer que la conducta desplegada por los imputados ocasionó una afectación al bien jurídico. Posición del Ministerio Público : El fiscal [Nombre5] solicita que se declare sin lugar el recurso porque el planteamiento de la defensa no es más que un simple desacuerdo con lo resuelto, pues la sentencia está debidamente fundamentada. Sin lugar el recurso. La defensa exige que se debió demostrar la puesta en peligro de la continuidad de las especies, con el fin de determinar si fue lesionado el bien jurídico tutelado, pues de lo contrario, estima que la conducta no sería jurídicamente relevante. El artículo 97 de la ley número 7317 denominada Ley de Conservación de la Vida Silvestre, dispone: "Será sancionado con pena de multa de cinco (5) a diez (10) salarios base o pena de prisión de dos (2) a ocho (8) meses, y el comiso del equipo o material correspondiente, quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies. En caso de que la pesca se efectúe en aguas continentales, empleando venenos, cal o plaguicidas, será sancionado con pena de multa de diez (10) a treinta (30) salarios base o pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, y el comiso del equipo y el material correspondientes". Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable. Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional: "[...] XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación" (Sala Constitucional, sentencia número 1923-2004 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. Ver en este sentido la sentencia número 00480 - 2015 de las 8:59 horas del 8 de abril del 2015 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En este caso en concreto, se acusó y en sentencia quedó demostrado, que los imputados -de común acuerdo y a sabiendas de que se trataba de un método no permitido y que se encontraban en un área silvestre (límites de la Universidad EARTH)-, pescaron ilegalmente un pescado tipo Moga de 20 centímetros de longitud, para lo cual utilizaron arbaletas y arpones, poniendo en peligro la continuidad de las especies del ecosistema rivereño. El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado (ver en este sentido, la sentencia número 2016-266 de las 16:17 horas del 28 de abril de 2016, dictada por el Tribunal de Apelación Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda), sin que fuera necesario -como erróneamente lo pretende la quejosa-, que se verificara la concreta afectación al bien jurídico (poner en peligro la continuidad de la especie), pues el análisis e interpretación de las normas que tutelan el medio ambiente, debe hacerse a la luz del principio precautorio (in dubio pro natura) por las razones ya expuestas, de manera que no existe el yerro que pretende hacer valer la defensa. Así las cosas, el recurso es inatendible.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la defensa. NOTIFÍQUESE.- [Nombre3] Raúl Madrigal Lizano Edwin Esteban Jiménez González Juezas y juez de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Nombre [Nombre1]] Ofendido: Pesca ilegal Delito: Ley de Conservación de Vida Silvestre AVARGASQ

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317

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    • Ley de Conservación de la Vida Silvestre Art. 97
    • Ley de Biodiversidad Art. 11
    • Código Penal Art. 56 bis

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