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Res. 00016-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · 16/02/2022
OutcomeResultado
The Court held the consulting consortium and contractor jointly liable for breaches that caused the plaster detachment, leaving damages, interest, and costs to be quantified during enforcement while denying inflation adjustment.El Tribunal condenó solidariamente al consorcio consultor y a la constructora por los incumplimientos que causaron los desprendimientos de repello, dejando para ejecución de sentencia la cuantificación de daños, intereses y costas, y rechazando la indexación.
SummaryResumen
The Court partially granted the State’s claim against the PIASA-CONDISA consortium and Constructora Gonzalo Delgado S.A. for breaches relating to the consulting, inspection, and construction of the Turrialba Courts building. Expert evidence established deficiencies in the fine plaster finish on interior walls and columns, whose detachment constituted a latent defect, and ruled out earthquakes, force majeure, inadequate maintenance, or defective material quality as the cause. The Court rejected the defenses of expiration, limitation, lack of current interest, and lack of standing, while partially accepting the failure-to-state-a-right defense only as to relief not awarded. It held the defendant companies jointly liable for damages, including relevant repair and personnel-relocation costs, with the amount to be determined during judgment-enforcement proceedings. The award also included interest and both categories of litigation costs. The requested inflation adjustment was denied because the Court considered it incompatible with an award of interest, which already compensates for both unavailability and loss of monetary value over time.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda del Estado contra el consorcio PIASA-CONDISA y Constructora Gonzalo Delgado S.A. por incumplimientos en la consultoría, inspección y construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba. La prueba pericial acreditó deficiencias en el acabado del repello fino de paredes y columnas internas, cuyos desprendimientos constituían un vicio oculto, y descartó que el daño proviniera de sismos, fuerza mayor, falta de mantenimiento o defectos de calidad del material empleado. El Tribunal rechazó las excepciones de caducidad, prescripción, falta de interés y falta de legitimación, y acogió parcialmente la excepción de falta de derecho únicamente respecto de lo no concedido. Condenó solidariamente a las empresas demandadas a pagar los daños y perjuicios, incluidos los costos pertinentes de reparación y reubicación, cuya cuantía deberá determinarse durante la ejecución de sentencia. También concedió intereses y ambas costas, pero rechazó la indexación por considerarla incompatible con el reconocimiento de intereses.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, this item must be included in the amount to be paid as compensation by the defendants to the State. However, given the marked difference between the two expert appraisals regarding the amounts, this Court considers that the final amount corresponding to the damages claimed must be determined during judgment-enforcement proceedings. The amount determined at that stage shall accrue statutory interest until fully paid. The defenses of expiration, limitation, lack of current interest, and lack of passive and active standing are rejected, and the failure-to-state-a-right defense is partially accepted. The claim is partially granted, with any relief not expressly awarded being denied. Consequently, PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.; CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (PIASA-CONDISA Consortium); and CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. are held jointly liable for damages arising from breaches in the performance of Contract No. 21-CG-04 and Contract No. 03-CG-06 concerning the plaster on the interior walls and columns of the Turrialba Courts building, with the amounts to be determined during judgment-enforcement proceedings.Así las cosas, se deberá contemplar este rubro dentro del monto a indemnizar por parte de las accionadas al Estado, sin embargo ante la diferencia tan marcada entre una y otra pericia en cuanto a los montos se refiere; esta Cámara considera que el monto en definitiva, correspondiente a los daños y perjuicios reclamados, deberá fijarse en fase de ejecución de sentencia. Al monto precisado en esa fase se le deberá reconocer los intereses de ley hasta su efectivo pago. Se rechaza la excepción de caducidad, prescripción, falta de interés actual, falta de legitimación pasiva y activa y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido. En consecuencia se condena solidariamente a las empresas PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.; CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) y CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. al pago de los daños y perjuicios en razón de los incumplimientos en la ejecución de lo establecido en el contrato No. 21-CG-04 y en el contrato 03-CG-06, respecto de los repellos de las paredes y columnas internas del edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba, los cuales se precisarán en fase de ejecución de sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"Que conforme a la pericia realizada por el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Edgardo Siles Morales, la obra constructiva presentó deficiencias en el acabado de repello fino, lo que derivó en un despredimiento del mismo en varias zonas de la edificación, lo cual constituye un de vicio oculto."
"According to the expert examination conducted by Engineer Mario Antonio Rodríguez Ramírez, Architect María Antonieta Carboni Aguiluz, and Engineer Edgardo Siles Morales, the construction had deficiencies in the fine plaster finish, resulting in its detachment in several areas of the building, which constitutes a latent defect."
Hechos probados, punto 16
"Que conforme a la pericia realizada por el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Edgardo Siles Morales, la obra constructiva presentó deficiencias en el acabado de repello fino, lo que derivó en un despredimiento del mismo en varias zonas de la edificación, lo cual constituye un de vicio oculto."
Hechos probados, punto 16
"Que el desprendimiento del repello tuviese su origen en motivos atribuibles a sismos, o eventos naturales de fuerza mayor, o que se debiera a la falta de mantenimiento en la obra. (No se ubica prueba en tal sentido)."
"That the plaster detachment originated from earthquakes, natural events constituting force majeure, or inadequate maintenance of the building. (No evidence to that effect was found.)"
Hechos no probados, punto 3
"Que el desprendimiento del repello tuviese su origen en motivos atribuibles a sismos, o eventos naturales de fuerza mayor, o que se debiera a la falta de mantenimiento en la obra. (No se ubica prueba en tal sentido)."
Hechos no probados, punto 3
"Para esta Cámara es claro que dicho servicio se va afectar, de mantener a los funcionarios y a los usuarios en dicho lugar mientras se realizan las obras de reparación."
"For this Court, it is clear that the service would be affected if staff and users remained at that location while the repair work was performed."
Considerando VII
"Para esta Cámara es claro que dicho servicio se va afectar, de mantener a los funcionarios y a los usuarios en dicho lugar mientras se realizan las obras de reparación."
Considerando VII
"Son ambas costas más sus intereses, a cargo de la sociedades accionadas, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a solicitud de la representación estatal."
"Both categories of costs, together with interest, shall be borne by the defendant companies and assessed during judgment-enforcement proceedings at the request of the State’s representative."
Por tanto
"Son ambas costas más sus intereses, a cargo de la sociedades accionadas, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a solicitud de la representación estatal."
Por tanto
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PJEDITOR Document TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Main Line 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A Address218( ) CASE FILE: 17-012408-1027-CA PROCEEDING: ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF: EL ESTADO DEFENDANTS: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A., PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. (PIASA), CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), CONSORCIO PIASA-CONDISA.
No. 016-2022-IV TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. FOURTH SECTION. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Address01, Edificio Anexo A, at fourteen hours on dieciséis de febrero de dos mil veintidós.
Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by EL ESTADO, represented by attorney Bernando Lara Flores, against CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A., legal-entity identification No. CED87772, represented by Gonzalo Delgado Ramírez, identity card No. CED28883; PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. (PIASA), legal-entity identification No. CED87773, represented by Nombre111122, identity card No. CED87774; and CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), legal-entity identification No. Placa19587, represented by Nombre111123, identity card No. CED87775, hereinafter Consorcio PIASA-CONDISA. Attorney Walter Brenes Soto appears as special litigation counsel (apoderado especial judicial) for Constructora Gonzalo Delgado. Attorney Luis Sibaja Guillén appears as special litigation counsel for Proyecto de Ingeniería Arquitectura S.A. and Consultoría y Diseños S.A., Consorcio PIASA-CONDISA.
PROCEDURAL BACKGROUND:
I.By a brief received on 18 de diciembre de 2017, counsel for EL ESTADO filed a complaint, the claims for relief (pretensiones) of which were specified at the preliminary hearing (audiencia preliminar) held on 24 de octubre de 2018, seeking the following judgment: 1. A declaration that Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA), in a consortium with Consultoría y Diseños S.A., breached contract 21-CG-04 for consulting services for the construction of the Tribunales de Justicia de Turrialba building. 2. A declaration that Constructora Gonzalo Delgado S.A. breached contract 03-CG-06 for the construction of the Tribunales de Justicia de Turrialba building. 3. An order holding the defendants jointly and severally liable for payment of the damages (daños y perjuicios) caused to the State (Poder Judicial). 4. Recognition and restoration of the legal position of the State (Poder Judicial), together with the adoption of all measures necessary and appropriate for that purpose.
To that end, an order requiring the defendants, as part of the damages caused to the State (Poder Judicial) by said breach of contract, to pay all costs and expenses incurred, including those for repairing the detached plasterwork in the Tribunales de Justicia de Turrialba building and for relocating personnel to another leased building while the repairs are performed, prudently estimated at 139.857.756,96 colones, plus statutory interest and indexation on the total amount of damages through the date of payment. 5. An order requiring the defendants to pay the attorney’s fees and litigation costs (costas personales y procesales) of this action, with interest until fully paid. (See images 662 through 665 of the digital court case file.)
II.By an order issued at 16:30 hours on 18 de diciembre de 2017, the complaint was served on the defendant companies. (See images 91, 92, and 93 of the digital court case file.)
III.By a brief received on 04 de abril de 2018, counsel for CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. denied the allegations in the complaint and raised the defenses (excepciones) of expiration of the action (caducidad de la acción), statute of limitations (prescripción), and lack of a legal right (falta de derecho). (See images 109 through 114 of the digital court case file.)
IV.By a brief received on 07 de mayo de 2018, counsel for PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. and CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) denied the allegations in the complaint and raised the defenses of statute of limitations, lack of passive and active standing (falta de legitimación pasiva y activa), lack of interest (falta de interés), and lack of a legal right. (See images 127 through 141 of the digital court case file.)
V.The preliminary hearing was held in two sessions, on 24 de octubre de 2018 and 04 de junio de 2019. At those hearings, the claims for relief were defined in the terms stated in Procedural Background I; the preliminary defenses (excepciones previas) of statute of limitations on the right and expiration of the action were considered; and, by decision No. 1721-2018-T, the Case Management Judge (Juez de Trámite) reserved their determination for the Trial Court in its judgment. The disputed facts relevant to resolving the case were identified, and documentary, expert, and testimonial evidence was admitted. (See images 698, 699, and 730 through 736 of the court case file and digital backup.)
VI.The public oral trial (Juicio Oral y Público) was held on 27 de enero de 2022. Insofar as relevant, the parties delivered their opening statements; expert evidence prepared by Engineer Mario Antonio Rodríguez Ramírez, Architect María Antonieta Carboni Aguiluz, and Engineer Edgardo Siles Morales was presented, as were the evidence of expert witness (testigo-perito) Luis Alberto Solís Jiménez and the ordinary testimony of José Guillermo Vindas Cantillano and David Scott Anglin. Finally, the parties delivered their closing arguments, and this Court ordered that the present proceeding be processed in accordance with article 111, subsection 1), of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
The statutory requirements have been followed in these proceedings, and no defects capable of invalidating the actions taken are apparent. This judgment is issued within the fifteen-business-day period established in article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo for highly complex matters, following the required deliberation and by unanimous decision. Judges Felipe Córdoba Ramírez and Elías Baltodano Gómez concur.
Drafted by Reporting Judge Salas Leitón.
CONSIDERING:
The following are deemed proven and relevant to the outcome of this matter:
The purpose of this proceeding is to obtain a judgment declaring a breach (incumplimiento) of contract 21-CG-04, “Consulting services for the construction of the Turrialba Courts of Justice building,” and contract 03-CG-06, “Construction of the Turrialba Courts of Justice building,” and ordering the defendants, jointly and severally, to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the State (Poder Judicial), including all costs and expenses incurred to repair the detachment of plaster (repello) in the Turrialba Courts of Justice building, including those incurred in relocating personnel to another leased building while the repairs were performed, which was conservatively estimated at 139.857.756,96 colones, plus statutory interest and indexation on the amount of all damages caused until actual payment. In summary, and without prejudice to the literal wording of its arguments, which have been reviewed in their entirety by this Court, the State’s representative alleged, insofar as relevant: I) REGARDING THE FACTS: That in La Gaceta No. 157 of 18 de agosto de 2003, the Poder Judicial published the tender specifications (Cartel de Licitación) for Public Tender No. 1-124-03, entitled “Procurement of consulting services for the construction of the Turrialba, Cartago Courts of Justice building.” That the Consejo Superior de Poder Judicial, by resolution under Article X of session 93-03 of 5 de diciembre de 2003, awarded the tender to the bid jointly submitted by the companies “Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA)” and “Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA)” (Consorcio PIASA-CONDISA), and on 23 de marzo de 2004 contract 21-CG-04 was signed for an amount of 183.343.920,20 colones.
That in agosto de 2004, the firm Ingiotec submitted geotechnical report IG-132-2004, in which it reported on the site’s geotechnical characteristics, the geotechnical parameters for its design, and additional recommendations. That according to this report, the land was suitable for construction of the project and no significant settlement (asentamientos) was expected for the type of structure in question. That on 19 de abril de 2005, the Consorcio delivered “The Project Plans, Specifications, and Calculation Report,” and, regarding settlement, stated that the bearing capacity of the foundation pads (placas de fundación) was 20 ton/m2. Regarding deformation of the building under seismic loads, it reported inelastic drifts (derivas inelásticas) of 0,01% to 0,15% and 0,03% to 0,20%. The State’s representative maintained that the plans submitted said nothing about plaster for interior walls and columns.
That the technical specifications submitted did not describe the difference between smooth-finish plaster (repello afinado) and special plaster, and contained no instructions describing the application or materials for plastering (see 10.2, smooth plastered concrete surfaces indoors and outdoors), while 5-7 (ceilings with smooth-finish plaster) referred to specifications for plastered and smooth-finished wall surfaces that did not exist. That in La Gaceta No.142 of 22 de julio de 2005, the Poder Judicial published the tender specifications for Public Tender No. 1-163-05, “Construction of the building for the Turrialba Courts of Justice.” That the bid of “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was selected, and the Consejo Superior del Poder Judicial, under Article XC of session 100-05 of 20 de diciembre de 2005, awarded the contract to Constructora Gonzalo Delgado S.A.; consequently, contract 03-CG-06 of 9 de febrero de 2006 and the addenda of 23 de mayo and 12 de junio de 2007 were signed for an amount of 1.835.624.000,00 colones.
That the project was given final acceptance (recepción definitiva) on 19 de diciembre de 2007. That during that period there was no official communication approving the material used for the plastering work, and observations concerning its quality and properties were made in diciembre 2006, but there were no observations in the construction log (bitácora) or the monthly inspection reports regarding detachment or cracking. REGARDING THE DAMAGES CLAIMED: That by Decision No. 1582-10 at 11:15 horas on 11 de mayo de 2010, Consorcio PIASA-CONDISA was sanctioned with a warning (apercibimiento) for defective performance of the contract, due to errors in the design and neglect in inspecting the work, which was upheld in Decisions 2004-2010 at 8:10 horas on 9 de junio de 2010 and the resolution under Article xxxv of session 80-10 of 2 de setiembre de 2010. Likewise, by Decision 1656-10 at 11:50 horas on 14 de mayo de 2010, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was sanctioned with a warning for defective performance of the contract by delivering work of inferior quality.
This was upheld in Decisions 2062-2010 at 7,30 has on 15 de junio de 2010 and the resolution under Article XXIII of session 2-11 of 1 de febrero de 2011. CLAIM FOR LATENT DEFECT (VICIO OCULTO): That between the years 2008-2012, no detachment of plaster was evident in the interior areas and columns of the Building; however, by email of 31 de mayo de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was instructed to repair the detachment of 1 m2 of plaster from the wall adjacent to the shower and from a basement column, as well as the cracks in the joints of the main façade, as this was considered a mortar failure resulting from poor adhesion to the surface and therefore a latent defect. However, by email of 01 de junio de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” responded that the plaster at the site had not been applied in the traditional manner, but instead an INTACO material had been used, for which authorization had been requested before its application through official communication PJ-104-2006, and which had been applied once that authorization was granted; and that, because the failure had not been detected within the first month, it was caused by natural forces and was not a latent defect.
The State’s representative stated that, by email of 7 de junio de 2012, the Head of the Sección de Arquitectura e Ingeniería del Poder Judicial warned of the existence of “hollow” plaster (repello “bofo”), stating that this type of damage was difficult to detect and that its detachment could not be attributed to natural movement. That same day, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was required by email to repair the damage under warranty. It maintained that on 11 de junio de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” responded to the requirement, stating that the performance bond (garantía de cumplimiento) had a term of 6 meses and had therefore expired. It alleged that, in response, through official communication 2589-DP/18-2012 of 13 de agosto de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was again informed that the warranty covered compensation for defects or latent defects for 10 años, and it was therefore once more instructed to make the repairs; by official communication PJ-373-2009, on 17 de agosto de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” stated that the plaster material used was of higher quality than that specified in the plans, but that the structure lacked the ductility necessary to withstand earthquakes, wind, or other external forces, and that the fissure or cracking at the main entrance was inherent behavior of the material rather than a construction error.
The State’s representative alleged that on 27 de agosto de 2012, official communication 8192-DP/18-2012 was again sent to “Constructora Gonzalo Delgado S.A.,” affording it an opportunity to respond to the position of the Head of the Sección de Arquitectura del Poder Judicial, according to whom the cracking at the building entrance should not have been so extensive and the detachment of the plaster was due to poor surface preparation and poor adhesion of the additive or plaster. In response to the foregoing communication, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.,” through official communication PJ-374 of 6 de setiembre de 2012, stated that there was no cracking at the main entrance, but rather the expected separation between a rigid element and a flexible one due to the design of the plans and specifications; regarding the plaster, it attached the report of INTACO’s site visit, indicating that the cracks were evidence of natural forces or were normal.
That due to the differing opinions, the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos was consulted, and through official communication DE-2648-12-12 of 04 de diciembre de 2012, that Colegio declined to issue an opinion, stating that, given the dispute, the parties could resort to judicial proceedings or to its Centro de Resolución de Conflictos to resolve the conflict. NEW DAMAGE: That on 16 de diciembre de 2013, additional areas of bulging and detached plaster appeared in the jail area, the OIJ investigators’ area, the west side of the building, and the basement. Cracks appeared in front of the cafeteria, in the photocopying and information areas, on the north side of the Juzgado de Familia, in the office of its presiding judge, and in various other locations. Consequently, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was asked to inspect and correct the defects, and the following day, through official communication PJ-375, the Construction Company refused to comply with the request, alleging that the warranty had expired and adding that it was not responsible for maintenance of the building.
Subsequently, through official communication CONS PC-004-2014 of 17 de febrero de 2014, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” stated that the defects found were minor and were not attributable to design or construction defects, but rather to external maintenance-related factors. JOINT CLAIM AGAINST CONSORCIO PIASA-CONDISA AND “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.”: That through official communication 4477-DP/18-2014 of 08 de julio de 2014, Consorcio PIASA-CONDISA and “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” were required to repair the plaster because, according to Official Communication 594-04-SG-2014 from the Departamento de Servicios Generales, a considerably larger amount of hollow or detached plaster had been identified, whose adhesion had weakened over the years and which was becoming completely detached. That through official communication PJ-379-2014 of 21 de julio de 20014, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” alleged that the statements and requirements lacked a technical basis, denied responsibility for latent defects, and stated that the deterioration was due to a lack of maintenance, the passage of time, or natural events.
For its part, through official communication CONS PC-017-2014, CONSORCIO PIASA-CONDISA requested a meeting to find a solution. That on 5 de agosto de 2015, through official communication 5354-DP/18-2015, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” was asked for the final time to repair the plaster; however, through official communication PJ-380-2014 of 11 de agosto de 215, it responded that if the failure had been caused by poor preparation or adhesion, it would have occurred in the second month, and that if the Consultant bore no responsibility, neither did it, because responsibility was shared. That at a meeting held with representatives of CONSORCIO PIASA-CONDISA on 12 de agosto de 2014, and in official communication CONS-CP-019-2014 of 19 de agosto de 2014, that Consorcio stated that the weekly inspection had been based on trust in the Construction Company and that it had not been possible to verify every stage of the work in detail or on a daily basis; it further stated that, although it had been willing to undertake other repairs, it denied responsibility for the detachment of the plaster.
TECHNICAL CONSULTANCY AND CONCLUSIONS: That, at the request of the Poder Judicial, “FSA Ingeniería & Arquitectura” issued a technical report in setiembre 2017 stating that it had found widespread detachment of plaster, affecting 86% of walls, 64% of columns, and between 29% and 52% of concrete walls, structural masonry (mampostería estructural), and non-integral masonry (mampostería desligada), consistent with the Lanamme-UCR tests. It stated that the adhesion of plaster to concrete was between 10 and 20 veces weaker than its adhesion to masonry and ruled out moisture as the cause because there was no evidence of it and any such effect would have been localized. The report ruled out differential settlement (asentamientos diferenciales) and deformation caused by earthquakes, because walls separated from the main structure had also been affected.
That the soil bearing capacity (capacidad soportante del suelo) was also verified on site by INGIOTEC and TECNO-CONTROL, and there were no inclined or vertical cracks of varying thickness, nor any difficulty opening or closing doors and windows. That the building’s inelastic drift (deriva inelástica) was between 0,01% and 0,20%, and the period from 2007 to 2017 was insufficient for the expected level of seismic shaking to be reached, so the deformations were expected to be minor. That the company concluded, insofar as relevant, that: 1. The amount of detached plaster (repello) exceeds the building’s normal deterioration; 2. The probable cause is poor adhesion or improper preparation of the product and inadequate preparation of the surface; 3. The Consultant (Consorcio PIASA-CONDISA) did not define in the tender specifications (cartel) the quantity, material, or method of application of the plaster; 4.
Constructora Gonzalo Delgado S.A. did not deliver a quality product, and therefore both are responsible for the current condition of the plaster. That the damage caused to the State (Poder Judicial) by the widespread detachment of plaster in the Tribunales de Turrialba building, according to Oficio 1277-10-SG-2017 of 14 de noviembre de 2017, was prudently estimated at 99.099.132.74 colones for direct costs (demolition, plastering, paint finishes, general cleaning, and transportation of materials) and indirect costs (travel allowances and lodging, project administration, contractor profit, and contingencies). II) ON THE LAW: That, according to the technical specifications contained in point 1.1 of the Tender Specifications and clause 1) of the Contract, its purpose was to hire a consulting firm in the fields of architecture and engineering to prepare the design, technical specifications, budget, and inspection of the project that would house the Tribunales de Justicia de Turrialba.
That, pursuant to clause 2 of the Contract and clauses 3.1.c, d, e, and h of the Tender Specifications, Consorcio Piasa-Condisa was required to prepare the construction drawings (planos constructivos) and technical specifications for engaging the project’s builder, the design calculations (Memorias de Cálculo), and the baseline budget (Presupuesto base), and to inspect the construction process, for which it was required to maintain adequate control over its progress, all in accordance with the specified construction quality. That, under clauses 4.3.2.a and b of the Tender Specifications, the set of construction drawings and the technical specifications were required to contain the graphic and written information essential for the proper execution of the project. That those documents were not to require additional information or drawings in order for the project to be executed under the direction of a professional.
That the drawings were required to include, at a minimum, an indication of the finishes, and the technical specifications were required to supplement the drawings and contain a detailed description of both the scope of the project and any particular feature thereof. That clauses 4.8.1, 4.8.2, 4.8.10, and 4.8.13 of the Tender Specifications provided that the inspection services to be performed included technical supervision of the project, which was required to ensure that the work indicated in the drawings and specifications was performed in terms of quantity, quality, and the use of construction processes that guaranteed workplace safety and the production of a quality product, with the Consorcio being responsible for selecting the finishing materials. That, under clause 11 of the Contract and clauses 4.8.17 and 10.2 of the Tender Specifications, the Consorcio was obligated to fully perform the professional engineering and architectural consulting services in accordance with the highest ethical and professional principles established within the framework of the Ley de Contratación Administrativa, the Ley Orgánica, and the Regulations and Procedures of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, until the Project was fully constructed to the complete satisfaction of the Poder Judicial.
That, in addition, the tender specifications for the construction under public tender 1-163-05 provided that the consulting consortium would supervise the work and ensure compliance with the contract with the construction company through its inspectors. (Clause 2.1.39). That the work contracted to Constructora Gonzalo Delgado S.A. was subject to quality control by the inspectors of Consorcio Piasa-Condisa, who were required to verify the use of the specified materials and compliance with the conditions of the Tender Specifications (drawings, technical specifications, etc.) through adequate monitoring of the progress of the work, in accordance with the specified construction quality. (Clauses 4.9, 4.10, and 9). That the architectural drawings prepared by Consorcio PIASA-CONDISA in abril 2005 contain indications or notes specifying a plaster finish only for certain elements of the building, and no notes specifying that finish can be seen for interior walls and columns, even though they were plastered in the completed project.
That the technical specifications prepared by Consorcio PIASA-CONDISA included references to plaster in sections S-7 and 10-2; however, one refers to a section on plastered and smooth-finished surfaces that does not exist, while the other does not describe the procedure for applying the plaster. That there was no indication whatsoever of the required plaster material or the application method to be used, nor was there clarity regarding the plastering work, and that clearly establishing the scope of the project was a task assigned to Consorcio PIASA-CONDISA, which is deemed not to have been properly performed in this case. That this constitutes a problem because Constructora Gonzalo Delgado did not have clear instructions concerning the plaster material it was required to apply or the elements it was required to plaster. That this situation contributed to errors and poor construction practices during application of the plaster.
That, during the inspection of the project, the logbook (bitácora) recorded only one review of finishing materials in noviembre de 2011, the commencement of plastering work in diciembre de 2012 (Sic), observations by Ing. David Scott regarding quality and characteristics, and progress in diciembre de 2006, marzo y mayo de 2007, without any observation concerning detachment or cracking problems. That the monthly inspection reports merely noted that the basement plastering phase occurred between 19 de noviembre and 19 de diciembre de 2006. That the other reports made no mention of plastering. Furthermore, although the Construction Company claimed to have obtained the consultant’s approval to change the traditional method of on-site plaster preparation and replace it with an INTACO material, there is no record of such approval. That representative stated that no entry in the logbook or formal or informal communication clarifying the plastering issue was found.
And by the time observations on the matter were recorded, the plastering work had already begun. That no problems with placement of the plaster were reported during the construction process, either in the logbook entries or in the monthly inspection reports, since only the commencement and progress of the work were identified, without any additional observation relevant to cracking or detachment, which does not guarantee that such problems did not exist during the construction phase. That Consorcio PIASA-CONDISA bears responsibility insofar as it failed to perform its assigned task of defining in its drawings and technical specifications all information essential to the proper execution of the project’s plastering work. That its failure to specify the materials, methods of plaster application, and the elements that were to receive this type of finish led to error regarding the manner in which the work was performed.
That the Consorcio also bears responsibility because, during construction, it failed to effectively oversee the quality of the work performed by the construction company. That, as stated, there is no record of any correction or quality control concerning the product and preparation of the plaster, which ultimately undermined its adhesion and resulted in the detachments found. Obligations breached by the company “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.”: That, according to the specifications in clause 1.1 of the Tender Specifications and the first clause of the Contract, its purpose was to hire a company to construct the building that would house the Tribunales de Justicia de Turrialba, all in accordance with the contractor’s bid, the drawings, and the technical specifications, and, according to the drawings, to apply a plaster finish to the building’s exterior walls (AR-29, AR-30, AR-33, AR-59, AR-60), the basement (AR-04, AR-31, AR-62, AR-63), the masonry around door openings (AR-46), the elevator shaft (AR-63), the interior shaft of the emergency stairway and the basement walls at the stairway exit (AR-58); the back wall of the east-access stairway (AR 60); and low walls, the retaining wall, and exterior planters (AR-29, AR-30, AR-31, AR-33, AR-61).
That section 5-7 of the technical specifications, concerning ceilings with smooth-finished plaster (repello afinado), specifies that finish for ceilings consisting of the underside of concrete slabs, while section 10.2 concerns smooth-plastered concrete surfaces in interior and exterior areas. That the contractor’s bid itemized smooth-finished plaster for columns, concrete walls, masonry walls, beams, concrete stairways, masonry, ceilings, and eaves, and bush-hammered plaster (repello martelinado) for planters and façade terminations (points 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20). That the Tender Specifications also generally required finishes and an appearance of optimal quality in the masonry work (chapter six of the general conditions). That point 2.1.28 of the Tender Specifications provides that one material may be replaced with another of equal or superior quality and specifications, subject to verification and authorization by the inspectors.
That clause 2.1.42 provides that all materials must comply with the required quality standards in accordance with international standards and be of the highest quality in their class, subject to approval by the inspectors. That the construction company was responsible for being familiar with the characteristics, quantity, and quality of the work to be performed and the materials to be supplied. (Clause 1°. General Provisions for the Architectural Work). That it was understood that only the best construction standards, guaranteeing first-class work, would be employed in the project. (Idem and clause ME.1.06). That, in fact, final acceptance (recepción definitiva) of the project was contingent upon satisfactory quality, as determined in coordination with Consorcio PIASA-CONDISA in its capacity as inspector. (Clause 4.7 of the Tender Specifications). That, in its view, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” was required to carefully verify the quantities, measurements, and notations shown in the drawings and specifications, as well as the scope of the work, and was responsible for any error resulting from its failure to take the necessary precautions.
That under no circumstances may errors or discrepancies in the drawings or specifications, or any other obvious error, be accepted as an excuse for deficient work. That, in a note dated 8 de mayo de 2006, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” offered work of the highest standard, in compliance with professional construction requirements. That the contract signed by the parties stated in clause nine that final delivery of the subject matter of the contract to the complete satisfaction of the Poder Judicial, and payment for all materials supplied and work performed, did not relieve the contractor of liability for quality, care, and preservation, or for restoration of any damaged work. (Likewise, clause 5.2 of the Tender Specifications).
That clause 5.7, in turn, provides that “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” was responsible for ensuring that no cracks or fissures appeared in the finishes. That the Tribunales de Justicia de Turrialba building entrusted to the construction company exhibits widespread detachment of the plastering (repellos) in different areas and at different levels of the structure, exceeding what could be expected from normal deterioration. That the most likely causes of the plaster detachment were the poor quality of the product and inadequate surface preparation, causes attributable to the construction company. That other causes, such as moisture and deformation from settlement or earthquakes, must be ruled out because they are inconsistent with the damage. That during the contract performance phase, according to the construction log (bitácora), Eng. David Scott of Consorcio PIASA-CONDISA made several observations regarding the quality of the plaster and the properties it was required to have, and that although the Construction Company claimed to have obtained authorization not to plaster on site using the traditional method, but rather with a material manufactured by INTACO, the fact is that there is no record of such approval.
That the Construction Company bears liability because the factors identified as the most likely causes of the plaster detachment (poor product quality and/or poor surface preparation and/or poor product preparation) are attributable to it, and any approval of the product, if such approval existed, would not release it from liability for the quality of the product applied. Liability of the defendants: That with regard to CONSORCIO PIASA-CONDISA, under clause 10 of the Contract entered into, any serious breach by the contractors of the obligations arising from the contract, the bidding specifications (cartel), and the cited statutory and regulatory provisions gives rise to the pursuit, through judicial proceedings, of compensation for damages (daños y perjuicios) caused to the Poder Judicial. That with regard to “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.,” clauses 6, 7 and 14 of the contract provide that if the contractor commits breaches and/or engages in conduct of the kind defined by the Ley de Contratación Administrativa, its amendments and its Reglamento, the bid, the bidding conditions (condiciones cartelarias), and all other applicable regulations establish a duty to compensate the Poder Judicial for the damages directly caused to its property.
As the parties responsible for consulting services and performance of the work, the defendants are liable for damage arising from the poor or defective performance of the work or from the unsuitable or defective materials used in applying the plaster that became detached, as well as for deficiencies in the inspection oversight (control de inspección) of the work and defects in the plans and specifications resulting from their lack of expertise, fault, negligence, and recklessness (arts. 1045, 1048, 1183 paragraph 2°, 1186, 1193 of the Código Civil). That whatever role “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” and CONSORCIO PIASA-CONDISA may have undertaken in constructing the building, they are liable for its partial loss if such loss is due to defects in the work or a latent construction defect (vicio oculto de construcción). (art.1185 Código Civil and 35 of the Ley de Contratación Administrativa 7494) That their joint and several liability (responsabilidad solidaria) encompasses both payment of the expenses and costs incurred by the Poder Judicial and the costs of repairs and the losses caused, for a term of 10 years from the date on which the work was accepted.
(arts. 1045, 1046 of the Código Civil, 35 and 38 of Ley 7494) That the strictness prescribed by law in this matter against architects, engineers, consultants, or builders is motivated not so much by the purpose of protecting the interests of the owner of the construction as by considerations of legal certainty, because it encourages those overseeing the work to exercise diligence so that it is performed under conditions that do not endanger persons or the property of others. At the supplementary trial hearing, the State’s counsel reiterated that Consorcio Piasa-Condisa failed to fulfill its contractual obligation to clearly define the finishes on the columns and interior walls and its obligations as supervisor of the work. That Constructora Gonzalo Delgado S.A., for its part, bears liability because it improperly applied the product used for plastering, which caused problems in floors and walls, resulting in damages due to latent defects (vicios ocultos).
The representatives of PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. and CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) denied the complaint, stating: REGARDING THE FACTS: That Consorcio Nombre111124 and CONDISA submitted a bid for Public Tender No. 01-124-03, “Procurement of Consulting Services for the Construction of the Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago Building,” which was awarded to them, and consequently, on 23 de marzo del 2004, they executed Contract 21-CG-04, entitled “Procurement of Consulting Services for the Construction of the Tribunales de Justicia de Turrialba Building,” for the amount of ¢183.343.920,20 colones, as well as Amendment No. 1 to that Contract dated 12 de julio del 2005. That the construction plans submitted by their principals, together with the remaining related documentation, clearly defined the areas to be plastered. That the budget prepared for the work constructed by Constructora Gonzalo Delgado S.A. specified all areas and all block and concrete surfaces of the building that were ultimately plastered.
That it was expressly indicated that the masonry and structural concrete surfaces were to receive a fine or smooth plaster finish (repello fino o afinado). That the plaster finish was applied on site using a product approved by their principals that met all the technical specifications required for use as plaster, namely the product “REPEMAX.” (see Sheets AR-04, AR28, AR30, AR57, AR58, AR59, AR60, AR61, AR62 of the construction plans included in the evidence submitted by the plaintiff). That REPEMAX is a product specifically intended for plastering, supplied and marketed by the well-known company INTACO, a specialist in construction products. That in official letter PC-Turrialba-038-2005, their principals stated: “...special plaster refers to plaster that provides a finish similar to exposed concrete...” That smooth or fine plaster is commonly used as a finish in the country, and every builder knows its formula and application procedure, which uses a mortar made from fine, clean sand, Portland cement, and calcareous material.
That specifying the formula or application procedure is unnecessary for any construction professional and that, even during the construction process carried out by Constructora Gonzalo Delgado S.A., their principals had the quality of the local sand tested by the Tecno Control S.A. laboratory and, because the results were negative, rejected its use in the plaster mixture. That the co-defendant Constructora Gonzalo Delgado S.A. submitted a submittal (sometimiento de propuesta) proposing that the plaster material be changed to REPEMAX. That the construction company submitted the material’s technical data sheet, which described the product’s properties and advantages and clearly identified its source, and their principals approved its use, particularly in view of the doubts raised by the laboratory testing of the local sand. That because REPEMAX is an industrially manufactured product, each bag containing it includes complete mixing and application instructions, compliance with which was entirely the responsibility of the construction company.
That at the time of final acceptance (recepción definitiva) of the work, on 19 de diciembre de 2007, the construction company satisfactorily delivered the completed work, and at that time the work exhibited no problems. That the following statements must be made: a) The fact that there are no observations in the construction log or the monthly inspection reports regarding detachments or cracking must lead to the conclusion that none existed. b) In their principals’ general practice as Consultants, it is not customary to issue an official letter for every material approved. c) There are several entries in the construction log concerning the plastering work, namely: The entry in the construction log dated 21 de marzo de 2007, which reported that plastering work was being performed on the building’s 3 levels, thereby proving that the work was inspected in accordance with the applicable procedure.
That because the work was delivered on 19 de diciembre del 2007, their principals have no knowledge of what occurred after that date, when the building was accepted as satisfactory. That their principals and their personnel inspected the work, including the plaster, in the presence of Engineer Douglas Villalobos Gómez, the representative of the Poder Judicial throughout the construction process, thereby complying with the inspection procedure incumbent upon them. That decision 1582-10 bears no relation whatsoever to the facts alleged in the complaint or to the relief sought by the plaintiff against their principals; nevertheless, it is clarified that the sole warning sanction (sanción de apercibimiento) imposed on their principals concerned an access door to an ATM booth that had been left at a width of 0.80 and that, even though it was immediately adjusted following the observation and replaced with another measuring 1.00m—at no cost whatsoever to the Poder judicial—the Poder judicial instituted administrative proceedings that resulted in the warning sanction.
That this fact demonstrates that the Poder judicial did not hesitate to act against its consultants/contractors; if it was required to institute administrative proceedings or bring a claim, it did so immediately, as soon as the circumstances became clear, demonstrating that the absence of a timely claim against their principals is evidence that the plaintiff never had grounds for one and that this action—however much it seeks to involve their principals—is a manifest example of an untimely and unfounded reaction. That official letter No. 4477-DP/18-2014 did not clearly or specifically seek the repair of plaster in particular or discrete areas and, in any event, because their principals had served as Consultants—and not as builders—they had no involvement in carrying out any repairs to the work. That, accordingly, their principals stated in official letter CONS PC-017-2014 dated 18 de julio del 2014: “...I reiterate that the matters addressed in your official letter had already been clarified in our official letter CONS PC-004-2014 of 17 de febrero...” That their principals nevertheless proposed a joint analysis for the benefit of the project.
That following the analysis proposed by their principals, a meeting was held on 12 de agosto del 2014, at which they stated: “...during the construction process for the building’s plaster, the professionals responsible for inspection exercised strict oversight with respect both to the approval of the materials used and to its construction. Upon completion of the work, the condition of the plaster was satisfactory, which allowed final acceptance of the project. Based on the foregoing, we reaffirm that under no circumstances may it be assumed that we bear any responsibility whatsoever for what occurred with the plaster...” (Official Letter CONS CP 019-2014 dated 19 de agosto del 2014).
As is evident from the case record (autos), in official letter CONS CP 019-2014 of 19 de agosto de 2014, the companies represented by them stated: “...As we discussed extensively during the meeting in question, our Consortium hereby confirms that, during the construction process for the building’s plastering (repellos), strict oversight was exercised by the professionals responsible for inspection, both for purposes of approving the materials used and for the construction itself. Upon completion of the work, the condition of the plastering was satisfactory, which allowed the Final Acceptance (Recepción Definitiva) of the project. Based on the foregoing, we confirm that it cannot in any way be assumed that we bear any type of responsibility for what occurred with the plastering, namely, the fact that it is detaching in certain areas, regardless of whether this is due to problems with surface preparation, the performance over time of the additive used to achieve adequate adhesion, the quality of the mixture (materials used, their preparation or application), or the construction process itself.
I would also note that Ing. Vindas agreed with our position during the aforementioned meeting...” (Emphasis not in the original). Regarding the alleged statements by the companies represented by them that “...the weekly inspection was based on trust in the Construction Company and that it was not possible to verify each stage of the work in detail or on a daily basis...,” their counsel rejected them. The companies represented by them never made statements to that effect, and that statement appears in a document prepared by the plaintiff itself and therefore does not constitute evidence against them. The report mentioned by the plaintiff, prepared by FSA Ingeniería & Arquitectura, has no weight as technical evidence (prueba técnica); it consists merely of observations that have not been subjected to adversarial examination (contradictorio), and that company has no clear or precise knowledge of all the facts.
CONSIDERATIONS REGARDING THE FACTS: On 23 de marzo del 2004, Contract 21-CG-04, entitled “Contracting for Consulting Services for the Construction of the Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba,” was entered into between the Poder Judicial and the companies comprising Consorcio Piasa-Condisa (Proyectos ingeniería Arquitectura S.A. and Consultoría y Diseños S.A.), for purposes of constructing the Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago. The Second Clause of the contract established the scope of the Contractors’ services and, in particular, subsection c) identified as a responsibility of the Contractors the preparation of “...the construction drawings (planos constructivos) and technical specifications (especificaciones técnicas) for the procurement process...” By official letter No. 5671-DP/48-2017 of 01 de noviembre del 2017, the Departamento de Proveeduría informed the Dirección Ejecutiva del Poder judicial that, according to the technical report issued by FSA Ingeniería y Arquitectura S.A.; official letter No. 1188-05-SG-2017 from the Departamento de Servicios Generales; and report No. 475-20-AI-2017 from the Sección de Arquitectura e Ingeniería, the plastering problems at the Building should be attributed to Constructora Gonzalo Delgado S.A. and, jointly and severally (solidariamente), to Consorcio Piasa-Condisa, because they allegedly had “...failed to define in the drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the work on the project...” This was stated in the report issued by FSA Ingeniería & Arquitectura: “...Consorcio PIASA-CONDISA bears responsibility insofar as it failed to fulfill the responsibility assigned to the consultant to define in its drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the plastering work on the project.
By failing to specify materials, methods for applying the plaster, or clearly identify the elements that were to receive this type of finish, it created confusion as to how the work was to be performed...” (Pág. 26). The Poder Judicial framed its claim against Consorcio Piasa-Condisa as follows: “...Clearly establishing the scope of the project is a task incumbent upon the consultant, and it is considered that this task was not adequately performed in this case. Subsequently, this became a problem because the contractor lacked clear instructions regarding the plastering material to be applied and the elements to be plastered. In general, this situation contributed to errors and poor construction practices during application of the plastering... Both the entries in the construction log (bitácora) and the monthly inspection reports merely identify the commencement and progress of the work, without any additional observation relevant to the issue of cracking or detachment; this does not guarantee that such issues did not exist during the construction phase.
Consorcio PIASA-CONDISA bears responsibility insofar as it failed to perform its assigned task of defining in its drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the plastering work on the project. By failing to specify materials, methods for applying the plaster, or clearly identify the elements that were to receive this type of finish, it created confusion as to how the work was to be performed. That Consortium also bears responsibility because, during construction, it failed to exercise effective quality control over the work performed by the construction company. As stated, there is no record of any correction or control of the product or of the preparation of the plastering. This ultimately undermined its adhesion and resulted in the detachments that were found... The defendants, as the parties responsible for the consultancy and execution of the work, are liable for the damage arising from the improper or defective performance of the work, from the unsuitable or defective nature of the materials used in applying the detached plastering, from defects in the inspection and oversight of the work, and from defects in the drawings and specifications, as a result of their lack of skill, fault, negligence, and recklessness (arts. 1045, 1048 1183 párrafo 2do, 1186, 1193 del Código Civil)...” Without any basis whatsoever, the Poder Judicial found that Consorcio Piasa-Condisa had breached its contractual obligations and concluded, likewise without any basis, that this was because it had “...failed to define in the drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the work on the project...” Accordingly, the Poder Judicial claimed, without any basis, that the Consortium is jointly and severally liable, together with Constructora Gonzalo Delgado S.A., for the problems that arose with the plastering of the Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba.
ISSUES ON THE MERITS: CLAIM OF THE PODER JUDICIAL AGAINST CONSORCIO PIASA-CONDISA: If the claim against Consorcio Piasa-Condisa is, as the Poder Judicial alleges without any basis, that it “...failed to define in the drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the work on the project...,” and this results in the requested relief (petitoria) seeking to have the Consortium found in breach of “...contract 21-CG-04 for consulting services for the construction of the Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba...,” then any alleged damages (daños y perjuicios) that could arise would have their cause in the breach of Consulting Services Contract 21-CG-04 of 23 de marzo del 2004. First, it should be noted that Consulting Services Contract 21-CG-04 of 23 de marzo del 2004 is not specific regarding the obligation to define the plastering in detail, leaving Consorcio Piasa-Condisa’s performance subject to good professional practices, with which the Consortium fully complied.
In this regard, both the cost estimate prepared by the Consortium and the bid submitted by Constructora Gonzalo Delgado included the cost of smooth-finish plastering (repello afinado), making it clear that both the Consortium and the Construction Company were aware that this procedure had to be carried out as part of the work. Moreover, the conduct of both the companies represented by them and the Construction Company during execution of the work demonstrates that both parties were aware of the materials and the procedure to be used for the plastering. It should be noted that Contract No. 03-CG-06 for the Construction of the Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago, entered into between the Poder judicial and co-defendant Constructora Gonzalo Delgado S.A., contemplated that the Construction Company would perform the work “...in accordance with the drawings attached to the bidding documents for Public Tender (Licitación Pública) No. 1-163-05, which contain the required information, supplemented by the technical specifications and the contractor’s bid...” This conclusively established that the Construction Contract with Constructora Gonzalo Delgado S.A. encompassed not only the drawings prepared by the Consortium, but also the technical specifications, the cost estimate prepared by the Consortium, and the bid submitted by the aforementioned Construction Company, in which—as stated—the material for the “plastering” was included in the budget.
It was established through the calculations provided, which will be confirmed by expert evidence (prueba pericial), that the Consortium did in fact include in the cost estimate submitted to the Poder Judicial the cost of plastering the entire area that was plastered, demonstrating that the parties involved understood the plastering procedure to be used in the work. Thus, the claim by the Poder Judicial against the Consortium is unfounded, since the alleged failure did not create any possibility that the Construction Company would omit the “plastering” process and therefore did not cause any damage to the Poder judicial. In other words, the alleged omission attributed to the Consultant did not cause the Construction Company to err, even if an attempt were made to hold the Consortium liable for omissions in the drawings. Article 1186 of the Código Civil, applicable on a supplementary basis (supletoriamente) in the absence of a specific rule governing administrative contracting (contratación administrativa), clearly provides: “...If a contractor has undertaken to construct a structure according to plans supplied by an architect selected by the owner, liability shall be apportioned between the contractor and the architect, with the former being liable for loss arising from defective execution of the work or the use of inferior materials, and the latter for defects in the plans...” In light of the foregoing, it must be declared that: i) There was no negligence whatsoever by the Consortium in the performance of its duties, even if defects in the drawings (vicios en los planos) were deemed to exist.
Official letter PJ-104-2006 of 01 de diciembre del 2006 (See Evidence No. 3), from Constructora Gonzalo Delgado S.A., submitted for the Consortium’s consideration the use and application of a specific product for carrying out the “plastering,” namely the product called REPEMAX Grueso (Mortero para primera capa de repello). ii) The Consortium acted diligently, as evidenced by page 2 of the construction log and the inspection entry dated 21 de marzo del 2007 (See Evidence No. 4), which states: “...Inspection Visit. Today it was observed that plastering work is underway on the three levels...” iii) The law does not provide that liability for alleged defects in the drawings is to be quantified on a “joint and several” basis with that of the Builder, as the Poder Judicial alleges in its claim.
Thus, if the Consortium were found liable for alleged defects in the plans (vicios en los planos), the Judicial Branch would have to prove the existence of direct damages related to the alleged omission; and, as indicated, the Construction Company applied plaster (repello), and according to the inspection performed, that work was completed satisfactorily (as verified when the project was delivered in December 2007). Therefore, an alleged omission defect in the plans would not, in itself, entail poor or defective execution of the civil works; consequently, because such defects—and the corresponding causal relationship (relación de causalidad)—have not been proven in this case, there are no direct damages related to the alleged defects. The foregoing demonstrates that, even if it were determined that the Consortium failed to include details concerning such plaster in the plans, the Consortium did perform its duties diligently by ensuring that the plastering procedure was carried out.
Based on the Judicial Branch’s allegations and the evidence offered, there was no negligence attributable to the parties it represents that would give rise to liability, nor is there any evidence of direct damages arising from an alleged omission or alleged defects in the plans. These arguments were reiterated at the supplemental oral and public trial hearing, where counsel stated that there were no latent defects (vicios ocultos) and that the complaint had been filed for breach of contract (incumplimiento contractual). Counsel further argued that, in any event, there had been no breach of contract because the defendants performed their work correctly and, therefore, there was no causal nexus (nexo causal) between the conduct of the party represented and the harmful result. Finally, counsel insisted that the right to bring the claim was time-barred (prescribió). The complaint is for breach of contract, and the Administration had a five-year period under Article 35 of the LCA but failed to act within that period.
In any event, if a latent defect is alleged, the claim is also time-barred because there was a ten-year period in which to institute the proceeding, and it likewise was not instituted within that period. The representative of CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. opposed the complaint, stating: Regarding the facts: Plaster is a completely rigid construction material, which means that it cracks whenever it is subjected to movement, as occurred in this case. The plans contain no indication that plaster was to be applied to walls or interior columns. According to the tender specifications (Cartel) provided to the company represented, the technical specifications delivered by the Consortium contained no description of the difference between fine-finish plaster (repello afinado) and special plaster (repello especial), nor any specifications concerning the application and materials of the plaster to be used in this project, as is apparent from the tender clauses and as indicated on page 26 of the report prepared by FSA Ingeniería y Arquitectura.
The Administration definitively accepted the project on December 19, 2007, without any evidence of plaster detachment or cracking in the walls or columns. Through its material acts, the Administration approved the material applied. From 2008 through 2012, there was no evidence of plaster detachment in the building, and, as indicated in the report prepared by FSA Ingeniería y Arquitectura, it was not possible to demonstrate, verify, or establish any detachment or “bulging” (abofamiento) during those five years. The formal demand (apercibimiento) issued to the company represented has no factual basis because the material installed as wall plaster was approved by the company inspecting the project in official letter PJ-104-2006. It was a material subjected to an industrial process with greater quality control than could have been exercised directly at the construction site. It is untrue that a problem involving plaster detachment from the walls constitutes a latent defect because, as repeatedly explained to the Administration, the detachments were not attributable to construction errors by the company represented, but rather to maintenance work or the building’s structural behavior.
Official letter PJ-373-2009, addressed to Ms. Nombre66985, Head of Contract Verification and Performance, stated the following in its second point: “I replied to that email on June 1, that is, one day after receiving it, explaining that the material installed was the material approved by the inspection” (official letter PJ-104-2006) for use as wall plaster, which was approved primarily because it was superior to the specified material and because it had been subjected to an industrial process with greater quality control than could be exercised directly at the construction site. The installation of the plaster was duly supervised and approved by the Inspection, and the Project was even accepted one year after its installation had been completed. The company represented was required to perform repairs under the warranty, not because a latent defect existed. The warranty period had expired, and, moreover, no latent defect ever existed.
The relief requested by the Judicial Branch is not associated with a latent defect or product failures but concerns a maintenance issue. The project was completed, and all corresponding inspections were fully complied with. In this regard, there was the testimony of expert David Scott Anglin, a civil engineer who, at the relevant time, worked as an inspector during the installation of the plaster by the PIASA-CONDISA consortium. The widespread plaster detachments in the building resulted from a lack of maintenance for more than ten years. No defect in the quality of the workmanship or its application was established, much less the existence of a latent defect. The report prepared by FSA rests on an uncertain technical basis because it was prepared ten years after the project was accepted; moreover, it is inconclusive and does not prove the alleged existence of a latent defect or failures associated with product quality.
The FSA report consists of mere factual speculation, none of which is based on a technical opinion supported by sound scientific foundations, much less reflected in or compared against the tender criteria implemented by the company represented. There is no technical evidence establishing the existence of a latent defect; therefore, recovery of damages is unwarranted. Legal Considerations: The representative of Gonzalo Delgado S.A. maintained that, in this case, there is no technical evidence establishing any alleged breach of contract by the company represented. Counsel stated that the report prepared by FSA itself indicates on page 23: “It should be emphasized that conducting the study ten years after the plaster was applied, together with the absence of the technical specifications for the product installed, makes it impossible to determine a single cause of the problems affecting the plaster....” This technical evidence bases its conclusions on mere probabilities and simple hypotheses, which cannot be regarded as conclusive evidence; instead, the conclusion must be that there is no evidence whatsoever establishing the alleged liability of the company represented, meaning that the plaintiff lacks legal entitlement (falta de derecho) in this ordinary proceeding (proceso ordinario).
Furthermore, this case involves a ground for exemption from liability (causal de exoneración de responsabilidad) in favor of the company represented because, on page 22, the FSA report stated: “...the plans and technical specifications for the project are unclear regarding the issue of plaster... for most elements on the first and second levels, there is no indication whatsoever that a plaster finish must be applied....” As an important factor supporting the exemption from liability of the company represented, the same page 22 stated: “Clearly establishing the scope of the project is a task incumbent upon the consultant; it is considered that this task was not adequately performed in this case....” In that regard, what occurred constituted the direct—and therefore sole—responsibility of the Public Administration, to which the work had been delivered by Consorcio Piasa-Condisa and accepted as compliant on April 19, 2005, pursuant to Public Tender No. 1-124-03, which was subsequently incorporated into Public Tender No. 1-163-05 and performed by the company represented in accordance with the plans and technical specifications for the Project at issue.
These arguments were reiterated at the supplemental hearing, where counsel again stated that the company represented caused no damage and that it was not responsible for the cause of the plaster detachment. The project had an Inspector, who was responsible for determining whether the technical parameters had been met, while the construction company was ultimately the party that performed the work. It was the project Inspector who was required to approve the materials used in the project; therefore, because the Inspection did not question the use of the material applied and the project was delivered and accepted as compliant, there is a lack of legal entitlement with respect to the company represented.
IV- LAPSE OF THE ACTION AND STATUTE OF LIMITATIONS ON THE ALLEGED RIGHT TO CLAIM: The respondent companies raised, in their defense, the affirmative defenses of lapse of the action (caducidad de la acción) and expiration of the right to claim under the statute of limitations (prescripción del derecho a reclamar). This Chamber considers that both defenses should be addressed forthwith, since, if the respondents’ counsel were correct, the claim would have to be dismissed, and it would therefore be unnecessary to analyze the defects alleged by the State’s counsel in its complaint. With respect to the defense of lapse, this Court, based on the subject matter of the proceeding, considers that this case involves contractual liability (responsabilidad contractual); consequently, it does not share the stated view that the one-year period established in section 39 of the Code of Administrative Litigation Procedure governing this type of administrative litigation applies here, because the relief sought is not a declaration of nullity of an administrative act arising from the Administration’s formal activity.
Accordingly, that defense is rejected. Regarding the statute-of-limitations defense, the respondents stated that Article 35 of the LCA provides: “The Administration’s right to claim compensation from the contractor for damages arising from nonperformance shall be barred after five years...” and that it is evident that this period had long since elapsed, because the Piasa-Condisa consortium delivered the subject matter of Contract 21-CG-04, “Procurement of Consulting Services for the Construction of the Turrialba Courthouse Building,” on 18 April 2005; the construction project was finally delivered by “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” on 19 December 2007; and the complaint was served on Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. on 28 February 2018, on Constructora Gonzalo Delgado on 06 March 2018, and on Consultoría y Diseños S.A. on 17 April 2018. Thus, by the date on which the complaint was served, the 5 years established in Article 35 of the LCA had long since elapsed.
They argued that the State’s right to claim for breach of contract (incumplimiento contractual) had therefore become time-barred and that, even if the claim concerned “latent defects (vicios ocultos),” it was likewise time-barred because the action was filed more than 10 years after the work had been accepted as satisfactory. Thus, the limitations period had expired under all 3 theories—warranty claim, breach of contract, and latent defects—because the provision clearly establishes the starting point for calculating that period as the date on which the work was delivered, and service of the complaint occurred after the 10 years specified in the provision had elapsed. At the supplemental public oral-trial hearing, counsel for the Piasa-Condisa Consortium reiterated that the complaint alleged a purported breach of contract, for which the State’s counsel had a period of 5 years pursuant to Article 35 of the LCA.
Counsel further argued that, if the claim concerned latent defects, the right to claim was also time-barred because more than 10 years had elapsed. At that same hearing, counsel for Constructora Gonzalo Delgado S.A. also reiterated that the claim was time-barred because more than the 5 years provided in Article 35 of the LCA for filing claims of this kind had elapsed and because FSA’s opinion was issued 10 years after the work had been accepted. Counsel further alleged that the State’s counsel brought an action for breach of warranty pursuant to clause 3.2.1 of the Tender Specifications (Cartel), which established the applicable period, but did not file the complaint until 18 December 2017. Finally, counsel stated that no latent defects exist in this case. After being granted the hearing required by law, the State’s counsel stated, regarding the statute-of-limitations defense, that the period should be calculated from the date on which the work was accepted, namely, 19 December 2007, but that the period was interrupted, as established by Article 879 of the Civil Code, due to the extrajudicial demands made to require the respondents to fulfill their obligations.
Counsel stated that, according to facts 15 through 27 of the complaint, numerous demands were made between May 2012 and August 2015 requiring the respondents to repair the damage caused by the latent defects alleged in the complaint. Counsel further stated that, as permitted by Article 35 of the LCA, the complaint was filed within the 10-year period, because this case involved an allegation of contractual liability for latent defects. The State’s counsel also stated that the Judiciary did not obtain confirmation of the latent defects in the work until it received the technical report from FSA Ingeniería & Arquitectura in September 2017 and that, therefore, not even 3 months had elapsed when the complaint was filed on 18 December 2017. These arguments were reiterated at the supplemental trial hearing. Chamber’s assessment: The statute-of-limitations defense is rejected for the following reasons:
Nevertheless, by official letter PJ-373-2009, dated 17 de agosto de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” stated, regarding the detachment of the plaster (repello), that the material applied was of higher quality than specified, but that it did not have the ductility of the structure necessary to withstand earthquakes, wind, or other external forces. (See images 903 through 908 of the digital court case file). v) On 27 de agosto de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was notified of official letter 8192-DP/18-2012 from the Head of the Architecture Section, according to which the detachment of the plaster was due to inadequate surface preparation and adhesion of the additive or plaster; in response, by official letter PJ-374, dated 06 de setiembre de 2012, that construction company attached INTACO’s site-visit report concerning the plaster, indicating that cracks in the plaster were evidence of natural forces or were normal.
(See images 3375 through 3378 of the digital administrative case file). vi) On 16 de diciembre de 2013, additional areas of detached plaster appeared in the detention-cell area, the OIJ investigators’ area, the west side of the building, and the basement. Cracks appeared in front of the cafeteria, in the photocopying and information areas, on the north side of the Family Court, in the office of its presiding judge, and in various other locations; “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was therefore asked to inspect and correct them. The following day, by official letter PJ-375, the construction company refused to comply with the request, alleging that the warranty had expired and adding that it was not responsible for building maintenance. This position was reiterated in its official letter CONS PC-004-2014 dated 17 de febrero de 2014, in which it maintained that the issues found were minor and were attributable not to design or construction defects but to exogenous maintenance-related factors.
(See images 3478 through 3492 of the digital administrative case file). vii) In official letter 594-04-SG-2014, the General Services Department identified a considerable number of walls exhibiting hollow or detached plaster, whose adhesion had diminished over the years until it became completely detached. By official letter 4477-DP/18-2014 dated 08 de julio de 2014, Consorcio PIASA-CONDISA and “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” were required to repair the plaster. However, by official letter PJ-379-2014 dated 21 de julio de 20014, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” denied liability for latent defects (vicios ocultos) and reiterated that the deterioration was due to a lack of maintenance, the passage of time, or natural events. For its part, CONSORCIO PIASA-CONDISA requested a meeting to find a solution by official letter CONS PC-017-2014. At that meeting, held on 12 de agosto de 2014, representatives of CONSORCIO PIASA-CONDISA stated that the weekly inspection of the work had been based on trust in the construction company and that it had not been possible to verify every stage of the work in detail or on a daily basis.
Although they were willing to undertake other repairs, they denied liability for the detachment of the plaster. These statements were reiterated in official letter CONS-CP-019-2014 dated 19 de agosto de 2014. (See images 2737, 2738, 3532 through 3534, and 3550 through 3552 of the digital administrative case file). viii) By official letter 5354-DP/18-2015 dated 05 de agosto de 2015, “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.” was again asked to repair the plaster. Nevertheless, by official letter PJ-380-2014 dated 11 de agosto de 215, it responded that, if the failure were due to inadequate preparation or adhesion of the plaster material on the walls, that condition would have become apparent within the second month after the material was applied, and that if the Consultant bore no liability, neither did it, since liability was shared. (See images 3635 through 3637 of the digital administrative case file).
In light of the established facts, the claims against the defendants began in 2008, when the limitation period (plazo de prescripción) applicable to latent defects in public works had not yet expired, calculated from the delivery of the plans (19 de abril de 2005) and final acceptance of the work (19 de diciembre de 2007). Following that action, further actions seeking repair of the plaster were repeatedly undertaken over time, beginning in 2010, subsequently from 2012 through 2015. Consequently, the limitation period was interrupted each time one of those claims was submitted to the defendants, meaning that the 10 años limitation period for claiming damages arising from latent defects, established in Article 35 of the LCA, did not expire. The extrajudicial demands (gestiones extrajudiciales) submitted by representatives of the Poder Judicial to Consorcio Piasa-Condisa and Constructora Gonzalo Delgado S.A. had the effect of interrupting the running of the limitation period, and a new limitation period began to run upon each submission; therefore, when the complaint was filed and served, that period had not elapsed.
Regarding the rules and principles governing contractual matters in the public sector, this same Section of the Court stated in Judgment No. 075-2016-IV, issued at fifteen hours and ten minutes on veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, insofar as relevant: “...The broad range of competitive bidding procedures (procedimientos licitatorios) to which the Public Administration may resort in order to obtain goods or services from private parties for the purpose of satisfying interests that, by mandate of the legal system, must necessarily be public, is governed by Administrative Law. There are constitutional principles derived from Article 182 of the Constitution, as well as statutory principles arising particularly from the provisions of the Administrative Procurement Law (Ley de la Contratación Administrativa), number 7494, dated dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (Article 10), and its Regulations, Executive Decree number 33411-H, dated veintisiete de setiembre del dos mil seis, effective as of cuatro de enero del dos mil siete, formerly Executive Decree number 25038-H, dated siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, which therefore cannot be disregarded whenever we are dealing with this type of analytical framework.
Accordingly, it should be noted that Article One of the Administrative Procurement Law provides, insofar as relevant, that said body of law ‘...shall govern the procurement activities conducted by the bodies of the Executive Branch, the Legislative Branch, the Tribunal Supremo de Elecciones, the Contraloría General de la República, the Defensoría de los Habitantes, the territorially and institutionally decentralized sector, non-State public entities, and public enterprises.’ (Emphasis added). The entities comprising that decentralized sector include local governments, and because the very rationale for administrative procurement (contratación administrativa) is to satisfy the public interest entrusted to a particular public agency, that tenet, which as a general rule informs this field, must serve as the framework for interpreting the rules in force. Along these lines, the administrative procurement procedure (procedimiento de contratación administrativa) serves as an instrument or mechanism for selection through competition, thereby giving effect to the exercise of public authority always directed toward satisfying a public interest; the participating contractor is regarded as a collaborator of the Administration with respect to the matter awarded to it (provision of a public service, construction of a public work, acquisition of goods for the Administration, etc.).
The award decision (acto de adjudicación), moreover, means that the Administration has recognized the bidder’s merit as the best suited to meet a particular public need, since, as a matter of principle, the Public Administration itself is more often than not ill-positioned to supply its own needs because it lacks technical, organizational, or even financial capacity. For that reason, the relationship established through this means between a private party and a particular Public Administration—an administrative legal relationship (relación jurídico-administrativa)—must primarily be understood as being directed not only by the obvious aspiration of the party contracting with the Administration to conduct business and earn the resulting profit, but also by the need shared by the parties to that legal relationship to satisfy a particular public interest through the contract and its performance, within a framework of good faith.
Articles 50 and 74 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica establish the primary objective of the function performed by the Administration through administrative procurement, and of those who collaborate with it: namely, the satisfaction of collective interests. Without prejudice to the foregoing, an administrative contract (contrato administrativo) is a bilateral act giving rise to obligations and rights for the parties executing it—both the contracting Administration and the contractor (awardee)—and obligations owed by both to society as a whole. The award decision in a competitive bidding process may be described as a unilateral administrative act with bilateral effects, because it is issued unilaterally by the procuring Administration within a competitive administrative procurement process in which the bid deemed most advantageous for meeting the public need is selected or determined.
(See Judgment number 1205-1996 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Thus, the purpose of all administrative procurement is to select the proposal most advantageous for satisfying the public interest for the benefit of the community; by virtue of its content, it creates an administrative legal relationship that binds not only the private party subject to the Administration (administrado), but also the Administration itself. In any event, both are expected to combine their efforts to achieve a higher purpose: the public purpose. Accordingly, by its nature and purpose, this activity directs the Administration’s conduct toward achieving the stated objectives, and the law empowers it, in pursuit of those objectives, to modify contracts even unilaterally; that is, in recognition of what is known as the principle of mutuality of the administrative contract (principio de mutualidad del contrato administrativo), which is necessary because the higher objective of achieving the public purpose toward which it is directed will always be present.
Notwithstanding the foregoing, the power to modify contracts that have already been perfected—and that, through the dual mechanism described, constitute acts declaring rights in favor of the contractor—is not unlimited, because it is subject to a special regulatory legal regime (Articles 182, 183, and 184 of the Political Constitution), informed by principles such as procedural formalism and oversight, open competition, equal treatment of all bidders, publicity, balance of interests, legality, procedural transparency, and legal certainty. (Regarding the principle that one’s own acts may not be repudiated (intangibilidad de los actos propios), see, among others, Constitutional Chamber judgments number 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94, and 899-95). All these principles are also reflected at the subconstitutional level in the Administrative Procurement Law number 7494, dated dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco; the Organic Law of the Contraloría General de la República, number 7428, dated siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro; the Financial Administration Law of the Republic; the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office; the Regulations to the Procurement Law; and the Regulations on Approval (Reglamento para el Refrendo) issued by the Contraloría General de la República.
Within that legal relationship, in which the Administration and the private party subject to it occupy the dual position described above, the subject matter of the contract, as defined by the tender specifications (cartel) in conjunction with the successful bid, is of central importance, obvious though that may be. As stated, because it is the instrument that establishes the subject matter of the contract, it is the logical axis of the legal relationship, under which the procuring Administration is required to honor that agreement as stipulated and may, pursuant to the principles governing administrative procurement, demand its performance or, where appropriate, bring about its modification to the extent permitted by the legal system in order to achieve the public purpose for which the procurement procedure was designed. The awardee, in turn, has both the right and the duty to perform the contract awarded in its favor, the obligation to do so under the agreed terms, and the obligation to report any circumstance that may prevent such performance.
Regarding the principle of good faith, the Constitutional Chamber, among other decisions, described the implications of this principle in Judgment number 0998-98, issued at once horas treinta minutos on dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, as follows: ‘...in all matters concerning administrative procurement, it is regarded as a fundamental moral principle that the Administration and bidders act in good faith, with the conduct of both parties characterized by clear ethical standards under which the public interest prevails over any other interest....’ (Emphasis added). It is a general principle of law—derived from Article 692 of the Civil Code—that, in situations arising from contractual relationships, where one party fails to comply with the agreement, the party that has fulfilled its obligations may obtain termination of the legal transaction (resolución del negocio jurídico), with two possible additional consequences: specific performance or, alternatively, compensation for the damages caused.
Furthermore: ‘A condition subsequent for nonperformance is always implicit in bilateral contracts. In such a case, the party that has performed may demand performance of the agreement or request its termination with damages.’ Although its origin lies in private law under the aforementioned preconstitutional provision, it also applies to administrative procurement and could not be otherwise, through direct application of the principles of good faith and balance of interests governing this type of contract, as the Constitutional Chamber itself held in its extensive case law beginning with the judgment cited above in this section. In this regard, a distinction must be drawn between rescission in the public interest (rescisión) and termination for breach (resolución contractual). Both mechanisms authorize the Administration to terminate the contract unilaterally, but on different grounds. Both mechanisms are also governed by Article 11 of the Administrative Procurement Law and further developed in Articles 204 and 206 of the Regulations to that Law—which apply supplementarily, as indicated above.
Thus, the former operates on grounds of public interest, force majeure (associated with acts of nature), fortuitous event (caso fortuito) (human acts), or mutual agreement, all of which are causes beyond the control of the obligated parties that make full performance of the agreed terms impossible. Once the ground for rescission has been established, the decision shall be adopted and the compensation payable to the contractor shall be determined. Nothing prevents the initiative to rescind the contract from originating with the contractor. The latter, by contrast, arises from breach of contract and, insofar as the governing provisions concern a possible contractual breach by the contractor, requires, before it may be declared, an administrative proceeding establishing that breach and determining the damages caused to the Administration as a result, while fully guaranteeing the contractor respect for the elements comprising the principle of due process.
Where the Administration fails to honor the commitments undertaken in an administrative contract, it cannot be maintained that the contractor is barred from obtaining compensation for the harm caused by that breach; however, this dispute must be brought before an Administrative Litigation Judge (Juez Contencioso Administrativo) for such a declaration to be issued, through direct application of the general principle of reparation arising from Article 41 of the Political Constitution.
In this regard, it must be borne in mind that the principle of good faith (principio de la buena fe) is indeed a basic and fundamental premise of administrative procurement (contratación administrativa). In this respect, it is important to consider that, through this mechanism, the Public Administration is able to fulfill the public purposes imposed upon it by the legal system; this presupposes an appropriate willingness on the part of both the contractor—in order to fulfill the public purpose entrusted to it through the procurement and to exercise its capabilities with the same quality it would provide to any consumer of its services—and the contracting Administration, so as to enable the former to perform as agreed and to compensate it accordingly.—Regarding the bidding specifications (cartel de licitación), bearing in mind the implications of the principle of good faith in administrative procurement, it must be clearly understood that, notwithstanding the obvious differences, the contracting administrative entity is comparable to any other consumer of goods and services seeking to obtain those that best serve the public interest.
For its part, the principle of oversight of procedures (principio de control de los procedimientos) establishes that the Administration and its collaborator should seek to ensure the success of the procurement throughout every phase comprising the procedure. The Ley de la Contratación Administrativa provides, insofar as relevant: “Article 21.—Verification of procedures. The contractor is responsible for verifying the correctness of the administrative procurement procedure and the performance of the contract. By virtue of this obligation, it may not plead ignorance of the applicable legal framework or of the consequences of administrative conduct as grounds for claims for compensation.” (Emphasis and underlining are not in the original). It has generally been understood, however, that this responsibility is not borne exclusively by the contractor; nevertheless, it is clear that the contractor has a duty, above and beyond any particular interest that may be involved, to seek the correction, among other things, of any circumstance arising even during the performance phase of a contract—including a public works contract (contrato de obra pública)—in order to ensure its success and the achievement of the purposes pursued thereby.
Along these lines, the component of the bidding procedure (procedimiento licitatorio) known as the bidding specifications is of central importance. The bidding specifications are the set of clauses established by the Public Administration that specifies the goods or services being put out to bid, defines the conditions, specifications, and requirements that participants must meet, and details the process or procedure to be followed. Without prejudice to Article 4, subsection h), of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, legal doctrine recognizes the bidding specifications as constituting the “law between the parties” or the rules governing the procurement. Nevertheless, with due regard for the hierarchy of sources within the legal system and, above all, because the Public Administration is governed by the principle of legality (principio de legalidad), they constitute what may be understood as the rules—although not rules of general applicability—governing the procurement; that is, the specific body of rules defining the goods or services required by the public authority (the subject matter), the provisions to be incorporated into the future contract, and the acts of the parties, thereby serving as the foundation of the administrative procurement procedure.
Their importance is readily apparent: in public-sector practice, they are the heart of every public tender and the basic instrument for managing government procurement, largely determining whether the bidding process will be successful. Conversely, failure to recognize the importance of this component has been shown to produce numerous adverse consequences within the procedure and/or during its subsequent performance. (See Constitutional Chamber judgment number 6432-98). The heightened importance of the bidding specifications may also be recognized in the specific case before us when it is considered that, particularly for contracts whose subject matter is the construction of public works—pursuant to Article 60 of the Ley de la Contratación Administrativa—“The works contract shall be performed at the contractor’s own expense and risk, and the Administration shall assume no responsibilities toward the contractor other than those provided for in the procurement.” (Emphasis is not in the original).
(See also Article 150 of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). It should be noted that the content of the bidding specifications should serve as an instrument of communication or common language and, for that reason, should emerge from the drafting process as objective, clear, transparent, and properly designed in accordance with the applicable science and technology, all for the purpose of providing participants in the procedure and the Administration itself with certainty and with an effective and efficient tool for pursuing the public interest. For that reason, before bidding specifications whose subject matter is the construction of public works are prepared, the preliminary technical studies required by the relevant art or science must necessarily have been conducted to establish the basis and feasibility of the project, with a view to satisfying that public need.
The first paragraph of Article 4 of the Ley de la Contratación Administrativa states: “Principles of effectiveness and efficiency (Principios de eficacia y eficiencia). All acts relating to administrative procurement activities shall be directed toward fulfilling the Administration’s purposes, targets, and objectives, in order to ensure that the general interest is effectively served through the efficient use of institutional resources.” Thus, where the design of a public work is concerned, it would be expected in every case to provide, with at least a minimum degree of rigor, details of the terms of reference (términos de referencia), technical information, and all data necessary for the success of the construction process, unless the contract itself provides that the contractor is responsible for those studies. It is no coincidence that Article 8, subsections a) and b), of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa provides that, in adopting the initial decision to initiate an administrative procurement process, the Administration must have determined, at a minimum, that the following exist: “a) A justification for the appropriateness of the procurement, expressly identifying the need to be satisfied and taking into account, as applicable, the long- and medium-term plans, the National Development Plan, the Annual Operating Plan, the budget, and the Institutional Procurement Program. / b) A description of the subject matter and the technical specifications and characteristics of the required goods, works, or services; where different technical options may exist for satisfying the need, substantiation of the reasons for selecting a particular solution; and an indication of whether partial awards may be made in view of the nature of the subject matter.
The Central Administration shall mandatorily use, and the other Public Sector institutions may use at their discretion, the goods catalog of the Directorate-General for Property Administration and Administrative Procurement of the Ministry of Finance.” The foregoing reflects the need for clear knowledge of what is sought, which requires the Administration to study and become informed in advance regarding the goods or services it requires, as any consumer would do in this situation, because it manages public resources belonging to none other than the State on behalf of the population to which it is accountable. That is, at a minimum, the technical specifications must be clearly established so as to ensure the quality of the work by defining minimum—and, in all cases, sufficient—benchmarks and standards. Article 148 of the same regulations mentioned above, insofar as it requires verification of prior environmental impact studies (estudios previos de impacto ambiental), provides some guidance on this matter when its final paragraph states that “... the Administration shall include in the bidding specifications at least a graphic design of the project and details of the technical specifications, commensurate with the complexity of the work and the type of contract to be entered into.” (Emphasis is not in the original).
Technical specifications therefore comprise the description of the nature, attributes, and technical characteristics of the goods and services to be acquired. These specifications in the bidding documents must be consistent with the intended purpose, such that they clearly describe the function of the subject matter, its quality characteristics, the procedure for verifying the quality of the goods, and the applicable measurement indicators. Taken together, all these activities determine what is to be purchased or built and how the identified need is to be satisfied (in addition to benchmarks or standards, attributes, technical characteristics and uses; brand or trade name; and samples and dimensions, a definition of measurements and designs would be expected). Where permitted by the relevant science or technology, these specifications may be stated simply in the bidding specifications; in all cases, however, they must be clear and specific, precise, and above all sufficient, identifiable, verifiable, and, at the same time, flexible to the extent technically appropriate.
In the case of public works construction to be situated so as to affect the urban plan, elementary rational logic dictates that registry studies and the preparation of plans, photographs, models, graphics, diagrams, and any other requirement deemed necessary by the Administration are essential. For that reason, nothing prevents the Administration from contracting with or requesting assistance from natural or legal persons specializing in the subject matter when preparing them, provided such persons have no direct or indirect particular interest in the transaction and the Administration lacks the necessary technical resources within its own organization. Conversely, where no impediment prevents a public entity from undertaking that task when it is within its capabilities, the contractor is expected to identify any defect that compromises its ability to comply with the requirements of the bidding specifications.
These specifications, together with the evaluation system, are the fundamental pillars of every set of bidding specifications. Article 53 of the Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa even allows preliminary hearings (audiencias previas) to be held with potential suppliers to improve, among other things, the preparation and management of bidding specifications and to avoid challenges to their content and appeals against award decisions (actos de adjudicación). Here, the role of collaborators—which is presumed to be a rule to be observed by anyone seeking to contract with the Public Administration—remains applicable, because potential construction suppliers, construction being their ordinary line of business, may also be presumed to possess knowledge of the science and technology applicable to the subject matter of their bid. In this regard, the contractor’s guiding objective shall always be to provide a product that satisfies the need previously identified by the Administration, which is its client; otherwise, in most cases, a new procurement procedure will be required to accomplish what the failed attempt did not, generally causing significant losses affecting the public interest in terms of both money and time.
Based on the foregoing, suffice it to state that, for all purposes, those responsible for carrying out the process of preparing the bidding specifications (cartel), as well as the contractors themselves, must give these tasks the attention they truly warrant. It is therefore essential that all preliminary studies be conducted efficiently by persons committed to and accountable for the public interest involved and the institution to which they belong, thereby preventing significant waste of funds with no useful results, as well as the harmful consequences arising from delays in administrative proceedings (procesos administrativos), inefficient procurement, and the inability of the various organizations to operate due to a lack of resources, goods, and services.—For the foregoing reasons, before bids are submitted, it is often a sound and necessary step for prospective suppliers of a good or service to be installed at a particular location to visit the site in question, depending on the purpose of the procedure.
This activity is particularly common in contracts for the construction of public works (obra pública). Even if this is not required under the rules of a particular science or technical discipline, common sense at least dictates that, if something is to be placed or built at a specific location on the surface of the land and, from there, penetrate the subsoil or extend into the airspace, both the physical and formal (legal and registry-related) circumstances of that setting must be fundamental considerations, especially because, in many cases, the item to be installed must be adapted to that setting or, where appropriate, be capable of suitably transforming it so that the procurement procedure (procedimiento de contratación) is successful. A site visit is even more important when one considers its impact from an urban-planning perspective, not to mention from an environmental perspective, among other possible considerations.
A project should be related to the site conditions, for example, when earthworks (movimientos de tierra), fills, retaining walls, or other similar activities are required, or where there are special soil conditions or a pre-existing structure. In some cases, obtaining such prior knowledge is left to the participant’s discretion, on the understanding that the participant assumes full responsibility for the price quotation and the final outcome; however, this is not always the case. In any event, the purpose of visiting the worksite is readily apparent even to the contractor, because failure to ascertain the site circumstances and other project-related conditions could have consequences, considering that a failure to make observations that would have been relevant or, where applicable, to raise objections to the bidding specifications that the contractor considered appropriate affects the possibility of making subsequent corrections under the principle of preclusion (principio de preclusión) governing the stages of the administrative procedure (procedimiento administrativo).
Moreover, when construction work is involved, those particular site conditions can presumably be assessed by persons knowledgeable in the field—which a service bidder is expected to have available—such as engineers or architects. After all, it is the bidder who appears before the Administration, asserting its ability, as a provider of such services, to bring a construction project to fruition. Accordingly, another premise that may be said to be inherent in a prior visit to the worksite is that a company deciding to participate will send personnel capable of contributing something beneficial to the procedure, rather than someone lacking the knowledge and expertise required for that purpose, particularly if the organization seeks to subsequently provide high-quality construction services that meet the expectations of the public institution concerned and of the community, which, ultimately, are its clients.
In short, for the visit to add value to the procedure, it must be conducted by qualified personnel. It is not merely a formality, but rather a requirement with a clear objective that is both preparatory and preventive, at a stage when corrections can still be made whenever appropriate...”
The State’s representative alleged that on 19 de abril de 2005 Consorcio Piasa-Condisa delivered “The Project Plans, Specifications, and Design Calculations,” yet the plans contained no information regarding plaster (repello) for the interior walls and columns, the difference between fine-finish plaster (repello afinado) and special plaster, or any instructions describing how the plastering materials were to be applied (see 10.2, smooth-plastered concrete surfaces in interiors and exteriors) and 5-7 (ceilings with fine-finish plaster), and referred to specifications for plastered and fine-finished wall surfaces that do not exist. The construction project was awarded to Constructora Gonzalo Delgado S.A. and was finally accepted on 19 de diciembre de 2007; however, although the Consortium, in its capacity as construction supervisor, made observations during diciembre 2006 concerning the quality and characteristics of the material to be used for plastering, it made no observations in the construction log (bitácora) or the monthly inspection reports regarding the detachment or cracking exhibited by the project.
Beginning in 2008, efforts were undertaken to have the defendants repair the alleged defects, but they failed to do so. The claim was reiterated from 2012 through 2015, without positive results. The State’s representative alleged that Consorcio Piasa-Condisa rejected the claim on the grounds that it was not responsible for applying the material, while Constructora Gonzalo Delgado S.A. maintained that the detachment of the plaster (bulging or hollow plaster) on the building’s interior walls and columns was due to a lack of maintenance. They likewise stated that the warranty period had expired and that they were therefore released from liability for the claim. They were repeatedly advised that the plaster detachment resulted from improper preparation of the walls to which the plaster had been applied, because it lacked the necessary adhesion or anchoring; however, the construction company stated that if the detachment had been caused by improper wall preparation, it would have appeared by the second month after completion of the project.
Accordingly, the State’s representative alleged that Consorcio Piasa-Condisa had breached its obligations by failing to include details in the plans concerning the plastering of the building’s interior walls and columns and by failing to conduct a detailed inspection, which it was obligated to do in order to prevent such defects in the project. It also alleged liability on the part of Constructora Gonzalo Delgado S.A. because, in its view, that company failed to properly prepare the walls on which the plastering material—constituting a finish—was to be applied; the walls had to be in the condition necessary to ensure optimal adhesion or anchoring so that the plastering material would not detach over time. The State’s representative alleged that the damage that appeared in the building over time constitutes a hidden defect (vicio oculto), because this type of defect manifests itself and becomes evident over time.
It maintained that, pursuant to Article 35 of the LCA, the defendants must be held liable for the alleged defects and that the Administration has a period of 10 years to bring this type of claim. That period was interrupted by the multiple actions taken between 2012 and 2015 to have the defendants remedy the alleged errors, but no positive response was received. In view of the foregoing, that representative requested a judgment declaring a breach of the contracts entered into with the defendants, namely No. 21-CG-04 (Piasa-Condisa) and 03-CG-06 (Constructora Gonzalo Delgado S.A.), for the preparation of plans, supervision, and construction of the Turrialba Courthouse building, and consequently holding them jointly and severally liable for the damages and losses caused and therefore for all costs and expenses required to repair the plaster detachment in the project, including the amount necessary to relocate personnel to another rented building while the repairs are performed.
That amount was prudently estimated at 139.857.756,96 colones, plus statutory interest and indexation on the total amount of damages, as compensation for losses caused, until paid. With the dispute thus joined, this Court will analyze the claim at three levels. First, it will analyze the legal nature of hidden defects in construction projects during their planning and construction phases. It will then address the nature of the problems exhibited by the construction of the Turrialba Courthouse building with respect to the plastering of its interior walls and columns and, finally, determine the defendants’ potential financial liability in this case. A) Hidden defects in general: Under legal scholarship and consistent case law, hidden defects are defined as defects or errors that render property unfit for its ordinarily intended purpose or impair its operation and that, had the affected party known of them beforehand, would have caused that party not to acquire the property or accept the project, or to pay less for it.
In summary, a hidden defect is a defect that existed before the sale or delivery of the project, in the case of real property, that is sufficiently serious and not readily detectable by the purchaser through a visual inspection, since such defects often manifest themselves and are detected over time. Regarding financial liability for this type of defect, the First Chamber has consistently held: “...A sale entails two types of warranty: the warranty against eviction (garantía por evicción) and the warranty against hidden defects. (...) - For its part, the warranty of merchantability (garantía de saneamiento), or warranty against hidden defects, is a natural consequence of a contract of sale.- It concerns the seller’s obligation to deliver the item sold in a condition fit to perform the function for which it is ordinarily intended; that is, the seller must deliver the item in good condition, without defects or flaws that render it unfit for, or materially impair, its normal use.
Regarding such defects, Article 1082 of the Civil Code provides: ‘A sale may not be annulled because of hidden defects or flaws in the item known as redhibitory defects (vicios redhibitorios), unless those defects or flaws entail a mistake that vitiates consent, or unless otherwise stipulated.’ In fact, the article establishes an action for relative nullity or voidability based on a defect of intent: mistake. Such action is based jointly on hidden defects and mistake.- Although the sale cannot be annulled solely because hidden defects exist—unless they also constitute a mistake that vitiates consent—the possibility always remains of asserting the seller’s ordinary contractual liability, since the seller is obligated to deliver the item in a manner that fully enables it to perform its normal function; such liability may result in compensation for damages and losses, depending on the nature of the breach.” (See, among other judgments of the First Chamber, No. 320, at 14:20 hours on 9 de noviembre de 1990).
Thus, one of the contractor’s legal obligations is to deliver the property in functional condition and free of hidden defects; if such defects arise, they give rise to liability for damages and losses in cases where the agreed legal transaction (contract) cannot be annulled. It is also appropriate to reiterate in this section that, although ordinary legislation provides several limitation periods within which a creditor may assert the right to claim such defects, because this case concerns a public works project (obra pública), namely the construction of the Turrialba Courthouse building, the applicable period is that established in Article 35 of the LCA and Article 38 of its Regulations. In this regard, the First Chamber’s line of precedent has stated: “...Article 35 of that body of law governs the opposite situation, namely when the Administration is the party bringing the claim: ‘Limitation period for contractor liability.
The Administration’s authority to claim compensation from the contractor for damages and losses arising from a breach of its obligations shall become time-barred after five years. In the case of public works, the period for bringing a claim for compensation arising from hidden defects shall be ten years, counted from delivery of the project.’ Canon 38 of the Regulations is worded in the same terms.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, number Identificacion169, at 15:20 hours on 7 de mayo de 2009). Thus, the period within which the Administration may bring a contractual-breach claim for damages and losses caused by hidden defects is, in principle, 5 years; however, when a public works project is involved, that period is extended to 10 years. Furthermore, because this is a statute of limitations (prescripción), pursuant to Article 879 of the Civil Code, extinctive prescription (prescripción negativa) is interrupted by judicial and/or extrajudicial actions, meaning that such actions have the legal effect of erasing the time previously elapsed, and a new limitation period begins to run from the date of those actions.
In addition, by Resolution No. 1656-10 at 11:50 hours on 14 de mayo de 2010, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was sanctioned for breaching the contract because it delivered a contractual object of lower quality than agreed. (See images 1674 through 1699 and 4081 through 4094 of the digital administrative file). iii) By email dated 31 de mayo de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” was formally required to repair the detachment of 1 m2 of plaster from the wall adjoining the shower and from one basement column, as it was deemed a failure of the mortar (mortero) to adhere to the surface and therefore a hidden defect. By email dated 01 de junio de 2012, “Constructora Gonzalo Delgado S.A.” replied that the plastering at the site had been performed using an INTACO material for which prior authorization had been requested through official letter PJ-104-2006, and that it had been applied once such authorization was granted. However, because the failure did not occur during the first month, it was a product of natural causes and not a hidden defect. (See images 903 through 908 of the digital court file).
(See images 903 to 908 of the digital judicial case file). v) On 27 de agosto de 2012, official letter 8192-DP/18-2012 from the Head of the Architecture Section was brought to the attention of "Constructora Gonzalo Delgado S.A."; according to that letter, the detachment of the rendering resulted from improper surface preparation and inadequate adhesion of the additive or rendering. By official letter PJ-374 dated 06 de setiembre de 2012, that construction company attached, concerning the rendering, INTACO’s site-visit report, which stated that cracks in the rendering were evidence of natural forces or were normal. (See images 3375 to 3378 of the digital administrative case file). vi) On 16 de diciembre de 2013, additional areas of detached rendering appeared in the jail-cell area, the OIJ investigators’ area, the west side of the building, and the basement. Cracks appeared in front of the cafeteria, in the photocopying and information area, on the north side of the Family Court, in the office of its presiding official, and in various other locations.
"Constructora Gonzalo Delgado S.A." was therefore asked to inspect and correct them, but the following day, by official letter PJ-375, the construction company refused to comply with the request, alleging that the warranty had expired and adding that it was not responsible for building maintenance. This position was reiterated in its official letter CONS PC-004-2014 dated 17 de febrero de 2014, in which it maintained that the conditions found were minor and were not attributable to design or construction defects, but rather to exogenous factors related to maintenance. (See images 3478 to 3492 of the digital administrative case file). vii) In official letter 594-04-SG-2014, the General Services Department identified a considerable number of walls exhibiting hollow-sounding or detached rendering, whose adhesion had diminished over the years until it detached completely. By official letter 4477-DP/18-2014 dated 08 de julio de 2014, Consorcio PIASA-CONDISA and the company "Constructora Gonzalo Delgado S.A." were required to repair the rendering.
However, by official letter PJ-379-2014 dated 21 de julio de 20014, "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." denied liability for latent defects and reiterated that the deterioration was caused by lack of maintenance, the passage of time, or natural events. For its part, CONSORCIO PIASA-CONDISA requested a meeting by official letter CONS PC-017-2014 in order to find a solution. At that meeting, held on 12 de agosto de 2014, the representatives of CONSORCIO PIASA-CONDISA stated that the weekly inspection of the construction work had been based on trust in the construction company and that it had not been possible to verify every stage of the work in detail or on a daily basis. Although they were willing to undertake other repairs, they denied liability for the detachment of the rendering. These statements were reiterated in official letter CONS-CP-019-2014 dated 19 de agosto de 2014. (See images 2737, 2738, 3532 to 3534, and 3550 to 3552 of the digital administrative case file). viii) By official letter 5354-DP/18-2015 dated 05 de agosto de 2015, "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." was again requested to repair the rendering.
Nevertheless, by official letter PJ-380-2014 dated 11 de agosto de 215, it responded that if the failure had resulted from improper preparation or adhesion of the wall-rendering material, that condition would have become evident within the second month after the material was applied, and that if the consulting firm bore no responsibility, neither did it, because responsibility was shared. (See images 3635 to 3637 of the digital administrative case file). Despite all these efforts, however, no positive response was obtained from the companies concerned. In addition to those efforts, it has also been established that the Administration of the Poder Judicial retained the technical services of FSA Ingenieros y Arquitectos S.A., which, after carrying out the requisite technical tests, concluded, insofar as relevant: "...Based on the assessment of the current condition of the rendering, the tests performed, and the review of the construction-process documentation, the following conclusions are reached: ·The Tribunales de Justicia de Turrialba building has a widespread rendering problem affecting different areas and levels of the building.
It is therefore impossible to identify a pattern supporting the conclusion that it is attributable, for example, to a particular work crew or climatic condition. The number of building elements with detached rendering exceeds what might be expected as part of a building’s normal deterioration. ·The pull-off tests showed that the adhesion of the rendering samples to concrete was substantially lower than that of the sample applied to masonry. ·There is no documentation showing that rendering problems arose during the construction process. The first problem of this kind was reported in mayo del 2012. ·The plans and technical specifications do not clearly establish the scope of the project as regards rendering. The plans show a limited number of elements to which rendering was to be applied, which does not correspond to the work actually performed during construction. Furthermore, the material, application method, and additional requirements for the project’s rendering are not defined. ·The most probable causes of the rendering-detachment problems are considered to be poor adhesion of the installed product and/or improper preparation of the surfaces to which the rendering was applied. ·Other causes of the rendering problems, such as moisture, deformation of the building due to differential settlement, and deformation of the building during seismic events, are ruled out because they are inconsistent with the characteristics of the building and the observed damage.
Regarding the liability of the consulting firm Consorcio PIASA-CONDISA and Constructora Gonzalo Delgado for the rendering-detachment problems at the Tribunales de Justicia de Turrialba, the following is determined: ·Consorcio PIASA-CONDISA bears responsibility insofar as it failed to fulfill the consultant’s assigned duty to define in its plans and technical specifications all information essential to the proper performance of the project’s rendering work. By failing to specify the materials, rendering-application methods, or clearly identify the elements that were to receive this type of finish, it created the potential for error in the manner in which the work was performed. ·Constructora Gonzalo Delgado bears responsibility because the factors identified as the most probable causes of the rendering problems (poor product quality and/or improper surface preparation and/or improper product preparation) are attributable to the contractor.
It should be emphasized that approval of the product (if any) does not release it from liability for the quality of the installed product." Although this opinion was submitted as inculpatory evidence (prueba de cargo) by the State’s representatives, it was not rebutted by the defendant companies. Furthermore, as part of the expert evidence (prueba pericial), the State’s representatives requested the appointment of a civil engineer and an architect to prepare a joint report determining the cause of the rendering damage after considering all aspects of the procurement. That expert assignment was given to Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz and Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, who concluded in their expert report: "...CONCLUSIONS FROM THE FIRST STAGE OF THE REPORT: Liability must be imposed upon those responsible for the acts and omissions that gave rise to the facts investigated in the proceedings that resulted in the challenged decision.
Regarding the execution of the rendering work, the assigned professionals are of the opinion that there was an evident problem in the design and execution of the rendering on the walls and columns of the Tribunales de Justicia de Turrialba building, which created a risk and necessitated the adoption of protective measures for the damaged elements. The construction company’s arguments regarding the rendering applied cannot be accepted by the Administration, because although it is true that its application may have accelerated the latent problem in other areas of the building, all the typical manifestations of a condition involving detachment and bulging of the rendering appeared. -Consorcio PIASA-CONDISA S.A. bears responsibility insofar as it failed to perform its assigned function by not defining in its plans and technical specifications all the technical information essential to the proper execution of the project’s rendering work and by not clearly specifying the correct instructions for the elements that were to receive this type of finish, thereby creating the potential for error in the manner in which the work was performed.
Constructora GONZALO DELGADO S.A. bears responsibility because the factors identified as having the greatest likelihood of causing the rendering problems (poor product quality, substitution of the product, and/or improper surface preparation), which were approved by the consulting firm, are attributable to the construction contractor. It should be emphasized that approval of the product (if it occurred, since it could not be verified) does not release them from liability for the quality of the installed product, for which there is no documented approval in either official letters or the construction log (Bitácora). Contractual verification of the latent-defect claim is recommended based on the evidence of a widespread problem with adhesion of the rendering to the concrete surface..." (...) "...FINAL CONCLUSIONS FROM STAGE II OF THE REPORT: 1. There is a problem involving loose rendering at localized points on multiple walls and columns throughout the building. 2.
This type of problem can be detected within a few days after the rendering is applied. 3. If it was not identified, that was due to a lack of proper inspection. 4. Constructora Gonzalo Delgado bears primary responsibility for this problem, which was not identified or corrected in a timely manner. PIASA-CONDISA, as the inspection firm, is also responsible for failing to identify this problem in a timely manner. FINAL CONCLUSIONS: Liability in this case must be imposed upon those responsible for the acts and omissions that gave rise to the facts investigated in the proceedings that resulted in the challenged decision. The problem in the design and execution of the rendering on the walls and columns of the Tribunales de Justicia de Turrialba building is evident. It created a risk and necessitated the adoption of measures to repair and protect the damaged wall and column elements. With respect to the rendering applied, the construction company’s argument cannot be accepted, because although it is true that its application may have accelerated the latent problem in other areas of the building, with all the typical manifestations of a condition involving detachment and bulging of the rendering appearing, its conduct was not ethically proper. The consulting firm.
is liable for failing to define in the drawings and technical specifications all the information essential for the proper execution of the plastering work (trabajos de repello) on the project and to clearly identify the elements that were to receive this type of finish; therefore, with regard to the manner in which the work was performed, it was misleading. The construction company is liable because the factors identified as likely causes of the plastering problems—poor product quality and substitution of the product—and/or inadequate surface preparation, which the consulting firm approved, are attributable to the construction contractor. It should be emphasized that approval of the product (if such approval existed, since it could not be verified) does not relieve them of liability for the quality of the product applied. It is recommended that the contractual review unit pursue the claim for a hidden defect (vicio oculto), supported by the finding that there is a widespread, demonstrable problem with the adhesion of the plaster to the concrete surface.
It is the experts’ opinion that, for the repairs to be carried out, and because of the difficulty involved in performing renovations while the courts are operating normally and the building’s administrative activities are generally continuing, such repairs must be performed while judicial officers and staff are absent. It is important to indicate that the PGR must submit an updated preliminary cost estimate for this expense...” These conclusions were presented to this Court during the oral and public trial stage. For its part, the representative of Consorcio Piasa-Condisa requested the appointment of an expert to determine whether elements of the work had been affected by hidden defects arising from the construction. The expert was also asked to estimate the zones or areas in which the damage occurred and the reasons for it, and to determine whether the inspection firm and the construction company bore related liability, as well as the degree of responsibility of each party.
The expert examination (peritaje) was assigned to Engineer Edgardo Siles Morales, who concluded in his expert report: “...4.1 It is concluded that, as a result of the construction work on the Turrialba Courts of Justice building, which was undertaken by the construction company Gonzalo Delgado S.A, a hidden-defect condition exists in connection with the fine-plaster finish, resulting in the detachment of part of that finish, which must be repaired, followed by repainting of the entire affected area...” In addition to the foregoing expert reports, testimony was taken at the trial hearing from Engineer José Guillermo Vindas Cantillano, who, in his capacity as Deputy Head of the Judicial Branch’s General Services Department, testified as an expert witness (testigo perito). He told this Court that, from an engineering standpoint, a “hidden defect” is anything that was improperly done or done without satisfying technical requirements, but whose deficiencies are not visible to the naked eye and whose existence and cause require technical evidence to establish.
He stated that he inspected the plastering in the Turrialba Courts of Justice building and concluded that, in his opinion, the plaster detached because the surface to be plastered had been inadequately prepared, so the necessary adhesion was not achieved to ensure that the plaster was properly bonded to the wall. He stated that claims were submitted to the companies and that Consorcio Piasa-Condisa rejected the claim on the ground that application of the plaster was not its responsibility, while Constructora González Delgado S.A. stated that it was not responsible. Mr. Luis A. Solís Jiménez, the Building Administrator, also testified and stated that he inspected the building and that, although it was new, its walls and floors exhibited various forms of damage, including detachment of the plaster. He stated that claims were submitted in 2013, but that the plastering issue was never repaired by the defendants.
He stated that Constructora Delgado S.A. merely indicated that it had applied the plastering material in accordance with the technical specifications. Finally, testimony was received from Engineer David Scott Anglin, who stated that he did not participate in the preparation of the drawings and that he was the Construction Inspector appointed by Consorcio Piasa-Condisa. With respect to the plastering, he stated that the initial plan was to plaster the interior walls and columns with a mixture of fine sand, cement, and lime, but that it was subsequently decided to apply a material distributed by INTACO called REPAMAX. He stated that, during his visits to or inspections of the work, he never observed any irregularity in the preparation of the plastering material. He clarified, however, that as the Inspector appointed by the Consortium, he was not present at all times and therefore did not know whether the technical data sheet for applying REPAMAX was followed throughout the entire period in which it was applied.
Based on the expert examinations performed, it is clear that there was a problem with the plastering on the building’s interior walls and columns. The experts classified these problems as hidden defects because of their construction-related nature. Accordingly, the Chamber has no doubt that this claim is based on contractual liability, which, as stated by the First Chamber in its case law (Judgment No. 320, at 14:20 hours on 9 de noviembre de 1990), may give rise to compensation for damages arising from hidden defects, provided that the claim is filed within the period established in Article 35 of the LCA and Article 38 of its Regulations. C) Liability of the defendants: Based on the foregoing and the evidence admitted, it is clear that the defendant companies are liable for the blistering damage (abofamiento) to the plastering on the interior walls and columns of the Turrialba Courts of Justice building. 1) With regard to PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. and CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA), they breached their contractual obligations by failing to specify in the contracted construction drawings the relevant technical details concerning the material and technique for plastering the building’s interior walls and columns.
In this regard, it should be noted that the expert examination conducted by Architect María Antonieta Carboni Aguiluz and Engineer Mario Antonio Rodríguez Ramírez stated: “...An exhaustive review was conducted of the documents submitted as evidence by the Judicial Branch and its General Services Department, on behalf of the Procuraduría General de la República, for the purpose of understanding the entire process underlying the claim filed against Consorcio PIASA-CONDISA and Constructora Gonzalo Delgado S.A. The following documentation was provided: 1-Folder containing: Hearing of 4 de junio 2019, 2- Folder containing: Complaint with revisions and evidence from the Procuraduría, with 3 CDs; -CD1: Administrative Records, 7 PDFs of Construction Documents for the Courts of Justice building, A1 through A3 concerning the Consultancy Contract. -CD2 containing Folders: a- Consultancy contracting documents, b-Construction contracting documents, c: construction-performance documents, d: miscellaneous documents, e: expert reports and photographs, certification. -CD3: 1- Folder containing Procedural Prerequisites, Final Evidence letter. 1- Folder containing PGR evidence submitted after the complaint, including photographs of plastering damage and professional certifications. 2- Folders containing: PGR evidence, corrected photographs from 2018.
Word.ca. Amends relief sought (PGR damage estimate), Word.ca. Adds fact. Updated Record-Acknowledgment, provides 181 drawings. Document: Subject: Complaint. B- Review of the documents: The assessment of the various matters to be considered, including provisions of the Tender Specifications (Carteles de Licitación) and the respective Consultancy and Construction Contracts for the Turrialba Courts of Justice project, disclosed the following: With respect to the development of the CONSTRUCTION DRAWINGS, the project consultant, PIASA-CONDISA, was subject to the following requirement in the Tender Specifications: ‘the drawings must contain the graphic and written information essential for the proper execution of the work.’ The review of the drawings describes the most important concepts concerning the legal and ethical matters affecting the project and involving PIASA-CONDISA. The project consists of three levels: 1- first-level floor plan AR-021, with a total of 49 rooms, 2- floor plan AR-13 for the second level, with 45 rooms, 3- basement floor plan with 38 rooms.
Total: 128 rooms, with a total constructed area of 4.340 m2. The documents submitted by the Judicial Branch disclosed the following matters: 1- The architectural plans (AR) contain a schedule with all symbols and finish specifications; however, only a schedule identifying the room and the type of ceiling and flooring in each room is included for the building’s three levels. 2- The correct symbols on the plans for baseboard finishes and the type of plastering on the walls. 3- It was determined that the symbols identifying the type of plastering are shown on the architectural elevation, section, and detail drawings, and are found on the following drawings reviewed: AR-04, AR-31: Plastering and waterproofing on basement walls are defined. AR-62, AR-63: Fine plastering is specified for basement walls. AR-58: Special plastering on walls at the basement stair exits and in the interior emergency-stair shaft.
AR-60: Special plastering at the bottom of the east-access staircase. AR-63: Smooth plastering on the elevator-shaft walls. AR-29, AR-30, AR-33, AR-59, AR-60: Smooth plastering on the building’s exterior walls. AR-29, AR-30, AR-31, AR-33, AR-61: Smooth plastering on the building’s exterior low walls, retaining walls, and planters. With respect to the application of plastering, it is specified only for basement walls and columns, emergency staircases, the elevator shaft, and exterior building elements; no plastering is specified for the interior walls and columns on the first and second levels. C- Technical Specifications: According to the Tender Specifications, these must contain a detailed description of their scope and of any special features. A review of those specifications with respect to the description of the plastering reveals no section providing a full and detailed description of the application procedures and characteristics of the materials to be used, nor are the differences between the types of smooth and special plastering specified in the drawings described.
The type of material to be used for plastering is identified only in the Detailed Construction Cost Estimate, under the items specifying: ‘MORTERO IMPERPLASTER -MORTAR- IMPERSA-1.5MM.’ Section 10.2, ‘Interior and exterior surfaces with smooth concrete plastering,’ describes the procedure for applying paint to these surfaces. It contains no instructions concerning plastering. A review of the Technical Specifications prepared by Consorcio PIASA-CONDISA S.A. in abril de 2005 reveals no section describing the application and plastering materials required for the project. Nor is there any definition of the differences between the Smooth Plastering and Special Plastering specified in the construction details shown in the drawings. The following differences are mentioned regarding plastering: Under ‘smooth-plastered ceilings’ in section 5-7 of the consultancy contract, it states: ‘ceilings consisting of the undersides of concrete slabs shall be plastered.
This plaster coat (repello) shall conform in all respects to the plastered and skim-finished wall surfaces described in these written specifications.” However, it should be noted that the section on plastered and skim-finished surfaces does not appear in the technical specifications. The drawings and technical specifications lack clarity regarding plaster coats; they indicate only a limited number of elements that must be plastered on the 1st and 2nd Levels. For most elements, there is no indication that a plastered finish must be applied. It is concluded that a fundamental task of the Consultant is to clearly establish the scope of the project, which the professionals assigned to this expert appraisal (peritaje) consider was not adequately performed in this case. Both the drawings and the specifications contain significant gaps in information, leaving the finishes and their application in the project without a clear, complete technical definition.
D- Regarding the use of the Construction Logbook (Cuaderno de Bitácora), the following is observed: 1- By failing to promptly inform the competent authorities of the change in plastering material, the contractor caused a problem, because it did not provide clear instructions regarding the plastering material to be applied. Nor did the contractor itself submit a request for authorization to change the type of material to be used; therefore, there was a breach, because there is no documentary evidence of official communications (Oficios) approved by the competent authorities regarding the aforementioned matter. The only entry in the logbook by the consulting firm Nombre111124 is dated December 6, 2006, and indicates that several observations were made regarding the quality of the plaster coats and the care that must be taken with them (entry by Supervisor Eng. David Scott). This statement does not guarantee that no problems existed.
See appendices, sheet No. 000082, SERIES No. 1390 of the construction logbook. E- Regarding contractual compliance, the following is observed: 1- The consulting firm PIASA-CONDISA S.A. believes that the PGR has an interest in determining that a contractual breach occurred, given the project Administration’s obligation to ensure strict compliance with the conditions of the bidding terms (cartel de licitación) in its procurement procedures and to determine whether the damage caused has a financial magnitude. 2- Since Nombre111124 was indeed responsible for design defects, inspection deficiencies, the acceptance of materials, and defects in the provisional and final acceptances, it is recommended that an assessment be made of the corresponding liability based on its actions, its obligations, and compliance with the CFIA regulations governing this activity. 3- Since the consulting firm had full knowledge of the technical specifications, having prepared them in their entirety, there were reasons that should have prevented it from approving something not contemplated in the contract (mortar having different characteristics), and no document evidencing its approval appears in the record. 4- The consulting firm requests that any possible wrongdoing be ruled out, supporting its request with technical arguments and stating that “the most probable cause is improper preparation of the surface and/or the product, which must be attributable to the company that constructed the project.” It is important to indicate that said company accepted the change in material, for which no official communications approved by the project’s General Directorate appear in the record. 5- The contractor Nombre111124 stated that the reason the application of the plaster coats was not properly addressed was that they “relied on the contractor’s good faith.” We, the undersigned expert witnesses, determine that this assertion is unacceptable, because in fundamental matters of public procurement (contratación administrativa), it is clear that fiduciary guarantees, sworn declarations of experience, and other documents are provided...” In addition to the testimony of Engineer David Scott Anglin, the evidence shows that the Consortium did not supervise the construction work in a timely manner, because he stated that personnel did not always visit the construction site; consequently, there was no certainty that the technical specifications required for the material used were always followed or that the walls to be plastered had the construction conditions necessary to achieve the greatest adhesion and bonding of the material used for their plaster coats and thereby prevent its subsequent detachment, whether due to incorrect application of the material or improper preparation of the walls to be plastered.
Nor was it established that the Consortium performed technical tests to verify the proper application of the material. 2) Regarding the company “CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.”: In this regard, it should be noted that the expert appraisal conducted by Architect María Antonieta Carboni Aguiluz and Engineer Mario Antonio Rodríguez Ramírez stated, as relevant: “...SECOND STAGE OF THE REPORT: Situation: After conducting a walkthrough of the Poder Judicial facilities, various types of damage to the plaster coats were found: Visible damage: Visible damage includes detachment of plaster coats, cracks, bulging, and falling material. Non-visible damage: Plaster coats that are ‘hollow’ (‘bofos’) are found on numerous walls and columns. This means that there was improper adhesion between the plaster coat and the surface to which it was applied. Thus, although the plaster coat has not fallen off or cracked, the defect exists and can be detected through contact testing.
At least one of the aforementioned problems, and sometimes more than one, is present on all the building’s interior concrete walls. Types of existing problems: Surface preparation: When plaster coats are applied, the preparation of the surface on which they are to be placed is very important. In this case, the concrete elements were poured using metal panels as formwork (encofrado). Metal panels are commonly used in construction and have the particular feature of producing smooth surfaces. The problem is that plaster coats depend on adhesion, and the less porous the surface, the weaker the plaster coat’s adhesion. The concrete elements may therefore be mechanically roughened at the surface to create a textured surface. Alternatively, an adhesion-promoting additive may be applied. According to the information found in the case file (expediente), the builder submitted a product submittal (submittal) requesting approval to use INTACO’s REPEMAX for the application of the plaster coats.
The REPEMAX technical data sheet recommends using MAXICRETE to improve adhesion. However, there is no evidence as to whether it was used in applying the plaster coats. The contractor should have followed the recommendation in the mortar’s technical data sheet, and the inspectors should have verified that the product was being applied in accordance with its application instructions. It should be mentioned that this type of detachment is not caused by seismic movement or structural settlement, but by poor adhesion between the plastering material and the concrete surface. Conclusion: 1. There is no evidence as to whether the construction company used any adhesion-promoting material for the plaster coat. There is no evidence of mechanical surface preparation. There is a widespread adhesion problem throughout the building, primarily on the concrete columns. 2. As part of its internal quality-control process, the construction company should have records of the application of the adhesion-promoting additive (if it used one).
PIASA, as the party responsible for inspection, had a duty to verify and validate the plaster-coat application process. Liability for the detachment of the plaster coats is shared between Constructora Gonzalo Delgado and PIASA-CONDISA...” Expert witness Siles Morales, for his part, stated in his study: “...It is determined that the construction company is liable for the lack of adhesion in the wall finish, resulting in an affected area of 139,55 m2 of skim-finished plaster coats and 607,75 m2 of paint. The painted area is larger than the plastered area because, to repair these ‘patches,’ the entire wall area will inevitably have to be painted, since merely ‘repainting’ all the patches would not constitute a comprehensive repair and would not leave the wall in the condition stipulated in the scope of the bid and the terms of the contract...” Accordingly, the defendants are liable for contractual breach arising from the alleged latent defects (vicios ocultos).
The Consortium PIASA-CONDISA and the company CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO are jointly and severally liable (responsabilidad solidaria), because, in view of the established defects, their respective liabilities cannot be separated, since the Consortium made an error when preparing the drawings by failing to include details concerning the plaster coats on interior walls and columns and inadequately supervised the construction work, while the Construction Company failed to fulfill its obligation to properly prepare the surface and subsequently apply the plastering material. Although expert witness Siles Morales absolves the Consortium of liability by stating that the Inspection was properly conducted, this Chamber does not agree with that opinion because the Inspection failed, as was reiterated in the testimony of witness Scott Anglin when he told this Court that supervision was not performed continuously and that he was not present when the plastering material was prepared. Furthermore, the fact that the work was accepted as compliant does not absolve either the Consortium Piasa-Condisa or the company Constructora Gonzalo Delgado S.A. of liability.
Counsel for the State requested a declaration in the complaint that Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA) and Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA), known as Consorcio Piasa-Condisa, breached their contractual obligations pursuant to Contract No. 21-CG-04, entitled “Consulting services for the construction of the Turrialba Courts of Justice building.” It further requested a declaration that Constructora Gonzalo Delgado S.A. likewise breached Contract No. 03-CG-06, “Construction of the Turrialba Courts of Justice building,” and that they be held jointly and severally liable for payment of the damages caused to the State, including all costs and expenses incurred to repair the detachment of the wall render (repello) in the building and the costs of relocating personnel to another rented building while the repairs are performed; an amount it prudently estimated at 139.857.756,96 colones, plus statutory interest until actual payment and indexation. With respect to this claim, pursuant to Article 58.e of the CPCA, counsel for the State prudently estimated the damages at 139,857,765.96 colones. In addition, the expert examination (pericia) entrusted to Engineer Antonio Rodríguez Ramírez and Architect María Antonieta Carboni Aguiluz included quantifying the pecuniary damage caused to the State, which was estimated at 95,394,792.00, itemized as follows:
DESCRIPTION QUANTITY UNIT UNIT PRICE TOTAL COST 1 DEMOLITION 1.500.00 M2 6,446.64 9,669.962.50 2 WALL RENDERING 1.500.00 M2 19,413.37 29.120.067.00 3 PAINTING 1.500.00 M2 5.491.02 8.236.531.89 4 BASEBOARD 356 LM 4.519.231.36 5 TRANSPORTATION AND DEBRIS LS LS 1,620.000.00 1.620.000.00 6 GENERAL CLEANING 2.100.00 M2 800.00 1.728.000.00 TOTAL WALL-RENDERING COST 54.894.792.75 OFFICE RENTAL COST 40.500.000.00 TOTAL AMOUNT 95.394.792.75 For its part, Consorcio Piasa-Condisa requested that the expert examination performed by Engineer Edgardo Siles Morales determine the cost of the potential damage, as well as the costs of any repairs to be borne by the defendants. In this regard, Engineer Siles Morales stated in his expert report that, if the construction company were found liable, the cost of repairs would amount to 5,455,885.00 colones, while the Consortium’s share would amount to 163.677.00 colones.
This latter expert report also deemed it unnecessary to relocate personnel while repair work was being performed in the affected areas. Thus, there are two valuations (avalúos) that differ greatly from one another regarding the amounts required to fully restore the areas affected by the detachment of the wall render. Furthermore, the second expert valuation did not deem it necessary to relocate personnel, a position with which this Court disagrees, given the public service provided at the facilities of the Courts of Justice in Turrialba. It is clear to this Chamber that maintaining officials and users at that location while the repair work is performed would affect that service. Accordingly, this item must be included in the amount of compensation payable by the defendants to the State. However, given the pronounced difference between the amounts stated in the two expert reports, this Chamber finds that the final amount corresponding to the damages claimed must be determined during the judgment-enforcement stage (fase de ejecución de sentencia).
The amount determined at that stage shall accrue statutory interest until actual payment. The requested indexation of the amounts determined is denied. In this regard, it is sufficient to note that, according to the case law issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, including Judgment N° 378-F-S1-2018 at 14:05 hrs. on April 23, 2018, it has been concluded that these two forms of relief are mutually exclusive, based on the finding that: “…the payment of interest (statutory or contractual) constitutes both a compensatory and an indexation measure, insofar as it adjusts for disparities in the value of money over time, as well as for the effects of its unavailability.” This is sufficient, without any need for further explanation, to require denial of the claim for indexation, and it is so declared.
Regarding the defenses of forfeiture (caducidad) and statute of limitations (prescripción), this Chamber refers to the ruling in Considerando IV of this judgment. Counsel for Constructora Gonzalo Delgado S.A. also raised the defense of failure to state a legally valid claim (falta de derecho). Counsel for Consorcio PIASA-CONDISA, in turn, raised the defenses of lack of standing as defendant and claimant (falta de legitimación pasiva y activa), lack of interest, and failure to state a legally valid claim. The defense of lack of a present interest (falta de interés actual) must be denied because the State instituted administrative litigation proceedings (proceso contencioso) to determine the defendants’ liability arising from the alleged breach. That matter has not been adjudicated, and the State therefore continues to await—a present interest—a ruling on its claims. This unquestionably entitles it to seek a judicial ruling on its application; consequently, no loss of present interest has occurred, and that defense must be denied.
Regarding the defense of lack of standing as defendant and claimant, it is sufficient to indicate that standing (legitimación) constitutes the capacity and fitness to be a party to a specific proceeding, as a defendant, depending on the conditions prescribed for that purpose by procedural law in relation to the claim asserted. Standing may arise either from the legal-administrative relationship established between the claimant and the Administration or from the law, according to what it provides in that regard. There are two types of standing in a proceeding: standing concerning the merits (ad causam) and procedural standing (ad procesum). The former (ad causam) entails determining whether the person filing the complaint has, legally speaking, a right to assert; that is, the party with standing is the person who, under substantive law, has a particular legal relationship with the object of the proceeding, namely, the claim.
The latter (ad procesum) is a procedural matter; in other words, it concerns whether the person appearing has legal capacity to act or, if acting on behalf of another, holds the appropriate type of legal representation in accordance with our laws. In the case under review (subexamine), it was established that the Judiciary contracted with Consorcio Piasa-Condisa and Constructora Gonzalo Delgado S.A.; consequently, both companies have standing to be named as defendants, and the Judiciary, as part of the State, has standing to bring legal action based on the allegations made. Finally, speaking of a failure to state a legally valid claim is akin to speaking of the absence of a legal rule; it would therefore be more accurate to refer to the absence of substantive prerequisites or the absence of elements of the substantive claim—not of the procedural claim, since everyone possesses the latter.
Despite the terminological imprecision, failure to state a legally valid claim appears to refer to what Italian legal scholarship calls the conditions of the “action” or the requirements of the claim. These are understood to comprise the constitutive requirements, thereby conveying that, without them, the right of action is not properly exercised and that they must therefore be regarded as the necessary and sufficient elements for determining, in a specific case, the creation of the right to relief. According to legal scholarship, three such requirements of a claim must be present for it to be upheld and obtain a favorable ruling: (a) a specific legal fact, that is, a particular relationship between a fact and a rule; (b) standing; and (c) a procedural interest. A failure to state a legally valid claim would therefore be represented by the absence of the substantive prerequisites in each specific case.
Since an enforceable right in favor of the State has been established, except with respect to indexation, the proper course is to partially sustain the defense of failure to state a legally valid claim and partially grant the complaint, which shall be deemed denied as to all relief not expressly granted.
Regarding this item, pursuant to Article 193 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), this Court finds no grounds for exempting the defendants from costs. The defendants must therefore bear those costs, plus interest until actual payment.
POR TANTO:
The defenses of forfeiture, statute of limitations, lack of present interest, and lack of standing as defendant and claimant are denied, and the defense of failure to state a legally valid claim is partially sustained. The complaint is partially granted and shall be deemed denied as to all relief not expressly granted. Accordingly, PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.; CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA); and CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. are held jointly and severally liable for payment of the damages arising from their breaches in the performance of the obligations established in Contract No. 21-CG-04 and Contract 03-CG-06 concerning the wall render on the interior walls and columns of the Turrialba Courts of Justice building. Those damages shall be determined during the judgment-enforcement stage. The resulting amount shall accrue interest until actual payment. Both categories of costs, plus interest thereon, shall be borne by the defendant companies and assessed during the judgment-enforcement stage at the request of counsel for the State. NOTICE SHALL BE SERVED. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Judges.
*5L43H0LDTKCQ61* JOSE IVAN SALAS LEITON - DECIDING JUDGE *RWBMSUX7YEQ61* ELIAS BALTODANO GOMEZ - DECIDING JUDGE *CBXP72NZ7SO61* FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ - DECIDING JUDGE
Documento PJEDITOR TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A Dirección218( ) PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR: EL ESTADO DEMANDADOS: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A., PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. (PIASA), CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), CONSORCIO PIASA-CONDISA.
Nº 016-2022-IV TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección01 , Edificio Anexo A, a las catorce horas del dieciséis de febrero de dos mil veintidós.
Proceso de conocimiento promovido por el ESTADO representado por el Licenciado Bernando Lara Flores contra la sociedad CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. cédula de persona jurídica No. CED87772 representada por el señor Gonzalo Delgado Ramírez, cédula de identidad No. CED28883; PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. (PIASA), cédula de persona jurídica No. CED87773 representada por el señor Nombre111122 , cédula de identidad No. CED87774 y la sociedad CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), cédula de persona jurídica No. Placa19587 representada por el señor Nombre111123 , cédula de identidad No. CED87775, en adelante el Consorcio PIASA-CONDISA. Interviene como apoderado especial judicial de la sociedad Constructora Gonzalo Delgado el Licenciado Walter Brenes Soto. Y el Licenciado Luis Sibaja Guillén como apoderado especial judicial de la sociedad Proyecto de Ingeniería Arquitectura S.A. y Consultoría y Diseños S.A. Consorcio PIASA-CONDISA.
RESULTANDO:
I.Por escrito recibido el día 18 de diciembre de 2017, la representación del ESTADO planteó demanda cuyas pretensiones fueron precisadas en la audiencia preliminar realizada el día 24 de octubre de 2018 para que en sentencia: 1. Se declare que Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA) en consorcio con Consultoría y Diseños S.A. incumplieron el contrato 21-CG-04 de servicios de consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba. 2. Se declare que Constructora Gonzalo Delgado S.A. incumplió el contrato 03-CG-06 para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba. 3. Se condene solidariamente a las demandadas al pago de los daños y perjuicios causados al Estado (Poder Judicial). 4. Se reconozca, restablezca la situación jurídica del Estado (Poder Judicial), así como se adopten cuantas medidas resulten necesarias y apropia para ello.
Para tal efecto que se condene a las demandadas como parte de los daños y perjuicios causados al Estado (Poder Judicial) con dicho incumplimiento contractual al pago de todos los costos y gastos hechos cuanto los de reparar los desprendimientos de repello en el edificio de Tribunales de Justicia de Turrialba, incluidos los de reubicar al personal mientras se hace la reparación en otro edificio alquilado, que se estiman prudencialmente en 139.857.756,96 colones más los intereses legales e indexación sobre el monto de todos los daños a título de perjuicios causados asta el pago. 5. Se condene a las demandadas al pago de las costas personales y procesales de esta acción, con intereses hasta su efectivo pago. (Ver imágenes de la 662 a la 665 del expediente judicial digital).
II.Por auto de las 16:30 horas del 18 de diciembre de 2017, se dio traslado de la demanda a las sociedades accionadas. (Ver imágenes 91, 92 y 93 del expediente judicial digital).
III.Por escrito recibido el día 04 de abril de 2018, la representación de la sociedad CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de caducidad de la acción, prescripción y falta de derecho. (Ver imágenes de la 109 ala 114 del expediente judicial digital).
IV.Por escrito recibido el día 07 de mayo de 2018, la representación de la sociedad PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. y CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación pasiva y activa, falta de interés y falta de derecho. (Ver imágenes de la 127 a la 141 del expediente judicial digital).
V.Que la audiencia preliminar se celebró en dos tantos, durante los días 24 de octubre de 2018 y el 04 de junio de 2019. En dichas audiencias se definieron las pretensiones en los términos del resultando primero, se conocieron las excepciones previas de prescripción del derecho y caducidad de la acción y el Juez de Trámite por resolución No. 1721-2018-T reservó su conocimiento para el Tribunal de Juicio en sentencia. Se determinaron los hechos controvertidos de relevancia para la resolución del caso y se admitió la prueba documental, pericial y testimonial. (Ver imágenes 698, 699, y de la 730 a la 736 del expediente judicial y respaldo digital).
VI.Que la audiencia de Juicio Oral y Público fue celebrada el días 27 de enero de 2022. En lo que resulta relevante, las partes rindieron sus alegatos de apertura; se evacuó la prueba pericial realizada por el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Edgardo Siles Morales; del testigo-perito Luis Alberto Solís Jiménez y el testimonio común de los señores José Guillermo Vindas Cantillano y David Scott Anglin. Finalmente las partes rindieron sus conclusiones y este Tribunal dispuso darle al presente proceso el trámite previsto en el artículo 111, inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.
En el procedimiento se han seguido las prescripciones de ley y no se observan vicios capaces de invalidar lo actuado. Se dicta esta sentencia dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo para los asuntos muy complejos, previa deliberación de rigor y por unanimidad. Concurren con su voto los jueces Felipe Córdoba Ramírez y Elías Baltodano Gómez.
Redacta el Juez Ponente Salas Leitón.
CONSIDERANDO:
Como tales y de importancia para el resultado del presente asunto se tienen:
El objeto del presente proceso lo es para que en sentencia se declare el incumplimiento del contrato 21-CG-04 "Servicios de consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba" y del contrato 03-CG-06 "Construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba" y se condene a las accionadas solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados al Estado (Poder Judicial), incluyendo el pago de todos los costos y gastos hechos para reparar los desprendimientos de repello en el edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, incluidos los de reubicar al personal mientras se hizo la reparación en otro edificio alquilado, lo cual se estimó prudencialmente en la suma de 139.857.756,96 colones más los intereses legales e indexación sobre el monto de todos los daños a título de perjuicios causados hasta su pago efectivo. En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, la representación estatal alegó en lo que interesa: I) ACERCA DE LOS HECHOS: Que en La Gaceta No. 157 de 18 de agosto de 2003 el Poder Judicial publicó el Cartel de Licitación Pública No. 1-124-03 denominada "Contratación de servicios de consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago".
Que el Consejo Superior de Poder Judicial por acuerdo del artículo X de la sesión 93-03 del 5 de diciembre de 2003; adjudicó la licitación a la oferta presentada en consorcio por las sociedades "Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA)" y "Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA)" (Consorcio PIASA-CONDISA) y el día 23 de marzo de 2004 se firmó el contrato 21-CG-04 del 23 por un monto de 183.343.920,20 colones. Que en el mes de agosto de 2004 la firma Ingiotec rindió el informe geotécnico IG-132-2004 en el que informó sobre las características geotécnicas del sito, los parámetros geotécnicos para su diseño y recomendaciones adicionales. Que según este informe; el terreno era adecuado para la construcción del proyecto y no se esperaban asentamientos importantes para el tipo de estructura en cuestión. Que el 19 de abril de 2005 el Consorcio entregó "Los Planos, Especificaciones y Memoria de cálculo del Proyecto", y sobre el tema de los asentamientos indicó que la capacidad de soporte para las placas de fundación era de 20 ton/m2.
En cuanto a deformaciones del edificio por cargas sísmicas, reportó derivas inelásticas de 0,01% a 0,15% y 0,03% a 0,20%. Sostuvo la representación estatal que los planos entregados no indicó nada acerca del repello para paredes y columnas internas. Que las especificaciones técnicas entregadas no describe la diferencia entre el repello afinado y el especial y no tienen ninguna indicación que describa la aplicación y materiales de repello (véase la 10.2 superficies con repello liso en concreto en interiores y exteriores) y la 5-7 (cielos con repello afinado) remitió a especificaciones de superficies repelladas y afinadas de paredes que no hay. Que en la Gaceta No.142 del 22 de julio de 2005 el Poder Judicial publicó el Cartel de la Licitación Pública No. 1-163-05 "Construcción del edificio para los Tribunales de Justicia de Turrialba." Que la oferta de la sociedad "Constructora Gonzalo Delgado S.A." y resultó adjudicada por el Consejo Superior del Poder Judicial, artículo XC de la sesión 100-05 del 20 de diciembre de 2005l la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. y por ello se firmó el contrato 03-CG-06 del 9 de febrero de 2006 y las adendas del 23 de mayo y 12 de junio de 2007, por un monto de 1.835.624.000,00 colones.
Que la obra se recibió en forma definitiva el 19 de diciembre de 2007. Que en dicho período, sobre los trabajos en repellos no hay oficio de aprobación del material, y hubo observaciones a su calidad y cualidades en diciembre 2006, pero ninguna observación en bitácora o los informes mensuales de inspección, de desprendimientos o agrietamientos. SOBRE EL DAÑO RECLAMADO: Que por resolución No. 1582-10 de 11:15 horas del 11 de mayo de 2010, se sancionó con apercibimiento al Consorcio PIASA-CONDISA por cumplir defectuosamente lo contratado, al errar en el diseño y descuidar la inspección de la obra, lo cual fue confirmado en resoluciones 2004-2010 de 8:10 horas del 9 de junio de 2010 y acuerdo de artículo xxxv de la sesión 80-10 de 2 de setiembre de 2010. E igualmente por resolución 1656-10 de 11:50 horas del 14 de mayo de 2010 se sancionó con apercibimiento a la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por cumplir defectuosamente lo contratado, al entregar un objeto de inferior calidad.
Lo cual fue confirmado en resoluciones 2062-2010 de 7,30 has del 15 de junio de 2010 y acuerdo de artículo XXIII de la sesión 2-11 de 1 de febrero de 2011. RECLAMO POR VICIO OCULTO: Que entre los años 2008-2012 no se evidenció desprendimientos de repellos en las áreas y columnas internas del Edificio, sin embargo, por correo electrónico del 31 de mayo de 2012 se le previno a la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar los desprendimientos de 1 m2 de repellos en la pared aledaña a la ducha y una columna del sótano, así como las grietas de juntas de la fachada principal, al considerarse una falla del mortero por adherencia a la superficie y por tanto un vicio oculto. Sin embargo, la sociedad "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por correo electrónico del 01 de junio de 2012 contestó que el repello en el sitio no se hizo de la manera tradicional, sino que se utilizó un material de INTACO el cual de previo a su aplicación se pidió autorización por oficio PJ-104-2006, y se colocó una vez que dicho permiso fue aprobado, y que al no ser una falla detectada dentro del primer mes es producto de la naturaleza, y no un vicio oculto.
Indicó la representación estatal, que el Jefe de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Poder Judicial por correo del 7 de junio de 2012 advirtió sobre la existencia de un repello "bofo" indicando que ese tipo de daño era difícil de detectar e informó que su desprendimiento no podía atribuirse a movimientos naturales. Que ese mismo día, por correo electrónico se le requirió a la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar el daño por garantía. Sostuvo que el día 11 de junio de 2012 "Constructora Gonzalo Delgado S.A.", contestó el requerimiento hecho, indicando que la garantía de cumplimiento era por 6 meses y por ende estaba vencida. Acusó que ante esa respuesta, por oficio 2589-DP/18-2012 del 13 de agosto de 2012, se le reiteró a "Constructora Gonzalo Delgado S.A." que la garantía era de indemnizar por desperfecto o vicio oculto durante 10 años, por lo que se le previno una vez más hacer las reparaciones y por oficio PJ-373-2009, el 17 de agosto de 2012 "Constructora Gonzalo Delgado S.A." indicó que el material de repello utilizado fue de superior calidad al especificado en planos, pero que la estructura no tenía la ductilidad necesaria para soportar sismos, viento u otra fuerza externa y que la fisura o agrietamiento de la entrada principal era un comportamiento propio del material y no un error constructivo.
Acusó la representación estatal que el 27 de agosto de 2012 se remitió nuevamente a "Constructora Gonzalo Delgado S.A." el oficio 8192-DP/18-2012 dándole audiencia sobre la posición del Jefe de la Sección de Arquitectura del Poder Judicial, según el cual, el agrietamiento de la entrada del edificio no debería ser tan exagerado y el desprendimiento del repello se debió a una mala preparación de la superficie y la adherencia del aditivo o repello. A la anterior comunicación, "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por oficio PJ-374, del 6 de setiembre de 2012, señaló que no existe agrietamiento en la entrada principal, sino la separación esperada entre un elemento rígido y uno flexible, debido al diseño de planos y especificaciones, y sobre el repello adjuntó el reporte de la visita al sito por INTACO indicando que las grietas son evidencia de fuerzas naturales o son normales. Que debido a la diferencia de criterios se consultó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y por oficio DE-2648-12-12 del 04 de diciembre de 2012 ese Colegio se abstuvo de emitir criterio, indicando que en razón del diferendo las partes podían acudir a la vía judicial o a su Centro de Resolución de Conflictos para dirimir el conflicto.
NUEVOS DAÑOS: Que el día 16 de diciembre de 2013, aparecieron más repellos abombados y desprendidos en el área de cárceles, de investigadores del OIJ, costado oeste del edificio y sótano. Grietas al frente de la soda, el área de fotocopiado y de información, al costado norte del Juzgado de Familia, en la oficina de su titular y otros diferentes lugares. Que por ello, se pidió a la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." revisar y corregir, y al día siguiente, por oficio PJ-375 la Constructora se negó atender lo solicitado alegando que la garantía había vencido y agregó no le correspondía el mantenimiento del edificio. Luego, la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por oficio CONS PC-004-2014 del 17 de febrero de 2014, indicó que lo hallado era poco y no obedecía a defectos de diseño o constructivos, sino a agentes exógenos de mantenimiento. RECLAMO EN CONJUNTO AL CONSORCIO PIASA-CONDISA Y A LA SOCIEDAD "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.": Que por oficio 4477-DP/18-2014 del día 08 de julio de 2014, se le requirió al Consorcio PIASA-CONDISA y a la sociedad "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar los repellos, ya que según el Oficio 594-04-SG-2014 del Departamento de Servicios Generales se logró contabilizar una cantidad considerable mayor de repello bofo o desprendido, cuya adherencia disminuyó con los años y se desprendía totalmente.
Que "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." por oficio PJ-379-2014 de 21 de julio de 20014 alegó una falta de fundamento técnico en lo indicado y requerido, y rechazó su responsabilidad por vicios ocultos y señaló que los deterioros eran debidos a falta de mantenimiento, el paso del tiempo o eventos de la naturaleza. POr su parte el CONSORCIO PIASA-CONDISA por oficio CONS PC-017-2014, pidió una cita para hallar una solución. Que el día 5 de agosto de 2015, por oficio 5354-DP/18-2015 se le solicitó por última vez a "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." la reparación de los repellos; sin embargo por oficio PJ-380-2014 del 11 de agosto de 215, respondió que si su falla se debiera a la mala preparación o adherencia, hubiera ocurrido al segundo mes y que si la Consultora no tenía responsabilidad ella tampoco, pues esta era compartida. Que en reunión sostenida con personeros del CONSORCIO PIASA-CONDISA celebrada el día 12 de agosto de 2014 y en el oficio CONS-CP-019-2014 del 19 de agosto de 2014; ese Consorcio manifestó que la inspección semanal fue basada en la confianza en la Constructora y no fue posible verificar cada etapa de trabajo con detalle o a diario y señaló que aunque estuvieron dispuestos a asumir otros arreglos, negó responsabilidad en el desprendimiento de los repellos.
CONSULTORÍA TÉCNICA Y CONCLUSIONES: Que "FSA Ingeniería & Arquitectura" a solicitud del Poder Judicial emitió un informe técnico en el mes de setiembre 2017, en el que indicó que halló desprendimientos de repellos en general, cuya afectación en paredes era de un 86%; en columnas un 64%, y entre un 29% y 52% de muros de concreto, mampostería estructural y desligada, coincidiendo con las pruebas de Lanamme-UCR. Señaló que la adherencia del repello en concreto era de entre 10 y 20 veces menor que en mampostería y descartó que la causa fuera humedad, pues no había evidencia y sería puntual. En dicho informe descartó asentamientos diferenciales y deformaciones por sismos, ya que hubo afectación de paredes desligadas de la estructura principal. Que la capacidad soportante del suelo también fue verificada en sitio por INGIOTEC y TECNO-CONTROL, y no había grietas inclinadas o verticales de espesor variable, ni dificultad de abrir o cerrar puertas y ventanas.
Que la deriva inelástica del edificio era de entre 0,01% y 0,20% y el período de 2007 al 2017 era insuficiente para alcanzar el nivel de sacudida sísmica por lo que era esperable que las deformaciones fueran menores. Que esa empresa concluyó en lo conducente que: 1. La cantidad de repello desprendido excede el normal deterioro del edificio; 2. La causa probable es una mala adherencia o mala preparación del producto y la preparación inadecuada de la superficie, 3. La Consultora (Consorcio PIASA-CONDISA) no definió en el cartel la cantidad, material y método de aplicación de los repellos; 4. La Constructora Gonzalo Delgado S.A., no entregó un producto de calidad, por lo que ambas tienen responsabilidad en la situación actual de los repellos. Que los daños ocasionados al Estado (Poder Judicial) por el desprendimiento generalizado de los repellos en el edificio de los Tribunales de Turrialba según el Oficio 1277-10-SG-2017 de 14 de noviembre de 2017 se estimaron prudencialmente en la suma de 99.099.132.74 de colones por costos directos (demoliciones, repellos, acabados de pintura, limpieza general y transporte de materiales) e indirectos (viáticos y hospedaje, administración de la obra, utilidad del contratista e imprevistos).
Que dichos documentos no debían requerir de información o planos adicionales para que la obra pudiera ser ejecutada bajo la dirección de un profesional. Que los planos debían contener, como mínimo la indicación de acabados, las especificaciones técnicas debían ser complementarias de los planos y contener una descripción detallada del alcance de la obra como de cualquier particularidad de ésta. Que las cláusulas 4.8.1, 4.8.2, 4.8.10 y 4.8.13 del Cartel preveían que los servicios de inspección a ejecutar contemplaban la supervisión técnica de la obra, la que debía velar porque se ejecutase lo indicado en planos y especificaciones, en cuanto a cantidad, calidad, uso de procesos constructivos, que garantizara la seguridad del trabajo y la obtención de un producto de calidad, siendo responsabilidad del Consorcio escoger los materiales para los acabados. Que las cláusulas 11 del Contrato, 4.8.17 y 10.2 del Cartel, el Consorcio tenía la obligación de cumplir a cabalidad con los servicios profesionales de consultoría en ingeniería y arquitectura fundamentados en los mejores principios éticos y profesionales, establecidos en el marco de la Ley de Contratación Administrativa, la Ley Orgánica, Reglamentos y Procedimientos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hasta dejar totalmente construido el Proyecto a entera satisfacción por parte del Poder Judicial.
Que adicionalmente, en el cartel de la licitación para la construcción de la licitación pública 1-163-05 se previó que el consorcio consultor supervisaría las obras y velaría por el cumplimiento del contrato con la constructora, por medio de sus inspectores. (Cláusula 2.1.39). Que los trabajos contratados a la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., fueron objeto de control de calidad por parte de los inspectores del Consorcio Piasa-Condisa, quienes debieron verificar la utilización de los materiales especificados y el ajuste a las condiciones del cartel (planos, especificaciones técnicas, etc.), mediante un adecuado control del avance de la obra, conforme con la calidad constructiva especificada. (Cláusulas 4.9, 4.10 y 9). Que en los planos arquitectónicos elaborados por el Consorcio PIASA-CONDISA de abril 2005 aparecen indicaciones o anotaciones de acabado con repello sólo en algunos elementos del edificio y no se observan anotaciones que indiquen ese acabado en paredes y columnas internas, pese a que se encuentran repellados en la obra ejecutada.
Que en las especificaciones técnicas que elaboró el Consorcio PIASA-CONDISA se hicieron referencias sobre repellos en las secciones S-7 y 10-2, sin embargo, en una se remite a la sección de superficies repelladas y afinadas que no existe y la otra no se describe el procedimiento para aplicar los repellos. Que no hubo indicación alguna del material de repello requerido y el método de aplicación que debía usarse, ni claridad respecto al tema de los repellos y que establecer con claridad los alcances del proyecto era una tarea que correspondía al Consorcio PIASA-CONDISA, la cual se considera que no fue realizada adecuadamente en este caso. Que ello constituye un problema debido a que la empresa Constructora Gonzalo Delgado no contó con indicaciones claras sobre el material de repello que debió colocar, y los elementos que debía repellar. Que esa situación contribuyó a que se incurriera en errores y malas prácticas constructivas durante la aplicación de los repellos.
Que durante la ejecución de la labor de inspección de la obra, sólo se consignó en bitácora una revisión de los materiales de acabados en el mes de noviembre de 2011, el inicio de los trabajos de repellos en diciembre de 2012 (Sic), las observaciones a la calidad y cualidades de parte de Ing. David Scott y avances en diciembre de 2006, marzo y mayo de 2007 y sin ninguna observación respecto a problemas de desprendimientos o agrietamientos. Que en los informes mensuales de inspección, sólo se hizo la observación de que la fase de repellos en el sótano entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre de 2006. Que en los demás, no se hizo mención de los repellos. Luego, que a pesar de que la Constructora afirmó haber obtenido la aprobación de la consultora para cambiar la forma tradicional de preparación en sitio de los repellos y la sustitución con un material de INTACO, ello no consta. Señaló esa representación que no se encontró ninguna anotación en bitácora o comunicación formal o informal que aclarara el tema de los repellos.
Y cuando se consignó que se hacían observaciones al respecto, ya el trabajo de repellos había iniciado. Que durante el proceso constructivo no se reportaron problemas en la colocación de los repellos, ni en las anotaciones en bitácora, ni en los informes mensuales de inspección, pues sólo se identificó el inicio y avances, sin ninguna observación adicional relevante para el tema de agrietamiento o desprendimientos, lo que no garantiza que no existieran durante la fase constructiva. Que el Consorcio PIASA-CONDISA tiene responsabilidad en tanto no cumplió con la labor asignada de definir en sus planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto. Que al no especificar materiales, métodos de aplicación del repello, ni claramente los elementos que llevaban este tipo de acabado, se induce a error en cuanto a la manera en que se ejecutan los trabajos.
Que ese Consorcio también tiene responsabilidad porque durante la ejecución de la construcción no fiscalizó efectivamente la calidad de los trabajos a cargo de la constructora. Que no consta como se dijo, ninguna rectificación o control del producto y la preparación de los repellos, lo que dio al traste en definitiva con su adherencia y los desprendimientos encontrados. Obligaciones incumplidas por la sociedad "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.": Que según el pliego de condiciones del cartel en su cláusula 1.1 y la primera del Contrato la finalidad u objeto de este era contratar una empresa para la construcción del edificio donde alojar los Tribunales de Justicia de Turrialba, todo de conformidad a la oferta del contratista, los planos y especificaciones técnicas y de acuerdo con los planos, el acabado con repello y en paredes externas del edificio (AR-29, AR-30, AR-33, AR-59, AR-60), del sótano (AR-04, AR-31, AR-62, AR-63), de mampostería alrededor de buques de puerta (AR-46), del ducto del elevador (AR-63), del ducto interno de las escalera de emergencia y muros del sótano a la salida de las escaleras (AR-58); del Fondo de la escalera del acceso este (AR 60), Muretes, muro de contención y jardineras externas (AR-29, AR-30, AR-31, AR-33, AR-61).
Que según las especificaciones técnicas en la sección 5-7 cielos con repello afinado se lo indica así en cielos constituidos por la parte inferior de las losas de concreto y en la sección 10.2 Superficies con repello liso de concreto en interiores y exteriores. Que en la oferta de la contratista se desglosó el repello afinado en columnas, muros de concreto, muros de mampostería, vigas, escaleras de concreto, mampostería, cielos y aleros, repello martelinado en jardineras y remates fachada (puntos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20). Que el Cartel también preveía en general un acabado y apariencia de óptima calidad en las obras de mampostería (capítulo sexto de las condiciones generales) Que en el punto 2.1.28 del cartel prevé que un material puede ser suplido por otro de calidad y especificaciones iguales o superiores que debe ser verificada y autorizada por los inspectores. Que la cláusula 2.1.42 prevé que todos los materiales deben ajustarse a los requerimientos de calidad exigidos conforme a los estándares internacionales y la mejor calidad de su clase, sujetos a la aprobación de los inspectores.
Que era responsabilidad de la empresa constructora estar familiarizado con las características, cantidad y calidad de la obra a ejecutar y de los materiales a proveer. (Cláusula 1°. Generalidades de la Obra Arquitectónica) Que era entendido que se emplearían en la obra únicamente las mejores normas de construcción que garantizara un trabajo de primera calidad. (Ídem y cláusula ME.1.06). Que de hecho, la recepción definitiva de la obra lo era a satisfacción según la calidad, lo que se hacía en coordinación con el consorcio PIASA-CONDISA como inspectora. (Cláusula 4.7 del cartel) Que en su criterio la "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." debía verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y el alcance del trabajo y era responsable de cualquier error que resultare de no tomar las precauciones necesarias. Que no puede aceptarse bajo ningún motivo excusas respecto a errores o discrepancias con los planos o especificaciones o cualquier otro error obvio, como motivo para una obra deficiente.
Que "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." ofreció en nota del 8 de mayo de 2006 un trabajo al más elevado nivel, cumpliendo con los requerimientos profesionales de construcción de obra. Que en el contrato firmado entre las partes, se indicó en la cláusula novena que la entrega definitiva del objeto contractual a entera satisfacción del Poder Judicial y el pago de todo material y trabajo efectuado no relevaba a la contratista de su responsabilidad por la calidad, cuido y conservación o la restauración de cualquier obra dañada. (Igual la cláusula 5.2 del cartel). Que la cláusula 5.7 prevé a su vez que por responsabilidad de "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." que no se presentaran grietas o fisuras en los acabados. Que el edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba encargado a la constructora tiene un desprendimiento generalizado de los repellos, en distintas áreas y niveles de la estructura, que excede lo que se podría esperar del deterioro normal.
Que la causa más probable de los desprendimientos de los repellos se debieron a la mala calidad del producto y una preparación inadecuada de la superficie, causa que son atribuibles a la constructora. Que se deben descartar otras causas como la humedad, la deformación por asentamientos o sismos pues no concuerdan con los daños. Que durante la fase de ejecución del contrato, según la bitácora, el Ing. David Scott del Consorcio PIASA-CONDISA hizo varias observaciones respecto a la calidad de los repellos y las cualidades que debía tener y que a pesar, de que la Constructora afirmó haber obtenido autorización para no repellar en el sitio de la manera tradicional, sino con un material de INTACO, lo cierto es que no consta esa aprobación. Que la Constructora tiene responsabilidad debido a que los factores que se identificaron como los más probables de ser los causantes del desprendimiento de los repellos (mala calidad del producto y/o mala preparación de la superficie y/o mala preparación del producto) le son atribuibles, y sin que la eventual aprobación del producto si existiese, lo exima de responsabilidad sobre la calidad del producto colocado.
Responsabilidad de las demandadas: Que en relación con el CONSORCIO PIASA-CONDISA, según la cláusula 10 del Contrato suscrito, el incumplimiento grave de los contratistas de las obligaciones que dimanan del contrato, el cartel y las normas legales y reglamentarias citadas, da lugar a que se promueva en la vía jurisdiccional el resarcimiento por daños y perjuicios que se causaron al Poder Judicial. Que respecto a la "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." las cláusulas 6, 7 y 14 del contrato disponen que en caso de que el contratista incurra en incumplimientos y/o conductas como las tipificadas por la Ley de Contratación Administrativa, sus reformas y su Reglamento, la oferta, las condiciones cartelarias y demás normativa aplicable, establecen el deber de indemnizar al Poder Judicial por los daños y perjuicios que directamente cause a los bienes de éste. Las demandadas como encargadas de la consultoría y ejecución de la obra, son responsables del daño derivado de la mala o defectuosa ejecución de los trabajos o de lo inadecuado o defectuoso de los materiales utilizados en la colocación de los repellos desprendidos, cuanto de los vicios en el control de inspección de la obra, más los defectos en los planos y especificaciones, como resultado de su impericia, falta, negligencia e imprudencia (arte. 1045, 1048, 1183 párrafo 2°, 1186, 1193 del Código Civil).
Que sea cual fuera el rol que la "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." y el CONSORCIO PIASA-CONDISA se hubiere encargado, en la construcción del edificio, responden de su pérdida parcial, en el evento de que de ésta se deba a defectos de que adoleciere la obra o vicio oculto de construcción. (art.1185 Código Civil y 35 de la Ley de Contratación Administrativa 7494) Que su responsabilidad solidaria, consistente tanto en el pago de los gastos y costos hechos por el Poder Judicial, cuanto los de la reparación y los perjuicios ocasionados, durante el término de 10 años, a contar de la fecha que fue recibida. (arts. 1045, 1046 del Código Civil, 35 y 38 de la Ley 7494) Que la severidad que prevé la ley en este particular contra arquitectos, ingenieros, consultores o constructores, no obedece tanto al propósito de favorecer los intereses del propietario de la construcción, como a un motivo de seguridad jurídica, pues de este modo se estimula el celo de quienes dirijan las obras, a fin de que sean hechas en condiciones que no ofrezcan peligro para las personas o la propiedad ajena.
En la audiencia complementaria de juicio, la representación estatal reiteró que el Consorcio Piasa-Condisa, no cumplió con su obligación contractual de definir con claridad los acabados en las columnas y paredes internas y con sus obligaciones como fiscalizadora de la obra. Que por su parte la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. tiene responsabilidad porque realizó una mala aplicación del producto utilizado para repellar y eso generó problemas en pisos, paredes, por lo que se dieron daños y perjuicios por vicios ocultos. La representación de la sociedad PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. y de CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA), contestó de manera negativa la demanda indicando: SOBRE LOS HECHOS: Que el Consorcio Nombre111124 y CONDISA presentó oferta para la Licitación Pública No. 01-124-03, "Contratación de Servicios de Consultoría para la Construcción del Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba, Cartago" la cual les fue adjudicada y en razón de ello suscribieron el día el 23 de marzo del 2004 el Contrato 21-CG-04 denominado "Contratación de Servicios de Consultorías para la Construcción del Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba" por la suma de ¢183.343.920,20 colones y la Enmienda No. 1 a dicho Contrato del 12 de julio del 2005.
Que los planos constructivos entregados por su representada, junto con el resto de la documentación relacionada, definió claramente las áreas que debían ser repelladas. Que el presupuesto preparado para la obra construida por la Constructora Gonzalo Delgado S.A., precisó todas las áreas, superficies de bloque y concreto del edificio que al final resultaron repelladas. Que se indicó expresamente que las superficies de mampostería y de concreto estructural llevaban repello fino o afinado. Que el acabado de repello se hizo en obra con un producto aprobado por sus representadas, y que contaba con todas las especificaciones técnicas requeridas para ser usado como repello, sea el producto "REPEMAX". (ver Lam. AR-04, AR28, AR30, AR57, AR58, AR59, AR60, AR61, AR62 de los planos constructivos que constan en la prueba aportada por la parte actora). Que el producto REPEMAX es especial para repellos, suministrado y mercadeado por la reconocida empresa INTACO, especialista en productos para construcción.
Que en el oficio PC-Turrialba-038-2005, sus representadas indicaron: "...el repello especial se refiere a un repello que de un acabado similar al concreto aparente..." Que el repello afinado o fino es de uso común como acabado en el país y todo constructor conoce la fórmula para ello y el procedimiento de aplicación, el cual se hace con mortero a base de arena fina y limpia, cemento portland y material calcáreo. Que la fórmula o el procedimiento de aplicación es innecesario para cualquier profesional en construcción e incluso, en el proceso de construcción ejecutado por la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A.; sus representadas verificaron con el laboratorio Tecno Control S.A. la calidad de la arena de la zona y en razón de que los resultados fueron negativos, se rechazó su uso para la mezcla del repello. Que la empresa co-demandada Constructora Gonzalo Delgado S.A. presentó un submital o sometimiento de propuesta, proponiendo cambiar el material del repello a REPEMAX.
Que la empresa constructora sometió la ficha técnica, del material la cual mostraba las virtudes y ventajas del producto, y vislumbró con claridad su procedencia y sus representadas aceptaron su uso, máxime por la duda que presentó en laboratorio la arena de la zona. Que al tratarse el REPEMAX de un producto de uso industrial, cada bolsa que lo contienen incluye todas las instrucciones de la mezcla y su aplicación, lo cual quedó a entera responsabilidad de la empresa constructora. Que al momento de la recepción definitiva de la obra, el día 19 de diciembre de 2007, la empresa constructora entregó satisfactoriamente la obra terminada y a ese momento la obra no presentó ningún problema. Que se deben hacer las siguientes manifestaciones: a) El hecho de que no haya o hayan observaciones en bitácora o en informes mensuales de inspección, sobre desprendimientos o agrietamientos, debe llevar a asumir, que es así porque no existieron. b) No se acostumbra en la práctica general de sus representadas, como Consultoras, hacer un oficio por cada material que se aprueba. c) Existen diversas anotaciones en bitácora sobre los trabajos en repellos, a saber: La nota en el cuaderno de bitácora del 21 de marzo de 2007, donde se informó que se trabajaba en los repellos de los 3 niveles del edificio, lo que comprueba que se inspeccionó la obra de conformidad con el procedimiento que corresponde.
Que habiéndose entregado la obra el 19 de diciembre del 2007, a sus representadas no les consta lo sucedido después de esa fecha en que el edificio fue recibido a satisfacción. Que sus representadas y sus funcionarios revisaron la obra incluidos los repellos, en presencia del Ingeniero Douglas Villalobos Gómez, representante del Poder Judicial durante todo el proceso constructivo, cumpliendo así con el procedimiento de inspección al que se encontraba obligada. Que la resolución 1582-10 no tiene ninguna relación con los hechos de la demanda, ni con lo que pretende la actora contra sus representadas, sin embargo, se aclara que la única sanción de apercibimiento que fue impuesta contra sus representadas, lo fue porque una puerta de acceso a una caseta de un autobanco se dejó en 0.80 de ancho, y que aún cuando al hacerse la observación de inmediato se adecuó y se cambió por otra de 1.00m ---sin costo alguno para el Poder judicial---.
Que el Poder judicial abrió procedimiento administrativo resultando en la sanción de apercibimiento. Que el hecho evidencia que el Poder judicial no titubeaba contra sus consultores/contratistas, si debía iniciar un procedimiento administrativo o reclamo, lo hizo de forma inmediata, tan pronto tuvo claridad de las cosas, lo que pone de manifiesto que ante la ausencia de un reclamo oportuno contra sus representadas, se evidencia que la actora nunca tuvo causa para ello, y la presente acción ---por más que se quiera involucrar a sus representadas---, es una demostración palmaria de una reacción extemporánea y sin fundamento. Que el oficio No. 4477-DP/18-2014 no pretendió en forma clara o precisa la reparación del repello en áreas particulares o puntuales y en todo caso, sus representadas, al haber sido Consultoras ---y no constructoras---, se encontraban ajenas a la realización de cualquier reparación en la obra.
Que por ello sus representadas mediante oficio CONS PC-017-2014 del 18 de julio del 2014, indicaron: "...le reitero que los asuntos tratados en su oficio ya habían sido aclarados en nuestro oficio CONS PC-004-2014 del pasado 17 de febrero..." Que no obstante, sus representadas propusieron un análisis en conjunto, para el beneficio del proyecto. Que a partir de la propuesta del análisis que hicieron sus representadas, se sostuvo una reunión el día 12 de agosto del 2014, y en ella expresaron: "...que durante el proceso constructivo de los repellos del edificio se siguió un estricto control por parte de los profesionales a cargo de su inspección, tanto para efectos de la aprobación de los materiales utilizados, como de su construcción. Al concluir la obra, el estado de los repellos era satisfactorio, lo cual permitió la recepción definitiva del proyecto. Con base en lo indicado, ratificamos que de ningún modo puede asumirse que tenemos algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido con los repellos..." (Oficio CONS CP 019-2014 del 19 de agosto del 2014).
Que como consta en autos, en el oficio CONS CP 019-2014 del 19 de agosto de 2014, sus representadas indicaron: "...Tal y como lo comentáramos ampliamente durante la reunión en cuestión, nuestro Consorcio ratifica por esta vía que durante el proceso constructivo de los repellos del edificio se siguió un estricto control por parte de los profesionales a cargo de su inspección, tanto para efectos de la aprobación de los materiales utilizados, como de su construcción. Al concluir la obra, el estado de los repellos era satisfactorio, lo cual permitió la Recepción Definitiva del proyecto. Con base en lo indicado, ratificamos que de ningún modo puede asumirse que tenemos algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido con los repellos, en cuanto a que muestran desprendimientos en algunas zonas, independientemente de que éstos respondan a problemas de preparación de la superficie, del desempeño en el tiempo del aditivo utilizado para lograr una adecuada adherencia, de calidad de la mezcla (materiales utilizados, su preparación o aplicación) o del proceso constructivo propiamente dicho.
No omito manifestar que el Ing. Vindas coincidió con nuestro criterio durante la reunión antes mencionada..." (Lo resaltado no es del original). Que en cuanto a lo referido a supuestas manifestaciones de sus representadas de que "...la inspección semanal fue basada en la confianza en la Constructora y que no fue posible verificar cada etapa de trabajo con detalle o a diario..."; esa representación las rechazó. Que sus representadas nunca hicieron manifestaciones en ese sentido y que esa manifestación se encuentra en documento confeccionado por la propia actora, y por ello no prueba contra sus representadas. Que el reporte que menciona la actora de la empresa FSA Ingeniería & Arquitectura no tiene fuerza de prueba técnica, son simples observaciones que no han sido sometidas a contradictorio y que esa empresa no tiene conocimiento claro ni preciso de todos los hechos. CONSIDERACIONES SOBRE LOS HECHOS: Que el día 23 de marzo del 2004 se suscribió el Contrato 21-CG-04, denominado "Contratación de Servicios de Consultorías para la Construcción del Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba", entre el Poder Judicial y las empresas integrantes del Consorcio Piasa-Condisa (Proyectos ingeniería Arquitectura S.A. y Consultoría y Diseños S.A.), en miras a la construcción de la obra del Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago.
Que en la cláusula Segunda de contrato se estableció el ámbito de los servicios de las Contratistas, y en particular, el inciso c) indica como responsabilidad de los Contratistas la elaboración de "...los planos constructivos y las especificaciones técnicas para la contratación..." Que mediante el oficio No. 5671-DP/48-2017 del 01 de noviembre del 2017, el Departamento de Proveeduría comunicó a la Dirección Ejecutiva del Poder judicial, que de acuerdo al informe técnico rendido por la empresa FSA Ingeniería y Arquitectura S.A.; el oficio No. 1188-05-SG-2017 del Departamento de Servicios Generales y el informe No. 475-20-AI-2017 de la Sección de Arquitectura e Ingeniería; los problemas de repello que presentó el Edificio se deben atribuir a Constructora Gonzalo Delgado S.A. y solidariamente al Consorcio Piasa-Condisa, por supuestamente "...no haber definido en los planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos en el proyecto..." Que así fue establecido en el reporte emitido por la empresa FSA Ingeniería & Arquitectura: "...Consorcio PIASA-CONDISA tiene responsabilidad en tanto no cumplió con la responsabilidad asignada al consultor de definir en sus planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto.
Al no especificar materiales, métodos de aplicación del repello, ni claramente los elementos que llevaban este tipo de acabado, se induce a error en cuanto a la manera en que se ejecutan los trabajos..." (Pág. 26). Que el Poder Judicial encausó su demanda alegando contra el Consorcio Piasa-Condisa: "...Establecer con claridad los alcances del proyecto es una tarea que corresponde al consultor, la cual se considera que no fue realizada adecuadamente en este caso. Posteriormente, esto constituye un problema debido a que el contratista no cuenta con indicaciones claras sobre el material de repello que debe colocar, y los elementos que debe repellar. En general, esta situación contribuye a que se incurran en errores y malas prácticas constructivas durante la aplicación de los repellos... Tanto las anotaciones, en bitácora como en los informes mensuales de inspección solo se identifica el inicio y avances sin ninguna observación adicional relevante para el tema de agrietamiento o desprendimientos, lo que no garantiza que no existieran durante la fase constructiva.
El Consorcio PIASA-CONDISA tiene responsabilidad en tanto no cumplió con la labor asignada de definir en sus planos especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto. Al no especificar materiales, métodos de aplicación del repello, ni claramente los elementos que llevaban este tipo de acabado, se induce a error en cuanto a la manera en que se ejecutan los trabajos. Ese Consorcio tiene también responsabilidad porque durante la ejecución de la construcción no controló efectivamente la calidad de los trabajos a cargo de la constructora. No consta como se dijo ninguna rectificación o control del producto y la preparación de los repellos. Lo que vino a dar al traste en definitiva con su adherencia y los desprendimientos encontrados...Las demandadas como encargadas de la consultoría y ejecución de la obra son responsables del daño derivado de la mala o defectuosa ejecución de los trabajos o de lo inadecuado o defectuoso de los materiales utilizados en la colocación de los repellos desprendidos, cuanto de los vicios en el control de inspección de la obra, más los defectos en los planos y especificaciones, como resultado de su impericia, falta, negligencia e imprudencia (arts. 1045, 1048 1183 párrafo 2do, 1186, 1193 del Código Civil)..." Que el Poder Judicial sin fundamento alguno, consideró que el Consorcio Piasa-Condisa faltó a sus obligaciones contractuales; y concluyó (sin fundamento alguno) que ello es así por "...no haber definido en los planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos en el proyecto..." Que por lo anterior, el Poder Judicial reclamó (sin fundamento alguno) que el Consorcio es responsable solidariamente, junto con la Constructora Gonzalo Delgado S.A., por los problemas suscitados con el repello del Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba.
CUESTIONES DE FONDO: PRETENSIÓN DEL PODER JUDICIAL CONTRA CONSORCIO PIASA-CONDISA: Que si el reclamo contra el Consorcio Piasa-Condisa es (como lo plantea el Poder Judicial, sin fundamento alguno) por "...no haber definido en los planos especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos en el proyecto..." y ello lleva a la definición en la petitoria de que se debe condenar al Consorcio como incumplidoras del "...contrato 21-CG-04 de servicios de consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba..."; entonces los supuestos daños y perjuicios que se podrían producir encontrarían su causa en el incumplimiento al Contrato de Servicios de Consultoría 21-CG-04 del día 23 de marzo del 2004. Primeramente, cabe indicarse que el Contrato de Servicios de Consultoría 21-CG-04 del día 23 de marzo del 2004, no es preciso en cuanto a la obligación de definir en forma puntual los repellos, dejando la actuación del Consorcio Piasa-Condisa a las buena prácticas del ejercicio profesional, lo cual el Consorcio cumplió a cabalidad.
Que en ese sentido, notamos como tanto el presupuesto confeccionado por el Consorcio y la oferta de Constructora Gonzalo Delgado, incluyeron el costo para el repello afinado, lo que deja claro que tanto el Consorcio como la Constructora estaban enteradas que debía realizarse dicho procedimiento en la obra. Que además, la conducta asumida tanto por sus representadas como por la Constructora, en el proceso de ejecución de la obra demuestra que ambas partes estaban enteradas de los materiales y el procedimiento aplicarse para el repello. Que debe notarse como el Contrato para la Construcción del Edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, Cartago No. 03-CG-06 suscrito entre el Poder judicial y la codemandada Constructora Gonzalo Delgado S.A., presupuso que la obra la realizaría dicha Constructora "...de conformidad con los planos anexos al pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 1-163-05 que contienen la información requerida, la cual es complementada por las especificaciones técnicas la oferta de la contratista...".
Que lo anterior dejó plasmado fehacientemente que el Contrato para la Construcción con la Constructora Gonzalo Delgado S.A. contempló no sólo los planos elaborados por el Consorcio sino además, las especificaciones técnicas, el presupuesto elaborado por el Consorcio y la oferta presentada por la mencionada Constructora, donde ---según lo indicado--- se presupuestó el material para el "repello". Que se logró definir, por medio de los cálculos proporcionados y que serán confirmados por prueba pericial, que efectivamente el Consorcio contempló en el presupuesto presentado al Poder Judicial el costo del repello del total del área que fue repellada, lo que demuestra que fue entendido por las partes involucradas el procedimiento de repello en la obra. Que así, el reclamo del Poder Judicial contra el Consorcio no tiene fundamento pues se debe considerar que la supuesta falta atribuida, no generó la posibilidad de que la Constructora omitiera el proceso de "repello", y así, no conllevó a daño alguno al Poder judicial.
En otras palabras, la supuesta omisión que se le achaca a la Consultora no indujo a error a la Constructora y aún cuando se quisiera responsabilizar al Consorcio por omisiones en los planos.Que el artículo 1186 del Código Civil (aplicable supletoriamente, en ausencia de norma específica en contratación administrativa), es claro al indicar: "...Si un empresario se hubiere encargado de hacer una construcción según el plano proporcionado por un arquitecto elegido por el propietario, la responsabilidad se reparte entre el empresario y el arquitecto, respondiendo aquél por la pérdida proveniente de la ejecución defectuosa de los trabajos o por el empleo de malos materiales, y éste de los vicios del plano..." Que por lo expuesto deberá declararse que: i) No existe negligencia alguna por parte del Consorcio, en el desarrollo de sus funciones (por más de que se consideraran vicios en los planos).
Que existe el oficio PJ-104-2006 del 01 de diciembre del 2006 (Ver Prueba No. 3), de la Constructora Gonzalo Delgado S.A., mediante la cual somete a consideración del Consorcio el uso y aplicación de un producto específico para la consecución del "repello", sea el produjo denominado: REPEMAX Grueso (Mortero para primera capa de repello). ii) Existen gestiones diligentes del Consorcio pues se evidencia del folio 2 de la Bitácora, el apunte de inspección de fecha 21 de marzo del 2007 (Ver Prueba No. 4), que indica: "...Visita de Inspección. El día de hoy se observó que se está trabajando en los repellos de los tres niveles..." iii) La cuantificación de la responsabilidad por supuestos vicios del plano no es definida en la ley en forma "solidaria" con la del Constructor, como lo plantea el Poder Judicial en su demanda. Que así, de encontrarse responsable al Consorcio de supuestos vicios en los planos, el Poder judicial deberá demostrar la existencia de daños y perjuicios directos relacionados con la supuesta omisión y como se indicó, la Constructora ejecutó un repello, y según la inspección realizada, dicha ejecución se dio satisfactoriamente (lo que se constató al entregarse la obra en diciembre del 2007).
Que por lo anterior, un supuesto vicio de omisión en planos por sí sólo no conllevaría a una mala o defectuosa ejecución de la obra civil, por ende, y al no demostrarse los mismos (con la correspondiente relación de causalidad) en el presente caso no existen daños directos relacionados con supuestos vicios. Que con lo anterior se pone de manifiesto que aún así, de determinarse como cierto, que el Consorcio faltó en el detalle en planos de dicho repello, el Consorcio dicho si llevó a cabo su gestión diligentemente, de procurar la realización de dicho procedimiento de repello. Que de lo que ha alegado el Poder judicial, y de la prueba que se ha ofrecido, no existe negligencia alguna que se le pueda achacar a sus representadas responsabilidad, ni existe prueba alguna de la existencia de daños directos provenientes de una supuesta omisión o supuestos vicios en planos. Alegatos que fueron reiterados en la audiencia complementaria de juicio oral y público, al señalar que no hay vicios ocultos y que la demanda fue incoada por incumplimiento contractual.
Y que en todo caso tampoco existió incumplimiento contractual, ya que las accionadas hicieron su trabajo de manera correcta y por ende no existe nexo causal entre la actuación de su representada y el resultado daño. Finalmente insistió en que el derecho a reclamar prescribió. Que la demanda es por incumplimiento contractual y que la Administración contaba con un plazo de 5 años conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LCA, y no lo hizo. Que en todo caso si se acusa un vicio oculto, el reclamo también está prescrito ya que se contaba con un plazo de 10 años para incoar el proceso y tampoco se hizo dentro de dicho plazo. La representación de la sociedad CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. rechazó la demanda indicando: Sobre los hechos: Que el repello es un material constructivo que es completamente rígido, lo cual implica que con cualquier movimiento que sufra, se fractura tal y como sucedió en el presente caso.
Que en planos no existe indicación de repellos para paredes, ni columnas internas. Que las especificaciones técnicas entregadas por el Consorcio, según Cartel entregado a su representada, no contenían una descripción en cuanto la diferencia entre repello afinado, ni especial, ni especificaciones en cuanto a la aplicación y materiales de repello que debían ser aplicados en este proyecto, lo cual es visible en las cláusulas cartelarias y según se indica en la página 26 del informe elaborado por FSA Ingeniería y Arquitectura. Que la Administración recibió de manera definitiva la obra el día 19 de diciembre de 2007, sin que se evidenciara desprendimientos o agrietamientos en paredes o columnas. Que la Administración con sus actuaciones materiales, aprobó el material aplicado. Que entre los años que van del 2008 a 2012, no se evidenció desprendimientos de repellos en el edificio y como se indicó en el informe elaborado por FSA Ingeniería y Arquitectura, no fue posible demostrar, comprobar o evidenciar desprendimientos o "abofamiento", dentro de esos 5 años.
Que el apercibimiento realizado a su representada no tiene un sustento fáctico, por cuanto el material colocado como repello de paredes fue aprobado por la empresa inspectora de la obra en oficio PJ-104-2006. Que se trató de un material sometido a un proceso industrial con mayor control que el que se podría realizar directamente en la obra. Que no es cierto que un problema de desprendimiento en repellos en las paredes constituya un vicio oculto, por cuanto como se explicó en reiteradas ocasiones a la Administración, los mismos no obedecen a errores constructivos de su representada, sino a una labor de mantenimiento o al comportamiento estructural que mantenga el edificio. Que mediante el oficio PJ-373-2009 dirigido a la señora Nombre66985 , Jefa de Verificación y Ejecución Contractual, se indicó en el punto segundo lo siguiente: "Respondí dicho correo el día 01 de junio, valga decir un día después de recibido, donde explico que el material colocado es el material aprobado por la inspección" (oficio PJ-104-2006) para ser colocado como material de repello de paredes, el cual se aprueba sobretodo porque fue un material superior al especificado, además de ser un material que fue sometido a un proceso industrial con mayor control que el que se puede realizar directamente en obra.
La colocación del repello fue debidamente supervisada y aprobada por la Inspección, incluso el Proyecto fue recibido un año después de terminada su instalación. Que a su representada se le requirió realizar reparaciones por aplicación de garantía, no por existir un vicio oculto. Que el plazo de aplicación de garantías estaba vencido por transcurso del plazo e incluso nunca existió un vicio oculto. Que lo solicitado por el Poder Judicial no resulta asociado a un vicio oculto o fallas del producto, y responde a un tema de mantenimiento. Que el proyecto se realizó y se cumplió a cabalidad con las inspecciones correspondientes. Que al respecto el testimonio del experto David Scott Anglin, quien es ingeniero civil y en su momento laboró como inspector en la instalación de los repellos del consorcio PIASA-CONDISA. Que los desprendimientos generalizados de repello en el edificio son producto de una falta de mantenimiento de más de 10 años.
Que no se logró demostrar la existencia de un defecto de calidad en la mano de obra o en su aplicación, ni mucho menos la existencia de un vicio oculto. Que el informe elaborado por FSA parte de una base técnica incierta, por cuanto es un estudio elaborado 10 años después de recibido el proyecto, sumado a que no resulta concluyente, ni prueba la supuesta existencia de un vicio oculto o fallas asociadas a la calidad el producto. Que el informe de FSA se compone de meras especulaciones fácticas, ninguna de ellas responde a una consideración asociada a un criterio técnico con bases científicas acertadas, ni mucho menos reflejadas o comparadas con los criterios cartelarios que fueron ejecutados por su representada. Que no existe prueba técnica que acredite la existencia de un vicio oculto, por tanto, no procede el cobro de daños y perjuicios. Consideraciones de Derecho: Sostuvo la representación de la empresa Gonzalo Delgado S.A. que en el presente caso no existe prueba técnica que acredite un supuesto incumplimiento contractual por parte de su representada.
Indicó que el propio informe elaborado por FSA a página 23, señala: "Se destaca que el hecho de realizar el estudio 10 años después de realizados los repellos, y el hecho de no tener la especificación técnica del producto colocado, imposibilita determinar una única causa de los problemas presentados en los repellos...". Que dicha prueba técnica, basa sus conclusiones en meras probabilidades y en simples hipótesis, las cuales no pueden ser tomadas como una prueba cierta, por lo cual más bien debe arribarse a la conclusión que no existe prueba alguna que determine la supuesta responsabilidad de su representada, lo cual implica que el presente proceso ordinario adolezca de una falta de derecho por parte de la actora. Que sumado a lo anterior, en el presente caso se está en presencia de una causal de exoneración de responsabilidad a favor de su representada, ya que el informe de FSA, la página número 22, indicó: "...es que en planos y especifìcaciones técnicas del proyecto no hay claridad respecto al tema de los repellos... en la mayoría de elementos del primer y segundo nivel no hay ninguna indicación de que se debe realizar un acabado con repello..." Que como elemento importante sobre la exoneración de responsabilidad hacia su representada, en esa misma página 22 indicó: "Establecer con claridad los alcances del proyecto es una tarea que corresponde al consultor; la cual se considera que no fue realizada adecuadamente en este caso...".
Que en ese sentido, lo sucedido constituyó una responsabilidad directa y por tanto única por parte de la Administración Pública, a quien en su momento le fue entregada por el Consorcio Piasa-Condisa y recibida de conformidad desde el día 19 de abril de 2005 conforme a la Licitación Pública número 1-124-03, la cual posteriormente fue incorporada como parte de la Licitación Pública número 1-163-05, misma que ejecutada por su representada de conformidad con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del Proyecto de interés. Alegatos que fueron reiterados en la audiencia complementaria, al reiterar que su representada no generó ningún daño y la causa por el cual el repello se desprendió no es su responsabilidad. Que la obra contó con un Inspector y era su responsabilidad determinar si se cumplió o no, con los parámetros técnicos y que el último quien ejecuta la obra lo es la constructora.
Que era el Inspector de la obra el que debía validar los materiales utilizados en la obra, de manera que si la Inspección no cuestionó el uso del material aplicado, y la obra fue entregada y recibida de manera conforme, existe una falta de derecho respecto a su representada.
IV- DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR ALEGADA: Las sociedades accionadas opusieron en su defensa las excepciones de caducidad de la acción y prescripción del derecho a reclamar. Estima esta Cámara que se debe conocer de seguido ambas excepciones ya que de llevar razón la representación de las accionadas, ello conllevaría declarar sin lugar la demanda y por ende se tornaría innecesario entrar a analizar los vicios acusados por la representación estatal en su demanda. Con respecto a la excepción de caducidad, este Colegio, partiendo del objeto del proceso, considera que estamos frente a una responsabilidad contractual, por lo que no comparte el criterio esbozado de que en la especie sea aplicable el término de un año que establece el numeral 39 del Código Procesal Contencioso que rige esta materia contenciosa, el cual no aplica, pues no se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo por actividad formal de la Administración.
En razón de ello se rechaza la indicada excepción. En cuanto a la excepción de prescripción las accionadas indicaron que el artículo 35 de la LCA establece "En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar; al contratista, la indemnización por daños perjuicios, originada en el incumplimiento..." y que resulta evidente que el indicado plazo transcurrió sobradamente, ya que el consorcio Piasa-Condisa entregó el objeto del Contrato 21-CG-04 "Contratación de Servicios de Consultorías para la Construcción del Edificio de los Tribunales de justicia de Turrialba" desde el día 18 de abril del 2005, y la entrega definitiva de la obra constructiva se dio por parte de la empresa "Constructora Gonzalo Delgado S.A." el día 19 de diciembre del año 2007 y la demanda le fue notificada a Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. el día 28 de febrero de 2018; a la empresa Constructora Gonzalo Delgado el día 06 de marzo de 2018 y el día 17 de abril del año 2018 a la empresa Consultoría y Diseños S.A.; por lo que a la fecha de notificación de la demanda, habían transcurrido sobradamente los 5 años establecidos en el artículo 35 de la LCA.
Que de esa forma, el derecho a reclamar por parte del Estado por incumplimiento contractual prescribió y aún cuando el reclamo versara sobre "vicios ocultos", también el reclamo prescribió pues la acción se planteó más de 10 años de entregada a conformidad la obra. Que así, el plazo de prescripción operó en los 3 supuestos, (reclamo por garantía, por incumplimiento contractual y por vicios ocultos), pues la norma es clara al establecer el punto de partida para el cómputo de ese plazo, en cual lo hace a partir de la entrega de la obra, y que la notificación de la demanda se hizo transcurridos los 10 años indicados en la norma. En la audiencia complementaria de juicio oral y público la representación del Consorcio Piasa-Condisa reiteró que en la demanda se reclamó un presunto incumplimiento contractual, para lo cual la representación estatal tenía un plazo de 5 años conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LCA.
Y que si el reclamo lo era por vicios ocultos, también prescribió el derecho a reclamar, ya que transcurrieron más de 10 años. En esta misma audiencia la representación de la sociedad Constructora Gonzalo Delgado S.A. también reiteró que, el reclamo se encontraba prescrito pues transcurrieron más de los 5 años que contempla el artículo 35 de la LCA como plazo para incoar este tipo de reclamos y que el criterio de la empresa FSA fue emitido 10 años después de recibida la obra. Acusó además que la representación estatal accionó por un incumplimiento de garantía conforme a la cláusula 3.2.1 del Cartel el cual estableció el plazo para esos efectos, no obstante fue hasta el 18 de diciembre de 2017 que presentó la demanda. Finalmente señaló que en la presente causa no existen vicios ocultos. Habiéndosele otorgado la audiencia de ley a la representación estatal, manifestó en torno a la excepción de prescripción del derecho, que ese plazo debe computarse a partir de que la obra fue recibida, es decir a partir del 19 de diciembre 2007, pero que ese plazo se interrumpió tal y como lo establece el artículo 879 del Código Civil, debido a la gestiones extrajudiciales que se hicieron para que las accionadas cumplieran con sus obligaciones.
Que conforme a los hechos del 15 al 27 de la demanda, se constata la existencia de numerosas gestiones las cuales se dieron desde el mes de mayo de 2012 y hasta el mes de agosto del 2015 exigiendo a las accionadas reparar los daños debido a vicios ocultos acusados en le demanda. Que la demanda se planteó conforme lo permite el artículo 35 de la LCA dentro del plazo de los 10 años tratándose en este caso de una imputación de responsabilidad contractual por vicios ocultos. También manifestó la representación estatal que el Poder Judicial tuvo certeza de los vicios ocultos existentes en la obra, hasta que recibió el Informe técnico de la firma FSA Ingeniería & Arquitectura, en el mes de setiembre de 2017 y que por tanto, al momento que se presentó la demanda, a saber, el día 18 de diciembre de 2017 no habían transcurrido ni 3 meses. Alegatos reiterados en la audiencia complementaria de juicio. Criterio de la Cámara: La excepción de prescripción se rechaza con base en lo que de seguido se indica:
En cuanto a la normativa y principios que rigen la materia contractual en el sector público, esta misma Sección del Tribunal señaló en la sentencia No. 075-2016-IV de las quince horas con diez minutos del veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, en lo que interesa: "...La diversa gama de procedimientos licitatorios a los que puede recurrir la Administración Pública con la finalidad de proveerse de algún bien o servicio por parte de particulares con el propósito de satisfacer intereses que desde luego, por imposición del ordenamiento jurídico han de ser públicos, se rigen por el Derecho Administrativo. Existen principios constitucionales derivados del artículo 182 de la Carta Magna, y legales virtud de las disposiciones comprendidas particularmente en la Ley de la Contratación Administrativa número 7494, del dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (artículo 10) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 33411-H, del veintisiete de setiembre del dos mil seis, vigente a partir del cuatro de enero del dos mil siete, antes Decreto Ejecutivo número 25038-H, del siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, que no pueden entonces, ser pasadas por alto siempre que nos encontremos ante este tipo de marcos de reflexión.
Del mondo indicado, obsérvese que artículo primero de la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, que dicho cuerpo normativo “...regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas." (El subrayado no es del original). Entre las entidades que conforman ese sector descentralizado, se encuentran los gobiernos locales, y en tanto la justificación de la contratación administrativa es precisamente la finalidad de satisfacer el interés público que le ha sido encomendado a una determinada dependencia pública, ese postulado que como regla general informa la materia, habrá de servir como marco de interpretación de la normativa vigente.
En esta línea de ideas, el procedimiento de contratación administrativa se erige como instrumento o mecanismo de selección por medio del concurso, que hace efectivo el ejercicio de una potestad pública dirigida siempre a la satisfacción de un interés público, respecto de la que el contratista que participa es considerado un colaborador de la Administración respecto del asunto que se le adjudica (prestación de un servicio público, construcción de una obra pública, adquisición de un bien para la Administración, etc.). El acto de adjudicación por otro lado, supone que la Administración ha reconocido en el oferente, su mérito de ser el mejor para satisfacer una necesidad pública determinada, que también en tesis de principio, no es la Administración Pública la que se encuentra en mejores condiciones de proveerse a sí misma en más que menos de los casos, por falta de capacidad técnica u organizacional, incluso financiera.
Es por esa razón que primariamente debe entenderse la vinculación del particular que por ese medio se relaciona con una determinada Administración Pública (relación jurídico administrativa) como una dirigida además de lo que resulta obvio, por la aspiración de quien con la Administración contrata de desarrollar un negocio y obtener el lucro que le ha de reportar el mismo, a la necesidad común entre las partes que componen la relación jurídica mencionada, de dar satisfacción a un interés público particular como efecto del contrato y su ejecución, en un marco de buena fe. Los artículos 50 y 74 de la Constitución Política de la República de Costa Rica determinan el objetivo primordial de la función de la Administración que despliega la actividad de la contratación administrativa y de quien colabora con ella, a saber, la satisfacción de intereses colectivos. Se trata sin perjuicio de lo anterior y en el caso del contrato administrativo, de un acto bilateral del que derivan obligaciones y derechos para las partes que lo suscriben, tanto para Administración contratante como para el contratista (adjudicado), ambos, para con la sociedad como un todo.
El acto de adjudicación en un proceso licitatorio puede decirse, es un acto administrativo unilateral de efectos bilaterales, por cuanto es dictado por la Administración licitante –en forma unilateral– dentro de un proceso concursal de contratación administrativa en el que se selecciona o determina la oferta que se estima más conveniente para suplir la necesidad pública. (Ver sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 1205-1996). En tanto, el fin de toda contratación administrativa es la elección de la propuesta más conveniente para la satisfacción del interés público en beneficio de la colectividad; que por su contenido, genera una relación jurídico-administrativa que no sólo obliga al administrado, sino también a la Administración misma. En todo caso se espera que ambos unan sus esfuerzos en pro de la consecución de un fin superior, cual es el fin público.
Así, por su naturaleza y propósito, esta actividad orientada la conducta de la Administración a la consecución de los fines dichos, y la ley le faculta en pro de la consecución de los mismos, para efectuar modificaciones a los contratos aún de forma unilateral, esto es, en reconocimiento a lo que se conoce como el principio de mutualidad del contrato administrativo, necesaria pues siempre mediará el objeto superior de conseguir el fin público al que se dirige. No obstante lo dicho, la posibilidad de modificar contratos ya perfeccionados y claro está, -que constituyen en esa vía dual descrita actos declarativos de derechos para el contratista- no es irrestricta, al estar sometida a un régimen jurídico especial de regulación, (artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política) que se informa de principios como el de formalismo y control en los procedimientos, libre concurrencia, igualdad de trato para todos los oferentes, publicidad, equilibrio de intereses, legalidad, transparencia de los procedimientos y seguridad jurídica.
(Sobre la intangibilidad de los actos propios pueden ser consultados los fallos de la Sala Constitucional -entre otros-, número 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94 y 899-95). Todos esos principios se encuentran recogidos además a nivel infraconstitucional en la Ley de la Contratación Administrativa número 7494 del dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Ley de la Administración Financiera de la República, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública y conforme al Reglamento de la Ley de la Contratación, así como el Reglamento para el Refrendo, emitido por la Contraloría General de la República. En esa relación jurídica en la que Administración y administrado se encuentran en una situación dual como la mencionada, el objeto del contrato definido a partir del cartel con vínculo en la oferta adjudicada, es de medular relevancia, aunque resulte de perogrullo decirlo.
Se trata como se dijo al ser instrumento para fijar el objeto del contrato, del eje lógico de la relación jurídica al tenor del cual la Administración licitante está obligada a respetar ese acuerdo conforme a lo pactado, pudiendo en aplicación de los principios que integran la contratación administrativa, exigir su cumplimiento, o en su caso, propiciar su mutación en la medida que el ordenamiento jurídico lo permita a fin de procurar la consecución del fin público para el que fue diseñado el procedimiento de contratación. Por su parte, el adjudicatario tiene el derecho-deber de ejecutar el contrato declarado a su favor y la obligación de hacerlo en los términos acordados, así como informar de cualquiera circunstancia que suponga impedimento para ello. Sobre el principio de buena fe, la Sala Constitucional, entre otros fallos en su sentencia número 0998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, describió las implicaciones de este principio de la siguiente manera: “…en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro …”.
(El resaltado no es del original). Es principio general del Derecho -que deriva del numeral 692 del Código Civil- que tratándose de situaciones originadas en relaciones contractuales, ante el incumplimiento de alguna de las partes de lo pactado, se genera para la parte que sí ha cumplido sus obligaciones la posibilidad del reconocimiento de la resolución del negocio jurídico, con dos posibles consecuencias adicionales, el cumplimiento forzoso o (disyuntivo) el reconocimiento de daños y perjuicios causados. Además: "En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios." Aún y cuando su origen está dado en el derecho privado conforme la norma pre constitucional referida, lo cierto es que también encuentra aplicación en la contratación administrativa y no podría serlo de otra manera, que en aplicación directa de los principios de buena fe y equilibrio de los intereses que rigen este tipo de contratos, conforme lo señaló la propia Sala Constitucional en su amplia jurisprudencia a partir de la sentencia relacionada arriba en este apartado.
En este sentido, debe distinguirse entre lo que es la rescisión y la resolución contractual. Ambas figuras facultan a la Administración para dar por finalizado el contrato de manera unilateral, pero por causas diversas. Ambas figuras además, están reguladas en el artículo 11 de la Ley de la Contratación Administrativa y se desarrollan en los numerales 204 y 206 del Reglamento de esta Ley -de aplicación supletoria, según se indicó supra-. Así, la primera (rescisión) opera por razones de interés público, fuerza mayor (relacionado con la acción de la naturaleza), caso fortuito (hechos del hombre) o mutuo acuerdo, que son causas ajenas a las partes obligadas y todas ellas, que imposibilitan cumplir del todo los términos de lo pactado. Acreditada la causal de rescisión, se adopta la decisión y se liquidará la indemnización que corresponda al contratista. La iniciativa para rescindir el contrato nada impide que provenga del contratista.
Por su parte la segunda (resolución), responde más bien al incumplimiento del contrato, que en la regulación en tanto se refiere al posible incumplimiento contractual por parte del contratista, requiere como presupuesto previo a ser declarado, de la realización de un procedimiento administrativo en el que se acredite dicho incumplimiento, así como la determinación de los daños y perjuicios causados a la Administración con ocasión de esa condición, con plena garantía al contratista del respeto a los elementos que informan el principio del debido proceso. Cuando se trate del incumplimiento de la Administración con los compromisos adquiridos en un contrato administrativo, no podría pensarse que al contratista le esté vedado el encontrar la reparación de los daños que aquel quebranto ocasione, pero este conflicto corresponde ser llevado ante un Juez (Contencioso Administrativo) con el propósito de que se haga tal declaración, en aplicación directa del principio general de la reparación -que deriva del mandato 41 de la Constitución Política-.
Al respecto debe tenerse en cuenta, que en efecto el principio de la buena fe es una premisa básica y fundamental en la contratación administrativa. En este sentido es importante tener en cuenta que a través de este mecanismo la Administración Pública logra cumplir los fines públicos que el ordenamiento jurídico le ha impuesto; lo cual presupone una adecuada disposición de parte, tanto del contratista para dar cumplimiento a ese fin público encomendado con ocasión de la contratación y ejercitar sus capacidades con la calidad que habría de brindar a cualquier consumidor de sus servicios, como de la Administración contratante, a fin de permitirle a la primera el cumplimiento de lo pactado y retribuir de conformidad con ello.-Sobre el cartel de licitación, teniendo presente los alcances que el principio de buena fe en la actividad de la contratación administrativa conlleva, debe tenerse claridad que con sus notorias diferencias, en todo caso la entidad Administrativa contratante se equipara a un consumidor más de bienes y servicios, que busca proveerse de aquellos que mejor den satisfacción al interés público.
Por su parte el principio de control de los procedimientos advierte que la Administración y su colaborador, habrían de procurar el éxito de la contratación en todas las fases de que importa el procedimiento. La Ley de la Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, "Artículo 21.- Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa". (El resaltado y subrayado no es del original). Normalmente se ha interpretado que esta responsabilidad sin embargo, no es exclusiva del contratista, más, con todo y ello, es claro que media el deber en éste de procurar más allá de cualquier interés particular que pueda mediar, la corrección entre otras cosas, de cualquiera circunstancia incluso en la fase de ejecución de un contrato -incluido el de obra pública-, con el objeto de procurar el éxito y consecución de los fines perseguidos con la misma.
En este norte de ideas, el elemento del procedimiento licitatorio conocido como el cartel, es de epicéntrica relevancia. El cartel de licitación es el clausulado que determinado por la Administración Pública, especifica el bien o servicio que se licita, define las condiciones, especificaciones y requisitos que tienen que cumplir los participantes y detalla el proceso o trámite por seguir. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en doctrina al cartel se le reconoce el constituirse en “ley entre las partes” o el reglamento de la contratación. No obstante, respetando la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico y sobre todo, cuando la Administración Pública se encuentra cubierta por el principio de legalidad, se trata de lo que podríamos entender como el reglamento (sin ser de alcances generales) de la contratación, sea, el cuerpo normativo específico que define el bien o servicio que se requiere por la autoridad pública (objeto), la regulación que se incorporará en el futuro contrato, así como los actos de las partes, erigiéndose como el basamento del procedimiento de contratación administrativa.
Su importancia salta a la vista, siendo en la práctica pública el corazón de todo concurso público e instrumento básico de la gestión de compras estatales, determinando en gran parte el buen proceso de licitación. Caso contrario y de no estimarse la importancia de este elemento, está comprobado que ello trae múltiples consecuencias negativas dentro del procedimiento y/o en su ejecución posterior. (Ver la sentencia de la Sala Constitucional número 6432-98). También se puede reconocer la importancia del cartel de licitación de manera más reforzada para el caso específico que nos ocupa, si se toma en cuenta que particularmente para el caso de los contratos que tienen por objeto la construcción de obra pública -conforme el artículo 60 de la Ley de la Contratación Administrativa-, "La ejecución del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo del contratista y la Administración no asumirá ante él más responsabilidades que las previstas en la contratación".
(El resaltado no es del original). (En adición puede observarse el artículo 150 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Véase que lo que se dice en el cartel, habría de servir como instrumento de comunicación o lenguaje común, que por esa razón debiera de resultar como fruto del proceso de su elaboración, objetivo, claro, transparente y diseñado con corrección en la ciencia y técnica aplicable, todo con el fin de proveer de seguridad a los participantes en el procedimiento y a la propia Administración, de una eficaz y eficiente herramienta para la consecución del interés público. Es por eso que para la elaboración de un cartel que tenga por objeto la construcción de obra pública, deben como condición insalvable haberse dado los estudios técnicos previos que exige un arte o ciencia, que le den fundamento y viabilidad al proyecto con orientación a la satisfacción de aquella necesidad pública.
La Ley de la Contratación Administrativa en el primer párrafo de su artículo 4 reza: “Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”. Así, si es que del diseño de una obra pública se trata, se esperaría que en todos los casos, de él se desprendan con un mínimo de rigor al menos, el detalle de los términos de referencia, la información técnica y todos los datos necesarios para el éxito del proceso constructivo, salvo que el mismo contrato disponga que esos estudios corren por cuenta del contratista. No en balde, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 8, incisos a) y b), dispone que para la adopción de la decisión inicial de promover un proceso de contratación administrativa, la Administración debe haber determinado al menos que medie: "a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. / b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto.
La Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Lo anterior habla del necesario y claro conocimiento de lo que se quiere, lo que de forma previa impone a la Administración el deber de estudiar e informarse sobre el bien o servicio que requiere, como lo haría cualquier consumidor en este caso, por el hecho de manejar recursos públicos que no pertenecen a otro que al Estado en nombre de la población a la que debe responder. Esto es, al menos se deben tener claras las especificaciones técnicas que garanticen calidad en la obra por la vía de la definición de patrones y estándares mínimos, pero en todo caso, suficientes. El artículo 148 del mismo cuerpo reglamentario mencionado atrás, en tanto exige la verificación de estudios previos de impacto ambiental, algo adelanta sobre este tópico cuando en su último párrafo indica que "... la Administración deberá disponer en el cartel de al menos un diseño gráfico del proyecto y el detalle de las especificaciones técnicas, acorde con la complejidad de la obra y el tipo de contrato a realizar".
(El resaltado no es del original). Las especificaciones técnicas comprenden entonces la descripción de la naturaleza, atributos y características técnicas de los bienes y servicios que se desea adquirir. En el cartel, estas especificaciones deben encontrarse acorde con la finalidad que se persigue, de modo que debe describirse con claridad la función del objeto, sus características de calidad, el procedimiento para verificar esa calidad del bien y los indicadores de medición aplicables. Todas estas actividades reunidas determinan lo que se va a comprar o construir y la forma de satisfacer la necesidad identificada, (además de los patrones o estándares, atributos, características técnicas y usos; marca o nombre comercial, muestras; dimensiones, se esperaría una definición de las medidas y diseños). La forma de expresión de estas especificaciones en el cartel cuando lo permita una ciencia o técnica, puede hacer que estas resulten simples, pero en todo caso, deben ser debe ser claras y concretas, exactas, sobre todo suficientes, identificables, verificables y flexibles al tiempo, también en la medida en que así técnicamente proceda.
En el caso de la construcción obra pública que deba emplazarse en afectación del plano urbano, por principio de simple lógica racional, son fundamentales los estudios registrales y la elaboración de planos, fotografías, maquetas, gráficos, diagramas y cualquier otro requisito que considere la administración necesario. Es por eso, que nada impide que para su confección la Administración pueda contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, esto cuando no tuviere en su organización los recursos técnicos necesarios para ello. Por otro lado, no mediando impedimento para que una entidad pública asuma tal tarea cuando se encuentre a su alcance, se espera que el contratista señale, cualquier defecto que comprometa su capacidad de cumplir con la exigencia cartelaria.
Estas especificaciones junto con el sistema de evaluación, son los pilares básicos de todo cartel. Incluso, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, permite que se celebren audiencias previas con los potenciales proveedores para mejorar entre otras cosas, la gestión de carteles y evitar recursos contra su contenido y apelaciones a los actos de adjudicación. Aquí la función de colaboradores, que es supuesto que es regla que habría de observar quien aspira contratar con la Administración Pública, subsiste, si es que siendo proveedores potenciales de una construcción por ser esa área comercial su rol ordinario, hace posible suponer también que son conocedores de la ciencia y técnica aplicable al objeto que ofertan. El norte del contratista en este sentido, será siempre el proveer un producto que satisfaga la necesidad previamente detectada por la administración que es su cliente, pues de lo contrario, en más que menos de los casos se requerirá tramitar una nueva compra que logre el fallido intento, lo que generalmente ocasiona pérdidas importantes en afectación de intereses públicos, tanto en términos de dinero, como de tiempo.
Con causa en lo anterior, baste con indicar que resulta necesario para todos los efectos, que los encargados de tramitar dicho proceso de elaboración del cartel y los propios contratistas, le den a estas tareas el interés que realmente tienen, por lo que es indispensable que se sigan en forma eficiente todos los estudios previos con gente comprometida y responsable con el interés público involucrado y de la institución a la que pertenecen, para de esta forma evitar importantes fugas de dinero con resultados estériles, así como las nocivas consecuencias que supone el atraso en los procesos administrativos, la ineficiencia en las compras y la inoperancia en las distintas organizaciones por falta de recursos, bienes y servicios.- Es por lo anterior que de previo a la presentación de las ofertas, los eventuales proveedores de un bien o servicio a emplazarse en un lugar determinado realicen una visita al sitio de interés, suele constituir un paso sano y necesario, dependiendo del objeto que se persiga con el procedimiento.
Particularmente usual es que se produzca esta actividad en los casos de contratación para la construcción de obra pública. Y es que si no lo es en atención a las reglas de una ciencia o técnica determinada, al menos el sentido común manda que si algo ha de ser colocado o construido en un lugar específico sobre la superficie del terreno, y a partir de ahí percutiendo en el subsuelo o proyectándose por el espacio aéreo, las circunstancias tanto materiales como formales (jurídico-registrales) de ese entorno habrían de ser fundamentales siendo sobre todo que en muchos casos el bien a emplazarse debe encontrarse adaptado a ese entorno, o en su caso ser capaz de transformarlo de una forma adecuada con el propósito de que el procedimiento de contratación resulte exitoso. La visita al sitio reviste de mayor importancia aún si se toma en cuenta que impacta en el plano urbanístico, ni qué decir, si lo es desde la óptica ambiental, entre otras posibles.
Se puede decir que una obra, habría de guardar relación con las condiciones del sitio por ejemplo, cuando resulta necesario hacer movimientos de tierra, rellenos, muros de contención u otras actividades semejantes, las especiales condiciones del suelo o la obra preexistente. En algunos casos, ese conocimiento previo se libra a la decisión del participante, partiendo de que éste asume la responsabilidad completa de la cotización y del resultado final, pero ello no siempre es así. En todo caso, la finalidad de la visita al lugar de las obras salta a la vista incluso para el contratista, pues no conocer las circunstancias del sitio y otras condiciones relacionadas con el proyecto le podría acarrear consecuencias, si se toma en cuenta que no realizar las observaciones que habrían resultado pertinentes, o en su caso, las objeciones al cartel procedentes a su parecer, afectan la posibilidad de realizar rectificaciones posteriores por principio de preclusión de las fases del procedimiento administrativo.
Además si se trata de obra, esas condiciones particulares del sitio se supone podrán ser apreciadas por las personas que tengan conocimiento en la materia -cosa con la que se supone cuenta un oferente de servicios-, por ejemplo, ingenieros o arquitectos. Y es que el oferente es quien se presenta frente a la Administración, afirmando poder materializar un proyecto constructivo a título de proveedor de ese tipo de servicios. Por eso es que otro supuesto que podemos afirmar, es propio de la visita previa al sitio de la obra, lo es que una empresa que decide participar enviará personal que tenga capacidad para aportar algún beneficio al procedimiento, y no a una persona que carezca del conocimiento y experticia necesarios para ello, sobre todo si es interés de esa organización brindar un servicio constructivo posterior de calidad, que cumpla con las expectativas de la institución pública de que se trate y de la comunidad que al fin y al cabo, son sus clientes.
En síntesis, para que la visita genere algún valor al procedimiento, debe ser realizada por personal idóneo. No se trata de una mera formalidad, como sí, de un requisito que tiene un objetivo claro, preparatorio y preventivo al tiempo, en un momento donde aún pueden ser realizadas rectificaciones cuando así convenga..."
Acusó la representación estatal que el 19 de abril de 2005 el Consorcio Piasa-Condisa entregó "Los Planos, Especificaciones y Memoria de cálculo del Proyecto", sin embargo en planos no indicó nada acerca del repello para paredes y columnas internas, ni la diferencia entre el repello afinado y el especial y no tienen ninguna indicación que describiera la aplicación de los materiales de repello (véase la 10.2 superficies con repello liso en concreto en interiores y exteriores) y la 5-7 (cielos con repello afinado) y remitió a especificaciones de superficies repelladas y afinadas de paredes que no hay. Que la obra constructiva fue adjudicada a la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., la cual fue recibida en forma definitiva el día 19 de diciembre de 2007, sin embargo el Consorcio como fiscalizadora de la obra, si bien hizo observaciones a la calidad y cualidades del material a utilizar en repellos durante el mes de diciembre 2006, no hizo ninguna observación en bitácora o en los informes mensuales de inspección, así como de desprendimientos o agrietamientos que presentó la obra.
Que desde el año 2008 se iniciaron gestiones en procura de que las accionadas repararan los defectos acusados, sin embargo no lo hicieron. Reclamo que se reiteró desde el año 2012 y hasta el año 2015, sin resultados positivos. Acusó la representación estatal que el Consorcio Piasa-Condisa rechazó el reclamo formulado bajo el alegato de que no era la responsable de la aplicación del material y la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., sostuvo que el desprendimiento del repello (abofamiento o repello bofo) que presentaba las paredes internas y columnas del edificio se debía a la falta de mantenimiento. Igualmente indicaron que el plazo de garantía había fenecido y que por tanto liberados de responder frente a dicho reclamo. Que en reiteradas ocasiones se les indicó que el problema del desprendimiento del repello obedeció a una mala preparación de las paredes a las que se les aplicó el repello, pues no contó con la adherencia o anclaje necesaria, sin embargo la Constructora indicó que si los desprendimientos tuviesen causa en una mala preparación de las paredes, ello hubiese aparecido desde el segundo mes de concluida la obra.
Así, la representación estatal acusó un incumplimiento en sus obligaciones con respecto al Consorcio Piasa-Condisa por no haber detallado en planos lo referido a los repellos de las paredes y columnas internas del edificio, así como no haber ejercido una inspección detallada, lo cual era su obligación a efectos de evitar ese tipo de fallas en la obra. También reclamó responsabilidad a la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., en razón de que en su criterio, dicha empresa falló a la hora de alistar las paredes donde se aplicaría el material de repello, el cual es un acabado, que requiere que las paredes tuviesen las condiciones necesarias para generar una adherencia o anclaje optimo, de forma que el material de repello no se desprendiera con el pasar del tiempo. La representación estatal acusó que los daños que presentó el edificio con el pasar del tiempo constituye un vicio oculto, ya que ese tipo de defecto se va manifestando y evidenciando con el pasar del tiempo.
Sostuvo que con base en lo dispuesto en el artículo 35 de la LCA, las accionadas deben responder por los vicios acusados, y que para ese tipo de reclamo la Administración cuenta con un plazo de 10 años. Plazo que se vio interrumpido por las múltiples gestiones que se hicieron entre los años 2012 y 2015 tendientes a que las accionadas subsanaran los yerros acusados, sin embargo no hubo una respuesta positiva. En razón de lo expuesto esa representación solicitó que en sentencia se declare el incumplimiento de los contratos suscritos con las accionadas, a saber, el No. 21-CG-04 (Piasa-Condisa) y el 03-CG-06 (Constructora Gonzalo Delgado S.A.) para la elaboración de planos, fiscalización y construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, y por ende se les condene solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados y por ende al pago de todos los costos y gastos para reparar los desprendimientos de repello en la obra, incluyendo dentro de dichos rubros el monto correspondiente para reubicar al personal mientras se hace la reparación en otro edificio alquilado.
Monto que se estimó prudencialmente en la suma de 139.857.756,96 colones más los intereses legales e indexación sobre el monto de todos los daños a título de perjuicios causados hasta su pago. Trabada así la litis, este Tribunal analizará la demanda en tres niveles. En un primer nivel se analizará lo referido a la naturaleza jurídica de los vicios ocultos en obras constructivas, en su fase de planeación y construcción. Luego, sobre la naturaleza de los problemas que presentó la obra constructiva del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, en cuanto a los repellos en sus paredes y columnas internas se refiere y finalmente determinar la posible responsabilidad patrimonial de las accionadas en el presente caso. A) Sobre los vicios ocultos en general: Conforme a la doctrina y a la reiterada jurisprudencia los vicios ocultos se definen como aquellos vicios o errores que hace impropio el bien para la finalidad de su destino normal o que afecte su funcionamiento y que de haberlos conocido el afectado de manera previa no habría adquirido el bien o aceptado la obra, o bien pagado menos por ella.
En resumen, se considerará un vicio oculto aquel defecto que exista antes de la compraventa o de la entrega de la obra, entratándose de bienes inmuebles, que revistan una cierta gravedad y que no sea fácilmente detectable por el comprador a simple vista, pues suele suceder que estos vicios se manifiesten y detecten en el transcurso del tiempo. En cuanto a la responsabilidad patrimonial por este tipo de vicio, la Sala Primera en reiterada jurisprudencia ha señalado: "...En la compraventa existen dos tipos de garantía: la garantía por evicción y la garantía por vicios ocultos. (...) - Por su parte, la garantía de saneamiento o por vicios ocultos es un efecto natural del contrato de compraventa.- Se refiere a la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y que ésta sea apta para cumplir con la función para la que normalmente está destinada, es decir, que debe entregar la cosa en buen estado, sin vicios o defectos que hagan impropio, o afecten notablemente su uso normal.
En cuanto a estos vicios, el artículo 1082 del Código Civil dispone que: "La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de los llamados redhibitorios, salvo si esos vicios o defectos envuelven error que anule el consentimiento, o si hay estipulación en contrario." El artículo establece en realidad una acción de nulidad relativa o anulabilidad, basada en un vicio de la voluntad: el error. Dicha acción se funda en los vicios ocultos y en el error, conjuntamente.- Aunque la venta no pueda ser anulada por la sola existencia de los vicios ocultos, -salvo que constituya, además, error que anule el consentimiento-, siempre queda la posibilidad de la responsabilidad contractual común del vendedor, quien tiene la obligación de entregar la cosa en forma tal que cumpla su función normal a cabalidad; responsabilidad que podría derivar en una indemnización por daños y perjuicios, según la naturaleza del incumplimiento." (Ver entre otras sentencias de la Sala Primera la No. 320, de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990).
De esta forma dentro de las obligaciones legales del contratista, es entregar la cosa de una manera funcional sin que contemple vicios ocultos y en el caso que estos surjan, dan pie a una responsabilidad por daños y perjuicios en aquellos casos en que el negocio jurídico pactado (contrato) no pueda ser anulado. También resulta oportuno reiterar en este apartado que el plazo que ostenta el acreedor para reclamar este tipo de vicios, si bien la legislación común prevee una serie de plazos para efectos de hacer valer dicho derecho, en el caso que nos ocupa por encontrarnos ante una obra pública, como lo fue la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba el plazo para esos efectos es el que contempla el artículo 35 de la LCA y 38 de su Reglamento. En este sentido, la línea jurisprudencial de la Sala Primera ha señalado: "...El artículo 35 de ese cuerpo legal dispone la situación inversa, esto es, cuando la Administración es quien hace el reclamo: “Prescripción de la responsabilidad del contratista.
En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras públicas, el término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra.”, en iguales términos está redactado el canon 38 del Reglamento." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número Identificacion169, de las 15:20 horas del 7 de mayo de 2009). De esta forma, el plazo para que la Administración reclame incumplimiento contractual por daños y perjuicios causados por vicios ocultos, será en principio de 5 años, pero cuando nos encontremos frente a una obra pública, dicho plazo se extiende a 10 años. Luego, por ser un plazo de prescripción, conforme al artículo 879 del Código Civil, la prescripción negativa se interrumpe con las gestiones judiciales y/o extrajudiciales, lo que significa que dichas gestiones tienen la virtud jurídica de borrar el tiempo pasado o transcurrido, corriendo a partir de dichas gestiones un nuevo plazo de prescripción.
(Ver imágenes 594, 595, 605, 609 y 610 del expediente digital judicial). ii) Por resolución No. 1582-10 de las 11:15 horas del 11 de mayo de 2010 se sancionó al Consorcio PIASA-CONDISA por incumplir con lo contratado, al errar en el diseño y descuidar la inspección de la obra. Además, por resolución No. 1656-10 de las 11:50 horas del 14 de mayo de 2010 se sancionó a la empresa "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por incumplir con lo contratado, pues entregó un objeto contractual de inferior calidad al pactado. (Ver imágenes de la 1674 a la 1699 y de la 4081 a la 4094 del expediente administrativo digital). iii) Por correo electrónico del 31 de mayo de 2012 se le previno a la empresa "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar los desprendimientos de 1 m2 de repellos en la pared aledaña a la ducha y una columna del sótano, al considerarse una falla del mortero por adherencia a la superficie y por tanto un vicio oculto.
Que "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por correo electrónico del 01 de junio de 2012 contestó que el repello en el sitio se hizo utilizando un material de INTACO el cual de previo a su aplicación se pidió autorización por oficio PJ-104-2006, y se colocó una vez que dicho permiso fue aprobado. Pero que al no ser falla del primer mes es producto de la naturaleza, y no un vicio oculto. (Ver imágenes de la 903 a la 908 del expediente digital judicial). iv) Por correo del 7 de junio de 2012 se le requirió nuevamente a la empresa "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar el daño por garantía y en respuesta esa empresa, el día 11 de junio de 2012, indicó que la garantía de cumplimiento era por 6 meses por lo que estaba vencida, por lo que por oficio 2589-DP/18-2012 del 13 de agosto de 2012, se le indicó a la empresa que la garantía era de indemnizar por desperfecto o vicio oculto durante 10 años, y una una vez mas se le solicitó realizar la reparaciones.
No obstante por oficio PJ-373-2009, del 17 de agosto de 2012 la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." señaló sobre el desprendimiento del repello, que el colocado era de superior calidad al especificado, pero que no tenía la ductilidad de la estructura para soportar sismos, viento u otra fuerza externa. (Ver imágenes de la 903 a la 908 del expediente digital judicial). v) El día 27 de agosto de 2012 se puso en conocimiento de la "Constructora Gonzalo Delgado S.A."; el oficio 8192-DP/18-2012, del Jefe de la Sección de Arquitectura, según el cual, el desprendimiento del repello se debió a una mala preparación de la superficie y la adherencia del aditivo o repello y esa Constructora por oficio PJ-374, del 06 de setiembre de 2012, y sobre el repello adjuntó el reporte de la visita al sito por INTACO indicando que las grietas en el repello son evidencia de fuerzas naturales o son normales. (Ver imágenes de la 3375 a la 3378 del expediente administrativo digital). vi) El día 16 de diciembre de 2013, aparecieron más repellos desprendidos en el área de cárceles, de investigadores del OIJ, costado oeste del edificio y sótano.
Grietas al frente de la soda, el área de fotocopiado y de información, al costado norte del Juzgado de Familia, en la oficina de su titular y otros diferentes lugares, por lo que se pidió a la "Constructora Gonzalo Delgado S.A." revisar y corregir, y al día día siguiente por oficio PJ-375 la Constructora se negó atender lo solicitado alegando que la garantía había vencido y agregó no le correspondía el mantenimiento del edificio, manifestación que fue reiterada en su oficio CONS PC-004-2014 del 17 de febrero de 2014, sosteniendo que lo hallado era poco y no obedecía a defectos de diseño o constructivos sino a agentes exógenos de mantenimiento. (Ver imágenes de la 3478 a la 3492 del expediente administrativo digital). vii) El Departamento de Servicios Generales en el oficio 594-04-SG-2014, identificó una cantidad considerable de paredes que presentaban problemas de repello bofo o desprendido, cuya adherencia disminuyó con los años y se desprendió totalmente y por oficio 4477-DP/18-2014 del día 08 de julio de 2014, se le requirió al Consorcio PIASA-CONDISA y a la sociedad "Constructora Gonzalo Delgado S.A." reparar los repellos, sin embargo la "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." por oficio PJ-379-2014 de 21 de julio de 20014 rechazó su responsabilidad por vicios ocultos y reiteró que los deterioros eran debidos a una falta de mantenimiento, el paso del tiempo o eventos de la naturaleza.
Por su parte el CONSORCIO PIASA-CONDISA por oficio CONS PC-017-2014, pidió una cita para hallar una solución. En dicha reunión celebrada el día 12 de agosto de 2014, los personeros del CONSORCIO PIASA-CONDISA manifestaron que la inspección semanal de la obra fue basada en la confianza en la Constructora y no fue posible verificar cada etapa de trabajo con detalle o a diario y aunque estuvieron dispuestos a asumir otros arreglos, negó responsabilidad en el desprendimiento de los repellos. Manifestaciones que fueron reiteradas en el oficio CONS-CP-019-2014 del 19 de agosto de 2014. (Ver imágenes 2737, 2738, de la 3532 a la 3534 y de la 3550 a la 3552 del expediente administrativo digital). viii) Por oficio 5354-DP/18-2015 del día 05 de agosto de 2015, se le solicitó nuevamente a la "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A." la reparación de los repellos, no obstante por oficio PJ-380-2014 del 11 de agosto de 215, respondió que si la falla se debiera a la mala preparación o adherencia del material de repellos en paredes, dicha situación se hubiese evidenciado dentro del segundo mes de aplicado el material y que si la Consultora no tenía responsabilidad ella tampoco, pues se trataba de una responsabilidad compartida.
(Ver imágenes de la 3635 a la 3637 a la del expediente administrativo digital), sin embargo a pesar de todas estas gestiones no se encontró una respuesta positiva de las empresas requeridas. Además de dichas gestiones se tiene por acreditado también que la Administración del Poder Judicial contrató los servicios técnicos de la empresa FSA Ingenieros y Arquitectos S.A., la que una vez realizadas las pruebas técnicas de rigor concluyó en lo que interesa: "...Con base en la evaluación del estado actual de los repellos, los ensayos realizados y la revisión de la documentación del proceso constructivo se concluye lo siguiente: ·El edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba presenta un problema generalizado de los repellos, el cual ocurre en las distintas áreas y niveles de la edificación. No es posible por lo tanto determinar un patrón que permita concluir que se deba a una cuadrilla particular o a una condición climática por ejemplo.
La cantidad de elementos con repellos desprendidos excede lo que se podría esperar como parte del deterioro normal de un edificio. ·De los ensayos de pull–off se obtuvo que la adherencia de las muestras de repello sobre concreto fue sumamente inferior a la muestra de repello sobre mampostería. ·No hay ninguna documentación que evidencie que se hayan presentado problemas con los repellos durante el proceso constructivo. El primer problema de esta índole se reporta en mayo del 2012. ·Los planos y especificaciones técnicas no establecen con claridad el alcance del proyecto en el tema de repellos. Los planos muestran una cantidad limitada de elementos que deben repellarse, que no corresponde con lo que se realizó en la construcción. Adicionalmente, no se define el material, método de aplicación ni requisitos adicionales para los repellos del proyecto. ·Se considera que las causas más probables para los problemas de desprendimiento de los repellos corresponden a una mala adherencia del producto colocado y/ó a una mala preparación de las superficies en donde se colocó el repello. ·Se descartan otras causas de los problemas en los repellos tales como humedad, deformación del edificio por asentamientos diferenciales y deformación del edificio durante eventos sísmicos, debido a que no concuerdan con las características del edificio ni de los daños observados.
Con respecto a la responsabilidad de la empresa consultora Consorcio PIASA-CONDISA y la Constructora Gonzalo Delgado en los problemas de desprendimiento de los repellos de los Tribunales de Justicia de Turrialba se define lo siguiente: ·Consorcio PIASA-CONDISA tiene responsabilidad en tanto no cumplió con la responsabilidad asignada al consultor de definir en sus planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto. Al no especificar materiales, métodos de aplicación del repello, ni claramente los elementos que llevaban este tipo de acabado, se induce a error en cuanto a la manera en que se ejecutan los trabajos. ·Constructora Gonzalo Delgado tiene responsabilidad debido a que los factores que se identificaron como más probables de ser los causantes de los problemas de repellos (mala calidad del producto y/ó mala preparación de la superficie y/ó mala preparación del producto) son atribuibles al contratista.
Se destaca que la aprobación del producto (si existiese) no lo exime de responsabilidad sobre la calidad del producto colocado." Dicho criterio a pesar de que fue aportado como prueba de cargo por parte de la representación estatal, no fue refutado por las empresas accionadas. Luego se tiene que como parte de la prueba pericial, la representación estatal solicitó que se designara un (a) ingeniero (a) civil y un (a) arquitecto (a) para que rindieran un informe en conjunto para que tomando en consideración todos los elementos de la contratación determinen la causa de los daños en el repello. Dicha pericia recayó en la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, quienes su pericia concluyeron: "...CONCLUSIONES PRIMERA ETAPA DEL INFORME: Se deben sentar las responsabilidades del caso contra los responsables de los actos y omisiones que originaron los hechos que se investigaron en el proceso que originó la resolución incurrida.
Respecto a la ejecución de los repellos es criterio de los profesionales asignados que existió un evidente problema de concepción y ejecución de los repellos en muros y columnas del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, lo que ha ocasionado un riesgo y ha obligado a la adopción de medidas de protección de los elementos dañados. Los argumentos de la empresa Constructora sobre los repellos aplicados, no son de recibo para la Administración, porque si bien es cierto que su colocación ha podido acelerar el problema latente en otras zonas diferentes del edificio apareciendo todas las manifestaciones típicas de una patología por desprendimiento y abombamiento de los repellos. -El consorcio PIASA-CONDISA S.A. tiene responsabilidad en tanto no cumplió con la función asignada, al no definir en sus planos y especificaciones técnicas toda la información técnica indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto, al no especificar con claridad las indicaciones correctas en los elementos que llevaban este tipo de acabados, por tanto se induce a error en cuanto a la manera en que se ejecutaron los trabajos.
La Constructora GONZALO DELGADO S.A., tiene responsabilidad debido a que los factores que se identificaron como más incidencia de ser causantes de los problemas de repellos (mala calidad del producto, cambio del mismo y/o mala preparación de la superficie), que aprobó la consultora, son atribuibles al contratista de obra. Se destaca que la aprobación del producto (si existiera porque no se pudo comprobar) no los exime de responsabilidad sobre la calidad del producto colocado los que no cuentan con aprobación documentada en Oficios ni Bitácora). Se recomienda la verificación contractual del reclamo por vicio oculto basado en la evidencia que hay un problema manifestado generalizado en la adherencia del repello a la superficie del concreto..." (...) "...CONCLUSIONES FINALES II ETAPA DEL INFORME: 1. Existe un problema de repellos sueltos en puntos localizados por múltiples paredes y columnas del edificio. 2.
Este tipo de problemas es detectable a los pocos días de colocado el repello. 3. Si no se identificó fue por falta de una correcta inspección. 4. La Constructora Gonzalo Delgado tiene la responsabilidad principal de este problema que no se identificó ni corrigió a tiempo. PIASA-CONDISA como empresa inspectora también es responsable por no identificar este problema a tiempo. CONCLUSIONES FINALES: Las responsabilidades del caso, se deben sentar: contra los responsables de los actos y omisiones que originaron los hechos que se investigaron en el proceso que originó la resolución incurrida. Se evidencia el problema de concepción y ejecución de los repellos en muros y columnas del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba. Se ha ocasionado un riesgo y ha obligado a la adopción de medidas de reparación y protección de los elementos dañados en paredes y columnas. Sobre los repellos aplicados, no puede aceptarse la argumentación de la empresa constructora, porque si bien es cierto que su colocación ha podido acelerar el problema latente en otras zonas diferentes del edificio apareciendo todas las manifestaciones típicas de una patología por desprendimiento y abofamiento de los repellos su actuación no es la de ética correcta.
La empresa Consultora. tiene responsabilidad por no haber cumplido definiendo en los planos y especificaciones técnicas toda la información indispensable para la correcta ejecución de los trabajos de repello en el proyecto y claramente los elementos que llevaban este tipo de acabados, por tanto en cuanto a la manera en que se ejecutaron los trabajos, induce a error. La empresa Constructora tiene responsabilidad debido a que los factores que se identificaron como probables de ser causantes de los problemas de repellos (mala calidad del producto y cambio del mismo ) y/o mala preparación de la superficie, que aprobó la consultora, son atribuibles al contratista de obra. Se destaca que la aprobación del producto (si existiera porque no se pudo comprobar) no los exime de responsabilidad sobre la calidad del producto colocado. Se recomienda a verificación contractual el reclamo por vicio oculto amparado al indicar que existe un problema manifestado generalizado en la adherencia del repello a la superficie del concreto.
Es criterio de los peritos que para la realización de reparaciones y por la dificultad que representa una remodelación con actividad normal de los juzgados y en general de la operación administrativa del edificio, determinamos que dicha reparación debe darse con ausencia de funcionarios y personal judicial. Es importante indicar que la PGR, debe presentar la cotización preliminar de este gasto actualizado..." Conclusiones que fueron expuestas ante este Tribunal en fase de juicio oral y público. Por su parte la representación del Consorcio Piasa-Condisa solicitó el nombramiento de un perito para que determinara si existió una afectación de elementos de la obra por vicios ocultos, derivados de la construcción. Además de estimar las zonas ó áreas donde se plasmaron esas afectaciones y las razones de la misma. Determinar si existe responsabilidad ligada por parte de la inspección y de la constructora, así como el grado de responsabilidad de cada una de las partes.
Dicho peritaje recayó en el Ingeniero Edgardo Siles Morales, quien concluyó en su pericia: "...4.1 Se concluye que producto de las obras de construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, obra a cargo de la empresa constructora Gonzalo Delgado S.A, se presenta una situación de vicio oculto con la actividad de acabado de repello fino, lo que deriva un desprendimiento de parte del mismo acabado, siendo necesaria su reparación y el consecuente pintado de toda el área afectada..." Además de las pericias anteriores, en la audiencia de juicio se evacuó el testimonio del Ingeniero José Guillermo Vindas Cantillano, para que como Subjefe del Dpto. de Servicios Generales del Poder Judicial declarara como testigo perito, y quien ante este Tribunal señaló que desde el punto de vista de la Ingeniería, el "vicio oculto" es todo aquello que está mal hecho o hecho sin cumplir las exigencias técnicas, pero que dichas deficiencias no se perciben a simple vista y para determinar su existencia y causa se requiere prueba técnica.
Que revisó los repellos del edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba, y concluyó que en su criterio el desprendimiento del repello se debió a una mala preparación de la superficie a repellar, por lo que no se logró la adherencia necesaria, de forma que el repello quedase debidamente anclado en la pared. Señaló que se reclamó a las empresas y que el Consorcio Piasa-Condisa declinó el reclamo alegando que no era de su responsabilidad la aplicación del repello y la Constructora González Delgado S.A. indicó que ellos no eran responsables. También declaró el señor Luis A. Solís Jiménez, Administrador del Edificio y dijo que revisó el edificio y a pesar de que era nuevo presentaba una serie de daños en sus paredes y pisos, tales como desprendimiento del repello. Que presentaron reclamos en el año 2013, pero que el tema de los repellos nunca fue reparado por las accionadas. Que la empresa Constructora Delgado S.A., se limitó a indicar que aplicaron el material de repello conforme a las especificaciones técnicas.
Finalmente se recibió el testimonio del Ingeniero David Scott Anglin, quien indicó que en no participó en la fase de la elaboración de los planos, y que fue el Inspector de la Obra designado por el Consorcio Piasa-Condisa, y con respecto a los repellos manifestó, que en un principio se iba a utilizar para repellar las paredes y columnas internas una mezcla de arena fina, con cemento y cal, sin embargo luego se optó por aplicar un material distribuido por la empresa INTACO denominado REPAMAX. Que durante sus visitas o inspecciones de la obra nunca vio irregularidad alguna al momento de preparar el material de repello, sin embargo aclaró que como Inspector designado por el Consorcio, no estuvo presente todo el tiempo, de forma que aunque el material REPAMAX contiene una ficha técnica para su aplicación, no supo si se respetó o no durante todo el tiempo en que se aplicó. Conforme a las pericias realizadas es claro que se dio un problema con respecto al repello en las paredes y columnas internas del edificio.
Problemas que fueron calificados como vicios ocultos por los peritos, en razón de su naturaleza constructiva. De esta forma no hay duda para la Cámara que efectivamente la presente reclamación obedece entonces una responsabilidad contractual, responsabilidad que conforme a lo indicado por la Sala Primera en su jurisprudencia (Sentencia No. 320, de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990), puede derivar en una indemnización por daños y perjuicios por vicios ocultos, siempre que la reclamación se haga dentro del plazo establecido en el artículo 35 de la LCA y 38 de su Reglamento. C) De la responsabilidad de las accionadas: Conforme a lo expuesto, y con base en la prueba evacuada, es claro que las empresas accionadas tienen responsabilidad respecto a los daños por abofamiento en los repellos de las paredes y columnas internas que presentó el edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba. 1) En cuanto a las empresas PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. y CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) tenemos que incurrió en un incumplimiento a sus obligaciones contractuales al no indicar en los planos constructivos contratados, los detalles técnicos referidos, al material y a la técnica para repellar las paredes y columnas internas del edificio.
En este sentido nótese que el peritaje realizado por la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, señaló: "...Se realizó una revisión exhaustiva de los documentos aportados como pruebas por el Poder Judicial y su Departamento de Servicios Generales, en representación de la Procuraduría General de la República el objeto de conocer todo el proceso sobre la formulación de la demanda planteada al Consorcio PIASA-CONDISA y a la Constructora Gonzalo Delgado S.A. La siguiente documentación fue la entregada: 1-Carpeta con: Audiencia 4 de junio 2019, 2- Carpeta con: Demanda con ajustes y prueba procuraduría con 3 CD,-CD1: Expedientes Administrativos, 7 PDF de Documentos de Construcción de edificio de los Tribunales de Justicia, A1 a A3 con Contratación de Consultoría. -CD2 con Carpetas: a- Doc. De contratación de consultoría, b-doc. De contratación de construcción, c: dos.
De ejecución de construcción, d: dos. Varios, e: dos. Periciales y fotos, certificación. -CD3: 1- Carpeta con Presupuestos Procesales, carta Última Prueba. 1- Carpeta con pruebas PGR después de la demanda, contiene fotos de daños en repellos, más certificaciones de profesionales. 2- Carpetas con: pruebas de la PGR, fotos corregidas de 2018. Word.ca. Ajusta pretensión (presupuesta daños PGR), Word.ca. Agrega hecho. Expediente actualizado- Conocimiento, aporta 181 planos. Documento: Asunto: Demanda. B- De la revisión de documentos: Sobre la evaluación de los diferentes aspectos a considerar, como cláusulas de los Carteles de Licitación y de los Contratos de Consultoría y de Construcción respectivos del proyecto de los Tribunales de Justicia de Turrialba, se observó lo siguiente: La Consultora del proyecto PIASA-CONDISA, en lo referente al desarrollo de los PLANOS CONSTRUCTIVOS y según el Cartel dice: "los planos deben contener la información gráfica y escrita indispensables para la correcta ejecución de la obra" En la revisión de los planos se describen los conceptos más importantes en referencia a los aspectos legales y éticos que le afectan al proyecto e involucran a la empresa PIASA-CONDISA.
El proyecto contempla tres niveles con: 1- planta de primer nivel AR-021, con un total de 49 aposentos, 2- planta AR-13, del segundo nivel, con 45 aposentos, 3- planta de sótano con 38 aposentos. Total 128 aposentos, con un área construida total de 4.340 m2. De los documentos aportados por el Poder Judicial, se encontraron los siguientes aspectos: 1- La indicación en las plantas arquitectónicas (AR) de un cuadro con toda la simbología y la indicación de los acabados, solo se incluye un cuadro con el aposento y el tipo de cielo y de piso en cada aposento, en los tres niveles del edificio. 2- La simbología correcta en las plantas de los acabados de rodapié y tipo de repello en paredes. 3- Si se determinó que en la simbología para ubicar el tipo de repellos viene indicada en los planos arquitectónicos de fachadas, cortes y detalles, que se localizan en los siguientes planos revisados: AR-04, AR-31: Se definen repellos e impermeabilizantes en paredes del sótano.
AR-62, AR-63: Se indica repello fino en paredes del sótano AR-58: Repello especial en paredes a la salida de las escaleras en el sótano y del ducto interno de las escaleras de emergencia. AR-60: Repello especial en el fondo de la escalera del acceso este. AR-63: Repello afinado en paredes del ducto del elevador. AR-29, AR-30, AR-33, AR-59, AR-60: Repello afinado en paredes externas del edificio. AR-29, AR-30, AR-31, AR-33, AR-61: Repello afinado en muretes, muros de contención y jardineras externas del edificio. En referencia a la aplicación de repellos, éstos solo se contemplan para las paredes y columnas del sótano, en escaleras de emergencias y ducto del elevador y en elementos externos del edificio, en las paredes y columnas internas del primer y segundo nivel, no se indican los repellos. C- De las Especificaciones Técnicas: De acuerdo al cartel se menciona que éstas deben contar con una descripción detallada del alcance de la misma y de cualquier particularidad.
Según una revisión de las mismas en referencia a la descripción de los repellos, no aparece ninguna sección que describa amplia y detalladamente sobre los procedimientos de la aplicación y características de los materiales a emplear, ni se describen diferencias de los tipos de repellos afinados y especiales, según se indican en los planos. En las especificaciones sobre el tipo de material a emplear en los repellos, solo aparece reflejado en el Presupuesto Detallado de Obra, en los Conceptos, donde se especifica: "MORTERO IMPERPLASTER -MORTAR- IMPERSA-1.5MM." En la Sección 10.2 "Superficies con repello liso de concreto en interiores y exteriores", se describe el procedimiento para la aplicación de la pintura en estas superficies. No existe ninguna indicación acerca de los repellos. De la revisión de las Especificaciones Técnicas elaboradas por el consorcio PIASA-CONDISA S.A., en abril de 2005, no se encuentra ninguna descripción en alguna sección que describa la aplicación y materiales de repello solicitadas para aplicar al proyecto.
Tampoco se encuentra ninguna definición de las diferencias entre el repello Afinado y el Repello Especial que se indican en los detalles constructivos de los planos. Sobre el repello se mencionan las diferencias siguientes: En "cielos de repello afinado" de la sección 5-7 del contrato de consultoría se indica: "los cielos constituidos por la parte inferior de las losas de concreto irán con repello. Este repello se ajustará en todo a las superficies repelladas y afinadas de paredes, de estas especificaciones escritas" Sin embargo, se destaca que la sección de superficies repelladas y afinadas no aparece en las especificaciones técnicas. En planos y especificaciones técnicas no hay claridad respecto al tema de los repellos, solo se indica una cantidad limitada de estos elementos que deben repellarse, en el 1er y 2do. Nivel. En la mayor parte de los elementos, no hay ninguna indicación que se debe dar un acabado repellado.
Se concluye que una tarea fundamental del Consultor es establecer los alcances del proyecto con claridad, la cual consideran los profesionales asignados a este peritaje no fue realizada adecuadamente en este caso. Tanto en los planos como en las especificaciones existen vacíos de información importantes, que dejan sin definir técnicamente y de forma clara y total de los acabados y su aplicación en el proyecto. D- Con relación al uso del Cuaderno de Bitácora se observa: 1- El contratista al no informar oportunamente a las autoridades competentes del cambio del material de repello, ocasiona un problema, ya que no aportó indicaciones claras sobre el material de repello a aplicar. Lo cual tampoco fue consultado por él mismo, para cambiar el tipo de material a emplear, por lo tanto, hay incumplimiento, debido a que no existen pruebas documentadas de Oficios aprobados por las autoridades competentes sobre el hecho mencionado.
La única anotación en bitácora de la consultora Nombre111124 es del 6 de diciembre de 2006, donde indica que se realizaron varias observaciones en cuanto a la calidad del repello y los cuidados que se deben tener con éstos (anotación del Supervisor Ing.. David Scott). Esta indicación no garantiza que no existieran problemas. Ver en anexos, hoja No. 000082, SERIE No. 1390 del cuaderno de bitácora E- Con relación a cumplimientos contractuales se observa: 1- Considera la empresa Consultora PIASA-CONDISA S.A., que existe un interés de la PGR, en que se determine que hay un incumplimiento contractual, dada la obligación de la Administración del proyecto, de velar por el fiel cumplimiento de las condiciones del cartel de licitación en sus procedimientos de contratación y si existe magnitud patrimonial del daño ocasionado. 2- Que Nombre111124 si fue responsable por defectos de diseño, en la inspección, en el recibo de materiales y defectos en las recepciones provisionales y finales, se recomienda proceder a valorar la responsabilidad que le corresponde de acuerdo a lo actuado, sus obligaciones y en observancia a los reglamentos del CFIA, que norman esta actividad. 3- Siendo que la empresa consultora tenía conocimiento pleno de las especificaciones técnicas, al haberlas elaborado en su totalidad, hay razones que le debían impedir aprobar algo que no estaba contemplado dentro del contrato (mortero de características diferentes) y que no aparece documento alguno de su aprobación. 4- La consultora solicita que posibles faltas sean descartadas, para lo cual justifican con argumentos técnicos, señalando que "la causa más probable es la mala preparación de la superficie y/o del producto y deben ser atribuibles a la empresa constructora de la obra.
Es importante indicar que dicha empresa aceptó el cambio del material, del cual no aparecen los Oficios aprobados por la Dirección General del proyecto. 5- La contratista Nombre111124 declaró que el motivo por el que no se resolvió correctamente la aplicación de los repellos, es que ellos "confiaron en la buena fe del contratista. Los suscritos peritos determinamos que no es de recibo dicha afirmación, pues en aspectos medulares de la contratación administrativa, es claro que se brindan garantías fiduciarias, declaraciones juradas de experiencia, entre otros documentos..." Además del testimonio del Ingeniero David Scott Anglin, se tiene que la fiscalización de la obra no se hizo por parte del Consorcio de una manera oportuna, pues indicó que no siempre se acudía al lugar de la obra, de manera que no hubo certeza de que se cumpliera siempre con las especificaciones técnicas que exigía el material empleado o que las paredes a repellar presentaran las condiciones constructivas idóneas para lograr la mayor adherencia y anclaje del material utilizado para sus repellos, y así evitar su posterior desprendimiento, ya fuera por una incorrecta aplicación del material o por una indebida preparación de las paredes a repellar.
Tampoco se acreditó que el Consorcio realizara pruebas técnicas para cerciorarse de la correcta aplicación del material. 2) En cuanto a la empresa "CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.": En este sentido nótese que el peritaje realizado por la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz y el Ingeniero Mario Antonio Rodríguez Ramírez, señalaron en lo que interesa: "...SEGUNDA ETAPA DEL INFORME: Situación: Luego de hacer un recorrido por las instalaciones del Poder Judicial, se encontraron daños en los repellos de diferentes tipos: Daños visibles: Dentro de los daños visibles se encuentran desprendimientos de repellos, grietas, abombamientos, caída de material. Daños no visibles: En múltiples paredes y columnas se encuentran repellos "bofos". Esto es, que no hubo una correcta adherencia entre el repello y la superficie en la que este se aplicó. Entonces, si bien el repello no se ha caído o agrietado, la deficiencia en el mismo existe y se evidencia con pruebas de contacto.
En todas las paredes internas de concreto del edificio se encuentra al menos uno de los problemas antes mencionados, en ocasiones más de uno. Tipos de problemas existentes: Preparación de la superficie: En el momento de colocar repellos, es muy importante la preparación de la superficie en donde este se va a colocar. En el caso presente, los elementos de concreto se colaron utilizando paneles metálicos para encofrarlos. Los paneles metálicos son de uso común en las construcciones y tienen la particularidad de que con ellos se obtienen superficies lisas. El problema con esto es que los repellos trabajan por adherencia, y entre menos porosa es la superficie, menor es la adherencia del repello. Así que se pueden picar superficialmente los elementos de concreto para generar una superficie rugosa. O bien, se puede aplicar un aditivo promotor de adherencia. De acuerdo con la información encontrada en el expediente, el constructor presentó un submittal solicitando la aprobación del uso de REPEMAX de INTACO para la aplicación de los repellos.
La ficha técnica del REPEMAX recomienda la utilización de MAXICRETE para mejorar la adherencia. Sin embargo, no hay evidencia de que este se haya utilizado o no en la aplicación de repellos. El contratista debió seguir la recomendación dada en la ficha técnica del mortero y los inspectores debieron verificar que el producto se estaba aplicando de acuerdo con las instrucciones de aplicación del producto. Cabe mencionar, que este tipo de desprendimiento no se debe a movimientos sísmicos ni a asentamientos de la estructura, sino a una mala adherencia entre el material de repello y la superficie de concreto. Conclusión: 1. No hay evidencia si la constructora utilizó o no algún material promotor de adherencia para el repello. No hay evidencia de preparación mecánica de la superficie. Existe un problema generalizado de adherencia en todo el edificio, principalmente en las columnas de concreto. 2.
La constructora, por su proceso interno de control de calidad debería tener registro de la aplicación del aditivo promotor de adherencia (si es que lo usó). Y PIASA, como encargada de la inspección, tenía la responsabilidad de verificar el proceso de colocación de repellos y validarlo. La responsabilidad del desprendimiento de los repellos es compartida entre Constructora Gonzalo Delgado y PIASA-CONDISA..." Por su parte el Perito Siles Morales indicó en su estudio: "...Se determina que si existe responsabilidad por parte de la empresa constructora, por falta de adherencia en el acabado de las paredes, obteniendo un área de afectación de 139,55 m2 de repellos afinados y de 607,75 m2 de pintura, el área de pintura es mayor al de repello por cuanto para poder reparar estos "parches" se deberá inevitablemente tener que pintar toda el área de la pared, ya que de "repintar" todos los parches no se haría una reparación integral no se estaría dejando la pared tal y como estaba estipulado en el alcance de la oferta y en los términos del contrato..." De esta forma, existe responsabilidad de las accionadas por incumplimiento contractual por los los vicios ocultos acusados.
Responsabilidad solidaria entre el Consorcio PIASA-CONDISA y la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO, en virtud de que en razón de los vicios acreditados no es posible separar ambas responsabilidades, toda vez que existió un yerro en el Consorcio a la hora de realizar el levantamiento de los planos al no detallar los referido a los repellos en paredes y columnas internas, así como la deficiente fiscalización sobre la construcción de la obra y por parte del la Constructora, al no cumplir con su obligación de preparar de una manera adecuada la superficie y posterior aplicación del material de repello. Ahora, si bien el perito Siles Morales exime de responsabilidad al Consorcio al señalar que la Inspección se hizo conforme, esta Cámara no comparte dicho criterio, en razón de que la Inspección falló, lo cual fue reiterado con la declaración del testigo Scott Anglin al manifestar ante este Tribunal que la fiscalización no se hizo de una manera continua y que no estuvo presente a la hora de prepararse el material de repello. Luego, el hecho de que la obra haya sido recibida de conformidad, ello no exime de responsabilidad, ni al Consorcio Piasa-Condisa, ni a la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A.
La representación estatal solicitó que en demanda se declare que la empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. (PIASA) y la empresa Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA) denominadas el Consorcio Piasa-Condisa, incumplieron sus obligaciones contractuales de conformidad con lo dispuesto en el Contrato No. 21-CG-04 denominado "Servicios de consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba." Además, que se declare igualmente el incumplimiento de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. del Contrato No. 03-CG-06 "Construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba", y se les condene solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados al Estado, incluyendo todos los costos y gastos hechos para reparar los desprendimientos de repello en el edificio, y los costos por reubicar al personal mientras se hace la reparación en otro edificio alquilado; monto que estimó prudencialmente en la suma de 139.857.756,96 colones, más sus intereses legales hasta su efectivo pago e indexación.
En cuanto a este extremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.e del CPCA, la representación estatal estimó prudencialmente los daños y perjuicios en la suma de 139,857,765.96 colones. Además como parte de la pericia encargada al Ingeniero Antonio Rodríguez Ramírez y a la Arquitecta María Antonieta Carboni Aguiluz, fue el de cuantificar los daños patrimoniales causados al Estado, los cuales fueron estimados en la suma de 95,394,792.00 desglosados de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 1 DEMOLICIONES 1.500.00 M2 6,446.64 9,669.962.50 2 REPELLOS 1.500.00 M2 19,413.37 29.120.067.00 3 PINTURA 1.500.00 M2 5.491.02 8.236.531.89 4 RODAPIE 356 ML 4.519.231.36 5 TRANSPORTE Y ESCOMBROS GBL GBL 1,620.000.00 1.620.000.00 6 LIMPIEZA GENERAL 2.100.00 M2 800.00 1.728.000.00 TOTAL COSTO REPELLOS 54.894.792.75 COSTO DE ALQUILER DE OFICINAS 40.500.000.00 MONTO TOTAL 95.394.792.75 Por su parte el Consorcio Piasa-Condisa solicitó que en la pericia que realizó el Ingeniero Edgardo Siles Morales, se determinara el costo de la posible afectación, así como de los costos por las eventuales reparaciones a cargo de las accionadas. En dicho sentido el Ingeniero Siles Morales indicó en su pericia, que de considerarse responsable a la empresa Constructora el monto de las reparaciones asciende a la suma de 5,455,885.00 colones y del Consorcio la suma de 163.677.00 colones.
Además este última pericial consideró innecesario el traslado del personal durante las obras de reparación de las zonas afectadas. De esta forma tenemos dos avalúos muy distintos entre sí en cuanto a los montos necesarios para completar de manera íntegra las zonas afectadas por el desprendimiento del repello. Luego el segundo avalúo pericial no consideró necesario el traslado del personal, situación que no comparte este Tribunal, toda vez que se debe considerar el servicio público que se presta en la instalaciones de los Tribunales de Justicia en Turrialba. Para esta Cámara es claro que dicho servicio se va afectar, de mantener a los funcionarios y a los usuarios en dicho lugar mientras se realizan las obras de reparación. Así las cosas, se deberá contemplar este rubro dentro del monto a indemnizar por parte de las accionadas al Estado, sin embargo ante la diferencia tan marcada entre una y otra pericia en cuanto a los montos se refiere; esta Cámara considera que el monto en definitiva, correspondiente a los daños y perjuicios reclamados, deberá fijarse en fase de ejecución de sentencia.
Al monto precisado en esa fase se le deberá reconocer los intereses de ley hasta su efectivo pago. En cuanto a la indexación solicitada sobre los montos precisados, este extremo se rechaza. Para lo anterior basta con indicar que, conforme la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la que podemos destacar el fallo identificado con el N° 378-F-S1-2018 de las 14:05 hrs. del 23 de abril de 2018 se ha arribado a la conclusión de que ambos extremos resultan excluyentes, a partir de haberse considerado que: "...el pago de intereses (legales o convencionales) constituye una medida compensatoria e indexatoria a la vez, en tanto ajusta los desacoples en el valor del dinero por el paso del tiempo, así como las afectaciones por la indisponibilidad de aquél", lo que bastando con ello y sin resultar necesario abundar en razones, impone el rechazo del extremo dirigido al reconocimiento de la indexación y así se declara.
Sobre la excepciones de caducidad y prescripción, esta Cámara remite a lo resuelto en el considerando cuarto de la presente sentencia. Además, la representación de la sociedad Constructora Gonzalo Delgado S.A. opuso la excepción de falta de derecho. Por su parte la representación del Consorcio PIASA-CONDISA opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa, falta de interés y falta de derecho. Sobre la excepción de falta de interés actual, la misma debe rechazarse toda vez que el Estado presentó proceso contencioso a efectos de que se determine la responsabilidad de las accionadas en virtud del incumplimiento acusado, lo cual no ha sido resuelto y por ende continua expectante -interés actual- de una resolución a sus pedimentos. Lo anterior, sin duda alguna le da derecho a requerir se le resuelva judicialmente su gestión por lo que no ha operado una pérdida de interés actual y por ende debe rechazarse dicha excepción.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva y activa baste con indicar que la legitimación constituye la capacidad, la aptitud para ser parte de un proceso concreto, como parte pasiva, dependiendo de las condiciones que para tal efecto, la ley procesal preceptúa con relación a la pretensión que se plantea. Ahora, la legitimación deviene ya sea de la relación jurídico-administrativa establecida entre el actor y la Administración, o bien de la ley, de acuerdo a la que ella haya establecido al respecto. Y es que en un proceso existen dos tipos de legitimación, para la causa (ad causam) y para el proceso (ad procesum). La primera (ad causam) versa en verificar si la persona que interpone la demanda tiene jurídicamente hablando un derecho que reclamar, es decir; la parte legitimada es aquella persona que al tenor del derecho de fondo tiene una determinada relación-jurídica con el objeto del proceso, sea la pretensión.
La segunda (ad procesum) consiste en una cuestión procesal, en otras palabras, si quien se apersona tiene capacidad de actuar conforme a la ley o si actúa por otro con el tipo de representación legal adecuada ajustada a nuestra normativa. En el caso subexamine, quedó acreditado que el Poder Judicial, contrató con el Consorcio Piasa-Condisa y con la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., de forma que están ambas sociedades para ser accionadas pasivamente y el Poder Judicial como parte del Estado a accionar judicialmente en razón de lo que se acusó. Finalmente hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión.
Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto. Ahora bien, habiéndose acreditado derecho amparable a favor del Estado excepto en cuanto a la indexación se refiere, lo procedente es acoger parcialmente la excepción de falta de derecho y acoger parcialmente la demanda entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido.
En cuanto a este rubro, al amparo del numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no existe en criterio de este Tribunal motivo alguno para proceder a la exoneración en costas, por lo que debe imponerse el importe de las mismas a cargo de las accionadas, más sus intereses hasta su efectivo pago.
POR TANTO:
Se rechaza la excepción de caducidad, prescripción, falta de interés actual, falta de legitimación pasiva y activa y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido. En consecuencia se condena solidariamente a las empresas PROYECTO DE INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.; CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (Consorcio PIASA-CONDISA) y CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. al pago de los daños y perjuicios en razón de los incumplimientos en la ejecución de lo establecido en el contrato No. 21-CG-04 y en el contrato 03-CG-06, respecto de los repellos de las paredes y columnas internas del edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba, los cuales se precisarán en fase de ejecución de sentencia. Sobre el monto resultante se reconocerán los intereses hasta su efectivo pago. Son ambas costas más sus intereses, a cargo de la sociedades accionadas, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a solicitud de la representación estatal. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Jueces.
*5L43H0LDTKCQ61* JOSE IVAN SALAS LEITON - JUEZ/A DECISOR/A *RWBMSUX7YEQ61* ELIAS BALTODANO GOMEZ - JUEZ/A DECISOR/A *CBXP72NZ7SO61* FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ - JUEZ/A DECISOR/A
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