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Res. 00287-2022 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 25/02/2022

Commutation to community service for illegal loggingConmutación por trabajo comunal en aprovechamiento forestal ilegal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeal is denied and the refusal to commute the prison sentence to community service is upheld.Se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la negativa a conmutar la pena de prisión por trabajo comunal.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, in Resolution No. 00287-2022, denied the appeal filed by the public defender of a defendant sentenced to 20 days in prison for illegal harvesting of forest resources (Forestry Law). The defense argued violation of procedural law and erroneous reasoning on the penalty, as the prison sentence was not commuted to community service despite an agreement in an abbreviated procedure. The Court held that commutation is a discretionary power of the judge, not an automatic right, and that Article 56 bis of the Criminal Code requires verification of willingness to repair the harm; here, the defendant had previously failed to comply with a reparation plan under a suspended trial, demonstrating lack of intent. The Court upheld the original sentence, rejecting the alleged errors and emphasizing that the sentencing court is not bound by the parties' agreement on alternative penalties.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución N° 00287-2022, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de un imputado condenado a 20 días de prisión por aprovechamiento ilegal del recurso forestal (Ley Forestal). La defensa alegaba violación de ley procesal y errónea fundamentación de la pena, al no haberse conmutado la prisión por trabajo de utilidad pública, a pesar de haberse pactado en un procedimiento abreviado. El Tribunal determinó que la conmutación es una facultad discrecional del juzgador, no un derecho automático, y que el artículo 56 bis del Código Penal exige verificar la disposición de restaurar el daño; en este caso, el imputado había incumplido previamente un plan reparador en una suspensión del proceso a prueba, lo que evidenció falta de voluntad. La Cámara confirmó la sentencia original, rechazando los vicios alegados y enfatizando que el tribunal sentenciador no está obligado a seguir lo pactado por las partes en cuanto a penas alternativas.

Key excerptExtracto clave

However, the mere verification of the legal requirements of Article 56 bis of the Criminal Code does not imply that the sentencing court is always obliged to change the prison sentence for community service, as the appellant seems to understand; it should be added that this Court of Appeals considers that in the case at hand, the normative content of Article 56 bis(f) of the Criminal Code is not legally established, as will be explained later when analyzing the grounds given by the trial judge to deny the commutation. It is important to add that, because the parties agreed to apply a special abbreviated procedure in this case, the rules of Article 56 bis must be analyzed together with Article 374 of the Criminal Procedure Code, which provides: '[...] Initial Procedure. The Public Prosecutor's Office, the complainant and the accused, jointly or separately, shall state their desire to apply the abbreviated procedure and prove compliance with the legal requirements. The Public Prosecutor's Office and the complainant, as the case may be, shall formulate the indictment if they have not already done so, which shall contain a description of the conduct attributed and its legal classification, and shall request the penalty to be imposed. For these purposes, the minimum penalty provided for in the criminal type may be reduced by up to one third. The victim of known domicile shall be heard, but his/her opinion shall not be binding. However, in cases processed under the procedure established in the Restorative Justice Law, the victim's consent to participate in the restorative approach shall be a viability requirement. If the court deems the request appropriate, it shall so decide and refer the matter to the sentencing court [...]' (underlining not in original text). From the above rules, it follows that what the parties in a criminal proceeding can negotiate, in view of applying a special abbreviated procedure, is the reduction of up to one third below the minimum prison sentence provided for the crime covered by the agreement. Thus, it is clear that Article 374 of the procedural code does not provide that, in an abbreviated procedure, the application of an alternative penalty whose imposition is legally regulated as a power of the Criminal Court responsible for issuing the sentence and imposing the sanction can be agreed upon, as is the case here.Sin embargo, la mera constatación de los presupuestos legales del artículo 56 bis del Código Penal, no implica que el Tribunal sentenciador esté siempre obligado a cambiar la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública, tal y como lo parece entender la aquí recurrente, a lo que debe sumarse que este Tribunal de alzada estima que en el sub judice, no se acredita conforme legalmente procede, el contenido normativo del artículo 56 bis inciso f) del Código Penal, tal y como posteriormente se explicará, al analizar lo referente al fundamento dado por la juzgadora de instancia para denegar la conmutación de marras. Es importante agregar, que por haberse acordado en la presente causa la aplicación de un procedimiento especial abreviado, la normativa del artículo 56 bis de referencia, debe analizarse de modo conjunto con lo dispuesto en el numeral 374 del Código Procesal Penal, en el que se regula lo siguiente: “[…] Trámite inicial. El Ministerio Público, el querellante y el imputado, conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el procedimiento abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de ley. El Ministerio Público y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo han hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su calificación jurídica y solicitarán la pena por imponer. Para tales efectos, el mínimo de la pena prevista en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un tercio. Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será vinculante. No obstante, en los casos tramitados con aplicación del procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa, sí será requisito de viabilidad la anuencia de la víctima a participar en el abordaje restaurativo. Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el asunto a conocimiento del tribunal de sentencia […]” (El subrayado no es parte del texto original). De la normativa antes expuesta, se determina que las partes de un proceso penal lo que pueden negociar, de cara a la aplicación de un procedimiento especial abreviado, es la reducción hasta de un tercio por debajo de la pena mínima de cárcel que se dispone para el delito sobre el que recae el acuerdo. Así las cosas, es claro que la normativa del artículo 374 del código de rito no establece que, en el trámite de un abreviado, se pueda pactar la aplicación de una pena alternativa cuya imposición se regula legalmente, como una facultad del Tribunal Penal al que le compete dictar la sentencia e imponer la sanción, tal y como sucede en la especie.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sin embargo, la mera constatación de los presupuestos legales del artículo 56 bis del Código Penal, no implica que el Tribunal sentenciador esté siempre obligado a cambiar la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública"

    "However, the mere verification of the legal requirements of Article 56 bis of the Criminal Code does not imply that the sentencing court is always obliged to change the prison sentence for community service"

    Considerando II

  • "Sin embargo, la mera constatación de los presupuestos legales del artículo 56 bis del Código Penal, no implica que el Tribunal sentenciador esté siempre obligado a cambiar la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública"

    Considerando II

  • "la normativa del artículo 374 del código de rito no establece que, en el trámite de un abreviado, se pueda pactar la aplicación de una pena alternativa cuya imposición se regula legalmente, como una facultad del Tribunal Penal"

    "the rules of Article 374 of the procedural code do not provide that, in an abbreviated procedure, the application of an alternative penalty whose imposition is legally regulated as a power of the Criminal Court can be agreed upon"

    Considerando II

  • "la normativa del artículo 374 del código de rito no establece que, en el trámite de un abreviado, se pueda pactar la aplicación de una pena alternativa cuya imposición se regula legalmente, como una facultad del Tribunal Penal"

    Considerando II

  • "apreciar o valorar la irresponsabilidad o contumacia del aquí encartado de cumplir con lo que se comprometió a hacer, al aceptar la medida alternativa de referencia, claramente es un comportamiento de carácter procesal que, objetivamente, refleja la poca o ninguna voluntad que ha tenido"

    "assessing the irresponsibility or contumacy of the accused in failing to comply with what he undertook to do by accepting the alternative measure in question is clearly procedural conduct that objectively reflects the little or no willingness he has shown"

    Considerando II

  • "apreciar o valorar la irresponsabilidad o contumacia del aquí encartado de cumplir con lo que se comprometió a hacer, al aceptar la medida alternativa de referencia, claramente es un comportamiento de carácter procesal que, objetivamente, refleja la poca o ninguna voluntad que ha tenido"

    Considerando II

  • "las situaciones procesales antes expuestas, impiden acreditar que, verdaderamente, “(…) la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o comunidad (…)”"

    "the procedural circumstances set forth above prevent establishing that, truly, '(…) the sentenced person has the willingness to repair the harm caused to the victim or community (…)'"

    Considerando II

  • "las situaciones procesales antes expuestas, impiden acreditar que, verdaderamente, “(…) la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o comunidad (…)”"

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Date of Resolution: February 25, 2022 at 07:30 Case File: 19-000148-1263-PE Type of matter: Appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Criminal Law Topic: Sentence of community service work Subtopics:

Mere verification of the prerequisites for applying the sentence of community service work does not imply the court's obligation to grant it.

Topic: Expedited procedure Subtopics:

Mere verification of the prerequisites for applying the sentence of community service work does not imply the court's obligation to grant it.

"I. [...] However, the mere verification of the legal prerequisites of Article 56 bis of the Criminal Code does not imply that the sentencing court is always obligated to change the prison sentence to one of community service work, as the appellant here seems to understand, to which it must be added that this appellate Court considers that in the sub judice, the normative content of Article 56 bis subsection f) of the Criminal Code is not accredited as legally required, as will be explained later, when analyzing the basis given by the trial judge for denying the commutation in question. It is important to add, [...]" ... See more Citations of Legislation and Doctrine Resolution: [Telf1] Case File: 19-000148-1263-PE(12) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at seven thirty hours, on the twenty-fifth of February, two thousand twenty-two.- APPEAL filed in the present case against [[Name1] ], [...]; for the crime of ILLEGAL USE OF FOREST RESOURCES, to the detriment of LEY FORESTAL. Judge Edwin Esteban Jiménez González, judges [Name2] and Laura Gabriela Murillo Mora participate in the decision on the appeal. Attorney [Name3], public defender of the accused, appeared at this venue.

WHEREAS:

I.- That through judgment number 347-2021, at fifteen thirty-five hours on the eighteenth of November, two thousand twenty-one, the Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolved: "POR TANTO: Based on the foregoing and in accordance with Articles 39 and 41 of the Constitución Política, Articles 1, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59, 60, 71 to 74, 77, 110 of the Criminal Code, Article 61 subsection a) of the Ley Forestal, Article 1045 of the Civil Code, 122, 123, 124, and 126 of the 1941 Criminal Code, and Articles 1, 9, 236, 266, 267, 373, 374, 375, 432 of the Criminal Procedure Code, in application of the special expedited procedure, [Name [Name4]] IS DECLARED the responsible perpetrator of A CRIME of ILLEGAL USE OF FOREST RESOURCES that has been attributed to him to the detriment of the LEY FORESTAL, and as such, a sentence of TWENTY DAYS OF IMPRISONMENT is imposed, a sentence that he must serve in the place and manner determined by prison regulations, after credit for any preventive detention he may have suffered. For meeting the requirements established in Article 59 of the Criminal Code and for a period of THREE YEARS, he is granted the benefit of conditional execution of the sentence, on the understanding that if during said period he is sanctioned for a willful crime with a sentence greater than six months of imprisonment, the benefit will be revoked. The CIVIL ACTION FOR DAMAGES brought by the Procuraduría General de la República represented by Attorney [Name5] against the civil defendant [[Name1] ], is DECLARED WITH MERIT, who is ordered to pay the amounts for environmental damage and costs, items that are set in the abstract, with the parties required to execute the claim in the corresponding venue together with the respective interest if appropriate. THE FORFEITURE IS ORDERED IN FAVOR OF THE STATE of a chainsaw Brand Husqvarna 395 Xp series 2012-3200239, an Alaskan brand sawmill frame, a cant hook, a machete, a pickaxe, a chainsaw wrench, Seven caobilla wood logs, and 183 pieces of sawn wood of various dimensions of the Caobilla species. Once this judgment is final, register it in the Registro Judicial and send certified copies of the judgment to the respective authorities. The parties are notified orally.-" (sic).

II.- That against the preceding pronouncement, Attorney [Name3], public defender of the accused, filed an appeal.

III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues formulated in the appeal.

IV.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

Drafted by the criminal sentence appeals judge [Name6]; and,

CONSIDERANDO:

I.- By means of a brief filed on November 24, 2021, appearing on folio 92 to folio 94 of the summary, attorney [Name3], in her capacity as public defender of the accused [[Name1] ], files an appeal against oral judgment No. 347-2021, issued by the Tribunal Penal de Flagrancia of the Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, at 15:35 hours on November 18, 2021, in which said defendant was sentenced to 20 days of imprisonment, for committing a crime of illegal use of forest resources, to the detriment of the environment. From reading the challenge and studying the case file's background, it is determined that the appeal was filed on time in accordance with the legal deadline, and that it meets the necessary prerequisites for its proper consideration in order to conduct a comprehensive review of the judgment, as required by numeral 8.2h of the American Convention on Human Rights.

II.- SOLE GROUND. The appellant public defender alleges a violation of procedural law and erroneous reasoning for the sentence. She estimates that Articles 142, 373, and 375 of the Criminal Procedure Code were violated in the judgment, as well as, indirectly, numerals 56 bis of the Criminal Code and 61 subsection a) of the Ley Forestal. She argues that, at the request of the defendant in this matter, the application of a special expedited procedure was agreed upon with the Public Prosecutor's Office, in which the accused [[Name1] ] was offered a sentence of 20 days of imprisonment, commuted to 20 hours of community service work. She indicates that said arrangement was brought to the attention of the defendant, who agreed to it, and therefore it was proposed to the trial court and admitted, because it met the requirements established in Article 373 of the Criminal Procedure Code. However, the jurisdictional body responsible for issuing the appealed judgment established that what was agreed by the parties was not appropriate regarding the commutation of the prison sentence to hours of community work, rejecting such punitive change, despite the fact that, in the expedited procedure, the substitution of the sentence had already been agreed upon, and therefore she believes the lower court should not have varied what had already been negotiated. She adds that, furthermore, the judge based the rejection of the sentence commutation on an argument that, in her view, is clearly inappropriate. Thus, she states that "[...] from the Court's actions, two insurmountable errors are evident: the first is that the Court did not respect the negotiation that had already been carried out between the parties, when the proper course, according to numeral 375 of the Criminal Procedure Code, was to admit the agreement or reject it, that is, the criminal procedural rules do not allow the possibility for the judge to vary what has already been agreed upon between the parties, so if the sentencing court considered that the commutation of the sentence was not appropriate, in the opinion of the undersigned, the proper course was to reject the special expedited procedure and refer it back to the Court for a trial, but not to vary what was agreed because the power that the Judge has to grant or not grant the commutation of the sentence is at the trial stage, in the special expedited procedure, the negotiation has already been completed. Secondly, the Judge, having grossly violated the provisions of the aforementioned numeral, proceeds to indicate in her resolution that the reason for not granting the accused the commutation of the sentence and opting to grant him the benefit of conditional execution is by virtue of the fact that during the criminal process, the accused underwent an alternative measure of Suspension of the process subject to conditions in which he did not comply with the hours of community service for work-related reasons, a circumstance that for her has been maintained up to the present (without having any valid argument to consider this) and that it is certain that the accused, if granted said commutation of the sentence, would not comply with it [...]" (cfr. folio 93 of the main file. The copy is verbatim). The appellant alleges that her petition to apply the commutation of the sentence in the expedited procedure agreement was made by virtue of the express request of the defendant here, with it being made clear to him the importance of complying with the hours of community service work as it constitutes a variation of the principal sentence, a scenario under which the accused [[Name1] ] accepted to perform the 20 hours of community work, by which she believes he demonstrated an interest in repairing, in some way, the damage caused by his actions. Notwithstanding the foregoing, the trial judge, without providing further arguments, made a subjective reasoning, considering that her client was not worthy of the substitution of the imprisonment sentence, as she did not even stop to analyze the request previously made by the defense, through which the judicial authority was made aware of the explanations given to [[Name1] ] regarding his need to comply with the agreed community service, and the judicial authority was also made aware that [Name [Name4]] showed interest in complying with the referenced alternative sentence. This being the case, the public defender considers that the defendant was grossly harmed, as he was "punished" for the non-compliance with an alternative measure, despite the fact that, at the procedural level, her client had already suffered the sanction that such a situation implicitly carries, namely its revocation and the cause continuing with the ordinary proceeding up to the trial phase. She believes that the objections she raises evidence the existence of a grievance for the defendant [Name [Name4]], since he was illegitimately prevented from accessing an alternative sentence despite meeting the procedural requirements established for it, thereby subjecting him to compliance with the benefit of conditional execution of the sentence for a period longer than what was agreed upon by the defense. She requests that the appeal be granted, and that a remand be ordered so that the sentence can be reasoned with a different composition of the court. The claim is not admissible. This Court of Appeals has proceeded to conduct a comprehensive review of the appealed oral judgment, which was digitized in file 190001481263PE-18112021032915-2_Multi, mainly regarding the point that is the subject of controversy in the challenge raised by attorney [Name7], which is the decision of the trial court to deny the application of Article 56 bis of the Criminal Code in this case, for the purpose of commuting the 20-day prison sentence imposed on [[Name1] ] -as a result of the special expedited procedure followed against him, for committing a crime of illegal use of forest resources, to the detriment of the environment- to the alternative sanction of 20 hours of community service work. This being so, first of all, it is important to recapitulate the rules contained in Article 56 bis of the Criminal Code: "[...] Article 56 bis- Community service work. Community service work consists of unpaid service for community and socio-educational purposes that the convicted person must provide in favor of public institutions and associations or foundations that form the network created for the purposes of fulfilling this article. It can be imposed as a principal sentence or, failing that, as a substitute sentence for imprisonment, when the requirements of this article are met. The Ministry of Justice and Peace shall promote the articulation of institutional and civil society networks to guarantee control, monitoring, and the availability of places where community service work can be performed. Likewise, it shall keep a registry of entities authorized for such purposes and shall periodically inform the Poder Judicial thereof. Should these entities favor the non-compliance of the sentence or hinder the control of its execution, they will be excluded from the network of beneficiaries of community service work and from the registry. In the event that a prison sentence has been imposed, and when the conditional execution of the sentence is not appropriate, the sentencing court may replace it with community service work, when the following requirements are met: a) That the prison sentence imposed does not exceed five years. b) That weapons in the proper sense were not used in the commission of the crime, with the exception of the provisions of Law No. 7530, Ley de Armas y Explosivos, of July 10, 1995. c) That the commission of the crime was not carried out with serious physical violence against the victim. d) That the convicted person has no criminal record for willful crimes with a sentence exceeding six months. e) That it does not involve crimes processed under organized crime procedure, crimes against public duties, sexual crimes, willful homicide, or femicide. f) That the convicted person has the disposition to restore the damage caused to the victim or community, through community service work for socio-educational or community purposes, the willingness to continue a life project outside of crime, and the commitment to comply with the conditions imposed by the judicial and penitentiary authority for compliance. The service shall be performed for the number of hours and within the period determined by the sentencing judge, considering the damage caused and the personal circumstances of the convicted person. This sentence may not exceed one thousand hours per year. It shall be the responsibility of the penitentiary authority, through the community program, to define the place, schedule, and compliance plan, without interfering with the convicted person's work or educational schedule. Furthermore, it must inform the sentence enforcement court quarterly regarding compliance with the sanction. In the event of any non-compliance, the penitentiary authority shall immediately inform the sentence enforcement court, which shall grant a hearing for five days to the defense and the Public Prosecutor's Office, and shall convene an oral hearing. The decision may be appealed with suspensive effect, within five days, before the sentencing court. Unjustified non-compliance with the service provision shall empower the sentence enforcement court to revoke it, whereby the convicted person must serve the originally imposed prison sentence. For these purposes, every eight hours of community service work is equivalent to one day of imprisonment. For cases processed with the restorative justice procedure, as well as the accreditation of entities and the monitoring of the provision of community service work, it shall be governed by the provisions of the Ley de Justicia Restaurativa [...]" (The underlining is not part of the original text). From the previously stated rules, it is inferred that the Criminal Court that issues the judgment and imposes the sanction has the possibility of commuting the prison sentence to community service work, or not. That is, it is a power of the jurisdictional body, so that, despite the fact that in a specific case the legally established requirements for such purposes are met, their verification determines that the judicial authority may proceed to assess whether it is procedurally appropriate and proportional to apply such an alternative sentence or not, in the specific case. However, the mere verification of the legal prerequisites of Article 56 bis of the Criminal Code does not imply that the sentencing court is always obligated to change the prison sentence to one of community service work, as the appellant here seems to understand, to which it must be added that this appellate Court considers that in the sub judice, the normative content of Article 56 bis subsection f) of the Criminal Code is not accredited as legally required, as will be explained later, when analyzing the basis given by the trial judge for denying the commutation in question. It is important to add that, because the application of a special expedited procedure was agreed upon in this case, the rules of the referenced Article 56 bis must be analyzed in conjunction with the provisions of numeral 374 of the Criminal Procedure Code, which regulates the following: "[...] Initial procedure. The Public Prosecutor's Office, the complainant, and the accused, jointly or separately, shall express their wish to apply the expedited procedure and shall prove compliance with the legal requirements. The Public Prosecutor's Office and the complainant, where appropriate, shall file the indictment if they have not already done so, which shall contain a description of the attributed conduct and its legal classification, and shall request the sentence to be imposed. For these purposes, the minimum sentence provided for in the criminal type may be reduced by up to one third. The victim of known residence shall be heard, but their opinion shall not be binding. However, in cases processed with the application of the procedure established in the Ley de Justicia Restaurativa, the victim's consent to participate in the restorative approach shall be a viability requirement. If the court considers the request appropriate, it shall so agree and shall refer the matter to the sentencing court [...]" (The underlining is not part of the original text). From the previously stated rules, it is determined that what the parties to a criminal proceeding can negotiate, with a view to applying a special expedited procedure, is a reduction of up to one third below the minimum prison sentence provided for the crime to which the agreement pertains. This being so, it is clear that the rules of Article 374 of the procedural code do not establish that, in an expedited procedure, the application of an alternative sentence whose imposition is legally regulated can be agreed upon as a power of the Criminal Court competent to issue the judgment and impose the sanction, as is the case here. In this way, this appellate Court considers that the legal criterion on which the appellant public defender bases her challenge to the decision not to grant the commutation request she made in favor of her client is erroneous and improper, namely that the lower court judge had to submit to what attorney [Name7] indicates was agreed by the parties in that sense, when the referenced special procedure was agreed upon, such that the judge was obligated to impose the 20 days of community service work as a sanction or, failing that, reject its application and return the file to the jurisdictional authority of the lower court. In this sense, it must be clarified that in reality, what can be inferred from the actions carried out at the initial hearing of this summary, in which the application of the expedited procedure was accepted, is that the representation of the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República did not oppose the application of the commutation of the sentence in question in favor of the defendant here, which also does not legally compel or obligate the sentencing court to substitute the prison sentence imposed against the accused [[Name1] ] for one of community service work. Based on all the foregoing, this Court of Appeals considers that the Criminal Court correctly applied the rules of Articles 373, 374, and 375 of the Criminal Procedure Code, in relation to those established in Article 56 bis of the Criminal Code and in Article 61 subsection a) of the Ley Forestal, so the defect alleged in this regard by the defense attorney for the defendant [[Name1] ] is ruled out. In a second line of reasoning, regarding the objection of attorney [Name7], according to which she argues that the decision not to accept the commutation of the prison sentence to community service work in favor of her client was not reasoned in the trial judgment as legally required, because the lower court judge considered that the defendant breached the reparatory plan that he had previously offered under the suspension of the process subject to conditions to which he was subjected in this summary, it must be stated that this Court of Appeals in no way shares such a criterion of the appellant. Specifically, because assessing or evaluating the irresponsibility or contumacy of the defendant here in complying with what he committed to do, when accepting the referenced alternative measure, is clearly procedural behavior that objectively reflects the little or no willingness [[Nombre1] ] has had to do what he previously committed to, in order to resolve the case, which could obviously have favored his criminal legal situation. It is important to note that, at the first initial hearing held in this case, the defendant agreed to the suspension of the process subject to conditions, offering the following reparatory plan: "[...] 1. Perform 300 hours of community work in any Public School of the community or coordinate with Attorney [Name8], at the Sinac Tortuguero, its implementation within a period of two years starting on June fifth, two thousand nineteen, that according to what was stated by the prosecutor, the defendant's mere non-compliance with the start date of the community work will be sufficient cause to revoke the measure. 2. Report to the community service office. 3. Pay the sum of three hundred [thousand], in installments and on a quarterly basis, for which he must coordinate with Attorney [Name8], at the Sinac Tortuguero, the manner in which the contribution of materials will be arranged to make said payment effective. 4. He must, within fifteen days, submit to this Court the acceptance letter from the place, where he is authorized for the performance of said community work. 5. Obtain or acquire a risk insurance policy for occasional work, which has an approximate cost of ten thousand colones. 6. He must plant 30 trees and must replace the felled trees [...]" (cfr. folio 34 of the main file. The copy is verbatim). As can be seen from the foregoing, one of the components of the reparatory plan to which the defendant here previously committed himself in the processing of this case and which he did not fulfill was the performance of hours of community service in favor of the SINAC office in Tortuguero, which is similar to the sentence the defense seeks to have imposed on her client. Thus, such a precedent in the procedural conduct of [[Nombre1] ] in this criminal process indeed gives rise to the presumption that he will not comply with the alternative sanction in question, hence the assessment that the trial judge made of such a situation in no way equates to "a punishment" for the accused, as the appellant here erroneously argues. Likewise, it is considered that the revocation of the suspension of the process subject to conditions in this case was due to the defendant's failure to comply with the terms of the reparatory plan, hence one cannot speak of this legally implying or being a form of "punishment" for [[Nombre1] ], as attorney [Name7] posits and seeks to assert. In this regard, it is important to point out that, during the processing of this summary, the reparatory plan of the alternative measure in question was modified at the request of the defense. In this sense, it is recorded that in the oral hearing held before the Tribunal Penal de Flagrancia of the Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, attorney [Name3] argued that [[Name1] ] did not have the option to comply with the hours of service at the Escuela Campo de Aterrizaje, but that there was approval from the Procuraduría General de la República to accept a change in conditions, consisting of donating a larger amount of money. Based on this request, the following was resolved: "[...] In accordance with Article 25 of the Criminal Procedure Code, the reparatory plan of the suspension of the process subject to conditions is modified, and consequently the defendant commits to comply, for a period of two years and six months expiring on November 15, 2021, with the following: 1.- As an environmental service: The reforestation of the affected area with 30 trees, with the tree species and in the manner established by SINAC, (for which he must contact [Name8]) to be carried out starting in August. 2.- As an economic service: Donate the sum of 500,000 colones to environmental projects existing for that purpose at SINAC. Said amount will be donated in eight quarterly installments of 62,500 colones, over a period of two years and in the form of materials, construction works, or any other needed supplies, starting on August 15, 2019, and ending in April 2021. 3.- Waiver of the seized products, both the wood and the supplies used for the extraction, such as the chainsaw brand Husqvarna 395 xp. Series 2020-3200239 and the frame. 4.- Refrain from carrying out activities such as those underlying this case file [...]" cfr. folio 79 verso of the main file. The copy is verbatim). Despite such a modification to the reparatory plan, which was evidently very favorable for the defendant [[Nombre1] ], with a view to resolving the criminal conflict elucidated in this summary, he again failed to comply, which ultimately led to the revocation of the alternative measure of the suspension of the process subject to conditions, at the hearing held before the Tribunal Penal de Flagrancia of the II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, at 08:32 hours on November 10, 2021 (see folio 83 of the main file). This being the case, it is clear that the procedural history of this case reflects and provides an objective criterion regarding the serious possibility that [[Nombre1] ] will not comply with the 20-day sentence of community service work in substitution of the 20-day prison sentence imposed on him. Therefore, this Court of Appeals considers that the reasoning the trial judge gave in the appealed oral judgment, to deny the petition that attorney [Name7] made in this regard in favor of said defendant (see digital file 190001481263PE-18112021032915-2_Multi, in the sequence beginning at 00:20:40 on the counter), conforms to the normative precepts established in Articles 1, 142, 184, and 363 of the Criminal Code, as well as the provisions of Article 56 bis subsection f) of the Criminal Code, since the procedural situations set forth above prevent establishing that, truly, "(...) the convicted person has the disposition to restore the damage caused to the victim or community (...)", as required by the aforementioned provision. Based on all the foregoing, the existence of the defect of lack of reasoning for the sentence, which is unsubstantially alleged by the defense attorney for the accused [Name [Name4]], is ruled out, and therefore the appeal is dismissed.

POR TANTO:

The appeal filed by attorney [Name3], in her capacity as public defender of the accused [Name [Name4]], is dismissed. NOTIFÍQUESE.

Edwin Esteban Jiménez González [Nombre9] [Nombre10] [Nombre11] [Nombre12] Laura Gabriela Murillo Mora Judge and judges of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Case File: 19-000148-1263-PE(12) Accused: [Name [Name4]] Victim: Ley Forestal Crime: Illegal use of forest resources KJIMENEZO File: 19-000148-1263-PE(12) - VOTO [Telf1] - page: 1 Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Pena de prestación de servicios de utilidad pública Subtemas:

Mera constatación de los presupuestos para aplicar la pena de prestación de servicio de utilidad no implica obligatoriedad del tribunal para otorgarla.

Tema: Procedimiento abreviado Subtemas:

Mera constatación de los presupuestos para aplicar la pena de prestación de servicio de utilidad no implica obligatoriedad del tribunal para otorgarla.

"II. [...] Sin embargo, la mera constatación de los presupuestos legales del artículo 56 bis del Código Penal, no implica que el Tribunal sentenciador esté siempre obligado a cambiar la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública, tal y como lo parece entender la aquí recurrente, a lo que debe sumarse que este Tribunal de alzada estima que en el sub judice, no se acredita conforme legalmente procede, el contenido normativo del artículo 56 bis inciso f) del Código Penal, tal y como posteriormente se explicará, al analizar lo referente al fundamento dado por la juzgadora de instancia para denegar la conmutación de marras . Es importante agregar, [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las siete horas treinta minutos, del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1] ], [...]; por el delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DEL RECURSO FORESTAL, en perjuicio de LEY FORESTAL. Intervienen en la decisión del recurso el juez Edwin Esteban Jiménez González, las juezas [Nombre2] y Laura Gabriela Murillo Mora. Se apersonó en esta sede la Licenciada [Nombre3] , defensora pública del endilgado.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 347-2021, de las quince horas treinta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: " POR TANTO: En merito a lo expuesto y de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59, 60, 71 a 74, 77, 110 del Código Penal articulo 61 inciso a) de la Ley Forestal, articulo 1045 del Código Civil, 122, 123, 124 y 126 del Código Penal de 1941,y artículos 1, 9, 236, 266, 267, 373, 374, 375, 432 del Código Procesal Penal, en aplicación del instituto especial abreviado SE DECLARA a [Nombre [Nombre4]] autor responsable de UN DELITO de APROVECHAMIENTO ILEGAL DEL RECURSO FORESTAL que se le ha venido atribuyendo en perjuicio de LEY FORESTAL en tal carácter se le impone una pena de VEINTE DÍAS DE PRISIÓN pena que deberá descontar en el lugar y en la forma que lo determinen los reglamentos carcelarios, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Por cumplir con los requisitos que establece el articulo 59 del Código Penal y por el plazo de TRES ANOS se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena, en el entendido que si en dicho período es sancionado por delito doloso con pena mayor a los seis meses de prisión, se le revocara el beneficio. Se declara CON LUGAR LA ACCION CIVIL RESARCITORIA incoada por la Procuraduría General de la República representada por la Licenciada [Nombre5] en contra del demandado civil [[Nombre1] ], a quien se le condena al pago de los extremos por daño ambiental y costas rubros que se fijan en forma abstracta debiendo las partes ejecutar el reclame en la vía correspondientes junto con los intereses respectivos si así precede. SE ORDENA EL COMISO A FAVOR DEL ESTADO de una motosierra Marca Husquarna 395 Xp serie 2012-3200239, Un marco de aserrio marca Alaskan, un teele. un machete, un pico. una Have para motosierra, Siete trozas de madera de caobilla y 183 piezas de madera aserrada de varias medidas de la especie Caobilla. Firme este fallo, inscríbase en el Registro Judicial y remítanse los testimonies de sentencia a las autoridades respectivas. Quedan las partes notificadas oralmente.-" (sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la Licenciada [Nombre3] , defensora pública del endilgado, interpuso recurso de apelación.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de apelación de sentencia penal [Nombre6] ; y,

CONSIDERANDO:

I.- Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2021, que consta de folio 92 a folio 94 del sumario, la licenciada [Nombre3] , en su calidad de defensora pública del imputado [[Nombre1] ], interpone recurso de apelación en contra de la sentencia oral N°347-2021, dictada por el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las 15:35 horas del 18 de noviembre de 2021, en la que se condenó a dicho encartado a la pena de 20 días de prisión, por la comisión de un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, en perjuicio del medio ambiente. De la lectura de la impugnación y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que el recurso se presentó en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

II.- ÚNICO MOTIVO . La defensora pública recurrente, alega la violación a la ley procesal y la errónea fundamentación de la pena. Estima que en el fallo se vulneraron los artículos 142, 373 y 375 del Código Procesal Penal, así como de forma indirecta, los numerales 56 bis del Código Penal y 61 inciso a) de la Ley Forestal. Aduce que, a solicitud del encartado en el presente asunto, se pactó con el Ministerio Publico la aplicación de un procedimiento especial abreviado, en el cual se le ofreció al imputado [[Nombre1] ], la pena de 20 días de prisión, conmutados a 20 horas de trabajo de utilidad pública. Indica que dicho arreglo fue puesto en conocimiento del justiciable, quien estuvo de acuerdo con el mismo, por lo que fue propuesto al Tribunal de mérito y se admitió, esto, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 373 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el órgano jurisdiccional encargado de dictar la sentencia recurrida, estableció que no era procedente lo pactado por las partes, en cuanto a la conmutación de la pena de cárcel por la de horas de trabajo comunal, rechazando tal cambio punitivo, a pesar de que, en el trámite del abreviado, ya se había acordado la sustitución de la sanción, por lo que estima que el a quo no debió variar lo ya negociado. Agrega que, además, la jueza fundamentó el rechazo de la conmutación de pena en un argumento que, según su parecer, es evidentemente improcedente. Así, alude que de “[…] la actuación del Tribunal, se evidencian dos yerros insalvables: el primero de ellos es que el Tribunal no respetó la negociación que ya se había realizado entre las partes cuando lo correspondiente, según el numeral 375 del Código procesal penal era admitir el pacto o rechazar el mismo, es decir, la normativa procesal penal no permite la posibilidad de que el juzgador varíe lo ya acordado entre las partes, siendo que entones si el Tribunal sentenciador consideraba que no era procedente la conmutación de la sanción, en criterio de quien suscribe, lo oportuno era rechazar el proceso especial abreviado y remitirlo nuevamente al Tribunal para ser conocido en Debate pero no variar lo acordado porque la facultad que tiene el Juez para otorgar o no la conmutación de la pena, es en la etapa de juicio, en el proceso especial abreviado, la negociación ya se completó. En segundo lugar, la Jueza, una vez ha violentado groseramente lo establecido en el numeral antes indicado, procede a indicar en su resolución que la razón por la cual no le otorga al encartado la conmutación de la pena y opta por otorgarle el beneficio de ejecución condicional, es en virtud de que durante el proceso penal, el encartado se sometió a una medida alterna de Suspensión del proceso a prueba en la cual no cumplió con las horas de utilidad pública por razones laborales, circunstancia que para ella se ha mantenido hasta la actualidad (sin tener ningún argumento válido para considerar esto) y que es seguro que el encartado, de otorgarle dicha conmutación de pena, no cumpliría con la misma […]” (cfr. folio 93 del principal. La copia es literal). La recurrente alega que su petición de aplicar la conmutación de la pena en el acuerdo del abreviado, se hizo en virtud de la solicitud expresa del aquí encartado, siendo que al mismo se le hizo ver la importancia del cumplimiento de las horas de servicio de utilidad pública por tratarse de una variación de la pena principal, panorama bajo el cual el encartado [[Nombre1] ] aceptó realizar las 20 horas de trabajo comunal, con lo cual estima que el mismo demostró un interés por reparar, de alguna manera, el daño que causó con su actuar. No obstante lo anterior, la juzgadora de instancia, sin brindar mayores argumentos, realizó una fundamentación subjetiva, al considerar que su representado no era merecedor de la sustitución de la sanción de prisión, siendo que ni siquiera se detuvo a analizar la solicitud que previamente se hizo por parte de la defensa, mediante la cual se hizo de conocimiento de la autoridad judicial, las explicaciones que se le dieron a [[Nombre1] ] en torno a que debía cumplir con el servicio comunal acordado, así como se le hizo ver a la autoridad judicial, que [Nombre [Nombre4]] mostró su interés por cumplir con la sanción alternativa de referencia. Así las cosas, la defensora pública considera que se perjudicó groseramente al encartado, ya que se le “castigó” por el incumplimiento de una medida alterna, a pesar de que, a nivel procesal, su patrocinado ya había sufrido la sanción que implícitamente acarrea tal situación, sea su revocatoria y que la causa continúe con el trámite ordinario hasta la fase de juicio. Estima que los reparos que plantea, evidencian la existencia de un agravio para el encausado [Nombre [Nombre4]], ya que ilegítimamente se le impidió acceder a una pena alternativa a pesar de cumplir con los requisitos procesales establecidos para ello, con lo cual se le sometió al cumplimiento del beneficio de ejecución condicional de la pena por un período superior al que fue pactado por la defensa. Solicita que se declare con lugar el recurso, y que se ordene el reenvío para que se proceda a fundamentar la pena con otra integración. El reclamo no es procedente. Esta Cámara de Apelaciones ha procedido a realizar el examen integral del fallo oral recurrido, el cual se digitalizó en el archivo 190001481263PE-18112021032915-2_Multi, principalmente, en lo que atañe al punto que es objeto de controversia en la impugnación planteada por la licenciada [Nombre7] , sea la decisión del Tribunal de instancia de denegar la aplicación del artículo 56 bis del Código Penal en la especie, a efectos de conmutar la pena de 20 días de cárcel que se le impuso a [[Nombre1] ] -como resultado del procedimiento especial abreviado que se siguió en su contra, por la comisión de un delito aprovechamiento ilegal del recurso forestal, en perjuicio del medio ambiente-, por la sanción alternativa de 20 horas de trabajo de utilidad pública. Así las cosas, en primer lugar, es importante recapitular la normativa contenida en el artículo 56 bis del Código Penal: “[…] Artículo 56 bis- Prestación de servicios de utilidad pública. La prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos del cumplimiento de este artículo. Puede imponerse como pena principal o, en su defecto, como pena sustitutiva a la prisión, cuando se cumplan los requisitos de este artículo. El Ministerio de Justicia y Paz promoverá la articulación de redes institucionales y con la sociedad civil para garantizar el control, el seguimiento y la disponibilidad de lugares donde se podrán realizar los servicios de utilidad pública. Asimismo, llevará un registro de las entidades autorizadas para tales efectos y lo informará periódicamente al Poder Judicial. En caso de que estas favorezcan el incumplimiento de la pena o dificulten el control de su ejecución, serán excluidas de la red de beneficiarios del servicio de utilidad pública y del registro. En caso de haber sido impuesta una pena de prisión, y cuando no proceda la ejecución condicional de la pena, el tribunal sentenciador podrá reemplazarla por la prestación de servicios de utilidad pública, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que la pena de prisión impuesta no sea superior a cinco años. b) Que en la comisión del delito no se hayan utilizado armas en sentido propio, a excepción de lo dispuesto en la Ley N.º 7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995. c) Que la comisión del delito no se haya realizado con grave violencia física sobre la víctima. d) Que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a seis meses. e) Que no se trate de delitos tramitados con procedimiento de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio. f) Que la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o comunidad, a través del trabajo de utilidad pública para fines socioeducativos o comunitarios, la voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito y el compromiso de ajustarse a las condiciones que impongan la autoridad judicial y penitenciaria para el cumplimiento. El servicio se prestará por la cantidad de horas y dentro del plazo que determine el juez de sentencia, considerando el daño causado y las circunstancias personales de la persona condenada. Esta pena no podrá ser superior a mil horas por año. Corresponderá a la autoridad penitenciaria, a través del programa en comunidad, definir el lugar, el horario y el plan de cumplimiento, sin interferir con la jornada laboral o educativa de la persona condenada. Además, deberá informar trimestralmente, al juzgado de ejecución de la pena, sobre el cumplimiento de la sanción. En caso de presentar algún incumplimiento, la autoridad penitenciaria lo informará de manera inmediata al juzgado de ejecución de la pena, quien dará audiencia por cinco días a la defensa y al Ministerio Público, y convocará a vista oral. Contra lo resuelto cabrá apelación con efecto suspensivo, en el plazo de cinco días, ante el tribunal sentenciador. El incumplimiento injustificado en la prestación del servicio facultará al juzgado de ejecución de la pena a revocarla, con lo cual el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión originalmente impuesta. Para tales efectos, cada ocho horas de prestación de servicio de utilidad pública equivale a un día de prisión. Para los casos tramitados con el procedimiento de justicia restaurativa, así como la acreditación de las entidades y el seguimiento de la prestación del servicio de utilidad pública, se regirá conforme a lo establecido en la Ley de Justicia Restaurativa […]” (El subrayado no es parte del texto original). De la normativa previamente expuesta, se colige que el Tribunal Penal que dicta la sentencia e impone la sanción, tiene la posibilidad de conmutar o no, la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública. Es decir, se trata de una facultad del órgano jurisdiccional, de modo que, a pesar de que, en una causa concreta, se cumpla con los requisitos que legalmente se establecen para tales efectos, la verificación de los mismos lo que determina, es que la autoridad judicial puede entrar a valorar si es procedente y proporcional aplicar tal tipo de pena alternativa o no, en el caso concreto. Sin embargo, la mera constatación de los presupuestos legales del artículo 56 bis del Código Penal, no implica que el Tribunal sentenciador esté siempre obligado a cambiar la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública, tal y como lo parece entender la aquí recurrente, a lo que debe sumarse que este Tribunal de alzada estima que en el sub judice, no se acredita conforme legalmente procede, el contenido normativo del artículo 56 bis inciso f) del Código Penal, tal y como posteriormente se explicará, al analizar lo referente al fundamento dado por la juzgadora de instancia para denegar la conmutación de marras . Es importante agregar, que por haberse acordado en la presente causa la aplicación de un procedimiento especial abreviado, la normativa del artículo 56 bis de referencia, debe analizarse de modo conjunto con lo dispuesto en el numeral 374 del Código Procesal Penal, en el que se regula lo siguiente: “[…] Trámite inicial. El Ministerio Público, el querellante y el imputado, conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el procedimiento abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de ley. El Ministerio Público y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo han hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su calificación jurídica y solicitarán la pena por imponer. Para tales efectos, el mínimo de la pena prevista en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un tercio. Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será vinculante. No obstante, en los casos tramitados con aplicación del procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa, sí será requisito de viabilidad la anuencia de la víctima a participar en el abordaje restaurativo. Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el asunto a conocimiento del tribunal de sentencia […]” (El subrayado no es parte del texto original). De la normativa antes expuesta, se determina que las partes de un proceso penal lo que pueden negociar, de cara a la aplicación de un procedimiento especial abreviado, es la reducción hasta de un tercio por debajo de la pena mínima de cárcel que se dispone para el delito sobre el que recae el acuerdo. Así las cosas, es claro que la normativa del artículo 374 del código de rito no establece que, en el trámite de un abreviado, se pueda pactar la aplicación de una pena alternativa cuya imposición se regula legalmente, como una facultad del Tribunal Penal al que le compete dictar la sentencia e imponer la sanción, tal y como sucede en la especie. De esta forma, este Tribunal de alzada estima que es errado e improcedente, el criterio jurídico con base en el que la defensora pública recurrente, fustiga la decisión de no acoger la solicitud de conmutación de pena que planteó en favor de su representado, sea que la jueza a quo debía someterse a lo que la licenciada [Nombre7] indica que fue acordado por las partes en tal sentido, al pactarse el procedimiento especial de referencia, de modo que la juzgadora estaba obligada a imponer los 20 días de prestación de servicios de utilidad pública como sanción o, en su defecto, rechazar la aplicación del mismo y devolver los autos ante la autoridad jurisdiccional de instancia. En este sentido, debe aclararse que en realidad, lo que se colige de las actuaciones que se llevaron a cabo en la audiencia inicial de este sumario, en la que se aceptó la aplicación del abreviado, es que la representación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, no se opusieron a que se aplicara la conmutación de la pena de marras en favor del aquí justiciable, lo que tampoco conmina u obliga legalmente al Tribual sentenciador, a sustituir la pena de prisión dictada en contra del imputado [[Nombre1] ] por la de prestación de servicios de utilidad pública. En razón de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones considera que el Tribunal Penal aplicó, debidamente, la normativa de los artículos 373, 374 y 375 del Código Procesal Penal, en relación con la establecida en el artículo 56 bis del Código Penal y en el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal, de modo que se descarta el vicio que en tal sentido se alega por la abogada defensora del encartado [[Nombre1] ]. En un segundo orden de ideas, en lo tocante al reparo de la licenciada [Nombre7] , según el cual argumenta que la decisión de no aceptar la conmutación de la pena de cárcel por la de prestación de servicios de utilidad pública en favor de su patrocinado, no se fundamentó en el fallo de mérito conforme legalmente correspondía, esto, en razón de que la jueza a quo valoró que el encausado incumplió el plan de reparación que en su momento ofreció en la suspensión del proceso a prueba a la que sujetó en esta sumaria, debe indicarse que esta Cámara de Apelaciones no comparte en modo alguno tal criterio de la impugnante. Concretamente, porque apreciar o valorar la irresponsabilidad o contumacia del aquí encartado de cumplir con lo que se comprometió a hacer, al aceptar la medida alternativa de referencia, claramente es un comportamiento de carácter procesal que, objetivamente, refleja la poca o ninguna voluntad que ha tenido [[Nombre1] ], de realizar lo que en su momento se comprometió, con el fin de solucionar el caso, de cara a lo que evidentemente pudo favorecer su situación jurídico penal. Es importante apreciar que, en la primera audiencia inicial realizada en esta causa, el encartado acordó la suspensión del proceso a prueba, ofreciendo el siguiente plan reparador: “[…] 1. Realizar 300 horas de trabajo comunal en cualquier Escuela Pública de la comunidad o coordinar con la Licenciada [Nombre8] , en el Sinac Tortuguero, la realización del mismo en el plazo de dos años iniciando el cinco de junio de 2019, que de conformidad a lo expuesto por el fiscal, el solo incumplimiento del imputado en la fecha de ejecución del trabajo comunal será motivo suficiente para revocar la medida. 2. Presentarse a la oficina de Atención en Comunidad. 3. Pagar la suma de trescientos, en tractos y en forma trimestral, para lo cual deberá con la Licenciada [Nombre8] , en el Sinac Tortuguero la forma en que se deberá coordinar el aporte de materiales para hacer efectivo dicho pago. 4. Deberá en el plazo de quince días presentar ante este Tribunal el oficio de apectación del lugar, donde se autoriza al mismo para la realización de dicho trabajo comunal. 5. Realizar o adquirir una póliza de riesgo para trabajos ocasionales, la cual tiene un costo aproximado de diez mil colones. 6, Deberá realizar la siembra de 30 árboles y deberá realizar la sustitución de los árboles talados […]” (cfr. folio 34 del principal. La copia es literal). Como se puede ver de lo antes expuesto, uno de los componentes del plan reparador al que en su momento en el trámite de esta causa se comprometió el aquí encausado y que no cumplió, fue la prestación de horas de servicio comunal en favor de la oficina del SINAC en Tortuguero, lo cual es similar a la pena que la defensa pretende que se le imponga a su patrocinado. Así, tal antecedente en la conducta procesal de [[Nombre1] ] en este proceso penal, efectivamente, hace presumir que no cumplirá con la sanción alternativa de marras, de ahí que la valoración que la jueza de instancia hizo de tal situación, en modo alguno equivale a “un castigo” para el imputado, tal cual lo aduce erróneamente la aquí impugnante. Asimismo, se estima que la revocatoria de la suspensión del proceso a prueba en la especie, se debió a la falta de cumplimiento de los términos del plan reparador por parte del aquí justiciable, de ahí que tampoco se pueda hablar de que ello, jurídicamente, implique o sea un modo de “castigo” para [[Nombre1] ], tal y como lo plantea y lo procura hacer valer la licenciada [Nombre7] . Al respecto, es importante señalar que, durante el trámite de esta sumaria, el plan de reparación de la medida alterna de marras, se modificó a solicitud de la defensa. En este sentido, se tiene que en la audiencia oral llevada a cabo ante el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, la licenciada [Nombre3] , adujo que [[Placa1] ] no tenía opción de cumplir con las horas de prestación en la Escuela Campo de Aterrizaje, pero que existía la aprobación de la Procuraduría General de la República en aceptar un cambio en las condiciones, consistente en donar un monto de dinero mayor. A partir de tal petición, se resolvió lo siguiente: “[…] De conformidad con el artículo 25 del Código Procesa Penal, se modifica el plan reparador de la suspensión del proceso a prueba y en consecuencia el imputado se compromete a cumplir por el plazo de dos años y seis meses a vencer el 15 de noviembre de 2021 lo siguiente: 1.- Como prestación ambiental: La reforestación de la zona afectada con 30 árboles, con las especies de árboles y la forma que establezca el SINAC, (para lo cual deberá contactar a [Nombre8] ) la cual se realizará a partir del mes de agosto. 2.- Como prestación económica: Donar a favor de los proyectos ambientales que al efecto existen en el SINAC, la suma de 500 mil colones. Dicho monto será donado en ocho tractos trimestrales de 62500 colones, en el plazo de dos años y en forma de materiales, obras de construcción o cualquier otro insumo que sea de necesidad, iniciando el 15 de agosto de 2019 y finalizando en abril de 2021. 3.- Renuncia de los productos decomisados, tanto la madera como los insumos utilizados para el aprovechamiento, tales como la motosierra marca Husqvarna 395 xp. Serie 2020-3200239 y el marco. 4.- Abstenerse a llevar a cabo actividades como las que sustentan el presente expediente […]” cfr. folio 79 vuelto del principal. La copia es textual). No obstante tal modificación en el plan reparador, la que, evidentemente, era muy favorable para el justiciable [[Nombre1] ], de cara a solucionar el conflicto penal dilucidado en esta sumaria, de nuevo incumplió, lo que implicó que en definitiva se revocara la medida alterna de la suspensión del proceso a prueba, esto, en la audiencia realizada ante el Tribunal Penal de Flagrancia del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las 08:32 horas del 10 de noviembre de 2021 (ver folio 83 del principal). Así las cosas, es claro que los antecedentes procesales de esta causa, reflejan y aportan un criterio objetivo entorno a la grave posibilidad de que [[Nombre1] ], no cumpla con la pena de 20 días de prestación de trabajos de utilidad pública en sustitución de la sanción de 20 años de cárcel que le fue impuesta. Por lo anterior, esta Cámara de Apelaciones considera que el fundamento que la juzgadora de instancia dio en el fallo oral recurrido, para denegar la petición que en tal sentido planteó la licenciada [Nombre7] en favor de dicho justiciable (ver archivo digital 190001481263PE-18112021032915-2_Multi, en la secuencia que inicia a las 00:20:40 del contador), se ajusta a los preceptos normativos establecidos en los artículos 1, 142, 184 y 363 del Código Penal, así como en lo estipulado en el artículo 56 bis inciso f) del Código Penal, ya que las situaciones procesales antes expuestas, impiden acreditar que, verdaderamente, “(…) la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o comunidad (…)”, tal y como se exige en la norma antes indicada. En razón de todo lo expuesto, se descarta la existencia del vicio de falta de fundamento de la pena, que insubsistentemente se alega por parte de la abogada defensora del imputado [Nombre [Nombre4]], por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada [Nombre3] , en su condición de defensora pública del imputado [Nombre [Nombre4]] . NOTIFÍQUESE.

Edwin Esteban Jiménez González [Nombre9] [Nombre10] [Nombre11] [Nombre12] Laura Gabriela Murillo Mora Juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal imputado: [Nombre [Nombre4]] Ofendido: Ley Forestal Delito: Aprovechamiento ilegal del recurso forestal KJIMENEZO Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley Forestal Art. 61 inciso a)
    • Código Penal Art. 56 bis
    • Código Procesal Penal Art. 374

    Spanish key termsTérminos clave en español

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