← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00277-2022 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 23/02/2022
OutcomeResultado
The Court fully annulled the acquittal due to reasoning flaws and ordered a new trial, allowing civilly interested third parties to intervene.El Tribunal anuló completamente la sentencia absolutoria por vicios en la fundamentación y ordenó un nuevo juicio, disponiendo que terceros civilmente interesados puedan intervenir.
SummaryResumen
The Criminal Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José annulled an acquittal in a case of usurpation of public domain property in Playa Portete, Limón. The trial court had acquitted two defendants based on an insurmountable mistake of law but imposed civil liability. The appeals were granted due to serious reasoning flaws. The appeals court found that the judgment relied on a 1980 communication from the National Geographic Institute to establish the boundaries of Limón city and exclude Portete, without verifying whether the administrative act had been duly published in the Official Gazette to be enforceable against third parties. Additionally, the judgment failed to analyze precisely the location of the defendants' houses in relation to the public zone and the high-tide line, using only generic references to 'structures.' The lack of publication and insufficient reasoning led to the total inefficacy of the sentence and an order for a new trial, with the possibility for affected third parties to intervene.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anuló una sentencia absolutoria dictada en un caso por usurpación de bienes de dominio público en Playa Portete, Limón. El tribunal de juicio había absuelto a dos imputados por error de prohibición invencible, pero condenó civilmente a los mismos. La apelación se declaró con lugar por vicios graves en la fundamentación. El tribunal de apelación detectó que el fallo se basó en un oficio del Instituto Geográfico Nacional de 1980 para fijar los límites de la ciudad de Limón y excluir a Portete, sin verificar si ese acto administrativo había sido debidamente publicado en La Gaceta para ser oponible a terceros. Además, la sentencia no analizó con precisión la ubicación de las casas de los imputados en relación con la zona pública y la pleamar, haciendo referencias genéricas a 'estructuras'. La falta de publicación y la deficiente motivación llevaron a declarar la ineficacia total de la sentencia y ordenar un reenvío para nueva sustanciación, con posibilidad de que terceros civilmente afectados intervengan en el proceso.
Key excerptExtracto clave
The first error lies in the arguments that supported the rejection of the defective procedural activity due to lack of standing by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office. Although the dismissal was legally sound, the arguments used to exclude the defense theory that Playa Portete was part of the coastal city of Limón are not acceptable; this theory was reiterated in the substantive analysis and undermined the legality of the appealed decision entirely, given the essential nature of the issue. It was claimed that Playa Portete is not within the urban boundaries of Limón, and the trial court, in support of that decision, stated: 1) Based on the Law Creating and Organizing the National Geographic Institute (ING), Article 1, the ING is the governing body of national cartography, responsible for producing the official map and geographical description of the Republic of Costa Rica, which is correct. 2) It was explained that the ING, via communication number 222 of September 2, 1980, issued by [Nombre29], detailed the boundaries of cities considered exceptions to the application of the Maritime Zone Law, an official note that the trial court considered was created to complement the exception in Article 6 of Law 6043 on the protection of the maritime zone, which states that coastal cities are excluded from the provisions of that law—an argument this instance does not share. The relevance of the issue lies in the fact that if Portete is part of the city of Limón, the exception stipulated in Article 6 of Law 4063, the Maritime Zone Law, would apply, excluding coastal cities from its provisions. To resolve this point, we must examine Law 2906 of November 24, 1961, titled "Declaration of Recreation and Tourism Zone for the Strip Between Portete and 12 Millas de Limón," whose Article 1 states: "The 200-meter strip from the ordinary high tide, within the maritime mile between the northern boundary of the urban zone of Limón, i.e., Portete, and the site known as '12 Millas' or 'Swamp Moth,' north of the city of Limón, as well as the area within 100 meters on both sides of the Moín River in the section parallel to the beach, is declared a recreation and tourism zone. Twenty meters of said zone are reserved for a scenic road where none currently exists. The rest will be transferred to the Costa Rican Tourism Institute as part of its capital to be used according to this law." From its wording, it can be concluded that by citing Portete as the northern boundary of the urban zone of Limón, it was not specified whether the boundaries included or excluded Playa Portete. Additionally, Law 4366 of 1969 on the Territorial-Administrative Division of the city of Limón, Article 8, establishes that the provinces of Costa Rica are divided into cantons, expressly stating that the province of Limón is divided into the cantons of: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca (Law 4339 of February 1970), Matina (Law 4344 of June 24, 1969), and Guácimo, the latter created by Law 4753 of May 3, 1971.El primer yerro está referido en los argumentos en que se basó el rechazo de la actividad procesal defectuosa, por falta de legitimación activa del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Con relación al descarte de la misma, si bien este fue realizado conforme a derecho, lo que no resulta procedente son los argumentos con los cuáles se excluyó la teoría de la defensa de que Playa Portete era parte de la ciudad costera de Limón, la cual reiteró en el análisis de fondo, y que socavaron la legalidad de la decisión jurisdiccional apelada en su totalidad, por la esencialidad del tema discutido. Se afirmó que Playa Portete no se encuentra dentro de los límites de la ciudad urbana de Limón y, el tribunal de juicio en apoyo a tal decisión, indicó lo siguiente: 1-Que con base en la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional (ING), en su artículo 1, el ING es el ente rector de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del mapa oficial y la descripción geográfica de la República de Costa Rica; lo cual es correcto. 2- Se explicó que el ING, mediante pronunciamiento número 222 del 2 de setiembre de 1980, emitido por [Nombre29] , detalló los límites de las ciudades contempladas como excepción a la aplicación de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, oficio que considera el órgano decisor surgió con el fin de complementar la excepción del artículo 6 de la ley número 6043 sobre la protección de la zona marítimo terrestre, referida a que las ciudades costeras quedan excluidas de las disposiciones de dicha ley;argumento que esta instancia no comparte. La relevancia sobre el tema yace en que, si Portete es parte de la ciudad de Limón, se le aplicaría la excepción estipulada en el artículo 6 de la ley 4063 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que exceptúa de las disposiciones de dicha ley a las ciudades costeras. Para resolver dicho extremo, ha de estudiarse la ley número 2906 del 24 de noviembre de 1961, titulada “Declaración Zona Recreo y Turismo Franja entre Portete y 12 Millas de Limón”, la cual establece en su artículo 1, lo siguiente: “ Se declara zona de recreo y turismo la faja de 200 metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la milla marítima entre el límite norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de “12 Millas” o “Swamp Moth”, al norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. El resto se traspasará al Instituto Costarricense de Turismo, como parte de su capital, que dispondrá de acuerdo con las normas que la presente ley establece.” De su redacción se logra concluir que, al citar como límite norte de la zona urbana de la ciudad de Limón a Portete, no se especificó si los límites llegaban hasta Playa Portete, incluyéndola o excluyéndola. Posteriormente, se tiene la ley número 4366 de 1969, sobre la División Territorial Administrativa de la ciudad de Limón, que en el artículo 8 establece que las provincias de Costa Rica se dividen en cantones, indicando expresamente en dicho numeral que la provincia de Limón se divide en los cantones: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca ( Ley 4339 de febrero de 1970), Matina ( Ley 4344 del 24 de junio de 1969) y Guácimo, este último creado mediante la ley 4753 del 3 de mayo de 1971.
Pull quotesCitas destacadas
"Si el acto administrativo no es publicado, se impide que el administrado tenga conocimiento, por lo que el mismo no puede serle oponible ni exigible, y tampoco resulta válido."
"If the administrative act is not published, it prevents the citizen from having knowledge of it, so it cannot be enforceable against them, nor is it valid."
Considerando III
"Si el acto administrativo no es publicado, se impide que el administrado tenga conocimiento, por lo que el mismo no puede serle oponible ni exigible, y tampoco resulta válido."
Considerando III
"La sentencia es un instrumento jurídico que debe valerse por sí sola, en la que no basta mencionar la prueba utilizada, sino que en el fallo debe de incluirse el análisis que le permite al tribunal llegar a una determinada conclusión."
"The judgment is a legal instrument that must stand on its own, in which it is not enough to mention the evidence used; the ruling must include the analysis that allows the court to reach a specific conclusion."
Considerando III
"La sentencia es un instrumento jurídico que debe valerse por sí sola, en la que no basta mencionar la prueba utilizada, sino que en el fallo debe de incluirse el análisis que le permite al tribunal llegar a una determinada conclusión."
Considerando III
"Con base en lo anterior, se declara la ineficacia de la sentencia, se ordena el reenvío del expediente al despacho de origen, para que, con una integración diferente, se realice una nueva sustanciación."
"Based on the foregoing, the sentence is declared ineffective, and the case is ordered remanded to the court of origin for a new trial before a differently composed panel."
Por Tanto
"Con base en lo anterior, se declara la ineficacia de la sentencia, se ordena el reenvío del expediente al despacho de origen, para que, con una integración diferente, se realice una nueva sustanciación."
Por Tanto
Full documentDocumento completo
**RESULTANDO:**
**I.-** That by judgment number 386-2021, at sixteen hundred hours on June sixteenth, two thousand twenty-one, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón, resolved: "POR TANTO: Pursuant to the foregoing, the rules of sound criticism and articles 39 and 41 of the Political Constitution, article 8 of the American Convention on Human Rights, articles 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, articles 1, 30, 31, 45, 103, 227 subsection 1) of the Penal Code; articles 2, 4 to 8 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, articles 122 to 138 of the 1941 Penal Code on the Rules in Force on Civil Liability, articles 1 to 6, 11 to 13, 16, 37 to 41, 70, 71, 75 to 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 to 124, 142, 143, 180 to 184, 265 to 270, 308, 360 to 365 and 367 of the Criminal Procedure Code, articles 632, 704 and 1045 of the Civil Code, this Court resolves A.- the Defective Procedural Activity (Actividad Procesal Defectuosa) filed by Lic. [Nombre9] is declared without merit, B.- [Nombre [Nombre2]] AND [Nombre [Nombre1]] are acquitted of all punishment and liability, for the acts charged and accused against them, and which were classified as constituting a crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN GOODS (USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO), which were being attributed to them to the detriment of the State. C.- The civil action for damages, filed by the Procuraduría General de la República, against the civil defendants [Nombre [Nombre2]] and [Nombre [Nombre1]], is declared with merit, the civil defendants being jointly and severally liable to pay the damage caused by their holding (detentación) of public domain goods, specifically, of the Public Zone (Zona Pública) of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) in the area of Portete, said aspect is made in the abstract because there are no evidentiary elements that provide objective parameters to establish the specific amount of the compensation, the party having to resort to the sentence execution phase to quantify the same. Additionally, the civil defendants are condemned to pay the costs of this action, both personal and procedural, costs which are also condemned in the abstract, because there is no amount on which to calculate them. Likewise, the losing party is condemned to pay legal interest on said sums from the finality of the judgment until its effective payment, the interest rate being set at that established by the Banco Central de Costa Rica. D.- The restitution to the State is ordered of the area within the public zone (zona pública) that has been discussed in this process, ordering the demolition of the structures described in the accusatory documents and the civil action and identified in the respective recital (considerando) of this judgment, because the same are located within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), an inalienable area, as well as the cleaning of the place. Said demolition must be carried out by the Municipality of Limón, as it is the entity in charge of the administration of that area, the demolition must be carried out within a non-extendable period of three months from the finality of this judgment, if the order is not carried out, the crime of Disobedience to Authority could be incurred, the costs of the demolition and cleaning of the area will be transferred to the accused and those involved. E.- The Precautionary Measure (Medida Cautelar) ordered in the record is maintained, as it provisionally granted possession to the Limón Coast Guard Police, so that it may continue its work of guarding the place. Said measure was ordered for the entire duration of the process, therefore it is maintained until the finality of this judgment, once finality occurs, all structures must be destroyed, including those occupied by the Coast Guard Police. The costs of the criminal process shall be borne by the State. Once this judgment is final, execute what is ordered and file the record. Regarding the material evidence, it is resolved that the same be destroyed once this judgment becomes final. Notify by reading" (sic).
**II.-** That against the preceding pronouncement, Msc. [Nombre3], Lic. [Nombre5], Lic. [Nombre7] and Lic. [Nombre8] filed an appeal (recurso de apelación).
**III.-** That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions raised in the appeal.
**IV.-** That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
The judge of the Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal), [Nombre10], writes; and, **CONSIDERANDO:** **I.-** Admissibility and Inadmissibility. By means of a written submission filed on July 13, 2021, the private defender, Lic. [Nombre3], representing the accused [[Nombre4]] and [[Nombre6]], as well as representing [Nombre [Nombre11]], [Nombre [Nombre12]], [Nombre [Nombre13]], [Nombre [Nombre14]], [Nombre [Nombre15]] and [Nombre [Nombre16]], in their condition as third-party civil defendants through a written submission filed on July 14, 2021; the private defender Lic. [Nombre5], representing [[Nombre6]], additionally, through a submission filed on July 23, 2021, by Lic. [Nombre17], representing the Ministerio Público, and through a submission filed on July 28, 2021, Lic. [Nombre8], representing the Procuraduría General de la República, the first two file appeals, and the latter two file adhesional appeals (apelación por adhesión), against the judgment issued by the Criminal Trial Court of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone, number 386-2021, at 16:00 hours on June 16, 2021, in which [Nombre [Nombre2]] and [[Nombre6]] were acquitted of all punishment and liability for the crime of usurpation of public domain goods (usurpación de bienes de dominio público), to the detriment of the State. From the study of the summary it is deduced that the appeals were filed in time, in accordance with the legal term, and according to the requirements necessary for the challenges to enable the adequate and correct knowledge of the disagreements raised by the appellants, for the comprehensive examination of the appealed judgment, as established by article 8.2h of the American Convention on Human Rights, and regulated by articles 458, 459, 460 and 462 of the Criminal Procedure Code.
**II.-** Given that the Adhesional Appeal (Recurso de adhesión) filed by Lic. [Nombre18], representing the Ministerio Público; the first ground of the adhesional appeal filed by Lic. [Nombre8] representing the Procuraduría General de la República; and the fourth ground of the appeal filed by Lic. [Nombre3], raise disagreement with the reasoning of the judgment, the court will proceed to resolve all jointly. It is stated that there is agreement with the acquittal (absolutoria) issued, although it was for the wrong reasons, which is why a pecuniary reparation was established in favor of the Procuraduría General de la República and against the accused. It is argued that the judgment transcribes the statements made by the witnesses, but no assessment of them was made. It is alleged that the accused should not have been acquitted based on the application of a mistake of law (error de prohibición), but rather due to the atypicality of the conduct, hence the criminal wrong was not constituted. It is insisted again that Playa Portete is included within the provisions of Law 6043. The criterion of the adjudicating body is rejected, which validated an official letter from the director of the Instituto Nacional Geográfico (IGN) from 1980, to locate the coordinates of Portete in another place that receives the name of Playa Bonita, and from there, to consider that Playa Portete is not located within the urban zone of the city of Limón. It is criticized that for the trial court, the coordinates issued by said official letter had to be respected as the city limit, even though such an argument was contrary to law. It is insisted that the core of the discussion is not whether Portete is a maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) or not, but that the defense arguments were that the coastal zone of Portete is a neighborhood of the coastal city of Limón, for which reason it is a zone excluded from the application of the provisions of Law 6043 on the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), rejecting the use of an official letter from the Director of the Instituto Nacional Geográfico, from 1980, in which the coordinates of Portete had been located in another place that receives the name of Playa Bonita, to justify that the Portete zone is outside the city limits. For the defense, the coastal zone of Portete and its bay are not located within the 50-meter public zone (zona pública) from the high tide, and the provisions of Law 6043, regarding the restrictions of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), it is insisted, are not applicable to Playa Portete, as it is part of the urban zone of the coastal city of Limón. It is objected that, based on this, private properties bordering the Caribbean Sea can be registered, structures can be built at the edge of the water or where the ordinary high tide reaches, with the Municipality of Limón being the entity that can issue administrative acts (actos administrativos) in said place. It is also alleged that given such a situation, within the "public zone (zona pública)" of the city of Limón, within which "Playa Portete" is found, licit commercial tourism and fishing activities are permitted next to the sea at Playa Bonita, Pitua and the city center, where activities are carried out and under the same conditions as the occupants of [Identificacion1]. It is also explained that the restrictions of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) do not apply within the coastal city of Limón, this being the reason why the Poder Judicial building in Limón is located near the sea in the city of Limón. It is stated that fishing activities are promoted as being of national interest, hence article 5 of the Ley de Pesca y Acuicultura protects said activity, which led to the creation of laws 9073 through 9577, which protected fishermen against the execution of evictions and demolitions. It is explained that the most recent law in that sense was the law approved on July 1, 2021, law number 10000, which orders the suspension of evictions in the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre) and obstacles to licit commercial activities until July 1, 2024. It is also alleged that even the Municipal Council agreed to build a fishing terminal together with Japdeva and Incopesca in the Bahía de Portete, according to the regulatory plan (plan regulador) in accordance with the needs of the canton. As a second disagreement, it is reiterated that the conduct of the accused was atypical, and therefore the trial court's criterion that the conduct displayed was typical, unlawful but not culpable, was legally unacceptable. It was emphasized that the defendants' actions were not malicious, since they had neither the knowledge nor the will to hold (detentar) State lands. It is stated that the property where the fishermen lived belonged to [Nombre [Nombre19]], a property that has a deed, registered survey plan, and boundaries up to the high tide, so it is insisted that the fishermen did not have the knowledge of committing the illicit act charged, or at least they did not imagine that this was possible. It is added that the defendants were accused and sued for holding (detentar) a public domain or demanial good called "public zone (zona pública)" but which does not yet have the status of public domain, so it is insisted that in bad faith, the judgment ignored the northern boundaries of the registry studies updated to date of the property where the defendants lived. It is also alleged that it was never proven that when the accused were permitted the use and habitation of the two structures they used as a dwelling house since before 1991, and which were within a part of the private property of [Nombre [Nombre19]], registered in accordance with the law before 1977, those lands were declared as public domain goods, much less that their expropriation by the State had been ordered. In addition to this, it was stated that they were never warned to vacate the place. It is argued that to accuse them of the action of "holding (detentar)" they should have given the warning to return the good to whom it belonged. It is insisted that both defendants had the right to possess, because the owner of the property had given it to them, so they had not been disturbed in their legitimate possession, so it could also not be argued that they held (detentaron) said property. The appellant questioned the veracity of the knowledge of judicial officer [Nombre20] regarding the application and interpretation of the laws in force in relation to Playa Portete, such that the court based the resolution on them. It was questioned that the statement of [Nombre21] was not analyzed, regarding the Ley de Zona Marítima Terrestre and the non-application of its regulations to Playa Portete. As a third disagreement, it was argued that the Instituto Nacional Geográfico, hereinafter referred to as "ING", responded that there was no boundary marking (amojonamiento) in the Portete area, so no answer could be given as to whether the constructions were within the public zone (zona pública) protected by the Ley de Zona Marítimo Terrestre, which, in their opinion, contradicted the statements of officer [Nombre22] in that sense. As a fourth disagreement with the judgment, an erroneous interpretation is alleged of the expert criminalistic reports prepared by forensic engineer [Nombre23] of the Organismo de Investigación Judicial and 2 expansions thereof, carried out in 2015. It is objected that report number DCF-2015-00746-IG, DCF-2015-1247-ING and DCF-2017-682-ING, did not allow the location of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) to be established with certainty, due to an absence of boundary markings (amojonamientos) in the area. Furthermore, that in said reports, the "Proyecto de Limón-Ciudad Puerto" was used as a parameter to define the coastline of the city of Limón, not the coordinates established by law, a project which is not based on the urban limits of the coastal city of Limón. In addition, it was objected in the same that there was no official boundary marking (amojonamiento) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) in Playa Portete, so it could also not be defined that the study area was located next to the Cariari national recreational area, but no graphic information was obtained that would allow the boundaries of the park to be known. It is criticized that in the expansion of expert report 2015-1247-ING, a public zone (zona pública) was marked without having boundary marking (amojonamiento), in which the appellant also alleged that the high tide does not coincide with the 50-meter strip. Report 746-ING-2015 indicated that regarding the delimitation of the public zone (zona pública), what exists is a digital delimitation and that there were no physical boundary markers. Then it is refuted that a sketch was included in which the constructions under study were located partly within the public zone (zona pública) and the high tide, without defining whether the houses of the defendants were located inside or outside this area. Moreover, it is noted that there was an error in the manner in which the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) in Playa de Portete was fixed in the sketch, which it is alleged was established, not starting at the high tide as stipulated by articles 9 and 10 of Law 6043, that is, the edge of the Bahía de Portete or the structures, but rather the expert located it much further inland, altering the measurement of the public zone strip (faja de zona pública), which was set beyond the 50 meters from the high tide ordered by law, generating an insurmountable confusion regarding the location of the public zone (zona pública). Despite the provisions of said reports, it is insisted that an eviction was ordered through the approval of a precautionary measure (medida cautelar). It was reiterated that initially, in report 2017-683-ING, a public zone (zona pública) within the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Portete was digitally marked on a sketch without physical boundary markers, then, for the second time, in the expansion of the report, another maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is fixed in which the high tide also did not coincide with the 50-meter marked strip, nor with what was indicated at folio 538 of the previous expert report. It was explained that in the expansion of report DCF-2015-1247-ING, in which it was requested to measure the number of square meters that each of the structures were occupying, the 50-meter zone or strip was again attached, located much more distant still from the high tide and totally different from the one marked in the previous sketch at folio 538. It is refuted that the sketch at folio 538 placed the structures inside the public zone (zona pública) and the sketch at folio 1061 placed the structures outside the public zone (zona pública), hence the confusing nature of the expert evidence. It is alleged that based on the expert evidence, there was no certainty about the fixing of the public zone (zona pública). Regarding expert report DCF-2016-2230-BIO, from folio 992 to 999, it indicated that as of November 14, 2016, there was no geographic delimitation to define whether the Portete de Limón dock was located in a rural or urban zone, so it was not possible to answer the query as to whether the dock was in the area declared as the city of Limón. Regarding the geographic location of the houses of [[Nombre4]] and [[Nombre6]], it was indicated that as for the house of [Nombre [Nombre2]], it was not determined whether it is within 50 meters from the [Placa1] nor the [Placa2] within any public zone (zona pública), and in the case of the house of [Nombre [Nombre1]], it was also not determined whether it is within 50 meters from the [Placa1] nor the [Placa2] within any public zone (zona pública). Report DCF-20017-583-BIO at folio 1052-157 is also objected to, which also did not define the public zone area (área de zona pública). It is also refuted that the court questioned the legitimacy of the registered property in the name of [[Placa3]] simply based on what was said by expert [Nombre24], that there were survey plans related to the processing of possessory information but none registered, when the defense argued that survey plan [[Placa4]], which generated the inscription of the property under real registration number [[Placa5]] in the name of [Nombre [Nombre19]], was offered at folios 2441 to 2450. Also, because expert [Nombre25] said he could not affirm that the house of the accused was within the area (cabida) of property [[Placa5]] of the property of [[Placa3]], whose northern boundaries reach the high tide or within what was expropriated by ICODER, which it was the duty of the Ministerio Público to prove or rule out. The court simply dismissed such a possibility, against the interests of the defense. It is also objected that article 5 of the Ley de la Zona Marítima Terrestre indicates that the municipality can grant permits for the shelter of persons and safety in navigation. It is argued that the adjudicating court did not contemplate in judgment regulation [Placa6] of Law 6043, article 22, regarding the powers of the administrative authorities. It also criticized that the trial court confused the zero environmental damage determined by SINAC in Portete, with environmental impact, since environmental impact is the modification of the environment caused by the action of man or nature, and environmental damage is any action, omission, behavior or act exercised by a physical or legal, public or private subject, that alters, impairs, disrupts, diminishes or puts in imminent and significant danger, some constitutive element of the concept of environment. It is objected that said report indicated that there was no environmental damage in terms of affectation derived from changes in environmental services and/or ecosystem services produced by the construction of the Portete dock, therefore, in their opinion, an economic valuation of the environmental damage was not appropriate, information which is also claimed was not assessed in the judgment, so it is alleged that ordering the demolition of the structures was not appropriate. The lack of assessment of the documents provided by the defense is criticized, which are argued to have been superficially mentioned in the ruling, without evaluating them in detail, among which was resolution 624-F2017 of the Colegiado Agrario Court of the II Judicial Circuit of San José, where it was concluded that the provisions of Law 6043 did not apply to Portete, regarding the land dispute where the house of [[Nombre4]] and Icoder was within the land expropriated from [[Nombre26]], and the latter claimed the opposite, as well as opposing the incorporation as evidence for a better ruling of the expert report of [Nombre27] CED1, in which [Nombre [Nombre2]] was proven right, that it was not a maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), nor within the 50-meter strip from the high tide. It is reiterated that the conduct is atypical, so the acquittal (absolutoria) of the accused on that ground is requested, and not based on the application of an invincible mistake of law (error de prohibición invencible). Response of the parties. It is recorded that at folio 153 reverse, the parties were summoned with respect to the appeals filed by Lic. [Nombre3] and Lic. [Nombre5], private defenders of the defendants [[Nombre6]] and [[Nombre4]], without any pronouncement having been filed. Adhesional appeal (Recurso de apelación por adhesión) filed by Lic. [Nombre17], representing the Ministerio Público. Disagreement with the legal reasoning. It was argued that the trial court erroneously applied the existence of an invincible direct mistake of law (error de prohibición directo invencible) in favor of the defendants [Nombre [Nombre1]] and [Nombre [Nombre2]], who alleged they believed they had the right to remain living in the place, when in the opinion of the appellant they had a clear understanding of the prohibition of the accredited conduct. It is alleged that it was not analyzed that the defendants knew that all the beaches of Costa Rica are public, a circumstance that eliminates any possibility of alleging a mistake of law (error de prohibición). It is indicated that among the evidentiary elements, there was the testimony of the Organismo de Investigación Judicial officer, [Nombre22], who stated that from the dwelling of the two defendants, the sea could be clearly seen and pointed out that he could calculate that the water surface was not more than 50 meters away from the dwellings. Furthermore, that the expert reports issued by the Laboratorio de Ciencias Forenses accredited that all the works were within the 50 meters of the public zone (zona pública). The appellant considers that it was evident to both defendants that they were living on a beach, which is prohibited throughout the national territory, without exception, since it is stated, the Costa Rican coastlines possess an inalienable 50-meter public zone (zona pública). It is alleged that it does not matter if the dwelling is located within any port city or not, because the exception referred to by the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre refers only to the non-existence of a restricted zone (zona restringida) within the cities listed in the law itself, said exception not covering the public zone (zona pública), which will always be a public domain good whose purpose is the use and enjoyment of the people, as well as the conservation of the environment. It is also added that witness [Nombre28], a municipal official from the locality of Limón, who asserted having extensive knowledge on the subject of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and affirmed that there is always a public zone (zona pública), even in urban areas, regardless of the exception in the law. Therefore, it is alleged that if the public zone (zona pública) maintains its legal regime as public domain, regardless of where it is located, the defendants could not allege a mistake of law (error de prohibición). It is also indicated that numeral 70 of the Ley de Zona Marítima Terrestre establishes that those settlers who occupy the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre) from a date prior to the issuance of the law may continue to occupy the area, but they must respect the public zone (zona pública). That is, that private individuals must leave free the space of the public zone (zona pública), which is affirmed, coincides with what was judged in the present case, but that in the opinion of the challenger, it was considered that the defendants acted believing that their conduct was not prohibited.
It is questioned that from the historical moment in which they realized that the site is a beach, from that very instant it was evident to both that they were occupying space that is public and intended for common use, and therefore, they could not occupy it under private title for their own particular purposes. Additionally, opinions C-330-2020 and C-004-1980 of the Procuraduría General de la República are cited, which although not jurisprudence binding on the courts of justice, can be taken into consideration to determine how the legal regime of the public zone has been administratively regulated, since it was affirmed that ultimately Law 6043 conferred upon the municipalities the duty to administer said physical space and the administrative jurisprudence of the Procuraduría General de la República has delimited how that strip of land shall be administered. It is requested that the judgment be annulled and that a remand trial be ordered for the issue of criminal liability. Regarding the other aspects resolved in the judgment, it requests that they remain untouched as they are in accordance with the law. First ground presented by attorney [Nombre8] representing the Procuraduría General de la República. Disagreement with the legal reasoning. It is claimed that the trial court inadequately applied the mistake of law (error de prohibición), by considering that the accused did not have a clear understanding of the prohibition of the proven conduct and that was attributed to them throughout this proceeding. It is claimed that it was not considered that a resident of the canton of Limón cannot allege ignorance of the legislation regarding the beach located in the area, given that the dwellings the defendants had inhabited are situated within the 50 meters of the public zone of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), since it is claimed that all beaches in Costa Rica are public and that no one may inhabit those sectors as they are inalienable public domain zones, which eliminates, in its view, the possibility of any error. The statement of witness [Nombre22], an investigator with the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), is cited, who stated that from the dwelling of Mr. and Mrs. [Nombre [Nombre2]] and [Nombre [Nombre1]], it was possible to see the sea and that the water mirror of the ocean was visible at less than 50 meters distance from the dwellings, which was reinforced by the expert reports issued by the Forensic Science Laboratory, which confirmed that all structures, including those of the accused, were within the 50 meters of the public zone of the maritime-terrestrial zone, so it is questioned that the defendants could claim they were unaware they were living on the beach. It is also added that Costa Rican shorelines possess an inalienable public zone of 50 meters, without any type of exception in this regard, regardless of whether it is located within some coastal city or not, since the exception referred to in the Law on the Maritime-Terrestrial Zone refers solely to the non-existence of a restricted zone within the cities listed in the law itself. It is added that the exception of the existence of the restricted zone in coastal cities does not encompass the public zone, which will always be a public domain asset, whose purpose is for the use and enjoyment of any person, as well as environmental conservation, since otherwise, in every coastal city of the country there would be constructions within the public zone, which is impossible. Therefore, if the maritime-terrestrial zone maintains its legal regime as a public domain asset, regardless of where it is located, it is affirmed that the accused did know of the unlawfulness of their conduct. It is indicated that in numeral 70 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, it is established that whoever holds the status of settler on lands or properties occupying the maritime-terrestrial zone from a date prior to the issuance of the law, has the possibility of continuing to occupy the area, respecting the 50-meter public zone. That is, they may occupy the 150-meter restricted area, but not the public zone. It is requested that the judgment be annulled solely regarding the issue of the application of a mistake of law. Response of the defense. Regarding the sole ground of the appeal filed by attorney [Nombre17]. The master [Nombre3], private defense attorney for the accused [[Nombre4]], on folio 170 verso, requests that the two adhesion appeals filed be dismissed. It was affirmed that first, in the judgment it was not proven that the accused was living on a beach; it is affirmed that living near the sea does not necessarily imply living on a beach. Moreover, the fact that investigator [Nombre22] stated that from the dwelling of the two accused one could see the sea is not synonymous with them living on the beach. It is added that the witness, without being an expert, pointed out that the water mirror could be calculated at less than 50 meters; however, the accused [[Nombre4]] declared at trial that it was more than 50 meters. He also indicated that regarding the 50-meter public zone determined by the 2 questioned expert reports, both demarcations did not begin from the high-water mark (pleamar) but farther inland, so neither of the two zones marked by the expert reports is real, as is reproached and was demonstrated in the appeal of the judgment. It is also stated that the legal concept of beach and public zone is very different, and it is criticized that for the Public Prosecutor's Office it is the same, confusing their use, just as it attempted to do by excluding from the file the technical evidence SINAC-ACLAC-DR-0446-15, dated November 23, 2015, which established the non-existence of environmental damage in Portete or by falsely asserting during the trial that Law 9577 had been declared unconstitutional. It is also refuted that it is not true that there are no exceptions for the public zone, since Law 6043 so establishes, otherwise the Courts of Justice of Limón and the Tony Facio Hospital, built less than 50 meters from the water mirror, would have to be demolished. It is alleged that there are spaces or properties that have a public zone within the maritime-terrestrial zone that are still legally registered as private properties and that to become public domain they must be expropriated. It is alleged that what the prosecutor affirmed is not true, since he ignored the scope of Law 6043 on the maritime-terrestrial zone and its regulation. It is criticized that from the center of the city of Limón to Moín there are hundreds of houses or structures built within the 50 meters of the public zone without being illegal because it is an urban zone of a coastal city. It is added that claiming that the accused had knowledge of the illegality of his action is a subjective assessment, not only because it was not proven at trial, but also because it was proven that the defendants inhabited a portion of land registered by a private individual since before the year 1977 and that had not yet been expropriated. Regarding the first ground of the appeal filed by attorney [Nombre8] representing the Procuraduría General de la República, the defense indicated that there was not a single piece of evidence that precisely ensured that the dwelling of its represented party was located within the beach or within the 50 meters of the public zone. Again, it was affirmed that it could not be demonstrated at trial that the accused was living or had been living on a beach, since the legal concept of beach and public zone is very different. It was also affirmed that it is not true that there were no exceptions for the public zone in Law 6043. Arguments outlined in the previous ground are reiterated, concluding by affirming that considering that the accused should have known he was acting illegally is a subjective assessment by the appellant, given that it was proven at trial that the accused inhabited a portion of land registered by a private individual since before the year 1977, and that had not yet been expropriated. It is requested that both appeals be dismissed.
III.- The foregoing appeals must be granted, but for reasons partially different from those alleged. This chamber having become aware of the arguments included in the judgment, a series of errors in the reasoning are detected, which invalidate the arguments developed and do not permit the resolution brought on appeal to be confirmed. The trial court, as seen on folios 35 and 36 of the judgment, from the appeals file, explained that the discussion topics were based on two main issues; the first relating to whether Portete was part of the coastal city of Limón or not, and the second, whether the dwelling houses of the accused are located within the public zone of Portete; it is precisely regarding the accuracy of these two axes that the flaws in the reasoning were detected, which are explained below. The first error refers to the arguments on which the rejection of the defective procedural activity, for lack of active standing (legitimación activa) of the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República, was based. Regarding the dismissal of the same, although this was carried out in accordance with law, what is not appropriate are the arguments with which the defense theory that Playa Portete was part of the coastal city of Limón was excluded, which it reiterated in the merits analysis, and which undermined the legality of the appealed jurisdictional decision in its entirety, due to the essential nature of the discussed topic. It was affirmed that Playa Portete is not within the limits of the urban city of Limón, and the trial court, in support of such decision, indicated the following: 1-That based on the Law of Creation and Organization of the National Geographic Institute (IGN), in its article 1, the ING is the governing body of national cartography, intended for the execution of the official map and the geographic description of the Republic of Costa Rica; which is correct. 2- It was explained that the ING, through pronouncement number 222 of September 2, 1980, issued by [Nombre29], detailed the limits of the cities contemplated as an exception to the application of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, a communication that the deciding body considers arose in order to complement the exception of article 6 of Law number 6043 on the protection of the maritime-terrestrial zone, referring to the fact that coastal cities are excluded from the provisions of said law; an argument this instance does not share. The relevance of the issue lies in the fact that, if Portete is part of the city of Limón, the exception stipulated in article 6 of Law 4063 Law on the Maritime-Terrestrial Zone, which exempts coastal cities from the provisions of said law, would apply to it. To resolve this matter, Law number 2906 of November 24, 1961, entitled “Declaration of Recreation and Tourism Zone Strip between Portete and 12 Millas of Limón,” must be studied, which establishes in its article 1, the following: “The 200-meter wide strip, from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria), comprised within the maritime mile between the northern limit of the urban zone of the city of Limón, i.e. Portete, and the site known as '12 Millas' or 'Swamp Moth,' to the north of the city of Limón, is declared a recreation and tourism zone, as well as the zone comprised within the 100 meters on both sides of the Moín River in the section parallel to the beach. From the referred zone, twenty meters are reserved for a panoramic highway in places where it does not currently exist. The remainder shall be transferred to the Costa Rican Institute of Tourism, as part of its capital, which shall dispose of it in accordance with the rules established by this law.” From its wording, it can be concluded that, by citing Portete as the northern limit of the urban zone of the city of Limón, it did not specify whether the limits reached Playa Portete, including it or excluding it. Subsequently, there is Law number 4366 of 1969, on the Administrative Territorial Division of the city of Limón, which in article 8 establishes that the provinces of Costa Rica are divided into cantons, expressly indicating in said numeral that the province of Limón is divided into the cantons: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca (Law 4339 of February 1970), Matina (Law 4344 of June 24, 1969) and Guácimo, the latter created by Law 4753 of May 3, 1971. Subsequently, through Executive Decree number 21515-6 of August 10, 1992, the legitimacy of the National Geographic Institute to pronounce on the limits and numbering of districts was indicated, determining through Executive Decree number 21720-6 published in La Gaceta number 239 of February 14, 1992, as cantons of the province of Limón: Limón, Valle de Estrella, Río Blanco and Matina. In Law number 4366 of 1969, in its article 10, the second paragraph indicated that the division between cantons shall follow natural limits; and only when this is not possible, straight geodesic lines shall be designated. The third paragraph indicates that when in the separation of cantons there are non-natural straight geodesic lines, the neighboring cantons shall finance the demarcation (amojonamiento), which shall be executed by the National Geographic Institute. All of which allows understanding that the variation of the limits of provinces and cantons must be carried out by law, but not that of districts, a law that also legitimizes the ING in said function, as does the Law of Creation and Organization of the National Geographic Institute, Law number 59 of July 4, 1944, which constitutes it as the official entity in the cartographic, geographic, and geodesic area. Thus, the National Geographic Institute is the entity responsible for carrying out demarcations within the national territory, since it will also be responsible for preparing provincial and cantonal maps, which must be reviewed when applicable. Therefore, the trial court's reasoning in that sense was correct. The problem is that, although the National Geographic Institute is the competent entity to create the administrative act, regarding said communication, or pronouncement number 222 issued on September 2, 1980, the trial court omitted to indicate in its judgment the folio on which it is recorded, which document was also not admitted as documentary evidence, and by itself is not enforceable against third parties (oponible a terceros). Even though the lower court did not specify it, we could infer that the information on the existence of said communication was extracted from the copy of the Technical Report of the Director of the IGN, [Nombre30], which is part of the copies of the admitted and incorporated documents, belonging to Legislative Assembly file 19,783, entitled: “Investigation into the circumstances surrounding the construction of a private dock in Bahía Portete, in the canton of [Dirección1] of Limón,” which the trial court indicated was found starting at folio 935, and which was analyzed in the judgment on folio 43, in which it again cited the existence of the aforementioned communication, but added that said pronouncement was communicated to the Director of the National Cadastre, thus setting the limits of the city of Limón, specifying that the delimitation in the sector was digital georeferenced. This internal administrative act allowed the National Cadastre to have information on the coastal limits of the city of Limón, but not so the rest of the Costa Rican population, since according to articles numbers 120, 121, 122, and 123 of the General Law of Public Administration, said administrative act should have been published in the official bulletin to be able to have effect on third parties. Numeral 120 indicates that: “For purposes of classification and value, the acts of the Administration are classified into external and internal, depending on whether or not they are addressed to the administered party; and into specific and general, depending on whether or not they are addressed to an identified subject...” Article 121 of said law literally establishes: “1. Acts shall be called decrees when they are of general effect and agreements when they are specific. 2. Decrees of normative effect shall also be called regulations or regulatory decrees. 3. Agreements that decide an administrative recourse or claim shall be called resolutions.” Article 122 establishes that internal acts shall lack validity before the general legal system to the detriment of the individual, but not to their benefit. That is, for an administrative act to be enforceable against third parties it must have been published through an executive decree, published in La Gaceta as the Judicial Bulletin, or alternatively, as an act enforceable specifically against the accused, it must be proven that it was duly notified to them, which was not indicated in the judgment. Otherwise, the administrative act will lack validity before the legal system, which would not allow the trial court to rely on said communication number 222 to consider that the accused were not covered by article 6 of Law number 6043 on the maritime-terrestrial zone, because said communication so provides. This does not mean that such pronouncement was not duly published, but rather it is on the basis of said Executive Decree, or official notice, that judicial authorities must base their resolutions and apply what is appropriate. Curiously, the only Executive Decree number 36642-MP-MOPT-MINAE, to which reference was made in the judgment, is that which establishes in its article 20 that digital georeferenced delimitation is applicable in those sectors of the maritime-terrestrial zone where there is no delimitation with a physical boundary marker (mojón físico). However, it is again stated that what is questioned is not that the National Geographic Institute is not the entity empowered to set the coordinates and carry out the demarcations, even virtually; what is refuted is that, for the administrative act used in the contested resolution as the basis for its decision to have general effect, it must be duly published in the official journal. Even Article 63 of Regulation number 7841-P of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone so establishes, which textually indicates: “The National Geographic Institute shall publish notices in the Official Journal, for each portion of the maritime-terrestrial zone in which it has demarcated the public zone.” A detail to which the trial court did not refer, and which is missed in the reasoning of the judgment. Now, it is clear that once the physical, no longer virtual, demarcation of Portete was carried out, the notice or communication was published in the official bulletin La Gaceta, for the month of November of the year 2015, in which the limits of the city of Limón were set, in accordance with the physical demarcation carried out up to that moment; however, this does not cure the defect with respect to communication number 222, regarding virtual demarcation, from the year 1980, which is the one the trial court used to indicate that since the year 1980, the limits of the city of Limón and the exclusion of Portete from the already cited urban zone had been legally set. Regarding the right to appeal the administrative act, the jurist [Nombre31] has indicated the following: “The subjects with standing (legitimados) to file this appeal are the holders of legitimate interests and subjective rights. Also, as is logical to assume, the subjects who maintain a right that may be affected by the resolution have standing, which requires their appearance in the procedure to exercise the right to appeal before the same body that issued the act under challenge.” (Jiménez Meza, Manrique. “ Administrative Standing”, 5th edition, San José, page 72, 1991). That is, the need for the administrative act to be published so that it has general effect, or for the agreement to be duly notified to the administered parties, is to first allow compliance with the right to be informed and thus be able to exercise control over it, through challenge, when it is considered abusive, or that it affects the interests of the administered party, and upon becoming aware of it, to be able to challenge said act through the previously established procedure. If the administrative act is not published, the administered party is prevented from having knowledge, so it cannot be enforceable or binding against them, and it is also not valid. Regarding the effect of an administrative act, jurisprudentially the Constitutional Chamber has maintained the criterion that has been sustained, for example, through resolution 11924-2008 of July 30, 2008, in which it indicated that the executive decree by principle is of general effect, it does not need to be notified personally, as it is only necessary that it be published, being enforceable against third parties from that moment on. The First Chamber of the Supreme Court of Justice, on the subject, explains that the sanction for an administrative act that does not comply with the legally established procedure is the invalidity of the same, which is extracted from the following excerpt of resolutions numbers 1242-2020 of March 31, 2020, and 254-F-S1-2011 of 9:25 a.m. on March 10, 2011, in which it indicates the following: “(...) the act is conceived as a unilateral declaration of will, knowledge, or judgment made by Public Administrations in the exercise of the administrative function, which produces specific or general legal effects, of a normative nature or not, directly or indirectly, in use of their powers. It is considered valid as long as it conforms to the legal system (article 128 LGAP). It is also required that it be issued by the competent body or entity and that all legally required requirements and procedures be fulfilled (numeral 129 ibid.). These latter are classified into two groups, formal and material. The former are directed at the exercise of the power that authorizes the public conduct, consisting of the procedure, the form (manner in which it is externalized), and the subject (competence). On the other hand, the material ones are linked to the purpose of the act and frame the activity that the Administration intends to carry out; they consist of the motive, the content, and the purpose (…)”. Therefore, corroborating that the communication cited in the judgment was duly published, as required by the already cited legislation, is of vital importance. Regarding pronouncement 222 of the IGN, as an administrative act, the judgment brought on appeal included the following reasoning as arguments to validate said administrative act and enforce it against the accused. On folio 9 of the appeal file, in the ruling, it was indicated as the first argument that the IGN was the entity authorized to set the coordinates of coastal cities, whether virtually or physically, through a pronouncement or notice, which is true. However, as a second argument it textually stated the following: “Second, there is no way to prove what Lic. [Nombre32] claims, in the sense that this administrative act through which the IGN communicated the coordinates of the limit of the city of Limón obeys only the subjective will of the director of the IGN. That assertion of the defense is completely a subjective assessment. It is clear that administrative acts consist of preparatory acts and inputs that lead to their concretization, the fact that these preparatory acts or inputs on which it was based were not offered as evidence in this trial does not mean that they do not exist and that it was only a whimsical and unfounded act that led to establishing said coordinates; this is something that attorney [Nombre33] assumes, and which has no support in any element of proof.” Although the defense argument was not properly formulated, the lower court's argument is not appropriate, because the one who is using the administrative act against third parties, in this case the accused, as inhabitants of Portete, is the judicial authority, not the contrary, so it is the latter who must ensure the effect that said administrative act used has within the legal system. What is questioned is not the existence of the administrative act, nor the legitimacy that the IGN had to issue it, but rather that it was a mere internal act, which, as already explained, would not be enforceable against third parties. Therefore, what the judge should have used is the Executive Decree from 1980, originating from that already indicated pronouncement, if such decree or official notice existed; otherwise, said administrative act could not be given a coercive force that it does not have. As a third argument to reject the defective procedural activity raised by attorney [Nombre34], the following was textually indicated: “Third, if Lic. [Nombre33] or the defense considered that this administrative act was arbitrary and caused them an affectation, what they should have done was challenge said act, but before the corresponding court, i.e., the Administrative Litigation Court, where the background of said act would be studied and eventually its nullity obtained; however, this was not done, and consequently there is no reason whatsoever for this authority to even consider that there might be something irregular with it.” The lower court is also not correct, since the one who should have verified that communication number 222, as stipulated by the General Law of Public Administration, could be the basis for its arguments, and that these would be valid, was the judicial authority, who precisely should have ensured that the pronouncement issued by the director of the IGN in 1980 had been legally published, complying with the procedure established by law, or the second option is that it was duly notified as an agreement to the accused, in order to assume that the defendants, as administered parties, did not appeal such administrative act, but not to infer what is legally unknown and, despite that, to present it as a valid argument against the defendants. In its fourth argument, the trial court considered that since said pronouncement had been issued as a complement to Law 6043 of 1977 on the maritime-terrestrial zone, having been produced only 3 years later, it could be inferred that said act was generated to concretize the exception stipulated in article 6 of Law 6043 already cited, so it was not an act that was issued for the time of this proceeding, i.e., for 2015, so as to assume it was issued with the sole purpose of causing harm to the defendants, surprisingly demarcating how far the coastal city of Limón extended. The trial court textually affirmed on folio 10 of the appeal file, the following: “(...) Which in turn means that if the defense had sufficient time to challenge said act, given that the present case began in 2015 and it is not until 2021 that the trial was held.” Thereby ignoring what is stipulated in the General Law of Public Administration, which establishes in article 122 that agreements as internal acts may be used by the administered party for their benefit, but may not be used against them to their detriment, which raises the doubt as to whether before the year 2015 (in which a second communication was generated that, as already indicated, was duly published in November 2015 through executive decree, acquiring validity), there existed or not an administrative act that had general effect and that would allow affirming that it complemented the 1961 Law already cited, regarding whether [Identificacion1] was within or not the city of Limón, because depending on such situation, the trial court can conclude whether the accused conduct would be atypical as the defense alleges or, on the contrary, it would be facing the possibility that the conduct was typical, unlawful, but not culpable, given the possible existence of an invincible mistake of law (error de prohibición invencible), a topic that will even be taken up again in later lines. Even regarding the general effect of communication number 222 of the IGN, and its repercussions within the criminal proceeding, it is also worth mentioning that as the trial court affirmed, opinion DCF 2015-1247-ING of August 2015, on folio 536 and following, based its conclusions on the use of the coordinates emanating from the same already cited communication. As a fifth argument, the trial court rejected that the delimitations of cities can only be made by law. In reality, the defense is not correct for the arguments previously set forth regarding the delimitation of districts and the entities empowered to do so, but the point of disagreement with what was raised by the deciding body is that the 1961 law, which granted a strip of 200 meters from the high-water mark, from Portete to the place known as 12 millas, including both areas within the urban zone of the city of Limón, was not applicable to Playa Portete, much less to the exception of article 6 of the same law. In the opinion of the deciding body, the defense made an erroneous reading of the cited law, because although the law includes Portete as the limit of the city of Limón, this does not mean that it places it within the exception contained in article 6 of Law 6043, which is even a later law. For the trial court on folio 10 of the appeal file, the already cited article 6 textually indicates: “(...) The provisions of this law shall not apply to the areas of the cities located on the shorelines, nor to the coastal urban zones…” and Law 2906 indicates that Portete is the northern limit of the urban zone of the city of Limón.
This translates into the fact that the laws use different terms, which does not allow for the interpretation that the defense intends, given that even the 1961 law was not drafted to establish an exception created by a later law—a mistaken criterion, since regardless of whether a law predates an exception created afterward, the fact is that this in no way affects one law complementing the other, irrespective of whether they use exactly the same terms, as long as what the content of those laws essentially implies is understood, which suffices with a simple reading of them. Nor is the argument put forth in the ruling relevant to the scope of what must be proven in criminal matters—that a Legislative Assembly commission aware of the illegality of the construction of a dock in Portete reached the conclusion that Portete was not part of the city of Limón—since, for the case sub judice, it is not the Legislative Assembly that must define such an aspect, but rather the trial court. Where the deciding body is correct is that, regardless of the foregoing, it does not matter whether it is the Municipal Council that must administer those lands in order to consider that both the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) have the right to bring action in the present proceeding: the former because it holds the monopoly on criminal prosecution as established by Paragraph 16 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), and the latter because it represents the interests of the State and defends the national patrimony as established by Article 3 of the Organic Law of the Office of the Attorney General of the Republic (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República). Thus, what generated the defect were the arguments used to dismiss the criterion that Portete fell outside the exception of Article 6 of Law 6043, taking into account that the judgment did not explain whether, regarding that official communication used as the basis for the main arguments, the administrated parties had legally had the opportunity to appeal it, either because it was duly published through the corresponding channel, or notified to the accused persons such that the administrative effects generated by it—and which were used in the criminal sphere against the defense's theory of being within the exception already explained—could be asserted against them. With respect to the use of said official communication to determine whether the structures built in Portete were located within the restricted area (área restringida) or the public area (zona pública), in the criminalistics expert opinion prepared by expert [Name35], number DFC 201-746-ING, on folio 220, and the addendum 2015-1247-ING on page 536, we see that the expert, on folio 21 of the appeal file, stated: “(…) if my memory does not fail me, the same opinion indicates that the entity in charge of demarcation for the ING sector was consulted, and they told me that at the time there was no demarcation (amojonamiento), neither physical nor digital. That information was recorded and so it appears in the expert opinion. The demarcation between the public zone (zona pública) and the restricted area (zona restringida), I placed it because for the second opinion, the registry, through the IGN, issued a communication and established a digital demarcation in that sector; information was consulted and that digital demarcation line was obtained, which is indicated in that addendum or clarification…” From what the expert declared, we can infer that in preparing the opinions by which it was determined that the dwellings were partly in the restricted area (área restringida) and partly in the public zone (zona pública), coordinates from an administrative act were used whose official status—whether or not it had been formalized—is unknown within the case file, and for which it was also not recorded whether due process had been respected with regard to the administrated parties, either through its publication or through proper notification to the parties, which is what would have allowed the accused persons to challenge it had they considered that what the administration resolved harmed their interests. Hence the importance of corroborating the validity of said administrative act in a new trial upon remand. The second defect in the reasoning consists of the arguments regarding whether the structures that the accused persons specifically held possession of are located within the public zone (zona pública), the restricted area (área restringida), or the beach. The lack of precision on this issue in the judgment's reasoning directly affects the second pillar of the challenged resolution. From the analysis of the judgment, a lack of concreteness on the topic was detected, because, although it was affirmed that the constructions of both accused persons were located on public-domain property (bienes de dominio público), this was not duly reasoned. First, on folio 36, the court analyzed the statement of the officer from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), an account that takes on special relevance if one takes into account that, according to the declaration of expert [Name36], he did not know who lived in the structures at Playa Portete, but rather it was Officer [Name22] who provided the information identifying the persons who held possession of the structures built at said location, including the dwelling houses occupied by the two defendants, about which the witness, on folio 28 of the appeal file, stated: “The houses of [ [Name4] ] and [Name [Name1]] do not touch the sea; from them, one can see the sea…” An affirmation that contradicts the claim made by the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) that the constructions held by the accused persons and civil defendants were built on the sea surface (espejo del mar) or on the beach. Regarding the location of the dwelling houses within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the court asserted that the dwelling houses of the accused persons were located within the public zone (zona pública), and for this it cited expert opinion 2015-1247-ING, on folio 536, as one of the addenda generated from opinion 2015-746-IGN, which the court referred to on folio 36 of the judgment: “In it one can appreciate the location of each of the seven structures indicated in the accusatory documents and the civil action of this case, including the dock, the warehouses, offices, and small houses described by [Name37]. Specifically on page 538, a map of the Portete area can be seen, where each of the seven structures is marked; in addition, the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre) is delineated, both the 50 meters of the public area (área pública) and the 150 meters of the restricted area (área restringida), making it clear that some of the referred structures are within the public zone (zona pública), and others are on the water surface (espejo de agua), just as [Name37] and the expert himself stated.” From the cited excerpt, it was concluded that the court described the content of the opinion in a general manner but did not analyze it with specific relation to the situation of the two defendants, since, although other structures exist at the location, those of interest are the dwelling houses of [ [Name4] ] and [ [Name6] ]. A judgment is a legal instrument that must stand on its own; it is not enough merely to mention the evidence used; rather, the ruling must include the analysis that allows the court to reach a specific conclusion. It was omitted to indicate, in the specific case of both accused, where the dwelling houses are situated within the maps of each cited opinion, at what distance from the high-water mark (pleamar) they are specifically situated, since that is the main subject of the accusation; and then, based on such analysis, to conclude whether they were in the public zone (zona pública) or the restricted area (área restringida) or in both, since from what was recorded in the ruling, it is inferred that some of the seven structures in Playa Portete were in the restricted area (zona restringida) and others in the public zone (zona pública), without indicating further specific details regarding those of the accused. Furthermore, the place where the indicated information is found within each opinion must be cited—information that was omitted in the judgment. This defect is aggravated if, just as the court assessed at the end of folio 36 of the appeal file, the expert could not attest to who held each structure; rather, that information was provided by judicial investigator [Name22]. The court wore itself out explaining the good faith and concern of the judicial officer regarding the accused, without explaining what detailed information the witness specifically provided about the dwelling houses of the implicated persons, as opposed to the structures in general. It is not specified with certainty at what distance each of the houses was located from the sea surface (espejo de mar) or the high-water mark (pleamar). The court insisted that the information provided by the officer about the location of each structure and its occupants could not be doubted, without indicating exactly what that location and siting of the structures it was referring to was. Subsequently, on folio 37 of the appeal file, a series of documents issued by the Municipality of Limón were cited to conclude that no type of permit had been granted in the area, which for the court had special importance because Officer [Name22] had said that some of the structures investigated (without indicating which ones exactly) were located within the sea, or on the sea surface (espejo de mar), without explaining what relationship that information had to the specific case of the two accused persons, taking into account that the judicial officer referred at trial to all the structures built in the Portete area, even describing a dock and warehouses—constructions that, according to what was explained in the judgment, would in principle have no relationship to the accused persons, but rather belonged to the accused who were dismissed in the present case; thus, the court did not explain the relationship of that analysis to the accused [ [Name4] ] and [ [Name6] ]. The court continued on folio 36 of the appeal file, analyzing whether the dock built in Portete lacked any type of permit for either its construction or its use, without explaining what relationship that structure had to the dwelling houses of the defendants, a relationship that apparently was nonexistent. Although this Chamber is analyzing only those arguments through which the location of the two dwelling houses within the public zone (zona pública) was accredited, it is evident that the ruling continually referred to “structures” to refer generally to all of them, without specifying in most cases the specific location and situation of the dwelling houses of [ [Name4] ] and [ [Name6] ], especially because, in the sketches of each expert opinion existing in the case file, the structures are marked by number; that is, the sketch or opinion is not directed at analyzing the situation solely of the implicated persons' dwelling houses, but of all the structures existing in the Portete area, which with all the more reason obligated the trial court to perform the analysis already indicated in its ruling. These expert reports were taken up again in the evidentiary analysis, starting on folio 39 of the appeal file, where the court again committed the same error, describing each opinion and its addenda, beginning anew with opinion DCF:2015-1247-ING, on folio 536, in which reference was made to the fact that in this opinion the delimitation between the restricted area (zona restringida) and the public zone (zona pública) could be made, as well as mentioning the map or sketch on folio 538, which was described, indicating that it contemplates the seven structures, explaining again that the constructions under study are located partly in the public zone (zona pública) and partly at the high-water mark (pleamar), without specifying or detailing at what distance from the high-water mark (pleamar) the two dwelling houses of the accused persons were located, since to corroborate the facts charged against them, it is essential to make those aspects clear in the judgment. This error was reiterated on folio 40, where the court analyzed the rest of the opinions, in which it was explained that the difference between the previously mentioned opinion and DCF:2017-682-ING is that engineer [Name38] made an error in the reference points, about which the deciding body affirmed was acknowledged by the expert in the hearing—that in this latter opinion the structures appear within the high-water mark (pleamar), when in reality it should be as established by opinion DCF: 2015-147-ING, in which it was concluded that the structures were within the public zone (zona pública) and the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre), without specifying whether what had been identified as the property held by each accused person was built on in its entirety, or only one part of the lot; nor was it clarified whether what is in the public zone (zona pública) is the property and the house in the restricted area (área restringida), or vice versa, or whether the construction straddles both zones, because none of that was analyzed or explained in the appealed ruling, which generated a defect in the reasoning. Then, on folio 40 of the appeal file, opinion DCF:2016-2230-BIO on folio 992 was described, stating that it contained photographs of the structures under investigation and a map of the area, again without the court analyzing or at least describing the exact location of the dwelling houses; and regarding opinion DCF: 2017-00583-BIO, it was explained that it was located on folio 1052, but again it was not analyzed in detail; it was only indicated that both did not provide significant information of interest for resolving the case. It should be noted that although the trial court must rely on the expert reports and other evidence in the case file, it is not the expert who determines the existence of a possible crime, but the trial court; therefore, it is not enough for the engineer to classify a given structure as being in the public zone (zona pública); rather, the court must analyze such reports in detail, especially when all these expert reports were incorporated into the hearing and, moreover, used by the parties in questioning the expert—an assessment that is necessary in order to be able to deem the alleged illegality accredited with respect to each dwelling house separately, without making generic references. In the event that the expert report is not specific, it must be explained based on what complementary evidence it acquired certainty that the accused persons held houses within the public zone (zona pública) and that their houses were located less than 50 meters from the high-water mark (pleamar), with the purpose that it is the court that determines the existence or not of the alleged crime, including not only the description of the evidentiary element but also the analysis of each piece of evidence brought to its attention that allowed it to reach a certain conclusion. It is not possible that throughout the entire ruling, the specific location or siting of each construction on Playa Portete and the distance of each one relative to the high-water mark (pleamar) was not included, since even the judicial investigator, without referring exactly to any of the seven structures, did explain that some of them were in the sea or what the witness called the water surface (espejo de agua), and that in the case of the dwelling houses of the accused persons, these were not in the sea, but from them one could indeed see the sea. It must be clarified that what is being challenged at this instance is not the possibility of using a virtual demarcation (amojonamiento virtual) for the purpose of determining the coordinates that serve as the boundary of the city of Limón—which, as was legally developed above, the National Geographic Institute (IGN) is empowered to do—but rather, the lack of publication of the notice, which prevents said administrative act from being opposable to third parties, that is, to the accused persons; something that, based on the judgment's own analysis, was done with official communication 2015-11, in which the boundaries of the city of Limón were published, even after having carried out the physical demarcation (amojonamiento físico), an administrative act that was published as established on folio 723 in the report sent to the Legislative Assembly by Director [Name39], in which it was indicated that the delimitation of [Identificacion1] was published through notice 2015-11, published in La Gaceta issue number 222 of November 16, 2015, concerning “Delimitation of the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone at Bahía Portete, from the Limit of the City of Limón at Portete following the river west to boundary marker [Address2]- of Limón,” a demarcation (amojonamiento) that was carried out during the investigation of the present facts. This official notice was published in November 2015, by which time the holders of the structures of Portete were no longer inhabiting the structures, since they had been evicted from the location due to the ordering of a precautionary measure (medida cautelar), which, as the accusation itself indicates in the second fact, was ordered by the Criminal Court of Limón in August 2015, the moment when the buildings were placed in the custody of the National Coast Guard Service (Servicio Nacional de Guardacostas)—all of which should have been analyzed in the judgment, related to the date on which notice number 222 of September 1980 was duly published in the official gazette, and not as was done in the ruling based on the date of creation of the notice, as analyzed in the judgment. Regarding the reasoning for the existence of a mistake of law (error de prohibición). Given the two factual scenarios raised, concerning the IGN official communication from the year 1980, very different conclusions would result, because if no administrative act of general scope existed prior to the year 2015, the conduct of the accused persons would be atypical (atípica), because legally, as a reference to the possible existence of [Identificacion1] as part of the city of Limón, only the aforementioned 1961 Law would be available; whereas, in the event that said 1980 pronouncement was formalized through publication in the official gazette, the conduct would be typical (típica) and unlawful (antijurídica) but not necessarily culpable, since in addition to the arguments cited by the court, it must be analyzed that, as was indicated in the judgment, opinion DCF: 2015-746, on folio 220, from May 2015, made it clear that as of that date the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre) could not be delineated, because the IGN reported that there was no physical demarcation (amojonamiento físico) in the area—a situation that was corrected subsequently, so much so that by November 2015, notice 2015-11 was formalized, indicating the boundaries of the city of Limón and excluding Portete. The foregoing generates the dilemma that, even assuming that the virtual demarcation (amojonamiento virtual) conducted in the year 1980 had been published in the official gazette, no physical demarcation (amojonamiento físico) existed in the Portete area, so it was not feasible for the accused persons to know that they were violating the provisions of Law 4063, since, because Portete was not part of the city of Limón, the provisions of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) would apply to the zone’s lands on which their dwelling houses were located. With respect to the arguments of the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) that the defendants could not be considered to be facing an invincible mistake of law (error de prohibición invencible) because, even if they believed that Article Six protected them by considering that Portete was within the limits of the city of Limón, they argue that, based on the evidence, the structures were on the beach. It is alleged that the Costa Rican coastlines possess an inalienable public zone (zona pública) of 50 meters, regardless of whether situated in a port city, since in their view the exception of Article Six of Law 6043 refers solely to the non-existence of the restricted area (zona restringida) of the cities listed in the law itself. Although no specific regulation is cited in this regard, the Public Prosecution Service (Ministerio Público) bases its assertion on the statement of witness [Name28], who is a municipal official and serves as inspector of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)—whom the appellant considered an expert on the subject—and the representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) on the statement of Officer [Name22]. As both appellants state, Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre) establishes that persons who occupied territories that are now the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and who had occupied those lands for 10 years, which after the law was enacted are considered part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), may continue in possession of their respective lots and must respect the public zone (zona pública). However, from the content of said norm, the assertion held by both appellants could not be extracted; first, because the article is very clear in referring to lands that, after the law was pronounced, would be considered the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), meaning that it is not referring to properties within coastal cities, especially when Article Six of the same cited law states textually: “The provisions of this law shall not apply to the areas of cities situated on the coastlines, nor to coastal urban zones (zonas urbanas litorales), nor to properties registered in the name of private individuals subject to the law, nor to those whose legitimacy is recognized by the laws.” (Thus amended by Framework Law for the Declaration of Coastal Urban Zones and their Regime of Territorial Use and Exploitation, number 9221 of March 27, 2014). This implies that the provisions established in said law in their entirety will not apply to lands within coastal cities like Limón. Furthermore, for the specific case, what is provided in Article 8 of Law 2121 of March 27, 2014, Framework Law for the Declaration of Coastal Urban Zones, would have to be analyzed, in which it indicates that within coastal urban zones (zonas urbanas litorales), concessions may be granted in accordance with the provisions of this law and the urban regulatory plan (plan regulador urbano) of the respective locality. This paragraph, in its second, third, and fourth clauses, textually states: “Excluded from the provisions of the preceding paragraph are lands that present open spaces for common use, those that enable free access to the coast, those subject to a regime of natural patrimony of the State, those that do not correspond to public domain (demanio público), and those located within the 50 meters contiguous to the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) that were not subject to occupation before the entry into force of this law. -The concessions granted within the 50 meters contiguous to the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) shall be conditioned upon no change in use or increase in construction density that the land had before the entry into force of this law, provided that such conditions have been endorsed by the urban regulatory plan (plan regulador urbano) and do not violate the environmental regulations in force. The municipalities whose jurisdiction incorporates coastal urban zones (zonas urbanas litorales) must guarantee free access to the coast and the enjoyment of the beach for the entire population, without prejudice to the work carried out by other State institutions for that purpose.” This article allows for considering that, within coastal cities, it is not true that the 50 meters from the high-water mark (pleamar) must be respected; rather, in this case, it will be reviewed by each municipality, granting a concession so that construction predating the 2014 law may remain within the public zone (zona pública) of the 50 meters from the high-water mark (pleamar), excepting the cases in this cited paragraph. Based on the statement of Officer [Name22] at trial, cited even by the appellants, although there are houses on the sea surface (espejo de mar) in Portete, the houses of the accused persons would not be in such a circumstance, nor within the beach; however, based on the judgment's reasoning, it is impossible to reach such a conclusion, since the ruling was not reasoned on that point: as the distance at which the dwelling houses of the accused persons—and not the other structures—were located was not indicated, it is not possible, by reading the judgment, to extract from the court's considerations in relation to whether the dwelling houses of the accused persons, determined in the judgment to be located in the public zone (zona pública), would be situated, or at least one of them, specifically on the sea surface (espejo de mar) or on the beach. This aspect would be of interest for the purpose of determining whether one would be facing an invincible mistake of law (error de prohibición invencible), once the atypicality (atipicidad) of the conduct has been ruled out according to the criteria outlined above, all in accordance with the provisions of Article 8 of the aforementioned Law 9221, which grants, depending on the case, the use of constructions and dwellings within the public zone (zona pública) within coastal cities. Even though the arguments used to apply an invincible mistake of law (error de prohibición invencible) were initially valid, this does not allow one to disregard the previously cited defects that compel a declaration of the judgment’s ineffectiveness (ineficacia), since the effects of an acquittal based on atypicality (atipicidad) or based on an invincible mistake of law (error de prohibición invencible) have different civil consequences, which also compels a declaration of ineffectiveness of what was resolved regarding the civil consequences of the judgment. Regarding the participation of civilly interested third parties (terceros civilmente interesados). During the intermediate stage, some accused persons were dismissed (sobreseídos); however, based on a reading of the Order of Elevation to Trial (Auto de Elevación a Juicio), these persons could be considered as civilly interested third parties (terceros civilmente interesados), since the criminal judge, by means of a resolution dated May 20, 2019, incorporated into the virtual case file at 14:49:79, kept in force the precautionary measure (medida cautelar) of eviction of all existing constructions in Portete, a precautionary measure (medida cautelar) which, according to the accusation, was carried out in August 2015. Hence, pursuant to Articles 121 and 124 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and before a new proceeding, the civilly interested third parties (terceros civilmente interesados) may request their intervention at the trial stage, since it was in the Order of Elevation to Trial (Auto de Elevación a Juicio) that the previously ordered precautionary measure (medida cautelar) was kept in force—a resolution from which their right and their link to the proceeding arose, and they may evidently seek to be legally established within the criminal proceeding as civilly interested third parties (terceros civilmente interesados) and, in that capacity, intervene in the proceeding. This position is endorsed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in resolutions numbers 5447 at 16:57 hours on October 4, 1995, and, in the same vein, Vote No. 4121 at 16:51 hours on August 13, 1996, in which it was ordered that civilly interested third parties (terceros civilmente interesados) may present evidence and be heard during trial. This has been recognized when dealing with the problem of forfeiture (comiso) and the impact on third-party owners, considerations that apply equally in the case under analysis, since in resolution number 5447 already cited, it was indicated: “Once judgment has been rendered, if it orders forfeiture (comiso), it must be understood that an opportunity for defense and hearing was given to the third-party owners or possessors of the assets who did not participate in the crime tried and who might be affected by the measure, in accordance with the articles set forth, which, although they do not expressly provide for a specific procedure for notification or appearance of the third party, by imperative of the Constitution itself and the fundamental principles that inspire it, basically contemplated in Paragraphs 39 and 41 (...) the judge must, to the extent possible, structure with the procedural elements available a way to grant that prior hearing to the third party who may be affected, because one could not conceive of a dispossession that operates ipso jure, or of a decision affecting the rights or legitimate interests of a person without that person having even been heard, especially when their property is exposed to a diminishment that would almost operate ipso jure by applying in an automatic fashion the provisions relating to forfeiture and confiscation (comiso y confiscación), a practice that is irreconcilable with the fundamental rights of defense and hearing mentioned.” Even though civilly interested third parties (terceros civilmente interesados) may resort to the civil jurisdiction not only to assert their rights but, above all, when possible, to claim compensation for any damage caused, constitutional jurisprudence has held that, given the possibility that these civil third parties may be divested of some possessory right, they shall have the right to participate in the criminal proceeding, which would be applicable in the present case, when even in a judgment, the definitive destruction of the buildings over which they claim to have rights could be ordered, depending on the outcome of the proceeding. Based on the foregoing, the ineffectiveness (ineficacia) of the judgment is declared; the remand (reenvío) of the case file to the office of origin is ordered so that, with a different panel, a new proceeding may be conducted.
IV.- By virtue of what has been resolved, addressing the remaining discrepancies and objections presented lacks purpose.
THEREFORE:
The appeals filed by attorney [Name17] on behalf of the Public Prosecution Service (Ministerio Público); by attorney [Name8] on behalf of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República); and the appeal filed by attorney [Name3] on behalf of the accused persons [ [Name4] ] and [ [Name6] ] are granted. Consequently, the ineffectiveness (ineficacia) of the challenged judgment is declared in its entirety; the remand (reenvío) of the case file to the office of origin is ordered so that, with a different panel, a new proceeding may be conducted.
Due to lack of interest, given the manner in which it is resolved, a ruling on the remaining grounds presented in the various challenges is omitted. NOTIFY. - Francini Quesada Salas Gustavo Gillen Bermúdez Alberto García Chaves Judge and judges of the Criminal Sentence Appeals Court Case File: 15-000440-0063-PE(8) Defendant: [[Nombre6] ] Victim: The State Crime: Usurpation of Public Domain Assets AALFAROS File: CED2) - VOTE [Telf1] - page: 1 Classification prepared by the JUDICIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:33:05.
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Usurpación Subtemas:
Nulidad de sentencia ante multiplicidad de errores en la fundamentación. Alcance, publicación y derecho a recurrir el acto administrativo.
Tema: Acto administrativo Subtemas:
Alcance, publicación y derecho a recurrir el acto administrativo.
"III. [...] Con relación al derecho de recurrir el acto administrativo, el jurista [Nombre1] ha indicado lo siguiente: “Los sujetos legitimados para interponer este recurso son lo titulares de intereses legítimos y derechos subjetivos. También como es lógico suponer, están legitimados los sujetos que mantienen un derecho que pueda resultar afectado por la resolución, lo que exige su apersonamiento en el procedimiento para ejecutar el derecho de recurrir ante el mismo órgano que dictó el acto objeto de impugnación.” (Jiménez Meza, Manrique. “ La Legitimación Administrativa”, 5ta edición, San José, página 72, 1991). Es decir, que la necesidad de que el acto administrativo sea publicado para que tenga alcance general, o el acuerdo sea debidamente notificado a los administrados, es para permitir primero que se cumpla con el derecho a ser informados y así poder ejercer el control sobre el mismo, mediante la impugnación, cuando éste se considere abusivo, o que afecta los intereses del administrado, y al ser enterado del mismo, pueda impugnar dicho acto mediante el procedimiento previamente establecido. Si el acto administrativo no es publicado, se impide que el administrado tenga conocimiento, por lo que el mismo no puede serle oponible ni exigible, y tampoco resulta válido. Con relación al alcance de un acto administrativo, jurisprudencialmente la Sala Constitucional ha mantenido el criterio que [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Derecho de audiencia en el proceso penal Subtemas:
Terceros civilmente interesados pueden aportar prueba y ser escuchados durante el juicio.
Tema: Intervención de terceros Subtemas:
Terceros civilmente interesados pueden aportar prueba y ser escuchados durante el juicio.
"III. [...] De allí que, conforme al artículo 121 y 124 del Códdigo Procesal Penal y ante una nueva sustanciación, los terceros civilmente interesados podrán solicitar, su intervención en la etapa de juicio, ya que fue en el Auto de Elevación a Juicio, en el que se mantuvo vigente la medida cautelar ordenada anteriormente, resolución del que surgió su derecho, y su vinculación al proceso, quienes evidentemente podrán gestionar que se les tenga legalmente constituidos dentro del proceso penal como terceros civilmente interesados, y en esa condición, intervenir en el proceso. Dicha posición es avalada por la Sala Constitucional, en las resoluciones números 5447 de las 16:57 horas del 4 de octubre de 1995, en igual sentido el voto No. CED1 de las 16:51 horas del 13 de agosto de 1996, en las que se dispuso que los terceros civilmente interesados, podrán aportar prueba y ser escuchados durante el juicio. Así ha sido reconocido al tratar el problema del comiso y la afectación a terceros propietarios, consideraciones que se aplican de igual forma en el caso de análisis, toda vez que en la resolución número 5447 ya citada se indicó que: [...]" ... Ver más Sentencias Relacionadas Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las once horas veinticinco minutos, del veintitrés de febrero de dos mil veintidós.- RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], [...]; contra [Nombre [Nombre2]], [...]; por el delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, la jueza Francini Quesada Salas y los co-jueces Gustavo Gillen Bermúdez y Alberto García Chaves. Se apersonaron en esta sede el Msc. [Nombre3] apoderado especial judicial del imputado [[Nombre4] ], el licenciado [Nombre5] defensor particular del imputado [[Nombre6] ], el licenciado [Nombre7] en representación de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y el licenciado [Nombre8] en representación de la Procuraduría General de la República.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 386-2021, de las dieciséis horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, reglas de la sana crítica y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1, 30, 31, 45, 103, 227 inciso 1) del Código Penal; artículos 2, 4 a 8 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, artículos 122 al 138 del Código Penal de 1941 sobre las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, artículos 1 a 6, 11 a 13, 16, 37 al 41, 70, 71, 75 a 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 al 124, 142, 143, 180 al 184, 265 a 270, 308, 360 a 365 y 367 del Código Procesal Penal, artículos 632, 704 y 1045 del Código Civil, este Tribunal resuelve A.- se declara sin lugar la Actividad Procesal Defectuosa incoada por el Lic. [Nombre9] , B.- se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre [Nombre2]] Y [Nombre [Nombre1]], por los hechos acusados y querellados en su contra, y que fueron calificados como constitutivos de un delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, que se le venían atribuyendo en perjuicio del Estado. C.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, interpuesta por La Procuraduría General de la República, en contra de los demandados civiles [Nombre [Nombre2]] y [Nombre [Nombre1]], debiendo pagar de forma solidaria los demandados civiles el daño causado por la detentación que han hecho de bienes de dominio público, concretamente, de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre en la zona de Portete, dicho extremo se hace en abstracto en razón de que no se cuenta con elementos de prueba que otorguen parámetros objetivos que permitan establecer el monto concreto de la indemnización, debiendo acudir la parte a la vía de ejecución de sentencia a cuantificar los mismos. Adicionalmente se condena a los demandados civiles al pago de ambas costas de esta acción, tanto las personales como las procesales, costas que también se condena en abstracto, en razón de que no existe una cuantía sobre la cual calcularlos. Asimismo, se condena a la parte vencida al pago de los intereses de ley sobre dichas sumas a partir de la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago, fijándose la tasa de interés en la establecida por el Banco Central de Costa Rica. D.- Se ordena la restitución del área que dentro de la zona pública se ha discutido en el presente proceso a favor del Estado, ordenándose el derribo de las estructuras descritas en las piezas acusatorias y la acción civil e identificadas en el considerando respectivo de esta sentencia, debido a que las mismas se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre, área inalienable, así como la limpieza del lugar. Dicho derribo deberá efectuarlo la Municipalidad de Limón, al ser la encargada de la administración de esa área, el derribo deberá efectuarse en un plazo improrrogable de tres meses a partir de la firmeza de esta sentencia, en caso de no procederse como se ha ordenado, podría incurrirse en el delito de Desobediencia a la Autoridad, los costos del derribo y limpieza de la zona, serán trasladados a los imputados e involucrados. E.- Se mantiene la Medida Cautelar ordenada en autos, en tanto otorgó de manera provisional, la posesión por parte de la Policía de Guardacostas de Limón, para que continúe en su labor de custodia del lugar. Dicha medida fue ordenada por todo lo que dure el proceso, por lo que la misma se mantiene hasta la firmeza de la presente sentencia, acaecida la firmeza, deberán ser destruidas todas las estructuras, incluidas las ocupadas por la Policía de Guardacostas. Quedan los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Firme este fallo, ejecútese lo ordenado y archívese el expediente. Sobre la prueba material, se resuelve que la misma sea destruida una vez que la presente sentencia adquiera firmeza. Por lectura notifíquese" (sic).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, Msc. [Nombre3] , el licenciado [Nombre5] , el licenciado [Nombre7] y el licenciado [Nombre8] interpusieron recurso de apelación.
III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal [Nombre10] ; y,
CONSIDERANDO:
I.- Admisibilidad e Inadmisibilidad. Mediante escrito presentado en fecha 13 de julio de 2021, el defensor particular, el licenciado [Nombre3] , en representación de los imputados [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ], así como en representación de [Nombre [Nombre11]], [Nombre [Nombre12]] , [Nombre [Nombre13]], [Nombre [Nombre14]] , [Nombre [Nombre15]] y [Nombre [Nombre16]], en su condición de terceros civilmente demandados por medio de escrito presentado en fecha 14 de julio de 2021; el defensor particular el licenciado [Nombre5] , en representación de [[Nombre6] ] , además, por escrito presentado el 23 de julio de 2021, por el licenciado [Nombre17] , en representación del Ministerio Público, y mediante escrito presentado en fecha 28 de julio de 2021, el licenciado [Nombre8] , en representación de la Procuraduría General de la República, interponen recursos de apelación los dos primeros, y de apelación por adhesión los dos segundos, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, número 386-2021, de las 16:00 horas del día 16 de junio de 2021, en la que se absolvió de toda y pena y responsabilidad a [Nombre [Nombre2]] y [[Nombre6] ], por el delito de usurpación de bienes de dominio público, en perjuicio del Estado. Del estudio del sumario se colige que los recursos se presentaron en tiempo, conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para que las impugnaciones posibiliten el adecuado y correcto conocimiento de las inconformidades planteadas por los recurrentes, en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo regulan los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal.
II.- Siendo que el Recurso de adhesión presentado por el licenciado [Nombre18] , en representación del Ministerio Público; el primer motivo del recurso de apelación por adhesión presentado por el licenciado [Nombre8] en representación de la Procuraduría General de la República; y el cuarto motivo del recurso de apelación presentado por el licenciado [Nombre3] , plantean disconformidad con la fundamentación de la sentencia, se procederá a resolver todos en forma conjunta. Se afirma que se está de acuerdo en la absolutoria dictada, aunque lo fue por las razones incorrectas, motivo por el cual se estableció una reparación pecuniaria a favor de la Procuraduría General de la República y en contra de los imputados. Se reclama que en el fallo se transcriben las manifestaciones realizadas por los testigos, pero no se realizó valoración alguna de ellas. Se aduce que a los imputados no se les debió de absolver por la aplicación de un error de prohibición, sino por atípicidad de la conducta, de allí que no se configuraba el injusto penal. Se insiste nuevamente en que la playa de Portete se encuentra incluida dentro de las disposiciones de la ley 6043. Se rechaza el criterio del órgano juzgador que validó un oficio del director del Instituto Nacional Geográfico de 1980, para ubicar las coordenadas de Portete en otro lugar que recibe el nombre de Playa Bonita, y a partir de allí, considerar que Playa Portete no se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad de Limón. Se fustiga que para el tribunal de mérito había que respetar las coordenadas emitidas por dicho oficio como el límite de la ciudad, aunque tal argumento fuera contrario a derecho. Se insiste que el núcleo de discusión no es si Portete es zona marítimo terrestre o no, sino que los alegatos de la defensa eran que la zona litoral de Portete, es un barrio de la ciudad litoral de Limón, por lo que es una zona excluida de la aplicación de las disposiciones de la ley 6043 sobre zona marítimo terrestre, rechazando la utilización de un oficio del Director del Instituto Nacional Geográfico, de 1980 en la que se habían ubicado las coordenadas de Portete en otro lugar que recibe el nombre de Playa Bonita, para justificar que la zona de Portete está fuera de los límites de la ciudad. Para la defensa, la zona litoral de Portete y su bahía, no están ubicadas en la zona pública de 50 metros desde pleamar, y las disposiciones de la Ley 6043, sobre las restricciones de la zona marítimo terrestre, se insiste no le son aplicables a Playa Portete, por ser parte de la zona urbana de la ciudad litoral de Limón. Se objeta que, con base en ello, se pueden inscribir registralmente fincas particulares con linderos al mar caribe, se puede construir estructuras a la vera del espejo de agua o donde llega la pleamar ordinaria, siendo la Municipalidad de Limón, el ente que puede realizar actos administrativos en dicho lugar. También se alega que ante tal situación es que en la “zona pública” de la ciudad de Limón, dentro de la que se encuentra “Playa Portete”, se permiten realizar actividades comerciales lícitas de turismo y pesca contiguo al mar en Playa Bonita, Pitua y centro de la ciudad, en la que se realizan actividades y en las mismas condiciones que los ocupantes de [Identificacion1]. También se explica que dentro de la ciudad costera de Limón no se aplican las restricciones de la zona marítimo terrestre, siendo ese el motivo por el cual el edificio del Poder Judicial de Limón, se encuentra cerca del mar en la ciudad de Limón. Se afirma que las actividades pesqueras son fomentadas como de interés nacional, de allí que en el artículo 5 de la Ley de Pesca y Acuicultura, se protege dicha actividad, lo que generó la creación de las leyes 9073 a la 9577, las cuales protegieron a los pescadores contra la ejecución de desalojos y demoliciones. Se explica que la ley mas reciente en ese sentido fue la ley aprobada el 1 de julio del 2021, ley número 10000 que ordena suspender los desalojos en la zona marítima terrestre y obstaculizar las actividades comerciales lícitas hasta el 1 de julio del año 2024. También se alega que incluso el Concejo Municipal aceptó construir una terminal pesquera junto con Japdeva e Incopesca en la Bahía de Portete, según plan regulador conforme a las necesidades del cantón. Como segunda disconformidad se reitera que la conducta de los acusados era atípica, y por ende el criterio del tribunal de mérito de que la conducta desplegada era típica, antijurídica mas no culpable, era inaceptable jurídicamente. Se enfatizó que la actuación de los sindicados no fue dolosa, ya que ellos no tenían conocimiento ni la voluntad de detentar terrenos del Estado. Se afirma que la finca en la que los pescadores vivían, pertenecía a [Nombre [Nombre19]] , propiedad que tiene escritura, plano inscrito y linderos hasta la pleamar, por lo que se insiste en que los pescadores no tenían el conocimiento de cometer el ilícito acusado o al menos no imaginaron que esto fuera posible. Se añade que los sindicados fueron acusados y querellados por detentar un bien demanial o de dominio público al que se llama “zona pública” pero que todavía no tiene el rango de dominio público, por lo que se insiste que de mala fe, en sentencia se obvió los linderos norte de los estudios registrales actualizados al día de hoy de la finca donde vivían los sindicados. También se alega que en ningún momento se acreditó que cuando a los imputados se les permitió el uso y habitación de las dos estructuras que usaban como casa de habitación desde antes del año 1991, y que estaban dentro de una parte de la finca privada de [Nombre [Nombre19]], inscrita con sujeción a la ley desde antes de 1977, esos terrenos estuvieran declarados como bienes de dominio público, mucho menos que se hubiese ordenado la expropiación del Estado. Aunado a ello, se afirmó que nunca se les previno de que desalojaran el lugar. Se reclama que para acusarlos de la acción de “detentar” debieron realizar la advertencia de devolver el bien a quien pertenecía. Se insiste que ambos encartados tenían derecho a poseer, porque el propietario de la finca, se los había dado, por lo que no habían sido perturbados en su posesión legítima, de forma que tampoco se podía sostener que ellos detentaron dicha propiedad. El recurrente cuestionó la veracidad de los conocimientos del oficial judicial [Nombre20] sobre la aplicación e interpretación de las leyes vigentes con relación a la playa de Portete, como para que el tribunal basara la resolución en ellos. Se cuestionó que no se analizó la declaración de [Nombre21] , con relación a la Ley de Zona Marítima Terrestre y la no aplicación de sus regulaciones a Playa Portete. Como tercera disconformidad, se planteó que el Instituto Nacional Geográfico, llamado en adelante “ING”, respondió que no existía amojonamiento en la zona de Portete, por lo que no se podía brindar respuesta si las construcciones se encontraban dentro de la zona pública protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, lo que en su criterio, desmintió las afirmaciones del oficial [Nombre22] en ese sentido. Como cuarta disconformidad con la sentencia, se aduce una errónea interpretación de los dictámenes criminalísticos periciales realizados por el ingeniero forense [Nombre23] del Organismo de Investigación Judicial y 2 ampliaciones de este, realizadas en el año 2015. Se objeta que el dictamen número DCF-2015-00746-IG, el DCF-2015-1247-ING y el DCF-2017-682-ING, no permitieron fijar con certeza la ubicación de la zona marítimo terrestre, debido a una ausencia de amojonamientos en la zona. Además, que en dichos dictámenes se utilizó como parámetro para definir el litoral de la ciudad de Limón, no las coordenadas establecidas por ley, sino el “Proyecto de Limón-Ciudad Puerto”, el cual no está basado en los límites urbanos de la ciudad litoral de Limón. Además, de que en el mismo se objetó que no existía amojonamiento oficial de la zona marítimo terrestre en Playa Portete, por lo que tampoco se podía definir que el área de estudio se localizaba junto el área recreativa nacional Cariari, pero no se logró obtener información gráfica que permitiera conocer los linderos del parque. Se fustiga que en la ampliación del peritaje 2015-1247-ING, se marcó una zona pública sin tener amojonamiento, en la que además el recurrente alegó que la pleamar no coincide con la faja de 50 metros. En el informe 746-ING-2015 se indicó que sobre la delimitación de la zona pública, lo que existe es una delimitación digital y que no existía mojones físicos. Luego se refuta, que se incluyó un croquis en la que las construcciones en estudio se encontraban localizadas en parte dentro de la zona pública y de la pleamar, sin definir si las casas de los sindicados se encontraban dentro o fuera de esta área. Además, se acota que existió un error en la forma en que se fijó en el croquis la zona marítimo terrestre en la Playa de Portete, la que se alega fue establecida, no iniciando en la pleamar como estipulan los artículos 9 y 10 de la Ley 6043, sea la orilla de la Bahía de Portete o de las estructuras, sino que el perito la ubicó mucho mas adentro, alterando la medida de la faja de zona pública, la que fijó, más allá de los 50 metros desde la pleamar que ordena la ley, generando una confusión insalvable sobre la ubicación de la zona pública. Pese a lo dispuesto por dichos dictámenes, se insiste, se ordenó desalojar mediante la aprobación de una medida cautelar. Se reiteró que inicialmente, en el dictamen 2017-683-ING, se marcó digitalmente en un croquis y sin mojones físicos una zona pública dentro de la zona marítimo terrestre de Portete, luego, por segunda vez, se fija en la ampliación del dictamen, otra zona marítimo terrestre en la que la pleamar tampoco coincidía con la faja de 50 metros marcados, ni con lo indicado a folio 538 del peritaje anterior. Se explicó que en la ampliación del dictamen DCF-2015-1247-ING, en la que se solicitó medir la cantidad de metros cuadrados que estaban ocupando cada una de las estructuras, se adjuntó ampliado nuevamente la zona o faja de 50 metros ubicada mucho más distante aún de la pleamar y totalmente diferente a la que marcó en el croquis anterior a folio 538. Se refuta que el croquis a folio 538, ubicó las estructuras dentro de la zona pública y el croquis a folio 1061 fijó las estructuras fuera de la zona pública, de allí lo confuso de la prueba pericial. Se alega que con base en la prueba pericial, no existió certeza sobre la fijación de la zona pública. Con relación al peritaje DCF-2016-2230-BIO, de folio 992 a 999, indicó que que para el 14 de noviembre del 2016, no existía una delimitación geográfica para definir si el muelle de Portete de Limón se ubicaba en zona rural o urbana por lo que no fue posible evacuar la consulta en cuanto a si el muelle se encontraba en la zona declarada ciudad Limón. Con relación a la ubicación geográfica de las casas de [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ], se indicó que en cuanto a la casa de [Nombre [Nombre2]] no se determinó si ésta se encuentra dentro de los 50 metros desde la [Placa1] ni la [Placa2] dentro de ninguna zona pública, y en el caso de la casa de [Nombre [Nombre1]] tampoco se determinó si se encuentra dentro de los 50 metros desde la [Placa1] ni la [Placa2] dentro de ninguna zona pública. También se objeta el dictamen DCF-20017-583-BIO a folio 1052-157 que tampoco definió el área de zona pública. También se refuta que el tribunal haya cuestionado la legitimidad de la finca inscrita a nombre de [[Placa3] ] simplemente con lo dicho por el perito [Nombre24] , en el sentido de que habían planos con relación a la tramitación de la información posesoria pero ninguno inscritos, cuando reclamó la defensa que se ofreció a folios 2441 a 2450, el plano [[Placa4] ] que generó la inscripción de la finca matrícula real número [[Placa5] ] a nombre de [Nombre [Nombre19]]. Además como el perito [Nombre25] dijo que no podía afirmar que la casa de los imputados estuviera dentro de la cabida de la finca [[Placa5] ] de la finca de [[Placa3] ], cuyos linderos norte llegan hasta la pleamar o bien dentro de lo expropiado por ICODER, lo que era deber del Ministerio Público acreditar o descartar. El tribunal simplemente descartó tal posibilidad, en contra de los intereses de la defensa. También se objeta que el artículo 5 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre, indica que la municipalidad puede conceder permisos para resguardo de las personas y seguridad en la navegación. Se reclama que el tribunal juzgador no contempló en sentencia el reglamento [Placa6] de la ley 6043, artículo 22, sobre las potestades de las autoridades administrativas. También criticó que el tribunal de mérito confundió el cero daño ambiental determinado por el SINAC en Portete, con el impacto ambiental, ya que impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza y daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, transtorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto de ambiente. Se objeta que en dicho informe se indicó que no hubo daño ambiental en términos de afectación derivados por cambios en los servicios ambientales y/o ecosistemáticos producidos por la construcción del muelle Portete, por lo tanto, en su criterio, no procedía realizar una valoración económica del daño ambiental, información que también se reclama no fue valorada en sentencia, por lo que se alega no era procedente ordenar la demolición de las estructuras. Se fustiga la falta de valoración de los documentos aportados por la defensa, los que se critica, fueron someramente mencionados en el fallo, sin valorar con detalle los mismos, dentro de los que estaba la resolución 624-F2017 del Tribunal Colegiado Agrario del II Circuito Judiciak de San José, donde se concluyó que a Portete no se le aplicaban las disposiciones de la ley 6043, con relación a la disputa de terreno donde la casa de [[Nombre4] ] y el Icoder estaba dentro del terreno expropiado a [[Nombre26] ], y este afirmaba lo contrario, así como se opuso a la incorporación como prueba para mejor resolver el peritaje de [Nombre27] CED1 , en el que se le dio la razón a [Nombre [Nombre2]], que no era zona marítimo terrestre, ni en la franja de 50 metros de la pleamar. Se reitera que la conducta es atípica, por lo que se solicita la absolutoria de los imputados por dicho extremo y no por aplicación de un error de prohibición invencible. Contestación de las partes. Se hace constar que a folio 153 vuelto, se emplazó a las partes con relación a los recursos presentados por los licenciados [Nombre3] y el licenciado [Nombre5] , defensores particulares de los sindicados [[Nombre6] ] y [[Nombre4] ], sin que se haya presentado pronunciamiento alguno. Recurso de apelación por adhesión presentado por el licenciado [Nombre17] , en representación del Ministerio Público. Inconformidad con la fundamentación jurídica. Se reclamó que el tribunal de juicio aplicó en forma errónea la existencia de un error de prohibición directo invencible a favor de los encartados [Nombre [Nombre1]] y [Nombre [Nombre2]] quienes alegaron que creían tener derecho de permanecer viviendo en el lugar, cuando en criterio del recurrente tenían clara comprensión de la prohibición de la conducta acreditada. Se alega que no se analizó que los sindicados sabían que todas las playas de Costa Rica son públicas, circunstancia que elimina toda posibilidad de alegar un error de prohibición. Se indica que dentro de los elementos de prueba, se contó con el testimonio del oficial del Organismo de Investigación Judicial, [Nombre22] , quien manifestó que desde la vivienda de los dos encartados se podía ver claramente el mar y apuntó que podía calcular que el espejo del agua estaba a no mas de 50 metros de distancia de las viviendas. Además de que los peritajes emitidos por el Laboratorio de Ciencias Forenses, acreditaron que todas las obras estaban dentro de los 50 metros de la zona pública. Considera el recurrente que era evidente para ambos encartados que estaban viviendo en una playa, lo que está prohibido en todo el territorio nacional, sin excepción, ya que se afirma, los litorales costarricenses poseen una zona pública inalienable de 50 metros. Se alega que no importa si la vivienda se ubica dentro de alguna ciudad portuaria o no, pues la excepción a la que alude la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre se refiere únicamente a la inexistencia de zona restringida dentro de las ciudades enlistadas en la propia ley, siendo que dicha excepción no abarca la zona pública, misma que siempre será un bien de dominio público cuyo vocación es el uso y disfrute de las personas, así como la conservación del ambiente. También se añade que el testigo [Nombre28] , funcionario municipalde la localidad de Limón, quien aseguró tener amplio conocimiento en el tema de la zona marítimo terrestre y afirmó que siempre hay zona pública, aún en zonas urbanas, sin importar la excepción de la ley. Por ende, se alega que si la zona pública mantiene su régimen jurídico como dominio público, sin importar donde se encuentre, los encartados no podrían alegar un error de prohibición. También se indica que el numeral 70 de la Ley de Zona Marítima Terrestre, establece que aquellos pobladores que ocupan la zona marítima terrestre desde la fecha anterior a la emisión de la ley podrán seguir ocupando el área, pero, deberán de respetar la zona pública. Es decir, que los particulares deben de dejar libre el espacio de la zona pública, lo que se afirma, coincide con lo juzgado en el presente caso, pero que en criterio del impugnante, se consideró que los sindicados actuaron creyendo que su conducta no estaba prohibida. Se cuestiona que desde el momento histórico en que se percataron que el sitio es una playa, desde ese mismo instante era evidente para los dos, que estaban ocupando espacio que es público y destinado al uso común, por lo que, no podían ocuparlo a título privado para sus fines particulares. Adicionalmente, se citan los dictámenes C-330-2020, y C-004-1980, de la Procuraduría General de la República, los cuales aunque no son jurisprudencia que vincule a los tribunales de justicia, sí pueden ser tomados en consideración para determinar cómo se ha regulado administrativamente el régimen jurídico de la zona pública, pues se afirmó que en última instancia la ley 6043 le confirió a las municipalidades el deber de administrar dicho espacio físico y la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República ha delimitado cómo se administrará esa franja de terreno. Se solicita se anule la sentencia y se ordene realizar un juicio de reenvío para el extremo de la responsabilidad penal. Sobre los demás aspectos resueltos en la sentencia solicita se mantengan incólumes por estar ajustados a derecho. Primer motivo presentado por el licenciado [Nombre8] en representación de la Procuraduría General de la República. Inconformidad con la fundamentación jurídica. Se reclama que el tribunal aplicó en forma inadecuada el error de prohibición, al considerar que los imputados no tenían una clara comprensión sobre la prohibición de las conductas acreditadas y que les atribuyeron a lo largo del presente proceso. Se reclama que no se consideró que un habitante del cantón de Limón, no puede alegar desconocimiento sobre la legislación de la playa ubicada en la zona, siendo que las viviendas que habían habitado los justiciables, se encuentran situadas dentro de los 50 metros de la zona pública de la zona marítimo terrestre, ya que se reclama que todas las playas de Costa Rica son públicas y que nadie puede habitar en esos sectores por ser zonas de dominio público inalienable, lo que elimina en su criterio, la posibilidad de cualquier error. Se cita la declaración del testigo [Nombre22] investigador del Organismo de Investigación Judicial, quien manifestó que desde la vivienda de los señores [Nombre [Nombre2]] y [Nombre [Nombre1]] , resultaba observar el mar y que el espejo del agua del océano se visualizaba a menos de 50 metros de distancia de las viviendas, lo que fue reforzado con los peritajes emitidos por el Laboratorio de Ciencias Forenses, los que confirmaron que todas las estructuras, incluidas las de los encartados, se encontraban dentro de los 50 metros de la zona pública de la zona marítimo terrestre, por lo que se cuestiona que los justiciables no podrían alegar que ignoraban que estaban viviendo en la playa. También se añade que los litorales costarricenses poseen una zona pública inalienable de 50 metros, sin que exista ningún tipo de excepción al respecto, sin importar si se ubica dentro de alguna ciudad litoral o no, pues la excepción a la que alude la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre se refiere únicamente a la inexistencia de zona restringida dentro de las ciudades enlistadas en la propia ley. Se añade que la excepción de la existencia de la zona restringida en las ciudades litorales, no abarca la zona pública, la que siempre será un bien de dominio público, cuya vocación es de uso y disfrute de cualquier persona, así como la conservación del ambiente, pues de lo contrario, en toda ciudad litoral del país existirían construcciones dentro de la zona pública, lo que es imposible. Por ende, si la zona marítimo terrestre, mantiene su régimen jurídico como bien de dominio público, sin importar donde se encuentre, se afirma que los endilgados sí conocían la ilicitud de su conducta. Se indica que en el numeral 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, se establece que quien ostente la calidad de poblador en terrenos o inmuebles que ocupan la zona marítimo terrestre desde la fecha anterior a la emisión de la ley, tienen la posibilidad de seguir ocupando el área, respetando la zona pública de 50 metros. Es decir, que pueden ocupar el área restringida de 150 metros, mas no la zona pública. Se solicita se anule la sentencia únicamente en cuanto al extremo de la aplicación de un error de prohibición. Contestación de la defensa. Con relación al único motivo del recurso presentado por el licenciado [Nombre17] . El máster [Nombre3] , defensor particular del imputado [[Nombre4] ], a folio 170 vuelto, solicita sean declarados sin lugar los dos recursos de apelación por adhesión interpuestos. Se afirmó que en primer lugar, en sentencia no se acreditó que el endilgado estuviera viviendo en una playa, se afirma que el que viva cerca del mar no necesariamente implica vivir en una playa. Además de que el investigador [Nombre22] haya manifestado que desde la vivienda de los dos encartados se pudiera ver el mar, no es sinónimo de que estén viviendo en la playa. Se añade que el testigo, sin ser perito, apuntó que el espejo del agua se podía calcular a menos de 50 metros, sin embargo el sindicado [[Nombre4] ] declaró en juicio que eran mas de 50 metros. También indicó que en cuanto a la zona pública de 50 metros determinada por los 2 peritajes cuestionados, ambas demarcaciones no iniciaron desde la pleamar sino mas adentro de tierra, por lo que ninguna de las dos zonas marcadas por los peritajes es real, tal y como se reprocha y se demostró en la apelación de la sentencia. También se refiere que el concepto jurídico de playa y zona pública es muy distinto, siendo que se fustiga que para el Ministerio Público es lo mismo, confundiendo su utilización, tal y como lo intentó al excluir el expediente sobre la prueba técnica del SINAC-ACLAC-DR-0446-15, del 23 de noviembre del 2015, que establecía la inexistencia de un daño ambiental en Portete o asegurar falsamente durante el debate que la ley 9577 había sido declarada inconstitucional. También se refuta que no es cierto que no hay excepciones para la zona pública, puesto que en la ley 6043 así se establece, de lo contrario se tendrán que derribar los Tribunales de Justicia de Limón y el Hospital Tony Facio, construidos a menos de 50 metros del espejo de agua. Se alega que hay espacios o fincas que tienen zona pública dentro de la zona marítima terrestre que todavía están inscritas legalmente como fincas privadas y que para pasar al dominio público deben ser expropiadas. Se alega que no es cierto lo que afirmó el fiscal, ya que desconoció los alcances de la ley 6043 sobre la zona marítima terrestre y su reglamento. Se fustiga que del centro de la ciudad de Limón hasta Moín hay cientos de casa o estructuras construidas dentro de los 50 metros de zona pública sin que sean ilegales por ser zona urbana de una ciudad litoral. Se añade que el afirmar que el endilgado tenía conocimiento de lo ilegal de su actuación, es una apreciación subjetiva, no solo porque no fue probada en juicio, sino también porque se acreditó que los justiciables habitaban en una porción de tierra inscrita por un particular desde antes del año 1977 y que aún no había sido expropiada. Con relación al primer motivo del recurso presentado por el licenciado [Nombre8] en representación de la Procuraduría General de la República, indicó la defensa que no hubo una sola prueba que asegurara con precisión que la vivienda de su representado se encontrara ubicada dentro de la playa o dentro de los 50 metros de la zona pública. Nuevamente, se afirmó que no se pudo demostrar en juicio que el encartado estuviera viviendo o que estuvo viviendo en una playa, ya que el concepto jurídico de playa y zona pública es muy distinto. También se afirmó que no es cierto que no existiesen excepciones para la zona pública en la ley 6043. Se reiteran argumentos esbozados en el motivo anterior, para culminar afirmando que el considerar que el imputado debía conocer que actuaba ilegalmente, es una apreciación subjetiva del recurrente, siendo que se probó en juicio que el endilgado habitaba en una porción de tierra inscrita por un particular desde antes del año 1977, y que aún no había sido expropiado. Se solicita se declaren sin lugar ambos recursos.
III.- Los anteriores recursos deben ser declarados con lugar, pero por motivos parcialmente diferentes a los alegados. Habiéndose impuesto esta cámara de los alegatos incluidos en sentencia, se detectan una serie de errores en la fundamentación, que invalidan los argumentos desarrollados y que no permiten que la resolución venida en alzada pueda ser confirmada. El tribunal, conforme se aprecia a folio 35 y 36 de la sentencia, del legajo de apelaciones, explicó que los temas de discusión estuvieron basados en dos grandes vértices; el primero relativo a si Portete era parte o no de la ciudad costera de Limón, y el segundo, si las casas de habitación de los imputados se encuentran dentro de la zona pública de Portete; siendo justamente sobre la precisión de estos dos ejes que se detectaron los vicios en la fundamentación, los cuales se explican a continuación. El primer yerro está referido en los argumentos en que se basó el rechazo de la actividad procesal defectuosa, por falta de legitimación activa del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Con relación al descarte de la misma, si bien este fue realizado conforme a derecho, lo que no resulta procedente son los argumentos con los cuáles se excluyó la teoría de la defensa de que Playa Portete era parte de la ciudad costera de Limón, la cual reiteró en el análisis de fondo, y que socavaron la legalidad de la decisión jurisdiccional apelada en su totalidad, por la esencialidad del tema discutido. Se afirmó que Playa Portete no se encuentra dentro de los límites de la ciudad urbana de Limón y, el tribunal de juicio en apoyo a tal decisión, indicó lo siguiente: 1-Que con base en la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional (ING), en su artículo 1, el ING es el ente rector de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del mapa oficial y la descripción geográfica de la República de Costa Rica; lo cual es correcto. 2- Se explicó que el ING, mediante pronunciamiento número 222 del 2 de setiembre de 1980, emitido por [Nombre29] , detalló los límites de las ciudades contempladas como excepción a la aplicación de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, oficio que considera el órgano decisor surgió con el fin de complementar la excepción del artículo 6 de la ley número 6043 sobre la protección de la zona marítimo terrestre, referida a que las ciudades costeras quedan excluidas de las disposiciones de dicha ley;argumento que esta instancia no comparte. La relevancia sobre el tema yace en que, si Portete es parte de la ciudad de Limón, se le aplicaría la excepción estipulada en el artículo 6 de la ley 4063 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que exceptúa de las disposiciones de dicha ley a las ciudades costeras. Para resolver dicho extremo, ha de estudiarse la ley número 2906 del 24 de noviembre de 1961, titulada “Declaración Zona Recreo y Turismo Franja entre Portete y 12 Millas de Limón”, la cual establece en su artículo 1, lo siguiente: “ Se declara zona de recreo y turismo la faja de 200 metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la milla marítima entre el límite norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de “12 Millas” o “Swamp Moth”, al norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. El resto se traspasará al Instituto Costarricense de Turismo, como parte de su capital, que dispondrá de acuerdo con las normas que la presente ley establece.” De su redacción se logra concluir que, al citar como límite norte de la zona urbana de la ciudad de Limón a Portete, no se especificó si los límites llegaban hasta Playa Portete, incluyéndola o excluyéndola. Posteriormente, se tiene la ley número 4366 de 1969, sobre la División Territorial Administrativa de la ciudad de Limón, que en el artículo 8 establece que las provincias de Costa Rica se dividen en cantones, indicando expresamente en dicho numeral que la provincia de Limón se divide en los cantones: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca ( Ley 4339 de febrero de 1970), Matina ( Ley 4344 del 24 de junio de 1969) y Guácimo, este último creado mediante la ley 4753 del 3 de mayo de 1971. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo número 21515-6 del 10 de agosto a 1992, se indicó la legitimidad del Instituto Geográfico Nacional para pronunciarse sobre los límites y numeración de los distritos, determinando mediante el Decreto Ejecutivo número 21720-6 publicado en la Gaceta número 239 del 14 de febrero de 1992, como cantones de la provincia de Limón: Limón, Valle de Estrella, Río Blanco y Matina. En la ley número 4366 de 1969, en su artículo 10, se indicó en el párrafo segundo que la división entre cantones deberá seguir límites naturales; y sólo cuando esto no fuere posible, se señalarán líneas rectas geodésicas. En el párrafo tercero se indica que cuando en la separación de cantones, hubiere líneas rectas geodésicas no naturales, los cantones colindantes financiarán el amojonamiento, que será ejecutado por el Instituto Geográfico Nacional. Todo lo que permite entender que la variación de los límites de las provincias y cantones deberá realizarse por ley, no así la de los distritos, ley que además legitima al ING en dicha función, así como lo hace la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, ley número 59 del 4 de julio de 1944, que la constituye como la entidad oficial en el área cartográfica, geográfica y geodésica. De forma que, el Instituto Geográfico Nacional es el ente encargado de realizar los amojonamientos dentro del territorio nacional, ya que éste también será el encargado de preparar mapas provinciales y cantonales, los que deberán ser revisados cuando sea el caso. De forma que, los razonamientos del tribunal en ese sentido fueron correctos. El problema está en que, aunque el Instituto Geográfico Nacional es el ente competente para crear el acto administrativo, dicho oficio, o pronunciamiento número 222 emitido el 2 de setiembre de 1980, el tribunal omitió indicar en su sentencia a que folio consta el mismo, el cual como documento tampoco fue incorporado como prueba documental, y por sí solo no es oponible a terceros. Aún y cuando el a quo no lo especificó, podríamos inferir que la información sobre la existencia de dicho oficio, fue extraída de la copia del Informe Técnico del Director del IGN, [Nombre30] , que es parte de las copias de los documentos admitidos e incorporados, pertenecientes al expediente 19.783 de la Asamblea Legislativa, titulado: “Investigación sobre las circunstancias en torno a la construcción de un muelle privado en Bahía Portete, en el cantón [Dirección1] de Limón”, el que el tribunal indicó que se encontraba a partir del folio 935, y que fue analizado en sentencia a folio 43, en el que citó nuevamente la existencia del oficio ya mencionado, pero añadió que dicho pronunciamiento fue comunicado al Director de Catastro Nacional, fijando así los límites de la ciudad de Limón, especificando que la delimitación en el sector era digital georeferenciada. Este acto administrativo interno, lo que permitió es que el Catastro Nacional tuviera información sobre los límites litorales de la ciudad de Limón, pero no así el resto de la población costarricense, ya que según los artículos números 120, 121, 122, y 123 de la Ley General de la Administración Pública, dicho acto administrativo debió ser publicado en el boletín oficial para que pudiera tener alcance a terceros. El numeral 120 indica que: “Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que vayan destinados o no a un sujeto identificado...” El artículo 121 de dicha ley establece literalmente: “1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos cuando sean concretos. 2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos reglamentarios. 3.Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativos se llamarán resoluciones. El artículo 122 establece que los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general del Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio. Es decir, que para que un acto administrativo sea oponible a terceros debe haber sido publicado mediante decreto ejecutivo, publicado en La Gaceta como Boletín Judicial, o bien, como acto oponible específicamente a los imputados, debe acreditarse que el mismo le fue debidamente notificado, lo que no se indicó en sentencia. De lo contrario, el acto administrativo, carecerá de valor ante el ordenamiento jurídico, lo que no permitiría que el tribunal se basara en dicho oficio número 222, para considerar que los imputados no se encontraban amparados por el artículo 6 de la ley número 6043 sobre la zona marítimo terrestre, porque dicho oficio así lo dispone. Ello no quiere decir que tal pronunciamiento no haya sido debidamente publicado, pero entonces es con base en dicho Decreto Ejecutivo, o aviso oficial, en que las autoridades judiciales deben basar sus resoluciones y aplicar lo que corresponda. Curiosamente el único Decreto Ejecutivo número 36642-MP-MOPT-MINAE, al que se hizo referencia en sentencia, es el que establece en su artículo 20 que la delimitación digital georeferenciada es aplicable en aquellos sectores de la zona marítimo terrestre donde no existe delimitación con mojón físico. Sin embargo, nuevamente se expone, que lo que se cuestiona no es que el Instituto Geográfico Nacional no sea el ente facultado para fijar las coordenadas y realizar los amojonamientos, incluso virtualmente; lo que se refuta es que, para que el acto administrativo utilizado en la resolución impugnada, como base de su decisión, tenga alcance general, debe ser debidamente publicado en el diario oficial. Incluso así lo establece el artículo 63 del Reglamento número 7841-P de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre que textualmente indica: “El Instituto Geográfico Nacional deberá publicar los avisos en el Diario Oficial, de cada porción de la zona marítimo-terrestre en que haya demarcado la zona pública..” Dato al que no hizo referencia el tribunal juzgador, y que se extraña en la fundamentación de la sentencia. Ahora bien, se tiene claro que una vez que se realizó el amojonamiento físico, ya no virtual, de Portete, se publicó en el boletín oficial la Gaceta, para el mes de noviembre del año 2015, el aviso u oficio en el que fijaron los límites de la ciudad de Limón, conforme al amojonamiento físico realizado hasta ese momento; sin embargo, ello no suple el vicio con respecto al oficio número 222, sobre amojonamiento virtual, del año 1980, que es el que el tribunal utilizó para indicar que desde el año 1980, legalmente se habían fijado los límites de la ciudad de Limón y la exclusión de Portete de la zona urbana ya citada. Con relación al derecho de recurrir el acto administrativo, el jurista [Nombre31] ha indicado lo siguiente: “Los sujetos legitimados para interponer este recurso son lo titulares de intereses legítimos y derechos subjetivos. También como es lógico suponer, están legitimados los sujetos que mantienen un derecho que pueda resultar afectado por la resolución, lo que exige su apersonamiento en el procedimiento para ejecutar el derecho de recurrir ante el mismo órgano que dictó el acto objeto de impugnación.” (Jiménez Meza, Manrique. “ La Legitimación Administrativa”, 5ta edición, San José, página 72, 1991) . Es decir, que la necesidad de que el acto administrativo sea publicado para que tenga alcance general, o el acuerdo sea debidamente notificado a los administrados, es para permitir primero que se cumpla con el derecho a ser informados y así poder ejercer el control sobre el mismo, mediante la impugnación, cuando éste se considere abusivo, o que afecta los intereses del administrado, y al ser enterado del mismo, pueda impugnar dicho acto mediante el procedimiento previamente establecido. Si el acto administrativo no es publicado, se impide que el administrado tenga conocimiento, por lo que el mismo no puede serle oponible ni exigible, y tampoco resulta válido. Con relación al alcance de un acto administrativo, jurisprudencialmente la Sala Constitucional ha mantenido el criterio que se ha venido sosteniendo, ello, por ejemplo, mediante resolución 11924-2008 del 30 de julio del 2008, en el que indicó que el decreto ejecutivo por principio es de alcance general, no necesita ser notificado en forma personal, pues sólo es necesario que sea publicado, siendo oponible a terceros a partir de ese momento. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre el tema explica que la sanción para un acto administrativo que no cumple el procedimiento legalmente establecido, es la invalidez del mismo, lo que se extrae del siguiente extracto de las resoluciones números 1242-2020 del 31 de marzo del año 2020 y la 254-F-S1-2011 de las 9 horas 25 minutos del 10 de marzo de 2011, en el que indica lo siguiente: “(…) se concibe el acto como una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuado por las Administraciones Públicas en el ejercicio de la función administrativa, el cual produce efectos jurídicos concretos o generales, de naturaleza normativa o no, de modo directo o indirecto, en uso de sus potestades. Se estima válido en el tanto sea acorde al ordenamiento jurídico (artículo 128 LGAP). Además se exige, sea dictado por el órgano o ente competente y se cumplan todos los requisitos y trámites legales exigidos (numeral 129 ibídem). Se clasifican estos últimos en dos grupos, formales y materiales. Los primeros están dirigidos al ejercicio de la potestad que autoriza la conducta pública, consistentes en el procedimiento, la forma (manera cómo se exterioriza) y el sujeto (competencia). Por otra parte los materiales están vinculados con el fin del acto y enmarcan la actividad que pretende realizar la Administración; los constituyen el motivo, el contenido y el fin (…)”. Por lo que resulta de vital relevancia la corroboración de que el oficio citado en sentencia haya sido debidamente publicado, conforme lo exige la legislación ya citada. Con relación al pronunciamiento 222 del IGN, como acto administrativo, la sentencia venida en alzada, incluyó como argumentos para validar dicho acto administrativo y oponerlo a los imputados los siguientes razonamientos. A folio 9 del legajo de apelación, en el fallo, se indicó como primer argumento, que el IGN era el ente autorizado para fijar las coordenadas de las ciudades costeras, ya sea virtual o físicamente, mediante un pronunciamiento o aviso, lo que es cierto, sin embargo, como segundo argumento textualmente manifestó lo siguiente: “Segundo, no hay forma de acreditar lo que afirma el Lic. [Nombre32], en el sentido de que ese acto administrativo por medio del cual el IGN comunicó las coordenadas del límite de la ciudad de Limón, obedezca solamente a la voluntad subjetiva del director del IGN. Esa afirmación de la defensa es la que por completo es una apreciación subjetiva. Es claro que los actos administrativos constan de actos preparatorios e insumos que llevan a su concreción, el hecho de que no se haya ofrecido como prueba en este debate dichos actos preparativos o insumos en los que se basó, no quiere decir que no existen y que solo fue un acto antojadizo y sin fundamento el que llevó a establecer dichas coordenadas, eso es algo que asume el licenciado [Nombre33], y que no tiene respaldo en ningún elemento de prueba.” Aunque el alegato de la defensa no fue planteado adecuadamente, la argumentación del a quo no es procedente, ya que el que está anteponiendo el acto administrativo ante terceros, en este caso los imputados, como habitantes de Portete, es la autoridad judicial, no al contrario, por lo que es éste quien debe asegurarse sobre el alcance dentro del ordenamiento jurídico que tenga dicho acto administrativo utilizado. Lo que se cuestiona no es la existencia del acto administrativo, ni la legitimidad que tenía el IGN para emitirlo, sino que el mismo haya sido una mero acto interno, el cual, como ya se explicó, no sería oponible a terceros, por lo que, lo que debió de utilizar la persona juzgadora es el Decreto Ejecutivo de 1980, originado de ese pronunciamiento ya indicado, si es que dicho decreto u aviso oficial existió, de lo contrario, no podría darle a dicho acto administrativo, una fuerza coercitiva que no tiene. Como tercer argumento para rechazar la actividad procesal defectuosa plantada por el licenciado [Nombre34] se indicó textualmente lo siguiente: “Tercero, si el Lic. [Nombre33] o la defensa consideraba que ese acto administrativo era arbitrario y les generaba una afectación, lo que debieron hacer fue impugnar dicho acto, pero ante la sede correspondiente, sea, la Contenciosa Administrativa, donde se estudiara los antecedentes de dicho acto y eventualmente conseguir su nulidad, sin embargo, eso no se hizo y en consecuencia no hay razón alguna para que esta autoridad estime si quiera que pueda haber algo irregular con el mismo. Tampoco lleva razón el a quo, puesto que quien debió de constatar que el oficio número 222, conforme lo estipula la Ley General de la Administración Pública, pudiera ser base para sus argumentos, y que éstos resulten válidos, era la autoridad judicial, quien precisamente debió asegurarse que el pronunciamiento emitido por el director del IGN, en 1980, hubiera sido legalmente publicado cumpliendo con el procedimiento que establece la ley, o la segunda opción, es que haya sido debidamente notificado como un acuerdo a los imputados, para así suponer que los sindicados, como administrados, no apelaron tal acto administrativo, mas no inferir lo que legalmente se desconoce y pese a ello, plasmarlo como un argumento válido en contra de los justiciables. En su cuarto argumento, el tribunal consideró que como dicho pronunciamiento se había emitido como complemento de la Ley 6043 de 1977, sobre la zona marítimo terrestre, al haberse producido dicho oficio tan solo 3 años después, se podría inferir que dicho acto se generó para concretar la excepción estipulada en el artículo 6 de la ley 6043 ya citada, por lo que no era un acto que se emitió para la época de este proceso, sea para el 2015, como para asumir que fue emitido con la única finalidad de causar un perjuicio a los sindicados, demarcando en forma sorpresiva hasta donde llegaba la ciudad litoral de Limón. Afirmó textualmente el tribunal a folio 10 del legajo de apelación, lo siguiente: “ (…) Lo que a su vez quiere decir que si la defensa tuvo tiempo suficiente para impugnar dicho acto, dado que la presente causa inició en el 2015 y es hasta el 2021, que se efectuó el debate.” Desconociendo con ello, lo estipulado en la Ley General de la Administración Pública, que establece en el artículo 122, que los acuerdos como actos internos pueden ser utilizados por el administrado en su beneficio, mas no podrían ser opuestos en su perjuicio, lo genera la duda sobre si antes del año 2015, (en el que se generó un segundo oficio que como ya se indicó, que sí fue debidamente publicado en noviembre del 2015, mediante decreto ejecutivo, adquiriendo validez), existió o no un acto administrativo que haya tenido alcance general y que permitiera afirmar que éste complementara la Ley de 1961 ya citada, sobre si [Identificacion1] se encontraba dentro o no de la ciudad de Limón, porque dependiendo de tal situación, el tribunal de juicio puede concluir si la conducta acusada resultaría atípica como alega la defensa o por el contrario se estaría ante la posibilidad de que la conducta fuera típica, antijurídica, mas no culpable, ante la posible existencia de un error de prohibición invencible, tema que incluso será retomado en líneas posteriores. Incluso con relación al alcance general del oficio número 222 del IGN, y sus repercusiones dentro del proceso penal, también cabe mencionar que tal y como lo afirmó el tribunal de juicio, el dictamen DCF 2015-1247-ING, de agosto 2015, a folio 536 y siguientes, basaron sus conclusiones en la utilización de las coordenadas emanadas del mismo oficio ya citado. Como quinto argumento, el tribunal rechazó que las delimitaciones de las ciudades solo pueden ser realizadas por ley. En realidad no lleva razón la defensa por los argumentos anteriormente expuestos en cuanto a la delimitación de los distritos y los entes facultados para hacerlo, pero en lo que se discrepa de lo planteado por el órgano decisor es que la ley de 1961, que otorgó una franja de 200 metros desde la pleamar, desde Portete hasta el lugar conocido como 12 millas, incluyendo ambos terrenos dentro de la zona urbana de la ciudad de Limón, no resultaba aplicable a la Playa de Portete, y mucho menos a la excepción del artículo 6 de la misma ley. En criterio del órgano resolutor, la defensa realizó una errónea lectura de la ley citada, porque aunque la ley comprende a Portete como límite de la ciudad de Limón, ello no quiere decir que lo coloquen dentro de la excepción que comprende el artículo 6 de la Ley 6043, que incluso es una ley posterior. Para el tribunal de juicio a folio 10 del legajo de apelación, el artículo 6 ya citado indica textualmente: “(…) Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales…” y la ley 2906 indica que Portete, es límite norte de la zona urbana de la ciudad de Limón. Lo que se traduce en que las leyes utilizan términos diferentes, lo que no permite interpretar lo que la defensa pretende, ya que incluso la ley de 1961 no fue redactada para establecer una excepción planteada por una ley posterior, criterio desacertado, ya que independientemente de que una ley sea anterior a la excepción que fue creada después, lo cierto es que en nada afecta que una complemente a la otra, indistintamente de que no utilicen términos exactamente iguales, en el tanto se entienda lo que en esencia implica el contenido de las mismas, lo que basta con su simple lectura. Tampoco resulta relevante para los alcances a probar en materia penal, el argumento esgrimido en el fallo de que en una Comisión en la Asamblea Legislativa que conocía de la ilegalidad de la construcción de un muelle en Portete, se llegó a la conclusión de que Portete no era parte de la ciudad de Limón, puesto que para el caso subjudice, no es la Asamblea Legislativa quien debe definir tal aspecto, sino el tribunal de juicio. En lo que sí lleva razón el órgano resolutor, es que independientemente de lo anteriormente expuesto, no interesa si es el Consejo Municipal quien debe administrar dichos terrenos, para considerar que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República tienen derecho a accionar en el presente proceso, el primero por tener el monopolio de la acción penal conforme lo establece el numeral 16 del Código Procesal Penal, y el segundo por representar los intereses del Estado y en defensa del patrimonio nacional conforme lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de forma que, lo que generó el vicio son los argumentos utilizados para desechar el criterio de que Portete se encontraba fuera de la excepción del artículo 6 de la ley 6043, tomando en cuenta que no se explicó en sentencia si ese oficio utilizado como base de los principales argumentos, los administrados habían tenido legalmente la oportunidad de apelarlo, ya sea porque fue debidamente publicado por la vía correspondiente, o notificado a los imputados como para que se pudiera anteponer a los mismos los efectos administrativos de él generados y que fueron utilizados en materia penal en contra de la tesis de defensa de encontrarse ante la excepción ya explicada. Con relación a la utilización de dicho oficio para determinar si las estructuras construidas en Portete se encontraban dentro del área restringida o pública, en el dictamen criminalístico confeccionado por el perito [Nombre35] , número DFC 201-746-ING, a folio 220, y la ampliación 2015-1247-ING de página 536, vemos que el perito a folio 21 del legajo de apelación indicó que: “(…) si la memoria no me fallla en el mismo dictamen se indica, que la entidad encargada de amojonamiento, para sector ING, se consultó, me dijeron que para el momento no había, amojonamiento, ni físico, ni digital. Se consignó esa información y así consta en el dictamen pericial. La demarcación entre zona pública y restringida, la coloqué, por que para el segundo dictamen el registro a través del IGN, hace un comunicado y establece un amojonamiento digital en ese sector, se hace consulta de información y se logra obtener esa línea de amojonamiento digital que es indicada en esa ampliación o aclaración…” De lo declarado por el perito, podemos inferir que para la confección de los dictámenes mediante los que se dispuso que las viviendas se encontraban en parte área restringida y en parte en zona pública, se utilizaron coordenadas de un acto administrativo del que se desconoce dentro del expediente si había sido oficializado o no, del que tampoco se hizo constar si se había respetado el debido proceso a los administrados, ya sea mediante la publicación del mismo, o si por medio de la respectiva notificación a las partes, que es lo que hubiese permitido que los sindicados, hubiesen podido impugnar en caso de considerar que lo resuelto por la administración lesionaba sus intereses. De allí la importancia de corroborar en un nuevo juicio de reenvío la validez de dicho acto administrativo. Como segundo vicio en la fundamentación, están los argumentos referidos a si las estructuras propiamente en las que detentaron los imputados, se encuentran dentro la zona o área restringida, la zona pública o la playa. La falta de exactitud sobre este tema, en la fundamentación del fallo, incide directamente en el segundo bastión de la resolución impugnada. Del análisis de la sentencia, se detectó una falta de concreción en el tema, puesto que, aunque se afirmó que las construcciones de ambos imputados se encontraban dentro de bienes de dominio público, ello no fue debidamente motivado. En primer lugar, al folio 36, el tribunal analizó la declaración del oficial del Organismo de Investigación Judicial, relato que adquiere especial relevancia, si se toma en cuenta que según lo declaró el perito [Nombre36] , él no conoció quien vivía en las estructuras de Playa Portete, sino que fue el oficial [Nombre22] quien proporcionó la información sobre la identificación de las personas que detentaban las estructuras construidas en dicho lugar, incluyendo las casas de habitación que eran ocupadas por los dos justiciables, sobre las que el testigo a folio 28 del legajo de apelación refirió: “Las casas de [[Nombre4] ] y [Nombre [Nombre1]] no pegan con el mar, desde ellas se ve el mar…”. Afirmación que desmiente la realizada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, de que las construcciones que detentaban los sindicados y querellados estaban construidas en el espejo del mar o en la playa. Con relación a la ubicación de las casas de habitación dentro de la zona marítimo terrestre, el tribunal aseguró que las casas de habitación de los sindicados se encontraban dentro de la zona pública, y para ello citó el dictamen pericial 2015-1247-ING, a folio 536, como una de las ampliaciones generadas del dictamen 2015-746-IGN, el que el tribunal indicó a folio 36 en sentencia: “En él se puede apreciar la localización de cada una de las siete estructuras señaladas en las piezas acusatorias y la acción civil de esta causa, tanto del muelle, las bodegas, oficinas y casitas descritas por [Nombre37]. Propiamente a página 538 se aprecia un mapa de la zona de Portete, donde están marcadas cada una de las siete estructuras, además está delineada la zona marítima terrestre, tanto los 50 metros del área pública, como los 150 metros del área restringida, quedando claro que algunas de las estructuras referidas están dentro de la zona pública, y otras están en el espejo de agua, tal cual como lo refirió [Nombre37] y el mismo perito“. Del extracto citado se concluyó que el tribunal describió en formal general el contenido del dictamen, mas no lo analizó con relación específica a la situación de los dos justiciables, ya que, aunque en el lugar existan otras estructuras, las que interesan son las casas de habitación de [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ] . La sentencia es un instrumento jurídico que debe valerse por sí sola, en la que no basta mencionar la prueba utilizada, sino que en el fallo debe de incluirse el análisis que le permite al tribunal llegar a una determinada conclusión. Se omitió indicar en el caso específico de ambos endilgados, dónde están situadas las casas de habitación dentro de los mapas de cada dictamen citado, a qué distancia de la pleamar están situadas en forma específica, ya que ello es el tema principal de la imputación, y con base en dicho análisis, entonces concluir si las mismas estaban en zona pública o restringida o en ambas, ya que de lo consignado en el fallo, se infiere que unas de las siete estructuras de Playa Portete, estaban en zona restringida y otras en zona pública, sin indicar mayor detalle específico sobre las de los acusados; además, debe citarse el lugar en que la información indicada se encuentra dentro de cada dictamen, información que fue omitida en sentencia. Vicio que se agrava, si tal y como lo valoró el tribunal al final del folio 36 del legajo de apelación, al perito no le constaba quien detentaba cada estructura, sino que esa información fue proporcionada por el investigador judicial [Nombre22] . El tribunal se desgastó explicando la buena fe y preocupación del oficial judicial con relación de los acusados, sin explicar cual fue la información detallada que el testigo indicó específicamente de las casas de habitación de los encartados, y no de las estructuras en general. No se especifica en forma certera, a que distancia se encontraban cada una de las casas desde el espejo de mar o el pleamar. El tribunal insistió en que no se podía dudar de la información que brindó el oficial sobre la ubicación de cada estructura y de sus ocupantes, sin indicar cual fue exactamente esa localización y ubicación de las estructuras a las que esta haciendo referencia. Posteriormente a folio 37 del legajo de apelación, se citó una serie de documentos emitidos por la Municipalidad de Limón para concluir que en la zona no se había concedido ningún tipo de permiso, lo que para el tribunal tenía especial trascendencia por que el oficial [Nombre22] había dicho que algunas estructuras investigadas (sin indicar cuáles exactamente), se encontraban dentro del mar, o en el espejo de mar, sin que se explicara que relación tenía dicha información con el caso específico de los dos imputados, tomando en cuenta que el oficial judicial hizo referencia en juicio a todas las estructuras construidas en la zona de Portete, incluso describió un muelle, bodegas, construcciones que conforme a lo explicado en sentencia, no tendrían en principio ninguna relación con los endilgados, sino que pertenecían a los acusados que fueron sobreseídos en la presente causa, por lo que el tribunal no explicó la relación de dicho análisis con los imputados [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ]. El tribunal continuó a folio 36 del legajo de apelación, analizando si el muelle construido en Portete, no contaba con ningún tipo de permiso ni para su construcción, ni utilización, sin explicar que relación tenía dicha estructura con las casas de habitación de los justiciables, la que al parecer era inexistente. Aunque esta cámara esta analizando únicamente aquellos argumentos por medio de los cuáles se acreditó la ubicación de las dos casas de habitación dentro de la zona pública, es evidente que en el fallo se hizo continuamente referencia a las “estructuras” para referirse en forma general a todas, sin concretizar en la mayoría de los casos, la ubicación y situación especifica de las casas de habitación de [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ] , sobre todo, porque en los croquis de cada dictamen pericial existente en el expediente, las estructuras están señaladas mediante número, es decir que el croquis o dictamen no está dirigido a analizar la situación únicamente de las casas de habitación de los encartados, sino de todas las estructuras existentes en la zona de Portete, lo que con mayor razón obligaba al tribunal de mérito, a realizar en la resolución el análisis ya indicado. Estas pericias fueron retomadas en el análisis probatorio, a partir del folio 39 del legajo de apelación, en el que volvió el tribunal a cometer el mismo yerro, describiendo cada pericia y sus ampliaciones, iniciando nuevamente con la pericia DCF:2015-1247-ING, a folio 536, en la que se hizo referencia a que en éste dictamen si se pudo realizar la delimitación entre la zona restringida y la zona pública, así como se menciona el mapa o croquis a folio 538, el que se describió, indicando que en el mismo se contemplan las siete estructuras, explicando nuevamente que las construcciones en estudio se localizan en parte de la zona pública y de la pleamar, sin especificar, ni detallar a que distancia de la pleamar se encontraban las dos casa de habitación de los imputados, ya que para corroborar los hechos acusados en contra de los mismos, resulta esencial dejar claro en sentencia dichos aspectos. Este yerro, se reiteró a folio 40, donde el tribunal analizó el resto de las pericias, en las que se explicó que la diferencia entre el dictamen anteriormente mencionado y el DCF:2017-682-ING, es que se cometió un error por parte del ingeniero [Nombre38] en los puntos de referencia, sobre el que que afirmó el órgano resolutor, fue reconocido por el perito en debate, que en este último dictamen aparecen las estructuras dentro de la pleamar, cuando en realidad debería ser como lo establecía el dictamen DCF: 2015-147-ING, en el que se concluyó que las estructuras estaban dentro de la zona pública y la zona marítima terrestre, sin especificar, si lo que había sido ubicado como la propiedad que detentaba cada imputado se encontraba en su totalidad construido, o solo una parte del lote, tampoco se aclaró si lo que se encontraba en zona pública es la propiedad y la casa en área restringida, o viceversa, o, si era que la construcción está en medio de las dos zonas, porque nada de eso se analizó ni se explicó en la resolución recurrida, lo que generó un vicio de fundamentación. Luego se describió a folio 40 del legajo de apelación, el dictamen DCF:2016-2230-BIO a folio 992, que el mismo tenía fotografías de las estructuras investigadas y un mapa del área, sin que nuevamente el tribunal analizara o al menos describiera la ubicación exacta de las casas de habitación, y con relación al dictamen DCF: 2017-00583-BIO, se explicó que se encontraba a folio 1052, pero nuevamente no se analizó con detalle, únicamente se indicó que ambos no aportaban mayor información de interés para la resolución de la causa. Se hace ver que aunque el tribunal juzgador debe basarse en los peritajes y demás probanzas en el expediente, no es el perito quien determina la existencia de un posible delito, sino el tribunal juzgador, por lo que no basta con que el ingeniero califique que una determinada estructura se encuentra en zona pública, sino que el tribunal debe de analizar tales pericias con detalle, sobre todo cuando todos estos peritajes fueron incorporados dentro del debate, y además utilizados por las partes, en el interrogatorio al perito, valoración que resulta necesaria con el fin de poder tener por acreditado la ilicitud acusada, con relación a cada casa de habitación por separado, sin hacer referencias genéricas. En el caso de que el peritaje no resulte específico, se ha de explicar con base en qué prueba complementaria adquirió la certeza de que los sindicados detentaban casas dentro de la zona pública, y que sus casas estaban ubicadas a menos de 50 metros de distancia de pleamar, con el propósito de que sea el tribunal quien determine la existencia o no del delito acusado, incluyendo no solo la descripción del elemento probatorio, sino el análisis de cada probanza puesta bajo su conocimiento y que le permitió llegar a determinada conclusión. No es posible que en todo el fallo, no se halla incluido la ubicación o localización específica de cada construcción en la Playa de Portete, y la distancia de cada una de ellas con relación a la pleamar, ya que incluso el investigador judicial, sin referirse en forma exacta a alguna de las siete estructuras, sí explicó que algunas de ellas se encontraban en el mar o lo que el testigo llamó como espejo de agua, y que en el caso de las casas de habitación de los imputados, estas no estaban en el mar, pero desde ellas sí se lograba ver el mar. Debe aclararse que lo que se cuestiona en esta instancia, no es la posibilidad de utilizar un amojonamiento virtual, a efectos de determinar las coordenadas que sirvan de límite de la ciudad de Limón, lo que legalmente como líneas atrás se desarrolló, el Instituto Geográfico Nacional está facultado para hacer, sino, la falta de publicación del aviso, lo que impide que dicho acto administrativo sea oponible a terceros, es decir a los sindicados; lo que con base en el propio análisis de sentencia sí se realizó con el oficio 2015-11, en el que se publicó los límites de la ciudad de Limón, incluso después de haber realizado el amojonamiento físico, acto administrativo que fue publicado conforme se establece a folio 723 en el informe enviado a la Asamblea Legislativa por parte del Director [Nombre39] , en el que se indicó que la delimitación de [Identificacion1], fue publicada mediante aviso 2015-11, publicado en La Gaceta número 222 del 16 de noviembre de 2015 sobre “Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre en Bahía Portete, desde el Límite de la Ciudad de Limón en Portete siguiendo río oeste hasta el mojón [Dirección2]- de Limón”, amojonamiento que se realizó durante el transcurso de la investigación de los presentes hechos. Este aviso oficial fue publicado en noviembre del 2015, para cuando los detentadores de las estructuras de Portete ya no se encontraban habitando las estructuras ya que habían sido desalojados del lugar, ante el ordenamiento de una medida cautelar, que según lo indica la propia acusación, en el hecho segundo, fue ordenada por el Juzgado Penal de Limón, en agosto del 2015, momento en que las edificaciones fueron puestas en custodia del Servicio Nacional de Guardacostas, todo lo que debió ser analizado en sentencia, relacionado con la fecha en el que el aviso número 222 de setiembre de 1980, fue debidamente publicado en el diario oficial y no como se hizo en la resolución conforme a la fecha de creación del aviso, como se analizó en sentencia. Con relación a la fundamentación de la existencia de un error de prohibición. Ante los dos supuestos fácticos planteados, con relación al oficio de ING del año 1980, resultarían conclusiones muy diferentes, puesto que si no existiera ningún acto administrativo de alcance general emitido antes del año 2015, la conducta de los imputados sería atípica, porque legalmente como referencia sobre la posible existencia de [Identificacion1] como parte de la ciudad de Limón, solo se tendría la Ley de 1961 ya citada, mientras que en caso de que dicho pronunciamiento de 1980, se haya oficializado mediante publicación en el diario oficial, la conducta resultaría típica, antijurídica pero no necesariamente culpable, ya que además de los argumentos citados por el tribunal, se ha de analizar que conforme se indicó en sentencia, el dictamen DCF: 2015-746, a folio 220, de mayo del 2015, dejó claro que para esa fecha no se podía delinear la zona marítima terrestre, en razón de que el IGN informó que no había amojonamiento físico en la zona, situación que fue corregida posteriormente, tanto que para el mes de noviembre del año 2015, se oficializó el aviso 2015-11 en el que se indicó los límites de la ciudad de Limón, excluyendo Portete. Lo anterior, genera la disyuntiva de que, aún en el supuesto de que hubiese existido la publicación en el diario oficial del amojonamiento virtual realizado en el año 1980, no existía un amojonamiento físico en la zona de Portete, por lo que no era factible que los sindicados pudieran conocer que se encontraban violentado las diposiciones de la Ley 4063, ya que como Portete no era parte de la ciudad de Limón, terrenos de la zona, en los que se encontraban sus casas de habitación, se le aplicarían las disposiciones de la zona marítimo terrestre. Con relación a los alegatos del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en cuanto a que no se podía considerar que los justiciables se encontraban ante un error de prohibición invencible, porque aún y cuando creyesen que el artículo seis los protegía, por considerar que Portete estaba dentro de los límites de la ciudad de Limón, alegan que las estructuras con base en la prueba, se encontraban en la playa. Se alega que los litorales costarricenses poseen una zona pública inalienable de 50 metros, sin importar si se encuentra en una ciudad portuaria, pues en su criterio la excepción del artículo seis de la ley 6043, está referida únicamente a la inexistencia de la zona restringida de las ciudades enlistadas en la propia ley. Aunque no se cita ninguna normativa al respecto, el Ministerio Público sustenta su afirmación en la declaración del testigo [Nombre28] , quien es funcionario municipal, y funge como inspector de la zona marítimo terrestre -a quien el recurrente consideró experto en el tema-, y el representante de la Procuraduría General de la República en la declaración del oficial [Nombre22] . Tal y como lo exponen ambos recurrentes, el artículo 70 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece que las personas que ocupaban los territorios que ahora son zona marítimo terrestre, y que tenían 10 años de ocupar terrenos, que después de emitida la ley son terrenos considerados parte de la zona marítimo terrestre, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes y deberán respetar la zona pública. Sin embargo, del contenido de dicha norma, no podría extraerse la afirmación sostenida por ambos recurrentes; primero porque el artículo es muy claro en referirse a terrenos que después de pronunciada la ley, serían considerados zona marítimo terrestre, es decir, que no se está refiriendo a las propiedades dentro de las ciudades costeras, sobre todo cuando el artículo seis de la misma ley citada indica textualmente: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.” (Así reformado por la Ley Marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, número 9221 del 27 de marzo del 2014). Lo que implica que, a los terrenos dentro de las ciudades costeras como Limón, no se le aplicarán las disposiciones establecidas en dicha ley en su totalidad. Además, se tendría que analizar, para el caso concreto, lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2121 del 27 de marzo del 2014, Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral, en el que se indica que dentro de las zonas urbanas litorales se podrá otorgar concesiones, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el plan regulador urbano de la respectiva localidad. Este numeral en su párrafo segundo, tercero y cuarto textualmente indican: “Quedan excluidos, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que se presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa, aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado, aquellos que no correspondan al demanio público y aquellos ubicados en los 50 metros contiguos a la pleamar ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en vigencia de esta ley. -Las concesiones que se otorguen en los 50 metros contiguos a la pleamar ordinaria estarán condicionadas a que no se modifique el uso ni se amplíe la densidad de la construcción que tenía el terreno antes de la entrada en vigencia de esta ley, siempre y cuando tales condiciones hayan sido avaladas por el plan regulador urbano y no incumplan la normativa ambiental vigente. Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas urbanas litorales deberán garantizar el libre acceso a la costa y el disfrute de la playa a toda la población. Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras instituciones del Estado para dicho propósito”. Este artículo, permite considerar que, dentro de las ciudades costeras, no es cierto que se deba de respetar los 50 metros de pleamar, sino que será revisado en este caso por cada municipio, la concesión para que la construcción anterior a la ley del año 2014, permanezca dentro de la zona pública de los 50 metros de pleamar, exceptuando los casos en este numeral citado. Con base en la declaración del oficial [Nombre22] en debate, citado incluso por los recurrentes, aunque en Portete haya casas en el espejo de mar, las casas de los imputados no estarían en tal circunstancia, ni tampoco dentro de la playa, sin embargo, con base en la fundamentación del fallo, resulta imposible llegar a tal conclusión, ya que no se fundamentó la misma sobre dicho extremo, al no indicarse la distancia en que se encontraba las casas de habitación de los imputados y no las otras estructuras, no es posible con la lectura de la sentencia, extraer de las consideraciones del tribunal con relación a si las casas de habitación de los sindicados, que se determinaron en sentencia como ubicadas en la zona pública, estarían localizadas, o al menos alguna de ellas, específicamente en el espejo de mar o en la playa. Aspecto que resultaría de interés a efectos de poder determinar si se estaría ante un error de prohibición invencible, una vez descartada la atipicidad de la conducta, por los criterios anteriormente esbozados, todo con apego a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 9221 ya indicada, que concede dependiendo del caso, el uso de construcciones y habitaciones dentro de la zona pública dentro de las ciudades costeras. Aún y cuando los argumentos utilizados para aplicar un error de prohibición invencible, fueron inicialmente válidos, ello no permite obviar los vicios anteriormente citados y que obligan a declarar la ineficacia de la sentencia, ya que los efectos de una absolutoria por atipicidad o por error de prohibición invencible, tienen consecuencias civiles diferentes, lo que obliga también a declarar la ineficacia de lo resuelto en cuanto a las consecuencias civiles de la sentencia. Con relación a la participación de terceros civilmente interesados. En la etapa intermedia, algunos imputados fueron sobreseídos, sin embargo, con base en la lectura del Auto de Elevación a Juicio, estas personas podrían ser consideradas como terceros civilmente interesados, ya que el juez penal, mediante resolución del 20 de mayo del 2019, incorporado en el expediente virtual a las 14:49:79, dejó vigente la medida cautelar de desalojo de todas las construcciones existentes en Portete, medida cautelar, que, conforme a la acusación, fue realizada en agosto del año 2015. De allí que, conforme al artículo 121 y 124 del Códdigo Procesal Penal y ante una nueva sustanciación, los terceros civilmente interesados podrán solicitar, su intervención en la etapa de juicio, ya que fue en el Auto de Elevación a Juicio, en el que se mantuvo vigente la medida cautelar ordenada anteriormente, resolución del que surgió su derecho, y su vinculación al proceso, quienes evidentemente podrán gestionar que se les tenga legalmente constituidos dentro del proceso penal como terceros civilmente interesados, y en esa condición, intervenir en el proceso. Dicha posición es avalada por la Sala Constitucional, en las resoluciones números 5447 de las 16:57 horas del 4 de octubre de 1995, en igual sentido el voto No. 4121 de las 16:51 horas del 13 de agosto de 1996, en las que se dispuso que los terceros civilmente interesados, podrán aportar prueba y ser escuchados durante el juicio. Así ha sido reconocido al tratar el problema del comiso y la afectación a terceros propietarios, consideraciones que se aplican de igual forma en el caso de análisis, toda vez que en la resolución número 5447 ya citada se indicó que: “ Recaída sentencia, si ésta ordenare el comiso, debe entenderse que se dió oportunidad de defensa y audiencia a los terceros propietarios o poseedores de los bienes y no partícipes en el delito juzgado, que pudieran verse afectados con la medida, de conformidad con los artículos expuestos, que si bien no prevén expresamente un determinado procedimiento de traslado o apersonamiento del tercero, por imperativo de la propia Constitución Política y los principios fundamentales que la inspiran, contemplados básicamente en los numerales 39 y 41(...) el juzgador deberá, en la medida de lo posible, estructurar con los elementos procesales que cuenta, la forma de dar esa audiencia previa al tercero que pueda verse afectado, pues no podría pensarse en un despojo que opere de pleno derecho, o en una decisión que afecte derechos o intereses legítimos de una persona, sin haber sido ésta siquiera oída, sobre todo cuando se expone su propiedad a una disminución que casi operaría de pleno derecho aplicando en forma automática las disposiciones relativas al comiso y confiscación, práctica que resulta inconciliable con los derechos fundamentales de defensa y de audiencia a que se ha hecho mención. Aún y cuando los terceros civilmente interesados, podrán acudir a la vía civil no solo para hacer valer sus derechos, sobre todo, cuando sea posible, reclamar la indemnización de cualquier daño causado, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que ante la posibilidad de que estos terceros civiles puedan ser despojados de algún derecho de posesión, tendrán derecho a participar en el proceso penal, lo que resultaría aplicable en el presente caso, cuando incluso en sentencia, se podría ordenar la destrucción definitiva de las edificaciones sobre las que alegan tener derecho, dependiendo de las resultas del proceso. Con base en lo anterior, se declara la ineficacia de la sentencia, se ordena el reenvío del expediente al despacho de origen, para que, con una integración diferente, se realice una nueva sustanciación.
IV.- En virtud de lo resuelto, carece de interés el resolver el resto de las disconformidades e impugnaciones presentadas.
POR TANTO:
Se declaran con lugar los recursos de apelación presentados por el licenciado [Nombre17] en representación del Ministerio Público; del licenciado [Nombre8] en representación de la Procuraduría General de la República; y el recurso de apelación presentado el licenciado [Nombre3] en representación de los imputados [[Nombre4] ] y [[Nombre6] ]. En consecuencia, se declara la ineficacia de la sentencia impugnada en su totalidad, se ordena el reenvío del expediente al despacho de origen, para que con una integración diferente se realice una nueva sustanciación. Por carecer de interés, por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento del resto de los motivos presentados en las diversas impugnaciones. NOTIFÍQUESE. - Francini Quesada Salas Gustavo Gillen Bermúdez Alberto García Chaves Jueza y jueces de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [[Nombre6] ] Ofendido: El Estado Delito: Usurpación de Bienes de Dominio Público AALFAROS Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.