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Res. 00063-2022 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 22/02/2022
OutcomeResultado
The State’s appeal was denied, affirming that the claimants’ brothers were not necessary parties to the agrarian adverse-possession and compensation proceedings.Se rechazó la apelación del Estado y se confirmó que los hermanos de las actoras no debían integrarse como litisconsortes necesarios en el proceso de usucapión agraria e indemnización.
SummaryResumen
The Court denied the State’s appeal and affirmed that the claimants’ two brothers did not need to be joined as necessary defendants in proceedings concerning a parcel within the Golfo Dulce Forest Reserve. The claimants seek recognition of adverse possession and issuance of title or, alternatively, compensation. The State argued that the brothers, as potential heirs of the former possessor, could be affected by the judgment. The Court held that the existence and validity of the alleged donation, the claimants’ possession, and satisfaction of the requirements for adverse possession are merits issues to be decided in the final judgment. The brothers derive no rights or legitimate interests from the challenged administrative conduct and did not allege possession of their own over the property. Their participation was therefore unnecessary under article 12.3 of the Contentious-Administrative Procedure Code and article 22.1 of the Civil Procedure Code. The alternative damages claim likewise did not require their joinder.El Tribunal rechazó la apelación del Estado y confirmó que no era necesario integrar como litisconsortes pasivos a dos hermanos de las actoras en el proceso relacionado con una parcela situada dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Las demandantes solicitan que se reconozca la usucapión y se les otorgue el título de propiedad o, subsidiariamente, que se les indemnice. El Estado alegó que los hermanos, como posibles herederos del anterior poseedor, podían resultar afectados. La Cámara concluyó que la existencia y validez de la supuesta donación, la posesión de las actoras y la configuración de la usucapión son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia. Los hermanos no derivan derechos ni intereses legítimos de las actuaciones administrativas impugnadas y tampoco alegaron posesión propia sobre el inmueble. Por ello, su participación no resulta indispensable conforme a los artículos 12.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 22.1 del Código Procesal Civil. La pretensión subsidiaria indemnizatoria tampoco exige incorporarlos.
Key excerptExtracto clave
In this case, joinder is unnecessary because adverse possession rests on the possession of those asserting it, which must be verified, as stated, through the evidence in the record, including the validity of the donation and the documents contained in the INDER file. For these purposes, joinder of the two persons identified as the claimants’ brothers, based on possible inheritance issues, is unnecessary because they derive no rights from the challenged conduct; article 12.3 of the Contentious-Administrative Procedure Code therefore does not apply. Their participation is also unnecessary for adjudicating the possession asserted by the claimants, since the merits court must determine whether the right to acquire by adverse possession was in fact established. Given the legal nature of the dispute, article 22.1 of the Civil Procedure Code likewise does not require the claimants’ brothers to be joined as possible heirs, as the State contends. The persons who might need to be joined would instead be those asserting possession over the property and therefore claiming a right to acquire it by adverse possession, which has not occurred here. The first alternative claim, moreover, seeks compensation by demanding payment of damages from the defendants. Because the party bringing such a claim determines its scope, no additional participation is required, except where an express legal provision governs which public bodies or entities must be sued. The Court likewise reiterates that the conduct whose annulment is sought bears no relationship to the two persons whose joinder was requested.En este caso, la integración se hace innecesaria, porque la usucapión supone la posesión de quienes la alegan, la cual deberá verificarse, se reitera, con la prueba que consta en el expediente, incluyendo la validez de la donación, así como de los documentos que constan en el expediente del INDER. A tales efectos, las dos personas que se solicita integrar, por ser hermanos de las demandantes y los posibles aspectos sucesorios, se hace innecesaria, porque no derivan derechos de las actuaciones que se están impugnando, en cuyo caso no aplica el artículo 12.3) del CPCA, ni tampoco se hace necesaria su participación cuando se discuta la posesión alegada por las accionantes, pues para ello lo que el Tribunal de fondo tendrá que analizar es si efectivamente el derecho a usucapir se configuró. Por la naturaleza jurídica de lo discutido, en aplicación del artículo 22.1 del CPC, tampoco es necesario traer a los hermanos de las demandantes, en el supuesto alegado por el Estado (como posibles herederos), porque quienes eventualmente tendrían que integrarse, serían quienes aleguen una posesión sobre el inmueble y por lo tanto, tengan derecho a usucapir, aspecto que no ha sido invocado en este caso. Por otra parte, la primera pretensión subsidiaria, es de naturaleza resarcitoria, en la que se está demandando el pago de daños a los demandados, que por ser de carácter dispositivo por parte de quien la formula, no exige más participación, salvo disposición expresa normativa en el caso de los órganos y entes públicos, de aquellos a quienes se decida demandar. De igual forma, se reitera, el Tribunal verificó que las actuaciones cuya anulación se pretende, no tienen relación con las dos personas, cuya integración se solicita.
Pull quotesCitas destacadas
"Además, observa el Tribunal, que lo alegado para fundamentar tanto la defensa como el recurso, son aspectos de fondo, relacionados con la existencia y validez de una donación hecha por el padre de las actoras en su beneficio, y su condición como poseedoras de la parcela pretendida, probanzas cuya validez deberán ser resueltas en sentencia."
"The Court further observes that the matters asserted in support of both the defense and the appeal concern the merits, namely the existence and validity of a donation made by the claimants’ father for their benefit and their status as possessors of the parcel, the evidentiary validity of which must be resolved in the final judgment."
Considerando V
"Además, observa el Tribunal, que lo alegado para fundamentar tanto la defensa como el recurso, son aspectos de fondo, relacionados con la existencia y validez de una donación hecha por el padre de las actoras en su beneficio, y su condición como poseedoras de la parcela pretendida, probanzas cuya validez deberán ser resueltas en sentencia."
Considerando V
"Lo que tendría que analizarse en sentencia, es si efectivamente operó la usucapión a favor de las accionantes, conforme la normativa invocada en la demanda y la prueba de respaldo que se aportó al expediente."
"What must be analyzed in the final judgment is whether adverse possession was in fact established in favor of the claimants under the law invoked in the complaint and the supporting evidence submitted in the record."
Considerando V
"Lo que tendría que analizarse en sentencia, es si efectivamente operó la usucapión a favor de las accionantes, conforme la normativa invocada en la demanda y la prueba de respaldo que se aportó al expediente."
Considerando V
"Aparte de lo expuesto, comparte plenamente el Tribunal el análisis hecho por el a quo, quien en ningún momento parte de la existencia de la donación, como lo acotó la representación del Estado, en cuanto a la improcedencia de la integración solicitada, ya sea porque en la donación supuestamente realizada no estaban incluidos, por lo que no existiría afectación, o por lo indicado en cuanto a la condición de usucapientes, análisis que corresponde a la situación de las actoras en relación al Instituto, como acaba de apuntarse."
"In addition, the Court fully agrees with the analysis of the lower court, which—contrary to the State’s contention—did not assume that the donation existed when finding the requested joinder improper: either the persons were not included in the alleged donation and thus would not be affected, or the issue concerned the claimants’ status as adverse possessors in relation to the Institute."
Considerando V
"Aparte de lo expuesto, comparte plenamente el Tribunal el análisis hecho por el a quo, quien en ningún momento parte de la existencia de la donación, como lo acotó la representación del Estado, en cuanto a la improcedencia de la integración solicitada, ya sea porque en la donación supuestamente realizada no estaban incluidos, por lo que no existiría afectación, o por lo indicado en cuanto a la condición de usucapientes, análisis que corresponde a la situación de las actoras en relación al Instituto, como acaba de apuntarse."
Considerando V
"Se rechaza el recurso de apelación interpuesto. Se confirma la resolución N° 1608-2021, de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo, Josué Salas Montenegro."
"The appeal is denied. Decision No. 1608-2021, issued at 8:50 a.m. on November 17, 2021, by Josué Salas Montenegro, the Case-Management Judge of the Contentious-Administrative Court, is affirmed."
Por tanto
"Se rechaza el recurso de apelación interpuesto. Se confirma la resolución N° 1608-2021, de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo, Josué Salas Montenegro."
Por tanto
Full documentDocumento completo
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MATTER:
ADJUDICATION PLAINTIFF:
Nombre163756 DEFENDANT:
THE STATE N° 063-2022-I TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN PRIMERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Dirección01, at eleven twenty a.m. on the twenty-second of February, two thousand twenty-two.- The Court considers the appeal filed by the State against Decision N° 1608-2021, issued at eight fifty a.m. on the seventeenth of November, two thousand twenty-one, by Josué Salas Montenegro, the Case-Management Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo, in the ordinary proceeding (Proceso Ordinario) recorded under expediente 15-6076-1027-CA, brought by Ms. Nombre163756 and Ms. Nombre163756, both surnamed Nombre163756, against the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Appeal 845-TA-21.
The decision is unanimous.
Drafted by Judge Cortés Morales
WHEREAS
By Decision N° 1608-2021, issued at eight fifty a.m. on the seventeenth of November, two thousand twenty-one, the preliminary defense seeking compulsory joinder (integración de litis), raised by the State for the joinder of Nombre162690 and Nombre162691, brothers of the plaintiffs, was denied. The following was ordered:
"THEREFORE Based on Articles 12.3 and 71 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the preliminary defense of compulsory joinder of necessary defendants (litis consorcio pasivo necesario) asserted by the State’s representative is DENIED. Let notice be given. Lic. Josué Salas Montenegro. Judge."
The State’s representative referred to claim number 9 in the complaint, in which the plaintiffs seek delivery of title to the land described in survey plan P-734207-2001, registered in the name of Nombre34688, as well as to the first alternative claim, in which they request payment of its value, as grounds for joinder. She also raised the donation made to the plaintiffs during his lifetime by their father, the aforementioned Nombre34688, but noted that the respective public deed (escritura pública), in which the transaction was required to be recorded pursuant to Articles 1397 and 1399 of the Código Civil, had not been submitted. She further referred to the sworn statements (declaraciones juradas) submitted by the plaintiffs, in which they stated that the property had belonged to their father and that, following his death, INDER granted them possession. She notes that, following the death of Nombre34688 in 2001, neither the donation nor the Institute’s delivery of the property to the plaintiffs appears in the property file.
In the latter case, there should have been an administrative act (acto administrativo) by INDER and, as such, she cautions, it had to be established through documentary evidence. She mentions the existence of two sons of Nombre34688: Nombre162690 and Nombre162691, who could be adversely affected by the eventual judgment. As a ground for appeal, she asserts that the decision under appeal proceeded from the premise that the donation existed unless proven otherwise, when no such donation exists, and therefore no right may be granted to the purported heirs. She requests that the challenged decision be reversed and that Nombre162690 and Nombre162691 be joined.
Both co-defendants support the State’s position. They request that the decision under appeal be reversed and that the requested joinder be ordered.
Counsel for the plaintiffs considers the trial judge’s decision correct because the purpose of the proceeding is to determine whether both plaintiffs have acquired title by adverse possession (usucapientes), based on the documents contained in the administrative and judicial records concerning parcel 77, sector 5, of the Asentamiento Campesino de Osa. Counsel described the State’s grounds for seeking joinder as follows: it referred to claim 9 and alternative claim 1, then stated that, in their sworn statements, the plaintiffs said they had received the property from their father by donation and that INDER subsequently declared them to be possessors, and it contends that public acts must be established through documentary evidence. In response to this position, the plaintiffs consider that civil legislation should not apply, but rather the special legislation contained in the Ley de de Tierras y Colonización (and other laws of a similar nature).
They further argue that the civil rules governing private property do not apply; instead, the agrarian regime applies, specifically the land-allocation agreement (contrato de asignación de tierras). Counsel also mentions the continued presence of occupants without title, with INDER’s knowledge of that situation. Counsel reiterated that civil law does not apply either to the donation or to succession, because Article 69 of the Ley de Tierras y Colonización establishes a different regime under which the status of allottee (adjudicatario) prevails, pursuant to that same provision. Counsel refers to certification OSO-008-06 of January 9, 2006 and OSO-015-06 of January 9, 2008, issued by the Institute’s Regional Office, which establish the plaintiffs’ status as occupants of the parcel in question for more than ten years. In counsel’s view, the challenged decision stands on its own. Counsel additionally states that the Procuradora is not asserting any specific ground against the decision, but merely reasserting the defense of compulsory joinder so that it may be decided by this Court, without alleging nullity or inadequate reasoning. Counsel requests that the appeal be denied.
Joinder is governed both by the Código Procesal Contencioso Administrativo, in the circumstances provided for in Article 12 thereof, and, on a supplementary basis, by Article 22.1 of the Código Procesal Civil (by referral from Article 220 of the CPCA). Under subsection 3) of the first provision cited, persons deriving rights or legitimate interests (intereses legítimos) from the administrative conduct at issue in the proceeding must be joined. The CPC, in turn, provides for joinder when, by operation of law or due to the nature of the substantive legal relationship (relación jurídico material), it is necessary to bring into the proceeding a person who has not been a party and without whose participation it would be impossible to render a decision on the merits, so that the person may exercise the right of defense. To provide greater clarity regarding the reasons that led the trial judge to deny the defense raised by the State, it is necessary to reproduce the relevant portion of the judge’s ruling:
"VI.- THE SPECIFIC CASE. The specific analysis consists of determining whether Nombre162690, identity card CED127302, and Nombre162691, identity card CED127303, who—like the plaintiffs—are children of Nombre34688, must be joined as defendants because the relief sought includes delivery to the plaintiffs of title to the land described in survey plan P-734207-2001 and payment of its value, allegedly circumventing probate proceedings (proceso sucesorio) and impairing their rights. In this regard, the preliminary defense must be denied for the following reasons. (i) Although it is true that one of the State representative’s objections concerns the legality or illegality of the donation made and that this could affect a possible judgment granting relief, this argument is not persuasive. In this regard, validation of the donation made without a public deed, without acceptance by the transferees, and without INDER’s authorization (formerly IDA) causes no injury to Nombre162690 and Nombre162691 because their names DO NOT APPEAR in the document as such; that is, Nombre34688, of his own volition and during his lifetime (unless proven otherwise), decided to exclude them from the donation of that property.
Consequently, there is no subjective right (derecho subjetivo), much less a legitimate interest, requiring protection in defense of their interests. (ii) Nor is the argument that the requested relief seeks to circumvent probate proceedings persuasive. The claims in this proceeding concern determining whether the plaintiffs have in fact ACQUIRED TITLE TO THE PROPERTY BY ADVERSE POSSESSION, so that title may be issued to them or they may be compensated for its value; these matters are unrelated to probate proceedings. Accordingly, the existence of other children of Nombre34688 has no effect whatsoever on the outcome of this proceeding, because the matters under review concern circumstances different from those construed by the State’s representative. (iii) For joinder to be granted, the requirements of Article 12 of the Código Procesal Contencioso Administrativo must necessarily be met; according to the analysis of the claims at issue, those requirements are not satisfied.
We are NOT faced with an impairment of subjective rights or legitimate interests requiring the requested persons to be joined in the proceeding; instead, as previously stated, these are matters inherent in agrarian adverse possession (usucapión agraria), which in no way alter a possible judgment granting relief or imposing liability. The foregoing makes clear that the challenge to the donation made or the allegation that probate proceedings were violated may perfectly well be decided without producing any alteration or impairment of their rights. Thus, we fall outside the statutory requirements provided for in Article 12 ibidem, and denial is therefore appropriate." Furthermore, to analyze the circumstances provided for in both the CPCA and the CPC, the claims in this proceeding are reproduced in full:
“Based on the law cited, on behalf of my client, I request that the judgment DECLARE THAT:
1. Administrative Act N° 35, adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural, at session 040-2007, of November 10, 2007, IS NULL AND VOID because, as an Agreement REPEALING Article XXXIX adopted at session N° 44-05 of November 14, Placa3796, IT WAS CONCEALED AND NEVER PERSONALLY SERVED BY THE STATE OR IDA, NOR SERVED IN THE PLAINTIFFS’ ADMINISTRATIVE PROCEEDING CONDUCTED AT THE OFICINA REGIONAL DE OSA, and was used to deprive Article XXXIX, adopted by the Board of Directors at session N° 44-05 of November 14, 2005, of its legal basis.
2. Administrative Act N° 35, adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario at session 040-2007, of November 10, 2007, is NULL AND VOID because it extinguished the plaintiffs’ RECOGNIZED RIGHTS ACQUIRED BY ADVERSE POSSESSION, which arose before the Reserva Forestal Golfo Dulce was established and were recognized by Executive Decrees N° 8494-A of April 28, 1978, Articles 9, 10, 11, which ordered the EXPROPRIATION of privately owned properties or properties acquired by adverse possession within the Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta N° 104 of June 1, 1978); Decree N° 9388-A of November 30, 1978, amending 8494-A, Article 2, which again provides for the EXPROPRIATION of the aforementioned properties (La Gaceta N° 239 of December 15, 1978); and Decree N° 10.088-G-H, which ordered the expropriation of the lands of Osa (sic) (Supplement N° 6 to La Gaceta N° 102 of June 1, 1979); as well as by the judgment of the Sala Constitucional, N° 97-256, issued at 11:03 a.m. on May 2, 1977, which “ordered the Ministerio del Ambiente y Energía, acting through the Dirección General Forestal or the Dirección Nacional de Áreas de Conservación, to comply with Executive Decrees 84-94-A, 9388-A and 10-142 and commence expropriation proceedings.” 3.
Board of Directors Resolution Nº 35 from session 040-2007, dated 10 de noviembre de 2007, IS NULL AND VOID because it was issued as a REVOCATORY AND CONCEALED administrative act (acto administrativo), and was not served on the plaintiff herein or on any of the plaintiffs in the other proceedings, SO AS NOT TO DELIVER THE DEEDS TO THE FEMALE PLAINTIFFS OR TO THE OTHER APPLICANTS, because the STATE intended to render ineffective the rights of the campesinos covered by the procedure established by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo (sic) in its Article XXXIX of session Nº 44-05, dated 14 de noviembre de 2005, without deciding on that basis the proceedings initiated through it at the Oficina Regional de OSA, or, by virtue of its existence, denying the application or declaring that administrative remedies had been exhausted. The Office merely returned to them portions (sic) of certain documents from the case files, concealing the true legal basis of the Article whose nullity is sought.
Likewise, any documentation subsequent to the return of the documents originating from the Oficina Regional de OSA would be null and void, whether inside or outside that case file reconstructed for the benefit of the defendants in this lawsuit, particularly if intended to reduce or eliminate recognition of the parties’ rights.
4. The Instituto de Desarrollo Agrario, by Resolution (sic) of its Board of Directors, Article XXXIX of session Nº 44-05, dated 14 de noviembre del 2005, ACKNOWLEDGED the order contained in Constitutional Chamber Judgment Nº 97-256, issued at 11 hours 3 minutes on 2 de mayo de 1977, whereby “the Ministerio del Ambiente y Energía, through Dirección5639 or Dirección19641, was ordered to comply with Executive Decrees 98-94-A, 9388-A and 10.142 and to initiate the expropriation proceedings,” creating for the adverse possessors (usucapientes) an administrative procedure through which their possession, combined with that of their predecessors in interest (transmitentes), could be recognized in accordance with their own sworn statements. Nombre163756 and Nombre163756 participated in that procedure, with recognition of their acquisition by adverse possession (usucapión) prior to the establishment of Dirección19642, and of their years of possession.
5. Processing under the administrative procedure created in 2005 (by Board of Directors Resolution Nº Article XXXIX of session Nº 44-05, dated 14 de noviembre del 2005) began in that same year, and Nombre163756 and Nombre163756 were recognized, through Memoranda OSO-15-06 and OSO08-06, both dated 9 de enero del 2006, as having MORE THAN 40 YEARS OF POSSESSION.
6. Dirección19643 (sic) violated Board of Directors Resolution XXXIX of session Nº 44-05, dated 14 de noviembre del 2005, because it did not recognize the years of possession of the predecessors in interest and, consequently, their rights acquired by adverse possession before the establishment of Reserva Forestal Golfo Dulce, in favor of Nombre163756 and Nombre163756.
7. To nullify the summary administrative proceeding for delivery of deeds in Reserva Forestal Golfo Dulce, as well as the RIGHTS RECOGNIZED in favor of Nombre163756 and Nombre163756, the Procuraduría General de la República intervened unlawfully, and therefore the Board of Directors of the IDA decided, for political reasons, not to complete the pending administrative proceeding.
8. The Board of Directors of the IDA never adopted any resolution or initiated the appointment of a directing body for the proceeding (órgano director del proceso) to bring an ACTION FOR DECLARATION OF INJURIOUSNESS (PROCESO DE LESIVIDAD) against it before the Tribunales de lo Contencioso Administrativo, while keeping CONCEALED the NULL AND VOID ADMINISTRATIVE ACT of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, Nº 35 of session 040-2007, dated 10 de noviembre de 2007, which was never served on the plaintiff or mentioned in any ruling issued in the administrative proceeding that was initiated but never completed at the Oficina Regional de Osa.
9. The Instituto de Desarrollo Rural SHALL EXECUTE IN FAVOR OF Nombre163756 and Nombre163756 THE DEED, AS ADVERSE POSSESSORS, FREE OF ANY RESTRICTION AND AS FULL PRIVATE OWNERSHIP, because the property was acquired by adverse possession against the properties of the company OSA PRODUCTOS FORESTALES, without forestry restrictions or restrictions under the Ley de Tierras y Colonizaciones, because these are exclusively civil or agrarian properties subject to an independent and distinct legal regime, given that adverse possession operated against the EXPROPRIATED COMPANY, OSA PRODUCTOS FORESTALES. The land for which full ownership must be conveyed and acknowledged in the deed is described as follows (…), according to National Registry cadastral plan Nº P- 734207-2001.
10. THE STATE shall principally be ordered (sic) to compensate Nombre163756 and Nombre163756 for all DAMAGES CAUSED, as the party responsible therefor, and the INDER and SINAC shall subsidiarily compensate (sic) the female plaintiffs for everything stated in this and the following recitals, to be determined in proceedings for enforcement of judgment (ejecución de sentencia), including the consequences of having kept them practically imprisoned through the prohibition on the use and exercise of their rights since 1979. This prohibition includes their inability to carry out any type (sic) of forestry, agricultural, commercial, or industrial activity, including agricultural activities to plant crops or at least produce enough for their family’s subsistence, as well as commercial or industrial activities, however small, such as a grocery store or pharmacy, even preventing the plaintiff from removing fallen timber because the Administración Forestal refused authorization, preferring to let it rot rather than authorize the lawful possessors to remove it. This item is calculated at no less than TWO MILLION COLONES PER YEAR from 1978 through the date on which the adverse judgment is paid.
11. The three defendants shall likewise be ORDERED, as requested, to pay damages also caused by the inability to receive FORESTRY INCENTIVES or benefits for maintaining and caring for forests, which FONAFIFO pays annually to all owners, or to those authorized by the IDA in recent years (although my applications were never accepted by the Oficina Regional de Osa). Such damages must be paid from the establishment of that type of incentive until payment of the compensation is completed. All such damages shall be calculated in ENFORCEMENT OF JUDGMENT, and in that ENFORCEMENT the damages shall be based on the amounts established in the FONAFIFO schedules for payment per hectare per year, applied to the hectares comprising the property of Nombre163756 and Nombre163756.
12. The three defendants shall likewise be ORDERED, as requested, to pay COMPENSATION FOR EMOTIONAL DISTRESS (DAÑO MORAL) arising from the great suffering caused by every kind of injustice committed by the defendants, principally THE STATE and, subsidiarily, the IDA or INDER and SINAC. I request that they be held JOINTLY AND SEVERALLY liable, or proportionately liable according to the years of their involvement, for all the EMOTIONAL DISTRESS caused by keeping them subject to expropriation conditions FOR MORE THAN 50 YEARS, while prohibiting them from carrying out ANY type of activity on the property (agricultural, industrial, commercial, or forestry). The requested award for EMOTIONAL DISTRESS arises because they were forced to live in the densest mountains of Costa Rica. For more than 50 years, Nombre163756 and Nombre163756 have suffered while awaiting fair payment for the property, enduring their children’s annual illnesses in an environment with an extremely high mortality rate; the lack of electricity, roads, and land transportation, which forced them to leave those places by boat; the lack of telephone communication for emergencies; and the lack of any opportunity to attend schools or secondary schools.
The children were beset by the dangers of the mountains, where there were solitary men, many of them sexual predators who caused serious harm to girls (including pregnancies at 12 years of age), as well as many violent and quarrelsome individuals and even criminals in hiding. The children had to be removed from the mountains and sent elsewhere, even at young ages such as 10, scattering the family. In short, they paid for forest conservation through poverty and hunger, while the environmental Public Administration absolutely prohibited them from hunting, which is how people subsist in mountain regions anywhere in the world. They were also prevented from removing fallen timber, which the authorities preferred to let rot. Nombre163756 and Nombre163756 Nombre163756 and their children had to work for other employers in the hope of obtaining future employment as laborers, because only a few products could be obtained from the property and these could not cover minimum food expenses, nor could they obtain more than fallen branches for fuel. Such damages are estimated at ¢50.000.000 (fifty million colones).
IN THE ALTERNATIVE IN THE EVENT that the Instituto de Desarrollo Rural is not ordered to grant CLAIM Nº 9, consisting of DELIVERING to Nombre163756 and Nombre163756 THE DEED AS ADVERSE POSSESSORS AT THE TIME OF THE CREATION of Reserva Forestal Golfo Dulce, as full private ownership, because the property was acquired by adverse possession against the properties of the company OSA PRODUCTOS FORESTALES, without forestry restrictions or restrictions under the Ley de Tierras y Colonización, I request that THE FOLLOWING BE DECLARED:
1. THE STATE and, subsidiarily, ONDER and SINAC shall be ordered, in favor of Nombre163756 AND Nombre163756 and with the possession of their predecessors in interest added to their own, TO PAY, in enforcement of judgment, the value of the property that has not been expropriated since 1978 through their fault and UNDER THEIR OWN RESPONSIBILITY, having used every possible means to violate Executive Decree Nº 8494-A of 28 de abril de 1978, Articles 9, 10, 11, which ordered the EXPROPRIATION of privately owned properties or properties acquired by adverse possession within Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta Nº 104 of 1º de junio de 1978); Decree Nº 9388-A of 30 de noviembre de 1978, Article 2, which amended 8494-A and again stipulated the EXPROPRIATION of the aforementioned property (La Gaceta Nº 239 of 15 de diciembre de 1978); Decree Nº 10.088-G-H, which ordered the expropriation of lands in Osa (Alcance Nº 6 to La Gaceta Nº 102 of 1º de junio de 1979); and Constitutional Chamber Judgment Nº 97-256, issued at 11 hours 3 minutes on 2 de mayo de 1977, whereby “the Ministerio del Ambiente y Energía, through the Dirección General Forestal or the Dirección Nacional de Áreas de Conservación, was ordered to comply with Executive Decrees 84-94-A, 9388-A and 10.142 and to initiate the proceedings (sic) for compensation concerning the land for which the IDA recognized them as possessors of the parcel, stated that they had possessed it for more than 40 years as of 2006, and which is described as requested in the following claim.
2. The State and the other defendants shall subsidiarily be ordered to pay compensation, to be determined in enforcement of judgment, in an amount of no less than 10 million colones per hectare (¢10.000.000) for the land HELD IN POSSESSION FOR MORE THAN 50 YEARS, including the possession of their predecessors in interest, in favor of Nombre163756 and Nombre163756: Parcel Nº 77, sector 5m, located in los Ángeles de Drake, Distrito Sierpe, Cantón de Osa, Puntarenas, bounded on the North by Río Drake and a 6-meter right-of-way easement (servidumbre de paso); on the South by Parque Nacional de Corcovado; on the East by Nombre163757; and on the West by Nombre11532; measuring 157 hectares 3.034,12 square meters according to cadastral plan Nº P-734207-2001.
CLAIM COMMON TO BOTH The STATE, INDER, and SINAC shall be ordered, whether under the principal complaint with claim Nº 9 or under the alternative claim for compensation, to pay Nombre163756 and Nombre163756:
1. Indexation of the payment obligations from entry of judgment until actual payment.
All costs of this action shall be imposed on the defendants.” Having set out both the trial judge’s reasons for issuing the challenged ruling (resolución impugnada) and the claims of the plaintiffs, this Appellate Panel (Cámara) finds, first, that counsel for the plaintiffs is correct in stating that the State did not assert specific grounds of appeal (agravios) against the challenged ruling, except with respect to the fact that the court below (a quo) deemed the donation valid, but instead resubmitted the defense rejected at first instance. The Court further observes that the arguments offered in support of both the defense and the appeal concern the merits, relating to the existence and validity of a donation made by the plaintiffs’ father for their benefit and to their status as possessors of the parcel claimed; the validity of this evidence must be determined in the judgment. Nevertheless, both constitute the basis on which joinder (integración) was requested in connection with principal claim 9 and subsidiary claim 1, which were transcribed supra for greater clarity in the analysis to be conducted: a) The first request (N° 9) seeks a declaration that both plaintiffs have acquired by adverse possession (usucapientes) the land contained within registered cadastral plan P-734207-2001, because their right was acquired against the expropriated company and in accordance with the actions recorded in the Instituto’s files referred to in the remaining claims; under their theory of the case, they have a vested legal status (situación jurídica consolidada) that was subsequently disregarded by the acts whose nullity they are challenging.
What must be analyzed in the judgment is whether adverse possession (usucapión) did in fact operate in favor of the plaintiffs, under the rules invoked in the complaint and the supporting evidence submitted to the case file. In this case, joinder is unnecessary because adverse possession presupposes possession by those asserting it, which must be verified, as reiterated, through the evidence in the case file, including the validity of the donation and of the documents contained in the INDER case file. For these purposes, it is unnecessary to join the two persons identified in the request merely because they are the plaintiffs’ siblings and because of potential inheritance issues, since they derive no rights from the acts being challenged; accordingly, Article 12.3) of the CPCA does not apply, nor is their participation necessary when the possession alleged by the plaintiffs is considered, because the court deciding the merits need only determine whether the right to acquire by adverse possession was in fact established.
Given the legal nature of the dispute, and pursuant to Article 22.1 of the CPC, it is likewise unnecessary to bring the plaintiffs’ siblings into the proceedings under the scenario alleged by the State—as potential heirs—because the persons who might ultimately have to be joined would be those claiming possession of the property and who therefore have a right to acquire it by adverse possession, an issue that has not been raised in this case. b) The first subsidiary claim, in turn, is compensatory in nature (naturaleza resarcitoria) and seeks payment of damages by the defendants. Because such a claim is subject to the disposition of the party asserting it, it does not require the participation of any additional parties, except where expressly required by law in the case of public bodies and entities that the claimant elects to sue. Likewise, the Court reiterates that it verified that the acts whose annulment is sought bear no relation to the two persons whose joinder has been requested.
In addition to the foregoing, the Court fully agrees with the analysis of the a quo, who at no time assumed the existence of the donation, contrary to the observation made by counsel for the State, in finding the requested joinder improper, whether because those persons were purportedly not included in the alleged donation and therefore would not be affected, or for the reasons stated regarding the plaintiffs’ status as persons acquiring by adverse possession—an analysis concerning the plaintiffs’ situation vis-à-vis the Instituto, as just noted. For the foregoing reasons, the appeal is denied and the ruling under review is affirmed.
POR TANTO
The appeal filed is denied. Ruling N° 1608-2021, issued at ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno by the Case-Management Judge (Juez Tramitador) of the Tribunal Contencioso Administrativo, Josué Salas Montenegro, is affirmed. Jazmín Aragón Cambronero, Hubert Fernández Argüello, Rosa Cortés Morales.- ????????????????
ROSA MARÍA CORTES MORALES - DECIDING JUDGE ????????????????
HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - DECIDING JUDGE ????????????????
JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - DECIDING JUDGE Goicoechea, Dirección01, 50 meters west of BNCR, across from Dirección02. Telephone numbers: 2545-0000 - 2545-0033, EXT.2728. Fax: 2241-3371. Email: ...4012
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EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TATERELE001.dpj CARPETA:
ASUNTO:
CONOCIMIENTO ACTOR:
Nombre163756 EL ESTADO N° 063-2022-I TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN PRIMERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Dirección01 , a las once horas veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós.- Se conoce recurso de apelación interpuesto por el Estado, contra la resolución N° 1608-2021, de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo, Josué Salas Montenegro, dentro Proceso Ordinario, conocido en el expediente 15-6076-1027-CA, establecido por las señoras Nombre163756 y Nombre163756, ambas de apellidos Nombre163756 , contra el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Recurso 845-TA-21.
Se resuelve por unanimidad.
Redacta la Jueza Cortés Morales
CONSIDERANDO
Por resolución N° 1608-2021, de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se rechazó la defensa previa de integración de litis, interpuesta por el Estado, para que se integrara a los señores Nombre162690 y Nombre162691 , hermanos de las actoras. Se dispuso:
"POR TANTO Con fundamentos en los artículos 12.3 y 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA la defensa previa de litis consorcio pasivo necesario argumentada por la representación Estatal. Notifíquese. Lic. Josué Salas Montenegro. Juez".
La representante del Estado hizo referencia a la pretensión número 9 de la demanda, en la que las actoras pretenden se les entregue el título de propiedad del terreno descrito en el plano P-734207-2001, a nombre de Nombre34688 , así como a la petitoria subsidiaria primera, en la que peticionan que se les pague su valor, para fundamentar la integración. También trajo a colación, la donación que les hiciera a las demandantes en vida su padre, el mencionado señor Nombre34688 , pero menciona que no se aportó la escritura pública respectiva en la que debía de constar el acto según lo que disponen los artículos 1397 y 1399 del Código Civil. Por otro lado, hizo alusión a las declaraciones juradas aportadas por las accionantes, en las que manifestaron que el inmueble perteneció a su padre y tras su fallecimiento, el INDER les otorgó la posesión. Acota, tras el fallecimiento del señor Nombre34688 en el año 2001, no consta en el expediente del inmueble, ni la donación, ni la entrega por parte del Instituto del inmueble a las accionantes.
En este último caso, debió de existir un acto administrativo por parte del INDER, y como tal, advierte, tenía que demostrarse documentalmente. Menciona la existencia de dos hijos del señor Nombre34688 : Nombre162690 y Nombre162691 , quienes podrían ser perjudicados con el dictado eventual de la sentencia. Como agravio expresa que la resolución recurrida partió de la existencia de la donación, salvo prueba en contrario, cuando esta no existe, por lo que no cabe otorgar un derecho en favor de las presuntas herederas. Solicita que se revoque la resolución impugnada y se proceda con la integración de los señores Nombre162690 y Nombre162691 .
Ambos codemandados apoyan la posición del Estado. Solicitan que se revoque la resolución recurrida y se proceda a la integración solicitada.
La representación de las actoras estima que la decisión del Juez de instancia es correcta, porque el objeto del proceso es determinar si ambas son usucapientes, de acuerdo con los documentos que constan en los expedientes administrativo y judicial, de la parcela 77, sector 5 del Asentamiento Campesino de Osa. Explicó la fundamentación del Estado, para hacer la integración, de la siguiente forma: trajo a colación las pretensiones 9 y la subsidiaria 1, luego indicó que en las declaraciones juradas las actoras dijeron haber recibido de su padre el inmueble por donación y luego el INDER las declaró poseedoras, y exige que los actos públicos deben ser probados documentalmente. Frente a esta posición, la parte actora estima que no debe aplicarse la legislación civil, sino la especial contenida en el Ley de de Tierras y Colonización ( y otras de similar naturaleza). Alega además, no operan las normas civiles, relativas a la propiedad privada, sino el régimen agrario, concretamente el contrato de asignación de tierras.
Asimismo menciona la permanencia de los ocupantes sin título, pero con conocimiento de esa situación por parte del INDER. Reiteró la no aplicación de derecho civil, tanto en la donación, como en las sucesiones, al establecer el artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización un régimen diferente, en la que prima la existencia de la condición de adjudicatario, conforme a la misma norma. Trae a colación la certificación OSO-008-06 del 9 de enero del 2006 y el OSO-015-06 del 9 de enero del 2008 de la Oficina Regional del Instituto, en los que se establece la condición de las actoras de ocupantes por más de diez años de la parcela en cuestión. En su criterio, la resolución impugnada se sostiene por sí sola. Adicionalmente señala que la señora Procuradora no está alegando un motivo concreto en su contra, sino que se limita a alegar de nuevo la defensa de integración de la litis consorcio, para que sea resuelta por este Tribunal, sin que se planteen nulidades o falta de fundamentación. Solicita se rechace el recurso planteado.
La integración de la litis está regulada, tanto por el Código Procesal Contencioso Administrativo, en los supuestos previstos en el artículo 12 de la norma, como en forma supletoria, por el artículo 22.1, del Código Procesal Civil (por remisión del artículo 220 del CPCA). De acuerdo con el inciso 3) de la primera norma citada, debe de integrarse a aquellos que deriven derechos o intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso. Por su parte, el CPC contempla la integración de la litis, cuando por disposición de ley o por la naturaleza de la relación jurídico material, sea necesario traer a una persona que no haya sido parte del proceso, sin cuya participación, sea imposible el dictado de la resolución de fondo, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. A efectos de tener mayor claridad sobre las razones que llevaron al juez de instancia a rechazar la defensa planteada por el Estado, resulta necesario transcribir en lo que interesa lo resuelto por el Juzgador, en lo que resulta de interés:
"VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. El análisis concreto, corresponde en determinar si compete integrar al proceso de forma pasiva a los señores Nombre162690 , cédula de identidad CED127302 y Nombre162691 , cédula de identidad CED127303, quienes son hijos del señor Nombre34688 -al igual que las actoras- al peticionar como pretensión que se les ntregue (sic) el título de propiedad del terreno descrito en el plano P-734207-2001 y que se les pague su valor, pretendiendo brindar un proceso sucesorio y en afectación a sus derechos. Al respecto de defensa previa debe ser rechazada por los siguiente motivos. (i) Si bien es cierto, uno de los cuestionamientos de la representación Estatal radica en la legalidad o no de la donación efectuada y que ello podría repercutir en una eventual sentencia estimatoria, dicho argumento no es compartido. Al respecto, el hecho que se convalide la donación efectuada sin escritura pública, sin la aceptación de las adquirente y sin la venía del INDER (antes IDA), no le produce ninguna afectación a los señores Nombre162690 y Nombre162691 , pues su nombre NO FIGURA dentro del documento como tal, es decir, por voluntad propia del señor Nombre34688 -en vida (salvo prueba en contrario)- decidió excluirlos de la donación a dicho inmueble, por tal sentido no existe un derecho subjetivo ni mucho menos un interés legitimo que resguardar en defensa de sus intereses.
(ii) Por su parte el argumento que con lo pretendido se busca burlar el proceso sucesorio tampoco es compartido. Las pretensiones de este proceso radica en determinar si efectivamente las actores SON USUCAPIENTES del inmueble para así proceder con su titulación o indemnización por su valor, elementos ajenos en el proceso sucesorio. Así las cosas, el hecho que el existan otros hijos de del señor Nombre34688 no afecta en nada las resultas de este proceso, pues lo analizado refiere en situaciones distintas como las interpreta la representación Estatal. (iii) Para poder conceder la figura de litis consorcio, necesariamente, debe cumplir, con la normativa del artículo 12 del Código procesal Contencioso Administrativo, aspectos que según el análisis de las pretensiones objeto de proceso no se configuran. NO estamos ante una afectación de derechos subjetivos o intereses legítimos para incorporar al proceso las personas pretendidas por el Estado; sino, como se indicó anteriormente, en aspectos propios de la usucapión agraria, que en anda (sic) altera en una eventual sentencia estimatoria o condenatoria.
Lo anterior deja claro que el cuestionamiento de la donación efectuada o la indicación del quebranto al proceso sucesorio puede perfectamente dictarse al no producir una alteración ni afectación a sus derechos. De mono (sic) que, no (sic) encontramos fuera de los presupuestos normativos previstos en el artículo 12 Ibídem, por tal razón procede acoger el rechazo".
Por otra parte, con el fin también de analizar, los supuestos previstos, tanto en el CPCA, como en el CPC, se transcriben en forma integral, las pretensiones del presente proceso:
“Con fundamento en el Derecho citado, a nombre de mi representada, pido que de DECLARE en sentencia QUE:
1. El Acto Administrativo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, Nº 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre del 2007, ES NULO porque como Acuerdo DEROGATORIO del Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05 del 14 de noviembre del Placa3796 OCULTADO, Y NUNCA NOTIFICADO POR EL ESTADO Y EL IDA, EN FORMA PERSONAL, NI EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO de las actoras TRAMITADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OSA para dejar sin fundamento el Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05, de la Junta Directiva del 14 de noviembre del 2005.
2. El Acto Administrativo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Nº 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre del 2007, es NULO porque dejó sin efecto los DERECHOS RECONOCIDOS DE USUCAPIÓN de la parte actora, acaecida antes de haberse constituido la Reserva Forestal Golfo Dulce, reconocidos por los Decretos Ejecutivos Nº 8494-A del 28 de abril de 1978, Artículos 9, 10, 11 donde se dispuso EXPROPIAR las fincas privadas o usucapidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta Nº 104 del 1º de junio de 1978), el Decreto reformador del 8494-A correspondiente al Nº 9388-A del 30 de noviembre de 1978, Artículo 2, donde se estipula nuevamente la EXPROPIACIÓN de las fincas antes referidas (La Gaceta Nº 239 del 15 de diciembre de 1978) y el Decreto Nº 10.088-G-H donde se dispuso la expropiación de las tierras de la Osa (sic) (Alcance Nº 6 a La Gaceta Nº 102 del 1º de junio de 1979), y a la Sentencia de la Sala Constitucional bajo el Nº 97-256 de las 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977 donde “se condenó al Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección General Forestal o a la Dirección Nacional de Áreas de Conservación, a cumplir con los Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A y 10-142 a iniciar las diligencias de expropiación”.
3. El Acuerdo de Junta Directiva Nº 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, ES NULO porque fue dictado como acto administrativo DEROGATORIO Y OCULTO, no notificado a la parte actora de este ni a ninguno de los actores de los demás proceso, PARA NO ENTREGARLE LAS ESCRITURAS A LAS ACTORAS, NI A LOS DEMÁS GESTIONANTES, porque la intención del ESTADO fue hacer nugatorios los derechos de los campesinos, acogidos al procedimiento establecido por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo (sic) en su Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05, del 14 de noviembre de 2005, sin resolver en base suyo los trámites iniciados por su medio en la Oficina Regional de OSA, o por su existencia declarar sin lugar la gestión o dar por agotada la vía administrativa. La Oficina solo les devolvió partes (sic) de algunos documentos de los expedientes, ocultando la causa jurídica real del Artículo cuya nulidad se solicita. E igualmente sería nula cualquier documentación posterior a la devolución de los documentos provenientes de la Oficina Regional de OSA, dentro o fuera de ese expediente reconstruido para servicio de los demandados en este juicio, particularmente si son para reducir o eliminar el reconocimiento de derechos de las partes.
4. El Instituto de Desarrollo Agrario, por Acuerdo (sic) su Junta Directiva, Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05, del 14 de noviembre del 2005, RECONOCIÓ la condena de la Sentencia de la Sala Constitucional Nº 97-256 de las 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977 donde “se condenó al Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección5639 o la Dirección19641 , a cumplir con los Decretos Ejecutivos 98-94-A, 9388-A y 10.142 a iniciar las diligencias de expropiación”, creándoles a los usucapientes un procedimiento administrativo para poder reconocerles sus posesiones, sumadas las de sus transmitentes, conforme con su propia declaración jurada, procedimiento en el que participaron Nombre163756 y Nombre163756 con el reconocimiento de su usucapión previa a la Constitución de la Dirección19642 , y sus años de posesión.
5. El procedimiento administrativo creado en el 2005 (por el Acuerdo de Junta Directiva Nº Artículo XXXIX de la sesión Nº 44-05, del 14 de noviembre del 2005) se inició su trámite en el mismo 2005, y se le reconoció a Nombre163756 y Nombre163756 mediante Memoriales OSO-15-06 y OSO08-06, ambos del 9 de enero del 2006 MÁS DE 40 AÑOS DE POSESIÓN.
6. El Dirección19643 (sic) violentó el Acuerdo de Junta Directiva XXXIX de la sesión Nº 44-05, del 14 de noviembre del 2005 porque no reconoció los años de posesión de los transmitentes, y, consecuentemente sus derechos de usucapión antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce a favor de Nombre163756 y Nombre163756 .
7. Para dejar sin efecto del proceso sumario administrativo para la entrega de escrituras en la Reserva Forestal Golfo Dulce, así como los DERECHOS RECONOCIDOS a Nombre163756 y Nombre163756 , intervino ilícitamente la Procuraduría General de la República, y por tal la Junta Directiva del IDA dispuso, políticamente, no terminar el trámite del proceso administrativo iniciado.
8. La Junta Directiva del IDA nunca tomó ningún acuerdo ni inició el nombramiento de un órgano director del proceso para plantear ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo un PROCESO DE LESIVIDAD en su contra, manteniendo OCULTO el ACTO ADMINISTRATIVO NULO de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Nº 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, nunca notificado a la parte actora ni señalado en ninguna resolución del proceso administrativo iniciado y no terminado en la Oficina Regional de Osa.
9. El Instituto de Desarrollo Rural DEBERÁ OTORGAR A FAVOR DE Nombre163756 y Nombre163756 LA ESCRITURA, COMO USUCAPIENTES NO SUJETA A NINGUNA LIMITACIÓN COMO PROPIEDAD PRIVADA PERFECTA, porque esta fue usucapida contra las propiedades de la empresa OSA PRODUCTOS FORESTALES, sin limitaciones forestales ni de la normativa de la Ley de Tierras y Colonizaciones, porque se trata de unas propiedades exclusivamente civiles o agrarias con un disciplina independiente y diferentes dado que la usucapión operó contra la EMPRESA EXPROPIADA, OSA PRODUCTOS FORESTALES. El terreno sobre el que deberá entregarse propiedad perfecta reconociéndolo en la escritura se describe así (…), según plano catastrado del Registro Nacional Nº P- 734207-2001.
10. Se condene al (sic) EL ESTADO principalmente por ser responsable de todos los DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A Nombre163756 y Nombre163756 , y subsidiariamente al INDER y al SINAC deberá indemnizar (sic) las actoras, todo lo señalado en este y los siguientes considerandos en ejecución de sentencia, las consecuencias de tenerlo prácticamente encarcelado con la prohibición del uso y ejercicio de sus derechos desde 1979. Dicha prohibición comprende la imposibilidad de realizar ningún tipo (sic) actividad forestal, agraria, comercial o industrial, entre ellos actos agrarios para sembrar o al menos producir siquiera para la subsistencia de su familia, así como actividades comerciales, industriales, por mas pequeño que fuere como una pulpería, farmacia, impidiéndoles a la parte actora hasta poder sacar la madera caída porque la Administración Forestal no lo autorizó prefiriendo dejar podrirse que autorizar los legítimos poseedores a extraerla. Este rubro se calcula no menos de DOS MILLONES DE COLONES POR AÑO desde 1978 y hasta la fecha del pago del fallo condenatorio.
11. Se condene en igual forma como se ha solicitado CONDENAR a las tres partes demandadas, al pago por los daños y perjuicios también causados por la imposibilidad de recibir los INCENTIVOS FORESTALES, o beneficios de mantener y cuidar los bosques cuyo pago verifica FONAFIFO anualmente a todos los propietarios o con autorización del IDA en los últimos años (pero sin que me fuera admitida nunca las solicitudes a la Oficina Regional de Osa) debiendo pagar tales perjuicios desde que fue constituido ese tipo de incentivo hasta el momento de la cancelación del pago de la indemnización. Todos estos daños y perjuicios se liquidarán en EJECUCIÓN DE SENTENCIA, y en dicha EJECUCIÓN dichos perjuicios a razón de la fijación en las tablas de FONAFIFO para el pago por hectárea por año, en las hectáreas de la finca de Nombre163756 y Nombre163756 .
12. Se condene, en igual forma como se ha solicitado CONDENAR a las tres partes demandadas, al pago del DAÑO MORAL, por el gran sufrimiento sometido por todo tipo de injusticias de parte de los demandados principalmente EL ESTADO, y subsidiariamente el IDA o INDER y al SINAC pido se les condene en forma SOLIDARIA o proporcional de conformidad con los años de su intervención por todo el DAÑO MORAL, ocasionado, teniéndoles en condiciones de expropiación DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS, mientras tanto se les prohibió a TODO tipo de actividades en la finca (agrícolas, industriales, comerciales o forestales). El DAÑO MORAL cuya condenatoria se pide fue porque se le obligó a vivir en lo más espeso de las montañas de Costa Rica, Nombre163756 y Nombre163756 han sufrido desde más de 50 años, en espera de un pago justo de la finca, mientras pagaban con enfermedades anuales de los niños, en un ambiente de altísimo índice de mortalidad, falta de fluido eléctrico falta de calles y movilización terrestre obligándolos a salir de esos lugares en lancha, sin comunicación telefónica para alguna emergencia falta de la posibilidad de poder estudiar en Escuelas o Colegios, asediados los niños por los peligros de la montaña con hombres solos, muchos depravados sexuales causándole grandes daños a las niñas (con embarazos de 12 años), e igualmente muchos violentos y pleiteros, hasta delincuentes escondidos, porque debían de sacarse los niños de las montañas para cualquier lado aunque fueran de pequeña edad como 10 años desperdigándose la familia, en suma pagando con la pobreza y el hambre la conservación de los bosques, donde la Administración Pública ambiental no les dejaba en lo absoluto la cacería que es como se subsiste en las montañas de cualquier parte del mundo, imposibilitados también para sacar la madera caída, prefiriendo que se pudriera, empleándose con otros patrones Nombre163756 y Nombre163756 Nombre163756 y sus hijos, para obtener un trabajo futuro de peones, pues de la finca solo se obtengan pocos productos sin que pudieran cubrir los gastos mínimos de alimentación, o ramas caídas para el fuego, estimado en ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones).
SUBSIDIARIAMENTE EN Eso de que no se condene al Instituto de Desarrollo Rural a la PRETENSIÓN Nº 9, consistente en ENTREGARLE a Nombre163756 y Nombre163756 , LA ESCRITURA, COMO USUCAPIENTES AL MOMENTO DE LA CREACIÓN de la Reserva Forestal Golfo Dulce, como propiedad privada perfecta, porque ella fue usucapida contra las propiedades de la empresa OSA PRODUCTOS FORESTALES, sin limitaciones forestales ni de la normativa de la Ley de Tierras y Colonización, pido se DECLARE LO SIGUIENTE:
1. Se condene a EL ESTADO, subsidiariamente al ONDER y a SINAC, en favor de Nombre163756 Y Nombre163756 , sumando la posesión de sus transmitentes, en ejecución de sentencia, A PAGAR el valor de la finca no expropiada desde 1978 por su culpa y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD a incumplir por todos los medios posibles los Decretos Ejecutivos Nº 8494-A del 28 de abril de 1978, Artículos 9, 10, 11 donde se dispuso EXPROPIAR las fincas privadas o usucapidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta Nº 104 del 1º de junio de 1978), el Decreto reformador del 8494-A correspondiente al Nº 9388-A del 30 de noviembre de 1978, Artículo 2, donde se estipula nuevamente la EXPROPIACIÓN de la finca antes referida (La Gaceta Nº 239 del 15 de diciembre de 1978), el Decreto Nº 10.088-G-H donde se dispuso la expropiación de las tierras de la Osa (Alcance Nº 6 a La Gaceta Nº 102 del 1º de junio de 1979), la sentencia de la Sala Constitucional Nº 97-256 de las 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977 donde “se condenó al Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección General Forestal o la Dirección Nacional de Áreas de Conservación, a cumplir con los Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A y 10.142 a iniciar las diligencias (sic) indemnización sobre el terreno a los que el IDA le reconoció como poseedoras de la parcela, expresó que lo era por más de 40 años al 2006, y que se describe lo solicitado en la siguiente pretensión.
2. Se condene al Estado y demás demandadas en forma subsidiaria a indemnizar, en ejecución de sentencia, en un valor no inferior a los 10 millones de colones por hectárea (¢10.000.000) del terreno CON MÁS DE 50 AÑOS DE POSESIÓN, sumada la posesión de sus transmitentes, a favor de Nombre163756 y Nombre163756 la Parcela Nº 77, sector 5m situada en los Ángeles de Drake, Distrito Sierpe, Cantón de Osa, Puntarenas, Lindante Norte: Río Drake y servidumbre de paso de 6 metros, Sur: Parque Nacional de Corcovado; Este: Nombre163757 y Oeste: Nombre11532 , mide 157 hectáreas 3.034,12 metros cuadrados según plano catastrado Nº P-734207-2001.
PRETENSIÓN COMÚN A AMBAS Se condene al ESTADO, al INDER y a SINAC, a la demanda principal con la pretensión Nº 9, o la subsidiaria de indemnización, se les deberá a pagar a Nombre163756 y Nombre163756 :
1. La indexación de las obligaciones de pagar desde la condenatoria hasta su efectivo pago.
Ambas costas de esta acción impuestas a las demandadas".
Habiendo situado tanto las razones del juez para el dictado de la resolución impugnada, como las pretensiones de la parte actora, estima esta Cámara en primer lugar, lleva razón la representación de las demandantes, cuando indica que el Estado no expresó agravios concretos en contra de la resolución impugnada, excepto en lo relativo a que el a quo dio por válida la donación, sino que replanteó la defensa denegada en primera instancia. Además, observa el Tribunal, que lo alegado para fundamentar tanto la defensa como el recurso, son aspectos de fondo, relacionados con la existencia y validez de una donación hecha por el padre de las actoras en su beneficio, y su condición como poseedoras de la parcela pretendida, probanzas cuya validez deberán ser resueltas en sentencia. No obstante, ambas constituyen el antecedente por el cual se solicitó la integración, en relación con las pretensiones 9 principal y 1 subsidiaria, las cuales se transcribieron supra para efectos de mayor claridad del análisis que ha de efectuarse: a) La primera petición (N° 9) está referida a que ambas sean declaradas usucapientes del terreno contenido dentro del plano catastrado P-734207-2001, porque su derecho fue adquirido contra la empresa expropiada y conforme a las actuaciones que constan en los archivos del Instituto mencionadas en el resto de las pretensiones, y, de acuerdo con la teoría de su caso, tienen una situación jurídica consolidada, que luego les fue desconocida por los actos cuya nulidad se están impugnando.
Lo que tendría que analizarse en sentencia, es si efectivamente operó la usucapión a favor de las accionantes, conforme la normativa invocada en la demanda y la prueba de respaldo que se aportó al expediente. En este caso, la integración se hace innecesaria, porque la usucapión supone la posesión de quienes la alegan, la cual deberá verificarse, se reitera, con la prueba que consta en el expediente, incluyendo la validez de la donación, así como de los documentos que constan en el expediente del INDER. A tales efectos, las dos personas que se solicita integrar, por ser hermanos de las demandantes y los posibles aspectos sucesorios, se hace innecesaria, porque no derivan derechos de las actuaciones que se están impugnando, en cuyo caso no aplica el artículo 12.3) del CPCA, ni tampoco se hace necesaria su participación cuando se discuta la posesión alegada por las accionantes, pues para ello lo que el Tribunal de fondo tendrá que analizar es si efectivamente el derecho a usucapir se configuró.
Por la naturaleza jurídica de lo discutido, en aplicación del artículo 22.1 del CPC, tampoco es necesario traer a los hermanos de las demandantes, en el supuesto alegado por el Estado (como posibles herederos), porque quienes eventualmente tendrían que integrarse, serían quienes aleguen una posesión sobre el inmueble y por lo tanto, tengan derecho a usucapir, aspecto que no ha sido invocado en este caso. b) Por otra parte, la primera pretensión subsidiaria, es de naturaleza resarcitoria, en la que se está demandando el pago de daños a los demandados, que por ser de carácter dispositivo por parte de quien la formula, no exige más participación, salvo disposición expresa normativa en el caso de los órganos y entes públicos, de aquellos a quienes se decida demandar. De igual forma, se reitera, el Tribunal verificó que las actuaciones cuya anulación se pretende, no tienen relación con las dos personas, cuya integración se solicita.
Aparte de lo expuesto, comparte plenamente el Tribunal el análisis hecho por el a quo, quien en ningún momento parte de la existencia de la donación, como lo acotó la representación del Estado, en cuanto a la improcedencia de la integración solicitada, ya sea porque en la donación supuestamente realizada no estaban incluidos, por lo que no existiría afectación, o por lo indicado en cuanto a la condición de usucapientes, análisis que corresponde a la situación de las actoras en relación al Instituto, como acaba de apuntarse. Por las razones expuestas se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la resolución venida en alzada.
POR TANTO
Se rechaza el recurso de apelación interpuesto. Se confirma la resolución N° 1608-2021, de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo, Josué Salas Montenegro. Jazmín Aragón Cambronero, Hubert Fernández Argüello, Rosa Cortés Morales.- ????????????????
ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A ????????????????
HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - JUEZ/A DECISOR/A ????????????????
JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0000 - 2545-0033, EXT.2728. Fax: 2241-3371. Correo electrónico: ...4012
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