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Res. 00001-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX · 11/01/2022
OutcomeResultado
The complaint is dismissed in its entirety, the lack-of-right defense is upheld, and plaintiffs are ordered to pay costs.Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, se acoge la excepción de falta de derecho y se condena en costas a las actoras.
SummaryResumen
The Administrative and Civil Treasury Court (Section IX) ruled on a lawsuit filed by two corporations against the State and SINAC, seeking the annulment of the “Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland.” The report, prepared by an interdisciplinary SINAC team, determined that the plaintiffs’ properties were wholly or partially within a palustrine wetland, leading the Municipality of Puntarenas to deny a land-use permit for a bus parking lot. The plaintiffs argued the report was null for lacking proper motivation and violating scientific and technical rules, claiming flooding was anthropogenic. As subsidiary claims, they sought damages and, alternatively, an order for the State to expropriate the properties due to an alleged emptying of essential property rights. After evaluating expert, documentary, and testimonial evidence, the Court found the report complied with applicable regulations (Executive Decree 35803-MINAET) and no defects were proven. It dismissed all claims, upheld the lack-of-right defense, and ordered the plaintiffs to pay costs.El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección IX) resolvió la demanda interpuesta por dos sociedades anónimas contra el Estado y el SINAC, en la que se solicitaba la nulidad del “Informe Técnico sobre el Humedal Laguna Bonilla”. Dicho informe, elaborado por un equipo interdisciplinario del SINAC, concluyó que las fincas de las actoras se encontraban total o parcialmente dentro de los límites de un humedal palustrino, lo que motivó que la Municipalidad de Puntarenas denegara una solicitud de uso de suelo para parqueo de buses. Las actoras alegaron que el informe era nulo por falta de fundamentación y por contravenir las reglas de la ciencia y la técnica, argumentando que las condiciones de inundación eran de origen antrópico. Como pretensiones subsidiarias, reclamaron una indemnización por daños y perjuicios y, en su defecto, que se ordenara al Estado iniciar el proceso de expropiación de las fincas por un supuesto vaciamiento del contenido esencial del derecho de propiedad. El Tribunal, tras valorar la prueba pericial, documental y testimonial, consideró que el informe se ajustaba a la normativa vigente (Decreto Ejecutivo 35803-MINAET) y que no se demostró vicio alguno. Rechazó todas las pretensiones, acogiendo la excepción de falta de derecho y condenando en costas a las actoras.
Key excerptExtracto clave
VIII.- ON THE NULLITY OF THE TECHNICAL REPORT “HUMEDAL LAGUNA BONILLA”: … As indicated in section VIII, the Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland is duly supported by the technical analysis carried out by a team of SINAC officials, who had the knowledge and training to conduct it and reach its conclusions; consequently, no breach of unequivocal scientific and technical rules (article 16 of the General Public Administration Law) is observed, so the requested annulment cannot be declared. … From the report’s conclusions and development, it is clear that the existence of a wetland in the area was technically verified and classified as a palustrine wetland based on its characteristics, reinforced by the plaintiffs’ own documentary evidence and the trial testimony of Dr. … who accepts the existence of a wetland on the plaintiffs’ properties … Having stated the above, and this Court finding none of the alleged defects, this claim must be rejected. … the palustrine wetland classification under article 7(e) of the Decree is consistent with the Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland … … Likewise, it was irrelevant for SINAC officials to determine whether the water causing the water table on the properties was of natural or artificial origin, because under current legislation in our country, wetlands admit both types indistinctly …VIII.- SOBRE LA NULIDAD DEL INFORME TÉCNICO HUMEDAL LAGUNA BONILLA: … Tal y como fue señalado en el considerando identificado como VIII, el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, se encuentra debidamente fundamentado en el análisis técnico realizado por un equipo de funcionarios del SINAC, los cuales contaban con los conocimientos y la capacitación debida para poder llevarlo a cabo y arribar a las conclusiones de dicho informe, consecuentemente, no se advierte un incumplimiento de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), por lo que no puede declararse la nulidad solicitada. … De las conclusiones del informe y el desarrollo del mismo ha quedado claro que efectivamente se constato técnicamente la existencia en la zona de un humedal y se clasificó por sus características como un humedal palustrino, esto se reforzó con la propia prueba documental de la parte actora y con la declaración en juicio del Dr. … quien acepta la existencia de un humedal en las propiedades de las actoras … Dicho lo anterior y no encontrando este Tribunal, ninguno de los vicios apuntados, debe ser rechazada esta pretensión. … la clasificación de humedal palustrino dada en el artículo 7 inciso e) del Decreto en mención, es congruente con lo establecido en el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla … … En igual sentido, era irrelevante para los funcionarios del SINAC, determinar si las aguas que conformaban el nivel freático de las propiedades era de origen natural o artificial, porque los humedales según la legislación vigente en nuestro país, admite ambos tipos, indistintamente …
Pull quotesCitas destacadas
"Es claro entonces que según la Convención de Ramsar todo ecosistema que reúna las características de humedal, debe ser utilizado de forma racional y sostenible en los términos que la Convención y la Conferencia de las Partes han definido."
"It is therefore clear that, under the Ramsar Convention, any ecosystem meeting the characteristics of a wetland must be used rationally and sustainably as defined by the Convention and the Conference of the Parties."
Considerando IX, citando voto 14288-2009 de la Sala Constitucional
"Es claro entonces que según la Convención de Ramsar todo ecosistema que reúna las características de humedal, debe ser utilizado de forma racional y sostenible en los términos que la Convención y la Conferencia de las Partes han definido."
Considerando IX, citando voto 14288-2009 de la Sala Constitucional
"… era irrelevante para los funcionarios del SINAC, determinar si las aguas que conformaban el nivel freático de las propiedades era de origen natural o artificial, porque los humedales según la legislación vigente en nuestro país, admite ambos tipos, indistintamente…"
"… it was irrelevant for SINAC officials to determine whether the water causing the water table on the properties was of natural or artificial origin, because under current legislation in our country, wetlands admit both types indistinctly…"
Considerando VIII
"… era irrelevante para los funcionarios del SINAC, determinar si las aguas que conformaban el nivel freático de las propiedades era de origen natural o artificial, porque los humedales según la legislación vigente en nuestro país, admite ambos tipos, indistintamente…"
Considerando VIII
"… la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad … no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien."
"… the limitation on property withstands constitutional scrutiny when the impact on essential property attributes … does not eliminate the nature of the good or make its use impossible because the State imposes such complex authorization or approval requirements that they effectively render the property unprofitable."
Considerando IX, citando voto 2345-96 de la Sala Constitucional
"… la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad … no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien."
Considerando IX, citando voto 2345-96 de la Sala Constitucional
Full documentDocumento completo
Contentious-Administrative Tribunal, Section IX Type of matter: Contentious-administrative proceeding of conocimiento Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Type of content: Majority vote Topics (descriptors): Contentious-administrative proceeding Subtopics: Compensation for environmental damage derived from construction works and material fill in a wetland area. Topics (descriptors): Environmental damage Subtopics: Compensation derived from construction works and material fill in a wetland area. Considerations on the importance of wetlands. Topics (descriptors): Wetlands Subtopics: Environmental, cultural, and economic importance. Compensation for damage derived from construction works and material fill. Judgments in the same sense CONOCIMIENTO ACTOR/A:
EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº01-2022-IX CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seven hours forty minutes on January eleventh, two thousand twenty-two.- Proceeding of conocimiento filed by EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., legal identification number CED122948 represented by Nombre62771, of legal age, resident of San José, identity card number CED122982, in his capacity as president with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum and LOS PELONES S.A., legal identification number CED122983 represented by Nombre154591, of legal age, married, resident of Puntarenas, retired, identity card number CED48365, in his capacity as president with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum, both represented by Lic. Roberto Soto Vega, of legal age, married, attorney, bar card number 8043; against EL ESTADO represented by the Deputy Procuradora Licenciada Georgina Ines Chaves Olarte, of legal age, married, attorney, resident of Moravia, identity card number CED2975, Deputy Procuradora, according to agreement No. 38 of the Ministry of Justice, dated April 4, 2005, published in La Gaceta No. 88 of May 9, 2005, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), represented by its special judicial attorney-in-fact Mauren Solís Retana, of legal age, married, attorney, resident of Tibás, identity card number CED240, professional bar number 16239. FIDUCIDIARIA MCF S.A., legal identification number CED122984, represented by Nombre62771, special judicial attorney-in-fact.
CONSIDERANDO:
I.-RELEVANT PROCEDURAL ASPECTS:
1. On September 28, 2017, the lawsuit was filed in which the plaintiff parties present the following claim:
"1) That the report prepared by MINAET officials, called: "INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA", without an official letter number and without a resolution number, prepared by the officials BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, ACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, are absolutely administrative acts, absolutely null for being improperly grounded and contrary to the rules of science and technique.
Subsidiary claims First: I request that in the event the main claims are not granted, it be declared in judgment: 1) That because wetlands are declared of public interest regarding their conservation and the properties of my represented parties having been declared as a wetland, causing a emptying of the essential attributes of property. The State be ordered that within a prudential period of one year it must initiate the pertinent actions for the expropriation of the properties of my represented parties.
3.- On February 6, 2018, the State answered the lawsuit negatively and filed the substantive defenses of lack of right, lack of passive and active standing, and lack of current interest; the preliminary defense of evident and manifest expiration was also raised. (See images 366 to 408 of the judicial file).
4.- On April 24, 2018, the lawsuit was answered by SINAC, negatively, and the substantive defenses of lack of right and lack of interest were presented. The preliminary defense of expiration was also raised. (See images 416 to 423 and 428 to 434 of the judicial file).
5.- On August twenty-eighth, two thousand eighteen, the preliminary hearing was held, covering all stages provided for in Article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. (See images 484 to 489 of the judicial file) 6.- In a resolution issued at thirteen hours forty-four minutes on May eighteenth, two thousand twenty-one, the parties were summoned for 08:30 HOURS ON OCTOBER 1, TWO THOUSAND TWENTY-ONE (See images 526 to 528 of the judicial file), a date on which the evidence was gathered and the closing arguments of both parties were heard (See digital backup added to the judicial file), in a resolution issued at twenty-one hours twenty-eight minutes on October twenty-sixth, two thousand twenty-one, evidence for a better resolution was requested by the Tribunal (See images 484 to 489 of the judicial file), in a brief dated November 17, two thousand twenty-one, the offered evidence entered the file (See images 484 to 489 of the judicial file) and in a resolution issued at eight hours thirty-six minutes on November eighteenth, two thousand twenty-one, the parties were informed and granted a period to adjust their conclusions.
7.- In briefs dated November 25 and 26, two thousand twenty-one, the parties adjusted their conclusions (See in that regard the judicial file).
8.- As a result of the defense of lack of active standing of the company Empresarios Unidos de Puntarenas S.A., not being the registered owner of the property with real folio registration number Placa31997, by resolution issued at thirteen hours forty-one minutes on December fifteenth, two thousand twenty-one, a hearing was granted to said party to refer to the matter. A hearing that was not attended (See in that regard the judicial file).
9.- In a brief dated December 25, two thousand twenty-one, FIDUCIDIARIA MCF S.A. appeared in the proceeding as an interested third party. (See in that regard the judicial file).
10.- This judgment is issued within the legal deadline, without observing defects of nullity, with the affirmative vote of the judges Nombre457, Fabián Núñez Castrillo, and the drafter Nombre21327; II.-SUBJECT OF THE PROCEEDING AND ARGUMENT OF THE PARTIES:
A.-Subject of the proceeding: This matter concerns the parties' request to annul the technical report that determines their properties are within the limits of the Humedal Laguna Bonilla.
B.- Argument of the parties:
Regarding the proceeding, all parties have fundamentally argued, without prejudice to the literalness of their briefs and what was stated during the complementary hearing, the following:
B.1.- Argument of the plaintiff party: The plaintiff party asserts that the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla is an absolutely null act for being improperly grounded and contrary to the rules of science and technique, that a palustrine natural wetland ecosystem does not exist on the plaintiffs' properties, and therefore they must be compensated for all the time they have been unable to use their properties. It refers to the conclusions reached in the Report in mention and indicates that "This report caused the Municipalidad de Puntarenas, through location resolution MP-PUC-RES-173-03-2017, indicating that according to official letter SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 dated November 22, 2016, from the Área de Conservación Pacifico Central Dirección Regional (MINAE) issued by the Director Regional Nombre177. Gerardo Chavarría Amador, regarding the matter: ACOPAC-DASP-PMC-159-2015. Informe Laguna Bonilla, and further indicates that according to analyses, the property's map is located within Laguna Bonilla Sector #2 and that therefore they rejected their project for a bus parking lot. In turn, through Oficio MP-DUC-488-2016, dated August 16, 2016, the Municipalidad de Puntarenas also denied the requested land use (uso de suelo) for the property owned by its represented party and plaintiff herein, denied because it is located within the wetland called Laguna Bonilla". That the report that SINAC sent to the Municipality to incorporate into its Plan Regulador affects 100% of the plaintiffs' properties, whether by the Wetland or its protection area. It also states that "it is an administrative act with its own effects, which directly influenced the fact that none of the plaintiffs can carry out any type of human activity as a result of it, causing a emptying of the attributes of use, enjoyment, and ownership, constituting a special damage, demonstrated because both plaintiffs carried out the procedures to develop projects, quantifiable, real, effective". It also indicates that the report prepared by SINAC, and the documents on which it is based, were technically refuted by Dr. Nombre154592, and his arguments were not addressed, in addition to this, that none of the SINAC officials was a geologist and therefore they lack technical character, that Nombre154592 stated that determining whether one is in the presence of a wetland requires a report from a professional in that field, and SINAC does not have that type of professional. Similarly, it states that SINAC officials did not carry out the pertinent studies to determine the origin of the waters flooding the plaintiffs' properties, since they come from the existing road infrastructure in the area and the poor sewage system, as Dr. Nombre154592 also stated; it also indicates that to carry out the hydrological study, the SINAC professionals lacked the technical-scientific aptitude to do so. Regarding the evidence for a better resolution, it points out that it proves the existence of a emptying of the essential attributes of the plaintiffs' property. It indicates that we are facing a de facto expropriation according to the interpretation that must be made of Article 42 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 58, subparagraph a) of the Ley Forestal. That the lack of legislation and the prevailing public interest in conserving the wetland makes it impossible to exploit the properties.
B.2.- Arguments of the State: The State points out that the plaintiff party should have challenged the final administrative acts, in this case those issued by the Municipalidad de Puntarenas, not the technical report from SINAC, indicating that "Indeed, the challenge of the technical report on the Humedal Laguna Bonilla only proceeds if it is carried out jointly with the final or definitive act, in accordance with the provisions of Article 163, subparagraph 2) of the Ley General de la Administración Pública, which provides that 'The own defects of preparatory acts shall be challenged jointly with the act, unless those are, in turn, acts with their own effect'", therefore requesting that the inadmissibility of the lawsuit be declared. The State representative also points out that within the lawsuit, the plaintiff parties confess to the existence of an artificial wetland within their property, which Mr. Nombre154592 ratified in his statement given at trial by indicating that "in the case of the plaintiffs' properties, the problem of land flooding—which are flat—began in the 80s with the construction of the highway –among others– which, he indicates, is at a higher elevation than the lands, which is why rainwater and other waters have stagnated on the properties, generating the current problem of land flooding". Regarding the validity of the Informe del Humedal Laguna Bonilla, it states "that it fully complies with the regulations in force on the matter at the time of its issuance, specifically Decreto Ejecutivo 35803-MINAET called 'Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales'. A Report that was developed and prepared by an interdisciplinary team from SINAC, in compliance with the criteria that had to be sampled and analyzed to determine the existence or not of a wetland in the area. A team that, moreover, is fully professionally qualified for this purpose, including, among others, biologists and professionals in environmental resource conservation, specifically trained, in turn, in the study, classification, and conservation of wetlands. Given that, furthermore, as derived from the statements of the SINAC officials, presented at the oral and public hearing, the procedures and methodology used to determine the existence of the wetland in the area conform not only to science and technique, but to the regulations in force at the time of issuance, specifically Decreto Ejecutivo 35803-MINAET called 'Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales'." Indicating that "the plaintiff party did not question, much less prove, the existence of deficiencies in the Report it challenges, due to lack of application or defective application of Decreto Ejecutivo 35803-MINAET. Requests that if the lawsuit is granted, SINAC be ordered to pay". It files the defenses of Defective lawsuit, lack of active and passive standing, expiration, lack of right, and lack of current interest.
B.3.- Arguments of SINAC: The representation of SINAC points out that "the Informe Técnico sobre el humedal Laguna Bonilla followed a methodology based on sampling, data analysis, and comparison with decreto ejecutivo Nº 35803-MINAET Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales, in addition to being carried out by suitable professionals in accordance with the provisions of Article 8 of the cited decree, these being professionals in natural resources, Classification and Conservation of Wetlands, as well as the criteria this decree establishes for an area to be considered a wetland". Similarly, it pointed out that "It is also clear that the properties related to this litigation are located within the limits of a wetland, which was duly analyzed and determined in accordance with science and technique, by the professionals and the competent institution, in accordance with decreto ejecutivo Nº 35803-MINAET Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales". That the testimonial and expert evidence provided by the parties confirms the veracity of the Informe Técnico sobre el humedal Laguna Bonilla, as well as of report SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021. The representation of SINAC also points out, "that wetlands may or may not be created by decree or law, and regardless of their owner, their protection and conservation is the competence of SINAC, whose conservation will be made effective under the protection of the listed regulations which, as has been seen, have important substantive technical elements, so the protection of wetlands, regardless of their classification, corresponds to the particularity of their identification, subject to management plans". It also indicates that "the technical report was prepared based on the methodology regulated by regulation, and was carried out by professionals whose competence corresponds to its preparation". In addition to the above, it indicates regarding the legal nature of the Informe Técnico Laguna Bonilla that it is a preparatory act, whose challenge is only possible when done jointly with the final or definitive act, in accordance with Article 163, subparagraph 2 of the LGAP; and that in the complaint it is clearly stated in facts 16 and 17 that the final act affecting the plaintiff party is the denial by the Municipalidad de Puntarenas, therefore it is the act truly susceptible to being challenged, not the technical report on the Humedal Laguna Bonilla. Finally, it points out that the property with real folio registration number Placa31997, described in the survey plan Placa31998, is currently in the name of FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED122984 in capacity as fiduciary, so the plaintiff party Empresarios Unidos de Puntarenas S.A., is not legitimated to continue this litigation. It files the defenses of lack of active standing, expiration, lack of right, and lack of current interest.
III.- PROVEN FACTS: The following are considered demonstrated and of interest for the resolution of this matter:
1.- That since 1984, soil saturation conditions have existed within the plaintiffs' lands (See reports Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla images 71 to 114 of the judicial file and Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica images 197 to 228 of the judicial file and the statements of Dr. Nombre154592 rendered at the complementary hearing).
2.- That on properties 6-13804-000 and 6-122851-000, a wetland ecosystem exists as established in the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla (See images from 5 to 23 of the judicial file), Oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 dated April 30, 2013 (Images 169 to 173 of the judicial file), Oficio SINAC-ACOPAC-TOPO-021-2016, dated May 2, 2016 (Images 54 to 69 of the judicial file), in oficio SINAC-ACOPAC-D-101-2016, dated November 22, 2016. (Image 4 of the judicial file). As well as the reports Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla images 71 to 114 of the judicial file and Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica images 197 to 228 of the judicial file and the statements of Dr. Nombre154592 rendered at the complementary hearing.
3.- That the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla was prepared by the professionals Biol. Yeimy Gamboa Pérez, Biol. Yamilet Cubero Campos, Biol. Ana Yancy Jiménez Cordero, Lic. Carlos Cerrano Bulakar, Bach. Stanley Estrada Peraza and Lic. José Eddie Aguilar Coto, undated but entitled "Informe técnico Humedal Laguna Bonilla", and has as its background the formation of a technical and scientific team of officials from the Comisión Nacional de Humedales and the Área de Conservación Pacifico Central, which established a polygon identifying the Humedal Laguna Bonilla, using the Oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 dated April 30, 2013, as the main input. (See images 05 to 23 and 169 to 173 of the judicial file) 4.- That property 6-13804-000 is in the name of FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED122984 IN CAPACITY AS FIDUCIARY described in survey plan P-0011675-1972, was owned by EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., until October 6, 2021, at which time it was transferred to FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA. (See in that regard public registry information provided by the state representation and added to the file as well as official letter dated November 12, 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021).
5.- That property 6-13804-000 overlaps by 7,506.11 square meters with the Humedal Laguna Bonilla, equivalent to 98.94% of its registration area. (See official letter dated November 12, 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 added to the judicial file).
6.- That property 6-122851-000 in the name of LOS PELONES S.A., legal identification number CED122983 described in survey plan Placa31999, completely overlaps with the Humedal Laguna Bonilla. (See official letter dated November 12, 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 added to the judicial file) 7.- That the properties Placa32000 and Placa32001 are affected in their entirety, either by the Humedal Laguna Bonilla or its protection zone recommended in official letter SINAC- ACOPAC-IRT-025-2016. (See official letter dated November 12, 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 added to the judicial file).
8.- That both EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., and Nombre154591 filed an amparo de legalidad proceeding, processed under expediente number 15-009169-1027-CA, against the Municipalidad de Puntarenas and the Ministerio de Ambiente y Energía, in the figure of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, specifically the Área de Conservación del Pacifico Central (ACOPAC), a proceeding filed "due to the lack of an effective response to the steps taken by the plaintiffs, since March 14 and 15, 2013, regarding the issuance of the land use (uso de suelo) permit requested for the aforementioned properties, and whose issuance has not been possible, due to an alleged overlap of competencies between these institutions, generating a significant delay of 31 months to date, against the interests of the undersigned" (See folios 06 to 27 of the administrative file bundle provided by the State).
9.- That by official letter SINAC-ACOPAC-IRT-028-2016 dated May 3, 2016, issued for the amparo de legalidad proceeding number 15-009169-1027-CA, it is indicated that by official letter SINAC-ACOPAC-IRT-025-2016, dated April 28, 2016, a response was given to the action taken by the plaintiff, and the Informe Técnico Sobre Humedal Laguna Bonilla was attached, delivered by official letter ACOPAC-DASP-PMC-159-2015 and Informe SINAC-ACOPAC-TOPO-021-2016, which supports it. The foregoing was notified to EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., and Nombre154591 on May 3, 2016 (See folios 203 to 236 of the administrative file bundle provided by the State) 10.- That EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., processed a single request for a Municipal Location Resolution, which was denied by resolution MP-PUC-RES-1173-03-2017, dated March 7, 2017, which states:
"It is a land located in the Plano catastrado in the Dirección19046 ° which does not have the Plan Regulador for the City of Puntarenas; according to (Reglamento and Plano de Zonificación), duly provided by the Municipalidad de Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing the requested use or activity since according to official letter SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 dated November 22, 2016, from the Área de Conservación Pacifico Central, Dirección Regional (MINAE), issued by the Director Regional M.S.c. Gerardo Chavarría Amador, regarding the matter: ACOPADASP-PMC-159-2015. Informe Técnico Laguna Bonilla and further having the map Levantamiento de Campo y Montaje de Planos Catastrados Dirección19047, prepared by Topographer Engineer Ernesto Murillo Navarro IT-9811; since this property with survey plan P-11675-72, indicates it is located within Laguna Bonilla sector #2. [...] For the reasons set forth above; this Department informs you that the Municipal Location Resolution for Bus Parking is REJECTED. This document is valid for one year" (See judicial file images 2 to 3).
IV.-UNPROVEN FACTS: The following facts are considered not demonstrated for the resolution of this matter:
1.- That the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla contains defects of nullity regarding its reasoning or that it was contrary to the unequivocal rules of science or technique. There is no evidence in this regard.
2.- That properties 6-13804-000 and 6-122851-000 are unusable for their owners and that they cannot carry out any type of commercial activity on them. There is no evidence in this regard.
3.- That the plaintiffs reported or took any action to counteract the impact of the alleged mismanagement of water from road infrastructure projects developed near their properties 6-13804-000 and 6-122851-000. There is no evidence in this regard in the file.
V.- ON THE PARTICIPATION OF THE COMPANY FIDUCIDIARIA MCF S.A., IN THIS MATTER: As can be observed in the brief dated December 25, two thousand twenty-one, the company FIDUCIDIARIA MCF S.A, appeared in the proceeding and requested to be considered an interested third party, a motion that, in accordance with Article 15, subparagraph 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, is accepted, with said party having to take the proceeding in the state it is in. However, the cited brief mentions the word "substitution", to which the Tribunal must indicate that in this matter, none of the litigating parties has formally raised a request in that sense; indeed, attention should be drawn to the fact that the plaintiff party EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., did not even attend the hearing granted on the lack of active standing alleged by the defendant parties. By reason of the foregoing, FIDUCIDIARIA MCF S.A is considered to have appeared in the proceeding as an interested third party, who must take this matter in the procedural stage in which it finds itself.
VI.-ON THE LACK OF STANDING ALLEGED BY THE STATE AND SINAC: Both defendant parties base their defense of lack of active standing of Nombre154593. on the transfer that this company made of property Dirección19048 in the name of FIDUCIDIARIA MCF S.A. Having analyzed the issue, it is the criterion of this Chamber that Nombre154593. was legitimated as the owner to act in this proceeding until the moment the trial hearing concluded (see proven fact number 4 of this judgment) and that, the transfer of the mentioned property being the apparent cause that generated the loss of such standing (according to the theory of the defendant parties), this corresponds to a supervening situation once the trial phase concluded, so that until that moment, said company was legitimated to file this proceeding. For this reason, the lack of active standing alleged against it must be rejected. Now, how this matter is to be handled going forward is something the plaintiffs must resolve and cannot become an obstacle to the issuance of this judgment, even less so when due process has been respected for all parties in this matter, and even as requested by the company FIDUCIDIARIA MCF S.A., and in accordance with what is stated in considerando V of this judgment, it will be incorporated into this matter as an interested third party, demonstrating that there is absolutely no defenselessness whatsoever. By reason of the foregoing, we proceed to declare without merit the defense of lack of active standing alleged by both the State and SINAC.
VII.-ON THE EXPIRATION ALLEGED BY THE STATE REPRESENTATION AND SINAC: The state representative indicates that the present proceeding is time-barred because the plaintiff companies have known about the Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla since May 3, 2016, according to notification made and provided in the amparo de legalidad proceeding processed under expediente number 15-009169-1027-CA folios 203 to 236 of the certified copy of said file (See proven fact number 9 of this judgment). The representative of SINAC argues similarly. Requesting the application of Article 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
Now, regarding the issue of expiry, in addition to what is indicated in the aforementioned Article 39, Article 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes:
"1) Administrative acts that are absolutely null shall be challengeable, for the purposes of their annulment and future inapplicability, as well as omissions, while their continued effects subsist, but this shall only be for their annulment and future inapplicability.
VIII.- ON THE NULLITY OF THE TECHNICAL REPORT HUMEDAL LAGUNA BONILLA: The report prepared by the professionals Biol. Yeimy Gamboa Pérez, Biol. Yamilet Cubero Campos, Biol. Ana Yancy Jiménez Cordero, Lic. Carlos Cerrano Bulakar, Bach. Stanley Estrada Peraza, and Lic. José Eddie Aguilar Coto, undated but titled "Informe técnico Humedal Laguna Bonilla," has as its background the formation of a technical and scientific team of officials from the National Wetlands Office or Commission and the Central Pacific Conservation Area, which established a polygon by means of which the Humedal Laguna Bonilla was identified. This polygon was used as the main input. Now, from the statements given by officials Yamileth Cubero Campos, Ana Yanci Jiménez Cordero, and Stanley David Estrada Peraza, it was possible to determine, first, that in all cases, the officials were trained by the Administration to carry out the processes necessary to determine the presence of the characteristics of a wetland. Furthermore, from the field analysis, it was possible to demonstrate that farms 6-13804-000 and 6-122851-000 possess the characteristics established in Decree No. 35803-MINAET, which, in accordance with Article 6, indicates: "Artículo 6º-Características Ecológicas de los Humedales. The essential ecological characteristics that an area must possess to be considered a wetland are: (a) Hydrophytic vegetation, composed of vegetation types associated with aquatic and semi-aquatic environments, including phreatophytic vegetation that develops in permanent water sheets or shallow water tables. (b) Hydric soils, defined as those soils that develop under conditions with a high degree of moisture, reaching saturation, and (c) Hydric condition, characterized by the climatic influence over a specific territory, involving other variables such as geomorphological processes, topography, soil constituent material, and occasionally other processes or extreme events." The plaintiff, through the documentary evidence submitted to the proceeding and the statement of Dr. Nombre154592, argued that the SINAC officials who prepared the Technical Report Humedal Laguna Bonilla lacked the technical knowledge and necessary academic background to do so. Regarding this argument, it is this Chamber's criterion that the plaintiff is not correct. Firstly, it must be noted that the officials who participated in said report, according to the testimonial evidence gathered in the supplementary hearing and the academic qualifications of said officials, had not only been trained by the Administration but were also individuals with technical knowledge and duly accredited academic degrees to hold their positions as officials of the various Conservation Areas and Departments that participated in it. Therefore, all participants in the Report were officials specially trained to carry out this type of study, based on the parameters established in Decree No. 35803-MINAET, whose Articles 4 and 8 establish the following:
Artículo 4º-Ubicación, identificación y clasificación de ecosistemas de humedales. For the identification and classification of wetland ecosystems, the technical criteria established in Articles 6, 7, and 8 of this decree shall be followed. Wetland inventories, among others, shall be used as support tools for the delimitation and location of wetland ecosystems.
Artículo 8º-Regarding the identification and classification of wetlands within the terrestrial maritime zone, the following procedure must be followed: The National System of Conservation Areas shall assign a professional in natural resources (biology, forestry, protected area management) in order to proceed to identify and delimit the wetland ecosystems in the terrestrial maritime zone.
It is reiterated that the technical knowledge of SINAC officials to prepare the Report challenged in this proceeding has not been discredited, nor has their competence. Quite the contrary, the knowledge and training they had to carry out this report and perform the scientific and technical procedures that allowed them to conclude as they did has been demonstrated. Now, from the very evidence that the plaintiff brought to the proceeding, it can be deduced that a wetland does indeed exist on the farms subject to this analysis. The expert offered by the plaintiff himself, both in the reports submitted as evidence and in his statement, accepted that the dispute lies in whether said wetland was formed naturally or as a result of inadequate water management caused, according to his Technical Expert Opinion Report (Dictamen Técnico) "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica," which indicates: "As can be observed in figure 3.e and 3.f for the period 1980 to 1984, important road works were carried out in the northwest sector of the study area. These works correspond to the coastal highway and the junction and expansion of the highway to Puntarenas. As a product of these road works, rainwater diversion works from the highway were also developed. In Figure 3.f, a sector where, as part of the road works, a rainwater drain was built south of the highway is marked with a light blue circle. In the opinion of the author of this document, and as interpreted in the Annex 1 document (Anexo 1), that stormwater drainage from the highway and the northern sector thereof, which was diverted southward by topography, coupled with the fact that there was a southwest-northeast oriented road parallel to the study area of farms 1 and 2, caused the study area to receive a greater amount of rainwater. Consequently, the soil condition was modified by anthropogenic causes, and the soil began to have saturation conditions. This circumstance increased the plant cover in the study area, particularly in the western sector next to the road (see figure 3.g). The previous situation intensified around the year 1997 when, in the southwestern sector of the study area (see red arrow in figure 3.g), works were built that functioned as an anthropogenic hydraulic barrier to the already saturated drainage of the study area and its poor drainage, whereby the soil maintained the NON-NATURAL saturation conditions and the appearance of a wetland." (See reports Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, images 71 to 114 of the judicial file, and Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica," images 197 to 228 of the judicial file). This was also ratified by Dr. Nombre154592 in his statement before this Court, which is why the existence of the wetland within the boundaries of said properties is considered proven. In this regard, in the report called Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, prepared by Dr. Nombre154592: "In the opinion of the author of this document, and as interpreted in the Annex 1 document (Anexo 1), that stormwater drainage from the highway and the northern sector thereof, which was diverted southward by topography, coupled with the fact that there was a southwest-northeast oriented road parallel to the study area of farms 1 and 2, caused the study area to receive a greater amount of rainwater. Consequently, the soil condition was modified by anthropogenic causes, and the soil began to have saturation conditions. This circumstance increased the plant cover in the study area, particularly in the western sector next to the road [...]. The conditions of these works as of the year 2008 (see figure 3h) intensified the water saturation situation in the study area and its poor drainage, whereby the soil maintained the non-natural saturation conditions and the appearance of a wetland. It must be taken into account that it was during this period, at least after 2004, that SINAC carried out the delimitation of the wetland polygon, which is why it carried out the indicated delimitation (see figure 2). It is highly probable that at the time SINAC conducted the study (approximately in the year 2004 or later), the study area analyzed here, particularly west of the road, had had its natural soil condition modified for several years by anthropogenic conditions associated with stormwater discharge and poor water drainage conditions. Under these conditions, the expansion of the palustrine wetland of Laguna Bonilla was delimited." As can be extracted from the quote made from the document mentioned, it is clear that the wetland characteristics within the farms that are the object of the proceeding exist and correspond to reality. This is demonstrated particularly with the extract from the study conducted by the National Institute of Innovation and Technology Transfer (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología) by part of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA) of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), on one of the properties, and which is cited in the reference document. This report should be understood under the limitations inherent to the competencies of said body, competencies that do not extend to the possibility of determining whether or not a piece of land possesses the characteristics of a wetland, as the plaintiff seeks to imply. Now, of importance for this matter, it is appropriate to emphasize what is indicated in said report regarding soil characteristics, a topic especially disputed by the plaintiff by considering that the SINAC officials who issued the Technical Report on the Humedal Laguna Bonilla lacked the necessary knowledge to determine the soil type. Now, from the quote made from the document issued by INTA, it is indicated: "It is added that the main area of the property (2315.78 m, given that the rest is fill)" corresponds to the management unit VIIe24d1c2, is on a flat relief, with very slow drainage, low permeability, and with very severe waterlogging problems." It is indicated that "at the time of inspection, the water table in sector B was assessed at different depths, at 35, 50, 70, and 95 cm." Emphasizing the fact that "the stagnation of surface waters on the property may be due to the plugging of the watercourse downstream." From the foregoing, it is concluded in the report submitted as evidence by the plaintiff that: "As can be seen from what is indicated, the INTA study corroborates the fact that almost half of the farm has a material fill and that the rest of the land has a type VII soil, with restrictions due to waterlogging, with a very shallow water table, which could cause it to be classified as a wetland. However, it makes a very important observation, in that it detects problems of plugging of surface water drainage, which could cause the waterlogging condition. In view of this, it recommends that a verification of said situation be carried out. An aspect which, as already mentioned, was not carried out as part of the MINAE-SINAC study." Now, the challenged report indicated: "According to the methodology for the Determination of Land Use Capacity in Costa Rica (Decreto Ejecutivo N°23214-MAG-MIRENEM), in its section 6.3.1.1 Drainage Categories, where it explains the different types of drainage in soils (seven in total), it literally mentions in point 5: 'Slow: Water is removed from the soil slowly enough to keep it saturated for very appreciable periods of time (3 to 6 months per year). Soils with slow drainage usually have a high water table between 30 and 60 cm deep, and with mottles at less than 30 cm, and it is normal for gleyed layers to appear in the soil. Observing the results in this study in Table 1, it is noted that in eight of the fourteen sampling points (Point No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, and 14) Gley type soil was found, as shown in Figure 3, which characterizes the studied area as an area that, according to the previous descriptions, has slow drainage, allowing the water table to be observed superficially or near the soil surface, a few centimeters deep." As can be observed, both reports coincide in that the study area has soils with slow drainage characteristics. Therefore, from both the evidence provided by the plaintiffs and the study that is the object of this proceeding, it is possible to conclude with great clarity the conditions of the soils, and that there is no error in the classification given to them by the SINAC officials. Now, Dr. Nombre154592 points out that it is a serious error by the SINAC officials not to have determined the origin of the water table present on the properties that are the object of the proceeding, when it is maintained in the study by said professional that the water table is a consequence of inadequate management of water coming especially from road infrastructure works built in the area. On this aspect, it is of special relevance for the Court to establish that the plaintiffs did not raise this point as the object of this proceeding. If we review the claims of this proceeding, especially those numbered as:
"1) That the report prepared by MINAET officials, called: 'INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA', without an official letter number and without a resolution number, prepared by officials BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, BACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, are absolutely administrative acts, absolutely null for being improperly grounded and contrary to the rules of science and technique.
Within this proceeding, it is irrelevant to determine the origin of the waters that form the water table within the plaintiffs' properties. What matters here is whether a wetland exists on them or not, whether the document identified as "Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla" is properly grounded, and whether it was issued in accordance with the rules of science and technique. The foregoing is due to the fact that this proceeding does not discuss the reason for the predominant conditions on the plaintiffs' lands, but rather the conditions themselves, nor does it discuss, incidentally, the conformation of the polygon that gave rise to the Report that is the object of the proceeding, since regarding the official letter ACOPAC-OSREO-531-2013 dated April 30, 2013, no claim was filed. In the same vein, it was irrelevant for the SINAC officials to determine whether the waters that formed the water table of the properties were of natural or artificial origin, because wetlands, according to the legislation in force in our country, admit both types, indistinctly, which we will see in detail later. It is of special relevance to keep in mind that in the report issued by Dr. Nombre154592, it is admitted that the land conditions that characterize it as a wetland have been occurring since 1984, and the plaintiffs themselves state this in their conclusions, without having succeeded in demonstrating that since the road infrastructure works that generated the modification on their lands were carried out, any complaints or proceedings to correct said situation were filed. Quite the contrary, this situation has been tolerated by the owners of those lands and has allowed the consolidation over time of a wetland ecosystem (See unproven fact number 3 of this lawsuit), a situation that was not strange given the climatic conditions of our country, as indicated by Dr. Nombre154592, affirming that it could even occur in a matter of a few months, with much more reason over the course of thirty-eight years. Added to the above, both the Ramsar Convention, signed on February 2, 1971, where a wetland is defined as: "Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres." as well as the Ley Orgánica del Ambiente in Article 40: "Ecosystems with dependence on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish or salt, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or in their absence, up to six meters deep at low tide." In the same vein, Decree No. 35803-MINAET, in its Article 6, when referring to the characteristics of wetlands, clearly states: "The essential ecological characteristics that an area must possess to be considered a wetland are: (a) Hydrophytic vegetation, composed of vegetation types associated with aquatic and semi-aquatic environments, including phreatophytic vegetation that develops in permanent water sheets or shallow water tables. (b) Hydric soils, defined as those soils that develop under conditions with a high degree of moisture, reaching saturation, and (c) Hydric condition, characterized by the climatic influence over a specific territory, involving other variables such as geomorphological processes, topography, soil constituent material, and occasionally other processes or extreme events." (The highlighting does not correspond to the original). That is to say, the possibility that a wetland ecosystem may develop on a property whose waters do not come from a natural source is not only possible but is also contemplated in the cited regulations. Therefore, it was not limited to the condition that soil saturation must be due to natural conditions, as the plaintiff has sought to imply with the evidence provided. In the same sense, the classification of palustrine wetland given in Article 7, subsection e) of the Decree in question is consistent with what is established in the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla. Said regulation establishes:
"e. Palustrine system: includes all non-tidal wetlands, with the following characteristics: 1) they may or may not contain plant cover; vegetation may be represented by dominance of trees, shrubs, shrubby vegetation, emergent vegetation, mosses, and/or lichens. 2) Depth levels in depressions do not exceed two meters. 3) Salinity values derived from oceanic salts do not exceed 0.5% (yolillales, freshwater flooded forests, swamps).
-Permanent saline/brackish/alkaline swamps/marshes/pools.
-Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline swamps/marshes/pools.
-Permanent freshwater swamps/marshes/pools; pools (less than 8 ha), --swamps and marshes on inorganic soils, with emergent vegetation in water for at least most of the growing season.
-Seasonal/intermittent freshwater swamps/marshes/pools on inorganic soils; includes flooded depressions (charge and discharge lagoons), "potholes", seasonally flooded meadows, sedge swamps.
-Non-forested peatlands; includes shrubby or open peatlands ("bog"), graminoid or reed peatlands ("fen"), bofedales, low peatlands.
-Forested freshwater wetlands; includes freshwater swamp forests, seasonally flooded forests, wooded swamps; on inorganic soils." The Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla concluded, regarding what is relevant:
1. It is important to take into account that during the period of time the study was conducted, the climatic conditions have not been typical of recent years, as prolonged periods of drought have occurred as a consequence of the El Niño Phenomenon.
2. Based on the results obtained by the commission when conducting sampling in the area, it is concluded that the present soil type is gleysol type, which is typical of lands with slow drainage.
3. According to the flora inventory carried out in the study area, it is determined that of the 23 flora species found, three are strictly from flooded zones and eleven are bio-indicators of a wetland zone.
4. The study area shows strong anthropogenic alterations, such as fills and constructions; however, it currently has permanently flooded zones and other seasonal ones, this being one of the typical characteristics of a wetland ecosystem.
5. According to Decree No. 35803-MINAET, the studied section meets the three essential ecological characteristics that an area must possess to be considered a wetland.
6. According to Article 7 of Decree No. 35803-MINAET, the sampled area is considered a palustrine type wetland and not a lagoon type ecosystem, as its name suggests.
From the conclusions of the report and its development, it has become clear that the existence of a wetland in the area was indeed technically verified and it was classified by its characteristics as a palustrine wetland. This was reinforced by the plaintiff's own documentary evidence and by the trial testimony of Dr. Nombre154592, who accepts the existence of a wetland on the plaintiffs' properties. Note that even the presence of the shrubs and trees described in the tree-by-tree inventory conducted by Eng. Leonardo Mora Duran, Forestry Regent, which was provided by the plaintiff, fails to disprove the Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla. What that inventory sought was, among other things, to identify in the area the presence of bio-indicator species of a wetland, which, as indicated in the report and described in conclusion "3. According to the flora inventory carried out in the study area, it is determined that of the 23 flora species found, three are strictly from flooded zones and eleven are bio-indicators of a wetland zone." In addition to the foregoing, said document does not indicate that the plants mentioned in the Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla are not located on the properties; rather, it focuses on a count of the trees and shrubs found within the property, which, as stated previously, is not contrary to what was indicated by the SINAC professionals. Indeed, Article 7, subsection e) of Decree No. 35803-MINAET establishes: "e. Palustrine system: includes all non-tidal wetlands, with the following characteristics: 1) they may or may not contain plant cover; vegetation may be represented by dominance of trees, shrubs, shrubby vegetation, emergent vegetation, mosses, and/or lichens." Therefore, the presence of trees and shrubs on the plaintiffs' properties is not surprising, nor is it contrary to the characteristics of a palustrine wetland. The presence of said trees and shrubs is not a factor that determines the non-existence of the wetland.
IX.- ON THE OBJECT OF THE PROCEEDING: In order to understand the object of the proceeding, we proceed to refer to each of the claims raised by the plaintiffs:
Regarding the claim identified as "1) That the report prepared by MINAET officials, called: 'INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA', without an official letter number and without a resolution number, prepared by officials BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, BACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, are absolutely administrative acts, absolutely null for being improperly grounded and contrary to the rules of science and technique." As was indicated in the considerando identified as VIII, the Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla is properly grounded in the technical analysis carried out by a team of SINAC officials, who possessed the required knowledge and proper training to carry it out and reach the conclusions of said report. Consequently, a breach of the univocal rules of science and technique is not observed (Article 16 of the Ley General de la Administración Pública), and therefore the requested nullity cannot be declared. Now, it is appropriate at this point to note that, as has been demonstrated from the evidence provided to this proceeding, both documentary and testimonial, on farms Dirección19048 and Dirección19049, both of the Puntarenas district, there exists a wetland that was classified according to its characteristics as palustrine (see proven facts 1, 2, and 3 of this judgment). Therefore, what is requested by the plaintiffs regarding declaring the nullity of the cited Report is not only improper as there is no proven technical-legal reason, but it would also be contrary to a guiding principle in environmental matters that has been widely recognized and promoted by the Constitutional Chamber of our country. It has been fully proven in this proceeding with complete certainty that the wetland indicated by the SINAC officials does indeed exist on the plaintiffs' property. In relation to this issue, the Constitutional Chamber has indicated:
"the Ley de Biodiversidad, number 7788 of April 30, 1998, provides: 'ARTÍCULO 7.- Definiciones. … Biodiversity: variability of living organisms from any source, whether found in terrestrial, aerial, marine, aquatic, or other ecological complexes. It includes the diversity within each species, as well as between species and the ecosystems of which they are part. / For the purposes of this law, the intangible elements shall be understood as included in the term biodiversity, such as: knowledge, innovation, and traditional practice, individual or collective, with real or potential value associated with biochemical and generic resources, protected or not by intellectual property systems or sui generis registration systems. … ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley. Criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. 3.- Criterion of environmental public interest: The use of biodiversity elements must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of citizens' quality of life. …" In this sense, the Constitutional Chamber, in Voto 1250-99 at 11:24 a.m. on February 19, 1999, stated: “... Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources.
Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, should there be a risk of serious or irreversible damage –or any doubt in this regard–, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing because in environmental matters, after-the-fact coercion proves ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.” (The underlining is not from the original. Also, one may consult, among others, the rulings of this jurisdictional body 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, and 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001). In Voto 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, it further clarified this concept: “Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but rather in the face of the lack of certainty that such facts will indeed produce harmful effects on the environment.” Similarly, in ruling 6322-2003 of 2:14 p.m. on July 3, 2003, it stated: “...4.- Precautionary principle: ... The term prevention derives from the Latin ‘praeventio’, which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, should there be a risk of serious or irreversible damage –or any doubt in this regard–, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing because in environmental matters, after-the-fact coercion proves ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.” (In the same vein, one may consult Voto 2008-17618 of 11:51 a.m. on December 5, 2008, from said Chamber).
Even the Constitutional Chamber has gone further in matters of wetlands upon hearing the unconstitutionality action processed under expediente number 08-008787-0007-CO, resolution number Nº14288-2009 of three nineteen p.m. on September nine, two thousand nine, filed by Nombre71288, of legal age, divorced from first marriage, attorney, resident of San José, bearer of identity card number CED122985 in her capacity as Vice-President with sufficient powers for this act of the Asociación Justicia para la Naturaleza against the last paragraph of Article 7 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, first referring to wetlands stating:
"IV.- On wetlands and their environmental, cultural, and economic importance. This Chamber has referred to the relevance of these ecosystems and their protection, in rulings 2001-12817 of 10:28 a.m. on December 14, 2001, and 2007-6246 of 7:30 p.m. on May 8, 2007, among others, noting that wetlands are considered among the most productive ecosystems in the world. In the Ramsar Convention, signed on February 2, 1971, a wetland is defined as: ‘Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.’ In Costa Rica, the Ley Orgánica del Ambiente, in Article 40, has defined them as: ‘Ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish or salt, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or in their absence, up to six meters deep at low tide.’ The importance of wetlands lies not only in terms of biodiversity and those that develop on an ecological scale, but also because they provide support functions and essential products for human communities in the developing and industrialized world. According to doctrine and scientific studies, the term wetlands encompasses a great variety of ecosystems with very different characteristics; they can be classified into seven landscape units: estuaries, open coasts, flood plains, freshwater marshes, lakes, peatlands, and flooded forests; or into saltwater, freshwater, or artificial wetlands. Each is formed by a series of physical, chemical, and biological components, such as soils, water, animal and plant species, and nutrients. The processes between these components and within each allow the wetland to perform functions, such as flood control and storm protection, and to generate products, such as wildlife, fisheries, and forest resources; they purify water and stabilize the coastline. Not all characteristics are present in every wetland; few perform all functions in the same manner. Furthermore, they present very valuable attributes such as biological diversity and the uniqueness of cultural heritage. It is the combination of these ecosystem functions, products, and attributes that makes wetlands important for society. By storing precipitation and uniformly releasing runoff, wetlands can reduce the destructive onslaught of floods and rivers, so the conservation of natural reservoirs can avoid the construction of dams and impoundments. Their vegetation can stabilize the coastline by reducing the energy of waves, currents, or other erosive forces, while at the same time, with plant roots, it holds bottom sediments in place, which can prevent both the erosion of valuable agricultural or inhabited lands and damage to property. Wetlands that remove nutrients improve water quality and help prevent eutrophication, which can avoid the need to build water treatment systems. On the other hand, many support the life of dense populations of fish, livestock, or wildlife, which feed on their nutrient-rich waters or their substrate, or else graze on their lush grasslands. The hydrological, nutrient, and material cycles, and the energy flows of wetlands, can stabilize local climatic conditions, particularly rainfall and temperatures, which influences both agricultural activities and those based on natural resources, as well as the stability of natural ecosystems and the wetland itself. They also contribute to recreation, fisheries, agricultural resources, and tourism, as well as the direct use of forest resources that generate an important number of goods, ranging from firewood, construction timber, and bark, among timber products, to resins and medicines, which are ‘secondary’ non-timber forest products. They are even important as a genetic reserve for certain plant species –such as rice–. It is for this reason that several international instruments, notably the Convention on Wetlands or Ramsar Convention, signed by our country under Law No. 7224 on April 9, 1991, and published in the Official Gazette La Gaceta on May 8 of the same year, deal with their protection. The Convention is an intergovernmental treaty that provides a framework for international cooperation for the conservation and wise use of wetlands. The Convention proclaims the duty of States to protect –for the sake not only of their own interests, but also of international interests– these ecosystems, which is why countries have the obligation to develop national policies aimed at the conservation of these environments in their land-use policies, and each member country, according to the Convention, must include at least one site on the List of Wetlands of International Importance. For its part, our national legislation develops this commitment in some laws such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of September 28, 1995, which in Article 32 included Wetlands in the different management categories of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), which are under the administration of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) –with the collaboration of municipalities– and declares them, as well as their conservation, to be of public interest.
In the same vein, the Chamber, regarding the obligations of the Costa Rican State in relation to wetlands, their conservation, and the relationship of these with privately owned lands, indicated in this same vote the following:
"V.- On the ‘Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, or Ramsar Convention.’ Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and which, domestically, are fully applicable legislation –and subject to direct judicial enforceability–. The Chamber will carefully analyze the provisions of the Ramsar Convention, as it is an international instrument whose specific purpose is to protect wetlands, although, as stated by the Procuraduría General de la República, the international regulations integrated into our legal system that protect these ecosystems are plentiful. Regarding the obligations acquired by signatory countries, which are of diverse nature, there is, as mentioned in the preceding recital, the designation of at least one wetland of international importance to be included in the List of Ramsar sites, whose selection shall be based on its international significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology, or hydrology, thus being a commitment related to the protection of specific sites (Article 2). Furthermore, obligations not related to specific sites are acquired, such as developing and implementing their management plans in a way that promotes the wise use of wetlands in their territory (Article 3), and they are also obligated to promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves in wetlands, whether or not included in the ‘List’ (Article 4). Lastly, signatory countries are obligated to coordinate their policies and regulations regarding the conservation of wetlands, their flora, and their fauna (Article 5). Thus, the parties establish a system for the protection of wetlands, firstly through a list of wetlands of international importance (Ramsar sites), and secondly, by ensuring the wise use of all wetlands within their territory. The Convention does not define ‘wise use’; however, it establishes a Conference of the Parties with the competence to formulate general or specific recommendations regarding the conservation, management, and wise use of wetlands and their flora and fauna, and to adopt other recommendations or resolutions to promote the application of the Convention (Article 6). The 3rd meeting of the Conference of the Contracting Parties defined wise use of wetlands as ‘their sustainable use for the benefit of humanity in a manner compatible with the maintenance of the natural properties of the ecosystem’; sustainable use as ‘the use of a wetland by humans in such a way that it produces the greatest continuous benefit for present generations, while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations’; and the natural properties of the ecosystem as ‘those physical, chemical, and biological components, such as soil, water, plants, animals, and nutrients, and the interactions between them’ (Recommendation 3.3). Likewise, in the ‘Guidelines for the Application of the Wise Use Concept of the Convention,’ adopted by Recommendation 4.10, it is indicated that ‘The provisions on wise use apply to all wetlands and the systems that support them within the territory of a Contracting Party, both those included on the List and all others.’ According to the Secretariat of the Ramsar Convention, the National Wetland Policy should include the objective to: ‘Prevent further loss of existing wetlands and encourage the rehabilitation of the country's wetlands by maintaining their integrity, conserving their genetic diversity, and ensuring that their enjoyment and economic use are sustainable.’ And it should ‘cover all types of wetlands.’ It is therefore clear that, according to the Ramsar Convention, every ecosystem meeting the characteristics of a wetland must be used rationally and sustainably in the terms that the Convention and the Conference of the Parties have defined. The Costa Rican legislator has understood it this way, since Articles 40 of the Ley Orgánica del Ambiente, 2 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, and 2 subparagraph 18) of the Ley de Pesca y Acuacultura have established definitions of wetland consistent with the Ramsar Convention. Furthermore, any space or ecosystem meeting such conditions is subject to the regime established in Articles 41, 43, 44, and 45 of the Ley Orgánica del Ambiente. In this sense, this Court has ruled in judgments No. 5255-98 of 6:06 p.m. on July 21, 1998, No. 8492l-2004 of 8:41 a.m. on August 6, 2004, and No. 12817-01 of 10:28 a.m. on December 14, 2001, which stated, in relevant part: “Now, although in the specific case MINAE certifies that the protected party's property is not within a protected wilderness area (Área Silvestre Protegida), according to the areas administered by it, this in no way implies that the wetland found should not be protected. We must remember that the International Convention signed by our country, which establishes the obligation of the State Party to promote the conservation of wetlands and waterfowl by creating natural reserves in wetlands, whether or not they are on the ‘List,’ and to adequately attend to their management and care, is fully applicable to the present case.” As all intervenors in the present process emphasize, the term wetland is contemplated in the Ley Orgánica del Ambiente in two dimensions: that of a space or ecosystem and as a management category of protected wilderness areas. In the first case, the term “wetland” is the name given to a specific ecosystem whose main particularity is the presence of soil with special characteristics that allow water deposited in a territory to be stored permanently or intermittently (but with a specific period of flooding or water surface) and whose condition allows the adaptation of varied species of flora and fauna that make it special, a definition that coincides with that of the Ramsar Convention. The main aspect for the recognition of a wetland ecosystem lies in its ecological characteristics: a) soil type (hydric or hydromorphic soils), b) hydrophytic vegetation (plants adapted to flooded, mostly anaerobic soils), c) fauna dependent on this regime and ecosystem, and d) water condition (relative to the climate), but based on the presence and distribution of the species present, it is classified according to its distinctive pattern. In its second dimension, the term “wetland” is not associated with the aforementioned technical concept but rather with the figure of a protected wilderness area as a management category under Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente. If the State has an interest in declaring a wetland ecosystem and its influence or buffer zone as a protected wilderness area, it must comply with the requirements established in the Ley Orgánica del Ambiente, empowering the State to expropriate or pay for private lands. However, this does not imply dismissing the existence and protection of wetland ecosystems just because they are not declared as a protected wilderness area, or because they are privately owned. That is why the challenged norm, by establishing that wetlands must be created by executive decree (decreto ejecutivo), is contrary to the provisions of the Ramsar Convention, which obligate the protection of these valuable ecosystems, which provide countless environmental services (servicios ambientales) to society, whether they have been subjected to a special management category by the governing body of natural resources, which in some cases implies their expropriation, or whether they are privately owned. The obligation of reasonable and rational use of these ecosystems pertains to both the State and private individuals, so provisions like the one challenged constitute an obstacle incompatible with the fulfillment of the Convention's purposes by the Costa Rican State. On the other hand, numeral 7 of the Constitución Política, according to which public treaties, international conventions, and concordats duly approved by the Asamblea Legislativa shall have authority superior to laws, means, according to the reiterated jurisprudence of this Court, that in the face of the norm of a treaty or convention –a denomination which for the purposes of international law is equivalent– the domestic norm of legal rank yields (judgment No. 0588-94 of 6:00 p.m. on January 26, 1994). Therefore, the words ‘creation and’ in the last paragraph of Article 7 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre are unconstitutional for contravening Article 3 of the Ramsar Convention and numeral 7 of the Constitución Política. (The highlighting does not correspond to the original).
From the transcription cited, it is evident how the Constitutional Chamber recognizes the existence of a social impact on those properties where a wetland is determined to exist, without them needing to be declared protected wilderness areas, obligating their owners to carry out appropriate management thereof, and obligating the Administrative authorities to safeguard, conserve, and protect these ecosystems due to their importance for human beings and the environment in general. This allows us to determine that both the conclusions and the recommendations of the Informe Técnico Sobre Humedal Laguna Bonilla are not only technically correct, especially when it recommends: “To ensure the permanence of this fragile ecosystem over time, it is necessary to carry out constant monitoring of the area so that this can prevent it from suffering any type of damage or drainage of its waters, impacting it even further. Use this wetland delimitation and its technical study as an input for the Plan Regulador of the canton of Puntarenas and thus guarantee the protection and permanence of this ecosystem.” Rather, they comply with a legal and constitutional mandate for the protection of these especially vulnerable ecosystems. Having said the foregoing, and this Court finding none of the indicated defects, this claim must be rejected.
Regarding the claim identified as: “2) That as a consequence of the preceding declaration of nullity, it be declared that the properties owned by my clients are NOT located within the limits of any wetland, since what exists on both properties is a natural wetland.” (Note that, according to what was indicated in the preliminary hearing, this is the final wording of the claim). According to what was stated above and what was expressed in Considerando VIII, the rejection of this claim is warranted.
Regarding the claim identified as: “3) That the State be condemned to pay Material Damages and losses caused to each of the plaintiffs. Material Damage as a consequence of the freezing their lands have suffered due to the impossibility of carrying out any type of construction since 2008, restricting in its entirety their use and disposition in an area of high attractiveness and with strong real estate dynamics, for which I prudentially estimate said damage at the sum of two million colones for each of the plaintiffs. Losses for the depreciation suffered in land values in the area, due to the paralysis already mentioned and its effects on the real estate market, and especially for contributing to creating a climate of high legal uncertainty in the area where the plaintiffs' properties are located, in this process, for which I provisionally estimate said losses at the sum of one million colones for each of the plaintiffs. Both sums are provisional and will be partially determined in the judgment enforcement phase.” Regarding this claim, it must be rejected based on what was indicated in claim number 1 and in Considerando VIII, but in addition to the foregoing, it is appropriate to note that the case file only proves that by resolution MP-PUC-RES-1173-03-2017, of March 7, 2017, the Municipalidad de Puntarenas issued the Resolución Municipal de Ubicación within which it states:
"It is a land located on the cadastral map (plano) Dirección19046 ° which does not have the Plan Regulador for the City of Puntarenas; according to (Regulation and Zoning Map), duly provided by the Municipalidad de Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing your requested use or activity since according to official letter SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 dated November 22, 2016, from the Área de Conservación Pacifico Central, Regional Directorate (MINAE), issued by the Regional Director M.S.c. Gerardo Chavarría Amador, regarding the subject: ACOPADASP-PMC-159-2015. Informe Técnico Laguna Bonilla, and additionally there is the map Levantamiento de Campo y Montaje de Planos Catastrados Sector de Calles Públicas de Cinco Estrellas, prepared by Topographer Engineer Ernesto Murillo Navarro IT-9811; as this property with cadastral map P-11675-72 indicates that it is located within Laguna Bonilla sector #2. [...] For the reasons stated above; this Department informs you that the Resolución Municipal de Ubicación for Bus Parking is REJECTED. This document is valid for one year.
The foregoing, specifically in relation to the property described on cadastral map: P-11675-72 of EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., (see proven fact number 10 of this judgment). Regarding the farm (finca) of LOS PELONES S.A., there is no evidence that any type of permit or project was requested or managed before any Administrative instance, so the plaintiff party is remiss in their evidentiary obligation. It is not demonstrated that any other type of project or permit was managed in accordance with the special protection conditions of the area (see non-proven fact number 2 of this judgment), nor that the properties have lost their commercial value; so much so that, even in this process, it has been taken as a proven fact (see proven fact number 5) the transfer that EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A. made of property Placa32000 in favor of FIDUCIDIARIA MCF S.A., under the figure of the trust (fideicomiso), which demonstrates not only the availability of the lands that the plaintiffs have, but also the commercial value that they continue to maintain despite the limitations to which they are subject. Therefore, the plaintiff party fails to prove the existence of the alleged damages and losses, and even less a causal link between them and the conduct undertaken by the Administration, thus mandating the rejection of what is claimed.
Regarding the claim identified as: “4) That the State be condemned to pay both costs.” This claim will be resolved in a separate recital.
Subsidiary Claims Regarding the claim identified as: “First: I request that if the main claims are not upheld, it be declared in judgment: 1) That because wetlands are declared of public interest for their conservation and having declared my clients' properties as a wetland, due to the emptying of the essential attributes of the property. The State be ordered that within a reasonable period of one year it must initiate the pertinent actions for the expropriation of my clients' farms.” The issue raised in this claim corresponds to a recurring and long-standing discussion regarding the so-called social limitations imposed on private property, under the auspices of Article 45 of the Constitución Política, and when such limitations involve the obligation to indemnify, so as not to overlap a de facto expropriation by the Administration. To better understand the issue, it is appropriate to make two citations that, although lengthy, are necessary, as they clearly illustrate the position that has been held on this topic. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in its resolution No. 1991-00796 of three ten p.m. on April twenty-six, nineteen ninety-one, stated:
"III.- ON THE RIGHT TO PRIVATE PROPERTY AND ITS LIMITATIONS: Article 45 of the Constitución Política enshrines the right to property, and does so in the following manner: ‘Property is inviolable; no one may be deprived of their own except for legally proven public interest, upon prior indemnification in accordance with the law. In case of war or internal unrest, it is not essential that the indemnification be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency ends.
For reasons of public necessity, the Asamblea Legislativa may, by vote of two-thirds of its entire membership, impose limitations of social interest on property.’ The criterion held by the Chamber is that the limitations imposed on property find their natural frontier in the degree of impact on that right, so when the restriction becomes a true expropriation, the Administration becomes obligated to indemnify, because the essential content of the right is emptied. That is, the limitations imposed on property that allow the owner to exploit the good ‘normally’ are legitimate, except, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State, thereby respecting the natural use of the good, as its value as a means of production or economic value in the market is maintained (In this sense, among others, see judgments number 1991-0796, of three ten p.m. on April twenty-six, nineteen ninety-one; number 1995-5893, of nine forty-eight a.m. on October twenty-seven, nineteen ninety-five; and number 1996-2345, of nine twenty-four a.m. on May seventeenth, nineteen ninety-six). In judgment number 2003-03656 of two fifty-three p.m. on May seven, two thousand three, the following was said on this particular: “Thus was it noted by the Corte Plena in relation to the limitations to be imposed on property when they exceed the indicated limit, in an extraordinary session on June sixteenth, nineteen eighty-three: ‘[...] that is, «limitations» as Article 45 calls them, but not dispossession of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of goods is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior indemnification ordered by the Carta Política.' In the same sense, this Court ruled in the cited judgments number 5097-93 and 2345-96; under the following considerations: ‘IV.) For the Chamber, the reasonable limits that the State may impose on private property, according to its nature, are constitutionally possible as long as they do not empty its content. When that occurs, it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself’ (judgment number 5097-93, cited above); ‘That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for themself the possibility of normally exploiting the good, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social well-being requires sacrifices from one or a few only, they must be indemnified, just as happens when the sacrifice imposed on the owner is of such intensity that it causes them to lose the good entirely. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis when the impact on the essential attributes of property –which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality– does not make the nature of the good disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, de facto, the impossibility of usufructing the good.’ (judgment number 2345-96, cited above).
—The underlining is from the original—
Section 37 of the Ley Orgánica del Ambiente provides, as relevant:
“Article 37. Powers of the Executive Branch. Private properties affected pursuant to the provisions of this article, because they are located in national parks (parques nacionales), biological reserves (reservas biológicas), wildlife refuges (refugios de vida silvestre), forest reserves (reservas forestales), and protected zones (zonas protectoras), shall become part of state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they are voluntarily submitted to the Régimen Forestal.” Along the same lines, Article 2 of the Ley Forestal establishes, as relevant:
“ARTICLE 2.- Expropriation The Executive Branch is empowered, through the Ministerio del Ambiente y Energía, to establish protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) on privately owned lands, whatever their management category, by virtue of the natural resources existing in the area sought to be protected, which shall be mandatorily submitted to the forest regime (régimen forestal). These lands may be voluntarily integrated into the protected wilderness areas or purchased directly when there is agreement between the parties. Otherwise, they shall be expropriated in accordance with the procedure established in the Ley de Expropiaciones, No. 7495, of May 3, 1995, and its amendments. When, upon prior scientific and technical justification of the public interest, it is determined by law that the land is essential to conserve biological diversity or water resources (recursos hídricos), a limitation on property (limitación a la propiedad) shall be constituted that prevents cutting trees and changing land use (cambio de uso del suelo). This restriction must be registered as an affectation (afectación) in the Public Registry. The State shall give priority to the expropriation of the lands.” (highlighting does not correspond to the original).
In light of the foregoing, it is clear that the right of property, like most rights, is not unrestricted and consequently is subject to both boundaries (límites) and limitations (limitaciones). By boundaries is understood how far the owner’s power extends, that is, the ordinary regime of restrictions to which such power is subject, whether of an urban planning nature, neighborly relations, etc. Limitations on the right of property, by contrast, reduce the power the owner normally holds over the asset, which may originate from necessity, utility, or social interest (interés social), or from the parties’ own will. In accordance with Article 45 of the Constitución Política, no one may be deprived of their property except for legally proven public interest (interés público), upon prior compensation in accordance with the law, except in cases of war or internal commotion, where prior compensation is not required. Additionally, for reasons of public necessity, the Asamblea Legislativa, by a vote of two-thirds of its total membership, may impose limitations of social interest on property. Such limitations must be based on the existence of a legally proven public interest or limitations of social interest decreed by law approved by a qualified vote, and in cases where the owner is absolutely deprived of their right, they must receive the corresponding prior compensation. Likewise, in the specific case of properties located within protected zones such as national parks and biological reserves, among others, as long as payment of said compensation has not been made, the real estate cannot pass into the hands of the State, and consequently, there is no valid reason for the State to deprive the owners of the enjoyment of their right.
II.- As to the specific case of the petitioners, although the constitutional validity of the various laws that applied at the time (Ley Forestal, etc.) could be debated, the point is unimportant and need not be examined because what has occurred with the enactment of the aforementioned decrees is a de facto expropriation insofar as they do not limit themselves to imposing limitations but also prevent the economic use of the property. In this sense, limitations that impose burdens on the owner of such a degree that they prevent the natural usufruct of the thing lose their character as such and become expropriations, which is why the damage caused must be compensated. Indeed, pursuant to Article 45 of the Constitución Política, the only authorized limitations on private property are those imposed for reasons of social interest, which this Chamber understands in the same way as the Corte Plena did when it acted as the Constitutional Court, when it stated:
“In the 1949 Constitution, the so-called ‘social function’ of property was not declared, but the same concept of social interest of property was maintained, and as much by the time when that rule was incorporated into national constitutional law, together with the social guarantees, as by the motives that drove the reform and by the meaning that had been given to that expression in legal literature for years prior, there is no doubt that this concept identifies with the problems of social classes, markedly those of lesser resources, and with the measures that must be adopted to improve the economic conditions of those classes and achieve that human coexistence is oriented towards the attainment of a common good and social justice ...” Extraordinary session of the Corte Plena of March 25, 1983.- As can be seen, the concept of social interest is used in the Constitution with a meaning different from that of public interest, and it must be understood as such because the norm was introduced as Article 29 of the 1871 Constitution, together with the reform that added the chapter on social guarantees to the Constitution in 1943, which is today Article 45 of the Constitution.- III.- As was seen, the Corte Plena had already defined the difference between the limitations on property authorized by the Constitution and those that constitute a veiled expropriation. See this other judgment:
“The limitations—or boundaries—that may be imposed on property... are those of ‘social interest’ authorized by the second paragraph of Article 45 of the Constitution and which are aimed at protecting interests of that kind, for the benefit of entire society or some of its communities: that is, ‘limitations’ as Article 45 calls them, but not dispossession of property nor deprivation of a primary attribute of ownership (dominio), because preventing the enjoyment of assets is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior compensation ordered by the Carta Política” Extraordinary session of the Corte Plena of June 16, 1983.- IV.- Developing this concept of “deprivation of a primary attribute of ownership” that prevents the enjoyment of assets, we can say that the limitation is a method for defining the content or exercise of the right of property, which qualifies and affects the right itself. Consequently, the affectation is valid and does not generate a state obligation to compensate as long as it affects everyone generally. However, when the limitation only affects a particular person, an expropriation occurs. See how there may be provisions limiting the right of property of a general type in relation to certain categories of assets, such as forest property—a topic that occupies us in this recurso de amparo—the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), etc., or it may involve categories of owners, such as foreigners who cannot buy certain types of lands in certain areas of the country. But the truth is that the element that would define the situation is the degree of sacrifice the owner must suffer. If this is atypical or of special gravity and places the owner in a situation of inequality or superiority compared to the rest of the owners, the limitation goes from being constitutionally valid to being an expropriation necessarily subject to compensation.- V.- The Chamber admits that the principle of social solidarity, with which our Constitution is imbued, permits the burden borne by all in favor of all, or even by a few in favor of many, but as has been described, with the requirement that the natural use of the real estate not be affected to the limit of its value as a means of production, or its market value. That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for themselves the possibility of exploiting the asset normally, obviously excluding the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social well-being demands sacrifices from one or only a few, compensation must be made. Note that the limitation on property will withstand constitutional analysis depending on the affectation of the essential attributes of property, which are those that permit the natural use of the thing, within the current socioeconomic reality. Hence, the Constitution admits a flexible system of coexistence of private and public property. Thus viewed, the damage may be general, rendering a large part of the farm useless or affecting the best part of the asset. It could also be a limitation that makes the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, de facto, the impossibility of enjoying the asset. In conclusion, in these cases of special severity, the limitation produces three identifiable effects: a) It produces special damage, as it affects a specific number of farms; b) It is abnormal, as the affectation is so serious in relation to the full enjoyment of the right and operates unequally against other owners outside the affected zone, and c) the damage is economically assessable. Consequently, if the limitation is of such a degree that it detracts the asset from its economic value and removes it from the market for real estate, the State must compensate the harm caused.- VI.- It is clear that the petitioners have suffered harm as described in the preceding points, for they cannot plant, they cannot build, they cannot cut trees, in short, they cannot give any use to their property. That is, they have been reduced to mere owners of the bare title (nuda propiedad), whereby the asset has been stripped of all market value and thereby a de facto expropriation has occurred that the State must compensate.” In this same vein, resolution Nº 2019005093, of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, issued at eleven hours and fifty minutes on March twenty, two thousand nineteen, states:
III.- ON THE RIGHT TO PRIVATE PROPERTY AND ITS LIMITATIONS: Article 45 of the Constitución Política enshrines the right of property, and does so as follows:
"Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In case of war or internal commotion, it is not essential that compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has ended.
For reasons of public necessity, the Asamblea Legislativa may, by a vote of two-thirds of its total membership, impose limitations of social interest on property." The criterion maintained by the Chamber is that the limitations imposed on property find their natural border in the degree of affectation of that right, so that when the restriction becomes a true expropriation, an obligation to compensate is constituted for the Administration, because the essential content of the right is emptied. That is, limitations imposed on property are legitimate when they allow the owner to exploit the asset "normally," except, of course, for the part or function affected by the limitation imposed by the State, thereby respecting the natural use of the asset, by maintaining its value as a means of production or economic value in the market (In this sense, among others, see judgments number 1991-0796, of fifteen hours ten minutes on April twenty-six, nineteen ninety-one; number 1995-5893, of nine hours forty-eight minutes on October twenty-seven, nineteen ninety-five; and number 1996-2345, of nine hours twenty-four minutes on May seventeen, nineteen ninety-six). In judgment number 2003-03656 of fourteen hours fifty-three minutes on May seven, two thousand three, the following was said on this particular:
“Thus the Corte Plena stated in relation to the limitations to be imposed on property when they cross the indicated boundary, in an extraordinary session of June sixteen, nineteen eighty-three:
‘ [...] that is, ‘limitations’ as Article 45 calls them, but not dispossession of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of assets is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior compensation ordered by the Carta Política.’ In the same sense, this Tribunal pronounced itself in the aforementioned judgments number 5097-93 and 2345-96; under the following considerations:
‘IV.) For the Chamber, the reasonable boundaries that the State may impose on private property, in accordance with its nature, are constitutionally possible as long as they do not empty its content. When that occurs, it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself’ (judgment number 5097-93, cited above); ‘That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for themselves the possibility of exploiting the asset normally, obviously excluding the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social well-being demands sacrifices from one or only a few, compensation must be made, the same as when the sacrifice imposed on the owner is of such entity that it makes the owner lose the asset in its entirety. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis, when the affectation of the essential attributes of property—which are those that permit the natural use of the thing within the current socio-economic reality—does not make the nature of the asset disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, de facto, the impossibility of enjoying the asset.’ (judgment number 2345-96, cited above). —The underlining is from the original—
Section 37 of the Ley Orgánica del Ambiente provides, as relevant:
“Article 37. Powers of the Executive Branch. Private properties affected pursuant to the provisions of this article, because they are located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protected zones, shall become part of state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they are voluntarily submitted to the Régimen Forestal.” Along the same lines, Article 2 of the Ley Forestal establishes, as relevant:
“ARTICLE 2.- Expropriation The Executive Branch is empowered, through the Ministerio del Ambiente y Energía, to establish protected wilderness areas on privately owned lands, whatever their management category, by virtue of the natural resources existing in the area sought to be protected, which shall be mandatorily submitted to the forest regime. These lands may be voluntarily integrated into the protected wilderness areas or purchased directly when there is agreement between the parties. Otherwise, they shall be expropriated in accordance with the procedure established in the Ley de Expropiaciones, No. 7495, of May 3, 1995, and its amendments. When, upon prior scientific and technical justification of the public interest, it is determined by law that the land is essential to conserve biological diversity or water resources, a limitation on property shall be constituted that prevents cutting trees and changing land use. This restriction must be registered as an affectation in the Public Registry. The State shall give priority to the expropriation of the lands.” (highlighting does not correspond to the original).
In light of the foregoing, it is clear that the right of property, like most rights, is not unrestricted and consequently is subject to both boundaries and limitations. By boundaries is understood how far the owner’s power extends, that is, the ordinary regime of restrictions to which such power is subject, whether of an urban planning nature, neighborly relations, etc. Limitations on the right of property, by contrast, reduce the power the owner normally holds over the asset, which may originate from necessity, utility, or social interest, or from the parties’ own will. In accordance with Article 45 of the Constitución Política, no one may be deprived of their property except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law, except in cases of war or internal commotion, where prior compensation is not required. Additionally, for reasons of public necessity, the Asamblea Legislativa, by a vote of two-thirds of its total membership, may impose limitations of social interest on property. Such limitations must be based on the existence of a legally proven public interest or limitations of social interest decreed by law approved by a qualified vote, and in cases where the owner is absolutely deprived of their right, they must receive the corresponding prior compensation. Likewise, in the specific case of properties located within protected zones such as national parks and biological reserves, among others, as long as payment of said compensation has not been made, the real estate cannot pass into the hands of the State, and consequently, there is no valid reason for the State to deprive the owners of the enjoyment of their right.
For the specific case, the Tribunal has arrived at the conclusion that it lacks sufficient evidentiary elements to be able to determine that farms 6-13804-000 and 6-122851-000 have been emptied of their attributes as private property by the Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland (Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla), that the limitations imposed prevent the economic use of said properties, and that no type of activity whatsoever can be carried out on them. The only evidence that exists on this subject refers to the denial by Resolution MP-PUC-RES-1173-03-2017, of March 7, 2017, specifically regarding the property described in the cadastral plan: Placa32002 of EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A. As for the farm belonging to LOS PELONES S.A., there is no evidence that any type of permit or project was requested or managed before any Administrative instance and was denied to them. It is also not possible to affirm that the properties have lost their commercial value due to the limitations imposed, when it was demonstrated in this matter that a few days after the supplementary hearing concluded, one of the plaintiffs transferred farm 6-13804-000 in trust (fideicomiso), with which the argument that said properties have lost their commercial value has been disproven. By reason of the foregoing, it is the criterion of this Panel of Judges that there is insufficient evidence in the case file to allow us to arrive at the conclusion that the limitations imposed on the plaintiffs’ farms imply that they were emptied of their attributes, for which reason the subsidiary claim must be dismissed.
Regarding the subsidiary claim identified as: "2) That the State be ordered to pay both costs." The Tribunal will address this claim in a separate considerando.
X.- ON THE DEFENSES (EXCEPCIONES): The representative of the State and of SINAC raise the defenses of lack of active standing, which was already resolved in Considerando VI, and Lapse (Caducidad), which was addressed in Considerando VII of this judgment. For its part, the State raises the defense of Inadmissible Claim. The State bases this defense on the fact that, in its view, the Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland could not be challenged individually but rather in this case "that the administrative claim is not admissible against technical reports that determine whether or not a zone is a wetland, as is the case under study. In the case at hand, the plaintiff companies should have challenged the administrative acts of the Municipalidad de Puntarenas that denied them land use." This Tribunal differs from the criterion indicated by the State representative. It is evident that the Report challenged here is an administrative act with its own effects, capable of generating a legal impact on the interests of the plaintiffs as owners—at least until before the conclusion of the supplementary hearing—of farms 6-13804-000 and 6-122851-000, and therefore it can be discussed in this full jurisdictional venue, and not, as the State representative would have it believed, a preparatory act. These are the reasons for which the raised defense must be dismissed. In the same sense, the defense of Lack of passive standing of the State is raised: As for this defense, it must be dismissed insofar as the State is considered a defendant in this proceeding in accordance with a legal provision, and we are not faced with the scenario argued by said party. Finally, both co-defendants raise the defenses of Lack of right and lack of current interest. Regarding lack of current interest, said defense must be dismissed, the foregoing as it is evident that the plaintiffs have a current interest in the object of this proceeding and that the Technical Report on the Laguna Bonilla Wetland produces legal effects up to this moment, so the filing of this claim is pertinent to the interest of the plaintiff parties in resolving a conflict that in their view generates an impact on their legal sphere. This is the reason for which said defense is dismissed. Regarding Lack of right, for the reasons given in the preceding considerandos, said defense must be upheld and consequently it is proper to dismiss the present claim in its entirety.
XI.- ON THE COSTS: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The exemption from this condemnation is only viable when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient cause to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulation and break the postulate of condemning the losing party, which is why both costs are charged to Nombre154593 . and Nombre154594 .
THEREFORE (POR TANTO) The defenses of inadmissible claim and lack of passive standing raised by the State are dismissed, as are those of lapse, lack of active standing, and lack of current interest raised by both the State and SINAC. The defense of lack of right alleged by both defendant parties is upheld, and consequently, the claim filed by Nombre154593 . and Nombre154594 . against the STATE (EL ESTADO) and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) is dismissed in its entirety. Both costs of this action are charged to Nombre154593 . and LOS PELONES S.A.. Notify.- Nombre21327 , Nombre457 , Fabián Núñez Castrillo, Judges.- Nombre21327 , DECIDING JUDGE FABIAN NUÑEZ CASTRILLO, DECIDING JUDGE Nombre457 , DECIDING JUDGE Goicoechea, Dirección01 , 50 meters west of the BNCR, in front of Dirección02 . Telephones: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Electronic mail: ...01 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:29:25.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo Subtemas: Indemnización por daño ambiental derivado de construcción de obras y relleno de material en zona humedal. Temas (descriptores): Daño ambiental Subtemas: Indemnización derivada de construcción de obras y relleno de material en zona humedal. Consideraciones sobre la importancia de los humedales. Temas (descriptores): Humedales Subtemas: Importancia ambiental, cultural y económica. Indemnización por daño derivado de construcción de obras y relleno de material. Sentencias en igual sentido CONOCIMIENTO ACTOR/A:
EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº01-2022-IX TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las siete horas cuarenta minutos del once de enero de dos mil veintidós.- Proceso de conocimiento interpuesto por EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., cédula jurídica CED122948 representada por Nombre62771 , mayor, vecino de San José,cédula de identidad CED122982, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y LOS PELONES S.A., cédula jurídica CED122983 representada por Nombre154591 , mayor, casado, vecino de Puntarenas, pensionado, cédula de identidad CED48365, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma ambas representadas por el Lic.Roberto Soto Vega, mayor, casado, abogado, carné de colegiado 8043; contra EL ESTADO representado por la procuradora Licenciada Georgina Ines Chaves Olarte, mayor, casada, abogada, vecina de Moravia, cédula de identidad número CED2975, Procuradora Adjunta, según acuerdo N° 38 del Ministerio de Justicia, del 4 de abril de 2005, publicado en La Gaceta N° 88 del 9 de mayo de 2005 y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por su apoderada especial judicial Mauren SolÍs Retana, mayor, casada, abogada, vecina de Tibás, cédula de identidad CED240, carné profesional número 16239. FIDUCIDIARIA MCF S.A., cédula jurídica número CED122984, representada por Nombre62771 , apoderado especial judicial.
CONSIDERANDO:
I.-ASPECTOS DE TRAMITE RELEVANTES:
1. En fecha 28 de septiembre del 2017 se presentó la demanda en donde las partes actoras presentan como pretensión lo siguiente:
"1) Que el informe realizado por funcionarios del MINAET, denominado: "INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA", sin numero de oficio y sin numero de resolución, elaborado por los funcionarios BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, ACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, son actos absolutamente administrativos, absolutamente nulos por ser indebidamente fundamentados y contrarios a las reglas de la ciencia y la técnica.
Subsidiarias Primera: Solicito que en el caso de no acogerse las pretensiones principales se declare en sentencia: 1) Que por ser los humedales declarados de interés público en cuanto a su conservación y al haber sido declaradas las propiedades de mis representadas como humedal, por producirse un vaciamiento de los atributos esenciales de la propiedad. Se ordene al Estado que en el plazo prudencial de un año debe de iniciar las acciones pertinentes para la expropiación de las fincas de mis representados.
En fecha 23 de octubre del año 2017, se ajustó la demanda según lo solicitado por el Tribunal imágenes 351 a 354 del expediente judicial. Dicho ajuste fue ratificado en audiencia preliminar de fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho. (Ver imágenes 484 a 489 del expediente judicial)- 2.- En resoluciones de las catorce horas y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y de las quince horas y veinticinco minutos del veinte de febrero de dos mil dieciocho se confirió traslado de la demanda primero al ESTADO y posteriormente al SINAC. (Ver imágenes 356 a 357 y 410 a 411 del expediente judicial).
3.- En fecha 06 de febrero del 2018 el Estado contestó en forma negativa la demanda e interpuso las excepciones de fondo de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y activa y falta de interés actual, también se estableció la defensa previa de caducidad evidente y manifiesta. (Ver imágenes 366 a 408 del expediente judicial).
4.- En fecha 24 de abril del 2018, se contestó la demanda por parte del SINAC, en forma negativa y se presentaron las excepciones de fondo de falta de derecho y falta de interés. También se estableció la defensa previa de caducidad. (Ver imágenes 416 a 423 y 428 a 434 del expediente judicial).
5.- En fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho se realizó la audiencia preliminar donde se abarcaron todas las etapas previstas en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver imágenes 484 a 489 del expediente judicial) 6.- En resolución de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se convocó a las partes para las 08:30 HORAS 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (Ver imágenes 526 a 528 del expediente judicial), fecha en la cual se recabo la prueba y se escucharon los alegatos de conclusiones de ambas partes (Ver respaldo digital agregado al expediente judicial), en resolución de las veintiuno horas veintiocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se solicitó por parte del Tribunal prueba para mejor resolver (Ver imágenes 484 a 489 del expediente judicial), en memorial de fecha 17 de noviembre del dos mil veintiuno ingreso al expediente la prueba ofrecida (Ver imágenes 484 a 489 del expediente judicial) y en resolución de las a las ocho horas treinta y seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. se puso en conocimiento de las partes y se les confirió plazo para ajustar sus conclusiones.
7.- En memoriales de fechas 25 y 26 de noviembre del año dos mil veintiuno las partes realizaron el ajuste a sus conclusiones.(Ver al respecto el expediente judicial).
8.- A raíz de la excepción de falta de legitimación activa de la empresa Empresarios Unidos de Puntarenas S.A., al no ser la propietaria registral de la finca matrícula de folio real Placa31997, por lo que en resolución de las las trece horas cuarenta y uno minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, se confirió audiencia a dicha parte para que se refiriera al respecto. Audiencia que no fue atendida (Ver al respecto el expediente judicial).
9.- En memorial de fecha 25 de diciembre del año dos mil veintiuno, FIDUCIDIARIA MCF S.A. se apersona al proceso como tercero interesado. (Ver al respecto el expediente judicial).
10.- Se dicta la presente sentencia dentro del plazo de Ley, sin que se aprecien vicios de nulidad, con el voto afirmativo de los juzgadores Nombre457 , Fabián Núñez Castrillo y quien redacta Nombre21327 ; II.-OBJETO DEL PROCESO Y ARGUMENTO DE LAS PARTES:
A.-Objeto del proceso: Este asunto versa sobre la solicitud de las partes para que se anulen el informe técnico que determina que sus propiedades se encuentran dentro de los límites del Humedal Laguna Bonilla.
B.- Argumento de las partes:
En relación con el proceso todas las partes han argumentado en lo fundamental, sin perjuicio de la literalidad de sus escritos y lo manifestado durante la audiencia complementaria, lo siguiente:
B.1.- Argumento de la parte actora: La parte actora señala que el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, es un acto absolutamente nulo por ser indebidamente fundamentado y contrario a las reglas de la ciencia y la técnica, que en las fincas de las actoras no existe un ecosistema de humedal natural palustrino y por ende se les debe indemnizar por todo el tiempo en que no han podido utilizar sus propiedades. Hace referencia a las conclusiones alcanzadas en el Informe en mención e indica que "Este informe provocó que la Municipalidad de Puntarenas mediante resolución de ubicación MP-PUC-RES-173-03-2017, indicando que según el oficio SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 con fecha del 22 de noviembre del 2016 del Área de Conservación Pacifico Central Dirección Regional (MINAE) emitido por el Director Regional Nombre177. Gerardo Chavarría Amador, en relación con el asunto: ACOPAC-DASP-PMC-159-2015. Informe Laguna Bonilla y además indica que según los análisis el plano de la propiedad se encuentra dentro de Laguna Bonilla Sector #2 y que por lo tanto le rechazaron su proyecto para parqueo para buses. Por su parte mediante Oficio MP-DUC-488-2016, del día 16 de agosto del año 2016, la Municipalidad de Puntarenas también deniega el uso de suelo solicitado para la finca propiedad de su representad y acá actora, denegándose por encontrarse dentro del humedal denominado Laguna Bonilla". Que el informe que el SINAC, remitió a la Municipalidad para que se incorpore dentro de su Plan Regulador afecta y sea por el Humedal o por el área de protección de este el 100% de las propiedades de las actoras. Manifiesta además que "es un acto administrativo con efectos propios, que influyó directamente en el hecho de que ninguno de los actores pueda llevar a cabo ningún tipo de actividad humana a partir del mismo, con un vaciamiento a los atributos de uso, goce y dominio que, constituyendo un daño especial, demostrado por cuanto ambos actores realizaron los trámites para realizar proyectos, cuantificable, real, efectivo". Indica además que el informe realizado por el SINAC, y los documentos en los que se fundamenta fue refutado técnicamente por el Dr. Nombre154592 , y que sus argumentos no fueron atendidos, aunado a esto que ninguno de los funcionarios del SINAC, era geólogo y por ende carecen de carácter técnico, que el Nombre154592 , manifestó que para determinar si se está en presencia de un humedal se requiere un informe de un profesional en esa materia y el SINAC, no tiene ese tipo de profesional. En igual sentido manifiesta que los funcionarios del SINAC, no realizaron los estudios pertinentes para determinar la procedencia de las aguas que inundan las fincas de los actores, ya que las mismas provienen de la infraestructura vial existente en la zona y el mal sistema de alcantarillado, así lo manifestó también el Dr. Nombre154592 , además indica que también para realizar el estudio hídrico los profesionales del SINAC, carecían de actitudes técnico científica para llevarlo a cabo. Señala sobre la prueba para mejor resolver que la misma acredita la existencia de un vaciamiento a los atributos esenciales de la propiedad de los actores. Señala que nos encontramos ante una expropiación de hecho según interpretación que debe hacerse de los artículos 42 de la Ley Orgánica del Ambiente y 58 inciso a) de la Ley Forestal. Que la falta de legislación y el interés público prevaleciente de conservar el humedal imposibilita usufructuar las fincas.
B.2.- Argumentos del Estado: Señala el Estado que la parte actora debió impugnar los actos administrativos finales, en este caso los emitidos por la Municipalidad de Puntarenas, no el informe técnico del SINAC, por lo que indica que " En efecto, la impugnación del informe técnico sobre el humedal Laguna Bonilla sólo procede si se realiza de forma conjunta con la del acto final o definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, en el que se dispone que “Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio", por lo que solicita se declare la inadmisibilidad de la demanda. Señala además la representante estatal que dentro de la demanda las partes actoras confiesan la existencia de un humedal artificial dentro de su propiedad, lo que ratificó el señor Nombre154592 en su declaración rendida en juicio al indicar que "en el caso de las fincas de las actoras, el problema de la inundación de los terrenos -que son planos- se generó desde los años 80 con la construcción de la carretera –entre otros- que, según indica, se encuentra en una posición más alta que los terrenos, razón por la cual las aguas de lluvias y otras se han estancado en las fincas, generando la problemática actual de inundación de los terrenos". Manifiesta en cuanto a la validez del Informe del Humedal Laguna Bonilla, "que el mismo se ajusta plenamente a la normativa vigente en la materia al momento de emitirse, específicamente al Decreto Ejecutivo 35803-MINAET denominado “Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales”. Informe que fue desarrollado y elaborado por un equipo interdisciplinario del SINAC, en atención a los criterios que debían muestrearse y analizarse para la determinación de la existencia o no de un humedal en la zona. Equipo que, por demás, se encuentra plenamente capacitado profesionalmente al efecto, por contar, entre otros, con biólogos y profesionales en conservación de recursos ambientales capacitados, a su vez, de forma específica, en el estudio, clasificación y conservación de los humedales. Siendo que, por demás, según se derivó de las declaraciones de los funcionarios del SINAC, evacuadas en la audiencia oral y pública, los procedimientos y la metodología utilizada para la determinación de la existencia del humedal en la zona, se adecua no sólo a la ciencia y a la técnica, sino a la normativa vigente al momento de emitirse, específicamente al Decreto Ejecutivo 35803-MINAET denominado “Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales”. Indicando que "la parte actora no cuestionó y, menos, probó la existencia de deficiencias en el Informe que impugna, por falta de aplicación o por defectuosa aplicación del Decreto Ejecutivo 35803-MINAET. Solicita que en caso de que la demanda sea acogida se condene al SINAC". Interpone las excepciones de Demanda defectuosa, falta de legitimación activa y pasiva, caducidad, falta de derecho y falta de interés actual.
B.3.- Argumentos del SINAC: Señala la representación del SINAC que "el Informe Técnico sobre el humedal Laguna Bonilla siguió una metodología fundamentada en muestreo, análisis de datos y cotejo del decreto ejecutivo Nº 35803-MINAET Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales, además de que fue llevado a cabo por profesionales idóneos de conformidad con lo que establece el artículo 8 del citado decreto, siendo estos profesionales en recursos naturales, Clasificación y Conservación de Humedales, así como los criterio que este decreto establece para que un área sea considerada un humedal". En igual sentido señalo que "Es claro también que las fincas relacionadas con este litigio se encuentran dentro de los límites de un humedal, lo cual fue debidamente analizado y determinado de conformidad con la ciencia y la técnica, por los profesionales y la institución competente, en correspondencia con el decreto ejecutivo Nº 35803-MINAET Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales". Que la prueba testimonial y pericial aportada por las partes confirma la veracidad del Informe Técnico sobre el humedal Laguna Bonilla, así como del informe SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021. Señala además la representación del SINAC, "que los humedales pueden o no estar creados por decreto o ley, e independientemente de su propietario, su protección y conservación es competencia del SINAC, cuya conservación se hará efectiva al amparo de la normativa enumerada que, como se ha visto, tiene importantes elementos técnicos de fondo, por lo que la protección de los humedales, independientemente de su clasificación, corresponde a la particularidad de la identificación que se haga de estos, sujeto a planes de ordenamiento o de manejo". También indica que "el informe técnico se hizo con base en la metodología regulada mediante reglamento, además de que lo hicieron los profesionales cuya competencia corresponde con la elaboración de este". Aunado a lo anterior indica sobre la naturaleza jurídica del Informe Técnico Laguna Bonilla que este es un acto preparatorio, cuya impugnación solo es posible cuando se hace de forma conjunta al acto final o definitivo, de conformidad con el artículo 163 inciso 2 de la LGAP; y que en el escrito de la demanda se expone claramente en los hechos 16 y 17 que el acto final que afecta a la parte actora es la denegatoria de la Municipalidad de Puntarenas, por lo que es el acto verdaderamente susceptible de ser impugnado, no el informe técnico sobre el humedal Laguna Bonilla. Por último, señala que la finca matrícula de folio real Placa31997, descrita en el plano catastrado Placa31998, actualmente se encuentra a nombre de FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED122984 en calidad de fiduciario, por lo que la parte actora Empresarios Unidos de Puntarenas S.A., no se encuentra legitimada para la continuación de este litigio. Interpone las excepciones de falta de legitimación activa, caducidad, falta de derecho y falta de interés actual.
III.- HECHOS PROBADOS: Se tiene por demostrado de interés para la resolución de este asunto:
1.- Que desde el año 1984 se presentan condiciones de saturación de suelos dentro de los terrenos de las actoras (Ver informes Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla imágenes 71 a 114 del expediente judicial y Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica imágenes 197 a 228 del expediente judicial y las declaraciones del Dr. Nombre154592 rendidas en la audiencia complementaria).
2.-Que en las fincas 6-13804-000 y 6-122851-000, existe un ecosistema de humedal según lo establecido en el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla (Ver imágenes de la 5 a la 23 del expediente judicial), Oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013 (Imágenes 169 a 173 del expediente judicial). Oficio SINAC-ACOPAC-TOPO-021-2016, de fecha 02 de mayo 2016 (Imágenes 54 a 69 del expediente judicial), en el oficio SINAC-ACOPAC-D-101-2016, de fecha 22 de noviembre del 2016. (Imagen 4 del expediente judicial). Así como los informes Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla imágenes 71 a 114 del expediente judicial y Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica imágenes 197 a 228 del expediente judicial y las declaraciones del Dr. Nombre154592 rendidas en la audiencia complementaria.
3.- Que el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla se realizó por los profesionales Biol.Yeimy Gamboa Pérez, Biol.Yamilet Cubero Campos, Biol.Ana Yancy Jiménez Cordero, Lic. Carlos Cerrano Bulakar, Bach. Stanley Estrada Peraza y Lic. José Eddie Aguilar Coto, sin fecha pero que se titula "Informe técnico Humedal Laguna Bonilla", y tiene como antecedente la conformación de un equipo técnico y científico de funcionarios de la Comisión Nacional de Humedales y del Área de Conservación Pacifico Central, misma que estableció un polígono mediante el cual se identificó el Humedal Laguna Bonilla, por lo cual se utilizó como insumo principal el Oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013. (Ver imágenes 05 a 23 y 169 a 173 del expediente judicial) 4.- Que la finca 6-13804-000 se encuentra a nombre de FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED122984 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO descrita en el plano catastrado P-0011675-1972, fue propiedad de EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., hasta el 06 de octubre del 2021, momento en cual fue traspasada a FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA. (Ver al respecto información registral pública aportada por la representación estatal y agregada al expediente así como oficio de fecha 12 de noviembre 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021).
5.- Que la finca 6-13804-000 se sobrepone 7506,11 metros cuadrados al Humedal Laguna Bonilla que equivale a un 98,94% del área registral de la misma. (Ver oficio de fecha 12 de noviembre 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 agregada al expediente judicial).
6.- Que la finca 6-122851-000 a nombre LOS PELONES S.A., cédula jurídica CED122983 descrita en el plano catastrado Placa31999, se sobrepone totalmente al humedal Laguna Bonilla. (Ver oficio de fecha 12 de noviembre 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 agregada al expediente judicial ) 7.- Que los inmuebles Placa32000 y Placa32001, se encuentran afectadas en su totalidad ya sea por el Humedal Laguna Bonilla o su zona de protección recomendada en el oficio SINAC- ACOPAC-IRT-025-2016. (Ver oficio de fecha 12 de noviembre 2021, SINAC-ACOPAC-TOPO-080-2021 agregado al expediente judicial).
8.-Que tanto EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., y Nombre154591 interpusieron proceso de amparo de legalidad que se tramitó bajo el número de expediente 15-009169-1027-CA, contra la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Ambiente y Energía, en la figura del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente el Área de Conservación del Pacifico Central (ACOPAC), proceso que se interpuso "ante la falta de respuesta efectiva sobre las gestiones planteadas por los accionantes, desde los días 14 y 15 de marzo del 2013, en relación con la emisión del permiso de uso de suelo solicitado para las propiedades supra citadas, y cuya emisión no ha sido posible, por un presunto traslape de competencias entre estas instituciones, que generan a la fecha una mora sensible de 31 meses, en contra de los intereses de los suscritos" (Ver folios 06 al 27 del legajo de expediente administrativo aportado por el Estado).
9.- Que mediante oficio SINAC-ACOPAC-IRT-028-2016 del 03 de mayo del 2016, emitido para el proceso de amparo de legalidad número 15-009169-1027-CA, se indica que mediante oficio SINAC-ACOPAC-IRT-025-2016, de fecha 28 de abril del 2016, se le dio respuesta a la gestión efectuada por el actor y se adjuntaron Informe Técnico Sobre Humedal Laguna Bonilla, entregado por oficio ACOPAC-DASP-PMC-159-2015 e Informe SINAC-ACOPAC-TOPO-021-2016, que fundamenta la misma. Lo anterior le fue notificado a EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., y Nombre154591 en fecha 03 de mayo del 2016 (Ver folios 203 a 236 del legajo de expediente administrativo aportado por el Estado) 10.- Que EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., gestionó una única solicitud de resolución Municipal de Ubicación, la cual le fue denegada mediante resolución MP-PUC-RES-1173-03-2017, del 07 de marzo del 2017,dentro de la cual se indica:
"Es un terreno ubicado en el Plano catastrado en el Dirección19046 ° el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamento y Plano de Zonificación), debidamente aportado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada ya que según el oficio SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 con fecha el 22 de noviembre del 2016 del Área de Conservación Pacifico Central, Dirección Regional (MINAE), emitido por el Director Regional M.S.c. Gerardo Chavarría Amador, en relación al asunto: ACOPADASP-PMC-159-2015. Informe Técnico Laguna Bonilla y además se cuenta con el plano Levantamiento de Campo y Montaje de Planos Catastrados Dirección19047 , confeccionado por Ingeniero Topografo Ernesto Murillo Navarro IT-9811; ya que esta propiedad con el plano catastrado P-11675-72, indica que se encuentra dentro de la Laguna Bonilla sector #2. [...] Por las razones antes expuestas; este Departamento le informa que se le RECHAZA la Resolución Municipal de Ubicación para Parqueo para buses. Este documento tiene vigencia de un año" (Ver expediente judicial imágenes 2 a 3).
IV.-HECHOS NO PROBADOS: Se tiene por no demostrado para la resolución de este asunto los siguientes hechos:
1.- Que el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla contenga vicios de nulidad en cuanto a la motivación del mismo o que este fuera contrario a las reglas unívocas de la ciencia o la técnica. No hay prueba al respecto.
2.- Que en las fincas 6-13804-000 y 6-122851-000, sean inutilizables para sus propietarios y que los mismos no pueden desarrollar en estas algún tipo de actividad comercial. No hay prueba al respecto.
3.- Que las actoras denunciarán o realizarán alguna gestión para contrarrestar la afectación por el supuesto mal manejo de las aguas provenientes de los proyectos de infraestructura vial desarrollados de forma aledaña a sus propiedades 6-13804-000 y 6-122851-000. No hay prueba al respecto en el expediente.
V.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD FIDUCIDIARIA MCF S.A., EN ESTE ASUNTO: Como se puede observar en memorial de fecha 25 de diciembre del año dos mil veintiuno la sociedad FIDUCIDIARIA MCF S.A, se apersona al proceso y solicita se le tenga como tercer interesada gestión que de conformidad con el artículo 15 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo se acepta, debiendo dicha parte tomar el proceso en el estado que se encuentra. Ahora bien en el memorial de cita se realiza mención a la palabra "sustitución", a lo que debe el Tribunal indicar que en este asunto ninguna de las partes litigantes ha planteado formalmente una solicitud en ese sentido, incluso debe llamarse la atención en que la parte actora EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., ni siquiera atendió la audiencia que se le confirió sobre la falta de legitimación activa alegada por las partes demandadas, en razón de lo anterior se tiene por apersonada al proceso como tercer interesada a FIDUCIDIARIA MCF S.A, quien debe tomar este asunto en la etapa procesal en la que se encuentra.
VI.-SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ALEGADA POR EL ESTADO Y EL SINAC: Ambas partes demandadas basan su excepción de falta de legitimación activa de Nombre154593 ., en el traspaso que esta sociedad realizara de la finca Dirección19048 a nombre de FIDUCIDIARIA MCF S.A., analizado el tema es criterio de esta Cámara que Nombre154593 ., se encontraba legitimada como propietaria para actuar dentro de este proceso hasta el momento en el que se finalizó la audiencia de juicio (ver hecho probado número 4 de está sentencia) y que siendo el traspaso de la finca en mención la causa aparente que generó la pérdida de dicha legitimación (según la teoría de las partes demandadas), está corresponde a una situación sobrevenida una vez finalizó la fase correspondiente al juicio, por lo que hasta ese momento dicha sociedad se encontraba legitimada para presentar este proceso, razón por la que debe rechazarse la falta de legitimación activa alegada en su contra, ahora bien como se va a manejar en adelante este tema es algo que deberán resolver las actoras y no puede volverse un obstáculo para el dictado de esta sentencia, menos aún cuando en este asunto se ha respetado el debido proceso a todas las partes e incluso según lo solicitara la sociedad FIDUCIDIARIA MCF S.A., y de conformidad con lo señalado en el considerando V de esta sentencia se incorporará a este asunto como tercera interesada, evidenciando que no existe en ninguna medida indefensión alguna, en razón de lo anterior se procede a declarar sin lugar la excepción de falta de legitimación activa alegada tanto por el Estado como por el SINAC.
VII.-SOBRE LA CADUCIDAD ALEGADA POR LA REPRESENTACIÓN ESTATAL Y EL SINAC: La representante estatal señala que el presente proceso se encuentra caduco en razón de que las empresas actoras conocen del Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla desde 03 de mayo del 2016, según notificación realizada y aportada al proceso de amparo de legalidad tramitado bajo el número de expediente 15-009169-1027-CA folios 203 al 236 de la copia certificada de dicho expediente (Ver hecho probado número 9 de está sentencia). En igual sentido argumenta la representante del SINAC. Solicitando la aplicación del artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora bien sobre el tema de la caducidad adicional a lo indicado el citado artículo 39, el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece:
"1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura.
Dada la naturaleza de las pretensiones de este proceso, es criterio de esta Cámara que la norma aplicable resulta ser el artículo 40, antes citado, en razón de lo anterior y siendo que el acto administrativo objeto del presente proceso aún se encuentra surtiendo efectos jurídicos no habría operado el plazo fatal de caducidad alegado por lo que debe ser rechazada la excepción de caducidad alegada tanto por el Estado como por el SINAC.
VIII.-SOBRE LA NULIDAD DEL INFORME TÉCNICO HUMEDAL LAGUNA BONILLA: El informe que se realizó por los profesionales Biol.Yeimy Gamboa Pérez, Biol.Yamilet Cubero Campos, Biol.Ana Yancy Jiménez Cordero, Lic. Carlos Cerrano Bulakar, Bach. Stanley Estrada Peraza y Lic. José Eddie Aguilar Coto, sin fecha pero que se titula "Informe técnico Humedal Laguna Bonilla", tiene como antecedente la conformación de un equipo técnico y científico de funcionarios de la Oficina o Comisión Nacional de Humedales y del Área de Conservación Pacifico Central, misma que estableció un polígono mediante el cual se identificó el Humedal Laguna Bonilla, lo cual se utilizó como insumo principal, ahora bien de la declaraciones rendidas por los funcionarios Yamileth Cubero Campos, Ana Yanci Jiménez Cordero y Stanley David Estrada Peraza, se logró determinar primero que en todos los casos los funcionarios fueron capacitados por la Administración, para llevar a cabo los procesos necesarios para determinar la presencia de las características de un humedal, aunado a que del análisis de campo se logró evidenciar que las fincas 6-13804-000 y 6-122851-000, tienen las características establecidas en el Decreto N°35803-MINAET, que de conformidad con los artículos 6, se indica: "Artículo 6º-Características Ecológicas de los Humedales. Las características ecológicas esenciales que debe poseer un área para ser considerada como humedal son: (a) Vegetación hidrófila, compuesta por tipos vegetacionales asociados a medios acuáticos y semiacuáticos, incluyendo vegetación freatofila que se desarrolla en láminas de agua permanentes o niveles freáticos superficiales. (b) Suelos hídricos, definidos como aquellos suelos que se desarrollan en condiciones con alto grado de humedad hasta llegar al grado de saturación y (c) Condición hídrica, caracterizada por la influencia climática sobre un determinado territorio, en donde se involucran otras variables tales como procesos geomorfológicos, topografía, material constituyente del suelo y ocasionalmente otros procesos o eventos extremos". La parte actora dentro de la prueba documental que aportó al proceso y la declaración del Dr. Nombre154592 , sostuvo que los funcionarios del SINAC, que llevaron a cabo el Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla, carecían del conocimiento técnico y la formación académica necesaria para realizarlo, en cuanto a esta argumentación es criterio de esta Cámara que no lleva razón la parte actora, en primer termino debe señalarse que los funcionarios que participaron en dicho informe y según la prueba testimonial que se recabó en la audiencia complementario y el agrado académico de dichos funcionarios no solo habían sido capacitados por la Administración, además de ser personas con conocimientos técnicos y grados académicos debidamente acreditados para ocupar sus cargos como funcionarios de las diversas Áreas de Conservación y Departamentos que participaron en el mismo, por lo que todos los participantes del Informe eran funcionarios especialmente capacitados para llevar a cabo este tipo de estudio, con base en los parámetros establecidos en el Decreto N°35803-MINAET, mismo que en sus artículos 4 y 8 establecen lo siguiente:
Artículo 4º-Ubicación, identificación y clasificación de ecosistemas de humedales. Para la identificación y clasificación de los ecosistemas de los humedales se seguirán los criterios técnicos establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de este decreto. Como herramientas de apoyo se utilizarán para la delimitación, y ubicación de los ecosistemas de humedales, inventarios de humedales entre otras.
Artículo 8º-Para lo que respecta a la identificación y clasificación de los humedales dentro de la zona marítima terrestre, se debe seguir el siguiente procedimiento: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación asignará un profesional en recursos naturales (biología, forestal, manejo de áreas protegidas) con el fin de proceder a identificar y delimitar los ecosistemas de humedales en la zona marítimo terrestre.
Se reitera que los conocimientos técnicos de los funcionarios del SINAC, para llevar a cabo el Informe impugnado en este proceso no han sido desacreditados, ni la competencia de estos. Todo lo contrario ha quedado demostrado el conocimiento y la capacitación que los mismos tenían para llevar a cabo este informe y realizar los procedimientos científicos y técnicos que les permitieron concluir de la forma en que lo hicieron. Ahora bien de la propia prueba que la parte actora trajo al proceso se logra extraer que efectivamente en las fincas objeto de este análisis existe un humedal, aceptando el mismo experto ofrecido tanto en los informes que fueron aportados como prueba así como en su declaración, que la discusión radica en si dicho humedal se conformó de manera natural o a raíz de un inadecuado manejo de aguas que se ocasionó según su informe Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica, mismo que indica: "Como se puede observar en la figura 3.e y 3.f para el período 1980 a 1984, se realizaron obras viales importantes en el sector noroeste del área de estudio. Dichas obras correspondientes con la carretera costanera y el entronque y ampliación de la carretera a Puntarenas. Como producto de estas obras viales también se desarrollaron obras de desviación de aguas pluviales de la carretera. En la Figura 3.f se inicia con un circulo celeste un sector donde, como parte de las obras viales, se construyó un desagüe de aguas pluviales hacia el sur de la carretera. A criterio del autor de este documento y tal y como se interpretó en el documento Anexo 1, ese drenaje pluvial de la carretera y del sector norte del mismo que por topografía se desvió hacia el sur, aunado al hecho de que existía un camino de orientación suroeste-noroeste paralelo al área de estudio de las fincas 1 y 2, provocó que la zona de estudio recibiera una mayor cantidad de aguas pluviales, con lo cual, la condición del suelo se modificó por causas antrópicas y el suelo empezó a tener condiciones de saturación. Esta circunstancia incrementó la cobertura vegetal en el área de estudio, particularmente en el sector oeste al lado del camino (ver figura 3.g), La situación anterior, se intensificó hacia el año 1997 en que se registra en el sector suroeste del área de estudio (ver flecha roja en figura 3.g), se construyeron obras que funcionaron como una barrera hidráulica antrópica al ya saturado drenaje que presentaba el área de estudio y de su mal drenaje, con lo cual, el suelo mantuvo las condiciones NO NATURALES de saturación y de apariencia de humedal". (Ver informes Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla imágenes 71 a 114 del expediente judicial y Dictamen Técnico "Sobre la delimitación cartográfica del humedal Laguna Bonilla según oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, el Roble de Puntarenas, Costa Rica imágenes 197 a 228 del expediente judicial). Lo cual también fue ratificado por el Dr. Nombre154592 en su declaración ante este Tribunal razón por la cual la existencia del humedal dentro de los límites de dichas propiedades se encuentra comprobado, al respecto en el informe denominado Observaciones al documento: Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, elaborado por el Dr. Nombre154592 "A criterio del autor de este documento y tal y como se interpretó en el documento Anexo 1, ese drenaje pluvial de la carretera y del sector norte del mismo que por topografía se desvió hacia el sur, aunado al hecho de que existía un camino de orientación suroeste-noroeste paralelo al área de estudio de las fincas 1 y 2, provocó que la zona de estudio recibiera una mayor cantidad de aguas pluviales, con lo cual, la condición del suelo se modificó por causas antrópicas y el suelo empezó a tener condiciones de saturación. Esta circunstancia incrementó la cobertura vegetal en el área de estudio, particularmente en el sector oeste al lado del camino [...]. Las condiciones de estas obras para el año 2008 (ver figura 3h), intensificó la situación de saturación de agua en el área en estudio y de su mal drenaje, con lo cual el suelo mantuvo las condiciones no naturales de saturación y de apariencia de humedal. Se debe tomar en cuenta que fue durante este período al menos después del 2004, en que el SINAC realizó la delimitación del polígono del humedal, razón por la cual efectuó la delimitación ya indicada (ver figura 2). Es altamente probable que para el momento en que el SINAC realizó el estudio (aproximadamente en el año 2004 o posterior), el área de estudio (aproximadamente en el año 2004 o posterior), el área de estudio aquí analizada, particularmente hacia el oeste de la calle, tenía varios años de que su condición natural de suelo se había modificado por condiciones antrópicas asociadas a descarga pluvial y malas condiciones de drenaje de las aguas. Bajo estas condiciones, es que se delimitó la ampliación del humedal palustrino de Laguna Bonilla". Como se extrae de la cita realizada del documento en mención queda claro que las características de humedal dentro de las fincas objeto del proceso se dan y obedecen a la realidad, esto queda demostrado particularmente con el extracto del estudio realizado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología por parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en una de las propiedades, y que se cita en el documento de referencia, sobre este informe debe entenderse el mismo bajo las limitaciones propias de las competencias de dicho órgano, competencias que no alcanzan a la posibilidad de determinar si un terreno tiene o no las características propias de un humedal, como pretende hacer creer la parte actora, ahora bien de importancia para este asunto conviene recalcar lo indicado en dicho informe sobre las características del suelo, tema especialmente discutido por la parte actora al considerar que los funcionarios del SINAC, que emitieron el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, carecían de los conocimientos necesarios para determinar el tipo de suelo, ahora bien de la cita realizada del documento emitido por el INTA, se indica "Se agrega además que el área principal del inmueble (2315.78 m, dado que el resto es un relleno)" corresponde a la unidad de manejo VIIe24d1c2, se encuentra en un relieve plano, de drenaje muy lento, de baja permeabilidad y con problemas de anegamiento muy severa". Se indica que " a la hora de inspección el nivel freático en el sector B fue valorado a diferentes profundidades a los 35, 50, 70 y 95 cm". Recalcándose el hecho de que "el estancamiento de aguas superficiales en el inmueble puede deberse al taponamiento del curso de las mismas aguas abajo". De lo anterior, se concluye en el informe presentado como prueba por la parte actora que "Como puede observarse de lo indicado, el estudio del INTA, corrobora el hecho de que casi la mitad de la finca tiene un relleno de material y que el resto del terreno tiene un suelo de tipo VII, con restricciones por anegamiento, con un nivel freático muy somero, lo que podría hacer que se califique como humedal. Sin embargo, hace una observación muy importante, en el sentido de que detecta problemas de taponamiento del drenaje de agua superficial, que podría provocar la condición de anegamiento. Ante ello, recomienda que se realice una constatación de dicha situación. Aspecto que, como ya se mencionó, no fue realizado como parte del estudio del MINAE-SINAC". Ahora bien en el informe impugnado se indicó: "Según metodología para la Determinación de Capacidad de Uso de Tierras en Costa Rica (Decreto Ejecutivo N°23214-MAG-MIRENEM), en su apartado 6.3.1.1 Categorías de Drenaje, donde explica los diferentes tipos de drenaje en los suelos (siete en total), menciona textualmente en su punto 5: "Lento: El agua se elimina del suelo con lentitud suficiente para mantenerlo saturado durante períodos muy apreciables de tiempo (3 a 6 meses al año). Los suelos de drenaje lento tienen usualmente un nivel freático alto entre 30 y 60 cm de profundidad, y con moteos a menos de 30 cm y es normal que se presenten capas gleizadas en el suelo. Observando los resultados en este estudio en el cuadro 1, se nota que en ocho de los catorce puntos de muestreo (Punto N° 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 14) se encontró suelo tipo Gley, tal y como se muestra en la Figura 3, lo cual caracteriza a la zona estudiada como una zona que, según las descripciones anteriores, presenta un drenaje lento, permitiendo que el agua freática sea observada de manera superficial o cerca de la superficie del suelo, a pocos centímetros de profundidad". Como se puede observar ambos informes coinciden en que la zona de estudio tiene suelos con características de drenaje lento, por lo que tanto de la prueba aportada por las actoras como del estudio objeto de este proceso se logra concluir con gran claridad las condiciones propias de los suelos y que no existe un error en la clasificación otorgada a los mismos por parte de los funcionarios el SINAC, ahora bien el Dr. Nombre154592 , señala que es un grave error de los funcionarios del SINAC, no haber determinado cual es la procedencia del nivel freátrico presente en las propiedades objeto del proceso, al sostenerse en el estudio de dicho profesional, que el nivel freático es consecuencia de un manejo inadecuado de las aguas provenientes especialmente de obras de infraestructura vial construidas en la zona, sobre este aspecto es de especial relevancia para el Tribunal dejar sentado que las actoras no plantearon como objeto de este proceso dicho punto, si revisamos las pretensiones de este proceso especialmente las numeradas como:
"1) Que el informe realizado por funcionarios del MINAET, denominado: "INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA", sin numero de oficio y sin numero de resolución, elaborado por los funcionarios BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, ACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, son actos absolutamente administrativos, absolutamente nulos por ser indebidamente fundamentados y contrarios a las reglas de la ciencia y la técnica.
Dentro de este proceso resulta irrelevante determinar la procedencia de las aguas que conforman el nivel freático dentro de las propiedades de las actoras, lo que aquí interesa es si en las misma existe o no un humedal, si el documento identificado como "Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla" se encuentra debidamente fundamentado y si se dictó en concordancia a las reglas de la ciencia y la técnica. Lo anterior a raíz de que en este proceso no se discute cual fue la razón de las condiciones predominantes en los terrenos de las actoras, sino las condiciones del mismo, y tampoco se discute dicho sea de paso la conformación del polígono que dio paso al Informe objeto del proceso, ya que sobre el oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013 no se planteó pretensión alguna. En igual sentido, era irrelevante para los funcionarios del SINAC, determinar si las aguas que conformaban el nivel freático de las propiedades era de origen natural o artificial, porque los humedales según la legislación vigente en nuestro país, admite ambos tipos, indistintamente, lo que veremos con detalle más adelante. Es de especial relevancia tener en cuenta que en el informe emitido por el Dr. Nombre154592 se admite que las condiciones del terreno que lo caracterizan como humedal se vienen dando desde 1984 y las actoras así lo señalan en sus conclusiones, sin que lograran demostrar que desde que se realizaron las obras de infraestructura vial que generaron la modificación en sus terrenos se presentaran reclamos o algún proceso para corregir dicha situación, todo lo contrario esta situación ha sido tolerada por las propietarias de esos terrenos y ha permitido la consolidación con el paso del tiempo de un ecosistema de humedal (Ver hecho no probado número 3 de está demanda), situación que no era extraña por las condiciones climáticas de nuestro país, según lo señaló el Dr. Nombre154592 , afirmando que incluso se podía dar en unos cuantos meses, con mucho más razón en el transcurso de treinta y ocho años, aunado a lo anterior tanto la Convención de Ramsar, suscrita el 2 de febrero de 1971, donde se define el humedal como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Así como la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 40: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. En igual sentido, el Decreto N°35803-MINAET, en su artículo 6 al referirse a las características de los humedales señala con claridad: "Las características ecológicas esenciales que debe poseer un área para ser considerada como humedal son: (a) Vegetación hidrófila, compuesta por tipos vegetacionales asociados a medios acuáticos y semiacuáticos, incluyendo vegetación freatofila que se desarrolla en láminas de agua permanentes o niveles freáticos superficiales. (b) Suelos hídricos, definidos como aquellos suelos que se desarrollan en condiciones con alto grado de humedad hasta llegar al grado de saturación y (c) Condición hídrica, caracterizada por la influencia climática sobre un determinado territorio, en donde se involucran otras variables tales como procesos geomorfológicos, topografía, material constituyente del suelo y ocasionalmente otros procesos o eventos extremos". (El resaltado no corresponde al original). Es decir que la posibilidad de que en una propiedad se desarrolle un ecosistema de humedal cuyas aguas no provengan de una fuente natural no solo son posibles, sino que se encuentran contempladas en las normas de cita, por lo que no se limitó a que la condición de saturación de los suelos se deba a condiciones naturales como lo ha pretendido hacer ver la parte actora con la prueba aportada, en igual sentido la clasificación de humedal palustrino dada en el artículo 7 inciso e) del Decreto en mención, es congruente con lo establecido en el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, dicha norma establece:
"e. Sistema palustrino: se incluyen todos los humedales de tipo no mareal, con las siguientes características: 1) pueden contener cobertura vegetal o no, la vegetación puede estar representada por dominancia de árboles, arbustos, vegetación arbustiva, vegetación emergente, musgos y/o líquenes. 2) Los niveles de profundidad en las depresiones no exceden dos metros. 3) Los valores de salinidad derivadas de sales oceánicas no exceden de 0.5% (yolillales, bosques anegados de agua dulce, pantanos).
-Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinos.
-Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos.
-Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de menos de 8 ha), --pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por -lo menos durante la mayor parte del período de crecimiento.
-Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), "potholes", praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.
-Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas ("bog"), turberas de gramíneas o carrizo ("fen"), bofedales, turberas bajas.
-Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de agua dulce, bosques inundados estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos." En el Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla, se concluyó en lo que interesa:
1. Es importante tomar en cuenta que durante el período de tiempo que se realizó el estudio, las condiciones climáticas no han sido las típicas de los últimos años, ya que se han presentado prolongados períodos de sequía a consecuencia del Fenómeno del Niño.
2. Con base en los resultados obtenidos por la comisión al realizar los muestreos en la zona, se concluye que el tipo de suelo presente es tipo gleysol, el cual es típico de terrenos con drenaje lento.
3. De acuerdo al inventario de flora realizado en la zona de estudio, se determina que de las 23 especies de flora encontradas, tres son estrictas de zonas inundadas y once son bio-indicadores de zona de humedal.
4. El área de estudio presenta alteraciones antropogénicas fuertes, tales como rellenos y construcciones, sin embargo, en la actualidad cuenta con zonas inundadas de manera permanente y otras estacionales, siendo esto una de las características típicas de un ecosistema de humedal.
5. Según en Decreto N°35803-MINAET, la sección estudiada cumple con las tres características ecológicas esenciales que debe poseer un área para ser considerada como humedal.
6. Según el artículo 7 Decreto N°35803-MINAET, la zona muestreada se considera un humedal de tipo palustrino y no un ecosistema tipo laguna, tal y como lo dice su nombre.
De las conclusiones del informe y el desarrollo del mismo ha quedado claro que efectivamente se constato técnicamente la existencia en la zona de un humedal y se clasificó por sus características como un humedal palustrino, esto se reforzó con la propia prueba documental de la parte actora y con la declaración en juicio del Dr. Nombre154592 , quien acepta la existencia de un humedal en las propiedades de las actoras, nótese que incluso la presencia de los arbustos y árboles descritos en el inventario pie a pie realizado por el Ing. Leonardo Mora Duran, Regente Forestal y que fue aportado por la parte actora no logra desvirtuar el Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla, ya que el mismo lo que buscaba era identificar en la zona entre otras cosas la presencia de especies bio-indicadoras de humedal, lo cual según se indicó en el informe y fue descrito en la conclusión "3. De acuerdo al inventario de flora realizado en la zona de estudio, se determina que de las 23 especies de flora encontradas, tres son estrictas de zonas inundadas y once son bio-indicadores de zona de humedal". Aunado a lo anterior dicho documento no indica que en las propiedades no se ubiquen las plantas a las que realiza mención el Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla, sino que se enfoca en un recuento de los árboles y arbustos que se encuentran dentro de la propiedad, que como se dijo anteriormente no es contrario a lo señalado por los profesionales del SINAC, incluso el artículo en el artículo 7 inciso e) del Decreto N°35803-MINAET, establece: "e. Sistema palustrino: se incluyen todos los humedales de tipo no mareal, con las siguientes características: 1) pueden contener cobertura vegetal o no, la vegetación puede estar representada por dominancia de árboles, arbustos, vegetación arbustiva, vegetación emergente, musgos y/o líquenes". Por lo que la presencia de árboles y arbustos en las propiedades de los actores no es de extrañar y tampoco es contrario a las características del humedal palustrino". No siendo la presencia de dichos árboles y arbustos un factor que determine la no existencia del humedal.
IX.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: Con el objetivo de conocer el objeto del proceso se procede hacer referencia a cada una de las pretensiones planteadas por las actoras:
Sobre la pretensión identificada como "1) Que el informe realizado por funcionarios del MINAET, denominado: "INFORME TÉCNICO SOBRE EL HUMEDAL LAGUNA BONILLA", sin numero de oficio y sin numero de resolución, elaborado por los funcionarios BIOLOGO YEIMY GAMBOA PÉREZ, YAMILETH CUBERO CAMPOS, ANA YANCY JIMÉNEZ CORDERO, LICENCIADO CARLOS SERRANO BULAKAR, BACHILLER STANLEY ESTRADA PERAZA, LICENCIADO EDDI AGUILAR COTO, son actos absolutamente administrativos, absolutamente nulos por ser indebidamente fundamentados y contrarios a las reglas de la ciencia y la técnica". Tal y como fue señalado en el considerando identificado como VIII, el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, se encuentra debidamente fundamentado en el análisis técnico realizado por un equipo de funcionarios del SINAC, los cuales contaban con los conocimientos y la capacitación debida para poder llevarlo a cabo y arribar a las conclusiones de dicho informe, consecuentemente, no se advierte un incumplimiento de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), por lo que no puede declararse la nulidad solicitada. Ahora bien conviene en este punto señalar que tal y como ha quedado demostrado de la prueba aportada a este proceso tanto documental como testimonial, en las fincas Dirección19048 y Dirección19049 ambas del partido de Puntarenas, existe un humedal que fue clasificado según sus características como palutrino (ver hechos probados 1, 2 y 3 de está sentencia), por lo que lo solicitado por las actoras en cuanto a declarar la nulidad del Informe de cita, no solo es improcedente al no existir una razón técnica jurídica comprobada, sino que además sería contrario a un principio rector en materia ambiental que ha sido reconocido y promovido ampliamente por la Sala Constitucional de nuestro país, habiendo quedado acreditado en este proceso con plena certeza que en la propiedad de las actoras si existe el humedal señalado por los funcionarios del SINAC. En relación a este tema la Sala Constitucional ha indicado:
"la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, dispone: “ARTÍCULO 7.- Definiciones. … Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte. / Para los efectos de esta ley, se entenderán como comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquímicos y genéricos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro. … ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. …” En este sentido, la Sala Constitucional, en el voto 1250-99 de las 11 horas 24 minutos del 19 de febrero de 1999, señaló: “... La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.(Lo subrayado no es del original. También, pueden consultarse, entre otros, los fallos de ese órgano jurisdiccional 9773-00 de las 9 horas 44 minutos del 3 de noviembre de 2000 y 1711-01 de las 16 horas 32 minutos del 27 de febrero de 2001). En el voto 3480-03 de las 14 horas 2 minutos del 2 de mayo de 2003, precisó aún más dicho concepto: “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. De igual manera, en el fallo 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos del 3 de julio de 2003, indicó: “...4.- Principio precautorio : ... El término prevención deriva del latín ‘praeventio’, que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.”(En igual sentido, puede consultarse el voto 2008-17618 de las 11 horas 51 minutos del 5 de diciembre de 2008 de dicha Sala).
Incluso la Sala Constitucional ha ido más haya en materia de humedales al conocer la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el número de expediente 08-008787-0007-CO, resolución número Nº14288-2009 de las quince horas y diecinueve minutos del nueve de setiembre del dos mil nueve, promovida por Nombre71288 , mayor, divorciada en primeras nupcias, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número CED122985 en su condición de Vice-Presidenta con facultades suficientes para este acto de la Asociación Justicia para la Naturaleza contra el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre al referirse primero a los humedales señalando:
"IV.- Sobre los humedales y su importancia ambiental, cultural y económica. Esta Sala se ha referido a la relevancia de estos ecosistemas y su protección, en las sentencias 2001-12817 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001 y 2007-6246 de las 19:30 horas del 8 de mayo del 2007, entre otras, señalando que los humedales son considerados de los ecosistemas más productivos del mundo. En la Convención de Ramsar, suscrita el 2 de febrero de 1971, el humedal es definido como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 40, los ha definido como: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. La importancia de los humedales no lo es sólo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado. Según la doctrina y estudios científicos, el término humedales comprende una gran variedad de ecosistemas, con características muy distintas, se pueden clasificar en siete unidades paisajísticas: estuarios, costas abiertas, llanuras de inundación, pantanos de agua dulce, lagos, turberas y bosques de inundación; o en humedales de agua salada, de agua dulce o humedales artificiales. Cada uno está formado por una serie de componentes físicos, químicos y biológicos, tales como suelos, agua, especies de animales, vegetales y nutrimentos. Los procesos entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permiten que el humedal desempeñe funciones, como el control de inundaciones y la protección contra tormentas, y que se generen productos, como la vida silvestre, pesquería y recursos forestales, purifican el agua y estabilizan la línea de la costa. No todas las características están presentes en cada humedal, pocos desempeñan todas las funciones de la misma manera. Además, presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad. Mediante el almacenamiento de las precipitaciones y la liberación uniforme de la escorrentía, los humedales pueden disminuir la embestida destructiva de las crecidas y los ríos, por lo que la conservación de los depósitos naturales puede evitar la construcción de presas y embalses. Su vegetación puede estabilizar la línea costera mediante la reducción de la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión, al mismo tiempo que con las raíces de las plantas, sostiene los sedimentos del fondo en su lugar, lo que puede prevenir tanto la erosión de valiosas tierras agrícolas o habitadas, como el daño a la propiedad. Los humedales que remueven nutrientes, mejoran la calidad del agua y ayudan a prevenir la eutrofización, lo que puede evitar la necesidad de construir sistemas de tratamiento del agua. Por otro lado, muchos sostienen la vida de densas poblaciones de peces, ganado o vida silvestre, que se alimentan de sus aguas ricas en nutrientes o de su sustrato, o bien comen en sus exuberantes pastizales. Los ciclos hidrológicos, de nutrientes y de materia, y los flujos de energía de los humedales, pueden estabilizar las condiciones climáticas locales, en particular, las precipitaciones y las temperaturas, lo que influye tanto en las actividades agrícolas como en aquellas basadas en los recursos naturales, como en la estabilidad de los ecosistemas naturales y en el mismo humedal. Coadyuvan además en la recreación, pesquerías, recurso agrícola y el turismo, así como en el aprovechamiento directo de los recursos forestales que generan en un importante número de bienes, que van desde leña, madera para la construcción y corteza, entre los productos maderables, hasta resinas y medicinas, que son productos forestales “secundarios” no maderables. Son incluso importantes como reserva genética de ciertas especies vegetales –como el arroz-. Es por ello que varios instrumentos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, suscrita por nuestro país según Ley No. 7224 el 9 de abril de 1991 y publicada en el Diario oficial la Gaceta el 8 de mayo del mismo año, se ocupan de su protección. La Convención es un tratado intergubernamental que ofrece un marco de referencia para la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales. La Convención proclama el deber de los Estados de proteger –en aras no solamente de sus propios intereses, sino de intereses internacionales- estos ecosistemas, por lo que los países tienen la obligación de desarrollar políticas nacionales que tiendan a la conservación de estos ambientes en sus políticas del uso de la tierra y cada país miembro de acuerdo a la Convención, debe incluir por lo menos un sitio en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Por su parte, nuestra legislación nacional desarrolla tal compromiso en algunas leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, ley Nº 7554 de 28 de setiembre de 1995, la cual en el artículo 32, incluyó a los Humedales en las distintas categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, que están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) -con la colaboración de las municipalidades- y los declara de interés público, así como a su conservación.
En igual sentido la Sala en cuanto a las obligaciones del Estado Costarricense en relación a los humedales, su conservación y la relación de estos con los terrenos de propiedad privada se indico en este mismo voto lo siguiente:
"V.- Sobre la “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de aves acuáticas, o Convención de Ramsar ”. Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exigibilidad judicial directa-. La Sala analizará detenidamente las disposiciones de la Convención de Ramsar, por tratarse de un instrumento internacional cuyo fin específico es proteger los humedales, aunque tal y como enuncia la Procuraduría General de la República, la normativa internacional que ha sido integrada a nuestro ordenamiento, que protege estos ecosistemas es profusa. En cuanto a las obligaciones adquiridas por los países signatarios, que son de diversa índole, se encuentra como se mencionó en el considerando precedente, la designación de al menos un humedal de importancia internacional para ser incluido en la Lista de sitios Ramsar, cuya selección deberá basarse en su interés internacional desde el punto de vista ecológico, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico, por lo que es un compromiso referido a la protección de sitios específicos (artículo 2). Además se adquieren obligaciones no relacionadas con sitios específicos, como elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan el uso racional de los humedales de su territorio (artículo 3) y además se obligan a fomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la “Lista” (artículo 4). Por último, los países firmantes se obligan a coordinar sus políticas y regulaciones relativas a la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna (artículo 5). Así, las partes instauran un sistema de protección de las zonas húmedas, en primer lugar a través de una lista de humedales de importancia internacional (sitios Ramsar), y en segundo lugar, procurando el uso racional de todos los humedales en su territorio. La Convención no define “uso racional”, sin embargo, establece una Conferencia de las Partes con competencia para formular recomendaciones generales o específicas, relativas a la conservación, gestión y uso racional de los humedales y de su flora y fauna, y adoptar otras recomendaciones o resoluciones para fomentar la aplicación de la Convención (artículo 6). La 3ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes definió el uso racional de los humedales como “su uso sostenible para beneficio de la humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema ”; el uso sostenible como "el uso de un humedal por los seres humanos de modo tal que produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras" y las propiedades naturales del ecosistema como "aquellos componentes físicos, químicos y biológicos, tales como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los nutrientes, y las interacciones entre ellos" (Recomendación 3.3). Asimismo, en los “Lineamientos para la Aplicación del Concepto de Uso Racional de la Convención”, adoptados por la Recomendación 4.10. se indica que “Las disposiciones sobre el uso racional se aplican a todos los humedales y a los sistemas que los sustentan dentro del territorio de una Parte Contratante, tanto los incluidos en la Lista, como todos los demás.” Según la Secretaría de la Convención de Ramsar, la Política Nacional de Humedales debe contemplar como objetivo: “Evitar nuevas pérdidas de los humedales que aún existan y alentar la rehabilitación de los humedales del país manteniendo su integridad, conservando su diversidad genética y velando por que su disfrute y aprovechamiento económico sean sostenibles.” Y debería “abarcar todos los tipos de humedales”. Es claro entonces que según la Convención de Ramsar todo ecosistema que reúna las características de humedal, debe ser utilizado de forma racional y sostenible en los términos que la Convención y la Conferencia de las Partes han definido. El legislador costarricense así lo ha entendido, pues los artículos 40 de la Ley Orgánica del Ambiente, 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y 2 inciso 18) de la Ley de Pesca y Acuacultura han establecido definiciones de humedal coincidentes con la Convención de Ramsar. Además, todo espacio o ecosistema que reúna tales condiciones está sujeto al régimen establecido en los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ambiente. En ese sentido lo ha resuelto este Tribunal en las sentencias N.5255-98 de las 18:06 horas del 21 de julio de 1998, N.8492l-2004 de las 8:41 horas del 6 de agosto del 2004, y N.12817-01 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001, que indicó, en lo que interesa “Ahora bien, si en el caso en concreto el MINAE certifica que la propiedad del amparado no se encuentra dentro de un Área Silvestre Protegida, según las áreas administradas por éste, ello no implica en forma alguna que el humedal encontrado no deba ser protegido. Debemos recordar que el Convenio Internacional suscrito por nuestro país que establece la obligación del Estado Parte de fomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, ya sea que estén o no en la “Lista” y de atender de manera adecuada su manejo y cuidado tiene plena vigencia para el presente caso." Tal y como resaltan todos los intervinientes en el presente proceso, el término humedal está contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente en dos dimensiones: la de espacio o ecosistema y como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas. En el primer caso, el término “humedal” es el nombre con que se conoce a un determinado ecosistema cuya particularidad principal es la presencia de un suelo con características especiales que permiten que el agua depositada en un territorio se almacene de forma permanente o intermitente (pero con un período determinado de inundación o espejo de agua) y cuya condición permite la adaptación de variadas especies de flora y fauna que lo hacen especial, definición que coincide con la de la Convención de Ramsar. El aspecto principal para el reconocimiento de un ecosistema de humedal radica en sus características ecológicas: a) tipo de suelo (suelos hídricos o hidromórficos), b) vegetación hidrófila (plantas adaptadas a suelos inundados, anaeróbicos en la mayoría de los casos), c) fauna dependiente de este régimen y ecosistema y, d) condición hídrica (relativo al clima), pero según la presencia y distribución de las especies presentes se clasifica de acuerdo a su patrón distintivo. En su segunda dimensión, el término “humedal” no está asociado al referido concepto técnico, sino a la figura de Área Silvestre Protegida como una categoría de manejo al amparo del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Si el Estado tiene interés en declarar un ecosistema de humedal y su zona de influencia o amortiguamiento como Área Silvestre Protegida, debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente, facultando al Estado a expropiar o pagar los terrenos privados. Sin embargo, ello no implica descartar la existencia y protección de los ecosistemas del humedal, solo porque no están declarados como Área Silvestre Protegida, o por estar en propiedad privada. Es por ello que la norma impugnada, al establecer que los humedales deben ser creados por decreto ejecutivo, resulta contraria a las disposiciones de la Convención de Ramsar, que obligan a la protección de estos valiosos ecosistemas, que brindan sinnúmero de servicios ambientales a la sociedad, ya sea que hayan sido sometidas a una categoría especial de manejo por el ente rector de los recursos naturales, lo que en algunos casos implica su expropiación o bien se trate de propiedad privada. La obligatoriedad de uso razonable y racional de estos ecosistemas atañe tanto al Estado como a los particulares, por lo que disposiciones como la impugnada constituyen un obstáculo incompatible con el cumplimiento de los fines de la Convención por parte del Estado Costarricense. Por otra parte, el numeral 7 de la Constitución Política, según el cual los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán autoridad superior a las leyes, lo que significa, según la reiterada jurisprudencia de este Tribunal que, ante la norma de un tratado o convenio,-denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal (sentencia Nº0588-94 de las 18:00 horas del 26 de enero de 1994). Por ello las palabras "creación y" del párrafo último del artículo 7 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre son inconstitucionales por contravenir el artículo 3 de la Convención de Ramsar y el numeral 7 de la Constitución Política. (El resaltado no corresponde al original).
De la transcripción de cita se evidencia como la Sala Constitucional reconoce la existencia de una afectación social de aquellas propiedades en donde se determine que existe un humedal, sin necesidad de que las mismas se han declaradas áreas silvestres protegidas, obligando a sus propietarios a realizar un manejo acorde de las mismas y a las autoridades Administrativas al resguardo, conservación y protección de estos ecosistemas por su importancia para el ser humano y el medio ambiente en general, lo cual nos permite determinar que tanto las conclusiones como las recomendaciones del Informe Técnico Sobre Humedal Laguna Bonilla, no solo son técnicamente correctas, especialmente cuando se recomienda "A fin de garantizar la permanencia de este ecosistema tan frágil en el tiempo es necesario realizar un monitoreo constante del área de manera que con esto se pueda evitar que este sufra algún tipo de daño o drenaje de sus aguas, impactándolo aún más. Utilizar esta delimitación de humedal y su estudio técnico, como insumo para el Plan Regulador del cantón de Puntarenas y así garantizar la protección y permanencia de este ecosistema". Si no que atienden un mandato legal y constitucional de protección a este tipo de ecosistemas especialmente vulnerables. Dicho lo anterior y no encontrando este Tribunal, ninguno de los vicios apuntados, debe ser rechazada esta pretensión.
Sobre la pretensión identificada como: "2) Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad anterior se declare que las fincas propiedad de mis representadas NO se encuentran ubicadas en los limites de ningún humedal por cuanto en ambas fincas lo que existe es un humedal natural". (Téngase en cuenta que según lo indicado en la audiencia preliminar esta es la redacción final de la pretensión) Según lo señalado líneas atrás y lo manifestado en el considerando VIII se impone el rechazo de la presente pretensión.
Sobre la pretensión identificada como: "3) Que se condene al Estado al pago por Daño Material y perjuicios causados a cada uno de los actores. Daño Material como consecuencias del congelamiento que han sufrido sus tierras ante la imposibilidad de realizar cualquier tipo de construcciones desde el año dos mil ocho restringiendo en su totalidad su uso y disposición en una zona de elevado atractivo y con fuerte dinámica inmobiliaria, por lo que estimo prudencialmente dicho daño en la suma de dos millones de colones para cada uno de los actores. Perjuicios por la depreciación sufrida en los valores de la tierra en la zona, producto de la parálisis ya comentada y de sus efectos sobre el mercado inmueble y especialmente por contribuir a crear un clima de alta inseguridad jurídica en la zona donde están las propiedades de los demandantes, en este proceso por lo que estimo provisionalmente dichos perjuicios en la suma de un millones de colones para cada uno de los actores. Ambas sumas son provisionales y se determinarán parcialmente en la fase de ejecución de sentencia". En cuanto a esta pretensión debe rechazarse la misma con base en lo indicado en la pretensión número 1, en el considerando VIII, pero aunado a lo anterior conviene señalar, que en autos solo se logra acreditar que mediante resolución MP-PUC-RES-1173-03-2017, del 07 de marzo del 2017, la Municipalidad de Puntarenas, dicta la Resolución Municipal de Ubicación dentro de la cual señala:
"Es un terreno ubicado en el Plano catastrado en el Dirección19046 ° el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamneto y Plano de Zonificación), debidamente aportado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada ya que según el oficio SINAC-ACOPAC-D-1011-2016 con fecha el 22 de noviembre del 2016 del Área de Conservación Pacifico Central, Dirección Regional (MINAE), emitido por el Director Regional M.S.c. Gerardo Chavarría Amador, en relación al asunto: ACOPADASP-PMC-159-2015. Informe Técnico Laguna Bonilla y además se cuenta con el plano Levantamiento de Campo y Montaje de Planos Catastrados Sector de Calles Públicas de Cinco Estrellas, confeccionado por Ingeniero Topografo Ernesto Murillo Navarro IT-9811; ya que esta propiedad con el plano catastrado P-11675-72, indica que se encuentra dentro de la Laguna Bonilla sector #2. [...] Por las razones antes expuestas; este Departamento le informa que se le RECHAZA la Resolución Municipal de Ubicación para Parqueo para buses. Este documento tiene vigencia de un año.
Lo anterior, específicamente en relación a la propiedad descrita en el plano catastrado: P-11675-72 de EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., (ver hecho probado número 10 de está sentencia) en cuanto a la finca de LOS PELONES S.A., no existe evidencia de que se solicitará o gestionará algún tipo de permiso o proyecto ante alguna instancia Administrativa, por lo que en cuanto a su obligación probatoria es omisa la parte actora, no se demuestra haber gestionado algún otro tipo de proyecto o permiso acorde a las condiciones especiales de protección de la zona (ver hecho no probado número 2 de está sentencia), ni tampoco que las propiedades hayan perdido su valor comercial, tan es así que incluso en este proceso se ha tenido como un hecho probado (ver hecho probado número 5) el traspaso que realizó EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., de la propiedad Placa32000 a favor de FIDUCIDIARIA MCF S.A., bajo la figura del fideicomiso, lo cual demuestra no solo la disponibilidad de los terrenos que tienen las actoras, sino que además el valor comercial que los mismos siguen manteniendo pese a las limitaciones de las cuales son objeto. Por lo que no logra demostrar la parte actora la existencia de los daños y perjuicios alegados, y menos aún un nexo causal de los mismos con la conducta desplegada por la Administración, imponiéndose por ende el rechazo de lo pretendido.
Sobre la pretensión identificada como: "4) Que se condene al Estado al pago de ambas costas". Esta pretensión se resolverá en un considerando aparte.
Subsidiarias Sobre la pretensión identificada como: "Primera: Solicito que en el caso de no acogerse las pretensiones principales se declare en sentencia: 1) Que por ser los humedales declarados de interés público en cuanto a su conservación y al haber sido declaradas las propiedades de mis representadas como humedal, por producirse un vaciamiento de los atributos esenciales de la propiedad. Se ordene al Estado que en el plazo prudencial de un año debe de iniciar las acciones pertinentes para la expropiación de las fincas de mis representados". El tema que se plantea en está pretensión corresponde a una discusión recurrente y de vieja data, en torno a las denominada limitaciones sociales impuestas a la propiedad privada, bajo el amparo del artículo 45 de la Constitución Política y cuando dichas limitaciones suponen la obligación de indemnizar, para no solapar una expropiación de hecho por parte de la Administración, para entender mejor el tema conviene realizar dos citas que aunque extensas, son necesarias, ya que ilustran con claridad la posición que se ha sostenido en relación a este tema. Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N°1991-00796 de las quince horas con diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno, señaló:
"III.- SOBRE EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS LIMITACIONES: El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." El criterio sostenido por la Sala es que las limitaciones que se impongan a la propiedad encuentran su frontera natural en el grado de afectación a ese derecho, por lo que cuando la restricción se convierte en una verdadera expropiación, se constituye para la Administración la obligación de indemnizar, porque se vacía el contenido esencial del derecho. Es decir, que son legítimas las limitaciones que se impongan a la propiedad que permitan al propietario explotar "normalmente" el bien, salvo, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado, con lo cual se respeta el uso natural del bien, al mantenerse su valor como medio de producción o valor económico en el mercado (En este sentido, entre otras, ver sentencias número 1991-0796, de las quince horas diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; número 1995-5893, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y número 1996-2345, de las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis). En la sentencia número 2003-03656 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del siete de mayo de dos mil tres, se dijo sobre este particular, lo siguiente: “Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: ‘ [...] es decir «limitaciones» como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política.’ En igual sentido se pronunció este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; bajo las siguientes consideraciones: ‘IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo’ (sentencia número 5097-93, supra citada); ‘Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien.’ (sentencia número 2345-96, supra citada). –El subrayado es del original- El numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone en lo conducente:
“Artículo 37. Facultades del Poder Ejecutivo.Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales, sólo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal.” En ese mismo sentido, el artículo 2 de la Ley Forestal establece en lo que interesa:
“ARTICULO 2.- Expropiación Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, No. Placa6298, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público. El Estado dará prioridad a la expropiación de los terrenos.”(resaltado no corresponde al original).
A la luz de lo señalado anteriormente, es claro que el derecho de propiedad, como la mayoría de los derechos, no es irrestricto y en consecuencia está sujeto tanto a límites como a limitaciones. Por límites se entiende hasta donde llega el poder del dueño, o sea, el régimen ordinario de restricciones a que está sometido tal poder, ya sea de índole urbanístico, de vecindad, etc. Las limitaciones al derecho de propiedad, en cambio, reducen el poder que normalmente tiene el dueño sobre el bien, las cuales pueden originarse por necesidad, utilidad o interés social, o bien, por la propia voluntad de las partes. De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política, nadie puede ser privado de su propiedad si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, con excepción de los casos de guerra o conmoción interior, en los que no se requiere que sea previa. Además, por motivos de necesidad pública la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Dichas limitaciones deben obedecer a la existencia de un interés público legalmente comprobado o limitaciones de interés social decretadas mediante ley aprobada por votación calificada, siendo que en los casos en que se prive al titular de su derecho en forma absoluta, debe recibir la respectiva indemnización previa. De igual forma, en el caso específico de las propiedades que se encuentran dentro de zonas protegidas de parques nacionales y reservas biológicas entre otras, mientras no se realice el pago de dicha indemnización, los inmuebles no pueden pasar a manos del Estado, y en consecuencia, no existe un motivo válido para que aquel prive a los propietarios del disfrute de su derecho.
II.- En cuanto al caso concreto de los recurrentes, si bien podría discutirse la validez constitucional de las diversas leyes que rigieron en su momento (Ley Forestal, etc.), el punto no tiene importancia ni es necesario examinarlo porque lo que ha ocurrido con la promulgación de los citados decretos, es una expropiación de hecho en tanto no se limitan a imponer limitaciones sino que además impiden el uso económico de la propiedad. En este sentido, las limitaciones que imponen al propietario gravámenes de tal grado que impiden el usufructo natural de la cosa, pierden el carácter de tales y se convierten en expropiaciones, razón por lo que el daño causado debe ser indemnizado. En efecto, conforme al artículo 45 de la Constitución Política, las únicas limitaciones a la propiedad privada autorizadas, son aquellas impuestas por razones de interés social, que la Sala entiende al igual que la Corte Plena cuando actuaba como Tribunal Constitucional cuando dijo:
“En la Constitución de 1949 no se llegó a declarar la llamada “función social” de la propiedad, pero si se mantuvo el mismo concepto de interés social de la propiedad, y tanto por la época en que esa regla fue incorporda al derecho constitucional patrio, junto con las garantías sociales, como por los motivos que impulsaron la reforma y por el sentido que desde años anteriores se dava a esa expresión de la literatura jurídica, no ha duda de que aquel concepto se identifica con los problemas de las clases sociales, acentuadamente las de menores recursos, y con las medidas que deben adoptarse para mejorar las condiciones económicas de esas clases y lograr que la convivencia humana se oriente hacia la consecución de un bien común y de justicia social ...” Sesión extraordinaria de Corte Plena del 25 de marzo de 1983.- Como se ve, el concepto de interés social es empleado en la Constitución con un sentido diferente al de interés público, y así debe entenderse porque la norma se introdujo como artículo 29 de la Constitución de 1871, junto con la reforma que adicionó en 1943 a la Constitución, el capítulo de garantías sociales, que es hoy el artículo 45 de la Constitución.- III.- Como se vió, ya la Corte Plena había definido la diferencia entra las limitaciones a la propiedad autorizadas por la Constitución y las que constituyen una expropiación velada. Véase esta otra sentencia:
“Las limitaciones -o límites- que es posible imponer a la propiedad... son las de "interés social" que autoriza el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución y que están dirigidas a proteger intereses de ese género, en beneficio de la sociedad entera o de algunas de sus comunidades: es decir, "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política” Sesión extraordinaria de Corte Plena del 16 de junio de 1983.- IV.- Desarrollando este concepto de “privación de un atributo primario del dominio” que impide el goce de los bienes, podemos decir que la limitiación es un método para definir el contenido del o el ejercicio del derecho de propiedad, que califica y afecta el derecho en sí mismo. En consecuencia la afectación es válida y no genera la obligación estatal de indemnizar en tanto afecte a todos de forma general. Sin embargo, cuando la limitación solamente afecta a una persona en particular, se produce una expropiación. Véase como puede existir disposiciones limitativas del derecho de propiedad de tipo general en relación conciertas categorías de bienes, como por ejemplo la propiedad forestal, tema que nos ocupa en este recurso de amparo, la zona marítimo terrestre, etc., o puede tratarse de categorías de propietarios, como lo serían extranjeros que no pueden comprar cierto tipo de tierras en ciertas áreas del país. Pero lo cierto es que el elemento que definiría la situación, sería el grado de sacrificio que debe sufrir el propietario. Si este es atípico o de especial gravedad y lo coloca en situación de desigualdad o de superioridad frente al resto de los propietarios, la limitación pasa de ser constitucionalmente válida a ser una expropiación necesariamente sujeta a indemnización.- V.- La Sala admite que el principio de solidaridad social, del que esta inbuída nuestra Constitución, permite el gravamen soportado por todos en favor de todos, o inclusive de unos pocos en favor de muchos, pero como se ha descrito, con el requisito de que el uso natural del bien inmueble no sea afectado al límite de su valor como medio de producción, o de su valor en el mercado. Es decir pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluída claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado. Nótese que la limitación a la propiedad, resistirá el análisis constitucional, dependiendo de la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa, dentro de la realidad socioeconómica actual. De allí que la Constitución admita un sistema flexible de coexistencia de la propiedad privada y de la pública. Así visto, el daño puede ser general, inutilizando gran parte de la finca o que afecte la mejor parte del bien. También podría tratarse de una limitación que haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien. En conclusión, en estos casos de especial severidad, la limitación produce tres efectos identificables: a) Produce un daño especial, pues afecta a un determindado número de fincas; b) Es anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho y opera desigualmente frente a otros propietarios fuera de la zona afectada, y c) el daño es evaluable económicamente. En consecuencia, si la limitación es de tal grado que detrae el bien de su valor económico y lo detrae del comercio de bienes inmuebles, el Estado debe indemnizar el perjuicio causado.- VI.- Es claro que a los recurrentes se les ha ocacionado un perjuicio como el descrito en los puntos anteriores, pues no pueden sembrar, no pueden construir, no pueden cortar árboles, en fin no pueden dar ningún uso a su propiedad. Es decir han sido reducidos a menores propietarios de la nuda propiedad, con lo que el bien ha sido desprovisto de todo valor de mercado y por ello se ha producido una expropiación de hecho que el Estado debe indemnizar".
En este mismo sentido la resolución Nº 2019005093, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las once horas con cincuenta minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve, al señalar:
III.- SOBRE EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS LIMITACIONES: El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera:
"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." El criterio sostenido por la Sala es que las limitaciones que se impongan a la propiedad encuentran su frontera natural en el grado de afectación a ese derecho, por lo que cuando la restricción se convierte en una verdadera expropiación, se constituye para la Administración la obligación de indemnizar, porque se vacía el contenido esencial del derecho. Es decir, que son legítimas las limitaciones que se impongan a la propiedad que permitan al propietario explotar "normalmente" el bien, salvo, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado, con lo cual se respeta el uso natural del bien, al mantenerse su valor como medio de producción o valor económico en el mercado (En este sentido, entre otras, ver sentencias número 1991-0796, de las quince horas diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; número 1995-5893, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y número 1996-2345, de las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis). En la sentencia número 2003-03656 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del siete de mayo de dos mil tres, se dijo sobre este particular, lo siguiente:
“Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres:
‘ [...] es decir «limitaciones» como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política.’ En igual sentido se pronunció este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; bajo las siguientes consideraciones:
‘IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo’ (sentencia número 5097-93, supra citada); ‘Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien.’ (sentencia número 2345-96, supra citada). –El subrayado es del original- El numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone en lo conducente:
“Artículo 37. Facultades del Poder Ejecutivo.Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales, sólo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal.” En ese mismo sentido, el artículo 2 de la Ley Forestal establece en lo que interesa:
“ARTICULO 2.- Expropiación Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreassilvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, envirtud de los recursos naturales existentes en el área que se deseaproteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimenforestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público. El Estado dará prioridad a la expropiación de los terrenos.”(resaltado no corresponde al original).
A la luz de lo señalado anteriormente, es claro que el derecho de propiedad, como la mayoría de los derechos, no es irrestricto y en consecuencia está sujeto tanto a límites como a limitaciones. Por límites se entiende hasta donde llega el poder del dueño, o sea, el régimen ordinario de restricciones a que está sometido tal poder, ya sea de índole urbanístico, de vecindad, etc. Las limitaciones al derecho de propiedad, en cambio, reducen el poder que normalmente tiene el dueño sobre el bien, las cuales pueden originarse por necesidad, utilidad o interés social, o bien, por la propia voluntad de las partes. De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política, nadie puede ser privado de su propiedad si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, con excepción de los casos de guerra o conmoción interior, en los que no se requiere que sea previa. Además, por motivos de necesidad pública la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Dichas limitaciones deben obedecer a la existencia de un interés público legalmente comprobado o limitaciones de interés social decretadas mediante ley aprobada por votación calificada, siendo que en los casos en que se prive al titular de su derecho en forma absoluta, debe recibir la respectiva indemnización previa. De igual forma, en el caso específico de las propiedades que se encuentran dentro de zonas protegidas de parques nacionales y reservas biológicas entre otras, mientras no se realice el pago de dicha indemnización, los inmuebles no pueden pasar a manos del Estado, y en consecuencia, no existe un motivo válido para que aquel prive a los propietarios del disfrute de su derecho.
Para el caso concreto el Tribunal ha arribado a la conclusión de que carece de elementos probatorios suficientes para lograr determinar que las fincas 6-13804-000 y 6-122851-000, hayan sido vaciadas de sus atributos como propiedad privada por el Informe Técnico Sobre el Humedal Laguna Bonilla, que las limitaciones impuesta impidan el uso económico de dichas propiedades, y que sobre las mismas no se pueda desarrollar ningún tipo de actividad, la única prueba que existe sobre este tema se refiere a la denegatoria de la Resolución MP-PUC-RES-1173-03-2017, del 07 de marzo del 2017, lo anterior específicamente en relación a la propiedad descrita en el plano catastrado: Placa32002 de EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., en cuanto a la finca de LOS PELONES S.A., no existe evidencia de que se solicitará o gestionará algún tipo de permiso o proyecto ante alguna instancia Administrativa y este se les denegara, tampoco es posible afirmar que las propiedades hayan perdido su valor comercial por las limitaciones impuestas, cuando se demostró en este asunto que a los poco días de finalizada la audiencia complementaria una de las actoras traspaso en fideicomiso la finca 6-13804-000, con lo que el argumento de que dichas propiedades han perdido su valor comercial ha sido desmentido, en razón de lo anterior, es criterio de este Colegio de Jueces que no existe prueba suficiente en los autos que nos permita arribar a la conclusión de que las limitaciones impuestas a las fincas de los actores impliquen que las mismas fueran vaciada de sus atributos, por lo que la pretensión subsidiaria debe ser rechazada.
Sobre la pretensión subsidiaria identificada como: "2) Que se condene al Estado al pago de ambas costas". Sobre esta pretensión se referirá el Tribunal en un considerando aparte.
X.-SOBRE LAS EXCEPCIONES: La representante estatal y del SINAC interponen las excepciones de falta de legitimación activa que ya fue resuelta en el considerando VI, Caducidad la cual fue conocida en el considerando VII, de esta sentencia. Por su parte el Estado interpone la excepción de Demanda inadmisible, sustenta el Estado esta excepción en el hecho de que el Informe Técnico Humedal Laguna Bonilla, a su parecer no podía ser impugnado de forma individual sino que en este caso " que la pretensión administrativa no es admisible contra informes técnicos que determinan si una zona es humedal o no, como es el caso en estudio. En el caso que nos ocupa, las empresas actoras debieron impugnar los actos administrativa de la Municipalidad de Puntarenas que les denegó el uso de suelo". Este Tribunal difiere del criterio señalado por la representante estatal, es evidente que el Informe aquí impugnado es un acto administrativo con efectos propios, capaz de generar una afectación jurídica en los intereses de las actoras como propietarias al menos hasta antes de finalizar la audiencia complementaria de las fincas 6-13804-000 y 6-122851-000, y por ende puede ser discutido en esta vía jurisdiccional plena, y no como pretende hacerlo ver la representante estatal un acto preparatorio, razones por la cual debe ser rechazada la excepción planteada. En igual sentido interpone la excepción de Falta de legitimación pasiva del Estado: En cuanto a esta excepción la misma debe ser rechazada en cuanto a que el Estado se tiene como parte demandada en este proceso de conformidad con una disposición legal y no estamos ante el supuesto argumentado por dicha parte. Por último, ambas codemandadas interponen las excepciones de Falta de derecho y falta de interés actual. Sobre la falta de interés actual, dicha excepción debe ser rechazada lo anterior al resultar evidente que las actoras tienen un interés actual en el objeto de este proceso y que el Informe Técnico Sobe el Humedal Laguna Bonilla, surte efectos jurídicos hasta este momento, por lo que la presentación de esta demandada es atinente al interés de las partes actoras de dilucidar un conflicto que a su criterio les genera un afectación en su esfera jurídica. Razón por la cual se rechaza dicha excepción. Sobre la Falta de derecho, por las razones dadas en los considerandos precedentes dicha excepción debe ser acogida y consecuentemente se impone declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda.
XI.- SOBRE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, razón por la cual son ambas costas a cargo de Nombre154593 . y Nombre154594 .
POR TANTO
Se rechazan las excepciones de demanda inadmisible y falta de legitimación pasiva presentadas por el Estado, así como las de caducidad, falta de legitimación activa y falta de interés actual incoadas tanto por el Estado como por el SINAC. Se acoge la excepción de falta de derecho alegada por ambas partes demandadas y consecuentemente se declara sin lugar en todos los extremos la demanda interpuesta por Nombre154593 . y Nombre154594 ., contra EL ESTADO y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Son ambas costas de esta acción a cargo de Nombre154593 . y LOS PELONES S.A.. Notifíquese.- Nombre21327 , Nombre457 , Fabián Núñez Castrillo, Jueces.- Nombre21327 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre457 , JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01
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