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Res. 00008-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 31/01/2022
OutcomeResultado
The Court ordered the State to expropriate the parcel and pay its fair price, held the State and INDER jointly liable for emotional-distress damages, denied material damages based on forest restrictions, and dismissed SINAC for lack of passive standing.El Tribunal condenó al Estado a expropiar y pagar el justo precio de la parcela, y solidariamente al Estado y al INDER a indemnizar el daño moral, pero rechazó los daños materiales por restricciones forestales y excluyó al SINAC por falta de legitimación pasiva.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court partially granted the claim brought by two occupants of parcel 26-6 in the Osa Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve. It found that the former IDA, now INDER, had recognized them as allottees and beneficiaries and had certified a 68-year chain of possession. The Court concluded that, for more than forty years, the State had failed to comply with Executive Decree 8494-A, which required expropriation, direct purchase, or relocation of affected titleholders and possessors, and had also failed to carry out Constitutional Chamber judgment 2456-97. It therefore ordered the State to pay the parcel’s fair price, to be determined during judgment enforcement under the Expropriations Law after cadastral inconsistencies are corrected. The State and INDER were also held jointly liable for two million colones in emotional-distress damages to each claimant. The Court nevertheless denied the claimed material damages arising from forest restrictions and held that SINAC lacked passive standing.El Tribunal Contencioso Administrativo acogió parcialmente la demanda de dos ocupantes de la parcela 26-6 del Asentamiento Osa, situada dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Reconoció que el antiguo IDA, hoy INDER, los había considerado adjudicatarios y beneficiarios y había certificado una cadena posesoria de sesenta y ocho años. Concluyó que el Estado incumplió durante más de cuarenta años las obligaciones del Decreto Ejecutivo 8494-A de expropiar, comprar directamente o reubicar a los titulares y poseedores afectados, así como lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto 2456-97. Por ello, condenó al Estado a pagar el justo precio de la parcela, que se determinará en ejecución de sentencia conforme a la Ley de Expropiaciones y después de corregir las inconsistencias catastrales. También condenó solidariamente al Estado y al INDER a pagar dos millones de colones a cada demandante por daño moral. Rechazó, sin embargo, los daños materiales atribuidos a restricciones forestales y declaró la falta de legitimación pasiva del SINAC.
Key excerptExtracto clave
The claim is partially granted, and it is declared: i. That IDA (now INDER) recognized the claimants as allottees and beneficiaries of parcel 26-6, with 68 years of possession; ii. That the State shall pay, as expropriation compensation for the lands comprising parcel 26-6, the fair price to be determined during the judgment-enforcement phase, applying the parameters prescribed by Expropriations Law No. 7495 and taking into account the improvements identified in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021 of November 26, 2021, consisting of an inspection report concerning parcel No. 26 of the Osa Settlement, Sector 6, located within that land. Likewise, for purposes of setting the fair price, a new cadastral plan must be prepared to correct the inconsistencies identified in that report, an undertaking to be completed by the claimant party; iii. The State and INDER shall jointly pay each claimant two million colones for subjective emotional harm, plus statutory interest from the date this judgment becomes final until actual payment. As to codefendants Nombre113231 and Nombre113232, the claim is denied because no relief was sought against them. The State is ordered to pay Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230, as expropriation compensation for the lands comprising Dirección13779, the fair price established as compensation, the amount of which shall be determined during the judgment-enforcement phase. Each claimant shall receive fifty percent of the amount fixed. To establish the fair price, a new cadastral plan must be prepared to correct the inconsistencies identified in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021 of November 26, 2021, an undertaking to be completed by the claimant party. The STATE and INDER are jointly ordered to pay each claimant two million colones for emotional harm, together with statutory interest accruing from the date this judgment becomes final until actual payment.Se acoge parcialmente la demanda y se declara: i. Que el IDA (hoy el INDER), reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela 26-6, con una posesión de 68 años; ii. Que el Estado deberá pagar a título de expropiación de los terrenos que comprenden la parcela 26-6, el justo precio que se fije por concepto de indemnización en la fase de ejecución de sentencia, para lo cual deberán utilizarse los parámetros prescritos en la Ley de Expropiaciones N°7495, y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, que está ubicada dentro de ese terreno. Así mismo, a efecto de proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora; iii. El Estado y el INDER deberán pagar, de forma solidaria, a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral subjetivo, así como los intereses legales, que deberán contarse a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En relación con los codemandados Nombre113231 y Nombre113232 , se declara sin lugar la demanda, ya que no fueron presentadas pretensiones en su contra. Se condena al Estado a pagar al señor Nombre113229 y a la señora Nombre113230 , a título de expropiación de los terrenos que comprenden la Dirección13779 , el justo precio que se fije por concepto de indemnización, cuyo monto deberá establecerse en la fase de ejecución de sentencia. Del monto fijado, cada uno de los demandantes recibirá el cincuenta por ciento. Para proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora. Se condena de forma solidaria al ESTADO y al INDER a pagar a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral, así como los intereses legales, los cuales se contarán a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago.
Pull quotesCitas destacadas
"No obstante, este Órgano Colegiado considera que efectivamente, tal y como lo señala el accionante, ha habido una conducta omisiva por parte del Estado así como del INDER, en el cumplimiento orden a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo N°8494-A, que expresamente disponía la obligación de expropiar o de llevar a cabo una compra directa e indemnizar a los titulares y poseedores, o incluso, al menos de reubicarlos en un nuevo asentamiento, tareas cuya verificación no han sido atendida de forma diligente y oportuna."
"Nevertheless, this panel finds, as the claimant asserts, that both the State and INDER engaged in an omission by failing to comply with sections 8 through 11 of Executive Decree No. 8494-A, which expressly required expropriation or direct purchase and compensation of titleholders and possessors, or at least their relocation to a new settlement—duties that were not performed diligently or in a timely manner."
Considerando XIV
"No obstante, este Órgano Colegiado considera que efectivamente, tal y como lo señala el accionante, ha habido una conducta omisiva por parte del Estado así como del INDER, en el cumplimiento orden a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo N°8494-A, que expresamente disponía la obligación de expropiar o de llevar a cabo una compra directa e indemnizar a los titulares y poseedores, o incluso, al menos de reubicarlos en un nuevo asentamiento, tareas cuya verificación no han sido atendida de forma diligente y oportuna."
Considerando XIV
"Asimismo, se ha corroborado, que tanto el Estado como el INDER, no solamente no han observado el mandato contenido en el referido Decreto, sino que además, incumplieron lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, el cual, según los principios que se derivan del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tenía un efecto vinculante para todas las partes involucradas en la aplicación de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 8494-A."
"It has also been established that the State and INDER not only failed to observe the mandate contained in the cited Decree, but also failed to comply with Constitutional Chamber judgment 2456-97 of 11:03 a.m. on May 2, 1997, which, under the principles derived from Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, was binding on all parties involved in applying Executive Decree 8494-A."
Considerando XIV
"Asimismo, se ha corroborado, que tanto el Estado como el INDER, no solamente no han observado el mandato contenido en el referido Decreto, sino que además, incumplieron lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, el cual, según los principios que se derivan del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tenía un efecto vinculante para todas las partes involucradas en la aplicación de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 8494-A."
Considerando XIV
"Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción, por las razones dadas en los considerandos VIII y IX de esta sentencia. Se rechaza la defensa de interés actual, pues aún no se ha dado una solución definitiva al conflicto planteado."
"The defenses of expiration and prescription are rejected for the reasons stated in sections VIII and IX of this judgment. The defense based on lack of a current interest is rejected because no definitive solution has yet been provided for the dispute."
Considerando XV
"Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción, por las razones dadas en los considerandos VIII y IX de esta sentencia. Se rechaza la defensa de interés actual, pues aún no se ha dado una solución definitiva al conflicto planteado."
Considerando XV
"De acuerdo con lo expuesto, lo que corresponde es acoger parcialmente la pretensión identificada como la número 7 y reconocer el daño moral subjetivo derivado del sufrimiento ocasionado por la espera por más de cuarenta años de una solución jurídica a la situación de los demandantes."
"Accordingly, claim number 7 must be partially granted, recognizing subjective emotional harm arising from the suffering caused by waiting more than forty years for a legal resolution of the claimants’ situation."
Considerando XIV
"De acuerdo con lo expuesto, lo que corresponde es acoger parcialmente la pretensión identificada como la número 7 y reconocer el daño moral subjetivo derivado del sufrimiento ocasionado por la espera por más de cuarenta años de una solución jurídica a la situación de los demandantes."
Considerando XIV
Full documentDocumento completo
Tribunal Contencioso Administrativo.
Dirección04.
Main line 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 CASE FILE: 15-005599-1027-CA MATTER: ORDINARY PROCEEDINGS PLAINTIFFS: Nombre113229 and Nombre113230 DEFENDANTS: THE STATE, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Nombre113231 and Nombre113232.
N°08-2022-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FIFTH SECTION. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at 08:00 hours on 31 de enero del dos mil veintidós.
Ordinary proceedings brought by Nombre113229, farmer, married, identity card number CED89584, and Nombre113230, farmer, married, identity card number CED89585, both residents of Rincón de Sierpe, represented by Nombre11847, identity card number CED89586; against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by NATANAEL BARRANTES AZOFEIFA, professional license 19857; the STATE, represented by Nombre14097, professional license 9669; the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by GIDGETT RAMÍREZ HERNÁNDEZ, professional license 17939; Nombre113231, identity card CED89587; and Nombre113232, identity card CED89588. All participants are of legal age.
BACKGROUND
I.In a pleading filed with the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda on 14 de febrero del 2008, Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230, together with twenty-one other persons, brought ordinary proceedings against the STATE and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Based on the facts they set forth and the legal grounds asserted at that time, they submitted their claims, which were subsequently amended at the preliminary hearing held beginning at 08:40 hours on 07 de octubre del 2015, as follows:
“PRIMARY CLAIM 1. That Board of Directors Resolution n°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, be declared null and void because it repealed Board of Directors Resolution N°39 from session 44-05, held on 14 de noviembre del 2005. As of 10 de mayo 2006, memorandum OSO-192-06, the repealed resolution granted rights to the plaintiffs by recognizing their 68 years of possession of Dirección13771; the institution did not notify the plaintiffs of that legal act, and the IDA did not bring proceedings for a declaration of injury to the public interest (proceso de lesividad), because the applicable period had fully expired.
2. The Instituto de Desarrollo Agrario recognized the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card CED89584, and Nombre113233, known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card CED89585, as BENEFICIARIES of the Institute and as having possessed the property for 68 years quietly, peacefully, and without interruption, both through their own possession and by tacking on the possession of their predecessors in interest, totaling more than 68 years according to OSO-192-06, and beginning more than 10 years before the creation of Reserva Forestal Golfo Dulce. Such recognition of the plaintiffs’ possession concerned Asentamiento Campesino OSA, within the property registered in the name of the IDA or INDER in the Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, real-property folio registration Placa20658, located in Península de Osa.
3. Pursuant to IDA Board of Directors Resolution number 39 from session 44-05, held on 14 de noviembre de 2005, the plaintiffs were entitled to receive the deeds to parcel N°26 of sector 6, located in Dirección13772, Sierpe district, Osa Canton, Puntarenas, bounded on the north by Dirección336, on the south by Dirección13773 Brenes S.A., on the east by Dirección13774, and on the west by Nombre113234, Nombre113232, and Nombre113235, measuring 77 hectares and 4.704,75 square meters. The Instituto de Desarrollo Agrario also DECLARED (sic) that the parcel listed as its former occupants Mr. Nombre113236, identity card CED89589, with 10 years of possession; Nombre113237, identity card CED89590, with 20 years of possession; and FERNANDO RIVAS (no identity card number or second surname listed), with 15 years of possession, demonstrating total possession of 68 years (Memorials OSO-191-06 of Dirección6091). A cadastral survey plan (plano catastrado) is registered with the Registro Nacional under N°P529961-98 in the name of Nombre113229 for parcel 26, measuring 77 hectares and 4704.75 square meters. According to the administrative case file, the plaintiffs requested recognition of POSSESSION FOR MORE THAN 68 YEARS. The Oficina Sub Regional de OSA should have considered the sworn statement submitted by this plaintiff, which constitutes conclusive evidence under the Board of Directors Resolution, and should have recognized the duration of the possession exercised quietly, openly, peacefully, without interruption, and in good faith, together with the possession of his predecessors in interest. In any event, the Institute should have issued an express ruling on this matter when deciding the merits of the case submitted in the case file. However, processing did not continue (sic) because the Institute stayed the administrative proceedings as a result of action by the Ministerio del Ambiente and the Procuraduría. Accordingly, the analysis on the merits authorized by the Board of Directors Resolution was not conducted, nor was the process completed (sic).
4. By again recognizing the rights of the adverse possessors (usucapientes), Resolution number 39 from session 44-05 of the IDA Board of Directors established an administrative procedure for conveying unrestricted and unreserved title to the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card CED89584, and Nombre113233, known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card CED89585, to the parcels for which the Institute had declared them beneficiaries pursuant to Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, in the area known as Asentamiento Campesino Osa, within the property registered in the Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, under real-property folio registration 6-39334 sequence 000. The plaintiffs and the other beneficiaries joined the administrative procedure until, in enero del 2008, the Oficina Regional de Osa returned some of the documents they had submitted and informed them that no further new procedures would be initiated and that those already initiated would not be completed, because the Procuraduría and the IDA had so decided.
5. The State, INDER, and Nombre113238 must compensate the plaintiffs for the property in accordance with the former and recent regulations recognizing their rights. Decree number 8498-A of 20 de abril de 1978, which created Reserva Golfo Dulce and recognized the adverse possessors’ right to compensation through expropriation, and Decree 9388-A of 30 de noviembre de 1978, which reiterated recognition of the adverse possessors, as well as Article 39 from IDA Board of Directors session 44-05 of 14 de noviembre de2005, which interrupted all limitation periods running against the plaintiffs by establishing an administrative procedure to recognize the rights of persons who had adversely possessed the land 10 years before the declaration of the Reserva Forestal and of the current possessors, as demonstrable through a sworn statement setting out their chain of possession, all establish this requirement, which was further confirmed by Constitutional Chamber judgment number 97-2456 at 11:03 hours on 02 de mayo de 1997.
6. The State, INDER, and SINAC, or subsidiarily the State alone, must compensate those same plaintiffs, in the judgment-enforcement proceedings, for damages, including all restrictions imposed from 1979 until the date of actual payment as a result of the creation of Reserva de Golfo Dulce, because their parcels and properties were declared subject to the forestry regime, preventing them from working, cultivating, or improving their parcels for agricultural purposes, and because they were prohibited from engaging in any commercial or industrial activity, raising cattle, or otherwise exercising the acquired property right, with forestry restrictions being imposed without compensating the plaintiffs for that conduct undertaken for the benefit of forest conservation. Through that approach, all rights inherent in agricultural property were de facto infringed in an arbitrary and discriminatory manner relative to all other citizens. These damages may not be less than the “Forestry Incentive” (“Incentivo forestal”), consisting of the incentive granted by the State to private parties to conserve forests.
7. The State, INDER, and SINAC, or subsidiarily the State alone, must pay the plaintiffs compensation for emotional distress (daño moral), estimated at fifty million colones, consisting of the suffering caused by nearly 40 years of hardship without finding a legal or economic solution to their agricultural and environmental problem, living in a state of insecurity and watching their family become impoverished while they were prohibited from cultivating, improving, or conducting economic, industrial, or commercial activities.
ALTERNATIVE CLAIM:
1. If the Instituto de Desarrollo Agrario is not ordered to convey unrestricted title because of the legal nature of Reserva Forestal de Golfo Dulce, as requested in item 3) of the primary claim, then the following relief is sought: the State, INDER, and SINAC—and the State in particular—must compensate the plaintiffs for their rights as a purchase and sale, at the rate of ten million colones per hectare or at a fair valuation by experts and at the value prevailing at the time of payment, payable to the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, identity card CED89584, and Nombre113233, known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, identity card CED89585, with respect to the parcels for which the Institute declared them (sic) its beneficiaries pursuant to Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, in the area known as Asentamiento Campesino Osa, because they acquired their rights through ten years of possession preceding the establishment of Reserva Forestal Golfo Dulce; such compensation must be determined in the judgment-enforcement proceedings.
2. In either case, whether under the primary or alternative claim, the State, INDER, or SINAC must be ordered to pay all costs and attorneys’ fees in this action. (images 198 to 262 and 2220 to 2229 of the court case file, corresponding to the complaint and the Preliminary Hearing Minutes).
II.In an order issued at 13:22 hours on 18 de febrero del 2008, Sady Jiménez Quesada, then the judge presiding over the procedural stage, admitted the complaint and ordered that it be served upon the defendants. The proceedings were assigned case file N°08-111-161-CA (see service order at images 266 and 267 of the court case file).
III.In a pleading filed with the Court on 08 de abril del 2008, INDER’s counsel opposed the complaint and raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing, and the general defense of sine actione agit (see answer at images 312 to 335 of the court case file).
IV.In a pleading filed with the Court on 23 de abril del 2008, the State’s counsel opposed the complaint and raised the following defenses: lack of jurisdiction, res judicata, statute of limitations, lack of a legal right, lack of a current interest, and the general defense of sine actione agit (see answer at images 355 to 424 of the court case file).
V.In order N°553-2008, issued at 13:02 hours on 22 de agosto del 2008, the judge presiding over the procedural stage rejected the defense of lack of jurisdiction (see order at images 936 to 941 of the court case file).
VI.In decision N°000067-C-2009, issued at 11:36 hours on 22 de enero del 2009, the Sala Primera held that the Tribunal Contencioso Administrativo was the body with jurisdiction to hear this matter (see decision at images 996 to 1013 of the court case file).
VII.By order issued at 15:18 hours on 25 de mayo del 2009, Judges Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo, and Daniel Aguilar Méndez ordered the consolidation (acumulación) of case files 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, Placa20659, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA WITH 08-111-161-CA (see Hearing Minutes at images 1035 to 1038 of the court record).
VIII.By order issued at 14:52 hours on 25 de agosto del 2009, Judges José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa, and Daniel Aguilar Méndez ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter referred to by its acronym, SINAC) be joined to the proceeding, and service of the complaint (traslado de la demanda) was effected upon it by order issued at 14:20 hours on 03 de septiembre del 2009 (see, respectively, the Hearing Minutes and the order serving the complaint at images 1270 to 1275, 1278, and 1279 of the court record).
IX.In a brief filed with the Court on 30 de octubre del 2009, counsel for Nombre113238 opposed the complaint and raised the defenses of failure to state a legal right (falta de derecho), lack of standing to sue (legitimación ad causam activa), lack of jurisdiction (incompetencia), defects in the complaint precluding a ruling on the merits, and limitation or forfeiture of the right (prescripción o caducidad del derecho) (see answer at images 2115 to 2155 of the court record).
X.By order issued at 13:42 hours on 10 de noviembre del 2014, Judge Rosa María Cortes Morales ordered that the case files be severed, after which this matter was assigned a new case number (images 2064 to 2068 of the court record).
XI.At the preliminary hearing held beginning at 08:40 hours on 07 de octubre del 2015, the claims for relief (pretensiones) were established as stated in Finding I of this judgment (see Hearing Minutes at images 2220 to 2229 of the court record).
XII.In order N°2624-2015, issued at 15:15 hours on 09 de octubre del 2015, Judge Daniel Aguilar Méndez joined Ms. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 as parties to the litigation (litis), and service of the complaint was effected upon them by order issued at 13:34 hours on 17 de noviembre del 2016 (see both orders, respectively, at images 2232 to 2336, 2542, and 2543 of the court record).
XIII.In a brief filed with the Court on 25 de enero del 2017, Ms. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 answered the complaint and stated that they had no interest in and would not participate in any proceeding against the plaintiffs herein (see copy of the answer at images 2553 to 2558 of the court record).
XIV.The final preliminary hearing was held on 21 de mayo del 2018. At that hearing, by order N°881-2018-T issued at 15:35 hours, the defense of res judicata (cosa juzgada) was denied. Consideration of the defenses of forfeiture and limitation was likewise deferred until the judgment on the merits (images 2644 to 2648).
XV.The oral trial hearing was held on 02 de diciembre del 2021. At that hearing, the parties were granted five business days to submit their closing arguments in writing. On 13 de enero del 2022, the Court admitted official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, dated 26 de noviembre del 2021, consisting of an inspection report from Dirección13775, as supplemental evidence for adjudication (prueba para mejor resolver), and gave the parties an opportunity to address the admitted evidence. This judgment is issued within the statutory period, calculated from the date on which the time granted to the parties to address the supplemental evidence admitted by the Court expired. No defects capable of invalidating the proceedings are evident. Judge Álvarez Molina and Judge Mena García concur. Reporting Judge Sánchez Navarro drafted the judgment.
CONSIDERING
Official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, dated 26 de noviembre del 2021, consisting of an inspection report from Dirección13775, is admitted as supplemental evidence for adjudication. This is because the information contained in that study is considered relevant insofar as it establishes the conditions of the parcel that is the subject of the dispute brought before the Court.
The following facts relevant to the resolution of this matter are set forth:
1).- Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230 have exercised possession for more than sixty-eight years over a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, consisting of mountain land, pastureland, and farmland, registered survey plan (plano catastrado) P-529961-95, measuring, according to that plan, 77 hectares, 4704.75m2, and they have been recognized as awardees and beneficiaries by the IDA (Resolution adopted by the Board of Directors of the ITCO in Article XVI of Session N°2401, held on 18 de agosto de 1980, according to which, “Based on the recommendations of the Land-Use Planning Section, it resolved ‘to award the following lots, because the awardees meet the legal conditions and requirements for issuance of the corresponding supplementary title of ownership (título supletorio de dominio),’ to the following persons: ... Nombre113229,” appearing at images 71 to 78 of the court record); the sworn statement appearing at folios 13 to 10 of the administrative record identified in the name of Nombre113229 under N°169-07-PMMC; certificates OSO-140-03, issued on 21 de abril del 2003, OSO-191-06 dated 19 de marzo del 2006, and OSO-192-06, dated 10 de marzo del 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr.
Mario Jiménez Quirós, which stated: “OSO-140-03…according to our Database, censuses, and files, Mr. Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, are registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants for more than 35 years of Dirección13776 #, located in Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, measuring 77Has.4.704.75m2, registered survey plan P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses, and files, Mr. Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, are registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants of parcel Dirección13777, which, according to registered survey plan P/529961-1998, measures 77-Ha 4704.75m2, located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 according to our Database, censuses, and files, parcel Dirección13778 has been in the possession of Mr.
Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, for more than 23 years. This property also lists as prior occupants Mr. Nombre113239, identity card CED89589, with possession for 10 years; Nombre113237, identity card CED89590, with possession for 20 years; and Fernando Rivas (no identity-card number or second surname is recorded), with possession for 15 years, demonstrating total possession of 68 years”; these documents appear at images 2948, 1663, and 2238 of the court record and folio 07 of the administrative record. This fact is also established by the testimony of Miguel Herra Miranda, an INDER technician who stated that he had known the plaintiffs since 1983, when he conducted the census, and Mario Obando González, a former occupant of Asentamiento Osa, who told the Court that he had known the plaintiffs for many years, that they had their home in Guerra de Drake, that he knew the location of parcel 26, and that the plaintiff had lived there for approximately forty years; those statements are contained in an attachment to the court record.
There was 1/4 hectare planted with plantains and some clumps of sugarcane, as well as 25 pineapple plants and approximately 50 cassava plants; these crops are not well maintained because they are covered by brush. As to fruit cultivation, 8 mango trees, 3 avocado trees, 10 soursop trees, 12 papaya trees, 4 guaba trees, 10 acid-lime trees, 20 sweet-orange trees, 5 cacao trees, and 7 coconut palms were identified, all producing and planted sporadically among the grass crop. In addition, there is an area of approximately 1 hectare that lies fallow and is used to plant staple crops. 5- As infrastructure, a dwelling in fair condition was observed, measuring 12x6.50 meters, constructed on wooden bases, with wooden walls, a wooden floor, and a galvanized-iron roof in fair condition. There was also a corral measuring 9.50 X 10 meters, with wooden posts and boards, an earthen floor, and no roof. ...It should also be noted that registered survey plan Número P-529961-1998, submitted by Mr.
Nombre113229 and Ms. Nombre113230, contains inconsistencies because, when plotted cartographically, the property shifts toward the Northwest Sector, overlapping, or rather being superimposed upon, other properties, one of which is the property recorded under Real Property Folio 6098081-001-002, owned by Mr. Nombre113232 and Ms. Nombre113231, which was registered under registered survey plan Número P-263611-1995. 10- Lastly, it should be clarified that most of the aforementioned parcel is located within Reserva Forestal Golfo Dulce, as approximately 5 hectares are located outside that forest reserve” (see the cited report at images 3278 to 3291 of the court record).
Article 9° The Dirección General Forestal shall arrange for the direct purchase or expropriation of privately owned lands located within the boundaries of this Reserve that are indispensable for its integration ... Article 10° The relocation and resettlement of occupants who have possessed lands within this Reserve for more or less than ten years, pursuant to the Ley Forestal, shall be carried out with the participation of the Instituto de Tierras y Colonización” (see copy of the decree at images 19 to 22 of the judicial case file).
Nombre113229, forms part of property 39334-000, registered in the name of the IDA since 21 de enero de 1982, and was the result of consolidating the properties under registration numbers Placa20660, Placa20661 and Placa20662, which the State expropriated from the company Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.) and transferred to the ITCO so that it could use them in a land-titling program in the so-called Asentamiento Campesino Osa (same preceding evidence and cadastral plan appearing at image 139 of the judicial case file).
Thereafter, the regional representatives of MINAE and the IDA, through the Oficina Subregional de Osa, would issue the corresponding recommendation to grant or deny the requested title; this would be forwarded to the Director de la Región Brunca del IDA for issuance of a recommendation and, if “...the outcome is favorable, the subdivision (segregación) and transfer of the parcel to be titled shall be recommended to the titling department, which shall submit it to the Board of Directors of the IDA for adoption of the corresponding resolution…” (see copy of the cited Resolution at images 128 to 133 of the judicial case file).
The following facts relevant to resolving this matter are listed:
The plaintiffs base their action on the following grounds: The plaintiff requests a judgment declaring “Resolution of the Board of Directors n°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, null and void because it repealed Resolution of the Board of Directors N°39 from session 44-05 held on 14 de noviembre del 2005.” With respect to this claim, the plaintiffs argue that Resolution N°39 granted them vested rights (derechos subjetivos) and that, in their view, it was therefore necessary to declare it null and void through the procedures established in the Ley General de la Administración Pública and, specifically, through judicial review proceedings brought to invalidate an administrative act favorable to an individual (proceso contencioso administrativo de lesividad). They further contend that they were declared beneficiaries of Dirección13780, that they have succeeded in proving their possession for more than sixty-eight years, and that, for this reason, the titling of those lands in their favor must be ordered.
They also state that if they are not recognized as eligible to obtain title, compensation by way of expropriation must be paid. Likewise, they state that the restrictions arising from the creation of the Reserva Forestal have prevented them from developing commercial, industrial, and agricultural and livestock projects, and they therefore consider that this loss of opportunity must be compensated. They further assert that they have remained in a state of anxiety for years, causing them suffering and, consequently, personal non-pecuniary harm (daño moral subjetivo).
The State’s representative maintains that the plaintiffs did not participate in the proceeding provided for in Article 39 of Session 44-05 of 14 de noviembre el 2005, and therefore could not derive any right from that proceeding. The representative states that they proved neither adverse possession (usucapión) nor prior ownership of the Reserva Forestal Golfo Dulce and asserts that official letter OSO 192-06 does not constitute acknowledgment of possession. The representative further notes that the plaintiffs were not petitioners in the amparo proceeding (recurso de amparo) that gave rise to Judgment 2456-97. The representative contends that the basis for acquiring title (título adquisitivo) to the portions of the parcel was not established. The representative also states that the award (adjudicación) of parcel 6-26 was authorized in 1996 in favor of Nombre113232 and Nombre113231, co-defendants in this matter. The representative alleges that there are contradictions in the affidavits (declaraciones juradas) submitted by the plaintiffs, particularly regarding the person from whom they acquired the parcel. The representative asserts that there are no damages (daños y perjuicios) for which compensation is due and also raises the statute-of-limitations defense (prescripción) with respect to them.
INDER’s representative maintains that, as to INDER, there is a lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), since property N°39334, although registered as belonging to INDER, forms part of the State Forest Estate (patrimonio forestal del Estado), and INDER therefore may not dispose of those assets. The representative further states that, since 1978, there has been a legal bar to the acquisition and titling of the property in question by third parties because it forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). The representative asserts contributory fault by the victim (culpa de la víctima), because the victim was at all times aware of the nature of the property and the restrictions arising from that status. The representative considers that the plaintiffs failed to establish ten years of possession predating the creation of the reserve. The representative points to the inconsistency in survey plan (plano) P-529961-1998, as well as contradictions in the affidavits contained in the case file (expediente).
The representative states that the claimed damages were not established. The representative states that the plaintiff “lacks a legal right and standing to sue INDER” (falta de derecho y falta de legitimación para demandar al INDER). The representative states that Board of Directors Resolution (Acuerdo de Junta Directiva) N°35 of Ordinary Session 040-2007, of 19 de noviembre de 2007, repealed Resolution N°39 of Session N°44 of 05 de noviembre del 2005, and that this annulment did not require recourse to the procedure referred to in Section 173 of the Ley General de la Administración Pública. The representative requests that the defenses of expiry (caducidad) and the statute of limitations be upheld because, according to INDER, the plaintiffs learned of the repeal of Resolution N°39 of Session N°44 of 05 de noviembre del 2005 more than ten years before the complaint was filed. The representative also invokes the statute of limitations because more than ten years elapsed between the filing of the complaint and the promulgation of Decreto Ejecutivo 8494. The representative further asserts a lack of legal interest (falta de interés), because the regulation that established the titling procedure had been repealed.
The representative of Nombre113238 maintains that the plaintiffs were possessors at sufferance (poseedores en precario), and therefore the obligations imposed on the State by Decreto Ejecutivo 8494-A did not operate in their favor. The representative further states that the claim for damages is time-barred because more than ten years have elapsed since the publication of the Decree that created the Forest Reserve. The representative maintains that the titling of lands forming part of the State Natural Heritage is improper.
In connection with this argument, the State’s representative maintains that the ten-year limitation periods established in Sections 873 and 868 of the Código Civil apply—the former insofar as it establishes a period of 10 years for the enforcement of judgments (ejecución de sentencias), and the latter because it establishes the same period for claiming damages—and therefore contends that the period for claiming damages must be calculated from the publication of Decreto N°8494 of 28 de abril de 1978, which created the Reserva Forestal Golfo Dulce and was published on 1° de junio de 1978. The representative also argues that Ley Forestal N°4465, in force when the aforementioned Reserve was created, provided for expropriation (expropiación) as a remedy when owners refused to submit to the Forest Regime (Régimen Forestal), while Ley de Expropiaciones N°7495 provides that the rights and causes of action arising under that law shall become time-barred within ten years.
The representatives of Nombre113238 and INDER raised identical arguments. Having analyzed the defendants’ arguments regarding the statute-of-limitations defense, the Court rules that the defense is inapplicable for the following reasons: 1. The circumstances covered by the statutory provisions of the Código Civil, Ley Forestal, and Ley de Expropiaciones do not apply to the case under review. This case does not involve the enforcement of a judgment, since the claims asserted by the plaintiffs do not concern the enforcement of an amparo judgment, as the co-defendants allege. Likewise, this case does not fall within the circumstances contemplated by Section 868 of the Código Civil because, under the terms in which this action was brought, the claims are not merely compensatory. The same applies to the provisions of Ley Forestal and Ley de Expropiaciones, because the case file contains no evidence establishing that the defendants initiated any proceeding or engaged in any form of administrative conduct intended to have the plaintiffs agree to submit to the Forest Regime, much less that the plaintiffs refused to do so and that any expropriation proceeding was consequently initiated.
Rather, this matter involves plenary proceedings (proceso de conocimiento) whose purpose is to review the legality of the Public Administration’s actions challenged by the plaintiffs. 2. As will be discussed below, the case file shows that the ITCO Board of Directors, by resolution adopted under Article XVI of Session N°2401, held on 18 de agosto de 1980, declared Nombre113229 the awardee (adjudicatario) of a tract of land in the Osa Forestal project. This is also established by certifications (constancias) OSO-140-03, issued on 21 de abril del 2003, OSO-191-06 of 19 de marzo del 2006, and OSO-192-06, of 10 de marzo del 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós. This means that INDER’s conduct has produced continuing effects that persist to the present date, and it follows that the asserted limitation period has not run. Moreover, even if the statute of limitations were considered applicable, it could not begin to run before the issuance of the last of those certifications, since even at that time the IDA official issued it for land-titling purposes.
Under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), this means that, as of that date, the plaintiffs believed that titling would still be possible, without having received any information to the contrary from the relevant Administration that would have prompted them to claim compensation for damages.
With respect to the defense that the action is time-barred, raised by the representatives of INDER and Nombre113238, this Court has previously stated as follows: “This Court considers that Transitory Provision III of the Code of Administrative Procedure and Article 175 of the General Public Administration Law—as it stood before the amendment introduced by Law number 8508—are not applicable in this case; rather, Article 39.1.a of the Code of Administrative Procedure applies, for the reasons set forth below: a) Although the decision contained in Article 35, unanimously approved by the IDA Board of Directors at ordinary session number 040-2007 held on 19 de noviembre del 2007, became final before the Code of Administrative Procedure entered into force (01 de enero del 2008), it is also true that the plaintiff did not become aware of it until 06 de junio del 2008—because that decision was not served on her (recital (considerando) II, subsection a, of this judgment), even though on 02 de febrero del 2006 she had submitted an application for title to Dirección13781 under the special titling procedure for the Asentamiento Campesino Osa, located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, which, in any event, had already been awarded to her by the INDER Board of Directors on 06 de enero de 1999 (pages 165 to 170 of the court record and images 46 to 59 of INDER’s statement of defense, available in the pleadings folder of the electronic case file)—the date on which she filed the constitutional rights proceeding (recurso de amparo), processed under expediente 08-008420-0007-CO against IDA, seeking a declaration of absolute nullity (nulidad absoluta) of the decision adopted by that entity’s Board of Directors, which revoked the decision that had created the Special Titling Procedure for lands located in the Asentamiento Campesino Osa, within the Reserva Forestal Golfo Dulce (pages 1278 to 1307 of the court record); b) Because the plaintiff did not become aware of the challenged decision (Article 35, unanimously approved by the IDA Board of Directors at ordinary session number 040-2007 on 19 de noviembre del 2007) until 06 de junio del 2008, by which time the Code of Administrative Procedure was already in force, the applicable limitation period (plazo de caducidad) is the one-year period provided for in Article 39 of that code, rather than the four-year period established in Article 175 of the General Public Administration Law—as it stood before the amendment introduced by Law number 8508—because, although the challenged administrative act (acto impugnado) became final before the Code of Administrative Procedure entered into force, IDA did not serve it on the plaintiff before 01 de enero del 2008; c) Furthermore, it has been established that, on 17 de marzo del 2009, the plaintiff filed an incidental motion alleging new facts and expanding the relief sought (incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones) in the plenary proceeding (proceso de conocimiento) in which her case was originally processed—that is, expediente 08-000110-0161-CA—requesting that ‘…Board of Directors Decision Nº 35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, be declared null and that Board of Directors Decision Nº 39 from session 44-05 held on 14 de noviembre del 2005 remain fully in force…’ (pages 1009 to 1013 of the court record).
Consequently, the claim for nullity (pretensión de nulidad) against the decision contained in Article 35 of ordinary session number 040-2007, held by the IDA Board of Directors on 19 de noviembre del 2007, was brought within the one-year period established in Article 39 of the Code of Administrative Procedure, calculated from 06 de junio del 2008, the date on which the plaintiff became aware of that decision, as analyzed in subsection a) of this recital; d) At this point, it should be emphasized that, although this case has been assigned number 15-006080-1027-CA, this is due to the following: the original complaint was filed on 14 de febrero del 2008 and processed under expediente 08-000110-0161-CA, and its facts and relief sought were expanded with respect to Decision 35 from ordinary session number 040-2007, held on 19 de noviembre del 2007, by means of a submission dated 17 de marzo del 2009 (pages 177 to 237 and 1009 to 1013 of the court record).
Subsequently, by an oral ruling issued on 25 de mayo del 2009, the judges who were then handling the various plenary proceedings involving cases similar to the one now before us ordered the consolidation (acumulación)—among others—of expediente 08-000110-0161-CA with expediente 08-000111-161-CA (pages 1034 to 1037 of the court record). However, by a ruling issued at 13:42 on 10 de noviembre del 2014, the Case Management Judge ordered: ‘…Accordingly, the Court concludes that the only possible solution that will allow the matter to proceed while guaranteeing the full exercise of adversarial proceedings (contradictorio) is to sever the cases, not according to geography or legal status, but by parcel, as set forth in the attached table. Once this decision becomes final, the case files will be physically separated, and the parties will be notified of the assigned folder number, the judge assigned to the case, and the date on which the preliminary hearing will resume…’ (pages 2040 to 2046 of the court record).
For the foregoing reasons, the proceeding brought by the plaintiff was assigned folder number 15-006080-1027-CA; nevertheless, it bears repeating that the original complaint was filed on 14 de febrero del 2008 and that the expansion of the facts and relief sought concerning Decision 35 from ordinary session number 040-2007, held on 19 de noviembre del 2007, was received by this Court on 17 de marzo del 2009. Therefore, as analyzed in the preceding subsections, it was filed within the one-year period provided for in Article 39 of the Code of Administrative Procedure, calculated from 06 de junio del 2008, the date on which the plaintiff became aware of the challenged decision. e) In light of all the foregoing, the defense that the action is time-barred, raised by INDER’s representative, is denied.” (Judgment N°38-2019-V, issued at 10:55 on 07 de mayo del 2019). The same factual and legal circumstances identified in the cited judgment are present here, and, as in the case analyzed in that judgment, the plaintiffs here did not become aware of the act approving Article 35 adopted by the IDA Board of Directors until seis de junio del 2008.
This means not only that the applicable limitation period is the one-year period established in Article 39 of the Code of Administrative Procedure, but also that, when the plaintiffs included a request for a declaration of nullity of that Decision among the relief sought through an incidental motion alleging new facts and expanding the relief sought, one year had not yet elapsed since they became aware of that act and, consequently, they remained entitled to challenge it. For the reasons stated, this adjudicative body (Órgano decisor) finds no basis for departing from the decisions rendered in cases similar to the one now before us, and the defense that the action is time-barred is denied.
X.REGARDING THE CLAIMS THAT THE COURT DECLARE NULL AND VOID RESOLUTION N° 35 OF ORDINARY SESSION 040-2007, WHICH REVOKED RESOLUTION N° 39 OF ORDINARY SESSION 39-2005, BOTH ADOPTED BY THE IDA BOARD OF DIRECTORS, AND THAT IT ALSO DECLARE THAT, PURSUANT TO THE LATTER RESOLUTION, THE PLAINTIFFS WERE ENTITLED TO RECEIVE THE DEEDS TO PARCEL N°26. The plaintiffs request that the judgment declare “Resolution of the Board of Directors n°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, null and void because it repealed Board of Directors Resolution N°39 from session 44-05 held on 14 de noviembre del 2005.” In connection with this claim, the plaintiffs argue that Resolution N°39 granted them subjective rights (derechos subjetivos) and that, in their view, it was therefore necessary to declare its nullity through the procedures established in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), specifically through contentious-administrative proceedings for annulment of an act favorable to an individual (proceso contencioso administrativo de lesividad).
Thus, according to the plaintiffs’ theory of the case, Resolution N°35, adopted by the IDA Board of Directors at ordinary session 040-2007, was not the proper means of declaring Resolution N°39 null and void. With respect to this claim, the defendants concur in their defense and maintain that Resolution N°39, adopted at session 44-05 of 14 de noviembre del 2005, did not declare any subjective rights in favor of the plaintiffs. Regarding this dispute, the Court finds that the theory on which the plaintiffs seek to base their case—namely, that Resolution N°35 is null and void—cannot be accepted, because their assessment that Resolution N°39 had the effect of recognizing subjective rights in favor of the plaintiffs is incorrect. According to the terms of that Resolution, it is evident that the purpose of the act was to establish a procedure for delivering title deeds to occupants who met the requirements, without its scope entailing the declaration of a subjective right in favor of those occupants.
Such a right might subsequently arise if the stages described therein were completed and the requirements set forth in the Resolution were verified. This was expressly established in the first section of that act, insofar as it authorized “...a special and exclusive procedure so that, on property 39344-000 of the Puntarenas Registry District, owned by the IDA and comprising the Asentamiento Campesino Osa, located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, title deeds may be delivered to those occupants who demonstrate possession for at least ten years prior to 1 de junio de 1978.” The subsequent sections regulated the requirements to be met by beneficiaries seeking titling (titulación), as well as the procedure under which, after the corresponding inspections had been conducted, compliance with the requirements had been verified, and the Director de la Región Brunca had issued a recommendation, the IDA Board of Directors would issue the final act authorizing the segregation (segregación) and conveyance of the property to the titleholder.
Thus, the cited Resolution regulated a means by which the occupants of Asentamiento Osa could have the opportunity to obtain title to the land on which they had settled, and only the issuance of the favorable final act described in its fifth and sixth sections would have the effect of declaring a subjective right in favor of those who had met the requirements established in the Resolution. At this point, it must be recalled that, in administrative law, a subjective right refers to a vested legal position (situación jurídica consolidada), individualized by the Administration through an act favorable to or declaratory of that right in favor of one or more administered persons (administrados) with respect to an asset incorporated into their estate. Thus, this concept “denotes that consummated circumstance in which a thing—tangible or intangible, whether an asset previously belonging to another or a previously nonexistent right—has entered or affected the person’s patrimonial sphere, such that the person experiences an accounting advantage or benefit” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 at 15:24 hours on 31 de octubre de 1997).
Accordingly, based on that concept, acts declaratory of rights (actos declarativos de derechos) are those that have enriched their recipients’ estates with a previously nonexistent right or have freed a preexisting right from some limitation on its exercise (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo and another. “Curso de Derecho Administrativo I. Civitas Ediciones, S.L., ninth edition, Madrid, 1999, p. 644). Thus, as already stated, establishing a procedure for the occupants of Asentamiento Osa to obtain title was merely the means or path for acquiring ownership of the property they possessed; by itself, it entailed neither any increase in their estates nor freedom from any limitation on the exercise of ownership over that land. Therefore, given the nature of Resolution N°39 of 2005, adopted by the IDA at session 44-05 held on 14 de noviembre, it could be rendered ineffective through revocation (revocatoria), pursuant to the provisions of section 152 of the General Law of Public Administration.
Moreover, it should be noted that there is no evidence in this case that compliance with the procedure regulated by Resolution N°39 resulted in the issuance of a favorable final act recognizing the plaintiffs’ right to obtain title. On the contrary, in OSO-229-2008, dated 16 de abril del 2008, Engineer Mario Jiménez Quirós, Head of the Oficina Subregional de Osa, informed the then Executive President of the IDA, Mr. Carlos Bolaños Céspedes, that although his office had begun receiving the documents for titling the parcels of Asentamiento Osa located in the area affected by the Reserva Forestal Golfo Dulce, that process was not completed because Resolution N°39 of 14 de noviembre del 2005, which authorized it, was revoked by Resolution N°35 of 19 de noviembre del 2007. The foregoing is relevant not only because it confirms what is already clear from the analysis of Resolution N°39—namely, that it did not declare any subjective right in favor of the plaintiffs—but also because it shows that the procedural mechanism established in that act never produced any effect and did not proceed beyond the stage of receiving documents from some of the occupants of that land, since it was subsequently revoked by Resolution N°35 of session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007.
For the reasons stated, the plaintiffs’ arguments that Resolution N°35 is vitiated by nullity because the lesividad procedure established by law was not followed to revoke Resolution N°39 of session 44-05 held on 14 de noviembre del 2005 by the IDA Board of Directors cannot be accepted. Regarding the substantive aspects of Resolution N°35, as already noted, that act revoked Resolution N°39 of session 44-05 of 14 de noviembre del 2005, which established a procedure intended to enable the occupants of Asentamiento Osa to obtain title to the land. Although the act does not set forth the reason for the revocation in its text, it expressly states that it was based on technical opinion DAJ-1013-07, dated 31 de octubre del 2007, issued by the Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA—a practice expressly permitted under the provisions of section 136, subsection 2, of the General Law of Public Administration.
That report concluded that the inability to grant title arose from the legal nature of the land, because it formed part of a forest reserve, noting that for this reason the land “is classified as Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural de Estado), constitutes property in the public domain (bienes de naturaleza demanial), and is intended to serve a public use.” Thus, the legal basis underlying the revocation was the status of a large portion of the land as natural heritage of the State, arising from its location within a national forest reserve, all of which precluded the granting of title because of its public-domain status (demanialidad). Accordingly, the Court concludes that the revocation followed the procedure established for that purpose by the legal system, was issued by the competent body, and was based on the public-domain nature of the property for which title was sought.
For the reasons stated, this Collegiate Body finds that Resolution N°39 of session 44-05 of 14 de noviembre del 2005 did not recognize the plaintiffs as IDA beneficiaries, did not declare any subjective right in their favor, and was lawfully revoked; consequently, principal claims 1, 3, and 4 must be denied.
XI.REGARDING THE CLAIM (PRETENSIÓN) THAT THE COURT DECLARE THAT THE IDA RECOGNIZED THE PLAINTIFFS AS IDA BENEFICIARIES, WITH AGGREGATE POSSESSION (POSESIÓN) OF 68 YEARS: The record shows that the Junta Directiva del ITCO, by resolution adopted under Article XVI of Session N°2401, held on 18 de agosto de 1980, “Based on the recommendations of the Sección de Ordenamiento de Tierras, resolved to award the following lots, because the awardees meet the statutory conditions and requirements for issuance of the corresponding supplementary title of ownership (título supletorio de dominio),” to the following persons: ...Nombre113229. Likewise, in certificates OSO-140-03, issued on 21 de abril del 2003, OSO-191-06 dated 19 de marzo del 2006, and OSO-192-06, dated 10 de marzo del 2006, signed by the Head of the Oficina Subregional del IDA en Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, it was stated: “OSO-140-03…according to our Database, censuses, and files, Mr.
Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, appear registered as IDA Beneficiaries in the capacity of occupants for more than 35 years of Dirección13776 #, , , located in Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, measuring 77Has.4.704.75m2, cadastral survey plan (plano catastrado) P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses, and files, Mr. Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, appear registered as IDA Beneficiaries in the capacity of occupants of parcel Dirección13777, , , which, according to cadastral survey plan P/529961-1998, measures 77-Ha 4704.75m2 and is located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 according to our Database, censuses, and files, parcel Dirección13778, , , has been in the possession of Mr.
Nombre113229, identity card CED89584, and Nombre113230, identity card CED89585, for more than 23 years. Likewise, this property lists as prior occupants Mr. Nombre113239, identity card CED89589, with possession of 10 years; Nombre113237, identity card CED89590, with possession of 20 years; Fernando Rivas (no identity card number or second surname is recorded), with possession of 15 years, demonstrating total possession of 68 years.” In addition to the foregoing, according to the testimony of witness Mario Obando González, who said that he knew Dirección13782 and was able to describe its location to the Court, Mr. Nombre113229 and his wife have occupied those lands for more than forty years and were even included in a census by Miguel Herra Miranda, an INDER technician who stated at the hearing that he had known the plaintiffs since 1983, when he was conducting the census. In view of this body of proven facts, the Court is able to corroborate not only that Mr.
Nombre113229 and Ms. Nombre113230 have indeed exercised possession for more than sixty-eight years—approximately thirty of those years through transfer—over a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, consisting of mountainous land, pasture, and agricultural land, cadastral survey plan P-529961-95, measuring 77-Ha 4704.75m2, but also that they were recognized by the IDA as awardees and beneficiaries of those lands through the resolution adopted under Article XVI of Session N°2401, held on 18 de agosto de 1980; certificate OSO-140-03, issued on 21 de abril del 2003; certificate OSO-191-06 dated 19 de marzo del 2006; and certificate OSO-192-06, dated 10 de marzo del 2006, the latter documents having been issued by the Head of the Oficina Subregional del IDA en Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós. At this juncture, it must be noted that, according to the theory of the case advanced by the representatives of the State and INDER, the aforementioned documents do not constitute acknowledgment of the plaintiffs’ possession.
They argue that the statements therein are the product of interviews with the neighbors themselves and not of reliable data. This draws the attention of this adjudicative body because, in documents OSO-140-03, OSO-191-06, and OSO-192-06, the Head of the Oficina Subregional Osa del IDA certifies—that is, according to the Real Academia Española, performs “the action and effect of reliably placing something on record”—and thus the contents of those documents are, as the documents themselves indicate, a definitive statement concerning a fact. Moreover, the certificate itself states that the source of the information certified therein is the institution’s database, as well as the files corresponding to Dirección13783, ,; therefore, the co-defendants’ assertions that the data derive solely from the censuses conducted and the information provided by the neighbors themselves are incorrect, without prejudice to the fact that knowledge of the circumstances obtained in that manner cannot be deemed false either, because in cases such as the present one, valuable information may be obtained through interviews with and censuses of the occupants.
Finally, the IDA official states in the certificates that he issues them “for the purpose of executing title deeds within the Reserva Forestal Golfo Dulce”; it is therefore noteworthy that, while aware of the significance of the certificate, the public official would have included information that, according to the defense of the State and INDER, was untrue. Thus, the co-defendants’ defense is based on their official’s neglect, as they argue that he recorded false information, conduct in relation to which there is no indication that any disciplinary proceeding was initiated or that any administrative action was taken to render ineffective what was certified therein. Accordingly, the defense that the information recorded therein is incorrect because the relevant Administration recorded inaccurate information cannot be accepted. Likewise, the resolution adopted under Article XVI of Session N°2401, held on 18 de agosto de 1980 by the Junta Directiva del IDA, which, “Based on the recommendations of the Sección de Ordenamiento de Tierras,” resolved to award Mr.
Nombre113229 a parcel in Asentamiento Osa, also remains effective, because the record contains no evidence that it was annulled through the procedures established by the legal system for annulling acts declaring individual rights (actos declaratorios de derechos subjetivos). Consequently, the principal claim identified as number 2 must be granted, because the evidence in the record establishes the existence of pronouncements issued by the Administration, specifically the IDA, in which it initially resolved to award Mr. Nombre113229 a parcel in Asentamiento Campesino Osa and subsequently, on three occasions, confirmed both him and Ms. Nombre113230 as beneficiaries of the parcel described in cadastral survey plan P-529961-95. At this juncture, it is important to state that, if the IDA had recognized third parties as awardees or beneficiaries of that same parcel, liability arising from such lack of diligence would rest exclusively with the relevant Administration.
Accordingly, notwithstanding that co-defendants Ms. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 answered the complaint and stated that they had no interest and would not participate in any legal proceeding against the plaintiffs herein, the Court finds that, should these circumstances arise, responsibility rests with the State and what is now INDER, as a consequence of an omission contrary to the principles of efficiency and protection of the public interest, as evidenced by the fact that more than 40 years have elapsed without the circumstances of the occupants of Asentamiento Osa having been addressed and definitively resolved. It must also be noted that the contradictions in the affidavits (declaraciones juradas) cited by the co-defendants are not in fact contradictions, as they arise from the chain of transfer of possession, which the IDA (now INDER) placed on record in OSO 192-06. Finally, it must be noted that, as shown in the record, on 20 de noviembre de 1974, Osa Productos Forestales, S.A. and Instituto de Tierras y Colonización signed a preliminary settlement agreement intended to transfer to the latter those portions of the properties owned by the former that were necessary—following censuses and studies conducted by that entity—to provide economically exploitable land to occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario).
This was subsequently intended to be implemented through Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, under which, for the purpose of carrying out the agricultural settlement plan developed by the ITCO, the following properties belonging to Osa Productos Forestales S.A. were expropriated: N°22048, N°8947, N°22046, all in Provincia de Puntarenas, which “constitute a single agricultural-forestry unit on the ground.” Likewise, that Decree authorized the “...Procuraduría General de la República to appear before the notary public designated by Instituto de Tierras y Colonización to execute the corresponding deed transferring the expropriated assets and, in the same instrument, to transfer them to that Institute, which shall use them for the purposes of ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 and its amendments…”. Subsequently, according to public deed N°03, executed before Notaries Public Adrián Argüello Artavia and Eduardo Ching Murillo on 04 de septiembre de 1980, the referenced properties were consolidated into property 39334-000, where Asentamiento Campesino Osa is located, and were registered in the name of Instituto de Desarrollo Agrario.
Thus, the relevant Administration clearly intended both to create the agricultural settlement and to provide land to its occupants, even after the Reserva Forestal had been created. It should be noted that, although the Reserva Forestal was created in 1978, Decreto Ejecutivo número 10088-G-H was issued in 1979 for the purpose of expropriating the lands and creating the referenced agricultural settlement. The properties were even transferred into the name of the IDA for that purpose. Thereafter, that same entity conducted censuses and issued resolutions—including N°39 of Session 44-05 dated 14 de noviembre del 2005, establishing a titling procedure—and, furthermore, in 2006, the Oficina Subregional del IDA en Osa issued certificates OSO 191-06 and OSO 192-06, in this instance at the plaintiffs’ request, and stated that their purpose was titling. Such conduct by the Administration clearly shows that occupants were already present on those properties before the IDA acquired them; that the objective was to create the settlement; and that the Administration, which had also issued the Decree establishing the Reserva Forestal, subsequently acted inconsistently regarding how to address the persons occupying the settlement.
Thus, for many years, from 1978 until 2007, when it repealed the procedure it had established for titling the lands, the IDA (now INDER) maintained that such titling was possible and communicated this to the plaintiffs through the aforementioned certificates, as well as to many other persons in the same circumstances, because the record shows that meetings were even held to determine how to resolve the conflict created by the Administration itself. Consequently, under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), these persons continued in possession and continued taking steps toward obtaining title.
Nevertheless, this never occurred, given the impossibility of doing so because the lands they occupied are located within the boundaries of the Forest Reserve (Reserva Forestal), an obstacle that INDER did not initially consider and of which it never informed the plaintiffs herein, not even when, by means of Board of Directors Resolution N°35 from session 040-2007, held on 10 de noviembre del 2007, it repealed Board of Directors Resolution N°39 from session 44-05, held on 14 de noviembre del 2005,” which had recognized the possibility of granting title. For the reasons stated, principal claim N°2 should be granted insofar as the IDA (now INDER) recognized the plaintiffs as awardees (adjudicatarios) and beneficiaries of parcel N°26-6, having been in possession for sixty-eight years.
This claim was identified as a principal claim, although subsequently, among the subsidiary claims, it is stated that if “the Instituto de Desarrollo Agrario is not ordered to deliver the property titles without any limitation arising from the legal nature of the Reserva Forestal de Golfo Dulce, as requested in claim 3) of the principal claim, then the following relief is requested: The State, INDER, and SINAC—and the State in particular—shall compensate the plaintiffs for their rights, by way of purchase and sale....” Consequently, this section of the judgment will address claim No. 5, identified as a principal claim, as well as the claim identified as subsidiary claim No. 1, since both seek compensation by way of expropriation or sale in relation to parcel No. 26-6. As stated in the preceding recital (considerando), by agreement adopted under Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, the ITCO, “[b]ased on the recommendations of the Land Management Section, resolved ‘to award the following lots, since the awardees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supplementary title of ownership (título supletorio de dominio) to be issued to them,’” to the following persons: ...
Nombre113229.” Likewise, certifications OSO-140-03, issued on April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, dated March 10, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, recognized their status as IDA beneficiaries, as occupants for more than 35 years, of parcel #Dirección13784, , , located in estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, measuring 77Has.4.704.75m2, cadastral survey plan (plano catastrado) P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses, and records, Mr. Nombre113229, identification card CED89584, and Nombre113230, identification card CED89585, are registered as IDA beneficiaries, as occupants of parcel Dirección13777, , , which, according to cadastral survey plan P/529961-1998, measures 77-Ha 4704.75m2 and is located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) demonstrating a total possession of 68 years.” Furthermore, pursuant to sections 8, 9, 10, and 11 of Decreto 8494-A of April 28, 1978, which entered into force on June 1, 1978, “Article 8 - Registered properties, properties held in possession for ten years, and properties held under precarious possession (posesión precaria) located within the boundaries of the Reserve are automatically made subject to the Forestry Regime (Régimen Forestal).
Agricultural activities conducted on these properties must have the written approval of the Director General of Forestry until they are acquired by the State. Article 9- The Dirección General Forestal shall arrange for the direct purchase or expropriation of lands brought under private ownership (dominio particular) that are located within the boundaries of this Reserve and are essential to its consolidation. Article 10. The relocation and resettlement of occupants who have possessed land within the Reserve for more or less than ten years shall be carried out pursuant to the Ley Forestal with the involvement of the Instituto de Tierras y Colonización. Article 11- The necessary land shall be acquired in accordance with the census to be conducted for that purpose by the Dirección General Forestal or ITCO.” Under the provisions quoted above, it is clear that, in addition to creating the Reserva Forestal Golfo Dulce, Decreto N°8498-A regulated how the Administration was to handle cases of occupation in the areas encompassed by the Reserva Forestal.
In this regard, Article 8 of the Decree recognizes that, within the boundaries of the Reserve, there were registered properties, properties held in possession for ten years, and properties under precarious possession; Article 9 of the Decree subsequently provided that the Dirección Forestal would arrange for the direct purchase or expropriation of lands brought under private ownership; and, pursuant to sections 10 and 11, ITCO and the Dirección General Forestal were required to relocate and resettle occupants who had possessed land within this Reserve for more or less than ten years. It follows that, in cases involving impairment of an ownership right (derecho de dominio) exercised through possession as owner (posesión a título de dueño) or as the registered owner, the Decree itself provided for expropriation or direct purchase and even established a right in favor of persons who could prove their occupation “for more or less than ten years” of land located within the boundaries of the Reserve by ordering ITCO and the Dirección General Forestal to relocate them to a new settlement.
Accordingly, under the cited provisions, the relevant Administration was required to compensate possessors or owners who did not voluntarily opt into the Forestry Regime, because it ordered compensation through expropriation proceedings (acción expropiatoria) or direct purchase in cases where appropriate, as well as the relocation of occupants who had been there “for more or less than ten years.” The Sala Constitucional ruled to this effect in judgment 2456-97 at 11:03 a.m. on May 2, 1997: “IV.- The issue concerning the constitutionality of the executive decrees underlying this amparo proceeding (amparo) and their implications was duly resolved by the Chamber in judgment number 1019-97 at fourteen hours and forty-eight minutes on February eighteenth, nineteen ninety-seven, dismissing the action because the restrictions imposed on property are compensable and allow the possessor or possessors either to voluntarily opt into the Reserva Forestal Regime or to choose expropriation.
The provisions of the challenged decrees may therefore properly be applied, provided that the Administration fulfills its obligation to ensure that the expropriation procedures are duly carried out within the legally established period and, in particular, before the Administration undertakes any acts of possession with respect to the expropriated property or properties; the corresponding compensation must be paid before the Administration takes definitive possession of the property, as established by section 45 of the Constitution (...) VI.- Section 9 of Decreto Ejecutivo 8494-A places upon the Dirección General Forestal the obligation to ensure compliance with the procedures for the expropriation or direct purchase of land under private ownership. In this regard, it must be emphasized that expropriation proceedings are not initiated at a party’s request; rather, they are an obligation of the Administration, as the party interested in the property and the party responsible for ensuring full compliance with constitutional provisions.
It must also be noted that expropriation proceedings apply in every case in which an ownership right over land is affected, whether exercised through possession as owner under the terms established by the Código Civil or through registered ownership thereof. This right of the affected party is established by Decreto Ejecutivo 8494-A when it orders expropriation proceedings or direct purchase for all lands under private ownership—private ownership being understood to include not only land held under legitimate titles evidencing ownership status, but also land held by persons lacking such title who are merely de facto possessors (poseedores de hecho)—that are located within the boundaries of the Reserve. VII.- The expropriation or direct purchase of the land must be ordered and determined, which is precisely what Decreto 8494-A does in section 11 when it requires a census to determine who the occupants or owners of the land are, under what title they occupy it, and its value, likewise determining who must be compensated.” At this point, it must be noted that, under Decreto 8494, occupants who had been there “for more or less than ten years” were entitled to relocation to a new settlement, an action the Administration also failed to take.
Thus, as stated in the report submitted to the Sala Constitucional by MINAE on April 28, 2003, which lists Mr. Nombre113229 as one of the persons included in the census as occupants of the land in question, it is established that the Administration was, at a minimum, required to relocate him, which it likewise failed to do. Accordingly, because the Court has confirmed that both Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230 were recognized as awardees and beneficiaries in their capacity as adverse possessors (usucapientes), within the meaning of Article 8 of Decreto Ejecutivo 8494-A, with respect to parcel 26-6 of the Asentamiento Campesino Osa, having possessed it for more than sixty-eight years, it is evident that they are entitled to payment of the fair price for that parcel by way of expropriation. For the reasons stated, and because the obligations established in sections 8 through 11 of Decreto Ejecutivo 8494-A fall upon the Executive Branch pursuant to Article 2 of the Ley Forestal N°7575 of February 13, 1996, principal claim No. 5 and subsidiary claim No. 1, which have identical consequences, are granted.
The State shall therefore be ordered to pay, by way of expropriation of the lands comprising Dirección13779, the fair price established as compensation, for which purpose the parameters prescribed by the Ley de Expropiaciones N°7495 must be used, taking into account the improvements made as described in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, dated November 26, 2021, consisting of an inspection report for parcel No. 26 of the Asentamiento Osa, Sector 6, which is located within that land. Likewise, for purposes of establishing the fair price, a new cadastral survey plan must be prepared to correct the inconsistencies identified in the report contained in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, dated November 26, 2021; this action shall be undertaken by the plaintiff.
XIII.REGARDING THE CLAIM (PRETENSIÓN) THAT THE STATE, INDER, AND Nombre113238 COMPENSATE THE PLAINTIFF FOR THE ALLEGED DAMAGES ARISING FROM THE RESTRICTIONS RESULTING FROM THE CREATION OF THE FOREST RESERVE. The plaintiffs request that the judgment declare that the State, INDER, and SINAC—and, in the alternative, only the first—have a duty to compensate them for the damages arising from the restrictions imposed as a result of the creation of the Golfo Dulce reserve. In support of their request, they contend that subjecting the properties to the forestry regime (régimen forestal) has prevented them from improving their parcels and engaging in commercial, industrial, or livestock activities. With respect to identical claims in cases similar to the one now under consideration, this Court has stated: “First, it must be noted that, contrary to what the plaintiff’s representative asserts, Articles 6 and 7 of Executive Decree No. 8494-A—which created the Reserva Forestal Golfo Dulce—establish that natural resources may be exploited within that reserve, provided that the corresponding permit is obtained.
Such permit shall be granted pursuant to technical standards approved by the competent forestry and/or environmental authority, in accordance with the zoning established for that purpose. This is confirmed by official letter No. ACOSA D-0183 of 22 de abril del 2008, signed by the Director of Área de Conservación Osa of SINAC, appearing at folios 540 and 541 of the judicial case file (expediente judicial), according to which, ‘…the occupants of the reserve have been able to use their land freely, provided that they comply with the requirements established in the legislation in force, which applies equally to all citizens of the country…’” (Judgment No. 38-2019-V, issued at 10:55 on 07 de mayo del 2019). As confirmed by the review of official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of 26 de noviembre del 2021, consisting of an inspection report for parcel No. 26 of Asentamiento Osa, Sector 6, it is not true that parcel 26 could not be exploited by the plaintiffs.
According to that report, as set forth in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of 26 de noviembre del 2021, parcel No. 26 has “…with regard to the area of flat topography, this corresponds to (sic) 28 hectares, of which approximately 26 hectares are planted with natural ratana grass and improved Guinea Mombaza grass (Panicum maximum). These receive regular maintenance and are distributed among 7 established paddocks enclosed by barbed-wire fences in poor condition, constructed with 3 strands of wire on deadwood posts and, in some sections, living posts. 4- With respect to crops, an area of approximately 1/4 of a hectare planted with growing corn was observed. Another 1/4 of a hectare is planted with plantains and some stands of sugarcane, as well as 25 pineapple plants and approximately 50 cassava plants. These crops are not well maintained, as they are covered by scrub vegetation.
With respect to fruit cultivation, 8 mango trees, 3 avocado trees, 10 soursop trees, 12 papaya trees, 4 guaba trees, 10 acid lime trees, 20 sweet orange trees, 5 cacao trees, and 7 coconut palms were identified, all producing fruit and planted sporadically throughout the pasture. In addition, there is an area of approximately 1 hectare that lies fallow and is used for planting staple crops. 5- As for infrastructure, a dwelling in fair condition was observed, measuring 12x6.50 meters, built on wooden foundations, with wooden walls, a wooden floor, and a galvanized-iron roof in fair condition. There is also a corral measuring 9.50 X 10 meters, with wooden posts and planks, an earthen floor, and no roof.” It is therefore concluded that the land has in fact been capable of being exploited, with no proof that any commercial, industrial, livestock, or agricultural project was prevented; on the contrary, agricultural and livestock activities have been carried out on the property. For the foregoing reasons, the principal claim identified as No. 6 must be denied.
XIV.REGARDING THE CLAIM THAT THE STATE, INDER, AND Nombre113238—and, IN THE ALTERNATIVE, ONLY THE FIRST—COMPENSATE THE PLAINTIFFS FOR SUBJECTIVE NON-PECUNIARY HARM (DAÑO MORAL SUBJETIVO): The plaintiffs request a declaration that the co-defendants are obligated to compensate them for subjective non-pecuniary harm, which, they asserted, consists of “the suffering endured for almost 40 years of hardship without finding a legal or economic solution to their agrarian and environmental problem, living in a state of insecurity and watching their family become impoverished while they were prohibited from cultivating, improving, or engaging in economic, industrial, or commercial activities.” As stated in the immediately preceding recital (considerando), for the reasons outlined therein, damages arising from the restrictions that allegedly prevented the use and enjoyment of the occupied lands should not be awarded, because Executive Decree No. 8494-A itself not only provides for the possibility of exploiting those properties, but also, according to the evidence added to the record for further adjudication (prueba para mejor resolver), consisting of the report contained in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of 26 de noviembre del 2021, agricultural and livestock activities have in fact been carried out at Dirección13785 °.
Nevertheless, this Collegiate Body finds that, as the claimant correctly states, there has been an omission by both the State and INDER in fulfilling the provisions contained in Articles 8 through 11 of Executive Decree No. 8494-A, which expressly established the obligation to expropriate or conduct a direct purchase and compensate the titleholders and possessors, or at least relocate them to a new settlement. Compliance with these duties has not been addressed diligently or in a timely manner. It has likewise been confirmed that the State and INDER not only failed to comply with the mandate contained in the aforementioned Decree, but also failed to comply with the order issued by Sala Constitucional in the Sala Constitucional decision 2456-97, rendered at 11:03 on 02 de mayo de 1997, which, under the principles arising from Article 13 of Ley de la Jurisdicción Constitucional, was binding on all parties involved in applying the provisions of Executive Decree 8494-A.
In light of the foregoing, the claim identified as No. 7 must be partially granted, and subjective non-pecuniary harm must be awarded for the suffering caused by waiting more than forty years for a legal solution to the plaintiffs’ situation. Under this category, the State and INDER shall be jointly and severally liable (de forma solidaria) to pay each plaintiff the amount of two million colones. Interest shall be paid on those amounts from the date this judgment becomes final until payment in full.
SINAC is declared to lack standing (falta de legitimación), because the claims asserted in the complaint filed by the plaintiffs do not seek to challenge any administrative conduct originating from that body or to recover damages arising from its actions or omissions. With respect to the State and INDER, in view of the matters set forth in the preceding recitals, there is a legal relationship between the co-defendants and the plaintiffs arising from the obligations established in Executive Decree 8494-A, as well as from the actions taken by IDA (now INDER), through which it recognized Mr. Nombre113229 as an awardee (adjudicatario), and subsequently recognized the possession of both plaintiffs by issuing certificates OSO-140-03, OSO 191-06, and OSO 192-06. The defenses of forfeiture (caducidad) and statute of limitations (prescripción) are rejected for the reasons stated in recitals VIII and IX of this judgment.
The defense of lack of current interest is rejected because no definitive solution to the dispute has yet been provided. The generic defense of sine actione agit is likewise rejected, because it is not, strictly speaking, a defense and, moreover, its constituent aspects have been analyzed separately. The defense of failure to state a legal right (falta de derecho) raised by the State and INDER is partially granted solely with respect to claims 1, 3, and 4, which seek a declaration by the Court that Agreement No. 35 from Ordinary Session 040-2007, which revoked Agreement No. 39-2005, both issued by the IDA Board of Directors, is null and void, as well as a declaration that, under the latter Agreement, the plaintiffs were entitled to receive the deeds to parcel No. 26. Claim No. 6, requesting that the State, INDER, and SINAC be ordered to compensate the plaintiff for the alleged damages arising from the restrictions resulting from the creation of the forest reserve, is likewise denied.
The complaint is partially granted, and it is declared: i. That IDA (now INDER) recognized the plaintiffs as awardees and beneficiaries of parcel 26-6, with 68 years of possession; ii. That the State shall pay, as compensation for the expropriation (expropiación) of the lands comprising parcel 26-6, the fair price to be established during the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencia), using the parameters prescribed by Ley de Expropiaciones N°7495 and taking into account the improvements made, as documented in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of 26 de noviembre del 2021, consisting of an inspection report for parcel No. 26 of Asentamiento Osa, Sector 6, located within that land. Likewise, for the purpose of establishing the fair price, the plaintiffs shall prepare a new cadastral plan (plano catastrado) correcting the inconsistencies identified in the report contained in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of 26 de noviembre del 2021; iii.
The State and INDER shall be jointly and severally liable to pay each plaintiff the sum of two million colones for subjective non-pecuniary harm, as well as statutory interest accruing from the date this judgment becomes final until payment in full. As to co-defendants Nombre113231 and Nombre113232, the complaint is dismissed because no claims were asserted against them.
Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, court costs and attorney’s fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the unsuccessful party by virtue of having lost. Relief from this award is warranted only when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient cause to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this panel finds no reason to apply the exceptions established by the applicable rules and depart from the principle that costs are awarded against the unsuccessful party. Accordingly, INDER and the STATE are ordered to pay the attorney’s fees and court costs incurred by the plaintiff, which shall be assessed during the enforcement-of-judgment phase (fase de ejecución de sentencia) before this Tribunal. Furthermore, this Panel considers that the plaintiff litigated against Nombre113238 pursuant to a judicial ruling joining it to the proceedings; therefore, she is relieved from paying either category of costs in relation to those co-defendants. With respect to co-defendants Nombre113231 and Nombre113232 , this matter is resolved without a specific award of costs, since they were also joined to the proceedings pursuant to a judicial decision concerning mandatory joinder of defendants (litis consorcio pasiva necesaria).
POR TANTO
The defense of lack of standing as a defendant (falta de legitimación pasiva) is upheld with respect to SINAC. This defense is rejected with respect to the STATE and INDER. The defenses of statutory time-bar (caducidad) and limitation (prescripción) are rejected. The defense of failure to state a legal right (falta de derecho) is partially upheld. The action brought by Mr. Nombre113229 and Nombre113230 is partially granted solely against the State and INDER, under the terms set forth below, and shall be deemed denied as to all matters not expressly granted. The State is ordered to pay Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230 , as compensation for the expropriation (expropiación) of the lands comprising Dirección13779 , the fair price to be determined as indemnification, the amount of which shall be established during the enforcement-of-judgment phase. Each plaintiff shall receive fifty percent of the amount determined.
To determine the fair price, a new cadastral survey plan (plano catastrado) must be prepared correcting the inconsistencies identified in the report contained in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, dated 26 de noviembre del 2021, which shall be undertaken by the plaintiff. The STATE and INDER are held jointly and severally liable for payment to each plaintiff of two million colones as compensation for non-pecuniary damages (daño moral), together with statutory interest, which shall accrue from the date this judgment becomes final until payment in full. With respect to co-defendants Nombre113231 and Nombre113232 , the action is dismissed because no claims were asserted against them. The STATE and INDER are ordered to pay both categories of costs incurred in this action. With respect to co-defendant Nombre113238 and Messrs. Nombre113231 and Nombre113232 , this matter is resolved without a specific award of costs.
Ileana Isabel Sánchez Navarro Marianella Álvarez Molina Sergio Mena García *3F3BZVSEZYA61* ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, DECIDING JUDGE MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, DECIDING JUDGE SERGIO MENA GARCIA, DECIDING JUDGE
Tribunal Contencioso Administrativo.
Dirección04 .
Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO PARTE ACTORA: Nombre113229 y Nombre113230 PARTE DEMANDADA: ESTADO, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Nombre113231 y Nombre113232 .
N°08-2022-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 08:00 horas del 31 de enero del dos mil veintidós.
Proceso de conocimiento planteado por Nombre113229 , agricultor, casado, cédula de identidad número CED89584 y Nombre113230 , agricultora, casada, cédula de identidad número CED89585, ambos vecinos de Rincón de Sierpe, representados por Nombre11847 , cédula de identidad número CED89586; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por NATANAEL BARRANTES AZOFEIFA, carné profesional 19857; el ESTADO, representado por Nombre14097 , carné profesional 9669, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por GIDGETT RAMÍREZ HERNÁNDEZ, carné profesional 17939; Nombre113231 , cédula CED89587 y Nombre113232 , cédula CED89588. Todos los intervinientes son mayores de edad.
RESULTANDO
I.Por escrito presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el 14 de febrero del 2008, el señor Nombre113229 y la señora Nombre113230 , junto con otras veintiún personas, plantearon proceso de conocimiento contra el ESTADO y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Con base en los hechos que expusieron y fundamentos de derecho alegados en esa oportunidad, formularon sus pretensiones, las cuales fueron posteriormente modificadas, en la audiencia preliminar llevada a cabo a partir de las 08:40 horas del 07 de octubre del 2015, como sigue:
"PRETENSIÓN PRINCIPAL 1. Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005. El acuerdo derogado otorgó derechos a los actores reconociéndoles al 10 de mayo 2006, memorandum OSO-192-06, 68 años de posesión en la Dirección13771 , cuyo acto jurídico no fue notificada a los actores por parte de la institución, y el IDA, no promovió proceso de lesividad, porque caducó completamente.
2. El Instituto de Desarrollo Agrario reconoció como BENEFICIARIOS del Instituto, y con una posesión de 68 años en forma quieta, pacífica, sin interrupción, por sí y sumada la posesión de sus transmitentes, con más de 68 años según OSO-192-06, de más de 10 años antes de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, a los actores Nombre113229 , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233 conocida como Nombre113230 , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585. Dicho reconocimiento de la posesión a los actores fue en el Asentamiento Campesino OSA dentro de la finca inscrita a nombre del IDA o INDER en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real Placa20658 , situada en la Península de Osa.
3. De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva del IDA número 39 de la sesión 44-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005, los actores tenían derecho a entrega de las escrituras sobre la parcela N°26 del sector 6, situada en Dirección13772 , distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, lindante norte: Dirección336 , sur: Dirección13773 Brenes S.A., este: Dirección13774 . y oeste: Nombre113234 , Nombre113232 y Nombre113235 , mde 77 hectáreas 4.704,75 metros cuadrados. El Instituto de Desarrollo Agrario también DECLARO (sic) que dicha parcela registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113236 , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237 , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; FERNANDO RIVAS (no registra número de cédula ni segundo apellido) con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años (Memoriales OSO-191-06 de Dirección6091 ).
Existe un plano catastrado en el Registro Nacional bajo el N°P529961-98 a nombre de Nombre113229 , de la parcela 26 con una medida de 77 hectáreas 4704.75 metros cuadrados. Conforme al expediente administrativo se solicitó se les reconociera una POSESIÓN DE MAS DE 68 AÑOS. La Oficina Sub Regional de OSA debió considerar la declaración jurada rendida por este actor, la cual constituye plena prueba conforme al Acuerdo de Junta Directiva, y reconocerle el tiempo de posesión ejercida en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe, sumada la posesión de sus transmitentes. Esto, de todas formas, debería ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del Instituto al resolver sobre el fondo el caso presentado en el expediente. Pero no se continúo (sic) con el trámite porque el expediente administrativo fue paralizado por el Instituto, por la acción del Ministerio del Ambiente y la Procuraduría. Por ello no se hizo el análisis de fondo según autorizo el Acuerdo de Junta Directiva, ni se termino (sic) el trámite.
4. El acuerdo número 39 de la sesión 44-05 de la Junta Directiva del IDA al reconocer nuevamente los derechos de los usucapientes creó un procedimiento administrativo para entregar los títulos de propiedad, sin ningún tipo de limitaciones o reservas, sobre la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real 6-39334 secuencia 000, del Asentamiento Campesino OSA, a los actores Nombre113229 , mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233 conocida como Nombre113230 , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585; sobre las parcelas donde el Instituto los declaró sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa. Los actores y demás beneficiarios se sumaron al procedimiento administrativo hasta que enero del 2008 la Oficina Regional de Osa les devolvió parte de los documentos entregados y les dijeron que no iniciarían más trámites nuevos ni terminarían los ya iniciados, porque la Procuraduría y el IDA así lo habían decidido.
5. El Estado, el INDER y Nombre113238 deben indemnizar la finca a los actores conforme la normativa antigua y reciente que reconocen sus derechos. Conforme establecen los decretos número 8498-A del 20 de abril de 1978, creador de la Reserva Golfo Dulce y reconocedor de los derechos de indemnización por expropiación a los poseedores usucapientes y el decreto 9388-A del 30 de noviembre de 1978, donde se reiteró el reconocimiento de los usucapientes y el artículo 39 de la sesión de Junta Directiva del IDA 44-05 del 14 de noviembre de2005, donde se interrumpió todo tipo de prescripción contra los actores al disponer de un procedimiento administrativo para reconocer los derechos de los usucapietes 10 años antes de la declaratoria de la Reserva Forestal, a los poseedores actuales, demostrable mediante declaración jurada de su cadena posesoria, ratificado todo ello por la sentencia de la Sala Constitucional número 97-2456 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997.
6. El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá indemnizar, en la vía de ejecución de sentencia a los mismos actores, por concepto de daños y perjuicios, todas las limitaciones impuestas a partir de 1979 y hasta la fecha del efectivo pago, con ocasión de la creación de la Reserva de Golfo Dulce, por haber declarado sus parcelas y sus fincas afectas al régimen forestal, que les ha impedido trabajar, cultivar, mejorar sus parcelas en la actividad agraria, así como por la prohibición de realizar cualquier actividad comercial, industrial, tener ganado, o en cualquier forma ejercer el derecho de propiedad adquirido, anteponiendo las limitaciones forestales sin haber indemnizado a los actores por esa conducta en beneficio de la conservación del bosque, porque con esa actitud se ha infringido de facto todos los derechos inherentes a la propiedad agraria, con una actitud arbitraria y discriminatoria respecto de todos los demás ciudadanos. Estos daños y perjuicios no podrán ser inferiores al concepto de "Incentivo forestal" consistente en el incentivo que le otorga el Estado a los administrados para conservar el bosque.
7. El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá pagar el daño moral a los actores, estimado en cincuenta millones de colones, consistente en el sufrimiento de casi 40 años de penar por no encontrar una solución jurídica ni económica a su problema agrario y ambiental, por vivir en estado de inseguridad, viendo empobrecerse a su familia mientras tenían prohibiciones para cultivar, mejorar o realizar actividades económicas, industriales o comerciales.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:
1. Si no se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a la entrega de los títulos de propiedad, sin ninguna limitación, por la naturaleza jurídica de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, según la pretensión marcada 3) de la pretensión principal, entonces se pide se le condene de la siguiente forma: El Estado, el INDER y SINAC, en particular el Estado deberá indemnizar los derechos de los actores, como compraventa a razón de diez millones de colones por hectárea o a justa tasación de peritos y al valor del momento cuando se pague, a los actores Nombre113229 , mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233 conocida como Nombre113230 , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585; sobre las parcelas que el Instituto los ha declarados (sic) sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa, por haber adquirido sus derechos con una posesión decenal anterior a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce, debiendo fijarse esa indemnización en ejecución de sentencia.
2. En ambos casos, en la pretensión principal o en la subsidiaria, se debe condenar al Estado, INDER o al SINAC, al pago de ambas costas de esta acción. (imágenes 198 a 262 y 2220 a 2229 del expediente judicial que corresponden al escrito de demanda y al Acta de la Audiencia Preliminar).
II.En resolución de las 13:22 horas del 18 de febrero del 2008, la entonces Jueza de la etapa de trámite, Sady Jiménez Quesada, cursó la demanda y confirió su traslado a la parte accionada. Al proceso le fue asignado el expediente N°08-111-161-CA (ver auto de traslado a imágenes 266 y 267 del expediente judicial).
III.En escrito presentado ante el Tribunal el 08 de abril del 2008, la representación del INDER contestó negativamente la demanda y planteó las defensas de falta de derecho, de legitimación y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 312 a 335 del expediente judicial).
IV.En escrito presentado ante el Tribunal el 23 de abril del 2008, la representación del Estado contestó negativamente la demanda y formuló las siguientes excepciones: incompetencia, cosa juzgada, prescripción, falta de derecho, falta de interés actual y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 355 a 424 del expediente judicial).
V.En resolución N°553-2008, de las 13:02 horas del 22 de agosto del 2008, la persona juzgadora de la etapa de trámite, rechazó la defensa de falta de competencia (ver resolución a imágenes 936 a 941 del expediente judicial).
VI.En resolución N°000067-C-2009, de las 11:36 horas del 22 de enero del 2009, la Sala Primera declaró que el órgano competente para conocer este asunto es el Tribunal Contencioso Administrativo (ver resolución a imágenes 996 a 1013 del expediente judicial).
VII.En resolución de las 15:18 horas del 25 de mayo del 2009, las personas juzgadoras Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron acumular los expedientes 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, Placa20659, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA AL 08-111-161-CA (ver Acta de la Audiencia a imágenes 1035 a 1038 del expediente judicial).
VIII.En resolución de las 14:52 horas del 25 de agosto del 2009, las personas juzgadoras José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron integrar al proceso al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante denominado por su acrónimo como SINAC), al cual confirió el traslado de la demanda en resolución de las 14:20 horas del 03 de septiembre del 2009 (ver por su orden, Acta de la Audiencia y el auto de traslado de la demanda a imágenes 1270 a 1275, 1278 y 1279 del expediente judicial).
IX.En escrito presentado ante el Tribunal el 30 de octubre del 2009, la representación del Nombre113238 contestó negativamente la demanda y presentó las defensas de falta de derecho, legitimación ad causam activa, incompetencia, defectos de la demanda que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, prescripción o caducidad del derecho (ver escrito de contestación a imágenes 2115 a 2155 del expediente judicial).
X.En resolución de las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Rosa María Cortes Morales ordenó la separación de los expedientes y posteriormente a este asunto le fue asignado un nuevo número de expediente (imágenes 2064 a 2068 del expediente judicial).
XI.En la audiencia preliminar llevada a cabo a partir de las 08:40 horas del 07 de octubre del 2015, se fijaron las pretensiones, según se indicó en el Resultando I de esta sentencia (ver acta de la Audiencia a imágenes 2220 a 2229 del expediente judicial).
XII.En la resolución N°2624-2015, de las 15:15 horas del 09 de octubre del 2015, el Juez Daniel Aguilar Méndez integró a la litis a la señora Nombre113231 y al señor Nombre113232 , a quienes les fue conferido el traslado de la demanda mediante resolución de las 13:34 horas del 17 de noviembre del 2016 (ver por su orden ambas resoluciones a imágenes 2232 a 2336, 2542 y 2543 del expediente judicial).
XIII.En escrito presentado ante el Tribunal el 25 de enero del 2017, la señora Nombre113231 y el señor Nombre113232 procedieron a contestar la demanda y manifestaron que no tenían interés y no participarían en ningún juicio contra los aquí actores (ver copia del escrito de contestación a imágenes 2553 a 2558 del expediente judicial).
XIV.El 21 de mayo del 2018 se llevó a cabo la última audiencia preliminar. En ese acto, mediante resolución N°881-2018-T de las 15:35 horas, se rechazó la defensa de cosa juzgada. Asimismo el conocimiento de las excepciones de caducidad y de prescripción fue diferido para la sentencia de fondo (imágenes 2644 a 2648).
XV.La audiencia de juicio oral fue realizada el día 02 de diciembre del 2021. En dicho acto se confirió a las partes cinco días hábiles para presentar sus conclusiones por escrito. El día 13 de enero del 2022, el Tribunal admitió como prueba para mejor resolver el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la Dirección13775 , , y confirió audiencia a las partes sobre la prueba admitida. Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, contado a partir del día en el cual venció el plazo concedido a las partes para que se refirieran a la prueba para mejor resolver admitida por el Tribunal. No se observan vicios que puedan anular lo actuado. Concurren con su voto la Jueza Álvarez Molina y el Juez Mena García. Redacta la Ponente, Sánchez Navarro.
CONSIDERANDO
Como prueba para mejor resolver, se admite el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la Dirección13775 , . Lo anterior por considerar que la información que contiene el referido estudio es relevante en cuanto establece las condiciones de la parcela sobre la que versa el conflicto planteado al Tribunal.
De importancia para resolver este asunto, se enuncian los siguientes; 1).- Que el señor Nombre113229 y la señora Nombre113230 , han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años, de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida según dicho plano de 77 hectáreas, 4704.75m2, y han sido reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios por parte del IDA (Acuerdo tomado por la Junta Directiva del ITCO en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, según el cual "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ...
Nombre113229 ", visible a imágenes 71 a 78 del expediente judicial), declaración jurada visible a folios 13 a 10 del expediente administrativo identificado a nombre de Nombre113229 , con el N°169-07-PMMC, constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, en las cuales se indicó: “OSO-140-03…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la Dirección13776 #, , , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777, , , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela Dirección13778, , , ha estado en posesión del señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585 por más de 23 años.
Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113239 , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237 , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; Fernando Rivas (no registra número de cédula ni segundo apellido), con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años", las cuales pueden verse a imágenes 2948, 1663 y 2238 del expediente judicial y folio 07 del expediente administrativo; así como de las declaraciones de los testigos Miguel Herra Miranda, quien es técnico del INDER y manifestó que conocía a los actores desde 1983, cuando estuvo realizando el censo y Mario Obando González, quien fue uno de los ocupantes del Asentamiento Osa, y le expresó al Tribunal que tenía muchos años de conocer a los actores, que éstos tenían su vivienda en Guerra de Drake, que conocía la ubicación de la parcela 26, y que el actor tenía cerca de cuarenta años de vivir en el lugar, declaraciones que constan en el expediente judicial, en archivo adjunto.
Un 1/4 de hectárea cultivado de plátano y algunas cepas de caña dulce, así como 25 matas de piña y aproximadamente unas 50 matas de yuca, cultivos que no cuentan con una buena asistencia ya que se encuentran cubiertos de charral. Respecto al cultivo de frutales se identifican 8 árboles de mango, 3 de aguacate, 10 de guanábana, 12 de papaya, 4 de guaba, 10 de limón ácido, 20 de naranja dulce, 5 de cacao y 7 palmeras de coco, todos en producción y sembrados de forma dispersa entre el cultivo de pasto. Además existe un área de aproximadamente 1 hectárea que se encuentra en barbechos y que se utiliza para la siembra de cultivos básicos. 5- Como infraestructura se pudo apreciar una casa de habitación en regular estado, con dimensiones de 12x6.50 metros, construida sobre basas de madera, paredes de madera, piso de madera, techo hierro galvanizado en regular estado. Asimismo un corral con dimensiones de 9.50 X 10 metros con postes y tabloncillos de madera, piso de tierra y sin techo. ...Se debe indicar a demás, que el plano catastrado Número P-529961-1998, aportado por los señores Nombre113229 y Nombre113230 presenta inconsistencias, ya que al ubicarlo cartográficamente la propiedad se desplaza hacia el Sector Noroeste, traslapando o más bien sobreponiéndose a otras propiedades, una de ellas la Finca de Folio Real 6098081-001-002, propiedad de los señores Nombre113232 y Nombre113231 , la cual fue inscrita con el Plano Catastrado Número P-263611-1995. 10- Por último aclarar que la citada parcela se ubica en su mayoría dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, ya que aproximadamente 5 hectáreas se ubican fuera de dicha reserva forestal" (ver el informe citado a imágenes 3278 a 3291 del expediente judicial).
Artículo 9° La Dirección General Forestal gestionará la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración ...Artículo 10° El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización" (ver copia del decreto a imágenes 19 a 22 del expediente judicial).
Luego de recibida la solicitud con todos los requisitos la Oficina Subregional del IDA en Osa, en acción conjunta con la Dirección del Área de Conservación Osa del MINAE procederían a llevar a cabo una inspección ocular con la finalidad de verificar la presencia del ocupante del inmueble, sus linderos, su naturaleza, levantar un acta y verificar en las bases de datos la información. Posteriormente el representante regional del MINAE y del IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirían la recomendación respectiva para otorgar o denegar el título solicitado; lo cual sería remitido al Director de la Región Brunca del IDA, para emitir la recomendación y en el caso de "...resultare positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el área de titulación y éste lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente…” (ver copia del Acuerdo de cita a imágenes 128 a 133 del expediente judicial).
De importancia para resolver este asunto se enlistan los siguientes:
Los demandantes fundamentas su acción en las siguientes razones: La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión, los demandantes argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar su nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad. Sostienen además, que fueron declarados como beneficiarios de la Dirección13780 , que han logrado acreditar su posesión por más de sesenta y ocho años y que por ese motivo debe ordenarse la titulación de esos terrenos a su favor.
Indican además que en caso de que no se les reconozca la posibilidad de titular, se debe proceder a indemnizar a título de expropiación. Asimismo dicen que las limitaciones surgidas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal les ha impedido desarrollar proyectos comerciales, industriales y agropecuarios, por lo que consideran que debe indemnizarse esa pérdida de oportunidad. Aducen también que durante años han permanecido en la zozobra, lo que les ha causado sufrimiento y por consiguiente, daño moral subjetivo.
La representación del Estado sostiene que los actores no participaron del trámite previsto en el artículo 39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre el 2005, motivo por el cual, no pudieron derivar ningún derecho de ese procedimiento. Indica que no demostraron usucapión ni propiedad previa de la reserva Forestal Golfo Dulce y dice que el oficio OSO 192-06, no es un reconocimiento de la posesión. Señala además que los actores no fueron recurrentes en el recurso de amparo que dio lugar a la sentencia 2456-97. Aduce que el título adquisitivo de las porciones de la parcela no fueron acreditados. Asimismo indica que la adjudicación de la parcela 6-26 se autorizó en el año 1996 a Nombre113232 y Nombre113231 , codemandados en este asunto. Alega la existencia de contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por los actores, particularmente en lo que se refiere a la persona de la cual adquirieron la parcela. Manifiesta que no existen daños y perjuicios que deban indemnizarse, respecto de los cuales, también alega la defensa de prescripción.
La representación del INDER sostiene que en su caso, existe una falta de legitimación pasiva, toda vez que la finca N°39334, si bien pertenece registralmente al INDER, es patrimonio forestal del Estado, motivo por el cual no puede disponer de esos bienes. Indica además, que desde 1978 existe un impedimento legal para la adquisición y titulación por parte de los terceros del inmueble de referencia, por ser éste Patrimonio Natural del Estado. Señala que existe culpa de la víctima, por cuanto en todo momento, tuvo conocimiento de la naturaleza del inmueble y las limitación derivadas de esa condición. Estima que no fue acreditada la posesión decenal previa a la creación de la reserva por parte de los actores. Señala la inconsistencia en el plano P-529961-1998, así como la existencia de contradicciones en las declaraciones juradas que constan en el expediente. Indica que no fueron acreditados los daños y perjuicios que se reclaman.
Indica que a la actora le "asiste la falta de derecho y la falta de legitimación para demandar al INDER". Indica que el Acuerdo de Junta Directiva N°35 de Sesión Ordinaria 040-2007, de 19 de noviembre de 2007, derogó el Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, y que para esa anulación no se requería acudir al procedimiento referido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. Solicita acoger las defensas de caducidad y de prescripción presentadas porque, según afirman, los demandantes tuvieron conocimiento de la derogatoria del Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, más de diez años antes de la interposición de la demanda. Alega también la prescripción, porque pasaron más de diez años entre la interposición de la demanda y la promulgación del Decreto Ejecutivo 8494. Indica además la existencia de falta de interés, pues el reglamento que señalaba el procedimiento para titular fue derogado.
La representación del Nombre113238 sostiene que los actores eran poseedores en precario, motivo por el cual no operaban a su favor las obligaciones a cargo del Estado dispuestas en el Decreto Ejecutivo 8494-A. Indica además que la pretensión de daños y perjuicios estaría prescrita, por haber transcurrido más de diez años desde la publicación del Decreto que creó la Reserva Forestal. Sostiene que es improcedente la titulación de tierras que son Patrimonio Natural del Estado.
En relación con este planteamiento, la representación del Estado sostiene que corresponde la aplicación de la prescripción decenal establecidos en los numerales 873 y 868 del Código Civil -el primero en cuanto señala una plazo de 10 años para la ejecución de sentencias y el segundo por disponer ese mismo período para reclamar daños y perjuicios-, por lo cual aduce que el plazo para reclamar daños y perjuicios debe contarse a partir de la publicación del Decreto N°8494 del 28 de abril de 1978, que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo cual tuvo lugar el 1° de junio de 1978. Asimismo, argumenta que la Ley Forestal N°4465, vigente al crearse a referida Reserva, establecía la expropiación como remedio ante la negativa de los propietarios a someterse al Régimen Forestal y que por su parte, la Ley de Expropiaciones N°7495 dispone que los derechos y acciones derivados de esta ley, prescribirán en un plazo de diez años.
Idénticos argumentos plantearon las representaciones del Nombre113238 y del INDER. Analizados los argumentos presentados por los demandados en relación con la defensa de prescripción, el Tribunal resuelve que ésta resulta improcedente por las siguientes razones: 1. Los supuestos comprendidos en las disposiciones normativas del Código Civil, de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones no resultan aplicables al caso bajo examen. Así, en la especie no nos encontramos ante una ejecución de sentencia, pues las pretensiones planteadas por la parte actora no se refieren a la ejecución de un amparo, como se alega por los codemandados. En igual sentido, tampoco nos encontramos ante los supuestos del 868 del Código Civil, pues de conformidad con los términos en los cuales fue planteada esta demanda, las pretensiones no son meramente indemnizatorias. Lo mismo ocurre respecto de las disposiciones de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones, ya que no existe evidencia en el expediente que acredite que la parte accionada hubiese iniciado algún procedimiento o de que emitió algún tipo de conducta administrativa tendente a que la parte actora aceptara someterse al Régimen Forestal, y menos aún de que la parte demandante se negara a hacerlo y de que con ocasión de ello se inició algún tipo de expropiación.
Luego, en este asunto nos encontramos ante un proceso de conocimiento cuyo objeto es examinar la legalidad de las conductas de la Administración Pública cuestionadas por la parte accionante. 2. Como se verá más adelante, consta en el expediente que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, declaró adjudicatario a Nombre113229 de un terreno en el proyecto Osa Forestal, lo cual también se acredita en las constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, lo cual implica que la conducta del INDER ha tenido efectos continuados que se mantienen hasta la fecha, de lo cual se sigue que no ha operado la prescripción alegada. Aún más, de considerarse la prescripción, ésta no podría contarse con anterioridad a la emisión de la última de las referidas constancias, toda vez que aún para esa fecha, el funcionario del IDA, la emitió para efectos de titulación de tierras, lo cual, bajo el principio de confianza legítima implica que los actores, para esa fecha, consideraban que aún sería posible titular, sin que hubiesen recibido de la Administración concernida algún tipo de información en sentido contrario, que los moviera a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
En relación con la defensa de caducidad, planteada por las representaciones del INDER Y DEL Nombre113238 , este Tribunal ya ha indicado lo siguiente: "Considera este Tribunal que en la especie no resulta aplicable lo dispuesto en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, sino el numeral 39.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, el acuerdo contenido en el artículo 35 que la Junta Directiva del IDA, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, quedó en firme antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (01 de enero del 2008); también lo es, que la parte actora tuvo conocimiento del mismo hasta el 06 de junio del 2008 –pues dicho acuerdo no le fue notificado (considerando II aparte a de esta sentencia), a pesar de que el 02 de febrero del 2006 presentó una solicitud de titulación de la Dirección13781 , al amparo del procedimiento especial de titulación en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, que en todo caso, ya le había sido adjudicada por la Junta Directiva del INDER desde el 06 de enero de 1999 (folios 165 a 170 del expediente judicial e imágenes 46 a 59 del memorial de contestación de la demanda del INDER, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual)-, fecha en que interpuso el recurso de amparo tramitado bajo expediente 08-008420-0007-CO contra el IDA, con el objeto de que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en que se dispuso revocar el que había creado el Procedimiento Especial de Titulación de tierras ubicadas en el Asentamiento Campesino Osa, comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce (folio 1278 a 1307 del expediente judicial); b) En razón de que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado (artículo 35 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 por la Junta Directiva del IDA el 19 de noviembre del 2007) hasta el 06 de junio del 2008, momento para el cual ya estaba en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo de caducidad aplicable es el de un año previsto en el numeral 39 de ese cuerpo normativo y no el de cuatro años establecido en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, pues aunque el acto impugnado quedó firme antes de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, la actora no fue notificada del mismo por parte del IDA antes del 01 de enero del 2008; c) Por otra parte, se tiene por acreditado que el 17 de marzo del 2009, la actora presentó un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones en el proceso de conocimiento en que originalmente se tramitó su caso –o sea en el expediente 08-000110-0161-CA-, en el sentido de que “…Se declare nulo el Acuerdo de Junta Directiva Nº 35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, y con plena vigencia el Acuerdo de Junta Directiva Nº 39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005…” (folios 1009 a 1013 del expediente judicial).
En consecuencia, la pretensión de nulidad contra el acuerdo contenido en el artículo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada por la Junta Directiva del IDA, el 19 de noviembre del 2007, fue incoada dentro del plazo de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento de dicho acuerdo, tal y como se analizó en el aparte a) de este considerando; d) En este punto cabe resaltar, que si bien es cierto, este expediente tiene asignado el número 15-006080-1027-CA, ello se debe a lo siguiente: la demanda original se interpuso desde el 14 de febrero del 2008 y fue tramitada bajo expediente 08-000110-0161-CA, ampliándose sus hechos y pretensiones con relación al acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, mediante escrito del 17 de marzo del 2009 (folios 177 a 237, 1009 a 1013 del expediente judicial).
Con posterioridad y mediante resolución oral dictada el 25 de mayo del 2009, los Jueces que aquel momento tramitaban los diferentes procesos de conocimiento en que se discuten casos similares al que aquí nos ocupa, ordenaron la acumulación –entre otros- del expediente 08-000110-0161-CA, al expediente 08-000111-161-CA (folios 1034 a 1037 del expediente judicial). Sin embargo por resolución dictada a las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Tramitadora dispuso: “…Así, la conclusión a la que llega el Tribunal es que la única solución posible para permitir el avance del asunto y garantizar el ejercicio pleno del contradictorio es su separación, no por geografía o situación jurídica sino por predio, conforme a la tabla adjunta. Firme esta decisión, se procederá a la separación física de los expedientes y a comunicar a las partes el número de carpeta asignado, el juez turnado y la fecha de continuación de la audiencia preliminar…” (folios 2040 a 2046 del expediente judicial).
En razón de lo antes expuesto, es que al proceso incoado por la accionante se le asignó el número de carpeta 15-006080-1027-CA, sin embargo, se insiste en que la demanda original fue planteada desde el 14 de febrero del 2008 y la ampliación de hechos y pretensiones relacionadas con el acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, fue recibida en este Despacho desde el 17 de marzo del 2009, por lo que, tal y como se analizó en los apartados precedentes, se planteó en el plazo de un año previsto en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado. e) Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por el representante del INDER." (Sentencia N°38-2019-V, de las 10:55 horas del 07 de mayo del 2019). En la especie, ocurren los mismos supuestos de hecho y derecho indicados en la sentencia citada, y al igual que en el caso que ese fallo analiza, los aquí actores no tuvieron conocimiento del acto mediante el cual se aprobó el artículo 35 adoptado por la Junta Directiva del IDA hasta el seis de junio del 2008, lo cual no solamente implica que el plazo de caducidad aplicable es el de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sino que además, al momento en que los demandantes, mediante un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones introdujo como parte de sus peticiones, la declaratoria de la nulidad del referido Acuerdo, no había transcurrido aún, el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de dicho acto, y por consiguiente, se encontraba en posibilidad real de impugnarlo. Por las razones dichas, este Órgano decisor no encuentra ningún motivo para modificar lo resuelto en casos similares al que ahora nos ocupa, y se rechaza la excepción de caducidad.
X.SOBRE LAS PRETENSIONES PARA QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA NULIDAD DEL ACUERDO N° 35 DE LA SESIÓN ORDINARIA 040-2007 QUE REVOCÓ EL ACUERDO N° 39 DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2005, AMBOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IDA, ASÍ COMO PARA QUE SE DECLARE QUE DE CONFORMIDAD CON ESTE ÚLTIMO ACUERDO, LOS ACTORES TENÍAN DERECHO A QUE SE LES ENTREGARA LAS ESCRITURAS SOBRE LA PARCELA N°26. La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión, los demandantes argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar la nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad.
De este modo, según la teoría del caso de la parte actora, el Acuerdo N°35, adoptado por la Junta Directiva del IDA en la sesión ordinaria 040-2007, no era la vía para declarar la nulidad del Acuerdo N°39. En relación con esta pretensión, los accionados coinciden en su argumento de defensa, y sostienen que el Acuerdo N°39, adoptado en la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, no declaró derechos subjetivos a favor de los actores. Sobre este conflicto, el Tribunal estima que la teoría del caso en la cual la parte actora pretende sustentar su caso, en el sentido de que el Acuerdo N°35 es nulo, no es de recibo, por cuanto no es correcta su apreciación en la línea de que el Acuerdo N°39 tuvo como efecto el reconocimiento de derechos subjetivos a favor de los actores. A tenor de lo que dicho Acuerdo dispone, resulta evidente que el objeto de ese acto era establecer un procedimiento para la entrega de títulos de propiedad a favor de los ocupantes que cumplieran los requisitos, sin que sus alcances implicaran la declaración de un derecho subjetivo a favor de los ocupantes, lo cual eventualmente ocurriría posteriormente, en caso de que se realizaran las etapas allí descritas y se verificaran los requisitos dispuestos en el Acuerdo.
Así se estableció de forma expresa en el apartado primero de dicho acto, en cuanto autorizaba "...un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca 39344-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978", regulando en los apartados siguientes los requisitos que debían cumplir los beneficiarios que pretendieran ser sujeto de titulación, así como el procedimiento para que, una vez realizadas las inspecciones correspondientes, verificado el cumplimiento de los requisitos y emitida la recomendación por parte del Director de la Región Brunca, la Junta Directiva del IDA, dictase el acto final autorizando la segregación y el traspaso del predio al titular.
Luego, el Acuerdo, citado regulaba una vía para que los ocupantes del Asentamiento de Osa contaran con la posibilidad de titular los terrenos en los que se habían asentado, y solo el dictado del acto final favorable descrito en los apartados quinto y sexto de éste, tendría el efecto de declarar un derecho subjetivo a favor de quienes hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo. En este punto es preciso recordar que, tratándose de derecho administrativo, un derecho subjetivo refiere una situación jurídica consolidada, individualizada por la Administración mediante un acto favorable o declarativo de ese derecho a favor de uno o varios administrados en relación con un bien que se incorpora a su patrimonio. Así, este concepto "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial-, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio contable" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 de las 15:24 horas del 31 de octubre de 1997).
Luego, a partir de ese concepto, se tienen como actos declarativos de derechos aquellos que hayan enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente, de algún límite en relación con su ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. "Curso de Derecho Administrativo I. Civitas Ediciones, S.L., novena edición, Madrid, 1999, pág 644). Así, como ya se indicó, el establecimiento de un procedimiento para que los ocupantes del Asentamiento Osa procedieran a titular, no era más que la vía, o el camino para alcanzar la titularidad sobre los bienes que estaban poseyendo, que por sí solo no implicó ningún incremento en su patrimonio, ni la liberación respecto de algún limite en el ejercicio del dominio sobre esas tierras. Así, dada la naturaleza del Acuerdo N°39 del 2005, adoptado por el IDA en la sesión 44-05 en la sesión celebrada el 14 de noviembre, éste podía dejarse sin efecto mediante la vía de la revocatoria, de conformidad con las disposiciones del numeral 152 de la Ley General de la Administración Pública.
Por otro lado, debe advertirse que en la especie, no consta que como derivación de observar el procedimiento regulado por el Acuerdo N°39, se dictó un acto final favorable a los demandantes, reconociendo su derecho a titular, por el contrario, en el OSO-229-2008, de 16 de abril del 2008, el Ingeniero Mario Jiménez Quirós, Jefe de la Oficina Subregional de Osa, le indicó al entonces Presidente Ejecutivo del IDA, señor Carlos Bolaños Céspedes, que si bien su oficina había iniciado con la recepción de los documentos de titulación de las parcelas del Asentamiento Osa, ubicadas en el área afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce, ese proceso no se concretó, pues el Acuerdo N°39 de 14 de noviembre del 2005 que lo autorizaba, fue revocado por el Acuerdo N°35 de 19 de noviembre del 2007. Lo anterior resulta relevante de mencionar, no solamente porque confirma lo que ya de por sí ha quedado claro del análisis del Acuerdo N°39, en el sentido de que no declaró ningún derecho subjetivo a favor de los actores, sino que además, evidencia que ese cauce procedimental dispuesto en aquel acto, nunca produjo ningún efecto, y no pasó de la etapa de recepción de documentos de algunos de los ocupantes de esos terrenos, pues fue revocado posteriormente mediante el Acuerdo N°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007.
Por las razones dadas, no son de recibo los alegatos de la parte actora en el sentido de que el Acuerdo N°35 está viciado de nulidad porque no fue observado el procedimiento de lesividad dispuesto en el ordenamiento para revocar el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005 por la Junta Directiva del IDA. En lo que concierne a los aspectos de fondo del Acuerdo N°35, como ya se indicó, dicho acto revocó el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, que establecía un procedimiento tendente a la titulación de tierras por parte de los ocupantes del Asentamiento Osa. Si bien ese acto no desarrolla en su contenido el motivo de la revocatoria, lo cierto es que sí señala de forma expresa que ese acto se fundamentó en el criterio técnico DAJ-1013-07, de 31 de octubre del 2007, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA -práctica expresamente permitida, según las disposiciones del numeral 136, inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública-.
En ese informe se concluyó que la imposibilidad de titular obedece a la naturaleza jurídica de los terrenos, al formar parte de una reserva forestal, apuntando que por ese motivo "son calificados como Patrimonio Natural de Estado, constituyen bienes de naturaleza demanial, destinados a satisfacer un uso público". Luego, la causa de la revocatoria tiene como antecedente jurídico la condición de patrimonio natural del Estado de una gran parte de los terrenos, la cual le viene dada por estar ubicados éstos dentro de una reserva forestal nacional, todo lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de titular, dada su demanialidad. De este modo, el Tribunal concluye que el acto de revocatoria observó el cauce procedimental establecido para ello en el ordenamiento jurídico, fue dictado por el órgano competente y tuvo como motivo el carácter demanial de los bienes que se pretendían titular. Por las razones dadas, este Órgano Colegiado considera que el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, no reconoció como beneficiarios del IDA a los demandantes, no declaró ningún derecho subjetivo a su favor y su revocatoria se ajusta a derecho, motivos por los cuales las pretensiones principales 1, 3 y 4 deben rechazarse.
XI.SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL TRIBUNAL DECLARE QUE EL IDA RECONOCIÓ A LOS ACTORES COMO BENEFICIARIOS DEL IDA, CON UNA POSESIÓN ACUMULADA DE 68 AÑOS: Consta en el expediente que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ...Nombre113229 ". Asimismo, en las constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, se indicó: “OSO-140-03…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la Dirección13776 #, , , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777, , , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela Dirección13778, , , ha estado en posesión del señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585 por más de 23 años.
Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113239 , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237 , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; Fernando Rivas (no registra número de cédula ni segundo apellido), con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años". Aunado a lo anterior, de acuerdo a las declaraciones del testigo Mario Obando González, quien dijo conocer la Dirección13782 , y pudo describir al Tribunal su ubicación, el señor Nombre113229 y su esposa tienen más de cuarenta años de ocupar esos terrenos, e incluso fueron censados por Miguel Herra Miranda, quien es técnico del INDER y manifestó en la audiencia que conocía a los actores desde 1983, cuando estuvo realizando el censo. Ante este elenco de hechos probados, el Tribunal logra corroborar no solo que efectivamente el señor Nombre113229 y la señora Nombre113230 , han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años (por transmisión alrededor de treinta de esos años), de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida de 77-Ha 4704.75m2, sino que además, fueron reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios de esos terrenos por parte del IDA mediante el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980; constancia OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, constancia OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y constancia OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, estos últimos emitidos por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós.
En este punto, es preciso indicar que según la teoría del caso de los representantes del Estado y del INDER, los documentos mencionados no constituyen un reconocimiento de la posesión por parte de los actores. Alegan que lo que allí se indica es el producto de la entrevista a los mismos vecinos y no de datos fehacientes. Lo anterior llama la atención de este Órgano decisor, por cuanto en los documentos OSO-140-03, OSO-191-06, así como en el OSO-192-06, el Jefe de la Oficina Subregional Osa del IDA, hace constar, esto es, según la Real Academia Española "la acción y efecto de hacer constar algo de manera fehaciente", así, el contenido en esos documentos, son, según en ellos mismos se indica, una manifestación cierta sobre un hecho. Pero además, la misma constancia expresa que el origen de la información que allí se acredita, proviene de la base de datos de la institución, así como de los archivos correspondientes a la Dirección13783 , , de modo que no son correctas las afirmaciones de los codemandados en el sentido de que los datos se derivan únicamente de los censos realizados y de la información brindada por los propios vecinos, sin perjuicio de que además, el conocimiento de la situación obtenida de esa forma, tampoco puede ser calificada como falsa, por cuanto en casos como el que nos ocupa, es posible obtener datos valiosos a través de la entrevista y censos que fueron realizados a los ocupantes.
Finalmente, el funcionario del IDA, señala en las constancias, que las emite "para fines de escriturar dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce", de modo que llama la atención que conociendo el servidor, la trascendencia que tenía la constancia, consignara en ésta datos que, según la defensa del Estado y del INDER no son apegados a la verdad. Luego, la defensa de los codemandados se fundamenta en la incuria de su funcionario, que según argumentan, consignó datos falsos, conducta respecto de la cual no se observa que se haya abierto ningún tipo de acción disciplinaria, o emitido conducta administrativa alguna tendente a dejar sin efecto lo que allí se hizo constar. Así la defensa de que no es correcta la información allí consignada porque la Administración concernida consignó datos inexactos no es de recibo. Así mismo, el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras", acordó adjudicar al señor Nombre113229 un parcela en el Asentamiento Osa, también continúa surtiendo sus efectos, pues no consta en el expediente su anulación a través de los procedimientos establecidos por el ordenamiento para anular actos declaratorios de derechos subjetivos.
Luego, la pretensión principal identificada como la número 2 debe acogerse, pues de la prueba que consta en el expediente se ha logrado acreditar la existencia de manifestaciones emanadas de la Administración, concretamente del IDA, en las que resolvió adjudicar en un primer momento una parcela del Asentamiento Campesino Osa al señor Nombre113229 , y posteriormente, en tres ocasiones lo ratificó, tanto a éste como a la señora Nombre113230 , como beneficiarios de la parcela descrita en el plano catastrado P-529961-95. En este punto es importante indicar que en caso de que el IDA hubiese reconocido la condición de adjudicatario o de beneficiario a terceras personas, sobre esa misma parcela, la responsabilidad derivada de esa conducta poco diligente recaería exclusivamente sobre la Administración concernida. De este modo, sin perjuicio de que los codemandados la señora Nombre113231 y el señor Nombre113232 procedieron a contestar la demanda y manifestaron que no tenían interés y no participarían en ningún juicio contra los aquí actores, el Tribunal considera que de presentarse estas circunstancias, son el Estado y el ahora INDER, sobre quienes recae la responsabilidad, como derivación de una conducta omisiva contraria a los principios de eficiencia y de resguardo del interés público, que se evidencia en el hecho de que han transcurrido más de 40 años sin que se haya atendido y resuelto definitivamente la situación de los ocupantes del Asentamiento Osa.
Es preciso indicar además, que las contradicciones a las que aluden los codemandados en las declaraciones juradas, no son tales, pues obedece a la cadena de transmisión de la posesión, lo cual hizo constar el IDA (hoy INDER), en el OSO 192-06. Finalmente es preciso indicar que, según consta en el expediente el 20 de noviembre de 1974, la empresa Osa Productos Forestales, S.A. y el Instituto de Tierras y Colonización, firmaron un convenio preliminar de arreglo, tendente a traspasar al segundo las áreas de las fincas propiedad de la primera, que fueran necesarias - previa realización de censos y estudios realizados por esa entidad-, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario, lo cual más adelante se pretendió concretar a través del Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, mediante el cual, con la finalidad de cumplir con el plan de asentamientos campesinos desarrollados por el ITCO, fueron expropiadas las siguientes fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S.A: N°22048, N°8947, N°22046, todas de la Provincia de Puntarenas, y que "forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal".
Así mismo, en ese Decreto se autorizó a la "...Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto lo traspase a dicho Instituto, el que los destinará para los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas…” . Posteriormente según escritura pública N°03, otorgada ante los Notarios Públicos Adrián Argüello Artavia y Eduardo Ching Murillo el 04 de septiembre de 1980, las fincas referidas fueron reunidas, formando la finca 39334-000, en la cual se ubica el Asentamiento Campesino Osa y se inscribió a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario. Así, se denota la existencia de una clara voluntad de la Administración concernida en orden a la creación del asentamiento campesino así como de dotar de tierras a sus ocupantes, aún con posterioridad a la creación de la Reserva Forestal.
Nótese que a pesar de que ésta fue creada en 1978, es en 1979 que se emite el Decreto Ejecutivo número 10088-G-H, con la finalidad de expropiar las tierras y crear el referido asentamiento campesino. Incluso las fincas fueron traspasadas a nombre del IDA con ese propósito. Y más adelante, ese mismo ente, lleva a cabo censos y emite acuerdos -el N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, en el que se establece un procedimiento de titulación, y aún más, en el año 2006, la Oficina Subregional del IDA en Osa emite las constancias OSO 191-06 y OSO 192-06, en este caso a solicitud de los actores, y señala que su finalidad es la titulación. Claramente, tal forma de conducirse por parte de la Administración evidencia que desde antes de la adquisición de las fincas por parte del IDA, ya había ocupantes en esos inmuebles, que el objetivo era crear el asentamiento, y que más adelante la Administración, que también había emitido el Decreto en el que se estableció la Reserva Forestal, tuvo un actuar errático en cuanto a qué hacer con las personas que estaban ocupando el asentamiento.
Así, durante muchos años, desde 1978, hasta el 2007, fecha en la cual derogó el procedimiento que había estipulado para titular las tierras, el IDA, (hoy el INDER), sostuvo la tesis de que era posible esa titulación, y se lo hizo ver a los demandantes mediante las constancias antes referidas, así como a muchas otras personas que se encontraban en idéntica situación, pues según consta en autos, incluso se llevaron a cabo reuniones para establecer cómo se resolvía la situación de conflicto creada por la misma Administración. De modo que bajo el principio de confianza legítima, estas personas continuaron poseyendo y realizando acciones tendentes a titular. No obstante ello nunca ocurrió, dada la imposibilidad de hacerlo, en virtud de que las tierras que ocupaban se encuentran dentro de los límites de la Reserva Forestal, obstáculo que inicialmente el INDER no consideró, y respecto del cual nunca informó a los aquí actores, ni aún cuando derogó mediante Acuerdo de la Junta Directiva N°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, el Acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005" que había reconocido la posibilidad de titular.
Por las razones dadas, lo procedente es acoger la pretensión principal N°2, en lo que se refiere a que el IDA (hoy INDER), y reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela N°26-6, con una posesión de sesenta y ocho años.
XII.SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 INDEMNICEN A LA ACTORA A TÍTULO DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 26-6: Esta pretensión fue identificada como principal, a pesar de que luego, entre las pretensiones subsidiarias se indica que en caso de que "no se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a la entrega de los títulos de propiedad, sin ninguna limitación, por la naturaleza jurídica de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, según la pretensión marcada 3) de la pretensión principal, entonces se pide se le condene de la siguiente forma: El Estado, el INDER y SINAC, en particular el Estado deberá indemnizar los derechos de los actores, como compraventa...". En consecuencia, en este apartado de la sentencia se atenderán las pretensiones N° 5 identificada como principal, así como la que se indica como pretensión subsidiaria N° 1, pues ambas solicitan la indemnización a título de expropiación o venta en relación con la parcela N°26-6.
Según se indicó en el considerando anterior, el ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Nombre113229 " . Asimismo, en las certificaciones OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, se reconoció la condición como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la parcela #Dirección13784, , , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229 , cédula CED89584 y Nombre113230 , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777, , , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) lo que demuestra una posesión total de 68 años".
Por otra parte, según los numerales 8, 9, 10 y 11 del Decreto 8494-A de 28 de abril de 1978, que entró a regir a partir del 1° de junio de 1978, " Artículo 8 - Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidos al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la aprobación escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las Adquiera. Artículo 9- La Dirección General Forestal gestionará la compra la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración. Artículo 10. El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de la Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización.
Artículo 11- La adquisición de los terrenos que fueren necesarios se hará de conformidad con el censo que para ese efecto levantará la Dirección General Forestal o el ITCO". A tenor de la normativa transcrita, es claro que, además de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Decreto N°8498-A reguló el tratamiento que la Administración debía dar a los casos de ocupación en las zonas que quedaron comprendidas dentro de la Reserva Forestal. En este sentido, el artículo 8 del Decreto reconoce que dentro de los límites de la Reserva, había fincas inscritas, fincas con posesión decenal y fincas en posesión precaria, y más adelante el artículo 9 del Decreto dispuso que la Dirección Forestal gestionaría la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular, y por su parte, de acuerdo con los numerales 10 y 11, el ITCO y la Dirección General Forestal debían llevar a cabo el traslado y reasentamiento de los ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva.
De lo anterior se sigue que el propio Decreto dispuso, para los casos de afectación del derecho de dominio ejercido a título de dueño o bien como propietario registral, la vía de la expropiación o la compra directa, e incluso estableció un derecho a favor de quienes acrediten su ocupación de "más o menos de diez años" respecto de terrenos ubicados dentro de los límites de la Reserva, al ordenar al ITCO y a la Dirección General Forestal su traslado a un nuevo asentamiento. Luego, de acuerdo con la normativa citada, la Administración concernida debía indemnizar a los poseedores o a los propietarios que no se acogieran de forma voluntaria al Régimen Forestal, pues ordenó la indemnización por medio de la acción expropiatoria o la compra directa en los casos en los que ello fuese procedente, así como la reubicación de los ocupantes "de más o menos de diez años" .En este sentido se pronunció la Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997: "IV.- El punto respecto de la constitucionalidad de los decretos ejecutivos que dan base a este amparo y sus implicaciones ha sido resuelto debidamente por la Sala mediante sentencia número 1019-97 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, declarándola sin lugar por cuanto las limitaciones impuestas a la propiedad son indemnizables y permiten al poseedor o poseedores acceder al Régimen de Reserva Forestal en forma voluntaria o bien optar por la expropiación, por lo cual lo establecido en los decretos cuestionados es procedente en cuanto a su aplicación siempre que la administración cumpla con su obligación, cual es la de velar por que los trámites expropiatorios sean debidamente tramitados, en el tiempo que legalmente se encuentra establecido y, especialmente, de previo a que la administración inicie actos posesorios en cuanto al bien o bienes expropiados debiendo darse la indemnización correspondiente antes de que la administración entre en posesión definitiva de los bienes, así establecido por el numeral 45 de la Carta Magna (...) VI.- El numeral 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A deposita en la Dirección General Forestal la obligación de velar por el cumplimiento de los trámites de expropiación o compra directa de terrenos sometidos a dominio particular.
En este punto, cabe recalcar que el trámite expropiatorio no es un trámite que se realice a gestión de parte sino que resulta una obligación para la administración, como interesada en la propiedad y quien debe velar porque las normas constitucionales se cumplan a cabalidad. Además, es menester hacer ver que el trámite expropiatorio procede en todo caso que se vea afectado un derecho de dominio sobre un terreno, sea este ejercido mediante la posesión a título de dueño en los términos establecidos por el Código Civil o como propietario registral del mismo. Este derecho que asiste al afectado lo establece el Decreto Ejecutivo 8494-A al ordenar el trámite de expropiación o compra directa a todos los terrenos bajo dominio particular -entiéndase por dominio particular además de aquellos terrenos poseídos bajo títulos legítimos que dan crédito de la condición de propietarios, los que no posean dicho título y son simples poseedores de hecho- que se encuentren dentro de los límites de la Reserva.
VII.- La expropiación o compra directa de los terrenos debe ser ordenada y estar determinada y eso es lo que hace el Decreto 8494-A en su norma 11, cuando impone la realización de un censo para determinar quiénes son los ocupantes o propietarios de las tierras, bajo qué título las ocupan y los valores de éstas, determinando igualmente quiénes deben ser indemnizados". En este punto es preciso advertir, que a tenor del Decreto 8494, los ocupantes "de más o menos de diez años", tenían derecho a ser reubicados en un nuevo asentamiento, acción respecto de la cual también fue la Administración fue omisa. De modo que si, como consta en el informe rendido a la Sala Constitucional por el MINAE el 28 de abril del 2003, en el cual se consigna al señor Nombre113229 como una de las personas censadas en calidad de ocupantes de los referidos terrenos, se constata que la Administración, al menos debió reubicarlo, conducta que tampoco fue realizada.
Así, al haber corroborado el Tribunal que tanto al señor Nombre113229 como a la señora Nombre113230 , les fue reconocida su condición de adjudicatarios y beneficiarios en calidad de usucapientes en los términos del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 8494-A, respecto de la parcela 26-6 del Asentamiento Campesino Osa calidad, con más de sesenta y ocho años de posesión, es evidente que tienen derecho a que se les pague a título de expropiación el justo precio de esa parcela. Por las razones dadas, y siendo que las obligaciones establecidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Forestal N°7575 del 13 de febrero de 1996, recaen en el Poder Ejecutivo, se acoge la pretensión principal N° 5 y la subsidiaria N°1, las cuales tienen idénticas consecuencias, y deberá ordenarse al Estado que proceda a pagar a título de expropiación de los terrenos que comprenden la Dirección13779 , el justo precio que se fije por concepto de indemnización, para lo cual deberán utilizarse los parámetros prescritos en la Ley de Expropiaciones N°7495, y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, que está ubicada dentro de ese terreno.
Así mismo, a efecto de proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora.
XIII.SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 INDEMNICEN A LA ACTORA POR LOS SUPUESTOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA LIMITACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL. Los demandantes solicitan que en sentencia se declare el deber del Estado, el INDER y el SINAC, y subsidiariamente solo del primero, en orden a indemnizar los daños y perjuicios derivados de las limitaciones impuestas con ocasión de la creación de la reserva de Golfo Dulce. Para sustentar su petición, aduce que al afectarse las fincas al régimen forestal, se les ha impedido mejorar sus parcelas, realizar actividades comerciales, industriales o ganaderas. En relación con pretensiones idénticas, en casos similares al que ahora se analiza, este Tribunal ha indicado: "En primera instancia, es menester indicar que contrario a lo que afirma el representante de la actora, de los artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo número 8494-A –que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce- se desprende que es posible el aprovechamiento de los recursos naturales en dicha reserva, siempre y cuando se cuente con el permiso respectivo, el cual, se otorgará bajo normas técnicas que se aprobaran por la autoridad forestal y/o ambiental competente, conforme a la zonificación que para tal efecto se establezca, lo que se corrobora mediante oficio número ACOSA D-0183 del 22 de abril del 2008, suscrito por la Directora del Área de Conservación Osa del SINAC, visible a folios 540 y 541 del expediente judicial, conforme al cual, “…los ocupantes de la reserva han podido hacer uso libremente de sus tierras siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente aplicable por igual a todos los ciudadanos del país…” (Sentencia N°38-2019-V de las 10:55 horas del 07 de mayo del 2019).
Según se pudo corroborar del estudio del oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, no es cierto que la parcela 26 no ha podido ser explotada por los actores, toda vez que de acuerdo con dicho informe se aprecia que de acuerdo con el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, la parcela N° 26 "...en cuanto al área de topografía plana, esta corresponde a una (sic) 28 hectáreas de las cuales unas 26 hectáreas se encuentran cultivadas de pasto natural de la variedad ratana y pasto mejorado de la variedad Guinea Mombaza (panicum máximun), mismos que cuentan con un asistencia regular y están distribuidos en 7 apartos establecidos con cercas de alambre de púas en mal estado, construidas a 3 hilos de alambre sobre postes de madera muerta y viva en en partes. 4- Respecto a cultivos se pudo apreciar un área de aproximadamente un 1/4 de hectárea cultivado de maíz en crecimiento.
Un 1/4 de hectárea cultivado de plátano y algunas cepas de caña dulce, así como 25 matas de piña y aproximadamente unas 50 matas de yuca, cultivos que no cuentan con una buena asistencia ya que se encuentran cubiertos de charral. Respecto al cultivo de frutales se identifican 8 árboles de mango, 3 de aguacate, 10 de guanábana, 12 de papaya, 4 de guaba, 10 de limón ácido, 20 de naranja dulce, 5 de cacao y 7 palmeras de coco, todos en producción y sembrados de forma dispersa entre el cultivo de pasto. Además existe un área de aproximadamente 1 hectárea que se encuentra en barbechos y que se utiliza para la siembra de cultivos básicos. 5- Como infraestructura se pudo apreciar una casa de habitación en regular estado, con dimensiones de 12x6.50 metros, construida sobre basas de madera, paredes de madera, piso de madera, techo hierro galvanizado en regular estado. Asimismo un corral con dimensiones de 9.50 X 10 metros con postes y tabloncillos de madera, piso de tierra y sin techo", de lo cual se concluye que el terreno sí ha podido explotarse, sin que se acredite que se haya impedido la realización de algún proyecto comercial, industrial, ganadero o agrícola, y por el contrario, se denota que en la finca se han realizado actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería. Por las razones dichas, procede denegar la pretensión principal identificada como la número 6.
XIV.SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 Y SUBSIDIARIAMENTE SOLO EL PRIMERO INDEMNICE A LOS ACTORES EL DAÑO MORAL SUBJETIVO: La parte actora solicita que se declare la obligación de los codemandados en orden a indemnizar el daño moral subjetivo, el cual, según afirmó, consiste en "el sufrimiento de casi 40 años de penar por no encontrar una solución jurídica ni económica a su problema agrario y ambiental, por vivir en estado de inseguridad, viendo empobrecerse a su familia mientras tenían prohibiciones para cultivar, mejorar o realizar actividades económicas, industriales o comerciales". De acuerdo a lo referido en el considerando inmediato anterior, por las razones allí esbozadas en el sentido de que no es procedente reconocer daños y perjuicios derivados de las limitaciones que supuestamente impidieron el uso y disfrute de los terrenos ocupados, por cuanto no solo el propio Decreto Ejecutivo N°8494-A, establece la posibilidad de explotar esos inmuebles, sino que además, conforme a la prueba allegada a los autos para mejor resolver, y que consiste en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, en la Dirección13785 ° , sí han sido realizadas actividades de naturaleza agrícola y ganadera.
No obstante, este Órgano Colegiado considera que efectivamente, tal y como lo señala el accionante, ha habido una conducta omisiva por parte del Estado así como del INDER, en el cumplimiento orden a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo N°8494-A, que expresamente disponía la obligación de expropiar o de llevar a cabo una compra directa e indemnizar a los titulares y poseedores, o incluso, al menos de reubicarlos en un nuevo asentamiento, tareas cuya verificación no han sido atendida de forma diligente y oportuna. Asimismo, se ha corroborado, que tanto el Estado como el INDER, no solamente no han observado el mandato contenido en el referido Decreto, sino que además, incumplieron lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, el cual, según los principios que se derivan del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tenía un efecto vinculante para todas las partes involucradas en la aplicación de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 8494-A.
De acuerdo con lo expuesto, lo que corresponde es acoger parcialmente la pretensión identificada como la número 7 y reconocer el daño moral subjetivo derivado del sufrimiento ocasionado por la espera por más de cuarenta años de una solución jurídica a la situación de los demandantes. Por este concepto, el Estado y el INDER, deberán reconocer de forma solidaria a los actores, la cantidad de dos millones de colones a cada uno. Sobre esas sumas, deberán pagar intereses, los cuales se contarán a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago.
Se declara la falta de legitimación del SINAC, toda vez que las pretensiones establecidas en la demanda presentada por la parte actora no son tendentes a impugnar alguna conducta administrativa emanada de ese órgano o a reclamar daños y perjuicios con ocasión de actuaciones u omisiones suyas. En lo que respecta al Estado y al INDER, a tenor de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se denota la existencia de un vínculo jurídico existente entre los codemandados y los actores, derivado de las obligaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 8494-A, así como de las conductas realizadas por el IDA (hoy INDER), en las que reconoció la condición de adjudicatario del señor Nombre113229 , y luego la posesión de ambos actores, mediante la emisión de las constancias OSO-140-03, OSO 191-06 y OSO 192-06. Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción, por las razones dadas en los considerandos VIII y IX de esta sentencia.
Se rechaza la defensa de interés actual, pues aún no se ha dado una solución definitiva al conflicto planteado. Asimismo, se rechaza la defensa genérica sine actione agit, la cual no solamente no consiste en una defensa propiamente, sino que además, se ha analizado de forma separada en cuanto a los aspectos que la comprenden. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho presentadas por el Estado y el INDER, únicamente respecto de las pretensiones identificadas como la 1, 3, y 4 que son en orden a que el Tribunal declare la nulidad del Acuerdo N°35 de la Sesión Ordinaria 040-2007, que revocó el Acuerdo N°39-2005, ambos de la Junta Directiva del IDA, así como para que se declare que de conformidad con este último Acuerdo, que los actores tenían derecho a que se les entregaran las escrituras sobre la parcela N°26. Asimismo, se rechaza la pretensión N° 6 en la que se solicita que se obligue al Estado, al INDER y al SINAC, a indemnizar a la actora por los supuestos daños y perjuicios derivados de las limitaciones surgidas con ocasión de la creación de la reserva forestal.
Se acoge parcialmente la demanda y se declara: i. Que el IDA (hoy el INDER), reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela 26-6, con una posesión de 68 años; ii. Que el Estado deberá pagar a título de expropiación de los terrenos que comprenden la parcela 26-6, el justo precio que se fije por concepto de indemnización en la fase de ejecución de sentencia, para lo cual deberán utilizarse los parámetros prescritos en la Ley de Expropiaciones N°7495, y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, que está ubicada dentro de ese terreno. Así mismo, a efecto de proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora; iii.
El Estado y el INDER deberán pagar, de forma solidaria, a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral subjetivo, así como los intereses legales, que deberán contarse a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En relación con los codemandados Nombre113231 y Nombre113232 , se declara sin lugar la demanda, ya que no fueron presentadas pretensiones en su contra.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este órgano colegiado no encuentra motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen al INDER y al ESTADO, el pago de las costas personales y procesales en que incurrió la parte actora, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. Por otro lado, considera este Órgano Colegiado, que la actora litigó contra el Nombre113238 con ocasión de una resolución jurisdiccional que lo integró al litigio, razón por la cual, se le exonera del pago de ambas costas con relación a dichos codemandados. En lo que concierne a los codemandados Nombre113231 y Nombre113232 , se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, ya que éstos también fueron incorporados al proceso con ocasión de una decisión jurisdiccional relacionada con la litis consorcio pasiva necesaria.
POR TANTO
Se declara la falta de legitimación pasiva en relación con el SINAC. Se rechaza esta defensa en relación con el ESTADO y el INDER. Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción. Se admite de forma parcial la defensa de falta de derecho. Se acoge parcialmente la demanda del señor Nombre113229 y Nombre113230 , únicamente contra el Estado y contra el INDER, en los términos que se dirán, debiendo entenderse como denegada en lo no expresamente expuesto. Se condena al Estado a pagar al señor Nombre113229 y a la señora Nombre113230 , a título de expropiación de los terrenos que comprenden la Dirección13779 , el justo precio que se fije por concepto de indemnización, cuyo monto deberá establecerse en la fase de ejecución de sentencia. Del monto fijado, cada uno de los demandantes recibirá el cincuenta por ciento. Para proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora.
Se condena de forma solidaria al ESTADO y al INDER a pagar a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral, así como los intereses legales, los cuales se contarán a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En relación con los codemandados Nombre113231 y Nombre113232 , se declara sin lugar la demanda, ya que no fueron presentadas pretensiones en su contra. Se condena al ESTADO y al INDER, a pagar ambas costas de esta acción. En lo que respecta a los codemandados Nombre113238 y los señores Nombre113231 y Nombre113232 , se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.
Ileana Isabel Sánchez Navarro Marianella Álvarez Molina Sergio Mena García *3F3BZVSEZYA61*
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