← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00012-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · 09/02/2022
OutcomeResultado
The Court upheld the objection based on lack of active standing and denied the action in full because the cited IDA agreement covered neither the claimant nor his parcels, and no prior titling application before INDER was proven.El Tribunal acogió la falta de legitimación activa y rechazó íntegramente la demanda porque el acuerdo del IDA invocado no comprendía al actor ni sus parcelas y no se acreditó una gestión previa de titulación ante el INDER.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed Olivier Sánchez Jiménez’s action seeking recognition of a subjective right over three parcels formerly owned by Banco Anglo and an order requiring INDER to convey them without the restrictions established by Article 67 of the Land and Colonization Law. Although the evidence established long-standing, public, peaceful, and continuous possession, as well as springs, streams, green areas, and reforestation activities on the land, the former IDA’s agreement recorded in Article 12 of session 032-2004 did not include the claimant, his predecessors, or the disputed parcels. The occupants’ census was merely preliminary and could not replace the administrative selection, verification, and titling process. Because the claimant also failed to prove that he had initiated an individual proceeding before IDA or INDER, there was no administrative omission for the court to review. The court upheld the objection based on lack of active standing, denied the action in full, and ordered the claimant to pay both procedural and attorney costs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de Olivier Sánchez Jiménez, quien pretendía que se reconociera su derecho subjetivo sobre tres parcelas anteriormente pertenecientes al Banco Anglo y que el INDER se las adjudicara sin las limitaciones del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización. Aunque se acreditó una posesión prolongada, pública, pacífica y continua, así como la presencia de nacientes, quebradas, áreas verdes y actividades de reforestación, el acuerdo adoptado en el artículo 12 de la sesión 032-2004 del antiguo IDA no comprendía al actor, a sus predecesores ni a las parcelas reclamadas. El censo de ocupantes era preliminar y no sustituía el procedimiento administrativo de selección, verificación y titulación. Como tampoco se probó que el actor hubiera promovido una gestión individual ante el IDA o el INDER, no existía una omisión administrativa susceptible de control judicial. El Tribunal acogió la falta de legitimación activa, declaró la acción sin lugar y condenó al actor al pago de ambas costas.
Key excerptExtracto clave
In other words, the respondent parties are correct that the claimant has no subjective right arising from the aforementioned Agreement 12 upon which he could support his theory of the case. Accordingly, in light of the preceding considerations of this judgment, an alleged administrative omission cannot be sustained because it has not been established that the claimant initiated any proceeding to participate in any of the groups whose land tenure was regularized. Contrary to the claimant’s contention, respondent INDER had no obligation to initiate the process on its own motion without first completing the technical and procedural analyses that, according to the evidence in the record, were conducted for the persons belonging to the first four groups. In that regard, this Court cannot replace the technical and, more generally, procedural assessment required to title land in the claimant’s favor when he had not previously asked the competent Administration to exercise its statutory powers. In other words, it was not shown that the claimant sought recognition of his possessory status before IDA, now INDER. It is therefore impossible to confirm an administrative omission on those terms, and the Court likewise cannot replace INDER in the ordinary exercise of its powers; the argument is consequently rejected.En otras palabras, llevan razón las representaciones demandadas de que el actor no tiene a su favor, un derecho subjetivo que derive del señalado acuerdo 12, que le permita sustentar su teoría del caso. Hemos de entender entonces, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores de esta sentencia, que no es posible sustentar una supuesta omisión administrativa, dado que no queda acreditado que exista algún trámite propiciado por el actor, en participar de alguno de los grupos que ya regularizaron su tenencia de tierra, no siendo, como lo pretende hacer ver el actor, que exista una carga obligacional del demandado INDER de propiciar el trámite de oficio, sin que se hayan agotado previamente los análisis técnicos y procedimentales que, al menos con la prueba que obra en autos, sí se realizaron con los sujetos que pertenecieron a los grupos primero a cuarto. En ese orden de ideas, no es posible para este Tribunal que, para el caso en marras, se sustituya la valoración técnica y en general, procedimental de titulación de tierra a favor del actor, sin que éste haya previamente requerido a la Administración competente el ejercicio de sus competencias legales, en otras palabras, no queda demostrado que el actor haya gestionado el reconocimiento de su estado posesorio ante el IDA, hoy INDER, por lo que no es posible confirmar la existencia de una omisión administrativa en esos términos, y tampoco es posible que el Tribunal sustituya el ejercicio normal de competencias que le corresponde al INDER, por lo que el argumento no es de recibo.
Pull quotesCitas destacadas
"los censos son de naturaleza preliminar y que en todo caso no pueden sustituir el trámite de verificación administrativa."
"Censuses are preliminary in nature and, in any event, cannot replace the administrative verification process."
Considerando IX
"los censos son de naturaleza preliminar y que en todo caso no pueden sustituir el trámite de verificación administrativa."
Considerando IX
"el control jurisdiccional sirve de fiscalización de la conducta activa o pasiva, no tiene por finalidad realizar una sustitución de la Administración, es decir, el juez no sustituye a la Administración en un primer orden, sino que controla el actuar de ésta, valorándola y tomando las decisiones de confirmación, corrección o determinación de los parámetros aplicables a un caso concreto."
"Judicial review serves to scrutinize active or passive administrative conduct; its purpose is not to replace the Administration. In other words, the judge does not act in the Administration’s place in the first instance, but reviews its conduct and decides whether to confirm or correct it or determine the parameters applicable to a specific case."
Considerando IX
"el control jurisdiccional sirve de fiscalización de la conducta activa o pasiva, no tiene por finalidad realizar una sustitución de la Administración, es decir, el juez no sustituye a la Administración en un primer orden, sino que controla el actuar de ésta, valorándola y tomando las decisiones de confirmación, corrección o determinación de los parámetros aplicables a un caso concreto."
Considerando IX
"no existe legitimación activa a favor del actor, en tanto tal acto del IDA (o los que lo sustentan) no le brinda la cobertura en términos del sustento fáctico o jurídico de un derecho subjetivo a su favor, implicando consecuentemente que su demanda ha de ser declarada sin lugar."
"The claimant lacks active standing because that IDA act, and the acts supporting it, provide no factual or legal basis for a subjective right in his favor; consequently, his action must be denied."
Considerando X
"no existe legitimación activa a favor del actor, en tanto tal acto del IDA (o los que lo sustentan) no le brinda la cobertura en términos del sustento fáctico o jurídico de un derecho subjetivo a su favor, implicando consecuentemente que su demanda ha de ser declarada sin lugar."
Considerando X
"Se acoge la falta de legitimación ad causam activa. Se omite pronunciamiento de las demás defensas y excepciones por innecesario. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la acción formulada por el señor Olivier Sánchez Jiménez en contra del Instituto de Desarrollo Rural, el Estado y el SINAC."
"The objection based on lack of active standing is upheld. No ruling is made on the remaining defenses and objections because it is unnecessary. Consequently, the action brought by Olivier Sánchez Jiménez against the Rural Development Institute, the State, and SINAC is DENIED in all respects."
Por tanto
"Se acoge la falta de legitimación ad causam activa. Se omite pronunciamiento de las demás defensas y excepciones por innecesario. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la acción formulada por el señor Olivier Sánchez Jiménez en contra del Instituto de Desarrollo Rural, el Estado y el SINAC."
Por tanto
Full documentDocumento completo
EV Template Generation: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING (CONOCIMIENTO) PLAINTIFF:
OLIVIER SANCHEZ JIMENEZ DEFENDANT:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Nº12-2022-I TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and fifteen minutes on February ninth, two thousand twenty-two.- Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by Olivier Sánchez Jiménez, married, farmer, resident of Agua Buena in the Canton of Coto Brus, Province of Puntarenas, identity card number 5-105-641, represented by his special litigation counsel (apoderado especial judicial), Daniel Rojas Pochet, bar membership number 10402, against the Instituto de Desarrollo Rural, represented by its special litigation counsel, Licda. Verónica Ulloa Hernández, bar membership number 25223; the State, represented by Procuradora Silvia Elena Quesada Casares, bar membership number 13586; and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), represented by Licda. Mauren Solís Retana, bar membership number 16235.
BACKGROUND
I.This ordinary proceeding was brought for the purpose of obtaining a judgment declaring, in accordance with the claims established at the preliminary hearing, that: “a-The subjective right (derecho subjetivo) of the plaintiff herein, Mr. Olivier Sánchez Jiménez, over the lands of which he is in possession, as recognized by INDER, namely: a) Registered survey plan (plano catastrado) P-7474952001, corresponding to parcel B-5-11, measuring 17 hectares 0224,25 (square meters); b) Registered survey plan P-746453-2001, corresponding to parcel B-4-11, measuring 1 hectare 6519,47 (square meters); c) Registered survey plan P-748001-2001, corresponding to parcel B-4-13, measuring 10 hectares 2081, 63 (square meters), and that the indicated parcels consequently be granted to him as owner thereof, without the limitations of Article 67 of Ley 2825, in harmony with the decision adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, in Article N° 12 of Session 032-2004 held on August 30, 2004. d- That the defendants responsible for the conduct be ordered to pay both categories of litigation costs (costas del proceso).” (Image 1610 and audio of the preliminary hearing in SIGAO).
II.Upon service of process as required, the defendants opposed this action and raised the defenses (excepciones) of lack of standing to sue (falta de legitimación activa), lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), and failure to establish a legal right (falta de derecho), and also sought an award of costs against the plaintiff. (Images 317 to 336 and 341 to 377 of the court file).
III.The preliminary hearing was held on November 9, 2012. (Audio on the CD submitted for that purpose and minutes at images 528 to 531 of the court file).
IV.The trial hearing was held on January 24, 2013, and additional evidence to assist the court in reaching a decision (prueba para mejor resolver) was requested pursuant to sections 82, 85, and 110 of the Código Procesal Contencioso Administrativo; the proceeding was reopened on Monday, February 04 of that year (audio and video on CD and minutes at images 547 to 549 of the digital court file).
V.On January 30 and February 4 and 7, all in 2013, the trial session continued and a judicial inspection (reconocimiento judicial) was ordered; the proceedings were reopened pursuant to Article 110 of the CPCA so that this crucial evidence could be taken at the site of the disputed land. (CD of the trial hearing and minutes at images 575 to 579 of the digital court file).
VI.On Thursday, February 28 of that year, at thirteen hours, the judicial inspection was conducted, and the parties presented closing arguments regarding that evidence (location of the events, video on the evidence CD).
VII.By decision 23-2013-IV, the Fourth Section of this Tribunal issued a judgment on the merits of this matter. (Images 594 to 626 of the digital court file).
VIII.By judgment 921-F-S1-2015, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia granted the appeal on points of law (recurso de casación) against the aforementioned judgment and ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) be joined in the proceedings. (Images 1059 to 1075 of the court file).
IX.By decision issued at 16:26 on April 18, 2016, SINAC was served and granted an opportunity to respond. (Image 1098 of the digital court file).
X.SINAC answered the complaint in opposition, alleging failure to establish a legal right and lack of standing to sue and to be sued. (Images 1102 to 1112 of the digital court file).
XI.In a submission dated August 29, 2016, the plaintiff replied to SINAC’s answer without submitting rebuttal evidence (contraprueba). (Images 1250 to 1257 of the digital court file).
XII.By decision 2028-2016, a partial voluntary dismissal (desistimiento) was declared in favor of the Contraloría General de la República. (Images 1267 to 1656 of the court file).
XIII.On August 23, 2019, and October 15, 2020, the preliminary hearing was held in the presence of all parties; evidence to be taken was admitted, and the claims and disputed facts were established. (Audio and video in SIGAO, as well as minutes at images 1396 to 1398 and 1609 to 1614).
XIV.On January 19, 2022, the oral and public trial was held before this Panel of Judges. The proceeding was reviewed and the evidence for trial was adjusted, the testimonial evidence was withdrawn, the matter was declared to involve purely legal issues (puro derecho), and closing arguments were presented orally. (Audio and video in SIGAO and minutes at images 1650 to 1656 of the digital court file).
XV.The legally prescribed procedural requirements were observed, and no defects or omissions capable of rendering the proceedings null and void or denying the parties an adequate defense are apparent. This decision is issued unanimously, following deliberation and within the statutory period.
Drafted by Judge Mejías Rodríguez, with the concurring votes of Judges Bolaños Salazar and Chacón Gómez; and,
CONSIDERING
As stated at the trial hearing of January 19, 2022, for the purpose of regularizing the proceeding with respect to the evidence, it was determined that all evidence previously contained in the case file would be incorporated into the record. It was likewise determined that, pursuant to section 49.4 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the statements given in this proceeding during the sessions of January 24 and 30 and February 4 and 7, all in 2013, were admitted as documentary evidence (prueba documental).
The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed proven:
The following are deemed facts not proven that are relevant to the merits of this matter: 1) That the plaintiff (actor) has a specific and concrete administrative act (acto administrativo) in his favor recognizing a subjective right (derecho subjetivo) to the award (adjudicación) of parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13, or that INDER has an interest in excluding or not considering the plaintiff in the award process; 2) That the plaintiff submitted an application for the award and titling (titulación) of parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 and, consequently, that INDER issued a decision in those terms (the case record (los autos)). 3) That parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13, possessed by Don Olivier Sánchez Jiménez, are not located within properties number 12402 and 8508 of the Puntarenas Registry District (the case record). 4) That Don Olivier Sánchez Jiménez has not exercised possession (posesión) over parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 quietly, openly, peacefully, in good faith, and as owner of parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 (the case record).
In summary, the plaintiff bases his theory of the case on the fact that he has possessed parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13, located in Agua Buena de Coto Brus, in the place known as Metaponto, since 1987, having acquired them from the person who had begun possessing those lands in 1969. He explains that, according to the land registry, those parcels formed part of properties 12402-000 and 8508-000 of the Puntarenas Registry District, which belonged to Banco Anglo Costarricense and had been acquired through mortgage foreclosure (garantía hipotecaria), subsequently passing into the name of IDA, now INDER, by means of decree 28788-H of 2 de julio del 2000; accordingly, the plaintiff’s possession predated their acquisition by that Bank. He states that, in 2004, the IDA Board of Directors, at session 32-04 of 30 de agosto de 2004, through resolution number 12, ordered the award of 113 properties to their occupants, including the plaintiff, without the limitations of artículo 67 de la ley 2825.
In 2006, the IDA Board of Directors, at session 16-06 of 4 de mayo de 2006, created an expedited procedure (procedimiento abreviado) for award, segregation (segregación), and titling without the limitations of ley 2825, and the institution began implementing what had previously been approved until 9 de mayo de 2007, when the IDA Board of Directors, at session 12-2007, reviewed report DFOE-ED-7-2007 of the Contraloría General de la República and ordered the suspension of pending awards and the repeal of the 2006 resolution, thereby eliminating the special award procedure. He states that, to date, the aforementioned resolution 12 of 2004 has not been declared injurious to the public interest (lesivo), nor has the subjective right that it created in favor of the plaintiff been affected in any way; therefore, “there is no reason whatsoever for the failure to award the lands identified above and thereby fulfill the social function that serves as the guiding standard for the purposes and objectives of IDA, nor have the resolutions adopted by that entity’s Board of Directors concerning the lands of the former Banco Anglo Costarricense been implemented.” In his closing arguments, the plaintiff states that this constitutes an omission (actividad omisiva), because INDER has not implemented resolution 12, which grants his client a subjective right, and has no objective justification for failing to implement its own acts.
He clarifies that the aforementioned resolution is incomplete because it refers to only 113 properties when there are actually more than 800 possessors, particularly because the situation discussed here arose between 2000 and 2004; consequently, compliance with any procedure created thereafter cannot be required without violating the principle of non-retroactivity of the law (principio de irretroactividad de la ley). Regarding the involvement of SINAC and the issue of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), he emphasizes two points: first, that his client has never opposed, or sought, the titling in his favor of lands having that status, nor has it been shown that his client committed any act detrimental to State Natural Heritage; and, second, that artículo 13 de la Ley Forestal, which forms the basis of SINAC’s technical criteria, clearly establishes an exception under which the rule does not apply to lands securing transactions of the national banking system.
That is precisely the situation here, because the properties were acquired by Banco Anglo as a result of credit transactions, as demonstrated by the fact that the Procuraduría itself, through the Notaría del Estado, transferred the lands to IDA rather than SINAC.
In answering the complaint, it clarifies the assertions made therein, stating that “artículo 15 de la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense No 7471 del 27 de diciembre de 1994 provided that assets and property of any kind that, upon completion of the liquidation process of that banking institution, had not been sold or transferred to other entities would become property of the State. Subsequently, Decreto Ejecutivo N° 28788-H del 02 de julio del 2000 provided, among other matters, that the real properties located in Puntarenas, registration numbers 8508-000 and 12402-000, were to be transferred to the Instituto de Desarrollo Agrario so that it could fulfill the purposes legally entrusted to it, namely those established in the Ley de Tierras y Colonización; that is, providing land to persons who lack it or possess insufficient land for their development, following completion of the relevant socioeconomic studies.” Regarding the central provision of resolution 12 of 30 de agosto de 2004, which ordered the award of 113 parcels, and consistent with both the position of the Contraloría General de la República and opinion C-037-2009, interested parties must follow the ordinary beneficiary-selection procedures referred to in artículos 55, 62 y 63 de la Ley de Tierras y Colonización and governed by the Reglamento de Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, particularly in view of the repeal of the expedited award procedure that was in effect between 2006 and 2007.
Moreover, that resolution does not specifically name the plaintiff; therefore, no subjective right may be derived from it in the terms alleged in the complaint, not to mention that “…It must also be emphasized that the plaintiff has not demonstrated that he exercised possession for more than forty years; this must be fully established through evidence and the party’s mere assertion is insufficient, so that assertion is likewise unfounded.” More specifically, it states that the plaintiff’s claim has no basis because no mechanism exists for exempting him from the ordinary procedure, which the plaintiff has not completed. In its closing arguments, it stated that the plaintiff is not included in resolution 12 and that INDER has not specifically recognized his land tenure (tenencia de la tierra), nor has he approached INDER to undertake the regularization or verification process or obtain technical studies in his favor or that of his predecessors.
Such conduct cannot be attributed to INDER; accordingly, there is no express award in favor of the plaintiff and thus no administrative omission (omisión administrativa). At best, he has a mere expectancy of a right (expectativa de derecho), which never vested as such. Censuses conducted at the institutional level are always preliminary in nature, do not create subjective rights for the persons named in them, and never replace the administrative verification procedure. It concludes by asserting that, in any event, State Natural Heritage cannot be privately titled.
In its answer, the State’s representative states that, even if the plaintiff appears in a “census” or statements made by officials serving as witnesses, a mere statement by an official of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding persons occupying properties of Banco Anglo Costarricense does not prove the assertion, particularly where the official does not indicate how that fact is known to him. It states that “In any event, the documents contained in the case record do not show that the Instituto de Desarrollo Agrario recognized that the plaintiff had possessed any part of properties Nos. 12402 and 8508 of the Puntarenas Registry District for more than 25 years. Because these are public-domain assets (bienes de dominio público) (according to the Sala Constitucional, IDA lands undergoing parceling procedures (trámites de parcelación) have the status of public-domain property (bienes demaniales)), a mere statement in an institutional resolution that a particular area contains occupants who have possessed the land for a certain period is insufficient to establish such possession.
Those statements were made in general terms, and when the individuals purportedly in those circumstances within the community of Agua Buena de Coto Brus were identified, neither the plaintiff Olivier Sánchez Jiménez nor his predecessors in title were mentioned.” It states that the mere existence of a special procedure in 2006 – 2007 did not, by itself, create a subjective right in his favor. In its answer, it alleges lack of standing as defendant (falta de legitimación pasiva) and lack of a legal right (falta de derecho). In its closing arguments, it asserted that the subject matter of the proceeding must be limited to the relief sought by the plaintiff, because the case does not concern recognition of a population’s right to titling, but rather the right of one particular individual with respect to three specific parcels. According to the plaintiff, those rights arise from resolution 12-2004, although the evidence in the case record mentions neither him, his predecessors, nor the parcels, meaning that he lacks standing to bring his claim.
Furthermore, the executive decree transferring the lands to IDA expressly excluded property such as State Natural Heritage. Moreover, no specific application or proceeding exists in favor of the plaintiff regarding the lands he claims as his own, since he did not even submit an application; consequently, there was no denial or decision through which the plaintiff’s legal position could be evaluated. What he seeks is the substitution of the court’s action for that of the administrative authority (administración activa), without following the procedure prescribed by law and regulations. The case law of the Sala Primera and the precedent of the Sección Sétima have held that a subjective right must be expressly and specifically stated in the administrative award decision. None of the evidence contained in the case record is sufficient to establish the requirements that the plaintiff must prove in the relevant administrative proceeding.
The plaintiff seeks to attribute evidentiary value (valor probatorio) to the censuses that they do not possess. In any event, State Natural Heritage is present, precluding private titling under the Ley Forestal. It reiterates the lack of active and passive standing on the merits (falta de legitimación ad causam activa y pasiva), as well as the lack of a legal right.
It states that the land claimed by the plaintiff constitutes the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado) and therefore cannot be titled. Furthermore, the record contains no information establishing recognition of the plaintiff’s right of possession (derecho de posesión) over properties 12402 and 8508. Recognition of this right cannot rest on the mere statement of an official (official letter OSCB-131-2004 dated June 11, 2004), which indicates that there are occupants on those properties; however, upon review of the list entitled “List of Banco Anglo Applicants,” neither the plaintiff’s name nor the names of those who sold or assigned rights to the plaintiff appear therein. As demonstrated by the surveys and the information submitted by the plaintiff himself, the land over which he claims an individual right (derecho subjetivo), on the grounds that acquisitive prescription (prescripción adquisitiva) has allegedly operated in his favor, is not only located within the property of the former IDA, now INDER, but also lies within the State’s Natural Heritage pursuant to Articles 13, 14, and 15 of Ley Forestal No 7575, according to official letters SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013, SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013, and SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013.
It states that these proceedings involve no specific act or omission by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) that the plaintiff is challenging in connection with his possessory right (derecho posesorio). It alleges lack of a legal right (falta de derecho) and lack of standing, both active and passive (falta de legitimación activa y pasiva). In its closing arguments, it asserted that the claims are incompatible with the protection of public-domain property (bienes de dominio público), making it necessary to deny the relief sought by the plaintiff, particularly in light of SINAC’s technical findings, which have not been challenged, and it reiterated the defenses (excepciones) raised in its answer.
VIII.REGARDING THE POWERS OF THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND THE LEGAL REGIME GOVERNING THE PROPERTIES PLACED UNDER ITS RESPONSIBILITY: Ley de Tierras y Colonización, number 2825 dated October 14, 1961, provides that the purpose of the Instituto de Desarrollo Rural is to integrate citizens into a sound system of land tenure, ensuring that the allocation of this resource promotes a gradual increase in productivity, advocating for the fair distribution of its output and the improvement of citizens’ socioeconomic conditions, thereby enabling them to participate consciously in the nation’s development, achieving a fair distribution of wealth, and preventing indirect forms of land exploitation (Article One), while recognizing the existence and legitimacy of private property. It is, in effect, an implementing provision for Article 50 of the Constitución Política, essentially intended to promote agrarian reform and grant land to those who genuinely need it.
In furtherance of those purposes, the entity’s Board of Directors has the authority to promote subdivision plans (planes de parcelación), arrange for the acquisition of private property in order to fulfill its economic and social purposes, confer ownership upon the farmers to whom it allocates a parcel, and approve the allocation of holdings (adjudicación de fundos) for issuance of the corresponding titles. All of this undoubtedly establishes a special property regime subject to heightened protection and safeguards, intended to ensure that the land is devoted to the purpose assigned by law, thus preventing it from being used for purposes contrary to its social function, which would distort its essential nature. Accordingly, the entity exercises oversight over the person or persons applying for a parcel for agricultural use, which takes the form of a series of controls, screening procedures, and inspections that, within the scope of its authority, ensure fulfillment of that purpose.
Consequently, the final act concluding this exercise of public authority takes the form of allocating the parcels by sale, with the sale price determined by acquisition costs and other administrative charges, since no profit is intended. The Instituto issues to an occupant who has successfully completed all the aforementioned review stages a provisional possession title (título de posesión provisional) setting forth the occupant’s rights and obligations. These, in turn, remain subject to oversight by the Instituto to verify that the land fulfills the purpose for which it was granted—that is, to determine whether the occupant has cultivated the prescribed minimum area and satisfactorily complied with the other obligations. Once the period assigned for this oversight has elapsed, the occupant will ultimately be entitled to receive title to the property (Article 65 of the cited law). In accordance with all the foregoing, it is clear that an occupant seeking title, and subsequently the titleholder, receives the land subject to a series of boundaries and restrictions, most notably that the beneficiary may not transfer ownership of the property, encumber it, lease it, or subdivide it (subdividirlo) without authorization from the Instituto, unless fifteen years have elapsed since acquisition of the parcel and all obligations owed to that agency have been discharged; therefore, private contracts entered into by the allottee (adjudicatario) with third parties do not bind the entity.
It should be recalled that the provision seeks to promote agricultural rural sharecropping (parcería rural agraria), while precluding land concentration and large estates (latifundio), as occurred elsewhere. It should also be noted that, despite the entirely legitimate legislative objective, the system has the drawback of denying the allottee access to credit from banking institutions, leaving investment dependent on the allottee’s personal resources, which, as a rule, the allottee lacks. Accordingly, it was established that, even after that period has elapsed, if disposal of the parcel results in land concentration or excessive subdivision, the Instituto may acquire it on a preferential basis (Section 67 of the same body of law), thereby demonstrating the continuing nature of public oversight and control in this area. Nevertheless, in the case of land declared to be national reserves (reservas nacionales), private parties are prohibited from fencing it in, building on it, cultivating it, extracting firewood, timber, vines, or any other product for commercial exploitation, or otherwise using such holdings (Section 8 of Ley 2825).
Accordingly, Section 11 of Ley 2825 stipulates that the following belong to the State as national reserves unless proven otherwise: “a) All land located within the boundaries of the Republic that is not registered as private property or as property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) land not protected by ten-year possession (posesión decenal); c) land that has not been allocated by special laws for the establishment of agricultural colonies; and d) generally, all land that, while not privately owned, is not used for public services.” Of particular note is the exception set forth in subsection b), cited above, for cases of ten-year possession. This is consistent with Section 92 of the same law, which authorizes precarious possessors (poseedores en precario) who perform stable and effective acts of possession as owners, peacefully, publicly, and without interruption—even if the land is registered in the name of a third party in the Registro Público—and who have ten-year possession, to register their right through possessory information proceedings (procedimiento de información posesoria).
This is a special property regime derived from possession and imbued with a public interest. Likewise, Section 101 of the same law protects the possessory rights (derechos de posesión) to properties occupied by possessors who have held them for more than 10 years, either directly or through their predecessors in interest, without requiring the instrument transferring title (título traslativo de dominio) required by the Código Civil, so that they may assert those rights in expropriation proceedings (proceso expropiatorio). Similarly, Article 122 of the same law also exempts a ten-year possessor from having to obtain authorization from INDER to sell, encumber, lease, or segregate the holding (segregar el fundo). Consequently, in such circumstances and situations, the positive prescription (prescripción positiva) acquired by possessors is safeguarded without requiring them to undergo INDER’s ordinary subdivision procedures, subject to the restrictions set forth in Section 67 of the same law. These cases do not involve typical rural sharecropping, but rather the regularization of factual situations protected by the legal system.
ABSENCE OF THE ALLEGED ADMINISTRATIVE OMISSION. THE PLAINTIFF HAS NOT SOUGHT RECOGNITION OF HIS POSSESSORY STATUS (ESTADO POSESORIO). THE JUDGE DOES NOT SUBSTITUTE FOR ADMINISTRATIVE ACTION: Specifically, the plaintiff’s theory of the case centers on the allegation of an omission (omisión) by INDER in failing to implement, for his benefit, Article N° 12 of Session 032-2004, held on 30 de agosto de 2004 by its predecessor, IDA, asserting that this provision gives rise to a subjective right (derecho subjetivo) that is being impaired. In this regard, we must recall that an omission, as grounds for administrative liability (responsabilidad administrativa), must be analyzed using two parameters: first, the existence of a legally valid duty to act (deber de actuación), and second, material proof of administrative inaction in the face of that legal duty. We clarify that the duty to act must necessarily be legally valid, since the Administration cannot be required to engage in conduct that has no basis under the terms of Article 11 of the Constitution and Article 11 of the Ley General de Administración Pública.
Moreover, even if, due to some irregularity, the Administration were to recognize in favor of an individual a particular action that does not satisfy those parameters, it would be required to decline to apply that act and eliminate it through the mechanisms established by our legal system, including revocation (revocación), the annulment provided for in Articles 173 and 183 of the Ley General de Administración Pública, or an action for annulment of a favorable administrative act (lesividad), in cases where the irregularity has created a subjective right in favor of the private party. Thus, this panel of judges understands that, beyond the question of whether the plaintiff or his predecessors were expressly covered by IDA Resolution 12-2004, or whether the lands identified as parcels B-4-11, B-5-11, and B-4-13 are expressly cited in that resolution, we must first determine whether the resolution itself constitutes the basis of an affirmative duty of administrative action forming part of the predicate for the alleged omission.
To that end, we must examine the resolution in detail and highlight several relevant aspects. The resolution in question states: “In accordance with official letter GG-2161-04… a) The justification submitted by the Directorate of the Lower Brunca Region for issuing the property titles without the restrictions established in Art. 67 of Ley 2825, because the properties formerly belonging to the defunct Banco Anglo, located in the district of Aguabuena, canton of Coto Brus, were transferred to IDA with occupants who had been on those lands for more than twenty-five years, resulting in those occupants having rights that, in many cases, exceed ten-year possession (posesión decenal). b) That IDA, as the governing body for agrarian matters, must allow flexibility in the selection requirements when awarding land to families of this kind, in order to resolve a land-tenure (tenencia de la tierra) problem. c) That families in situations such as those in these settlements must pay the Institute the administrative and surveying costs incurred by the Institute in producing the property titles.
IN VIEW OF THE FOREGOING AND CONSIDERING THE IMPORTANCE OF THOSE POSSESSORS HAVING THEIR PROPERTY TITLES, IT IS RESOLVED: To award 113 properties to the occupants of the lands formerly belonging to the defunct Banco Anglo” (Images 555-562 of the digital court record), citing a total of 87 parcels distributed among 59 natural and/or legal persons, in which parcels B-5-11, B-4-11, and B-4-13 cannot in fact be identified, nor does the name of the plaintiff or of his predecessors Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados, or Leonardo Picado Arguedas appear. Nevertheless, under Article 136 of the Ley General de Administración Pública, in order to determine the full scope of the statement of reasons (motivación) underlying the act, it is necessary to refer to official letter GG-2161-04 and to the act’s own reference to 113 properties, even though only 87 appear in the list, with no express indication that the collegiate body (órgano colegiado) intended to depart from the technical opinion and refrain from ruling on the 26 properties not cited in the resolution.
However, official letter GG-2161-04 is not itself an independent opinion, but rather a forwarding memorandum from the Manager to the Board of Directors whose “subject” merely states: “Awards on the Property of the Defunct Banco Anglo,” and whose body states: “Memorandum AJRB 236-04. For the information and decision of the Board of Directors, the Directorate of the Upper Brunca Region requests the award of 113 properties, distributed as follows: Lots = 18, Farms = 22, and Parcels = 73” (Image 120 of the court record). Continuing with this line of analysis, opinion AJRB 236-04 of the Legal Advisory Office of the Brunca Region, dated 7 de julio de 2004, bases its legal opinion on official letter DRB-A-584-2004, prepared by the Directorate of the Upper Brunca Region and dated 16 de junio de 2004, which states, insofar as relevant: “In response to the attached official letter OSCB-131-2004, I request that you arrange before the Board of Directors for the award of the Banco Anglo properties located in Aguabuena de Coto Brus to their possessors.
As indicated in the cited memorandum, these are the third and fourth groups, since awards within the same settlement had previously been approved on the basis of official letter DAJ-1005-2002 from the Directorate of Legal Affairs, which interprets, among other matters, that the titles subsequently processed will not be subject to the restrictions of Article 67 of Ley 2825” (emphasis added, Images 126 to 128). This leads us, finally, to technical opinion OSCB-131-2004, prepared by the Brunca Regional Directorate and dated 11 de junio de 2004, which states, insofar as relevant: “We request your assistance in processing before the Board of Directors the awards to families occupying the Banco Anglo settlement, located in the district of Aguabuena in 1 canton of Coto Brus, as detailed in the attached tables. These are the third and fourth groups submitted for that process, since the first group was awarded under Article XXX of Session 083-02 of 09 de diciembre del 2002, and subsequently, through Article 26, Session 028-03 of 16 de junio de 2003, the second group of these families was awarded, where, in accordance with official letter DAT-1005-02 and the background materials, the possessors satisfy the requirements and conditions established in Articles 62, 63, 92, 101, and 130 of Ley 2825 and its amendments.
The same resolution indicates that, in processing the deeds (escrituras) for that settlement, the basis of official letter DAJ-1005-02 must be taken into account, which is interpreted, among other matters, to mean that the titles will not be subject to the restrictions of Article 67 of Ley 2825” (Images 129 to 133 of the digital court record, emphasis added). A detailed table of the properties and possessors is attached, but it does not describe parcels B-5-11, B-4-11, or B-4-13, nor does it include the name of the plaintiff or his predecessors Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados, or Leonardo Picado Arguedas. In light of this entire record, we can now determine the essential elements of the administrative act (acto administrativo) contained in Article N° 12 of IDA Session 032-2004, held on 30 de agosto de 2004, pursuant to Article 136 of the Ley General de Administración Pública.
First, the act is in fact the third of its kind, together with the resolutions from Sessions 083-02 of 09 de diciembre del 2002 and 028-03 of 16 de junio de 2003, encompassing a total of four groups of properties forming part of the settlement developed on lands formerly belonging to Banco Anglo. Second, those groups had previously undergone technical and legal analyses before the IDA Board of Directors issued its decision. Third, contrary to the plaintiff’s argument, the cited resolution produces no effects in his favor or in favor of the properties he possesses or their prior possessors. In other words, the defendant representatives are correct that the plaintiff has no subjective right arising from the cited Resolution 12 on which to base his theory of the case. Nevertheless, following the chronological sequence of events, it is true that through Resolution number 58 of 02 de mayo del 2006, issued during Session number 016-06, the IDA Board of Directors approved an expedited procedure (procedimiento abreviado) for the award, segregation (segregación), and titling (titulación) of occupied lands at that location.
That procedure was subsequently repealed by Article 3 of Session 012-2007 of 09 de mayo del año 2007 of the same Board of Directors. However, the case record does not show that the plaintiff participated in the first, second, third, or fourth groups reviewed by IDA, or in any subsequent groups, before, during, or after that special procedure was in force. Consequently, the evidence in the record is insufficient to establish that the plaintiff complied with the party-presentation principle (principio dispositivo) by participating in IDA’s qualification and technical processing procedures so as to become eligible for an award from that institution. The evidence in the record establishes only that he was mapped as part of the entirety of the parcels that had belonged to Banco Anglo, as shown by the census conducted and the statements received from IDA officials. That, however, is insufficient to establish that the plaintiff had filed, with respect to the claimed properties, his own individualized application demonstrating compliance with the titling requirements.
We therefore agree with defendant INDER’s argument that the censuses are preliminary in nature and, in any event, cannot replace the administrative verification process (trámite de verificación administrativa). Accordingly, based on the foregoing recitals (considerandos) of this judgment, we must conclude that the alleged administrative omission cannot be sustained, because there is no evidence of any process initiated by the plaintiff to participate in any of the groups that have already regularized their land tenure. Contrary to the plaintiff’s contention, defendant INDER was under no obligation to initiate the process on its own motion (de oficio) without the prior completion of the technical and procedural analyses that, at least according to the evidence in the record, were indeed performed for the individuals belonging to the first through fourth groups. It should be noted that, in this proceeding, the plaintiff does not challenge any of those three actions; that is, the action has not been brought to review the substance of the act or any preexisting proceeding in which he was included or excluded in some manner.
Instead, he assumes that he belongs to one of those groups—particularly the third–fourth group covered by Article 12 of Session 032-2004—without demonstrating that this is so, according to the documentary evidence already identified. Furthermore, under Articles 1, 2, 36, 42, and 122 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, we must recall that judicial review (control jurisdiccional) serves to oversee active or passive administrative conduct; its purpose is not to substitute for the Administration. In other words, the judge does not act in place of the Administration in the first instance, but rather reviews its conduct, assesses it, and renders decisions confirming or correcting that conduct or determining the parameters applicable to a specific case.
Accordingly, in the case at hand, this Court cannot substitute its judgment for the technical assessment and, in general, the land-titling procedure in favor of the plaintiff, unless he has first requested that the competent Administration exercise its statutory authority. In other words, it has not been shown that the plaintiff applied to IDA, now INDER, for recognition of his possessory status (estado posesorio); therefore, it is not possible to establish the existence of an administrative omission (omisión administrativa) in those terms, nor may the Court substitute itself for INDER in the ordinary exercise of its authority. Accordingly, the argument is without merit.
As a consequence of the preceding recital (considerando), we find that, as argued by the defendants, we must analyze the active standing (legitimación activa) that the plaintiff seeks to exercise in these proceedings. To that end, we refer to the claim on which a ruling is sought, requesting a declaration of: “The subjective right (derecho subjetivo) of Mr. Olivier Sánchez Jiménez, the plaintiff herein, over the lands of which he is in possession, as recognized by INDER… and that the designated parcels consequently be granted to him as owner thereof, without the limitations of Article 67 of Ley 2825, in accordance with the resolution adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, now INDER, in its Article N° 12 of Session 032-2004 held on 30 de agosto de 2004.” As may be observed, the claim is based on an alleged subjective right purportedly arising from the previously examined IDA resolution N°12.
In this regard, and reiterating what was stated in the preceding recital, no causal connection can be established between that act and the plaintiff because, even by reference to the criteria that, pursuant to Article 136 of the LGAP, give substance to the aforementioned resolution, it is not possible to identify either the parcels at issue in these proceedings or the previous possessors or the plaintiff himself. This confirms that the plaintiff lacks active standing, insofar as that act of the IDA (or the acts supporting it) does not provide a factual or legal basis for any subjective right in his favor. Consequently, his action must be dismissed. In the absence of this necessary prerequisite for the action, it is unnecessary to rule on the remaining defenses of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of a right of action (falta de derecho). Likewise, given the manner in which this matter is being decided, no ruling is made on the other substantive issues in these proceedings.
Pursuant to section 193 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), court costs and attorney fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of having lost. Exemption from such an award is permissible only when, in the Court’s judgment, there was sufficient cause to litigate or when judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Court finds no reason to apply the exceptions established by the applicable law because, as stated supra, the plaintiff has lost this action due to his lack of active standing; accordingly, he is ordered to pay both categories of costs incurred in the proceedings.
POR TANTO:
The defense of lack of active standing ad causam (falta de legitimación ad causam activa) is upheld. No ruling is made on the remaining defenses and objections because it is unnecessary. Consequently, the action brought by Mr. Olivier Sánchez Jiménez against the Rural Development Institute, the State, and SINAC is DISMISSED in its entirety. Both categories of costs shall be borne by the plaintiff. Let notice be served.
CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR LAURA GÓMEZ CHACÓN ???????????????
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - DECIDING JUDGE ????????????????
LAURA GOMEZ CHACON - DECIDING JUDGE ???????????????
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 (EXT 01-2707) or 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: [email protected]
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ????????????????
CONOCIMIENTO ACTOR/A:
OLIVIER SANCHEZ JIMENEZ DEMANDADO/A:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Nº12-2022-I TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas quince minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós.- Proceso de conocimiento, interpuesto por Olivier Sánchez Jiménez, casado, agricultor, vecino de Agua Buena del Cantón de Coto Brus de la Provincia de Puntarenas, cédula de identidad número 5-105-641, representado por su apoderado especial judicial Daniel Rojas Pochet, carnet de colegiado 10402, en contra del Instituto de Desarrollo Rural, representado por su apoderada especial judicial Licda. Verónica Ulloa Hernández, carnet de colegiada 25223, el Estado, representado por la Procuradora Silvia Elena Quesada Casares, carnet de colegiada 13586 y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), representado por la Licda. Mauren Solís Retana, carnet de colegiada 16235.
RESULTANDO
I.Con el presente proceso de conocimiento se acciona con el objeto de que en sentencia se declare, conforme las pretensiones fijadas en audiencia preliminar que: “a-El derecho subjetivo del señor Olivier Sánchez Jiménez aquí actor sobre los terrenos en los cuales ejerce la posesión así reconocido por el INDER a saber: a) Plano catastrado P-7474952001 correspondiente a la parcela B-5-11 cuya medida es 17 hectáreas 0224,25 (metros cuadrados); b) Plano catastrado P-746453-2001 correspondiente a la parcela B-4-11 cuya medida es de 1 hectárea 6519,47 (metros cuadrados); c) Plano catastrado P-748001-2001 correspondiente a la parcela B-4-13 cuya medida es de 10 hectáreas 2081, 63 (metros cuadrados) y se otorgue las parcelas señaladas consecuentemente como propietario de dichas parcelas sin las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825 en armonía con lo acordado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER en su artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004. d- Que se condene a los demandados autores de las conductas al pago de ambas costas del proceso”. (Imagen 1610 y audio de la audiencia preliminar en SIGAO).
II.Conferido el traslado de rigor, las accionadas se opusieron a la presente acción y formularon las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho, así como la condenatoria en costas a la promovente. (Imágenes 317 a 336, 341 a 377 del expediente judicial).
III.Que se realizó audiencia preliminar en fechas 9 de noviembre de 2012. (audio en CD aportado al efecto y minuta a imágenes 528 a 531 del expediente judicial).
IV.Que en la audiencia de juicio se realizó en fecha 24 de enero de 2013 y se requirió de prueba para mejor resolver en los términos de los numerales 82, 85 y 110 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el proceso se reabrió el día lunes 04 de febrero en curso (audio y video en CD y minuta a imágenes 547 a 549 del expediente judicial digital).
V.Que en fecha 30 de enero, 4 y 7 de febrero, todos de 2013, se continuó con la sesión de juicio y se ordenó un reconocimiento judicial, disponiéndose la reapertura del debate acorde al artículo 110 del CPCA, con el fin de evacuar en el lugar del terreno en disputa dicha prueba trascendental. (CD de audiencia de juicio, minuta a imágenes 575 a 579 del expediente judicial digital).
VI.Que el día jueves 28 de febrero en curso, al ser las trece horas, se efectuó el reconocimiento judicial y las partes efectuaron conclusiones sobre dicha probanza (lugar de los hechos, video en CD de prueba).
VII.Por medio de la resolución 23-2013-IV, la Sección Cuarta de este Tribunal emitió sentencia sobre el fondo del presente asunto. (Imágenes 594 a 626 del expediente judicial digital).
VIII.Por medio de voto 921-F-S1-2015, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar recurso de casación en contra de la sentencia citada anteriormente, y ordena integrar a los autos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (Imágenes 1059 a 1075 del expediente judicial).
IX.Por medio de resolución de las 16:26 minutos del 18 de abril de 2016, se concede traslado al SINAC. (Imágenes 1098 del expediente judicial digital).
X.El SINAC contestó negativamente la demanda alegando falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. (Imágenes 1102 a 1112 del expediente judicial digital).
XI.Por medio de escrito de fecha 29 de agosto de 2016, la parte actora replica la contestación del SINAC sin aportar contraprueba. (Imágenes 1250 a 1257 del expediente judicial digital).
XII.Por medio de resolución 2028-2016, se declara parcial desistimiento a favor de la Contraloría General de la República. (Imágenes 1267 a 1656 del expediente judicial).
XIII.En fecha 23 de agosto de 2019 y 15 de octubre de 2020, se realizó la audiencia preliminar con la presencia de todas las partes, se admitió prueba a evacuar, se fijaron las pretensiones y los hechos controvertidos. (Audio y video en SIGAO así como minuta a imágenes 1396 a 1398 y 1609 a 1614).
XIV.En fecha 19 de enero de 2022, se realizó el juicio oral y público en presencia de esta Cámara de Jueces. Se realizó saneamiento y ajuste de la prueba para juicio, se desistió de la prueba testimonial, se declaró el asunto de puro derecho y se rindieron las conclusiones de manera oral. (Audio y video en el SIGAO y minuta a imágenes 1650 a 1656 del expediente judicial digital).
XV.En los procedimientos se han observado las prescripciones legales de rigor, y no se observan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta resolución previa deliberación, dentro del término de ley y por unanimidad.
Redacta el juez Mejías Rodríguez, con el voto favorable de las Juezas Bolaños Salazar y Chacón Gómez; y,
CONSIDERANDO
Tal y como se señaló en audiencia de juicio de fecha 19 de enero de 2022, con la finalidad de sanear el proceso respecto a la prueba, se determinó incorporar a los autos toda la prueba que conste previamente en el expediente. Asimismo, se determinó que, conforme el 49.4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se admitió en condición de prueba documental las declaraciones rendidas en este proceso en las sesiones de fecha 24 y 30 de enero, 4 y 7 de febrero, todos del 2013.
Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés para la resolución de este asunto:
Se considera como hechos no probados relevantes para el fondo del presente asunto: 1) Que el actor tenga a su favor un acto administrativo específico y concreto que le reconozca derecho subjetivo de adjudicación sobre las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 o que exista, por parte del INDER; un interés de excluir o no tomar en consideración al actor del proceso de adjudicación; 2) Que el actor haya presentado trámite de solicitud de adjudicación y titulación de tierras de las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13, consecuentemente, que el INDER haya hecho pronunciamiento en estos términos (los autos). 3) Que las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 que posee Don Olivier Sánchez Jiménez no se encuentren ubicadas dentro de las fincas del Partido de Puntarenas número 12402 y 8508 (los autos). 4) Que Don Olivier Sánchez Jiménez no haya ejercido la posesión sobre las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 en forma quieta, pública, pacífica, de buena fe, y a título de dueño sobre las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 (los autos).
En síntesis, la parte actora basa su teoría del caso en el hecho de ser poseedor de las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 ubicadas en Agua Buena de Coto Brus, en el lugar conocido como Metaponto, ello desde el año 1987, adquiriendo de quien había iniciado su posesión sobre dichos terrenos desde 1969. Explica que, registralmente, las señaladas parcelas formaban parte de las matrículas partido de Puntarenas 12402-000 y 8508-000 que pertenecían al Banco Anglo Costarricense adquiridas a razón de garantía hipotecaria, pasando posteriormente a nombre del IDA, hoy INDER, por medio de decreto 28788-H del 2 de julio del 2000, siendo entonces, al momento de adquirir el señalado Banco, la preexistencia de la posesión del actor. Afirma que, en el año 2004, la Junta Directiva del IDA en sesión 32-04 del 30 de agosto de 2004 por medio de acuerdo número 12 ordenó la adjudicación de 113 fincas a los ocupantes, entre los que se encuentra el actor, ello sin las limitaciones del artículo 67 de la ley 2825.
Para el año 2006, la Junta Directiva del IDA en sesión 16-06 del 4 de mayo de 2006 creó un procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación sin las limitaciones de la ley 2825, comenzando la institución a la ejecución de lo previamente aprobado hasta el 9 de mayo de 2007 en el que la Junta Directiva del IDA en la sesión 12-2007, se conoce el informe DFOE-ED-7-2007 de la Contraloría General de la República, ordenándose suspender las adjudicaciones en trámite y derogar el acuerdo del año 2006, es decir, suprimiendo el procedimiento especial de adjudicación. Señala que, al día de hoy, el señalado acuerdo 12 del año 2004 no ha sido declarado lesivo o de forma alguna afectado el derecho subjetivo que, a favor del actor, generó, por lo que “no existe motivo alguno para la omisión de no haberse adjudicado los terrenos ya identificados supra y así, satisfacer la función social como parámetro rector de los motivos y fines del IDA, sin que tampoco se hayan ejecutado los acuerdos adoptados por la Junta Directiva de esa entidad sobre los terrenos del extinto Banco Anglo Costarricense”.
En conclusiones, la parte afirma que estamos en presencia de una actividad omisiva ya que el INDER no ha ejecutado el acuerdo 12 que le da derecho subjetivo a su representado y no tiene una justificación objetiva para no ejecutar sus propios actos, aclarando que el señalado acuerdo está mutilado ya que solamente habla de 113 fincas cuando en realidad se trata de más de 800 poseedores, sobre todo por el hecho de que la situación acá discutida se ancla entre el 2000 y el 2004, no siendo por ende posible que se exija realizar trámite alguno creados con posterioridad, ello sin violentar el principio de irretroactividad de la ley. En lo que refiere a la introducción del SINAC y al tema de Patrimonio Natural del Estado, rescata dos cosas, primero, que su representado nunca se ha opuesto o ha tenido pretensiones de que se titule a su favor los terrenos que tienen tal característica, ni tampoco se ha demostrado que su representado haya ejercido algún acto en perjuicio del Patrimonio Natural, por otra parte, el artículo 13 de la Ley Forestal que constituye la base de los criterios técnicos del SINAC, claramente establecen como excepción de que la norma no aplica a los terrenos garanticen operaciones del sistema bancario nacional, que es justamente este caso, ya que fueron adquiridas por el Banco Anglo en razón de operaciones crediticias, lo que se demuestra por el hecho de que la propia Procuraduría, a través de la Notaría del Estado le pasó los terrenos al IDA, no al SINAC.
Al momento de contestar la demanda, realiza una precisión respecto de las afirmaciones de la demanda, ya que “el artículo 15 de la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense No 7471 del 27 de diciembre de 1994, dispuso que los activos y bienes de cualquier naturaleza que al finalizar el proceso de liquidación de dicha institución bancaria no hayan sido vendidos ni transferidos a otras entidades, pasaran a ser propiedad del Estado. Posteriormente mediante el Decreto Ejecutivo N° 28788-H del 02 de julio del 2000, dispuso entre otros, que los inmuebles ubicados en Puntarenas, matriculas número 8508-000 y 12402-000 fueran traspasados al Instituto de Desarrollo Agrario con la finalidad de cumplir con los fines que le han sido legalmente encomendados, siendo estos los establecidos en la Ley de Tierras y Colonización; es decir, la dotación de tierras a personas que carezcan de ellas o las posean en forma insuficiente para su desarrollo, previa realización de los estudios socio-económicos”.
En lo que refiere al punto central del acuerdo 12 del 30 de agosto de 2004, donde se ordena adjudicar 113 predios, siguiendo la línea tanto de la Contraloría General de la República, como el criterio de C-037-2009, los interesados deben seguir los procedimientos normales de selección de beneficiaries a que se refieren los artículos 55, 62 y 63 de la Ley de Tierras y Colonización y regulado en el Reglamento de Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, sobre todo considerando la derogación del procedimiento abreviado de adjudicación que estuvo vigente entre el 2006 y 2007. Además, dicho acuerdo no cita el nombre del actor específicamente, por lo que no puede derivar un derecho subjetivo en los términos afirmados en la demanda, sin mencionar que “…También es necesario resaltar que el actor no ha demostrado haber ejercido una posesión de más de cuarenta años; lo cual, debe estar plenamente acreditado mediante elementos probatorios y no basta con el simple hecho de la parte; por lo que tampoco es procedente tal afirmación”.
De manera puntual, señala que la pretensión del actor no encuentra asidero en tanto no existe un mecanismo para excepcionar el trámite ordinario y que el actor no lo ha realizado. En conclusiones señaló que el actor no tiene inclusión dentro del acuerdo 12, y que el INDER no le ha realizado, en su particularidad, un reconocimiento a la tenencia de la tierra, ni se ha acercado al INDER a realizar el trámite de regularización, de verificación o con estudios técnicos a su favor o de sus predecesores, conducta que no puede ser achacable al INDER, por lo que no hay adjudicación expresa a favor del actor y por ende no puede hablarse de omisión administrativa, teniendo a su favor, en el mejor de los casos, una expectativa de derecho que no se consolidó como tal. Los censos que se levantan a nivel institucional siempre son de naturaleza preliminar, y no son generadores de derechos subjetivos a quienes cita y nunca sustituyen el trámite de verificación administrativa. Finaliza su exposición afirmando que, en todo caso, no es posible la titulación de Patrimonio Natural del Estado.
En contestación, la representación Estatal señala que, aún y cuando exista en un “censo” o declaraciones de testigos funcionarios, la simple manifestación de un funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario sobre la ocupación de personas en fincas del Banco Anglo Costarricense no demuestra ese dicho, y mucho menos si no se indica la forma en que le consta ese hecho. Señala que “De todas formas, de los documentos que constan en autos, no se desprende que el Instituto de Desarrollo Agrario le haya reconocido al actor un derecho de posesión por más de 25 años sobre alguna de las fincas Nos. 12402 y 8508 del Partido de Puntarenas. Tratándose de bienes de dominio público (según la Sala Constitucional los terrenos del IDA objeto de trámites de parcelación tienen la condición de bienes demaniales), no basta una simple manifestación en un acuerdo institucional de que en un determinado sector hay ocupantes con un cierto tiempo de posesión para tener por acreditada ésta.
Tales manifestaciones se hicieron en forma genérica y cuando se detalla las supuestas personas en esas condiciones dentro de la comunidad de Agua Buena de Coto Brus no se menciona al actor Olivier Sánchez Jiménez ni a sus transmitentes”. Afirma que, el hecho de que haya existido un procedimiento especial en el año 2006 – 2007, ello no le genera, por sí mismo, un derecho subjetivo. Alega en su contestación falta de legitimación pasiva, falta de derecho. En conclusiones afirmó que hay que limitar el objeto del proceso a la pretensión que fijó la parte actora, ya que no se trata del reconocimiento de un derecho de titulación de una población, sino de un sujeto en particular y frente a tres terrenos específicos, mismos que, según el actor, devienen del acuerdo 12-2004, cuando de la prueba obrante en autos, no lo menciona ni a él, sus predecesores o los terrenos, lo que significa que carece de legitimación para su reclamo.
Por otra parte, el decreto ejecutivo que traspasa los terrenos a favor del IDA siempre hizo la salvedad de no incluir bienes como el Patrimonio Natural del Estado. Por otra parte, no existe gestión o tramitación alguna particular a favor del actor sobre los terrenos que alega propios, ya que ni tan siguiera presentó una solicitud, ergo, tampoco hubo una denegatoria o pronunciamiento para evaluar la situación jurídica del actor, siendo que, lo que pretende, es una sustitución de la actuación de la administración activa, sin el procedimiento previsto en la ley y reglamentos. La jurisprudencia de la Sala Primera y el antecedente de la Sección Sétima ha señalado que el derecho subjetivo debe constar expresa y determinada en el acto administrativo de adjudicación. Ninguno de los elementos de prueba obrando en autos son útiles para demostrar los requisitos que debe demostrar el actor en el trámite administrativo respectivo.
La parte pretende derivar un valor probatorio a los censos que no posee. En todo caso, existe presencia de Patrimonio Natural del Estado que impide la titulación privativa conforme la Ley Forestal. Reitera la falta de legitimación ad causam activa y pasiva, así como la falta de derecho.
Señala que, los terrenos solicitados por la parte actora constituyen patrimonio natural del Estado, por lo que resultan no susceptibles de titulación. Además, en el expediente no existe información que acredite el reconocimiento del derecho de posesión del actor en las fincas 12402 y 8508. El reconocimiento de este derecho no basta con a simple manifestación de un funcionario (oficio OSCB-131-2004 de fecha 11 de junio de 2004), el cual indica que hay ocupantes en dichas propiedades, pero al analizar la lista denominada "Lista de los solicitantes Banco Anglo” no consta el nombre del actor, ni de quienes le venden o ceden los derechos al actor. Como se comprueba con los planos y la información aportada par el propio actor, el terreno sobre el cual se reclama derecho subjetivo por haberse operado según él, prescripción adquisitiva a su favor, no solo se encuentra dentro de la finca del IDA hoy INDER, sino que se encuentra dentro del Patrimonio Natural del Estado con base en lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal No 7575, según los oficios SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013, SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013 y SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013.
Señala que en este proceso no existe ninguna actuación concreta -activa u omisiva- del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que este siendo impugnada por el actor en relación con su derecho posesorio. Alega falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. En conclusiones, afirmó que, de las pretensiones son incompatibles con la tutela de bienes de dominio público, lo que deviene en necesario el rechazo de lo solicitado por el actor y frente a los criterios técnicos del SINAC que no han sido combatidos, reiterando las excepciones interpuestas en la contestación.
VIII SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Y EL RÉGIMEN JURÍDICO REGULATORIO DE LAS PROPIEDADES ASIGNADAS A SU CARGO: Dispone la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961, que el Instituto de Desarrollo Rural tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra (artículo primero), reconociendo la existencia y legitimidad de la propiedad privada. Se trata en efecto de una norma de ejecución del canon 50 de la Constitución Política, que pretende en esencia promover la reforma agraria y otorgar tierras a aquellas personas que realmente lo necesitan.
En razón de tales cometidos, la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. Todo ello sin duda establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley, evitando así que la tierra sea dedicada a fines contrarios a su fin social, lo cual implicaría su desnaturalización. Así las cosas, existe un control de parte de esta entidad en cuanto a quién o quiénes solicitan una parcela para su explotación agraria, lo cual se materializan en una serie de controles, filtros y fiscalizaciones que, en el ámbito de sus competencias, permiten el cumplimiento del llamado fin.
Por ello, es que el acto final que culmina este ejercicio de función pública se materializa en la adjudicación de las parcelas por venta, ésta última determinada por los gastos de adquisición y demás cargas administrativas, toda vez que no se pretende lucrar, el Instituto expidiendo a favor del ocupante que ha superado todas las etapas de control señalado y obteniendo a cambio un título de posesión provisional en que constan sus derechos y obligaciones, los cuales a su vez, mantienen una vigilancia de parte del Instituto señalado para verificar que la tierra cumpla con el fin para el cual ha sido entregado, es decir, verificar si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado y cumplido a satisfacción las demás obligaciones, por lo que, una vez superado el plazo asignado para este control, finalmente tendrá derecho a que se le otorgue el título de propiedad (artículo 65 de la ley citada). De conformidad con todo lo expuesto, es claro que el ocupante aspirante a titular y posterior titular obtiene el terreno con una serie de límites y limitaciones, entre la que se destaca que el beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas, por lo cual los contratos privados celebrados por el adjudicatario con terceros, no vincula a la entidad.
Ha de recordarse que, lo que pretende la norma es la parcería rural agraria, negando la posibilidad de la concentración de tierra y el latifundio como se dio en otras latitudes. No está demás indicar que, pese al interés legislativo por demás válido, presenta el defecto que le niega al adjudicatario la posibilidad de crédito por las instituciones bancarias, dejando la inversión en los recursos personales del adjudicatario quien por regla los carece. En ese sentido se dispuso que, incluso transcurrido tal plazo, si la enajenación de la parcela produce la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, el Instituto podrá adquirirlas en forma prioritaria (numeral 67 del mismo cuerpo normativo), con lo que hace manifiesto la permanencia de la vigilancia y control público en la materia. No obstante, tratándose de terrenos declarados como reservas nacionales, se le prohíbe a los particulares encerrar con cercas, construir, cultivar, extraer leña, madera, bejuco o cualquier otro producto con fines de explotación, o usar tales fundos (ordinal 8 de la Ley 2825).
En razón de ello, estipula el numeral 11 de la Ley 2825, que pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales, mientras no se pruebe lo contrario, "a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos". Destacándose la excepción contemplada en el ordinal b), supracitado para casos de posesión decenal, lo cual es concordante con lo estipulado en el numeral 92 de la Ley ibid, que faculta a los poseedores en precario que realicen actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, aunque el terreno esté inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, y que tengan posesión decenal a inscribir su derecho por el procedimiento de información posesoria.
Se trata de un régimen de propiedad derivado de la posesión, especial y revestido de interés público. De igual forma, el ordinal 101 ibid tutela los derechos de posesión de fincas ocupadas por poseedores que tengan más de 10 años de poseerlas en forma directa o por sus transmitentes y sin que sea necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil, para que los hagan valer en el proceso expropiatorio. Asimismo, en el artículo 122 ibid, de igual forma se le exime al poseedor decenal de tener que pedir autorización del INDER para vender, gravar, arrendar o segregar el fundo. En consecuencia, en tales hechos y situaciones se salvaguarda la prescripción positiva adquirida por los poseedores, sin que deban someterse a los trámites ordinarios de parcelación del INDER, con la aplicación de las limitaciones que expresa el ordinal 67 ibid. En estos casos no es la figura de la parcería rural típica, sino de la regularización de situaciones de hecho que el ordenamiento tutela.
AUSENCIA DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA ACUSADA. EL ACTOR NO HA GESTIONADO EL RECONOCIMIENTO DE SU ESTADO POSESORIO. EL JUEZ NO SUSTITUYE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: De manera concreta, la teoría del caso de la parte actora gira en torno a la alegación de una supuesta omisión de parte del INDER de no ejecutar, a su favor, el artículo N° 12 de la sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004 de su predecesor el IDA, afirmando que, de éste, se desprende un derecho subjetivo que se encuentra en perjuicio. Al respecto hemos de recordar que la omisión, como causal de responsabilidad administrativa, ha de analizarse en un doble parámetro: por un lado, la existencia de un deber de actuación jurídicamente válida, y por otro, la acreditación material de la inacción administrativa frente a tal deber jurídico de actuar. Aclaramos que, el deber de acción debe ser, necesariamente, válido desde la perspectiva jurídica, en tanto no es posible exigirle el actuar a la Administración de una conducta que no encuentre asidero en los términos del artículo 11 Constitucional y 11 de la Ley General de Administración Pública, e incluso, si por alguna anormalidad dicha Administración reconociese a favor de un administrado determinada actuación que no cumpla con tales parámetros, ésta llamada a inaplicar dicho acto y suprimirlo por los mecanismos que establece nuestro ordenamiento, con la revocación, la supresión que narra el 173 y 183 de la Ley General de Administración Pública o lesividad, en aquellos casos que la anormalidad haya provocado un derecho subjetivo a favor del particular.
Así, entiende esta Cámara de jueces, más allá de la discusión de si el actor o sus predecesores cuentan o no con un pronunciamiento expreso dentro del acuerdo 12-2004 del IDA, o si los terrenos marcados como parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 están o no citados expresamente en dicho acuerdo, debemos determinar primero si, el acuerdo en sí, constituye la base de un deber activo de actuación administrativa que forma parte del presupuesto de la omisión alegada. Para ello, debemos detenernos en detalle en el señalado acuerdo, para remarcar varios aspectos de interés. El acuerdo en cuestión señala: “De conformidad con el oficio GG-2161-04… a) La justificación planteada por la Dirección de la Región Brunca Baja, para que los títulos de propiedad se entreguen, sin las limitaciones que establece el art. 67 de la Ley 2825, ya que las fincas pertenecientes al extinto Banco Anglo ubicadas en el distrito de Aguabuena, cantón de Coto Brus, fueron traspasadas al IDA, con ocupantes, con más de veinticinco años de estar en ese predio, lo que ha generado que esos ocupantes tengan derechos que en muchos casos superan la posesión decenal. b) Que el IDA como ente rector en materia agraria, debe de dar una flexibilización en lo (sic) requisitos de selección a la hora de adjudicar este tipo de familias, con el propósito de dar una solución a un problema de tenencia de la tierra. c) Que las familias que se encuentren en situaciones como las de estos asentamiento (sic), deberán de cancelar al Instituto los costos administrativos y topográficos en que incurra el Instituto, para la producción de títulos de propiedad.
POR LO ANTES EXPUESTO Y CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL QUE ESOS POSEEDORES CONTAR CON SUS TITULO DE PROPIEDAD, SE ACUERDA: Adjudicar 113 predios a los ocupantes de las tierras del extinto Banco Anglo” (Imágenes 555-562 del expediente judicial digital), citando un total de 87 parcelas distribuidas en 59 personas físicas y/o jurídicas, donde, efectivamente, no se logra identificar las parcelas B-5-11, B-4-11 y B-4-13, ni tampoco el nombre del actor o de sus predecesores Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados o Leonardo Picado Arguedas. No obstante, conforme el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, es forzoso, para determinar en su totalidad la cobertura del contenido motivacional del acto, referirnos al oficio GG-2161-04, y de la propia referencia que da el acto de 113 predios, pese a que en el enlistado solamente aparecen 87, sin que se observen expresamente una voluntad del órgano colegiado de separarse del criterio técnico y no pronunciarse sobre las 26 fincas que no se citan en el acuerdo.
Ahora bien, el referenciado oficio GG-2161-04 en realidad no es un criterio propio, sino un memorando remisivo del Gerente hacia la Junta Directiva que solamente expresa como “asunto”: “Adjudicaciones en Finca del extinto Banco Anglo”, y en el cuerpo del memo señala: “Nota AJRB 236-04. Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva, la Dirección de la Región Brunca Alta solicita la adjudicación de 113 predios, distribuidos de la siguiente manera: Lotes = 18, Granjas = 22 y Parcelas = 73” (Imagen 120 del expediente judicial). Siguiendo con la línea de análisis, el criterio AJRB 236-04 de la Asesoría Legal de la Región Brunca de fecha 7 de julio de 2004, basa su opinión legal en el oficio realizado por la Dirección Brunca Alta DRB-A-584-2004, de fecha 16 de junio de 2004, el cual señala en lo de interés: “En atención al oficio adjunto OSCB-131-2004, le solicito gestionar ante la Junta Directiva la adjudicación de los poseedores de terrenos de fincas Banco Anglo, ubicadas en Aguabuena de Coto Brus.
Tal como se indica en la citada nota, se trata del tercero y cuarto grupo, ya que anteriormente fueron aprobadas adjudicaciones del mismo asentamiento, con fundamento en el oficio DAJ-1005-2002 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se interpreta, entre otros aspectos, que los títulos a gestionar posteriormente, no serán afectados por las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825” (resaltado es nuestro, imágenes 126 a 128). Lo anterior nos lleva, finalmente, al criterio técnico OSCB-131-2004, elaborado por la Dirección Regional Brunca de fecha 11 de junio de 2004, el cual señala de interés: “Le solicitamos la colaboración de su parte en el trámite ante Junta Directiva de adjudicaciones de familias ocupantes del asentamiento Banco Anglo, ubicado en el distrito Aguabuena de 1 cantón de Coto Brus según detalle de cuadros adjuntos. Se trata del tercer y cuarto grupo para el citado trámite, ya que en el Artículo XXX de la Sesión 083-02 del 09 de diciembre del 2002 fue adjudicado el primer grupo, posteriormente mediante Artículo 26, Sesión 028-03 del 16 de junio de 2003 se adjudicó el segundo grupo de estas familias donde, de acuerdo al oficio DAT -1005-02 y antecedentes, los poseedores reúnen los requisitos y condiciones que establecen los artículos 62, 63, 92, 101, 130 de la ley 2825 y sus reformas.
En el mismo acuerdo, se indica que en el trámite de escrituras de ese asentamiento deberá de tomarse en cuenta el fundamento del oficio DAJ-1005-02, lo cual se interpreta entre otros aspectos, que los títulos no serán afectados por las limitaciones del artículo 67 de la ley 2825” (Imágenes 129 a 133 del expediente judicial digital, resaltado es nuestro), y en donde se adjunta el cuadro en detalle de los predios y poseedores, sin que se describa las parcelas B-5-11, B-4-11 y B-4-13, ni tampoco el nombre del actor o de sus predecesores Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados o Leonardo Picado Arguedas. Con todo este panorama, podemos ahora sí determinar los elementos fundamentales del acto administrativo que contiene el artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004 del IDA, ello en aplicación del artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, encontrando que, primero, el acto es, en realidad, el tercero de su tipo, junto con los acuerdos de las sesiones 083-02 del 09 de diciembre del 2002 y 028-03 del 16 de junio de 2003, abarcando un total de cuatro grupos de predios que forman parte del asentamiento desarrollado en las fincas que pertenecían al Banco Anglo; segundo, que dichos grupos habían pasado previamente por análisis técnicos y legales, antes del pronunciamiento de la Junta Directiva del IDA, y tercero, contrario a la tesis del actor, el señalado acuerdo no posee efectos a su favor, ni de los predios que éste posee o de los previos poseedores.
En otras palabras, llevan razón las representaciones demandadas de que el actor no tiene a su favor, un derecho subjetivo que derive del señalado acuerdo 12, que le permita sustentar su teoría del caso. No obstante, si seguimos la línea temporal de eventos, es cierto que mediante el acuerdo número 58 del 02 de mayo del 2006, emitido en la sesión número 016-06 la Junta Directiva del IDA aprobó un procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación para los terrenos ocupados en dicha locación, mismo que fue posteriormente derogado por el artículo 3 de la sesión 012-2007 del 09 de mayo del año 2007 de la misma Junta Directiva, empero, de los autos no se desprende que el actor haya participado en el primero, segundo, tercero o cuarto de los grupos analizados por el IDA o grupos subsecuentes, antes, durante o después de la vigencia de dicho procedimiento especial. Por ende, es ayuna la prueba obrante en autos para identificar que el actor haya cumplido con el principio dispositivo de participar de los procedimientos de calificación y trámite técnico del IDA para resultar beneficiario de una adjudicación de dicha institución, quedando solamente acreditado con la prueba obrante en autos que éste estaba mapeado como parte de la totalidad de las parcelas que pertenecían al Banco Anglo, como se desprende del censo realizado y las declaraciones que se recibieron de parte de los funcionarios del IDA, mas ello no es suficiente para acreditar que el actor contase, respecto de los predios reclamados, una gestión propio o individualizada que determinase el cumplimiento de los requisitos de titulación, coincidiendo así con la tesis del demandado INDER al señalar que los censos son de naturaleza preliminar y que en todo caso no pueden sustituir el trámite de verificación administrativa.
Hemos de entender entonces, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores de esta sentencia, que no es posible sustentar una supuesta omisión administrativa, dado que no queda acreditado que exista algún trámite propiciado por el actor, en participar de alguno de los grupos que ya regularizaron su tenencia de tierra, no siendo, como lo pretende hacer ver el actor, que exista una carga obligacional del demandado INDER de propiciar el trámite de oficio, sin que se hayan agotado previamente los análisis técnicos y procedimentales que, al menos con la prueba que obra en autos, sí se realizaron con los sujetos que pertenecieron a los grupos primero a cuarto. Nótese que, en este proceso, la parte actora no cuestiona ninguna de esas tres actuaciones, es decir, la acción no está planteada en términos de revisar el contenido del acto, o de alguna de las actuaciones preexistentes en las cuales se le haya incluido o excluido de alguna manera, sino que da por sentado que a éste le asiste la pertenencia a alguno de esos grupos (particularmente el grupo tercero – cuarto amparados al artículo 12 de la sesión 032-2004), sin llegar a demostrar que sea así, ello conforme la prueba documental ya señalada.
Ahora bien, conforme los numerales 1, 2, 36, 42 y 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo debemos recordar el control jurisdiccional sirve de fiscalización de la conducta activa o pasiva, no tiene por finalidad realizar una sustitución de la Administración, es decir, el juez no sustituye a la Administración en un primer orden, sino que controla el actuar de ésta, valorándola y tomando las decisiones de confirmación, corrección o determinación de los parámetros aplicables a un caso concreto. En ese orden de ideas, no es posible para este Tribunal que, para el caso en marras, se sustituya la valoración técnica y en general, procedimental de titulación de tierra a favor del actor, sin que éste haya previamente requerido a la Administración competente el ejercicio de sus competencias legales, en otras palabras, no queda demostrado que el actor haya gestionado el reconocimiento de su estado posesorio ante el IDA, hoy INDER, por lo que no es posible confirmar la existencia de una omisión administrativa en esos términos, y tampoco es posible que el Tribunal sustituya el ejercicio normal de competencias que le corresponde al INDER, por lo que el argumento no es de recibo.
Como derivación del considerando anterior, encontramos que, tal y como lo alegan las partes demandadas, debemos analizar la legitimación activa que el actor pretende ejercitar en este proceso y para ello, nos remitimos a la pretensión que es objeto de pronunciamiento, la cual pretende que se declare: “El derecho subjetivo del señor Olivier Sánchez Jiménez aquí actor sobre los terrenos en los cuales ejerce la posesión así reconocido por el INDER… y se otorgue las parcelas señaladas consecuentemente como propietario de dichas parcelas sin las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825 en armonía con lo acordado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER en su artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004”, como puede observarse, la pretensión se fundamenta en la derivación de un supuesto derecho subjetivo originado en el ya estudiado acuerdo N°12 del IDA.
En este sentido, y reiterando lo ya expuesto en el considerando anterior, no es posible identificar una causalidad entre este acto y el actor, por cuanto, ni tan siquiera remitiéndonos a los criterios que le dan contenido conforme el artículo 136 de la LGAP al señalado acuerdo, se logra identificar las parcelas objeto del proceso ni a los poseedores previos o al propio actor en éste, con lo que se confirma que no existe legitimación activa a favor del actor, en tanto tal acto del IDA (o los que lo sustentan) no le brinda la cobertura en términos del sustento fáctico o jurídico de un derecho subjetivo a su favor, implicando consecuentemente que su demanda ha de ser declarada sin lugar. Ante la ausencia de este presupuesto necesario para la acción, resulta innecesario el pronunciamiento de las demás defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Asimismo, por la forma en cómo se está resolviendo, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos de fondo de este proceso.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, el actor ha perdido esta demanda al no asistirle legitimación activa; por ende, se le condena al pago de ambas costas del proceso.
POR TANTO:
Se acoge la falta de legitimación ad causam activa. Se omite pronunciamiento de las demás defensas y excepciones por innecesario. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la acción formulada por el señor Olivier Sánchez Jiménez en contra del Instituto de Desarrollo Rural, el Estado y el SINAC. Son ambas costas a cargo del actor. Notifíquese.
CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR LAURA GÓMEZ CHACÓN ???????????????
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A ????????????????
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 (EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
Document not found. Documento no encontrado.