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Res. 00448-2021 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 14/12/2021

Requirements for enforcement of a final and favorable administrative act must be specific, not genericRequisitos para la ejecución de acto administrativo firme y favorable deben ser concretos y no genéricos

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The denial of the requested enforcement is upheld because the administrative act lacked the necessary specificity to serve as an enforceable title, being a generic order without identifying owners or specific properties.Se confirma el rechazo de la ejecución solicitada por carecer el acto administrativo de la concreción necesaria para ser título de ejecución, al ser una orden genérica sin identificación de propietarios ni fundos específicos.

SummaryResumen

The First Section of the Appellate Tribunal for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters upheld the lower court's denial of enforcement of a final and favorable administrative act requested by landowners in the La Luisiana area of Paraíso. The act was a municipal council resolution that, based on technical studies of the Reventazón-Orosí river dynamics, recommended purchasing land for reforestation and recovery to create a biological corridor. The petitioners claimed they owned those lands and sought forced compliance to be bought out. The Tribunal held that although the act was final, it lacked the specificity required for enforcement: it did not identify the owners or the specific properties to be acquired, nor did it impose a concrete administrative duty in favor of the applicants; its content was generic. The coercive nature of the enforcement proceeding requires that the act contain a declaration that is specific in time and space, akin to an enforceable title. Without that requirement, forced execution was not proper, without prejudice to the parties pursuing a declaratory action. The alleged nullities for lack of reasoning and other grievances were rejected.El Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, confirmó la resolución del juez ejecutor que denegó la ejecución de un acto administrativo firme y favorable solicitada por propietarios de terrenos en la zona de La Luisiana, Paraíso. El acto en cuestión consistía en un acuerdo del Concejo Municipal que, con base en estudios técnicos sobre la dinámica fluvial del río Reventazón-Orosí, recomendaba adquirir terrenos para reforestación y recuperación, generando un corredor biológico. Los actores alegaban ser los dueños de esos inmuebles y pretendían la ejecución forzosa de dicho acuerdo para que se les comprara la propiedad. El Tribunal sostuvo que, aunque el acto estaba firme, carecía de la concreción necesaria para ser título de ejecución: no identificaba a los propietarios ni los fundos concretos a adquirir, no establecía una conducta administrativa específica a favor de los accionantes, y su contenido era genérico. La naturaleza coactiva del proceso de ejecución exige que el acto contenga una declaración determinada en tiempo y espacio, asimilable a un título ejecutivo. Al no cumplirse ese requisito, no procedía la ejecución forzada, sin perjuicio de que los interesados pudieran acudir a un proceso de conocimiento declarativo. Se rechazaron las nulidades alegadas por falta de fundamentación y las demás inconformidades.

Key excerptExtracto clave

The foregoing prevents establishing a duty to enforce the act in question in favor of the appellants; it is not, as the appellant interprets, a matter of assuming the position of the active administration by indicating how it should issue its resolutions, but rather of assessing the content of the act in order to compare it with Articles 228 of the General Public Administration Act and 176 of the Code governing the matter. The act enforced under Title VIII, Enforcement of Judgments, Chapter I, must necessarily establish in favor of the individual the performance of a specific conduct by the Administration, such that the judge does not require further information or additional evidence to order compliance through the coercive means provided in that chapter, including, in case of noncompliance, civil, disciplinary, and criminal liability, as well as a fine of up to five base salaries—Articles 158 and 159 of the Code governing the matter. It must be stressed that, given the inherently coercive nature of the judgment enforcement proceeding, to which the legislature referred for the mandatory compliance of final and favorable administrative acts, it is essential that the base title—certification of the act—corresponds to the performance of a concrete and direct conduct in favor of the individual; otherwise, it distorts what is regulated in the cited provisions. In this case, the specific location of the properties within the conflict zone is unknown; even if they are in La Luisiana, it is unclear whether total or partial expropriation is necessary; moreover, a budget allocation would be required, which is also not evidenced, and, of course, a public interest declaration for the properties affected by the territorial entity’s decision, if expropriation power is eventually exercised—which, in any event, even with a public interest declaration, may be reversed or modified by the expropriating administration, in administrative or judicial proceedings, all in accordance with the Expropriation Act No. 7495 of 3 May 1995 and its amendments. The above information is basic and essential to determine whether the act was indeed favorable to the appellants; the generality of the administrative resolution precludes ordering the requested enforcement through this proceeding.Lo anterior impide establecer un deber de ejecución del acto en cuestión, a favor de los hoy recurrentes; no se trata, como lo interpreta el recurrente, de tomar la posición de la administración activa indicando la forma en que debe dictar sus resoluciones, sino, de apreciar el contenido del acto a efecto de confrontarlo con los numerales 228 de la Ley General de Administración Pública y 176 del Código que rige la materia. El acto que se ejecuta de conformidad con el Título VIII Ejecución de Sentencias, Capítulo I, debe necesariamente establecer a favor del administrado, el cumplimiento de una conducta concreta por parte de la Administración, de forma tal, que la persona juzgadora, no requiera de mayor información o prueba adicional, a efecto de ordenar el cumplimiento por las vías coercitivas que contempla el capítulo relacionado, incluyendo en caso de incumplimiento, la responsabilidad civil, disciplinaria y penal, así como la condena al pago de una multa a cinco salarios base -numerales 158 y 159 del Código que rige la materia-. Se insiste, por la naturaleza coactiva propia de la vía de ejecución de sentencia, a la cual el legislador remitió para el cumplimiento obligado de los actos administrativos firmes y favorables, resulta indispensable que el título base -certificación del acto- responda al cumplimiento de una conducta concreta y directa a favor del administrado, lo contrario desnaturaliza lo regulado en las normas de cita. En la especie, se desconoce, la ubicación particular de las fincas dentro de la zona en conflicto, en caso de que estas se ubiquen en la Luisiana, se ignora, si resulta necesaria su expropiación, en forma parcial o total; además, se requerirá de un contenido presupuestario, que tampoco se evidencia exista, y por su puesto la declaratoria de interés público de los bienes afectados por la decisión del ente territorial, si es que finalmente se llega a ejercer la potestad expropiatoria, la que en todo caso, aún con la declaratoria de interés público, puede ser revertida o modificada, por la Administración expropiante, en sede administrativa o jurisdiccional, todo ello de conformidad con la Ley de Expropiaciones -N° 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas-. La información indicada, resulta básica y esencial, para determinar si efectivamente el acto resultaba favorable a los hoy recurrentes; la generalidad del acuerdo administrativo, impide ordenar la ejecución solicitada en esta vía.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El acto que se ejecuta de conformidad con el Título VIII Ejecución de Sentencias, Capítulo I, debe necesariamente establecer a favor del administrado, el cumplimiento de una conducta concreta por parte de la Administración, de forma tal, que la persona juzgadora, no requiera de mayor información o prueba adicional, a efecto de ordenar el cumplimiento por las vías coercitivas que contempla el capítulo relacionado."

    "The act enforced under Title VIII, Enforcement of Judgments, Chapter I, must necessarily establish in favor of the individual the performance of a specific conduct by the Administration, such that the judge does not require further information or additional evidence to order compliance through the coercive means provided in that chapter."

    Considerando VIII

  • "El acto que se ejecuta de conformidad con el Título VIII Ejecución de Sentencias, Capítulo I, debe necesariamente establecer a favor del administrado, el cumplimiento de una conducta concreta por parte de la Administración, de forma tal, que la persona juzgadora, no requiera de mayor información o prueba adicional, a efecto de ordenar el cumplimiento por las vías coercitivas que contempla el capítulo relacionado."

    Considerando VIII

  • "La generalidad del acuerdo administrativo, impide ordenar la ejecución solicitada en esta vía."

    "The generality of the administrative resolution precludes ordering the requested enforcement through this proceeding."

    Considerando VIII

  • "La generalidad del acuerdo administrativo, impide ordenar la ejecución solicitada en esta vía."

    Considerando VIII

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Sections

Procedural marks

Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal Case File: 20-005180-1027-CA Type of Matter: Enforcement of administrative act Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Rulings from the same case file Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Enforcement of a final and favorable administrative act Subtopics:

Requirements for the enforcement of a final and favorable administrative act.

"VIII.- [...] The foregoing prevents establishing a duty to enforce the act in question in favor of the current appellants; it is not, as the appellant interprets it, a matter of taking the position of the active administration by indicating how it should issue its resolutions, but rather of assessing the content of the act in order to compare it with numerals 228 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública) and 176 of the Code governing this matter. The act enforced in accordance with Title VIII Enforcement of Judgments, Chapter I, must necessarily establish, in favor of the individual, the fulfillment of specific conduct by the Administration, in such a way that the judge does not require additional information or evidence to order compliance through the coercive means contemplated in the related chapter, including, in case of non-compliance, civil, disciplinary, and criminal liability, as well as a fine of up to five base salaries - numerals 158 and 159 of the Code governing the matter. It is reiterated that due to the coercive nature inherent in the enforcement proceeding, to which the legislator referred for the mandatory fulfillment of final and favorable administrative acts, it is essential that the base title - certification of the act - corresponds to the fulfillment of specific and direct conduct in favor of the individual; doing otherwise distorts what is regulated in the cited provisions. [...] The indicated information is basic and essential for determining whether the act was indeed favorable to the current appellants; the generality of the administrative agreement prevents ordering the enforcement requested in this proceeding. Based on the foregoing, the appeal filed must be rejected, and consequently, the appealed resolution will be confirmed." ... See more Citations of Legislation and Doctrine FILE: 20-05180-1027-CA - 0 / REC. 633-TA-21 MATTER: ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT PLAINTIFF: Nombre162660 AND OTHERS DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE PARAISO.

TRIBUNAL No. 448-2021-I CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY APPEALS TRIBUNAL. FIRST SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at nine hours and fifty minutes on December fourteenth, two thousand twenty-one.- Appeal with absolute nullity, filed within a process for the enforcement of a final and favorable act, processed before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under file No. 20-5180-1027-CA, by: Nombre162657, identity card number CED22308; Nombre16866, identity card number CED22309; INVERSIONES E INMOBILIARIA FAMZELATA S.A., legal identification number CED22310; represented by Mr. Nombre27411, identity card number CED22311; CORPORACION AGROCOMERCIAL COTO HIDALGO S.A., legal identification number CED22312; represented by Nombre27412, identity card number CED22313; Nombre162658, identity card CED22314 and Nombre161189, identity card number CED22315, against: the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, which has not responded to the hearing granted. Nombre27413 and Nombre26520 act as special judicial representatives for the plaintiff.

After deliberation and unanimously, the Tribunal resolves:

Drafted by Judge Yazmín Aragón Cambronero, and,

WHEREAS:

I).- In the present process for the enforcement of a final and favorable act, the plaintiffs' representative requested: "1. We respectfully request the Enforcement Judge to sanction the Municipalidad de Paraíso, ordering it to immediately comply with the Judicial Enforcement of the final Administrative Act issued by the Municipalidad de Paraíso through the administrative resolution contained in official letter MUPA-ALC-01-2020, dated 2020-01-06, and in the Minutes of Ordinary Session number 295 of 12/10/2019, Article 09, which is located in Volume 45, held in the Department of the Municipal Council Secretariat. / 2. That the costs of this judicial Enforcement of the final administrative act be imposed" (img. 2-7). Having been duly notified of this, the defendant did not file an opposition to the claim.

II.- Following the corresponding procedural steps, the Enforcement Judge of the Trial Tribunal, José Martín Conejo Cantillo, through resolution No. 305-2021 at 11:05 hours on August 12, two thousand twenty-one, resolved:

"(...) The requested enforcement of a final and favorable administrative act, filed by Nombre162657, identity card number CED22308; Nombre16866, identity card number CED22309; INVERSIONES E INMOBILIARIA FAMZELATA S.A., legal identification number CED22310; CORPORACION AGROCOMERCIAL COTO HIDALGO S.A., legal identification number CED22312; Nombre162658, identity card CED22314 and Nombre161189, identity card number CED22315, against the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, is declared WITHOUT MERITS in all its aspects. No special ruling on costs. (...)".

Disagreeing with the decision, the representative of the plaintiff filed a timely and properly formulated appeal. Once the appeal was admitted, a hearing was granted on the grievances raised, which was not addressed by the defendant, after which this collegiate body resolves on appeal.

III).- GRIEVANCES OF THE ENFORCEMENT PLAINTIFF: The representative of the plaintiffs expressed disagreement with the ruling, through a document received at the judicial offices on August 23, 2021, and set forth the following grievances: 1.- Improper interpretation and failure to apply provisions: He warns that the trial judge violated numerals 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and 228 of the General Law of Public Administration, by not properly applying or interpreting those provisions and the Jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice and of Section I of this Appeals Tribunal. After transcribing Whereas clause VI of the appealed resolution, he concludes that the lower court improperly entangled itself with arguments it deems unnecessary in this type of process, by pointing out that if the Municipality did not answer the complaint, Article 65 of the Code governing this matter does not apply—a thesis inconsistent with the Legal System - the referenced provision in conjunction with canons 39 and 3.4 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil). He argues that the judge commits another legal error by analyzing official letter MUPA-ALC-01-2020, dated June 6, 2020, which corresponds to a preparatory act irrelevant to the enforcement of the final and favorable act, contained in the minutes of Ordinary Session No. 295 of December 10, 2019, in which it was ordered: "(...) Therefore, it is agreed to abide by the recommendations of the study, the most economically viable option for the Municipality being to acquire the lands and allocate them for reforestation and recovery, generating a biological corridor (corredor biológico) in the sector (...)", confirmed in the minutes of Ordinary Session No. 296 of December 17, 2019, ratified and final. He asserts that the judge did not comply with the referenced provisions, by starting from subjective, non-legal assessments, and considering, for example, that it was necessary for the administrative resolution to have indicated the persons from whom their properties would be acquired or expropriated; he states that by not conducting the proper examination, the judge violated the principles of pro libertate and pro homine, the core of Human Rights doctrine. He adds that according to the former, everything that favors must be interpreted extensively and everything that limits property restrictively; according to the latter, law must always be interpreted and applied in the manner most favorable to the human being. He insists that the lower court gets distracted by making incoherent statements about how the final administrative act issued by the Municipal Council should be, attempting to substitute the Administration, which is not permitted by the Legal System, since its task is to enforce the terms set forth in the administrative act. By not conducting an adequate analysis of what is stipulated therein, it became confused by affirming that what was agreed by the Council was a generic order. He warns that the judge disrespected Due Process and his Right of Defense - Articles 39 and 41 of the Constitution (Constitución Política), 08 and 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana de Derechos Humanos) - which Procedural Law sanctions under penalty of absolute nullity. He adds that another error made by the lower court was to affirm that the final administrative act being enforced is not a judicial enforcement and that it is typical of a plenary proceeding, which contradicts the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). He invokes in his support Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) and Vote No. 2017-8852, of 09:15 hours on June 14, 2017 - which he partially transcribes -. He requests, based on the foregoing, that the appealed resolution be revoked or annulled, and that the filed enforcement be upheld in all its aspects. Grievance 2: Lack of reasoning and substantiation of the judgment: He asserts that the challenged resolution is succinct and without adequate reasoning, in violation of Article 57 of the Contentious-Administrative Procedural Code. He says that, contrary to the ruling, they did manage to prove that the administrative act requested to be enforced granted a favorable legal situation to the plaintiffs. He highlights that the claim enjoys a presumption of truthfulness, there is no element whatsoever in the judicial file that discredits it in terms of locating the plaintiffs' properties in Nombre162659 of Ujarrás in the canton of Paraíso, and furthermore, it is not a generic order, as was misinterpreted by the judge, since the location of the properties is inferred from the evidence provided; he reproaches the violation of Articles 82 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 41.1, .2. and .3 of the Code of Procedure, because if the Municipality did not answer the complaint and there is evidence in the file proving the plaintiffs' standing, he cannot understand why it is ruled that there is no favorable legal situation for the plaintiffs. He interjects that incongruities, incoherencies, and contradictions are incurred in the appealed resolution. Regarding the assessment of evidence, he invokes in his support vote No. 1739-92 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, highlighting that all judgments must be clear, precise, consistent, and substantiated; in the present case, he concludes, the ruling is contradictory and confusing, and it also distorted the procedural scheme relating to the burden of proof, which violates effective judicial protection as a fundamental part of the right to justice and due process. He argues that what the judge did was a transcription of information, but he did not substantiate or reason it. He insists that, in light of Articles 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 228 of the General Law of Public Administration, what was considered by the judge is not valid, it lacks adequate argumentation. He limited himself to indicating that it is a generic order from the Municipal Administration, but did not express the reason why he reached that conclusion, especially since in the judicial file there are factual, legal, and evidentiary elements that disqualify the judge's thesis. He says that the reasons must be just and objective; otherwise, the resolution is arbitrary and therefore null. He requests that the absolute nullity of the ruling be declared and that a remand be ordered, as the reproached defect is evident. Grievance 3: Violation of the rules of sound judgment, due to lack of substantiation: He grieves that the resolution is confusing and contradictory, obstacles that prevent determining the reasons that served as the basis for the rejection of his claim, which is contrary to effective judicial protection. His argument is superficial, and he asserts it does not meet the requirements of substantiation, as it does not adequately provide the factual, legal, and evidentiary explanations for denying the claim; there is insufficient reasoning and substantiation and improper assessment of legal provisions. Upon confirming the defect, the appropriate action is to revoke the ruling and thereby uphold the claim. He explains that the enforcement judge refuses to enforce the final and favorable administrative act, contrary to what is stipulated in the referenced numeral 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code, having the legal and constitutional obligation to enforce it, offering as an excuse that it is a generic declaration, which it is not, because in the fact deemed proven, he detailed and specified what the final administrative act issued by the Municipal Council consists of; however, in the explanation, he rules differently. He argues that the process provided in Article 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code arises as a response to administrative inertia or negligence in enforcing its own acts favorable to the individual, which the judge seems to nullify by referring the parties to a plenary proceeding. He requests that the appeal and absolute nullity be granted; he asks that the ruling be revoked and the asserted claim be upheld, including the imposition of costs on the defendant; or instead, that it be annulled for lack of reasoning and substantiation.

IV.- ON THE ALLEGED NULLITY: Prior to resolving what is legally appropriate and given its significance in the resolution of the appeal, it is necessary to transcribe, in what is of interest, what was considered by the trial Judge in the resolution challenged today, which defined as follows:

"(…) II. PROVEN FACTS. Of importance for the issuance of the judgment, the following are established: 1. In article 9 of ordinary session number 295-2019, of December 10, 2019, the Municipal Council of Paraíso heard official letter MUPA-ALC-947-2019, of December 10, 2019, signed by the Municipal Mayor, referring to Report No. MUPA-UTGVM-615-2019, submitted by the Internal Commission appointed by the Office of the Municipal Mayor to address the case known as La Luisiana. Said document is transcribed in the minutes of the session, which finally recorded as agreements: "Therefore, it is agreed: / To abide by the recommendations of the study, the most economically viable option for the municipality being to acquire the lands and allocate them for reforestation and recovery, generating a biological corridor in the sector. / To assess the possibility of carrying out controlled extraction of material that allows sediment control as an environmental prevention measure, and the use thereof in municipal works. [It is not clear if these two aspects are inherent to the transcribed act or if they are also Council agreements, because they are not recorded in the same manner as the other agreements] / 1- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO DISPENSE THE OFFICIAL LETTER MUPA-ALC-947- 2019 FROM COMMISSION PROCESSING. FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. / 2- IT IS AGREED TO APPROVE THE REPORT OF OFFICIAL LETTER MUPA-ALC-947-2019, SUBMITTED BY THE MUNICIPAL MAYOR REGARDING OFFICIAL REPORT No. MUPA-UTGVNI-61 5-2019 SUBMITTED BY THE INTERNAL COMMISSION APPOINTED BY THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR TO ADDRESS THE CASE KNOWN AS LA Nombre162659. NOTIFY. FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. / 3- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO RECOMMEND THAT THE MUNICIPAL ADMINISTRATION ATTACH DETAILS OF THE COSTS PER SQUARE METER ACCORDING TO THE STUDY CARRIED OUT BY THE EXPERT APPRAISER. NOTIFY. FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT. / 4- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO REQUEST THE MUNICIPAL ADMINISTRATION TO PROVIDE A JOINT RESPONSE, MUNICIPAL COUNCIL AND ADMINISTRATION, TO THE CONSTITUTIONAL CHAMBER GIVEN THAT, TO DATE, THIS MUNICIPAL COUNCIL DOES NOT HAVE A LEGAL ADVISOR. NOTIFY. FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED AGREEMENT" (img. 37-41).

III.UNPROVEN FACTS. Of relevance for this case, the following is established: 1. The existence or the content of official letter MUPA-ALC-01-2020, dated January 6, 2020.

IV.PURPOSE OF THE PRESENT ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT. ARGUMENTS OF THE PARTIES. In summary, the party seeks the enforcement of the administrative resolution contained in official letter MUPA-ALC-01-2020, dated 2020-01-06, and in the Minutes of Ordinary Session number 295 of 12/10/2019, Article 09. In defense of their interests, the party indicated that given the lack of response from the Municipality, the facts should be deemed admitted. Furthermore, in its initial brief, it cited articles of the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and referenced national doctrine on the process of a final and favorable administrative act. The Municipalidad de Paraíso did not address the hearing granted. (…).

VI.ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE. Prior to analyzing the acts requested for enforcement, it is necessary to analyze the consequences of the Municipality not having answered the granted summons. Although the party does not refer to a specific article to justify its statement, its argument has a content similar to that stipulated in Article 65 of the Contentious-Administrative Procedural Code, in the sense that, in the absence of a response to the summons, the facts will be deemed admitted. However, this Judge considers that said provision cannot be applied because we are not facing a plenary proceeding but an enforcement proceeding, in which the obligation to verify compliance with the requirements set forth in Article 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code is not undermined by the lack of municipal response, in accordance with Article 155.2 of the Contentious-Administrative Procedural Code. In that sense, this Judge always has the duty to verify whether the acts the party requests to enforce, and the form or manner in which it requests them, conform to the indicated article, without being able to presume or accept without question the affirmations made by the plaintiff in its briefs. In order to conduct the analysis in the present matter, we will proceed to review the fulfillment of the requirements for each of the two acts the plaintiff requests to enforce. 1. Official letter MUPA-ALC-01-2020, dated 2020-01-06. As verified in unproven fact 1, this Judge could not find the mentioned official letter in the evidence presented by the plaintiff, and thus it cannot be verified if it has the same content as the agreement of the Municipal Council, if it is the official letter by which the Council agreement is communicated, or if it has different content. Given this circumstance, the party's request to enforce this official letter must be rejected, as its content is not on record in the file, preventing the analysis of the requirements stipulated in Article 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code. 2. Article 09 of the Minutes of Ordinary Session number 295 of 12/10/2019. As previously outlined, this act of the Municipal Council addresses an official letter sent by the Municipal Mayor's Office, which in turn refers to a report and recommendations provided by a commission appointed to analyze what was called the La Luisiana case. Said report indicated a series of technical recommendations regarding the channel of the Reventazón – Orosí River and the possibility of flooding, recommending the acquisition of lands and dedicating them to reforestation and recovery purposes. It is of particular importance to this Judge that in said document, and consequently, in the agreement reached by the Council, no specific indication is made of which lands are recommended for expropriation or acquisition, nor which residents would be affected by the decision taken, or the technical findings and recommendations incorporated. There is also no evidentiary effort by the plaintiff to prove how the plaintiffs' lands are linked to the legal situation described in the municipal agreement or how the decision to purchase lands would affect them. As stated previously, one of the essential requirements established in Article 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code is that the act whose enforcement is sought must contain a specific declaration in favor of an identified person or group of persons, of a concrete right, determined in time and space, and not a generic declaration that requires subsequent analysis or administrative elaboration, because ultimately, the final and favorable act must behave similarly to an enforceable title (título ejecutivo), in the sense that its content must be sufficient for enforcement, otherwise, an analysis typical of a plenary proceeding would be required. In this case, the act of the Municipal Council does not contain, as already stated, any indication of which properties could be affected by the decision to acquire lands, nor does it establish a specific order to the Administration in this regard. Thus, this Judge cannot prove that the decision sought to be enforced grants a favorable legal situation to the plaintiffs, because what is given is a generic order to the Municipal Administration to proceed in a certain direction, which is very different from what the article in question requires. In this sense, the enforcement of this second act is also rejected. VII. COSTS. Regarding the costs for the enforcement phase, for this Judge, this claim must be rejected based on the jurisprudence issued by the First Chamber of the Court (see in this regard resolution 1400-A-S1-2015, of 9:35 hours on December 10, among many others). In this resolution, the Chamber points out the existence of a jurisprudential line in which it established that resolutions deciding on cost liquidations are mere orders (autos), and consequently have no cassation appeal. Likewise, the Chamber extends that standard to orders in which interest liquidations are made, and later also to those in which damages and losses are liquidated. The Chamber notes that in these cases, the enforcement order did not decide on the existence of the damages, a matter that was decided in the judgment being enforced, but only established the amount of the indemnity. If the resolution resolving a cost liquidation is an order, in accordance with the rules of Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code, it is not possible to impose costs in enforcement in this venue, because the imposition of costs in this jurisdiction can only occur in judgments and in orders with the character of a judgment. As a consequence of the foregoing, the recognition of costs is denied (…)".

V.- The representative of the plaintiff, in his grievances, accuses the appealed resolution of nullity, in summary, for the following reasons: lack of substantiation, improper assessment of the factual and legal framework, violation of his Right of Defense and Due Process. This is because, he argued, it is a resolution that did not adequately analyze the debated legal situation in light of numerals 176 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 228 of the General Law of Public Administration. This Chamber considers that the reproaches of nullity formulated are not acceptable, for the following reasons: A careful reading of the appealed resolution allows concluding that it complies with the duty of substantiation established in numeral 57 of the Code governing the matter, and it is also clear and consistent in its content. Note that the judge, after establishing the factual framework on which his substantive considerations rest, pointed out that even given the lack of response to the complaint by the Municipalidad de Paraíso, it was necessary to analyze the act whose enforcement is sought, this in accordance with the powers conferred by Article 155.2 of the Code governing the matter. He analyzed each of the acts. Regarding official letter MUPA-ALC-01-2020, dated 2020-01-06, he noted that it was not possible to locate it within the provided evidence, so it was not feasible to establish its content in order to compare it with the provisions of Article 176 of the cited regulatory body. Regarding the content of Article 09 of the Minutes of Ordinary Session number 295 of December 10, 2019, he analyzed its content and pointed out the reasons that prevented granting what was sought. Specifically, he considered: It does not include any indication of which properties could be affected by the decision to acquire lands, nor a specific order to the Administration in this regard. He argued his impossibility, as a judge, to prove that the decision grants a favorable legal situation to the plaintiffs, because what was stipulated corresponds to a generic order to the Municipal Administration to proceed in a certain direction, which is very different from what numeral 176 cited requires. He highlighted that the act whose enforcement is sought must contain a specific declaration in favor of an identified person or group of persons, of a concrete right, determined in time and space, and not a generic declaration that requires subsequent analysis or administrative elaboration, likening it to an enforceable title, in the sense that its content must be sufficient for enforcement; otherwise, an analysis typical of a plenary proceeding would be required. The different considerations contained in the ruling, it is insisted, are comprehensible and consistent with its operative part, so much so that the appellant himself was able to formulate the substantive grievances he presented at the time, which has fully guaranteed his right of defense. Even though it is clear he does not agree with the decision, this is not sufficient to annul it. Likewise, the interpretation—qualified as incorrect by the aggrieved party—made by the lower court of numerals 176 of the Code governing the matter and 228 of the General Law of Public Administration does not constitute a cause for invalidity of the issued judgment, aspects that should be analyzed as substantive grounds for the filed appeal. Consequently, the formulated grievances of nullity are rejected in their entirety.

VI.- PROVEN AND UNPROVEN FACTS: The list of proven facts contained in the challenged resolution is endorsed, as it is a faithful reflection of what occurred in the proceedings, as is the one recorded as unproven.

VII.- ON THE MERITS OF THE APPEAL: Having analyzed the grievances formulated in the appeal, the arguments of the enforcement plaintiff, as well as the ruling by the enforcement judge, this Collegiate Body considers that the challenged resolution must be confirmed for the following reasons: First, it is essential to point out that the plaintiffs expressly requested in their claim that the enforcement of two administrative acts, which they deem final and favorable, be ordered, specifically: official letter MUPA-ALC-01-2020, dated 2020-01-06, and that contained in Article 09 of the Minutes of Ordinary Session number 295 of 12/10/2019. Regarding the first one, it was not attached to the file processed in the first instance, and in this venue it was classified as a merely procedural act without material consequences; no specific grievance was raised related to its lack of enforcement or the impossibility of knowing its content, expressed by the judge in his resolution. Therefore, the enforcement analysis is confined to the second act, corresponding to Article 09 of the Minutes of Ordinary Session number 295 of December 10, 2019, and in this sense, this Chamber considers that the ruling by the lower court is in accordance with law, for the following reasons: For a better understanding of what is definitively resolved, it is essential to clarify the background and the content of the resolution issued by the Municipal Council in the referenced act contained in article 09 of the Ordinary Session. Thus, it is gathered from the proceedings that Municipal Mayor Laura Morales Brenes brought to the attention of the Municipal Council Official Letter MUPA-ALC-947-2019, in which report No. MUPA-UTGYVM-615-2019 was submitted, referred by the Internal Commission appointed by her Office, named Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, to address the case known as La Luisiana. This body, in turn, was based on the opinion given by doctor of geology Allan Astorga Gättgens in the report called "Fluvial Dynamics of the Reventazón Orosí River". The expert indicated, in summary, that this watershed is over 400 square kilometers, with more than 80% of the territory in mountainous zones, with high levels of annual precipitation. He described the river's flow, its rocky nature, and steep slopes that increase the erosive power of the fluvial system. He then described the braided system of the Reventazón-Orosi River, which, he stated, extends for more than 10 kilometers from the Tapantí sector to its "mouth" at the Cachí reservoir. He concluded that the control of sedimentation and erosion of the braided system is generated by the changing dynamics of the channels and beds, caused in turn by periodic floods and the large sediment supply produced in the upper parts.

He added that the results of the hydrological, sedimentological, and vulnerability analyses for different types of natural hazards, carried out over the last 08 years in the area, “(…) are coincident in concluding that the lateral migration process of the left bank of the Río Reventazón in the sector of Nombre162659 is the product of natural processes linked to fluvial dynamics and not to human intervention processes, such as the construction of dikes on the right bank or mining extraction (…) The environmental zone in which the properties subject to the claim are partially located, Zone I-B, made official by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Nacional Ambiental), through resolution 1308-2009 SETENA, is an environmental zone highly vulnerable to flooding and fluvial erosion processes, with restrictions on human activities linked to the development of infrastructure works and which only permits the development of forest areas or crops or livestock under conditions, or extractive mining activity provided that its design favors the process of vulnerability reduction (…)”. (Thus images 70-71 of the main electronic case file). The expert recommended, given the situation studied, taking the following measures: “1. (…), a sedimentological design and control of the mining extractions that may be developed or are developed in the channel of the Río Reventazón-Orosí be carried out, in order to fulfill a dual-purpose extraction plan in the area of producing good quality aggregates and environmental prevention and preventive risk management. 2. It is of great relevance that the designs and construction of protection works, such as dikes or dredging, take into account the results of these fluvial dynamics studies, (…). 3. (…), what is indicated by the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the canton of Paraíso for the floodplain zone (lecho mayor) of the Río Orosí (environmental zone 1-B) be strictly applied so that the development of new construction activities in the zone is avoided and a preventive risk management plan and corrective measures for the existing infrastructure works therein are established (sic). 4. It is highly advisable that a Preventive Risk Management Plan be developed for the upper part of the Río Reventazón-Orosí, which considers the possibility of a major flood event.” (Thus image 71 of the main electronic case file). It is as a result of this report that the Municipal Road Management Technical Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) decided: “Therefore, it is agreed: To comply with the recommendations of the study, the most economically viable option for the municipality being to acquire the lands and destine them for reforestation and recovery, generating a biological corridor in the sector. To assess the possibility of carrying out controlled extraction of material that allows for sediment control as an environmental prevention measure, and the use of the same in municipal works.” (Thus image 71 of the main electronic case file, emphasis supplied). Upon the Municipal Council (Concejo Municipal) of Paraíso learning of the report and its recommendations, it unanimously agreed: “(…)1- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO DISPENSE WITH COMMISSION PROCESSING OF OFFICIAL LETTER MUPA-ALC-947- 2019. AGREEMENT FIRM AND DEFINITIVELY APPROVED. / 2- IT IS AGREED TO APPROVE THE REPORT OFFICIAL LETTER MUPA-ALC-947-2019, PRESENTED BY THE MUNICIPAL MAYOR REGARDING REPORT OFFICIAL LETTER N°MUPA-UTGVNI-61 5-2019 FORWARDED BY THE INTERNAL COMMISSION APPOINTED BY THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR TO ADDRESS THE CASE KNOWN AS THE Nombre162659. LET IT BE COMMUNICATED. AGREEMENT FIRM AND DEFINITIVELY APPROVED. / 3- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO RECOMMEND THAT THE MUNICIPAL ADMINISTRATION ATTACH DETAILS OF THE COSTS OF EACH SQUARE METER ACCORDING TO THE STUDY CARRIED OUT BY THE VALUATION EXPERT, LET IT BE COMMUNICATED. AGREEMENT FIRM AND DEFINITIVELY APPROVED. / 4- IT IS UNANIMOUSLY AGREED TO REQUEST THE MUNICIPAL ADMINISTRATION TO PROVIDE A JOINT RESPONSE, MUNICIPAL COUNCIL AND ADMINISTRATION, TO THE CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) GIVEN THAT AS OF THIS DATE THIS MUNICIPAL COUNCIL DOES NOT HAVE A LEGAL ADVISOR. LET IT BE COMMUNICATED. AGREEMENT FIRM AND DEFINITIVELY APPROVED. (Images 71-72 of the main electronic case file, transcribed in capital letters because that is how it was recorded in the agreement, emphasis supplied).

VIII.- From what has been outlined in the previous section, it is clear to this Collegiate Body, although it is possible to conclude that the act sought to be enforced through this proceeding is final (firme), the truth is that it does not contemplate the fulfillment of a favorable and concrete administrative conduct for the current plaintiffs, who claim to be the owners of the lands or properties that could eventually be subject to expropriation for reasons of public utility. Note, as the lower court (a quo) has indicated, it is an act of a general nature; regarding its content, it describes the technical criterion of the “Fluvial Dynamics of the Río Reventazón Orosí”, recommendations are made both by the geologist who drafted the report, and by the Municipal Road Management Technical Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal), which considered the most economically viable option for the municipality to be acquiring the lands in the conflict zone and destining them for reforestation and recovery, generating a biological corridor in the sector, and it was even recommended by the Municipal Council to attach the unit value per square meter of the properties to be acquired. However, from the entire body of the act, the identification of the owners and the definition of the tracts of land (fundos) capable of being acquired totally or partially by the municipal entity are completely absent, should the project for the creation of a biological corridor in the zone of La Luisiana materialize. The foregoing prevents establishing a duty of execution of the act in question in favor of the current appellants; it is not, as the appellant interprets it, a matter of taking the position of the active administration indicating the way in which it must issue its resolutions, but rather of assessing the content of the act in order to compare it with articles 228 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and 176 of the Code governing the matter. The act to be enforced in accordance with Title VIII Execution of Judgments, Chapter I, must necessarily establish, in favor of the administered party, the fulfillment of a concrete conduct by the Administration, in such a way that the judge does not require further information or additional evidence in order to order compliance through the coercive means contemplated in the related chapter, including, in case of non-compliance, civil, disciplinary, and criminal liability, as well as the sanction of payment of a fine of five base salaries—articles 158 and 159 of the Code governing the matter. We insist, due to the coercive nature inherent to the judgment enforcement proceeding, to which the legislator referred for the mandatory compliance of final (firmes) and favorable administrative acts, it is essential that the enforceable title—certification of the act—corresponds to the fulfillment of a concrete and direct conduct in favor of the administered party; the contrary distorts what is regulated in the cited norms. In this specific case, the particular location of the properties within the conflict zone is unknown; if these are located in La Luisiana, it is unknown whether their expropriation is necessary, partially or totally; furthermore, a budgetary allocation will be required, which neither is there evidence exists, and, of course, the declaration of public interest of the assets affected by the decision of the territorial entity, if the expropriation power is ultimately exercised, which in any case, even with the declaration of public interest, can be reversed or modified by the expropriating Administration in administrative or jurisdictional proceedings, all of this in accordance with the Law of Expropriations (Ley de Expropiaciones) -N° 7495 of May 03, 1995 and its amendments-. The indicated information is basic and essential to determine if the act was indeed favorable to the current appellants; the generality of the administrative agreement prevents ordering the enforcement requested in this proceeding. For the reasons stated, the appeal (recurso de apelación) filed must be rejected, and consequently, the resolution appealed (venida en alzada) will be confirmed.

THEREFORE (POR TANTO):

The motion for nullity filed by the representative of the plaintiffs is rejected. Regarding what has been the object of appeal, the appealed resolution issued by the Executing Judge (Juez Ejecutor) of the Trial Court, J. Martín Conejo Cantillo, resolution N°305-2021 at 11:05 hours on August 12, two thousand twenty-one, is confirmed. Let it be notified. Yazmín Aragón Cambronero. Hubert Fernández Argüello. Rosa M. Cortés Morales.

*PDOS9C4R90861* JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) *58MHRDIVARC61* ROSA MARÍA CORTES MORALES - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) *RKEN4EKW8IY61* HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) OF APPEALS (DE APELACIONES) OF THE ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY (DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA). SECTION I. VOTO N°448-2021-I at 09:50 hours on December 14, 2021.

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Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Clase de asunto: Ejecución de acto administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Ejecución de acto administrativo firme y favorable Subtemas:

Presupuestos para la ejecución de acto administrativo firme y favorable.

"VIII.- [...] Lo anterior impide establecer un deber de ejecución del acto en cuestión, a favor de los hoy recurrentes; no se trata, como lo interpreta el recurrente, de tomar la posición de la administración activa indicando la forma en que debe dictar sus resoluciones, sino, de apreciar el contenido del acto a efecto de confrontarlo con los numerales 228 de la Ley General de Administración Pública y 176 del Código que rige la materia. El acto que se ejecuta de conformidad con el Título VIII Ejecución de Sentencias, Capítulo I, debe necesariamente establecer a favor del administrado, el cumplimiento de una conducta concreta por parte de la Administración, de forma tal, que la persona juzgadora, no requiera de mayor información o prueba adicional, a efecto de ordenar el cumplimiento por las vías coercitivas que contempla el capítulo relacionado, incluyendo en caso de incumplimiento, la responsabilidad civil, disciplinaria y penal, así como la condena al pago de una multa a cinco salarios base -numerales 158 y 159 del Código que rige la materia-. Se insiste, por la naturaleza coactiva propia de la vía de ejecución de sentencia, a la cual el legislador remitió para el cumplimiento obligado de los actos administrativos firmes y favorables, resulta indispensable que el título base -certificación del acto- responda al cumplimiento de una conducta concreta y directa a favor del administrado, lo contrario desnaturaliza lo regulado en las normas de cita. [...] La información indicada, resulta básica y esencial, para determinar si efectivamente el acto resultaba favorable a los hoy recurrentes; la generalidad del acuerdo administrativo, impide ordenar la ejecución solicitada en esta vía. En razón, de lo expuesto, se debe rechazar el recurso de apelación formulado y en consecuencia se confirmará la resolución venida en alzada".

... Ver más Citas de Legislación y Doctrina CARPETA: 20-05180-1027-CA - 0 / REC. 633-TA-21 ASUNTO: EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE ACTOR: Nombre162660 Y OTROS DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE PARAISO.

TRIBUNAL N°448-2021-I TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN PRIMERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las nueve horas y cincuenta minutos del catorce de diciembre dos mil veintiuno.- Recurso de apelación con nulidad absoluta, interpuesto dentro de proceso de ejecución de acto firme y favorable, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo la carpeta N°20-5180-1027-CA, por: Nombre162657 , cédula de identidad número CED22308; Nombre16866 , cédula de identidad número CED22309; INVERSIONES E INMOBILIARIA FAMZELATA S.A., cédula jurídica número CED22310; representada por el señor Nombre27411 , cédula de identidad número CED22311; CORPORACION AGROCOMERCIAL COTO HIDALGO S.A., cédula jurídica número CED22312; representada por Nombre27412 , cédula de identidad número CED22313; Nombre162658 , cédula CED22314 y Nombre161189 , cédula de identidad número CED22315, contra: la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, que no ha respondido a la audiencia conferida. Intervienen como apoderados especiales judiciales de la parte actora Nombre27413 y Nombre26520 .

Previa deliberación y por unanimidad, el Tribunal resuelve:

Redacta la Jueza Yazmín Aragón Cambronero, y,

CONSIDERANDO:

I).- En el presente proceso de ejecución de acto firme y favorable, el representante de los accionantes, requirió: “1. Solicitamos respetuosamente al Juez de Ejecución que se condene a la Municipalidad de Paraíso, ordenándose cumplir en forma inmediata la Ejecución Judicial del Acto Administrativo firme dictado por la Municipalidad de Paraíso mediante la resolución administrativa contenida en el oficio MUPA-ALC-01-2020, con fecha 2020-01-06 y en el Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10/12/2019, Artículo 09, que se encuentra en el Tomo 45, custodiada en el Departamento de la Secretaría del Concejo Municipal. / 2. Que se condene al pago de las costas de esta Ejecución judicial del acto administrativo firme” (img. 2-7). Debidamente notificada de la existencia de ello, la parte demandada no formuló oposición a lo pretendido.

II.- Luego del trámite de rigor, el Juez Ejecutor del Tribunal de Instancia, José Martín Conejo Cantillo, mediante resolución N°305-2021 de las 11:05 horas del 12 de agosto de dos mil veintiuno, resolvió:

"(...)Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la ejecución de acto administrativo firme y favorable, presentada por Nombre162657 , cédula de identidad número CED22308; Nombre16866 , cédula de identidad número CED22309; INVERSIONES E INMOBILIARIA FAMZELATA S.A., cédula jurídica número CED22310; CORPORACION AGROCOMERCIAL COTO HIDALGO S.A., cédula jurídica número CED22312; Nombre162658 , cédula CED22314 y Nombre161189 , cédula de identidad número CED22315, en contra la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. Sin especial condena en costas.. (...)".

Inconforme con lo decidido, el representante de la parte actora, apeló en tiempo y forma. Recurso admitido, se confirió audiencia sobre los agravios formulados, la cual no fue atendida por la accionada, luego de lo cual, resuelve este órgano colegiado en alzada.

III).- AGRAVIOS DEL EJECUTANTE: El señor representante de los accionantes, se muestra inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en estrados judiciales el 23 de agosto del 2021, expuso los siguientes agravios: 1.- Indebida interpretación y falta de aplicación de normas: Advierte, el juez de instancia, violentó los numerales 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 228 de la Ley General de la Administración Pública, al no aplicar y menos interpretar, adecuadamente esas normas y la Jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia y de la Sección I de este Tribunal de Alzada. Luego de transcribir el considerando VI de la resolución recurrida, concluye, el a quo se enredó en forma indebida con alegatos que estima innecesarios en este tipo de procesos, al señalar que si la Municipalidad no contestó la demanda, no se aplica el artículo 65 del Código que rige la materia, tesis disconforme con el Ordenamiento Jurídico -norma de referencia en concordancia con los cánones 39 y 3.4 del Código Procesal Civil-. Aduce, el juzgador comete otro yerro jurídico, al analizar el oficio MUPA-ALC-01-2020, de fecha 06 de junio del 2020, correspondiente a un acto preparatorio sin relevancia para la ejecución del acto firme y favorable, contenido en el acta de la Sesión Ordinaria N°295 del 10 de diciembre del 2019, en la cual se dispuso: “(…) Por tanto, se acuerda, acatar las recomendaciones del estudio siendo la opción económica más viable para la Municipalidad, adquirir los terrenos y destinarlos a reforestación y recuperación, generando un corredor biológico en el sector (…)”, confirmada en acta de la Sesión Ordinaria N°296 del 17 de diciembre de 2019, ratificada y en firme. Asegura, el juez no cumplió con las normas referidas, al partir de apreciaciones subjetivas, no jurídicas, y considerar, por ejemplo, que era necesario que en la resolución administrativa, se hubiere indicado las personas a las que se le iban a adquirir o expropiar sus fincas; dice, al no realizar el examen adecuado, quebrantó los principios pro libertate y pro homine, meollo de la doctrina de los Derechos Humanos, agrega, según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la propiedad; según el segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Insiste, el a quo se distrae en realizar afirmaciones incoherentes, de como debe ser el acto administrativo firme que dictó el Concejo Municipal, pretendiendo sustituir a la Administración, lo que no está permitido por el Ordenamiento Jurídico, pues su labor, es hacer cumplir los términos señalados en el acto administrativo, al no realizar un análisis adecuado de lo dispuesto en este, se confundió al afirmar, que lo acordado por el Concejo, fue una orden genérica. Advierte, el juzgador irrespetó el Debido Proceso y su derecho de Defensa -artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 08 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, lo que sanciona el Derecho Procesal bajo pena de nulidad absoluta. Agrega, otro yerro en el que incurrió el a quo, consistió en afirmar que no es una ejecución judicial el acto administrativo firme que se ejecuta y que es propio de un proceso de conocimiento, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Sala Constitucional, invoca en su apoyo el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el Voto N°2017-8852, de las 09:15 horas del 14 de junio del 2017 -el cual transcribe parcialmente-. Solicita, con sustento en lo expuesto, se revoque o anule la resolución recurrida y se acoja en todos sus extremos la ejecución planteada. Agravio 2: Falta de motivación y fundamentación de la sentencia: Asegura, la resolución impugnada, es escueta y sin razonamiento adecuado, en violación al artículo 57 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Dice, contrario a lo resuelto, sí se logró acreditar que el acto administrativo que se solicita ejecutar, otorgó una situación jurídica favorable a los actores, resalta, la demanda goza de una presunción de veracidad, no existe elemento alguno en el expediente judicial que la desacredite, en ubicar las propiedades de los actores en Nombre162659 de Ujarrás del cantón de Paraíso, y además, no se trata de una orden genérica, como fue mal interpretado por el juzgador, pues se infiere de la prueba aportada la ubicación de las fincas; reprocha la violación de los artículos 82 del CPCA y 41.1, .2. y .3 del Código de Rito, pues si la Municipalidad no contestó la demanda y existe prueba en el expediente que acredita la legitimación de los actores, no logra entender, porque se resuelve no existe una situación jurídica favorable a los actores, interpela, se incurre en incongruencias, incoherencias y contradicciones, en la resolución apelada. En lo que se refiere a la valoración de la prueba, invoca en su apoyo, el voto N°1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resaltando que todas las sentencias deben ser claras, precisas, congruentes y fundamentadas; en el presente caso, concluye, lo resuelto es contradictorio y confuso, además, desnaturalizó el esquema procesal relativo a la carga de la prueba, lo cual violenta la tutela judicial efectiva como parte fundamental del derecho a la justicia y el debido proceso. Aduce, lo realizado por el juzgador fue una transcripción de información, pero no fundamentó o motivó. Insiste, a la luz de los artículos 176 del CPCA y 228 de la Ley General de la Administración Pública, lo considerado por el juzgador no es válido, carece de una argumentación adecuada, se limitó a indicar que es una orden genérica de la Administración Municipal, pero no expresó la razón por la que llegó a esa conclusión, máxime que en el expediente judicial, existen elementos fácticos, jurídicos y probatorios, que descalifican la tesis del juzgador, dice, las razones deben ser justas y objetivas, de otro modo, la resolución es arbitraria y por ello nula. Solicita se declare la nulidad absoluta de lo resuelto y se ordene el reenvío, por ser evidente el vicio reprochado. Agravio 3: Violación a las reglas de la sana crítica, por falta de fundamentación: Agravia, la resolución es confusa y contradictoria, obstáculos que impiden determinar los motivos que sirvieron de base para el rechazo de su pretensión, lo que es contrario a la tutela judicial efectiva, su argumento es superficial, y asegura no cumple con los requisitos de fundamentación, pues no da en forma adecuada las explicaciones fácticas, jurídicas y probatorias para denegar la pretensión, existe una insuficiente motivación y fundamentación e indebida valoración de las normas jurídicas; al constatarse el vicio, lo procedente es revocar lo resuelto, para en su lugar acoger la demanda. Explica, el juez ejecutor se niega a ejecutar el acto administrativo firme y favorable, en contra de lo dispuesto en el referido numeral 176 del CPCA, teniendo la obligación legal y constitucional de ejecutarlo, poniendo por excusa que se trata de una declaración genérica, cosa que no lo es, pues en el hecho que tuvo por probado, detalló y especificó en que consiste el acto administrativo firme dictado por el Concejo Municipal, sin embargo, en la explicación resuelve diferente. Aduce, el proceso previsto en el artículo 176 del CPCA, surge como una respuesta ante la inercia o negligencia administrativa de ejecutar sus propios actos favorables al administrado, lo cual, parece dejar sin efecto el juzgador remitiendo a las partes a un proceso de conocimiento. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y nulidad absoluta, pide se revoque lo resuelto se acoja la pretensión esgrimida, incluyendo la condenatoria en costas para la demandada; o en su lugar se anule, por falta de motivación y fundamentación.

IV.- SOBRE LA NULIDAD ALEGADA: De previo a resolver lo que en derecho corresponda y dada su trascendencia en la resolución del recurso, resulta necesario transcribir, en lo que resulta de interés, lo considerado por el Juzgador de instancia, en la resolución que hoy se impugna, así definió:

“(…) II. HECHOS PROBADOS. De importancia para el dictado de la sentencia, se tienen los siguientes: 1. En el artículo 9 de la sesión ordinaria número 295-2019, del 10 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal de Paraíso conoció el oficio MUPA-ALC-947-2019, del 10 de diciembre 2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, referido al Informe No. MUPA-UTGVM-615-2019, remitido por la Comisión Interna nombrada por el Despacho de la Alcaldesa Municipal para atender el caso conocido como La Luisiana. Dicho documento es transcrito en el acta de la sesión que finalmente consignó como acuerdos: “Por tanto, se acuerda: / Acatar las recomendaciones del estudio siendo la opción económica más viable para la municipalidad, adquirir los terrenos y destinarlos a reforestación y recuperación, generando un corredor biológico en el sector. / Valorar la posibilidad de realizar la extracción controlada de material que permita el control de los sedimentos como medida de prevención ambiental, y la utilización de los mismos en obras municipales. [No queda claro si estos dos aspectos son propios del acto transcrito o si también son acuerdos del Concejo, porque no están consignados de la misma forma que los otros acuerdos] / 1- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE TRAMITE DE COMISIÓN EL OFICIO MUPA-ALC-947- 2019. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 2-SE ACUERDA APROBAR EL INFORME OFICIO MUPA-ALC-947-2019, PRESENTADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL REFERENTE AL OFICIO INFORME N°MUPA-UTGVNI-61 5-2019 REMITIDO POR LA COMISIÓN INTERNA NOMBRADA POR EL DESPACHO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ATENDER EL CASO CONOCIDO COMO LA Nombre162659. COMUNÍQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 3-SE ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ANEXAR DETALLES DE LOS COSTOS DE CADA METRO CUADRADO SEGÚN EL ESTUDIO LLEVADO A CABO POR EL PERITO VALUADOR, COMUNIQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 4-SE ACUERDA POR UNANIMIDAD SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DAR RESPUESTA EN FORMA CONJUNTA CONCEJO MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN A LA SALA CONSTITUCIONAL DADO A QUE A LA FECHA ESTE CONCEJO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN ASESOR o ASERORA LEGAL. COMUNÍQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO” (img. 37-41).

III.HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para este caso, se tiene: 1. La existencia o el contenido del oficio MUPA-ALC-01-2020, con fecha 6 de enero de 2020.

IV.OBJETO DE LA PRESENTE EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En síntesis, la parte busca la ejecución de la resolución administrativa contenida en el oficio MUPA-ALC-01-2020, con fecha 2020-01-06 y en el Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10/12/2019, Artículo 09. En defensa de sus intereses, la parte indicó que ante la ausencia de respuesta por parte de la Municipalidad, debían tenerse por ciertos los hechos. Además, en su escrito inicial citó artículos de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y del CPCA e hizo referencia a doctrina nacional sobre el proceso de acto administrativo firme y favorable. La Municipalidad de Paraíso no hizo referencia a la audiencia concedida. (…).

VI.ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. De previo a analizar los actos que se pide ejecutar, es necesario analizar las consecuencias de que la Municipalidad no haya contestado el emplazamiento concedido. Aunque la parte no hace referencia a un artículo concreto para justificar su indicación, su alegato tiene un contenido similar a lo dispuesto en el artículo 65 CPCA, en el sentido de que ante la ausencia de responder al emplazamiento, se tendrán por ciertos los hechos. Ahora bien, considera este Juzgador que no es posible aplicar dicha norma pues no estamos frente a un proceso de conocimiento, sino a uno de ejecución, en el que la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 176 CPCA no se ve enervada por la falta de respuesta municipal, de conformidad con el artículo 155.2 CPCA. En ese sentido, este Juzgador siempre tiene el encargo de verificar si los actos que la parte pide ejecutar y la forma o modo en que los pide es conforme al artículo indicado, sin poder presumir o aceptar sin cuestionamiento las afirmaciones hechas por la parte actora en sus escritos. A fin de realizar el análisis en el presente asunto, se procederá a revisar el cumplimiento de los requisitos para cada uno de los dos actos que solicita ejecutar la parte actora. 1. El oficio MUPA-ALC-01-2020, con fecha 2020-01-06. Según se verifica en el hecho no probado 1, este Juzgador no pudo hallar en la prueba presentada por la parte actora el oficio mencionado, con lo que no se puede verificar si tiene el mismo contenido del acuerdo del Concejo Municipal, si es el oficio mediante el cual se comunica el acuerdo del Concejo o si tiene un contenido diverso. Ante tal circunstancia, se debe rechazar la gestión de la parte de ejecutar este oficio al no constar en el expediente su contenido, lo que impide el análisis de los requisitos dispuestos en el artículo 176 CPCA. 2. El artículo 09 del Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10/12/2019. Como se reseñó previamente, este acto del Consejo Municipal conoce un oficio remitido por la Alcaldía Municipal, que a su vez hace referencia a un informe y recomendaciones rendidos por una comisión nombrada para analizar lo que se denominó caso La Luisiana. Dicho informe señaló una serie de recomendaciones técnicas en cuando al cauce del río Reventazón – Orosí y a la posibilidad de inundaciones, recomendando la adquisición de terrenos y dedicarlos a fines de reforestación y recuperación. Resulta de particular importancia para este Juzgador que en dicho documento, y por consiguiente, en el acuerdo tomado por el Consejo, no se hace una indicación concreta de cuáles son los terrenos que se recomienda expropiar o adquirir ni a cuáles munícipes afectaría la decisión que se toma, o los hallazgos y recomendaciones técnicas incorporadas. No hay tampoco ningún esfuerzo probatorio de la parte actora por acreditar cómo se vinculan los terrenos de los actores con la situación jurídica narrada en el acuerdo municipal o cómo les afectaría la decisión de compra de terrenos. Tal y como se dijo anteriormente, uno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 176 CPC, es que el acto cuya ejecución se solicita debe contener una declaración específica a favor de una persona o un conjunto de personas identificadas de un derecho en concreto, determinado en el tiempo y en el espacio, y no una declaración genérica que requiera posterior análisis o elaboración administrativa, pues a fin de cuentas, el acto firme y favorable debe comportarse similar a un título ejecutivo, en el sentido de que su contenido debe ser suficiente para la ejecución, pues de otra forma, se requeriría de un análisis propio de un proceso de conocimiento. En este caso, no contiene el acto del Concejo Municipal, como ya se dijo, indicación alguna de cuáles propiedades podrían verse afectadas con la decisión de adquirir terrenos, ni establece una orden concreta a la Administración en este sentido. Así, no puede acreditar este Juzgador que la decisión que se busca ejecutar otorgue una situación jurídica favorable a los actores, porque lo que se da es una orden genérica a la Administración Municipal de proceder en determinado sentido, lo cual es muy distinto a lo que exige el artículo en cuestión. En este sentido, también se rechaza la ejecución de este segundo acto. VII. COSTAS. En cuanto a las costas por la fase de ejecución, para este Juzgador este extremo debe rechazarse a partir de la jurisprudencia emanada por la Sala Primera de la Corte (ver al respecto la resolución 1400-A-S1-2015, de las 9:35 horas del 10 de diciembre, entre muchas otras). En esta resolución, la Sala señala la existencia de una línea jurisprudencial en la que estableció que las resoluciones que deciden sobre liquidaciones de costas son meros autos, y en consecuencia no tienen recurso de casación. Asimismo, la Sala extiende ese parámetro a los autos en los que se hacen liquidaciones de intereses, y después también a aquellos en los que se liquidan daños y perjuicios. Señala la Sala que en estos casos el auto de ejecución no decidió sobre la existencia de los daños, tema que se decidió en la sentencia que se ejecuta, sino que únicamente establece el monto de lo indemnizado. Si la resolución en la que se resuelve una liquidación de costas es un auto, de conformidad con las reglas del artículo 193 CPCA no es posible condenar al pago de costas en ejecución en esta sede, pues la condena al pago de costas en esta jurisdicción sólo puede darse en las sentencias y en los autos con carácter de sentencia. En consecuencia de lo anterior, se deniega el reconocimiento de costas (…)”.

V.- El representante de la parte actora, en sus agravios, acusa la nulidad de la resolución recurrida, en resumen, por los siguientes motivos: falta de fundamentación o , indebida apreciación del cuadro fáctico y jurídico, violación a su Derecho de Defensa y Debido Proceso, ello por cuanto, adujo, se trata de una resolución que no analizó adecuadamente la situación jurídica debatida a la luz de los numerales 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 228 de la Ley General de la Administración Pública. Estima esta Cámara, los reproches de nulidad formulados, no resultan de recibo, en razón, de lo siguiente: La lectura detenida de la resolución recurrida, permite concluir la misma cumple con el deber de fundamentación establecido en el numeral 57 del Código que rige la materia, además resulta clara y congruente en su contenido. Nótese, el juzgador luego de establecer el marco fáctico sobre el cual descansan sus consideraciones de fondo, señaló, que aún ante la falta de contestación de la demanda por parte de la Municipalidad de Paraíso, resultaba necesario realizar el análisis del acto cuya ejecución se pretende, esto conforme a las potestades que le confiere el artículo 155.2 del Código que rige la materia. Analizó cada uno de los actos, en cuanto al oficio MUPA-ALC-01-2020, de fecha 2020-01-06, hizo ver que el mismo no fue posible localizarlo dentro de la prueba aportada, por lo que no resultaba viable establecer su contenido, a efecto de confrontarlo con lo dispuesto en el artículo 176 del citado cuerpo normativo. Por su parte, lo relativo al contenido en el artículo 09 del Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10 de diciembre de 2019, analizó su contenido, señaló las razones que impedían acceder a lo pretendido, en concreto estimó: Este no incluye, indicación alguna de cuáles propiedades podrían verse afectadas con la decisión de adquirir terrenos, ni tampoco una orden concreta a la Administración en este sentido. Adujo, su imposibilidad, como juzgador, para acreditar que la decisión otorgue una situación jurídica favorable a los actores, porque lo dispuesto corresponde a una orden genérica a la Administración Municipal, para proceder en determinado sentido, lo cual es muy distinto a lo que exige el numeral 176 de cita, resaltando, que el acto cuya ejecución se solicita debe contener una declaración específica a favor de una persona o un conjunto de personas identificadas de un derecho en concreto, determinado en el tiempo y en el espacio, y no una declaración genérica que requiera posterior análisis o elaboración administrativa, asimilándolo a un título ejecutivo, en el sentido de que su contenido debe ser suficiente para la ejecución, pues de otra forma, se requeriría de un análisis propio de un proceso de conocimiento. Las diferentes consideraciones contenidas en el fallo, se insiste, resultan comprensibles y congruentes con su parte dispositiva; tanto así que al propio recurrente, le fue posible realizar los agravios de fondo que expuso en su oportunidad, lo que le ha garantizado su derecho de defensa en forma plena, aún y cuando, es claro no se encuentra conforme con lo decidido, ello no tiene la fuerza para anularlo; así como tampoco constituye una causa de invalidez de la sentencia dictada, la interpretación -calificada como incorrecta por el agraviado- efectuada por el a quo, a los numerales 176 del Código que rige la materia y el 228 de la Ley General de la Administración Pública, aspectos que corresponde analizar como motivos de fondo del recurso formulado. En consecuencia, se rechazan en su totalidad los agravios de nulidad formulados.

VI.- HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: Se avala el elenco de hechos probados contenido en la resolución impugnada, por ser fiel reflejo de lo acontecido en autos, así como el consignado como no probado.

VII.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Analizados los agravios formulados en el recurso, los argumentos de la parte ejecutante, así como lo resuelto por el juez ejecutor, este Órgano Colegiado, estima la resolución impugnada deberá confirmarse en razón de lo siguiente: En primer término, resulta indispensable señalar, los accionantes expresamente solicitaron en su pretensión, se ordene la ejecución de dos actos administrativos, que estiman firmes y favorables, en concreto: al oficio MUPA-ALC-01-2020, de fecha 2020-01-06, y el contenido en el artículo 09 del Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10/12/2019. En cuanto al primero de ellos, no se adjuntó al expediente tramitado en primera instancia, y en esta vía se calificó como un acto de mero trámite sin consecuencias materiales, no se realizó un agravio concreto relacionado con su falta de ejecución o la imposibilidad de conocer su contenido, externada por el juzgador en su resolución, es por ello que se concreta el análisis de la ejecución al segundo de los actos, correspondiente al Artículo 09 del Acta de la Sesión Ordinaria número 295 del día 10 de diciembre 2019 y en este sentido, estima esta Cámara, lo resuelto por el a quo, se encuentra conforme a derecho, en razón de lo siguiente: Para una mejor comprensión de lo que en definitiva se resuelva, resulta indispensable aclarar los antecedentes y el contenido de la resolución emitida por el Concejo Municipal, en el acto de referencia contenido en el artículo 09 de la Sesión Ordinaria; así se tiene que según se desprende de los autos, la señora Alcaldesa Municipal Laura Morales Brenes, puso en conocimiento del Concejo Municipal, el Oficio MUPA-ALC-947-2019, en el que se presentó el informe N° MUPA-UTGYVM-615-2019, remitido por la Comisión Interna nombrada por su Despacho denominada Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para atender el caso conocido como la Luisiana, Órgano que a su vez se basó en el criterio expuesto por el doctor en geología Allan Astorga Gättgens, en el informe denominado “Dinámica Fluvial del Río Reventazón Orosí”. El experto, indicó en resumen, esta cuenca hidrográfica es de más de 400 kilómetros cuadrados, con más del 80% del territorio en zona montañosa, con altos niveles de precipitación anual, describió el caudal del río, su naturaleza rocosa y pendientes altas que aumentan el poder erosivo del sistema fluvial; luego describió el sistema trenzado del Río Reventazón-Orosi, el cual dijo, se extiende por más de 10 kilómetros desde el sector de Tapantí, hasta su “desembocadura” en el embalse de Cachí, concluye, que el control de sedimentación y erosión del sistema entrelazado, lo genera la dinámica cambiante de los canales y de los lechos, originados a su vez por las crecidas periódicas y el gran aporte de sedimento producido en las partes altas. Adicionó, los resultados de los análisis hidrológicos, sedimentológicos y de vulnerabilidad a diferentes tipos de amenazas naturales, realizados en los últimos 08 años en la zona, “(…) son coincidentes en concluir que el proceso de migración lateral del margen izquierdo del Río Reventazón en el sector de la Nombre162659 es producto de procesos naturales vinculados a la dinámica fluvial y no a procesos de intervención humana, como la construcción de diques en la margen derecha o la extracción minera (…) La zona ambiental en la que se localizan parcialmente las fincas objeto de la demanda, la Zona I-B, oficializada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, mediante resolución 1308-2009 SETENA, es una zona ambiental altamente vulnerable a los procesos de inundación y erosión fluvial, con restricciones a las actividades humanas vinculadas al desarrollo de obras de infraestructura y que solamente permite el desarrollo de áreas de bosque o de cultivos o ganadería bajo condiciones, o bien, la actividad minera extractiva siempre que su diseño favorezca el proceso de disminución de la vulnerabilidad (…) ”. (Así imágenes 70-71 del expediente electrónico principal). El experto recomendó ante la situación estudiada, tomar las siguientes medidas: “ 1. (…), se realice un diseño y control sedimentológico de las extracciones mineras que se puedan desarrollar o se desarrollen en el cause del Río Reventazón-Orosí, a fin de cumplir un plan de extracción de doble propósito en el ámbito de la producción de agregados de buena calidad y la prevención ambiental y la gestión preventiva del riesgo. 2. Es de gran relevancia que los diseños y construcción de obras de protección, como diques o dragados, tomen en cuenta los resultados de estos estudios de dinámica fluvial, (…). 3. (…), se aplique en forma estricta lo señalado por el Plan Regulador del cantón de Paraíso para la zona del lecho mayor del Río Orosí (zona ambiental 1-B) a fin de que se evite el desarrollo de nuevas actividades constructivas en la zona y se establezcan (sic) plan de gestión preventiva de riesgo y correctivos para las obras de infraestructura existentes en la misma. 4. Es altamente recomendable que se desarrolle un Plan de Gestión Preventiva de Riesgo para la parte alta del Río Reventazón-Orosí, que considera posibilidad de un gran evento de inundación.” (Así imagen 71 del expediente electrónico principal). Es a raíz de este informe, que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, decidió: “Por tanto, se acuerda: Acatar las recomendaciones del estudio siendo la opción económica más viable para la municipalidad, adquirir los terrenos y destinarlos a reforestación y recuperación, generando un corredor biológico en el sector. Valorar la posibilidad de realizar la extracción controlada de material que permita el control de los sedimentos como medida de prevención ambiental, y la utilización de los mismos en obras municipales.” (Así imagen 71 del expediente electrónico principal, énfasis suplido). Al conocer el Concejo Municipal de Paraíso, el informe y sus recomendaciones, por unanimidad acordó: “(…)1- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE TRAMITE DE COMISIÓN EL OFICIO MUPA-ALC-947- 2019. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 2-SE ACUERDA APROBAR EL INFORME OFICIO MUPA-ALC-947-2019, PRESENTADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL REFERENTE AL OFICIO INFORME N°MUPA-UTGVNI-61 5-2019 REMITIDO POR LA COMISIÓN INTERNA NOMBRADA POR EL DESPACHO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ATENDER EL CASO CONOCIDO COMO LA Nombre162659. COMUNÍQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 3-SE ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ANEXAR DETALLES DE LOS COSTOS DE CADA METRO CUADRADO SEGÚN EL ESTUDIO LLEVADO A CABO POR EL PERITO VALUADOR, COMUNIQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 4- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DAR RESPUESTA EN FORMA CONJUNTA CONCEJO MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN A LA SALA CONSTITUCIONAL DADO A QUE A LA FECHA ESTE CONCEJO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN ASESOR o ASERORA LEGAL. COMUNÍQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”. (Imágenes 71-72 del expediente electrónico principal, se transcribe en mayúscula porque así se consignó en el acuerdo, énfasis suplido).

VIII.- De lo reseñado en el apartado anterior, queda claro para este Órgano Colegiado, si bien es posible concluir que el acto que se pretende ejecutar en esta vía, se encuentra firme, es lo cierto, el mismo no contempla el cumplimiento de una conducta administrativa favorable y concreta, para los hoy actores, quienes dicen ser los propietarios de los terrenos o fincas que eventualmente podrían ser objeto de expropiación por razones de utilidad pública. Nótese, tal y como lo ha indicado el a quo, se trata de un acto de naturaleza general, en cuanto a su contenido, describe el criterio técnico de la “Dinámica Fluvial del Río Reventazón Orosí”, se realizan recomendaciones tanto por el geólogo redactor del informe, así como por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quien estimó como la opción económica más viable para la municipalidad, adquirir los terrenos en la zona en conflicto y destinarlos a reforestación y recuperación, generando un corredor biológico en el sector, e incluso se recomendó por parte del Concejo Municipal, anexar el valor unitario del metro cuadrado de las fincas por adquirir. Sin embargo, del cuerpo total del acto, se encuentra ausente por completo, la identificación de los propietarios y la definición de los fundos susceptibles de ser adquiridos total o parcialmente, por el ente municipal, en caso de concretarse el proyecto de creación de un corredor biológico en la zona de la Luisiana. Lo anterior impide establecer un deber de ejecución del acto en cuestión, a favor de los hoy recurrentes; no se trata, como lo interpreta el recurrente, de tomar la posición de la administración activa indicando la forma en que debe dictar sus resoluciones, sino, de apreciar el contenido del acto a efecto de confrontarlo con los numerales 228 de la Ley General de Administración Pública y 176 del Código que rige la materia. El acto que se ejecuta de conformidad con el Título VIII Ejecución de Sentencias, Capítulo I, debe necesariamente establecer a favor del administrado, el cumplimiento de una conducta concreta por parte de la Administración, de forma tal, que la persona juzgadora, no requiera de mayor información o prueba adicional, a efecto de ordenar el cumplimiento por las vías coercitivas que contempla el capítulo relacionado, incluyendo en caso de incumplimiento, la responsabilidad civil, disciplinaria y penal, así como la condena al pago de una multa a cinco salarios base -numerales 158 y 159 del Código que rige la materia-. Se insiste, por la naturaleza coactiva propia de la vía de ejecución de sentencia, a la cual el legislador remitió para el cumplimiento obligado de los actos administrativos firmes y favorables, resulta indispensable que el título base -certificación del acto- responda al cumplimiento de una conducta concreta y directa a favor del administrado, lo contrario desnaturaliza lo regulado en las normas de cita. En la especie, se desconoce, la ubicación particular de las fincas dentro de la zona en conflicto, en caso de que estas se ubiquen en la Luisiana, se ignora, si resulta necesaria su expropiación, en forma parcial o total; además, se requerirá de un contenido presupuestario, que tampoco se evidencia exista, y por su puesto la declaratoria de interés público de los bienes afectados por la decisión del ente territorial, si es que finalmente se llega a ejercer la potestad expropiatoria, la que en todo caso, aún con la declaratoria de interés público, puede ser revertida o modificada, por la Administración expropiante, en sede administrativa o jurisdiccional, todo ello de conformidad con la Ley de Expropiaciones -N° 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas-. La información indicada, resulta básica y esencial, para determinar si efectivamente el acto resultaba favorable a los hoy recurrentes; la generalidad del acuerdo administrativo, impide ordenar la ejecución solicitada en esta vía. En razón, de lo expuesto, se debe rechazar el recurso de apelación formulado y en consecuencia se confirmará la resolución venida en alzada.

POR TANTO:

Se rechaza la gestión de nulidad formulada por el representante de los actores. En lo que ha sido objeto de recurso, se confirma la resolución recurrida dictada por el Juez Ejecutor del Tribunal de instancia J. Martín Conejo Cantillo, resolución N°305-2021 de las 11:05 horas del 12 de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese. Yazmín Aragón Cambronero. Hubert Fernández Argüello. Rosa M. Cortés Morales.

*PDOS9C4R90861* JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A *58MHRDIVARC61* ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A *RKEN4EKW8IY61* HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - JUEZ/A DECISOR/A DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN I. VOTO N°448-2021-I de las 09:50 horas del 14 de diciembre de 2021 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley General de la Administración Pública Art. 228
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 176
    • Ley de Expropiaciones Ley 7495

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