← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00640-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 06/10/2021
OutcomeResultado
The precautionary measure was denied due to lack of proof of danger in delay, despite recognizing a prima facie case in the challenge to the administrative eviction procedure.Se declaró sin lugar la medida cautelar por falta de prueba del peligro en la demora, a pesar de reconocerse apariencia de buen derecho en el cuestionamiento del procedimiento administrativo de desalojo.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Court denies the precautionary measure requested by Abraham Jiménez Matarrita, who sought to be restored to possession of a property after an administrative eviction carried out by the Ministry of Public Security. The plaintiff argued that the eviction was illegal because the property was not included in the ministerial order. However, the Court finds that, although the plaintiff has a prima facie case to discuss the legality of the administrative procedure in a main proceeding, he failed to demonstrate the danger in delay. The only evidence provided related to the administrative procedure, but did not prove the severity of the harm, the impossibility of moving elsewhere, or the economic dependence of his family. Furthermore, it balances that the measure would affect a third party—Gerardo Pizarro Espinoza—put in possession by the administration, with the public interest prevailing. The precautionary measure is denied.El Tribunal Contencioso Administrativo deniega la medida cautelar solicitada por Abraham Jiménez Matarrita, quien pretendía ser restituido en la posesión de un inmueble tras un desalojo administrativo ejecutado por el Ministerio de Seguridad Pública. El actor alegaba que el desalojo fue ilegal porque la propiedad no estaba incluida en la orden ministerial. Sin embargo, el Tribunal considera que, aunque el actor tiene apariencia de buen derecho para discutir la legalidad del procedimiento administrativo en un proceso principal, no logró demostrar el peligro en la demora. La única prueba aportada se relacionaba con el trámite administrativo, pero no acreditaba la gravedad del daño ni la imposibilidad de trasladarse a otro lugar o la dependencia económica de su familia. Además, se pondera que la medida afectaría a un tercero —Gerardo Pizarro Espinoza— puesto en posesión por la administración, prevaleciendo el interés público. La medida cautelar se declara sin lugar.
Key excerptExtracto clave
For this Court, there is an administrative act challenged from the outset by the plaintiff and challenged in its final resolution, which in the case under study we cannot overlook that we are analyzing the precautionary prerequisites, and not what the plaintiff may or may not achieve on the merits; who must bear in mind what has already been analyzed and determined above, that despite this, it is considered that the plaintiff has the necessary appearance of a good right to challenge in this venue the record or administrative act by which the eviction of the property of interest is ordered, in the event that he decides to file it, and it will be in the main proceeding where it will be analyzed whether in fact, Mr. Abraham Jiménez Matarrita's right was violated as he claims, a substantive situation that in this summary review is found to be allegations that are proper to the main proceeding; such as a possible declaration of nullity of the administrative procedure, a situation that is related to what was analyzed in that venue and has been subject to challenges by the petitioner in this matter, which as already advanced, is indeed subject to review before this Court. It is noteworthy that the only evidence the plaintiff brought to the process is directly related to the administrative events he challenges; as well as requesting the referral of the administrative file for the final resolution of this precautionary request; evidence that would not support the harm and even less the magnitude of the same that he could experience, or rather be experiencing with an administrative eviction carried out against him since last April 22nd of this year. This Court cannot ignore the powers conferred on the different administrations; in this case represented by the Ministry of Public Security; however, it also cannot ignore that through a precautionary request it would be untimely, improper and premature to refer to the appropriateness or not of what is requested and the way in which the administration must act in this type of administrative proceedings, determining thereby that until something else is decided in the main proceeding, prudence inclines us not to consider the analyzed prerequisite fulfilled, since in the particular case under study, there is a total lack of necessary evidence that allows us to assess the harm that the plaintiff here could experience or be experiencing with the administrative determination adverse to his interests.Para este Tribunal, existe un acto administrativo cuestionado desde sus inicios por la parte actora y cuestionado en su resolución final, que para el caso en estudio no podemos dejar pasar por alto que nos encontramos analizando los presupuestos cautelares, y no lo que por el fondo pueda o no lograr la parte actora; quien deberá tener presente de lo ya analizado y determinado líneas atrás que pese a ello, se considera que la parte actora cuenta con la apariencia de buen derecho necesaria para combatir en esta sede el acta o acto administrativo por medio de la cual se ordena el desalojo de la propiedad de su interés, en el caso de que decida su interposición, y será en la causa de conocimiento donde se analicen si en realidad, el derecho del señor Abraham Jiménez Matarrita fue violentado como lo afirma, situación de fondo que en esta sumaria revisión se constatan que son alegaciones que son propias del proceso principal; como lo sería una posible declaratoria de nulidad del proceso administrativo, situación que tiene relación con lo que se analizó en aquella sede y ha sido objeto de cuestionamientos por parte del gestionante en este asunto, lo cual como ya se adelantó, sí resulta objeto de revisión ante este Tribunal. Es de destacar que la parte actora la única prueba que hizo llegar al proceso tiene relación directa con los acontecimientos administrativos que cuestiona; así como en gestionar la remisión del expediente administrativo para la resolución final de esta gestión cautelar; prueba que no vendría a respaldar el daño y menos aún la magnitud del mismo que podría experimentar, o más bien estar experimentando con un desalojo administrativo materializado en su contra desde el pasado veintidós de Abril del año en curso. Este Tribunal no puede desconocer las competencias conferidas a las distintas administraciones; en este caso representada por el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo tampoco puede desconocer que por medio de una gestión cautelar resultaría inoportuno, improcedente y prematuro referirse a la procedencia o no de lo que se gestiona y la forma en que debe de actuar la administración en este tipo de diligencias administrativas, determinándose con ello que hasta tanto no se disponga otra cosa en el proceso de conocimiento, la prudencia se inclina por no tener por superado el presupuesto analizado, ya que en el caso particular bajo estudio, existe una total falta de prueba necesaria que permita dimensionar el daño que podría experimentar o estar experimentando el aquí actor con la determinación administrativa que le es adversa a sus intereses.
Pull quotesCitas destacadas
"En este asunto, si bien existen dos administraciones involucradas respecto al terreno en discusión (IDA y SINAC), es importante el tener claridad, que en este tipo de procesos no es procedente analizar de forma previa quien cuenta o no con el mejor derecho que se reclama, ya que esto de ser el caso deberá ser analizado en el fondo del proceso principal ó ante la vía jurisdiccional correspondiente."
"In this matter, although there are two administrations involved regarding the land in dispute (IDA and SINAC), it is important to be clear that in these types of proceedings it is not appropriate to previously analyze who has or does not have the better right claimed, since this, if applicable, must be analyzed on the merits of the main proceeding or before the corresponding jurisdictional venue."
Considerando VIII
"En este asunto, si bien existen dos administraciones involucradas respecto al terreno en discusión (IDA y SINAC), es importante el tener claridad, que en este tipo de procesos no es procedente analizar de forma previa quien cuenta o no con el mejor derecho que se reclama, ya que esto de ser el caso deberá ser analizado en el fondo del proceso principal ó ante la vía jurisdiccional correspondiente."
Considerando VIII
"Este Tribunal no puede desconocer las competencias conferidas a las distintas administraciones; en este caso representada por el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo tampoco puede desconocer que por medio de una gestión cautelar resultaría inoportuno, improcedente y prematuro referirse a la procedencia o no de lo que se gestiona y la forma en que debe de actuar la administración en este tipo de diligencias administrativas."
"This Court cannot ignore the powers conferred on the different administrations; in this case represented by the Ministry of Public Security; however, it also cannot ignore that through a precautionary request it would be untimely, improper and premature to refer to the appropriateness or not of what is requested and the way in which the administration must act in this type of administrative proceedings."
Considerando VIII
"Este Tribunal no puede desconocer las competencias conferidas a las distintas administraciones; en este caso representada por el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo tampoco puede desconocer que por medio de una gestión cautelar resultaría inoportuno, improcedente y prematuro referirse a la procedencia o no de lo que se gestiona y la forma en que debe de actuar la administración en este tipo de diligencias administrativas."
Considerando VIII
"la balanza en esta ocasión se inclina por tutelar los derechos de la administración pública aquí representada, como también del señor Gerardo Pizarro Espinoza que como se indicó, es la persona que desde el veintidós de Abril del año en curso la administración le dio la posesión del inmueble."
"The balance in this case leans towards protecting the rights of the public administration represented here, as well as Mr. Gerardo Pizarro Espinoza who, as stated, is the person whom the administration put in possession of the property since April 22nd of this year."
Considerando VIII
"la balanza en esta ocasión se inclina por tutelar los derechos de la administración pública aquí representada, como también del señor Gerardo Pizarro Espinoza que como se indicó, es la persona que desde el veintidós de Abril del año en curso la administración le dio la posesión del inmueble."
Considerando VIII
"cualquier posesión en cualquier terreno del Instituto de Desarrollo Rural resulta precaria y por ello, no tiene ninguna relevancia cuanto tiempo ha poseído, ni cuáles actos posesorios ha realizado; tampoco es necesario dar audiencia alguna a los poseedores, pues la precariedad de la situación hace que en cualquier momento pueda ser desalojado por el Ministerio de Seguridad Pública."
"Any possession on any land of the Rural Development Institute is precarious and therefore, it is irrelevant how long it has been possessed or what possessory acts have been carried out; nor is it necessary to give any hearing to the possessors, since the precariousness of the situation means that they may be evicted at any time by the Ministry of Public Security."
Considerando V
"cualquier posesión en cualquier terreno del Instituto de Desarrollo Rural resulta precaria y por ello, no tiene ninguna relevancia cuanto tiempo ha poseído, ni cuáles actos posesorios ha realizado; tampoco es necesario dar audiencia alguna a los poseedores, pues la precariedad de la situación hace que en cualquier momento pueda ser desalojado por el Ministerio de Seguridad Pública."
Considerando V
Full documentDocumento completo
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected] Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCESO: MEDIDA CAUTELAR PROVISIONALISIMA PROMUEVE: ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA DEMANDADOS: EL ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública ), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA y ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES ------------------------------------------------------------------------------------------------- N°640-2021 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ - ANEXO A - Goicoechea, at fifteen hours forty-five minutes on the sixth day of October of the year two thousand twenty-one.- A PRELIMINARY INJUNCTION (MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM) is heard, filed by Mr. ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA against the STATE (Ministerio de Seguridad Pública), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA and ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES.-
RESULTANDO:
CONSIDERANDO:
It reports that the Ministry of Public Security in this case ordered the intervention of a Surveyor Engineer, Engineer Ervin Adolfo Álvarez Fuentes, for the purpose of delimiting the eviction, guiding the Public Force of Siquirres, and preventing the eviction of properties not covered by it. That through official letter No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRNHA-DPCSIQUIRRES-0908-2020 dated April 24, 2021, issued by the Public Force of Siquirres, titled "Inventory of movable property and judicial deposit of goods," it is verified, on folio 15 of said administrative file, that Mr. Abraham Jiménez Matarrita and his family were occupying the property Registration No. 7-38605-000 cadastral map No. L-0716765-1987, being evicted from this property in accordance with what was ordered by the Department of Administrative Evictions of the Ministry of Public Security. In the State's representative's opinion, the granting of the administrative eviction by the Ministry of Public Security and the eviction itself fulfilled the two basic requirements established by our legal system: a) It verified that, registrally, the property belonged to the promoter of the proceeding. b) It verified that the requirement of mere tolerance was met, since there was no lease agreement or precarious or legal title that supported the plaintiff and his family's stay on the property. In addition to the foregoing, the eviction was carried out under the supervision of a Surveyor Engineer, who delimited the area to be evicted and guided the Public Force in carrying out said proceedings, determining that the plaintiff was invading property No. 7-38605-000. In the State's representative's opinion, the action of the Ministry of Public Security falls within its legitimate powers, and is duly grounded –among others– in numerals 45 of the Political Constitution, 7 subsection f) of the Law on Urban and Suburban Leases, 305 of the Civil Code, and 8 of the General Police Law, for which reason, in their opinion, there is little possibility that the main claim will be granted or that it has the appearance of "good law." Regarding the Balancing of the Interests at Stake, it states that in this case, compared to the plaintiff's claim, the other interests at stake must be weighed. The public interest present in this case is evident, by virtue of the fact that the Ministry of Public Security merely verified the effective concurrence of the assumptions established in the legal system (protection of the right to private property enshrined in Article 45 of the Political Constitution) in compliance with the principle of legality and the safeguarding of public order. It adds that, by weighing the interests at stake, it is evident that there is a public interest that must be safeguarded, such that the appropriate course is to reject the requested interim measure (medida cautelar), and the public interest must prevail over the private interest.
If one wishes to protect or minimize a possible impact on third parties as established by the requirement or element analyzed, the undersigned considers it appropriate and advisable not to deem this requirement satisfied, and consequently the precautionary measure must be denied. The balance on this occasion tips in favor of protecting the rights of the public administration represented here, as well as those of Mr. Gerardo Pizarro Espinoza, who, as indicated, is the person to whom the administration gave possession of the property on April twenty-second of this year, and if the plaintiff decides to file the plenary proceeding (proceso de conocimiento), it is there that which of the positions is correct will be discussed. Thus, the precautionary measure requested by Mr. Abraham Jiménez Matarrita is denied.- IX) COSTS: In this matter, the representation of the Instituto de Desarrollo Rural (IDA), within its claim, sought the imposition of costs against Mr. Abraham Jiménez Matarrita; however, it is the undersigned's view that the way the events transpired at the administrative stage gave the plaintiff the opportunity to come before this judicial venue in order to defend his rights and interests. It should be noted that by means of a precautionary petition, it is not appropriate to analyze the merits of the matter, and therefore whether the petitioning party has a valid claim or not is something that can only be determined in the main action, should he decide to file it. However, and despite this, one must not lose sight of the fact that the reason for denying this precautionary petition arose from a different situation; but in the review and analysis of the precautionary requirements, it was determined that he had the necessary appearance to resort to this avenue in protection of his interests and rights, and hence the requirement of Appearance of a Good Right (Apariencia de Buen Derecho) was deemed satisfied, which demonstrates that he had sufficient grounds to appear before this venue. In addition to this, on the issue of costs in this type of petition, there are several pronouncements from the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, and as long as there is no guidance to the contrary, this Court considers that it must issue the aforementioned ruling without an award of costs, precisely due to the nature of these proceedings. (see, among others, RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Calle Blancos, at thirteen hours thirty minutes on March sixteenth, two thousand eleven). Thus, this matter is resolved without a special award of costs.- X) REGARDING THE PLEADINGS RAISED IN THIS TYPE OF MATTERS: Solely for the purpose of issuing a ruling on the pleadings (excepciones) raised in this type of petition, this Court takes the liberty of indicating what the Tribunal de Apelaciones has already reiterated regarding the raising of pleadings in this type of petition; therefore, the parties are referred to the opinion issued by the Tribunal de Apelaciones, specifically the Sección Segunda of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, which has advanced on this issue, and what is of interest for this ruling is the following: "(...) From a technical standpoint, it is not possible to raise pleadings, as is feasible in plenary proceedings, except, of course, for matters of jurisdiction (which must be addressed previously and with a specific ruling insofar as it suspends competence to continue hearing the case file, except for that petition itself), matters of capacity, and formal requirements (the latter would be addressed when the petition is resolved on its merits), or matters concerning joinder of the litis. In those terms, any pleading or defense presented has no reason to exist, but if raised, it must be reserved to be addressed together with the merits of the precautionary measure and not through an interlocutory ruling. An interlocutory ruling within this type of proceeding is not appropriate, as it would allow turning a summary petition into an ordinary proceeding, distorting its essence. (...)". (the bold and underline are ours). (see resolución N° 314-2020-II TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA, at seven hours and thirty minutes on June eleventh, two thousand twenty.). This Judge agrees with the ruling of the Tribunal de Apelaciones regarding the raising of pleadings in this type of proceeding, where in reality the parties require a prompt resolution to resolve the issue brought to their attention; and although in this case those persons or institutions whose rights and interests could be affected had to be joined to the proceeding, this was precisely due to the claim formulated through this petition, which fully involved the participation of the parties joined to this proceeding, and hence their participation was determined. Now, regarding the other pleadings, such as res judicata (cosa juzgada) or lack of standing (falta de legitimación), this is an issue that must be reserved for the analysis of the main action; this being something that the plaintiff must take into consideration in due course should he decide to bring the main action before this jurisdiction.- XI) RESOLUTION OF THE CASE: Therefore, since the necessary legal requirements are not fully met, the precautionary measure requested must be denied in the terms in which it was presented. It must be taken into account that both the requirement of Appearance of a Good Right and the Balancing of Interests at Stake (ponderación de intereses en juego) are subject to analysis, verification, and study by the Judge to confirm compliance and determine whether the claim can or cannot be heard in a plenary proceeding before this Jurisdiction (Appearance of a Good Right), and whether the decision taken affects or does not affect the public interest or that of interested third parties (Balancing of Interests at Stake); but one of the requirements or prerequisites for the granting of the precautionary measure lies in the hands of whoever has recourse to this type of proceeding (DANGER IN THE DELAY, PELIGRO EN LA DEMORA), since the demonstration of harm is inherent to the person who suffers it, and he will be the one who must prove his assertion with relevant and appropriate evidence for that purpose (article 41 of the Código Procesal Civil), and it is precisely this requirement that was not supported and backed as was the duty and obligation of the plaintiff, this Court having no reason to supply the omissions noted in the corresponding section. As a logical consequence of this ruling, the precautionary measure, requested by Mr. ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA against the ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA, and ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES, is denied. This matter is resolved without an award of costs. In due course, archive the case file.-
POR TANTO
The anticipated precautionary measure requested by Mr. ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA against the ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA, and ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES is declared WITHOUT MERIT. This matter is resolved without an award of costs. In due course, archive the case file. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez.- *4343IBUT22MYC61* RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Medida cautelar ante causam Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas:
Denegatoria de poner al actor en posesión del inmueble del cual fue desalojado por falta de prueba que demuestre un mejor derecho. Generalidades para su otorgamiento.
Tema: Desalojo administrativo Subtemas:
Denegatoria de poner al actor en posesión del inmueble del cual fue desalojado por falta de prueba que demuestre un mejor derecho.
"VII) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006) [...]
Es de destacar que la parte actora la única prueba que hizo llegar al proceso tiene relación directa con los acontecimientos administrativos que cuestiona; así como en gestionar la remisión del expediente administrativo para la resolución final de esta gestión cautelar; prueba que no vendría a respaldar el daño y menos aún la magnitud del mismo que podría experimentar, o más bien estar experimentando con un desalojo administrativo materializado en su contra desde el pasado veintidós de Abril del año en curso (ver hecho "SEGUNDO" de esta gestión cautelar). Como se ha evidenciado, la prueba aportada tiene relación con el tramite del procedimiento administrativo, la cual será de mucha utilidad en la causa principal en el caso de que decida su interposición en esta sede [...]
Este Tribunal podría pensar que el daño con la ejecución de desalojo se da, por el simple hecho de tener que abandonar la vivienda que habita, pero evidenciar la magnitud del daño, es algo que no podría determinar este Tribunal a falta de prueba en ese sentido. Nótese que el gestionante es conciente que el daño en este tipo de procesos debe de ser demostrado [...]
Este Tribunal no puede desconocer las competencias conferidas a las distintas administraciones; en este caso representada por el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo tampoco puede desconocer que por medio de una gestión cautelar resultaría inoportuno, improcedente y prematuro referirse a la procedencia o no de lo que se gestiona y la forma en que debe de actuar la administración en este tipo de diligencias administrativas, determinándose con ello que hasta tanto no se disponga otra cosa en el proceso de conocimiento, la prudencia se inclina por no tener por superado el presupuesto analizado, ya que en el caso particular bajo estudio, existe una total falta de prueba necesaria que permita dimensionar el daño que podría experimentar o estar experimentando el aquí actor con la determinación administrativa que le es adversa a sus intereses, y en esas circunstancias no se puede dimensionar ese daño o afectación como para poder ponderar cual daño o situación debe de ser tutelada, resultando en esas condiciones indudable que ha de prevalecer el interés público sobre el particular. Aunado a ello, resulta ser que el elemento o requisito en estudio fue estructurado o dividido, donde no solo se analiza la ponderación de intereses en juego y la afectación al interés público; sino y además de ello, la posible afectación a terceros interesados, y es en este punto que el suscrito se debe de detener y ser cauto en el análisis de la situación. En este asunto se ha discutido y cuestionado por parte del aquí actor, la forma en que fue realizado el procedimiento administrativo de desalojo y la forma en que se pone en posesión a otra persona que según él afirma no tiene derecho de estar en la propiedad del Instituto de Desarrollo Rural; hablamos del señor Nombre12882 . Recordando el señor Nombre12882 fue la persona que interpuso el procedimiento administrativo de desalojo el cual fue declarado a su favor, y hoy día goza de una posesión concedida en sede administrativa, que si bien la misma está siendo discutida a través de esta gestión cautelar y la posible demanda principal, fue a él a quien la administración lo puso en posesión y hoy día, como lo ha indicado el propio actor es la persona que habita el lugar [...]
Si se quiere tutelar o minimizar una posible afectación a terceras personas como lo establece el presupuesto o elemento analizado, estima el suscrito procedente y conveniente no tener por superado este presupuesto y en consecuencia la medida cautelar debe de ser rechazada. La balanza en esta ocasión se inclina por tutelar los derechos de la administración pública aquí representada, como también del señor Nombre12882 que como se indicó, es la persona que desde el veintidós de Abril del año en curso la administración le dio la posesión del inmueble, y si la parte actora decide interponer el proceso de conocimiento, es ahí donde se discutirá cual de las posturas es la correcta. Siendo así, se rechaza la medida cautelar gestionada por el señor Nombre12881 [...]
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Documento PJEDITOR TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected] Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCESO: MEDIDA CAUTELAR PROVISIONALISIMA PROMUEVE: ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA DEMANDADOS: EL ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública ), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA y ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES ------------------------------------------------------------------------------------------------- N°640-2021 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ - ANEXO A - Goicoechea, al ser las quince horas cuarenta y cinco minutos del día seis de Octubre del año dos mil veintiuno.- Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, interpuesta por el señor ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA en contra del ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública ), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA y ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES.-
RESULTANDO:
CONSIDERANDO:
POR TANTO
Se declara SIN LUGAR la medida cautelar anticipada solicitada por el señor ABRAHAM JIMÉNEZ MATARRITA en contra del ESTADO (Ministerio de Seguridad Pública ), INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), GERARDO PIZARRO ESPINOZA y ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES. Se resuelve este asunto sin condenatoria en costas. En su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez.- *4343IBUT22MYC61* RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.