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Res. 01270-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 23/08/2021

Acquittal for illegal logging due to insufficient circumstantial evidenceAbsolución por tala ilegal ante insuficiencia de prueba indiciaria

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Criminal Sentence Appeals Tribunal dismissed the appeals of the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office and upheld the acquittal due to reasonable doubt, finding the circumstantial evidence insufficient to overcome the presumption of innocence of the accused for the crime of illegal logging and timber harvesting.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró sin lugar los recursos de apelación del Ministerio Público y la Procuraduría y confirmó la sentencia absolutoria por duda razonable, al considerar insuficiente la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado por el delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera.

SummaryResumen

The Criminal Sentence Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, in resolution 01270-2021, upheld the acquittal of the defendant for the crimes of illegal logging and timber harvesting, in violation of the Forestry Law. The Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General had appealed, arguing an erroneous assessment of circumstantial evidence, claiming there were strong, unequivocal indications — such as the defendant's presence at the scene, his clothes dirty with sawdust, a still-warm chainsaw nearby, and his sitting on a freshly cut log — that proved his participation in the offense. However, the appeals court held that these circumstances, viewed together and weighed against the defendant's exculpatory statement, were insufficient to overcome the presumption of innocence or to establish guilt beyond a reasonable doubt, thus upholding the acquittal under the in dubio pro reo principle.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución N° 01270-2021, confirmó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica en favor del acusado por los delitos de tala y aprovechamiento ilegal de madera, en perjuicio de la Ley Forestal. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República habían apelado alegando errónea valoración de la prueba indiciaria, argumentando que existían indicios fuertes y unívocos —como la presencia del imputado en el lugar, su ropa sucia con aserrín, la motosierra tibia cercana a él y el hecho de que estuviera sentado sobre un trozo de madera recién cortada— que demostraban su participación en el ilícito. Sin embargo, el tribunal de apelación consideró que esos indicios, analizados en conjunto y contrastados con la versión exculpatoria del acusado, no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia ni para generar certeza sobre su autoría, por lo que mantuvo la absolución por duda razonable, aplicando el principio de in dubio pro reo.

Key excerptExtracto clave

III.- [...] Regarding the validity of circumstantial evidence to support a conviction in criminal proceedings, the jurisprudence of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice has consistently held that 'the indicia that make it up must be unequivocal, and will only be effective when, through them, assessed according to the rules of sound criticism, the judges reach the certainty that the unlawful act attributed to the accused indeed occurred and is imputable to him, and only one conclusion emerges from them; if such a situation does not occur, the indicia, analyzed individually and jointly, are no more than simple data about the possible commission of a criminal act, but do not constitute a firm basis from which, without a doubt, the guilt of the accused can be reasonably inferred.' (resolution 882-2000, 4 August 2000). In the case under review, the trial court did consider the indicia deriving from the evidence — the defendant's location at the scene, that his clothes were dirty and full of sawdust, his being seated on a piece of felled wood, near a still-warm chainsaw and a short distance from the co-defendants with a separate criminal case; nevertheless, it was held that these did not overcome the presumption of innocence of the accused, after assessing them and contrasting them with the version the accused gave in his material defense.III.- [...] En relación a la validez de la prueba indiciaria para sustentar una condena dentro de un proceso penal, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que “los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos; si tal situación no se presenta, los indicios, individual y conjuntamente analizados, no pasan de ser simples datos sobre la posible comisión de un hecho delictivo, pero no constituyen un soporte firme del cual, sin lugar a dudas, se pueda inferir razonablemente la culpabilidad del enjuiciado.” (resolución 882-2000, de las 09:40 horas del 4 de agosto del 2000). En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas –ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos."

    "The indicia that make up such evidence must be unequivocal, and will only be effective when, through them, assessed according to the rules of sound criticism, the judges reach the certainty that the unlawful act attributed to the accused indeed occurred and is imputable to him, and only one conclusion emerges from them."

    Considerando III, citando resolución 882-2000 de la Sala Tercera

  • "Los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos."

    Considerando III, citando resolución 882-2000 de la Sala Tercera

  • "En un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad."

    "In criminal proceedings, the accused person does not have to prove his innocence, because there are legal rules that require him to be treated as innocent until his guilt is proven."

    Considerando III

  • "En un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad."

    Considerando III

  • "Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía."

    "If in the exercise of his rights the accused decided to waive the right to remain silent and did so at trial, that is not an indication of the mendacity of his statement, but the materialization of a guarantee."

    Considerando III

  • "Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía."

    Considerando III

  • "Ante el fracaso de la medida alterna el tribunal no puede tomarlo en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad del acusado."

    "In the event of failure of the alternative measure, the court cannot take it into account to establish the guilt of the accused."

    Considerando III

  • "Ante el fracaso de la medida alterna el tribunal no puede tomarlo en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad del acusado."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

BIG NORMAL SMALL Appeals Court of Criminal Judgment, Second Judicial Circuit of San José Date of Resolution: August 23, 2021, at 11:00 a.m.

File: 13-002429-0485-PE Type of matter: Criminal appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL International Norms: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Pacto internacional de derechos civiles y políticos International Norms Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Criminal Procedural Law Topic: Circumstantial evidence in criminal matters Subtopics:

Validity to support a conviction. Acquittal for illegal logging in a case where the circumstantial evidence did not manage to rebut the presumption of innocence of the accused.

Topic: Illegal logging Subtopics:

Acquittal for illegal logging in a case where the circumstantial evidence did not manage to rebut the presumption of innocence of the accused.

"III.- [...] Regarding the validity of circumstantial evidence to support a conviction within a criminal proceeding, the jurisprudence of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice has repeatedly stated that 'the individual pieces of circumstantial evidence (indicios) that comprise it must be unequivocal, and will only be effective when, through them, valued according to the rules of sound criticism, the judges reach the certainty that the illicit act attributed to an accused actually occurred and is imputable to him, and only one conclusion can be drawn from them; if such a situation does not arise, the pieces of circumstantial evidence (indicios), individually and jointly analyzed, are nothing more than simple data regarding the possible commission of a criminal act, but do not constitute a firm basis from which, without a doubt, the guilt of the accused can be reasonably inferred.' (Resolution 882-2000, of 09:40 hours on August 4, 2000). In the case under review, the court did take into account the pieces of circumstantial evidence (indicios) derived from the evidence—the location of the accused at the site, that his clothes were dirty and full of sawdust, finding him sitting on a felled piece of wood, near a chainsaw that was still warm, and a short distance from the co-accused with separate criminal proceedings—; however, it was considered that they did not manage to rebut the presumption of innocence of the accused, after assessing them and contrasting them against the version that the accused provided in his material defense.[...]" ... See more Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Criminal Procedural Law Topic: Statement of the accused Subtopics:

Impossibility of reversing the burden of proof. Use of the right to testify cannot be interpreted to the detriment of the accused.

Topic: Principle of innocence Subtopics:

Impossibility of reversing the burden of proof. Failure of an alternative measure cannot be taken into account to establish the judgment of guilt of the accused.

Topic: Rights of the accused Subtopics:

Impossibility of reversing the burden of proof. Failure of an alternative measure cannot be taken into account to establish the judgment of guilt of the accused.

"III.- [...] Moreover, this Chamber cannot share the observations that the appellants made regarding the accused's statement, not only because it is an erroneous line of reasoning that reverses the burden of proof, but because it flagrantly violates supra-constitutional norms—Article 8, paragraph 2 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Article 11 of the Declaración Universal de los Derechos Humanos, Article 14.2 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, constitutional norms—Article 39 of the Constitución Política which establishes that 'No one shall suffer a penalty except for a crime, quasi-crime, or misdemeanor, sanctioned by prior law and by virtue of a final judgment issued by a competent authority, after the indictee has been given the opportunity to exercise their defense and through the necessary demonstration of guilt.'— and procedural legislation—in Article 9 of the Código Procesal Penal which stipulates that 'The accused shall be considered innocent at all stages of the proceeding, as long as their guilt is not declared in a final judgment, in accordance with the rules established in this Code. In case of doubt on questions of fact, the most favorable outcome for the accused shall prevail. Until the declaration of guilt, no public authority may present a person as guilty nor provide information about them in that sense [...]'. The parties ignore that in a criminal proceeding, the accused does not have to prove their innocence, because there are legal norms that require them to be treated as innocent until their guilt is proven and, consequently, said person is not obligated to provide an exculpatory version, nor to do so at the beginning of the proceeding or at a specific moment, much less must they provide evidence in their defense. If, in the exercise of their rights, the accused decided to waive the right to abstain from testifying and did so at the trial itself, this is not an indication (indicio) of the mendacity of their statement, but rather the realization of a guarantee, and therefore it is not acceptable for the parties to seek to exploit that situation to support their claims and seek the nullity of the judgment. The Third Chamber of the Supreme Court of Justice has long established that the accused's decision to testify or not cannot be assessed to their detriment, stating the following: 'Two possible situations must be considered: in the first, the accused abstains from testifying; in the other, they make use of their right to testify, stating a version in their defense that is disproven by other evidence to which the judge grants credibility, in accordance with the rules of rational sound criticism. In both cases, it is illegitimate to consider that the attitude of the accused implies an absence of remorse on their part; this is absurd because both hypotheses are based on the right of defense of the accused, guaranteed by the Constitución Política, international human rights instruments, and our procedural legislation, so the legitimate exercise of their right cannot be an obstacle to being denied a benefit to which they are entitled, when they meet the legal requirements for its granting...' (Resolution number N 329-F-95, of 15:40 hours, of June 8, 1995), a criterion that this Chamber fully shares and is fully valid. Based on the existence of the principle of innocence, the accused was not obliged to justify to the officials of the Sistema de Áreas de Conservación his presence at the place, to explain to them where he was working before, the task he was performing, the location of his work tools, or even the name of his employer, as the State's representation claimed, who, in effect, has ignored that it is incumbent upon the accusing party to disprove, with total certainty, the innocence of [[Name1] ] and prove their intentional participation in the logging (tala) and use of forest resources, without the legal permits. In the same vein, it is absolutely unacceptable to allude to the alternative measure that the accused agreed to in the proceeding, in an attempt to support the appeal, resorting to the thesis that a person who knows they are innocent does not agree to such a measure. From the review of the case file, it is evident that the accused did agree to a conciliation in the trial phase, not a suspension of the proceeding on probation, which was revoked for non-compliance, but that does not mean that he accepted the charges, as appellant [Name2] alleges, because such a situation is simply not provided for in Article 36 of the Código Procesal Penal as a condition for its approval and homologation. Furthermore, it overlooks that upon the failure of the alternative measure, the court cannot take it into account to establish the judgment of guilt of the accused. Thus, all the questions expressed by the appellants regarding the exercise of the accused's defense are not acceptable and were elements well appreciated by the court, who openly denied their consideration as pieces of circumstantial evidence (indicios) of alleged guilt. Finally, regarding the criticisms made of the environmental assessment carried out for the estimation of the damage, they are devoid of interest since it was not that element that supported the acquittal of the accused, but rather that the pieces of circumstantial evidence (indicios) were insufficient to rebut his innocence." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings Resolution: [Telf1] File: 13-002429-0485-PE(6) APPEALS COURT OF CRIMINAL JUDGMENT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eleven hours, on the twenty-third of August of two thousand twenty-one.- APPEALS filed in the present case against [[Name1] ], [...]; for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. Judge Alejandra Valenciano Chinchilla, judges Alfredo Araya Vega and Giovanni Mena Artavia are involved in the decision. [Name2] appeared at this venue representing the Ministerio Público and [Name3], Procurador Penal.

WHEREAS:

I.- That by judgment number 37-2021, of eight hours five minutes on the twenty-second of January of two thousand twenty-one, the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, Article 8.2 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos; Article 11 of the Declaración Universal de Derechos Humanos; Article 14.2 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Articles 39 and 41 of the Constitución Política, Articles 1 and 30 of the Código Penal, Article 61 of the Ley Forestal, Articles 180 to 184, 265 to 267, 324, 360, 361, 363, 364, 365, and 366 of the Código Procesal Penal, Article 1045 of the Código Civil, Articles 122, 124, and 127 of the current rules on civil liability of the Código Penal of 1941, by application of the principle in dubio pro reo, [Name [Name4]] IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY for the crimes of ILLEGAL LOGGING (TALA) AND USE OF WOOD that have been attributed to him as committed to the detriment of LA LEY FORESTAL. The return of the seized items described in reports 1365 and 1363, visible on folios 7 and 8 of the file, is ordered to whoever proves ownership within a period of three months. The costs of the criminal proceedings are charged to the State. Likewise, the civil action for damages filed by THE STATE as a directly injured party, represented by the Procuraduría General de la República through Licenciado [Name5], is declared WITHOUT MERIT. In accordance with Article 267 of the Código Procesal Penal, as there is plausible reason to litigate, costs are not imposed for the filing of the civil action. Notify by reading." (sic)

II.- That against the preceding pronouncement, [Name2] representing the Ministerio Público and [Name3], Procurador Penal, filed an appeal.

III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by the Appeals Judge of Criminal Judgment [Name6]; and,

WHEREAS:

I.- Licenciado [Name2], in his capacity as prosecutor of the Ministerio Público, by means of a document visible on folios 181 to 183 of the main file, received on February 2, 2021, filed an appeal against the written ruling No. 037-2021, of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, of 08:05 hours on January 22, 2021, by which the accused [[Name1] ] was acquitted of committing a crime of illegal logging (tala) and use of wood, declaring the filed civil action for damages without merit. Likewise, Licenciado [Name3], in his capacity as Procurador of the Procuraduría General de la República, presented a joinder appeal, by means of a document received on February 19, 2021, visible on folios 200 verso to 207 front of the main file. Firstly, it should be noted that, in accordance with the provisions of Article 437 of the Código Procesal Penal, “… judicial resolutions are appealable only by the means and in the cases expressly established.” For its part, Article 458 provides that: “All judgments and dismissals (sobreseimientos) issued in the trial phase that resolve criminal, civil, incidental aspects, and others determined by law, are appealable.” In this case, full compliance with the prerequisites of objective and subjective appealability has been verified, and it is also evident that the appeals were duly filed in time and form, in consideration of which they are admitted, and we proceed to hear the grievances.

II.- Appeal filed by Licenciado [Name2], in his capacity as prosecutor of the Ministerio Público. As the sole ground, an erroneous assessment of the evidentiary material presented at trial, in accordance with the rules of rational sound criticism, and incomplete reasoning of the judgment are alleged. The court considered that there was insufficient evidence to prove the authorship of the accused in the events, deeming that the witnesses and documentary evidence were based on mere speculations, since nobody observed the accused performing the logging (tala) and use actions and, when he was approached by MINAE personnel who arrived at the site, they found him sitting, ingesting food, located at a certain distance from the other co-accused. He considers that the conclusion is erroneous because the proceeding had strong and unequivocal pieces of circumstantial evidence (indicios) that allowed concluding that the accused was not at the site by mere chance, but rather in collusion with two other individuals, carrying out the accused illegal actions. He states that the acting witness [Name7] reiterated in the trial what was stated in February 2016, when interviewed at the local prosecutor's office, stating that upon arriving at the place, he observed the accused sitting on a freshly sawn log, because he could see remains of the sap that a tree expels when felled, plus fresh sawdust, observing a chainsaw that was still warm at the suspect's feet, machinery that the accused acknowledged to him was his property, observing said person sweaty, dirty, covered in sawdust, elements that allowed him to conclude that he was working on sawing wood, together with other people. In his opinion, the accused should have been convicted because the aforementioned pieces of circumstantial evidence (indicios), if they had been assessed in a concatenated manner, using the legal method of applying the rules of experience to the indicating fact—traces of sawdust, machinery, felled trees—through a logical inference, would have allowed concluding that the accused lied when stating that he was working on adjacent land and approached the site upon hearing a chainsaw, being surprised at that moment by police authorities while eating his lunch. This was a legal exercise that the court omitted to do, and thus to base the value it gave to the cited pieces of circumstantial evidence (indicios)—the accused covered in sawdust, the site where wood was being sawed, with suitable equipment for it, recently felled trees, where there were chainsaws running. He points out that the defense justified the traces of sawdust by the action of the wind, an assertion lacking all logic, as it is not a small particle like dust, but one of considerable size, which when fresh is heavier. He opines that this thesis, together with the accused's version—who said he had been at the site for about ten minutes, some fifteen to twenty meters from where the co-accused were working—makes it unbelievable that, in such a short time, his clothes became covered in sawdust, which could be noticeable to the acting officer who, upon observing him dirty and sweaty, had no doubt that he was taking part in the illegal actions. None of this was assessed by the court, which limited itself to saying that the evidence was insufficient and speculative, since not having caught him in flagrante delicto (in fraganti) felling or sawing the trees, it was not possible to reach a state of conviction to convict and added that, because he was located in a rural area, the accused must have been sweaty and dirty, without justifying anything regarding the sawdust. Based on the court's reasoning, circumstantial evidence (prueba indiciaria) would cease to be an input for ordering a conviction and this would only be achieved with direct evidence (prueba tasada). Another element that the prosecution attacked in its conclusions was the declaration of innocence by the accused until the end of the trial, questioning the reason why he did not do so during the proceeding and, based on the rules of logic and experience, a person who knows they are innocent makes it known from the very beginning and will hardly remain silent, no matter how "bad" the defense strategy may be, as defense against senseless attacks is inherent to humans. He adds that the accused's statement generated more doubts, especially since on March 7, 2018, he underwent a conciliation, which did occur and is found at folio 129, questioning why an innocent person agreed to compensate the State for damage they did not commit. He explains that the previous remarks seem not to have been understood by the court and the technical defense, interpreting that he was accusing the accused of having remained silent and availing himself of an alternative measure, which he knows cannot be done, but the defense, in the interest of releasing the accused at all costs, alleged fundamentals that he as a procedural party did not utter, requesting that the recording file be analyzed so that what he outlined is clear. He requests that the nullity of the ruling be declared and a retrial be ordered, with a different panel composition. Appeal filed by Licenciado [Name3], in his capacity as Procurador of the Procuraduría General de la República. As the sole ground, a lack of reasoning due to an erroneous intellectual assessment of the evidence is alleged, which is contrary to the rules of rational sound criticism, logic, and common experience. He challenges the biased analysis of the testimonies of [Name8] and [Name7], which led to a state of doubt regarding the possible commission of the accused crime, declaring the complaint and the civil action for damages without merit. He points out that the judge based her decision on the following aspects, which he opines were erroneously assessed: i) the eyewitness [Name7] testified that upon arriving at the scene, the accused was resting or having lunch, not sawing, and the other two individuals—who agreed to an alternative measure—were the ones performing that task; ii) the accused's version, who stated he had arrived at the site ten minutes earlier by chance, after hearing the noise of a chainsaw; iii) that he approached after having performed his work as a day laborer (jornalero) on nearby land, staying there to have lunch and talk with the other people he knew; iv) the report ACTO-GMRN-DEN-044-2013, which served as the criminal notice (noticia criminis), confirms what was related by [Name9] and the accused, in the sense that the latter was resting or having lunch at the moment the officials arrived at the site; v) credibility was taken away from the testimony of the prosecution witnesses [Name9] and [Name10], because when making a second visit to estimate the environmental damage, despite having the coordinates and satellite geolocation equipment, they could not find the stumps (tocones) of the felled and used trees; and vi) the presence of minors—presumably children of the other accused individuals who agreed to an alternative measure—as possible participants in the tasks of use, sawing, and use of the chainsaw. All the above elements led the judge—erroneously—to grant, in practice, total credibility to the accused's version and take it away from the testimony of the prosecution witnesses, thus establishing doubt that the accused was responsible for the charged acts. He argues that the foregoing is a consequence of a biased weighting of the noted aspects, resulting from an infringement of the rules of science, logic, and experience. The court assumed the accused's statement as verisimilar, who justified his presence at the site because two known individuals were there, who were the ones sawing wood, and he arrived after hearing a chainsaw from the site where he was. Also justified was his dirty clothes, in that minutes or hours before, he performed tasks as a day laborer (jornalero), making it impossible to link him with the timber use that was taking place. He questions that a series of pieces of circumstantial evidence (indicios) were not taken into account: i) the proximity of the accused to the other two individuals who were indeed cutting pieces of wood; ii) that he was sitting on a recently cut piece of wood, very close to a chainsaw that was seized and which that day the accused affirmed was his property; iii) he had sawdust on his clothes. He alleges that the judge erred in assessing such pieces of circumstantial evidence (indicios), justifying that he could be dirty from performing other fieldwork, reasoning that he considers deficient and departs from the accusers' allegations. He points out that witness [Name9] testified that the presence of sawdust on clothing is an indicator of having been working with wood minutes before because the weight of that material makes it extremely difficult for it to travel by air a distance of five meters or more, which was the distance between the accused and the other individuals who were sawing the pieces of wood. He claims that the indication (indicio) that the accused was taking part in a crime does not lie in the fact that his clothes were dirty when he was surprised, but that his clothes were covered in sawdust, near a chainsaw that was hot and was located close to the other individuals, which made it unlikely that this sawdust came from the wood they were cutting. He questions that the accused's presence at the place was justified by the friendship he had with the other involved individuals, after hearing the sound of an operating chainsaw, being nearby doing clearing (chapia) work, despite the fact that no suitable tool for such tasks was found, such as a machete, walking stick, or brushcutter (orilladora). He acknowledges that the accused might have left it at the site where he originally was, but notes that the accused made no statement in that regard to the SINAC officials when he was detained, telling them about these tools and that he needed to collect them before being transferred to the prosecutor's office or that they should allow him to return for them, noticing the absence of any management or claim by the accused to recover his tools or hold the officers responsible for their loss. He considers that the above is not a minor thing; given that the accused is a person of scarce resources, who does not have a fixed income and works as a day laborer (jornalero) whenever he is hired, the loss of his work instruments represents a very significant loss that would prevent him from earning a living or at least would make it enormously difficult for him to replace said belongings. He emphasizes that the accused in his statement did not make any remark about the tools he previously used, nor did he say on which farm he was working, or who hired him, aspects that not only detract from the credibility of his statement but allow inferring that the accusatory theory has sufficient support, had the evidence been correctly assessed. He alleges that the judge dismissed that the accused never provided these explanations to the SINAC officials who approached him or at the prosecutor's office when questioned, justifying it by nerves, which he deems scarcely credible, since if he had explained it, he would have been dismissed (sobreseído), avoiding a trial. He considers it strange that at the preliminary hearing, the accused opted to sign an alternative measure—suspension of the proceeding on probation—accepting the charges and assuming commitments that he ultimately failed to fulfill, therefore questioning, "why did the accused, being presumably innocent and having no relationship to the crime under investigation, agree to submit to an alternative measure under those conditions?" He adds that he understands that the technical defense strategy can lead the accused to testify only at the close of the trial and to abstain from testifying; however, the court did not correctly assess his statement and gave it full credibility, despite the inconsistencies previously exposed, discrediting the prosecution evidence due to erroneous and biased reasoning. He claims that another aspect that the judge assessed superficially and erroneously was that witnesses [Name9] and [Name10] visited the place later and did not locate the stumps (tocones) or the affected forest stand (parche de bosque), despite having the coordinates, raising a doubt in the judge's mind about the location of the true scene of the events, as well as about the assessment of environmental damage, the depth of the investigation carried out by SINAC, and therefore, the responsibility of the accused. He alleges that this evidence was erroneously assessed because the fact that the official who detained the accused later did not find the stumps (tocones) of the felled trees and the affected forest stand (parche de bosque) does not detract from the credibility of the inquiries, because that visit was carried out quite some time later, so the action of nature and humans, in an area surrounded by pasturelands and agricultural land, could explain the disappearance of such elements. It was overlooked that the officials took the coordinates on the day of the events and, with the help of maps and a GPS, returned to the place, that being the correct site. He considers that this does not detract from the credibility of the environmental damage assessment, because it was based on the report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, which included the coordinates, photographs, and other inputs, thus being able to prepare their opinion, which they explained in court, alluding to the height of the felled trees and other factors considered, the non-location of the stumps (tocones) being irrelevant, given the changes the area experienced over time. He points out that the failure to locate the forest stand (parche de bosque), far from constituting a contradiction, reaffirms the accounts of the witnesses, in the sense that it could have disappeared over time due to human intervention, with pasturelands and agricultural land around it that have gained ground on the forest. Regarding the reproach made to SINAC officials for not identifying the minors present at the site, presumed children of the couple working there, alleging that one or both could have been the ones using the chainsaw, he believes this is a reasoning lacking support and contrived to justify a doubt. He claims that the analysis and the reasons to support that suspicion were not deepened, and while it is true that the correct thing would have been to identify them, this does not imply that the inquiry is flawed or that there were doubts to acquit. The judge ignored that the intervening officials are quite experienced in their work, who could well have dismissed those minors based on their field observations, including age, height, weight, distance from the machinery, condition of their clothing, which allowed them to infer that they were not taking part in the criminal activity, reiterating that none of the witnesses testified that those individuals were in charge of the chainsaw, felling, or sawing the trees. He alleges that none of the cited variables was taken into account, the judge opting to conclude that they were part of the criminal activity, to grant credibility to the accused's statement and support the doubt for the acquittal ordered. As a grievance, he alleges that the erroneous and biased analysis of the evidence, with non-observance of the rules of rational sound criticism, harmed the effective judicial protection of the State, declaring the complaint and the civil action for damages without merit, based on the existence of doubt as to the authorship of the accused. He requests that the appeal be granted, the appealed ruling be declared ineffective, ordering a retrial for a new substantiation. Position of the defense: It is not recorded that the accused's technical representation had presented its written position regarding the filed appeal.

III.- By virtue of the preceding appeals being linked to each other, we proceed to hear them jointly, declaring both appeals without merit. It is not true that the trial Court acquitted the accused based on an erroneous assessment of the evidentiary elements gathered at the trial, violating the rules of rational sound criticism as alleged, nor that the reasoning is biased and insufficient.

Once the written judgment could be analyzed in an integral manner, it becomes clear that the decision taken is duly reasoned and, above all, responds to a threaded, concatenated, logical, and precise assessment of all the evidentiary means introduced, thanks to which the reasons are revealed with utmost clarity for concluding that, according to the particularities of the case, there was a reasonable doubt as to whether the accused was carrying out actions of illegal logging and illegal timber harvesting (tala y aprovechamiento ilegal de madera), without the respective permits. As a starting point, it must be stipulated that the court held the following facts as uncontested: i) on October 24, 2013, official [Name7], in the company of [Name11], responded to a complaint in the La Lucha de Río Jiménez de Guácimo sector; ii) upon arriving at the scene, four felled trees were found; and iii) damage to the environment was caused. Despite this, the judge considered that the circumstantial evidence supporting the prosecutorial theory was not sufficient nor did it allow her to reach a state of certainty regarding the participation of the accused [[Name1] ] in the illegal logging and illegal timber harvesting, considering instead that a reasonable doubt existed. In the ruling, this state was explained as follows: “the witness [Name12] (sic) assures that the accused [[Name1] ] had also been working, that it was obvious, and arrived at that conclusion because according to the witness, where the accused was sitting, there was a chainsaw beside him that was warm, and that furthermore, everyone there had dirty clothes with sawdust; however, it is nothing more than a presumption made by the witness, that is, there is no element of proof that indicates with full certainty that the accused felled the four trees that were at the site and was, moreover, illegally harvesting them; the only evidentiary element that points to him as responsible for these acts is the witness's statement and report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013 of October 28, 2013, which was prepared by the same witness [Name13], setting forth his conclusions, which he based (sic) on mere speculations, that the accused [[Name1] ] felled and illegally harvested the timber, solely because he was at the site, with a warm chainsaw beside him and with his clothes dirty, but this evidence is not sufficient to prove the facts; it is evidence, as reiterated, based on presumptions, it cannot prove that the action was executed or attributable to the accused, thus rendering it unsuitable evidence to overturn the state of innocence that covers [[Name1] ] (sic); an even greater obstacle for the prosecuting entities is that the accused, in the exercise of his material defense, stated that he was only passing by the scene and sat down there to have lunch, denying having been cutting and illegally harvesting the timber; he gives a justification for why he was at the scene, and it is credible; it was an open area, a forest patch (parche de bosque) as referred to by witnesses [Name8] and [Name13] (sic) where there were pastures; the sound of the chainsaw drew the attention even of the MINAE officials themselves, since it could be heard; in the same sense, it could have drawn the attention of [[Plate1] ] (sic) as he stated that he went to see who it was; furthermore, the dirty clothes were inevitable, it is the countryside, they were in a place where sawing was being done; it would be illogical to think they had to be clean; on the contrary, the accused came (sic) from working on clearing (chapeas); he had no reason to take care not to get dirty, and if that were the case he would not even have gone to the sound of the chainsaw; likewise, sitting beside the chainsaw is also not sufficient grounds to take it as a fact that he was using it; the same witness said there was a block of wood on which the accused was sitting; he could have sat down without caring that beside the place where he sat was the chainsaw; coupled with this, it cannot be ignored that the three accused who were prosecuted in this case were not the only people at the scene, since all the evidence indicates that there were also two minor youths, such that one of the youths was the son of the couple of (sic) accused against whom separate proceedings were pursued for their submission to a suspension of the procedure on probation (suspensión del procedimiento a prueba), as stated in report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, in the fact listed as third “(...) there were also two minor boys, one of them the son of the couple.” A circumstance that witness [Name14] confirmed at trial when he indicated “(...) at the scene there were only them and a couple of little boys who were around there(...)”; evidently, the presence of these youths was not investigated, since they could also have been the ones who had used the chainsaw that was beside where the accused [[Name1] ] was sitting, especially if it was the son of the couple of accused who was sawing when the MINAE officials arrived; however, this situation is not corroborated, nor is it even recorded what (sic) their names were, what ages they were, in such a way that it could be ruled out that they were the ones using the chainsaw, but the presence of these minors generates (sic) a doubt that leans toward and supports the version of the accused, who states that he was not sawing there, that he only went to see who they were and merely sat down to have lunch. It should be noted that although witness [Name12] stated that he asked (sic) whose (sic) the chainsaw was and that the accused said it was his, it is a situation that is contested by the accused, since in this regard he only states that he was not asked if the chainsaw was his, that they only made him sign a paper that they did not even read to him despite having informed them that he did not know how to read or write, so it is only the witness's word against the accused's word, and both versions are possible, but they generate the reasonable doubt that must be interpreted in favor of the accused according to the universal principle of in dubio pro reo; that is, there are two contradictory versions that have no evidentiary support; the seizure records (actas de comiso) for the chainsaws are not an element that serves to prove beyond all doubt the ownership of said objects, and it was not demonstrated at trial that any of the chainsaws belonged to the accused [[Name1] ]; therefore, it should be noted that the prosecuting entities did not counteract by any means of proof the version given by the accused at trial; the evidence presented did not make the version of events he gave impossible to believe. Referring, as they did, that the statement is not credible because the accused did not give it from the beginning of the proceedings, that because he is pulling it out of thin air, would not be (sic) consistent with the warning of the right to abstain that is given to accused persons in every criminal proceeding, and who are also advised by technical defense counsel, and who in most cases recommend that they avail themselves of it from the beginning of the investigation. In this regard, in the present case, the accused stated that he was scared, a situation that is credible since he was approached by forest authorities who told him he was (sic) implicated in a crime. On the other hand, the argument put forward by the prosecuting entities that, since the accused submitted to the alternative measure of suspension of the procedure on probation and accepted the facts, and furthermore, that he did not comply with the alternative measure, therefore he is the perpetrator of the facts, is also not admissible. It is not admissible, first, because the information is incorrect; in the present case, the accused [[Name1] ] (sic) at no time submitted to any alternative measure, and second, because even if the information had been true, a situation that did not occur, Article 25 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) is clear in stating that: “If the accused's request is not admitted, or the procedure is subsequently resumed, the admission of the facts by the accused may not be considered as a confession,(...)” but as already clarified, at no time in the present case did that assumption occur. Therefore, based on the testimonial evidence and documentary evidence, it cannot be deduced that the accused was the responsible perpetrator of the illegal logging and illegal timber harvesting, much less has the state of innocence covering Mr. [Name [Name4]] been overturned. Based on the argumentation employed by the Prosecutor's Office (Fiscalía) and the Attorney General's Office (Procuraduría) to attribute this act to the accused, the indications (indicios) do not lead in any way to the conclusion that the defendant executed an illicit action, and therefore, the issuance of an acquittal (sentencia absolutoria) on grounds of doubt is appropriate.” (sic, verbatim transcription folio 175 verso to 177 front of the main file). The decision under appeal does not generically question the value of circumstantial evidence to support a conviction (sentencia condenatoria), but rather analyzes that, in this particular case, the indications presented were openly insufficient to disprove the presumption of innocence of the accused. In that sense, the lower court (a quo) considered that the location of [Name [Name4]] at the scene, sitting on a piece of wood, next to a chainsaw that was warm, at a short distance from the other co-defendants, with his clothes dirty and impregnated with sawdust, did not allow for establishing with the required certainty that he was the person who felled the trees and was conducting an illegal timber harvesting without the requisite permits. The arguments put forward by the appellants seek to discredit the examination made of each indication, as well as the conclusions reached by the lower court to order the acquittal of the accused, but in that exercise they failed to prove the existence of a defect or flaw in the appreciation thereof. It is the criterion of this tribunal that the challengers merely listed a set of indications extracted from the evidence, without proving the existence of any error in the logical process followed by the judge for their examination. Nor is there any violation of the rules of sound rational criticism (sana crítica racional), as the reasoning of the Trial Court validly derives from the elements of judgment introduced at trial, supporting the acquittal upon concluding that the indications were not shown to be serious, precise, and concordant to establish unequivocally, beyond any reasonable doubt, the participation of the accused in the acts charged. Regarding the validity of circumstantial evidence to support a conviction within a criminal process, the jurisprudence of the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice has been reiterative in pointing out that “the indications composing it must be unequivocal, and will only be effective when, through them, assessed according to the rules of sound rational criticism, the judges arrive at the certainty that the illicit act attributed to an accused person indeed occurred and is imputable to him, and only one conclusion arises from them; if such a situation does not occur, the indications, analyzed individually and jointly, are nothing more than simple data about the possible commission of a criminal act, but do not constitute a firm support from which, without any doubt, the guilt of the accused can be reasonably inferred.” (resolution 882-2000, at 09:40 hours on August 4, 2000). In the case under review, the court did take into account the indications derived from the evidence – the accused's location at the site, that his clothes were dirty and full of sawdust, being found sitting on a piece of felled wood, near a chainsaw that was still warm, and at a short distance from the co-defendants with separate criminal proceedings –; nevertheless, it was considered that they failed to disprove the presumption of innocence of the accused, after appreciating and contrasting them against the version that the accused provided in his material defense. From reading the ruling, it is clear that he declared that he was clearing (chapeando) a pasture for a neighbor, known as [Name [Name15]], when he heard the sound of a chainsaw and therefore went to the site to determine who was working, encountering two acquaintances of his who were working with the timber, so he stayed talking with them, and when they resumed their task, he sat down to eat the snack he had brought before leaving, and it was at that moment that some officials he identified as being from MINAE arrived. He added that he did see some cut trees on the ground, but did not know who had felled them, beyond the fact that his acquaintances told him moments before that they had been given “some logs” to fix their house, rejecting having provided them help or collaboration, and that the chainsaw was his property, pointing out that the aforementioned officials asked him to sign a document, even though he did not know how to read or write, which they did not read to him, much less explain its contents to him. This Chamber agrees that the mere presence of the accused at the site is not an unequivocal indication of his criminal participation, because he provided a statement justifying that his presence at the site was because he approached to see who was working with a chainsaw. Furthermore, it was adequately weighed that [[Name1] ] was not found sawing timber or felling a tree, as the other two people against whom criminal proceedings were pursued were found to be, but rather was located sitting on a piece of wood, ingesting some food, as ratified by witness [Name9]. This tribunal does not share the appreciation of the appellants to the effect that the location of the chainsaw near the accused and that it was warm to the touch demonstrated his guilt, because as the lower court weighed, there were four other people at the site, among them two minors, and it is possible that one of them was using said tool, without the reason why the parties considered that it was being used by the accused being understood. See that the dirty state of his clothes does not disprove his innocence, because it was logical and even expected that this was their state, starting from the fact that he declared that he spent that day clearing a pasture, being a manual labor task in the countryside where it is usual for garments to get dirty, and it justifies that he was observed to be sweaty, especially considering that everything occurred near midday, in a rural area, in an open field. The parties have questioned that the accused had sawdust on his clothes, but that element does not allow for deriving that he was sawing the timber, failing to analyze that he was at a short distance from where the saw was being used with [Plate2], sitting on top of a piece of wood to ingest food, which can very easily explain his being impregnated with the sawdust that was in the surroundings, as seen in the images of the police report, without it being possible to rule out that the force of the wind generated by the chainsaw in operation would have contributed to the spread of the sawdust at the site where the cut trees were being worked on. It is all the foregoing circumstances that prevent concluding unequivocally that the accused had taken an active part in the illicit activity, the judge being correct in her analysis. The indications pointed out above may generate a suspicion about the accused, but they are insufficient to establish a level of certainty, because the indicators are not serious, precise, or unequivocal such that, through the deductive process, a single conclusion can be reached indubitably. Under the conditions of this case, the thesis of the accused, who explained his presence at the site, is not absurd, and there is no other means of proof that allows disproving his statement. This tribunal concludes that the causal relationship between the known facts and the indicated party or conclusion could not be established, and given the impossibility of determining with the required certainty the authorship of the defendant in the acts charged, his acquittal for the acts charged is valid, in application of the universal principle of in dubio pro reo. Moreover, it cannot fail to be analyzed that, from the arguments set forth by the appellants, it is evident that they seek to disregard the guarantee of innocence that covers the accused, questioning that the defendant [[Name1] ] provided a version in his discharge only at the end of the trial, denying his participation in the acts that were being attributed to him. As a first point, the appellants failed to specify what the supposed inconsistencies were in his account and the reasons why they considered his statement to be implausible, being nothing more than a subjective appreciation that they failed to properly support. Furthermore, this chamber cannot share the observations that the appellants made about the statement of the accused, not only because it is erroneous reasoning that reverses the burden of proof, but because it flagrantly injures supra-constitutional regulations – Article 8, paragraph 2 of the American Convention on Human Rights, Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights –, constitutional regulations – Article 39 of the Political Constitution (Constitución Política) which establishes that “No one shall be made to suffer punishment except for a crime, quasi-crime, or misdemeanor, sanctioned by a previous law and by virtue of a final judgment issued by competent authority, after the opportunity has been granted to the accused to exercise his defense and through the necessary demonstration of guilt.” – and procedural legislation – in Article 9 of the Code of Criminal Procedure which stipulates that “The accused shall be considered innocent at all stages of the procedure, as long as his guilt has not been declared in a final judgment, in accordance with the rules established in this Code. In case of doubt on questions of fact, the most favorable to the accused shall be applied. Until the declaration of guilt, no public authority may present a person as guilty or provide information about them in that sense […].” –. The parties overlook the fact that in a criminal process, the accused person does not have to demonstrate their innocence, because there are legal norms that oblige treating them as innocent until their guilt is proven, and consequently, said person is not obligated to provide a discharging version, nor to do so at the beginning of the process or at a specific time, much less must they provide evidence in their defense. If, in the exercise of his rights, the accused decided to waive the right to abstain from testifying and did so at the trial itself, this is not an indication of the mendacity of his statement, but rather the materialization of a guarantee, and therefore it is not admissible for the parties to seek to exploit said situation to support their claims and seek the annulment of the judgment. The Third Chamber of the Supreme Court of Justice has long established that the decision of the accused to testify or not cannot be assessed to his detriment, stating the following: “Two possible situations must be considered: in the first, the accused abstains from testifying; in the other, he makes use of his right to testify, expressing a version in his defense that is disproved by other evidence to which the judge gives credit, in accordance with the rules of sound rational criticism. In both cases, it is illegitimate to consider that the accused's attitude implies an absence of repentance on his part; this is absurd, because both hypotheses are based on the accused's right to defense, guaranteed by the Political Constitution, international human rights instruments, and our procedural legislation, such that the legitimate exercise of his right cannot be an obstacle to denying him a benefit that he is entitled to avail himself of, when he meets the legal requirements for its granting ...\" (resolution number N 329-F-95, at 15:40 hours, on June 8, 1995), a criterion that this chamber fully shares and that is fully valid. Starting from the existence of the principle of innocence, the accused was not obligated to justify his presence at the site to the representatives of the System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación), explain to them where he was working before, the labor he was performing, the location of his work tools, and even the name of his employer, as the State's representation intended, which in this regard has overlooked that it is incumbent upon the prosecuting party to discredit, with total certainty, the innocence of [[Name1] ] and prove his willful participation in the logging and illegal timber harvesting (tala y aprovechamiento de los recursos forestales) without the legal permits. In the same vein, it is absolutely unacceptable to allude to the alternative measure that the accused agreed to in the process, in an attempt to support the challenge, resorting to the thesis that a person who knows themselves to be innocent does not agree to a measure of that type. From the review of the case file, it is clear that the accused did agree in the trial phase to a conciliation (conciliación), not a suspension of the procedure on probation, which was revoked for his non-compliance, but that does not mean that he accepted the charges, as the appellant [Name16] alludes, because such a situation is simply not provided for in Article 36 of the Code of Criminal Procedure as a condition for its approval and homologation. But he also forgets that, given the failure of the alternative measure, the court cannot take it into account to establish the judgment of guilt of the accused. Thus, all the questions expressed by the appellants regarding the exercise of the defense of the accused are not admissible and were elements properly assessed by the court, which openly denied their weighing as indications of a supposed guilt. Finally, regarding the criticisms made of the environmental assessment that was carried out for the estimation of the damage, they lack interest since it was not that element that supported the acquittal of the accused, but rather that the circumstantial elements were insufficient to disprove his innocence.

By virtue of the foregoing, and once the comprehensive review of the ruling has been carried out, the appellants are not correct in their arguments because there is no violation whatsoever in the evidentiary assessment, and therefore, the appeals are dismissed in all their aspects.

THEREFORE:

The appeals filed by attorneys [Name2] and [Name3], in their capacity as prosecutor of the Ministerio Público and Attorney of the Procuraduría General de la República, respectively, are dismissed. NOTIFY.- Alejandra Valenciano Chinchilla Alfredo Araya Vega Giovanni Mena Artavia Judges of Criminal Sentencing Appeal File: 13-002429-0485-PE (6) Accused: [Name [Name4]] Victim: The Forestry Law (Ley Forestal) Crime: Illegal Logging and Illegal Timber Harvesting (Tala y Aprovechamiento ilegal de Madera) JMORALESGO File: 13-002429-0485-PE(6) - VOTE [Telf1] - page: 2 Classification prepared by the Judicial Branch Jurisprudential Information Center (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL). Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Pacto internacional de derechos civiles y políticos Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Prueba indiciaria en materia penal Subtemas:

Validez para sustentar sentencia condenatoria. Absolutoria por tala ilegal de madera en caso donde los indicios no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

Tema: Tala ilegal de árboles Subtemas:

Absolutoria por tala ilegal de madera en caso donde los indicios no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

"III.- [...] En relación a la validez de la prueba indiciaria para sustentar una condena dentro de un proceso penal, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que “los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos; si tal situación no se presenta, los indicios, individual y conjuntamente analizados, no pasan de ser simples datos sobre la posible comisión de un hecho delictivo, pero no constituyen un soporte firme del cual, sin lugar a dudas, se pueda inferir razonablemente la culpabilidad del enjuiciado.” (resolución 882-2000, de las 09:40 horas del 4 de agosto del 2000). En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas –ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material.[...]" ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Declaración de la persona imputada Subtemas:

Imposibilidad de invertir carga de la prueba. Uso del derecho a declarar no puede interpretarse en perjuicio del imputado.

Tema: Principio de inocencia Subtemas:

Imposibilidad de invertir carga de la prueba. Fracaso de una medida alterna no puede tomarse en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad de la persona acusada.

Tema: Derechos del imputado Subtemas:

Imposibilidad de invertir carga de la prueba. Fracaso de una medida alterna no puede tomarse en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad de la persona acusada.

"III.- [...] Por otra parte, esta cámara no puede compartir las observaciones que los recurrentes hicieron sobre la declaración del acusado, no solo por ser un razonamiento erróneo en el que se invierte la carga de la prueba, sino porque lesiona flagrantemente normativa supra constitucional -artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, constitucional -numeral 39 de la Constitución Política que establece que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”- como la legislación procesal -en el ordinal 9 del Código Procesal Penal que estipula que “El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido […]”.- Soslayan las partes que en un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad y, en consecuencia, dicha persona no está obligada a brindar una versión de descargo, ni a hacerlo al inicio del proceso o en determinado momento ni mucho menos debe aportar pruebas en su defensa. Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía y por ello no resulta de recibo que las partes busquen explotar dicha situación para sustentar sus reclamos y procurar la nulidad de la sentencia. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justica desde larga data ha establecido que la decisión del imputado de declarar o no, no puede ser valorado en su detrimento, indicando lo que sigue: “Deben considerarse dos situaciones posibles: en la primera, el imputado se abstiene de declarar; en la otra, hace uso de su derecho a declarar, manifestando una versión en su defensa que es desvirtuada por otras probanzas a las cuales concede crédito el juzgador, conforme a las reglas de la sana crítica racional. En ambos casos resulta ilegítimo considerar que la actitud del imputado implica una ausencia de arrepentimiento de su parte, esto es absurdo, porque ambas hipótesis se sustentan en el derecho de defensa del imputado, garantizado por la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestra legislación procesal, de manera que el ejercicio legítimo de su derecho no puede ser óbice para que se le deniegue un beneficio al que tiene derecho a acogerse, cuando reúne los requisitos de ley para su concesión ..." (resolución número N 329-F-95, de las las 15:40 horas, del 8 de junio de 1995) criterio que esta cámara comparte plenamente y tiene plena vigencia. Partiendo de la existencia del principio de inocencia, el imputado no estaba obligado a justificar ante los personeros del Sistema de Áreas de Conservación su presencia en el lugar, explicarles dónde estaba trabajando antes, la labor que estaba ejecutando, la ubicación de sus herramientas de trabajo y hasta el nombre de su patrono, como pretendía la representación del Estado que, al efecto ha soslayado que es a la parte acusadora a quien le incumbe desacreditar, con total certeza, la inocencia de [[Nombre1] ] y probar su participación dolosa en la tala y aprovechamiento de los recursos forestales, sin los permisos de ley. En la misma línea, resulta absolutamente inaceptable que se aluda a la medida alterna que el imputado pactó en el proceso, para intentar sustentar la impugnación, echando mano a la tesis de que una persona que se sabe inocente no pacta una medida de ese tipo. De la revisión de las piezas se extrae que el imputado sí pactó en la fase de debate una conciliación, no una suspensión del proceso a prueba, que fue revocada por su incumplimiento, pero ello no significa que él aceptara los cargos, como alude el recurrente [Nombre2] , porque sencillamente tal situación no está prevista en el ordinal 36 del Código Procesal Penal como una condición para su aprobación y homologación. Pero además olvida que ante el fracaso de la medida alterna el tribunal no puede tomarlo en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad del acusado. Así las cosas, todos los cuestionamientos externados por los recurrentes en relación al ejercicio de la defensa del acusado no son de recibo y, fueron elementos bien apreciados por el tribunal que, abiertamente negó su ponderación como indicios de una supuesta culpabilidad. Finalmente, en cuanto a los reproches que se hicieron a la valoración ambiental que se práctico para la estimación del daño, los mismos carecen de interés desde que no se trató de ese elemento el que sustentó la absolutoria del acusado, sino que los elementos indiciarios fueron insuficientes para desvirtuar su inocencia." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las once horas, del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.- RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [[Nombre1] ], [...]; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión la jueza Alejandra Valenciano Chinchilla, los jueces Alfredo Araya Vega y Giovanni Mena Artavia. Se apersonaron en esta sede [Nombre2] en representación del Ministerio Público y [Nombre3] , Procurador Penal.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 37-2021, de las ocho horas cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: " POR TANTO: Conforme a lo expuesto, articulo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1 y 30 del Código Penal, 61 de la Ley Forestal, 180 a 184, 265 a 267, 324, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, articulo 1045 del Código Civil, 122, 124, 127 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941 por aplicación del principio in dubio pro reo SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre [Nombre4]], por los delitos de TALA y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de LA LEY FORESTAL. Se ordena la devolución del comiso descrito en las actas 1365 y 1363 visible a folios 7 y 8 del expediente a quien demuestre en el plazo de tres meses ser su propietario. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Asimismo, se declara SIN LUGAR la acción civil resarcitoria planteada por POR EL ESTADO en calidad de ofendido directo y representado por la Procuraduría General de la República a través del Licenciado [Nombre5] . De conformidad con el artículo 267 del Código Procesal Penal, al existir razón plausible para litigar, no se condena en costas por la interposición de la acción civil. Mediante lectura notifíquese". (sic)

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, [Nombre2] en representación del Ministerio Público y [Nombre3] , Procurador Penal, interpusieron recurso de apelación.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre6] ; y,

CONSIDERANDO:

I.- El licenciado [Nombre2] , en su condición del fiscal del Ministerio Público, mediante escrito visible a folios 181 al 183 del legajo principal, recibido en fecha 2 de febrero del 2021, interpuso recurso de apelación en contra del fallo escrito N°037-2021, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 08:05 horas del 22 de enero del año 2021, mediante la cual se absolvió al acusado [[Nombre1] ] por la comisión de un delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria incoada. Asimismo, el licenciado [Nombre3] , en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la República, presentó recurso de apelación por adhesión, mediante escrito recibido en fecha 19 de febrero del 2021, visible a folios 200 vuelto al 207 frente del legajo principal. En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 437 del Código Procesal Penal “… las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Por su parte, el ordinal 458 dispone que: “ Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose, además, que los recursos fueron debidamente presentados en tiempo y forma, en consideración a lo cual se admiten y se procede a conocer sobre los agravios.

II.- Recurso de apelación incoado por licenciado [Nombre2] , en su condición del fiscal del Ministerio Público. Como único motivo se alega errónea valoración del material probatorio evacuado en el debate, conforme a las reglas de la sana crítica racional e incompleta fundamentación de la sentencia. El tribunal consideró que no existía prueba suficiente para acreditar la autoría del acusado en los hechos, estimando que los testigos y las piezas documentales partían de meras especulaciones, ya que ninguna persona observó al acusado realizar las acciones de tala y aprovechamiento y, al ser abordado por personeros del Minae que llegaron al sitio, lo encontraron sentado, ingiriendo alimentos, ubicándose a cierta distancia de los otros coimputados. Considera que la conclusión resulta errada, porque el proceso contaba con indicios fuertes y unívocos que permitían concluir que el imputado no estaba en el sitio por mera casualidad, sino en contubernio con dos sujetos más, desarrollando las acciones ilícitas acusadas. Refiere que el testigo de actuación [Nombre7] reiteró en debate lo indicado en febrero del 2016, al ser entrevistado en la fiscalía local, manifestando que al llegar al lugar observó al imputado sentado, sobre una troza de madera recién aserrada, porque pudo ver restos de la savia que expide un árbol al ser talado, más aserrín fresco, apreciando una motosierra que aún estaba tibia a los pies del sospechoso, maquinaria que el imputado le reconoció era de su propiedad, observando a dicha persona sudado, sucio, impregnado de aserrín, elementos que le permitieron concluir que él estaba laborando en el aserrío de madera, junto a otras personas. En su criterio, el imputado debió ser condenado porque los indicios antes apuntados, de haber sido apreciados en forma concatenada, usando el método jurídico de aplicar al hecho indicador –rastros de aserrín, maquinaria, árboles talados- las reglas de la experiencia, mediante una inferencia lógica, permitía concluir que el endilgado mintió al declarar que estaba trabajando en un terreno aledaño y se acercó al sitio al oír una motosierra, siendo sorprendido en ese momento por autoridades policiales cuando comía su almuerzo. Ese fue un ejercicio jurídico que el tribunal omitió hacer y de esa forma fundamentar el valor que le merecieron los citados indicios –justiciable impregnado de aserrín, el sitio donde estaba aserrando madera, con equipo idóneo para ello, árboles recientemente talados, donde habían motosierras encendidas-. Señala que, la defensa justificó los rastros de aserrín por la acción del viento, siendo una aseveración carente de toda lógica, al no tratarse de una partícula pequeña como el polvo, sino una de un tamaño considerable, que al ser fresco tiene mayor peso. Opina que dicha tesis junto a la versión del imputado –que dijo haber estado en el sitio por espacio de diez minutos, a unos quince a veinte metros de donde trabajaban los coimputados- no resulta creíble que, en tan poco tiempo, sus prendas se impregnaran de aserrín, que pudiera ser notorio para el oficial actuante que, al observarlo sucio y sudado, no tuvo duda que estaba tomando parte de las acciones ilícitas. Nada de ello fue apreciado por el tribunal, que se limitó a decir que la prueba era insuficiente y especulativa, ya que el no haberlo sorprendido in fraganti talando o aserrando los árboles no se podía arribar a un estado de convicción para condenar y, agregó que, por ubicarse en una zona de campo, el imputado debía estar sudado y sucio, sin justificar nada respecto al aserrín. Partiendo del razonamiento del tribunal, la prueba indiciaria dejaría de ser un insumo para disponer una sentencia condenatoria y ello solo se lograría con prueba tasada. Otro elemento que la fiscalía atacó en sus conclusiones fue la declaratoria de inocencia por parte del imputado hasta el final del debate, reclamando la razón por la cual no lo hizo durante el proceso y, partiendo de las reglas de la lógica y la experiencia, una persona que se sabe inocente lo hace ver desde el mero inicio y difícilmente guardará silencio, por más “mala” que sea la estrategia de la defensa, al ser inherente al humano la defensa ante ataques sin sentido. Agrega que, la declaración del imputado le generó más dudas, máxime que el 7 de marzo del 2018 se sometió a una conciliación, lo cual sí ocurrió y rola a folio 129, cuestionando el por qué una persona inocente aceptó resarcir al Estado por un daño que no cometió. Explica que, las anteriores apreciaciones parece no fueron comprendidas por el tribunal y la defensa técnica, interpretando que le estaba achacando al imputado haber guardado silencio y acogerse a una medida alterna, lo cual él conoce no se puede hacer, pero la defensa en aras de liberar al imputado a toda costa, alegó fundamentos que él como parte procesal no profirió, solicitando se analice el archivo de grabación para que se tenga claro lo que él esbozó. Solicita se decrete la nulidad del fallo y se ordene el juicio de reenvío, con distinta integración. Recurso de apelación incoado por el licenciado [Nombre3] , en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la República. Como único motivo se alega una falta de fundamentación por errónea valoración intelectiva de la prueba, que resulta contraria a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia común. Reclama el análisis sesgado de los testimonios de [Nombre8] y [Nombre7] , lo cual derivó en un estado de duda, con relación a la posible comisión del delito acusado, declarando sin lugar la querella y la acción civil resarcitoria. Señala que la juzgadora sustentó su decisión en los siguientes aspectos, que opina se valoraron erradamente: i) el testigo presencial [Nombre7] declaró que al llegar al lugar de los hechos el imputado estaba descansando o almorzando, no aserrando y eran las otras dos personas –que pactaron una medida alterna- las que estaba en dicha labor; ii) la versión del imputado que precisó haber llegado al sitio diez minutos antes por casualidad, luego de oír el ruido de una motosierra; iii) que él se acercó luego de haber desarrollado sus labores de jornalero en un terreno cercano, quedándose ahí a almorzar para conversar con las otras personas que él conocía; iv) el informe ACTO-GMRN-DEN-044-2013, que fungió como noticia criminis, confirma lo relatado por [Nombre9] y el endilgado, en el sentido de que ese último estaba descansando o almorzando al momento que los funcionarios llegaron al sitio; v) se le restó credibilidad al dicho de los testigos de cargo [Nombre9] como [Nombre10] , porque al hacer una segunda visita para estimar el daño ambiental, pese a contar con las coordenadas y el equipo de geolocalización satelital, no pudieron hallar los tocones de los árboles talados y aprovechados y vi) la presencia de menores de edad -presuntamente hijos de las otras personas acusadas que pactaron una medida alterna-, como posible participantes de las labores de aprovechamiento, aserrío y uso de la motosierra. Todos los anteriores elementos condujeron a la jueza -de forma equívoca- a concederle, en la práctica, credibilidad total a la versión del acusado y quitársela al dicho de los testigos de cargo, para así establecer la duda de que el imputado fuera responsable de los hechos acusados. Argumenta que lo anterior es consecuencia de una sesgada ponderación de los aspectos apuntados, producto de la infracción a las reglas de la ciencia, lógica y experiencia. El tribunal asumió como verosímil el dicho del imputado, que justificó su presencia en el sitio porque dos personas conocidas estaban ahí, que eran las que estaban aserrando madera y llegó luego de oír una motosierra desde el sitio donde él estaba. Se justificó también su ropa sucia, en que minutos u horas antes, cumplió tareas de jornalero, no siendo posible ligarlo con el aprovechamiento maderable que se estaba desarrollando. Cuestiona que no se tomaron en cuenta una serie de indicios: i) cercanía del imputado con respecto a las otras dos personas que sí estaban cortando piezas de madera; ii) que estaba sentado sobre una pieza de madera recién cortada, a muy poca distancia de una motosierra que fue decomisada y que ese día el imputado afirmó era de su propiedad; iii) presentaba aserrín en sus prendas. Alega que la jueza incurrió en un error al apreciar tales indicios, justificando que podía estar sucio por la realización de otras labores de campo, razonamiento que considera deficiente y se aparta de los alegatos de los acusadores. Señala que el testigo [Nombre9] declaró que la presencia de aserrín en la ropa es un indicativo de haber estado trabajando con madera minutos antes, porque el peso de ese material resulta sumamente difícil que viaje por aire a una distancia de cinco metros o más, que era la existente entre el imputado y las otras personas que estaba aserrando las piezas de madera. Reclama que el indicio de que el imputado estaba tomando parte de un delito no radica en que tuviera la ropa sucia cuando fue sorprendido, sino que sus prendas estaban cubiertas de aserrín, cerca de una motosierra que estaba caliente y se localizaba a una distancia próxima de las otras personas, lo cual tornaba difícil que ese aserrín proviniera de la madera que ellos estaban cortando. Cuestiona que se justificara la presencia del imputado en el lugar por la amistad que tenía con los otros involucrados, luego de oír el sonido de una motosierra en funcionamiento, al estar cerca en labores de chapia, pese a que no se halló alguna herramienta idónea para tales labores, sea machete, bordón, orilladora. Reconoce que el imputado pudo haberla dejado en el sitio donde él originalmente estaba, pero hace ver que el endilgado no hizo alguna manifestación al respecto a los funcionarios del Sinac cuando fue detenido, comentándoles de esas herramientas y que debía recogerlas antes de ser trasladado a la fiscalía o de que le permitieran regresar por ellas, echando de menos que el imputado efectuara alguna gestión o reclamo para recuperar sus herramientas o responsabilizar a los oficiales por su pérdida. Considera que lo antes apuntado no es poca cosa, siendo el acusado una persona de escasos recursos, que no tiene ingresos fijos y que labora como jornalero cada vez que lo contratan, el extravío de sus instrumentos de trabajo supone una pérdida muy sensible que le impediría ganarse la vida o al menos, le dificultaría enormemente reponer dichos enseres. Enfatiza que el imputado en su declaración no hizo alguna acotación sobre las herramientas que previamente usó ni dijo en cuál finca estaba trabajando, quién lo contrató, aspectos que no solo le restan credibilidad a su dicho, sino permiten derivar que la tesis acusatoria tiene suficiente sustento, de haberse valorado en forma correcta la prueba. Alega que la juzgadora desestimó que el imputado nunca brindó esas explicaciones ante los oficiales del Sinac que lo abordaron o en la fiscalía al ser indagado, justificándose en los nervios, lo cual estima es poco creíble, ya que de haberlo explicado se le hubiera sobreseído, evitándose un juicio. Considera extraño que en la audiencia preliminar el imputado hubiera optado por suscribir una medida alterna –suspensión del proceso a prueba- aceptando los cargos y asumiendo compromisos que finalmente incumplió, por lo cual cuestiona “por qué el imputado siendo presuntamente inocente y no tiendo ninguna relación con el delito bajo investigación, aceptó someterse a una medida alterna en esas condiciones? Agrega que entiende que la estrategia de la defensa técnica puede llevar al acusado a declarar hasta el cierre del debate y abstenerse de declarar; sin embargo, el tribunal no valoró correctamente su declaración y le dio plena credibilidad, pese a las inconsistencias antes expuestas, restándole crédito a la prueba de cargo por razonamientos erróneos y sesgados. Reclama que otro aspecto que la jueza valoró en forma superficial y equivocada fue que los testigos [Nombre9] como [Nombre10] visitaron el lugar posteriormente y no ubicaron los tocones ni el parche de bosque afectado, pese a contar con las coordenadas, surgiéndole a la jueza una duda sobre la ubicación del verdadero sitio de los hechos, así como sobre la valoración del daño ambiental, la profundidad de la investigación desarrollada por el Sinac y por ende, la responsabilidad del imputado. Alega que se valoró erradamente esa prueba, porque el hecho de que el funcionario que detuvo al imputado no encontrara luego los tocones de los árboles talados y el parche del bosque afectado no le resta credibilidad a las indagaciones, porque esa visita se llevó a cabo bastante tiempo después, de modo que la acción de la naturaleza y de los humanos, en una zona rodeada de pastizales y terrenos de uso agrícola podrían explicar que desaparecieran tales elementos. Se dejó de lado que los oficiales tomaron el día de los hechos las coordenadas y con la ayuda de mapas y de un gps regresaron al lugar, siendo ese el sitio correcto. Considera que ello no le resta credibilidad a la valoración del daño ambiental, porque se tomó de base el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013 que incluía las coordenadas, fotografías y demás insumos, pudiendo así elaborar su criterio, el cual explicó en juicio, aludiendo a la altura de los árboles talados y otros factores que se tomaron en cuenta, siendo irrelevante que no se localizaran los tocones, habida cuenta de los cambios que experimentó la zona con el pasar del tiempo. Señala que la no ubicación del parche de bosque, lejos de constituir una contradicción viene a reafirmar los relatos de los testigos, en el sentido de que el mismo pudo haber desaparecido con el transcurso del tiempo, por la intervención del hombre, existiendo pastizales y terrenos de uso agrícola a su alrededor que le han ganado terreno al bosque. En cuanto se reprochó a los funcionarios del Sinac que no identificaran a los menores de edad presentes en el sitio, presuntos hijos de la pareja que estaba laborando en el lugar, aduciéndose que pudieron ser uno o ambos los que estaban usando la motosierra, estima que es un razonamiento carente de sustento y proporcionado para justificar una duda. Reclama que no se profundizó en el análisis y las razones para sustentar esa sospecha y, si bien es cierto, lo correcto hubiera sido identificarlos, ello no implica que la indagación esté viciada o hubiera dudas para absolver. Obvió la jueza que los funcionarios intervinientes son personas bastante experimentadas en su quehacer, que bien pudieron dejar por fuera a esos menores por sus observaciones de campo, entre ellas edad, estatura, peso, distancia de la maquinaria, estado de sus prendas, que les permitió inferir que no estaban tomando parte de la actividad delictiva, reiterando que ninguno de los testigos declaró que esas personas estuvieran a cargo de la motosierra, talando o aserrando los árboles. Alega que ninguna de las citadas variables se tomó en cuenta, decantándose la jueza por concluir que si formaban parte del accionar delictivo, para concederle credibilidad al dicho del imputado y sustentar la duda de la absolutoria dictada. Como agravio alude que el erróneo y sesgado análisis de la prueba, con inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, lesionó la tutela judicial efectiva del Estado, declarando sin lugar la querella y la acción civil resarcitoria, sustentándose en la existencia de una duda en la autoría del imputado. Solicita se declare con lugar el recurso, se decrete la ineficacia del fallo recurrido, ordenando el reenvío para una nueva sustanciación. Posición de la defensa: No consta que la representación técnica del imputado hubiera expuesto su posición escrita ante el recurso de apelación incoado.

III.- En virtud de encontrarse los anteriores recursos vinculados entre sí, se procede a conocerlos de forma conjunta, declarando sin lugar ambas impugnaciones. No es cierto que el Tribunal de sentencia hubiera absuelto al acusado a partir de una errada valoración de los elementos probatorios recabados en el debate, quebrantándose las reglas de la sana crítica racional como ha sido alegado ni que la motivación sea una sesgada e insuficiente. Una vez que se ha podido analizar de forma integral la sentencia escrita, se desprende que la decisión tomada se encuentra debidamente motivada y, ante todo, responde a una valoración hilada, concatenada, lógica y puntual de todos los medios probatorios evacuados, gracias a los cuales se desprende con suma claridad las razones por las que se concluyó que, de acuerdo con las particularidades del caso, había una duda razonable acerca de si, el imputado se encontraba realizando acciones de tala y aprovechamiento ilegal de madera, sin contar con los permisos respectivos. Como punto de partida debe estipularse que el tribunal tuvo como hechos incontrovertidos los siguientes: i) el 24 de octubre del 2013 el funcionario [Nombre7] , en compañía de [Nombre11] atendieron una denuncia en el sector de la Lucha de Río Jiménez de Guácimo; ii) que al arribar al lugar de los hechos se hallaron cuatro árboles talados y; iii) se generó un daño al ambiente. Pese a ello, la juzgadora consideró que la prueba indiciaria que sustentaba la tesis acusatoria no resultó suficiente ni le permitió arribar a un estado de certeza, acerca de la participación del imputado [[Nombre1] ] en la tala y aprovechamiento ilegal de madera, considerando más bien que existía una duda razonable. En el fallo se explicó ese estado de la siguiente forma: “el testigo [Nombre12] (sic) asegura que el imputado [[Nombre1] ] también había estado trabajando que eso era obvio y arribó a esa conclusión porque según el testigo donde estaba el imputado sentado a la par estaba una motosierra misma que estaba tibia y que además todos los que estaban ahí tenían la ropa sucia con aserrín, no obstante, no es más que una presunción la que hace el testigo, es decir, no hay un elemento de prueba que señale con plena certeza que el imputado taló los cuatro árboles que se encontraban en el lugar y que además los estaba aprovechando de forma ilegal, el único elemento probatorio que lo señala como responsable de estos hecho es la declaración del testigo y el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013del 28 de octubre de 2013 que fue confeccionado por el mismo testigo [Nombre13] plasmando sus conclusiones, que baso (sic) en meras especulaciones, que el imputado [[Nombre1] ] taló y aprovechó de manera ilegal la madera esto solo por que estaba en el lugar, con una motosierra tibia al lado y con su ropa sucia, pero esta prueba no es suficiente para acreditar los hechos, es prueba como se reitera basada en presunciones, no puede acreditar que la acción haya sido ejecutada o atribuible al imputado, por lo que se torna en prueba inidónea para derrumbar el estado de inocencia que cubre a [[Nombre1] ] (sic), mayor obstáculo aún para los entes acusadores es que el imputado en ejercicio de su defensa material señaló que solo pasaba por el lugar de los hechos y que se sentó almorzar ahí niega haber estado talando y aprovechando la madera de forma ilegal, da una justificación del por qué se encontraba en el lugar de los hechos y es creíble era un lugar abierto un parche de bosque como lo refirieron los testigos [Nombre8] y [Nombre13] (sic) donde habían potreros, el sonido de la motosierra llamó la atención hasta de los mismos oficiales del MINAE, puesto que se escuchaba, en igual sentido pudo llamar la atención de [[Placa1] ] (sic) como así lo refirió que fue a ver quién era, además la ropa sucia era inevitable, es el campo, estaban en un lugar donde se encontraban aserrando sería ilógico pensar que tenían que estar limpios, por el contrario, el imputado venia (sic) de laborar en chapeas no tenía ninguna razón para cuidarse de no ensuciarse, de ser así ni siquiera hubiera acudido al sonido de la motosierra, asimismo el sentarse a la par de la motosierra tampoco es base suficiente para tener por hecho que la estaba usando el mismo testigo dijo que había un bloc de madera en el que estaba sentado el imputado pudo haberse sentado sin importarle que a la par de ese lugar donde se sentó estaba la motosierra, aunado a esto no se puede obviar que los tres imputados que fueron procesados en esta causa no fueron las únicas personas que se encontraban en el lugar de los hechos puesto que toda la prueba refiere que también habían dos jóvenes menores de edad que inclusive uno de los jóvenes era hijo de la pareja de (sic) imputados que se les siguió la causa aparte por someterse a una suspensión del procedimiento a prueba, así lo refiere el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, en el hecho enumerado como tercero “(...) también habían dos muchachos menores de edad uno de ellos hijo de la pareja.” Circunstancia que llegó a ratificar al debate el testigo [Nombre14] cuando indicó “(...) en el sitio de los hechos solo ellos y un par de muchachitos que estaban por ahí(...) evidentemente no se investiga respecto de la presencia de estos jóvenes puesto que también pudieron ser ellos los que había utilizado la motosierra que estaba a la par de donde estaba sentado el imputado [[Nombre1] ], máximo si era el hijo de la pareja de imputados que se encontraba aserrando al momento que llegan los oficiales de MINAE, no obstante esta situación no se corrobora ni siquiera se consigna como (sic) se llamaban que edades tenían de manera tal que se pueda descartar que fueran ellos lo que usaban la motosierra, pero la presencia de estos menores generan (sic) una duda que se inclina y respalda la versión del imputado quien refiere que él no estaba aserrando ahí que solo fue a ver quiénes eran y que se sentó almorzar únicamente, cabe indicar que pese a que el testigo [Nombre12] refiriera que pregunto (sic) de quien (sic) era la motosierra y que el imputado dijo que era de él es una situación que es controvertida por el imputado, ya que al respecto solo refiere que no le preguntaron si la motosierra era de él, que nada más lo hicieron firmar un papel que además no se lo leyeron a pesar de haberles informado que no sabía leer, ni escribir, por lo que solo es la palabra del testigo contra la palabra del imputado y ambas versiones son posibles, pero generan la duda razonable que se debe interpretar a favor del imputado según lo contempla el principio universal de in dubio pro reo es decir hay dos versiones contrapuestas que no tienen respaldo probatorio, las actas de comiso (sic) de la motosierras no son un elemento que sirva para probar fuera de toda duda la propiedad de dichos objetos y no se vino a demostrar a debate que alguna de la motosierras perteneciera al imputado [[Nombre1] ], por lo que cabe indicar que los entes acusadores no contrarrestaron por ningún medio de prueba la versión que dio el imputado en debate la prueba aportada no hizo imposible de creer la versión que dio este de los hechos, el referir como lo hicieron que no es creíble la declaración porque el imputado no la dio desde el inicio del proceso, que porque se la está sacando de la manga, no seria (sic) congruente con la advertencia del derecho de abstención que se le hace a los imputados en todo proceso penal y que además son asesorados por la defensa técnica y que en la mayoría de los casos les recomiendan que se acojan al mismo desde el principio de la investigación, al respecto en el presente caso el imputado refirió que estaba asustado, situación que es creíble puesto que fue abordado por autoridades forestales que le refieren que esta (sic) implicado en un delito, por otra parte tampoco es de recibo el argumento referido por los entes acusadores de que como el imputado se sometió a la salida alterna de suspensión de proceso a prueba y aceptó los hechos, que además no cumplió con la salida alterna es autor de los hechos, no es de recibo primero porque la información es incorrecta en la presente causa la cual el imputado [[Nombre1] ] (sic) en ningún momento se sometió a ninguna salida alterna y en segundo lugar porque aunque la información hubiera sido cierta situación que no fue el artículo 25 del Código Procesal Penal es claro al referir que: “Si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá considerarse como una confesión,(...) pero como ya se aclaró en ningún momento en la presente causa se dio ese presupuesto, por lo que a partir de la prueba testimonial y prueba documental, no se puede deducir que el imputado haya sido el autor responsable de la tala y el aprovechamiento ilegal de madera, ni mucho menos se ha logrado derrumbar el estado de inocencia que cubre al señor [Nombre [Nombre4]]. Sobre la base de la argumentación empleada por la Fiscalía y la Procuraduría para atribuirle este hecho al acusado, los indicios no conducen de forma alguna a que el encartado haya ejecutado una acción ilícita, por lo que se impone el dictado de una sentencia absolutoria por duda.” (sic, transcripción textual folio 175 vuelto al 177 frente del legajo principal). La decisión venida en alzada no cuestiona de forma genérica el valor de la prueba indiciaria para sustentar una sentencia condenatoria sino analiza que, en el caso en particular, los indicios presentados eran abiertamente insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. En ese sentido consideró el a quo que la ubicación de [Nombre [Nombre4]] en el sitio de los hechos, sentado sobre un trozo de madera, al lado de una motosierra que se encontraba tibia, a una distancia próxima de los otros coimputados, con su ropa sucia e impregnada de aserrín no permitían establecer con la certeza requerida que fue él la persona que taló los árboles y estaba haciendo un aprovechamiento ilegal de la madera, sin contar con los permisos de rigor. Los argumentos que fueron esgrimidos por los recurrentes buscan desacreditar el examen que se hizo de cada indicio, como las conclusiones a las que arribó el a quo para disponer la absolutoria del acusado, pero en ese ejercicio fallaron en acreditar la existencia de un defecto o vicio en la apreciación de los mismos. Es criterio de este tribunal que los impugnantes se limitaron a enunciar un cúmulo de indicios que se extraían de la prueba, sin acreditar la existencia de algún error en el proceso lógico seguido por la juzgadora para su examen. Tampoco existe quebranto alguno a las reglas de la sana crítica racional, pues los razonamientos del Tribunal de mérito derivan válidamente de los elementos de juicio introducidos al debate, sustentando la absolutoria al concluirse que los indicios no resultaron ser graves, precisos y concordantes para establecer de manera unívoca, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado en los hechos acusados. En relación a la validez de la prueba indiciaria para sustentar una condena dentro de un proceso penal, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que “los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos; si tal situación no se presenta, los indicios, individual y conjuntamente analizados, no pasan de ser simples datos sobre la posible comisión de un hecho delictivo, pero no constituyen un soporte firme del cual, sin lugar a dudas, se pueda inferir razonablemente la culpabilidad del enjuiciado.” (resolución 882-2000, de las 09:40 horas del 4 de agosto del 2000). En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas –ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material. De la lectura del fallo se extrae que aquel declaró que, él se encontraba chapeando el potrero de un vecino, conocido como [Nombre [Nombre15]], cuando escuchó el sonido de una motosierra y por eso se dirigió al sitio para determinar quién estaba trabajando, encontrándose con dos amistades suyas que estaban trabajando con la madera, por lo que él se quedó conversando con ellos y cuando reanudaron la faena, se sentó a comerse la merienda que traía antes de retirarse, siendo en ese momento que llegaron unos funcionarios que él identificó como del Minae. Agregó que él si vio unos árboles cortados en el suelo, pero no supo quién los había talado, más allá que sus conocidos le comentaron momentos antes que les habían regalado “unos palos” para arreglar su casa, rechazando haberles prestado ayuda o colaboración y que la motosierra fuera de su propiedad, señalando que los citados funcionarios le pidieron firmar un documento, pese a que él no sabía leer ni escribir, el cual no le leyeron ni mucho menos le explicaron su contenido. Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra. Además se ponderó en forma adecuada que [[Nombre1] ] no fue encontrado aserrando madera o talando un árbol, como sí fueron hallados las otras dos personas a quienes se les siguió causa penal, sino fue localizado sentado sobre un trozo de madera, ingiriendo unos alimentos, como lo ratificó el testigo [Nombre9] . No comparte este tribunal la apreciación de los recurrentes en el sentido de que la localización de la motosierra cerca del imputado y que al tacto estuviera tibia demostraba su culpabilidad, porque tal como lo ponderó el a quo en el lugar habían otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, siendo posible que alguno de ellos estuviera usando dicha herramienta, sin que se comprenda la razón por la cual las partes consideraron que la misma estaba siendo usada por el acriminado. Véase que, el estado sucio de su ropa no desvirtúa su inocencia, porque era lógico y hasta esperable que ese fuera su estado, partiendo de que aquel declaró que ese día estuvo chapeando un potrero, siendo una labor manual de trabajo en el campo en la que es usual que las prendas se ensucien y, justifica que se le observara sudado, más si se considera que todo ocurrió cerca del medio día, en una zona rural, en un campo abierto. Las partes han cuestionado que el endilgado tenía aserrín en sus ropas, pero ese elemento no permite derivar que estuvo aserrando la madera, dejándose de analizar que él estaba a una distancia corta de donde estaba usándose la sierra con [Placa2], sentándose encima de un trozo de madera para ingerir alimentos, lo cual puede explicar con suma facilidad que se impregnara del aserrín que había en los alrededores, tal como se aprecia en las imágenes del informe policial, sin que pueda desvirtuarse que la fuerza del viento que genera la motosierra en funcionamiento hubiera contribuido a la expansión del aserrín en el sitio donde se estaban trabajando los árboles cortados. Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis. Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión. En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo. Por otra parte no puede dejar de analizarse que, de los argumentos esbozados por los recurrentes, se desprende que aquellos buscan desconocer la garantía de inocencia que cobija al acusado, cuestionando que el justiciable [[Nombre1] ] brindó hasta el final del juicio una versión en su descargo, negando su participación en los hechos que le venían siendo atribuidos. Como primer punto los recurrentes no lograron puntualizar cuáles fueron las supuestas inconsistencias en su relato y las razones por las cuales consideraron que su dicho era inverosímil, no siendo más que una apreciación subjetiva que no lograron sustentar debidamente. Por otra parte, esta cámara no puede compartir las observaciones que los recurrentes hicieron sobre la declaración del acusado, no solo por ser un razonamiento erróneo en el que se invierte la carga de la prueba, sino porque lesiona flagrantemente normativa supra constitucional -artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, constitucional -numeral 39 de la Constitución Política que establece que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”- como la legislación procesal -en el ordinal 9 del Código Procesal Penal que estipula que “El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido […]”.- Soslayan las partes que en un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad y, en consecuencia, dicha persona no está obligada a brindar una versión de descargo, ni a hacerlo al inicio del proceso o en determinado momento ni mucho menos debe aportar pruebas en su defensa. Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía y por ello no resulta de recibo que las partes busquen explotar dicha situación para sustentar sus reclamos y procurar la nulidad de la sentencia. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justica desde larga data ha establecido que la decisión del imputado de declarar o no, no puede ser valorado en su detrimento, indicando lo que sigue: “Deben considerarse dos situaciones posibles: en la primera, el imputado se abstiene de declarar; en la otra, hace uso de su derecho a declarar, manifestando una versión en su defensa que es desvirtuada por otras probanzas a las cuales concede crédito el juzgador, conforme a las reglas de la sana crítica racional. En ambos casos resulta ilegítimo considerar que la actitud del imputado implica una ausencia de arrepentimiento de su parte, esto es absurdo, porque ambas hipótesis se sustentan en el derecho de defensa del imputado, garantizado por la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestra legislación procesal, de manera que el ejercicio legítimo de su derecho no puede ser óbice para que se le deniegue un beneficio al que tiene derecho a acogerse, cuando reúne los requisitos de ley para su concesión ..." (resolución número N 329-F-95, de las las 15:40 horas, del 8 de junio de 1995) criterio que esta cámara comparte plenamente y tiene plena vigencia. Partiendo de la existencia del principio de inocencia, el imputado no estaba obligado a justificar ante los personeros del Sistema de Áreas de Conservación su presencia en el lugar, explicarles dónde estaba trabajando antes, la labor que estaba ejecutando, la ubicación de sus herramientas de trabajo y hasta el nombre de su patrono, como pretendía la representación del Estado que, al efecto ha soslayado que es a la parte acusadora a quien le incumbe desacreditar, con total certeza, la inocencia de [[Nombre1] ] y probar su participación dolosa en la tala y aprovechamiento de los recursos forestales, sin los permisos de ley. En la misma línea, resulta absolutamente inaceptable que se aluda a la medida alterna que el imputado pactó en el proceso, para intentar sustentar la impugnación, echando mano a la tesis de que una persona que se sabe inocente no pacta una medida de ese tipo. De la revisión de las piezas se extrae que el imputado sí pactó en la fase de debate una conciliación, no una suspensión del proceso a prueba, que fue revocada por su incumplimiento, pero ello no significa que él aceptara los cargos, como alude el recurrente [Nombre16] , porque sencillamente tal situación no está prevista en el ordinal 36 del Código Procesal Penal como una condición para su aprobación y homologación. Pero además olvida que ante el fracaso de la medida alterna el tribunal no puede tomarlo en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad del acusado. Así las cosas, todos los cuestionamientos externados por los recurrentes en relación al ejercicio de la defensa del acusado no son de recibo y, fueron elementos bien apreciados por el tribunal que, abiertamente negó su ponderación como indicios de una supuesta culpabilidad. Finalmente, en cuanto a los reproches que se hicieron a la valoración ambiental que se práctico para la estimación del daño, los mismos carecen de interés desde que no se trató de ese elemento el que sustentó la absolutoria del acusado, sino que los elementos indiciarios fueron insuficientes para desvirtuar su inocencia.

En virtud de lo antes expuesto y una vez realizado el examen integral del fallo, no llevan razón los recurrentes en sus alegatos porque no existe quebranto alguno en la valoración probatoria, razón por la cual, los recursos se declaran sin lugar en todos sus extremos.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los recursos de apelación formulados por los licenciados [Nombre2] y [Nombre3] , en su condición del fiscal del Ministerio Público y Procurador de la Procuraduría General de la República, respectivamente. NOTIFÍQUESE.- Alejandra Valenciano Chinchilla Alfredo Araya Vega Giovanni Mena Artavia Jueza y jueces de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Nombre [Nombre4]] Ofendido: La Ley Forestal Delito: Tala y Aprovechamiento ilegal de Madera JMORALESGO Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7575 Art. 61
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