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Res. 01270-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 23/08/2021
OutcomeResultado
The prosecution’s and State Attorney’s appeals were denied, leaving in place the acquittal for illegal tree felling and timber harvesting and the dismissal of the civil damages claim.Se declararon sin lugar las apelaciones del Ministerio Público y la Procuraduría, quedando confirmadas la absolución por tala y aprovechamiento ilegal de madera y el rechazo de la acción civil resarcitoria.
SummaryResumen
The Criminal Judgment Appeals Court affirmed the defendant’s acquittal for illegal tree felling and timber harvesting, as well as the dismissal of the State’s civil damages claim. It held that his proximity to a warm chainsaw, sawdust on his clothing, and presence seated on recently cut wood could raise suspicion, but did not amount to serious, precise, and unequivocal circumstantial evidence establishing his active and intentional participation to the degree of certainty required in criminal proceedings. No other evidence disproved the defendant’s explanation for being at the site. The Court also rejected treating his late testimony, earlier silence, or subsequently breached conciliation agreement as evidence of guilt. Such reasoning would reverse the burden of proof and violate the presumption of innocence and the right to a defense. Because authorship remained uncertain, the trial court properly applied in dubio pro reo. The prosecution’s and State Attorney’s appeals were therefore denied in their entirety.El Tribunal de Apelación confirmó la absolución del acusado por tala y aprovechamiento ilegal de madera, así como el rechazo de la acción civil resarcitoria promovida por el Estado. Determinó que su cercanía a una motosierra tibia, el aserrín en sus prendas y el hecho de estar sentado sobre madera recién cortada podían suscitar sospechas, pero no constituían indicios graves, precisos y unívocos capaces de demostrar, con la certeza exigida en materia penal, su participación activa y dolosa. La explicación del acusado sobre su presencia en el lugar no fue desvirtuada por otra prueba. El Tribunal también rechazó que su declaración tardía, su silencio previo o la conciliación posteriormente incumplida pudieran emplearse como señales de culpabilidad. Hacerlo invertiría la carga de la prueba y vulneraría la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Ante la duda sobre la autoría, consideró correctamente aplicado el principio in dubio pro reo y declaró sin lugar ambas apelaciones.
Key excerptExtracto clave
The circumstantial evidence described above may generate suspicion concerning the defendant, but it does not establish the necessary degree of certainty because the indicators are not serious, precise, or unequivocal enough to permit a single, indubitable conclusion through deductive reasoning. Under the circumstances of this case, the defendant’s explanation for his presence at the site is not implausible, and no other evidence disproves his account. This Court therefore concludes that the causal relationship between the known facts and the proposed inference or conclusion has not been established. Given the impossibility of determining the defendant’s authorship of the charged acts with the required certainty, his acquittal is valid under the universal principle of in dubio pro reo. The parties overlook that, in criminal proceedings, an accused person need not prove innocence because legal rules require that person to be treated as innocent until guilt is established. Consequently, the accused is not required to offer an exculpatory account, whether at the beginning of the proceedings or at any particular time, much less to submit evidence in his defense. If, in exercising his rights, the defendant waived his right to remain silent and testified at trial, that is not evidence that his account was false but the exercise of a guarantee; the parties therefore cannot rely on that circumstance to support their claims and seek annulment of the judgment. In view of the foregoing and after a comprehensive review of the judgment, the appellants’ arguments are unfounded because no defect exists in the assessment of the evidence. The appeals are therefore denied in all respects.Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión. En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo. Soslayan las partes que en un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad y, en consecuencia, dicha persona no está obligada a brindar una versión de descargo, ni a hacerlo al inicio del proceso o en determinado momento ni mucho menos debe aportar pruebas en su defensa. Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía y por ello no resulta de recibo que las partes busquen explotar dicha situación para sustentar sus reclamos y procurar la nulidad de la sentencia. En virtud de lo antes expuesto y una vez realizado el examen integral del fallo, no llevan razón los recurrentes en sus alegatos porque no existe quebranto alguno en la valoración probatoria, razón por la cual, los recursos se declaran sin lugar en todos sus extremos.
Pull quotesCitas destacadas
"Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis."
"Taken together, all the foregoing circumstances prevent an unequivocal conclusion that the defendant actively participated in the unlawful activity; the trial judge’s analysis was therefore correct."
Considerando II
"Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis."
Considerando II
"Partiendo de la existencia del principio de inocencia, el imputado no estaba obligado a justificar ante los personeros del Sistema de Áreas de Conservación su presencia en el lugar, explicarles dónde estaba trabajando antes, la labor que estaba ejecutando, la ubicación de sus herramientas de trabajo y hasta el nombre de su patrono, como pretendía la representación del Estado que, al efecto ha soslayado que es a la parte acusadora a quien le incumbe desacreditar, con total certeza, la inocencia de Nombre01 y probar su participación dolosa en la tala y aprovechamiento de los recursos forestales, sin los permisos de ley."
"Under the presumption of innocence, the defendant was not required to explain to Conservation Area System officials why he was there, where or for whom he had been working, what task he had performed, or where his tools were. The State overlooked that the prosecution bore the burden of disproving his innocence with complete certainty and proving his intentional participation in the unauthorized felling and harvesting of forest resources."
Considerando II
"Partiendo de la existencia del principio de inocencia, el imputado no estaba obligado a justificar ante los personeros del Sistema de Áreas de Conservación su presencia en el lugar, explicarles dónde estaba trabajando antes, la labor que estaba ejecutando, la ubicación de sus herramientas de trabajo y hasta el nombre de su patrono, como pretendía la representación del Estado que, al efecto ha soslayado que es a la parte acusadora a quien le incumbe desacreditar, con total certeza, la inocencia de Nombre01 y probar su participación dolosa en la tala y aprovechamiento de los recursos forestales, sin los permisos de ley."
Considerando II
"De la revisión de las piezas se extrae que el imputado sí pactó en la fase de debate una conciliación, no una suspensión del proceso a prueba, que fue revocada por su incumplimiento, pero ello no significa que él aceptara los cargos, como alude el recurrente Alfaro Ramírez, porque sencillamente tal situación no está prevista en el ordinal 36 del Código Procesal Penal como una condición para su aprobación y homologación."
"The record shows that the defendant entered into conciliation during the trial phase—not suspension of proceedings with probation—which was revoked for noncompliance; this does not mean that he admitted the charges, as appellant Alfaro Ramírez claims, because Article 36 of the Code of Criminal Procedure simply does not make such an admission a condition for approval and judicial confirmation."
Considerando II
"De la revisión de las piezas se extrae que el imputado sí pactó en la fase de debate una conciliación, no una suspensión del proceso a prueba, que fue revocada por su incumplimiento, pero ello no significa que él aceptara los cargos, como alude el recurrente Alfaro Ramírez, porque sencillamente tal situación no está prevista en el ordinal 36 del Código Procesal Penal como una condición para su aprobación y homologación."
Considerando II
"Finalmente, en cuanto a los reproches que se hicieron a la valoración ambiental que se práctico para la estimación del daño, los mismos carecen de interés desde que no se trató de ese elemento el que sustentó la absolutoria del acusado, sino que los elementos indiciarios fueron insuficientes para desvirtuar su inocencia."
"Finally, the objections concerning the environmental assessment used to estimate the damage are immaterial because that assessment was not the basis for the defendant’s acquittal; rather, the circumstantial evidence was insufficient to overcome his innocence."
Considerando II
"Finalmente, en cuanto a los reproches que se hicieron a la valoración ambiental que se práctico para la estimación del daño, los mismos carecen de interés desde que no se trató de ese elemento el que sustentó la absolutoria del acusado, sino que los elementos indiciarios fueron insuficientes para desvirtuar su inocencia."
Considerando II
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Decision: 2021-1270 Case file: 13-002429-0485-PE(6) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eleven hours on veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.- APPEALS (RECURSOS DE APELACIÓN) filed in the present proceedings against Nombre01, of legal age, Costa Rican, identity card number CED01, born in Alajuela on 17 de mayo de 1966, son of Nombre02 and Nombre03, single, a day laborer by occupation, resident of Limón, Guácimo; for the offense of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judge Alejandra Valenciano Chinchilla and Judges Alfredo Araya Vega and Giovanni Mena Artavia participated in the decision. Guillermo Cordero Camacho appeared before this Court on behalf of the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público), as did Andrés Alfaro Ramírez, Criminal State Attorney (Procurador Penal).
PROCEDURAL BACKGROUND (RESULTANDO):
I.By judgment number 37-2021, issued at eight hours and five minutes on veintidós de enero de dos mil veintiuno, the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone ruled: “POR TANTO: In accordance with the foregoing; Article 8.2 of the American Convention on Human Rights; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1 and 30 of the Criminal Code; 61 of the Ley Forestal; 180 through 184, 265 through 267, 324, 360, 361, 363, 364, 365, and 366 of the Code of Criminal Procedure; Article 1045 of the Civil Code; and 122, 124, and 127 of the provisions currently in force regarding civil liability under the 1941 Criminal Code, and applying the in dubio pro reo principle, Nombre01 IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY for the offenses of FELLING (TALA) and UNLAWFUL HARVESTING OF TIMBER (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA), which he has been charged with committing to the detriment of the LEY FORESTAL.
The seized property (comiso) described in records 1365 and 1363, appearing at folios 7 and 8 of the case file, shall be returned to whoever proves ownership thereof within three months. The costs of the criminal proceedings shall be borne by the State. Likewise, the civil damages action (acción civil resarcitoria) brought BY THE STATE as the directly injured party and represented by the Procuraduría General de la República through attorney Federico Quesada Soto is DISMISSED. Pursuant to Article 267 of the Code of Criminal Procedure, because there was a plausible basis for litigation, no award of costs is entered for filing the civil action. Notice shall be given by reading.” (sic)
II.Guillermo Cordero Camacho, on behalf of the Ministerio Público, and Andrés Alfaro Ramírez, Procurador Penal, filed appeals against the foregoing ruling.
III.Following the corresponding deliberation in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.
Criminal Judgment Appeals Judge Valenciano Chinchilla drafts the decision; and, CONSIDERING (CONSIDERANDO):
I.Attorney Guillermo Cordero Camacho, in his capacity as prosecutor for the Ministerio Público, filed an appeal against written judgment N°037-2021 of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, issued at 08:05 hours on 22 de enero del año 2021, by which the defendant Nombre01 was acquitted of committing the offense of felling and unlawful harvesting of timber and the civil damages action filed was dismissed. The appeal was submitted in a pleading appearing at folios 181 through 183 of the principal record and received on 2 de febrero del 2021. Likewise, attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as State Attorney for the Procuraduría General de la República, filed a cross-appeal (recurso de apelación por adhesión) by means of a pleading received on 19 de febrero del 2021, appearing from the reverse of folio 200 through the front of folio 207 of the principal record.
First, it should be noted that, pursuant to Article 437 of the Code of Criminal Procedure, “…judicial decisions may be challenged only through the remedies and in the circumstances expressly established.” Article 458, in turn, provides: “All judgments and dismissals (sobreseimientos) issued during the trial phase that resolve criminal, civil, incidental, and other matters determined by law may be appealed.” In this case, full compliance with the requirements for objective and subjective appealability (impugnabilidad objetiva y subjetiva) has been verified. It is also evident that the appeals were duly filed in a timely and proper manner; accordingly, they are admitted, and the Court proceeds to consider the grounds of appeal (agravios).
II.Appeal filed by attorney Guillermo Cordero Camacho, in his capacity as prosecutor for the Public Prosecution Service (Ministerio Público). The sole ground alleged is an erroneous assessment of the evidence presented at trial, contrary to the rules of rational critical assessment (sana crítica racional), and an incomplete statement of reasons in the judgment. The court found that there was insufficient evidence to establish the accused’s responsibility for the acts, concluding that the witnesses and documentary evidence were based on mere speculation, since no one saw the accused carry out the logging and harvesting activities and, when approached by MINAE personnel who arrived at the site, he was found sitting and eating, some distance from the other co-defendants. He considers that conclusion erroneous because the proceedings contained strong and unequivocal circumstantial evidence from which it could be concluded that the defendant was not at the site merely by chance, but was acting in concert with two other individuals in carrying out the alleged unlawful activities.
He states that the eyewitness Nombre04 reiterated at trial what he had said in February 2016 when interviewed at the local prosecutor’s office, explaining that upon arriving at the site he saw the defendant sitting on a recently sawn log because he could see traces of the sap released when a tree is felled, as well as fresh sawdust; he also saw a chainsaw that was still warm at the suspect’s feet, equipment that the defendant acknowledged belonged to him, and observed that the defendant was sweaty, dirty, and covered in sawdust. These elements led him to conclude that the defendant had been engaged in sawing timber together with other persons. In his view, the defendant should have been convicted because, had the foregoing circumstantial evidence been considered collectively, applying the legal method of subjecting the indicative facts—traces of sawdust, machinery, and felled trees—to the rules of experience through logical inference, it would have been possible to conclude that the accused lied when he stated that he had been working on adjoining land and approached the site upon hearing a chainsaw, at which point police authorities surprised him while he was eating lunch.
That was a legal analysis that the court failed to undertake and use to explain the weight it assigned to the cited circumstantial evidence—the defendant covered in sawdust, the site where timber was being sawn, equipment suitable for that purpose, recently felled trees, and running chainsaws. He states that the defense attributed the traces of sawdust to the action of the wind, an assertion devoid of all logic because sawdust is not a small particle like dust, but is of considerable size and, when fresh, is heavier. He believes that this theory, together with the defendant’s account—that he had been at the site for ten minutes, approximately fifteen to twenty meters from where the co-defendants were working—does not credibly explain how his clothing could have become covered in sawdust in such a short time and to such a noticeable extent that the responding officer, upon observing him dirty and sweaty, had no doubt that he was participating in the unlawful activities.
None of this was considered by the court, which merely stated that the evidence was insufficient and speculative, since the fact that he had not been caught in flagrante delicto (in fraganti) felling or sawing the trees meant that the degree of certainty required for a conviction could not be reached; the court added that, because he was in a rural area, the defendant would naturally have been sweaty and dirty, without explaining anything regarding the sawdust. Under the court’s reasoning, circumstantial evidence (prueba indiciaria) would cease to serve as a basis for a conviction, which could then be obtained only through evidence assigned a predetermined legal weight (prueba tasada). Another issue challenged by the prosecution in its closing arguments was the defendant’s assertion of innocence only at the end of the trial, questioning why he had not done so during the proceedings and arguing that, according to the rules of logic and experience, a person who knows himself to be innocent makes that clear from the very outset and is unlikely to remain silent, however “bad” the defense strategy may be, since defending oneself against baseless accusations is inherent in human nature.
He adds that the defendant’s statement raised further doubts, particularly because on March 7, 2018, he entered into a conciliation agreement (conciliación), which did occur and appears at folio 129, prompting the question why an innocent person agreed to compensate the State for harm he did not cause. He explains that the court and defense counsel appear not to have understood the foregoing observations, interpreting them as an accusation against the defendant for having remained silent and accepted an alternative measure (medida alterna), which he knows cannot be held against him; however, in its effort to secure the defendant’s release at all costs, the defense raised arguments that he, as a party to the proceedings, had not made. He therefore requests that the recording be reviewed to clarify what he actually argued. He requests that the judgment be declared null and void and that a retrial (juicio de reenvío) be ordered before a differently constituted court.
Appeal filed by attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Counsel for the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República). The sole ground alleged is a failure to state reasons due to an erroneous intellectual assessment of the evidence, contrary to the rules of rational critical assessment, logic, and common experience. He challenges the biased analysis of the testimony of Nombre05 and Nombre04, which resulted in a state of doubt concerning the possible commission of the alleged offense and led the court to dismiss the private prosecution complaint (querella) and the civil damages action (acción civil resarcitoria). He states that the trial judge based her decision on the following matters, which he believes were assessed incorrectly: i) eyewitness Nombre04 testified that, when he arrived at the scene, the defendant was resting or eating lunch, not sawing, and that the other two persons—who had agreed to an alternative measure—were performing that work; ii) the defendant’s account that he had arrived at the site by chance ten minutes earlier after hearing the sound of a chainsaw; iii) that he approached after performing day-labor work on nearby land and remained there to eat lunch and speak with the other persons, whom he knew; iv) report ACTO-GMRN-DEN-044-2013, which served as the initial crime report (noticia criminis), confirms the account of Nombre04 and the accused to the effect that the latter was resting or eating lunch when the officials arrived at the site; v) the testimony of the prosecution witnesses Nombre04 and Nombre05 was deemed less credible because, during a second visit to estimate the environmental damage, they were unable to locate the stumps of the felled and harvested trees despite having the coordinates and satellite geolocation equipment; and vi) the presence of minors—allegedly children of the other accused persons who agreed to an alternative measure—as possible participants in the harvesting, sawing, and operation of the chainsaw.
All the foregoing elements led the judge—incorrectly—to give, in practice, complete credence to the accused’s account while rejecting the testimony of the prosecution witnesses, thereby establishing doubt as to whether the defendant was responsible for the alleged acts. He argues that this resulted from a biased weighing of the matters described above, in violation of the rules of science, logic, and experience. The court accepted as plausible the defendant’s account that he was at the site because two people he knew were there, that they were the ones sawing timber, and that he arrived after hearing a chainsaw from the place where he had been. His dirty clothing was likewise explained by the fact that, minutes or hours earlier, he had performed day-labor work, making it impossible to connect him to the timber harvesting being carried out. He objects that a series of circumstantial facts were not considered: i) the defendant’s proximity to the other two persons who were in fact cutting pieces of timber; ii) the fact that he was sitting on a recently cut piece of timber, very near a chainsaw that was seized and that the defendant stated that day belonged to him; and iii) the presence of sawdust on his clothing.
He argues that the judge erred in assessing these circumstances by reasoning that he could have become dirty while performing other agricultural work, which he considers inadequate reasoning that disregards the prosecutors’ arguments. He states that witness Nombre04 testified that the presence of sawdust on clothing indicates that the person had been working with timber minutes earlier, because the weight of that material makes it extremely difficult for it to travel through the air over a distance of five meters or more, which was the distance between the defendant and the other persons who were sawing the pieces of timber. He argues that the indication that the defendant was participating in an offense did not lie in the fact that his clothing was dirty when he was found, but rather that it was covered in sawdust, that he was near a chainsaw that was hot, and that he was located close to the other persons, making it unlikely that the sawdust had come from the timber they were cutting.
He challenges the justification of the defendant’s presence at the site on the basis of his friendship with the others involved and his having heard the sound of an operating chainsaw while nearby performing brush-clearing work (chapia), even though no tool suitable for such work—such as a machete, bordón, or string trimmer—was found. He acknowledges that the defendant might have left such a tool at the place where he had originally been, but points out that the accused made no statement to that effect to the SINAC officials when he was detained, did not tell them about those tools or that he needed to retrieve them before being taken to the prosecutor’s office, and did not ask to be allowed to return for them. He notes the absence of any effort or complaint by the defendant to recover his tools or hold the officers responsible for their loss. He considers the foregoing significant because the accused is a person of limited means, without a fixed income, who works as a day laborer whenever hired; the loss of his work tools would therefore constitute a very serious loss that would prevent him from earning a living or, at the very least, make it extremely difficult for him to replace those items.
He emphasizes that, in his statement, the defendant made no reference to the tools he had supposedly used earlier, nor did he say on which property he had been working or who had hired him. Those matters not only undermine the credibility of his account but also support the conclusion that the prosecution’s theory was sufficiently substantiated, had the evidence been properly assessed. He argues that the judge dismissed the significance of the defendant’s failure to provide those explanations to the SINAC officers who approached him or to the prosecutor’s office when formally questioned (indagado), attributing that omission to nervousness, which he considers implausible because, had the defendant provided such an explanation, the charges against him would have been dismissed (sobreseído), avoiding a trial. He finds it strange that, at the preliminary hearing, the defendant chose to enter into an alternative measure—a conditional suspension of proceedings (suspensión del proceso a prueba)—accepting the charges and undertaking obligations with which he ultimately failed to comply.
He therefore asks, “why did the defendant, if allegedly innocent and having no connection whatsoever with the offense under investigation, agree to submit to an alternative measure under those conditions?” He adds that he understands that defense counsel’s strategy may lead an accused to wait until the close of trial to testify or to refrain from testifying; nevertheless, the court did not properly assess his statement and gave it full credence despite the inconsistencies discussed above, while discounting the prosecution evidence on the basis of erroneous and biased reasoning.
She complains that another aspect the judge assessed superficially and incorrectly was that the witnesses Nombre04 and Nombre05 subsequently visited the site and did not locate the stumps (tocones) or the affected forest patch (parche de bosque), despite having the coordinates, which caused the judge to doubt the location of the actual scene of the events, as well as the assessment of the environmental damage (valoración del daño ambiental), the thoroughness of the investigation conducted by SINAC and, consequently, the responsibility of the accused (imputado). She argues that this evidence was assessed incorrectly because the fact that the official who detained the accused later failed to find the stumps of the felled trees and the affected forest patch does not undermine the credibility of the inquiries, since that visit took place considerably later, such that the effects of nature and human activity, in an area surrounded by pastureland and land used for agriculture, could explain the disappearance of those elements.
The court disregarded the fact that the officers recorded the coordinates on the day of the events and, with the aid of maps and a GPS device, returned to the location, which was the correct site. She considers that this does not undermine the credibility of the assessment of the environmental damage, because it was based on report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, which included the coordinates, photographs, and other supporting materials, thereby enabling the expert to formulate an opinion, which was explained at trial with reference to the height of the felled trees and other factors that were taken into account; the failure to locate the stumps was irrelevant in view of the changes the area had undergone over time. She states that the failure to locate the forest patch, far from constituting a contradiction, actually corroborates the witnesses’ accounts insofar as it may have disappeared over time as a result of human intervention, given that pastureland and land used for agriculture surrounded it and had encroached upon the forest.
Regarding the criticism directed at the SINAC officials for failing to identify the minors present at the site, who were allegedly the children of the couple working there, on the theory that one or both of them could have been using the chainsaw, she considers this reasoning unsupported and contrived to justify reasonable doubt (duda). She complains that the analysis and the reasons supporting that suspicion were not explored in depth and that, although they should indeed have been identified, this does not mean that the inquiry was flawed or that there were grounds for doubt warranting acquittal. The judge overlooked the fact that the officials involved were highly experienced in their work and could reasonably have excluded those minors based on their field observations, including their age, height, weight, distance from the equipment, and the condition of their clothing, which allowed them to infer that they were not participating in the criminal activity; she reiterates that none of the witnesses testified that those persons were operating the chainsaw or felling or sawing the trees.
She argues that none of those variables was taken into account and that the judge instead chose to conclude that they were involved in the criminal conduct in order to credit the accused’s account and substantiate the doubt underlying the acquittal (absolutoria) that was entered. As a ground for appeal (agravio), she asserts that the erroneous and biased analysis of the evidence, in disregard of the rules of rational sound judgment (sana crítica racional), violated the State’s right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva), resulting in the dismissal of the private criminal complaint (querella) and the civil action for damages (acción civil resarcitoria), based on the existence of doubt concerning the accused’s commission of the offense. She requests that the appeal be granted, that the challenged judgment be declared ineffective, and that the case be remanded for new proceedings (reenvío para una nueva sustanciación). Position of the defense: The record does not show that the accused’s legal counsel submitted a written response to the appeal filed.
III.Since the foregoing appeals (recursos) are interconnected, they shall be considered jointly, and both challenges are denied. It is not true that the Trial Court acquitted the accused on the basis of an erroneous assessment of the evidence presented at trial, in violation of the rules of sound rational judgment (sana crítica racional), as alleged, or that the reasoning was biased and insufficient. A comprehensive analysis of the written judgment shows that the decision is duly reasoned and, above all, reflects a coherent, connected, logical, and specific assessment of all the evidence admitted, from which the reasons for concluding that, given the particular circumstances of the case, there was reasonable doubt as to whether the defendant was carrying out illegal logging and timber harvesting activities without the corresponding permits emerge with great clarity. As a starting point, it must be noted that the court regarded the following facts as undisputed: i) on 24 de octubre del 2013, official Nombre04, accompanied by Nombre06, responded to a complaint in the sector of la Lucha de Río Jiménez de Guácimo; ii) upon arriving at the scene, they found four felled trees; and iii) environmental damage had occurred.
Nevertheless, the judge found that the circumstantial evidence (prueba indiciaria) supporting the prosecution’s theory was insufficient and did not allow her to reach a state of certainty regarding Nombre01’s participation in the illegal logging and harvesting of timber; instead, she considered that reasonable doubt existed. The judgment explained that state of doubt as follows: “the witness Nombre04 (sic) asserts that the defendant Nombre01 had also been working, that this was obvious, and reached that conclusion because, according to the witness, next to where the defendant was sitting there was a chainsaw that was warm and, moreover, everyone who was there had clothing soiled with sawdust; however, what the witness is making is nothing more than a presumption, that is, there is no item of evidence establishing with complete certainty that the defendant felled the four trees found at the site and was also harvesting them illegally.
The only evidence identifying him as responsible for these acts is the witness’s statement and report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013del 28 de octubre de 2013, which was prepared by the same witness, Nombre04, setting forth his conclusions, which he base (sic) on mere speculation: that the defendant Nombre01 illegally felled and harvested the timber merely because he was at the site, with a warm chainsaw beside him and with his clothing dirty. But this evidence is insufficient to establish the facts; it is evidence, as reiterated, based on presumptions and cannot establish that the act was performed by or attributable to the defendant. It therefore becomes unsuitable evidence for overcoming the presumption of innocence protecting Nombre01 (sic). An even greater obstacle for the prosecuting authorities is that the defendant, in exercising his right to conduct his own defense (defensa material), stated that he was merely passing by the scene and sat down there to eat lunch; he denies having been logging and harvesting timber illegally.
He provides an explanation for why he was at the scene, and it is credible: it was an open area, a patch of forest, as witnesses Nombre05 and Nombre04 (sic) described it, where there were pastures. The sound of the chainsaw drew the attention even of the MINAE officers because it could be heard; likewise, it could have drawn the attention of Nombre01 (sic), who stated that he went to see who it was. Furthermore, dirty clothing was unavoidable; this was the countryside, and they were in a place where sawing was taking place, so it would be illogical to think that they had to be clean. On the contrary, the defendant had come (sic) from performing brush-clearing work and had no reason to take care not to get dirty; if that had been the case, he would not even have approached the sound of the chainsaw. Likewise, sitting next to the chainsaw is not sufficient grounds to find that he was using it.
The witness himself said that there was a block of wood on which the defendant was sitting; he could have sat down without caring that the chainsaw was beside the place where he sat. In addition, it cannot be overlooked that the three defendants prosecuted in this case were not the only persons at the scene, because all the evidence indicates that there were also two underage youths, and that one of the youths was the son of the couple of (sic) defendants whose case was handled separately because they agreed to a conditional suspension of proceedings (suspensión del procedimiento a prueba), as stated in report ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, in the fact numbered third: ‘(...) there were also two underage boys, one of them the couple’s son.’ This circumstance was confirmed at trial by witness Nombre04 when he stated: ‘(...) at the scene there were only them and a couple of young boys who were around there (...)’.
Evidently, the presence of these youths was not investigated, even though they too could have been the ones who used the chainsaw beside the place where defendant Nombre01 was sitting, especially since the son of the couple of defendants was sawing when the MINAE officers arrived. Nevertheless, this situation was not verified, and it was not even recorded what (sic) their names were or how old they were, so that it could be ruled out that they were the ones using the chainsaw. But the presence of these minors generates (sic) doubt that favors and supports the defendant’s account that he was not sawing there, that he merely went to see who they were, and that he only sat down to eat lunch. It should be noted that, although witness Nombre04 stated that he ask (sic) whose (sic) chainsaw it was and that the defendant said it belonged to him, this circumstance is disputed by the defendant, who merely states in that regard that they did not ask him whether the chainsaw belonged to him and that they only made him sign a document that was not read to him, even though he had informed them that he could neither read nor write.
It is therefore only the witness’s word against the defendant’s word, and both accounts are possible, but they generate reasonable doubt, which must be construed in favor of the defendant under the universal principle of in dubio pro reo; that is, there are two conflicting accounts, neither of which is supported by evidence. The chainsaw confiscation records (actas de comiso) are not an item of evidence capable of proving beyond all doubt the ownership of those objects, and it was not demonstrated at trial that any of the chainsaws belonged to defendant Nombre01. It should therefore be noted that the prosecuting authorities did not rebut, through any item of evidence, the account given by the defendant at trial; the evidence submitted did not render his account of the events unbelievable. Arguing, as they did, that his statement is not credible because the defendant did not give it from the beginning of the proceedings and because he pulled it out of thin air would not be (sic) consistent with the advisement concerning the right to remain silent given to defendants in all criminal proceedings, who are also advised by defense counsel (defensa técnica), and in most cases are advised to exercise that right from the outset of the investigation.
In this case, the defendant stated in this regard that he was frightened, which is credible because he was approached by forestry authorities who told him that he is (sic) implicated in a crime. Nor is the argument advanced by the prosecuting authorities—that because the defendant pursued the alternative resolution of conditional suspension of proceedings and accepted the facts, and moreover failed to comply with that alternative resolution, he is the perpetrator of the acts—well founded. It is not well founded, first, because the information is incorrect: in the present case, defendant Nombre01 (sic) never pursued any alternative resolution; and second, because even if the information had been true—which it was not—Article 25 of the Código Procesal Penal clearly provides that: ‘If the defendant’s request is not granted or the proceedings are subsequently resumed, the defendant’s admission of the facts may not be regarded as a confession, (...)’.
But, as already clarified, that circumstance never arose in this case. Accordingly, it cannot be inferred from the testimonial and documentary evidence that the defendant was the perpetrator responsible for the illegal logging and harvesting of timber, much less has the presumption of innocence protecting Mr. Nombre01 been overcome. Based on the arguments employed by the Fiscalía and the Procuraduría to attribute this act to the accused, the indicia do not in any way lead to the conclusion that the accused carried out an unlawful act; an acquittal on grounds of doubt must therefore be entered.” (sic, verbatim transcription, folio 175 vuelto al 177 frente del legajo principal). The decision under appeal does not generally question the value of circumstantial evidence as a basis for a conviction; rather, it analyzes how, in this particular case, the indicia presented were clearly insufficient to rebut the accused’s presumption of innocence.
In that regard, the court below (a quo) found that Nombre01’s presence at the scene, seated on a piece of wood beside a chainsaw that was warm, a short distance from the other co-defendants, with his clothing dirty and covered in sawdust, did not establish with the required certainty that he was the person who felled the trees and was illegally harvesting the timber without the required permits. The arguments advanced by the appellants seek to discredit the examination of each indicium, as well as the conclusions reached by the court below in acquitting the accused, but in doing so they failed to establish the existence of any defect or flaw in their assessment. This court finds that the appellants merely identified a collection of indicia drawn from the evidence, without establishing any error in the logical process followed by the judge in examining them. Nor was there any violation of the rules of sound rational judgment, because the Trial Court’s reasoning validly derives from the evidence introduced at trial and supports the acquittal, having concluded that the indicia were not weighty, precise, and consistent enough to establish unequivocally, beyond all reasonable doubt, the defendant’s participation in the alleged acts.
Regarding the validity of circumstantial evidence as a basis for a conviction in criminal proceedings, the case law of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia has repeatedly stated that “the indicia comprising it must be unequivocal and will be effective only when, through them and after assessing them in accordance with the rules of sound judgment, the judges reach certainty that the unlawful act attributed to an accused actually occurred and is attributable to that person, and that only one conclusion can be drawn from them; if that is not the case, the indicia, analyzed individually and collectively, amount merely to information concerning the possible commission of a criminal act, but do not constitute a firm basis from which the guilt of the accused may reasonably and unquestionably be inferred.” (resolution 882-2000, de las 09:40 horas del 4 de agosto del 2000).
In the case under review, the trial court did take into account the circumstantial evidence (indicios) derived from the evidence—the accused’s presence at the site, the fact that his clothing was dirty and covered with sawdust, that he was found sitting on a piece of felled timber near a chainsaw that was still warm and a short distance from the co-accused who were parties to the criminal case. Nevertheless, it found that this evidence did not rebut the accused’s presumption of innocence after assessing it and contrasting it with the account provided by the accused in his personal defense (defensa material). The judgment shows that he testified that he had been clearing brush from the pasture of a neighbor known as Nombre07 when he heard the sound of a chainsaw and therefore went to the site to determine who was working there. He encountered two acquaintances who were working with the timber, so he stayed and spoke with them; when they resumed their work, he sat down to eat the snack he had brought before leaving, and it was at that moment that officials whom he identified as being from MINAE arrived.
He added that he did see some felled trees on the ground, but did not know who had felled them, other than that his acquaintances had told him moments earlier that they had been given “some logs” to repair their house. He denied having provided them with assistance or cooperation or that the chainsaw belonged to him, and stated that the aforementioned officials asked him to sign a document even though he could neither read nor write, and that they neither read it to him nor explained its contents. This appellate panel agrees that the mere presence of the accused at the location does not constitute unequivocal circumstantial evidence of his criminal participation, because he gave a statement explaining that he was present at the site because he had approached to see who was working with a chainsaw. It was also properly weighed that Nombre01 was not found sawing timber or felling a tree, as were the other two persons against whom criminal proceedings were brought, but rather was found sitting on a piece of timber and eating, as witness Nombre04 confirmed.
This court does not agree with the appellants’ contention that the chainsaw’s location near the accused and the fact that it was warm to the touch proved his guilt, because, as the court below (a quo) found, four other persons were at the location, including two minors, and any one of them could have been using that tool; nor is it clear why the parties believed that it had been used by the accused. The dirty condition of his clothing does not rebut his innocence, because it was logical and even to be expected that it would be in that condition, given that he testified that he had spent that day clearing brush from a pasture, manual fieldwork in which clothing commonly becomes dirty. This also explains why he appeared sweaty, particularly considering that everything occurred near midday in an open field in a rural area. The parties have questioned the presence of sawdust on the accused’s clothing, but that circumstance does not support the inference that he had been sawing the timber.
They failed to consider that he was only a short distance from where the bow saw was being used and that he sat on a piece of timber to eat, which could very easily explain how he became covered with the sawdust present in the surrounding area, as can be seen in the photographs in the police report. Nor can it be ruled out that the air generated by the operating chainsaw contributed to spreading sawdust throughout the area where the felled trees were being worked. All the foregoing circumstances preclude the unequivocal conclusion that the accused actively participated in the unlawful activity, and the judge was correct in her analysis. The circumstantial evidence described above may raise suspicion regarding the accused, but it is insufficient to establish certainty because the indicators are not compelling, precise, or unequivocal enough for the deductive process to lead indisputably to a single conclusion.
Under the circumstances of this case, the accused’s account explaining his presence at the location is not absurd, and no other evidence exists that would refute his statement. This court therefore concludes that the causal relationship between the known facts and the asserted inference or conclusion could not be established. Given the impossibility of determining with the required certainty that the defendant perpetrated the alleged acts, his acquittal of the charges is proper under the universal principle of reasonable doubt in favor of the accused (in dubio pro reo). Furthermore, it must be noted that the appellants’ arguments show that they seek to disregard the guarantee of innocence protecting the accused by questioning the fact that Nombre01 did not provide an exculpatory account denying his participation in the acts attributed to him until the end of the trial. First, the appellants failed to specify the alleged inconsistencies in his account or the reasons why they considered his statement implausible; their position was merely a subjective assessment that they failed to substantiate properly.
Moreover, this appellate panel cannot agree with the appellants’ observations regarding the accused’s statement, not only because they constitute flawed reasoning that reverses the burden of proof, but also because they flagrantly violate supraconstitutional law—Article 8, paragraph 2, of the American Convention on Human Rights; Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights; and Article 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights—constitutional law—Article 39 of the Constitution, which provides that “No person shall be subjected to punishment except for a crime, quasi-offense, or infraction punishable under a pre-existing law and pursuant to a final judgment rendered by a competent authority, after the accused has been afforded an opportunity to exercise the right of defense and upon the required demonstration of guilt.”—as well as procedural legislation—Article 9 of the Code of Criminal Procedure, which provides that “The accused shall be considered innocent at every stage of the proceedings until found guilty in a final judgment, in accordance with the rules established in this Code.
In the event of doubt regarding questions of fact, the interpretation most favorable to the accused shall prevail. Until guilt has been established, no public authority may present a person as guilty or provide information about that person to such effect […].” The parties overlook that, in criminal proceedings, an accused person is not required to prove his innocence because legal rules require that he be treated as innocent until his guilt is proven. Consequently, that person is not required to provide an exculpatory account, to do so at the beginning of the proceedings or at any particular time, or, much less, to submit evidence in his defense. If, in exercising his rights, the accused decided to waive his right to remain silent and testified at the trial itself, this is not circumstantial evidence that his statement was untruthful, but rather the exercise of a guarantee. It is therefore improper for the parties to seek to exploit that circumstance to support their claims and obtain the nullification of the judgment.
The Third Chamber of the Supreme Court of Justice has long held that an accused’s decision whether or not to testify cannot be weighed against him, stating as follows: “Two possible situations must be considered: in the first, the accused refrains from testifying; in the other, he exercises his right to testify and provides an account in his defense that is refuted by other evidence credited by the adjudicator in accordance with the rules of sound rational judgment (sana crítica racional). In both cases, it is unlawful to consider the accused’s conduct to imply a lack of remorse on his part. This is absurd because both scenarios are grounded in the accused’s right of defense, guaranteed by the Constitution, international human rights instruments, and our procedural legislation, such that the lawful exercise of his right cannot constitute an obstacle to granting him a benefit to which he is entitled when he meets the statutory requirements for its award ...” (decision number N 329-F-95, at 15:40 hours, on June 8, 1995), a holding with which this appellate panel fully agrees and which remains fully applicable.
Given the existence of the principle of innocence, the accused was not required to explain to the officials of the Sistema de Áreas de Conservación why he was present at the location, where he had previously been working, the task he had been performing, the location of his work tools, or even the name of his employer, as the State’s representative sought to require. In doing so, that representative overlooked that it is the prosecution’s responsibility to disprove Nombre01’s innocence with complete certainty and to prove his intentional participation in the felling and exploitation of forest resources without the permits required by law. Along the same lines, it is wholly unacceptable to refer to the alternative measure (medida alterna) agreed to by the accused during the proceedings in an attempt to support the appeal by invoking the theory that a person who knows himself to be innocent would not agree to such a measure.
A review of the record shows that, during the trial stage, the accused did agree to conciliation (conciliación), not a conditional suspension of proceedings (suspensión del proceso a prueba), and that the conciliation was revoked because of his noncompliance. This does not mean, however, that he accepted the charges, as appellant Alfaro Ramírez contends, because such acceptance simply is not prescribed by Article 36 of the Code of Criminal Procedure as a condition for the measure’s approval and judicial confirmation (homologación). Moreover, the appellant overlooks that, when an alternative measure fails, the court cannot take that failure into account in determining the accused’s guilt. Accordingly, none of the appellants’ objections concerning the exercise of the accused’s defense is well-founded, and these matters were properly assessed by the trial court, which expressly declined to weigh them as circumstantial evidence of alleged guilt.
Finally, the objections raised regarding the environmental assessment (valoración ambiental) performed to estimate the damage are immaterial, because that assessment was not the basis for the accused’s acquittal; rather, the circumstantial evidence was insufficient to rebut his innocence.
In view of the foregoing, and following a comprehensive review of the judgment, the appellants’ arguments are unfounded because there was no error whatsoever in the assessment of the evidence (valoración probatoria); accordingly, the appeals are denied in all respects.
POR TANTO:
The appeals (recursos de apelación) filed by attorneys Guillermo Cordero Camacho and Andrés Alfaro Ramírez, in their respective capacities as prosecutor for the Ministerio Público and Counsel for the Procuraduría General de la República, are denied. NOTICE SHALL BE GIVEN.- Alejandra Valenciano Chinchilla Alfredo Araya Vega Giovanni Mena Artavia Judges of the Criminal Judgment Appeals Court Case file: 13-002429-0485-PE (6) Defendant: Nombre01 Injured Party: La Ley Forestal Offense: Illegal Logging and Timber Harvesting (Tala y Aprovechamiento ilegal de Madera) JMORALESGO Case file: 13-002429-0485-PE(6) - VOTO 2021-1270 - page: 1
Resolución: 2021-1270 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las once horas, del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.- RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra Nombre01, mayor, costarricense, cédula de identidad número CED01, nacido en Alajuela, el 17 de mayo de 1966, hijo de Nombre02 y Nombre03, soltero, de oficio Jornalero, vecino de Limón,Guácimo; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión la jueza Alejandra Valenciano Chinchilla, los jueces Alfredo Araya Vega y Giovanni Mena Artavia. Se apersonaron en esta sede Guillermo Cordero Camacho en representación del Ministerio Público y Andrés Alfaro Ramírez, Procurador Penal.
RESULTANDO:
I.Que mediante sentencia número 37-2021, de las ocho horas cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: Conforme a lo expuesto, articulo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1 y 30 del Código Penal, 61 de la Ley Forestal, 180 a 184, 265 a 267, 324, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, articulo 1045 del Código Civil, 122, 124, 127 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941 por aplicación del principio in dubio pro reo SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a Nombre01, por los delitos de TALA y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de LA LEY FORESTAL.
Se ordena la devolución del comiso descrito en las actas 1365 y 1363 visible a folios 7 y 8 del expediente a quien demuestre en el plazo de tres meses ser su propietario. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Asimismo, se declara SIN LUGAR la acción civil resarcitoria planteada por POR EL ESTADO en calidad de ofendido directo y representado por la Procuraduría General de la República a través del Licenciado Federico Quesada Soto. De conformidad con el artículo 267 del Código Procesal Penal, al existir razón plausible para litigar, no se condena en costas por la interposición de la acción civil. Mediante lectura notifíquese". (sic)
II.Que contra el anterior pronunciamiento, Guillermo Cordero Camacho en representación del Ministerio Público y Andrés Alfaro Ramírez, Procurador Penal, interpusieron recurso de apelación.
III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Valenciano Chinchilla ; y,
CONSIDERANDO:
I.El licenciado Guillermo Cordero Camacho, en su condición del fiscal del Ministerio Público, mediante escrito visible a folios 181 al 183 del legajo principal, recibido en fecha 2 de febrero del 2021, interpuso recurso de apelación en contra del fallo escrito N°037-2021, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 08:05 horas del 22 de enero del año 2021, mediante la cual se absolvió al acusado Nombre01 por la comisión de un delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria incoada. Asimismo, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la República, presentó recurso de apelación por adhesión, mediante escrito recibido en fecha 19 de febrero del 2021, visible a folios 200 vuelto al 207 frente del legajo principal. En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 437 del Código Procesal Penal “…las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.
Por su parte, el ordinal 458 dispone que: “Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose, además, que los recursos fueron debidamente presentados en tiempo y forma, en consideración a lo cual se admiten y se procede a conocer sobre los agravios.
II.Recurso de apelación incoado por licenciado Guillermo Cordero Camacho, en su condición del fiscal del Ministerio Público. Como único motivo se alega errónea valoración del material probatorio evacuado en el debate, conforme a las reglas de la sana crítica racional e incompleta fundamentación de la sentencia. El tribunal consideró que no existía prueba suficiente para acreditar la autoría del acusado en los hechos, estimando que los testigos y las piezas documentales partían de meras especulaciones, ya que ninguna persona observó al acusado realizar las acciones de tala y aprovechamiento y, al ser abordado por personeros del Minae que llegaron al sitio, lo encontraron sentado, ingiriendo alimentos, ubicándose a cierta distancia de los otros coimputados. Considera que la conclusión resulta errada, porque el proceso contaba con indicios fuertes y unívocos que permitían concluir que el imputado no estaba en el sitio por mera casualidad, sino en contubernio con dos sujetos más, desarrollando las acciones ilícitas acusadas.
Refiere que el testigo de actuación Nombre04 reiteró en debate lo indicado en febrero del 2016, al ser entrevistado en la fiscalía local, manifestando que al llegar al lugar observó al imputado sentado, sobre una troza de madera recién aserrada, porque pudo ver restos de la savia que expide un árbol al ser talado, más aserrín fresco, apreciando una motosierra que aún estaba tibia a los pies del sospechoso, maquinaria que el imputado le reconoció era de su propiedad, observando a dicha persona sudado, sucio, impregnado de aserrín, elementos que le permitieron concluir que él estaba laborando en el aserrío de madera, junto a otras personas. En su criterio, el imputado debió ser condenado porque los indicios antes apuntados, de haber sido apreciados en forma concatenada, usando el método jurídico de aplicar al hecho indicador –rastros de aserrín, maquinaria, árboles talados- las reglas de la experiencia, mediante una inferencia lógica, permitía concluir que el endilgado mintió al declarar que estaba trabajando en un terreno aledaño y se acercó al sitio al oír una motosierra, siendo sorprendido en ese momento por autoridades policiales cuando comía su almuerzo.
Ese fue un ejercicio jurídico que el tribunal omitió hacer y de esa forma fundamentar el valor que le merecieron los citados indicios –justiciable impregnado de aserrín, el sitio donde estaba aserrando madera, con equipo idóneo para ello, árboles recientemente talados, donde habían motosierras encendidas-. Señala que, la defensa justificó los rastros de aserrín por la acción del viento, siendo una aseveración carente de toda lógica, al no tratarse de una partícula pequeña como el polvo, sino una de un tamaño considerable, que al ser fresco tiene mayor peso. Opina que dicha tesis junto a la versión del imputado –que dijo haber estado en el sitio por espacio de diez minutos, a unos quince a veinte metros de donde trabajaban los coimputados- no resulta creíble que, en tan poco tiempo, sus prendas se impregnaran de aserrín, que pudiera ser notorio para el oficial actuante que, al observarlo sucio y sudado, no tuvo duda que estaba tomando parte de las acciones ilícitas.
Nada de ello fue apreciado por el tribunal, que se limitó a decir que la prueba era insuficiente y especulativa, ya que el no haberlo sorprendido in fraganti talando o aserrando los árboles no se podía arribar a un estado de convicción para condenar y, agregó que, por ubicarse en una zona de campo, el imputado debía estar sudado y sucio, sin justificar nada respecto al aserrín. Partiendo del razonamiento del tribunal, la prueba indiciaria dejaría de ser un insumo para disponer una sentencia condenatoria y ello solo se lograría con prueba tasada. Otro elemento que la fiscalía atacó en sus conclusiones fue la declaratoria de inocencia por parte del imputado hasta el final del debate, reclamando la razón por la cual no lo hizo durante el proceso y, partiendo de las reglas de la lógica y la experiencia, una persona que se sabe inocente lo hace ver desde el mero inicio y difícilmente guardará silencio, por más “mala” que sea la estrategia de la defensa, al ser inherente al humano la defensa ante ataques sin sentido.
Agrega que, la declaración del imputado le generó más dudas, máxime que el 7 de marzo del 2018 se sometió a una conciliación, lo cual sí ocurrió y rola a folio 129, cuestionando el por qué una persona inocente aceptó resarcir al Estado por un daño que no cometió. Explica que, las anteriores apreciaciones parece no fueron comprendidas por el tribunal y la defensa técnica, interpretando que le estaba achacando al imputado haber guardado silencio y acogerse a una medida alterna, lo cual él conoce no se puede hacer, pero la defensa en aras de liberar al imputado a toda costa, alegó fundamentos que él como parte procesal no profirió, solicitando se analice el archivo de grabación para que se tenga claro lo que él esbozó. Solicita se decrete la nulidad del fallo y se ordene el juicio de reenvío, con distinta integración. Recurso de apelación incoado por el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la República.
Como único motivo se alega una falta de fundamentación por errónea valoración intelectiva de la prueba, que resulta contraria a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia común. Reclama el análisis sesgado de los testimonios de Nombre05 y Nombre04, lo cual derivó en un estado de duda, con relación a la posible comisión del delito acusado, declarando sin lugar la querella y la acción civil resarcitoria. Señala que la juzgadora sustentó su decisión en los siguientes aspectos, que opina se valoraron erradamente: i) el testigo presencial Nombre04 declaró que al llegar al lugar de los hechos el imputado estaba descansando o almorzando, no aserrando y eran las otras dos personas –que pactaron una medida alterna- las que estaba en dicha labor; ii) la versión del imputado que precisó haber llegado al sitio diez minutos antes por casualidad, luego de oír el ruido de una motosierra; iii) que él se acercó luego de haber desarrollado sus labores de jornalero en un terreno cercano, quedándose ahí a almorzar para conversar con las otras personas que él conocía; iv) el informe ACTO-GMRN-DEN-044-2013, que fungió como noticia criminis, confirma lo relatado por Nombre04 y el endilgado, en el sentido de que ese último estaba descansando o almorzando al momento que los funcionarios llegaron al sitio; v) se le restó credibilidad al dicho de los testigos de cargo Nombre04 como Nombre05, porque al hacer una segunda visita para estimar el daño ambiental, pese a contar con las coordenadas y el equipo de geolocalización satelital, no pudieron hallar los tocones de los árboles talados y aprovechados y vi) la presencia de menores de edad -presuntamente hijos de las otras personas acusadas que pactaron una medida alterna-, como posible participantes de las labores de aprovechamiento, aserrío y uso de la motosierra.
Todos los anteriores elementos condujeron a la jueza -de forma equívoca- a concederle, en la práctica, credibilidad total a la versión del acusado y quitársela al dicho de los testigos de cargo, para así establecer la duda de que el imputado fuera responsable de los hechos acusados. Argumenta que lo anterior es consecuencia de una sesgada ponderación de los aspectos apuntados, producto de la infracción a las reglas de la ciencia, lógica y experiencia. El tribunal asumió como verosímil el dicho del imputado, que justificó su presencia en el sitio porque dos personas conocidas estaban ahí, que eran las que estaban aserrando madera y llegó luego de oír una motosierra desde el sitio donde él estaba. Se justificó también su ropa sucia, en que minutos u horas antes, cumplió tareas de jornalero, no siendo posible ligarlo con el aprovechamiento maderable que se estaba desarrollando. Cuestiona que no se tomaron en cuenta una serie de indicios: i) cercanía del imputado con respecto a las otras dos personas que sí estaban cortando piezas de madera; ii) que estaba sentado sobre una pieza de madera recién cortada, a muy poca distancia de una motosierra que fue decomisada y que ese día el imputado afirmó era de su propiedad; iii) presentaba aserrín en sus prendas.
Alega que la jueza incurrió en un error al apreciar tales indicios, justificando que podía estar sucio por la realización de otras labores de campo, razonamiento que considera deficiente y se aparta de los alegatos de los acusadores. Señala que el testigo Nombre04 declaró que la presencia de aserrín en la ropa es un indicativo de haber estado trabajando con madera minutos antes, porque el peso de ese material resulta sumamente difícil que viaje por aire a una distancia de cinco metros o más, que era la existente entre el imputado y las otras personas que estaba aserrando las piezas de madera. Reclama que el indicio de que el imputado estaba tomando parte de un delito no radica en que tuviera la ropa sucia cuando fue sorprendido, sino que sus prendas estaban cubiertas de aserrín, cerca de una motosierra que estaba caliente y se localizaba a una distancia próxima de las otras personas, lo cual tornaba difícil que ese aserrín proviniera de la madera que ellos estaban cortando.
Cuestiona que se justificara la presencia del imputado en el lugar por la amistad que tenía con los otros involucrados, luego de oír el sonido de una motosierra en funcionamiento, al estar cerca en labores de chapia, pese a que no se halló alguna herramienta idónea para tales labores, sea machete, bordón, orilladora. Reconoce que el imputado pudo haberla dejado en el sitio donde él originalmente estaba, pero hace ver que el endilgado no hizo alguna manifestación al respecto a los funcionarios del Sinac cuando fue detenido, comentándoles de esas herramientas y que debía recogerlas antes de ser trasladado a la fiscalía o de que le permitieran regresar por ellas, echando de menos que el imputado efectuara alguna gestión o reclamo para recuperar sus herramientas o responsabilizar a los oficiales por su pérdida. Considera que lo antes apuntado no es poca cosa, siendo el acusado una persona de escasos recursos, que no tiene ingresos fijos y que labora como jornalero cada vez que lo contratan, el extravío de sus instrumentos de trabajo supone una pérdida muy sensible que le impediría ganarse la vida o al menos, le dificultaría enormemente reponer dichos enseres.
Enfatiza que el imputado en su declaración no hizo alguna acotación sobre las herramientas que previamente usó ni dijo en cuál finca estaba trabajando, quién lo contrató, aspectos que no solo le restan credibilidad a su dicho, sino permiten derivar que la tesis acusatoria tiene suficiente sustento, de haberse valorado en forma correcta la prueba. Alega que la juzgadora desestimó que el imputado nunca brindó esas explicaciones ante los oficiales del Sinac que lo abordaron o en la fiscalía al ser indagado, justificándose en los nervios, lo cual estima es poco creíble, ya que de haberlo explicado se le hubiera sobreseído, evitándose un juicio. Considera extraño que en la audiencia preliminar el imputado hubiera optado por suscribir una medida alterna –suspensión del proceso a prueba- aceptando los cargos y asumiendo compromisos que finalmente incumplió, por lo cual cuestiona “por qué el imputado siendo presuntamente inocente y no tiendo ninguna relación con el delito bajo investigación, aceptó someterse a una medida alterna en esas condiciones?
Agrega que entiende que la estrategia de la defensa técnica puede llevar al acusado a declarar hasta el cierre del debate y abstenerse de declarar; sin embargo, el tribunal no valoró correctamente su declaración y le dio plena credibilidad, pese a las inconsistencias antes expuestas, restándole crédito a la prueba de cargo por razonamientos erróneos y sesgados. Reclama que otro aspecto que la jueza valoró en forma superficial y equivocada fue que los testigos Nombre04 como Nombre05 visitaron el lugar posteriormente y no ubicaron los tocones ni el parche de bosque afectado, pese a contar con las coordenadas, surgiéndole a la jueza una duda sobre la ubicación del verdadero sitio de los hechos, así como sobre la valoración del daño ambiental, la profundidad de la investigación desarrollada por el Sinac y por ende, la responsabilidad del imputado. Alega que se valoró erradamente esa prueba, porque el hecho de que el funcionario que detuvo al imputado no encontrara luego los tocones de los árboles talados y el parche del bosque afectado no le resta credibilidad a las indagaciones, porque esa visita se llevó a cabo bastante tiempo después, de modo que la acción de la naturaleza y de los humanos, en una zona rodeada de pastizales y terrenos de uso agrícola podrían explicar que desaparecieran tales elementos.
Se dejó de lado que los oficiales tomaron el día de los hechos las coordenadas y con la ayuda de mapas y de un gps regresaron al lugar, siendo ese el sitio correcto. Considera que ello no le resta credibilidad a la valoración del daño ambiental, porque se tomó de base el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013 que incluía las coordenadas, fotografías y demás insumos, pudiendo así elaborar su criterio, el cual explicó en juicio, aludiendo a la altura de los árboles talados y otros factores que se tomaron en cuenta, siendo irrelevante que no se localizaran los tocones, habida cuenta de los cambios que experimentó la zona con el pasar del tiempo. Señala que la no ubicación del parche de bosque, lejos de constituir una contradicción viene a reafirmar los relatos de los testigos, en el sentido de que el mismo pudo haber desaparecido con el transcurso del tiempo, por la intervención del hombre, existiendo pastizales y terrenos de uso agrícola a su alrededor que le han ganado terreno al bosque.
En cuanto se reprochó a los funcionarios del Sinac que no identificaran a los menores de edad presentes en el sitio, presuntos hijos de la pareja que estaba laborando en el lugar, aduciéndose que pudieron ser uno o ambos los que estaban usando la motosierra, estima que es un razonamiento carente de sustento y proporcionado para justificar una duda. Reclama que no se profundizó en el análisis y las razones para sustentar esa sospecha y, si bien es cierto, lo correcto hubiera sido identificarlos, ello no implica que la indagación esté viciada o hubiera dudas para absolver. Obvió la jueza que los funcionarios intervinientes son personas bastante experimentadas en su quehacer, que bien pudieron dejar por fuera a esos menores por sus observaciones de campo, entre ellas edad, estatura, peso, distancia de la maquinaria, estado de sus prendas, que les permitió inferir que no estaban tomando parte de la actividad delictiva, reiterando que ninguno de los testigos declaró que esas personas estuvieran a cargo de la motosierra, talando o aserrando los árboles.
Alega que ninguna de las citadas variables se tomó en cuenta, decantándose la jueza por concluir que si formaban parte del accionar delictivo, para concederle credibilidad al dicho del imputado y sustentar la duda de la absolutoria dictada. Como agravio alude que el erróneo y sesgado análisis de la prueba, con inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, lesionó la tutela judicial efectiva del Estado, declarando sin lugar la querella y la acción civil resarcitoria, sustentándose en la existencia de una duda en la autoría del imputado. Solicita se declare con lugar el recurso, se decrete la ineficacia del fallo recurrido, ordenando el reenvío para una nueva sustanciación. Posición de la defensa: No consta que la representación técnica del imputado hubiera expuesto su posición escrita ante el recurso de apelación incoado.
III.En virtud de encontrarse los anteriores recursos vinculados entre sí, se procede a conocerlos de forma conjunta, declarando sin lugar ambas impugnaciones. No es cierto que el Tribunal de sentencia hubiera absuelto al acusado a partir de una errada valoración de los elementos probatorios recabados en el debate, quebrantándose las reglas de la sana crítica racional como ha sido alegado ni que la motivación sea una sesgada e insuficiente. Una vez que se ha podido analizar de forma integral la sentencia escrita, se desprende que la decisión tomada se encuentra debidamente motivada y, ante todo, responde a una valoración hilada, concatenada, lógica y puntual de todos los medios probatorios evacuados, gracias a los cuales se desprende con suma claridad las razones por las que se concluyó que, de acuerdo con las particularidades del caso, había una duda razonable acerca de si, el imputado se encontraba realizando acciones de tala y aprovechamiento ilegal de madera, sin contar con los permisos respectivos.
Como punto de partida debe estipularse que el tribunal tuvo como hechos incontrovertidos los siguientes: i) el 24 de octubre del 2013 el funcionario Nombre04, en compañía de Nombre06 atendieron una denuncia en el sector de la Lucha de Río Jiménez de Guácimo; ii) que al arribar al lugar de los hechos se hallaron cuatro árboles talados y; iii) se generó un daño al ambiente. Pese a ello, la juzgadora consideró que la prueba indiciaria que sustentaba la tesis acusatoria no resultó suficiente ni le permitió arribar a un estado de certeza, acerca de la participación del imputado Nombre01 en la tala y aprovechamiento ilegal de madera, considerando más bien que existía una duda razonable. En el fallo se explicó ese estado de la siguiente forma: “el testigo Nombre04 (sic) asegura que el imputado Nombre01 también había estado trabajando que eso era obvio y arribó a esa conclusión porque según el testigo donde estaba el imputado sentado a la par estaba una motosierra misma que estaba tibia y que además todos los que estaban ahí tenían la ropa sucia con aserrín, no obstante, no es más que una presunción la que hace el testigo, es decir, no hay un elemento de prueba que señale con plena certeza que el imputado taló los cuatro árboles que se encontraban en el lugar y que además los estaba aprovechando de forma ilegal, el único elemento probatorio que lo señala como responsable de estos hecho es la declaración del testigo y el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013del 28 de octubre de 2013 que fue confeccionado por el mismo testigo Nombre04 plasmando sus conclusiones, que baso (sic) en meras especulaciones, que el imputado Nombre01 taló y aprovechó de manera ilegal la madera esto solo por que estaba en el lugar, con una motosierra tibia al lado y con su ropa sucia, pero esta prueba no es suficiente para acreditar los hechos, es prueba como se reitera basada en presunciones, no puede acreditar que la acción haya sido ejecutada o atribuible al imputado, por lo que se torna en prueba inidónea para derrumbar el estado de inocencia que cubre a Nombre01 (sic), mayor obstáculo aún para los entes acusadores es que el imputado en ejercicio de su defensa material señaló que solo pasaba por el lugar de los hechos y que se sentó almorzar ahí niega haber estado talando y aprovechando la madera de forma ilegal, da una justificación del por qué se encontraba en el lugar de los hechos y es creíble era un lugar abierto un parche de bosque como lo refirieron los testigos Nombre05 y Nombre04 (sic) donde habían potreros, el sonido de la motosierra llamó la atención hasta de los mismos oficiales del MINAE, puesto que se escuchaba, en igual sentido pudo llamar la atención de Nombre01 (sic) como así lo refirió que fue a ver quién era, además la ropa sucia era inevitable, es el campo, estaban en un lugar donde se encontraban aserrando sería ilógico pensar que tenían que estar limpios, por el contrario, el imputado venia (sic) de laborar en chapeas no tenía ninguna razón para cuidarse de no ensuciarse, de ser así ni siquiera hubiera acudido al sonido de la motosierra, asimismo el sentarse a la par de la motosierra tampoco es base suficiente para tener por hecho que la estaba usando el mismo testigo dijo que había un bloc de madera en el que estaba sentado el imputado pudo haberse sentado sin importarle que a la par de ese lugar donde se sentó estaba la motosierra, aunado a esto no se puede obviar que los tres imputados que fueron procesados en esta causa no fueron las únicas personas que se encontraban en el lugar de los hechos puesto que toda la prueba refiere que también habían dos jóvenes menores de edad que inclusive uno de los jóvenes era hijo de la pareja de (sic) imputados que se les siguió la causa aparte por someterse a una suspensión del procedimiento a prueba, así lo refiere el informe ACTO-GMRN-CP-DEN-044-2013, en el hecho enumerado como tercero “(...) también habían dos muchachos menores de edad uno de ellos hijo de la pareja.” Circunstancia que llegó a ratificar al debate el testigo Nombre04 cuando indicó “(...) en el sitio de los hechos solo ellos y un par de muchachitos que estaban por ahí(...) evidentemente no se investiga respecto de la presencia de estos jóvenes puesto que también pudieron ser ellos los que había utilizado la motosierra que estaba a la par de donde estaba sentado el imputado Nombre01, máximo si era el hijo de la pareja de imputados que se encontraba aserrando al momento que llegan los oficiales de MINAE, no obstante esta situación no se corrobora ni siquiera se consigna como (sic) se llamaban que edades tenían de manera tal que se pueda descartar que fueran ellos lo que usaban la motosierra, pero la presencia de estos menores generan (sic) una duda que se inclina y respalda la versión del imputado quien refiere que él no estaba aserrando ahí que solo fue a ver quiénes eran y que se sentó almorzar únicamente, cabe indicar que pese a que el testigo Nombre04 refiriera que pregunto (sic) de quien (sic) era la motosierra y que el imputado dijo que era de él es una situación que es controvertida por el imputado, ya que al respecto solo refiere que no le preguntaron si la motosierra era de él, que nada más lo hicieron firmar un papel que además no se lo leyeron a pesar de haberles informado que no sabía leer, ni escribir, por lo que solo es la palabra del testigo contra la palabra del imputado y ambas versiones son posibles, pero generan la duda razonable que se debe interpretar a favor del imputado según lo contempla el principio universal de in dubio pro reo es decir hay dos versiones contrapuestas que no tienen respaldo probatorio, las actas de comiso (sic) de la motosierras no son un elemento que sirva para probar fuera de toda duda la propiedad de dichos objetos y no se vino a demostrar a debate que alguna de la motosierras perteneciera al imputado Nombre01, por lo que cabe indicar que los entes acusadores no contrarrestaron por ningún medio de prueba la versión que dio el imputado en debate la prueba aportada no hizo imposible de creer la versión que dio este de los hechos, el referir como lo hicieron que no es creíble la declaración porque el imputado no la dio desde el inicio del proceso, que porque se la está sacando de la manga, no seria (sic) congruente con la advertencia del derecho de abstención que se le hace a los imputados en todo proceso penal y que además son asesorados por la defensa técnica y que en la mayoría de los casos les recomiendan que se acojan al mismo desde el principio de la investigación, al respecto en el presente caso el imputado refirió que estaba asustado, situación que es creíble puesto que fue abordado por autoridades forestales que le refieren que esta (sic) implicado en un delito, por otra parte tampoco es de recibo el argumento referido por los entes acusadores de que como el imputado se sometió a la salida alterna de suspensión de proceso a prueba y aceptó los hechos, que además no cumplió con la salida alterna es autor de los hechos, no es de recibo primero porque la información es incorrecta en la presente causa la cual el imputado Nombre01 (sic) en ningún momento se sometió a ninguna salida alterna y en segundo lugar porque aunque la información hubiera sido cierta situación que no fue el artículo 25 del Código Procesal Penal es claro al referir que: “Si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá considerarse como una confesión,(...) pero como ya se aclaró en ningún momento en la presente causa se dio ese presupuesto, por lo que a partir de la prueba testimonial y prueba documental, no se puede deducir que el imputado haya sido el autor responsable de la tala y el aprovechamiento ilegal de madera, ni mucho menos se ha logrado derrumbar el estado de inocencia que cubre al señor Nombre01.
Sobre la base de la argumentación empleada por la Fiscalía y la Procuraduría para atribuirle este hecho al acusado, los indicios no conducen de forma alguna a que el encartado haya ejecutado una acción ilícita, por lo que se impone el dictado de una sentencia absolutoria por duda.” (sic, transcripción textual folio 175 vuelto al 177 frente del legajo principal). La decisión venida en alzada no cuestiona de forma genérica el valor de la prueba indiciaria para sustentar una sentencia condenatoria sino analiza que, en el caso en particular, los indicios presentados eran abiertamente insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. En ese sentido consideró el a quo que la ubicación de Nombre01 en el sitio de los hechos, sentado sobre un trozo de madera, al lado de una motosierra que se encontraba tibia, a una distancia próxima de los otros coimputados, con su ropa sucia e impregnada de aserrín no permitían establecer con la certeza requerida que fue él la persona que taló los árboles y estaba haciendo un aprovechamiento ilegal de la madera, sin contar con los permisos de rigor.
Los argumentos que fueron esgrimidos por los recurrentes buscan desacreditar el examen que se hizo de cada indicio, como las conclusiones a las que arribó el a quo para disponer la absolutoria del acusado, pero en ese ejercicio fallaron en acreditar la existencia de un defecto o vicio en la apreciación de los mismos. Es criterio de este tribunal que los impugnantes se limitaron a enunciar un cúmulo de indicios que se extraían de la prueba, sin acreditar la existencia de algún error en el proceso lógico seguido por la juzgadora para su examen. Tampoco existe quebranto alguno a las reglas de la sana crítica racional, pues los razonamientos del Tribunal de mérito derivan válidamente de los elementos de juicio introducidos al debate, sustentando la absolutoria al concluirse que los indicios no resultaron ser graves, precisos y concordantes para establecer de manera unívoca, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado en los hechos acusados.
En relación a la validez de la prueba indiciaria para sustentar una condena dentro de un proceso penal, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que “los indicios que la conforman deben ser unívocos, y sólo serán eficaces, cuando por su medio, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces arriben a la certeza de que el hecho ilícito que se le atribuye a un acusado, efectivamente se produjo y le es imputable, y sólo una conclusión se desprende de ellos; si tal situación no se presenta, los indicios, individual y conjuntamente analizados, no pasan de ser simples datos sobre la posible comisión de un hecho delictivo, pero no constituyen un soporte firme del cual, sin lugar a dudas, se pueda inferir razonablemente la culpabilidad del enjuiciado.” (resolución 882-2000, de las 09:40 horas del 4 de agosto del 2000). En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas –ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material.
De la lectura del fallo se extrae que aquel declaró que, él se encontraba chapeando el potrero de un vecino, conocido como Nombre07, cuando escuchó el sonido de una motosierra y por eso se dirigió al sitio para determinar quién estaba trabajando, encontrándose con dos amistades suyas que estaban trabajando con la madera, por lo que él se quedó conversando con ellos y cuando reanudaron la faena, se sentó a comerse la merienda que traía antes de retirarse, siendo en ese momento que llegaron unos funcionarios que él identificó como del Minae. Agregó que él si vio unos árboles cortados en el suelo, pero no supo quién los había talado, más allá que sus conocidos le comentaron momentos antes que les habían regalado “unos palos” para arreglar su casa, rechazando haberles prestado ayuda o colaboración y que la motosierra fuera de su propiedad, señalando que los citados funcionarios le pidieron firmar un documento, pese a que él no sabía leer ni escribir, el cual no le leyeron ni mucho menos le explicaron su contenido.
Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra. Además se ponderó en forma adecuada que Nombre01 no fue encontrado aserrando madera o talando un árbol, como sí fueron hallados las otras dos personas a quienes se les siguió causa penal, sino fue localizado sentado sobre un trozo de madera, ingiriendo unos alimentos, como lo ratificó el testigo Nombre04. No comparte este tribunal la apreciación de los recurrentes en el sentido de que la localización de la motosierra cerca del imputado y que al tacto estuviera tibia demostraba su culpabilidad, porque tal como lo ponderó el a quo en el lugar habían otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, siendo posible que alguno de ellos estuviera usando dicha herramienta, sin que se comprenda la razón por la cual las partes consideraron que la misma estaba siendo usada por el acriminado.
Véase que, el estado sucio de su ropa no desvirtúa su inocencia, porque era lógico y hasta esperable que ese fuera su estado, partiendo de que aquel declaró que ese día estuvo chapeando un potrero, siendo una labor manual de trabajo en el campo en la que es usual que las prendas se ensucien y, justifica que se le observara sudado, más si se considera que todo ocurrió cerca del medio día, en una zona rural, en un campo abierto. Las partes han cuestionado que el endilgado tenía aserrín en sus ropas, pero ese elemento no permite derivar que estuvo aserrando la madera, dejándose de analizar que él estaba a una distancia corta de donde estaba usándose la sierra con marco, sentándose encima de un trozo de madera para ingerir alimentos, lo cual puede explicar con suma facilidad que se impregnara del aserrín que había en los alrededores, tal como se aprecia en las imágenes del informe policial, sin que pueda desvirtuarse que la fuerza del viento que genera la motosierra en funcionamiento hubiera contribuido a la expansión del aserrín en el sitio donde se estaban trabajando los árboles cortados.
Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis. Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión. En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo.
Por otra parte no puede dejar de analizarse que, de los argumentos esbozados por los recurrentes, se desprende que aquellos buscan desconocer la garantía de inocencia que cobija al acusado, cuestionando que el justiciable Nombre01 brindó hasta el final del juicio una versión en su descargo, negando su participación en los hechos que le venían siendo atribuidos. Como primer punto los recurrentes no lograron puntualizar cuáles fueron las supuestas inconsistencias en su relato y las razones por las cuales consideraron que su dicho era inverosímil, no siendo más que una apreciación subjetiva que no lograron sustentar debidamente. Por otra parte, esta cámara no puede compartir las observaciones que los recurrentes hicieron sobre la declaración del acusado, no solo por ser un razonamiento erróneo en el que se invierte la carga de la prueba, sino porque lesiona flagrantemente normativa supra constitucional -artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, constitucional -numeral 39 de la Constitución Política que establece que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”- como la legislación procesal -en el ordinal 9 del Código Procesal Penal que estipula que “El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código.
En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido […]”.- Soslayan las partes que en un proceso penal la persona acusada no debe demostrar su inocencia, porque existen normas jurídicas que obligan a tratarlo como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad y, en consecuencia, dicha persona no está obligada a brindar una versión de descargo, ni a hacerlo al inicio del proceso o en determinado momento ni mucho menos debe aportar pruebas en su defensa. Si en el ejercicio de sus derechos el imputado decidió renunciar al derecho de abstenerse de declarar y lo hizo en el propio juicio, ello no es un indicio de la mendacidad de su dicho, sino es la materialización de una garantía y por ello no resulta de recibo que las partes busquen explotar dicha situación para sustentar sus reclamos y procurar la nulidad de la sentencia.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justica desde larga data ha establecido que la decisión del imputado de declarar o no, no puede ser valorado en su detrimento, indicando lo que sigue: “Deben considerarse dos situaciones posibles: en la primera, el imputado se abstiene de declarar; en la otra, hace uso de su derecho a declarar, manifestando una versión en su defensa que es desvirtuada por otras probanzas a las cuales concede crédito el juzgador, conforme a las reglas de la sana crítica racional. En ambos casos resulta ilegítimo considerar que la actitud del imputado implica una ausencia de arrepentimiento de su parte, esto es absurdo, porque ambas hipótesis se sustentan en el derecho de defensa del imputado, garantizado por la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestra legislación procesal, de manera que el ejercicio legítimo de su derecho no puede ser óbice para que se le deniegue un beneficio al que tiene derecho a acogerse, cuando reúne los requisitos de ley para su concesión ..." (resolución número N 329-F-95, de las las 15:40 horas, del 8 de junio de 1995) criterio que esta cámara comparte plenamente y tiene plena vigencia.
Partiendo de la existencia del principio de inocencia, el imputado no estaba obligado a justificar ante los personeros del Sistema de Áreas de Conservación su presencia en el lugar, explicarles dónde estaba trabajando antes, la labor que estaba ejecutando, la ubicación de sus herramientas de trabajo y hasta el nombre de su patrono, como pretendía la representación del Estado que, al efecto ha soslayado que es a la parte acusadora a quien le incumbe desacreditar, con total certeza, la inocencia de Nombre01 y probar su participación dolosa en la tala y aprovechamiento de los recursos forestales, sin los permisos de ley. En la misma línea, resulta absolutamente inaceptable que se aluda a la medida alterna que el imputado pactó en el proceso, para intentar sustentar la impugnación, echando mano a la tesis de que una persona que se sabe inocente no pacta una medida de ese tipo. De la revisión de las piezas se extrae que el imputado sí pactó en la fase de debate una conciliación, no una suspensión del proceso a prueba, que fue revocada por su incumplimiento, pero ello no significa que él aceptara los cargos, como alude el recurrente Alfaro Ramírez, porque sencillamente tal situación no está prevista en el ordinal 36 del Código Procesal Penal como una condición para su aprobación y homologación.
Pero además olvida que ante el fracaso de la medida alterna el tribunal no puede tomarlo en cuenta para establecer el juicio de culpabilidad del acusado. Así las cosas, todos los cuestionamientos externados por los recurrentes en relación al ejercicio de la defensa del acusado no son de recibo y, fueron elementos bien apreciados por el tribunal que, abiertamente negó su ponderación como indicios de una supuesta culpabilidad. Finalmente, en cuanto a los reproches que se hicieron a la valoración ambiental que se práctico para la estimación del daño, los mismos carecen de interés desde que no se trató de ese elemento el que sustentó la absolutoria del acusado, sino que los elementos indiciarios fueron insuficientes para desvirtuar su inocencia.
En virtud de lo antes expuesto y una vez realizado el examen integral del fallo, no llevan razón los recurrentes en sus alegatos porque no existe quebranto alguno en la valoración probatoria, razón por la cual, los recursos se declaran sin lugar en todos sus extremos.
POR TANTO:
Se declaran sin lugar los recursos de apelación formulados por los licenciados Guillermo Cordero Camacho y Andrés Alfaro Ramírez, en su condición del fiscal del Ministerio Público y Procurador de la Procuraduría General de la República, respectivamente. NOTIFÍQUESE.- Alejandra Valenciano Chinchilla Alfredo Araya Vega Giovanni Mena Artavia Jueza y jueces de Apelación de Sentencia Penal Imputado: Nombre01 Ofendido: La Ley Forestal Delito: Tala y Aprovechamiento ilegal de Madera JMORALESGO
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