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Res. 00067-2021 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 27/07/2021
OutcomeResultado
The Court partially granted the claim, ordered the municipality to carry out infrastructure works to properly collect and convey stormwater and wastewater within six months, and awarded abstract material damages and moral damages.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda, ordenó a la municipalidad ejecutar las obras de infraestructura para recolectar y transportar adecuadamente aguas pluviales y residuales en un plazo de 6 meses, y condenó al pago de daños materiales en abstracto y daño moral subjetivo.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Court ruled on a lawsuit against the Municipality of San Rafael de Heredia for the discharge of stormwater and wastewater from the Nueva Jerusalén housing development onto the plaintiff's land. The plaintiff argued the development lacked proper sanitary and stormwater sewer systems, causing stagnation, foul odors, and deterioration of her agricultural property. The Court found no evidence of blackwater discharge, but confirmed continuous flow of untreated wastewater and stormwater. It rejected the municipality's objection of lack of passive standing, since the municipality owned the lands where the development was built and approved construction permits without ensuring the sanitary infrastructure required by the General Health Law and the Construction Law. The Court ordered the defendant to carry out the necessary works to properly collect and convey both types of water, and awarded damages in the abstract for material harm, moral damages, and costs.El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia por el vertido de aguas pluviales y residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén sobre la finca de la actora. La demandante alegó que la urbanización carecía de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial adecuado, lo que causaba estancamientos, malos olores y deterioro de su propiedad agrícola. El Tribunal determinó que no se probó el vertido de aguas negras, pero sí la descarga continua de aguas residuales (servidas) y pluviales. Se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva municipal, pues el municipio era propietario de los terrenos donde se desarrolló la urbanización y aprobó los permisos de construcción sin garantizar la infraestructura sanitaria exigida por la Ley General de Salud y la Ley de Construcciones. Se ordenó a la demandada ejecutar las obras necesarias para recolectar y transportar adecuadamente ambas aguas, y se condenó al pago de daño material en abstracto, daño moral subjetivo y costas.
Key excerptExtracto clave
For all the above reasons, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within six months from the finality of this judgment, to carry out the necessary infrastructure works both in the Nueva Jerusalén urbanization and on the plaintiff's property (folio real registration number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and convey to their discharge point the residual waters that, due to the land's topography, flow through the property registered under folio real Placa20746 in the plaintiff's name, works that must comply with the provisions of the Regulation on Discharge and Reuse of Wastewater (Executive Decree 33601 or the one in force), the Regulation on Approval of Wastewater Treatment Systems (Executive Decree 39887-S-MINAE or the one in force), the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urban Planning (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory norms. Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must, after notification of this judgment, implement the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out in order to provisionally address the problem of residual water discharge from the Nueva Jerusalén urbanization, and must report every three months to the judges of the sentence execution phase on the specific actions taken and the results obtained for this purpose, until the definitive solution to address the residual water discharge problem affecting the plaintiff's property is executed.En razón de todo lo expuesto, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente), en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente), Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resultara aplicable. No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora.
Pull quotesCitas destacadas
"las aguas pluviales 'deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire' (numeral 285 de la Ley General de Salud)."
"stormwater 'must be eliminated adequately and sanitarily to avoid contamination of soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and air contamination' (section 285 of the General Health Law)."
Considerando VI
"las aguas pluviales 'deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire' (numeral 285 de la Ley General de Salud)."
Considerando VI
"la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que 'las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten'."
"the obligation of the defendant municipality to effectively and definitively solve the problem of residual water discharge from the Nueva Jerusalén urbanization onto the plaintiff's property stems from its failure to exercise in a timely and efficient manner the powers imposed by the legal system, to guarantee and ensure that 'cities and other settlements meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands'."
Considerando VII
"la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que 'las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten'."
Considerando VII
"no se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses y otras sustancias tóxicas como metales pesados."
"under no circumstances is it recommended to use the coffee crops or exploit the farm, since prolonged exposure to residual waters permanently excludes it, for a period that must be monitored to eliminate pathogens, viruses, and other toxic substances such as heavy metals."
Informe pericial citado en Considerando VIII
"no se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses y otras sustancias tóxicas como metales pesados."
Informe pericial citado en Considerando VIII
Full documentDocumento completo
**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. SECTION FIVE. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A.** Goicoechea, at eleven hours thirty minutes on the twenty-seventh of July, two thousand twenty-one.- A pure-law declaratory proceeding filed by Nombre115061, identity card number CED89735, represented by Nombre33507, identity card number CED90967, in her capacity as Special Judicial Representative (folios 2, 3, 46, and 47 of the judicial file); against the **MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA**, represented by the Acting Mayor Roxana Francinie Morera Brenes, identity card CED90968, and whose directing attorney is Alba Iris Ortiz Recio, professional license number 3992 (images 1 to 2 of the brief received on 06-28-2021, visible in the filings folder of the virtual file).
**WHEREAS:** **1.-** The plaintiff's claims – which were adjusted in the preliminary hearing held beginning at 08:30 hours on May 29, 2014 – are: “... i. That it be declared that the Urbanización Nueva Jerusalén was built without the construction of septic tanks or a blackwater collection system that would allow the residents to access a healthy environment. ii. That the defendant is primarily responsible for the omission indicated in point i of this claim. iii. That the defendant be ordered to carry out the necessary infrastructure works so that the blackwater, greywater, and stormwater (that flow through the downspouts and gutters of the houses of the inhabitants of the Urbanización Nueva Jerusalén) DO NOT CONTINUE FLOWING ONTO MY PROPERTY TO MY SEVERE DETRIMENT, WORKS THAT MUST BE CARRIED OUT WITHIN A REASONABLE PERIOD UNDER PENALTY OF THE LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF OMISSION. iv. That the defendant be ordered to proceed to carry out infrastructure works on my property to free it from the flow of greywater, blackwater, and stormwater derived from the Urbanización Nueva Jerusalén, their residues, the waste derived from said waters, and to proceed to fill with suitable materials the basins where said waters flow. v. That the defendant be ordered to pay the damages, which in accordance with the provisions of numeral fifty-eight of the Contentious-Administrative Procedural Code, I specify as follows. MATERIAL DAMAGE. FACTS THAT ORIGINATE IT. Those set forth in the complaint. WHAT IT CONSISTS OF. The economic loss of the property's value. It is an incontrovertible fact that it has become a dumping ground for blackwater by the defendant entity, which, apart from the horrible spectacle it creates, the nauseating smell it provokes, the large breeding ground for mosquitoes, rats, and vermin with the perfect causation of diseases that it entails, means that the property has lost value as an estate. If I wanted to carry out any construction on it, it would be impossible for this reason. To sell it would be the same (we ask ourselves, who would want to buy a property in those conditions). Thus, I suffer economic losses on my property regarding its depreciation. ESTIMATION OF DAMAGE. Prudentially, I estimate the material damage in the sum of ten million colones without prejudice to what the expert in the matter estimates. SUBJECTIVE MORAL DAMAGE. FACTS THAT DETERMINE IT. Those contained in the complaint. WHAT IT CONSISTS OF. It consists of the anger, frustration, disillusionment, and disappointment I feel at not being able to enjoy my property due to the fault of the defendant and the poor planning it carried out when building the Urbanización Nueva Jerusalén. We cannot understand how a new residential unit is built without having planned the existence of an optimal blackwater or greywater collection system in a way that does not affect neighboring properties. Even more so, when it is known that they will be for people of scarce economic resources who cannot make future expenditures, as the respondent intends, by building septic tanks themselves whose cost they cannot pay. My property is used as a “tank” for blackwater or greywater by the entity, which constitutes a serious subjective moral damage to my detriment. ESTIMATION OF SUBJECTIVE MORAL DAMAGE. In the sum of ten million colones without prejudice to what is decided on the merits of the matter. vi. That they be ordered to pay the personal and procedural costs of the lawsuit...” (folios 43 to 44, 52 to 53, 123 to 124, 111 to 113 of the judicial file; digital backup of the preliminary hearing of 05-29-2014, which appears in a separate file).
**2.-** The representative of the Municipality of San Rafael de Heredia answered the complaint negatively; raised the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and requested that the plaintiff's claims be rejected (folios 69 to 70 of the judicial file).
**3.-** By resolution number 788-2013 at 07:30 hours on April 23, 2013, the Processing Judge rejected the first request for a precautionary measure filed by the plaintiff (folios 77 to 87 of the judicial file). It does not appear that the plaintiff filed an appeal.
**4.-** By order at 10:10 hours on June 25, 2013, the Processing Judge ordered the Municipality of San Rafael de Heredia to provide the administrative file under warning that it would proceed in accordance with the provisions of numerals 56.2 and 159 of the Contentious-Administrative Procedural Code (folio 90 of the administrative file). On June 28, 2013, the defendant presented a physical folder of the administrative file consisting of a total of 74 folios (see filing on folio 90 of the judicial file).
**5.-** The first preliminary hearing was held at 13:35 hours on July 19, 2013, whose digital backup appears in a separate file. During said hearing, the Processing Judge deemed the complaint answered affirmatively regarding the facts, not only because the municipal entity filed the answer to the complaint untimely, but also because on that occasion, it did not attach the administrative file (Articles 63, subsection 3, and 65 of the Contentious-Administrative Procedural Code). Finally, and as requested by both parties, the proceeding was suspended for a period of 6 months, so that they could try to reach a conciliatory settlement, warning them that otherwise, they must inform the Court in order to continue the processing of the case (folio 97 of the judicial file and digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-19-2013).
**6.-** The second preliminary hearing was held beginning at 13:35 hours on May 29, 2014, whose digital backup appears in a separate file. On that occasion, the Processing Judge deemed the plaintiff's request to provide the file from the Ministry of Health withdrawn and stated on the record that the representative of the plaintiff did not raise any objection to the administrative file provided by the respondent Municipality. Likewise, the claims were adjusted in the terms indicated in the first whereas clause of this judgment, and the defendant was granted a period of five business days provided for in numeral 95 of the Contentious-Administrative Procedural Code, to respond to the adjustment of the claims. Finally, by oral resolution number 1204-2014 issued at 09:57 hours on that same date, the defense of failure to join a necessary passive litisconsortium (litis consorcio pasivo necesario) with the Ministry of Health, raised in said proceeding by the Municipality of San Rafael de Heredia, was rejected – after granting a hearing to the plaintiff (folios 111 to 113 of the judicial file and digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 05-29-2014). It does not appear from the file that the defendant filed an appeal against the ruling that rejected the litisconsortium defense.
**7.-** Through a brief received on June 5, 2014, the representative of the Municipality of San Rafael de Heredia responded to the adjustment of the claims made by the plaintiff, opposing those related to the solution for the discharge of stormwater coming from Dirección14195 (folios 127 to 130 of the judicial file).
**8.-** The third preliminary hearing was held at 13:47 hours on September 19, 2014, whose digital backup appears in a separate file. In said proceeding, the Processing Judge, at the request of both parties, ordered the suspension of the case processing for two months, in order to send the file to the conciliation phase for whatever was appropriate by law (folio 138 bis of the judicial file; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 09-19-2014).
**9.-** By resolution at 09:00 hours on February 25, 2015, the conciliation hearing was deemed unsuccessful in accordance with the provisions of Article 75 of the Contentious-Administrative Procedural Code, and it was ordered that the file be remitted to the processing judge for their corresponding duties (folio 147 of the judicial file).
**10.-** The fourth preliminary hearing was held at 08:35 hours on July 1, 2015, whose backup appears in a separate file. On that occasion, the Processing Judge reiterated that there are no disputed facts, since they were taken as true in application of subsection 3) of Article 63 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, the entirety of the administrative file and the documentary evidence visible from folios 4 to 20 and 22 to 29 of the judicial file were admitted as evidence; the expert evidence offered by the plaintiff was also admitted, so that a civil engineer with experience in hydrology and urban planning would determine: "...1. On the nature of the omissions made by the defendant in the construction of the Urbanización Nueva Jerusalén in relation to the collection of blackwater or greywater and the possible solutions that must be made, as well as their cost. 2. On the form and manner in which the repairs to my property should be made and their cost. 3. On the viability of constructing a blackwater treatment plant in the area. Its cost and the possibility of doing it..."; a decision that was not objected to by any of the parties. Finally, the Processing Judge rejected the judicial inspection (reconocimiento judicial) proposed by the plaintiff's representative, who then stated that he was offering it as evidence for better resolution (folios 150 to 153 of the judicial file; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-01-2015).
**11.-** By order-judgment number 3105-2015 at 16:30 hours on December 2, 2015, the Processing Judge rejected the second request for a precautionary measure filed by the plaintiff (folios 162 to 165 of the judicial file). By written resolution number 144-2016-II at 15:00 hours on April 15, 2016, Section II of the Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal rejected as untimely the appeal filed by the plaintiff against ruling 3105-2015 (folio 173 of the judicial file).
**12.-** After five failed attempts and two shortlists submitted by the Federated College of Engineers and Architects, by resolution at 07:48 hours on October 12, 2017, Civil Engineer José Antonio Navarro Redondo was appointed as expert (perito), who accepted the position conditional upon the readjustment of his fee amount (images 362, 363, and 369 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**13.-** By resolution at 07:44 hours on November 8, 2017, the Processing Judge granted the appointed expert a period of 30 business days to submit the report and "... regarding the fee readjustment requested by the expert, he is informed that it must be made after the expert report is provided. However, proceed within a period of TWO BUSINESS DAYS to indicate the amount of the readjustment..." (image 373 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**14.-** By order at 13:10 hours on February 16, 2018, the Processing Judge granted a hearing of 03 business days to the parties, so that they could comment on the expert report submitted on February 13 of the same year (images 385 to 409 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment). The representative of the respondent Municipality did not comment within the granted period on the report issued by the expert.
**15.-** By resolution at 10:11 hours on February 27, 2018, the Processing Judge granted the expert a period of 05 business days to respond to the request for an addition to the report filed by the plaintiff's representative (images 415 to 417 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**16.-** By order at 15:47 hours on March 7, 2018, the Processing Judge granted the parties a period of 03 business days to comment on the brief in which the expert responded to the request for an addition to the report filed by the plaintiff's representative (images 429 to 433 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment). The representative of the respondent Municipality did not comment within the granted period on what was stated by the expert.
**17.-** By means of a resolution at 16:08 hours on October 4, 2018, the Processing Judge ordered: "...The expert report presented by engineer José Antonio Navarro Redondo is deemed as rendered and supplemented. Regarding what was stated by the plaintiff concerning the expert report, since it refers to disagreement, the requests are rejected. Now, regarding the brief of new facts submitted by the plaintiff, a period of THREE DAYS is granted to the defendant to respond to it. Finally, in view of the request for a precautionary measure filed by the plaintiff, a hearing is granted for the same period indicated above to the defendant, so that it may respond in writing (Article 24.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code)..." (images 438 to 441 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**18.-** By order-judgment number 1767-2018 at 16:03 hours on November 2, 2018, the Processing Judge rejected the third request for a precautionary measure filed by the plaintiff (images 495 to 501 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment). By oral resolution number 116-2019-I at 15:30 hours on March 18, 2019, Section I of the Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal ordered: "...Resolution number 1767-2018, of sixteen hours three minutes on November second, two thousand eighteen, which denied the precautionary measure, with respect to claim number one, is confirmed. Regarding claim number two, a lack of current interest is declared, since the works have already been completed..." (images 506 and 507 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**19.-** Through a ruling at 13:22 hours on July 5, 2019, the Processing Judge resolved: "...In view of the plaintiff's request to set a date for holding a preliminary hearing (brief dated January 21, 2019), it lacks relevance since, as stated in the minutes of the preliminary hearing of July 1, 2015, it was held and all its stages were covered. In another order of ideas, given that the expert report has already been rendered by engineer José Antonio Navarro Redondo, and the defendant has been summoned regarding the new facts presented by the plaintiff (see resolution at sixteen hours and eight minutes on October four, two thousand eighteen). Since there is evidence to be examined, it is ordered that this matter be elevated for consideration to the corresponding Tribunal by turn..." (images 471 to 474, 554 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
**20.-** By order at 07:40 hours on September 23, 2019, an oral and public trial hearing was scheduled, to be held in Hall 1 of Annex A of the Second Judicial Circuit of San José, beginning at 08:30 hours on July 1, 2021 (images 1 to 3 of the resolution of 09-23-2019, visible in the associated documents folder of the virtual file).
**21.-** By resolution at 14:13 hours on June 16, 2021, it was ordered - in what is relevant -: i) "...the parties are granted a period of 48 HOURS, in order for them to express their agreement or not regarding the waiver of the examination of evidence that requires the intervention of a person testifying as a judicial expert (plaintiff). In the event that the hearing granted for this purpose is answered affirmatively, they will be duly notified of the resolution granting them the respective period to submit their conclusions in writing, after which the fifteen business day period for the issuance of the judgment provided for in Articles 98 subsection 2) of the Contentious-Administrative Procedural Code, in relation to subsection 4) of Article 82 of the Autonomous Regulation on the Organization and Service of this Jurisdiction, will begin to run from the first following business day. Finally, it should be noted that in the event that the parties express their desire for the evidence examination hearing to take place, on the date set for this purpose in the order at 07:40 hours on September 23, 2019, it will proceed in accordance with the provisions in the following sections..."; ii) "...with the purpose of holding the trial hearing on the date set by the order at 07:40 hours on September 23, 2019 - namely: July 1, 2021, beginning at 08:30 hours in Hall 1 of Annex A of the Second Judicial Circuit of San José -, and not delaying the processing of this matter further, said proceeding could be held in a mixed modality (in-person/virtual). In this sense, and based on circular number 137-2020, of July 6, 2020, published in Judicial Bulletin N°150 of August 6, 2020, which contains the “Protocol for holding oral hearings in a fully or partially virtual modality through the use of technological tools in Contentious-Administrative and Civil Treasury matters of the Judicial Branch of Costa Rica”, approved by the Full Court in Article V of Ordinary Session N°37-2020 of June 29, 2020, the parties and the judicial expert are granted a period of 48 HOURS, counted from the notification of this ruling, to express their availability for holding the hearing in a mixed modality (in-person/virtual). IN THE EVENT THAT A RESPONSE TO THIS HEARING IS OMITTED, THE EVIDENCE EXAMINATION PROCEEDING WILL BE HELD IN-PERSON – only with respect to the party or judicial expert who does NOT do so or who opposes it in a reasoned manner, ON THE DATE AND TIME PREVIOUSLY SET ABOVE, THAT IS, BEGINNING AT 08:30 HOURS ON JULY 1, 2021..." (images 1 to 12 of the ruling of 06-16-2021, visible in the associated documents folder of the virtual file).
**22.-** By ruling at 15:47 hours on June 24, 2021, it was resolved: "...the oral examination of the expert evidence that was admitted to the plaintiff, at the preliminary hearing held in this declaratory proceeding on July 1, 2015 (folios 151 and 152 of the judicial file; digital backup of the preliminary hearing of 07-01-2015), is hereby deemed waived, therefore and in accordance with the provisions of subsection 2) of Article 98 of the Contentious-Administrative Procedural Code, this matter is declared as one of pure law (puro derecho) (...) The parties are granted a period of FIVE BUSINESS DAYS to submit their conclusions in writing (Article 95 of the Contentious-Administrative Procedural Code), after which the fifteen business day period for the issuance of the judgment provided for in Articles 98 subsection 2) of the Contentious-Administrative Procedural Code, in relation to subsection 4) of Article 82 of the Autonomous Regulation on the Organization and Service of this Jurisdiction, will begin to run from the first following business day. The parties are warned that in the conclusions, it is not permissible to introduce facts or arguments different from those that have already been subject to adversarial debate, in accordance with the criterion contained in judgment number 001151-A-S1-2019 at 09:10 hours on July 11, 2019, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (...) Finally, the scheduling of the evidence examination hearing set for 08:30 hours on July 1, 2021, in Hall 1 of Annex A of the Second Judicial Circuit of San José is hereby vacated..." (images 1 to 3 of the resolution of 06-24-2021, visible in the associated documents folder of the virtual file).
**23.-** On June 28 and July 1, 2021, the briefs containing the conclusions of the representatives of the defendant and the plaintiff, respectively, were received (see filings folder of the virtual file).
**24.-** In the proceedings before this Tribunal, no grounds for nullity that must be corrected or that generate defenselessness have been observed. Consequently, the deadline for issuing this judgment provided for in Articles 98 subsection 2) of the Contentious-Administrative Procedural Code, in relation to subsection 4) of Article 82 of the Autonomous Regulation on the Organization and Service of this Jurisdiction, expires on July 27, 2021. This is because, by Law number 9875, the holiday of July 25, 2021 (Day of the Annexation of Guanacaste), was moved to the immediately following Monday, that is, to July 26, 2021.
Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judge Sánchez Navarro and Judge Mena García; and, **WHEREAS:** **I.- ON THE JUDICIAL INSPECTION OFFERED AS EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION IN THE PRELIMINARY HEARING OF JULY 1, 2015.** Prior to the list of proven and unproven facts and the substantive analysis of this matter, this Tribunal must rule on the judicial inspection offered by the plaintiff's representative, immediately after the Processing Judge rejected that evidence in the preliminary hearing held on July 1, 2015 (folios 150 to 153 of the judicial file; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-01-2015). In that sense, this Tribunal considers that according to the provisions of Articles 110 and 148 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the judicial inspection evidence offered for better resolution by the plaintiff should not be admitted for the following reasons: 1) In the first instance, it must be remembered that the object of the proceeding is to determine whether the greywater and stormwater from the Urbanización Nueva Jerusalén are discharged or not onto the property registered in the plaintiff's name under the real folio registration number Placa20746, and if so, determine whether that circumstance has caused or not material and subjective moral damages to the plaintiff, and whether it is appropriate to apply or not the technical measures that may be necessary to solve that problem; 2) For the foregoing reason, the judicial inspection offered as evidence for better resolution is not relevant in the specific case - as the Processing Judge had already indicated when rejecting said offer in the preliminary hearing of July 1, 2015 - since the file already contains expert and documentary evidence - including photographs - in which the situation of the plaintiff's property is described in detail; 3) For the foregoing reason, the evidentiary measure offered does not provide new elements of conviction to this Tribunal, since as the plaintiff's representative indicated in a brief visible at folio 95 of the judicial file, the offered inspection is "...of a subsidiary nature if the Court accepts the expert evidence...", as happened in this case, since a technical opinion issued by a professional with experience in sanitary engineering and water was required to determine - based on the field visit they would make to the property - what the situation of the land is, what the causes are that motivate that state, and the possible solutions to apply in the specific case. Without prejudice, of course, to the documentary evidence provided by both parties, which includes technical reports - with photographs - issued by officials of the Ministry of Health and the respondent Municipality itself, on the state of the property and the causes that originate it. 4) At this point, it is worth recalling the reiterated criterion of the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, to the effect that the rejection of evidence for better resolution does not produce defenselessness for the parties. Among other rulings, the relevant part of Voto N° 547-F-2002 of sixteen hours on July twelfth, two thousand two, issued by the First Chamber, which states: “(…) IV.- Multiple precedents of this Chamber, referring to evidence for better resolution, have indicated that this is evidence of the judge, and not of the parties. Consequently, the decision to gather it is optional for the jurisdictional body, and it may dispense with it without the need for any resolution. Hence, the omission of a ruling regarding it, precisely because the evidentiary stage has been surpassed, in which the parties must demonstrate the facts constituting their right, as imposed by the rules on the burden of proof, and once that stage has concluded, it will be the exclusive power of the judge to determine whether new evidence necessary for the correct decision of the dispute should be added to the record. Among many others, the following resolutions may be consulted; 59 of 15:20 hours on May 31, 1996, 23 of 14:20 hours on March 4, 1992, 34 of 10:45 hours on May 28, 1993, and 83 of 14:40 hours on December 22, 1993. (…)”. For all the reasons stated, the judicial inspection offered as evidence for better resolution by the plaintiff is rejected.
**II.- PROVEN FACTS:** The following facts, which are relevant to this proceeding, are deemed duly accredited: 1) That the plaintiff is the registered owner of the property registered under real folio registration number Placa20746, described in cadastral plans number Placa21473 and Placa21474, which is coffee plantation land, located in Concepción of San Rafael de Heredia (folio 11 of the administrative file; see the registration entry for property Placa20746, in the free consultation option on the website: https://www.rnpdigital.com); 2) That on August 4, 2009, the plaintiff filed a complaint before the Ministry of Health, because "dirty waters" coming from Dirección14195 are discharged onto her property (folio 16 of the judicial file); 3) That as of August 4 and August 6, 2009 - dates on which the plaintiff filed the respective complaints before the Ministry of Health and the respondent Municipality, for the discharge of residual waters (aguas residuales) from the Urbanización Nueva Jerusalén onto her property - the property with real folio registration number Placa21475 on which the indicated urban development project was developed, was still in the name of the respondent municipal entity (it is inferred from folios 1, 9 of the administrative file; 7, 8, 14 to 16 of the judicial file; see the registration entry for property Placa21475 and its segregations, in the free consultation option on the website: https://www.rnpdigital.com); 4) That through official letter number OIM-1130-90 of September 8, 2009, the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia indicated to the Architect of that same municipal entity, that it was verified in an inspection carried out on an unspecified date, that "... the Jerusalén urbanization discharges soapy waters into the street and these then fall at the back of the property of Mrs.
Name115061 , causing: water and the passage of time to open a large ditch or trench crossing the property to the front of the property and ending in an 18-inch culvert pipe..." (folios 06 to 08 of the administrative file; the highlighting is not from the original); 5) That by official communication MSRH-DCU-910-2009 of December 14, 2009, the Head of the Department of Development and Urban Control of the defendant Municipality, indicated—in relevant part—: i) "...There is no reason, nor mechanical logic for the wastewater from the houses of the "Municipal" Jerusalén housing development to discharge directly into the ditch line and subsequently travel westwards, entering the property of Mrs. Nombre115061 , and stagnating in the open air..."; ii) "... Upon compiling confidential information from the municipal archives, data is obtained indicating that the construction permits date back to 1998, when the lots were awarded to the beneficiaries and they committed to building their homes immediately, it being understood that this was with the municipality's endorsement..."; iii) "...From a technical point of view, it is recommended to develop a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061. It remains to be decided by the legal department and the Municipal Council whether or not it is feasible to execute said project in the park areas located on the west side of the Jerusalén project..." (folios 7 and 8 of the judicial file and 9 of the administrative file); 6) That between January 22 and 26, 2010, the Head of the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Rafael de Heredia, sent notices to at least nine neighbors of the Nueva Jerusalén Housing Development, so that they would jointly solve the problem of wastewater discharge onto the plaintiff's land (folios 13 to 22, 25 of the administrative file); 7) That by those dates (January 22 and 26, 2010), the property with registration number Placa21475 on which the Nueva Jerusalén urban development project was carried out, was still registered in the name of the Municipality of San Rafael de Heredia, given that it was not until November 13, 2013, that the segregations made in favor of the beneficiaries of that subdivision (fraccionamiento) began to be registered in the Property Registry (see the registry entry for property Placa21475 and its segregations, in the free search option on the website: https://www.rnpdigital.com/); 8) That in official communication number ARS-SR-B-REG-068-10 of February 29, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, indicated—in relevant part—that: "...it is observed how the passage of both rainwater and greywater discharges from north to south within her property along approximately 100 meters and that the same stagnate in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even an adequate sewer system was set up for the rainwater discharge with its corresponding manholes (....) at the time of the last visit, it is observed that practically 90% of the land for said dwellings has been built upon, so that to date most lack area to drain said waters (greywater) and connecting them to the septic system would promote a blackwater problem in said dwellings with the aggravating factor that it would then further contaminate the rainwater drainage system (...) It is clear that rainwater and greywater from the Urb. (sic) Jerusalém are evacuated through the property of the complaining party, which has been the case since the beginning of the project..." (folios 24 to 26 of the administrative file; 11 to 13 of the judicial file; the highlighting is not from the original); 9) That the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area, indicated to the Municipal Mayor of San Rafael, by official communication number ARS.SR-B-304-2012 of March 1, 2010, that "...As an important point requiring immediate action, it is considered appropriate for the Municipality of San Rafael to proceed with dredging the discharge ditch for the waters in conflict and to provide maintenance to it while it is decided what will be done with said evacuation system...", for which reason, she requested that "...you inform us of the actions taken and those to be taken for a solution to this complaint..." (folios 22 and 23 of the administrative file); 10) That by official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 of November 30, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, pointed out—in relevant part—that: i) "...It has already been proven that the discharge of greywater and rainwater occurs towards the property of the complaining party; the issuance of the respective sanitary orders is pending (...) To rule out the possible discharge of blackwater towards the rainwater gutter system or public sidewalk, the respective dye tests were carried out on the houses of the Jerusalén Housing Development, all resulting negative, meaning the existence of illicit connections of septic tank waters to the rainwater evacuation system is ruled out as of this date, what is left clear and confirmed is that 90 percent of the houses of said Housing Development discharge greywater into the rainwater evacuation system..."; ii) "...the passage of rainwater through her property would not be eliminated due to the slope and level reasons that were established from the outset when the infrastructure of said Housing Development was built..."; iii) "...the adequate disposal of rainwater is purely a municipal responsibility and, not having reached any agreement with the complaining party in this regard to date, a sanitary order will be issued so that it is eliminated in an adequate sanitary manner, conditioning the necessary infrastructure for such purpose..." (folios 29 to 31 of the administrative file; 22 to 24 of the judicial file; the highlighting is not from the original; the highlighting is not from the original); 11) That both the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area and the plaintiff requested from the Municipal Mayor of San Rafael on April 27 and June 11, 2011, respectively, that he proceed to report on the concrete actions to comply with sanitary order number 002-11-S, regarding the adequate and sanitary elimination of rainwater coming from the Nueva Jerusalén Housing Development from the property owned by the plaintiff (folios 6, 8 and 10 of the judicial file; 32 and 33 of the administrative file); 12) That by official communication number 1130-2011 AMRSH of June 20, 2011, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia, informed the plaintiff that "...I have not started the works in the Jerusalén Housing Development given that the procurement process has many stages, according to the established rules that apply to us; this means that the time required to have the materials at the site is two months, once those materials are available, we will proceed to carry out those works..." (folios 5 of the judicial file and 33 of the administrative file); 13) That in a report received on February 13, 2018 in this Office, the judicial expert José Antonio Navarro Redondo, concluded—in general terms—that: i) "...The property borders the lower part of the Nueva Jerusalem Housing Development, for which reason both the wastewater and the rainwater concentrate within the property, since there is no outlet (...) The Nueva Jerusalén Housing Development does not have an adequate solution for the dwellings' wastewater. In the inspection carried out, the direct discharge of wastewater to the ditches is observed. The site does not have a wastewater treatment plant in the Nueva Jerusalén housing development. Due to the topography of the area, the waters are channeled directly onto the property under study..."; ii) "...It is important to highlight the need to have a treatment solution; due to the characteristics of the houses and the available space, the only viable option is a collective solution, that is, the construction of a treatment plant for the Nueva Jerusalén Housing Development..."; iii) "... The plantations on property No. 63408 show significant deterioration resulting from the permanent exposure to wastewater. (...) The degree of affectation of the property can be determined at 50% of the property from the visual inspection, which does not exclude the other 50% if contamination by percolation of the wastewater could be proven, due to the stagnation and spreading of the wastewater across its extent; the whitish coffee plants make evident the generation of fungi and other pathogens on the body of the coffee plants. (...) Under no circumstances is it recommended to make use of the coffee crops or exploit the property, since the prolonged exposure to wastewater permanently excludes it—for a period that must be monitored for pathogen, viruses (sic) and other toxic substance elimination such as heavy metals, all products that are transported in wastewater. There is evidence that since the year 2010 the property has been permanently and continuously exposed to high-risk health contamination (...) The main affectation renders the property disabled for its agricultural use (...) therefore the cost should be estimated as the loss of its use as an agricultural property dedicated to coffee cultivation..." (images 390 to 393 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment; the highlighting is not from the original); 14) That the water channeling works carried out in the month of July 2018 by the Technical Road Management Unit of the defendant Municipal Corporation, in the sector where the plaintiff's property is located, "...DO NOT contemplate modifications NOR diversions of the existing rainwater drainage systems in the surroundings. Apart from the above, the works being carried out are entirely within the right of way and only receive the waters from the taxpayer's property..." (see official communication MSRH-DPUT-336-2018 of October 12, 2018, signed by Engineer Erick Camacho Sánchez from the Urban and Territorial Planning Directorate of the Municipality of San Rafael de Heredia, from image 465 to 467 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment); 15) That the subdivision (fraccionamiento) that gave rise to the Nueva Jerusalén Housing Development was carried out on property 118273-000 owned by the Municipality of San Rafael de Heredia (it is inferred from the documents visible at folios 9, 10 and 24 of the administrative file; 7 and 11 of the judicial file; see the registry entry for property 118273-000 and its segregations, in the free search option on the website: https://www.rnpdigital.com/); 16) That the former titleholder of property 63408-000 —which currently belongs to the plaintiff, under rights 001 and 002— "...agreed that said waters could pass through his property in exchange for being granted an access street at the end of the project in case he someday planned to create lots (...) the initial problem arose when the previous owner agreed to allow rainwater passage through his property and there should have been an agreement for its maintenance..." (folio 24 of the administrative file; and 11 of the judicial file, which contains an official communication of February 29, 2009 from the Ministry of Health); 17) That due to the topography of the land registered in the plaintiff's name under folio real registration number Placa20746 , "...both the wastewater and the rainwater concentrate within the property, since there is no outlet (...) The site of the Nueva Jerusalem housing development is a medium-high slope site in San Rafael de Heredia, which causes the channeled rainwater to have a lot of inertia and generate much turbulence when discharging either into the ditches or onto property Placa21472°. The rainwater resulting from runoff in the area flows directly into the affected property. Since it is the lowest point and rainwater tends to flow to the point of least energy, it causes overflows towards the property in question (...) The natural slope of the land and the mechanical design of the Nueva Jerusalén Housing Development cause the rainwater to be channeled towards property Placa21472°..." (images 389 to 394 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment, which contains the expert report; folio 11 of the administrative file; the highlighting is not from the original); 18) That the rainwater and greywater coming from the Nueva Jerusalén Housing Development "...discharge from north to south within her property along approximately 100 meters and stagnate in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even an adequate sewer system was set up for the rainwater discharge with its corresponding manholes...", which causes "...the water and the passage of time to open a ditch or trench crossing the property and ending in an 18-inch culvert pipe and also allows a large number of mosquitoes, bad odors and stagnant water..." (folios 24 to 26, 06 to 08 of the administrative file; 11 to 13 the judicial file, which contain official communications of February 29, 2009 from the Ministry of Health and of September 8, 2009 from the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael); 19) That blackwater from the Nueva Jerusalén Housing Development is not discharged onto the property with registration number Placa20746 owned by the plaintiff (it is inferred from the evidence visible at folios 6 to 9, 24 to 26, 29 to 31 of the administrative file; 7, 8, 11 to 13, 22 to 24, 385 to 398 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment).
III.— FACTS NOT PROVEN. Of relevance to this process, the following are considered not proven: a) That the defendant Municipality fulfilled sanitary order number 002-11-S, issued by the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, to proceed with the adequate and sanitary elimination of the rainwater coming from the Nueva Jerusalén Housing Development, discharged onto the property owned by the plaintiff (there is no evidence in the file); b) That the municipal corporation complied with the requirement established in article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers —relating to the approval of systems for the disposal and/or treatment of rainwater and wastewater in subdivisions and housing developments (fraccionamientos y urbanizaciones)— prior to granting, starting in 1998, the construction permits for dwellings in the Nueva Jerusalén Housing Development (there is no evidence to demonstrate this); c) That the defendant municipal entity applied any corrective measure, in order to provide a provisional treatment to the problem caused by the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén urban development project, onto the property Placa20746 that belongs to the plaintiff (it is not inferred from the evidence adduced to the proceedings); d) That the competent authorities of the Municipality of San Rafael de Heredia have pronounced themselves on the recommendation given by the Head of the Department of Development and Urban Control of that same entity since the month of December 2009, regarding developing "...a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061..." (there is no evidence in the file).
IV.— PURPOSE OF THE PROCEEDINGS. The PLAINTIFF maintains: 1) She indicates that her principal is the owner of the property in the province of Heredia, folio real registration number Placa20746 , described in cadastral plans number Placa21476 and Placa21477. Likewise, that said property borders the Nueva Jerusalén Housing Development, which does not have an adequate mechanism for the reception and treatment of blackwater, rainwater, and wastewater, for which reason it was decided to deposit, in an empirical manner and without any treatment, said waters into a canal that crosses the property of her client. 2) She affirms that the serious problem is that the waters always stagnate and cause bad odors and mosquito breeding grounds. She adds that even though the plaintiff has not built on said property, she does not have to bear how her estate turns into a municipal dump. 3) She maintains that the houses built in the Nueva Jerusalén Housing Development do not have a septic tank or sanitary sewer system, because the Municipality, at the time of construction, did not require that infrastructure to be built, for which reason, the only outlet that the residents of said dwellings have is for the blackwater to fall onto the plaintiff's property, with grave prejudice to her client. She alleges that it is not possible that a residential complex was built without the existence of an optimal system for collecting blackwater or greywater having been planned in such a way that it does not affect neighboring properties. Even more so, when it is known that it was intended for people who, due to their socioeconomic condition, would find it difficult to make future expenditures aimed at building septic tanks that should have been foreseen in the construction plans for the housing development. 4) She states that the plaintiff has sent various letters to the defendant entity requesting that a solution be sought that satisfies all involved. She even filed a complaint before the Ministry of Health, which verified the existence of the problem and ordered the entity to resolve it, without the necessary measures having been taken for such purpose to date. 5) She points out that the Municipality proposed to some neighbors of the Nueva Jerusalén Housing Development that they build a septic tank in their respective homes, without prejudice to the fact that the Head of the Department of Development and Urban Control of the municipal entity itself also recommended to the Mayor that a treatment plant be built in the residential area’s playground to solve the problem. However, although the Mayor indicated to her principal that the procurement process to carry out the works comprised several stages and that the materials would take two months to arrive at the site, the truth is that no solution has materialized. 6) She considers that all this has caused the plaintiff material damages that must be compensated, consisting of the economic loss of the property's value, by turning it into a dump for blackwater, wastewater, and rainwater, which she prudentially estimates at 10 million colones. Likewise, she maintains that she has suffered subjective moral damage, consisting of the anger, frustration, disillusionment, and disappointment she feels at not being able to enjoy her property due to the fault of the defendant and the poor planning that was done when building the Nueva Jerusalén Housing Development, damage that she also estimates in the amount of ten million colones, without prejudice to what is decided on the merits of the matter. For its part, the representative of the defendant Municipality states that: a) The Municipality cannot be forced to carry out any drainage or piping works on the waters that run naturally due to rain runoff. Above all, considering that, as demonstrated by the Ministry of Health Inspector's Report, the plaintiff agreed to use a canal for water evacuation, and now that it causes possible nuisances, she intends to close it, without considering the subsequent consequences for the neighbors of the area and for the people living downstream. b) She affirms that it is also recorded in the documentary evidence provided that the Municipality did not carry out the Nueva Jerusalén urban development, but rather merely donated the land, therefore claiming that it is its obligation to resolve the situation is not admissible. She states that although it is true that the municipality approved the construction permits, it is also true that all mandatory urban planning regulations were complied with. c) She points out that urban planning regulations obligate the owners of the lands, plots, and properties to be the ones who must solve the problems they themselves cause; otherwise, one would be taking advantage of the very fraud of those owners. She maintains that from the documentary evidence in the file, it can clearly be inferred that the municipality did not build any urban development and, consequently, did not build a system for evacuating wastewater into rainwater drains, and that by jurisdiction, this matter must be known and resolved by the Ministry of Health. d) She indicates that it is proven that the property with folio real registration number Placa21472°, described in cadastral plan H-0000481-1966, is owned by Mrs. Nombre115061. That as recorded in said plan, on the property there is a watercourse that runs north to south, which serves as a rainwater drain for a sector of the public streets existing in the area and therefore for the dwellings located in the sector. This property is also at a lower topographical level than the public street of the Jerusalén Housing Development, so the rainwater from said development flows according to the natural topography, which causes the runoff to be natural. This is so, pursuant to the provisions of article 20 of the General Law of Public Roads, which states: "...possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and let flow within their properties the waters from the roads when the slope of the land so determines...". For the above reason, she considers that it is the plaintiff herself who must proceed to carry out the piping works that the technicians determine, without causing harm to the neighbors of the sector or those downstream. e) Regarding blackwater, she alleges that one must adhere to the provisions of articles 285, 286, 287, 290, and 297 of the General Health Law, this being the jurisdiction of the Ministry of Health; however, she points out that there is no evidence whatsoever proving that there is a blackwater discharge on the site.
V.— REGARDING CLAIMS 1, 2, 3, AND 5 OF THE COMPLAINT CONCERNING THE ALLEGED DISCHARGE OF BLACKWATER ONTO THE PLAINTIFF'S PROPERTY. Contrary to what the plaintiff's representative maintains, it is considered proven that blackwater from the Nueva Jerusalén Housing Development is not discharged onto the property with registration number Placa20746 owned by his client. In this sense, the technical opinions issued not only by the Construction Departments and the Development and Urban Control Department of the Municipality of San Rafael de Heredia coincide, but also those by the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health and the judicial expert Engineer José Antonio Navarro Redondo (see folios 6 to 9, 24 to 26, 29 to 31 of the administrative file; 7, 8, 11 to 13, 22 to 24, 385 to 398 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment). In this regard, by official communication number OIM-1130-90 of September 8, 2009, the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia, indicated to the Architect of that same municipal entity, that it was found that "...soapy waters discharge from the Jerusalén housing development onto the street and these later fall into the rear part of the property of Mrs. Nombre115061 , causing: water and the passage of time to open a large ditch or trench crossing the property to the front of the property and ending in an 18-inch culvert pipe..." (folios 06 to 08 of the administrative file; the highlighting is not from the original). Likewise, through official communication MSRH-DCU-910-2009 of December 14, 2009, the Head of the Department of Development and Urban Control of the defendant Municipality, indicated: "...There is no reason, nor mechanical logic for the wastewater from the houses of the "Municipal" Jerusalén housing development to discharge directly into the ditch line and subsequently travel westwards, entering the property of Mrs. Nombre115061 , and stagnating in the open air..." (folios 7 of the judicial file and 9 of the administrative file). For its part, in official communication number ARS-SR-B-REG-068-10 of February 29, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, indicated—in relevant part—that "...it is observed how the passage of both rainwater and greywater discharges from north to south within her property along approximately 100 meters and that the same stagnate in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even an adequate sewer system was set up for the rainwater discharge with its corresponding manholes (....) at the time of the last visit, it is observed that practically 90% of the land for said dwellings has been built upon, so that to date most lack area to drain said waters (greywater) and connecting them to the septic system would promote a blackwater problem in said dwellings with the aggravating factor that it would then further contaminate the rainwater drainage system (...) It is clear that rainwater and greywater from Dirección14196: are evacuated through the property of the complaining party, which has been the case since the beginning of the project..." (folios 24 to 26 of the administrative file; 11 to 13 of the judicial file; the highlighting is not from the original). Now, as part of the follow-up to the complaint filed by the plaintiff on August 4, 2009, before the Ministry of Health (folio 16 of the judicial file), Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, pointed out in official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 of November 30, 2010, that "...It has already been proven that the discharge of greywater and rainwater occurs towards the property of the complaining party; the issuance of the respective sanitary orders is pending (...) To rule out the possible discharge of blackwater towards the rainwater gutter system or public sidewalk, the respective dye tests were carried out on the houses of the Jerusalén Housing Development, all resulting negative, meaning the existence of illicit connections of septic tank waters to the rainwater evacuation system is ruled out as of this date, what is left clear and confirmed is that 90 percent of the houses of said Housing Development discharge greywater into the rainwater evacuation system..." (folios 29 to 31 of the administrative file; 22 to 24 of the judicial file; the highlighting is not from the original). Finally, in a report received on February 13, 2018, the judicial expert José Antonio Navarro Redondo, concluded—in general terms—that: "...The property borders the lower part of the Nueva Jerusalem Housing Development, for which reason both the wastewater and the rainwater concentrate within the property, since there is no outlet (...) The Nueva Jerusalén Housing Development does not have an adequate solution for the dwellings' wastewater. In the inspection carried out, the direct discharge of wastewater to the ditches is observed. The site does not have a wastewater treatment plant in the Nueva Jerusalén housing development. Due to the topography of the area, the waters are channeled directly onto the property under study..." (images 390 to 393 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment; the highlighting is not from the original). For all the foregoing reasons, claims 1 and 2 of the complaint, aimed at having this collegiate body declare that the Nueva Jerusalén Housing Development "...was built without the construction of septic tanks or a blackwater collection system that would allow neighbors to access a healthy environment. ii. That the defendant is primarily responsible for the omission pointed out in point i of this claim...", are considered inadmissible. Consequently, both claim 3 concerning "... ordering the defendant to carry out the necessary infrastructure works so that the blackwater (...) DOES NOT CONTINUE FLOWING THROUGH MY PROPERTY WITH SERIOUS PREJUDICE TO THE UNDERSIGNED, WORKS THAT MUST BE CARRIED OUT WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD UNDER PENALTY OF LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF OMISSION..."; and claim 5 regarding the alleged subjective moral damage related to "...the anger, frustration, disillusionment and disappointment I feel at not being able to enjoy my property due to the fault of the defendant and the poor planning that was done when building the Nueva Jerusalén Housing Development. We cannot understand how a new residential unit is built without having planned an optimal system for collecting blackwater or greywater in such a way that it does not affect neighboring properties...", are also considered inadmissible, regarding the alleged discharge of blackwater onto property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff.
VI.— REGARDING CLAIMS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, CONCERNING THE DISCHARGE OF RAINWATER ONTO THE PLAINTIFF'S PROPERTY.
In this regard, it is considered accredited that the former owner of property 63408-000 —which now belongs to the plaintiff, under rights 001 and 002— "...agreed to allow said waters to pass through his property in exchange for being granted a right-of-way for an entrance road at the end of the project, in case he someday planned to subdivide (lotear) (...) the initial problem arose when the previous owner agreed to allow a stormwater passage through his property and there should have been an agreement for its maintenance..." (folio 24 of the administrative record; and 11 of the judicial record, containing official communication dated February 29, 2009, from the Ministry of Health). Likewise, that due to the topography of the land registered in the plaintiff's name under real folio registration number Placa20746, "...both wastewater and rainwater concentrate within the property, as there is no outlet (...) The site of the Nueva Jerusalen development is a medium-to-high slope site in San Rafael de Heredia, which causes the channeled rainwater to possess significant inertia and generate considerable turbulence upon discharge, whether into the ditches or into the property Placa21472°. The rainwater runoff from the area flows directly into the affected property, as it is the lowest point and rainwater tends to flow to the point of lowest energy, causing overflows onto the property in question (...) The natural slope of the land and the mechanical design of the Nueva Jerusalén Development channel the stormwater towards property No. 63408..." (images 389 to 394 of the virtual record, as of the date of this judgment, containing the expert report; folio 11 of the administrative record; the highlighting is not from the original). That due to the foregoing, "...the passage of both stormwater and wastewater discharges from north to south within her property for approximately 100 meters, and that these become stagnant in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even adequate sewerage for stormwater discharge with its corresponding manholes was installed...", which caused "...over time, the water opened a pipe or ditch crossing the property and ending in an 18-inch culvert pipe, also allowing for a large number of mosquitoes, bad odor, and stagnant water..." (folios 24 to 26, 06 to 08 of the administrative record; 11 to 13 of the judicial record, containing official communications dated February 29, 2009, from the Ministry of Health and September 8, 2009, from the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael). For its part, through official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 dated November 30, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, stated - in relevant part - to the Director of that office that "...the adequate disposal of stormwater is solely the responsibility of the municipality, and since no agreement has been reached to date with the complainant in this regard, a sanitary order will be issued so that these are eliminated in an adequate sanitary manner by conditioning the necessary infrastructure for such purpose..." (folios 29 to 31 of the administrative record; 22 to 24 of the judicial record). That while it is true that both the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area and the plaintiff petitioned the Municipal Mayor of San Rafael on April 27 and June 11, 2011, respectively, to report on the concrete actions taken to comply with sanitary order number 002-11-S, regarding the adequate and sanitary elimination of stormwater coming from the Dirección14195 of the property owned by the plaintiff (folios 6, 8 and 10 of the judicial record; 32 and 33 of the administrative record); it is also true that it is not considered accredited that the defendant Municipality proceeded to comply with sanitary order number 002-11-S (Considerando III, subsection a of this judgment), despite the fact that through official communication number 1130-2011 AMRSH dated June 20, 2011, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia informed the plaintiff that "...I have not started the works in the Jerusalén Development because the contracting process has many stages, according to the established regulations that apply to us; this means that the duration to have the materials on site is two months; once those materials are available, those works will be carried out..." (folios 5 of the judicial record and 33 of the administrative record). Based on the foregoing, this Court considers that, while it is true that, in accordance with the provisions of Article 20 of the General Roads Law (Ley General de Caminos), "...All possessors of real property, by any title, are obligated to receive and allow to flow within their lands, the waters from roads when so determined by the slope of the land..."; it is also true that, based on numeral 285 of the General Health Law (Ley General de Salud), stormwater "...must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of vector breeding sites and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality...". The foregoing is relevant in this case, because even though —as stated in official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 from the Health Governing Area of the Ministry of Health— "...the passage of stormwater through her property would not be eliminated due to the slope and level reasons established from the beginning when the infrastructure of said Development was built..." (folio 30 of the administrative record and 23 of the judicial record; the highlighting is not from the original); this in no way implies that the Municipality of San Rafael de Heredia breached the duty imposed by Article 285 of the General Health Law (Ley General de Salud), to provide a storm sewer system that adequately and sanitarily eliminates the waters of that nature coming from the Nueva Jerusalén Development, through a public network of pipes to collect and transport the rainwater to its discharge point, which is not the case here, given that the stormwater "...becomes stagnant in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even adequate sewerage for stormwater discharge with its corresponding manholes was installed...". At this point, it is worth noting that according to Article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments, or lotifications in any part of the country, no other "state body" shall grant construction permits or approvals (Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time), without the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers having approved the potable water supply systems and the disposal of wastewater and stormwater, whether the project is public or private. However, this Court does not consider accredited that the defendant municipal entity fulfilled that requirement before approving, starting in 1998, the construction permits for houses in the Nueva Jerusalén Development (Considerando III, subsection b of this judgment), a situation that is aggravated because the subdivision (fraccionamiento) that gave rise to the Nueva Jerusalén Development was carried out on property 118273-000 owned by said Municipality (as can be deduced from the documents visible at folios 9, 10 and 24 of the administrative record; 7 and 11 of the judicial record; see the registration entry for property Placa21475, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/). Consequently, and contrary to what the defendant's representative asserts, the fact that the previous owner of property 63408 —of which the plaintiff is now the owner— allowed stormwater to flow over that land does not justify the defendant Municipality's failure, in the terms set forth above, to comply with the aforementioned health, environmental, and building regulations, which were in force at the time it approved the subdivision (fraccionamiento) of a property it owned for urban development purposes and granted the corresponding construction permits. With the additional aggravating factor that the defendant failed to observe sanitary order number 002-11-S issued by the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, aimed at ensuring that the stormwater from the Nueva Jerusalén Development discharged onto the property owned by the plaintiff "...be eliminated in an adequate sanitary manner by conditioning the necessary infrastructure for such purpose..." (folios 5, 6, 8 and 10 of the judicial record; 32 and 33 of the administrative record). It should be noted that the water channeling works carried out in July 2018 by the Technical Unit of Road Management of the defendant Municipal Corporation, in the sector where the plaintiff's property is located, "...DO NOT include modifications NOR diversions of the existing stormwater systems in the surroundings. Apart from the above, the works being carried out are entirely within the right-of-way and only receive waters from the taxpayer's property...", as stated in official communication MSRH-DPUT-336-2018 dated October 12, 2018, signed by Engineer Erick Camacho Sánchez of the Directorate of Urban and Territorial Planning of the Municipality of San Rafael de Heredia, provided by the defendant when responding to the hearing granted regarding the new facts alleged by the plaintiff, which do not have the virtue of affecting the subject matter of the proceeding, as they are unrelated to it (images 465 to 467 of the virtual record, as of the date of this judgment). For all the foregoing reasons, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works necessary both in the Nueva Jerusalén Development and on the property owned by the plaintiff (real folio registration Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to their discharge point the stormwater that, due to the topography of the land, flows through the property with real folio registration Placa20746 registered in the name of the plaintiff, and must report, at the end of said period, to the Judges of the sentence enforcement phase of this Court, the concrete measures adopted to comply with what is ordered here.
VII.- REGARDING PRETENSIONS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, IN RELATION TO THE DISCHARGE OF WASTEWATER ON THE PLAINTIFF'S PROPERTY AND THE ALLEGED LACK OF STANDING TO BE SUED (LEGITIMACIÓN PASIVA). In the first instance, it is necessary to indicate that, as can be deduced from the evidence visible at folios 6 to 9, 24 to 26, 29 to 31 of the administrative record; 7, 8, 11 to 13, 22 to 24, 385 to 398 of the virtual record —as of the date of this judgment—, there is no controversy regarding the fact that the wastewater from the Nueva Jerusalén Development is discharged onto the property with real folio registration Placa20746 owned by the plaintiff, given that, as corroborated by the expert during the field visit, said urban development project "...does not have an adequate solution for the wastewater from the houses. In the inspection carried out, the direct discharge of wastewater into the ditches is observed (sic). The site does not have a wastewater treatment plant in the Nueva Jerusalén development..." (images 391 to 393 of the virtual record, as of the date of this judgment). So much so, that officials of the defendant Municipality itself have indicated that said entity must proceed to take the necessary measures to solve this problem, a position derived from the following documents: i) By official communication number MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, the Head of the Department of Urban Development and Control indicated: "...From a technical standpoint, it is recommended to develop a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061. It remains to be resolved by the legal department and the Municipal Council whether or not it is feasible to execute said project in the park areas located on the west side of the Jerusalén project..." (folio 9 verso of the administrative record and 8 of the judicial record); ii) Through official communication number 1130-2011 AMSRH dated June 20, 2011, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia informed the plaintiff that "...I have not started the works in the Jerusalén Development because the contracting process has many stages, according to the established regulations that apply to us; this means that the duration to have the materials on site is two months; once those materials are available, those works will be carried out..." (folios 5 of the judicial record and 33 of the administrative record); iii) By document received at this Office on June 5, 2014, the Municipal Mayor, when responding to the hearing on the adjustment of the complaint's pretensions, indicated: "...much less use the plaintiff's property as drainage, a matter this administration has not discussed nor opposed, but this matter finds solution in other ways and not with the plaintiff's proposal..." (folio 129 of the judicial record). Despite the above, the representative of the defendant Municipality raised the defense of lack of standing to be sued (legitimación pasiva), since, according to her statement, those responsible for solving the problem of wastewater discharge on the property owned by the plaintiff are the residents of the Nueva Jerusalén Development. In that regard, it is worth reiterating that according to Article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments, or lotifications in any part of the country, no other "state body" shall grant construction permits or approvals (Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time), without the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers having approved the potable water supply systems and the disposal of wastewater and stormwater, whether the project is public or private. In this case, this Court does not consider accredited that the municipal entity fulfilled that requirement when approving, starting in 1998, the construction permits for houses in the Nueva Jerusalén Development (Considerando III, subsection a of this judgment), a situation that is aggravated because the subdivision (fraccionamiento) that gave rise to said urban development project was carried out on property 118273-000 owned by said Municipality (as can be deduced from the documents visible at folios 9, 10 and 24 of the administrative record; 7 and 11 of the judicial record; see the registration entry for property 118273-000, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/). So much so, that for August 4 and 6, 2009, dates on which the plaintiff filed the respective complaints before the Ministry of Health and the defendant Municipality for the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén Development onto her land (folios 1 of the administrative record; 14 to 16 of the judicial record), property number 118273-000 on which said urban development project was developed was still registered in the name of the defendant municipal entity, as can be deduced from official communication MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, signed by the Head of the Department of Urban Development and Control of the Municipality of San Rafael de Heredia (folios 9 of the administrative record; 7 and 8 of the judicial record). Consequently, it is improper that since 1998, said municipal entity granted permits for the construction of houses in that development, despite lacking a stormwater and sanitary sewer system, which contravenes the provisions of Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); 285, 286 and 287 of the General Health Law (Ley General de Salud); 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time; 1 and 3 of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Executive Decree 26042-S-MINAE, in force at that time). In this sense, the obligation of the defendant Municipality to effectively and definitively resolve the problem of wastewater discharge from the Nueva Jerusalén Development onto the property owned by the plaintiff stems from its omission to timely and efficiently exercise the powers imposed by the legal system to guarantee and ensure that "...cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands..."; which is aggravated because the urban development project was carried out on a property it owned. Hence, it is improper for the defendant to attempt to transfer that responsibility to the persons residing in that urban development project, as it attempted by sending, between January 22 and 26, 2010, notices to at least nine residents of that development, so that they would jointly resolve the problem of wastewater discharge on the plaintiff's land, which has occurred since the beginning of said housing project (folios 13 to 22, 25 of the administrative record); even more so since for those dates, the property on which said development was built was still registered in the name of the Municipality of San Rafael de Heredia, given that it was not until November 13, 2013, that the segregations made in favor of the beneficiaries of that housing project began to be registered in the Property Registry (see registration entry for property 118273-000, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/), a date on which the lawsuit against it by the plaintiff had already been filed in this jurisdictional venue —specifically: February 10, 2012 (see folio 1 of the judicial record). This is compounded by the fact that, from a technical standpoint, it is not possible in this case to implement an individual solution to this problem, as stated by the court-appointed expert in his report indicating that "...It is important to highlight the need for a treatment solution; due to the characteristics of the houses and the available space, the only viable option is a collective solution, that is, the construction of a treatment plant for the Nueva Jerusalén Development..." (folios 394 to 395 of the virtual record as of the date of this judgment; the highlighting is not from the original). This technical criterion is consistent with that indicated in official communication ARS-SR-B-REG-068-10 dated February 29, 2010, in which Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, stated - in relevant part - that "...at the time of the last visit, it is observed that practically 90% of the lots for said dwellings have been built upon, so that as of today, most lack an area to drain said waters (wastewater) and connecting them to the septic system would promote a black water problem in said dwellings, with the aggravating factor that the stormwater system would then be further contaminated (...) It is clear that through the complainant's property flow the stormwater and wastewater from the Jerusalém Dev. (sic), which has been the case since the beginning of the project..." (folios 24 to 26 of the administrative record; 11 to 13 of the judicial record; the highlighting is not from the original); as well as in official communication number MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, in which the Head of the Department of Urban Development and Control indicated: "...From a technical standpoint, it is recommended to develop a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061. It remains to be resolved by the legal department and the Municipal Council whether or not it is feasible to execute said project in the park areas located on the west side of the Jerusalén project..." (folio 9 verso of the administrative record and 8 of the judicial record). Finally, and without prejudice to the fact that the Municipality did not challenge before the Court of Appeals for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) the oral resolution number 1204-2014 issued at 09:57 hours on May 29, 2014, in which the Procedural Judge rejected the defense of failure to join necessary passive co-parties to the litigation with respect to the Ministry of Health (folios 111 to 113 of the judicial record and digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 05-29-2014); it is necessary to emphasize that the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area petitioned the Municipal Mayor of San Rafael on March 1, 2010, and June 11, 2011, not only because "...As an important point requiring immediate action, it is considered appropriate for the Municipality of San Rafael to proceed to dredge the ditch for discharging the waters in conflict and proceed to maintain it while defining what will be done with said evacuation system...", needing to report on the concrete actions they would take in this regard; but also, so that it would comply with sanitary order number 002-11-S, issued so that they proceed with the adequate and sanitary elimination of stormwater coming from the Nueva Jerusalén Development from the property owned by the plaintiff (folios 6, 8 and 10 of the judicial record; 22, 23, 32 and 33 of the administrative record). However, it is reiterated that it is considered not demonstrated that the municipal entity has applied any temporary or definitive corrective measure to resolve the problem caused by the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén urban development project onto property 63408-001 and 002 belonging to the plaintiff, which is contrary to the provisions of Article 286 of the General Health Law (Ley General de Salud) (Considerando III, subsection c of this judgment). For all the foregoing reasons, the defense of lack of standing to be sued (legitimación pasiva) raised by the Municipality of San Rafael de Heredia is rejected, based on subsection 1) of numeral 12 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); therefore, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works necessary both in the Nueva Jerusalén Development and on the property owned by the plaintiff (real folio registration Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to their discharge point the wastewater that, due to the topography of the land, flows through the property with real folio registration Placa20746 registered in the name of the plaintiff, works that must conform to the provisions of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Executive Decree 33601-S-MINAE or any that may be in force), the Regulation for the Approval of Wastewater Treatment Systems (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Executive Decree 39887-S-MINAE or any that may be in force), the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to other applicable legal or regulatory provisions. The defendant Municipality, at the end of said period, must report to the Judges of the sentence enforcement phase of this Court the concrete measures adopted to comply with what is ordered here. Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must apply, after notification of this judgment, the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out to provisionally address the problem of wastewater discharge from the Nueva Jerusalén Development, and must report every three months to the judges of the sentence enforcement phase on the concrete actions taken and the results obtained for this purpose, until the definitive solution to address the wastewater discharge problem affecting the plaintiff's property is executed.
VIII.- REGARDING THE CLAIM FOR COMPENSATION FOR MATERIAL DAMAGE (DAÑO MATERIAL). The plaintiff seeks compensation in the prudent sum of 10 million colones (¢10,000,000.00) for the material damage caused to the property she owns, as a result of the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén Development, given that —in her opinion— this implies a loss of economic value of the property, plus damages (interest). In the first instance, it is necessary to clarify that the plaintiff did not include compensation for environmental damage in her pretensions; therefore, the analysis will be limited solely to the material damage (daño material) alleged in pretension number V of the complaint, under the terms indicated above. Now then, regarding this, the expert concluded in his report that: "...3. The plantations on property No. 63408 show significant deterioration due to permanent exposure to wastewater. 4. The degree of affectation of the property can be determined at 50% of the property from the visual exploration, which does not exclude the other 50% if it were to be demonstrated that there was contamination by percolation of the wastewater, due to the stagnation and spreading of the wastewater over its extension; the whitish-colored coffee plants make evident the generation of fungi and other pathogens in the body of the coffee plants. 5. Under no circumstances is the use of the coffee crops or exploitation of the property recommended, since prolonged exposure to wastewater permanently excludes it, and for a period that must be monitored for the elimination of pathogens, viruses (sic) and other toxic substances such as heavy metals, all products transported in the wastewater. There is evidence that since 2010, the property has been permanently and continuously exposed to high-risk health contamination (...) The main affectation renders the property unusable for agricultural use (...) therefore the cost should be estimated based on the loss of its use as an agricultural property dedicated to coffee cultivation..." (images 392, 395, 396 and 398 of the virtual record, as of the date of this judgment; the highlighting is not from the original). Based on the foregoing, this Court considers that from the expert report provided, the material damage (daño material) caused to the property with registration Placa20746 owned by the plaintiff, as a result of the discharge of untreated wastewater from the Nueva Jerusalén Development, is considered demonstrated, by virtue of the conducts contrary to the legal system incurred by the Municipality of San Rafael de Heredia, as analyzed in Considerando VII of this judgment. However, its amount is not demonstrated, since that point was not the object of the expert opinion, in the terms in which it was admitted at the preliminary hearing of July 1, 2018, a decision that was not challenged by any of the parties (folios 150 to 153 of the judicial record; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-01-2015), without prejudice to the fact that the addition and extension requested by the plaintiff's representative referred to the quantification of an environmental damage that has never formed part of the complaint's pretensions, as can be deduced from folios 43 to 44, 52 to 53, 123 to 124, 111 to 113 of the judicial record; digital backup of the preliminary hearing of 05-29-2014, which is contained in a separate file. For all the foregoing reasons and pursuant to Article 122, subsection m, sub-subsection ii) of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the Municipality of San Rafael de Heredia is condemned in abstracto to pay for the material damage (daño material) caused to property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which will be determined in the sentence enforcement phase of this Court. The sum definitively awarded for this item shall accrue legal interest calculated from August 6, 2009 —the date on which the plaintiff filed the complaint before the Municipality of San Rafael de Heredia— and until its effective payment.
IX.- REGARDING THE ALLEGED SUBJECTIVE MORAL DAMAGES (DAÑO MORAL SUBJETIVO). The plaintiff seeks recognition of the prudent sum of 10 million colones (¢10,000,000.00) as compensation for subjective moral damages (daño moral subjetivo), plus damages (interest), consisting of "...the anger, frustration, disillusionment, and disappointment I feel at not being able to enjoy my property due to the fault of the defendant and the poor planning carried out when building the Nueva Jerusalén Development.
We cannot understand how a new residential unit is built without having planned the existence of an optimal collection system for blackwater or wastewater (aguas negras o servidas) so that it does not affect neighboring properties (...) My farm is treated as a blackwater or wastewater “tank” by the entity, which constitutes a grave subjective moral damage (daño moral subjetivo) to my detriment...”. In this regard, it is necessary to recall that, although in cases where subjective moral damage is alleged, it is not necessary to prove its amount; it is also true that one must prove not only the existence of the damage, but also the causal link with the conduct that allegedly caused it, except in those cases where, by human experience, the suffering, anguish, or pain caused as a consequence of a specific conduct is evident, which is the case here. This is because the subjective moral damage arises from the uncertainty, the wear and tear, and the frustration that the plaintiff has experienced due to the fact that, despite the actions she has pursued since 2009 before the defendant Municipality itself, so that the necessary measures would be implemented to ensure that the wastewater from the Urbanización Nueva Jerusalén is collected and transported to its treatment and discharge point, in order to prevent it from continuing to be discharged onto her property, the problem persists to date, given the inertia of the respondent municipal entity, since there is not even any record that it has ruled on the recommendation given by the Head of the Department of Development and Urban Control of the defendant municipal entity, regarding developing “...a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061...” (Considerando III, section d of this judgment). This Court considers that the subjective moral damage suffered by the plaintiff in the terms set forth above is not negated by the fact that the plaintiff does not have her dwelling house on the property subject to the proceedings, since, as was proven in Considerando VIII, not only is it impossible for her to use the property for its intended purpose (coffee planting), as a consequence of the constant discharge of untreated wastewater, but that circumstance has also diminished the economic value of said land. In light of all the foregoing, it is deemed reasonable to order the Municipalidad de San Rafael de Heredia to pay five million colones for subjective moral damage (¢5,000,000.00), the effective settlement and due adjustment of which shall be carried out in the sentence execution phase. This sum shall accrue legal interest, which shall be calculated from the date this ruling becomes final.
X.- ON THE SUBSTANTIVE PREREQUISITES AND DEFENSES. This Court considers that the claim was filed by the direct recipient of the omissions attributed to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, which have caused the problem of discharge of stormwater (aguas pluviales) and wastewater from the Urbanización Nueva Jerusalén onto the property registered in the plaintiff's name under recorded folio number Placa20746; therefore, the standing to sue is grounded in Article 10.1.a of the Código Procesal Contencioso Administrativo. As for the defense of lack of passive standing, it is rejected in accordance with what was analyzed in Considerando VII of this judgment. For its part, the interest remains current, insofar as the challenged conduct continues to produce effects in the plaintiff's legal sphere and requires a jurisdictional resolution to resolve it. Finally, this collegiate body finds that, for all the reasons set forth in Considerandos V, VI, VII, VIII, and IX of this judgment, the claim filed by Nombre115061 against the Municipalidad de San Rafael de Heredia is partially granted, in the following terms, with the understanding that it is denied as to anything not expressly indicated: 1) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the date this judgment becomes final, to carry out the necessary infrastructure works both in the Urbanización Nueva Jerusalén and on the plaintiff’s property (recorded folio number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to its discharge point the stormwater that, due to the topography of the land, flows through the farm with recorded folio number Placa20746 registered in the plaintiff's name, and it must inform the Judges of the Sentence Execution phase of this Court, at the end of said period, of the specific measures adopted to comply with what is ordered herein. 2) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the date this judgment becomes final, to carry out the necessary infrastructure works both in the Urbanización Nueva Jerusalén and on the plaintiff’s property (recorded folio number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to its discharge point the wastewater that, due to the topography of the land, flows through the farm with recorded folio number Placa20746 owned by the plaintiff, works that must conform to the provisions of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 or whichever is in force), the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE or whichever is in force), the Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory provisions. The defendant Municipality, at the end of said period, must inform the Judges of the Sentence Execution phase of this Court of the specific measures adopted to comply with what is ordered herein. 3) Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must apply, after notification of this judgment, the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out to provisionally treat the problem of wastewater discharge originating from the Urbanización Nueva Jerusalén, and must inform every three months the Judges of the Sentence Execution phase of the specific actions taken and the results obtained for that purpose, until the definitive solution to treat the wastewater discharge problem that afflicts the plaintiff’s property is implemented. 4) In accordance with the provisions of Article 122, subsection m), sub-subsection ii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered in the abstract to pay the material damage caused to farm 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which shall be determined in the sentence execution phase of this Court. The sum ultimately awarded under this heading shall accrue legal interest calculated from August 6, 2009 —the date on which the plaintiff filed the complaint before the Municipalidad de San Rafael de Heredia— and until its effective payment. 5) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered to pay five million colones (¢5,000,000.00) for subjective moral damage, the effective settlement and due adjustment of which shall be carried out in the sentence execution phase, once this ruling becomes final. This sum shall accrue legal interest, which shall be calculated from the date this ruling becomes final.
XI.- ON COSTS. In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this award is only viable when, in the Court's opinion, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable law and to break the principle of awarding costs against the losing party. Therefore, both costs are imposed on the defendant party, which amounts shall be settled in the sentence execution phase.
POR TANTO.
The judicial inspection offered as evidence for better resolution by the plaintiff is rejected. The defense of lack of passive standing is rejected. The claim filed by Nombre115061 against the Municipalidad de San Rafael de Heredia is partially granted, in the following terms, with the understanding that it is denied as to anything not expressly indicated: 1) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the date this judgment becomes final, to carry out the necessary infrastructure works both in the Urbanización Nueva Jerusalén and on the plaintiff’s property (recorded folio number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to its discharge point the stormwater that, due to the topography of the land, flows through the farm with recorded folio number Placa20746 registered in the plaintiff's name, and it must inform the Judges of the Sentence Execution phase of this Court, at the end of said period, of the specific measures adopted to comply with what is ordered herein. 2) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the date this judgment becomes final, to carry out the necessary infrastructure works both in the Urbanización Nueva Jerusalén and on the plaintiff’s property (recorded folio number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to its discharge point the wastewater that, due to the topography of the land, flows through the farm with recorded folio number Placa20746 registered in the plaintiff's name, works that must conform to the provisions of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 or whichever is in force); Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE or whichever is in force); Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory provisions. The defendant Municipality, at the end of said period, must inform the Judges of the Sentence Execution phase of this Court of the specific measures adopted to comply with what is ordered herein. 3) Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must apply, after notification of this judgment, the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out to provisionally treat the problem of wastewater discharge originating from the Urbanización Nueva Jerusalén, and must inform every three months the judges of the sentence execution phase of the specific actions taken and the results obtained for that purpose, until the definitive solution to treat the wastewater discharge problem that afflicts the plaintiff’s property is implemented. 4) In accordance with the provisions of Article 122, subsection m), sub-subsection ii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered in the abstract to pay the material damage caused to farm 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which shall be determined in the sentence execution phase of this Court. The sum ultimately awarded under this heading shall accrue legal interest calculated from August 6, 2009 —the date on which the plaintiff filed the complaint before the Municipalidad de San Rafael de Heredia— and until its effective payment. 5) The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered to pay five million colones (¢5,000,000.00) for subjective moral damage, the effective settlement and due adjustment of which shall be carried out in the sentence execution phase, once this ruling becomes final. This sum shall accrue legal interest, which shall be calculated from the date this ruling becomes final. 6) The payment of both costs is imposed on the defendant party, which amounts shall be settled in the sentence execution phase of this Court.- Marianella Álvarez Molina Ileana Isabel Sánchez Navarro Sergio Mena García PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTORA: Nombre115061 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA *WEBS9F9NG2S61*
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _______________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTORA: Nombre115061 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA Nº 67-2021-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno.- Proceso de conocimiento declarado de puro derecho interpuesto por Nombre115061 , cédula de identidad número CED89735, representada por Nombre33507 , cédula de identidad número CED90967, en su condición de Apoderado Especial Judicial (folios 2, 3, 46 y 47 del expediente judicial); contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, representada por la Alcaldesa a.i. Roxana Francinie Morera Brenes, cédula de identidad CED90968 y cuya abogada directora es Alba Iris Ortiz Recio, carné profesional 3992 (imágenes 1 a 2 del memorial recibido el28-06-2021, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
RESULTANDO:
1.- Las pretensiones de la parte actora –que se ajustaron en la audiencia preliminar que se realizó a partir de las 08:30 horas del 29 de mayo del 2014-, son: “… i. Que se declare que la Urbanización Nueva Jerusalén se construyó sin la realización de tanques sépticos o sistema de recolección de aguas negras que les permitieran a los vecinos poder acceder a un ambiente sano. ii. Que la demandada es la principal responsable de la omisión que se señala en el punto i de esta pretensión. iii. Que se le ordene a la demandada realizar las obras de infraestructura necesarias para que las aguas negras, servidas y las pluviales (que discurren en las bajantes y canoas de las casas de los habitantes de la Urbanización Nueva Jerusalén) NO SIGAN TRANSCURRIENDO EN MI PROPIEDAD CON GRAVE PERJUICIO PARA LA SUSCRITA, OBRAS QUE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO PRUDENCIAL SO PENA DE LAS CONSECUENCIAS DE LEY EN CASO DE OMISIÓN. iv. Que se le ordene a la demandada proceder a realizar las obras de infraestructura en mi finca para dejar libre del flujo de aguas servidas, negras y pluviales que se derivan de la Urbanización Nueva Jerusalén, sus residuos, los desechos derivados de dichas aguas y que proceda a rellenar con materiales idóneos las cuencas donde se transcurren dichas aguas". v. Que se le condene al pago de los daños y perjuicios a la demanda, los que conforme a lo que previene el numeral cincuenta y ocho del Código Procesal Contencioso Administrativo, señalo así. DAÑO MATERIAL. HECHOS QUE LO ORIGINAN. Los contenidos en la demanda. EN QUE CONSISTEN. La pérdida económica del valor de la finca. Es un hecho incontrovertible que la misma se ha convertido en un vertedero de aguas negras por parte de la entidad demandada con lo que aparte del horrible espectáculo que se da, el olor nauseabundo que provoca, el amplio criadero de mosquitos, ratas, alimañas con la perfecta provocación de enfermedades que conlleva, hace que la finca haya perdido valor como heredad. En caso de querer hacer alguna construcción en la misma sería imposible por esta razón. Venderla igual (nos preguntamos ¿Quien querrá comprar una finca en esas condiciones). Así las cosas, sufro pérdidas económicas en mi propiedad en lo relativo a la depreciación de la misma. ESTIMACIÓN DEL DAÑO. En forma prudencial, estimo el daño material en la suma de diez millones de colones sin perjuicio de lo que estime el perito en la materia. DAÑO MORAL SUBJETIVO. HECHOS QUE LO DETERMINAN. Los contenidos en la demanda. EN QUÉ CONSISTE. Consiste en la ira, frustración desengaño y decepción que siento al no poder disfrutar de mi propiedad por culpa de la demandada y la mala planificación que hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén. No nos explicamos como es que se construye una nueva unidad residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas. Más aun, cuando se tiene conocimiento de que serán para personas de escasos recursos económicos y no pueden hacer erogaciones futuras como lo pretende la accionada de construir por ellos mismos tanques sépticos cuyo coste no pueden pagar. Mi finca la tienen como un «tanque» de aguas negras o servidas por parte de la entidad con lo que se configura un daño moral subjetivo grave en mi perjuicio. ESTIMACIÓN DEL DAÑO MORAL SUBJETIVO. En la suma de diez millones de colones sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto. vi. Que sean condenados al pago de las costas personales y procesales del juicio...” (folios 43 a 44, 52 a 53, 123 a 124, 111 a 113 del expediente judicial; respaldo digital de la audiencia preliminar del 29-05-2014, que consta en legajo aparte).
2.- El representante de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, contestó de manera negativa la demanda; planteó la excepción de falta de legitimación pasiva y solicitó que se rechacen las pretensiones de la actora (folios 69 a 70 del expediente judicial).
3.- Por resolución número 788-2013 de las 07:30 horas del 23 de abril del 2013, la Jueza Tramitadora rechazó la primera solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora (folios 77 a 87del expediente judicial). No se desprende que la demandante haya interpuesto recurso de apelación.
4.- Que por auto de las 10:10 horas del 25 de junio del 2013, la Jueza Tramitadora ordenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, aportar el expediente administrativo bajo apercibimiento de que se procedería conforme a lo dispuesto en los numerales 56.2 y 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo (folio 90 del expediente administrativo). El 28 de junio del 2013, la demandada presentó una carpeta física de expediente administrativo que consta de un total 74 folios (ver escrito a folio 90 del expediente judicial).
5.- La primera audiencia preliminar se realizó a las 13:35 horas del 19 de julio del 2013, cuyo respaldo digital consta en legajo aparte. Que durante dicha audiencia, la Jueza Tramitadora tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, no sólo porque la entidad municipal presentó el escrito de contestación de la demanda de manera extemporánea, sino porque en esa oportunidad tampoco adjuntó el expediente administrativo (artículos 63 inciso 3 y 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Por último y conforme a lo solicitado por ambas partes, suspendió el proceso por el plazo de 6 meses, a fin de que trataran de llegar a un arreglo conciliatorio, advirtiéndoles que en caso contrario, debían comunicarlo al Despacho a fin de continuar con la tramitación de la causa (folio 97 del expediente judicial y respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 19-07-2013).
6.- La segunda audiencia preliminar se realizó a partir de las 13:35 horas del 29 de mayo del 2014, cuyo respaldo digital consta en legajo aparte. En esa oportunidad, la Jueza Tramitadora tuvo por desistida la solicitud de la parte actora en orden a aportar el expediente del Ministerio de Salud y dejó constancia de que el representante de la parte actora, no planteó ninguna objeción al expediente administrativo aportado por la Municipalidad accionada. Asimismo, las pretensiones se ajustaron en los términos indicados en el resultando primero de esta sentencia y otorgó a la demandada el plazo de cinco días hábiles previsto en el numeral 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para que se refiriera al ajuste de las pretensiones. Por último, mediante resolución oral número 1204-2014 dictada a las 09:57 horas de esa misma fecha, rechazó -previa audiencia a la parte actora- la defensa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria con el Ministerio de Salud, planteada en dicha diligencia por la Municipalidad de San Rafael de Heredia (folios 111 a 113 del expediente judicial y respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 29-05-2014). No se desprende del expediente, que la demandada haya interpuesto recurso de apelación, contra el pronunciamiento en que se rechazó la excepción de litis consorcio.
7.- Que por escrito recibido el 05 de junio del 2014, el representante de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, se refirió al ajuste de las pretensiones realizado por la parte actora, oponiéndose a las relacionadas con la solución del vertido de aguas pluviales provenientes de la Dirección14195 (folios 127 a 130 del expediente judicial).
8.- La tercera audiencia preliminar se realizó a las 13:47 horas del 19 de setiembre del 2014, cuyo respaldo digital consta en legajo aparte. Que en dicha diligencia, la Jueza Tramitadora a solicitud de ambas partes, dispuso suspender por dos meses la tramitación de la causa, a fin de enviar el expediente a la fase de conciliación para lo que en derecho correspondiera (folio 138 bis del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 19-09-2014).
9.- Por resolución de las 09.00 horas del 25 de febrero del 2015, se tuvo por fracasada la audiencia de conciliación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Procesal Contencioso Administrativo y se ordenó remitir el expediente a la persona juzgadora de trámite para lo de su cargo (folio 147 del expediente judicial).
10.- La cuarta audiencia preliminar se celebró a las 08:35 horas del 01 de julio del 2015, cuyo respaldo consta en legajo aparte. Que esa oportunidad la Jueza Tramitadora reiteró que no hay hechos controvertidos, toda vez que se tuvieron por ciertos en aplicación del inciso 3) del artículo 63 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, admitió como prueba documental la totalidad del expediente administrativo y la visible de folio 4 al 20 y 22 a 29 del expediente judicial; también admitió la prueba pericial ofrecida por la actora, a fin de que un ingeniero civil con experiencia en hidrología y urbanismo determinara: "...1. Sobre la naturaleza de las omisiones hechas por la demandada en la construcción de la Urbanización Nueva Jerusalén en relación con la recolección de las aguas negras o servidas y las posibles soluciones que se deben hacer así como su coste. 2.Sobre la forma y modo que se deberán hacer las refacciones a la finca de mi propiedad y su coste. 3.Sobre la viabilidad de la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras en la zona. Coste y su posibilidad de hacerla..."; decisión que no fue objetada por ninguna de las partes. Por último, la Jueza de Trámite rechazó el reconocimiento judicial planteado por el representante de la actora, quién manifestó que lo ofrecía entonces como prueba para mejor resolver (folios 150 a 153 del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 01-07-2015).
11.- Por auto sentencia número 3105-2015 de las 16:30 horas del 02 de diciembre del 2015, la Jueza Tramitadora rechazó la segunda solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora (folios 162 a 165 del expediente judicial). Por resolución escrita número 144-2016-II de las 15:00 horas del 15 de abril del 2016, la Sección II del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el pronunciamiento 3105-2015 (folio 173 del expediente judicial).
12.- Después de cinco intentos fallidos y dos ternas remitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por resolución de las 07:48 horas 12 de octubre del 2017, se nombró al Ingeniero Civil José Antonio Navarro Redondo como perito, quién aceptó el cargo condicionado a que se readecue el monto de sus honorarios (imágenes 362, 363 y 369 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
13.- Por resolución de las 07:44 horas del 08 de noviembre del 2017, la Jueza Tramitadora otorgó al perito designado el plazo de 30 días hábiles para que rindiera el informe y "... respecto al reajuste de honorarios solicitado por el perito, se le indica que debe realizarse después de brindado el informe pericial. No obstante, proceda en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES a indicar el monto del reajuste..." (imagen 373 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
14.- Por auto de las 13:10 horas 16 de febrero del 2018, la persona Juzgadora de Trámite dio audiencia por 03 días hábiles a las partes, para que se manifestaran sobre el informe pericial presentado el 13 de febrero del mismo año (imágenes 385 a 409 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). El representante de la Municipalidad demandada, no se refirió en el plazo otorgado al informe rendido por el perito.
15.- Por resolución de las 10:11 horas del 27 de febrero del 2018, la Jueza Trámite otorgó el perito el plazo de 05 días hábiles, para que se refiriera a la solicitud de adición del informe gestionada por el representante de la parte actora (imágenes 415 a 417 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
16.- Por auto de las 15:47 horas del 07 de marzo del 2018, la Jueza Tramitadora dio a las partes el plazo de 03 días hábiles, para que se manifestaran sobre el escrito en que el perito se pronunció acerca de la solicitud de adición del informe gestionada por el apoderado de la parte actora (imágenes 429 a 433 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). El representante de la Municipalidad demandada, no se refirió en el plazo otorgado a lo manifestado por el perito.
17.- Mediante resolución de las 16:08 horas del 04 de octubre del 2018, la persona Juzgadora de Trámite dispuso: "...Se tiene por rendido y ampliado el peritaje presentado por el ingeniero José Antonio Navarro Redondo. En cuanto a lo manifestado por la parte actora respecto al peritaje, siendo que el mismo refiere a inconformidad, se rechazan las gestiones. Ahora bien, respecto al escrito de hechos nuevos presentado por la parte actora, se confiere el plazo de TRES DÍAS a la parte demandada para que se refiera al mismo. Por último, vista la solicitud de medida cautelar que presenta la parte actora, se confiere audiencia por el mismo plazo indicado anteriormente a la parte demandada, para que conteste por escrito (artículo 24.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo)..." (imágenes 438 a 441 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
18.- Por auto sentencia número 1767-2018 de las 16:03 horas del 02 de noviembre del 2018, la Jueza de Trámite rechazó la tercera solicitud de medida cautelar planteada por la parte actora (imágenes 495 a 501 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). Por resolución oral número 116-2019-I de las 15:30 horas del 18 de marzo del 2019, la Sección I del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dispuso: "...Se confirma la resolución número 1767-2018, de las dieciséis horas tres minutos del dos de noviembre de dos mil dieciocho, que denegó la medida cautelar, respecto de la pretensión número uno. En cuanto a la pretensión número dos, se declara una falta de interés actual, por cuanto las obras ya fueron concluidas..." (imágenes 506 y 507 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
19.- Mediante pronunciamiento de las 13:22 horas del 05 de julio del 2019, el Juez Tramitador resolvió: "...Vista la solicitud de la parte actora de señalar una fecha para la realización de audiencia preliminar (escrito de fecha 21 de enero 2019), la misma carece de actualidad toda vez que según consta en la minuta de audiencia preliminar del 01 de julio 2015, la misma fue realizada y se abarcaron todas sus etapas. En otro orden de ideas, visto que ya fue rendido el informe pericial por parte del ingeniero José Antonio Navarro Redondo, y habiéndose emplazado a la parte demandada de los hechos nuevos presentados por la parte actora (ver resolución de las dieciséis horas y ocho minutos del cuatro de octubre de dos mil dieciocho). Siendo que existe prueba que evacuar, se ordena elevar este asunto para conocimiento al Tribunal que por turno corresponda..." (imágenes 471 a 474, 554 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
20.- Que por auto de las 07:40 horas del 23 de setiembre del 2019, se señaló a audiencia de juicio oral y público, a realizarse en la Sala 1 del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, a partir de las 08:30 horas del 01 de julio del 2021 (imágenes 1 a 3 de la resolución del 23-09-2019, visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
21.- Que por resolución de las 14:13 horas del 16 de junio del 2021, se dispuso -en lo que interesa-: i) "...se les otorga a las partes el plazo de 48 HORAS, a efecto de que manifiesten su anuencia o no en orden a prescindir de la evacuación de la prueba, que requiere la intervención de una persona declarante como perito judicial (parte actora). En caso de que se conteste de manera positiva la audiencia conferida al efecto, se procederá a notificarles oportunamente la resolución en que se les otorgará el plazo respectivo para que rindan sus conclusiones por escrito, concluido el cual, comenzará a computarse a partir del primer día hábil siguiente, el plazo de quince días hábiles para el dictado de la sentencia previsto en los artículos 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, con relación al inciso 4) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción. Por último, cabe destacar que en el supuesto de que las partes manifestaran su deseo de que la audiencia de evacuación de prueba se lleve a cabo, en la fecha señalada al efecto en auto de las 07:40 horas de 23 de setiembre del 2019, se procederá conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados..."; ii) "...con el propósito de llevar a cabo la audiencia de juicio en la fecha señalada mediante el auto de las 07:40 horas de 23 de setiembre del 2019 -a saber: el 01 de julio del 2021, a partir de las 08:30 horas en la Sala 1 del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José-, y no demorar más la tramitación de este asunto, dicha diligencia podría realizarse en modalidad mixta (presencial-virtual). En ese sentido y con fundamento en la circular número 137-2020, del 6 de julio del 2020, publicada en el Boletín Judicial N°150 de 6 agosto del 2020, que contiene el “Protocolo para la realización de audiencias orales en modalidad virtual total o parcial mediante la utilización de herramientas tecnológicas en la materia Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda del Poder Judicial de Costa Rica”, aprobado por Corte Plena en el artículo V de la Sesión Ordinaria N°37-2020 del 29 de junio del 2020, se confiere a las partes y al perito judicial, el plazo de 48 HORAS, contadas a partir de la notificación de este pronunciamiento, para que manifiesten su disponibilidad en orden a llevar a cabo la audiencia en modalidad mixta (presencial-virtual). EN CASO DE QUE SE OMITA CONTESTAR ESTA AUDIENCIA, LA DILIGENCIA DE EVACUACIÓN DE PRUEBA SE LLEVARÁ A CABO DE FORMA PRESENCIAL -únicamente respecto de la parte o el perito judicial que NO lo haga o que se oponga de manera fundada, EN LA FECHA Y HORA PREVIAMENTE SEÑALADA SUPRA, O SEA, A PARTIR DE LAS 08:30 HORAS DEL 01 DE JULIO DEL 2021..." (imágenes 1 a 12 del pronunciamiento del 16-06-2021, visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
22.- Que por pronunciamiento de las 15:47 horas del 24 junio del 2021, se resolvió: "...se tiene por prescindida la evacuación oral de la prueba pericial que fue admitida a la parte actora, en la audiencia preliminar celebrada en este proceso de conocimiento el 01 de julio del 2015 (folios 151 y 152 del expediente judicial; respaldo digital de la audiencia preliminar del 01-07-2015), por ende y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 98 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se declara este asunto de puro derecho (...) Se otorga a las partes un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para que rindan sus conclusiones por escrito (artículo 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo), concluido el cual, comenzará a computarse -a partir del primer día hábil siguiente- el plazo de quince días hábiles para el dictado de la sentencia previsto en los artículos 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, con relación al inciso 4) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción. Se advierte a las partes que en las conclusiones, no procede introducir hechos o alegatos diferentes a los que ya han sido objeto de contradictorio, conforme al criterio contenido en la sentencia número 001151-A-S1-2019 de las 09:10 horas del 11 de julio del 2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (...) Por último, se deja sin efecto el señalamiento a evacuación de prueba fijado para las 08:30 horas del 01 de julio del 2021, en la Sala 1 del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José..." (imágenes 1 a 3 de la resolución de 24-06-2021, visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
23.- Que el 28 de junio y el 01 de julio del 2021, se recibieron los memoriales con las conclusiones de los representantes de la parte demandada y de la actora, respectivamente (ver carpeta de escritos del expediente virtual).
24.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. En consecuencia, el plazo de dictado de esta sentencia previsto en los artículos 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, con relación al inciso 4) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción, vence el 27 de julio del 2021. Ello por cuanto, mediante Ley número 9875 el feriado del 25 de julio del 2021 (Día de la Anexión de Guanacaste), se trasladó para el lunes inmediato posterior, o sea, para el 26 de julio del 2021.
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de la jueza Sánchez Navarro y el juez Mena García; y, C O N S I DE R A N D O:
Io.- SOBRE EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL OFRECIDO COMO PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL 01 DE JULIO DEL 2015. Previo al elenco de hechos probados, no demostrados y el análisis de fondo de este asunto, este Tribunal debe pronunciarse sobre el reconocimiento judicial ofrecido por el apoderado de la demandante, inmediatamente después de que la Jueza de Trámite rechazara esa prueba en la audiencia preliminar celebrada el 01 de julio del 2015 (folios 150 a 153 del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 01-07-2015). En ese sentido, este Tribunal considera que de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 148 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la prueba de reconocimiento judicial ofrecida para mejor resolver por la demandante, no procede admitirse por las siguientes razones: 1) En primera instancia, debe recordarse que el objeto del proceso, consiste en determinar si las aguas vertidas y pluviales de la Urbanización Nueva Jerusalén, se vierten o no en la finca inscrita a nombre de la actora bajo matrícula de folio real Placa20746 , y en caso positivo, determinar si esa circunstancia ha causado o no daños materiales y morales subjetivos a la parte actora, y si procede aplicar o no las medidas técnicas que sean necesarias, a fin de solventar ese problema; 2) En razón de lo anterior, el reconocimiento judicial ofrecido como prueba para mejor resolver, no resulta pertinente en el caso concreto -tal y como lo había indicado la Jueza Tramitadora al rechazar dicho ofrecimiento en la audiencia preliminar del 01 de julio del 2015-, puesto que ya consta en el expediente prueba pericial y documental -incluidas fotografías- en que se describe de manera detallada cuál es la situación del inmueble de la actora; 3) En razón de lo anterior, el medio probatorio ofrecido no aporta nuevos elementos de convicción a este Tribunal, pues tal y como indicó el apoderado de la accionante en escrito visible a folio 95 del expediente judicial, el reconocimiento ofrecido resulta "...de carácter subsidiario si el Despacho acepta la prueba pericial...", tal y como sucedió en la especie, ya que se requería de un criterio técnico emitido por un profesional con experiencia en ingeniería sanitaria y aguas, para que determinara -a partir de la visita de campo que realizaría al inmueble- cuál es la situación del terreno, cuáles son las causas que motivan ese estado y las posibles soluciones a aplicar en el caso concreto. Sin perjuicio claro está, de la prueba documental aportada por ambas partes, que comprende informes técnicos -con fotografías- rendidos de funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Municipalidad demandada, sobre el estado del inmueble y las causas que lo originan. 4) En este punto, cabe recordar el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el rechazo de la prueba para mejor resolver no produce la indefensión de las partes. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el Voto N° 547-F-2002 de las dieciséis horas del doce de julio de dos mil dos dictada por la Sala Primera, que indica: “(…) IV.- Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. Ergo, la omisión de pronunciamiento a su respecto, precisamente porque ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba y precluída (sic) aquella etapa, será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. (…)”. Por todo lo expuesto, se rechaza el reconocimiento judicial ofrecido como prueba para mejor resolver por la parte actora.
IIo.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso: 1) Que la actora es la propietaria registral de la finca inscrita bajo matrícula de folio real número Placa20746 , descrita en los planos catastrados número Placa21473 y Placa21474, que es terreno de cafetal, sito en Concepción de San Rafael de Heredia (folio 11 del expediente administrativo; ver asiento registral del inmueble Placa20746 , en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com); 2) Que el 04 de agosto del 2009, la actora interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud, porque en el inmueble de su propiedad, se vierten "aguas sucias" provenientes de la Dirección14195 (folio 16 del expediente judicial); 3) Que para el 04 y el 06 de agosto del 2009 -fechas en que la actora planteó las denuncias respectivas ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad demandada, por el vertido de las aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en el terreno de su propiedad-, la finca con matrícula de folio real número Placa21475 en que se desarrolló el proyecto urbanístico indicado, aún estaba a nombre de la entidad municipal demandada (se desprende de los folios 1, 9 del expediente administrativo; 7, 8, 14 a 16 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca Placa21475 y sus segregaciones, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com); 4) Que mediante oficio número OIM-1130-90 del 08 de setiembre del 2009, el Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó al Arquitecto de ese mismo ente municipal, que se pudo comprobar en inspección que se realizó en fecha no especificada, que "... de la urbanización Jerusalén desfogan las aguas jabonosas a la calle y éstas después caen en la parte posterior de la propiedad de la Sra. Nombre115061 ocasionando: que el agua y el paso del tiempo abriera un gran caño o zanja cruzando la propiedad hasta el frente de la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas..." (folios 06 a 08 del expediente administrativo; el resaltado no es del original); 5) Que por oficio MSRH-DCU-910-2009 del 14 de diciembre del 2009, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad demandada, indicó -en lo que interesa-: i) "...No existe razón, ni lógica mecánica para que las aguas residuales de las casas de la urbanización "Municipal" Jerusalén, desfoguen directamente al cordón de caño y posteriormente viajen hacia el oeste ingresando a la propiedad de la señora Nombre115061 , y estancándose a cielo abierto..."; ii) "... Al realizar la recopilación de información confidencial de los archivos municipales, se obtienen datos en el sentido de que los permisos de construcción que se remontan al año de 1998, en donde se adjudican los lotes a los beneficiarios y los mismos se comprometen a construir su vivienda de forma inmediata, entendiéndose que es con aval del municipio..."; iii) "...Desde el punto de vista técnico se recomienda desarrollar un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061. Quedando por resolver por el departamento legal y el Concejo Municipal si es factible o no ejecutar dicho proyecto en las áreas de parque que se encuentra al costado oeste del proyecto Jerusalén..." (folios 7 y 8 del expediente judicial y 9 del expediente administrativo); 6) Que entre el 22 y el 26 de enero del 2010, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, envió avisos al menos a nueve vecinos de la Urbanización Nueva Jerusalén, a fin de que solventaran de manera conjunta el problema de vertido de aguas residuales en el terreno de la actora (folios 13 a 22, 25 del expediente administrativo); 7) Que para esas fechas (22 y 26 de enero del 2010) el inmueble con matrícula número Placa21475 en que se desarrolló el proyecto urbanístico Nueva Jerusalén, aún continuaba registrado a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, dado que no es sino hasta el 13 de noviembre del 2013, que se empezaron a inscribir en el Registro de la Propiedad las segregaciones realizadas a favor de las personas beneficiarias de ese fraccionamiento (ver asiento registral de la finca Placa21475 y sus segregaciones, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/); 8) Que en oficio número ARS-SR-B-REG-068-10 del 29 de febrero del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, indicó -en lo que interesa- que: "...se observa como el paso tanto de agua pluvial como servidas se desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estancan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros (....) al momento de la última visita se observa que prácticamente se ha construido en un 90% de los terrenos de dichas viviendas por lo que a la fecha la mayor parte carecen de área para drenar dichas aguas (servidas) y conectarlas al sistema séptico sería promover un problema de aguas negras en dichas viviendas con el agravante que luego se contaminaría más el sistema pluvial (...) Es claro que por la propiedad de la parte denunciante se evacuan las aguas pluviales y servidas de la Urb. (sic) Jerusalém, lo cual ha sido desde inicios del proyecto..." (folios 24 a 26 del expediente administrativo; 11 a 13 del expediente judicial; el resaltado no es del original); 9) Que la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, indicó al Alcalde Municipal de San Rafael, por oficio número ARS.SR-B-304-2012 del 01 de marzo del 2010, que "...Como punto importante y de accionar inmediato se considera adecuado que la Municipalidad de San Rafael proceda a dragar el caño de desfogue de las aguas en conflicto y se proceda a darle mantenimiento al mismo en tanto se llega a definir lo que se va a hacer con dicho sistema de evacuación...", razón por la cual, le solicitó que "...nos informe de las acciones realizadas y las que se vayan a realizar para solución de esta denuncia..." (folios 22 y 23 del expediente administrativo); 10) Que por oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del 30 de noviembre del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, señaló -en lo que interesa- que: i) "...Ya está comprobado que se da la descarga de aguas servidas y pluviales hacia la propiedad de la parte denunciante, se tiene pendiente la emisión de las respectivas órdenes sanitarias (...) Para descartar la posible descarga de aguas negras hacia el sistema de cunetas pluviales o acera pública se realizaron las respectivas pruebas de colorante a las casas de Urbanización Jerusalén, dando como resultado en todas negativo, o sea se descarta a la fecha la existencia de conexiones ilícitas de aguas de tanque séptico al sistema de evacuación pluvial, lo que se (sic) queda claro y confirmado es que un 90 por ciento de las casas de dicha Urbanización descargan las aguas servidas al sistema de evacuación pluvial..."; ii) "...el paso de las aguas pluviales por su propiedad no sería eliminado por las razones de pendientes y niveles que se tiraron desde un inicio cuando se realizó la infraestructura de dicha Urbanización..."; iii) "...la disposición adecuada de las aguas pluviales es meramente responsabilidad municipal y al no haber llegado a la fecha a ningún acuerdo con la parte denunciante en este sentido, se procederá a emitir orden sanitaria para que las mismas sean eliminadas en forma sanitaria adecuada acondicionando la infraestructura necesaria para tal fin..." (folios 29 a 31 del expediente administrativo; 22 a 24 del expediente judicial; el resaltado no es del original; el resaltado no es del original); 11) Que tanto la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, como la actora gestionaron ante el Alcalde Municipal de San Rafael el 27 de abril y el 11 de junio del 2011, respectivamente, que procediera a informar sobre las acciones concretas a fin de cumplir la orden sanitaria número 002-11-S, respecto a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén del inmueble propiedad de la actora (folios 6, 8 y 10 del expediente judicial; 32 y 33 del expediente administrativo); 12) Que por oficio número 1130-2011 AMRSH del 20 de junio del 2011, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, le comunicó a la actora que "...No he iniciado los trabajos en la Urbanización Jerusalén en vista de que el proceso de contratación tiene muchas etapas, de acuerdo a las normas establecidas que nos competen; esto significa que el tiempo de duración para tener los materiales en el plantel es de dos meses, una vez con esos materiales, se procederá a llevar a cabo esos trabajos..." (folios 5 del expediente judicial y 33 del expediente administrativo); 13) Que en informe recibido el 13 de febrero del 2018 en este Despacho, el perito judicial José Antonio Navarro Redondo, concluyó -en términos generales- que: i) "...La finca colinda con la parte baja de la Urbanización Nueva Jerusalem, por lo cual tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) La Urb. Nueva Jerusalén no tiene una adecuada solución para las aguas residuales de las viviendas. En la inspección realizada, se observa la descarga directa de aguas residuales a los caños. El sitio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización Nueva Jerusalén. Por la topografía de la zona, las aguas se encausan directamente a la propiedad en estudio..."; ii) "...Es importante resaltar la necesidad de tener una solución de tratamiento, por las características de las casas y el espacio disponible, la única opción viable es la solución colectiva, es decir la construcción de una planta de tratamiento para la Urbanización Nueva Jerusalén..."; iii) "... Las plantaciones de la finca N° 63408 muestran un gran deterioro producto de la exposición permanente de aguas residuales. (...) El grado de afectación de la finca se puede determinar en un 50% de la finca de la exploración visual, lo que no excluye el otro 50% si se lograse demostrar que hubo una contaminación por percolación de las aguas residuales, por el estancamiento y esparcimiento de las aguas residuales en su extensión, las matas de café de coloración blancuzca hacen evidentes la generación de hongos y otros patógenos en el cuerpo de las matas de café. (...) No se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses (sic) y otras sustancias tóxicas como metales pesados, productos todos que se transportan en las aguas residuales. Existen evidencias que desde el año 2010 la finca ha estado expuesta de manera permanente y continua a contaminación de alto riesgo para la salud (...) La afectación principal hace que la finca quede inhabilitada para su uso agrícola (...) por tanto el costo debería ser estimado en la pérdida de su uso como finca agrícola dedicada al cultivo de café..." (imágenes 390 a 393 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original); 14) Que las obras de canalización de aguas realizadas en el mes de julio del 2018, por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal demandada, en el sector en que se encuentra ubicada la finca de la accionante, "...NO contemplan modificaciones NI desvíos de los sistemas pluviales existentes en los alrededores. A parte de lo anterior, las obras que se realizan se encuentran totalmente en el derecho de vía y únicamente reciben las aguas del inmueble de la contribuyente..." (ver oficio MSRH-DPUT-336-2018 del 12 de octubre del 2018, suscrito por el Ingeniero Erick Camacho Sánchez de la Dirección de Planificación Urbana y Terrritorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, de imagen 465 a 467 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia); 15) Que el fraccionamiento que dio origen a la Urbanización Nueva Jerusalén, se realizó en la finca 118273-000 propiedad de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (se desprende de los documentos visibles a folios 9, 10 y 24 del expediente administrativo; 7 y 11 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca 118273-000 y sus segregaciones, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/); 16) Que el antiguo titular de la finca 63408-000 -que en la actualidad le pertenece a la actora, bajo los derechos 001 y 002-, "...accedió a que dichas aguas pasaran por su propiedad a cambio de que se le facultara para tener calle de entrada al final del proyecto por si algún día planeaba lotear (...) el problema inicial se dio al acceder el anterior dueño a dejar paso pluvial por su propiedad y que debía existir un acuerdo para su mantenimiento..." (folio 24 del expediente administrativo; y 11 del expediente judicial, en que consta oficio del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud); 17) Que por la topografía del terreno inscrito a nombre de la actora bajo matrícula de folio real número Placa20746 , "...tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) El sitio de la urbanización Nueva Jerusalen es un sitio de pendiente media-alta en San Rafael de Heredia, lo cual hace que las aguas de lluvia que se encausen posean mucha inercia y generen mucha turbulencia al descargar ya sea en los caños o en la propiedad finca Placa21472° . Las aguas de lluvia producto de la escorrentía de la zona, se dirigen directamente dentro de la finca propiedad afectada. Ya que es el punto más bajo y las aguas de lluvia tienden a fluir al punto de menor energía, provocando que se den desbordamientos hacia la finca en cuestión (...) La pendiente natural del terreno y el diseño mecánico de la Urbanización Nueva Jerusalén hacen que las aguas pluviales se encausen hacia la finca Placa21472° ..." (imágenes 389 a 394 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia, en que consta el informe pericial; folio 11 del expediente administrativo; el resaltado no es del original); 18) Que las aguas pluviales y servidas provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, "... desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estacan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros...", lo cual provoca que "...el agua y el paso del tiempo abriera un caño o zanja cruzando la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas y también permite una gran cantidad de zancudos, mal olor y aguas estancadas..." (folios 24 a 26, 06 a 08 del expediente administrativo; 11 a 13 el expediente judicial, en que constan oficios del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud y del 08 de setiembre del 2009 del Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael); 19) Que en el inmueble con matrícula Placa20746 propiedad de la actora, no se vierten aguas negras provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén (se desprende de la prueba visible de folios 6 a 9, 24 a 26, 29 a 31 del expediente administrativo; 7, 8, 11 a 13, 22 a 24, 385 a 398 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
IIIo.- HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia para el presente proceso, se tienen por no demostrados los siguientes: a) Que la Municipalidad demandada cumpliera la orden sanitaria número 002-11-S, dictada por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud, a fin de que procediera a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, vertidas en el inmueble propiedad de la actora (no hay prueba en el expediente); b) Que la corporación municipal haya cumplido el requisito establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -relativo a la aprobación de los sistemas para disponer y/o tratar aguas pluviales y residuales en fraccionamientos y urbanizaciones-, de previo a otorgar a partir del año de 1998, los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (no hay prueba que así lo demuestre); c) Que la entidad municipal accionada, aplicara alguna medida correctiva, a efecto de dar un tratamiento provisional al problema ocasionado por el vertido de aguas residuales del proyecto urbanístico Nueva Jerusalén, en la finca Placa20746 que pertenece a la accionante (no se desprende de la prueba allegada a los autos); d) Que las autoridades competentes de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, se hayan pronunciado sobre la recomendación dada por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de esa misma entidad desde el mes de diciembre del 2009, en torno a desarrollar "...un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061..." (no hay prueba en el expediente).
IVo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte ACTORA sostiene: 1) Indica que su poderdante es dueña de la finca del partido de Heredia, matrícula de folio real Placa20746 , descrita en los planos catastrados número Placa21476 y Placa21477. Asimismo, que dicha finca colinda con la Urbanización Nueva Jerusalén, la cual, no cuenta con un mecanismo adecuado para la recepción y tratamiento de las aguas negras, pluviales y residuales, por lo que, se optó por depositar en forma empírica y sin tratamiento alguno dichas aguas en un canal que atraviesa la finca del inmueble de su representada. 2) Afirma que el grave problema es que siempre las aguas quedan estancadas y provocan malos olores y criaderos de zancudos. Añade que si bien la actora no ha construido en dicha finca, no tiene por qué soportar como su heredad se convierte en vertedero municipal. 3) Sostiene que las casas construidas en la Urbanización Nueva Jerusalén, no cuentan con tanque séptico o alcantarillado sanitario, pues la Municipalidad al momento de la construcción no exigió que se hicieran esa infraestructura, por lo que, la única salida que tienen las personas moradoras de dichas viviendas es que las aguas negras caigan en la finca de la actora con grave perjuicio para su representada. Alega que no es posible que se construyera un residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas. Más aun, cuando se tiene conocimiento de que estaba destinada a personas que por su condición socioeconómica, se les dificultaría hacer erogaciones futuras tendentes a construir tanques sépticos que debieron estar previstos en los planes constructivos de la urbanización. 4) Refiere que la demandante ha enviado sendos escritos a la entidad accionada solicitando que se proceda a buscar una solución que satisfaga a todos los involucrados. Incluso, planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud, que constató la existencia del problema y le ordenaron a la entidad que lo resolviera, sin que a la fecha haya tomado las medidas necesarias para tal efecto. 5) Señala que la Municipalidad propuso a algunos vecinos de la Urbanización Nueva Jerusalén que construyeran un tanque séptico en sus respectivos hogares, sin perjuicio de que también el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano del propio ente municipal, recomendó al Alcalde que se hiciera una planta de tratamiento en la zona de juegos del residencial para solventar el inconveniente. No obstante, aunque el Alcalde le indicó a su poderdante que el proceso de contratación para realizar los trabajos comprendía varias etapas y que los materiales tardarían dos meses en llegar al plantel, lo cierto es que no se ha concretado ninguna solución. 6) Considera que todo ello, ha provocado a la actora daños materiales que le deben ser indemnizados, que consisten en la pérdida económica del valor de la finca, al convertirse en un vertedero de aguas negras, residuales y pluviales, que estima de manera prudencial en 10 millones de colones. Asimismo, sostiene que se le ha causado un daño moral subjetivo, que consiste en la ira, frustración, desengaño y decepción que siente al no poder disfrutar de su propiedad por culpa de la demandada y de la mala planificación que se hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén, daño que también estima en la suma de diez millones de colones sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto. Por su parte, la representante de la Municipalidad DEMANDADA manifiesta que: a) La Municipalidad no puede ser obligada a realizar drenaje o entubamiento alguno sobre las aguas, que corren naturalmente, con la escorrentía de la lluvia. Sobre todo, si se toma en consideración que, tal y como lo demuestra el Informe del Inspector del Ministerio de Salud, la actora estuvo de acuerdo en utilizar un canal, para la evacuación de aguas, y ahora que, le causa posibles molestias, pretende que se cierre, sin tomar en consideración las ulteriores consecuencias, para los vecinos de la zona y para las personas que viven aguas abajo. b) Afirma que también consta en la prueba documental aportada, que la Municipalidad no llevó a cabo el desarrollo urbanístico Nueva Jerusalén, sino que solamente donó los terrenos, así que indicar que es su obligación solventar la situación, no resulta de recibo. Refiere que si bien es cierto, el municipio aprobó los permisos de construcción, también lo es, que se cumplió con toda la normativa urbanística de obligado cumplimiento. c) Señala que la normativa urbanística obliga a que los propietarios de los fundos, predios e inmuebles, sean los que deban solucionar los problemas que ellos mismos ocasionan; pues en caso contrario, se estaría sacando provecho del propio dolo de esos propietarios. Sostiene que de la prueba documental que consta en el expediente claramente se puede extraer que el municipio no edificó desarrollo urbanístico alguno y en consecuencia, tampoco construyó sistema de evacuación de aguas servidas a desagües pluviales, siendo que por competencia este asunto debe ser conocido y resuelto por el Ministerio de Salud. d) Indica que está demostrado que la finca con matrícula de folio real Placa21472° , descrita en el plano de catastro H-0000481-1966 es propiedad de la señora Nombre115061 . Que tal y como consta en dicho plano, en la propiedad, se ubica un cauce de agua que discurre de norte a sur, que sirve como desfogue pluvial de un sector de las calles públicas existentes en el lugar y por ende de las viviendas que se ubican en el sector. Esta finca también, se encuentra a un nivel topográfico menor que la calle pública de la Urbanización Jerusalén, por lo que las aguas pluviales de dicha urbanización discurren de conformidad con la topografía natural, lo que provoca que la escorrentía sea natural. Eso es así, en función de lo dispuesto en el numeral 20 de la Ley General de Caminos Públicos, que indica: "...los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno...". Por lo anterior, considera que es la propia actora quien debe proceder a realizar los entubamientos que los técnicos determinen, sin causar perjuicios a los vecinos del sector ni a los de aguas abajo. e) En lo que se refiere a las aguas negras, alega que debe estarse a lo dispuesto en los artículos 285, 286, 287, 290 y 297 de la Ley General de Salud, siendo competencia del Ministerio de Salud, no obstante, señala que no existe prueba alguna que acredite que en el sitio existe descarga de aguas negras.
Vo.- CON RELACIÓN A LAS PRETENSIONES 1, 2, 3 y 5 DE LA DEMANDA CON RELACIÓN AL SUPUESTO VERTIDO DE AGUAS NEGRAS EN LA FINCA DE LA DEMANDANTE. Contrario a lo que sostiene el representante de la actora, se tiene por acreditado que en el inmueble con matrícula Placa20746 propiedad de su representante, no se vierten aguas negras provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén. En ese sentido, coinciden los criterios técnicos emitidos no sólo por los Departamentos de Construcciones y, de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, sino también, por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud y el perito judicial Ingeniero José Antonio Navarro Redondo (ver folios 6 a 9, 24 a 26, 29 a 31 del expediente administrativo; 7, 8, 11 a 13, 22 a 24, 385 a 398 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). Al respecto, por oficio número OIM-1130-90 del 08 de setiembre del 2009, el Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó al Arquitecto de ese mismo ente municipal, que se pudo comprobar que "... de la urbanización Jerusalén desfogan las aguas jabonosas a la calle y éstas después caen en la parte posterior de la propiedad de la Sra. Nombre115061 ocasionando: que el agua y el paso del tiempo abriera un gran caño o zanja cruzando la propiedad hasta el frente de la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas..." (folios 06 a 08 del expediente administrativo; el resaltado no es del original). Asimismo, mediante oficio MSRH-DCU-910-2009 del 14 de diciembre del 2009, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad demandada, indicó: "...No existe razón, ni lógica mecánica para que las aguas residuales de las casas de la urbanización "Municipal" Jerusalén, desfoguen directamente al cordón de caño y posteriormente viajen hacia el oeste ingresando a la propiedad de la señora Nombre115061 , y estancándose a cielo abierto..." (folios 7 del expediente judicial y 9 del expediente administrativo). Por su parte, en oficio número ARS-SR-B-REG-068-10 del 29 de febrero del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, indicó -en lo que interesa- que "...se observa como el paso tanto de agua pluvial como servidas se desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estancan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros (....) al momento de la última visita se observa que prácticamente se ha construido en un 90% de los terrenos de dichas viviendas por lo que a la fecha la mayor parte carecen de área para drenar dichas aguas (servidas) y conectarlas al sistema séptico sería promover un problema de aguas negras en dichas viviendas con el agravante que luego se contaminaría más el sistema pluvial (...) Es claro que por la propiedad de la parte denunciante se evacuan las aguas pluviales y servidas de la Dirección14196: , lo cual ha sido desde inicios del proyecto..." (folios 24 a 26 del expediente administrativo; 11 a 13 del expediente judicial; el resaltado no es del original). Ahora bien, como parte del seguimiento a la denuncia interpuesta por la actora el 04 de agosto del 2009 ante el Ministerio de Salud (folio 16 del expediente judicial), Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, señaló en oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del 30 de noviembre del 2010, que "...Ya está comprobado que se da la descarga de aguas servidas y pluviales hacia la propiedad de la parte denunciante, se tiene pendiente la emisión de las respectivas órdenes sanitarias (...) Para descartar la posible descarga de aguas negras hacia el sistema de cunetas pluviales o acera pública se realizaron las respectivas pruebas de colorante a las casas de Urbanización Jerusalén, dando como resultado en todas negativo, o sea se descarta a la fecha la existencia de conexiones ilícitas de aguas de tanque séptico al sistema de evacuación pluvial, lo que se (sic) queda claro y confirmado es que un 90 por ciento de las casas de dicha Urbanización descargan las aguas servidas al sistema de evacuación pluvial..." (folios 29 a 31 del expediente administrativo; 22 a 24 del expediente judicial; el resaltado no es del original). Por último, en informe recibido el 13 de febrero del 2018, el perito judicial José Antonio Navarro Redondo, concluyó -en términos generales- que: "...La finca colinda con la parte baja de la Urbanización Nueva Jerusalem, por lo cual tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) La Urb. Nueva Jerusalén no tiene una adecuada solución para las aguas residuales de las viviendas. En la inspección realizada, se observa la descarga directa de aguas residuales a los caños. El sitio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización Nueva Jerusalén. Por la topografía de la zona, las aguas se encausan directamente a la propiedad en estudio..." (imágenes 390 a 393 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). Por todo lo expuesto, resultan improcedentes las pretensiones 1 y 2 de la demanda, tendentes a que este órgano colegiado declare que la Urbanización Nueva Jerusalén, "...se construyó sin la realización de tanques sépticos o sistema de recolección de aguas negras que les permitieran a los vecinos poder acceder a un ambiente sano. ii. Que la demandada es la principal responsable de la omisión que se señala en el punto i de esta pretensión...". En razón de lo anterior, tanto la pretensión 3 relativa a que "... se le ordene a la demandada realizar las obras de infraestructura necesarias para que las aguas negras (...) NO SIGAN TRANSCURRIENDO EN MI PROPIEDAD CON GRAVE PERJUICIO PARA LA SUSCRITA, OBRAS QUE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO PRUDENCIAL SO PENA DE LAS CONSECUENCIAS DE LEY EN CASO DE OMISIÓN..."; como la pretensión 5 con relación al presunto daño moral subjetivo relacionado con "...la ira, frustración desengaño y decepción que siento al no poder disfrutar de mi propiedad por culpa de la demandada y la mala planificación que hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén. No nos explicamos como es que se construye una nueva unidad residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas...", también resultan improcedentes, en cuanto a la supuesta descarga de aguas negras en la finca 63408-001 y 002 propiedad de la demandante.
VIo.- RESPECTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, CON RELACIÓN AL VERTIDO DE AGUAS PLUVIALES EN EL INMUEBLE DE LA ACTORA. Al respecto, se tiene por acreditado que el antiguo titular de la finca 63408-000 -que en la actualidad le pertenece a la actora, bajo los derechos 001 y 002-, "...accedió a que dichas aguas pasaran por su propiedad a cambio de que se le facultara para tener calle de entrada al final del proyecto por si algún día planeaba lotear (...) el problema inicial se dio al acceder el anterior dueño a dejar paso pluvial por su propiedad y que debía existir un acuerdo para su mantenimiento..." (folio 24 del expediente administrativo; y 11 del expediente judicial, en que consta oficio del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud). Asimismo, que por la topografía del terreno inscrito a nombre de la actora bajo matrícula de folio real número Placa20746 , "...tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) El sitio de la urbanización Nueva Jerusalen es un sitio de pendiente media-alta en San Rafael de Heredia, lo cual hace que las aguas de lluvia que se encausen posean mucha inercia y generen mucha turbulencia al descargar ya sea en los caños o en la propiedad finca Placa21472° . Las aguas de lluvia producto de la escorrentía de la zona, se dirigen directamente dentro de la finca propiedad afectada. Ya que es el punto más bajo y las aguas de lluvia tienden a fluir al punto de menor energía, provocando que se den desbordamientos hacia la finca en cuestión (...) La pendiente natural del terreno y el diseño mecánico de la Urbanización Nueva Jerusalén hacen que las aguas pluviales se encausen hacia la finca N° 63408..." (imágenes 389 a 394 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia, en que consta el informe pericial; folio 11 del expediente administrativo; el resaltado no es del original). Que en razón de lo anterior, "...el paso tanto de agua pluvial como servidas desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estacan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros...", lo cual provocó que "...el agua y el paso del tiempo abriera un caño o zanja cruzando la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas y también permite una gran cantidad de zancudos, mal olor y aguas estancadas..." (folios 24 a 26, 06 a 08 del expediente administrativo; 11 a 13 el expediente judicial, en que constan oficios del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud y del 08 de setiembre del 2009 del Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael). Por su parte, mediante oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del 30 de noviembre del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, manifestó -en lo que interesa- a la Directora de esa dependencia que "...la disposición adecuada de las aguas pluviales es meramente responsabilidad municipal y al no haber llegado a la fecha a ningún acuerdo con la parte denunciante en este sentido, se procederá a emitir orden sanitaria para que las mismas sean eliminadas en forma sanitaria adecuada acondicionando la infraestructura necesaria para tal fin..." (folios 29 a 31 del expediente administrativo; 22 a 24 el expediente judicial). Que si bien es cierto, tanto la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, como la actora gestionaron ante el Alcalde Municipal de San Rafael el 27 de abril y el 11 de junio del 2011, respectivamente, que procediera a informar sobre las acciones concretas a fin de cumplir la orden sanitaria número 002-11-S, respecto a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Dirección14195 del inmueble propiedad de la actora (folios 6, 8 y 10 del expediente judicial; 32 y 33 del expediente administrativo); también lo es, que no se tiene por acreditado que la Municipalidad demandada procediera a cumplir la orden sanitaria número 002-11-S (considerando III aparte a de esta sentencia), a pesar de que por oficio número 1130-2011 AMRSH del 20 de junio del 2011, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, le comunicó a la actora que "...No he iniciado los trabajos en la Urbanización Jerusalén en vista de que el proceso de contratación tiene muchas etapas, de acuerdo a las normas establecidas que nos competen; esto significa que el tiempo de duración para tener los materiales en el plantel es de dos meses, una vez con esos materiales, se procederá a llevar a cabo esos trabajos..." (folios 5 del expediente judicial y 33 del expediente administrativo). A partir de lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera, que si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Caminos, "...Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno..."; también lo es, que con base en el numeral 285 de la Ley General de Salud, las aguas pluviales "...deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad...". Lo anterior adquiere relevancia en la especie, pues aún y cuando -tal como se afirma en el oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del Área Rectora del Ministerio de Salud- "...el paso de las aguas pluviales por su propiedad no sería eliminado por las razones de pendientes y niveles que se tiraron desde un inicio cuando se realizó la infraestructura de dicha Urbanización..." (folio 30 del expediente administrativo y 23 del expediente judicial; el resaltado no es del original); ello no implica en modo alguno, que la Municipalidad de San Rafael de Heredia incumpliera el deber que le impone el artículo 285 de la Ley General de Salud, en orden a disponer de un sistema de alcantarillado pluvial que eliminara adecuada y sanitariamente las aguas de esa naturaleza provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, por medio de una red pública de tuberías para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido, lo que no sucede en este caso, dado que las aguas pluviales "...se estacan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros...". En este punto cabe destacar, que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país, ningún otro "organismo estatal" otorgará permisos o aprobaciones de construcción (artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento), sin que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya aprobado los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, ya sea que el proyecto sea público o privado. Sin embargo, este Tribunal no tiene por acreditado que la entidad municipalidad demandada haya cumplido ese requisito, de previo aprobar a partir del año de 1998, los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (considerando III aparte b de esta sentencia), situación que se agrava, porque el fraccionamiento que dio origen a la Urbanización Nueva Jerusalén, se realizó en la finca 118273-000 propiedad de dicha Municipalidad (se desprende de los documentos visibles a folios 9, 10 y 24 del expediente administrativo; 7 y 11 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca Placa21475, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/). En consecuencia y contrario a lo que afirma la representante de la accionada, el hecho de que el anterior propietario de la finca 63408 -de la cual, ahora es titular la actora-, haya permitido que las aguas pluviales discurrieran por ese terreno, no justifica que la Municipalidad accionada incumpliera en los términos antes expuestos, la normativa sanitaria, ambiental y edilicia supra citada, que se encontraba vigente al tiempo de que aprobó el fraccionamiento de una finca de su propiedad con fines urbanísticos y otorgó los permisos de construcción correspondientes. Con el agravante además, de que la demandada inobservó la orden sanitaria número 002-11-S emitida por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud, tendente a que las aguas pluviales de la Urbanización Nueva Jerusalén que son vertidas en el inmueble propiedad de la actora, "...sean eliminadas en forma sanitaria adecuada acondicionado la infraestructura necesaria para tal fin..." (folios 5, 6, 8 y 10 del expediente judicial; 32 y 33 del expediente administrativo). Cabe destacar, que las obras de canalización de aguas realizadas en el mes de julio del 2018, por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal demandada, en el sector en que se encuentra ubicada la finca de la accionante, "...NO contemplan modificaciones NI desvíos de los sistemas pluviales existentes en los alrededores. A parte de lo anterior, las obras que se realizan se encuentran totalmente en el derecho de vía y únicamente reciben las aguas del inmueble de la contribuyente...", tal y como se desprende del oficio MSRH-DPUT-336-2018 del 12 de octubre del 2018, suscrito por el Ingeniero Erick Camacho Sánchez de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, aportado por la demandada al contestar la audiencia otorgada sobre los hechos nuevos alegados por la actora, que no tienen la virtud de incidir en el objeto del proceso, pues no tienen relación con éste (imágenes 465 a 467 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). En razón de todo lo expuesto, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de ejecución sentencias de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado.
VIIo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, CON RELACIÓN AL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FINCA DE LA ACCIONANTE Y LA ALEGADA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. En primera instancia, es necesario indicar que según se desprende de las pruebas visibles de folios 6 a 9, 24 a 26, 29 a 31 del expediente administrativo; 7, 8, 11 a 13, 22 a 24, 385 a 398 del expediente virtual -a la fecha de dictado de esta sentencia-, no existe controversia respecto a que las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, se vierten en la finca con matrícula de folio real Placa20746 cuya propietaria es la actora, dado que tal y como corroboró el perito en la visita de campo, dicho proyecto urbanístico "... no tiene una adecuada solución para las aguas residuales de las viviendas. En la inspección realizada, se observan (sic) la descarga directa de aguas residuales a los caños. El sitio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización Nueva Jerusalén..." (imágenes 391 a 393 de expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). Tan es así, que funcionarios de la propia Municipalidad demandada han indicado, que dicha entidad debe proceder a tomar las medidas necesarias, a fin de solucionar ese problema, posición que se desprende los siguientes documentos: i) Por oficio número MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano indicó: "...Desde el punto de vista técnico se recomienda desarrollar un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061. Quedando por resolver por el departamento legal y el Concejo Municipal si es factible o no ejecutar dicho proyecto en las áreas de parque que se encuentra al costado oeste del proyecto Jerusalén..." (folio 9 vuelto del expediente administrativo y 8 del expediente judicial); ii) Mediante oficio número 1130-2011 AMSRH del 20 de junio del 2011, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, le comunicó a la actora que "...No he iniciado los trabajos en la Urbanización Jerusalén en vista de que el proceso de contratación tiene muchas etapas, de acuerdo a las normas establecidas que nos competen; esto significa que el tiempo de duración para tener los materiales en el plantel es de dos meses, una vez con esos materiales, se procederá a llevar a cabo esos trabajos..." (folios 5 del expediente judicial y 33 del expediente administrativo); iii) Por escrito recibido en este Despacho el 05 de junio del 2014, el Alcalde Municipal al contestar la audiencia sobre el ajuste de las pretensiones de la demanda, indicó: "...mucho menos utilizar la propiedad de la actora como drenaje asunto que no ha discutido ni opuesto esta administración, pero este asunto encuentra solución de otras formas y que no es con la propuesta de la actora..." (folio 129 del expediente judicial). No obstante lo anterior, la representante de la Municipalidad demandada interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva, pues según su dicho, a quienes les corresponde solucionar el problema de vertido de aguas residuales en la finca cuya titular es la demandante, es a los vecinos de la Urbanización Nueva Jerusalén. En ese sentido, cabe reiterar que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país, ningún otro "organismo estatal" otorgará permisos o aprobaciones de construcción (artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento), sin que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya aprobado los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, ya sea que el proyecto sea público o privado. En la especie, este Tribunal no tiene por acreditado que la entidad municipal haya cumplido ese requisito, al aprobar a partir del año 1998 los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (considerando III aparte a de esta sentencia), situación que se agrava, porque el fraccionamiento que dio origen a dicho proyecto urbanístico, se realizó en la finca 118273-000 propiedad de dicha Municipalidad (se desprende de los documentos visibles a folios 9, 10 y 24 del expediente administrativo; 7 y 11 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca 118273-000, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/). Tan es así, que para el 04 y el 06 de agosto del 2009, fechas en que la actora planteó las denuncias respectivas ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad demandada por el vertido de las aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en el terreno de su propiedad (folios 1 del expediente administrativo; 14 a 16 del expediente judicial), la finca número 118273-000 en que se desarrolló el proyecto urbanístico indicado, aún estaba a nombre de la entidad municipal demandada, tal y como se desprende del oficio MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, suscrito por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (folios 9 del expediente administrativo; 7 y 8 del expediente judicial). En consecuencia, resulta improcedente que desde el año 1998 dicho ente municipal otorgara permisos para la construcción de viviendas en esa urbanización, a pesar de que no se contaba con un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; 285, 286 y 287 de la Ley General de Salud; 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento; 1 y 3 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE, vigente en ese momento). En ese sentido, la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que "...las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten..."; lo cual se agrava, porque el proyecto urbanístico se realizó en una finca de su propiedad. De ahí que resulte improcedente que la demandada pretenda traspasar esa responsabilidad a las personas que residen en ese proyecto urbanístico, como lo pretendió al enviar entre el 22 y el 26 de enero del 2010, avisos al menos a nueve vecinos de esa urbanización, a fin de que solucionaran de manera conjunta el problema de vertido de aguas residuales en el terreno de la actora, que se ha presentado desde el inicio de dicho proyecto habitacional (folios 13 a 22, 25 del expediente administrativo); más aún que para esas fechas el inmueble en que se desarrolló dicha urbanización aún continuaba inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, dado que no es sino hasta el 13 de noviembre del 2013, que se empezaron a inscribir en el Registro de la Propiedad las segregaciones realizadas a favor de las personas beneficiarias de ese proyecto habitacional (ver asiento registral de la finca 118273-000, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/), fecha en la cual, la demanda en su contra por la actora ya había sido planteada en esta sede jurisdiccional -a saber: el 10 de febrero del 2012 (ver folio 1 del expediente judicial). Aunado a que desde un punto de vista técnico, no es posible que en la especie se dé una solución individual a este problema, tal y como sostiene el perito judicial al indicar en su informe que "...Es importante resaltar la necesidad de tener una solución de tratamiento, por las características de las casas y el espacio disponible, la única opción viable es la solución colectiva, es decir la construcción de una planta de tratamiento para la Urbanización Nueva Jerusalén..." (folios 394 a 395 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). Dicho criterio técnico, es conteste con el indicado en el oficio ARS-SR-B-REG-068-10 del 29 de febrero del 2010, en el cual, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, manifestó -en lo que interesa- que "...al momento de la última visita se observa que prácticamente se ha construido en un 90% de los terrenos de dichas viviendas por lo que a la fecha la mayor parte carecen de área para drenar dichas aguas (servidas) y conectarlas al sistema séptico sería promover un problema de aguas negras en dichas viviendas con el agravante que luego se contaminaría más el sistema pluvial (...) Es claro que por la propiedad de la parte denunciante las aguas pluviales y servidas de la Urb. (sic) Jerusalém, lo cual ha sido desde inicios del proyecto..." (folios 24 a 26 del expediente administrativo; 11 a 13 del expediente judicial; el resaltado no es del original); como también, en el oficio número MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, en que el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano indicó: "...Desde el punto de vista técnico se recomienda desarrollar un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061. Quedando por resolver por el departamento legal y el Concejo Municipal si es factible o no ejecutar dicho proyecto en las áreas de parque que se encuentra al costado oeste del proyecto Jerusalén..." (folio 9 vuelto del expediente administrativo y 8 del expediente judicial). Por último y sin perjuicio de que la Municipalidad no impugnó ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la resolución oral número 1204-2014 dictada a las 09:57 horas del 29 de mayo del 2014, en que la Jueza de Trámite rechazó la defensa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria con relación al Ministerio de Salud (folios 111 a 113 del expediente judicial y respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 29-05-2014); es necesario resaltar que la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, gestionó ante el Alcalde Municipal de San Rafael el 01 de marzo del 2010 y el 11 de junio del 2011, no sólo porque "... Como punto importante y de accionar inmediato se considera adecuado que la Municipalidad de San Rafael proceda a dragar el caño de desfogue de las aguas en conflicto y se proceda a darle mantenimiento al mismo en tanto se llega a definir lo que se va a hacer con dicho sistema de evacuación...", debiendo informar sobre las acciones concretas que tomarían al respecto; sino también, a fin de que cumpliera la orden sanitaria número 002-11-S, emitida para que procedieran a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén del inmueble propiedad de la actora (folios 6, 8 y 10 del expediente judicial; 22, 23, 32 y 33 del expediente administrativo). No obstante, se reitera que se tiene por no demostrado que la entidad municipal, haya aplicado alguna medida correctiva temporal o definitiva, a efecto de solventar el problema ocasionado por el vertido de agua residuales del proyecto urbanístico Nueva Jerusalén, en la finca 63408-001 y 002 que pertenece a la accionante, lo cual, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley General de Salud (considerando III aparte c de esta sentencia). En razón de todo lo expuesto, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con base en el inciso 1) del numeral 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601-S-MINAE o el que estuviere vigente), en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente), Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable. La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de ejecución sentencias de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas juzgadoras de la fase de ejecución de sentencias, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora.
VIIIo.- SOBRE LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑO MATERIAL. La actora pretende que se le indemnice la suma prudencial de 10 millones de colones (¢10.000.000,00), por el daño material provocado al inmueble que le pertenece, a consecuencia del vertido de las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, dado que -a su juicio- ello implica una pérdida de valor económico de la finca, más los perjuicios (intereses). En primera instancia, es necesario aclarar que la actora no incluyó en sus pretensiones la indemnización por daño ambiental, por lo que, el análisis se limitará únicamente al daño material alegado en la pretensión número V de la demanda, en los términos antes indicados. Ahora bien, al respecto el perito concluyó en su informe que: "...3. Las plantaciones de la finca N° 63408 muestra un gran deterioro producto de la exposición permanente de aguas residuales. 4. El grado de afectación de la finca se puede determinar en un 50% de la finca de la exploración visual, lo que no excluye el otro 50% si se lograse demostrar que hubo una contaminación por percolación de las aguas residuales, por el estancamiento y esparcimiento de las aguas residuales en su extensión, las matas de café de coloración blancuzca hacen evidentes la generación de hongos y otros patógenos en el cuerpo de las matas de café. 5. No se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses (sic) y otras sustancias tóxicas como metales pesados, productos todos que se transportan en las aguas residuales. Existen evidencias que desde el año 2010 la finca ha estado expuesta de manera permanente y continua a contaminación de alto riesgo para la salud (...) La afectación principal hace que la finca quede inhabilitada para su uso agrícola (...) por tanto el costo debería ser estimado en la pérdida de su uso como finca agrícola dedicada al cultivo de café..." (imágenes 392, 395, 396 y 398 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). A partir de lo expuesto, este Tribunal considera que del informe pericial rendido, se tiene por demostrado el daño material provocado al inmueble con matrícula Placa20746 propiedad de la actora, a consecuencia del vertido de aguas residuales no tratadas provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, en virtud de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico en que incurrió la Municipalidad de San Rafael de Heredia, tal y como se analizó en el considerando VII de esta sentencia. No obstante, su cuantía no está demostrada toda vez que dicho extremo no era el objeto del peritaje, en los términos en que fue admitido en la audiencia preliminar del 1° de julio del 2018, decisión que no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes (folios 150 a 153 del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 01-07-2015), sin perjuicio de que la adición y ampliación solicitada por el representante de la actora, se refería a la cuantificación de un daño ambiental que nunca ha formado parte de las pretensiones de la demanda, tal y como se desprende de los folios 43 a 44, 52 a 53, 123 a 124, 111 a 113 del expediente judicial; respaldo digital de la audiencia preliminar del 29-05-2014, que consta en legajo aparte. En razón de todo lo expuesto y conforme al artículo 122 inciso m) sub inciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago.
IXo.- CON RELACIÓN AL ALEGADO DAÑO MORAL SUBJETIVO. La actora pretende que se le reconozca la suma prudencial de 10 millones de colones (¢10.000.000,00) por concepto de indemnización por daño moral subjetivo, más perjuicios (intereses), que consiste en "...la ira, frustración, desengaño y decepción que siento al no poder disfrutar de mi propiedad por culpa de la demandada y la mala planificación que hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén. No nos explicamos como es que se construye una nueva unidad residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas (...) Mi finca la tienen como un «tanque» de aguas negras o servidas por parte de la entidad con lo que se configura un daño moral subjetivo grave en mi perjuicio...". En ese sentido, es menester recordar, que no obstante en los supuestos en que se alegue un daño moral subjetivo, no es necesario demostrar su cuantía; también lo es, que sí debe acreditarse no sólo la existencia del daño, sino el nexo de causalidad con la conducta que presuntamente los provocó, con excepción de aquellos casos en que por la experiencia humana, sea evidente el sufrimiento, la angustia o el dolor ocasionado a consecuencia de una determinada conducta, lo cual ocurre en este caso. Ello por cuanto, el daño moral subjetivo surge por la incertidumbre, el desgaste y la frustración que le ha provocado a la actora, el hecho de que, pese a las gestiones que ha planteado desde el año 2009 ante la propia Municipalidad demandada, a fin de que se implementen las medidas necesarias para que las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén sean recolectadas y transportadas hasta su punto de tratamiento y vertido, a efecto de evitar que éstas continúen siendo descargadas en su propiedad, el problema persiste a la fecha, dada la inercia de la entidad municipal recurrida, pues ni siquiera consta que se ha pronunciado sobre la recomendación dada por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la entidad municipal demandada, en torno a desarrollar "...un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061..." (considerando III aparte d de esta sentencia). Considera este Tribunal, que el daño moral subjetivo sufrido por la actora en los términos antes expuestos, no se desvirtúa por el hecho de que la demandante no tenga su casa de habitación en el inmueble objeto del proceso, pues tal y como quedó acreditado en el considerando VIII, no sólo se le hace imposible utilizar el inmueble para lo que está destinado (siembra de café), a consecuencia del vertido constante de aguas residuales no tratadas, sino que esa circunstancia le ha restado valor económico a dicho terreno. En razón de todo lo expuesto, se estima razonable condenar a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones por concepto de daño moral subjetivo (¢5.000.000,00), cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo.
Xo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS Y EXCEPCIONES DE FONDO. Este Tribunal considera que la demanda fue incoada por la destinataria directa de las omisiones imputadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que han ocasionado el problema de vertido de las aguas pluviales y residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, en el inmueble que se encuentra registrado a nombre de la demandante bajo matrícula de folio real número Placa20746 , por lo que, el marco de legitimación activa se ampara en el ordinal 10.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, se rechaza conforme a lo analizado en el considerando VII de esta sentencia. Por su parte, el interés se mantiene actual, en el tanto la conducta impugnada sigue surtiendo efectos en la esfera jurídica de la demandante y requiere de una resolución jurisdiccional que la resuelva. Finalmente, encuentra este órgano colegiado que por todo lo expuesto en el considerandos V, VI, VII, VIII y IX de este sentencia, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115061 contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 2) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 propiedad de la actora, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente), en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente), Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resultara aplicable. La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 3) No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora. 4) Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 inciso m) sub inciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago. 5) Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) por concepto de daño moral subjetivo, cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia, una vez que este pronunciamiento adquiera firmeza. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo.
XIo.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la parte demandada extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia.
POR TANTO.
Se rechaza el reconocimiento judicial ofrecido como prueba para mejor resolver por la parte actora. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115061 contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 2) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente); Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente); Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable. La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 3) No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas juzgadoras de la fase de ejecución de sentencias, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora. 4) Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 inciso m) sub inciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago. 5) Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) por concepto de daño moral subjetivo, cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia, una vez que este pronunciamiento adquiera firmeza. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo. 6) Se impone el pago de ambas costas a la parte demandada, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal.- Marianella Álvarez Molina Ileana Isabel Sánchez Navarro Sergio Mena García PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTORA: Nombre115061 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA *WEBS9F9NG2S61*
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