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Res. 00067-2021 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 27/07/2021
OutcomeResultado
The Court partially granted the claim, ordered the municipality to carry out infrastructure works to properly collect and convey stormwater and wastewater within six months, and awarded abstract material damages and moral damages.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda, ordenó a la municipalidad ejecutar las obras de infraestructura para recolectar y transportar adecuadamente aguas pluviales y residuales en un plazo de 6 meses, y condenó al pago de daños materiales en abstracto y daño moral subjetivo.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Court ruled on a lawsuit against the Municipality of San Rafael de Heredia for the discharge of stormwater and wastewater from the Nueva Jerusalén housing development onto the plaintiff's land. The plaintiff argued the development lacked proper sanitary and stormwater sewer systems, causing stagnation, foul odors, and deterioration of her agricultural property. The Court found no evidence of blackwater discharge, but confirmed continuous flow of untreated wastewater and stormwater. It rejected the municipality's objection of lack of passive standing, since the municipality owned the lands where the development was built and approved construction permits without ensuring the sanitary infrastructure required by the General Health Law and the Construction Law. The Court ordered the defendant to carry out the necessary works to properly collect and convey both types of water, and awarded damages in the abstract for material harm, moral damages, and costs.El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia por el vertido de aguas pluviales y residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén sobre la finca de la actora. La demandante alegó que la urbanización carecía de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial adecuado, lo que causaba estancamientos, malos olores y deterioro de su propiedad agrícola. El Tribunal determinó que no se probó el vertido de aguas negras, pero sí la descarga continua de aguas residuales (servidas) y pluviales. Se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva municipal, pues el municipio era propietario de los terrenos donde se desarrolló la urbanización y aprobó los permisos de construcción sin garantizar la infraestructura sanitaria exigida por la Ley General de Salud y la Ley de Construcciones. Se ordenó a la demandada ejecutar las obras necesarias para recolectar y transportar adecuadamente ambas aguas, y se condenó al pago de daño material en abstracto, daño moral subjetivo y costas.
Key excerptExtracto clave
For all the above reasons, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within six months from the finality of this judgment, to carry out the necessary infrastructure works both in the Nueva Jerusalén urbanization and on the plaintiff's property (folio real registration number Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and convey to their discharge point the residual waters that, due to the land's topography, flow through the property registered under folio real Placa20746 in the plaintiff's name, works that must comply with the provisions of the Regulation on Discharge and Reuse of Wastewater (Executive Decree 33601 or the one in force), the Regulation on Approval of Wastewater Treatment Systems (Executive Decree 39887-S-MINAE or the one in force), the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urban Planning (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory norms. Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must, after notification of this judgment, implement the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out in order to provisionally address the problem of residual water discharge from the Nueva Jerusalén urbanization, and must report every three months to the judges of the sentence execution phase on the specific actions taken and the results obtained for this purpose, until the definitive solution to address the residual water discharge problem affecting the plaintiff's property is executed.En razón de todo lo expuesto, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente), en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente), Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resultara aplicable. No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora.
Pull quotesCitas destacadas
"las aguas pluviales 'deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire' (numeral 285 de la Ley General de Salud)."
"stormwater 'must be eliminated adequately and sanitarily to avoid contamination of soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and air contamination' (section 285 of the General Health Law)."
Considerando VI
"las aguas pluviales 'deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire' (numeral 285 de la Ley General de Salud)."
Considerando VI
"la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que 'las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten'."
"the obligation of the defendant municipality to effectively and definitively solve the problem of residual water discharge from the Nueva Jerusalén urbanization onto the plaintiff's property stems from its failure to exercise in a timely and efficient manner the powers imposed by the legal system, to guarantee and ensure that 'cities and other settlements meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands'."
Considerando VII
"la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que 'las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten'."
Considerando VII
"no se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses y otras sustancias tóxicas como metales pesados."
"under no circumstances is it recommended to use the coffee crops or exploit the farm, since prolonged exposure to residual waters permanently excludes it, for a period that must be monitored to eliminate pathogens, viruses, and other toxic substances such as heavy metals."
Informe pericial citado en Considerando VIII
"no se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses y otras sustancias tóxicas como metales pesados."
Informe pericial citado en Considerando VIII
Full documentDocumento completo
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. SECTION FIVE. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at eleven hours thirty minutes on the twenty-seventh of July, two thousand twenty-one.- A pure-law declaratory proceeding filed by Nombre115061, identity card number CED89735, represented by Nombre33507, identity card number CED90967, in her capacity as Special Judicial Representative (folios 2, 3, 46, and 47 of the judicial file); against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA, represented by the Acting Mayor Roxana Francinie Morera Brenes, identity card CED90968, and whose directing attorney is Alba Iris Ortiz Recio, professional license number 3992 (images 1 to 2 of the brief received on 06-28-2021, visible in the filings folder of the virtual file).
WHEREAS:
Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judge Sánchez Navarro and Judge Mena García; and,
WHEREAS:
Prior to the list of proven and unproven facts and the substantive analysis of this matter, this Tribunal must rule on the judicial inspection offered by the plaintiff's representative, immediately after the Processing Judge rejected that evidence in the preliminary hearing held on July 1, 2015 (folios 150 to 153 of the judicial file; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-01-2015). In that sense, this Tribunal considers that according to the provisions of Articles 110 and 148 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the judicial inspection evidence offered for better resolution by the plaintiff should not be admitted for the following reasons:
The following facts, which are relevant to this proceeding, are deemed duly accredited:
Name115061 , causing: water and the passage of time to open a large ditch or trench crossing the property to the front of the property and ending in an 18-inch culvert pipe..." (folios 06 to 08 of the administrative file; the highlighting is not from the original);
Of relevance to this process, the following are considered not proven: a) That the defendant Municipality fulfilled sanitary order number 002-11-S, issued by the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, to proceed with the adequate and sanitary elimination of the rainwater coming from the Nueva Jerusalén Housing Development, discharged onto the property owned by the plaintiff (there is no evidence in the file); b) That the municipal corporation complied with the requirement established in article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers —relating to the approval of systems for the disposal and/or treatment of rainwater and wastewater in subdivisions and housing developments (fraccionamientos y urbanizaciones)— prior to granting, starting in 1998, the construction permits for dwellings in the Nueva Jerusalén Housing Development (there is no evidence to demonstrate this); c) That the defendant municipal entity applied any corrective measure, in order to provide a provisional treatment to the problem caused by the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén urban development project, onto the property Placa20746 that belongs to the plaintiff (it is not inferred from the evidence adduced to the proceedings); d) That the competent authorities of the Municipality of San Rafael de Heredia have pronounced themselves on the recommendation given by the Head of the Department of Development and Urban Control of that same entity since the month of December 2009, regarding developing "...a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061..." (there is no evidence in the file).
V.REGARDING CLAIMS 1, 2, 3, AND 5 OF THE COMPLAINT CONCERNING THE ALLEGED DISCHARGE OF BLACKWATER ONTO THE PLAINTIFF'S PROPERTY. Contrary to what the plaintiff's representative maintains, it is considered proven that blackwater from the Nueva Jerusalén Housing Development is not discharged onto the property with registration number Placa20746 owned by his client. In this sense, the technical opinions issued not only by the Construction Departments and the Development and Urban Control Department of the Municipality of San Rafael de Heredia coincide, but also those by the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health and the judicial expert Engineer José Antonio Navarro Redondo (see folios 6 to 9, 24 to 26, 29 to 31 of the administrative file; 7, 8, 11 to 13, 22 to 24, 385 to 398 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment). In this regard, by official communication number OIM-1130-90 of September 8, 2009, the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia, indicated to the Architect of that same municipal entity, that it was found that "...soapy waters discharge from the Jerusalén housing development onto the street and these later fall into the rear part of the property of Mrs.
Nombre115061 , causing: water and the passage of time to open a large ditch or trench crossing the property to the front of the property and ending in an 18-inch culvert pipe..." (folios 06 to 08 of the administrative file; the highlighting is not from the original). Likewise, through official communication MSRH-DCU-910-2009 of December 14, 2009, the Head of the Department of Development and Urban Control of the defendant Municipality, indicated: "...There is no reason, nor mechanical logic for the wastewater from the houses of the "Municipal" Jerusalén housing development to discharge directly into the ditch line and subsequently travel westwards, entering the property of Mrs. Nombre115061 , and stagnating in the open air..." (folios 7 of the judicial file and 9 of the administrative file). For its part, in official communication number ARS-SR-B-REG-068-10 of February 29, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, indicated—in relevant part—that "...it is observed how the passage of both rainwater and greywater discharges from north to south within her property along approximately 100 meters and that the same stagnate in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even an adequate sewer system was set up for the rainwater discharge with its corresponding manholes (....) at the time of the last visit, it is observed that practically 90% of the land for said dwellings has been built upon, so that to date most lack area to drain said waters (greywater) and connecting them to the septic system would promote a blackwater problem in said dwellings with the aggravating factor that it would then further contaminate the rainwater drainage system (...) It is clear that rainwater and greywater from Dirección14196: are evacuated through the property of the complaining party, which has been the case since the beginning of the project..." (folios 24 to 26 of the administrative file; 11 to 13 of the judicial file; the highlighting is not from the original).
Now, as part of the follow-up to the complaint filed by the plaintiff on August 4, 2009, before the Ministry of Health (folio 16 of the judicial file), Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Area of the Ministry of Health, pointed out in official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 of November 30, 2010, that "...It has already been proven that the discharge of greywater and rainwater occurs towards the property of the complaining party; the issuance of the respective sanitary orders is pending (...) To rule out the possible discharge of blackwater towards the rainwater gutter system or public sidewalk, the respective dye tests were carried out on the houses of the Jerusalén Housing Development, all resulting negative, meaning the existence of illicit connections of septic tank waters to the rainwater evacuation system is ruled out as of this date, what is left clear and confirmed is that 90 percent of the houses of said Housing Development discharge greywater into the rainwater evacuation system..." (folios 29 to 31 of the administrative file; 22 to 24 of the judicial file; the highlighting is not from the original).
Finally, in a report received on February 13, 2018, the judicial expert José Antonio Navarro Redondo, concluded—in general terms—that: "...The property borders the lower part of the Nueva Jerusalem Housing Development, for which reason both the wastewater and the rainwater concentrate within the property, since there is no outlet (...) The Nueva Jerusalén Housing Development does not have an adequate solution for the dwellings' wastewater. In the inspection carried out, the direct discharge of wastewater to the ditches is observed. The site does not have a wastewater treatment plant in the Nueva Jerusalén housing development. Due to the topography of the area, the waters are channeled directly onto the property under study..." (images 390 to 393 of the virtual file, as of the date of issuance of this judgment; the highlighting is not from the original). For all the foregoing reasons, claims 1 and 2 of the complaint, aimed at having this collegiate body declare that the Nueva Jerusalén Housing Development "...was built without the construction of septic tanks or a blackwater collection system that would allow neighbors to access a healthy environment. ii.
That the defendant is primarily responsible for the omission pointed out in point i of this claim...", are considered inadmissible. Consequently, both claim 3 concerning "... ordering the defendant to carry out the necessary infrastructure works so that the blackwater (...) DOES NOT CONTINUE FLOWING THROUGH MY PROPERTY WITH SERIOUS PREJUDICE TO THE UNDERSIGNED, WORKS THAT MUST BE CARRIED OUT WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD UNDER PENALTY OF LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF OMISSION..."; and claim 5 regarding the alleged subjective moral damage related to "...the anger, frustration, disillusionment and disappointment I feel at not being able to enjoy my property due to the fault of the defendant and the poor planning that was done when building the Nueva Jerusalén Housing Development. We cannot understand how a new residential unit is built without having planned an optimal system for collecting blackwater or greywater in such a way that it does not affect neighboring properties...", are also considered inadmissible, regarding the alleged discharge of blackwater onto property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff.
In this regard, it is considered accredited that the former owner of property 63408-000 —which now belongs to the plaintiff, under rights 001 and 002— "...agreed to allow said waters to pass through his property in exchange for being granted a right-of-way for an entrance road at the end of the project, in case he someday planned to subdivide (lotear) (...) the initial problem arose when the previous owner agreed to allow a stormwater passage through his property and there should have been an agreement for its maintenance..." (folio 24 of the administrative record; and 11 of the judicial record, containing official communication dated February 29, 2009, from the Ministry of Health). Likewise, that due to the topography of the land registered in the plaintiff's name under real folio registration number Placa20746, "...both wastewater and rainwater concentrate within the property, as there is no outlet (...) The site of the Nueva Jerusalen development is a medium-to-high slope site in San Rafael de Heredia, which causes the channeled rainwater to possess significant inertia and generate considerable turbulence upon discharge, whether into the ditches or into the property Placa21472°.
The rainwater runoff from the area flows directly into the affected property, as it is the lowest point and rainwater tends to flow to the point of lowest energy, causing overflows onto the property in question (...) The natural slope of the land and the mechanical design of the Nueva Jerusalén Development channel the stormwater towards property No. 63408..." (images 389 to 394 of the virtual record, as of the date of this judgment, containing the expert report; folio 11 of the administrative record; the highlighting is not from the original). That due to the foregoing, "...the passage of both stormwater and wastewater discharges from north to south within her property for approximately 100 meters, and that these become stagnant in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even adequate sewerage for stormwater discharge with its corresponding manholes was installed...", which caused "...over time, the water opened a pipe or ditch crossing the property and ending in an 18-inch culvert pipe, also allowing for a large number of mosquitoes, bad odor, and stagnant water..." (folios 24 to 26, 06 to 08 of the administrative record; 11 to 13 of the judicial record, containing official communications dated February 29, 2009, from the Ministry of Health and September 8, 2009, from the Construction Inspector of the Municipality of San Rafael).
For its part, through official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 dated November 30, 2010, Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, stated - in relevant part - to the Director of that office that "...the adequate disposal of stormwater is solely the responsibility of the municipality, and since no agreement has been reached to date with the complainant in this regard, a sanitary order will be issued so that these are eliminated in an adequate sanitary manner by conditioning the necessary infrastructure for such purpose..." (folios 29 to 31 of the administrative record; 22 to 24 of the judicial record). That while it is true that both the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area and the plaintiff petitioned the Municipal Mayor of San Rafael on April 27 and June 11, 2011, respectively, to report on the concrete actions taken to comply with sanitary order number 002-11-S, regarding the adequate and sanitary elimination of stormwater coming from the Dirección14195 of the property owned by the plaintiff (folios 6, 8 and 10 of the judicial record; 32 and 33 of the administrative record); it is also true that it is not considered accredited that the defendant Municipality proceeded to comply with sanitary order number 002-11-S (Considerando III, subsection a of this judgment), despite the fact that through official communication number 1130-2011 AMRSH dated June 20, 2011, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia informed the plaintiff that "...I have not started the works in the Jerusalén Development because the contracting process has many stages, according to the established regulations that apply to us; this means that the duration to have the materials on site is two months; once those materials are available, those works will be carried out..." (folios 5 of the judicial record and 33 of the administrative record).
Based on the foregoing, this Court considers that, while it is true that, in accordance with the provisions of Article 20 of the General Roads Law (Ley General de Caminos), "...All possessors of real property, by any title, are obligated to receive and allow to flow within their lands, the waters from roads when so determined by the slope of the land..."; it is also true that, based on numeral 285 of the General Health Law (Ley General de Salud), stormwater "...must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of vector breeding sites and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality...". The foregoing is relevant in this case, because even though —as stated in official communication number CN-ARS-SR-B-2727-10 from the Health Governing Area of the Ministry of Health— "...the passage of stormwater through her property would not be eliminated due to the slope and level reasons established from the beginning when the infrastructure of said Development was built..." (folio 30 of the administrative record and 23 of the judicial record; the highlighting is not from the original); this in no way implies that the Municipality of San Rafael de Heredia breached the duty imposed by Article 285 of the General Health Law (Ley General de Salud), to provide a storm sewer system that adequately and sanitarily eliminates the waters of that nature coming from the Nueva Jerusalén Development, through a public network of pipes to collect and transport the rainwater to its discharge point, which is not the case here, given that the stormwater "...becomes stagnant in several sections due to lack of cleaning and adequate levels in a ditch, meaning that not even adequate sewerage for stormwater discharge with its corresponding manholes was installed...".
At this point, it is worth noting that according to Article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments, or lotifications in any part of the country, no other "state body" shall grant construction permits or approvals (Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time), without the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers having approved the potable water supply systems and the disposal of wastewater and stormwater, whether the project is public or private. However, this Court does not consider accredited that the defendant municipal entity fulfilled that requirement before approving, starting in 1998, the construction permits for houses in the Nueva Jerusalén Development (Considerando III, subsection b of this judgment), a situation that is aggravated because the subdivision (fraccionamiento) that gave rise to the Nueva Jerusalén Development was carried out on property 118273-000 owned by said Municipality (as can be deduced from the documents visible at folios 9, 10 and 24 of the administrative record; 7 and 11 of the judicial record; see the registration entry for property Placa21475, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/).
Consequently, and contrary to what the defendant's representative asserts, the fact that the previous owner of property 63408 —of which the plaintiff is now the owner— allowed stormwater to flow over that land does not justify the defendant Municipality's failure, in the terms set forth above, to comply with the aforementioned health, environmental, and building regulations, which were in force at the time it approved the subdivision (fraccionamiento) of a property it owned for urban development purposes and granted the corresponding construction permits. With the additional aggravating factor that the defendant failed to observe sanitary order number 002-11-S issued by the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, aimed at ensuring that the stormwater from the Nueva Jerusalén Development discharged onto the property owned by the plaintiff "...be eliminated in an adequate sanitary manner by conditioning the necessary infrastructure for such purpose..." (folios 5, 6, 8 and 10 of the judicial record; 32 and 33 of the administrative record).
It should be noted that the water channeling works carried out in July 2018 by the Technical Unit of Road Management of the defendant Municipal Corporation, in the sector where the plaintiff's property is located, "...DO NOT include modifications NOR diversions of the existing stormwater systems in the surroundings. Apart from the above, the works being carried out are entirely within the right-of-way and only receive waters from the taxpayer's property...", as stated in official communication MSRH-DPUT-336-2018 dated October 12, 2018, signed by Engineer Erick Camacho Sánchez of the Directorate of Urban and Territorial Planning of the Municipality of San Rafael de Heredia, provided by the defendant when responding to the hearing granted regarding the new facts alleged by the plaintiff, which do not have the virtue of affecting the subject matter of the proceeding, as they are unrelated to it (images 465 to 467 of the virtual record, as of the date of this judgment).
For all the foregoing reasons, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works necessary both in the Nueva Jerusalén Development and on the property owned by the plaintiff (real folio registration Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to their discharge point the stormwater that, due to the topography of the land, flows through the property with real folio registration Placa20746 registered in the name of the plaintiff, and must report, at the end of said period, to the Judges of the sentence enforcement phase of this Court, the concrete measures adopted to comply with what is ordered here.
VII.REGARDING PRETENSIONS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, IN RELATION TO THE DISCHARGE OF WASTEWATER ON THE PLAINTIFF'S PROPERTY AND THE ALLEGED LACK OF STANDING TO BE SUED (LEGITIMACIÓN PASIVA). In the first instance, it is necessary to indicate that, as can be deduced from the evidence visible at folios 6 to 9, 24 to 26, 29 to 31 of the administrative record; 7, 8, 11 to 13, 22 to 24, 385 to 398 of the virtual record —as of the date of this judgment—, there is no controversy regarding the fact that the wastewater from the Nueva Jerusalén Development is discharged onto the property with real folio registration Placa20746 owned by the plaintiff, given that, as corroborated by the expert during the field visit, said urban development project "...does not have an adequate solution for the wastewater from the houses. In the inspection carried out, the direct discharge of wastewater into the ditches is observed (sic).
The site does not have a wastewater treatment plant in the Nueva Jerusalén development..." (images 391 to 393 of the virtual record, as of the date of this judgment). So much so, that officials of the defendant Municipality itself have indicated that said entity must proceed to take the necessary measures to solve this problem, a position derived from the following documents: i) By official communication number MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, the Head of the Department of Urban Development and Control indicated: "...From a technical standpoint, it is recommended to develop a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061. It remains to be resolved by the legal department and the Municipal Council whether or not it is feasible to execute said project in the park areas located on the west side of the Jerusalén project..." (folio 9 verso of the administrative record and 8 of the judicial record); ii) Through official communication number 1130-2011 AMSRH dated June 20, 2011, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia informed the plaintiff that "...I have not started the works in the Jerusalén Development because the contracting process has many stages, according to the established regulations that apply to us; this means that the duration to have the materials on site is two months; once those materials are available, those works will be carried out..." (folios 5 of the judicial record and 33 of the administrative record); iii) By document received at this Office on June 5, 2014, the Municipal Mayor, when responding to the hearing on the adjustment of the complaint's pretensions, indicated: "...much less use the plaintiff's property as drainage, a matter this administration has not discussed nor opposed, but this matter finds solution in other ways and not with the plaintiff's proposal..." (folio 129 of the judicial record).
Despite the above, the representative of the defendant Municipality raised the defense of lack of standing to be sued (legitimación pasiva), since, according to her statement, those responsible for solving the problem of wastewater discharge on the property owned by the plaintiff are the residents of the Nueva Jerusalén Development. In that regard, it is worth reiterating that according to Article 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments, or lotifications in any part of the country, no other "state body" shall grant construction permits or approvals (Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time), without the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers having approved the potable water supply systems and the disposal of wastewater and stormwater, whether the project is public or private.
In this case, this Court does not consider accredited that the municipal entity fulfilled that requirement when approving, starting in 1998, the construction permits for houses in the Nueva Jerusalén Development (Considerando III, subsection a of this judgment), a situation that is aggravated because the subdivision (fraccionamiento) that gave rise to said urban development project was carried out on property 118273-000 owned by said Municipality (as can be deduced from the documents visible at folios 9, 10 and 24 of the administrative record; 7 and 11 of the judicial record; see the registration entry for property 118273-000, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/). So much so, that for August 4 and 6, 2009, dates on which the plaintiff filed the respective complaints before the Ministry of Health and the defendant Municipality for the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén Development onto her land (folios 1 of the administrative record; 14 to 16 of the judicial record), property number 118273-000 on which said urban development project was developed was still registered in the name of the defendant municipal entity, as can be deduced from official communication MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, signed by the Head of the Department of Urban Development and Control of the Municipality of San Rafael de Heredia (folios 9 of the administrative record; 7 and 8 of the judicial record).
Consequently, it is improper that since 1998, said municipal entity granted permits for the construction of houses in that development, despite lacking a stormwater and sanitary sewer system, which contravenes the provisions of Articles 1 and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); 285, 286 and 287 of the General Health Law (Ley General de Salud); 21 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); I.2, II.10.1, II.10.2 and VI.14 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) in force at that time; 1 and 3 of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Executive Decree 26042-S-MINAE, in force at that time). In this sense, the obligation of the defendant Municipality to effectively and definitively resolve the problem of wastewater discharge from the Nueva Jerusalén Development onto the property owned by the plaintiff stems from its omission to timely and efficiently exercise the powers imposed by the legal system to guarantee and ensure that "...cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands..."; which is aggravated because the urban development project was carried out on a property it owned.
Hence, it is improper for the defendant to attempt to transfer that responsibility to the persons residing in that urban development project, as it attempted by sending, between January 22 and 26, 2010, notices to at least nine residents of that development, so that they would jointly resolve the problem of wastewater discharge on the plaintiff's land, which has occurred since the beginning of said housing project (folios 13 to 22, 25 of the administrative record); even more so since for those dates, the property on which said development was built was still registered in the name of the Municipality of San Rafael de Heredia, given that it was not until November 13, 2013, that the segregations made in favor of the beneficiaries of that housing project began to be registered in the Property Registry (see registration entry for property 118273-000, in the free inquiry option on the website: https://www.rnpdigital.com/), a date on which the lawsuit against it by the plaintiff had already been filed in this jurisdictional venue —specifically: February 10, 2012 (see folio 1 of the judicial record).
This is compounded by the fact that, from a technical standpoint, it is not possible in this case to implement an individual solution to this problem, as stated by the court-appointed expert in his report indicating that "...It is important to highlight the need for a treatment solution; due to the characteristics of the houses and the available space, the only viable option is a collective solution, that is, the construction of a treatment plant for the Nueva Jerusalén Development..." (folios 394 to 395 of the virtual record as of the date of this judgment; the highlighting is not from the original). This technical criterion is consistent with that indicated in official communication ARS-SR-B-REG-068-10 dated February 29, 2010, in which Sergio Núñez Arce, Health Assistant III of the Regulation Team of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area of the Ministry of Health, stated - in relevant part - that "...at the time of the last visit, it is observed that practically 90% of the lots for said dwellings have been built upon, so that as of today, most lack an area to drain said waters (wastewater) and connecting them to the septic system would promote a black water problem in said dwellings, with the aggravating factor that the stormwater system would then be further contaminated (...) It is clear that through the complainant's property flow the stormwater and wastewater from the Jerusalém Dev.
(sic), which has been the case since the beginning of the project..." (folios 24 to 26 of the administrative record; 11 to 13 of the judicial record; the highlighting is not from the original); as well as in official communication number MRH-DCU-910-2009 dated December 24, 2009, in which the Head of the Department of Urban Development and Control indicated: "...From a technical standpoint, it is recommended to develop a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs. Nombre115061. It remains to be resolved by the legal department and the Municipal Council whether or not it is feasible to execute said project in the park areas located on the west side of the Jerusalén project..." (folio 9 verso of the administrative record and 8 of the judicial record). Finally, and without prejudice to the fact that the Municipality did not challenge before the Court of Appeals for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) the oral resolution number 1204-2014 issued at 09:57 hours on May 29, 2014, in which the Procedural Judge rejected the defense of failure to join necessary passive co-parties to the litigation with respect to the Ministry of Health (folios 111 to 113 of the judicial record and digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 05-29-2014); it is necessary to emphasize that the Director of the San Rafael-Barva de Heredia Health Governing Area petitioned the Municipal Mayor of San Rafael on March 1, 2010, and June 11, 2011, not only because "...As an important point requiring immediate action, it is considered appropriate for the Municipality of San Rafael to proceed to dredge the ditch for discharging the waters in conflict and proceed to maintain it while defining what will be done with said evacuation system...", needing to report on the concrete actions they would take in this regard; but also, so that it would comply with sanitary order number 002-11-S, issued so that they proceed with the adequate and sanitary elimination of stormwater coming from the Nueva Jerusalén Development from the property owned by the plaintiff (folios 6, 8 and 10 of the judicial record; 22, 23, 32 and 33 of the administrative record).
However, it is reiterated that it is considered not demonstrated that the municipal entity has applied any temporary or definitive corrective measure to resolve the problem caused by the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén urban development project onto property 63408-001 and 002 belonging to the plaintiff, which is contrary to the provisions of Article 286 of the General Health Law (Ley General de Salud) (Considerando III, subsection c of this judgment). For all the foregoing reasons, the defense of lack of standing to be sued (legitimación pasiva) raised by the Municipality of San Rafael de Heredia is rejected, based on subsection 1) of numeral 12 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); therefore, the Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works necessary both in the Nueva Jerusalén Development and on the property owned by the plaintiff (real folio registration Placa20746), in order to adequately and sanitarily collect and transport to their discharge point the wastewater that, due to the topography of the land, flows through the property with real folio registration Placa20746 registered in the name of the plaintiff, works that must conform to the provisions of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Executive Decree 33601-S-MINAE or any that may be in force), the Regulation for the Approval of Wastewater Treatment Systems (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Executive Decree 39887-S-MINAE or any that may be in force), the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to other applicable legal or regulatory provisions.
The defendant Municipality, at the end of said period, must report to the Judges of the sentence enforcement phase of this Court the concrete measures adopted to comply with what is ordered here. Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must apply, after notification of this judgment, the corrective measures that, according to science and technique, must be carried out to provisionally address the problem of wastewater discharge from the Nueva Jerusalén Development, and must report every three months to the judges of the sentence enforcement phase on the concrete actions taken and the results obtained for this purpose, until the definitive solution to address the wastewater discharge problem affecting the plaintiff's property is executed.
The plaintiff seeks compensation in the prudent sum of 10 million colones (¢10,000,000.00) for the material damage caused to the property she owns, as a result of the discharge of wastewater from the Nueva Jerusalén Development, given that —in her opinion— this implies a loss of economic value of the property, plus damages (interest). In the first instance, it is necessary to clarify that the plaintiff did not include compensation for environmental damage in her pretensions; therefore, the analysis will be limited solely to the material damage (daño material) alleged in pretension number V of the complaint, under the terms indicated above. Now then, regarding this, the expert concluded in his report that: "...3. The plantations on property No. 63408 show significant deterioration due to permanent exposure to wastewater. 4. The degree of affectation of the property can be determined at 50% of the property from the visual exploration, which does not exclude the other 50% if it were to be demonstrated that there was contamination by percolation of the wastewater, due to the stagnation and spreading of the wastewater over its extension; the whitish-colored coffee plants make evident the generation of fungi and other pathogens in the body of the coffee plants. 5.
Under no circumstances is the use of the coffee crops or exploitation of the property recommended, since prolonged exposure to wastewater permanently excludes it, and for a period that must be monitored for the elimination of pathogens, viruses (sic) and other toxic substances such as heavy metals, all products transported in the wastewater. There is evidence that since 2010, the property has been permanently and continuously exposed to high-risk health contamination (...) The main affectation renders the property unusable for agricultural use (...) therefore the cost should be estimated based on the loss of its use as an agricultural property dedicated to coffee cultivation..." (images 392, 395, 396 and 398 of the virtual record, as of the date of this judgment; the highlighting is not from the original). Based on the foregoing, this Court considers that from the expert report provided, the material damage (daño material) caused to the property with registration Placa20746 owned by the plaintiff, as a result of the discharge of untreated wastewater from the Nueva Jerusalén Development, is considered demonstrated, by virtue of the conducts contrary to the legal system incurred by the Municipality of San Rafael de Heredia, as analyzed in Considerando VII of this judgment.
However, its amount is not demonstrated, since that point was not the object of the expert opinion, in the terms in which it was admitted at the preliminary hearing of July 1, 2018, a decision that was not challenged by any of the parties (folios 150 to 153 of the judicial record; digital backup on compact disc of the preliminary hearing of 07-01-2015), without prejudice to the fact that the addition and extension requested by the plaintiff's representative referred to the quantification of an environmental damage that has never formed part of the complaint's pretensions, as can be deduced from folios 43 to 44, 52 to 53, 123 to 124, 111 to 113 of the judicial record; digital backup of the preliminary hearing of 05-29-2014, which is contained in a separate file. For all the foregoing reasons and pursuant to Article 122, subsection m, sub-subsection ii) of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the Municipality of San Rafael de Heredia is condemned in abstracto to pay for the material damage (daño material) caused to property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which will be determined in the sentence enforcement phase of this Court.
The sum definitively awarded for this item shall accrue legal interest calculated from August 6, 2009 —the date on which the plaintiff filed the complaint before the Municipality of San Rafael de Heredia— and until its effective payment.
The plaintiff seeks recognition of the prudent sum of 10 million colones (¢10,000,000.00) as compensation for subjective moral damages (daño moral subjetivo), plus damages (interest), consisting of "...the anger, frustration, disillusionment, and disappointment I feel at not being able to enjoy my property due to the fault of the defendant and the poor planning carried out when building the Nueva Jerusalén Development.
We cannot understand how a new residential unit is built without having planned the existence of an optimal collection system for blackwater or wastewater (aguas negras o servidas) so that it does not affect neighboring properties (...) My farm is treated as a blackwater or wastewater “tank” by the entity, which constitutes a grave subjective moral damage (daño moral subjetivo) to my detriment...”. In this regard, it is necessary to recall that, although in cases where subjective moral damage is alleged, it is not necessary to prove its amount; it is also true that one must prove not only the existence of the damage, but also the causal link with the conduct that allegedly caused it, except in those cases where, by human experience, the suffering, anguish, or pain caused as a consequence of a specific conduct is evident, which is the case here. This is because the subjective moral damage arises from the uncertainty, the wear and tear, and the frustration that the plaintiff has experienced due to the fact that, despite the actions she has pursued since 2009 before the defendant Municipality itself, so that the necessary measures would be implemented to ensure that the wastewater from the Urbanización Nueva Jerusalén is collected and transported to its treatment and discharge point, in order to prevent it from continuing to be discharged onto her property, the problem persists to date, given the inertia of the respondent municipal entity, since there is not even any record that it has ruled on the recommendation given by the Head of the Department of Development and Urban Control of the defendant municipal entity, regarding developing “...a treatment plant project that solves the problem presented on the property of Mrs.
Nombre115061...” (Considerando III, section d of this judgment). This Court considers that the subjective moral damage suffered by the plaintiff in the terms set forth above is not negated by the fact that the plaintiff does not have her dwelling house on the property subject to the proceedings, since, as was proven in Considerando VIII, not only is it impossible for her to use the property for its intended purpose (coffee planting), as a consequence of the constant discharge of untreated wastewater, but that circumstance has also diminished the economic value of said land. In light of all the foregoing, it is deemed reasonable to order the Municipalidad de San Rafael de Heredia to pay five million colones for subjective moral damage (¢5,000,000.00), the effective settlement and due adjustment of which shall be carried out in the sentence execution phase. This sum shall accrue legal interest, which shall be calculated from the date this ruling becomes final.
This Court considers that the claim was filed by the direct recipient of the omissions attributed to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, which have caused the problem of discharge of stormwater (aguas pluviales) and wastewater from the Urbanización Nueva Jerusalén onto the property registered in the plaintiff's name under recorded folio number Placa20746; therefore, the standing to sue is grounded in Article 10.1.a of the Código Procesal Contencioso Administrativo. As for the defense of lack of passive standing, it is rejected in accordance with what was analyzed in Considerando VII of this judgment. For its part, the interest remains current, insofar as the challenged conduct continues to produce effects in the plaintiff's legal sphere and requires a jurisdictional resolution to resolve it. Finally, this collegiate body finds that, for all the reasons set forth in Considerandos V, VI, VII, VIII, and IX of this judgment, the claim filed by Nombre115061 against the Municipalidad de San Rafael de Heredia is partially granted, in the following terms, with the understanding that it is denied as to anything not expressly indicated:
In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this award is only viable when, in the Court's opinion, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable law and to break the principle of awarding costs against the losing party. Therefore, both costs are imposed on the defendant party, which amounts shall be settled in the sentence execution phase.
POR TANTO.
The judicial inspection offered as evidence for better resolution by the plaintiff is rejected. The defense of lack of passive standing is rejected. The claim filed by Nombre115061 against the Municipalidad de San Rafael de Heredia is partially granted, in the following terms, with the understanding that it is denied as to anything not expressly indicated:
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Sentencias del mismo expediente Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _______________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTORA: Nombre115061 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA Nº 67-2021-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno.- Proceso de conocimiento declarado de puro derecho interpuesto por Nombre115061 , cédula de identidad número CED89735, representada por Nombre33507 , cédula de identidad número CED90967, en su condición de Apoderado Especial Judicial (folios 2, 3, 46 y 47 del expediente judicial); contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, representada por la Alcaldesa a.i. Roxana Francinie Morera Brenes, cédula de identidad CED90968 y cuya abogada directora es Alba Iris Ortiz Recio, carné profesional 3992 (imágenes 1 a 2 del memorial recibido el28-06-2021, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
RESULTANDO:
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de la jueza Sánchez Navarro y el juez Mena García; y, C O N S I DE R A N D O:
Io.- SOBRE EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL OFRECIDO COMO PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL 01 DE JULIO DEL 2015. Previo al elenco de hechos probados, no demostrados y el análisis de fondo de este asunto, este Tribunal debe pronunciarse sobre el reconocimiento judicial ofrecido por el apoderado de la demandante, inmediatamente después de que la Jueza de Trámite rechazara esa prueba en la audiencia preliminar celebrada el 01 de julio del 2015 (folios 150 a 153 del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 01-07-2015). En ese sentido, este Tribunal considera que de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 148 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la prueba de reconocimiento judicial ofrecida para mejor resolver por la demandante, no procede admitirse por las siguientes razones:
IIo.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
IIIo.- HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia para el presente proceso, se tienen por no demostrados los siguientes: a) Que la Municipalidad demandada cumpliera la orden sanitaria número 002-11-S, dictada por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud, a fin de que procediera a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, vertidas en el inmueble propiedad de la actora (no hay prueba en el expediente); b) Que la corporación municipal haya cumplido el requisito establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -relativo a la aprobación de los sistemas para disponer y/o tratar aguas pluviales y residuales en fraccionamientos y urbanizaciones-, de previo a otorgar a partir del año de 1998, los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (no hay prueba que así lo demuestre); c) Que la entidad municipal accionada, aplicara alguna medida correctiva, a efecto de dar un tratamiento provisional al problema ocasionado por el vertido de aguas residuales del proyecto urbanístico Nueva Jerusalén, en la finca Placa20746 que pertenece a la accionante (no se desprende de la prueba allegada a los autos); d) Que las autoridades competentes de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, se hayan pronunciado sobre la recomendación dada por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de esa misma entidad desde el mes de diciembre del 2009, en torno a desarrollar "...un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061..." (no hay prueba en el expediente).
IVo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte ACTORA sostiene:
Vo.- CON RELACIÓN A LAS PRETENSIONES 1, 2, 3 y 5 DE LA DEMANDA CON RELACIÓN AL SUPUESTO VERTIDO DE AGUAS NEGRAS EN LA FINCA DE LA DEMANDANTE. Contrario a lo que sostiene el representante de la actora, se tiene por acreditado que en el inmueble con matrícula Placa20746 propiedad de su representante, no se vierten aguas negras provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén. En ese sentido, coinciden los criterios técnicos emitidos no sólo por los Departamentos de Construcciones y, de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, sino también, por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud y el perito judicial Ingeniero José Antonio Navarro Redondo (ver folios 6 a 9, 24 a 26, 29 a 31 del expediente administrativo; 7, 8, 11 a 13, 22 a 24, 385 a 398 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). Al respecto, por oficio número OIM-1130-90 del 08 de setiembre del 2009, el Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó al Arquitecto de ese mismo ente municipal, que se pudo comprobar que "... de la urbanización Jerusalén desfogan las aguas jabonosas a la calle y éstas después caen en la parte posterior de la propiedad de la Sra. Nombre115061 ocasionando: que el agua y el paso del tiempo abriera un gran caño o zanja cruzando la propiedad hasta el frente de la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas..." (folios 06 a 08 del expediente administrativo; el resaltado no es del original).
Asimismo, mediante oficio MSRH-DCU-910-2009 del 14 de diciembre del 2009, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad demandada, indicó: "...No existe razón, ni lógica mecánica para que las aguas residuales de las casas de la urbanización "Municipal" Jerusalén, desfoguen directamente al cordón de caño y posteriormente viajen hacia el oeste ingresando a la propiedad de la señora Nombre115061 , y estancándose a cielo abierto..." (folios 7 del expediente judicial y 9 del expediente administrativo). Por su parte, en oficio número ARS-SR-B-REG-068-10 del 29 de febrero del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, indicó -en lo que interesa- que "...se observa como el paso tanto de agua pluvial como servidas se desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estancan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros (....) al momento de la última visita se observa que prácticamente se ha construido en un 90% de los terrenos de dichas viviendas por lo que a la fecha la mayor parte carecen de área para drenar dichas aguas (servidas) y conectarlas al sistema séptico sería promover un problema de aguas negras en dichas viviendas con el agravante que luego se contaminaría más el sistema pluvial (...) Es claro que por la propiedad de la parte denunciante se evacuan las aguas pluviales y servidas de la Dirección14196: , lo cual ha sido desde inicios del proyecto..." (folios 24 a 26 del expediente administrativo; 11 a 13 del expediente judicial; el resaltado no es del original).
Ahora bien, como parte del seguimiento a la denuncia interpuesta por la actora el 04 de agosto del 2009 ante el Ministerio de Salud (folio 16 del expediente judicial), Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, señaló en oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del 30 de noviembre del 2010, que "...Ya está comprobado que se da la descarga de aguas servidas y pluviales hacia la propiedad de la parte denunciante, se tiene pendiente la emisión de las respectivas órdenes sanitarias (...) Para descartar la posible descarga de aguas negras hacia el sistema de cunetas pluviales o acera pública se realizaron las respectivas pruebas de colorante a las casas de Urbanización Jerusalén, dando como resultado en todas negativo, o sea se descarta a la fecha la existencia de conexiones ilícitas de aguas de tanque séptico al sistema de evacuación pluvial, lo que se (sic) queda claro y confirmado es que un 90 por ciento de las casas de dicha Urbanización descargan las aguas servidas al sistema de evacuación pluvial..." (folios 29 a 31 del expediente administrativo; 22 a 24 del expediente judicial; el resaltado no es del original).
Por último, en informe recibido el 13 de febrero del 2018, el perito judicial José Antonio Navarro Redondo, concluyó -en términos generales- que: "...La finca colinda con la parte baja de la Urbanización Nueva Jerusalem, por lo cual tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) La Urb. Nueva Jerusalén no tiene una adecuada solución para las aguas residuales de las viviendas. En la inspección realizada, se observa la descarga directa de aguas residuales a los caños. El sitio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización Nueva Jerusalén. Por la topografía de la zona, las aguas se encausan directamente a la propiedad en estudio..." (imágenes 390 a 393 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). Por todo lo expuesto, resultan improcedentes las pretensiones 1 y 2 de la demanda, tendentes a que este órgano colegiado declare que la Urbanización Nueva Jerusalén, "...se construyó sin la realización de tanques sépticos o sistema de recolección de aguas negras que les permitieran a los vecinos poder acceder a un ambiente sano. ii.
Que la demandada es la principal responsable de la omisión que se señala en el punto i de esta pretensión...". En razón de lo anterior, tanto la pretensión 3 relativa a que "... se le ordene a la demandada realizar las obras de infraestructura necesarias para que las aguas negras (...) NO SIGAN TRANSCURRIENDO EN MI PROPIEDAD CON GRAVE PERJUICIO PARA LA SUSCRITA, OBRAS QUE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO PRUDENCIAL SO PENA DE LAS CONSECUENCIAS DE LEY EN CASO DE OMISIÓN..."; como la pretensión 5 con relación al presunto daño moral subjetivo relacionado con "...la ira, frustración desengaño y decepción que siento al no poder disfrutar de mi propiedad por culpa de la demandada y la mala planificación que hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén. No nos explicamos como es que se construye una nueva unidad residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas...", también resultan improcedentes, en cuanto a la supuesta descarga de aguas negras en la finca 63408-001 y 002 propiedad de la demandante.
VIo.- RESPECTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, CON RELACIÓN AL VERTIDO DE AGUAS PLUVIALES EN EL INMUEBLE DE LA ACTORA. Al respecto, se tiene por acreditado que el antiguo titular de la finca 63408-000 -que en la actualidad le pertenece a la actora, bajo los derechos 001 y 002-, "...accedió a que dichas aguas pasaran por su propiedad a cambio de que se le facultara para tener calle de entrada al final del proyecto por si algún día planeaba lotear (...) el problema inicial se dio al acceder el anterior dueño a dejar paso pluvial por su propiedad y que debía existir un acuerdo para su mantenimiento..." (folio 24 del expediente administrativo; y 11 del expediente judicial, en que consta oficio del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud). Asimismo, que por la topografía del terreno inscrito a nombre de la actora bajo matrícula de folio real número Placa20746 , "...tanto las aguas residuales como las aguas de lluvia se concentran dentro de la finca, ya que no hay salida (...) El sitio de la urbanización Nueva Jerusalen es un sitio de pendiente media-alta en San Rafael de Heredia, lo cual hace que las aguas de lluvia que se encausen posean mucha inercia y generen mucha turbulencia al descargar ya sea en los caños o en la propiedad finca Placa21472° .
Las aguas de lluvia producto de la escorrentía de la zona, se dirigen directamente dentro de la finca propiedad afectada. Ya que es el punto más bajo y las aguas de lluvia tienden a fluir al punto de menor energía, provocando que se den desbordamientos hacia la finca en cuestión (...) La pendiente natural del terreno y el diseño mecánico de la Urbanización Nueva Jerusalén hacen que las aguas pluviales se encausen hacia la finca N° 63408..." (imágenes 389 a 394 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia, en que consta el informe pericial; folio 11 del expediente administrativo; el resaltado no es del original). Que en razón de lo anterior, "...el paso tanto de agua pluvial como servidas desfogan de norte a sur dentro de su propiedad a lo largo de aproximadamente 100 metros y que las mismas se estacan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros...", lo cual provocó que "...el agua y el paso del tiempo abriera un caño o zanja cruzando la propiedad y terminando en una tubería de alcantarilla de 18 pulgadas y también permite una gran cantidad de zancudos, mal olor y aguas estancadas..." (folios 24 a 26, 06 a 08 del expediente administrativo; 11 a 13 el expediente judicial, en que constan oficios del 29 de febrero del 2009 del Ministerio de Salud y del 08 de setiembre del 2009 del Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael).
Por su parte, mediante oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del 30 de noviembre del 2010, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, manifestó -en lo que interesa- a la Directora de esa dependencia que "...la disposición adecuada de las aguas pluviales es meramente responsabilidad municipal y al no haber llegado a la fecha a ningún acuerdo con la parte denunciante en este sentido, se procederá a emitir orden sanitaria para que las mismas sean eliminadas en forma sanitaria adecuada acondicionando la infraestructura necesaria para tal fin..." (folios 29 a 31 del expediente administrativo; 22 a 24 el expediente judicial). Que si bien es cierto, tanto la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, como la actora gestionaron ante el Alcalde Municipal de San Rafael el 27 de abril y el 11 de junio del 2011, respectivamente, que procediera a informar sobre las acciones concretas a fin de cumplir la orden sanitaria número 002-11-S, respecto a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Dirección14195 del inmueble propiedad de la actora (folios 6, 8 y 10 del expediente judicial; 32 y 33 del expediente administrativo); también lo es, que no se tiene por acreditado que la Municipalidad demandada procediera a cumplir la orden sanitaria número 002-11-S (considerando III aparte a de esta sentencia), a pesar de que por oficio número 1130-2011 AMRSH del 20 de junio del 2011, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, le comunicó a la actora que "...No he iniciado los trabajos en la Urbanización Jerusalén en vista de que el proceso de contratación tiene muchas etapas, de acuerdo a las normas establecidas que nos competen; esto significa que el tiempo de duración para tener los materiales en el plantel es de dos meses, una vez con esos materiales, se procederá a llevar a cabo esos trabajos..." (folios 5 del expediente judicial y 33 del expediente administrativo).
A partir de lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera, que si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Caminos, "...Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno..."; también lo es, que con base en el numeral 285 de la Ley General de Salud, las aguas pluviales "...deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad...". Lo anterior adquiere relevancia en la especie, pues aún y cuando -tal como se afirma en el oficio número CN-ARS-SR-B-2727-10 del Área Rectora del Ministerio de Salud- "...el paso de las aguas pluviales por su propiedad no sería eliminado por las razones de pendientes y niveles que se tiraron desde un inicio cuando se realizó la infraestructura de dicha Urbanización..." (folio 30 del expediente administrativo y 23 del expediente judicial; el resaltado no es del original); ello no implica en modo alguno, que la Municipalidad de San Rafael de Heredia incumpliera el deber que le impone el artículo 285 de la Ley General de Salud, en orden a disponer de un sistema de alcantarillado pluvial que eliminara adecuada y sanitariamente las aguas de esa naturaleza provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, por medio de una red pública de tuberías para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido, lo que no sucede en este caso, dado que las aguas pluviales "...se estacan en varios tramos por falta de limpieza y niveles adecuados en una zanja, o sea que ni siquiera se acondicionó un alcantarillado adecuado para el desfogue pluvial con sus correspondientes registros...".
En este punto cabe destacar, que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país, ningún otro "organismo estatal" otorgará permisos o aprobaciones de construcción (artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento), sin que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya aprobado los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, ya sea que el proyecto sea público o privado. Sin embargo, este Tribunal no tiene por acreditado que la entidad municipalidad demandada haya cumplido ese requisito, de previo aprobar a partir del año de 1998, los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (considerando III aparte b de esta sentencia), situación que se agrava, porque el fraccionamiento que dio origen a la Urbanización Nueva Jerusalén, se realizó en la finca 118273-000 propiedad de dicha Municipalidad (se desprende de los documentos visibles a folios 9, 10 y 24 del expediente administrativo; 7 y 11 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca Placa21475, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/).
En consecuencia y contrario a lo que afirma la representante de la accionada, el hecho de que el anterior propietario de la finca 63408 -de la cual, ahora es titular la actora-, haya permitido que las aguas pluviales discurrieran por ese terreno, no justifica que la Municipalidad accionada incumpliera en los términos antes expuestos, la normativa sanitaria, ambiental y edilicia supra citada, que se encontraba vigente al tiempo de que aprobó el fraccionamiento de una finca de su propiedad con fines urbanísticos y otorgó los permisos de construcción correspondientes. Con el agravante además, de que la demandada inobservó la orden sanitaria número 002-11-S emitida por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia del Ministerio de Salud, tendente a que las aguas pluviales de la Urbanización Nueva Jerusalén que son vertidas en el inmueble propiedad de la actora, "...sean eliminadas en forma sanitaria adecuada acondicionado la infraestructura necesaria para tal fin..." (folios 5, 6, 8 y 10 del expediente judicial; 32 y 33 del expediente administrativo).
Cabe destacar, que las obras de canalización de aguas realizadas en el mes de julio del 2018, por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal demandada, en el sector en que se encuentra ubicada la finca de la accionante, "...NO contemplan modificaciones NI desvíos de los sistemas pluviales existentes en los alrededores. A parte de lo anterior, las obras que se realizan se encuentran totalmente en el derecho de vía y únicamente reciben las aguas del inmueble de la contribuyente...", tal y como se desprende del oficio MSRH-DPUT-336-2018 del 12 de octubre del 2018, suscrito por el Ingeniero Erick Camacho Sánchez de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, aportado por la demandada al contestar la audiencia otorgada sobre los hechos nuevos alegados por la actora, que no tienen la virtud de incidir en el objeto del proceso, pues no tienen relación con éste (imágenes 465 a 467 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
En razón de todo lo expuesto, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de ejecución sentencias de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado.
VIIo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, CON RELACIÓN AL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FINCA DE LA ACCIONANTE Y LA ALEGADA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. En primera instancia, es necesario indicar que según se desprende de las pruebas visibles de folios 6 a 9, 24 a 26, 29 a 31 del expediente administrativo; 7, 8, 11 a 13, 22 a 24, 385 a 398 del expediente virtual -a la fecha de dictado de esta sentencia-, no existe controversia respecto a que las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, se vierten en la finca con matrícula de folio real Placa20746 cuya propietaria es la actora, dado que tal y como corroboró el perito en la visita de campo, dicho proyecto urbanístico "... no tiene una adecuada solución para las aguas residuales de las viviendas. En la inspección realizada, se observan (sic) la descarga directa de aguas residuales a los caños. El sitio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización Nueva Jerusalén..." (imágenes 391 a 393 de expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia).
Tan es así, que funcionarios de la propia Municipalidad demandada han indicado, que dicha entidad debe proceder a tomar las medidas necesarias, a fin de solucionar ese problema, posición que se desprende los siguientes documentos: i) Por oficio número MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano indicó: "...Desde el punto de vista técnico se recomienda desarrollar un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061. Quedando por resolver por el departamento legal y el Concejo Municipal si es factible o no ejecutar dicho proyecto en las áreas de parque que se encuentra al costado oeste del proyecto Jerusalén..." (folio 9 vuelto del expediente administrativo y 8 del expediente judicial); ii) Mediante oficio número 1130-2011 AMSRH del 20 de junio del 2011, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, le comunicó a la actora que "...No he iniciado los trabajos en la Urbanización Jerusalén en vista de que el proceso de contratación tiene muchas etapas, de acuerdo a las normas establecidas que nos competen; esto significa que el tiempo de duración para tener los materiales en el plantel es de dos meses, una vez con esos materiales, se procederá a llevar a cabo esos trabajos..." (folios 5 del expediente judicial y 33 del expediente administrativo); iii) Por escrito recibido en este Despacho el 05 de junio del 2014, el Alcalde Municipal al contestar la audiencia sobre el ajuste de las pretensiones de la demanda, indicó: "...mucho menos utilizar la propiedad de la actora como drenaje asunto que no ha discutido ni opuesto esta administración, pero este asunto encuentra solución de otras formas y que no es con la propuesta de la actora..." (folio 129 del expediente judicial).
No obstante lo anterior, la representante de la Municipalidad demandada interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva, pues según su dicho, a quienes les corresponde solucionar el problema de vertido de aguas residuales en la finca cuya titular es la demandante, es a los vecinos de la Urbanización Nueva Jerusalén. En ese sentido, cabe reiterar que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país, ningún otro "organismo estatal" otorgará permisos o aprobaciones de construcción (artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento), sin que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya aprobado los sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, ya sea que el proyecto sea público o privado.
En la especie, este Tribunal no tiene por acreditado que la entidad municipal haya cumplido ese requisito, al aprobar a partir del año 1998 los permisos de construcción de viviendas en la Urbanización Nueva Jerusalén (considerando III aparte a de esta sentencia), situación que se agrava, porque el fraccionamiento que dio origen a dicho proyecto urbanístico, se realizó en la finca 118273-000 propiedad de dicha Municipalidad (se desprende de los documentos visibles a folios 9, 10 y 24 del expediente administrativo; 7 y 11 del expediente judicial; ver asiento registral de la finca 118273-000, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/). Tan es así, que para el 04 y el 06 de agosto del 2009, fechas en que la actora planteó las denuncias respectivas ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad demandada por el vertido de las aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en el terreno de su propiedad (folios 1 del expediente administrativo; 14 a 16 del expediente judicial), la finca número 118273-000 en que se desarrolló el proyecto urbanístico indicado, aún estaba a nombre de la entidad municipal demandada, tal y como se desprende del oficio MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, suscrito por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (folios 9 del expediente administrativo; 7 y 8 del expediente judicial).
En consecuencia, resulta improcedente que desde el año 1998 dicho ente municipal otorgara permisos para la construcción de viviendas en esa urbanización, a pesar de que no se contaba con un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones; 285, 286 y 287 de la Ley General de Salud; 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; I.2, II.10.1, II.10.2 y VI.14 del Reglamento de Construcciones vigente en ese momento; 1 y 3 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE, vigente en ese momento). En ese sentido, la obligación de la Municipalidad demandada en orden a solventar de manera efectiva y definitiva, el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén en la finca propiedad de la actora, deviene de la omisión en ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades que le impone el ordenamiento jurídico, en torno a garantizar y velar para que "...las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten..."; lo cual se agrava, porque el proyecto urbanístico se realizó en una finca de su propiedad.
De ahí que resulte improcedente que la demandada pretenda traspasar esa responsabilidad a las personas que residen en ese proyecto urbanístico, como lo pretendió al enviar entre el 22 y el 26 de enero del 2010, avisos al menos a nueve vecinos de esa urbanización, a fin de que solucionaran de manera conjunta el problema de vertido de aguas residuales en el terreno de la actora, que se ha presentado desde el inicio de dicho proyecto habitacional (folios 13 a 22, 25 del expediente administrativo); más aún que para esas fechas el inmueble en que se desarrolló dicha urbanización aún continuaba inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, dado que no es sino hasta el 13 de noviembre del 2013, que se empezaron a inscribir en el Registro de la Propiedad las segregaciones realizadas a favor de las personas beneficiarias de ese proyecto habitacional (ver asiento registral de la finca 118273-000, en la opción de consultas gratuitas en la página web: https://www.rnpdigital.com/), fecha en la cual, la demanda en su contra por la actora ya había sido planteada en esta sede jurisdiccional -a saber: el 10 de febrero del 2012 (ver folio 1 del expediente judicial).
Aunado a que desde un punto de vista técnico, no es posible que en la especie se dé una solución individual a este problema, tal y como sostiene el perito judicial al indicar en su informe que "...Es importante resaltar la necesidad de tener una solución de tratamiento, por las características de las casas y el espacio disponible, la única opción viable es la solución colectiva, es decir la construcción de una planta de tratamiento para la Urbanización Nueva Jerusalén..." (folios 394 a 395 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). Dicho criterio técnico, es conteste con el indicado en el oficio ARS-SR-B-REG-068-10 del 29 de febrero del 2010, en el cual, Sergio Núñez Arce, Asistente de Salud III del Equipo de Regulación del Área Rectora de Salud San Rafael- Barva de Heredia del Ministerio de Salud, manifestó -en lo que interesa- que "...al momento de la última visita se observa que prácticamente se ha construido en un 90% de los terrenos de dichas viviendas por lo que a la fecha la mayor parte carecen de área para drenar dichas aguas (servidas) y conectarlas al sistema séptico sería promover un problema de aguas negras en dichas viviendas con el agravante que luego se contaminaría más el sistema pluvial (...) Es claro que por la propiedad de la parte denunciante las aguas pluviales y servidas de la Urb.
(sic) Jerusalém, lo cual ha sido desde inicios del proyecto..." (folios 24 a 26 del expediente administrativo; 11 a 13 del expediente judicial; el resaltado no es del original); como también, en el oficio número MRH-DCU-910-2009 del 24 de diciembre del 2009, en que el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano indicó: "...Desde el punto de vista técnico se recomienda desarrollar un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061. Quedando por resolver por el departamento legal y el Concejo Municipal si es factible o no ejecutar dicho proyecto en las áreas de parque que se encuentra al costado oeste del proyecto Jerusalén..." (folio 9 vuelto del expediente administrativo y 8 del expediente judicial). Por último y sin perjuicio de que la Municipalidad no impugnó ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la resolución oral número 1204-2014 dictada a las 09:57 horas del 29 de mayo del 2014, en que la Jueza de Trámite rechazó la defensa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria con relación al Ministerio de Salud (folios 111 a 113 del expediente judicial y respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 29-05-2014); es necesario resaltar que la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva de Heredia, gestionó ante el Alcalde Municipal de San Rafael el 01 de marzo del 2010 y el 11 de junio del 2011, no sólo porque "...
Como punto importante y de accionar inmediato se considera adecuado que la Municipalidad de San Rafael proceda a dragar el caño de desfogue de las aguas en conflicto y se proceda a darle mantenimiento al mismo en tanto se llega a definir lo que se va a hacer con dicho sistema de evacuación...", debiendo informar sobre las acciones concretas que tomarían al respecto; sino también, a fin de que cumpliera la orden sanitaria número 002-11-S, emitida para que procedieran a la eliminación adecuada y sanitaria de las aguas pluviales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén del inmueble propiedad de la actora (folios 6, 8 y 10 del expediente judicial; 22, 23, 32 y 33 del expediente administrativo). No obstante, se reitera que se tiene por no demostrado que la entidad municipal, haya aplicado alguna medida correctiva temporal o definitiva, a efecto de solventar el problema ocasionado por el vertido de agua residuales del proyecto urbanístico Nueva Jerusalén, en la finca 63408-001 y 002 que pertenece a la accionante, lo cual, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley General de Salud (considerando III aparte c de esta sentencia).
En razón de todo lo expuesto, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con base en el inciso 1) del numeral 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que, se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real Placa20746 ), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real Placa20746 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601-S-MINAE o el que estuviere vigente), en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente), Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable.
La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de ejecución sentencias de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas juzgadoras de la fase de ejecución de sentencias, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora.
VIIIo.- SOBRE LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑO MATERIAL. La actora pretende que se le indemnice la suma prudencial de 10 millones de colones (¢10.000.000,00), por el daño material provocado al inmueble que le pertenece, a consecuencia del vertido de las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, dado que -a su juicio- ello implica una pérdida de valor económico de la finca, más los perjuicios (intereses). En primera instancia, es necesario aclarar que la actora no incluyó en sus pretensiones la indemnización por daño ambiental, por lo que, el análisis se limitará únicamente al daño material alegado en la pretensión número V de la demanda, en los términos antes indicados. Ahora bien, al respecto el perito concluyó en su informe que: "...3. Las plantaciones de la finca N° 63408 muestra un gran deterioro producto de la exposición permanente de aguas residuales. 4. El grado de afectación de la finca se puede determinar en un 50% de la finca de la exploración visual, lo que no excluye el otro 50% si se lograse demostrar que hubo una contaminación por percolación de las aguas residuales, por el estancamiento y esparcimiento de las aguas residuales en su extensión, las matas de café de coloración blancuzca hacen evidentes la generación de hongos y otros patógenos en el cuerpo de las matas de café. 5.
No se recomienda bajo ningún concepto hacer uso de los cultivos de café o explotación de la finca, ya que la prolongada exposición a aguas residuales excluye de manera permanente y por un período que deberá ser monitoreado para eliminación de patógenos, viruses (sic) y otras sustancias tóxicas como metales pesados, productos todos que se transportan en las aguas residuales. Existen evidencias que desde el año 2010 la finca ha estado expuesta de manera permanente y continua a contaminación de alto riesgo para la salud (...) La afectación principal hace que la finca quede inhabilitada para su uso agrícola (...) por tanto el costo debería ser estimado en la pérdida de su uso como finca agrícola dedicada al cultivo de café..." (imágenes 392, 395, 396 y 398 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). A partir de lo expuesto, este Tribunal considera que del informe pericial rendido, se tiene por demostrado el daño material provocado al inmueble con matrícula Placa20746 propiedad de la actora, a consecuencia del vertido de aguas residuales no tratadas provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, en virtud de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico en que incurrió la Municipalidad de San Rafael de Heredia, tal y como se analizó en el considerando VII de esta sentencia.
No obstante, su cuantía no está demostrada toda vez que dicho extremo no era el objeto del peritaje, en los términos en que fue admitido en la audiencia preliminar del 1° de julio del 2018, decisión que no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes (folios 150 a 153 del expediente judicial; respaldo digital en disco compacto de la audiencia preliminar del 01-07-2015), sin perjuicio de que la adición y ampliación solicitada por el representante de la actora, se refería a la cuantificación de un daño ambiental que nunca ha formado parte de las pretensiones de la demanda, tal y como se desprende de los folios 43 a 44, 52 a 53, 123 a 124, 111 a 113 del expediente judicial; respaldo digital de la audiencia preliminar del 29-05-2014, que consta en legajo aparte. En razón de todo lo expuesto y conforme al artículo 122 inciso m) sub inciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal.
La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago.
IXo.- CON RELACIÓN AL ALEGADO DAÑO MORAL SUBJETIVO. La actora pretende que se le reconozca la suma prudencial de 10 millones de colones (¢10.000.000,00) por concepto de indemnización por daño moral subjetivo, más perjuicios (intereses), que consiste en "...la ira, frustración, desengaño y decepción que siento al no poder disfrutar de mi propiedad por culpa de la demandada y la mala planificación que hizo al construir la Urbanización Nueva Jerusalén. No nos explicamos como es que se construye una nueva unidad residencial sin que se haya planificado la existencia de un óptimo sistema de recolección de aguas negras o servidas de manera que no afecte las propiedades vecinas (...) Mi finca la tienen como un «tanque» de aguas negras o servidas por parte de la entidad con lo que se configura un daño moral subjetivo grave en mi perjuicio...". En ese sentido, es menester recordar, que no obstante en los supuestos en que se alegue un daño moral subjetivo, no es necesario demostrar su cuantía; también lo es, que sí debe acreditarse no sólo la existencia del daño, sino el nexo de causalidad con la conducta que presuntamente los provocó, con excepción de aquellos casos en que por la experiencia humana, sea evidente el sufrimiento, la angustia o el dolor ocasionado a consecuencia de una determinada conducta, lo cual ocurre en este caso.
Ello por cuanto, el daño moral subjetivo surge por la incertidumbre, el desgaste y la frustración que le ha provocado a la actora, el hecho de que, pese a las gestiones que ha planteado desde el año 2009 ante la propia Municipalidad demandada, a fin de que se implementen las medidas necesarias para que las aguas residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén sean recolectadas y transportadas hasta su punto de tratamiento y vertido, a efecto de evitar que éstas continúen siendo descargadas en su propiedad, el problema persiste a la fecha, dada la inercia de la entidad municipal recurrida, pues ni siquiera consta que se ha pronunciado sobre la recomendación dada por el Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la entidad municipal demandada, en torno a desarrollar "...un proyecto de planta de tratamiento que solucione la problemática presentada en la propiedad de la señora Nombre115061..." (considerando III aparte d de esta sentencia).
Considera este Tribunal, que el daño moral subjetivo sufrido por la actora en los términos antes expuestos, no se desvirtúa por el hecho de que la demandante no tenga su casa de habitación en el inmueble objeto del proceso, pues tal y como quedó acreditado en el considerando VIII, no sólo se le hace imposible utilizar el inmueble para lo que está destinado (siembra de café), a consecuencia del vertido constante de aguas residuales no tratadas, sino que esa circunstancia le ha restado valor económico a dicho terreno. En razón de todo lo expuesto, se estima razonable condenar a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones por concepto de daño moral subjetivo (¢5.000.000,00), cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo.
Xo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS Y EXCEPCIONES DE FONDO. Este Tribunal considera que la demanda fue incoada por la destinataria directa de las omisiones imputadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que han ocasionado el problema de vertido de las aguas pluviales y residuales de la Urbanización Nueva Jerusalén, en el inmueble que se encuentra registrado a nombre de la demandante bajo matrícula de folio real número Placa20746 , por lo que, el marco de legitimación activa se ampara en el ordinal 10.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, se rechaza conforme a lo analizado en el considerando VII de esta sentencia. Por su parte, el interés se mantiene actual, en el tanto la conducta impugnada sigue surtiendo efectos en la esfera jurídica de la demandante y requiere de una resolución jurisdiccional que la resuelva. Finalmente, encuentra este órgano colegiado que por todo lo expuesto en el considerandos V, VI, VII, VIII y IX de este sentencia, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115061 contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
XIo.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la parte demandada extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia.
POR TANTO.
Se rechaza el reconocimiento judicial ofrecido como prueba para mejor resolver por la parte actora. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115061 contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
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