← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00263-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 19/05/2021
OutcomeResultado
The preliminary precautionary measure was denied for failure to prove danger in delay, while urging the Banco de Costa Rica to verify the condition of the tanks and take preventive measures.Se declaró sin lugar la medida cautelar anticipada por no haberse acreditado el peligro en la demora, instando al Banco de Costa Rica a verificar el estado de los tanques y tomar medidas preventivas.
SummaryResumen
The Administrative Court denied the preliminary precautionary measure requested by Compañía Monvilger D&G S.A. against Banco de Costa Rica. The plaintiff, owner of a property adjacent to a bank-owned lot that previously housed a gas station, sought an order requiring the bank to remove all fuel and inflammable materials from tanks and pipes located on the shared boundary, citing risks of leakage, environmental damage, explosions, or fire due to lack of maintenance. The Court found that while the claim was not frivolous and satisfied the appearance of good right (fumus boni iuris), the applicant failed to prove the danger in delay (periculum in mora) under Article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code, as no evidence was presented to demonstrate fuel in the tanks or the imminence of serious harm. Given that all legal requirements were not simultaneously met, the measure was denied, although the bank was urged to verify the condition of the tanks and take necessary precautions to prevent danger in the area.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar anticipada solicitada por la Compañía Monvilger D&G S.A. contra el Banco de Costa Rica. La parte actora, propietaria de un inmueble colindante con una finca del banco que anteriormente operó como servicentro, pidió que se ordenara al banco extraer todo el combustible y materiales inflamables almacenados en tanques y tuberías ubicados en el lindero compartido, alegando riesgo de fugas, daño ambiental, explosiones o incendios por falta de mantenimiento. El Tribunal determinó que, si bien la pretensión no era temeraria y cumplía con la apariencia de buen derecho, la solicitante no demostró el peligro en la demora (periculum in mora) requerido por el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues no aportó prueba que acreditara la existencia de combustibles en los tanques ni la inminencia de un daño grave. Ante la falta de verificación simultánea de todos los presupuestos legales, incluida la ponderación de intereses, la medida fue declarada sin lugar, aunque se instó al banco a verificar el estado de los tanques y tomar medidas para prevenir peligros en la zona.
Key excerptExtracto clave
Having studied the matter, this Judge concludes that the aforementioned legal requirement is not met, for the following reasons. From reading the precautionary measure request, no specific and detailed arguments emerge regarding the existence of harm, let alone serious harm, nor have the corresponding evidentiary elements been provided to prove such situation. The interested party argues that the defendant’s lack of maintenance and attention to the property’s facilities creates a risk of fuel leaks and spills into the subsoil, as well as a danger of possible fires or explosions from the fuels and their emitted vapors. It states that the measure should be granted under the precautionary principle in environmental matters. While this Judge understands the concern expressed by the plaintiff, the fact remains that there is no evidence to determine that fuels exist in the referenced tanks or pipes, their quantity, or that leaks are occurring into the subsoil and that there is a risk of accident in the area. This is so because among the evidence provided none is useful or reliable in that regard. Consequently, it is necessary to reiterate that the preliminary precautionary process is not exempt from general procedural rules regarding the burden of proof, so the applicant, when formulating its claim, is obliged to prove its assertions. In other words, precautionary protection is not an automatic mechanism that is granted upon the mere request of a party. Thus, it has not been demonstrated that there is a situation of serious harm or prejudice to the applicant’s legal position that warrants granting the requested precautionary measure. Finally, regarding the balancing of interests involved in the case, it must be noted that for a precautionary measure to be admissible, the simultaneous verification of the legal requirements established in Articles 21 and 22 of the Contentious Administrative Procedure Code is required; however, in this case, one of them was ruled out, as explained in the preceding sections. Additionally, it must be taken into consideration that to carry out the balancing of interests and evaluate the possible affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious harm to the alleged legal position and the harmed private interest, which in this case was not demonstrated.Estudiado el particular esta Juzgadora concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica, por los siguientes razones. De la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño y que además sea uno grave, así como tampoco que se hayan aportado los elementos probatorios correspondientes para acreditar esa situación. La parte interesada manifiesta que la falta de mantenimiento y de atención a las instalaciones de la propiedad por parte del demandado pone en una situación de riesgo por fugas y derrames de combustible al subsuelo, así como una de peligro por posibles incendios o explosiones por los combustibles y los vapores que emanan. Indica que debe procederse al otorgamiento por el principio precautorio en materia ambiental. Si bien entiende esta Juzgadora la preocupación expuesta por la accionante, lo cierto del caso es que no existen elementos de prueba que permitan determinar que en los tanques o tuberías citados existen combustibles, su cantidad o que se estén dando fugas al subsuelo y que exista un riesgos de accidente en la zona. Ello es así debido a que en la prueba aportada no se observa ninguno que sea útil y fehaciente en ese sentido. Consecuentemente, es necesario reiterar que el proceso cautelar anticipado no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte promovente al formular su pretensión la obligada a probar sus afirmaciones. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida cautelar pedida. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar.
Pull quotesCitas destacadas
"sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar."
"only when the three elements concur, that is, appearance of good right, danger in delay, and the balancing of interests determines that the harm suffered by the individual should be protected over the other interests at stake, may the court grant the precautionary measure."
Considerando IV
"sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar."
Considerando IV
"no existen elementos de prueba que permitan determinar que en los tanques o tuberías citados existen combustibles, su cantidad o que se estén dando fugas al subsuelo y que exista un riesgos de accidente en la zona."
"there is no evidence to determine that fuels exist in the referenced tanks or pipes, their quantity, or that leaks are occurring into the subsoil and that there is a risk of accident in the area."
Considerando V
"no existen elementos de prueba que permitan determinar que en los tanques o tuberías citados existen combustibles, su cantidad o que se estén dando fugas al subsuelo y que exista un riesgos de accidente en la zona."
Considerando V
"la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte."
"precautionary protection is not an automatic mechanism that is granted upon the mere request of a party."
Considerando V
"la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Contentious-Administrative Tribunal Case File: 21-001799-1027-CA Type of Matter: Precautionary measure anticipated Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Content Type: Majority Opinion Topics (descriptors): Contentious-administrative proceeding Subtopics: Purpose and prerequisites of precautionary measures. Topics (descriptors): Precautionary measures in contentious-administrative proceedings Subtopics: Scope and prerequisites. Rulings in the same sense CASE FILE:
PROCEEDING:
ANTICIPATED PRECAUTIONARY MEASURE MOVING PARTY:
COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A.
DEFENDANT:
BANCO DE COSTA RICA No. 263-2021-T CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Calle Blancos, at eight thirty-five hours on the nineteenth day of May two thousand twenty-one.- An ANTICIPATED PRECAUTIONARY MEASURE, filed by COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A., legal entity identification number 3-101-476038, represented by its unlimited general agent, Jeannette Fallas Varela, identity card number 1-1406-0203, against BANCO DE COSTA RICA, represented by its judicial general agent, José Rodolfo Flores Mora, is heard;
WHEREAS:
1. That on April 12, 2021, the moving party filed a request for an anticipated precautionary measure, setting forth as the precautionary claim "I request that this request for a prima facie and ante causam precautionary measure be admitted, and consequently that Banco de Costa Rica be ordered, without prior hearing, to completely extract the hydrocarbon-derived fuel or any other flammable substance or material that they keep or store on the property owned by them, Partido de Puntarenas, registered folio number 193927-000." (Images 2 to 8 of the digital judicial file).
2. That by means of an order issued at eight forty-five hours on April 14, 2021, this Tribunal denied the extremely precautionary measure and granted the defendant party a written hearing period of three days to comment on the requested precautionary measure. (Image 30 of the digital judicial file).
3. That by means of a brief dated April 23, 2021, the representative of Banco de Costa Rica commented regarding the precautionary measure, requesting it be rejected as the legal prerequisites for its granting are not met. (Images 32 to 37 of the digital judicial file).
4. The formalities of the proceeding were observed, and the corresponding matter was previously studied.
CONSIDERING:
FIRST: SUBJECT OF THE PRECAUTIONARY MEASURE REQUEST: In the present matter, the moving party requests the following: "I request that this request for a prima facie and ante causam precautionary measure be admitted, and consequently that Banco de Costa Rica be ordered, without prior hearing, to completely extract the hydrocarbon-derived fuel or any other flammable substance or material that they keep or store on the property owned by them, Partido de Puntarenas, registered folio number 193927-000." regarding which the corresponding pronouncement must be made.
SECOND: ARGUMENTS OF THE MOVING PARTY. In summary and as relevant, the moving party argues that it is the owner of Puntarenas property number 141235-000, which borders to the south with Puntarenas property 193927-000 owned by Banco de Costa Rica; that the latter was operated as a service station and marketed hydrocarbons; that, as a result, there are fuel tanks and pipes; that the tanks are located on the boundary line between both properties; that to date, those tanks have not been emptied; that the defendant Bank has totally abandoned the property and has failed to maintain said tanks and pipes; that this creates a risk of fuel leaks into the subsoil (with the consequent environmental damage) and dangers of explosion or fires on the boundary line, where flammable vapors are concentrated; that the Bank has failed to maintain the entire fuel marketing system; that said situation causes concern among the area's neighbors; that as a result, it has been unable to execute construction projects on the property; that the Bank has failed to remove the fuel from the tanks; that it has not carried out leak tightness tests to evaluate the tanks; that every passing day increases the possibility of fuel leaks or spills; that environmental damage could occur; that the precautionary principle must apply; that the measure does not affect the defendant's interests, given that the possible impact is economic while there is an environmental risk and damage to the area and its inhabitants.
THIRD: ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTY: That the representative of Banco de Costa Rica commented regarding the precautionary measure, requesting it be rejected as the legal prerequisites for its granting are not met, indicating, as relevant, that the existence of fuels in the tanks has not been demonstrated; that the business ceased to exist 5 years ago; that it is unlikely that there are stored fuels given that it is not logical for the previous owners to have abandoned that product; that it is not a situation of abandonment but of minimal maintenance; that there are no leaks or spills or environmental contamination; that the use of the property was known to the plaintiffs at the time they acquired their property; regarding the danger in delay (peligro en la demora), they affirm that there is no causal link given that the use of the property was known to the plaintiff. Regarding the appearance of a sound claim (apariencia de buen derecho), they indicate that the measure is based on suppositions, that no action has ever been filed with the Bank, and on the balancing of interests, they state that the Bank must recover the public funds given in credit.
FOURTH: IN GENERAL ON THE PREREQUISITES NECESSARY FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. Precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the necessary and indispensable conditions for the issuance and execution of a possible final judgment favorable to the petitioning party. Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that the purpose of a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Article 21 of the aforementioned Code establishes, in turn, that the requested measure is appropriate when the execution or permanence of the conduct subjected to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, to the situation alleged, and provided that the claim is not reckless or, in a manifest way, lacking in seriousness. On the other hand, Article 22 of that same body of rules provides that the judging officer, at the time of making the corresponding decision, must consider the principle of proportionality, weighing the potential injury to the public interest, the damages and harm caused by the measure to third parties, as well as instrumentality and proportionality, so that the substantive management of the entity is not affected, nor is the legal situation of third parties seriously affected, taking into account the financial possibilities and provisions of the public administration for the execution of the granted measure. These parameters have been developed in case law, in the following sense: “(…) In accordance with Article 21 CPCA, the judge, when determining the appropriateness of a precautionary measure request, must verify that the claim of the trial proceeding is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if there exists in the case in question what doctrine and case law have called appearance of a sound claim or fumus boni iuris. On the other hand, the same numeral 21 of the Code establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subjected to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, a current, real, and objective danger exists that serious damage will be generated to the moving party (...) Finally, Article 22 CPCA establishes the obligation of the judging officer to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake, that is, between the individual's circumstance, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of a sound claim, the danger in delay, and that from the analysis of the balancing of interests it is considered that the damage suffered by the individual must be protected over the other interests at stake, can the granting of the precautionary measure proceed." (Resolution Number 283-2009 of 15:10 hours on February 20, 2009. Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal). This position is complemented by the criterion expressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Contentious-Administrative Cassation Tribunal, in Opinion No. 5-F-TC-2008 of ten forty-five hours on February sixth, two thousand eight, regarding the need to fulfill the evidentiary burden in this precautionary phase, by indicating that “(…) three requirements that apply, which are the fumus bonis iuris or appearance of a sound claim… the danger in delay and the balancing of the interests at stake… the appearance of a sound claim in accordance with the new legislation does not constitute a burdensome demonstration of the seriousness of the lawsuit, but rather the judge's internal assessment that said claim is not reckless, that it is not lacking in seriousness, which is an inverted view, by the way, of the so-called fumus bonis iuris, this periculum also corresponds to the burden, as an evidentiary burden for the party requesting the precautionary measure, and so it is, therefore the precautionary measure is a provisional judgment of that danger in delay it is not… an assessment of the merits of the proceeding… in what corresponds to the specific case (…) and this Chamber, after deliberating conscientiously and extensively as it does (…) has estimated that the serious damages and harm or those of impossible reparation that warrant the adoption of the precautionary measure in question are not duly demonstrated (…) In short, the Tribunal estimates that the principle of rational proof of the precautionary measure, which corresponds to a proof of balance, is not fulfilled; while it is true that conclusive proof is not required, because it cannot be so in a precautionary measure, we cannot leave it to the sole discretion of the mere statement of the party filing the appeal either; there are also potential public interests at stake.” Based on the foregoing regulatory and case law framework of analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure, the study of the specific case proceeds, attending to the presentation of the theory of the case and the offer of evidence.
FIFTH: ON THE SPECIFIC CASE. Based on what has been previously stated, the specific study of the elements required by Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code proceeds, in accordance with the arguments of both parties and the evidentiary elements provided to the judicial file, noting that it is a procedural burden for the interested parties, pursuant to Articles 220 of the mentioned Code and 41 of the Civil Procedural Code, to prove the affirmations they make in support of their claims. Regarding the first of these, corresponding to the appearance of a sound claim (noting that this must be analyzed in accordance with the parameters established by the CPCA), it must be said that from the analysis of the precautionary request, it is preliminarily observed that the expounded theory of the case is reasonably substantiated, so that, without entering into a value judgment on the merits (which in any case is not proper to the precautionary proceeding), it is estimated that the exercised action is not reckless, and thus the element of appearance of a sound claim is fulfilled. In this regard, it must be indicated that the plaintiff can bring action in this contentious-administrative venue requesting that the cited tanks be removed or relocated, with their consequent emptying. It is clarified that the plaintiff does not properly expound the arguments related to the seriousness of said claim. Now then, for the appropriateness of the precautionary protection, it is required, according to legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct subjected to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, to the legal situation of the moving party. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the serious damage (or harm) (current or potential), but rather it must be proven. That is, there is a procedural burden that the interested party must assume pursuant to Articles 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 41 of the Civil Procedural Code. Having studied the particular matter, this Judge concludes that the mentioned legal presupposition is not verified, for the following reasons. From the reading of the precautionary measure request, neither the concrete and detailed arguments regarding the existence of damage, and furthermore that it is serious, are inferred, nor have the corresponding evidentiary elements been provided to accredit that situation. The interested party states that the lack of maintenance and attention to the property installations by the defendant places it in a risk situation due to fuel leaks and spills into the subsoil, as well as one of danger due to possible fires or explosions from the fuels and the emanating vapors. It indicates that granting must proceed based on the precautionary principle in environmental matters. While this Judge understands the concern expressed by the plaintiff, the fact of the matter is that there are no evidentiary elements that allow determining that there are fuels in the cited tanks or pipes, their quantity, or that leaks into the subsoil are occurring, and that there is a risk of accident in the area. This is so because in the provided evidence, none is observed to be useful and reliable in that sense. The plaintiff provided a compact disc where 12 photographs are observed, apparently of the structures located on the property of interest, and various images and structural drawings of an unbuilt project in the plaintiff's name, from which the existence of a serious damage situation regarding the plaintiff cannot be accredited, as well as a literal certification of its property, Order No. 2019002837 issued within judicial file 17-000506-1207-CJ, and a literal certification of the defendant Bank's property. (images 24 to 29 of the judicial file). Consequently, it is necessary to reiterate that the anticipated precautionary proceeding is not alien to the general procedural regulations regarding the burden of proof, such that it is the moving party, when formulating its claim, who is obligated to prove its affirmations. In other words, precautionary protection is not an automatic mechanism that proceeds merely upon a party's request. Thus, it is not possible to demonstrate that a situation of serious damage or harm to its legal situation exists that warrants the granting of the requested precautionary measure. Finally, regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be indicated that for the appropriateness of a precautionary measure, the simultaneous verification of the legal prerequisites established in Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code is required; however, in this particular, one of them was discarded, according to what was stated in the previous sections. Additionally, it must be taken into consideration that to carry out the analysis of the balancing of interests and assessment of the potential affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious damage to the alleged legal situation and the harmed particular interest, which in this case was not demonstrated. Thus, there are not sufficient elements to carry out a final study on this point. The observation is made that this Judge does not find that the potential appropriateness of the measure violates in any way the public interests related to the recovery of the public funds managed by the defendant entity. Therefore, as all the necessary legal prerequisites are not concurring, the requested precautionary measure must be declared without merit. Notwithstanding the foregoing, Banco de Costa Rica is urged to verify the state of the indicated tanks and, especially, if fuels exist in them, taking the necessary measures to avoid any danger in the area. It is resolved without special condemnation regarding costs.
THEREFORE,
The precautionary measure requested by COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A. is declared WITHOUT MERIT. The plaintiff is cautioned that if it files an ordinary lawsuit, it must do so under this same judicial file number. Banco de Costa Rica is urged to verify the state of the indicated tanks and, especially, if fuels exist in them, taking the necessary measures to avoid any danger in the area. It is resolved without special condemnation regarding costs. NOTIFY.- Karen Calderón Chacón. Judge.- *YGKAXF7D3V061* KAREN CALDERÓN CHACON, PRESIDING JUDGE It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 00:05:56.
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Medida cautelar anticipada Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo Subtemas: Finalidad y presupuestos de las medidas cautelares. Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Alcances y presupuestos. Sentencias en igual sentido MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA PROMOVENTE:
COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A.
BANCO DE COSTA RICA Nº 263-2021-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las ocho horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.- Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA, interpuesta por COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A., cédula de persona jurídica 3-101-476038, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma, Jeannette Fallas Varela, cédula de identidad 1-1406-0203, contra EL BANCO DE COSTA RICA, representado por su apoderado general judicial, José Rodolfo Flores Mora;
RESULTANDO:
1. Que en fecha 12 de abril del 2021, la parte promovente formuló solicitud de medida cautelar anticipada planteando como pretensión cautelar "Solicito se admita la presente solicitud de medida cautelar prima facie y ante causam, y por consiguiente se le ordene sin audiencia previa al Banco de Costa Rica extraer en su totalidad el combustible derivado de hidrocarburos o cualquier otra sustancia o material inflamable, que mantengan o almacenen en la finca de su propiedad Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número 193927-000." (Imágenes 2 a 8 del expediente judicial digital).
2. Que por medio de auto de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 14 de abril del 2021, este Tribunal denegó la medida cautelar provisionalísima y concedió a la parte accionada, audiencia escrita por tres días para que se pronunciara respecto de la medida cautelar pedida. (Imagen 30 del expediente judicial digital).
3. Que mediante escrito de fecha 23 de abril del 2021 la representación del Banco de Costa Rica se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. (Imágenes 32 a 37 del expediente judicial digital).
4. Se observaron las formalidades del proceso y se estudió previamente lo correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En el presente asunto la parte promovente solicita lo siguiente: "Solicito se admita la presente solicitud de medida cautelar prima facie y ante causam, y por consiguiente se le ordene sin audiencia previa al Banco de Costa Rica extraer en su totalidad el combustible derivado de hidrocarburos o cualquier otra sustancia o material inflamable, que mantengan o almacenen en la finca de su propiedad Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número 193927-000." sobre lo cual debe de hacerse el pronunciamiento correspondiente.
SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA PROMOVENTE. En síntesis y en lo que interesa, la parte promovente argumenta que es propietaria de la finca de Puntarenas número 141235-000, que colinda al sur con la finca de Puntarenas 193927-000 propiedad del Banco de Costa Rica, que ésta era explotada como servicentro y comercializaba hidrocarburos, que por ello existen tanques y tuberías de combustibles, que los tanques se encuentran en la colindancia de ambas propiedades, que a la fecha esos tanques no han sido vaciados, que el Banco demandado tiene en total abandono la propiedad y ha omitido darle mantenimiento a los tanques y tuberías dichas, que ello genera riesgo de fuga de combustibles al subsuelo (con el consecuente daño ambiental) y peligros de explosión o incendios en la colindancia, donde se concentran los vapores inflamables, que el Banco ha omitido darle mantenimiento a todo el sistema para comercializar combustibles, que dicha situación causa preocupación en los vecinos de la zona, que producto de ello no ha podido ejecutar proyectos de construcción en la propiedad, que el Banco ha omitido desalmacenar el combustible de los tanques, que no ha realizado las pruebas de hermeticidad para evaluar los tanques, que cada día que pasa aumenta la posibilidad de fugas o derrames de combustible, que se puede dar un daño al ambiente, que debe aplicarse el principio precautorio, que la medida no afecta los intereses del demandado, dado que la posible afectación es económica mientras que se da un riesgo ambiental y daños a la zona y sus habitantes.
TERCERO: ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONADA: Que la representación del Banco de Costa Rica se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento, indicando en lo que interesa que no se demuestra la existencia de combustibles en los tanques, que el negocio dejó de existir hace 5 años, que es poco probable que hayan combustibles almacenados dado que no es lógico que los anteriores dueños hayan dejado abandonado ese producto, que no se trata de una situación de abandono sino de mantenimiento mínimo, que no existen fugas ni derrames o contaminación ambiental, que el uso de la finca era conocido por los actores al momento de adquirir la propiedad, en cuanto al peligro en la demora afirma que no hay nexo causal dado que el uso de la propiedad era conocido por la actora. Acerca de la apariencia de buen derecho indica que la medida se basa en suposiciones, que nunca se ha presentado ninguna gestión ante el banco y sobre la ponderación de intereses manifiesta que el Banco debe recuperar los fondos públicos dados en crédito.
CUARTO: EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones necesarias e indispensables para la emisión y ejecución de una eventual sentencia de fondo favorable a la parte gestionante. El artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. El artículo 21 del Código mencionado, establece, a su vez, que la medida pedida es procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida al proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad. Por otro lado, el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo, dispone que la persona juzgadora, al momento de tomar la decisión correspondiente, deberá considerar el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como la instrumentalidad y proporcionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte de forma grave la situación jurídica de terceros, tomando en cuenta, las posibilidades y previsiones financieras de la administración pública, para la ejecución de la medida otorgada. Dichos parámetros han sido desarrollados jurisprudencialmente, en el siguiente sentido: “(…) De conformidad con el artículo 21 CPCA, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum in mora o peligro en la demora, es decir que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promoverte un daño grave (...) Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar." (Resolución Número 283-2009 de las 15:10 horas del 20 de febrero de 2009. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos.” Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba.
QUINTO: SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto se procede a realizar el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente judicial, haciendo la observación que es una carga procesal para las partes interesadas, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que hagan en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos correspondiente a la apariencia de buen derecho (haciendo la observación que éste debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos por el CPCA), debe decirse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta está razonablemente motivada, de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo (lo cual en todo caso no es propio del proceso cautelar) se estima que la acción ejercida no es temeraria, por lo que se cumple con el elemento de apariencia de buen derecho. Al respecto debe indicarse que la parte actora puede accionar en esta sede contencioso administrativa pidiendo que se remuevan o reubiquen los tanques citados, con su consecuente vaciado. Se aclara que la actora no expone propiamente los argumentos relacionados con la seriedad de dicha pretensión. Ahora bien para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales a la situación jurídica del promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse. Es decir, existe una carga procesal que debe asumir la parte interesada al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular esta Juzgadora concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica, por los siguientes razones. De la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño y que además sea uno grave, así como tampoco que se hayan aportado los elementos probatorios correspondientes para acreditar esa situación. La parte interesada manifiesta que la falta de mantenimiento y de atención a las instalaciones de la propiedad por parte del demandado pone en una situación de riesgo por fugas y derrames de combustible al subsuelo, así como una de peligro por posibles incendios o explosiones por los combustibles y los vapores que emanan. Indica que debe procederse al otorgamiento por el principio precautorio en materia ambiental. Si bien entiende esta Juzgadora la preocupación expuesta por la accionante, lo cierto del caso es que no existen elementos de prueba que permitan determinar que en los tanques o tuberías citados existen combustibles, su cantidad o que se estén dando fugas al subsuelo y que exista un riesgos de accidente en la zona. Ello es así debido a que en la prueba aportada no se observa ninguno que sea útil y fehaciente en ese sentido. La parte actora aportó un disco compacto donde se observan 12 fotografías en apariencia de las estructuras que se ubican en la propiedad de interés y varias imágenes y láminas estructurales de un proyecto no construido a nombre de la actora, de lo cual no se logra acreditar la existencia de una situación de daño grave en cuanto a la parte accionante, así como certificación literal de su finca, auto N° 2019002837 dictado dentro del expediente judicial 17-000506-1207-CJ y certificación literal de la finca del banco demandado. (imágenes 24 a 29 del expediente judicial). Consecuentemente, es necesario reiterar que el proceso cautelar anticipado no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte promovente al formular su pretensión la obligada a probar sus afirmaciones. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida cautelar pedida. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar. Así las cosas, no hay elementos suficientes para realizar un estudio final sobre este punto. Se hace la observación que esta Juzgadora no encuentra que la eventual procedencia de la medida vulnere de forma alguna los intereses públicos relacionados con la recuperación de los fondos públicos manejados por la entidad demandada. Por ende, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios debe declararse sin lugar la medida cautelar solicitada. No obstante lo anterior, se insta al Banco de Costa Rica que verifique el estado de los tanques indicados y especialmente, si existen combustibles en ellos, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier peligro en la zona. Se resuelve sin especial condena en costas.
POR TANTO,
Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por COMPAÑÍA MONVILGER D&G S.A. Se previene a la parte actora que de presentar demanda ordinaria, deberá hacerlo bajo este mismo número de expediente judicial. Se insta al Banco de Costa Rica que verifique el estado de los tanques indicados y especialmente, si existen combustibles en ellos, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier peligro en la zona. Se resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE.- Karen Calderón Chacón. Jueza.- *YGKAXF7D3V061*
Document not found. Documento no encontrado.