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Res. 00700-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 27/05/2021

Precautionary measure for closure of Los Laureles landfill in PococíMedida cautelar para cierre de vertedero Los Laureles en Pococí

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The precautionary measure requested to suspend waste reception at the Los Laureles landfill is denied for failure to prove the legal prerequisites, particularly the danger in delay.Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada para suspender la recepción de desechos en el vertedero Los Laureles, por no acreditar los presupuestos legales, especialmente el peligro en la demora.

SummaryResumen

Ruling by the Administrative Litigation Court denying a precautionary measure requested by residents of Pococí to halt waste reception at the Los Laureles landfill, operated by CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. The plaintiffs claimed environmental and public health harm from foul odors, untreated leachate, pest proliferation, and operation without proper environmental permits, invoking the precautionary principle and reversal of the burden of proof under Article 109 of the Biodiversity Law. The Court, while acknowledging the importance of environmental law principles, found that the applicants failed to present objective evidence or indications of any actual or potential environmental risk, relying merely on generic assertions. It held that although environmental protection warrants a standard of risk certainty rather than proven harm, some minimal evidentiary basis is required to demonstrate the danger in delay, which was not met. Consequently, the measure was denied for failure to satisfy all legal prerequisites.Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que deniega una medida cautelar solicitada por vecinos de Pococí para suspender la recepción de desechos en el vertedero Los Laureles, operado por CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. Los actores alegaban afectaciones al ambiente y salud pública por malos olores, lixiviados sin tratar, proliferación de plagas y operación sin los permisos ambientales adecuados, invocando el principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba conforme al artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. El Tribunal, aunque reconoce la relevancia de los principios del derecho ambiental, concluye que los solicitantes no aportaron elementos de convicción o indicios objetivos que evidenciaran un riesgo actual o potencial al ambiente, limitándose a afirmaciones genéricas. Señala que si bien la tutela ambiental admite un estándar de certeza del riesgo y no de daño efectivo, es necesario un mínimo de fundamentación probatoria para acreditar el peligro en la demora, lo cual no se cumplió. Por tanto, al no concurrir todos los presupuestos legales, declara sin lugar la medida cautelar.

Key excerptExtracto clave

VII. Although environmental matters allow for broad protection, this Judge considers that there must exist certainty and actuality of risks to the environment—not the necessary proof of actual harm—and as this Court stated in ruling No. 250-2010 of eight o'clock on January twenty-ninth, two thousand ten, '...there is no complete exemption for the party seeking a precautionary measure with suspensive effect, as in this case, or any other kind, from the duty to prove, or at least objectively and substantiatedly demonstrate, what potential risks a given action may cause to the interest sought to be protected, as well as the other requirements set out in Article 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code for the granting of precautionary measures. The duty to prove the concurrence of these unavoidable conditions has no exception in measures related to the environment.' In the end, when alleging environmental risk or potential damages, it is imperative to weigh the evidentiary burden under the principles of in dubio pro natura, precautionary and preventive, to the point that the Judge must consider the objective probability, the foreseeable and objectively assessed risk that an action or omission may produce, with or without scientific measurement, a negative impact on the environment... Regarding the burden of proof in these proceedings (Article 109 of the Biodiversity Law), this Judge considers that the petitioner for a precautionary measure must not be entirely exempted from the duty to prove that danger in delay, since the existence of harm or risk cannot be presumed without indicating the minimum grounds to consider the situation and assess the need for precautionary protection.VII. Si bien existe una amplitud como la descrita en materia ambiental, esta Juzgadora considera que debe existir una certeza y actualidad de los riesgos al ambiente -no la necesaria demostración de un daño efectivo- y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 250-2010 de las ocho horas del veintinueve de enero del dos mil diez, "...no opera una total desvinculación de quien pretende una medida cautelar de efecto suspensivo, como en este caso, o de cualquier otra índole, con el deber de acreditar o al menos poner en evidencia de manera objetiva y fundada, cuales son los riesgos potenciales que una determinada acción puede llegar a producir en el bien que se pretende tutelar, así como de los demás presupuestos que el numeral 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo fija para la procedencia de las cautelares. El deber de acreditar la concurrencia de estas condiciones impostergables no encuentra excepción en las medidas que se relacionen con el ambiente" En definitiva, al acusarse riesgo al ambiente o daños potenciales, es imperativo sopesar la carga probatoria al amparo de los principios: in dubio pro natura, precautorio y preventivo, al punto que la persona Juzgadora ha de considerar la probabilidad objetiva, el riesgo previsible y objetivamente ponderado, de que una acción u omisión puede llegar a producir, con o sin medición científica, una incidencia negativa en el ambiente... En cuanto a la carga de la prueba en estos procesos (artículo 109 de la Ley de Biodiversidad), estima esta Juzgadora, que debe haber una total desvinculación del petente de la medida cautelar, respecto del deber de acreditar ese peligro en la demora, ya que no puede suponerse la existencia de un daño o riesgo, si no se indican los fundamentos mínimos para considerar la situación y valorar la necesidad de la tutela cautelar.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no opera una total desvinculación de quien pretende una medida cautelar de efecto suspensivo, como en este caso, o de cualquier otra índole, con el deber de acreditar o al menos poner en evidencia de manera objetiva y fundada, cuales son los riesgos potenciales que una determinada acción puede llegar a producir en el bien que se pretende tutelar"

    "there is no complete exemption for the party seeking a precautionary measure with suspensive effect, as in this case, or any other kind, from the duty to prove, or at least objectively and substantiatedly demonstrate, what potential risks a given action may cause to the interest sought to be protected"

    Considerando VII

  • "no opera una total desvinculación de quien pretende una medida cautelar de efecto suspensivo, como en este caso, o de cualquier otra índole, con el deber de acreditar o al menos poner en evidencia de manera objetiva y fundada, cuales son los riesgos potenciales que una determinada acción puede llegar a producir en el bien que se pretende tutelar"

    Considerando VII

  • "al acusarse riesgo al ambiente o daños potenciales, es imperativo sopesar la carga probatoria al amparo de los principios: in dubio pro natura, precautorio y preventivo, al punto que la persona Juzgadora ha de considerar la probabilidad objetiva, el riesgo previsible y objetivamente ponderado, de que una acción u omisión puede llegar a producir, con o sin medición científica, una incidencia negativa en el ambiente"

    "when alleging environmental risk or potential damages, it is imperative to weigh the evidentiary burden under the principles of in dubio pro natura, precautionary and preventive, to the point that the Judge must consider the objective probability, the foreseeable and objectively assessed risk that an action or omission may produce, with or without scientific measurement, a negative impact on the environment"

    Considerando VII

  • "al acusarse riesgo al ambiente o daños potenciales, es imperativo sopesar la carga probatoria al amparo de los principios: in dubio pro natura, precautorio y preventivo, al punto que la persona Juzgadora ha de considerar la probabilidad objetiva, el riesgo previsible y objetivamente ponderado, de que una acción u omisión puede llegar a producir, con o sin medición científica, una incidencia negativa en el ambiente"

    Considerando VII

  • "esta carga no se satisface cuando la solicitud se limita a expresar meras conjeturas sin el soporte fundamentativo debido"

    "this burden is not satisfied when the request merely states suppositions without the proper supporting grounds"

    Considerando VII

  • "esta carga no se satisface cuando la solicitud se limita a expresar meras conjeturas sin el soporte fundamentativo debido"

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

**EXPEDIENT:** 20-005087-1027-CA **PRECAUTIONARY MEASURE IN ORDINARY PROCEEDINGS** **PLAINTIFF:** LUIS ALBERTO LEÓN MARCHENA AND OTHERS **DEFENDANT:** THE STATE AND OTHERS.- No. 700-2021 **CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT.** Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Calle Blancos, at ten hours fifty-five minutes on the twenty-seventh of May two thousand twenty-one.- A request for a precautionary measure filed by TONY VALVERDE CHINCHILLA, identity card 1-1057-0063, engineering and development manager, LUIS ALBERTO LEÓN MARCHENA, identity card 6-188-300, farmer, JUAN JOSÉ MENDEZ ROJAS, identity card 7-188-318, farmer, DEIVIS OCAMPO GUBUARDI, identity card 1-1335-0941, accountant, EDUARDO ALONSO TREJOS OBANDO, identity card 1-403-942, agronomist, JUVENAL SILVA CARRILLO, identity card 5-154-260, pensioner, all of legal age, residents of Pococí, against the STATE, represented by the procurator Silvia Quesada Casares, of legal age, identity card 1-964-571, attorney, resident of San José, the MUNICIPALITY OF POCOCÍ, represented by its municipal mayor Manuel Hernández Rivera, of legal age, identity card 7-086-850, attorney, and C T M CORPORACIÓN TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A., legal identification number 3-101-221931, is under consideration.- **WHEREAS** 1- The plaintiff, on November 23, 2020, filed a complaint and precautionary measure against the State, the Municipality of Pococí, and CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. (see brief in images 2 to 27 of the precautionary measure file).- 2- By resolution at eleven hours twenty minutes on December sixteenth, two thousand twenty, a hearing is granted to the State, the Municipality of Pococí, and CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. (see image 44 of the precautionary measure file).- 3- The state representation addresses the granted hearing (see image 50 of the precautionary measure file).- 4- The municipal mayor of the Municipality of Pococí requests the rejection of the precautionary measure, considering that the requirements of the precautionary measure are not met (see images 55 to 63 of the precautionary measure file).- 5- The company CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. does not address the precautionary measure (see the case file).- 6- The Minister of Health requests that the precautionary measure be declared without merit (see images 66 to 161 of the precautionary measure file).- 7- The representation of the plaintiffs addresses the statements made by the Minister of Health (see images 162 to 168 of the precautionary measure file).- 8- That in the proceedings, the relevant procedural requirements have been observed, and no grounds for nullity capable of invalidating the actions taken are noted.- **WHEREAS** **I. PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE:** The plaintiff promotes a precautionary measure for the purposes of: "...1. It is requested that the requested precautionary measure be declared WITH MERIT, in the following terms: 1) Order the suspension of the receipt of waste (of any state and nature) at the Landfill of the canton of POCOCI known as Los Laureles, property of CTM Corporación Tecnológica Miravalles S.A., within a period of twenty business days, once notified of the resolution, so that the Municipality of Pococí takes the pertinent actions. 2) From that moment, totally prohibit the receipt of waste at said location. 3) Order the Municipality of Pococí and the Pococí Rector's Area of the Ministry of Health, that notwithstanding the prohibition established in point one above, order CTM Corporación Tecnológica Miravalles S.A. to immediately implement corrective measures: channeling of leachate (lixiviados) runoff and its treatment, operation of the treatment plant, compaction work and general maintenance, having to cover the exposed waste with soil material. 4) Order the Municipality of Pococí as well as the Ministry of Health, Pococí Rector's Area of Health, to refrain from issuing any type of enabling title that enables the operation and/or operation of the receipt of waste at the Pococí Landfill known as Los Laureles. 5) Prohibit the expansion of the landfill, in the area where the illegal logging of Forest took place" (see images 34 and 35 of the precautionary measure file).- **II. ARGUMENTS OF THE MOVANT:** The moving party refers to the requirements of the precautionary measure, as follows: Appearance of a good right subject of the process: States that they file the present process and request it be given preferential processing due to a series of violations of the right to public health and the environment, insofar as the principles of legality, "in dubio pro natura", were violated by granting permits such as the operating permit and commercial patent without fulfilling the prior requirements that even the Ministry of Health, Pococí Rector's Area, had indicated must be met in an administrative act, namely health order HA-ARSP-1070-2012 of February 17, 2012, health order HC-ARSP-4503-2014, of June 24, 2014, health order HC-ARSP-2572-2016, of March 22, 2016. Danger in delay: Indicates that for the precautionary measure to proceed, the damage caused by the execution or permanence of the questioned administrative conduct must be serious. Indicates that in environmental matters, a "sui generis" case occurs regarding Article 109 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) regarding the burden of proof and transcribes it. Furthermore, they excerpt resolution No. 04399-2010 of the Contentious-Administrative Court regarding the precautionary principle and the burden of proof, and resolution No. 212-2012-VI regarding precautionary protection in environmental matters. They argue that to grant the precautionary measure, it must be determined if the execution of the administrative conduct can cause serious current or potential damages or injuries, from the situation adduced, which consequently implies that not just any damage would allow the adoption of a precautionary measure; the only way to make such an assessment is based on the demonstration of the damage made by the appealing party, since the damage is inherent to the person suffering it, and it will be they who must prove their claim with pertinent and leading evidence for that purpose. Specifically, they point out that ten years after the CGR, through authorizations, gave the opportunity to mitigate the problems at the landfill, the reality has been otherwise, the impact from nauseating odors in our community, the spillage of toxic leachate (lixiviados) broths into bodies of water already identified by the Water Directorate, the mere fact that the biogas escapes into the atmosphere without any control, meaning it is not burned, causes enormous air pollution; they add that what is most illegal, despite all the aspects already demonstrated, is that the Ministry of Health itself does not oblige CTM to comply with the sanitary landfill regulation (reglamento de rellenos sanitarios), which is the regulation governing the operation of a sanitary landfill, not even in the most basic aspect which is the daily cover of waste. They add that the Pococí Garbage Landfill currently presents conditions of little maintenance and supervision; with unresolved problems regarding waste covering, channeling of leachate runoff and its treatment, operation of the treatment plant, compaction work and general maintenance, uncertainty about whether the waters from the treatment plant are evacuated into the drains, waste sliding and obstruction of the stormwater pipe. They add that there is a presence of scavenger birds, pools of stagnant and untreated water, as well as multiple sources of possible dissemination of pathogens harmful to public health and their vectors, such as those that transmit dengue. Balancing of interests at stake: They excerpt resolution No. 212-2012-VI of the Contentious-Administrative Court and point out that it is a case exactly the same as the specific case; the landfill of the Canton of Pococí must suspend the receipt of waste and begin the technical closure, in order not to worsen things further in the community. In a brief filed on February 16, 2021, they state: that the Minister of Health did not attach official communication SG-DEA-2480-2015 from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), arguing that the property where the landfill operates from its beginnings never had permits from any entity, hence the issuance of health orders and the writ of amparo (recurso de amparo). They reiterate that Corporación Tecnológica Magallanes, S.A, since 2014, submitted to SETENA the request to obtain the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental, VLA) for the Zone C Sealing Project; what the company intended was to obtain the VLA to continue disposing of solid waste at the site; however, SETENA archived said file. However, the Ministry of Health issues, after this Judgment, on September 12, 2017, the Sanitary Operating Permit (permiso sanitario de funcionamiento) to CTM to operate the conversion to a sanitary landfill (reconversión a relleno sanitario) at the site. They argue that the Ministry of Health should not have issued a Sanitary Operating Permit (PSF) for conversion to a sanitary landfill, because that implies a PSF for the entire property. They conclude, the environmental problems in the area are more than demonstrated, the serious problems that the neighbors suffer are more than notorious, nauseating odors, biogas escape, leachate outflow, proliferation of rodents, vultures, harmful fauna and flora. It has been demonstrated with the documentation that the Ministry of Health itself presented, the magnitude of the illegality of the Public Administration's action, and if the precautionary measure is not adopted, it would allow the property to be turned into a million-dollar business at the expense of health and the environment, using an illegal sanitary permit.- **III. ARGUMENTS OF THE STATE:** The State's representation merely indicates: "Regarding my represented party, it must be assessed whether the assumptions for adoption are met and accredited with the evidence offered (Law 8508, articles 4, 20-22)". Furthermore, the Ministry of Health refers to both the precautionary measure and the ordinary process and states that to address this proceeding, it requested a report from Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, Director of the Radiological and Environmental Health Directorate (Dirección Radiológica y de Salud Ambiental), and from Dr. Alexander Salas López, Director of the Regional Directorate of the Huetar Caribe Health Rector's Office (Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe). By official communication No. MS-DPRSA-0061-2021, Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, states: "As a result of the analysis carried out on the documentation provided, by official communication DSAUCSA-RGA-003-2018 of January 12, 2018, the Waste Manager Registry is granted to CTM Corporación Magallanes S.A. under code DSA-UCSA-003-2018 and with a validity of 5 years in accordance with Article 51 of Executive Decree No. 37567-S-MINAET-H (Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H) to provide the final disposal service of 3000 tons per month of ordinary waste. / Along with the above, the Waste Manager Registry Certificate DSAUCSA-RGA-003-2018 is granted, with a renewal date of January 12, 2023. / Therefore, as of today, in accordance with the provisions of Article 32 of Law No. 8839 of June 24, 2010 and "Law for Integrated Waste Management" (Ley para la Gestión Integral de Residuos) and articles 46 and 47 of Executive Decree No. 37567-S-MINAET-H "General Regulation to the Law for Integrated Waste Management" (Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos), the company CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. complies with the provisions of the aforementioned regulations." For his part, Regional Director Dr. Salas López, by official communication No. MS-DRRSHC-ARSP-0534-2021, indicates: "For the month of February 2015, the company's legal representative presented the 'engineering plans for the Los Laureles Sanitary Landfill Project' (visible folios 001081 to 001097) with the purpose of proceeding with the legal figure of Conversion to Sanitary Landfills as provided in the new Regulation for Sanitary Landfills No. 38928-S (Reglamento para Rellenos Sanitarios No 38928-S), in the section 'closure works for landfills and conversion to sanitary landfill' (obras de cierre de vertederos y reconversión a relleno sanitario) in its articles 41 and following, and numeral 44 states that in the 'conversion of the landfill to a sanitary landfill, the permits established in Article 8 of this regulation must be processed'; a situation that was carried out by the administered party by presenting before the Rector's Area the 'Summarized Description of the Los Laureles Sanitary Landfill Conversion Project', visible at folios 00054 to 00060 of the Miscellaneous Folder; likewise, the formal requirements before such a request in compliance with the regulatory framework, which are visible at folios 00027 to 00050 and the approval of the location for the Wastewater Treatment System for the Conversion Project granted by the regional engineer through her official communication HC-URS-0269-2017 (visible folios 00106 to 00109) and the Constructive Projects No. CFIA 699919 APC. (folio 0001333). (...) Furthermore, in our oversight, revisions of the physical and chemical operational reports of the wastewater are carried out, and jointly with the central level, assessments have been made under the State Control, and if applicable, the respective health orders are issued in compliance with what is critical; complaints regarding bad odors, flies filed by the administered parties are attended to and resolved in periodic monitoring. All of which is evident from the evidence indicated in the files that are in our custody and that were presented and certified to this worthy Court, for whatever corresponds to the resolution of the controversy. Due to the above, the administered party presents the documents required for the processing of the Sanitary Operating Permit and by official communication HC-ARS-P-8237-2017, the health authorities of the Rector's Area grant him, within the legal framework of formal and material compliance, the Sanitary Operating Permit No. HC-ARSP-8245-2017 starting in the year 2017, which expires in the year 2022. (Folio 00001349). / With all that has been stated and as guarantors of health and legality, it remains our position to maintain the administrative act of the site's operation, since the legal norms governing the matter at hand have been complied with, it being a necessity for the central canton of Pococí to dispose of solid waste generated by the population adequately and sanitarily, and that otherwise would be detrimental to health and the environment, due to the open and uncontrolled garbage dumps that would be generated, being a true chaos that we cannot ignore beforehand. The population's health is a public interest good protected by the State, and it is the State's function to ensure it. (Articles 1, 2 General Health Law - Ley General de Salud). / In order to better provide for the factual picture alleged, we present a photographic sequence of 05 photos provided by the company's Legal Representative, dated January 6 of the current year, as they had to comply with a dictated order, in good faith to correct what our health authorities detect. All of which has been extracted from the file in the technical and administrative management carried out effectively by the health authorities of the Rector's Area.”- **IV. ARGUMENTS OF THE MUNICIPALITY OF POCOCÍ:** It requests the rejection of the precautionary measure, as it considers that it would imply significant damage to public health, as well as to the environment itself; it is based on official communication UTGAM-085-2021, of February 16, 2021, prepared by Lic. Fabián Delgado Villalobos, coordinator of the Municipal Technical Unit for Environmental Management (Unidad Técnica de Gestión Ambiental Municipal), which it attaches as evidence and excerpts. It points out that the closure of the sanitary landfill is counterproductive if the precautionary measure is granted; it is very risky to transfer the delivery of solid waste to other parts of the country, since no other landfills exist nearby, significantly increasing the probabilities of causing environmental damages; for example, the municipality would have to decrease the collection frequency and would lead to the accumulation of waste in the canton, creating pollution sources due to odors, pests, homeless people opening garbage bags, even aesthetically affecting the canton. Furthermore, if the collection frequency were maintained, it would mean acquiring—either by purchase or lease—more machinery, exorbitantly increasing costs, where due to the economic impact caused by the pandemic, resources have diminished; even so, the economic aspect becomes secondary; transporting decomposing waste for dozens and dozens of kilometers is risky; the priority is to protect people's lives, avoiding damage to the environment and the health of the municipal residents. Another aspect is that an administrative contracting procedure would have to be carried out to find a new landfill, which would take at least three months due to bureaucracy, without counting the time if there are challenges; there is no place in the canton conditioned to accumulate the waste for those three months, and if one were found, the contamination would be terrible given that it would be accumulated without any type of treatment; therefore, the precautionary measure must not be granted. It is relevant that the sanitary landfill has the respective permits to operate, being a non-controversial fact; these administrative acts are final, and to reach them, a series of requirements must have been met; in that sense, the sanitary landfill operates in accordance with current national legislation. Regarding the requirements of the precautionary measure: The appearance of a good right indicates that none of the five pieces of evidence provided by the plaintiffs demonstrates that an illegal environmental impact is currently occurring at the sanitary landfill, since the mentioned health orders precede the current permits of the Ministry of Health, the governing institution in the matter. As for the danger in delay, if the precautionary measure were declared with merit, the danger from the duration of the process would fall upon all the municipal residents of Pococí, since the social, environmental, and economic impact would be harmful to the inhabitants of the canton and the town council as administrator of their interests (Article 169 of the Political Constitution - Constitución Política and Article 3 of the Municipal Code - Código Municipal), if a different sanitary landfill had to be found, at a great distance from the canton, with all that transporting decomposing waste entails, plus the accumulation of garbage and the proliferation of pests. It considers that the danger in delay is not present in the request for the precautionary measure; no technical studies are presented that even make one presume the existence of contamination by the sanitary landfill, taking into account that it possesses the respective permit from the Ministry of Health; therefore, given such a deficiency, it cannot be demonstrated that the passing of time during the process will cause harm to the plaintiff. Balancing of interests, the public interest must be above particular claims, and if the precautionary measure were declared with merit, it would cause serious harm to the municipal residents of Pococí, with social, environmental, and public health repercussions, without neglecting the blow it would mean to municipal coffers, due to the changes that would occur; priority should be given to public interest, to that of the municipal residents of all Pococí, rejecting in all its aspects the request for a precautionary measure. It concludes that none of the requirements are met, rather generating serious harm for the municipal residents of Pococí if the measure were granted, since the sanitary landfill has the permit to operate from the Ministry of Health, the governing entity, and a commercial license granted by the Municipality of Pococí.- **V. IN GENERAL REGARDING THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE.** The jurisprudence has extensively developed the purpose of precautionary justice, which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the purpose of establishing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or responsibility, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy a right that one has without being discussed, nor to settle a litigation, but to prevent the damages that the litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2nd ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Based on the foregoing, the judging person, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the admissibility of a request for precautionary protection, verifying that the claim of the ordinary process is not reckless or manifestly lacking in seriousness, which constitutes a preliminary evaluation of the merits to determine if there exists, in the case in question, what the doctrine and jurisprudence have called appearance of a good right or fumus boni iuris. The norm under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct submitted to the process produces serious current or potential damages or injuries, a situation that has been defined in the doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious damage may be generated to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1st ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along this same line, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes the obligation of the judging person to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake between the circumstances of the individual, on one hand, and the public interest, on the other, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure. Additionally, the same cited numeral 22 requires that the precautionary measure be instrumental and provisional. Based on the normative framework of analysis and the elements required for granting a precautionary measure, we proceed to study the specific case.- **VI. REGARDING THE SPECIFIC CASE:** Having analyzed the case file, the evidentiary elements provided for the purposes of the precautionary request, as well as the various arguments of each of the parties involved, this Court considers that there is no merit to grant the formulated precautionary proceeding, since in the particular case, the totality of the necessary requirements for the admissibility of precautionary measures have not been satisfied. Regarding the first requirement for granting precautionary protection, "appearance of a good right", from the analysis of the request, it is preliminarily observed that the case theory presented is reasonably motivated so that, without entering into a value judgment on the merits—which is not appropriate for this precautionary process—it is considered that the action exercised is not reckless or lacking in seriousness; that is, the element of appearance of a good right is met, as it is susceptible to being heard in an ordinary process, and the study of the merits transcends the powers of the precautionary resolution. The second requirement, danger in delay, the applicants argue that in environmental matters, Article 109 of the Biodiversity Law is applicable, regarding the reversal of the burden of proof, and specifically regarding the danger in delay, they argue that the Pococí Garbage Landfill currently presents conditions of little maintenance and supervision, with unresolved problems regarding waste covering, channeling of leachate runoff and its treatment, operation of the treatment plant, compaction work and general maintenance, uncertainty about whether waters from the treatment plant are evacuated into the drains, waste sliding and obstruction of the stormwater pipe; additionally, there is a presence of scavenger birds, pools of stagnant and untreated water, as well as multiple sources of possible dissemination of pathogens harmful to public health and their vectors, such as those that transmit dengue. Regarding the particular matter, this Court, in observance of the legal system and for the due protection of the environment; based on the provisions of numeral 50 of the Political Constitution, which establishes the right to a healthy and ecologically balanced environment, the State's obligation to ensure its due protection is inferred. Within this framework of protection, extensive legislation protecting the environment exists in our legal system, as well as Constitutional jurisprudence and precedents of this Court regarding it; which develop principles such as in dubio pro natura, precautionary principle, preventive principle, "polluter pays", in natura reparation, among others, all of relevance that must be weighed by the judging person, in safeguarding the environment. Regarding precautionary justice, the formula of serious, current, or potential damages or injuries, as a delimitation of the danger in delay requirement, varies in the context of the environment, "...the cited requirements must be assessed according to the content of the principles that permeate environmental law; otherwise, it could lead to emptying that right and allowing, by omission, damages to the environment, to the detriment of people's rights" (as stated in resolution of this Court number 250-2010 at eight hours on January twenty-ninth, two thousand ten). It is clear that any intrusive human conduct likely to affect the environment requires precautionary protection by virtue of the precautionary principle, which dispenses with the scientific accreditation of damage, contemplated in Article 11 of the Biodiversity Law. Regarding the reversal of the burden of proof, this consists of the defendant being the one called to offer evidence to refute the content of the claim, considering that Environmental Law aims at prevention rather than reparation of damage; Article 109 of the Biodiversity Law provides: "The burden of proof, of the absence of contamination, degradation or non-permitted impact, shall correspond to whoever requests the approval, permit or access to biodiversity, or to whoever is accused of having caused environmental damage." It should be noted that express mention by the judging person in this regard is not necessary, as it is regulated by law. Thus, the classic scheme of "he who affirms must prove" is broken, and we are faced with the theory of dynamic burden of proof, where the burden of proof is shifted "...to whoever, due to their personal situation, is in a better position to bring the evidence to the process, regardless of whether they are the plaintiff or the defendant" (in this regard, see judgment 212-2008 of 8:15 a.m. on March 25, 2008). Now, faced with situations regarding the eventual impact on the environment, "...the judge, to decide to grant a precautionary measure in defense of the environment, would only need the certainty and actuality of the risks, even if current injuries to the environment or health are not proven, for the protection to become effective" (see González Ballar, Rafael and Peña Chacón, Mario: El Proceso Ambiental en Costa Rica, 1st. edition, San José, 2015, p.163); that is, within the framework of a logical and reasoned analysis, the coverage of the eventuality of damage becomes relevant, making it unfeasible to apply a criterion of effective damage, which would be counterproductive, since when the damage is consummated, it may be irreversible or its reparation impossible.- **VII.** While a breadth such as that described exists in environmental matters, this Judge considers that there must be certainty and currency regarding the risks to the environment—not the necessary demonstration of an actual damage—and as this Court indicated in judgment number 250-2010 of eight o'clock on January twenty-nine, two thousand ten, "...a party seeking a precautionary measure of suspensive effect, as in this case, or of any other nature, is not completely released from the duty to prove or at least to objectively and substantiatedly disclose the potential risks that a given action may produce to the interest sought to be protected, as well as the other requirements that numeral 21 of the Code of Contentious Administrative Procedure establishes for the granting of precautionary measures. The duty to prove the concurrence of these indispensable conditions finds no exception in measures related to the environment" (underlining not in original); it is evident from the record that the moving party offers no means seeking to demonstrate the risk to the environment, but rather limits itself to citing article 109 of the Biodiversity Law, regarding the reversal of the burden of proof. Ultimately, when risk to the environment or potential damage is alleged, it is imperative to weigh the burden of proof under the principles: in dubio pro natura, precautionary, and preventive, to the point that the Judge must consider the objective probability, the foreseeable and objectively weighed risk, that an action or omission may produce, with or without scientific measurement, a negative impact on the environment; the Judge must assess environmental protection and not wait for the damage to occur, since in most cases, remediation will be impossible (as stated in the repeatedly cited judgment of this Court, 250-2010 of eight o'clock on January twenty-nine, two thousand ten). Regarding the burden of proof in these proceedings (article 109 of the Biodiversity Law), this Judge considers that the petitioner of the precautionary measure must be completely released from the duty to prove that danger in delay, since the existence of damage or risk cannot be presumed if the minimum grounds to consider the situation and assess the need for precautionary protection are not indicated. In other words, whoever petitions must provide elements of conviction or indicia of weighty justifying causes that allow the existence of risks or threats, of those current or potential damages, to be inferred from the specific case; when the damage is merely potential, the proof must translate into the expression of duly supported reasons and probable causes that justify the petition (see resolution of this Court number 250-2010 of eight o'clock on January twenty-nine, two thousand ten). In the present case, this burden is not met when the petition limits itself to expressing mere conjecture without the due supporting basis, and on the other hand, the Ministry of Health presented the actions it has undertaken since 2015 and five photographs that it indicates were taken by the company’s legal representative on January 6, 2021, in compliance with a "dictated order" (images 126 to 128 of the precautionary measure file), and therefore this Judge cannot presume or conclude that a potential risk to the environment exists. Hence, it is insufficient to state without further elaboration that the environment may be harmed; it would be very difficult to deem the danger in delay proven if the minimal analysis or some indicia to conceive the damage as potential or probable is not provided, and the mere assertion of the party does not presuppose the existence of the damage or its potentiality; I reiterate, it must at least be duly substantiated and at least indicia of the risks must be presented, and therefore this requirement is not met. Finally, regarding the weighing of interests, this Judge considers that there is a correlation between the environment and human action, especially in a garbage dump, and therefore this last requirement must be examined in detail given the interests involved. The Municipality of Pococí presents an account of the potential negative consequences of a possible closure of the "Los Laureles" dump owned by CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A., and the petitioners of the precautionary measure argue that this dump in the Canton of Pococí must suspend the receipt of waste and begin technical closure, so as not to further aggravate matters in the community. In the matter at hand, it is not possible to conduct an assessment or weighing, because no sound elements are provided that allow inferring whether a risk or potential damage exists, since the potential harm to the interest whose protection is sought is not demonstrated, and therefore the functioning and operation of the Los Laureles Dump must be maintained, and the precautionary claim is denied. Consequently, since all of the necessary legal requirements are not met, the requested precautionary measure must be denied. No special order as to costs is made.-

POR TANTO

The requested precautionary measure is DENIED. No special order as to costs is made. Notify.- Ana Katarina Apú Hidalgo. Judge.- *1XB9JH9A4B461*

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Medida cautelar Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo Subtemas: Alcances y presupuestos de la justicia cautelar. Aplicación cautelar en asuntos de materia ambiental. Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Alcances y presupuestos. Aplicación en asuntos de materia ambiental. Sentencias en igual sentido MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: LUIS ALBERTO LEÓN MARCHENA Y OTROS DEMANDADO: EL ESTADO Y OTROS.- No. 700-2021 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.- Se conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por TONY VALVERDE CHINCHILLA, cédula de identidad 1-1057-0063, gerente en ingeniería y desarrollo, LUIS ALBERTO LEÓN MARCHENA, cédula de identidad 6-188-300, agricultor, JUAN JOSÉ MENDEZ ROJAS, cédula de identidad 7-188-318, agricultor, DEIVIS OCAMPO GUBUARDI, cédula de identidad 1-1335-0941, contador, EDUARDO ALONSO TREJOS OBANDO, cédula de identidad 1-403-942, ingeniero agrónomo, JUVENAL SILVA CARRILLO, cédula de identidad 5-154-260, pensionado, todos mayores de edad, vecinos de Pococí contra el ESTADO, representado por la procuradora Silvia Quesada Casares, mayor, cédula de identidad 1-964-571, abogada, vecina de San José, MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, representada por su alcalde municipal Manuel Hernández Rivera, mayor, cédula de identidad 7-086-850, abogado y C T M CORPORACIÓN TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A., cédula jurídica 3-101-221931.-

RESULTANDO

1- La parte actora, el 23 de noviembre de 2020 promueve demanda y medida cautelar contra el Estado, la Municipalidad de Pococí y CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. (ver memorial en imágenes 2 a 27 del legajo de medida cautelar).- 2- Mediante resolución de las once horas veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se concede audiencia al Estado, la Municipalidad de Pococí y CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. (ver imagen 44 del legajo de medida cautelar).- 3- La representación estatal se refiere a la audiencia concedida (ver imagen 50 del legajo de medida cautelar).- 4- El alcalde municipal de la Municipalidad de Pococí solicita el rechazo de la medida cautelar por considerar que no se cumplen con los presupuestos de la medida cautelar (ver imágenes 55 a 63 del legajo de medida cautelar).- 5- La sociedad CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. no se refiere a la medida cautelar (ver los autos).- 6- El Ministro de Salud solicita se declare sin lugar la medida cautelar (ver imágenes 66 a 161 del legajo de medida cautelar).- 7- La representación de los accionantes se refiere a lo manifestado por el Ministro de Salud (ver imágenes 162 a 168 del legajo de medida cautelar).- 8- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.-

CONSIDERANDO

I. OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR

La parte actora promueve medida cautelar a efectos de: "...1. Se solicita declarar CON LUGAR la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos: 1) Se ordene la suspensión de la recepción de desechos (de cualquier estado y naturaleza) en el Vertedero del cantón de POCOCI conocido como Los Laureles propiedad de CTM Corporación Tecnológica Miravalles S.A, dentro del plazo de veinte días hábiles, una vez notificado de la resolución, con el fin de que la Municipalidad de Pococí tome las acciones pertinentes. 2.A partir de ese momento, se prohíba totalmente la recepción de residuos en dicho lugar. 3.Se ordena a la Municipalidad de Pococí y al Area Rectora de Pococí del Ministerio de Salud, que no obstante la prohibición establecida en el punto uno anterior, ordenen a CTM Corporación Tecnológica Miravalles S.A implemente de inmediato las medidas correctivas canalización de escurrimiento de Iixiviados y su tratamiento, operación de la planta de tratamiento, trabajos de compactación y mantenimiento en general teniendo que cubrir con material tierra los desechos que están expuestos. 4.Se ordene a la Municipalidad de Pococí así como al Ministerio de Salud Area Rectora de Salud de Pococí, abstenerse de emitir cualquier clase de titulo habilitante que posibilite el funcionamiento y/operación del recibo de desechos en el Vertedero de Pococí conocido como los Laureles. 5. Se Prohíba la ampliación del vertedero., en el área donde se realizo la tala ilegal de Bosque" (ver imágenes 34 y 35 del legajo de medida cautelar).-

II. ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE

La parte promovente se refiere a los presupuestos de la medida cautelar, de la siguiente forma: Apariencia del buen derecho objeto del proceso: Manifiesta que interpone el presente proceso y solicita se dé tramite preferente debido a una serie de vulneraciones al derecho a la salud pública y al ambiente, en tanto, se violentaron los principios de legalidad, "un dubio pro natura", al otorgarse permisos como el de funcionamiento y patente comercial sin cumplirse los requisitos previos que incluso el Ministerio de Salud Área rectora de Pococí había indicado debía cumplirse en un acto administrativo sea la orden sanitaria HA-ARSP-1070-2012 del 17 de febrero de 2012, orden sanitaria HC-ARSP-4503-2014, del 24 de junio del 2014, orden sanitaria HC-ARSP-2572-2016, de 22 de marzo de 2016. Peligro en la demora: Señala que para la procedencia de la medida cautelar se requiere que el daño provocado con la ejecución o permanencia de la conducta administrativa cuestionada, sea grave. Indica que en materia ambiental sucede un caso "siu generis", respecto al articulo 109 de la Ley de la Biodiversidad respecto a la carga de prueba y lo transcribe. Además, extracta la resolución N°04399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo mediante en cuanto al principio precautorio y la carga de la prueba y la resolución N°212-2012-VI en cuanto la tutela cautelar en materia ambiental. Sostiene que para acoger la medida cautelar se debe determinar si la ejecución de la conducta administrativa puede causar graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, lo cual implica, consecuentemente, que no es cualquier daño el que permitiría la adopción de una medida cautelar, la única forma de realizar dicha valoración, es a partir de la demostración del daño que realice la parte recurrente, por cuanto, el mismo es inherente a la persona que lo sufre y será esta quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin. En lo particular, señala que diez años después de que la CGR, mediante autorizaciones dio la oportunidad de que se mitigaran los problemas en el vertedero, la realidad ha sido otra, la afectación por olores nauseabundos en nuestra comunidad, el derrame de caldos tóxicos "lixiviados" a los cuerpos de agua ya así señalados por la misma Dirección de Aguas, solo el hecho de que el biogás salga a la atmósfera sin ningún control, es decir no se quema, provoca que exista una enorme contaminación al aire, agrega que lo mas ilegal a pesar de todos los aspectos ya demostrados, el propio Ministerio de Salud no obliga a CTM cumplir con el reglamento de rellenos sanitarios, que es norma que regula el funcionamiento de un relleno sanitario, ni siquiera en lo más básico que es la cobertura diaria de los desechos. Agrega que el Vertedero de basura de Pococí, presenta a la fecha condiciones de poco mantenimiento y supervisión; con problemas irresolutos a nivel de cubrimiento de residuos, canalización de escurrimiento de lixiviados y su tratamiento, operación de la planta de tratamiento, trabajos de compactación y mantenimiento en general, incertidumbre sobre si las aguas de la planta de tratamiento son evacuadas hacia los drenajes, deslizamiento de residuos y obstrucción de la tubería pluvial. Adiciona que existe presencia de aves carroñeras, depósitos de agua empozada y sin tratamiento, así como múltiples focos de posible diseminación de patógenos perjudiciales para la salud pública y sus vectores, como los que transmiten el dengue. Ponderación de intereses en juego: Extracta la resolución N°212-2012-VI del Tribunal Contencioso Administrativo y señala que es un caso exactamente igual al caso en concreto, el vertedero del Cantón de Pococí, debe de suspender la recepción de desechos y empezar con el cierre técnico, con el fin de no agravar mas las cosas en la comunidad. En memorial presentado en fecha 16 de febrero de 2021, manifiesta: que el Ministro de Salud no anexó el oficio SG-DEA-2480-2015 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental arguye que la finca, donde opera el vertedero desde sus inicios, nunca contó con permisos de ninguna entidad, de ahí la emisión de órdenes sanitarias y del recurso de amparo. Reitera que Corporación Tecnológica Magallanes, S.A, desde el año 2014, presenta a SETENA la solicitud para obtener la Viabildad Ambiental (VLA), al proyecto de Sellado de la Zona C, lo que pretendía la empresa era obtener la VLA para seguir disponiendo desechos sólidos en el lugar, sin embargo SETENA archivó dicho expediente. Sin embargo el Ministerio de Salud, emite luego de esta Sentencia, el 12 de setiembre del año 2017, el permiso sanitario de funcionamiento a CTM para que opere en el sitio la reconversión a relleno sanitario. Sostiene que el Ministerio de Salud no debió dar un permiso sanitario de funcionamiento (PSF) de reconversión a relleno sanitario, porque eso implica un PSF a toda la finca. Concluye, los problemas ambientales en la zona están más que demostrados, los problemas serios que los vecinos sufren son más que notorios, olores nauseabundos, escape de biogás, salida de lixiviados, proliferación de roedores, zopilotes, fauna y flora nociva Ha quedado demostrado con la documentación que el mismo Ministerio de Salud presentó, la magnitud de la ilegalidad de la actuación de Ia Administración Pública y de no adaptarse la medida cautelar se permitiría hacer de la finca un negocio millonario a expensas de la salud y el ambiente, valiéndose de un permiso sanitario ilegal.-

III. ARGUMENTOS DEL ESTADO

La representación del Estado se limita a indicar "En lo que atañe a mi representado, ha de valorarse si se cumplen y acreditan los supuestos de adopción con la prueba ofrecida (Ley 8508, artículos 4, 20-22)". Por otra parte, el Ministerio de Salud se refiere tanto a la medida cautelar como al proceso ordinario y señala que para atender la presente gestión, solicitó informe al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director de la Dirección Radiológica y de Salud Ambiental y al Dr. Alexander Salas López, Director de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe. Mediante oficio Nº MS-DPRSA-0061-2021, el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, expone: "Producto del análisis realizado a la documentación aportada, mediante oficio DSAUCSA-RGA-003-2018 del 12 de enero del 201 se le otorga el Registro de Gestor a CTM Corporación Magallanes S.A. bajo el código DSA-UCSA-003-2018 y con una vigencia de 5 años de acuerdo con el artículo 51 del Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H para brindar el servicio de disposición final de 3000 toneladas por mes de residuos ordinarios. / Junto con lo anterior se otorga el Certificado de Registro de Gestor de Residuos DSAUCSA-RGA-003-2018, con fecha de renovación del 12 de enero del 2023./ Por lo que, a la fecha, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley No. 8839 del 24 de junio del 2010 y “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y los artículos 46 y 47 del Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H “Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos”, la empresa CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. cumple con lo establecido en la citada normativa”. Por su parte, el Director Regional, Dr. Salas López, con oficio No.MS-DRRSHC-ARSP-0534-2021, indica: "Para el mes de febrero del año 2015, el representante legal de la empresa presenta los “planos de ingeniería del Proyecto del Relleno Sanitario Los Laureles “(visibles folios 001081 al 001097) con la finalidad de proceder a la figura jurídica de Reconversión a Rellenos Sanitarios según lo dispone el nuevo Reglamento para Rellenos Sanitarios No 38928-S, en el acápite “obras de cierre de vertederos y reconversión a relleno sanitario” en sus artículos 41 y siguientes, y el numeral 44, expone que en la “reconversión del vertedero a relleno sanitario, deben tramitarse los permisos establecidos en el artículo 8º de este reglamente”; situación que se dio por parte del administrado al presentar ante el Área Rectora la “Descripción Resumida del Proyecto de Reconversión de Relleno Sanitario Los Laureles”, visibles a los folios 00054 al 00060 de la Carpeta Miscelánea; asimismo los requisitos de forma ante tal solicitud en el cumplimiento del marco normativo, los cuales son visibles a folios 00027 al 00050 y el visto bueno de ubicación para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el Proyecto de Reconversión otorgado por la ingeniera regional mediante su oficio HC-URS-0269-2017 (visible folios00106 al 00109) y el No. de Proyectos Constructivo CFIA 699919 APC. (folio 0001333). (...) Por otra parte, en nuestra fiscalización se realizan revisiones de los reportes operacionales físicos y químicos de las aguas residuales, y en conjunto con el nivel central se han efectuado valoraciones amparados al Control Estatal, y si es del caso se giran las órdenes sanitarias respectivas en cumplimiento a lo crítico, se atienden y resuelven las denuncias por malos olores, moscas interpuestos por los administrados en un monitoreo en forma periódica. Todo lo cual se desprende de las evidencias que son señaladas en los expedientes que se encuentran en nuestra custodia y que fueron presentados y certificados a tan digno Tribunal, para lo que corresponda a la resolución de la controversia. Debido a lo anterior, el administrado presenta los documentos requeridos para la tramitología del Permiso Sanitario de Funcionamiento y mediante el oficio HC-ARS-P-8237-2017, las autoridades de salud del Área Rectora le otorgan en el marco legal del cumplimiento formal y material, el Permiso Sanitario de Funcionamiento No.HC-ARSP-8245-2017 a partir del año 2017, el cual vence en el año 2022. (Folio 00001349)./ Con todo lo expuesto y como garantes de la salud y de la legalidad sigue siendo nuestra posición en mantener el acto administrativo del funcionamiento del sitio, pues se ha dado cumplimiento a las normas legales que rigen la materia tratada, siendo una necesidad del cantón central de Pococí, para disponer adecua y sanitariamente los residuos sólidos que genera la población y que de lo contrario resultaría perjudicial a la salud y al ambiente, debido a los basureros abiertos y sin control que se generaría, siendo un verdadero caos que de antemano no podemos ignorar. La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, siendo función del Estado velar por la misma. (artic. 1,2 Ley General de Salud)./ Con el fin de mejor proveer al cuadro fáctico incoado, presentamos una secuencia fotográfica de 05 fotos que proveyó el Representante Legal de la empresa, de fecha 06 de enero de los corrientes, pues debía dar cumplimiento a una ordenanza dictada, en buena fe de ir corrigiendo lo que nuestras autoridades de salud detecten. Todo lo cual ha sido extraído del expediente en el manejo técnico y administrativo ejecutado con eficacia por parte de las autoridades de salud del Área Rectora”.-

IV. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Solicita el rechazo de la medida cautelar, pues considera que implicaría un daño importante a la salud pública, así como al ambiente mismo, se fundamenta en el oficio UTGAM-085-2021, del 16 de febrero de 2021, realizado por el Lic. Fabián Delgado Villalobos, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental Municipal, el cual adjunta como prueba y la extracta. Señala que es contraproducente el cierre del relleno sanitario en caso de acogerse la medida cautelar, es muy riesgoso trasladar la entrega de los residuos sólidos a otras partes del país, al no existir otros rellenos cerca, aumenta considerablemente las probabilidades de causar daños ambientales, por ejemplo, la municipalidad tendría que disminuir la frecuencia de recolección y acarrearía la acumulación de residuos en el cantón, creándose focos de contaminación por olores, plagas, las personas en estado de calle que abre las bolsa de basura, inclusive afectando estéticamente al cantón. Por otra parte, de mantenerse la frecuencia de recolección, significaría adquirir -sea por compra o alquiler- más maquinaria, aumentando exorbitantemente los costos, donde por la afectación económica causada por la pandemia, los recursos han disminuido aun así, el tema económico pasa a segundo plano, es riesgoso el traslado de residuos en descomposición por decenas y decenas de kilómetros, lo primordial es resguardar la vida de las personas, evitando daños al ambiente y a la salud de los munícipes. Otro aspecto es que habría que hacer un procedimiento de contratación administrativa para buscar un nuevo relleno, lo cual llevaría al menos tres meses por la burocracia, sin contar el tiempo si hay impugnaciones, no hay lugar en el cantón acondicionado para acumular los desechos de esos tres meses y en caso de encontrarse, la contaminación sería terrible dado que se estaría acumulando sin ningún tipo de tratamiento, por ello, la medida cautelar no debe ser acogida. Resulta de relevancia que el relleno sanitario tiene los respectivos permisos para funcionar, siendo un hecho no controvertido, dichos actos administrativos se encuentran firmes y para llegar a ellos, debieron cumplirse una serie de requisitos, en tal sentido, el relleno sanitario opera de conformidad con la legislación nacional vigente. Sobre los presupuestos de la medida cautelar: La apariencia de buen derecho, indica que ninguna de las cinco pruebas aportadas por los demandantes, demuestra que actualmente se esté dando una afectación ambiental ilegal en el relleno sanitario, ya que las órdenes sanitarias mencionadas son anteriores a los permisos vigentes del Ministerio de Salud, institución rectora en la materia. En cuanto al peligro en la demora, en caso de declararse con lugar la medida cautelar, el peligro por la duración del proceso recaería sobre todos los munícipes de Pococí, pues el impacto social, ambiental y económico sería perjudicial para los habitantes del cantón y el ayuntamiento como administrador de los intereses de estos (artículo 169 de la Constitución Política y artículo 3 del Código Municipal), si se tuviera que buscar un relleno sanitario diferente, a gran distancia del cantón, con todo lo que conlleva trasladar los residuos en descomposición, más la acumulación de basura y la proliferación de plagas. Considera que no está presente el peligro en la demora en la solicitud de la medida cautelar, no se presentan estudios técnicos que hagan si quiera presumir la existencia de contaminación por parte del relleno sanitario, tomando en cuenta que posee el respectivo permiso del Ministerio de Salud, por ello, ante tal carencia, no se puede demostrar que el transcurrir del proceso va a causar perjuicios a la parte actora. Ponderación de intereses, el interés público debe estar por encima de pretensiones particulares y de declararse con lugar la medida cautelar se causaría un grave perjuicio a los munícipes de Pococí, con repercusiones sociales, ambientales y de salubridad pública, sin dejar de lado el golpe que significaría a las arcas municipales, por los cambios que habrían, debería darse prioridad al interés público, al de los munícipes de todo Pococí, rechazando en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar. Concluye que no se cumple con ninguno de los presupuestos, generando más bien un grave perjuicio para los munícipes de Pococí en caso acoger la medida, pues el relleno sanitario tiene el permiso para funcionar del Ministerio de Salud, ente rector y licencia comercial otorgada por la Municipalidad de Pococí.-

V.EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de tutela cautelar, verificando que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo esta misma línea, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar. Adicionalmente el mismo numeral 22 citado, exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Partiendo del marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.-

VI. SOBRE EL CASO CONCRETO

Analizados los autos, los elementos demostrativos que para efectos de la solicitud cautelar fueron aportados, así como los diversos alegatos de cada una de las partes involucradas, este Tribunal considera que no existe mérito para acoger gestión cautelar formulada, toda vez que en caso particular, no se han satisfecho la totalidad de los presupuestos necesarios para la procedencia de las medidas cautelares. En cuanto al primer presupuesto para el otorgamiento de la tutela cautelar, "apariencia de buen derecho" del análisis de la solicitud se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se encuentra razonablemente motivada de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo -lo cual, no es propio de este proceso cautelar- se estima que la acción ejercida no es temeraria o carente de seriedad, es decir, se cumple con el elemento de apariencia de buen derecho, por cuanto resulta susceptible de ser conocido en un proceso de conocimiento y el estudio del fondo trasciende las potestades de la resolución cautelar. El segundo presupuesto, peligro en la demora, los gestionantes señalan, que en materia ambiental es de aplicación el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, respecto a la inversión de carga de prueba y en lo particular al peligro en la demora argumentan que el Vertedero de basura de Pococí, presenta a la fecha condiciones de poco mantenimiento y supervisión, con problemas irresolutos a nivel de cubrimiento de residuos, canalización de escurrimiento de lixiviados y su tratamiento, operación de la planta de tratamiento, trabajos de compactación y mantenimiento en general, incertidumbre sobre si las aguas de la planta de tratamiento son evacuadas hacia los drenajes, deslizamiento de residuos y obstrucción de la tubería pluvial, adicionalmente, existe presencia de aves carroñeras, depósitos de agua empozada y sin tratamiento, así como múltiples focos de posible diseminación de patógenos perjudiciales para la salud pública y sus vectores, tales como los que transmiten el dengue. Sobre el particular, este Tribunal en observancia al ordenamiento jurídico y en tutela debida del ambiente; partiendo de lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se desprende la obligación del Estado a procurar su debida tutela. En este marco de dicha tutela existe en nuestro ordenamiento jurídico extensa legislación que tutela el ambiente, así como jurisprudencia Constitucional y antecedentes de este Tribunal al respecto; los cuales desarrollan principios como el in dubio pro natura, precautorio, preventivo, "quien contamina paga", reparación in natura, entre otros, todos de relevancia que deben ser ponderados por la persona juzgadora, en resguardo del medio ambiente. Respecto a la justicia cautelar, la fórmula de los daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, como delimitación del presupuesto del peligro en la demora, varía en el contexto del ambiente, "...los citados presupuestos deben valorarse acorde al contenido de los principios que impregnan el derecho ambiental, lo contrario, podría llevar a vaciar ese derecho y a permitir, vía omisiva, daños al medio, en mengua de los derechos de las personas" (así en resolución de este Tribunal número 250-2010 de las ocho horas del veintinueve de enero del dos mil diez). Es claro que toda conducta humana intrusiva ante la probable afectación al ambiente requieren tutela cautelar en virtud del principio precautorio, que prescinde de la acreditación científica de un daño, contemplado en el artículo 11 de la Ley de la Biodiversidad. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, esta consiste en que el demandado es el llamado a ofrecer pruebas para desvirtuar el contenido de la pretensión, considerando que el Derecho Ambiental pretende la prevención, en lugar de la reparación del daño, el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad dispone "La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental", tómese en cuenta, que no es necesario mención expresa de la persona juzgadora al respecto, toda vez que se encuentra regulado en la ley. De forma que se rompe el clásico esquema de "quién afirma prueba" y nos encontramos frente a la teoría de carga dinámica de la prueba, donde se traslada la carga de la prueba "...a quién, a raíz de su situación personal, se halla en mejores condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o el demandado" (al respecto ver la sentencia 212-2008 de las 8:15 horas del 25 de marzo de 2008). Ahora bien, frente a situaciones sobre la eventual afectación al medio ambiente, "...el juzgador para tomar la decisión de conceder una medida precautoria en defensa del medio ambiente, bastaría con la certeza y actualidad de los riesgos, aunque no estén probadas lesiones actuales al ambiente o la salud, para que la tutela se haga efectiva" (ver González Ballar, Rafael y Peña Chacón, Mario: El Proceso Ambiental en Costa Rica, 1a. edición, San José, 2015, p.163), es decir, en el marco de un análisis lógico y razonado, adquiere relevancia la cobertura de la eventualidad del daño, siendo inviable aplicar un criterio de daño efectivo, que resultaría contraproducente, ya que al consumarse el daño el mismo puede ser irreversible o de imposible la reparación.-

VII.Si bien existe una amplitud como la descrita en materia ambiental, esta Juzgadora considera que debe existir una certeza y actualidad de los riesgos al ambiente -no la necesaria demostración de un daño efectivo- y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 250-2010 de las ocho horas del veintinueve de enero del dos mil diez, "...no opera una total desvinculación de quien pretende una medida cautelar de efecto suspensivo, como en este caso, o de cualquier otra índole, con el deber de acreditar o al menos poner en evidencia de manera objetiva y fundada, cuales son los riesgos potenciales que una determinada acción puede llegar a producir en el bien que se pretende tutelar, así como de los demás presupuestos que el numeral 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo fija para la procedencia de las cautelares. El deber de acreditar la concurrencia de estas condiciones impostergables no encuentra excepción en las medidas que se relacionen con el ambiente" (lo subrayado no es del original), obsérvese de los autos, que la parte gestionante no ofrece ningún medio que procure evidenciar el riesgo al ambiente, sino que se limita a señalar el artículo 109 de la Ley de la Biodiversidad, respecto a la inversión de la carga probatoria. En definitiva, al acusarse riesgo al ambiente o daños potenciales, es imperativo sopesar la carga probatoria al amparo de los principios: in dubio pro natura, precautorio y preventivo, al punto que la persona Juzgadora ha de considerar la probabilidad objetiva, el riesgo previsible y objetivamente ponderado, de que una acción u omisión puede llegar a producir, con o sin medición científica, una incidencia negativa en el ambiente, ha de justipreciar la tutela ambiental y no esperar a que el daño ocurra, pues en la mayoría de las ocasiones, será imposible la reparación (señalado así en la sentencia de reiterada cita, de este Tribunal 250-2010 de las ocho horas del veintinueve de enero del dos mil diez). En cuanto a la carga de la prueba en estos procesos (artículo 109 de la Ley de Biodiversidad), estima esta Juzgadora, que debe haber una total desvinculación del petente de la medida cautelar, respecto del deber de acreditar ese peligro en la demora, ya que no puede suponerse la existencia de un daño o riesgo, si no se indican los fundamentos mínimos para considerar la situación y valorar la necesidad de la tutela cautelar. En otras palabras, quién pretende debe aportar elementos de convicción o indicios de causas justificantes de peso que permitan desprender del caso concreto, la existencia de riesgos o amenazas, de esos daños actuales o potenciales, cuando el daño sea solo potencial, la acreditación debe traducirse en la expresión de los motivos debidamente sustentados y causas probables que justifiquen el pedimento (ver resolución de este Tribunal número 250-2010 de las ocho horas del veintinueve de enero del dos mil diez). En la especie, esta carga no se satisface cuando la solicitud se limita a expresar meras conjeturas sin el soporte fundamentativo debido y por otra parte, el Ministerio de Salud presentó las acciones que ha realizado desde el año 2015 y cinco fotografías que indican fueron realizadas por el representante legal de la empresa en fecha 06 de enero de 2021, en atención al cumplimiento de una "ordenanza dictada" (imágenes 126 a 128 del legajo de medida cautelar), por lo que esta Juzgadora no puede presumir o concluir que exista un eventual riesgo al ambiente. Por ende, no basta con apuntar sin mayor desarrollo que se puede lesionar el medio ambiente; sería muy difícil tener por acreditado el peligro en la demora, sino se acompaña el análisis mínimo o algún indicio para concebir el daño como potencial o probable y el mero dicho de la parte no presupone la existencia del daño o su potencialidad, reitero, al menos debe fundamentarse debidamente y presentar al menos indicios de los riesgos, por lo que no se cumple con este presupuesto. Finalmente, en cuanto a la ponderación de intereses, considera esta Juzgadora que existe una correlación del medio ambiente y la acción del hombre, sobretodo en un vertedero de basura, por lo que, debe examinarse con detalle este último presupuesto por los intereses que intervienen. La Municipalidad de Pococí hace una exposición de las eventuales consecuencias negativas de un eventual cierre del vertedero "Los Laureles" propiedad de CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. y los gestionantes de la medida cautelar argumentan que este vertedero del Cantón de Pococí, debe de suspender la recepción de desechos y empezar con el cierre técnico, con el fin de no agravar mas las cosas en la comunidad. Del presente asunto, no es posible realizar una valoración o ponderación, debido a que no se aportan elementos solventes que permitan inferir si existe riesgo o daño potencial, al no demostrarse la eventual lesión al interés cuya tutela se requiere y por ende, debe mantenerse el funcionamiento y operación del Vertedero Los Laureles, sin acogerse la pretensión cautelar. En consecuencia, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios debe declararse sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas.-

POR TANTO

Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas. Notifíquese.- Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.- *1XB9JH9A4B461*

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    • Biodiversity Law 7788Ley de Biodiversidad 7788
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de Biodiversidad Art. 109
    • Ley de Biodiversidad Art. 11
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Arts. 19-22
    • Constitución Política Art. 50

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