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Res. 00499-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 20/04/2021
OutcomeResultado
The lawsuits are declared inadmissible because the statute of limitations had run; the one-year period to challenge the decree expired in 2010.Se declaran inadmisibles las demandas por haber operado la caducidad de la acción, ya que el plazo de un año para impugnar el decreto venció en 2010.
SummaryResumen
The Administrative and Civil Treasury Tribunal declared the inadmissibility of nine consolidated lawsuits seeking to declare the illegality and ineffectiveness of Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAET, “Regulation for Controlled Agricultural Burning,” and to prohibit future burning permits in the northern zone of Puntarenas. The plaintiffs argued that the decree allowed annual burns without oversight from the Ministry of Health or MINAET, harming their health and the environment in violation of Article 50 of the Constitution. The tribunal found that, as a general regulation, the one-year statute of limitations for a direct challenge runs from the day after its publication in the official gazette—June 30, 2009—and cannot be interrupted. Since the lawsuits were filed between 2019 and 2020, the action was time-barred under Article 39.1(b) of the Administrative Procedure Code. The tribunal rejected the plaintiffs’ argument that the decree produces ongoing effects that would permit challenge at any time, relying on Supreme Court precedent excluding that category for regulations. Consequently, the filing of the cases and the ancillary provisional measure was ordered.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la inadmisibilidad de nueve demandas acumuladas que pretendían la declaratoria de ilegalidad e ineficacia del Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET, «Reglamento para quemas agrícolas controladas», y la prohibición de otorgar futuros permisos de quema en la zona norte de Puntarenas. Los actores alegaban que el decreto permitía quemas anuales sin control del Ministerio de Salud ni del MINAET, afectando su salud y el ambiente, en violación del artículo 50 constitucional. El tribunal determinó que, al tratarse de un acto de alcance general (reglamento), el plazo de caducidad de un año para su impugnación directa se computa desde el día siguiente a su publicación en La Gaceta —30 de junio de 2009— y no admite interrupción. Dado que las demandas se presentaron entre 2019 y 2020, operó la caducidad de la acción conforme al artículo 39.1.b del Código Procesal Contencioso Administrativo. El tribunal rechazó el argumento de los actores de que el decreto produce efectos continuados que permitirían impugnarlo en cualquier momento, apoyándose en jurisprudencia de la Sala Primera que excluye dicha categoría para reglamentos. Como consecuencia, se ordenó el archivo de los expedientes y de la medida cautelar accesoria.
Key excerptExtracto clave
This judge does not share the plaintiffs’ argument that the challenged decree is an act with ongoing effects; note that the general regulation is being challenged directly, as entirely null, and the ongoing-effects exception under Article 40 of the Administrative Procedure Code does not apply. In this regard, see ruling 00027-F-S1-2018 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which held: "Evidently, the scenario provided by Article 40 of the CPCA —permanent possibility of challenge while its ongoing effect persists— does not apply here, because in this Chamber’s view we are not dealing with ongoing effects, but rather direct or immediate ones. This is because general acts do not produce ongoing effects. For that reason, there is a special rule for regulations requiring that they be challenged within one year of publication. Such an assertion is entirely logical, because if regulations could be challenged directly at any time, the rule allowing challenges to individual implementing acts based on the illegality of the underlying general norms (39.3 CPCA) would be meaningless." Therefore, the statute of limitations in this case, under Articles 37(1) and 39(1)(b) of the Administrative Procedure Code, begins the day after the sole or last publication of the decree whose legality is being challenged, which was published in La Gaceta No. 147 on June 30, 2009. From that date onward, it was possible to invoke the courts for a direct challenge, i.e., to seek review of the general act; moreover, it is important to note that one feature of the statute of limitations is that it is not interrupted, so the clock starts the day after publication and runs until the expiry of one year.No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en esta línea de pensamiento, véase la resolución 00027-F-S1-2018 de las once horas del dieciocho de enero de dos mil dieciocho de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia cuando dispuso: "Evidentemente, no aplica a la especie el supuesto señalado por el canon 40 del CPCA, -posibilidad permanente de impugnación mientras subsista su efecto continuado-, pues en criterio de esta Sala, no se está ante un supuesto de efectos continuados, sino directo o inmediato. Ello, por cuanto, los actos de alcance general no surten efectos continuados. Por esa razón, para los Reglamentos existe norma especial que obliga a acometer contra aquellos, dentro del año de su publicación. Tal aserto es desde todo punto de vista lógico, pues si se llegara a interpretar, que los Reglamentos pueden ser impugnados directamente en cualquier tiempo, es claro, ningún sentido tendría la norma que permite combatir actos de aplicación individual con fundamento en la ilegalidad de las normas generales que los fundamentan (39.3 CPCA)". De manera que el cómputo del plazo de la caducidad para el caso concreto, conforme a los artículos 37 inciso 1 y 39 inciso 1 subinciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia el día siguiente de la única o última publicación del decreto que se solicita revisión de legalidad, el cual fue publicado en La Gaceta No. 147 en fecha 30 de junio de 2009 (ver prueba aportada por la representación del Estado en imágenes 108 a 111 del expediente judicial 19-002777-1027-CA y en los demás procesos, así como la información que consta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica de este decreto). Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año.
Pull quotesCitas destacadas
"No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo."
"This judge does not share the plaintiffs’ argument that the challenged decree is an act with ongoing effects; note that the general regulation is being challenged directly, as entirely null, and the ongoing-effects exception under Article 40 of the Administrative Procedure Code does not apply."
Considerando IV
"No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo."
Considerando IV
"los actos de alcance general no surten efectos continuados. Por esa razón, para los Reglamentos existe norma especial que obliga a acometer contra aquellos, dentro del año de su publicación."
"General acts do not produce ongoing effects. For that reason, there is a special rule for regulations requiring that they be challenged within one year of publication."
Considerando IV — citando a la Sala Primera
"los actos de alcance general no surten efectos continuados. Por esa razón, para los Reglamentos existe norma especial que obliga a acometer contra aquellos, dentro del año de su publicación."
Considerando IV — citando a la Sala Primera
"una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año."
"One of the features of the statute of limitations is that it is not interrupted, so the clock starts the day after publication and runs until the expiry of one year."
Considerando IV
"una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año."
Considerando IV
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PROCEEDING: COGNIZANCE PLAINTIFF: IRLANDA ESPINOZA ARAYA AND OTHERS DEFENDANT: THE STATE PASSIVE INTERVENOR: AGRÍCOLA EL PALMAR S.A.,.- No. 499-2021 ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY LITIGATION COURT. Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Calle Blancos, at fourteen hours thirty-five minutes on April twentieth, two thousand twenty-one.- In an ordinary proceeding filed by Irlanda Espinoza Araya, identity card six-three hundred forty-two-two hundred forty-eight and consolidated proceedings 19-2776-1027-CA filed by Gerardo Acuña Fernández, identity card one-four hundred eighty-three-four hundred thirty-seven, married, 19-2530-1027-CA filed by Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorced, attorney and notary, identity card number six-one hundred thirty-seven-five hundred fifty-five, 20-1364-1027-CA filed by Christian Campos Lostalo, married, communicator, identity card number six-two hundred forty-three-one hundred seventy-three, 20-1358-1027-CA filed by Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorced, attorney and notary, identity card number six-one hundred thirty-seven-five hundred fifty-five, 20-1726-1027-CA filed by Ramona Marcela Chévez Chévez, single, pensioner, identity card five-one hundred thirty-seven-five hundred forty, 20-1369-1027-CA filed by Ramón Iván Hernández Chavarría, divorced, pensioner, identity card six-one hundred twenty-one-one hundred eighty-three, 20-1725-1027-CA filed by Jennifer Marcela Campos Chevez, married, homemaker, identity card six-three hundred fifty-six-one hundred three, 20-1367-1027-CA filed by Jorge Didier Aguilar Quirós, divorced, merchant, identity card five-one hundred thirty-one-twenty-four, all of legal age and residents of Puntarenas against the STATE represented by prosecutor Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card one-eight hundred seventy-three-zero twenty-two. AGRÍCOLA EL PALMAR S.A. participates as passive intervenor, legal identity card three-three hundred one-seven thousand seven hundred nine, represented by its special judicial attorney-in-fact Juan Carlos Hernández Jiménez. The eventual inadmissibility of the complaint due to possible expiration of the action (caducidad de la acción) is hereby resolved.-
WHEREAS
1. That the plaintiff filed an ordinary proceeding before this jurisdiction (see images 2 to 8 of expediente 19-002777-1027-CA, 2 to 8 of expediente 19-2776-1027-CA, 2 to 8 of expediente 19-2530-1027-CA, 2 to 11 of expediente 20-1364-1027-CA, 3 to 12 of expediente 20-1358-1027-CA, 4 to 14 of expediente 20-1726-1027-CA, 2 to 11 of expediente 20-1369-1027-CA, 2 to 11 of expediente 20-1725-1027-CA, 2 to 11 of expediente 20-1367-1027-CA).- 2. That the complaints were admitted for processing in the corresponding expedientes (in images 31 to 34 of expediente 19-002777-1027-CA, 25 to 26 of expediente 19-2776-1027-CA, 46 to 48 of expediente 19-2530-1027-CA, 13 to 15 of expediente 20-1364-1027-CA, 13 to 15 of expediente 20-1358-1027-CA, 2 to 3 of expediente 20-1726-1027-CA, 21 to 23 of expediente 20-1369-1027-CA, 24 to 27 of expediente 20-1725-1027-CA, 25 to 27 of expediente 20-1367-1027-CA).- 3. The State's representation, in its response, filed the preliminary defense of Expiration (Caducidad) in each of the proceedings (see images 61 to 68 of expediente 19-002777-1027-CA, 98 to 206 of expediente 19-2776-1027-CA, 65 to 73 of expediente 19-2530-1027-CA, 38 to 46 of expediente 20-1364-1027-CA, 52 to 60 of expediente 20-1358-1027-CA, 25 to 36 of expediente 20-1726-1027-CA, 26 to 37 of expediente 20-1369-1027-CA, 36 to 45 of expediente 20-1725-1027-CA and 33 to 42 of expediente 20-1367-1027-CA).- 4. That the plaintiff was granted a hearing regarding the preliminary defense filed (see images 116 to 118 of expediente 19-002777-1027-CA, 108 of expediente 19-2776-1027-CA, 134 of expediente 19-2530-1027-CA, of expediente 20-1364-1027-CA appearing in images 184 and 185 of expediente 19-002777-1027-CA, 158 and 159 of expediente 20-1358-1027-CA, of expediente 20-1726-1027-CA appearing in images 184 and 185 of expediente 19-002777-1027-CA, 148 of expediente 20-1369-1027-CA, 143 of expediente 20-1725-1027-CA, expediente 20-1367-1027-CA appears in image 233 of expediente 19-002777-1027-CA).- 5. The plaintiff addressed the preliminary defense of expiration (see images 122 and 123 of expediente 19-002777-1027-CA, 110 to 112 of expediente 19-2776-1027-CA, 136 to 139 of expediente 19-2530-1027-CA, 161 to 170 of expediente 20-1358-1027-CA) and omitted, there was no statement regarding expedientes 20-1364-1027-CA, 20-1726-1027-CA, 20-1369-1027-CA, 20-1725-1027-CA and 20-1367-1027-CA (see the court orders).- 6. The procedures have observed the required prescriptions, and no defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness to the parties are perceived.-
CONSIDERING
In summary, it states that Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAE of May 6, 2009, whose direct challenge is sought, was enacted, published, and took effect more than 10 years ago. It is a general act (article 121.1 of the General Public Administration Law) and is communicated by publication, with which it acquired efficacy (articles 140 and 240.1 ibidem). It notes that the publication of Decree No. 35368, in La Gaceta No. 147 of July 30, 2009, is the starting point for the terms of its challenge (article 141.1 of the General Public Administration Law) and from that publication, the annual period for filing the action elapsed in accordance with article 39.1.b) of the CPCA. It maintains that the analysis of the defects attributed to it lacks current interest and it is not correct to affirm that it has continuing effects, it excerpts Resolution No. 10-F-S1-2013 of 8 hours 35 minutes of February 5, 2013, Vote No. 97-F-TC-13 of 9 hours of October 9, 2013, both from the Court of Cassation of Administrative and Civil Treasury Litigation and Vote No. 227-F-S1-2016 of 11 hours 10 minutes of March 10, 2016, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, therefore, since the action was filed more than 10 years after its publication, there is expiration of the action against Decree 35368 and it is requested that it be declared so.-
In the proceedings in which it referred to the hearing granted, the plaintiff maintained that the decree in question is an act of continuing effects, since every year since its enactment it is the legal basis for the MAG to unilaterally authorize and request the sugar cane harvest (zafra) or burning before its harvest two kilometers north of the city of Puntarenas, and this was indicated in the first fact. It considers that it is clear that, even though it is a regulation published on July 30, 2009, its harmful effects persist continuously over time and its impact is repeated every year during the sugar cane harvest in the summer; its effects did not end or become consolidated on the date of its publication, nor one year after having been published. Instead, every year, between December and March, the MAG authorizes burnings affecting my health and the environment, without any control from the Ministry of Health or the MINAET. It adds that, even more seriously, despite the fact that the cited burning decree or regulation is signed by the three corresponding ministers, from all its articles it is extracted that only one ministry, the MAG, is responsible for authorizing and supervising burnings, insofar as they do not spread to neighboring properties, while the other two, Health and MINAET, have no function or connection in said regulation to protect and guarantee the patrimonial rights of citizens, health, and the environment, which is contrary to the protective provisions of the health law and Article 50 of the Constitution. The effects of the regulation being challenged, as it is established, are harmful, negligent, permanent, and continuing. Therefore, the exception of expiration must be rejected. In its brief incorporated into expediente 20-1358-1027-CA, it further argues that subsection 1) of rule 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code states the following: 1) Administrative acts that are absolutely null shall be challengeable, for the purposes of their annulment and future inapplicability, as well as continuing emission conducts (sic), while their continuing effects subsist, but this is only for their annulment and future inapplicability. Additionally, it indicates that concerning the period for its judicial challenge, there are several options the law could lean towards: leaving the period indefinitely open, establishing a rigid expiration period, or opting for an intermediate decision—as does the rule being challenged—according to which, the absolutely null act is susceptible to challenge while its effects continue, and even one year after, but only for its annulment and future inapplicability.-
The figure of expiration is established in Article 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which provides: "Article 39.- 1) The maximum period to initiate the proceeding shall be one year, which shall be counted: a) When the challenged act must be notified, from the day following the notification. b) In the event that the act must be communicated by publication, from the day following the single or last publication. c) In the cases of material actions, from the day following the cessation of their effects. d) In the cases of positive silence, when the challenger is a third party, from the day following that on which the respective act is executed against them. e) In the case of a lesividad proceeding, from the day following the finality of the act that declares it. 2) The nullity declared in the proceeding initiated within the period established in this article shall have retroactive effects. The same rule shall apply for the case of the lesividad proceeding filed within the year provided for in Article 34 of this Code." Indeed, the expiration of the action can be understood as the period established in the procedural legal norm to legitimately file the proceeding, on time. Thus, Santoro Passarelli establishes the difference between expiration and prescription (prescripción), in the following manner: “In our understanding, the reason and the basis for expiration differ from those of prescription in that expiration does not depend, like prescription, on the subjective fact of the inertia of the right holder for a certain time, but exclusively on the objective fact of the lack of exercise of the right within the established time, and in that it is inspired not by the existence of conforming the de jure situation to the de facto situation that has lasted a certain time considered sufficient, for this purpose, by the law, but rather in that of limiting in time the exercise of a right (…) when the diligent exercise thereof is deemed convenient for an individual or superior interest” (the highlighting does not correspond to the original, SANTORO PASARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 135).-
In the present case, from the analysis of the statements contained in the complaint briefs, as well as the claims of each action, it is evident that the main claim of the proceeding is the challenge of Decree No. 35368-MAG-S-MINAET called "Regulations for Controlled Agricultural Burnings" and its continuing effects for the northern zone of the city of Puntarenas for not previously having a permit from the Ministry of Health, a binding environmental impact assessment from MINAET, that jointly guarantee the health of the people of Puntarenas and their Right to a healthy and balanced environment, requesting that the illegality and ineffectiveness of the mentioned decree be declared. That is to say, the plaintiff clearly requests the review of legality of this Executive Decree 35368 and consequently—in an accessory manner—requests the condemnation of damages, losses, costs, and in expedientes 20-1726-1027-CA and 20-1725-1027-CA, additionally, seeks that no more burning permits be granted in the northern zone of the city of Puntarenas. This Judge does not share the thesis of those who sue and maintain that the challenged decree is an act of continuing effects; it should be taken into account that the act of general scope is being challenged directly, considering it entirely null, and the assumption of continuing effects stipulated in Article 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code is not applicable. Along this line of thought, see Resolution 00027-F-S1-2018 of eleven hours on January eighteenth, two thousand eighteen, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, when it provided: "Evidently, the assumption indicated by canon 40 of the CPCA—permanent possibility of challenge while its continuing effect subsists—does not apply to the species, because in the opinion of this Chamber, it is not a case of continuing effects, but rather direct or immediate. This is because acts of general scope do not produce continuing effects. For that reason, for Regulations, there exists a special rule that obliges action against them within one year of their publication. Such an assertion is from every point of view logical, for if it were interpreted that Regulations can be directly challenged at any time, it is clear that the rule allowing the challenge of individual application acts based on the illegality of the general norms that underpin them (39.3 CPCA) would have no meaning." Therefore, the computation of the expiration period (caducidad) for the specific case, pursuant to Articles 37, subsection 1, and 39, subsection 1, subsubsection b) of the Contentious-Administrative Procedure Code, begins the day after the single or last publication of the decree whose legality review is requested, which was published in La Gaceta No. 147 on June 30, 2009 (see evidence provided by the State's representation in images 108 to 111 of judicial expediente 19-002777-1027-CA and in the other proceedings, as well as the information contained in the Costa Rican Legal Information System regarding this decree). Therefore, as of that date, the possibility was open to invoke the judicial apparatus to challenge directly, that is, to request the review of the act of general scope; furthermore, it is important to note that one of the characteristics of Expiration is that it is not interrupted, so the computation begins the day after the publication and runs until the year is completed. In the species, the plaintiff files a full jurisdiction proceeding and not a pure civil treasury proceeding, deducing as the main claim, I reiterate, "that the illegality and ineffectiveness of Decree No. 35368-MAG-S-MINAET called 'Regulations for Controlled Agricultural Burnings' and its continuing effects for the northern zone of the city of Puntarenas be declared for not previously having a permit from the Ministry of Health, a binding environmental impact assessment from MINAET...", with accessory claims for the recognition of damages and losses for authorizing the burnings under the challenged decree; additionally, in expedientes 20-1726-1027-CA and 20-1725-1027-CA, it seeks that no more burning permits be granted in the northern zone of the city of Puntarenas—as it was raised in the actions—. However, it is not until April 12, 2019 (see image 2 of expediente 19-2777-1027-CA and 19-2776-1027-CA), March 25, 2019 (expediente 19-2530-1027-CA), March 1, 2020 (expediente 20-1364-1027-CA), February 28, 2020 (expediente 20-1358-1027-CA), March 2, 2020 (expediente 20-1369-1027-CA and 20-1367-1027-CA), March 17, 2020 (expediente 20-1725-1027-CA and 20-1726-1027-CA), that the actions are filed, evidently and manifestly exceeding—in all cases—the period established in numeral 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the expiration period thereby having occurred. Consequently, in accordance with the provisions of Articles 37.1, 39, and 62 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the complaints are inadmissible. The archiving of the file and the interim measure processed under legajo 20-001369-1027-CA is ordered, as it is accessory to the main proceeding.-
THEREFORE
The inadmissibility of the action is declared because the expiration period (caducidad) provided for in numeral 37.1 and 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code has occurred. The archiving of the file and the interim measure processed under legajo 20-001369-1027-CA is ordered, as it is accessory to the main proceeding. Let it be notified.- Ana Katarina Apú Hidalgo, Judge.-
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Caducidad del proceso contencioso administrativo Subtemas:
Concepto y fundamento de la caducidad del proceso. Distinción entre caducidad del proceso y la prescripción. Cómputo del plazo de caducidad para impugnar decreto de forma directa.
Tema: Prescripción en materia administrativa Subtemas:
Distinción entre caducidad del proceso y la prescripción.
Tema: Decreto Subtemas:
Cómputo del plazo de caducidad para impugnar decreto de forma directa.
"IV.-[...] De manera que el cómputo del plazo de la caducidad para el caso concreto, conforme a los artículos 37 inciso 1 y 39 inciso 1 subinciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia el día siguiente de la única o última publicación del decreto que se solicita revisión de legalidad, [...] Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Documento PJEDITOR PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR: IRLANDA ESPINOZA ARAYA Y OTROS DEMANDADO: EL ESTADO COADYUVANTE PASIVO: AGRÍCOLA EL PALMAR S.A.,.- No. 499-2021 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno.- En proceso ordinario interpuesto por Irlanda Espinoza Araya, cédula de identidad seis-trescientos cuarenta y dos-ciento cuarenta y ocho y los procesos acumulados 19-2776-1027-CA interpuesto por Gerardo Acuña Fernández,cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y tres-cuatrocientos treinta y siete, casado, 19-2530-1027-CA interpuesto por Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorciado, abogado y notario, cédula de identidad número seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco, 20-1364-1027-CA interpuesto por Christian Campos Lostalo, casado, comunicador, cédula de identidad número seis-doscientos cuarenta y tres-ciento setenta y tres, 20-1358-1027-CA interpuesto por Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorciado, abogado y notario, cédula de identidad número seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco, 20-1726-1027-CA interpuesto por Ramona Marcela Chévez Chévez, soltera, pensionada, cédula de identidad cinco-ciento treinta y siete-quinientos cuarenta, 20-1369-1027-CA interpuesto por Ramón Iván Hernández Chavarría, divorciado, pensionado, cédula de identidad seis-ciento veintiuno-ciento ochenta y tres, 20-1725-1027-CA interpuesto por Jennifer Marcela Campos Chevez, casada, ama de casa, cédula de identidad seis-trescientos cincuenta y seis-ciento tres, 20-1367-1027-CA interpuesto por Jorge Didier Aguilar Quirós, divorciado, comerciante, cédula de identidad cinco-ciento treinta y uno-veinticuatro, todos mayores de edad y vecinos de Puntarenas contra el ESTADO representado por la procuradora Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-ochocientos setenta y tres-cero veintidós. Participa como coadyuvante pasivo AGRÍCOLA EL PALMAR S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-siete mil setecientos nueve, representada por su apoderado especial judicial Juan Carlos Hernández Jiménez. Se resuelve eventual inadmisibilidad de la demanda por posible caducidad de la acción.-
RESULTANDO
1. Que la parte actora presenta proceso ordinario ante esta jurisdicción (ver las imágenes 2 a 8 del expediente 19-002777-1027-CA, 2 a 8 del expediente 19-2776-1027-CA, 2 a 8 del expediente 19-2530-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1364-1027-CA, 3 a 12 del expediente 20-1358-1027-CA, 4 a 14 del expediente 20-1726-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1369-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1725-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1367-1027-CA).- 2. Que se dio curso a las demandas en los expedientes correspondientes (en imágenes 31 a 34 del expediente 19-002777-1027-CA, 25 a 26 del expediente 19-2776-1027-CA, 46 a 48 del expediente 19-2530-1027-CA, 13 a 15 del del expediente 20-1364-1027-CA, 13 a 15 del expediente 20-1358-1027-CA, 2 a 3 del expediente 20-1726-1027-CA, 21 a 23 del expediente 20-1369-1027-CA, 24 a 27 del expediente 20-1725-1027-CA, 25 a 27 del expediente 20-1367-1027-CA).- 3. La representación del Estado en su contestación interpuso en cada uno de los procesos, la defensa previa de Caducidad (ver imágenes 61 a 68 del expediente 19-002777-1027-CA, 98 a 206 del expediente 19-2776-1027-CA, 65 a 73 del expediente 19-2530-1027-CA, 38 a 46 del del expediente 20-1364-1027-CA, 52 a 60 del expediente 20-1358-1027-CA, 25 a 36 del expediente 20-1726-1027-CA, 26 a 37 del expediente 20-1369-1027-CA, 36 a 45 del expediente 20-1725-1027-CA y 33 a 42 del expediente 20-1367-1027-CA).- 4. Que se dio audiencia a la parte accionante de la defensa previa opuesta ((ver imágenes 116 a 118 del expediente 19-002777-1027-CA, 108 del expediente 19-2776-1027-CA, 134 del expediente 19-2530-1027-CA, del expediente 20-1364-1027-CA consta en imágenes 184 y 185 del expediente 19-002777-1027-CA, 158 y 159 del expediente 20-1358-1027-CA, del expediente 20-1726-1027-CA consta en imágenes 184 y 185 del expediente 19-002777-1027-CA, 148 del expediente 20-1369-1027-CA, 143 del expediente 20-1725-1027-CA, expediente 20-1367-1027-CA consta en imagen 233 del expediente 19-002777-1027-CA).- 5. La parte accionada se refirió a la defensa previa de caducidad (ver imágenes 122 y 123 del expediente 19-002777-1027-CA, 110 a 112 del expediente 19-2776-1027-CA, 136 a 139 del expediente 19-2530-1027-CA, 161 a 170 del expediente 20-1358-1027-CA) y omitió no hubo manifestación respecto a los expedientes 20-1364-1027-CA, 20-1726-1027-CA, 20-1369-1027-CA, 20-1725-1027-CA y 20-1367-1027-CA (ver los autos).- 6. En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes.-
CONSIDERANDO
En síntesis manifiesta que el Decreto Ejecutivo No. 35368-MAG-S-MINAE del 6 de mayo del 2009, cuya impugnación directa se pretende, se promulgó, publicó y surtió efectos desde hace más de 10 años. Se trata de un acto general (artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública) y se comunica por publicación, con la cual adquirió eficacia (artículos 140 y 240.1 ibídem). Apunta que la publicación del Decreto No. 35368, en La Gaceta No. 147 del 30 de julio del 2009, es el punto de partida para los términos de su impugnación (artículo 141.1 de la Ley General de la Administración Pública) y a partir de esa publicación transcurrió el plazo anual para la interposición de la acción conforme al artículo 39.1.b) del CPCA. Sostiene que el análisis de los vicios que se le achacan carece de interés actual y no es correcto afirmar que tenga efectos continuados, extracta la resolución No.10-F-S1-2013 de 8 horas 35 minutos del 5 de febrero del 2013, el voto No. 97-F-TC-13 de 9 de horas del 9 de octubre del 2013 ambos del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y voto No. 227-F-S1-2016 de 11 horas 10 minutos del 10 de marzo del 2016 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por ende, al haberse interpuesto la acción más de 10 años después de su publicación, hay caducidad de la acción contra el Decreto 35368 y así se solicita declararlo.-
En los procesos en que se refirió respecto a la audiencia concedida, la parte actora, sostuvo que el decreto de marras es un acto de efectos continuados, ya que todos los años desde que se promulgó es la base legal para que el MAG autorice en solicite en solitario la zafra o quema de la caña de azúcar antes de su cosecha a dos kilómetros al norte de la ciudad de Puntarenas y así se hizo ver en el hecho primero. Considera que es claro que aun siendo una normativa que se publicó el 30 de julio del 2009, sus nocivos efectos persisten continuamente en el tiempo y su afectación es reiterada todos los años durante la zafra de la caña en el verano, sus efectos no terminaron ni se consolidaron con la fecha de su publicación, tampoco al año de haber sido publicado. Sino que todos los años, entre diciembre y marzo el MAG autoriza quemas afectando mi salud y el medio ambiente, sin ningún control del Ministerio de Salud ni del MINAET. Agrega que, mas grave aún, a pesar de que el citado decreto o reglamento de quemas está firmado por los tres ministros del ramo, de todos sus artículos se extrae que sólo un ministerio MAG es el encargado de autorizar y supervisar las quemas, en el tanto de que estas no se pasen a predio vecinos, mientras que los otros dos, SALUD y MINAET, no tienen ninguna función ni vinculación en dicha normativa para tutelar y garantizar los derechos patrimoniales de los ciudadanos, la salud y el ambiente lo cual es contrario a las disposiciones tutelares de la ley de salud y al artículo 50 constitucional. Los efectos de la normativa que se reprocha tal y como está probada, son nocivos, negligentes, permanentes y continuados. Por lo que debe rechazarse la excepción de caducidad. En su escrito incorporado en el expediente 20-1358-1027-CA, argumenta además, que en el inciso 1) de la norma 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo dice lo siguiente: 1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas emisivas(sic), mientras subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura, indica adicionalmente, que en lo concerniente al plazo para su impugnación en vía judicial, existen varias opciones por las cuales podría inclinarse la ley: dejar abierto indefinidamente el plazo, establecer un plazo rígido de caducidad o bien, optar por una decisión intermedia −como lo hace la norma que se impugna− según la cual, el acto absolutamente nulo es susceptible de impugnación mientras se mantengan sus efectos, e incluso un año después, pero solamente para su anulación e inaplicabilidad futura.-
La figura de la caducidad se encuentra establecida en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 39.- 1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la notificación. b) En el caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación, desde el día siguiente a la única o última publicación. c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día siguiente a la cesación de sus efectos. d) En los supuestos de silencio positivo, cuando quien lo impugne sea un tercero, desde el día siguiente a aquel en que se ejecute el respectivo acto en su contra. e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la firmeza del acto que la declara. 2) La nulidad declarada en el proceso incoado, dentro del plazo establecido en el presente artículo, tendrá efectos retroactivos. La misma regla se aplicará para el caso del proceso de lesividad interpuesto dentro del año previsto en el artículo 34 de este Código." En efecto, la caducidad de la acción, puede entenderse como el plazo establecido en la norma legal de orden procesal para interponer legítimamente, en tiempo, el proceso. Así, Santoro Passarelli establece la diferencia de caducidad respecto a la prescripción, de siguiente forma: “A nuestro entender, la razón y el fundamento de la caducidad difieren de los de la prescripción en que la caducidad no depende, como la prescripción, del hecho subjetivo de la inercia del titular del derecho durante cierto tiempo, sino exclusivamente del hecho objetivo de la falta de ejercicio del derecho en el tiempo establecido, y en que se inspira no ya en la existencia de conformar la situación de derecho a la situación de hecho que dura un cierto tiempo considerado suficiente, a este propósito, por la ley, sino más bien en la de limitar en el tiempo el ejercicio de un derecho (…) cuando el diligente ejercicio del mismo se estima conveniente para un interés individual o superior” (lo resaltado no corresponde al original, SANTORO PASARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 135).-
En el presente caso, del análisis de las manifestaciones contenidas en los escritos de demanda, así como las pretensiones de cada acción, resulta evidente que la pretensión principal del proceso es la impugnación del Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET denominado “Reglamento para quemas agrícolas controladas” y de sus efectos continuados para la zona norte de la ciudad de Puntarenas por no contar de previo con un permiso del Ministerio de Salud, un estudio de impacto ambiental del MINAET vinculantes, que garanticen conjuntamente la salud de los puntarenenses y su Derecho a un ambiente sano y equilibrado, siendo que solicita se declare su ilegalidad e ineficacia del decreto mencionado. Es decir, claramente el accionante solicita la revisión de legalidad de este decreto ejecutivo 35368 y en consecuencia -de manera accesoria-, solicita la condenatoria de daños, perjuicios, costas y en los expedientes 20-1726-1027-CA y 20-1725-1027-CA, adicionalmente, pretende que no se otorguen más permisos de quemas en la zona norte de la ciudad de Puntarenas. No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en esta línea de pensamiento, véase la resolución 00027-F-S1-2018 de las once horas del dieciocho de enero de dos mil dieciocho de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia cuando dispuso: "Evidentemente, no aplica a la especie el supuesto señalado por el canon 40 del CPCA, -posibilidad permanente de impugnación mientras subsista su efecto continuado-, pues en criterio de esta Sala, no se está ante un supuesto de efectos continuados, sino directo o inmediato. Ello, por cuanto, los actos de alcance general no surten efectos continuados. Por esa razón, para los Reglamentos existe norma especial que obliga a acometer contra aquellos, dentro del año de su publicación. Tal aserto es desde todo punto de vista lógico, pues si se llegara a interpretar, que los Reglamentos pueden ser impugnados directamente en cualquier tiempo, es claro, ningún sentido tendría la norma que permite combatir actos de aplicación individual con fundamento en la ilegalidad de las normas generales que los fundamentan (39.3 CPCA)". De manera que el cómputo del plazo de la caducidad para el caso concreto, conforme a los artículos 37 inciso 1 y 39 inciso 1 subinciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia el día siguiente de la única o última publicación del decreto que se solicita revisión de legalidad, el cual fue publicado en La Gaceta No. 147 en fecha 30 de junio de 2009 (ver prueba aportada por la representación del Estado en imágenes 108 a 111 del expediente judicial 19-002777-1027-CA y en los demás procesos, así como la información que consta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica de este decreto). Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año. En la especie, la parte actora entabla un proceso de plena jurisdicción y no, un proceso puro civil de hacienda, deduciendo como pretensión principal, reitero, "se declare la ilegalidad e ineficacia del Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET denominado “Reglamento para quemas agrícolas controladas” y de sus efectos continuados para la zona norte de la ciudad de Puntarenas por no contar de previo con un permiso del Ministerio de Salud, un estudio de impacto ambiental del MINAET vinculantes...", con pretensiones accesorias de reconocimiento de daños y perjuicios por autorizar las quemas en virtud del decreto impugnado, además, en los expedientes 20-1726-1027-CA y 20-1725-1027-CA, pretende que no se otorguen más permisos de quemas en la zona norte de la ciudad de Puntarenas -tal como fue planteada en las acciones-, sin embargo, es hasta en fecha 12 de abril de 2019 (ver imagen 2 del expediente 19-2777-1027-CA y 19-2776-1027-CA), 25 de marzo de 2019 (expediente 19-2530-1027-CA), 1 de marzo de 2020 (expediente 20-1364-1027-CA), 28 de febrero de 2020 (expediente 20-1358-1027-CA), 2 de marzo de 2020 (expediente 20-1369-1027-CA y 20-1367-1027-CA), 17 de marzo de 2020 (expediente 20-1725-1027-CA y 20-1726-1027-CA), que se interponen las acciones, superando evidente y manifiestamente -en todos los casos- el plazo que establece el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, habiendo operado por ende, el plazo de la caducidad. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37.1, 39 y 62 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las demandas resultan inadmisibles. Se ordena el archivo de la carpeta y de la medida cautelar que se tramita bajo el legajo 20-001369-1027-CA, por resultar accesorio al proceso principal.-
POR TANTO
Se declara la inadmisibilidad de la acción por haber operado el plazo de caducidad previsto en el numeral 37.1 y 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se ordena el archivo de la carpeta y de la medida cautelar que se tramita bajo el legajo 20-001369-1027-CA, por resultar accesorio al proceso principal. Notifíquese.- Ana Katarina Apú Hidalgo, Jueza.- *Q0EJIKL8R5461* Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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