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Res. 00499-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 20/04/2021

Time Bar for Direct Challenges to RegulationsCaducidad de la impugnación directa de reglamentos

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The Court held the claims against Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAET time-barred and inadmissible because the direct challenge was filed more than one year after publication, and it ordered the proceedings and ancillary interim measure closed.El Tribunal declaró caducadas e inadmisibles las demandas contra el Decreto Ejecutivo n.º 35368-MAG-S-MINAET porque la impugnación directa se presentó más de un año después de su publicación, y ordenó archivar los procesos y la medida cautelar accesoria.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court held inadmissible several consolidated claims seeking annulment of Executive Decree No. 35368-MAG-S-MINAET, the Regulation on Controlled Agricultural Burning, together with damages and, in two cases, an order barring new burning permits north of Puntarenas. Although the claimants argued that annually authorized burns produced continuing effects on health and the environment, the Court distinguished those consequences from the regulation’s direct and immediate legal effects. It concluded that generally applicable acts do not have continuing effects for purposes of Article 40 of the Administrative Litigation Procedure Code. A direct challenge therefore had to be filed within one year after publication of the decree under Article 39(1)(b) of that Code. Because the actions were filed in 2019 and 2020, approximately a decade after the decree’s publication in 2009, the filing period had expired. The Court consequently ordered the proceedings and the ancillary interim-measures file closed without deciding the substantive legality of the burning regulation.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró inadmisibles varias demandas acumuladas que pretendían la anulación del Decreto Ejecutivo n.º 35368-MAG-S-MINAET, Reglamento para quemas agrícolas controladas, así como indemnizaciones y, en dos expedientes, la prohibición de nuevos permisos de quema al norte de Puntarenas. Aunque las personas actoras alegaron que las quemas autorizadas anualmente producían efectos continuados sobre la salud y el ambiente, el Tribunal distinguió esos efectos de los efectos jurídicos directos e inmediatos del reglamento. Determinó que los actos de alcance general no tienen efectos continuados para efectos del artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por ello, la impugnación directa debía presentarse dentro del año siguiente a la publicación del decreto, conforme al artículo 39.1.b del mismo Código. Como las demandas se interpusieron en 2019 y 2020, aproximadamente una década después de la publicación de 2009, había operado la caducidad. En consecuencia, ordenó archivar los procesos y la medida cautelar accesoria.

Key excerptExtracto clave

This Judge does not agree with the claimants’ position that the challenged decree is an act with continuing effects. It must be considered that the generally applicable act is being challenged directly on the ground that it is entirely void, and the continuing-effects scenario established in Article 40 of the Administrative Litigation Procedure Code does not apply. Accordingly, calculation of the limitation period in this specific case, pursuant to Articles 37(1) and 39(1)(b) of the Administrative Litigation Procedure Code, begins on the day following the sole or final publication of the decree whose legality is submitted for review. The decree was published in La Gaceta No. 147 on June 30, 2009 (see the evidence submitted by the State’s representative at images 108 to 111 of judicial file 19-002777-1027-CA and in the other proceedings, as well as the information concerning this decree in the Costa Rican Legal Information System). The action is declared inadmissible because the limitation period established in Articles 37(1) and 39 of the Administrative Litigation Procedure Code has expired. The case file and the interim measure processed under file 20-001369-1027-CA are ordered closed because the latter is ancillary to the main proceeding. Notice shall be given.No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo. De manera que el cómputo del plazo de la caducidad para el caso concreto, conforme a los artículos 37 inciso 1 y 39 inciso 1 subinciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia el día siguiente de la única o última publicación del decreto que se solicita revisión de legalidad, el cual fue publicado en La Gaceta No. 147 en fecha 30 de junio de 2009 (ver prueba aportada por la representación del Estado en imágenes 108 a 111 del expediente judicial 19-002777-1027-CA y en los demás procesos, así como la información que consta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica de este decreto). Se declara la inadmisibilidad de la acción por haber operado el plazo de caducidad previsto en el numeral 37.1 y 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se ordena el archivo de la carpeta y de la medida cautelar que se tramita bajo el legajo 20-001369-1027-CA, por resultar accesorio al proceso principal. Notifíquese.-

Pull quotesCitas destacadas

  • "En efecto, la caducidad de la acción, puede entenderse como el plazo establecido en la norma legal de orden procesal para interponer legítimamente, en tiempo, el proceso."

    "Indeed, expiration of the action may be understood as the period established by procedural law for validly filing the proceeding on time."

    Considerando III

  • "En efecto, la caducidad de la acción, puede entenderse como el plazo establecido en la norma legal de orden procesal para interponer legítimamente, en tiempo, el proceso."

    Considerando III

  • "Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año."

    "From that date, the opportunity existed to invoke judicial review through a direct challenge, that is, to seek review of the generally applicable act; moreover, an important characteristic of the limitation period is that it cannot be interrupted, so it begins to run on the day after publication and continues until one year has elapsed."

    Considerando IV

  • "Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37.1, 39 y 62 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las demandas resultan inadmisibles."

    "Consequently, pursuant to Articles 37(1), 39, and 62 of the Administrative Litigation Procedure Code, the claims are inadmissible."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37.1, 39 y 62 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las demandas resultan inadmisibles."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

PJEDITOR Document CASE FILE: 19-002777-1027-CA PROCEEDING: ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF: IRLANDA ESPINOZA ARAYA ET AL.

DEFENDANT: THE STATE PASSIVE INTERVENOR: AGRÍCOLA EL PALMAR S.A.,.- No. 499-2021 ADMINISTRATIVE AND TAX CIVIL COURT. Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Calle Blancos, at catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno.- In the ordinary proceeding filed by Irlanda Espinoza Araya, identity card seis-trescientos cuarenta y dos-ciento cuarenta y ocho, and the consolidated proceedings (procesos acumulados): 19-2776-1027-CA, filed by Gerardo Acuña Fernández, identity card uno-cuatrocientos ochenta y tres-cuatrocientos treinta y siete, married; 19-2530-1027-CA, filed by Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorced, attorney and notary, identity card number seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco; 20-1364-1027-CA, filed by Christian Campos Lostalo, married, communications professional, identity card number seis-doscientos cuarenta y tres-ciento setenta y tres; 20-1358-1027-CA, filed by Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorced, attorney and notary, identity card number seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco; 20-1726-1027-CA, filed by Ramona Marcela Chévez Chévez, single, retired, identity card cinco-ciento treinta y siete-quinientos cuarenta; 20-1369-1027-CA, filed by Ramón Iván Hernández Chavarría, divorced, retired, identity card seis-ciento veintiuno-ciento ochenta y tres; 20-1725-1027-CA, filed by Jennifer Marcela Campos Chevez, married, homemaker, identity card seis-trescientos cincuenta y seis-ciento tres; and 20-1367-1027-CA, filed by Jorge Didier Aguilar Quirós, divorced, merchant, identity card cinco-ciento treinta y uno-veinticuatro, all adults and residents of Puntarenas, against THE STATE, represented by State Attorney Susana Fallas Cubero, an adult, married, attorney, resident of San José, identity card uno-ochocientos setenta y tres-cero veintidós.

AGRÍCOLA EL PALMAR S.A., corporate identification number tres-ciento uno-siete mil setecientos nueve, represented by its special judicial attorney-in-fact Juan Carlos Hernández Jiménez, participates as a passive intervenor (coadyuvante pasivo). The Court rules on the potential inadmissibility of the complaint due to the possible time-barring of the action (caducidad de la acción).- BACKGROUND 1. The plaintiffs filed ordinary proceedings before this jurisdiction (see images 2 a 8 of case file 19-002777-1027-CA, 2 a 8 of case file 19-2776-1027-CA, 2 a 8 of case file 19-2530-1027-CA, 2 a 11 of case file 20-1364-1027-CA, 3 a 12 of case file 20-1358-1027-CA, 4 a 14 of case file 20-1726-1027-CA, 2 a 11 of case file 20-1369-1027-CA, 2 a 11 of case file 20-1725-1027-CA, 2 a 11 of case file 20-1367-1027-CA).- 2. The complaints were admitted for processing in the corresponding case files (in images 31 a 34 of case file 19-002777-1027-CA, 25 a 26 of case file 19-2776-1027-CA, 46 a 48 of case file 19-2530-1027-CA, 13 a 15 of case file 20-1364-1027-CA, 13 a 15 of case file 20-1358-1027-CA, 2 a 3 of case file 20-1726-1027-CA, 21 a 23 of case file 20-1369-1027-CA, 24 a 27 of case file 20-1725-1027-CA, 25 a 27 of case file 20-1367-1027-CA).- 3.

In its answer, the State’s representative raised the preliminary defense (defensa previa) of time-barring (Caducidad) in each proceeding (see images 61 a 68 of case file 19-002777-1027-CA, 98 a 206 of case file 19-2776-1027-CA, 65 a 73 of case file 19-2530-1027-CA, 38 a 46 of case file 20-1364-1027-CA, 52 a 60 of case file 20-1358-1027-CA, 25 a 36 of case file 20-1726-1027-CA, 26 a 37 of case file 20-1369-1027-CA, 36 a 45 of case file 20-1725-1027-CA, and 33 a 42 of case file 20-1367-1027-CA).- 4. The plaintiffs were granted a hearing on the preliminary defense raised ((see images 116 a 118 of case file 19-002777-1027-CA, 108 of case file 19-2776-1027-CA, 134 of case file 19-2530-1027-CA; for case file 20-1364-1027-CA, it appears in images 184 y 185 of case file 19-002777-1027-CA; 158 y 159 of case file 20-1358-1027-CA; for case file 20-1726-1027-CA, it appears in images 184 y 185 of case file 19-002777-1027-CA; 148 of case file 20-1369-1027-CA; 143 of case file 20-1725-1027-CA; and for case file 20-1367-1027-CA, it appears in image 233 of case file 19-002777-1027-CA).- 5.

The plaintiffs addressed the preliminary defense of time-barring (see images 122 y 123 of case file 19-002777-1027-CA, 110 a 112 of case file 19-2776-1027-CA, 136 a 139 of case file 19-2530-1027-CA, and 161 a 170 of case file 20-1358-1027-CA), but made no submission regarding case files 20-1364-1027-CA, 20-1726-1027-CA, 20-1369-1027-CA, 20-1725-1027-CA, and 20-1367-1027-CA (see the orders).- 6. The required procedural rules have been observed in the proceedings, and no defects or omissions capable of causing nullity (nulidad) or denying the parties an opportunity to defend themselves (indefensión) are apparent.-

CONSIDERING

I. ARGUMENTS OF THE STATE

In summary, it states that Decreto Ejecutivo No. 35368-MAG-S-MINAE del 6 de mayo del 2009, which the plaintiffs seek to challenge directly, was enacted, published, and took effect more than 10 years ago. It is an act of general application (acto general) (artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública), and it is communicated through publication, upon which it became effective (artículos 140 y 240.1 ibídem). It notes that the publication of Decreto No. 35368 in La Gaceta No. 147 del 30 de julio del 2009 marks the commencement of the time limits for challenging it (artículo 141.1 de la Ley General de la Administración Pública), and that the one-year period for filing the action under artículo 39.1.b) del CPCA began to run upon that publication. It maintains that an analysis of the alleged defects no longer serves any present interest and that it is incorrect to assert that the Decree has continuing effects (efectos continuados).

It quotes resolución No.10-F-S1-2013 de 8 horas 35 minutos del 5 de febrero del 2013 and voto No. 97-F-TC-13 de 9 de horas del 9 de octubre del 2013, both issued by the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, as well as voto No. 227-F-S1-2016 de 11 horas 10 minutos del 10 de marzo del 2016 issued by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Accordingly, because the action was filed more than 10 years after its publication, the action against Decreto 35368 is time-barred, and the State requests a declaration to that effect.-

II. ARGUMENTS OF THE PLAINTIFFS

In the proceedings in which the plaintiffs responded to the hearing granted, they argued that the decree at issue is an act with continuing effects because, every year since its enactment, it has provided the legal basis for the MAG, acting alone, to authorize the sugarcane harvest or the burning of sugarcane before harvesting, two kilometers north of the city of Puntarenas, as stated in the first allegation of fact. They contend that, although the regulation was published on 30 de julio del 2009, its harmful effects have continuously persisted over time, and its impact recurs every year during the summer sugarcane harvest. Its effects did not end or become final on the date of its publication, nor one year after publication. Instead, every year, between diciembre y marzo, the MAG authorizes burning that affects my health and the environment, without any oversight by the Ministerio de Salud or MINAET.

They add that, more seriously, although the cited decree or burning regulation was signed by the three ministers responsible for the relevant sectors, its provisions establish that only one ministry, the MAG, is responsible for authorizing and supervising the burning to ensure that it does not spread to neighboring properties, while the other two, SALUD and MINAET, have no role or involvement under that regulation in protecting and safeguarding citizens’ property rights, health, and the environment. This is contrary to the protective provisions of the health law and artículo 50 constitucional. As proven, the effects of the challenged regulation are harmful, negligent, permanent, and continuing. The defense of time-barring must therefore be denied. In the submission included in case file 20-1358-1027-CA, it further argues that subsection 1) of section 40 of the Código Procesal Contencioso Administrativo states as follows: 1) Administrative acts that are absolutely null and void (actos administrativos absolutamente nulos) may be challenged for purposes of their annulment and future non-application, as may issuing conduct (conductas emisivas [sic]), for as long as their continuing effects persist, but only for purposes of their annulment and future non-application.

It further states that, as regards the time limit for challenging such acts in court, the law may adopt several approaches: leave the time limit open indefinitely, establish a strict limitation period, or choose an intermediate solution—as the challenged provision does—under which an absolutely null and void act may be challenged for as long as its effects continue, and even for one year thereafter, but solely for purposes of its annulment and future non-application.-

III. TIME-BARRING OF THE ACTION

The doctrine of time-barring is established in artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, which provides: “Article 39.- 1) The maximum period for commencing the proceeding shall be one year, calculated as follows: a) When the challenged act must be served, from the day following service. b) When the act must be communicated through publication, from the day following the sole or final publication. c) In cases involving physical administrative actions (actuaciones materiales), from the day following the cessation of their effects. d) In cases involving affirmative administrative silence (silencio positivo), when the challenger is a third party, from the day following the date on which the respective act is enforced against that party. e) In a proceeding brought by the Administration to invalidate its own favorable act (proceso de lesividad), from the day following the date on which the act declaring it adverse to the public interest becomes final. 2) A declaration of nullity issued in a proceeding commenced within the period established in this article shall have retroactive effect.

The same rule shall apply to a proceeding brought by the Administration to invalidate its own favorable act when filed within the year provided for in artículo 34 de este Código.” Indeed, the time-barring of an action may be understood as the period established by a procedural legal rule within which a proceeding may legitimately and timely be filed. Thus, Santoro Passarelli distinguishes time-barring from the statute of limitations (prescripción) as follows: “In our view, the rationale and basis of time-barring differ from those of the statute of limitations because time-barring does not depend, as the statute of limitations does, on the subjective fact that the holder of the right remained inactive for a certain period, but exclusively on the objective fact that the right was not exercised within the established time; and because it is inspired not by the need to bring the legal situation into conformity with the factual situation that has persisted for a period deemed sufficient for that purpose by law, but rather by the need to limit the exercise of a right in time (…) when its diligent exercise is considered advisable in the interest of an individual or a higher interest” (emphasis not in the original, SANTORO PASARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 135).-

IV. REGARDING THE SPECIFIC CASE

In this case, from the analysis of the statements contained in the complaints, as well as the relief sought in each action, it is evident that the principal claim in the proceeding is the challenge to Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET, entitled “Regulation on Controlled Agricultural Burning,” and its continuing effects on the northern area of the city of Puntarenas, because it did not previously obtain a permit from the Ministerio de Salud or a binding environmental impact study (estudio de impacto ambiental) from MINAET that, jointly, would safeguard the health of the residents of Puntarenas and their right to a healthy and balanced environment; accordingly, the plaintiffs request that the aforementioned decree be declared unlawful and ineffective. In other words, the claimant clearly requests judicial review of the legality of this executive decree 35368 and, consequently—as ancillary relief—seeks an award of damages, losses, and costs; and, in expediente numbers 20-1726-1027-CA and 20-1725-1027-CA, additionally seeks to prevent any further burning permits from being granted in the northern area of the city of Puntarenas.

This Judge does not agree with the position of the claimants, who maintain that the challenged decree is an act with continuing effects; it should be borne in mind that the generally applicable act (acto de alcance general) is being challenged directly on the ground that it is null and void in its entirety, and the continuing-effects provision set forth in Article 40 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is not applicable. Along these lines, see decision 00027-F-S1-2018, issued at eleven o’clock on dieciocho de enero de dos mil dieciocho by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, which held: “Clearly, the circumstance addressed by section 40 of the CPCA—the continuing possibility of challenge for as long as its continuing effect remains—does not apply here because, in the opinion of this Chamber, this is not a case of continuing effects, but rather of direct or immediate effects.

This is because generally applicable acts do not produce continuing effects. For that reason, a special rule applies to regulations, requiring that they be challenged within one year of their publication. This assertion is entirely logical, because if regulations could be interpreted as being subject to direct challenge at any time, the provision allowing individual implementing acts to be challenged on the basis of the unlawfulness of the general rules underlying them (39.3 CPCA) would clearly serve no purpose.” Therefore, pursuant to Articles 37 subsection 1 and 39 subsection 1 subparagraph b) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, calculation of the expiration period (caducidad) in this specific case began on the day following the sole or final publication of the decree whose legality is submitted for review, which was published in La Gaceta No. 147 on 30 de junio de 2009 (see the evidence submitted by the State’s representative in images 108 through 111 of expediente judicial 19-002777-1027-CA and in the other proceedings, as well as the information concerning this decree contained in the Sistema Costarricense de Información Jurídica).

From that date onward, it was therefore possible to invoke the jurisdiction of the courts to bring a direct challenge, that is, to request review of the generally applicable act; moreover, it is important to note that one characteristic of expiration is that it cannot be interrupted, such that the period begins to run on the day following publication and continues until one year has elapsed. Here, the plaintiffs instituted a full-jurisdiction proceeding (proceso de plena jurisdicción), rather than a purely civil proceeding against the Treasury (proceso puro civil de hacienda), asserting as their principal claim, I reiterate, that “Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET, entitled ‘Regulation on Controlled Agricultural Burning,’ and its continuing effects on the northern area of the city of Puntarenas be declared unlawful and ineffective because it did not previously obtain a permit from the Ministerio de Salud or a binding environmental impact study from MINAET...,” together with ancillary claims for damages and losses arising from the authorization of burning pursuant to the challenged decree.

Furthermore, in expediente numbers 20-1726-1027-CA and 20-1725-1027-CA, they seek to prevent any further burning permits from being granted in the northern area of the city of Puntarenas—as pleaded in the actions. However, the actions were not filed until 12 de abril de 2019 (see image 2 of expediente 19-2777-1027-CA and 19-2776-1027-CA), 25 de marzo de 2019 (expediente 19-2530-1027-CA), 1 de marzo de 2020 (expediente 20-1364-1027-CA), 28 de febrero de 2020 (expediente 20-1358-1027-CA), 2 de marzo de 2020 (expediente 20-1369-1027-CA and 20-1367-1027-CA), and 17 de marzo de 2020 (expediente 20-1725-1027-CA and 20-1726-1027-CA), plainly and manifestly exceeding—in every case—the period established in section 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo; consequently, the expiration period had elapsed. Accordingly, pursuant to Articles 37.1, 39, and 62 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the complaints are inadmissible. The case file and the application for interim relief (medida cautelar) being processed under case file 20-001369-1027-CA are ordered closed because the latter is ancillary to the main proceeding.-

POR TANTO

The action is declared inadmissible because the expiration period provided for in sections 37.1 and 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo has elapsed. The case file and the application for interim relief being processed under case file 20-001369-1027-CA are ordered closed because the latter is ancillary to the main proceeding. Notice shall be given.- Ana Katarina Apú Hidalgo, Judge.- *Q0EJIKL8R5461* ANA KATARINA APÚ HIDALGO, PROCESSING JUDGE

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Documento PJEDITOR PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR: IRLANDA ESPINOZA ARAYA Y OTROS DEMANDADO: EL ESTADO COADYUVANTE PASIVO: AGRÍCOLA EL PALMAR S.A.,.- No. 499-2021 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno.- En proceso ordinario interpuesto por Irlanda Espinoza Araya, cédula de identidad seis-trescientos cuarenta y dos-ciento cuarenta y ocho y los procesos acumulados 19-2776-1027-CA interpuesto por Gerardo Acuña Fernández,cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y tres-cuatrocientos treinta y siete, casado, 19-2530-1027-CA interpuesto por Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorciado, abogado y notario, cédula de identidad número seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco, 20-1364-1027-CA interpuesto por Christian Campos Lostalo, casado, comunicador, cédula de identidad número seis-doscientos cuarenta y tres-ciento setenta y tres, 20-1358-1027-CA interpuesto por Álvaro Enrique Moreno Gómez, divorciado, abogado y notario, cédula de identidad número seis-ciento treinta y siete-quinientos cincuenta y cinco, 20-1726-1027-CA interpuesto por Ramona Marcela Chévez Chévez, soltera, pensionada, cédula de identidad cinco-ciento treinta y siete-quinientos cuarenta, 20-1369-1027-CA interpuesto por Ramón Iván Hernández Chavarría, divorciado, pensionado, cédula de identidad seis-ciento veintiuno-ciento ochenta y tres, 20-1725-1027-CA interpuesto por Jennifer Marcela Campos Chevez, casada, ama de casa, cédula de identidad seis-trescientos cincuenta y seis-ciento tres, 20-1367-1027-CA interpuesto por Jorge Didier Aguilar Quirós, divorciado, comerciante, cédula de identidad cinco-ciento treinta y uno-veinticuatro, todos mayores de edad y vecinos de Puntarenas contra el ESTADO representado por la procuradora Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-ochocientos setenta y tres-cero veintidós.

Participa como coadyuvante pasivo AGRÍCOLA EL PALMAR S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-siete mil setecientos nueve, representada por su apoderado especial judicial Juan Carlos Hernández Jiménez. Se resuelve eventual inadmisibilidad de la demanda por posible caducidad de la acción.-

RESULTANDO

1. Que la parte actora presenta proceso ordinario ante esta jurisdicción (ver las imágenes 2 a 8 del expediente 19-002777-1027-CA, 2 a 8 del expediente 19-2776-1027-CA, 2 a 8 del expediente 19-2530-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1364-1027-CA, 3 a 12 del expediente 20-1358-1027-CA, 4 a 14 del expediente 20-1726-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1369-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1725-1027-CA, 2 a 11 del expediente 20-1367-1027-CA).- 2. Que se dio curso a las demandas en los expedientes correspondientes (en imágenes 31 a 34 del expediente 19-002777-1027-CA, 25 a 26 del expediente 19-2776-1027-CA, 46 a 48 del expediente 19-2530-1027-CA, 13 a 15 del del expediente 20-1364-1027-CA, 13 a 15 del expediente 20-1358-1027-CA, 2 a 3 del expediente 20-1726-1027-CA, 21 a 23 del expediente 20-1369-1027-CA, 24 a 27 del expediente 20-1725-1027-CA, 25 a 27 del expediente 20-1367-1027-CA).- 3. La representación del Estado en su contestación interpuso en cada uno de los procesos, la defensa previa de Caducidad (ver imágenes 61 a 68 del expediente 19-002777-1027-CA, 98 a 206 del expediente 19-2776-1027-CA, 65 a 73 del expediente 19-2530-1027-CA, 38 a 46 del del expediente 20-1364-1027-CA, 52 a 60 del expediente 20-1358-1027-CA, 25 a 36 del expediente 20-1726-1027-CA, 26 a 37 del expediente 20-1369-1027-CA, 36 a 45 del expediente 20-1725-1027-CA y 33 a 42 del expediente 20-1367-1027-CA).- 4.

Que se dio audiencia a la parte accionante de la defensa previa opuesta ((ver imágenes 116 a 118 del expediente 19-002777-1027-CA, 108 del expediente 19-2776-1027-CA, 134 del expediente 19-2530-1027-CA, del expediente 20-1364-1027-CA consta en imágenes 184 y 185 del expediente 19-002777-1027-CA, 158 y 159 del expediente 20-1358-1027-CA, del expediente 20-1726-1027-CA consta en imágenes 184 y 185 del expediente 19-002777-1027-CA, 148 del expediente 20-1369-1027-CA, 143 del expediente 20-1725-1027-CA, expediente 20-1367-1027-CA consta en imagen 233 del expediente 19-002777-1027-CA).- 5. La parte accionada se refirió a la defensa previa de caducidad (ver imágenes 122 y 123 del expediente 19-002777-1027-CA, 110 a 112 del expediente 19-2776-1027-CA, 136 a 139 del expediente 19-2530-1027-CA, 161 a 170 del expediente 20-1358-1027-CA) y omitió no hubo manifestación respecto a los expedientes 20-1364-1027-CA, 20-1726-1027-CA, 20-1369-1027-CA, 20-1725-1027-CA y 20-1367-1027-CA (ver los autos).- 6. En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes.-

CONSIDERANDO

I. ARGUMENTOS DEL ESTADO

En síntesis manifiesta que el Decreto Ejecutivo No. 35368-MAG-S-MINAE del 6 de mayo del 2009, cuya impugnación directa se pretende, se promulgó, publicó y surtió efectos desde hace más de 10 años. Se trata de un acto general (artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública) y se comunica por publicación, con la cual adquirió eficacia (artículos 140 y 240.1 ibídem). Apunta que la publicación del Decreto No. 35368, en La Gaceta No. 147 del 30 de julio del 2009, es el punto de partida para los términos de su impugnación (artículo 141.1 de la Ley General de la Administración Pública) y a partir de esa publicación transcurrió el plazo anual para la interposición de la acción conforme al artículo 39.1.b) del CPCA. Sostiene que el análisis de los vicios que se le achacan carece de interés actual y no es correcto afirmar que tenga efectos continuados, extracta la resolución No.10-F-S1-2013 de 8 horas 35 minutos del 5 de febrero del 2013, el voto No. 97-F-TC-13 de 9 de horas del 9 de octubre del 2013 ambos del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y voto No. 227-F-S1-2016 de 11 horas 10 minutos del 10 de marzo del 2016 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por ende, al haberse interpuesto la acción más de 10 años después de su publicación, hay caducidad de la acción contra el Decreto 35368 y así se solicita declararlo.-

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONANTE

En los procesos en que se refirió respecto a la audiencia concedida, la parte actora, sostuvo que el decreto de marras es un acto de efectos continuados, ya que todos los años desde que se promulgó es la base legal para que el MAG autorice en solicite en solitario la zafra o quema de la caña de azúcar antes de su cosecha a dos kilómetros al norte de la ciudad de Puntarenas y así se hizo ver en el hecho primero. Considera que es claro que aun siendo una normativa que se publicó el 30 de julio del 2009, sus nocivos efectos persisten continuamente en el tiempo y su afectación es reiterada todos los años durante la zafra de la caña en el verano, sus efectos no terminaron ni se consolidaron con la fecha de su publicación, tampoco al año de haber sido publicado. Sino que todos los años, entre diciembre y marzo el MAG autoriza quemas afectando mi salud y el medio ambiente, sin ningún control del Ministerio de Salud ni del MINAET.

Agrega que, mas grave aún, a pesar de que el citado decreto o reglamento de quemas está firmado por los tres ministros del ramo, de todos sus artículos se extrae que sólo un ministerio MAG es el encargado de autorizar y supervisar las quemas, en el tanto de que estas no se pasen a predio vecinos, mientras que los otros dos, SALUD y MINAET, no tienen ninguna función ni vinculación en dicha normativa para tutelar y garantizar los derechos patrimoniales de los ciudadanos, la salud y el ambiente lo cual es contrario a las disposiciones tutelares de la ley de salud y al artículo 50 constitucional. Los efectos de la normativa que se reprocha tal y como está probada, son nocivos, negligentes, permanentes y continuados. Por lo que debe rechazarse la excepción de caducidad. En su escrito incorporado en el expediente 20-1358-1027-CA, argumenta además, que en el inciso 1) de la norma 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo dice lo siguiente: 1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas emisivas(sic), mientras subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura, indica adicionalmente, que en lo concerniente al plazo para su impugnación en vía judicial, existen varias opciones por las cuales podría inclinarse la ley: dejar abierto indefinidamente el plazo, establecer un plazo rígido de caducidad o bien, optar por una decisión intermedia −como lo hace la norma que se impugna− según la cual, el acto absolutamente nulo es susceptible de impugnación mientras se mantengan sus efectos, e incluso un año después, pero solamente para su anulación e inaplicabilidad futura.-

III. DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

La figura de la caducidad se encuentra establecida en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 39.- 1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la notificación. b) En el caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación, desde el día siguiente a la única o última publicación. c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día siguiente a la cesación de sus efectos. d) En los supuestos de silencio positivo, cuando quien lo impugne sea un tercero, desde el día siguiente a aquel en que se ejecute el respectivo acto en su contra. e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la firmeza del acto que la declara. 2) La nulidad declarada en el proceso incoado, dentro del plazo establecido en el presente artículo, tendrá efectos retroactivos.

La misma regla se aplicará para el caso del proceso de lesividad interpuesto dentro del año previsto en el artículo 34 de este Código." En efecto, la caducidad de la acción, puede entenderse como el plazo establecido en la norma legal de orden procesal para interponer legítimamente, en tiempo, el proceso. Así, Santoro Passarelli establece la diferencia de caducidad respecto a la prescripción, de siguiente forma: “A nuestro entender, la razón y el fundamento de la caducidad difieren de los de la prescripción en que la caducidad no depende, como la prescripción, del hecho subjetivo de la inercia del titular del derecho durante cierto tiempo, sino exclusivamente del hecho objetivo de la falta de ejercicio del derecho en el tiempo establecido, y en que se inspira no ya en la existencia de conformar la situación de derecho a la situación de hecho que dura un cierto tiempo considerado suficiente, a este propósito, por la ley, sino más bien en la de limitar en el tiempo el ejercicio de un derecho (…) cuando el diligente ejercicio del mismo se estima conveniente para un interés individual o superior” (lo resaltado no corresponde al original, SANTORO PASARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 135).-

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el presente caso, del análisis de las manifestaciones contenidas en los escritos de demanda, así como las pretensiones de cada acción, resulta evidente que la pretensión principal del proceso es la impugnación del Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET denominado “Reglamento para quemas agrícolas controladas” y de sus efectos continuados para la zona norte de la ciudad de Puntarenas por no contar de previo con un permiso del Ministerio de Salud, un estudio de impacto ambiental del MINAET vinculantes, que garanticen conjuntamente la salud de los puntarenenses y su Derecho a un ambiente sano y equilibrado, siendo que solicita se declare su ilegalidad e ineficacia del decreto mencionado. Es decir, claramente el accionante solicita la revisión de legalidad de este decreto ejecutivo 35368 y en consecuencia -de manera accesoria-, solicita la condenatoria de daños, perjuicios, costas y en los expedientes 20-1726-1027-CA y 20-1725-1027-CA, adicionalmente, pretende que no se otorguen más permisos de quemas en la zona norte de la ciudad de Puntarenas.

No comparte esta Juzgadora la tesis de quienes accionan y sostienen que el decreto impugnado es un acto de efectos continuados, tómese en cuenta que el acto de alcance general está siendo impugnado de manera directa, por considerarlo nulo de forma íntegra y no cabe aplicar el supuesto de efectos continuados estipulado en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en esta línea de pensamiento, véase la resolución 00027-F-S1-2018 de las once horas del dieciocho de enero de dos mil dieciocho de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia cuando dispuso: "Evidentemente, no aplica a la especie el supuesto señalado por el canon 40 del CPCA, -posibilidad permanente de impugnación mientras subsista su efecto continuado-, pues en criterio de esta Sala, no se está ante un supuesto de efectos continuados, sino directo o inmediato. Ello, por cuanto, los actos de alcance general no surten efectos continuados.

Por esa razón, para los Reglamentos existe norma especial que obliga a acometer contra aquellos, dentro del año de su publicación. Tal aserto es desde todo punto de vista lógico, pues si se llegara a interpretar, que los Reglamentos pueden ser impugnados directamente en cualquier tiempo, es claro, ningún sentido tendría la norma que permite combatir actos de aplicación individual con fundamento en la ilegalidad de las normas generales que los fundamentan (39.3 CPCA)". De manera que el cómputo del plazo de la caducidad para el caso concreto, conforme a los artículos 37 inciso 1 y 39 inciso 1 subinciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia el día siguiente de la única o última publicación del decreto que se solicita revisión de legalidad, el cual fue publicado en La Gaceta No. 147 en fecha 30 de junio de 2009 (ver prueba aportada por la representación del Estado en imágenes 108 a 111 del expediente judicial 19-002777-1027-CA y en los demás procesos, así como la información que consta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica de este decreto).

Por lo que a partir de dicha fecha se tenía abierta la posibilidad de instar el aparato jurisdiccional para impugnar de forma directa, es decir, solicitar la revisión del acto de alcance general; además, es importante apuntar que una de las características de la Caducidad es que no se interrumpe, de modo que inicia el cómputo el día siguiente de la publicación y transcurre hasta cumplirse el año. En la especie, la parte actora entabla un proceso de plena jurisdicción y no, un proceso puro civil de hacienda, deduciendo como pretensión principal, reitero, "se declare la ilegalidad e ineficacia del Decreto Nº35368-MAG-S-MINAET denominado “Reglamento para quemas agrícolas controladas” y de sus efectos continuados para la zona norte de la ciudad de Puntarenas por no contar de previo con un permiso del Ministerio de Salud, un estudio de impacto ambiental del MINAET vinculantes...", con pretensiones accesorias de reconocimiento de daños y perjuicios por autorizar las quemas en virtud del decreto impugnado, además, en los expedientes 20-1726-1027-CA y 20-1725-1027-CA, pretende que no se otorguen más permisos de quemas en la zona norte de la ciudad de Puntarenas -tal como fue planteada en las acciones-, sin embargo, es hasta en fecha 12 de abril de 2019 (ver imagen 2 del expediente 19-2777-1027-CA y 19-2776-1027-CA), 25 de marzo de 2019 (expediente 19-2530-1027-CA), 1 de marzo de 2020 (expediente 20-1364-1027-CA), 28 de febrero de 2020 (expediente 20-1358-1027-CA), 2 de marzo de 2020 (expediente 20-1369-1027-CA y 20-1367-1027-CA), 17 de marzo de 2020 (expediente 20-1725-1027-CA y 20-1726-1027-CA), que se interponen las acciones, superando evidente y manifiestamente -en todos los casos- el plazo que establece el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, habiendo operado por ende, el plazo de la caducidad.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37.1, 39 y 62 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las demandas resultan inadmisibles. Se ordena el archivo de la carpeta y de la medida cautelar que se tramita bajo el legajo 20-001369-1027-CA, por resultar accesorio al proceso principal.-

POR TANTO

Se declara la inadmisibilidad de la acción por haber operado el plazo de caducidad previsto en el numeral 37.1 y 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se ordena el archivo de la carpeta y de la medida cautelar que se tramita bajo el legajo 20-001369-1027-CA, por resultar accesorio al proceso principal. Notifíquese.- Ana Katarina Apú Hidalgo, Jueza.- *Q0EJIKL8R5461*

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