← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00015-2021 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 01/02/2021
OutcomeResultado
The lawsuit is dismissed in its entirety; the annulment of the closure acts and the liability of the State and officials are rejected, with costs imposed on the plaintiff.Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, se rechaza la nulidad de los actos de clausura y la responsabilidad del Estado y funcionarios, imponiendo costas a la actora.
SummaryResumen
The company PRODECA, engaged in processing animal waste into meal, was closed by the Ministry of Health in July 2011 after numerous community complaints and findings of serious non-compliance regarding foul odors and wastewater treatment. The company challenged the closure acts, alleging a de facto route, lack of due process, absence of technical basis, and unreasonableness, and claimed damages against the State and several officials. The Administrative Litigation Tribunal, Section V, dismissed the lawsuit. It found that the challenged administrative acts had valid factual grounds based on direct observations, technical reports, and public faith; that due process was respected by allowing administrative and judicial appeals; and that the measure was proportionate and necessary given the threat to the environment and public health. It emphasized the primacy of public interest and the precautionary and preventive principles, holding that the administrative conduct was lawful and not arbitrary. Consequently, all claims for nullity, indemnification, and joint liability were rejected, with costs imposed on the plaintiff.La empresa Proteínas de Centroamérica S.A. (PRODECA), dedicada al procesamiento de desechos animales para producir harina, fue clausurada por el Ministerio de Salud en julio de 2011, tras múltiples denuncias comunitarias y verificaciones de incumplimientos graves en materia de olores nauseabundos y tratamiento de aguas residuales. La empresa impugnó los actos de clausura, alegando vía de hecho, falta de debido proceso, carencia de fundamento técnico e irrazonabilidad, y reclamó daños y perjuicios contra el Estado y varios funcionarios. El Tribunal Contencioso Administrativo Sección V desestimó la demanda. Determinó que los actos administrativos impugnados contaban con motivos fácticos válidos basados en constataciones directas, informes técnicos y fe pública, que se respetó el debido proceso al permitirse los recursos administrativos y judiciales, y que la medida era proporcionada y necesaria ante la amenaza al ambiente y la salud pública. Subrayó la primacía del interés público y los principios precautorio y preventivo, y consideró que la conducta administrativa fue legítima y no arbitraria. En consecuencia, se rechazaron todas las pretensiones de nulidad, indemnización y responsabilidad solidaria, imponiendo costas a la actora.
Key excerptExtracto clave
It is evident that the company seeks to set aside all these aspects by introducing a technical discussion of a chemical nature through assessment, measurement, and gas analysis; however, it cannot be overlooked that the origin of the complaints that prompted the intervention of the Ministry of Health was the discomfort caused to neighbors and adjoining companies of the plaintiff company due to the generation of foul odors and the effects this produced on people. There were many complaints and many studies, inspections, and reports attesting to this situation, which cannot be ignored [...] Third, from a comprehensive perspective, as indicated, we are facing a community environmental conflict, which cannot be ignored and which justifies the action of the administrative apparatus challenged in this venue. Article 50 of the Magna Carta contains an inexorable mandate of protection, and the application derived from Articles 4, 293, 297, 302, 304 of the General Health Law and Article 132 of the Wildlife Conservation Law constitute the legal framework on which the Administration based its actions, which the plaintiff seeks to annul. At the time of carrying out the actions challenged here, the Ministry of Health was faced with a legal interest of preeminence and preference, which, based on principles such as the precautionary principle, the preventive principle, the State's duty to protect environmental law, and sustainability, must yield the particular interest. Thus, the protection of health and the environment takes on paramount importance in the face of certain or even eventual threats that could affect the environment and human beings, which advises that, by virtue of the precautionary principle, the corresponding measures be taken, however extreme or drastic they may be, without prejudice to subsequent review in both administrative and judicial venues [...]Resulta evidente que la empresa pretende dejar de lado todos estos aspectos al introducir una discusión técnica de naturaleza química mediante valoración, medición y análisis de gases, sin embargo, no se puede soslayar que el origen de las denuncias que propiciaron la intervención del Ministerio de Salud, fueron las molestias causadas a los vecinos y empresas colindantes de la empresa actora por la generación de malos olores y los efectos que ello producía en las personas. Fueron muchas las denuncias y muchos los estudios, inspecciones y actas levantadas que dan cuenta de esa situación, que no puede ser obviada [...] En tercer lugar, para el Tribunal, desde una perspectiva integral, como se indicó, nos encontramos frente a un conflicto de naturaleza ambiental comunitaria, que no puede ser obviado y que justifica la actuación del aparato administrativo que se cuestiona en esta sede. El canon 50 de la Carta Magna contiene un mandato de protección inexorable, así como la aplicación derivada de los numerales 4, 293, 297, 302, 304 de la ley General de Salud y artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, resultan ser el marco legal en el que la Administración fundó sus actuaciones, de las que requiere la nulidad la accionante. Al momento de desplegar su actividad cuestionada en esta sede, el Ministerio de Salud tenía al frente un bien jurídico de preeminencia y preferencia, que basado en principios como el precautorio, preventivo, tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, sostenibilidad, debía ceder al interés particular. Así las cosas, la protección de la salud y el medio ambiente, cobran una importancia capital ante amenazas ciertas o incluso eventuales que podrían afectar el ambiente y a los seres humanos, lo que aconseja que en virtud del principio precautorio se tomen las medidas correspondientes, aún por extremas o drásticas que puedan resultar, sin perjuicio del control posterior que se realice tanto en la vía administrativa como judicial [...]
Pull quotesCitas destacadas
"nos encontramos frente a un conflicto de naturaleza ambiental comunitaria, que no puede ser obviado y que justifica la actuación del aparato administrativo que se cuestiona en esta sede."
"we are facing a community environmental conflict, which cannot be ignored and which justifies the action of the administrative apparatus challenged in this venue."
Considerando VI
"nos encontramos frente a un conflicto de naturaleza ambiental comunitaria, que no puede ser obviado y que justifica la actuación del aparato administrativo que se cuestiona en esta sede."
Considerando VI
"Al momento de desplegar su actividad cuestionada en esta sede, el Ministerio de Salud tenía al frente un bien jurídico de preeminencia y preferencia, que basado en principios como el precautorio, preventivo, tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, sostenibilidad, debía ceder al interés particular."
"At the time of carrying out the actions challenged here, the Ministry of Health was faced with a legal interest of preeminence and preference, which, based on principles such as the precautionary principle, the preventive principle, the State's duty to protect environmental law, and sustainability, must yield the particular interest."
Considerando VI
"Al momento de desplegar su actividad cuestionada en esta sede, el Ministerio de Salud tenía al frente un bien jurídico de preeminencia y preferencia, que basado en principios como el precautorio, preventivo, tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, sostenibilidad, debía ceder al interés particular."
Considerando VI
"la protección de la salud y el medio ambiente, cobran una importancia capital ante amenazas ciertas o incluso eventuales que podrían afectar el ambiente y a los seres humanos, lo que aconseja que en virtud del principio precautorio se tomen las medidas correspondientes, aún por extremas o drásticas que puedan resultar."
"the protection of health and the environment takes on paramount importance in the face of certain or even eventual threats that could affect the environment and human beings, which advises that, by virtue of the precautionary principle, the corresponding measures be taken, however extreme or drastic they may be."
Considerando VI
"la protección de la salud y el medio ambiente, cobran una importancia capital ante amenazas ciertas o incluso eventuales que podrían afectar el ambiente y a los seres humanos, lo que aconseja que en virtud del principio precautorio se tomen las medidas correspondientes, aún por extremas o drásticas que puedan resultar."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Content of Interest:
Type of content: Majority Vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Administrative Conduct Subtopics:
Validity of the closure order against a company engaged in animal waste processing causing a serious risk to human health and environmental protection. Elements of validity of the administrative act.
"IV.- Subject matter of the proceeding: We are faced with a full jurisdiction proceeding, through which not only a declaration of invalidity of the administrative conduct is sought, but also damages and losses are claimed, not only against the State, but jointly and severally against the officials who participated in the mentioned conduct [...]
The manner in which the action is directed and filed requires three different analyses to be carried out: the first regarding the invalidity of the contested conduct, pertaining to the nullity regime of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); and another regarding liability, also regulated in the same mentioned regulatory body. However, given that it involves the State and officials acting in their personal capacity, the analysis of their liability, although claimed jointly and severally, must be viewed in light of two distinct schemes. The first is the objective liability of the Administration, and the second is subjective liability, which are comprised of different elements and specific rules. To address the analysis of this case as accurately as possible, it shall be divided into three parts [...]
The Tribunal's Criterion [...] the administrative act (acto administrativo) shall be valid when its elements are substantially in conformity with the legal system, so to examine said validity, clarity is required regarding the elements that comprise it. Said components of the act have been subdivided into material or objective elements such as the grounds (motivo), the content (contenido), and the purpose (fin). Among the subjective elements, we have the procedure (procedimiento), the subject (sujeto), and the form (forma). As defined by the General Law of Public Administration, the grounds (motivo) constitute the factual background that triggers the administrative action. It corresponds to the operative facts of the administrative act (acto administrativo) and justifies the issuance of the administrative act (acto administrativo) as a unilateral manifestation of the Administration's will capable of producing legal effects, imposing obligations, or granting rights.
The foregoing is what Canon 133 of the LGAP stipulates. The content (contenido) of the act consists of what the Administration provides, commands, or orders, which is regulated in Article 132 LGAP. For its part, the purpose (fin) always specifically consists of satisfying the public interest that is under the charge of the body or entity in the exercise of a specific competence, in accordance with Numeral 131 LGAP. Regarding the subjective elements of the act, one finds the subject (sujeto), which corresponds to who issues the act, for which they must have investiture, competence, and ownership. On the other hand, the Procedure (Procedimiento) is defined as the obligation of the Public Administration to follow a procedural channel or iter (iter procedimental), understood as a concatenated series of actions prior to the issuance of the administrative act (acto administrativo) aimed at a purpose, whose most important object, as stipulated in Article 214.2 of the General Law of Public Administration, is the search for the material truth.
The last formal element of the administrative act (acto administrativo) is the form (forma), which is the manner in which the administrative act (acto administrativo) is externalized or manifested. Deriving from this formal element is the Administration's obligation to adequately justify its decisions, through the statement of reasons (motivación) for its acts, insofar as the statement of reasons (motivación) means the explanation, substantiation, or justification that the Administration provides when issuing an administrative act (acto administrativo) [...]
The following non-compliances in health and environmental matters therefore emerge: the plaintiff discharged the waters from the treatment plant into an irrigation canal, which was not authorized. The operational discharge reports did not comply with the maximum parameters established in Article 32 of Decree 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales" (Regulation for Discharge and Reuse of Wastewater), since the waters of that canal are used for irrigation and as a livestock watering hole. There was poor handling of raw materials within the establishment. The wastewater treatment plant, on the date the inspection was conducted, was not functioning; it was also observed in a state of abandonment, with accumulation of water and grease, which increases the concentration of foul odors in the surrounding environment. The wastewater from the operation of the PRODECA company, when the inspection was conducted, was being sent to the treatment plant of the PROAVE company in tanker trucks.
To proceed in this manner, authorization from the Ministry of Health is required, which was not available at that time. Thus, the report, as an administrative act (acto administrativo), contained sufficient factual elements to be rendered, which obviously gave it validity. The foregoing also rules out, as already mentioned, not only the existence of a de facto proceeding or material action (vía de hecho o actuación material), but also excludes the existence of arbitrary conduct, as alleged [...]
It is evident that the company intends to set aside all these aspects by introducing a technical discussion of a chemical nature through the assessment, measurement, and analysis of gases; however, it cannot be ignored that the origin of the complaints that prompted the intervention of the Ministry of Health were the nuisances caused to neighbors and companies adjacent to the plaintiff company by the generation of foul odors and the effects this produced on people. There were many complaints and many studies, inspections, and reports drawn up that account for this situation, which cannot be overlooked [...]
Thirdly, for the Tribunal, from a comprehensive perspective, as indicated, we are faced with a conflict of a community environmental nature, which cannot be ignored and which justifies the action of the administrative apparatus that is being challenged in this venue. Canon 50 of the Magna Carta contains an inexorable protection mandate, along with the application derived from Numerals 4, 293, 297, 302, 304 of the General Health Law and Article 132 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), which constitute the legal framework on which the Administration based its actions, the nullity of which is sought by the plaintiff. At the time of deploying its activity challenged in this venue, the Ministry of Health had before it a legal right of preeminence and preference, which, based on principles such as the precautionary principle, the preventive principle, the State's duty of environmental law tutelage, and sustainability, had to override the private interest.
Thus, the protection of health and the environment assumes capital importance in the face of certain or even potential threats that could affect the environment and human beings, which advises that, by virtue of the precautionary principle, the corresponding measures be taken, however extreme or drastic they may be, without prejudice to the subsequent review carried out both in administrative and judicial channels [...]
For all the foregoing, the Tribunal dismisses, as grounds for invalidity of the challenged administrative acts (actos administrativos), the existence of a de facto proceeding or a material action (vía de hecho o una actuación material). Nor has a violation of due process or defenselessness occurred. Much less is it found that there could be arbitrary conduct or conduct deviating from its purposes. As mentioned when reviewing the petitions for revocation and appeal filed by the plaintiff, it had the possibility of appealing the administrative conduct of the closure [...]".
... See more Citations of Legislation and Doctrine That hearing was suspended again so that the parties could address the amplification of facts and claims that had been filed (images 710 and 778 of the PDF file generated by the virtual desktop).
Drafted by Judge Mena García, with the affirmative vote of Judge Sánchez Navarro and Judge Giusti Soto; and,
Considering
I.Proven facts (useful for the resolution of this ruling):
It was verified that the raw material (decomposing meat and bones) is burned at high temperatures, producing odors incompatible with good air quality." (folios 970 to 976 of the administrative file);
That same day, July 6, 2011, the Director of the Health Governing Area of Alajuela 2 of the Ministry of Health filed a complaint with the Adjunta Prosecutor's Office of the Public Ministry of Alajuela for contempt and disobedience to Authority, because the company Nombre113797 continued working, despite the closure order and placement of seals (folios 516 to 519 of the administrative file);
18.6.- On the exterior of the production plant, in the eastern sector, Nombre113797 rented a warehouse where it stores raw material for reprocessing, contained in uncovered drums, producing unpleasant odors; spills are observed on the floor and there are no physical-sanitary conditions for storing these by-products. ( ... ). This warehouse for storing this type of materials must meet conditions such as: a spill collection system, a system for retaining foul odors, management of liquid waste and wash water. For the foregoing, this warehouse must be closed immediately, ( ... ). 18.9.- It is important to insist that the degree of freshness of the raw material is fundamental to partly avoid the generation of odors. Refrigerated transport of waste to the processing plant, originating from distant sites, is essential to prevent the decomposition of proteins and the formation of substances that generate foul odors. The recommendation is not to process waste with periods greater than 24 hours of being stored at room temperature. [...]." (folios 165 to 172 of the administrative file);
III.Arguments of the parties. The plaintiff company maintains that its commercial activity corresponds to the processing of animal waste not for human consumption, to produce meal for animal feed. The production of meal allows for the processing of waste and its elimination from the environment. Otherwise, it says, thousands of tons of animal waste would have to go to dumps with the evident environmental damage that this would cause. It indicates that the company is located in Llanos de la Garita de Alajuela, in an Industrial Zone according to the Plan Regulador del Cantón de Alajuela. It mentions that the Ministry of Health, Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, issued report CN-URS-117-2011 on March 4, 2011, through which it recommended closing the company. It accuses that the closure was recommended without carrying out any technical study or following due legal process, without giving any reasonable period to comply with some recommendations, nor was a Sanitary Order issued with any date for compliance with some recommendations.
It refers that the basis of the study was the sense of smell of inspector Wilberth Vásquez, who recommended the closure of the company, despite it being based on a very serious error committed because he confused the regulated values for emissions with the regulated values for immissions. For this reason, he concluded that the company did not comply with the standard of eliminating 98% of emissions. It maintains that at the time of decreeing the closure, the company had already complied with several previous recommendations and was operating normally. It points out that the company appealed the closure order before the Ministra de Salud, who was not aware of that favorable inspection at the time of rejecting the appeal filed against the Closure Orders because that report was hidden from the file and never reached the Ministra. It adds that after the closure was carried out, the Área Rectora de Salud Alajuela 2 has refused to carry out the inspection to verify compliance with the original measures ordered, despite the fact that at its request, through a motion for review filed on August 4, 2011, the Departamento Legal of the Ministry of Health requested it on two occasions: DAJ- UGJJ-1799-11 and DAJ-UGJ-J-890-11, whose dates for carrying out the inspection and submitting the reports have already expired.
It argues that it demonstrated to the Ministry of Health that the company was working well, and that it also sent operational reports, boiler operation reports, immission and emission studies, all endorsed by the Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica, whose results were correct, within the permitted limits, and carried out through isokinetic sampling of total suspended particles and sulfur dioxide and measurement of combustion gases by the electrometric method. In summary, it affirms that from a technical analysis, they obtained a precise result of what was being emitted by the boilers and by the odor removal system, unlike what was done, they say, by official Wilberth Vásquez who limited himself to perceiving odors on site and concluding that there was contamination without having done any technical study. It maintains that to date, the Ministry of Health has refused to carry out new inspections at the company to order the reopening, has refused to reopen the company, and kept it closed from July 7, 2011, until July 21, 2011.
It reproaches that none of the challenged resolutions are based on evidence, technical evidence, and none are reasoned, nor did they consider the evidence provided and the proven compliance. It denounces that the Ministry of Health never issued it a sanitary order, nor orders, nor previous recommendations, nor did it grant any period to comply with any mitigation or correction measure. It affirms that no due legal process was ever completed prior to the closure; rather, it points out that the closure recommendation was simply, they say, issued by official Wilberth Vásquez and that recommendation was accepted by Doctora Karina Garita Montoya, Directora de la Región Central Norte, and Ronald Mora Director Regional. They point out that despite the error committed by Wilberth Vásquez acknowledged before the Contencioso Administrativo judge. It adds, furthermore, that the challenged official communications and resolutions that ordered the closure of the Prodeca factory have their origin in a report without technical and legal basis made by chemist Wilberth Vásquez.
They mention that Official Communication CN-URS-117-2011 of March 4, 2011, Inspection Report carried out at the Prodeca Industry, signed by Wilberth Vásquez, Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, Ministry of Health, recommended closing the company. They point out that Mr. Vásquez appeared at the company to carry out an inspection, without taking samples or performing any scientific or technical test or study. Without doing anything, he proceeded to state the supposed non-compliances that he perceived at the company. They also affirm that this report, which is the basis of all the other challenged official communications and resolutions, has a very serious error committed by Mr. Wilberth, because he confused the regulated values for emissions with the regulated values for immissions. For this reason, he concluded that the company did not comply with the standard of eliminating 98% of emissions.
They add that the lack of precision and the lack of evidence and technical studies to indicate the faults he stated, confused the concepts of immission and emission. They affirm that official Wilberth Vásquez Bustos accepted this when appearing as a witness at the hearing held on August 31, 2011, to determine the propriety of the precautionary measure. They insist that the Engineer acknowledged the enormous flaw into which he led the Ministry of Health and described it as a "small flaw." They refer that the Área Rectora de Salud de Alajuela 2, through official communication CN-ARS-A2-247-11 of March 14, 2011, confirms the closure and points out that it will place the seals in two days, all based on the erroneous and evidence-free report of Engineer Vásquez. They note that through resolution DRCN-J-894-2011 of March 23, 2011, of the Ministry of Health, Región Central Norte, signed by Dra. Karina Garita Montoya, the motion for revocation filed against the closure was rejected, and reference is made to the report issued by Wilberth Vásquez.
It reproaches that this resolution has no basis beyond what the inspector pointed out; they affirm that the arguments set forth in the filed motion were not analyzed, nor is the refusal to grant a period to execute the recommendations substantiated. For this reason, they indicate that a gross violation of due legal process was committed. They accuse that the Ministry of Health rushed to close the company, but never opened a formal prior proceeding in which it made charges against the company and allowed its defense. They add that the Ministry of Health issued a duly reasoned act based on technical and scientific reports by which dates would have been set to make modifications or some changes in the company's operation. They argue that if they had opened the legal proceeding, the Ministry of Health would have at least been able to analyze whether or not the closure of the company was appropriate or, well, determine if at the time the appeal is rejected there was still merit, in view of the fact that, according to the plaintiff company's statement, it had immediately complied with the recommendations and proceeded to make the ordered corrections months before.
It cites constitutional jurisprudence on the right to due process to this effect. They reiterate that in its case, due legal process was not followed, nor was any hearing granted, nor was a Sanitary Order issued, nor was a period granted to comply with some recommendations, but rather the company was sanctioned first and then the Ministry of Health avoided any inspection to keep it closed. It indicates that proof of this is that on August 31, 2011, when the Judge reviewed each point of the initial official communication with the person who signed it, Mr. Wilberth Vásquez, the judge concluded that the company was not polluting and it was appropriate to revoke the closure order. It notes that the Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, Nº 34728-S, clearly indicates that the Sanitary Order constitutes the administrative act that initiates due legal process.
It affirms that the absence of a prior sanitary order before the company's closure is clearly a violation of the right to a due legal process declared and recognized by the Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, No. 34728-S, article 2. It argues that in the Sanitary Order, according to the definition of that regulation, a period to comply will always be established, in the company's closure order. They also mention that there was neither a Sanitary Order nor was there a period to comply. They point out that the plaintiff company has its up-to-date and valid sanitary operating permit, which is why the immediate closure of the company was not justified, since it was not carrying out an activity different from the one it was authorized for. It argues that there is no provision in the regulation that allows the Ministry of Health to deny a permit, cancel an operating permit, or close an establishment, without the issuance of a prior Sanitary Order.
It cites article 58 of the Regulation to this effect. It reviews jurisprudence of the Sala Constitucional on the subject of the Sanitary Order. It insists that in its case, there is no Sanitary Order, nor technical studies, nor of any other type that support the untimely and arbitrary closure order issued by Doctora Karina Garita Montoya and by Ronald Mora. They also affirm that the company's right to a due legal process has not been respected, and without a Sanitary Order, the company should never have been closed, since this is only the initial act that establishes a period to comply with any corrective measure. It considers that the motions for revocation with appeal filed against the closure act should not have been rejected, without having considered the technical studies that they did present before the Ministry. They note that the Ministry rejected the motions, the studies on the operation of the boilers and the emission and immission reports prepared by Laboratorios Gaia and endorsed by the Colegio de Químicos de Costa Rica that were provided, and closed the company without having as a basis and support a single technical study.
They also refer that the Ministry of Health did not need to close the company for it to carry out the required corrections. In its opinion, the Administration opted for the most harmful and unfavorable solution for the company. They indicate that the closure of the company was not a reasonable measure, since other options existed; as the measure was unreasonable, it was unnecessary and disproportionate as declared by the Sala Constitucional. It warns that none of the resolutions indicated that there was a non-compliance so serious that it required the application of the most serious and harmful sanction or measure for the company. In its assessment, there never was a duly substantiated closure order. They accuse that said closure derives from a report by a Chemist, who has endeavored to get the company closed, but not to carry out re-inspections to authorize its reopening. They refer that according to Regulation No. 30221-S on Immissions, articles 6 and 7 oblige the Ministry of Health to carry out sampling following certain technical rules established therein.
It accuses that the closure acts are superficial, citing only the report by Wilberth Vásquez Bustos as a basis, without any additional technical investigation, and without considering the results of the reports on the company's emissions and immissions. But that report, they insist, is based on a very serious error committed by Wilberth Vázquez, and acknowledged, they affirm, by him since July 5, 2011, and he acknowledged it again on August 31, 2011, before the Judge in the oral hearing of the precautionary measure, without having amended his error to date. They reiterate that if the Sanitary Order had been issued, it would not have immediately led to the unreasonable measure of closing the company, since the reasonable thing would have been to wait within a prudential period for the execution of the recommendations. In their judgment, it was not necessary to close the company for compliance with any type of corrective measures.
They also consider that if the Ministry considered that some function had to be corrected first, it could have ordered it as the judge did when setting a counter-security when resolving the precautionary measure; this is sufficient to demonstrate the options the Ministry of Health had, however it opted for the most burdensome one, the closure, which in reality was unnecessary, which implies, in their opinion, a clear violation of article 16 of the Ley General de la Administración Pública which prevents the Administration from issuing acts contrary to the rules of science and technique or to the norms of logic or convenience.
Consequently, they affirm that it is indisputable that a procedure was never opened to allow the company to defend itself, a Sanitary Order (Orden Sanitaria) was never issued, instructions were never given to the company nor were deadlines granted to comply with them, and the decision to close the company was never substantiated. They describe the act as enormously arbitrary and illegal, as well as an abuse of power by officials of the Ministry of Health. They also maintain that by departing from the Regulation (Reglamento) and the law, the Ministry of Health issued an absolutely null act, as it is inconsistent with the legal system and not based on any technical study, in addition to being unreasonable and disproportionate. They mention that in their case, for the reasons stated, the closure (clausura) act is absolutely null, departs from technical and scientific rules, no sanitary order existed, and therefore it departs from the legal system and is inconsistent with it.
Within this process, the plaintiff twice expanded upon the facts and claims. The first was on March 24, 2013, in which it indicated that, in accordance with judgment 199-2012 of 4:45 p.m. on March 30, 2012, of the Court of Appeals, the Ministry of Health was required to maintain an authorized third party to receive the plaintiff company's wastewater. It accuses that in open contempt of said judgment, the Ministry of Health, through the sued officials Karina Garita, Wilberth Vásquez, and Ronald Mora, ordered Nombre5928 not to receive water from third parties, without telling the plaintiff where it could continue treating its water. It maintains that this closure ordered against the company Nombre5928 is illegal because the requested requirements already existed and because it implied an indirect closure of the plaintiff company. Furthermore, it mentions that as of November 20, 2012, it had nowhere to treat the wastewater, and by order of the Court it was prevented from accumulating it on-site or discharging it untreated into the Siquiares River, so it had to close.
It maintains that these events were immediately reported to the Court, and therefore, by resolution at seven fifty on November 26, it granted the Ministry of Health, specifically Dr. Karina Garita, a deadline to indicate to the company where it should discharge the wastewater. At the same time, it states that the previously indicated deadline expired without Dr. Garita informing the Court or Prodeca where it could continue treating the wastewater. It maintains that the company closed and to date has been unable to restart operations, as it lost its clients, which prevents it from generating money to rehire employees and meet its debts. It also mentions that the court held Karina Garita responsible for contempt of its resolution and imposed a fine on her, through resolution No. 126-2013 issued by the Enforcement Judge. Subsequently, in the second expansion of claims and facts, the plaintiff requested to modify the thirteenth fact of the previously submitted expansion, indicating that in open contempt of said final judgment, the Ministry of Health, through the sued officials Karina Garita, Wilberth Vásquez, and Ronald Mora, ordered Nombre5928 not to receive water from third parties.
Additionally, it breached the court order to tell Nombre113797 where it could continue treating its water, breaching the granted precautionary measure (medida cautelar), which caused the indirect closure of Nombre113797. The Legal Directorate of the Ministry of Health, in official communication DAJ-UGJ-RC-2477-12, informed them that it had recommended that Dr. Garita partially revoke the closure order for Nombre5928 to comply with the court order. But neither Dr. Garita nor the Ministry of Health notified them of anything.
For its part, the State considers that the plaintiff company questions a series of acts by the Ministry of Health that culminated in the closure of the plant operating in Los Llanos del Coyol in La Garita de Alajuela. It maintains that the processing plant owned by the plaintiff company does not comply with the necessary and adequate sanitary and environmental protection measures, so the conduct of the Ministry of Health authorities, which culminated in the closure of the plant owned by the plaintiff company, is entirely lawful. It refers to the fact that, according to Article 50 of the Political Constitution, everyone has the right to a healthy and ecologically balanced environment, as the protection of this right is one of the factors that guarantee the exercise of the right to health, derived from the right to life. Correlative to these rights, the same constitutional Article 50 entrusts the State with the duty to ensure their protection and conservation, through the mechanisms that the law makes available to it, and orders it the duty to adopt the corresponding measures and impose the corresponding sanctions.
It further maintains that the General Health Law and the Organic Law of the Ministry of Health empower the Ministry of Health to adopt general or individual measures and provisions that ensure the application and compliance with health standards, as well as the protection of the environment. It mentions that Article 2 of the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, establishes that it is an essential function of the State to ensure the health of the population, then citing a series of articles from that regulatory body (Articles 4, 293, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304). Correlatively, it says, health authorities are granted sufficient power to close those industries that fail to comply with the obligations or prohibitions in question. It also cites Article 128 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992. It points out that in the case at hand, in response to complaints filed by the "Asociación Conservacionista de los ríos y ambiente de Ciruelas de Alajuela" and the "Asociación de Desarrollo Integral" of the same location, as well as some business owners and neighbors adjacent to the PRODECA company facilities, the Ministry of Health conducted an inspection of the company's facilities and, through official communication No. CN-URS-117-2011 of March 4, 2011, the Director of the Alajuela Health Governing Area ordered the closure of the plaintiff's activity, having determined non-compliance with a series of structural and sanitary requirements that must be corrected.
It specifies that the plant owned by the plaintiff, among other deficiencies, has an odor emission control system that does not achieve the required efficiency to retain the bad odors produced by the processing of meat waste, being unable to avoid the discomfort and annoyance to the affected neighbors; and it also lacks a wastewater treatment plant that complies with the authorization of the Ministry of Health and SETENA. It adds that the operation of the processing plant owned by the plaintiff company endangers the health, not only of its employees, but also of the neighbors and people working in nearby companies, due to the environmental contamination it generates. It also affirms that it is clear that the actions of the Ministry of Health authorities that have culminated in the closure of the plaintiff company are entirely lawful. It warns that in health matters, the precautionary principle applies; that is, given the indication of risk situations to health or the environment, the authorities are empowered to adopt the sanitary orders they deem appropriate, citing an excerpt from a judgment of the Constitutional Chamber on the subject (2000-1624, of 12:26 p.m. on February 18, 2000).
It asks to take into account that the closure of the plaintiff company's processing plant has been ordered not only by health authorities, but also by Nombre113801 (resolution number 1164-2011-SETENA, of 8:50 a.m. on May 26, 2011). In both cases, it says, the closure ordered by the Ministry of Health and by Nombre113801 is not definitive, but rather as long as the company complies with what is requested and demonstrates the correct operation of the project in all its components. Furthermore, it maintains, it is not true that the closure order is an unnecessary and unfounded measure. It affirms that, in multiple reports, the Ministry of Health and even SETENA have recorded that the company's wastewater treatment plant is not operational, as it was observed in a state of abandonment, with accumulation of water and grease. As it explains, for a long time the company used an irrigation canal to discharge supposedly treated water, as well as the stormwater canal that runs parallel to the road in front of the company, which, it maintains, cannot be permitted from any point of view.
In the same vein, it now says, the authorization to treat water at another company that has a treatment plant can only be temporary, as otherwise the cited numeral 128 of the Wildlife Conservation Law would be violated. Regarding the odor control system that the plaintiff company has, it maintains that it has been proven insufficient to retain the organic compounds released during the cooking of meat waste, responsible for the bad odor, altering the normal air quality conditions in the surroundings of the company. It also mentions that the odors perceived, as stated by the complaining neighbors and the records of the rural guards in the administrative file, are pestilent, which evinces the deficiencies of the odor control system. It maintains that, as indicated by the Ministry of Health professionals in official communication CN-URS-833-2011 of November 16, 2011, "3.- [ ... ] The physical structure of the odor control system has accessories from different manufacturers; they do not have the declaration from the designer of that equipment, certifying the maximum elimination efficiency of contaminants that produce odors in the waste cooking process.
The vapor condenser, the gas scrubbing tower, the venturi, and the biofilter must have a capacity recognized by the manufacturers for their removal efficiency, chemicals to be used, quantity and concentration thereof, maintenance, useful life of the fillers, etc. The Ministry does not have a file with this type of information that the company must supply. [ ... ]." In summary, in its opinion, the challenged administrative conduct is entirely lawful, and therefore the lawsuit must be rejected.
It argues that at all times, the plaintiff company's guarantee of due process (debido proceso) was respected. It affirms that the plaintiff company's reproaches are not admissible. It also mentions that, as recorded in the administrative file, in response to a complaint filed by the "Asociación Conservacionista de los ríos y ambiente de Ciruelas de Alajuela" and the "Asociación de Desarrollo Integral" of the same location, as well as some business owners and neighbors adjacent to the PRODECA company facilities, the Ministry of Health conducted an inspection of the company's facilities, which verified non-compliance with a series of structural and sanitary requirements that must be corrected. It affirms that it was determined that the plant owned by the plaintiff, among other deficiencies, has an odor emission control system that does not achieve the required efficiency to retain the bad odors produced by the processing of meat waste, being unable to avoid the discomfort and annoyance to the affected neighbors; and it also lacks a wastewater treatment plant that complies with the authorization of the Ministry of Health and SETENA.
It argues that far from correcting the deficiencies noted by the Ministry of Health—and by SETENA—the plaintiff company has limited itself to filing multiple appeals (revocation, appeal, and nullity in the administrative forum), amparo (before the Constitutional Chamber), and ordinary actions (in the Administrative Litigation forum), challenging the decisions of the Ministry of Health authorities. It even, it maintains, disobeyed the closure order in question, tearing off the corresponding seals, which warranted the filing of a criminal complaint that is being heard before the Deputy Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of Alajuela, under file No. 11-4204-0305-PE. It reports that the multiple appeals filed by the plaintiff company in the administrative forum have been rejected as inadmissible, because the plaintiff company, it says, has not disproved the contaminating acts attributed to it, nor has it demonstrated that it has corrected them.
In any case, it points out that the Constitutional Chamber has rejected at least 3 amparo appeals filed by the plaintiff company and some of its employees, in which, among other things, a violation of due process was alleged (resolutions 2011-9367, of 4:57 p.m. on July 19, 2011; 2011-11486, of 11:25 a.m. on August 26, 2011; and 2011-12223, of 10:24 a.m. on September 9, 2011). In this way, the Constitutional Court rejected 3 amparo appeals, having considered environmental contamination produced by the plaintiff company's activity to be proven, despite the warnings issued by the Ministry of Health. Regarding the alleged violation of due process, in the first of the indicated rulings, it points out that the Constitutional Chamber held that it is the resolution that orders the sanitary order, in this case, the closure of the company's activity, which is the initial act from which due process principles must be respected, and not before.
In the case at hand, it repeats, the Ministry of Health authorities have respected the guarantee of due process, in its opinion; what happens is that the company has not managed to disprove the charges made nor adjust its conduct to what is required by the health authorities. It points out that the rulings of the Constitutional Chamber are binding erga omnes, in accordance with the provisions of Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, so it is clear that there is material res judicata regarding the non-violation of the due process guarantee, as said violation was already dismissed by the Chamber.
It maintains that the damages turn out to be non-existent. Without prejudice to the foregoing, the plaintiff seeks to have the defendants ordered to pay damages, which, it affirms, consist of what the company failed to earn while it was closed and what it had to pay, the clients it lost while not operating, the payroll payment, despite not producing, which it estimates at one hundred thirty million sixty-six thousand two hundred six colones, to which it categorically objects, not only, it maintains, because the challenged administrative conduct is entirely lawful, but also because the alleged damages do not exist. Indeed, the plaintiff company, to date, has not ceased its industrial activity, as it disobeyed the sanitary order that ordered its closure, so the alleged damages are not true. It also considers that no evidence has been offered to demonstrate the existence and quantification of the alleged damages, so their rejection is required, as they do not meet the requirements established by numeral 196 of the General Law of Public Administration.
Regarding the first expansion of facts dated March 14, 2013, it explains that the Court of Appeals, through judgment No. 199-2012 of 4:45 p.m. on March 30, 2012, as a counter-security (contracautela) to the precautionary measure granted to the plaintiff company to continue operating its industrial plant, merely ordered the company that it had to eliminate the stagnant water from the treatment plant, while its problems were corrected and it was put into full operation, within the "maximum peremptory period of 90 calendar days." Meanwhile, the Ministry of Health had to indicate which company was able to treat such water. However, the deadline granted by the Court expired on June 30, 2012, without the plaintiff company complying with the prevention to correct the treatment plant problems, which is why it had no other option but to close. This, despite the fact that the enforcement judge, in open opposition to the decision of the Court of Appeals, illegally extended the deadline for the plaintiff company to resolve the treatment plant problems.
It further maintains that, in compliance with the order of the Court of Appeals, the Ministry of Health authorized the plaintiff company to treat its wastewater at the company Tuna Tun Internacional S.A. However, according to report No. CN-URS-1106-2012 of November 6, 2012, despite the fact that since April 2012, a series of reports had been requested from Tuna Tun and the plaintiff company to verify the quality and efficiency of the treatment system for treating special waters, the truth is they did not comply, which forced the Ministry of Health to issue Sanitary Order No. CN-ARS-A2-085-2012 of November 19, 2012, which prohibited it from receiving and treating wastewater from third parties. However, said sanitary order was modified on November 29, allowing Nombre113805 to receive water from the plaintiff company. Likewise, it affirms that regarding the eventual closure, what was indicated in response to fact 12 must be taken into account regarding the plaintiff's lack of ability to correct and put the treatment plant into full operation, the true reason for the cessation of activities.
It states that the resolution cited by the plaintiff company, despite threatening possible sanctions on the Ministry of Health authorities, at no time ordered personal notification of the involved officials. The State was notified of the resolution only on November 26, 2012, that is, barely one day before the prevention ordered by the enforcement judge expired. Moreover, it is true that the Ministry of Health authorities, at the moment they were informed of the enforcement judge's decision, on November 29, 2009, modified the sanitary order in question, allowing the company Nombre113805 to receive and treat the plaintiff company's water. Furthermore, it is by resolution at 7:45 a.m. on December 11, 2012, notified the following day, when the enforcement judge granted the Ministry of Health a 24-hour deadline to notify the plaintiff company that it could treat its water. It maintains that the true cause of the cessation of activities is due to its lack of capacity to install and put into full operation the treatment plant required by law.
It adds that, moreover, it was a unilateral decision by the company, for which the State bears no responsibility. It considers that Dr. Garita, on November 29, 2012, modified sanitary order No. CN-ARS-A2-085-2012, notified that same day, allowing Nombre113805 to receive and treat the plaintiff company's water. Finally, regarding the expansion of the thirteenth fact, presented on April 25, 2012, by the plaintiff, it maintains that in compliance with the order of the Court of Appeals, the Ministry of Health authorized the plaintiff company to treat its wastewater at the company Tuna Tun Internacional S.A. However, it must be considered that the Court of Appeals, through judgment 199-2012 of 4:45 p.m. on March 30, 2012, upon confirming the precautionary measure, imposed a series of counter-securities on the plaintiff, including correcting the treatment plant problems and putting it into full operation, within a maximum peremptory period of 90 calendar days, a deadline that expired at the end of June 2012.
It adds that it is understood that during that 90-day period, the treatment of this waste can be done at a plant belonging to a third party, as authorized by the Ministry of Health. In turn, the Court indicated that within the same 90-day period, the company must install and put into operation the second gas scrubbing system. The foregoing is without prejudice to the powers of the Ministry of Health and of the same jurisdiction, if a change in circumstances required a review of the decision. It was also clear in indicating that if at the end of the indicated period the indicated works are not completed, the precautionary measure ordered here will be lifted. In its opinion, the same Court foresaw that given a change in circumstances, the Ministry of Health was authorized to review the situation. It affirms that this is precisely what happened, because according to report No. CN-URS-1106-2012 of November 6, 2012, despite the fact that since April 2012, a series of reports had been requested from Nombre113805 and the plaintiff company itself to verify the quality and efficiency of the treatment system for treating special waters, the truth is they did not comply, which forced the Ministry of Health to issue Sanitary Order No. CN-ARS-A2-085-2012 of November 19, 2012, which prohibited Nombre113805 from receiving and treating wastewater from third parties.
However, said sanitary order was modified on November 29, 2012, allowing Nombre113805 to receive the plaintiff company's water. Furthermore, it is true that it was the plaintiff company itself that unilaterally decided to cease activity. The foregoing was motivated by its lack of capacity to correct and put into full operation the treatment plant required by law, the true reason for the cessation of activities.
For their part, the sued officials of the Ministry of Health, assisted under the same legal representation, state that the reproaches regarding official communication CN-URS-117-2011 of March 4, 2011, do not conform to the truth, neither concerning the procedure nor, even less, their lack of substantiation. They note that the most serious problem concealed by the lawsuit is that the closure was also due to a serious non-compliance, namely wastewater treatment. They affirm that their actions have fully conformed to the legal system, and among others, with the Principles of Legality and Legal Certainty, Lawfulness of Administrative Acts, and Prohibition of Arbitrariness. They state that the sequence of certain events demonstrates an uncountable number of links in the chain of non-compliance by the plaintiff company, to the detriment of public health, which are long-standing, and will leave no doubt that there is no injury to the legal system in its closure.
They affirm that the plaintiff intends to mislead by reducing the serious case to a problem of confining nauseating odors produced by the activity it carries out, omitting reference to the wastewater treatment, which is of special relevance and seriousness. The "Department of Waters" of the then-called Ministry of Environment and Energy, through official communication # IMN-DA-3650-04 of December 10, 2004, certified that the Siquiares River, located approximately 1500 meters from the property (cadastral map No. A-957-625-2004), is by nature a permanent watercourse and public domain. Being of such nature, the discharge of treated water is permitted. They point out that through official communication # UPC-PCU-002-05 dated February 1, 2005, and signed by the competent official Jacobo Solano, the application for approval of the location of the treatment system with discharge into the Siquiares River was approved.
The "Approval" (Visto Bueno), taking into account the content of the identified official communication, was granted subject to the plaintiff presenting the construction plans. The construction plans for the treatment plant were approved with an effluent into the Siquiares River with piping of the wastewater from the treatment plant to the discharge point, which, they affirm, the company has not complied with. They indicate that it has also infringed Resolution No. 1164-2011-Nombre113801, in which the project description of Proteínas de Centroamérica S.A. is recorded. The project description itself indicates that "the process wastewater will be treated by a treatment plant." They stress that Nombre113801 has also concurred with the actions of the Ministry of Health. This is aggravated, they affirm, because such condition was an essential element for approving the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project.
Warning that if the plaintiff invokes the agreement with Proave S.A. (Pollos del Rey), which has a treatment plant, the temporary element that any agreement must have should not be forgotten, because if it were permanent, it would constitute a serious violation of Article 128 of the Wildlife Conservation Law, which requires having its own treatment plant. They add that the preceding non-compliance represents, and by itself is sufficient to decree the closure of the plant, and is the odor emission control system, which constitutes a serious risk to health and the environment. They also mention that the pestilent, nauseating odors emanating from the cooking of raw material add to the seriousness of the problem. Furthermore, they maintain that it has been repeatedly verified that it does not comply with the 98% containment obligations. As they explain, the Odor Control System must achieve that percentage of release of contaminating agents, which finds full support in Articles 294, 295, 296, 297, 302, and 304 of the General Health Law, and 6 of the General Law of Public Administration.
They note that the suspension of the company's operations was temporary. They explain that its reopening does not depend on the Administration, but on the faithful compliance by the plaintiff company with what was ordered. They mention that even several months after the closure of operations was ordered, that is on November 16, 2011, Ministry of Health professionals were able to verify the persistence, as they recorded in official communication CN-UR-833-2011 of 11/16/2011. On that occasion, it was determined that "( ... ) The physical structure of the odor control system has accessories from different manufacturers; they do not have the declaration from the designer of that equipment, certifying the maximum elimination efficiency of contaminants that produce odors in the waste cooking process. The vapor condenser, the gas scrubbing tower, the venturi, and the biofilter must have a capacity recognized by the manufacturers for their removal efficiency, chemicals to be used, quantity and concentration thereof, maintenance, useful life of the fillers, etc. The Ministry does not have a file with this type of information that the company must supply." They point out that on Dirección13914, a complaint was received at the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate, filed by residents of Alajuela, specifically residents of Dirección6125, Dirección2949, Ciruelas Centro, El Coyol, and surroundings, for alleged contamination of the water supply and the environment in general.
The main, though not the only, violation by the plaintiff company, they affirm, lies in the fact that during the company's production process, it emits a nauseating odor, understood as that which causes or produces nausea. They point out that on the same date, that is December 10, 2007, another complaint was received signed by Nombre113806, a resident of Ciruelas de Alajuela. The signatory reported the existence of unbearable odors that affect workers' health and even produce side effects derived from the production process of the plaintiff company today, Nombre113797 S.A. On December 11, 2007, a complaint was received filed by Nombre113807, an employee of the company Nombre113797 S.A., for the existence of bad odors whose results resulted in people affected with nausea, vomiting, and diarrhea. They also mention that on December 12, 2007, that organizational unit received complaints from employees of the companies Taller Sánchez Enderezado y Pintura S.A, PROLECHE S.A., Químicas Vegetales S.A., for the generation of the already described odors and the contamination produced by the plaintiff company.
They narrate that the Municipality of Alajuela, in 2008, had already ordered the closure of the plaintiff's activities. In the explanatory chronological order, they indicate that in April 2010, the company restarted operations and assured that it had resolved its harmful operational problems. However, they affirm, this did not match reality, since concomitantly with the start of its operations, the described health and environmental problems began again, which it continues to cause to date on which this lawsuit is answered. They point out that before the Northern Central Health Governing Regional Directorate, on March 1, 2011, the "Asociación Conservacionista de los ríos y el ambiente de Ciruelas" and the "Asociación de Desarrollo Integral de Ciruelas," as well as some of the business owners whose installations are adjacent properties, filed a complaint against the plaintiff company. They state that the complainants clearly recorded that, from the start of the violating company's activities in 2007, Nombre113797 S.A., has caused serious contamination problems.
Mainly with the generation of repulsive odors, in addition to having caused the contamination of an irrigation canal. In light of the foregoing, the Central North Health Governing Regional Directorate ordered the closure on March 2, 2011. They report that the official, Chemist Wilberth Vásquez Bustos, co-defendant in this case, carried out the necessary inspection of the plaintiff's facilities to assess in situ the problems reported. They affirm he is a Qualified Specialist, with more than 30 years of service to the Ministry, making it reckless to maintain that the report lacks technical basis. Thus, said official rendered his report, via official letter number CN-URS-117-2011 dated March 4, 2011, which established, as relevant here: • That Nombre113797 S.A. discharges water from the treatment plant into an irrigation canal, which is not authorized by the Water Department of MINAET, nor by the Ministry of Health.
That is, they maintain it fails to comply with an essential legal requirement. Above all, because "having" it is what granted the environmental viability • Furthermore, the operational discharge reports do not comply with the maximum parameters established in Article 32 of Decree 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", since the waters of that canal are used for irrigation and as a livestock watering trough. • It was evidenced that there is poor management of raw materials within the establishment. • The wastewater treatment plant, at the date on which the inspection was carried out, was not functioning. • The issue of the plant is not limited to it not functioning, an essential requirement in itself for the company to be in operations. Beyond not functioning, it was observed in a state of abandonment, with accumulation of water and grease, this being another factor that increases the concentration of bad odors in the surrounding environment. • Regarding the wastewater derived from the operation of the company Nombre113797 S.A., at the date on which the inspection was carried out, it is being sent to the treatment plant of the company PROA VE S.A.; in tanker trucks. • They say it is not an invention product of any "feverish" mind of any official seeking to "persecute" Nombre113797 S.A. The reality, they say, is different and with evidentiary support.
They maintain that at the company PROAVE, the wastewater control logbook was consulted, and it was verified that said company has received wastewater from Nombre113797 since August 24, 2010 (erroneously noted in the official letter as August 2009) to date. The quantities vary. Within a range of 60 to 90 cubic meters per day. They note that to carry out this process Nombre113797 S.A.- TANKER TRUCKS - PROAVE, does not have the authorization of the Ministry of Health. This means, they maintain, nothing more and nothing less than another serious non-compliance. Hence, they insisted from the beginning that the company wishes to reduce the dispute to the existence or not of repulsive odors, but maliciously hides the wastewater problem. They consider that the assertion that the Constitutional Principle of the right to Due Process was violated is also unacceptable, because the accusations mentioned previously, as well as the alleged lack of technical aspects, make it unacceptable to assert, as the plaintiff does on page 3, line 6 of the complaint brief, that the basis of the study was the sense of smell of Inspector Wilberth Vázquez" Thus, from the technical report, its conclusions section is partially inserted as anticipated: ( ... ) 1.
The industry Nombre113797 has an odor emission control system that does not achieve the efficiency required to retain the bad odors produced by the processing of meat waste, thus failing to avoid the discomfort and nuisance to the affected neighbors; also due to the incorrect handling and storage of semi-processed waste products in the rear yards and by the wastewater treatment plant, which has a discharge into a receiving body (cuerpo receptor) not authorized by the Water Department of MINAET; therefore, the closure of the activity carried out by the company must proceed, as established by Article 363 of the Ley General de Salud. 2. Once the activity is closed, the company Nombre113797 must submit a waste management plan, to remove from the yards the material for processing stored in the tanks and tankers, to a site authorized by the Area Rectora de Salud. From the yards, all spilled waste must be collected and properly disposed of. 3.
Evacuate the sludge, grease, and stagnant waters in the treatment plant, completely cleaning this system; this waste must be managed according to the plan to be submitted. Discharge into the irrigation canal is prohibited. 4. Notify the company PROA VE S.A. with a sanitary order so that it does not receive wastewater from third parties, without the permission of the Ministry of Health". According to their view, it is more than clear that the official letter in question and the recommendation deriving from it were based on the physical-sanitary inspection carried out by institutional officials with due public faith. They report that in response to the cited official letter, with official letter CN-ARS-A2-24 7-2011 dated March 14, 2011, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director, and Dipl. Danny García Mora, Environmental Manager, officials of the Area Rectora de Salud Alajuela 2, they issued a warning of closure for the plaintiff company, within a period of two days, requesting what was pertinent.
Thus evidencing the initiation of due legal process, which, as provided by law, opens the possibility for the warned party to file the legal recourses ( ... )". Regarding the alleged absence of compliance with the Constitutional Principle of the Right to Due Process that the plaintiff's legal representative accuses, they recall what happened in the specific case subject to this lawsuit. They affirm that the company's allegations can be summarized as follows: • Absence of a prior procedure with the respective accusations against the company to be able to exercise its right of defense. • That the administrative act that ordered the closure lacks technical basis, and that the opportunity to adjust its operation to the requirements demanded by the Authority should have been granted. The point concerning technical bases, they maintain, has already been analyzed, without prejudice to its expansion.
Regarding the absence of a hearing, which the plaintiff blames, resulted in an immediate closure without issuing a sanitary order, they offer the administrative file as evidence, and the multiple complaints contained therein, repeatedly ignored, and which they have enumerated, they say, in preceding paragraphs just a few. They warn that they were not addressed by the plaintiff. They argue that quite the contrary, it reached the paroxysm of disdain for the legal system, since it disobeyed a closure order in question, proceeded on its own to tear off the seals, by virtue of which a criminal complaint was filed under file number 11-4204-0305-PE before the Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela. Additionally, they say, Nombre113797 S.A. filed a recurso de amparo before the Constitutional Chamber, specifying as the cause of the filing what it now alleges was not granted when ordering the closure of the company, which was rejected.
Furthermore, they indicate, in the administrative venue, it has filed a multiplicity of recourses that have been rejected. They have been rejected, since, by filing so many, its actions have not been coupled with correcting the deficiencies found in its operation to the detriment of the environment and health. Nor has it managed to demonstrate that the facts and arguments, and invocation of norms that motivated its closure, were false. They reject that there is confusion in the report CN-URS-117-2011 (recommendation of closure) signed by Chemist Wilberth Vásquez. The report reveals, they say, that there was indeed sufficient merit to recommend the closure of the company. The mere reading of the report allows concluding that the assertion that the closure was based on an error due to confusion between regulated values for emissions with the regulated values for immissions is not true. They affirm that from the review of the report (CN-URS-117-2011) it is clear that the only assessment made is the analysis of the results of the operational report of the waters discharged into the irrigation canal.
Therefore, there is no such confusion between immissions and emissions. They clarify that there can be no confusion and even less refer to the existence of methane gas. They maintain that it is inexplicable what methodology the plaintiff used to measure methane gas, because this gas is not generated in the production process of this company. They point out that methane is generated in combustion processes (that is, when the burning of some organic matter occurs). In the case at hand, according to them, what is produced is a cooking of meat product, never its burning or incineration of the product. That is, the fundamental combustion reaction where methane can be generated, if it is not complete, which can occur with a lack of oxygen, is the following: Organic matter (hydrocarbon) + Oxygen - C02 + CO + CH4 + H20, assuming that the hydrocarbon only contained carbon, hydrogen and oxygen. As they explain, the combustion reaction could also generate Sulfur Oxides and Nitrogen Oxides.
Such is the case of Bunker fuel which contains approximately 2.3% sulfur and 0.8% nitrogen. Thus, they mention that in a cooking process there is no combustion, so the gases described above are not generated. They explain that what is generated are organic molecules that volatilize in the vapors and are responsible for generating the bad odors, such as DIAMINES, TRIMETHYLAMINES, MERCAPTANS, DECOMPOSITION OF PROTEINS, ETC., which are greater or generated in greater proportion when the meat waste is decomposed. They clarify that methane gas is completely odorless, with the characteristic that it is explosive. It is the same gas used in cylinders for cooking; if this gas were produced in a cooking process, an explosion would occur in kitchens. Regarding the SETENA report, they indicate that contrary to what was affirmed by the plaintiff, it is not favorable to the company's interests. The report, they say, records that the discharge of water into the canal has improved.
It does not affirm that the company has complied with the issue of the functioning of the treatment plant, much less its discharge to the Siquiares River. On the other hand, they maintain the view that no improvement in terms of fetid odors is perceived. They indicate that on March 21, 2011, official letter CN-ARS-A2-290-11, the Technician Danny García, an official of the Area Rectora de Salud Alajuela, presents a follow-up visit report to PRODECA, through which it is noted that the weaknesses presented in relation to the discharge into the irrigation canal, the disposal of mixtures of bait with oil, grease in the yards, the box washing area and water outlet to the storm drain, have been corrected (but not the discharge to the Siquiares River as the project operation was authorized), not so, the problem of odors from the cooking of raw material, which persist. They note that the report indicated that the Treatment System was not working and that said waters were being treated at another treatment plant, without indicating which plant and if it had the authorization of the Ministry of Health.
They highlight that the official letter in question dates from March 21, 2011, and the appeal against the closure order was filed by the plaintiff on March 16, 2011. It also indicates that the resolution issued by the Regional Directorate (DRCN-J-894-20 11) was sent as appropriate to the Legal Affairs Directorate with official letter RCN-AJ-169-2011 the file, which included the entire dossier thereof, even the aforementioned official letter is recorded in the administrative file duly foliated, so the higher instance had all the corresponding information when declaring said appeal without merit, contrary to what the plaintiff asserts, who alleges it was hidden. They reiterate that the report reinforces the technical thesis of the lack of a functioning treatment plant as was approved (Article 128 of the Ley de Conservación y Vida Silvestre). They mention that communication and coordination channels were always kept open both with the complainants and with the representatives of the plaintiff company.
A hearing was even granted for April 14, 2011, and in a meeting held between officials of that Regional Directorate and representatives of PRODECA, the latter stated that they were treating the wastewater with a third party and that what they intended was to have an opening to exercise the defense before the Ministry of Health. During the meeting, they relate that they were explained that, as long as the treatment plant is not functioning, they could not continue developing the activity. Above all if it does not have the institution's authorization for the treatment of water by a third party. They mention that they were precisely told that, on that date, the resolution of the appeal, the motion to suspend, and the nullity raised against the closure warning official letter (CN-ARS-247-11) were still pending. In addition, they were requested to proceed to present documents describing the proper functioning of the odor control system.
They state that as a result of the meeting, and the obligation inherent to the position and performance of duties, it was the Ministry's duty to address the complaints raised. They add that also, as a result of the meeting, it was agreed to wait for the resolution of the Ministerial Office to act and proceed accordingly. Similarly, they affirm, total willingness was shown to review the situation of the documentation presented, in order to resolve the request for wastewater treatment by a third party, which would be worked on; regarding the non-conformities, it had to present an improvement plan for the proper functioning of the treatment plant and present reports regarding the removal of odors (Volatile Organic Compounds VOCs particles). On the other hand, it indicates that in response to the indication that the Ministry of Health the plaintiff company has refused to carry out an inspection to verify compliance with the originally ordered measures, it indicates that the request was processed on two occasions by the Legal Department of the Ministry of Health through official letters DAJ-UGJ-J- 890-11 and DAJ-UGJ-J-1799-11.
They indicate that official letter CNURS- 652-11 dated August 29, 2011, confirms that a visit was made to the company Nombre113797 and the respective report is issued, in which it was verified: "(...) The company operates normally, there are no signs of the closure seals placed by the Area Rectora de Salud de Alajuela 2. The company has not built the wastewater conveyance works to the Siquiares River, as was approved. It continues taking the waters to PROAVE for the respective treatment, which was authorized for a period of three months now expired. ( .... ). The odors perceived are pestilent". This evidences the deficiencies of the odor control system, upon being perceived in the environment. That is, the nuisances had not been confined. They had not presented the construction plans for the biofilter in which the dimensions, load of the instrument, etc., were annotated. Due to the foregoing, they maintain it is duly proven that the inspection visit requested by the company was carried out, and the alleged refusal did not occur, all of which demonstrates the falsehood of the assertion.
On the other hand, regarding the report CN-URS-423-2011, dated June 20, 2011, they state that in point 8) of the report, at the end of the paragraph it says: "The emission analysis of gases from the boiler does not present the endorsement of the Colegio de Químicos". They also mention that upon reviewing the operational report of boiler emissions from March 2011, the physicochemical analysis did not present the endorsement of the Colegio de Químicos. They explain that in accordance with Article 95, which provides for the processing of documents, of Law No. 8412, Title II, Law of the Colegio de Químicos, it is established that to be processed by any public office, the opinions, certifications, reports, inscriptions or registrations of chemical products, chemical analyses and other documents that express with public faith a truth in the matters entrusted to the Colegio de Químicos, must bear the signature of an active member of the Colegio de Químicos, the endorsement and the seal of this colegio.
Based on the foregoing, this chemical analysis was not evaluated, as it did not comply with the cited requirement of the Endorsement of the Colegio de Químicos, therefore the process was not carried out in compliance with the established regulations. Furthermore, they reproach that the operational report corresponding to the sampling of the boiler emissions, was in any case not valid, given that the company Prodeca, connected without authorization from the Ministry of Health, nor being permitted by any regulation, organic vapors generated from the cooking process of meat waste, to the boiler furnace, where they were burned, joining these burned gases with the Bunker fuel combustion gases. They maintain that this procedure is not authorized in Decree No 30222-S-MINAE, "Reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de calderas". Therefore, the operational report of emissions presented was not valid, as it contained a mixture of Bunker fuel and cooking vapors, which is not permitted according to the cited regulations.
They also mention that the incineration of vapors from the cookers where the meat waste is cooked added to the problems of bad odors in the environment released by the gas scrubbing towers and the biofilter, by incinerating vapors with chemical molecules that generate bad odors. Regarding Report # RI 120303-I, "Result of Chemical Analysis of Immissions", carried out by Laboratorio Gaia, whose sampling date was March 3, 2012, with analysis date not declared, date of entry to the laboratory not declared, with endorsement date of the Colegio de Químicos of March 27, 2012, type of immission analysis, perimeter analysis of total hydrocarbons, expressed as methane at four points around the production plant, they consider that these sampling and analysis results are for the boiler, they are not for the odor control system, given that in the boiler they do use a hydrocarbon as fuel, which is Bunker.
This has nothing to do with the cooking vapors in the cookers. In the cookers where the cooking and dehydration of meat waste takes place, methane gas is not produced, no combustion process is involved (as occurs in the boiler). In the cookers for cooking and dehydrating meat waste, no hydrocarbon is used; superheated water vapor at more than 100 cc is used. They affirm that it was a serious mistake made by Laboratorio Gaia to relate volatile organic compounds (VOCs), quantify them as Methane, in a cooking process, where methane gas is not produced; what are generated are vapors that contain organic molecules that produce the bad odors and that is what they should have analyzed and quantified at the sampled points, such as Diamines, sulfur compounds (hydrogen sulfide gas and mercaptans), aldehydes, ketones, volatile organic acids, etc. Methane is a byproduct of the combustion reaction of a hydrocarbon (Diesel, Kerosene, Bunker, etc.), for this reason, when a hydrocarbon is burned, the results can be expressed as Methane.
They indicate that methane is a colorless gas and has no odor, it has explosivity characteristics. At the same time, they state that another piece of information that a physicochemical analysis report must show is the date of entry of the sample to the laboratory and the date on which the chemical analysis begins; the cited chemical analyses from Laboratorio GAIA lack that information. Furthermore, in the results, it expresses results with units of u/ Sm3, in this expression the meaning of the letter S is unknown. As a result, they reject the report's results as inaccurate. Regarding the report no. RE 120301-1, carried out by Laboratorio GAIA, on the process gas emissions from meat meal production, from the sampling on 03/01/2012, from 3:00 pm to 4:30 pm, with date of entry to the laboratory unknown, date of start of analysis unknown, endorsement date of the Colegio de Químicos of March 26, 2012, which describes the sample:
They further note that on July 5, 2011, through official letter CN-ARS-A2-745-2011, a new request for an extension submitted by the plaintiff through a Motion for Clarification (Recurso de Aclaración) was denied, indicating that the seals would be removed within what current legislation permits, if the removal of raw material or equipment from the company is required, upon prior written request to the Directorate of the Alajuela 2 Health Governing Area (Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuela 2). They relate that on July 5, 2011, at 3:10 p.m., Mr. Rodrigo Ramírez Acosta, Environmental Manager of the Alajuela 2 Health Governing Area, proceeded to execute the Closure (Clausura) with the formal placement of seals on the plaintiff company. However, despite this, according to the Police Report (acta Policial) of July 5, 2011, at 5:30 p.m., which refers to "(...) at the company named Nombre113797, several seals are observed with the legend Closed (Clausurado) Ministry of Health (Ministerio de Salud), in white letters on a blue background, columns of smoke are observed coming out of a chimney or boiler, a very strong fetid odor is perceived which is unpleasant for breathing (...)".
They also mention official letter CN-ARS-A2-760-11 of July 6, 2011, issued by Bach. Rodrigo Ramírez Acosta, in which it was stated: "(...) Following up on the PRODECA case, I inform you that today, Wednesday, July 6, at approximately 10:15 a.m., I visited the surroundings of said company, observing smoke emission, the boilers working, and the presence of workers at the company, in addition to the presence of a bad odor in the environment, even though the official closure seals are displayed on the company gates (...)". Due to the foregoing, they outline that the Alajuela 2 Health Governing Area filed the corresponding complaint before the Prosecutor's Office (Fiscalía) of the Judicial Branch (Poder Judicial) in Alajuela, under case file number 11- 4204-0305-PE. In the chronological order they follow, they mention that on July 26, 2011, via email, Mrs. Julie Roos, President of ACORACI and complainant, indicated to the Alajuela 2 Health Governing Area that the company continued working, and they attached a photocopy of the police inspection report, which mentioned machines working and quite unpleasant odors.
Due to the foregoing, a follow-up visit to the scene of the events was carried out on July 27, 2011, by officials Juan Rafael Jiménez and Jackeline Zelaya Sibaja, both from the Alajuela 2 Health Governing Area, and they reported via official letter CN-ARS-A2-839-2011 that the company continued working. Similarly, a visit is carried out on July 28, 2011, verifying the same situation, finding that the company was working, thus proceeding to reaffirm the complaint previously filed before the Prosecutor's Office. In their opinion, this demonstrates that despite the closure ordered and executed by the Directorate of the Alajuela 2 Health Governing Area, the company continued operating, which is recorded in police reports, ocular inspection reports, and reports from said Governing Area. In this way, they assert, it is not true that the Ministry of Health kept the company closed from July 5, 2011, to July 21, 2011, since the company itself was responsible for keeping the company in operation despite the institutional order.
As they state, the plaintiff company now comes to argue that the responsibility of the State and the public servant tends to ensure that the activity of the Public Administration (Administración Pública), and in general all State activity, is oriented towards achieving and satisfying the public interest. However, unlike the Administration's responsibility, the official's responsibility is not objective but subjective, in accordance with the regulation contained in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). They point out that this is so because the public official responds personally, to third parties uniquely and exclusively, when they have acted with gross negligence or willful misconduct (culpa grave o dolo), as provided by canons 199.1 and 210.1 of the General Law of Public Administration. They indicate that the difference between both concepts lies, according to doctrine, in the voluntariness or intentionality of the action or omission; therefore, there will be willful misconduct (dolo) when there is a deliberate will to harm, and negligence (culpa) when there is neglect or imprudence, as provided by Articles 199 and 210 of the cited General Law of Public Administration.
As they explain, the Public Administration always acts through natural persons, who are the officials who lend their psycho-physical energy to fulfill its purposes. Therefore, it is of utmost importance to establish the criterion for separating personal faults (faltas personales) and service faults (faltas de servicio) and their liability regime. In this regard, doctrine, they say, has considered that there will be a personal fault of the official when actions with willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) are separable from the competencies assigned to the public official. That is, when the action deemed harmful is not separable from their competencies or functions, it must be understood as a service fault, an instance in which the public official is not liable. They consider it important to differentiate between service fault and personal fault, because they criticize that in the facts of the lawsuit, no action by the officials has been individualized or justified that could be considered alien to the competencies of their position.
They maintain that there is no specific fact through which they are attributed the performance of conduct alien to their legally assigned competencies. Based on the foregoing, they conclude that there are no personal faults that could generate personal liability to third parties. Thus, they maintain that in the case under review, there is no action of theirs that has been qualified, or could be qualified, as willful misconduct (dolosa) or with gross negligence (culpa grave), since their actions were carried out in total subjection to the legal order and, above all, oriented towards satisfying the general interest, consisting in this case of ensuring a healthy and ecologically balanced environment. The foregoing, in accordance with the reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), to the effect that the various public authorities have the primary and fundamental obligation to respect and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
On this particular point, they consider it important to cite that their actions are supported by Articles 21, 50, 73, 89, and 169 of the Political Constitution. They point out that regarding this topic of the environment, its importance and transcendence, the Constitutional Chamber has addressed it on repeated occasions and has defined the environment. They argue that the Constitutional Chamber, as can be appreciated, has conceptualized the environment in a sense in which its value in itself is not distinguished, that is, the intrinsic value corresponding to nature, but rather its capacity to generate utilities is highlighted, and to be a source of "productivity," while respecting the rights of others to a healthy environment. They warn that in matters of health, the precautionary principle (principio precautorio) governs, that is, that in the face of evidence of risk situations for health or the environment, the authorities are empowered to adopt the health orders (órdenes sanitarias) they deem appropriate.
As the Constitutional Chamber has well noted. That is, they maintain that their actions, far from being qualifiable as willful misconduct (dolosas) or gross negligence (culpa grave), must be understood and considered as consistent with current constitutional and infra-constitutional law.
On the other hand, they request to consider that the plaintiff company, as evidenced in the evidence provided, did not close its establishment and, therefore, it is not true that any damage has been caused to it. In any case, they affirm that if damage was eventually caused, it is the consequence of its infractions against the environment and the constitutional rights of the establishment's neighbors and other affected parties, and therefore it cannot claim that they assume that economic amount. They note that the plaintiff company intends for the defendants to be ordered to pay damages (daños y perjuicios), which, it claims, consist of what the company failed to earn while it was closed and what it had to pay, the clients it lost while not operating, the payroll payments, even though it was not producing, which it estimates at the sum of one hundred thirty million sixty-six thousand two hundred six colones, to which they categorically oppose the claim for damages (daños y perjuicios), not only because the contested administrative conduct fully conforms to the law, but also due to the non-existence of the alleged damages.
They further maintain that the plaintiff company, to date, has not ceased its industrial activity since it did not obey the health order (orden sanitaria) that ordered its closure (clausura), so the supposed damages alleged are not true. Furthermore, they warn that no evidence has been offered that demonstrates the existence and quantification of the damages (daños y perjuicios) alleged, so their rejection is imperative, as they do not meet the prerequisites established for that purpose by numeral 196 of the General Law of Public Administration.
Regarding the first amendment of claims (ampliación de pretensiones) of March 14, 2013, the co-defendants denounced that the plaintiff seeks to lead the Court to false conclusions, without any adherence to orthodoxy, with the purpose of making the company's closure appear as if such a situation derived from the plaintiff's own conduct. They maintain that the truth is that among multiple other non-compliances, there is one of an essential nature that has become the central axis of the controversy, which is that the plaintiff failed to comply with the obligation to install a water treatment plant, which as a commercial industrial activity, like all those of its kind, must be equipped with treatment systems to prevent solid waste or contaminated water of any type from destroying wildlife. They affirm that a false causality relationship between their multiple non-compliances and the company's closure is not appropriate, a voluntary act that is not related to their actions.
They accuse the plaintiff company of recklessly wishing to surprise the Court, by applying what they describe as a fuzzy logic, dividing for itself what is true from what is false, absent the principle of contradiction, which leads it to incur attribution biases. They also state that if the plaintiff company had complied with the legal order, there would have been no need for vain counter-securities (contracautelas) to be granted to it through judicial channels, the granting of which in this specific case implies the presumption of the undeniable existence of non-compliances. They specify that the Court of Appeals, in judgment number 199-2012, 4:45 p.m., 03/30/2012), imposed a counter-security (contracautela) on the plaintiff, which continued operating by virtue of a precautionary measure (medida cautelar) granted, so that it would proceed to eliminate the polluting waters and put the plant into full operation, as is its obligation and not a gratuitous concession.
For this, a peremptory maximum period of 90 calendar days was granted. In turn, during that period, the Ministry of Health directed the plaintiff company to temporarily provide that service to it, based on the premise that the plaintiff truly had the intention to comply, not suspecting that these were contrivances to allow it to continue its irregular situation. They indicate that the peremptory period expired on June 30, 2012.
Regarding the second amendment of facts (ampliación de hechos) of April 25, 2013, they reject the modification of the Thirteenth Fact made by the plaintiff company, because the reason why Nombre113805 was ordered, through health order (orden sanitaria) No. CN-ARS-A2 -085 -2012, not to receive water from third parties, is solely and exclusively due to the cited company lacking the sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) to provide that service. They accuse the plaintiff company of having attempted to misrepresent that fact given the impossibility of proving that the company Tuna Tun S.A. actually had current sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) to provide that service to third parties. In this sense, health order (orden sanitaria) No. CN-ARS-A2-085-20 12 established with total clarity that the reason the mandate was issued not to receive or treat special wastewater from third parties was due to lacking a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) for the special type wastewater treatment system.
At the same time, they consider it essential to clarify that the cited health order was issued on November 19, 2012, and was notified that same day to the company Tuna Tun. Notwithstanding the foregoing, according to their statement, the plaintiff company has tried in a systematic and reiterated way to confuse the judges, arguing that the cited health order issued to Tuna Tun S.A. was issued subjectively and specifically directed against Nombre113797 S.A., when in reality the scope was general. They argue that, nevertheless, even lacking any authorization, the Ministry of Health decided immediately to exempt the plaintiff company from that health order, considering the judicial resolution that had been issued on the matter by the executing judge (juez ejecutora). Hence, they consider that the imaginary disobedience to the judicial order argued by the plaintiff does not exist. In this way, they affirm that they acted in subjection to the precautionary principle (principio precautorio) as an integral part of the Legal Order, as well as to the judicial disposition.
They accuse the plaintiff's argument as false, since according to their own legal representative, they indicated before the judge that it had not been possible to recover clients and they had been closed since November 18, 2012, such that for the inspection scheduled for January 31, 2013, the company would still not be operating and had been since November 18, 2012. They consider that this demonstrates that the reason for the closure of the company Nombre113797 S.A. is due to a voluntary internal decision, which has no relationship with the health order issued by the Ministry of Health to Tuna Tun S.A. They add that for a causal relationship to exist between the health order issued to Tuna Tun S.A. and the closure of the company Nombre113797 S.A., the health order must necessarily have been issued prior to the closure of the plaintiff company. They also clarify that the administrative actions subsequent to the health order could not be immediately notified to the plaintiff company, because as its legal representative well noted, it was closed, and this obviously made their notification impossible.
Regarding the judicial order of the executing judge (jueza ejecutora), they affirm that it ordered that the plaintiff be shown where it could continue treating its waters; its notification was impossible for the reasons stated, that is, that the company was closed by its own and voluntary decision since November 18, 2012. On this fact, they mention that Mr. Nombre113802 informed the collective media that the company closure had indeed occurred as of November 18, 2012.
IV.Purpose of the proceeding: We are facing a plenary jurisdiction proceeding (proceso de plena jurisdicción), through which not only is a declaration of invalidity of the administrative conduct required, but also damages (daños y perjuicios) are claimed, not only from the State, but jointly and severally from the officials who participated in the mentioned conduct.
V.Regarding the reply to the conclusions of the plaintiff. At image 2048 of the PDF file emanating from the virtual desktop, it is possible to view a "reply to the defendants' conclusions," submitted on January 21 of this year by the plaintiff. On this matter, it is necessary to make clear that this brief will not be taken into account, firstly because it is contrary to the rules established by the Court since the proposal was made to hold the hearing virtually. The foregoing because the parties were granted a single opportunity to issue their conclusions in writing once the evidence evacuation hearing concluded. Secondly, if this brief were considered valid, the right of defense of the parties would be violated, as they have not had the opportunity to reply. The foregoing confirms what was ordered by the Court, in line with the conclusions being presented only once, since if a "reply" is allowed, it would lead to a contradiction, having to continue granting hearings, which is contrary to the rules of logic and reasonableness, as well as procedural speed for the issuance of the judgment. For the reasons stated, although the document was added to the case file, according to the rules set by the Court, it has no validity and will not be taken into account to resolve the case.
VI.Regarding the specific case: As indicated in the previous whereas clause (considerando) of this judgment, the purpose of the case at hand falls within what is known as a plenary jurisdiction proceeding (proceso de plena jurisdicción) in which not only the invalidity of the administrative conduct is requested, but also damages (daños). Notwithstanding the changes suffered in the purpose of this proceeding due to the two amendments of facts and claims (ampliaciones de hechos y pretensiones) presented by the plaintiff, including the change of a fact and a claim that had already been previously modified, the theory of the case can be summarized as the attribution to the administrative conduct deployed by the Ministry of Health in 2011 of its non-conformity with the legal order and the consequent patrimonial liability, not only of the State, but of the officials who participated with their decisions in these actions.
The manner in which the action is directed and formulated entails carrying out three distinct analyses, the first regarding the invalidity of the conduct being questioned, pertaining to the nullities regime of the General Law of Public Administration, and secondly, the liability also regulated in the same normative body mentioned. However, given that it involves the State and officials acting in their personal capacity, the analysis of their liability, even though joint and several liability is claimed, must be viewed in light of two distinct schemes. The first of these, the objective liability of the Administration, and the second, subjective liability, each composed of different elements and their own rules. To address the analysis of this case as precisely as possible, it will be divided into three parts. a) Regarding the nullity of the administrative conduct. To begin the present analysis, it is necessary to be very clear, to resolve with precision, which acts are being questioned and what is being criticized about each one.
The operative facts (resultandos) of this judgment account for the modifications of the purpose of the proceeding as well as the concatenation of acts questioned in this venue. It involves eight administrative acts related to a closure (clausura) procedure, temporally located from the beginning of March two thousand eleven to July of that same year, namely: Official letter CN-URS-117-2011, of March 4, 2011, which is the Inspection Report carried out at the Industry Prodeca, signed by Wilberth Vásquez Bustos, chemist of the Central North Health Rectorship Regional Directorate (Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte), Ministry of Health. It recommends closing (clausurar) the company; official letter CN-ARS-A2-247-2011, from the Alajuela 2 Health Governing Area, of March 14, 2011, through which it confirmed the Closure (Clausura) and declared that it will place the closure seals in two days; official letter DRCN-J-894-2011, March 23, 2011, Ministry of Health, Central North Region, signed by Dr. Karina Garita Montoya, through which it rejected the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed against the closure; official letter CN-URS-423-2011 of June 20, 2011, signed by chemist Wilberth Vázquez Bustos and veterinarian Humberto Espinoza F., from the Ministry of Health, Central North Region, through which they allegedly confused in point 8, the emission values with the values regulated by the Immission Regulation (Reglamento de inmisiones); Official letter CN-ARS-A2-705-11 of June 23, 2011, through which Technician Danny García Mora proceeded to notify the company of the warning to close (clausurar) the company in 48 hours; official letter CN-ARS-A2-709 -2011, of June 28, 2011, through which Dr. Karina Garita warned the company that it will be closed in 48 hours; official letter G. CN-ARS-A2 -739-2011 dated July 4, 2011, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director of the Alajuela 2 Health Governing Area, through which he made the decision to close (clausurar) the company; and DM-J-1505-11, of April 25, 2011, from the Minister of Health, through which the appeal (recurso de apelación) filed by the company was rejected.
The plaintiff, in accordance with Article 42. a) b) and h) of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), requests that the non-conformity with the Political Constitution and the legal order, the absolute nullity of the mentioned acts, as well as the conduct or material action, also constituting a de facto action (vía de hecho), caused by the conduct of arbitrarily closing the company, be declared, considering that they closed the company without respecting the company's right to due legal process, without a valid and effective administrative act. In accordance with the nullity claim that was requested by the plaintiff, these eight administrative acts will be analyzed in light of the nullities regime. Court's Criterion: Without intending to delve into the theory of the administrative act and its validity and invalidity regime, given its vast legal, doctrinal, and jurisprudential extension, it is useful to mention—to resolve this case—that every administrative act is considered valid when it is substantially in conformity with the legal order, understanding this in its broadest sense, as the set of norms and laws in force in the country.
The foregoing derives from the doctrine that was positivized in canon 128 of the General Law of Public Administration (LGAP). With matters thus stated, the administrative act will be valid when its elements are substantially in conformity with the legal order, so in order to examine said validity, one must be clear about the elements that comprise it. Said components of the act have been subdivided into material or objective elements, such as the motive (motivo), the content (contenido), and the purpose (fin). Among the subjective elements, we have the procedure (procedimiento), the subject (sujeto), and the form (forma). As defined by the General Law of Public Administration, the motive constitutes the factual antecedent that triggers the administrative action. It corresponds to the factual premise of the administrative act and justifies the issuance of the administrative act as a unilateral manifestation of the Administration's will capable of producing legal effects, imposing obligations, or granting rights.
The foregoing is what canon 133 of the LGAP provides. The content of the act consists of what the Administration provides, commands, or orders, which is regulated in Article 132 LGAP. For its part, the purpose always specifically consists of satisfying the public interest that is the responsibility of the organ or entity in the exercise of a specific competence, in accordance with numeral 131 LGAP. Regarding the subjective elements of the act, there is the subject, who corresponds to whoever issues the act, for which they must have investiture, competence, and ownership. On the other hand, the Procedure is defined as the obligation of the Public Administration to follow a procedural course or iter, understood as a concatenated series of actions prior to the issuance of the administrative act aimed at a purpose, whose most important objective, as provided in Article 214.2 of the General Law of Public Administration, is the search for the real truth.
The last formal element of the administrative act is the form, which is the way in which the administrative act is externalized or manifested. From this formal element derives the Administration's obligation to adequately justify its decisions, through the motivation of its acts, insofar as motivation means the explanation, foundation, or justification that the Administration provides in issuing an administrative act. It has been said that "to motivate an administrative act" is to redirect the decision contained therein to a rule of law that authorizes such a decision or from whose application it arises. On the other hand, the other side of the coin, which is precisely when the act suffers the pathology of invalidity, is located in canon 158 of the LGAP, which provides that "the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal order, will constitute a defect of it.
The administrative act substantially non-conforming with the legal order will be invalid." For its part, Article 166 of the cited Law indicates: "There will be absolute nullity of the act when one or several of its constitutive elements are totally lacking, in fact or in law." In this way, the validity of the act is contingent upon the compliance and perfect presence of the elements that constitute it. These are precisely the elements mentioned previously. It remains to indicate that the General Law of Public Administration positivized a guiding principle in matters of nullities that prevents decreeing nullity for the sake of nullity itself. Numeral 223 of the mentioned normative body provides: "Article 223.-1. Only the omission of substantial formalities of the procedure will cause the nullity of what has been acted upon. 2. A formality whose correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness, shall be understood as substantial." Having stated the foregoing, it will be under this optic that the analysis of the eight administrative acts questioned in this venue will be carried out, for the plaintiff so indicated in its complaint, to determine whether they are invalid and should be so decreed by the Court.
From a detailed review of each of these acts, the Court disagrees that there is any type of invalidity that must be decreed. Regarding official letter CN-URS-117-2011, which is the inspection report, as it emerges from the document itself, it was issued based on Articles 4, 293, 302, 304 of the General Health Law (Ley General Salud), Article 132 of the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre) and Article 50 of the Political Constitution. Based on the foregoing, it is undeniable that the act under review has a purpose that can never be considered as "deviated." It is possible to infer from the very wording of the document under review that it originates from complaints filed by social organizations, companies, and physical persons. The foregoing, for the Court, rules out the absence of a motive, as well as a supposed de facto action (vía de hecho) or material action, accused as a reason for invalidity.
At the same time, said report reveals, among others, not only the issue of bad odors, but an entire community environmental problem, of water discharge from the treatment plant into an irrigation canal, the poor management of raw material within the establishment, the inoperability of the wastewater treatment plant, the state of abandonment of the plant, the time that the company Proave had been receiving that wastewater from the plaintiff company, to name a few. It is appropriate to cite, regarding what is relevant, the content of the report, to specify with exactitude the non-compliances revealed, which did not only refer to odors: "[...] 5._ The activity according to CVO: recycling of meat by-products for the production of raw material for animal feed and tallow for soap manufacturing. [...] 7._ Storage of meat waste: they receive it in drums and it is temporarily stored in a closed warehouse before entering the cooking process. 8._ Process: the meat waste is cooked in an autoclave, 35 tons are processed per day, and operations run 24 hours.
Each cooking batch is 4.5 tons and takes 1.5 hours to cook. The cooking of the waste is done with steam generated from a boiler that operates with bunker fuel. The cooked product is subjected to a pressing operation to separate the fat (tallow) and oil, then the cake passes to the mill where it is crushed to obtain meat meal. 9._ Odor control system: in the process plant, they have an odor control system (scrubber) that washes the gases coming from the decanter, filter press, and condensers; after passing through a biofilter, the gases are expelled outside. Other gases are directed via a venturi system and burned in the steam-generating boiler. To date, they have not presented the operational report of atmospheric emissions. 10._ Due to the smelled intensity of the bad odors around the PRODECA processing plant, it is evident that the odor control system is not retaining the passage of volatile organic compounds (among them diamines and sulfur compounds) generated in the waste cooking process, releasing them into the environment, which causes the nuisances reported by the neighbors."
The odor control system's removal efficiency must be such that it retains at least 98% of the organic compounds released during the cooking of meat waste, which are responsible for the foul odor, in order to prevent harmful effects on people's well-being, a situation that is fully regulated in Articles 294, 295, 296, 297, 302, and 304 of the Ley General de Salud. 11._ [...] The trucks that transport the meat waste to the processing plant are not refrigerated; the containers (drums) in which the animal remains are stored for transport are made of metal or plastic. [...] 15._ Receiving body for the treatment plant's discharge: they discharge into an irrigation canal that does not have a permanent flow, with the authorization of the association that manages it. That is, the authorization to discharge into this irrigation canal was granted by the Sociedad de Usuarios de Agua de los Llanos, Coyol de Alajuela. 16._ This irrigation canal is used for irrigation and as a livestock watering trough; it is not for public use; furthermore, it is not authorized by the Department of Water of MINAET. 17._ Results of the physicochemical analysis of the operational report [...] The above results of the chemical analyses of the water discharged into the irrigation canal do not comply with the maximum limits established in Article 32 of Decreto 33601-S-MINAE "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales," since the waters of that canal are used for irrigation and as a livestock watering trough. 18._ Currently, Nombre113797's wastewater is being sent to the treatment plant of the company PROAVE S.A., via tanker trucks, without authorization from the Ministerio de Salud. 19._ During the physical inspection, a discharge of Nombre113797 wastewater was observed into the stormwater canal that runs parallel to the main highway, in front of the company. [...] 21._ In the company's rear yards, a large number of drums (approximately 350) were observed stored outdoors and exposed to the sun, containing putrefied and foul-smelling material (a mixture of tallow and fatty oils), which appears to be material for reprocessing.
The yard is unpaved, and the presence of spilled material and runoff into some stormwater catch basins located in this yard, which lead to the external stormwater canal, was observed. 22._ The continued presence of the drums and tank containers in the yard of this company, exposed to the sun and air, readily oxidizes the material contained within them, increasing the release of a large amount of volatile organic substances into the environment, responsible for the foul odors, which adds to the gases originating from the waste cooking process. 23._ The treatment plant is not in operation at the time of the visit; a state of abandonment was observed, with accumulation of water and grease, being another factor contributing to the concentration of foul odors in the surrounding environment. 24._ At the company PROAVE S.A., the wastewater control logbook was consulted, and it was confirmed that this company has received wastewater from Nombre113797 from August 24, 2009, to date, in variable quantities of 60 to 90 m3/day, without authorization from the Ministerio de Salud.
II._ RECOMMENDATIONS: [...] 1._ The Nombre113797 industry has an odor emission control system that does not achieve the efficiency required to retain the foul odors produced by the processing of meat waste, thus being unable to prevent the discomfort and nuisance to the affected neighbors; also due to the incorrect handling and storage of semi-processed waste products in the rear yards and the wastewater treatment plant, which discharges into a receiving body not authorized by the Department of Water of MINAET; therefore, it must proceed with the closure of the activity carried out by the company, as established in Article 363 of the Ley General de Salud. 2._ Once the activity is closed, the company Nombre113797 must submit a waste management plan to remove the material for reprocessing stored in the drums and tank containers from the yards, to a site authorized by the Área Rectora de Salud.
All spilled waste must be collected from the yards and properly disposed of. 3._ Evacuate the sludge, grease, and stagnant water in the treatment plant, completely cleaning this system; this waste must be managed in accordance with the plan to be submitted. Discharge into the irrigation canal is prohibited. 4.- Notify the company PROAVE S.A. with a sanitary order so that it does not receive wastewater from third parties without the permission of the Ministerio de Salud. The foregoing is requested based on Articles 4, 293 - 297, 302, 304 of the Ley General de Salud; Article 132 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre; Article 50 of the Constitución Política de Costa Rica." The following health and environmental non-compliances are thus evident: the plaintiff discharged water from the treatment plant into an irrigation canal, which was not authorized. The operational discharge reports did not comply with the maximum parameters established in Article 32 of Decreto 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales," since the waters of that canal are used for irrigation and as a livestock watering trough.
There was poor management of raw materials within the establishment. The wastewater treatment plant, at the date on which the inspection was carried out, was not functioning; it was also observed in a state of abandonment, with accumulation of water and grease, which increases the concentration of foul odors in the surrounding environment. At the time of the inspection, the wastewater from the operation of the company PRODECA was being sent to the treatment plant of the company PROAVE, in tanker trucks. To proceed in this manner, authorization from the Ministerio de Salud is required, which was not available at that time. In this way, the report, as an administrative act, contained sufficient factual elements to be rendered, which obviously gave it validity. The foregoing also rules out, as already mentioned, not only the existence of a de facto action or material act, but also excludes the existence of arbitrary conduct, as alleged.
Even the act in question, as mentioned supra, was clear in citing the applicable regulations to support the exercise of the competence of the Ministerio de Salud, including the apex of the legal system and the protection of one of the transcendental values, namely the environment. The plaintiff's arguments for requesting the nullity of this action do not delve into a deep and convincing analysis of the lack of elements necessary to decree any invalidity of the administrative conduct, given that they focus on questioning the nullity with a weak and imprecise argument, such as indicating that co-defendant Wilberth Vázquez issued it using his sense of smell. To this imprecise reproach, the plaintiff, as part of its theory of the case, insists, in a sterile manner, on extrapolating the reports issued subsequent to this act, as well as the oral statements of chemical engineer Sergio Zamora Sauma during the evidentiary hearing before the Court.
The plaintiff company centers its argument solely against the alleged error made by confusing the regulated emission values with immission values. However, as the co-defendants correctly state, the only assessment made in the report is the analysis of the results of the operational report of the water discharged into the irrigation canal. Apart from this issue, as is accredited, the rest of the findings made by co-defendant Wilberth Vázquez in his inspection report subsist. It is evident that the company seeks to set aside all these aspects by introducing a technical discussion of a chemical nature through the assessment, measurement, and analysis of gases; however, it cannot be ignored that the origin of the complaints that prompted the intervention of the Ministerio de Salud were the nuisances caused to the neighbors and adjacent companies of the plaintiff company due to the generation of foul odors and the effects this produced on people.
There were many complaints and many studies, inspections, and reports drawn up that account for that situation, which cannot be overlooked. At the same time, the plaintiff bases its reproaches of nullity on the fact that a sanitary order was never issued, by virtue of which a period would have been granted to correct the noted non-compliances, and that the company's closure was proceeded with immediately. However, within the framework of the facts that have been accredited, which account for the serious findings and complaints from the neighbors, the Ministerio de Salud, based on the powers derived from the Constitution itself, the Ley General de Salud, and the Ley de Conservación de Vida Silvestre, finds sufficient grounds to permit the closure of an activity that poses a serious risk to people's health and in protection of the environment. Along the same line of thought, with respect to official letter CN-ARS-A2-247-2011, from the Área Rectora de Salud of Alajuela 2, dated March 14, 2011, by which it confirmed the closure and ordered that closure seals be placed within two days, from a review of this document, it is possible to appreciate that it has sufficient legal foundation, it was addressed to the plaintiff's representative, and attached a copy of the inspection report CN-URS-117-2011 already analyzed.
The Court does not find the absence of any of the previously mentioned elements of the administrative act that would allow it to consider the existence of a nullity. In the order followed by the challenged administrative conduct, on March 23, 2011, by administrative resolution number DRCN-J-894-2011, at ten hours and twenty-four minutes, signed by Dr. Karina Garita Montoya, Regional Director of the Rectoría de la Salud Central Norte of the Ministerio de Salud, the appeal for revocation was declared without merit and the matter was referred to the superior authority, so that it could hear the appeal. Furthermore, it suspended the execution of the challenged administrative act pending resolution of the suspension incident filed by the company. This act also does not reflect the absence of any of its elements, given that in the chronological order followed, what the Administration did was resolve an appeal with adequate reasoning and the necessary elements of the act at that moment.
For its part, the administrative act DM-J-1505-11, from the Office of the Minister of Health, challenged for nullity, in the temporal procedural order being followed, declared without merit the Appeal for Revocation, as well as the Incidents of Suspension of the Administrative Act and Absolute Nullity, filed by the company Nombre113797 against the act contained in official letter number CN-ARS-A2-247-2011 of March 14, 2011. From a review of this act, it is also not possible to discern the absence of any of the elements that support the validity of the administrative act, nor can it be considered an arbitrary act, one that deviates from its purposes, or one that can be considered a de facto action. Neither is it possible to consider it a violation of due process, since it rather resolves the appeals and incidents that the plaintiff company filed against official letter N-ARS-A2-247-2011, which, in turn, was based on inspection report CN-URS-117-2011, from which it follows that the company was able to exercise its right of defense.
By internal official letter CN-ARS-A2-705-11 of June 23, 2011, Technician Danny García Mora informed the Director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the result of the visit report as well as the assessment of the calculation report, which was copied to the plaintiff's representative, with conclusions indicating that a warning should be notified with a 48-hour period. For its part, official letter CN-ARS-A2-709-2011, challenged in this venue, dated June 28, 2011, Enrique Mora Solano and Danny García Mora, based on official letters CN-ARS-A2-705-11, CRN-URS-423-11, as well as resolutions RCN-AJ-169 2011 and DM-J-1505-2011, as well as Articles 1, 4, 293, 294, 295, 297, 337, 355, 356, 363 of the Ley General de Salud, Article 132 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, 307 of the Código Penal, communicated the closure of the establishment in 48 hours. Finally, official letter CN-ARS-A2 -739-2011 dated July 4, 2011, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, communicates to the plaintiff company the addendum to the closure warning to official letter CN-ARS-A2-709-11.
The three preceding official letters relate to the procedure for closing the establishment, which, from the perspective of the concatenation of acts analyzed, does not lack the constitutive elements of the act. Having completed the individual review of each of the acts of the administrative conduct requested to be declared non-conforming with the legal system, it remains to refer to the aspects mentioned by the plaintiff to support the nullity of the acts it challenges in this venue, in a generic manner. In the first place, the plaintiff company in its theory of the case seeks to assimilate the concatenation of acts reviewed in this case as a type of "de facto action" or "material act." According to its theory of the case, we are faced with this legal figure due to the fact that the procedure for a sanitary order was not followed, for which it alleges defenselessness. It must be remembered that a de facto action, in very simple terms, corresponds to that action by the Administration carried out without competence or totally disregarding the legally established procedure, without any foundation.
In the case under examination, as has been indicated, the actions were not only based on the apex of the legal system but also on the Ley General de Salud and the Ley de Conservación de Vida Silvestre. On the other hand, as could be verified, the challenged acts did not reflect the alleged pathology claimed by the plaintiff, as the plaintiff fails to demonstrate that any of these acts lacked any of these elements. In the second place, as already indicated supra, although the Court is clear that the only conduct challenged in this venue is that emanating from the Ministerio de Salud, it is impossible to ignore, as the plaintiff intends to do, the parallel existence, at the level of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental Tribunal Ambiental, of another procedure related to the environmental problems presented by the activity carried out by the plaintiff. As such, not only the Ministerio de Salud, but also SETENA, had ordered the suspension of the activities of the plaintiff company, which reaffirms and highlights the necessity of the adopted measure.
As is accredited in the list of proven facts of this judgment, through resolution number 1164-2011-SETENA, at 8:50 a.m. on May 26, 2011, Nombre113801 agreed: "FIRST: The complaint is partially accepted only with respect to the application of precautionary measures for the suspension of the plant's operation, until the involved institutions confirm its correct operation, since the lack of operation of the Wastewater Treatment Plant and the handling being given to the wastewater and soapy water does not comply with what is established in expediente No. 1348-2004-SETENA, therefore, based on what is stated in Articles 11 and 109 of the Ley de Biodiversidad No. 7788 and 99 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, it is recommended to apply as a precautionary measure the shutdown of the Central American proteins project, with administrative expediente FEAP-1348-2004-SETENA, until it complies with what is requested by Nombre113801 and demonstrates the correct operation of the project and all its components." In the third place, for the Court, from an integral perspective, as indicated, we are faced with a conflict of a community environmental nature that cannot be ignored and that justifies the action of the administrative apparatus challenged in this venue.
Canon 50 of the Carta Magna contains an inexorable mandate for protection, just as the application derived from numerals 4, 293, 297, 302, 304 of the Ley General de Salud and Article 132 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, are the legal framework on which the Administration based its actions, the nullity of which the plaintiff requires. At the moment of deploying its activity challenged in this venue, the Ministerio de Salud had before it a legal right of pre-eminence and preference, which, based on principles such as precautionary, preventive, protection of Environmental Law by the State, and sustainability, had to yield to the private interest. Thus, the protection of health and the environment takes on capital importance in the face of certain or even potential threats that could affect the environment and human beings, which advises that, by virtue of the precautionary principle, corresponding measures be taken, however extreme or drastic they may be, without prejudice to subsequent control carried out both in the administrative and judicial channels.
In the fourth place, the plaintiff refers in general terms, as a reason for the nullity of the acts indicated in its claim, to a transgression of due process and the right of defense. In the same sense, in accordance with the proven facts of this judgment, it has been possible to demonstrate that the plaintiff company, under similar arguments and based on the same facts, filed several amparo appeals before the Sala Constitucional, which dismissed any violation of the right of defense. In this sense, the judgment number 9367-2011 at sixteen hours and fifty-seven minutes on July 19, 2011, stands out; the Sala Constitucional dismissed the alleged violation by the plaintiff company's representation regarding the closure order of its facilities, considering: "The appellant accuses that the Área Rectora de Salud of Alajuela 2 of the Ministerio de Salud has violated the rights of the protected company to free trade and due process, since by means of closure order number CN-ARS-A2-709-2011 of July 4, 2011, the irrevocable closure of the plant of the company Nombre113797 Sociedad Anónima was ordered.
He accuses that, due to a complaint, officials of the respondent Área Rectora appeared at its plant and issued a series of instructions to adjust the process they carried out to the legal and regulatory requirements for performing the activity; however, on their part, they left the issue of odors pending, which was addressed in a meeting held at the Sede Regional Central Norte, where report number CN-URS-423-2011 of June 20, 2011, was made known, based on which the closure of its industrial plant was ordered. The aforementioned report contains serious inconsistencies, despite which he was not allowed to properly refute it, for although he filed a revocation appeal against it, his petition was not accepted, and his requests were ignored, which he considers a violation of his fundamental rights, since said closure was ordered without technical reasons for it, and consequently, he was prevented from exercising his right of defense.
In his opinion, this Chamber must annul the disputed sanitary order. However, on repeated occasions, this Chamber has stated that the sanitary order issued by the Ministerio de Salud, in cases of its competence, constitutes the initial act of the administrative procedure, such that once it is notified, the requirements of due process must be met, and not before. It will then be from that procedural moment when the petitioner may discuss the appropriateness or not of the challenged sanitary order before the respective instances. The appellant will also have the power to challenge the final decision adopted by the Ministerio de Salud before the Courts of Justice, as applicable. Consequently, the appeal is inadmissible, and it is so declared." Subsequently, it again filed an appeal before the Sala Constitucional, again invoking the violation of due process, on which occasion the Constitutional Court, in judgment number 11486-2011 at eleven hours and twenty-five minutes on August 26, 2011, stated: "IV.- SPECIFIC CASE.
From the report rendered by the respondent authority given under the solemnity of the oath, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the violation of due process guarantees is ruled out, based on the reasons set forth below. In this regard, it is accredited that on March 1, two thousand eleven, the Asociación Conservacionista de los ríos y el ambiente de Ciruela and the Asociación de Desarrollo Integral de Ciruela, as well as some business owners adjacent to the facilities of the company Nombre113797 S.A. denounced the generation of odors and the contamination of an irrigation canal caused by said industry. By virtue of the foregoing, an inspection was carried out at the facilities of the company in question, based on which through official letter CN-URS-117-2011 of March 4, two thousand eleven, the Director of the Área Rectora de Salud of Alajuela 2 of the Ministerio de Salud ordered: “2.
Close the activity, the company Nombre113797 must submit a waste management plan, to remove the reprocessing material stored in the drums and tank containers from the yards, to a site authorized by the Área Rectora de Salud. All spilled waste must be collected from the yards and properly disposed of. 3. Evacuate the sludge, grease, and stagnant water in the treatment plan, completely cleaning this system; this waste must be managed in accordance with the plan to be submitted. Discharge into the irrigation canal is prohibited.” Against the foregoing, the legal representative of the company filed a revocation appeal with a subsidiary appeal. By resolution DRCN-J-894-2011 of March 23, two thousand eleven, the revocation appeal was declared without merit. In resolution DM-J-1505-11 of April 28, two thousand eleven, the Dirección de Asuntos Jurídicos of the Ministerio de Salud declared without merit the appeal for revocation, the incident of suspension of the administrative act, and absolute nullity.
Subsequently, in official letter CN-URS-423-2011 of June 20, two thousand eleven, officials of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte indicated that in visits carried out on May 31 and June 9, two thousand eleven, the presence of very strong odors characteristic of the process carried out by the company PRODECA was determined. Therefore, in official letter CN-URS-709-11 of June 28, two thousand eleven, a closure warning was issued against said company. On July 4, official letter CN-ARS-A2-739-2011 was notified, an addendum to the closure warning, granting a period of 24 hours for the company to proceed with the removal of perishable food and take the necessary measures to prevent the risk of fires or other accidents. Thus, in the present case, it is accredited that the authorities of the Ministerio de Salud have diligently addressed the sanitary problems occurring at the company Nombre113797 and, based on current sanitary regulations, have issued a series of sanitary orders, which the legal representative of the company has had the possibility of challenging, which is why any infraction of due process guarantees is ruled out.
Finally, it is accredited that as of August 16, two thousand eleven – the date on which the respondent provided the report – the company Nombre113797 S.A. located in Llano del Coyol de Alajuela is operating, thereby disobeying the closure ordered by the Ministry, which is why the corresponding complaints have been filed before the Fiscalía Adjunta de Alajuela. In view of the foregoing, the appropriate course is to declare this appeal without merit, as is hereby ordered." Shortly thereafter, the plaintiff appealed to the Sala Constitucional invoking the arbitrariness of the closure order, in response to which ruling 12223-2011 was issued at ten hours and twenty-four minutes on September 9, 2011, stating: "II.- On the law. The act subject to challenge in the appeal, namely the closure order for the establishment where the company Nombre113797 Sociedad Anónima operates, dedicated to the processing of animal waste, is not arbitrary as the appellant seeks to portray it, since it is due to the non-compliance with the requirements stipulated by law for that purpose, such as the operating permit from the Ministerio de Salud, and the environmental contamination produced by the activity has been verified, despite the warnings issued by the health institution.
It was accredited that the appellant began its company's activities without complying with health requirements, and hence the state intervention in protection of people's health and the environment. Now, it was also verified that the Administration notified the resolutions to the protected party so that it could exercise its right of defense, so much so that it filed appeals that were resolved in a timely manner. If currently, as the respondents report under oath, the company has been closed, and yet it is operating in open disobedience to that order, the appellant cannot validly argue that due process and the right to work have been violated. The freedom of commerce protected by Articles 28, 45, and 46 of the Constitution presupposes compliance with the rules and requirements established by law to guarantee the safety of others, such as the provisions on environmental contamination and the operation of chemical substances, so the Chamber does not consider that it acted arbitrarily in closing the business in the manner it did." For all the foregoing, the Court rules out, as grounds for the invalidity of the challenged administrative acts, the existence of a de facto action or a material act.
Nor has a transgression of due process or defenselessness occurred. Much less does it find that there could be arbitrary conduct or conduct deviating from its purposes. As mentioned when reviewing the revocation and appeal briefs filed by the plaintiff, it had the possibility of challenging the administrative conduct of the closure. b) On the responsibility of the State. Initially, the plaintiff in its claim indicated that the damages consisted of what the company ceased to earn while it was closed and what it had to pay, the clients it lost while it was not operating, since by the nature of its raw material, animal waste must be treated immediately, and our clients cannot reserve it waiting for the company to be reopened and able to continue operating. It adds that it had to continue paying its workers' payroll even though the company was not producing. It estimated the losses at the sum of ¢130,066,206.
Subsequently, when the plaintiff company expanded the facts and claims of its demand, it requested the damages caused by the company's closure since November 20, 2012, considering the closure act issued against the company Tanatún regarding the reception of water from third parties to be illegal. In this regard, the State affirms that the truth is that the company's closure is not due to the administrative acts now being challenged in the expansion. It considers rather that, in essence, they seek to hide the true reasons for the closure. It affirms that the plaintiff company seeks to take advantage of the situation presented with the company la Tuna Tun to impute alleged responsibility for the closure of operations to the Ministerio de Salud. However, it insists that said closure is due to its inability to correct and put into full operation the treatment plant required by the legal system.
It also points out that apart from the closure of the establishment for contamination ordered by the Ministerio de Salud, other institutions, such as the Municipalidad de Alajuela, SENASA, and Nombre113801, had recommended its closure. For example, Nombre113801, through resolution Nombre113803, at 9:40 a.m. on May 9, 2012, recommended it. It considers that both Nombre113801 and the Ministerio de Salud, in application of the protective principles of the environment, have ordered the company's closure; the Tribunal Contencioso Administrativo was wrong to grant the precautionary measure that allowed the plaintiff company to continue its activity. However, the Tribunal de Apelaciones imposed as a counter-guarantee that it correct and put into operation the treatment plant within a peremptory period of 90 calendar days. And upon the expiry of said period, the truth is that the company did not comply with the counter-guarantee, so it cannot continue operating. It highlights the provision of canon 128 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317 of October 30, 1992, which mandates having a treatment plant.
It insists that if the plaintiff company was not capable of correcting and putting into full operation the treatment plant required for the activity it carries out, no responsibility can be attributed to the Ministry of Health, and, therefore, to the State for the closure of the company, which, in any case, was a unilateral decision of the plaintiff company itself.
Criteria of the Court: Pursuant to the provisions of the General Law of Public Administration, articles 190 et seq. regulate the scheme of strict liability (responsabilidad objetiva) of the Administration, which contains a series of elements that must be configured so that the obligation to respond in the patrimonial sphere can be imposed on the State. In this way, there must be conduct to which lawful, unlawful, normal, or abnormal functioning can be attributed. There must be a causal link (nexo causal) between the conduct attributed to the Administration and the damage alleged. For its part, this damage must be assessable, individualizable, real, and effective. Under this scheme, the strict liability of the State requested in this venue will be analyzed.
Before resolving what is appropriate, it is important to highlight, in view of the claims that were expanded and clarified on two occasions within this process, that the acts whose nullity was expressly requested were only the eight acts located between March 14, 2011, and July 4, 2011, whose invalidity was analyzed in the previous section. Therefore, it is obvious, from a chronological perspective, as well as with the material claim, that the nullity of the actions subsequent to July fourth, two thousand eleven, was never requested. In other words, although the plaintiff party requested patrimonial liability for the events occurring after July fourth, two thousand eleven, it did not invoke any nullity in its claims against the concatenation of acts that make up that procedural iter, which even led to the precautionary channel of the Contentious-Administrative Court; nonetheless, the plaintiff party intends to derive patrimonial liabilities therefrom, not only from the State but also from the co-defendant officials.
The Court considers this relevant, since the analysis of the administrative conduct to determine patrimonial liability cannot ignore this concatenation of actions that respond to the prolongation over time of the environmental, community, and social conflict that had been extending over time and that in turn involved several public institutions. Notwithstanding the foregoing, the theory of the case of the plaintiff party intends to ignore all this continuum to derive the responsibility of the State and the officials for the closure of its operations due to the situation presented with the company la Tuna Tun.
From the analysis based on the liability scheme, under the strict terms of the claim asserted, this Collegiate Body considers that the existence of conduct to which unlawful or abnormal functioning can be attributed has not been demonstrated. The theory of the case raised by the plaintiff company, as already indicated, focuses on establishing not only the efficient cause, but also the illegitimate administrative functioning, which caused the closure of its company and the damages it claims within the framework of the events that occurred with Nombre113805, as well as what happened in the judicial venue, with the processing of the precautionary measure (medida cautelar) that was filed, intending to extend said responsibility in full not only to the State, but to all the co-defendants. The theory of the case under examination intends to frame the allegedly illegitimate administrative functioning in the incident that occurred with the company Nombre113805, if not in the processing of the precautionary measure, to culminate with the erroneous conclusion that this is the efficient cause of the damages suffered by the closure of operations.
As had been previously indicated, the procedural iter deployed by the Administration is the faithful reflection of the repeated infringing conduct of the constitutional, administrative, and environmental legal order by the plaintiff company. Therefore, the actions of the Administration cannot be seen in isolation, but rather each of the acts must be analyzed from the perspective of its validity, the reason for which they were issued, the content of the act and its purpose, as well as its motivation. The same applies to the rest of the formal elements that make up each administrative act. In the case under examination, the Administration had well-founded reasons to intervene, since the problems of this case had been extending over time. It must be remembered that the administrative interventions were based on the protection of the environment, health, and life itself, all protected at the constitutional and legal level.
Likewise, as has been proven, the plaintiff party had breached its obligations, and for this reason, the Ministry of Health had intervened. This situation is palpable in the list of proven facts starting from proven fact twenty-five of this judgment, which locates the administrative actions deployed after July fourth, two thousand eleven. Precisely in this last phase, official letter CN-URS-231-2012, of April seventeenth, two thousand twelve, is relevant, since officials Wilberth Vázquez Bustos and Humberto Espinoza Fonseca of the Health Governing Area Alajuela 2, in relation to the follow-up on compliance with the "Por tanto" (operative part) of judgment 199-2012 of the Contentious Appeals Court, indicate to Doctor Karina Garita Montoya, in her capacity as North Central Regional Director, that the breaches persist. In this regard, the official letter in question states the following: "Point
The plaintiff maintains that in accordance with judgment dated 199-2012, of 4:45 p.m. on March 30, 2012, of the Appeals Court, the Ministry of Health had to maintain an authorized third party to receive the wastewater from Prodeca. It accuses that in open contempt of said judgment, the Ministry of Health, through the defendant officials Karina Garita, Wilberth Vásquez, and Ronald Mora, ordered Tunatun not to receive water from third parties, without indicating to the plaintiff company where it could continue treating its water. It considers that this closure ordered against the company Nombre5928 is illegal because the requested requirements already existed and because it implied an indirect closure of the company Prodeca. It mentions that as of November 20, 2012, it had nowhere to treat the wastewater, and by order of the Court, it was prevented from accumulating it on site or discharging it untreated into the Siquiares River, for which reason it had to close. It points out that the facts were reported to the Court immediately, so that by resolution of seven hours fifty minutes on November 26, it granted the Ministry of Health, specifically Dr. Karina Garita, a period to indicate the company where we had to discharge the wastewater. It mentions that the Court held the co-defendant Karina Garita responsible and fined her for her contempt.
For their part, the co-defendants indicate that the Appeals Court judgment number 199-2012, of sixteen hours forty-five minutes, imposed a counter-security (contracautela) on the plaintiff, which continued operating by virtue of a granted precautionary measure (medida cautelar), so that it would proceed to eliminate the contaminating waters and put the plant in full operation, as was its obligation and not a free concession; for this, a peremptory maximum period of 90 calendar days was granted. In turn, during that period, the Ministry of Health would indicate to the plaintiff a company that would temporarily provide that service, based on the premise that the plaintiff truly had the intention to comply, without suspecting that these were contrivances to allow it to continue with its irregular situation. The peremptory period expired on June 30, 2012. Reason for which closure was appropriate; however, the Enforcement Judge extended the period ordered by the Court.
Criteria of the Court: The scheme of subjective liability (responsabilidad subjetiva) of officials is found in articles 199 and 210 of the General Law of Public Administration. It is important to cite both rules, since from them it is possible to deduce the elements that compose it. In that sense, canon 199 of the indicated normative body provides: "Article 199.- 1. The public servant who has acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave) in the performance of their duties or on the occasion thereof shall be personally liable to third parties, even if they have only used the means and opportunities offered by the position. 2. Such cases shall include the official who issues manifestly illegal acts, and the one who obeys them in accordance with this law. 3. There shall be manifest illegality, among other cases, when the Administration departs from advisory opinions or rulings that highlight the illegality, if the invalidity of the act is subsequently declared for the reasons invoked by the opinion. 4.
The classification of the servant's conduct for the purposes of this article shall be made without prejudice to the joint and several liability with the Administration vis-à-vis the offended party." For its part, article 210 indicates: "Article 210.-1. The public servant shall be liable to the Administration for all damages caused to it by intent or gross negligence, even if no damage to a third party has occurred. 2. To make this liability effective, the preceding articles shall apply, with the appropriate exceptions. 3. The action for recovery shall be executory, and the title shall be the certification of the amount of the damage issued by the head of the respective entity." The mentioned rules refer to the necessary existence of intent or gross negligence in the conduct displayed by the official in order to be held liable. Thus, intent and gross negligence constitute the criteria of imputation or attribution of this system of subjective liability. At the same time, under said scheme, there must be a causal link between the subjective conduct—whether intentional or negligent—and the damage alleged.
Pursuant to what was stated in the previous section, in the analysis made of the State's liability, under the strict liability scheme, the Court considered that the reproached conduct after July fourth, two thousand eleven, in the context of the facts and the situation related to the long-standing environmental and social problem that the case embodies, from a comprehensive perspective, could not be considered arbitrary, deviated, or one to which unlawful or abnormal functioning could be attributed. If this is so, it could not be attributed to the co-defendant officials either, that they had deployed, within the subjective scope, any type of intentional or negligent conduct. Note that the plaintiff party, in its expansion of claims, never questioned the validity of the conduct deployed by the Administration after July fourth, two thousand eleven; rather, its reproach, through which it intends to link their joint and several patrimonial liability, focuses solely on what happened with Nombre113808 and the precautionary protection phase of the Contentious-Administrative Court.
On the other hand, the plaintiff, in its arguments, never individually specified in detail the subjective conducts deployed by the co-defendants, to which intent or gross negligence could be clearly, directly, and forcefully attributed, placing each of them separately within these imputation criteria, in order to link them in that way with the damage sought to be compensated, derived from the closure of operations. Thus, the circumstances of manner, time, and place of their conduct, which make them deserving of an intentional or negligent attribution, are neither clear nor were they well determined or proven as required in this venue.
Furthermore, the events of the company Tan Tún, as well as what happened in the precautionary channel, cannot be considered either as the efficient cause that produced the closure of operations and the damages derived by the plaintiff party. Under the theory of the case it presents in this jurisdictional venue, the plaintiff company intends to isolate or suppress all the factual background, as well as the reasons why the Ministry of Health had to intervene; the decisions it reproaches the officials for are the efficient cause of the damage to the company. According to the proven facts accredited in this venue, the origin of all this administrative activity has its basis precisely in the failures to observe the legal order by the company, which extended over time. Establishing the patrimonial liability of the co-defendants in the case under examination would be contrary not only to the provisions of the General Law of Public Administration cited above, but also to basic principles of justice, equity, logic, and reasonableness, since it would transfer to their actions in the exercise of their powers in favor of the environment, health, and life, the origin of this entire conflict, which, as already indicated, has its genesis in the very actions of the plaintiff company.
VII.On the indemnification items. Due to the manner in which it is resolved, considering the non-existence of strict liability and subjective liability of the defendants in this venue, it is unnecessary to refer to the recognition of the damages alleged in this venue, which were modified in the expansions that followed the initial filing of the lawsuit, for the supposed losses, damages caused by the closure of the company Prodeca, from November 20, 2012, to the date on which said detriments would be quantified.
VIII.On the claims. Claim A): This claim states the following: "The plaintiff seeks a declaration that the State, through acts and conduct attributable to the Ministry of Health and personally to the defendant officials Doctor Karina Garita Montoya, ID CED90022, Director of the North Central Region; 3) Chemist Wilberth Vásquez Bustos, license (sic...) 1055, ID CED90023. 4) Dr. Ronald Enrique Mora Solano, ID CED90020, resident of Mercedes Sur de Heredia, Director of the Health Governing Area Alajuela 2; all officials of the Ministry of Health, North Central Regional Health Directorate, are responsible for having issued illegal closure reports and orders, non-compliant with the legal order, and absolutely null and void against the company, and that this closure measure ordered as of July 4, 2011, was and is absolutely null." Pursuant to what is stated in considering VI of this judgment, it must be rejected.
Claim B): This claim states the following: "B) In accordance with article 42, a), b), and h) of the Contentious-Administrative Procedural Code, we request a declaration of non-conformity with the Political Constitution and the legal order, and the absolute nullity of the acts, the conduct, or the material action, also constituting a de facto action (vía de hecho), caused by the conduct of arbitrary closure of the company; a closure for which the State and the defendant officials are personally responsible, Doctor Karina Garita Montoya, ID CED90022, Director of the North Central Region; 3) Chemist Wilberth Vásquez Bustos, license (sic...) 1055, ID CED90023. 4) Dr. Ronald Enrique Mora Solano, ID CED90020, resident of Mercedes Sur de Heredia, director of the Health Governing Area Alajuela 2; all officials of the Ministry of Health, North Central Regional Health Directorate; who closed the company without respecting the company's right to due process of law, without a valid or effective administrative act.
Consequently, that the attacked acts be declared absolutely null and ineffective, which are: A. Official Letter CN-URS-117-2011, of March 4, 2011, Inspection Report carried out at the Prodeca Industry, signed by Wilberth Vásquez Bustos, chemist of the North Central Health Rectorate Regional Directorate, Ministry of Health. Recommends closing the company. B. CN-ARS-A2-247-2011, of the Health Governing Area of Alajuela 2, of March 14, 2011, by which it confirmed the Closure and declared that it will place the closure seals in two days. C. DRCN-J-894-2011, March 23, 2011, Ministry of Health, North Central Region, signed by Dr. Karina Garita Montoya, by which it rejected the appeal for revocation filed against the closure. D. CN-URS-423-2011 of June 20, 2011, signed by chemist Wilberth Vázquez Bustos, and veterinarian Humberto Espinoza F., of the Ministry of Health, North Central Region, by which they confused in point 8, the emission values with the values regulated by the Immisions Regulation.
E. CN-ARS-A2-705-11 of June 23, 2011, by which Technician Danny García Mora proceeded to notify the company of the warning to close the company in 48 hours. F. CN-ARS-A2-709-2011, of June 28, 2011, by which Dr. Karina Garita warned the company that it will be closed in 48 hours. G. CN-ARS-A2-739-2011 dated July 4, 2011, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director of the Health Governing Area Alajuela 2, by which he made the decision to close the company." This claim must be rejected based on what is stated in considering VI of this ruling titled: "On the specific case," in subsection a).
Claim C: This claim states the following: "C) Declare that the damages caused by the second closure of Nombre113797 from November 20, 2012, to date, are the responsibility of the Ministry of Health and the personal and joint and several liability of the defendant officials, for failing to comply with the granted precautionary measure (medida cautelar) and the judicial resolutions issued in that process, and consequently, leaving Nombre113797 without a place to treat its wastewater; a fact that caused the closure of the company." Based on what is stated in considering VI of this judgment, subsections b) and c), it must be rejected.
Claim D: This claim states the following: "D) Condemn the defendant officials and the Ministry of Health to pay all the losses, damages caused by the closure of the company Nombre113797 from November 20, 2012, to the date on which the damages are quantified." Pursuant to what is stated in considering VI of this ruling titled: "On the specific case," in subsections b) and c), this claim must be rejected.
IX.On the defenses: a) Defenses raised by the State: i) lack of right: This must be sustained as set forth in considering VI of this judgment. ii) res judicata (cosa juzgada material) regarding the allegation of violation of due process: Notwithstanding the fact that the existence of several amparo appeals filed in the constitutional venue related to the case at hand has been proven and were taken as elements confirming the non-existence of the violation of due process, the Court considers that it is impossible —from the competence perspective of canon 49 of the Constitution— to consider the existence of "res judicata," because the processes refer to different spheres, one constitutional and the other contentious-administrative, for which reason it must be rejected. Thus, the exercise of legality review derived from numeral 49 of the Political Constitution entails the analysis of the merits of the argument regarding the transgression of due process.
X.On the costs: Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party for the sole fact of being so, unless the exemptions provided in the same numeral apply, which was not configured in the case under examination, and therefore the plaintiff company is condemned to pay both costs of this process.
Por Tanto
The defense of res judicata is rejected. The defense of lack of right raised by the State and the co-defendants is sustained. Consequently, the lawsuit filed by the company Nombre113797 S.A., against the STATE and the co-defendants KARINA GARITA MONTOYA, WILBERTH VÁSQUEZ BUSTOS, and RONALD ENRIQUE MORA SOLANO, is declared without merit in all its aspects. Both costs are to be borne by the plaintiff. NOTIFY.
Sergio Mena García Ileana Sánchez Navarro Juan Luis Giusti Soto Certification: It is certified that co-Judge Ileana Sánchez Navarro participated in the trial, deliberated on this judgment, and concurs with the unanimous vote, which she does not sign because she is exercising her position as substitute magistrate in the Constitutional Chamber.
Prohibited its reproduction and/or distribution for consideration.
It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:41:07.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Conducta Administrativa Subtemas:
Validez de la clausura contra empresa dedicada al procesamiento de desechos animales causando un riesgo grave para la salud de las personas y protección del medio ambiente. Elementos de validez del acto administrativo.
"IV.- Objeto del proceso: Nos encontramos frente a un proceso de plena jurisdicción, mediante el cual no solo se requiere la declaratoria de invalidez de la conducta administrativa, sino que a la vez se reclaman los daños y perjuicios, no sólo al Estado, sino de forma solidaria a los funcionarios que participaron en la conducta mencionada [...]
La forma en la que se encuentra dirigida y planteada la acción conlleva realizar tres análisis distintos, el primero sobre la invalidez de la conducta que se cuestiona, propio del régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública y por otro la responsabilidad también regulada en el mismo cuerpo normativo mencionado. No obstante, dado que se trata del Estado y de funcionarios actuando en su carácter personal, el análisis de su responsabilidad, aunque se pida de forma solidaria, debe ser vista a la luz de dos esquemas distintos. El primero de ellos, el de la responsabilidad objetiva de la Administración y el segundo, el de la responsabilidad subjetiva, que se conforman de distintos elementos y reglas propias. Para abordar de la forma más precisa el análisis de la presente causa, se dividirá en tres partes [...]
Criterio del Tribunal [...] el acto administrativo será válido cuando sus elementos se encuentren sustancialmente conformes al ordenamiento jurídico, por lo que para poder examinar dicha validez se debe tener claridad sobre los elementos que lo conforman. Dichos componentes del acto se han subdividido en los elementos materiales u objetivos como lo son el motivo, el contenido y el fin, entre los elementos subjetivos, tenemos el procedimiento, el sujeto y la forma. Conforme los define la Ley General de la Administración Pública, el motivo constituye el antecedente fáctico que desencadena la actuación administrativa. Corresponde al supuesto de hecho del acto administrativo y justifica la emisión del acto administrativo como manifestación unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos, imponiendo obligaciones u otorgando derechos. Lo anterior es lo que dispone el canon 133 de la LGAP.
El contenido del acto consiste en lo que la Administración dispone, manda u ordena, que se encuentra regulado en el artículo 132 LGAP. Por su parte, el fin consiste siempre de manera específica en la satisfacción del interés público que está a cargo del órgano o ente en el ejercicio de una determinada competencia, de acuerdo con el numeral 131 LGAP. En cuanto a los elementos subjetivos del acto, se encuentra el sujeto, que corresponde quien dicta el acto, para lo cual debe contar con investidura, competencia y titularidad. Por otro lado, el Procedimiento, se define a obligación de la Administración Pública de seguir un cauce o íter procedimental, entendido éste como una serie concatenada de actuaciones de manera previa a la emisión del acto administrativo tendentes a un fin, cuyo objeto más importante según lo dispone el artículo 214.2 de la Ley General de la Administración Pública es la búsqueda de la verdad real.
El último elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. Deriva de este elemento formal, la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo [...]
Se desprenden así los siguientes incumplimientos en materia de salud y ambiente: la actora desfogaba las aguas de la planta de tratamiento en un canal de riego, lo cual no estaba autorizado. Los reportes operacionales de vertido no cumplían con los parámetros máximos establecidos en el artículo 32 del Decreto 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", ya que las aguas de ese canal son utilizadas en riego y como abrevadero del ganado. Existía mal manejo de la materia prima dentro del establecimiento. La planta de tratamiento de aguas residuales, a la fecha en la cual se practicó la inspección no se encontraba funcionando, se observó además en estado de abandono, con acumulación de aguas y grasas, lo que aumenta la concentración de malos olores en el ambiente circundante. Las aguas residuales de la operación de la empresa PRODECA, cuando se practicó la inspección, eran enviadas a la planta de tratamiento de la empresa PROAVE, en camiones cisterna.
Para proceder de esa forma, se requiere autorización del Ministerio de Salud, con la cual no se contaba en ese momento. De ese modo, el informe, como acto administrativo, contenía los elementos fácticos suficientes, para ser rendido que obviamente le daban validez. Lo anterior, descarta además, como ya se mencionó no sólo la existencia de una vía de hecho o actuación material, sino que excluye la existencia de una conducta arbitraria, como se alega [...]
Resulta evidente que la empresa pretende dejar de lado todos estos aspectos al introducir una discusión técnica de naturaleza química mediante valoración, medición y análisis de gases, sin embargo, no se puede soslayar que el origen de las denuncias que propiciaron la intervención del Ministerio de Salud, fueron las molestias causadas a los vecinos y empresas colindantes de la empresa actora por la generación de malos olores y los efectos que ello producía en las personas. Fueron muchas las denuncias y muchos los estudios, inspecciones y actas levantadas que dan cuenta de esa situación, que no puede ser obviada [...]
En tercer lugar, para el Tribunal, desde una perspectiva integral, como se indicó, nos encontramos frente a un conflicto de naturaleza ambiental comunitaria, que no puede ser obviado y que justifica la actuación del aparato administrativo que se cuestiona en esta sede. El canon 50 de la Carta Magna contiene un mandato de protección inexorable, así como la aplicación derivada de los numerales 4, 293, 297, 302, 304 de la ley General de Salud y artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, resultan ser el marco legal en el que la Administración fundó sus actuaciones, de las que requiere la nulidad la accionante. Al momento de desplegar su actividad cuestionada en esta sede, el Ministerio de Salud tenía al frente un bien jurídico de preeminencia y preferencia, que basado en principios como el precautorio, preventivo, tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, sostenibilidad, debía ceder al interés particular. Así las cosas, la protección de la salud y el medio ambiente, cobran una importancia capital ante amenazas ciertas o incluso eventuales que podrían afectar el ambiente y a los seres humanos, lo que aconseja que en virtud del principio precautorio se tomen las medidas correspondientes, aún por extremas o drásticas que puedan resultar, sin perjuicio del control posterior que se realice tanto en la vía administrativa como judicial [...]
Por todo lo expuesto, el Tribunal descarta, como motivos de invalidez de los actos administrativos cuestionados la existencia de una vía de hecho o una actuación material. Tampoco se ha producido la transgresión al debido proceso o la indefensión. Mucho menos se encuentra que pueda existir una conducta arbitraria o desviada de sus fines. Como se mencionó al revisar los recursos de revocatoria y apelación interpuestos por la parte actora contó con la posibilidad de recurrir la conducta administrativa del cierre [...]".
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina PROCESO DE CONOCIMIENTO PARTE ACTORA: Nombre113797 S.A.
PARTE DEMANDADA: El Estado, Karina Garita Montoya, Wilberth Vásquez Bustos, Ronald Mora Solano COADYUVANTES PASIVOS: Nombre113798 y Julio Roos Ayub n.° 15-2021-V TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea. A las siete horas cincuenta minutos del primero de febrero del dos mil veintiuno.
Proceso de conocimiento interpuesto por Nombre113797 S.A., representada por Nombre113799 , cédula de identidad número CED90016, quien otorga poder especial judicial a Nombre24058 , mayor, abogado, cédula de identidad CED30795 contra: el Estado, representado por la Procuradora Adriana Fallas Martínez, mayor, soltera, vecina de San José, cédula de identidad número CED90017, Procuradora A, Carné n.° 16455 sustituye a Nombre928 ; Karina Garita Montoya, mayor, soltera, médica salubrista, vecina de San José, cédula de identidad número: CED90018, Wilberth Vásquez Bustos, mayor, casado, Químico, vecino de Heredia, cédula de identidad número: CED90019. Ronald Enrique Mora Solano, mayor, casado, médico cirujano, vecino de Heredia, cédula de identidad número: CED90020, representados por José Fabio Ramírez Carranza, cédula de identidad número: CED21117; intervienen además en condición de coadyuvantes pasivos, las señoras Nombre113798 , mayor, empresaria, vecina de Alajuela, cédula de identidad número: CED90021 y Julie Roob Ayub, mayor, empresaria, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED76703, representadas por Álvaro Sagot Rodríguez, cédula de identidad número: CED12130.
Resultando
Redacta el Juez Mena García, con el voto afirmativo de la jueza Sánchez Navarro y el Juez Giusti Soto; y,
Considerando
I.Hechos probados (útiles para la resolución de la presente sentencia):
III.Argumentos de las partes. La sociedad actora sostiene que su actividad comercial corresponde al procesamiento de desechos animales que no son de consumo humano, para producir harina para alimento animal. La producción de harina permite procesar los desechos y eliminarlos del ambiente. De otra manera, dice, miles de toneladas de desechos animales deberán ir a botaderos con los daños ambientales evidentes que esto causaría. Indica que la empresa está ubicada en los Llanos de la Garita de Alajuela, en una Zona Industrial según el Plan Regulador del Cantón de Alajuela. Menciona que el Ministerio de Salud, Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, emitió el informe CN-URS-117-2011 el 4 de marzo del 2011, mediante el cual recomendó cerrar la empresa. Acusa que la clausura fue recomendada sin realizar ningún estudio técnico ni seguir un debido proceso legal, sin dar algún plazo razonable para cumplir algunas recomendaciones, ni fue emitida una Orden Sanitaria con alguna fecha para el cumplimiento de algunas recomendaciones.
Refiere que el fundamento del estudio fue el olfato del inspector Wilberth Vásquez, recomendando la clausura de la empresa, no obstante, estar fundado en un gravísimo error cometido porque confundió los valores reglamentados para emisiones con los valores reglamentados para inmisiones. Por ello concluyó que la empresa no cumplía la norma de eliminar el 98% de las emisiones. Sostiene que al momento de decretarse la clausura, la empresa ya había cumplido varias recomendaciones previas y funcionaba con normalidad. Señala que la empresa apeló la orden de clausura para ante la Ministra de Salud, quien no tuvo conocimiento de esa inspección favorable al momento de rechazar el recurso de apelación presentado contra las Órdenes de Clausura porque ese informe fue ocultado del expediente y nunca le llegó a la Ministra. Añade que con posterioridad al cierre efectuado, el Área Rectora de Salud Alajuela 2, se ha negado a realizar la inspección para verificar el cumplimiento de las medidas originales ordenadas, a pesar de que a su solicitud, por un recurso de revisión presentado el día 4 de agosto del 2011, el Departamento Legal del Ministerio de Salud se lo solicitó en dos ocasiones: DAJ- UGJJ-1799-11 y DAJ-UGJ-J-890-11, cuyas fechas para hacer la inspección y remitir los informes ya expiraron.
Aduce que demostró al Ministerio de Salud que la empresa funcionaba bien, que además remitió reportes operacionales, de funcionamiento de calderas, estudios de inmisiones y emisiones y todos refrendados por el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica, cuyos resultados fueron correctos, dentro de los límites permitidos, y realizados mediante un muestreo isociriético de partículas totales en suspensión y dióxido de azufre y medición de gases de combustión por el método electrométrico. En síntesis afirma que de un análisis técnico, obtuvieron un resultado preciso de lo que se estaba emitiendo por las calderas y por el sistema de remoción de olores, a diferencia de lo hecho, dicen, por el funcionario Wilberth Vásquez que se limitó a percibir olores en el sitio y concluir que había contaminación sin haber hecho ningún estudio técnico. Sostiene que a la fecha el Ministerio de Salud se ha negado a hacer las nuevas inspecciones en la empresa para ordenar la reapertura, se ha negado a reabrir la empresa y la mantuvo cerrada desde el día siete de julio de 2011 hasta el día 21 de julio del 2011.
Reprocha que ninguna de las resoluciones impugnadas está fundada en prueba, prueba técnica y ninguna está motivada, ni consideró la prueba aportada y los cumplimientos probados. Denuncia que el Ministerio de Salud nunca le giró una orden sanitaria, ni órdenes, ni recomendaciones previas, tampoco otorgó plazo alguno, para cumplir ninguna medida de mitigación o corrección. Afirma que nunca fue cumplido ningún debido proceso legal previo a la clausura, más bien señala que simplemente, dicen, fue dictada la recomendación de clausura por el funcionario Wilberth Vásquez y esa recomendación fue acogida por la Doctora Karina Garita Montoya, Directora de la Región Central Norte, y Ronald Mora Director Regional. Señalan que pese al error cometido por Wilberth Vásquez reconocido ante el juez Contencioso Administrativo. Añade además, que los oficios y resoluciones impugnadas que ordenaron la clausura de la fábrica Prodeca, tienen su origen en un informe sin fundamento técnico y legal hecho por el químico Wilberth Vásquez.
Mencionan que el Oficio CN-URS-117-2011 del 4 de marzo del 2011, Informe de Inspección realizada en la Industria Prodeca, suscrito por Wilberth Vásquez, Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, Ministerio de Salud, recomendó clausurar la empresa. Señalan que el señor Vásquez se presentó a la empresa para realizar una inspección, sin tomar muestras ni realizar ninguna prueba o estudio científico ni técnico. Sin hacer nada, procedió enunciar los supuestos incumplimientos que él percibía en la empresa. Afirman además que ese informe que es la base de todos los otros oficios y resoluciones impugnados tiene un error gravísimo cometido por don Wilberth, porque confundió los valores reglamentados para emisiones con los valores reglamentados para inmisiones. Por ello concluyó que la empresa no cumplía la norma de eliminar el 98% de las emisiones. Añaden que la falta de precisión y la falta de pruebas y estudios técnicos para señalar las faltas que enunció, confundió los conceptos de inmisión y emisión.
Afirman que así lo aceptó el funcionario Wilberth Vásquez Bustos al presentarse como testigo en la audiencia celebrada el 31 de agosto del 2011, para determinar la procedencia de la medida cautelar. Insisten que el Ingeniero reconoció la enorme falla a la que indujo al Ministerio de Salud y lo calificó como una "pequeña falla" Refieren que el Área Rectora de Salud de Alajuela 2, mediante oficio CN-ARS-A2-247-11 del 14 de marzo del 2011, confirma la clausura y señala que colocará los sellos en dos días, todo fundado en el informe errado y sin prueba del Ingeniero Vásquez. Apuntan que mediante resolución DRCN-J-894-2011 del 23 marzo 2011 del Ministerio de Salud, Región Central Norte, suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, rechazó el recurso de revocatoria presentado contra la clausura, y hace referencia al informe emitido por Wilberth Vásquez. Reprocha que esa resolución no tiene ningún fundamento más allá que lo que el inspector señaló, afirman que no fueron analizados los argumentos expuestos en el recurso presentado ni se fundamenta la negativa a conceder un plazo para ejecutar las recomendaciones.
Por ese motivo, indican que se cometió una grosera una violación al debido proceso legal. Acusan que el Ministerio de Salud se apresuró en cerrar la empresa, pero nunca abrió un formal procedimiento previo en el cual le hiciera cargos a la empresa y le permitiera su defensa. Añaden que dictó el Ministerio de Salud un acto debidamente motivado y fundado en informes técnicos y científicos por la cual se fijaren fechas para realizar modificaciones o algunos cambios en el funcionamiento de la empresa. Argumentan que si hubiesen abierto el procedimiento legal, habría al menos podido el Ministerio de Salud analizar si procedía o no el cierre de la empresa o bien, determinar si al momento en que se rechaza la apelación aún había mérito, en vista de que según manifiesta la sociedad actora había acatado de inmediato las recomendaciones y procedió a hacer las correcciones ordenadas meses antes. Cita al efecto jurisprudencia constitucional sobre el derecho al debido proceso.
Reiteran que en su caso no se siguió el debido proceso legal, ni se concedió audiencia alguna, ni se emitió una Orden Sanitaria, ni se concedió un plazo para cumplir algunas recomendaciones, sino que se sancionó primero a la empresa y luego el Ministerio de Salud evitó cualquier inspección para mantenerla cerrada. Indica que prueba de ello es que el 31 de agosto del 2011, cuando el Juez revisó cada punto del oficio inicial con quien lo suscribió, el señor Wilberth Vásquez, el juez concluyó que la empresa no estaba contaminando y procedía revocar la orden de clausura. Apunta que el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, Nº 34728-S, señala claramente que la Orden Sanitaria constituye el acto administrativo que da inicio al debido proceso legal. Afirma que la ausencia, de una orden sanitaria previa al cierre de la empresa, es claramente una violación al derecho a un debido proceso legal declarado y reconocido por el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, n.° 34728-S, artículo 2.
Aduce que en la Orden Sanitaria, según la definición de ese reglamento, siempre establecerá un plazo para cumplir, en la orden de clausura de la empresa. Mencionan también que no existió ni una Orden Sanitaria ni existió un plazo para cumplir. Rescatan que la sociedad accionante cuenta con su permiso sanitario de funcionamiento al día y vigente, razón por la que no se justificó el cierre inmediato de la empresa, pues no estaba, ejerciendo una actividad diferente a la que se le autorizó. Aduce que no existe ningún supuesto en el reglamento que permita al Ministerio de Salud denegar un permiso, cancelar un permiso de funcionamiento, clausurar un establecimiento, sin la emisión de una Orden Sanitaria previa. Cita al efecto el artículo 58 del Reglamento. Reseña jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema de la Orden Sanitaria. Insiste en que en su caso no hay Orden Sanitaria, ni estudios técnicos, ni de ningún otro tipo que respalden la orden de clausura intempestiva y arbitraria dictada por la Doctora Karina Garita Montoya y por Ronald Mora.
Afirman también que no se ha respetado el derecho de la empresa a un debido proceso legal, y sin una Orden Sanitaria nunca debió de haberse cerrado la empresa, pues este es sólo el acto inicial que establece un plazo para cumplir cualquier medida correctiva. Considera que no se debieron rechazar los recursos de revocatoria con apelación presentados contra el acto de clausura, sin haber considerado los estudios técnicos que sí presentaron ante el Ministerio. Apuntan que el Ministerio, rechazó los recursos, los estudios sobre el funcionamiento de las calderas y los informes de emisiones e inmisiones elaborados por Laboratorios Gaia y refrendados por el Colegio de Químicos de Costa Rica que fueron aportados y cerró la empresa sin tener como fundamento y respaldo un solo estudio técnico. Refieren además, que el Ministerio de Salud no necesitaba cerrar la empresa para que ésta ejecutara las correcciones requeridas.
Según su criterio, la Administración optó por la solución más perjudicial y desfavorable para la empresa. Indican que el cierre de la empresa no fue una medida razonable, pues existían otras opciones, al ser la medida irrazonable, era innecesaria y desproporcionada como lo ha declarado la Sala Constitucional. Advierte que ninguna de las resoluciones señaló que había un incumplimiento tan grave que requiriera la aplicación de la sanción o medida más grave y perjudicial para la empresa. Según su apreciación nunca existió un auto de clausura debidamente fundamentado. Acusan que dicha clausura se deriva, de un informe de un Químico, quien se ha esmerado en que la empresa sea clausurada, pero no en hacer las re-inspecciones para autorizar su reapertura. Refieren que de acuerdo con el Reglamento n.º 30221-S de Inmisiones, artículos 6 y 7 obliga al Ministerio de Salud a hacer muestreos siguiendo ciertas reglas técnicas allí establecidas.
Acusa que los actos de clausura son superficiales, únicamente citan como fundamento el informe de Wilberth Vásquez Bustos, sin ninguna investigación adicional, técnica, y sin considerar los resultados de los informes sobre las emisiones e inmisiones de la empresa. Pero ese informe, insisten, está fundado en un gravísimo error cometido por Wilberth Vázquez, y reconocido, afirman, por él desde el 5 de julio de 2011 y lo volvió a reconocer el 31 de agosto de 2011, ante Juez en la audiencia oral de la medida cautelar, sin que a la fecha haya enmendado su error. Reiteran que si se hubiera dictado la Orden Sanitaria, no se habría llegado de inmediato a la medida irrazonable de clausurar la empresa, pues lo razonable era esperar dentro de un plazo prudencial la ejecución de las recomendaciones. A su juicio, no hacía falta clausurar la empresa para el cumplimiento de cualquier tipo de medidas de corrección.
Consideran también que si el Ministerio consideraba que alguna función debía ser corregida primero, pudo haberlo ordenado como lo hizo el juez al fijar una contra cautela al resolver sobre la medida cautelar; ello es suficiente para demostrar las opciones que tenía el Ministerio de Salud, sin embargo optó por la más gravosa, el cierre, que en realidad era innecesario, lo que implica, en su criterio, una clara violación al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública que impide a la Administración dictar actos contrarios a las reglas de la ciencia y la técnica o a las normas de lógica o conveniencia. En consecuencia, afirman que es indiscutible que nunca se abrió un procedimiento para permitir a la empresa defenderse, nunca fue dictada una Orden Sanitaria, nunca se dictaron instrucciones a la empresa ni se le otorgaron plazos para cumplirlas, nunca se fundamentó la decisión de clausurar la empresa.
Califican al acto de enorme arbitrariedad e ilegalidad, así como de abuso de poder de los funcionarios del Ministerio de Salud. Sostienen también que al apartarse del Reglamento y, de la ley, el Ministerio de Salud dictó un acto absolutamente nulo, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico y por no estar fundado en ningún estudio técnico. Además de ser irrazonable y desproporcionado. Mencionan que en su caso, por las razones dichas, el acto de clausura es absolutamente nulo, se aparta de las reglas técnicas y científicas, no existió una orden sanitaria, por lo que se aparta del ordenamiento jurídico y es disconforme con éste. Dentro de este proceso la parte actora llevó a cabo en dos ocasiones ampliación de hechos y pretensiones. La primera el 24 de marzo del 2013, en la que indicó conforme con la sentencia de 199-2012, de las 16:45 del 30 de marzo del 2012, del Tribunal de Apelaciones, el Ministerio de Salud debía mantener un tercero autorizado para recibir las aguas residuales de la empresa actora.
Acusa que en abierto desacato a dicha sentencia el Ministerio de Salud, a través de los funcionarios demandados Karina Garita, Wilberth Vásquez y Ronald Mora, ordenó a Nombre5928 no recibir aguas de terceros, sin indicarle a la actora dónde podría continuar tratando sus aguas. Sostiene que esa clausura dictada contra la empresa Nombre5928 es ilegal porque ya existían los requisitos pedidos y porque implicaba una clausura indirecta de la empresa accionante. Además menciona que a partir del 20 de noviembre del 2012, no tenía donde tratar las aguas residuales, y por orden del Tribunal estaba impedida de acumularlas en el sitio ni lanzarlas sin tratamiento al río Siquiares, por lo que tuvo que cerrar. Sostiene que los hechos fueron denunciados al Tribunal de inmediato, por lo que mediante resolución de las siete horas cincuenta minutos del 26 de noviembre le otorgó al Ministerio de Salud, específicamente a la Dra. Karina Garita, plazo para indicar la empresa dónde debíamos descargar las aguas residuales.
A la vez, manifiesta que el plazo indicado con anterioridad venció, sin que la Dra. Garita informara al Tribunal o a Prodeca, dónde podía continuar tratando las aguas residuales. Sostiene que la empresa cerró y a la fecha no ha podido reiniciar operaciones, pues perdió los clientes, lo que le impide generar dinero para re-contratar los empleados y hacer frente a sus deudas. Menciona también que el tribunal tuvo por responsable a Karina Garita del desacato de su resolución y le impuso una multa, mediante la resolución n.° 126-2013 dictada por la Juez ejecutora. Con posterioridad, en la segunda ampliación de pretensiones y hechos, la parte actora solicitó modificar el hecho décimo tercero de la ampliación presentada con anterioridad, indicando que en abierto desacato a dicha sentencia firme, el Ministerio de Salud, a través de los funcionarios demandados Karina Garita, Wilberth Vásquez y Ronald Mora ordenó a Nombre5928 no recibir aguas de terceros.
Además, incumplió la orden judicial de indicarle a Nombre113797 dónde podría continuar tratando sus aguas, incumpliendo la medida cautelar otorgada, lo que causó la clausura indirecta a Nombre113797. La Dirección Legal del Ministerio de Salud en el oficio DAJ-UGJ-RC-2477-12 les informó que recomendó a la Dra. Garita revocar parcialmente la orden de clausura de Nombre5928 para cumplir la orden judicial. Pero ni la Dra. Garita ni el Ministerio de Salud le notificaron nada. Por su parte, el Estado, considera la sociedad actora cuestiona una serie de actos del Ministerio de Salud que culminaron con la clausura de la planta que opera en Los Llanos del Coyol en La Garita de Alajuela. Sostiene que la planta procesadora propiedad de la empresa actora no cumple con las medidas sanitarias y de protección al ambiente necesarias y adecuadas, por lo que la conducta de las autoridades del Ministerio de Salud, que culminan con la clausura de la planta propiedad de la empresa actora, se ajusta en un todo a derecho.
Refiere que de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección de ese derecho es uno de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud, derivado del derecho a la vida. Correlativo a esos derechos, el mismo artículo 50 constitucional le encomienda al Estado el deber de velar por la protección y conservación de estos, a través de los mecanismos que la ley pone a su disposición, y le ordena el deber de adoptar las medidas e imponer las sanciones que correspondan. Sostiene además que la Ley General de Salud y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, facultan al Ministerio de Salud para adoptar las medidas y disposiciones generales o individuales, que aseguren la aplicación y cumplimiento de las normas de salud, así como la protección del medio ambiente. Menciona que el artículo 2 de la Ley General de Salud, n.° 5395 del 30 de octubre de 1973, establece que es función esencial del Estado el velar por la salud de la población, citando a continuación una serie de artículos de ese cuerpo normativo (artículos 4, 293, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304).
Correlativamente, dice, se le confiere a las autoridades de salud la potestad suficiente para clausurar a aquellas industrias que incumplan las obligaciones o prohibiciones en cuestión. Cita a su vez el artículo 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, n.° 7317 del 30 de octubre de 1992. Apunta que en el caso que nos ocupa, atendiendo denuncias formuladas por la Asociación Conservacionista de los ríos y ambiente de Ciruelas de Alajuela y la Asociación de Desarrollo Integral del mismo lugar, así como de algunos empresarios y vecinos que colindan con las instalaciones de la empresa PRODECA, el Ministerio de Salud realizó una inspección a las instalaciones de la empresa y mediante oficio n.° CN-URS-117-2011, del 4 de marzo del 2011, el Director del Área rectora de Salud de Alajuela ordenó clausurar la actividad de la actora, por haber determinado el incumplimiento de una serie de requisitos estructurales y sanitarios que deben ser corregidos.
Puntualiza que la planta propiedad de la actora, entre otras falencias, tiene un sistema de control de emisiones de olor que no alcanza la eficiencia requerida para retener los malos olores producidos por el procesamiento de los desechos cárnicos, no pudiendo evitar las incomodidades y molestias a los vecinos afectados; y tampoco cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, que cumpla con la autorización del Ministerio de Salud y SETENA. Añade que el funcionamiento de la planta procesadora propiedad de la empresa actora pone en riesgo la salud, no solo de sus empleados, sino de los vecinos y personas que trabajan en empresas cercanas, por la contaminación ambiental que genera. Afirma también que es claro que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud que han culminado con la clausura de la empresa actora se ajusta en un todo a derecho. Advierte que en materia de salud rige el principio precautorio, esto es que ante el indicio de situaciones de riesgo para la salud o el ambiente, las autoridades están facultadas para adoptar las órdenes sanitarias que consideren adecuadas, citando un extracto de una sentencia de la Sala Constitucional sobre el tema (2000-1624, de las 12:26 horas del 18 de febrero del 2000).
Pide tener en cuenta que, la clausura de la planta procesadora de la empresa actora ha sido ordenada no solo por las autoridades de salud, sino también por Nombre113801 (resolución número 1164-2011-SETENA, de las 8:50 horas del 26 de mayo del 2011). En ambos casos, dice, tanto la clausura ordenada por el Ministerio de Salud como por parte de Nombre113801, no es definitiva, sino en el tanto la empresa cumpla lo solicitado y demuestre la correcta operación del proyecto en todos sus componentes. Por lo demás, sostiene, no es cierto, que la orden de clausura sea una medida innecesaria y carente de fundamento. Afirma que, en múltiples informes, el Ministerio de Salud e incluso SETENA, han dejado constancia que la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa no está en funcionamiento, pues se observó en estado de abandono, con acumulación de aguas y grasas. Según explica, por mucho tiempo la empresa utilizó un canal de riego para verter las aguas, supuestamente tratadas, así como el canal pluvial que corre paralelo a la carretera que pasa al frente de la empresa, lo cual, sostiene, desde ningún punto de vista puede ser permitido.
En el mismo sentido, dice ahora, la autorización para tratar las aguas en otra empresa que cuente con planta de tratamiento, solo puede ser de manera temporal, pues de lo contrario se infringiría el citado numeral 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. En cuanto al sistema de control de olores que posee la empresa actora, sostiene que se ha comprobado que no es suficiente para retener los compuestos orgánicos que se liberan en la cocción de desechos cárnicos, responsables del mal olor, alterando las condiciones normales de la calidad del aire en los alrededores de la empresa. Menciona también que los olores percibidos, tal y como lo manifiestan los vecinos denunciantes y las constancias de los guardias rurales que constan en el expediente administrativo, son pestilentes, lo cual evidencia las deficiencias del sistema de control de olores. Sostiene que como lo indicaron los profesionales del Ministerio de Salud, en el oficio CN-URS-833-2011, del 16 de noviembre del 2011 "3.- [ ... ] La estructura física del sistema de control de olores tiene accesorios de diferentes fabricantes; no tienen la declaración del diseñador de ese equipo, que certifique cuál es la eficiencia máxima de eliminación de contaminantes que producen los olores en el proceso de cocción de los desechos.
El condensador de vapores, la torre lavadora de gases, el venturi y el biofiltro deben tener una capacidad reconocida por los fabricantes de su eficiencia de remoción, productos químicos a usar, cantidad y concentración de estos, mantenimiento, vida útil de los rellenos, etc. El Ministerio no cuenta con expediente con este tipo de información que debe suministrar la empresa. [ ... ]." En síntesis, según su criterio, la conducta administrativa impugnada se ajusta en un todo a derecho por lo que la demanda debe ser rechazada. Aduce que en todo momento se respetó a la empresa actora la garantía al debido proceso. Afirma que los reproches de la empresa actora no son de recibo. Menciona también que tal y como consta en el expediente administrativo, atendiendo una denuncia formulada por la Asociación Conservacionista de los ríos y ambiente de Ciruelas de Alajuela y la Asociación de Desarrollo Integral del mismo lugar, así como de algunos empresarios y vecinos que colindan con las instalaciones de la empresa PRODECA, el Ministerio de Salud realizó una inspección a las instalaciones de la empresa en la cual se pudo comprobar el incumplimiento de una serie de requisitos estructurales y sanitarios que deben ser corregidos.
Afirma que se determinó que la planta propiedad de la actora, entre otras falencias, tiene un sistema de control de emisiones de olor que no alcanza la eficiencia requerida para retener los malos olores producidos por el procesamiento de los desechos cárnicos, no pudiendo evitar las incomodidades y molestias a los vecinos afectados; y tampoco cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, que cumpla con la autorización del Ministerio de Salud y SETENA. Aduce que lejos de corregir las deficiencias apuntas por el Ministerio de Salud -y por SETENA-, la empresa actora se ha limitado a presentar múltiples recursos (de revocatoria, apelación y nulidad en sede administrativa), de amparo (ante la Sala Constitucional), y de conocimiento (en la sede Contencioso Administrativa), impugnando lo resuelto por las autoridades del Ministerio de Salud. Incluso, sostiene, desobedeció la orden de clausura en cuestión, arrancando los sellos correspondientes, lo que ameritó la interposición de una denuncia penal que se conoce ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela, bajo el expediente n.° 11-4204-0305-PE.
Informa que los múltiples recursos interpuestos por la empresa actora en sede administrativa han sido rechazados por improcedentes, pues la empresa actora, dice, no ha desvirtuado los hechos contaminantes que se le imputan y tampoco ha demostrado que los haya corregido. En todo caso, señala que la Sala Constitucional ha rechazado, al menos 3 recursos de amparo, interpuestos por empresa accionante y algunos de sus empleados, en los cuales se ha alegado, entre otras cosas, la violación al debido proceso (resoluciones 2011-9367, de las 16:57 horas del 19 de julio del 2011, 2011-11486, de las 11:25 horas del 26 de agosto del 2011, y 2011-12223, de las 10:24 horas del 9 de setiembre del 2011). De ese modo, el Tribunal Constitucional rechazó 3 recursos de amparo, por tener por comprobado la contaminación ambiental que produce la actividad que realiza la empresa actora, pese a las advertencias realizadas por el Ministerio de Salud.
En relación con la alegada violación al debido proceso, en el primero de los fallos indicados, apunta que la Sala Constitucional, sostuvo que es la resolución que ordena la orden sanitaria, en este caso, la clausura de la actividad de la empresa, el acto inicial a partir de cual deben respetarse los principios del debido proceso y no antes. En el caso que nos ocupa, repite, a las autoridades del Ministerio de Salud sí han respetado la garantía del debido proceso, según su criterio, lo que sucede es que la empresa no ha logrado desvirtuar las imputaciones realizadas ni tampoco ajustar su conducta a lo requerido por las autoridades de salud. Señala que las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es claro que sobre la no violación a la garantía del debido proceso existiría cosa juzgada material, pues ya fue descartada dicha violación por parte de la Sala.
Sostiene que los daños resultan ser inexistentes, sin perjuicio de la anterior, la accionante pretende que se condene a los demandados al pago de daños y perjuicios, los cuales, afirma, consisten en lo que la empresa dejó de percibir mientras estuvo cerrada y lo que tuvo que pagar, los clientes que perdió mientras estuvo sin funcionar, el pago de planilla, a pesar de que no estaba produciendo, los cuales estima en la suma de ciento treinta millones sesenta y seis mil doscientos seis colones, a lo que se opone de manera categórica, no solo, según sostiene, por cuanto la conducta administrativa impugnada se ajusta en un todo a derecho, sino además, por la inexistencia de los daños alegados. En efecto, la empresa actora, hasta el momento, no ha cesado en su actividad industrial pues desobedeció la orden sanitaria que ordenó su clausura, por lo que no son ciertos lo supuestos daños que se alegan.
Considera también que no ha sido ofrecida prueba alguna que demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios que se alegan, por lo que se impone su rechazo, al no reunir los presupuestos que al efecto establece el numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública. Respecto de la primera ampliación de hechos del 14 de marzo del 2013, explica que el Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia n.º 199-2012, de las 16:45 horas del 30 de marzo del 2012, como contracautela a la medida cautelar concedida a la empresa actora para seguir operando la planta industrial de su propiedad, se limitó a ordenarle a la empresa que debía eliminar las aguas estancadas de la planta de tratamiento, mientras se corregían sus problemas y se ponía en pleno funcionamiento, dentro del "plazo máximo perentorio de 90 días naturales". Mientras tanto, el Ministerio de Salud debía de indicarle cuál empresa estaba en condiciones de dar tratamiento a tales aguas.
Ahora bien, el plazo conferido por el Tribunal venció el 30 de junio del 2012, sin que la empresa actora, cumpliera con la prevención de corregir los problemas de la planta de tratamiento, motivo por el cual no le quedaba otra opción que cerrar. Lo anterior, a pesar de que la señora jueza de ejecución, en abierta contraposición a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, le amplió ilegalmente a la empresa actora el plazo para resolver los problemas de la planta de tratamiento. Sostiene además, que atendiendo lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, el Ministerio de Salud autorizó a la empresa actora a tratar sus aguas residuales en la empresa Tuna Tun Internacional S.A. Sin embargo, según informe n.° CN-URS-1106-2012, del 6 de noviembre del 2012, a pesar de que desde abril del 2012, se le había solicitado a Tuna Tun y a la misma empresa actora una serie de informes para comprobar la calidad y eficiencia del sistema de tratamiento para tratar aguas especiales, es lo cierto que no cumplieron, lo que obligó al Ministerio de Salud a dictar la Orden Sanitaria n.º CN-ARS-A2-085-2012, del 19 de noviembre del 2012, que le prohibió recibir y tratar aguas residuales de terceros.
No obstante, dicha orden sanitaria fue modificada el 29 de noviembre, permitiéndole a Nombre113805 recibir las aguas de la empresa actora. De igual modo, afirma que en relación con el eventual cierre debe tenerse en cuenta lo indicado al contestar el hecho 12, respecto de la falta de capacidad de la actora para corregir y poner en pleno funcionamiento la planta de tratamiento, verdadero motivo del cierre de actividades. Manifiesta que la resolución que indica la empresa actora, a pesar de que amenazaba con posibles sanciones a las autoridades del Ministerio de Salud, en ningún momento ordenó su notificación personal a los funcionarios involucrados, al Estado, le fue notificada la resolución hasta el 26 de noviembre del 2012, es decir con apenas un día de antelación a que venciera la prevención formulada por la señora jueza de ejecución. Por otra parte, es lo cierto que las autoridades del Ministerio de Salud, en el momento en que fueron informadas de lo resuelto por la señora jueza de ejecución, desde el 29 de noviembre del 2009, modificaron la orden sanitaria en referencia, permitiéndole a la empresa Nombre113805 recibir y tratar las aguas de la empresa actora.
Por otra parte, es mediante resolución de las 7:45 horas del 11 de diciembre del 2012, notificada el día siguiente, cuando la jueza de ejecución le confiere al Ministerio de Salud un plazo de 24 horas para que notifique a la empresa actora que podía tratar sus aguas. Sostiene que la verdadera causa del cierre de actividades obedece a su falta de capacidad para instalar y poner en pleno funcionamiento la planta de tratamiento exigida por ley. Añade que por lo demás, se trató de una decisión unilateral de la empresa, sobre la que no tiene responsabilidad alguna el Estado. Considera que la Dra. Garita el 29 de noviembre del 2012, modificó la orden sanitaria n.° CN-ARS-A2-085-2012, notificada ese mismo día, permitiéndole a Nombre113805 recibir y tratar las aguas de la empresa actora. Finalmente en lo que respecta a la ampliación del hecho décimo tercero, presentado el día 25 de abril del 2012, por la parte actora sostiene que atendiendo lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, el Ministerio de Salud autorizó a la empresa actora a tratar sus aguas residuales en la empresa Tuna Tun Internacional S.A. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia 199-2012, de las 16:45 horas del 30 de marzo del 2012, al confirmar la medida cautelar, le impuso a la actora una serie de contracautelas, entre ellas, corregir los problemas de la planta de tratamiento y ponerla en pleno funcionamiento, en un plazo perentorio máximo de 90 días naturales, plazo que se cumplió desde finales de junio del 2012.
Añade que se entiende que durante ese plazo de 90 días el tratamiento de estos desechos puede hacerse en una planta perteneciente a un tercero, según lo autorice el Ministerio de Salud. A su vez, el Tribunal indicó que dentro del mismo plazo de 90 días deberá la empresa instalar y poner en funcionamiento el segundo sistema de lavado de gases. Lo anterior sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Salud y de la misma jurisdicción, si un cambio de circunstancias exigiere revisión de lo resuelto. A su vez fue claro en indicar que si al cabo del plazo indicado no están las obras indicadas, se levantará la medida cautelar aquí dispuesta. Según su criterio, el mismo Tribunal previó que ante un cambio de circunstancias, el Ministerio de Salud estaba autorizado para revisar la situación. Afirma que precisamente eso fue lo que sucedió, pues según informe n.° CN-URS-1106-2012, del 6 de noviembre del 2012, a pesar de que desde abril del 2012, se le había solicitado a Nombre113805 y a la misma empresa actora una serie de informes para comprobar la calidad y eficiencia del sistema de tratamiento para tratar aguas especiales, es lo cierto que no cumplieron, lo que obligó al Ministerio de Salud a dictar la Orden Sanitaria n.º CN-ARS-A2-085-2012, del 19 de noviembre del 2012, que le prohibió a Nombre113805 recibir y tratar aguas residuales de terceros.
No obstante, dicha orden sanitaria fue modificada el 29 de noviembre del 2012, permitiéndole a Nombre113805 recibir las aguas de la empresa actora. Por lo demás, es lo cierto que fue la propia empresa actora la que, de manera unilateral, decidió cesar la actividad. Lo anterior motivado en su falta de capacidad para corregir y poner en pleno funcionamiento la planta de tratamiento exigida por ley, verdadero motivo del cierre de actividades. Por su otro lado, los funcionarios del Ministerio de Salud coaccionados, asistidos bajo una misma representación profesional, refieren que no se ajusta a la verdad, ni en lo que concierne al procedimiento, ni menos a su ausencia de fundamentos los reproches respecto del oficio CN-URS-117-2011 de 4 de marzo de 2011. Hacen notar que el problema de mayor gravedad que oculta la demanda es que el cierre se debió también a un incumplimiento grave, cual es el tratamiento de aguas residuales.
Afirman que sus actuaciones se han conformado plenamente con el ordenamiento, y entre otros con los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, Juridicidad de los Actos de la Administración, e Interdicción de la Arbitrariedad. Refieren que la secuencia de algunos hechos sucedidos, evidencian una cantidad incontable de eslabones en la cadena de incumplimientos de la empresa actora, en perjuicio de la salud pública, y que son de vieja data, y no dejarán duda alguna en cuanto a que no existe lesión al ordenamiento en su clausura. Afirman que la actora, pretende inducir a engaño reduciendo el grave caso a un problema de confinamiento de olores nauseabundos que produce la actividad que desarrolla, omitiendo hacer referencia al tratamiento de aguas residuales, de especial relevancia y gravedad. El "Departamento de Aguas" del entonces denominado Ministerio de Ambiente y Energía, mediante oficio # IMN-DA-3650-04 de 10 de diciembre del 2004, certificó, que el río Siquiares ubicado aproximadamente a una distancia de aproximadamente 1500 metros del inmueble, (plano catastrado plano No A-957-625-2004), es de naturaleza de cauce de caudal permanente y de dominio público.
Siendo de tal naturaleza, se permite el desfogue de aguas tratadas. Señalan que mediante oficio # UPC-PCU-002-05 de fecha 1 de febrero del 2005, y suscrito por el funcionario competente Jacobo Solano, se aprobó la solicitud de visto bueno de ubicación del sistema de tratamiento con desfogue al Río Siquiares. El "Visto Bueno" tomando en consideración el contenido del oficio identificado, se extendió supeditado a que la actora, presentara los planos constructivos. Los planos constructivos de la planta de tratamiento fueron aprobados con afluente al río Siquiares con entubamiento de las aguas residuales desde la planta de tratamiento hasta el desfogue, lo cual, afirman la empresa no ha cumplido. Indican que también ha infringido la Resolución de No. 1164-2011- Nombre113801 en la cual consta la descripción del proyecto de Proteínas de Centroamérica S.A. la propia descripción del proyecto indica que "las aguas residuales del proceso se tratarán mediante planta de tratamiento".
Recalcan que también Nombre113801 ha sido conteste con lo actuado por el Ministerio de Salud. Agrava lo expuesto, según afirman, que tal condición fue un elemento esencial para aprobar la viabilidad ambiental del proyecto. Advirtiendo que en caso de Invocar la actora el convenio con Proave S.A. (Pollos del Rey) que cuenta con planta de tratamiento, no debe olvidarse el elemento temporal que debe tener todo convenio, pues, de ser permanente constituiría una grave infracción al artículo 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que obliga a contar con planta de tratamiento propia. Añaden que el anterior incumplimiento representa, y que por sí mismo resulta suficiente para decretar el cierre de la planta, y es el sistema de control de emisiones de olores y que constituye un grave riesgo para la salud y el ambiente. Mencionan también que los olores pestilentes, nauseabundos, que emanan de la cocción de la materia prima se agregan a la gravedad del problema.
Además, sostienen que ha sido reiteradamente comprobado, que no cumple con las obligaciones de confinamiento del 98%. Según explican, el Sistema de Control de Olores, debe lograr ese porcentaje de liberación de los agentes contaminantes, lo cual encuentra pleno asidero en los artículos 294, 295, 296, 297, 302 y 304 de la Ley General de Salud, y 6 de la Ley General de Administración Pública. Hacen notar, que la suspensión de labores de la empresa fue temporal. Explican que su reapertura no depende de la Administración, sino del cumplimiento fiel de la sociedad actora de lo ordenado. Mencionan que aún varios meses después de ordenada la clausura de operaciones, esto es el 16 de noviembre del 2011, profesionales del Ministerio de Salud, pudieron comprobar la persistencia, tal y como lo hicieron constar en el oficio CN-UR-833-2011 del 16/11/2011. En esa ocasión se determinó que "( ... ) La estructura física del sistema de control de olores tiene accesorios de diferentes fabricantes; no tienen la declaración del diseñador de ese equipo, que certifique cuál es la eficiencia máxima de eliminación de contaminantes que producen los olores en el proceso de cocción de los desechos.
El condensador de vapores, la torre lavadora de gases, el venturi y el biofiltro deben tener una capacidad reconocida por los fabricantes de su eficiencia de remoción, productos químicos a usar, cantidad y concentración de los mismos, mantenimiento, vida útil de los rellenos, etc. El Ministerio no cuenta con expediente con este tipo de información que debe suministrar la empresa. Apuntan que el día Dirección13914 , se recibió en la Dirección de Área Rectora de Salud de Alajuela 2, una denuncia presentada por vecinos de Alajuela, en forma específica, de los vecinos de los Dirección6125 , Dirección2949 , Ciruelas Centro, El Coyol y alrededores, por supuesta contaminación de la paja de agua y del ambiente en general. La principal, aunque no la única, infracción de la sociedad accionante, afirman, estriba en que durante el proceso de producción de la empresa despide olor nauseabundo, entendido por tal aquel que causa o produce náuseas.
Apuntan que en la misma fecha, o sea el 10 de Diciembre de 2007, se recibió otra denuncia suscrita por Nombre113806 , vecino de Ciruelas de Alajuela. El firmante denunció la existencia de olores insoportables que afectan la salud de los trabajadores e incluso produce efectos secundarios derivadas del proceso de producción de la empresa hoy actora Nombre113797 S.A. El 11 de diciembre del 2007, se recibió denuncia presentada por Nombre113807 , funcionario de la empresa Nombre113797 S.A., por la existencia de malos olores cuyos resultados se tradujeron en personas afectadas por náuseas, vómitos y diarreas. Menciona además que el día 12 de diciembre del 2007, se recibieron en esa unidad organizativa denuncias por parte de funcionarios de las empresas Taller Sánchez Enderezado y Pintura S.A, PROLECHE S.A., Químicas Vegetales S.A., por la generación de olores ya calificados, y la contaminación que producía la sociedad accionante.
Narran que la Municipalidad de Alajuela en el año 2008 ya había ordenad la clausura de las actividades de la actora. En el orden cronológico explicativo, indican que en abril del año 2010, la empresa reinició operaciones, y aseguró haber solucionado sus problemas de funcionamiento perjudicial. No obstante, afirman, no concordaba con la realidad, toda vez que de forma concomitante con su inicio de operaciones, nuevamente se iniciaron los problemas descritos de salud y ambientales, los cuales sigue causando a la fecha en la cual se responde esta demanda. Apuntan que ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, el día 1 de marzo del 2011, la "Asociación Conservacionista de los ríos y el ambiente de Ciruelas" y la "Asociación de Desarrollo Integral de Ciruelas", así como también algunos de los empresarios cuyas instalaciones son inmuebles colindantes interpusieron una denuncia en contra de la empresa demandante.
Refieren que los denunciantes consignaron con claridad, que a partir del inicio del funcionamiento de actividades de la empresa infractora en el año 2007, Nombre113797 S.A., ha causado graves problemas de contaminación. Principalmente con la generación de olores repulsivos, además de haber producido la contaminación de un canal de riego. En atención a lo expuesto, la Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, ordenó el cierre el día 2 de marzo de 2011. Informan que el funcionario, Licenciado en Química, Wilberth Vásquez Bustos co demandado en esta causa, realizó la inspección indispensable a las instalaciones de la actora para valorar in situ los problemas denunciados. Afirman se trata de un Especialista Calificado, con más de 30 años al servicio del Ministerio, por lo que constituye una temeridad sostener que el informe carece de fundamento técnico. De ese modo, dicho funcionario rindió su informe, mediante oficio número CN-URS-117-2011 de fecha 04 de marzo del 2011, en el cual se estableció en lo que aquí interesa: • Que Nombre113797 S.A. desfoga las aguas de la planta de tratamiento en un canal de riego, lo cual no se encuentra autorizado ni por el Departamento de Aguas del MINAET, ni tampoco por el Ministerio de Salud.
Es decir, sostienen que incumple con un requisito esencial legal. Sobre todo, que por "contar'' con ella le fue otorgada la viabilidad ambiental • Además, los reportes operacionales de vertido no cumplen con los parámetros máximos establecidos en el artículo 32 del Decreto 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", ya que las aguas de ese canal son utilizadas en riego y como abrevadero del ganado. • Se evidenció que existe mal manejo de la materia prima dentro del establecimiento. • La planta de tratamiento de aguas residuales, a la fecha en la cual se practicó la inspección no se encontraba funcionando. • El tema de la planta, no se limita a no encontrarse funcionando, requisito esencial por sí mismo para que pudiera estar la empresa en operaciones. Más allá de no funcionar, se observó en estado de abandono, con acumulación de aguas y grasas, siendo éste otro factor que aumenta la concentración de malos olores en el ambiente circundante. • En cuanto a lo que concierne a las aguas residuales derivadas de la operación de la empresa Nombre113797 S.A., a la fecha en la cual se practicó la inspección, están siendo enviadas a la planta de tratamiento de la empresa PROA VE S.A; en camiones cisterna. • Dicen que no se trata de una invención producto de ninguna mente "calenturienta" de funcionario alguno que pretenda "perseguir" a Nombre113797 S.A. La realidad, dicen es otra y con respaldo probatorio.
Sostienen que en la empresa PROAVE, fue consultada la bitácora de control de aguas residuales, y se comprobó que esa empresa ha recibido aguas residuales de Nombre113797 desde el 24 de agosto del 2010 (por error en el oficio se anotó agosto del 2009) hasta la fecha. Las cantidades varían. Dentro de un rango de 60 a 90 metros cúbicos por día. Hacen notar, que para realizar ese proceso Nombre113797 S.A.- CISTERNAS - PROAVE, no se cuenta con la autorización del Ministerio de Salud. Ello significa, sostienen, ni más ni menos que otro grave incumplimiento. De ahí, que insistieran desde un inicio que la empresa desea reducir el diferendo a la existencia o no de olores repulsivos, pero de forma maliciosa oculta el problema de las aguas residuales. Consideran que tampoco resulta de recibo, la afirmación, que se violentó el Principio Constitucional del derecho a un Debido Proceso, pues las imputaciones mencionadas con anterioridad, así como la supuesta carencia de aspectos técnicos resulta inaceptable aseverar como lo hace la actora en su página 3, línea 6 del memorial de demanda, que el fundamento del estudio fue el olfato del Inspector Wilberth Vázquez" De ese modo, del informe técnico, se inserta parcialmente su apartado de conclusiones según se anticipó: ( ... ) 1.
La industria Nombre113797 tiene un sistema de control de emisiones de olor que no alcanza la eficiencia requerida como para retener los malos olores producidos por el procesamiento de los desechos cárnicos, no pudiendo así evitar las incomodidades y molestias a los vecinos afectados; también por el incorrecto manejo y almacenamiento de productos de desecho semi-procesado en los patios posteriores y por la planta de tratamiento de aguas residuales, que tiene la descarga a un cuerpo receptor no autorizado por el Departamento de Aguas del MINAET; por lo tanto, debe proceder a la clausura de la actividad desarrollada por la empresa, conforme lo establece el artículo 363 de la Ley General de Salud. 2. Clausurada la actividad, la empresa Nombre113797 debe presentar un plan de manejo de desechos, para eliminar de los patios el material para proceso almacenado en los estañones y tanquetas, a un sitio autorizado por el Area Rectora de Salud.
De los patios se deben recoger todos los desechos derramados y disponerlos adecuadamente. 3. Evacuar los lodos, grasas y aguas estancadas en la planta de tratamiento, limpiando por completo este sistema; estos desechos deben ser manejados de acuerdo con el plan a presentar. Se le prohíbe el vertido al canal de riego. 4. Notificar a la empresa PROA VE S.A. con orden sanitaria para que no reciba aguas residuales de terceros, sin el permiso del Ministerio de Salud". Según su criterio queda más que claro, que el oficio en mención y la recomendación deriva del mismo se fundamentó en la inspección físico-sanitaria efectuado por funcionarios institucionales con la debida fe pública. Informan que en atención al oficio citado, con oficio CN-ARS-A2-24 7-2011 de fecha 14 de marzo del 2011, suscrito por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director y el Dipl. Danny García Mora, Gestor Ambiental, funcionarios del Área Rectora de Salud Alajuela 2, emitieron apercibimiento de clausura para la empresa demandante, en el plazo de dos días, solicitando lo pertinente.
Por lo que se evidencia el inició del debido proceso legal, mismo que cómo en ley procede abre la posibilidad de interponer los recursos de ley por parte del apercibido ( ... )". En cuanto a la supuesta ausencia del cumplimiento del Principio Constitucional del Derecho a un Debido Proceso que acusa el personero de la actora, recuerdan lo ocurrido en el caso concreto objeto de esta litis. Afirman que los alegatos de la empresa pueden resumirse en la forma siguiente: • Ausencia de un procedimiento previo con las respectivas imputaciones a la empresa para poder ejercer su derecho de defensa. • Que el acto administrativo que ordenó el cierre carece de fundamento técnico, y que debió conferirse la oportunidad de ajustar su funcionamiento a los requerimientos que la Autoridad demandaba. El punto que concierne a fundamentos técnicos, sostienen que ya fue objeto de análisis, sin perjuicio de su ampliación.
Respecto a la ausencia de audiencia, lo que achaca la accionante, se tradujo en un cierre inmediato sin expedición de orden sanitaria, ofrecen como prueba el expediente administrativo, y las múltiples denuncias que ahí constan, una y otra vez desatendidas, y que han enumerado, según dicen, en párrafos precedentes unas pocas. Advierten que no fueron atendidas por parte de la actora. Argumentan que muy por el contrario, llegó al paroxismo del desdén por el ordenamiento, ya que desobedeció una orden de clausura en cuestión, procedió por sí y ante sí a arrancar los sellos, en virtud de lo cual fue presentada una denuncia en sede penal que se tramita bajo el número de expediente 11-4204-0305-PE ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela. Adicionalmente, dicen, Nombre113797 S.A., interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional precisando como causal de la interposición lo que en esta oportunidad alega no le fue otorgado al disponer el cierre de la empresa, el cual les fue rechazado.
Además, señalan, en sede administrativa, ha interpuesto multiplicidad de recursos que le han sido rechazados. Se le han rechazado, toda vez que, al interponer tal cantidad, sus actuaciones no han ido aparejadas a corregir las deficiencias encontradas en su operación en perjuicio del ambiente y la salud. Tampoco ha logrado demostrar, que los hechos y argumentos, e invocación de normas que motivaron su cierre, fueran falsos. Rechazan que exista una confusión en el informe CN-URS-117-2011 (recomendación de cierre) suscrito por el Químico Wilberth Vásquez. El informe revela, dicen, que efectivamente existió mérito suficiente para recomendar la clausura de la empresa. La sola lectura del informe permite concluir que la afirmación de que la clausura se fundó en un error por una confusión de valores reglamentados para emisiones con los valores reglamentados para inmisiones no es cierto. Afirman que de la revisión del informe (CN-URS-117-2011) se desprende que la única valoración que se realiza es el análisis de los resultados del reporte operacional de las aguas vertidas al canal de riego.
Por lo tanto, no existe tal confusión entre inmisiones y emisiones. Aclaran que no puede existir confusión y menos referirse a la existencia del gas metano. Sostienen que resulta inexplicable cuál es la metodología que utilizó la actora para medir el gas metano, debido a que en el proceso de producción de esta empresa no se genera este gas. Apuntan que el metano se genera en los procesos de combustión (o sea cuando se produce la quema de alguna materia orgánica). En el caso que nos ocupa, según afirman, lo que se produce es una cocción de producto cárnico, más nunca su quema o incineración del producto. O sea la reacción fundamental de la combustión donde se puede generar metano, si no es completa, lo que puede ocurrir con escasez de oxígeno, es la siguiente: Materia orgánica (hidrocarburo) + Oxigeno - C02 + CO + CH4 + H20, partiendo del supuesto que el hidrocarburo solo contuviera carbono, hidrógeno y oxígeno.
Según explican, la reacción de combustión, también se podrían generar Óxidos de Azufre y Óxidos de Nitrógeno. Tal es el caso del Búnker que contiene aproximadamente 2,3% de azufre y un 0,8% de nitrógeno. De ese modo, mencionan que en un proceso de cocción no hay combustión, por lo que no se generan los gases anteriormente descritos. Explican que lo que se genera son moléculas orgánicas que se volatilizan en los vapores y son las responsables de generar los malos olores, tales como DIAMINAS, TRIMETILAMINAS, MERCAPTANOS, DESCOMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS, ETC., que son mayores o se generan en mayor, proporción, cuando los desperdicios cárnicos están descompuestos. Aclaran que el gas metano es totalmente inodoro, con la característica de que es explosivo. Es el mismo gas que se utiliza en los cilindros para cocinar, si este gas se produjera en un proceso de cocción, se produciría una explosión en las cocinas.
Respecto al informe de SETENA, indican que contrario a lo afirmado por la actora, no es favorable para los intereses de la empresa. El informe, dicen, consigna que se ha mejorado el vertido de las aguas al canal. No afirma que la empresa haya cumplido con el tema del funcionamiento de la planta de tratamiento, ni menos su desfogue al Río Siquiares. Por otra parte, mantienen el criterio que no se percibe ninguna mejora en cuanto a olores fétidos. Señalan que el 21 de marzo del 2011 el oficio CN-ARS-A2-290-11, el Técnico Danny García, funcionario del Área Rectora de Salud Alajuela, presenta informe de visita de seguimiento a PRODECA, mediante el cual se anotan que se han subsanado las debilidades presentadas en relación con el vertido al canal de riesgo, el desecho de mezclas de cebo con aceite, grasas en los patios, área de lavado de cajas y salida de agua a la cuneta pluvial, (pero no el desfogue al río Siquiares como se autorizó el funcionamiento del proyecto) no así, el problema de los olores de la cocción de la materia prima, los cuales persisten.
Anotan que en el informe se indicó que el Sistema de tratamiento no estaba funcionando y que dichas aguas estaban siendo tratadas en otra planta de tratamiento, sin indicar cual planta y si la misma contaba con la autorización del Ministerio de Salud. Destacan que el oficio en mención data del 21 de marzo del 20 11, y el recurso de apelación contra la orden de clausura fue presentado por la parte actora el 16 de marzo del 2011. Indica también que la resolución emitida por la Dirección Regional (DRCN-J-894-20 11) se envió como corresponde ante la Dirección de Asuntos Jurídicos con oficio RCN-AJ-169-2011 el expediente, el cual incluía todo el legajo del mismo, incluso el oficio precitado consta en el expediente administrativo debidamente foliado, por lo que la instancia superior contaba con toda la información correspondiente a la hora de declarar sin lugar dicho recurso, contrario a lo que afirma la parte actora, quien aduce que fue escondido.
Reiteran que el informe se refuerza la tesis técnica de la carencia de una planta de tratamiento funcionando tal y cual fue aprobada (artículo 128 de la Ley de Conservación y Vida Silvestre). Mencionan que siempre se mantuvieron los canales de comunicación y coordinación abiertos tanto con los denunciantes como con los representantes de la empresa accionante. Incluso se concedió audiencia para el día 14 de abril del 2011, y en reunión sostenida entre funcionarios de esa Dirección Regional y representantes de PRODECA, estos últimos manifestaron que estaban tratando las aguas residuales con un tercero y que lo que pretendendía es que hubiera apertura para ejercer la defensa ante el Ministerio de Salud. Durante el desarrollo de la reunión, relatan que se les explicó que, en tanto no esté funcionando la planta de tratamiento, no podían continuar desarrollando la actividad. Sobre todo si no cuenta con la autorización de la institución para el tratamiento de aguas por un tercero.
Mencionan que les fue señalado con precisión, que en esa fecha, aún se encontraba pendiente la resolución del recurso de apelación, el incidente de suspensión y la nulidad planteada contra el oficio de apercibimiento de clausura (CN-ARS-247-11). Además se le requirió, que procedieran a presentar documentos que describieran el funcionamiento adecuado del sistema de control de olores. Refieren que como resultado de la reunión, y la obligación inherente al cargo y cumplimiento de funciones, era deber del Ministerio atender las denuncias planteadas. Añaden que también, producto de la reunión, se convino en esperar la resolución del Despacho Ministerial para actuar y proceder conforme. De la misma forma, afirman, se mostró total anuencia para revisar la situación de la documentación presentada, a fin de resolver la solicitud sobre el tratamiento de aguas residuales por un tercero, lo que iría trabajando respecto a las no conformidades, debía presentar un plan de mejoras para el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento y presentar reportes en cuanto a la remoción de olores (partículas Compuestos Orgánicos Volátiles COVs.).
Por otra parte, señala que en atención a lo indicado de que el Ministerio de Salud la sociedad actora se ha negado a realizar inspección para verificar el cumplimiento de las medidas originales ordenadas, indica que la solicitud se tramitó en dos ocasiones por el Departamento Legal del Ministerio de Salud mediante oficios DAJ-UGJ-J- 890-11 y el DAJ-UGJ-J-1799-11. Señalan que el oficio CNURS- 652-11 de fecha 29 de agosto del 2011 se constata que se realizó visita a la empresa Nombre113797 y se emite el respectivo informe, en el cual se pudo verificar: "(...) La empresa opera normalmente, no hay señales de los sellos de clausura colocados por el Área Rectora de Salud de Alajuela 2. La empresa no ha construido las obras de conducción de las aguas residuales hasta el río Siquiares, tal y como fue aprobado. Continúa llevando las aguas a PROAVE para el tratamiento respectivo, lo cual fue autorizado por un plazo de tres meses ya vencidos.
( .... ). Los olores percibidos son pestilentes". Ello evidencia las deficiencias del sistema de control de olores, al ser percibidos en el ambiente. O sea que las molestias no habían sido confinadas. No habían presentado los planos constructivos del biofiltro en el cual se anotaron las dimensiones, carga del instrumento, etc. Por lo anterior, sostienen queda debidamente comprobado que se realizó la visita de inspección solicitada por la empresa, y no se produjo la supuesta negativa, todo lo cual demuestra la falsedad de la afirmación. Por otro lado, con relación al informe CN-URS-423-2011, fechado el 20 de junio del 2011, manifiestan que en el punto 8) del informe, al final del párrafo se dice: "El análisis de emisión de gases de la caldera no presenta el refrendo del Colegio de Químicos". Mencionan también que revisado el reporte operacional de emisiones de la caldera de Marzo del 2011, el análisis fisicoquímico no presentaba el refrendo del Colegio de Químicos.
Explican que de acuerdo con el artículo 95, que dispone el trámite de documentos, de la Ley No. 8412, Título II, Ley del Colegio de Químicos, se establece que para ser tramitados por cualquier oficina pública, los dictámenes, las certificaciones, los reportes, las inscripciones o los registros de productos químicos, los análisis químicos y otros documentos que expresen con fe pública una verdad en las materias encomendadas al Colegio de Químicos, deberán llevar la firma de un miembro activo del Colegio de Químicos, el refrendo y el sello de este colegio. Con base en lo anterior, este análisis químico no fue evaluado, al no cumplir con el citado requisito del Refrendo del Colegio de Químicos, por lo que el trámite no se hizo cumpliendo con la normativa establecida. Además, reprochan que el reporte operacional correspondiente al muestro de las emisiones de la caldera, de todas formas no era válido, dado que la empresa Prodeca, conectó sin autorización del Ministerio de Salud, ni estando permitido en reglamentación alguna, vapores orgánicos generados del proceso de cocción de desperdicios de carne, al horno de la caldera, donde los quemaba, uniendo estos gases quemados con los gases de combustión del búnker.
Sostienen que este procedimiento no está autorizado en el Decreto No 30222-S-MINAE, "Reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de calderas". Por lo tanto, el reporte operacional presentado de emisiones no era válido, al contener una mezcla de búnker y vapores de cocción, lo que no está permitido según reglamentación citada. Mencionan además que la incineración de vapores de las cocinas donde se cuecen los desperdicios cárnicos sumaba a los problemas de malos olores en el ambiente liberados por las torres lavadoras de gases y el biofiltro, al incinerar vapores con moléculas químicas que generan malos olores. Respecto del Informe # RI 120303-I, "Resultado de Análisis Químico de Inmisiones", realizado por el Laboratorio Gaia, cuya fecha del muestreo fue el 3 de marzo del 2012, con fecha de análisis no la declarada, fecha de ingreso al laboratorio no la declarada, con fecha del refrendo del Colegio de Químicos del 27 de marzo del 2012, tipo de análisis de inmisiones, análisis perimetral de hidrocarburos totales, expresados como metano en cuatro puntos alrededor de la planta de producción, consideran que estos resultados de muestreo y análisis son para la caldera, no son para el sistema de control de olores, dado que en la caldera sí utilizan un hidrocarburo como combustible, que es el búnker.
Esto en nada se relaciona con los vapores de cocción en las cocinas. En las cocinas donde se realiza la cocción y deshidratación de los desechos cárnicos, no se produce gas metano, no hay implicado ningún proceso de combustión (como sí ocurre en la caldera). En las cocinas para cocer los desechos cárnicos y deshidratados, no se emplea ningún hidrocarburo, se utiliza vapor de agua supercalentado a más de 100 cc. Afirman que fue un gran error cometido por el Laboratorio Gaia, relacionar los compuestos orgánicos volátiles (COVs), cuantificarlos como Metano, en un proceso de cocción, donde el gas metano no se produce, lo que se generan son vapores que contienen moléculas orgánicas que producen los malos olores y es lo que debieron analizar y cuantificar en los puntos muestreados, tales como Diaminas, compuestos sulfurosos (gas sulfhídrico y mercaptanos), aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos volátiles, etc. El metano es un subproducto de la reacción de combustión de un hidrocarburo (Diesel, Kerosen, Búnker, etc), por esto, cuando se quema un hidrocarburo, los resultados sí se pueden expresar como Metano.
Señalan que el metano es un gas incoloro y no presenta olor, tiene características de explosividad. A la vez, manifiestan que otra información que debe exhibir un informe de análisis fisicoquímico, es la fecha de ingreso de la muestra al laboratorio y la fecha en que se inicia el análisis químico, los citados análisis químicos del Laboratorio GAlA carecen de esa información. Además, en los resultados expresa resultados con unidades de u/ Sm3, en esta expresión se desconoce el significado de la letra S. Por lo expuesto, rechazan los resultados del informe al ser por inexactos. En lo que respecta al informe n.° RE 120301-1, realizado por el Laboratorio GAIA, a las emisiones de gases de proceso de producción de harina de cárnicos, del muestreo del 01/03/2012, de las 3:00pm a las 4:30pm, con fecha de ingreso al laboratorio desconocida, fecha de inicio de análisis desconocida, recha del refrendo del Colegio de Químicos del 26 de marzo del 2012, que describe la muestra:
IV.Objeto del proceso: Nos encontramos frente a un proceso de plena jurisdicción, mediante el cual no solo se requiere la declaratoria de invalidez de la conducta administrativa, sino que a la vez se reclaman los daños y perjuicios, no sólo al Estado, sino de forma solidaria a los funcionarios que participaron en la conducta mencionada.
V.Sobre la réplica de conclusiones de la parte actora. A imagen 2048 del archivo PDF emanado del escritorio virtual, es posible visualizar una "réplica a las conclusiones de los demandados", presentada el 21 de enero del año en curso por la parte accionante. Sobre el particular es menester dejar claro que dicho escrito no será tomado en cuenta, en primer lugar por es contrario a las reglas establecidas por el Tribunal, desde que se hizo la propuesta para llevar a cabo la audiencia de forma virtual. Lo anterior por cuanto a las partes se les concedió una única oportunidad de emitir sus conclusiones por escrito una vez finalizada la audiencia de evacuación de prueba. En segundo lugar, si este escrito se tiene por válido se estaría transgrediendo el derecho de defensa de las partes, pues no han tenido la oportunidad de replicar. Lo anterior confirma lo dispuesto por el Tribunal, en la línea de que sean expuestas las conclusiones por una única vez, ya que si es permitida la “réplica” se llegaría a un contrasentido, de tener que continuar concediendo audiencias, lo que contrario a las reglas de la lógica y razonabilidad, así como de la celeridad procesal para el dictado del fallo. Por lo expuesto, si bien el documento fue agregado al expediente, conforme a las reglas dispuestas por el Tribunal, no tiene ninguna validez y no se tendrá en cuenta para resolver la causa.
VI.Sobre el caso concreto: Como se indica en el considerando anterior de la presente sentencia, el objeto del caso que nos ocupa se enmarca en el denominado proceso de plena jurisdicción en el que no sólo se pide la invalidez de la conducta administrativa, sino los daños. Sin perjuicio de los cambios sufridos en el objeto de este proceso con las dos ampliaciones de hechos y pretensiones que presentó la parte accionante, incluso el cambio de un hecho y una pretensión que ya había sido modificado con anterioridad, la teoría del caso se puede sintetizar en la imputación a la conducta administrativa desplegada por el Ministerio de Salud en el años 2011 su disconformidad con el ordenamiento jurídico y la consecuente responsabilidad patrimonial, no sólo del Estado, sino de los funcionarios que fueron partícipes con sus decisiones en estas acciones. La forma en la que se encuentra dirigida y planteada la acción conlleva realizar tres análisis distintos, el primero sobre la invalidez de la conducta que se cuestiona, propio del régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública y por otro la responsabilidad también regulada en el mismo cuerpo normativo mencionado.
No obstante, dado que se trata del Estado y de funcionarios actuando en su carácter personal, el análisis de su responsabilidad, aunque se pida de forma solidaria, debe ser vista a la luz de dos esquemas distintos. El primero de ellos, el de la responsabilidad objetiva de la Administración y el segundo, el de la responsabilidad subjetiva, que se conforman de distintos elementos y reglas propias. Para abordar de la forma más precisa el análisis de la presente causa, se dividirá en tres partes. a) Sobre la nulidad de la conducta administrativa. Para dar inicio al presente análisis es menester tener muy claro, para resolver con precisión, cuáles son los actos que se cuestionan y qué es lo que se le reprocha a cada uno de éstos. Los resultandos del presente fallo dan cuenta de las modificaciones del objeto del proceso así como la concatenación de actos que se cuestionan en esta sede. Se trata de ocho actos administrativos que se relacionan con una trámite de clausura y que se ubican temporalmente a inicios de marzo del dos mil once hasta el mes de julio de ese mismo año a saber: Oficio CN-URS-117-2011, del 4 de marzo del 2011, que es el Informe de Inspección realizada en la Industria Prodeca, suscrito por Wilberth Vásquez Bustos, químico de la Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, Ministerio de Salud.
Recomienda clausurar la empresa; oficio CN-ARS-A2-247-2011, del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, del 14 de marzo del 2011, mediante el cual confirmó la Clausura y declaró que colocará los sellos de clausura en dos días; oficio DRCN-J-894-2011, 23 marzo 2011 Ministerio de Salud, Región Central Norte, suscrito por Dra. Karina Garita Montoya, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria presentado contra la clausura; oficio CN-URS-423-2011 de 20 de junio de 2011 firmada por el químico Wilberth Vázquez Bustos, y el veterinario Humberto Espinoza F., del Ministerio de Salud, Región Central Norte, por el cual supuestamente confundieron en el punto 8, los valores de emisiones con los valores reglados por el Reglamento de inmisiones; Oficio CN-ARS-A2-705-11 de 23 de junio de 2011 por el cual el Técnico Danny García Mora se procedió a notificar a la empresa el apercibimiento de clausurar la empresa en 48 horas; oficio CN-ARS-A2-709 -2011, del 28 de junio de 2011, por el que la Dra. Karina Garita advirtió a la empresa que se clausurará en 48 horas; oficio G. CN-ARS-A2 -739-2011 de fecha 4 de julio de 2011, firmado por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, por el que tomó la decisión de clausurar la empresa y DM-J-1505-11, del 25 de abril del 2011, de la Ministra de Salud, mediante el cual se rechazó el recurso de apelación presentado por la empresa.
La sociedad accionante conforme a los artículo 42. a) b) y h) del Código Procesal Contencioso Administrativo, pide que sea declarada la disconformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico, la nulidad absoluta de los actos mencionados así como la conducta o la actuación material, también constitutiva de una vía de hecho, causada por la conducta de cierre arbitrario de la empresa, al considerar que cerraron la empresa sin respetar el derecho de la empresa a un debido proceso legal, sin acto administrativo válido ni eficaz. Acorde con la pretensión de nulidad que fue solicitada por la parte accionante, se analizarán estos ocho actos administrativos a la luz del régimen de nulidades. Criterio del Tribunal: Sin ánimo de ahondar en la teoría del acto administrativo y su régimen de validez e invalidez, dada su vasta extensión legal, doctrinal y jurisprudencial, resulta de utilidad mencionar -para resolver la presente causa- que todo acto administrativo se considera válido cuando es conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, entendido este en su sentido más amplio, como el conjunto de normas y leyes vigentes en el país.
Lo anterior deriva de la doctrina que fue positivizada en el canon 128 de la Ley General de la Administración Pública. Así planteadas las cosas, el acto administrativo será válido cuando sus elementos se encuentren sustancialmente conformes al ordenamiento jurídico, por lo que para poder examinar dicha validez se debe tener claridad sobre los elementos que lo conforman. Dichos componentes del acto se han subdividido en los elementos materiales u objetivos como lo son el motivo, el contenido y el fin, entre los elementos subjetivos, tenemos el procedimiento, el sujeto y la forma. Conforme los define la Ley General de la Administración Pública, el motivo constituye el antecedente fáctico que desencadena la actuación administrativa. Corresponde al supuesto de hecho del acto administrativo y justifica la emisión del acto administrativo como manifestación unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos, imponiendo obligaciones u otorgando derechos.
Lo anterior es lo que dispone el canon 133 de la LGAP. El contenido del acto consiste en lo que la Administración dispone, manda u ordena, que se encuentra regulado en el artículo 132 LGAP. Por su parte, el fin consiste siempre de manera específica en la satisfacción del interés público que está a cargo del órgano o ente en el ejercicio de una determinada competencia, de acuerdo con el numeral 131 LGAP. En cuanto a los elementos subjetivos del acto, se encuentra el sujeto, que corresponde quien dicta el acto, para lo cual debe contar con investidura, competencia y titularidad. Por otro lado, el Procedimiento, se define a obligación de la Administración Pública de seguir un cauce o íter procedimental, entendido éste como una serie concatenada de actuaciones de manera previa a la emisión del acto administrativo tendentes a un fin, cuyo objeto más importante según lo dispone el artículo 214.2 de la Ley General de la Administración Pública es la búsqueda de la verdad real.
El último elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. Deriva de este elemento formal, la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Se ha dicho que “motivar un acto administrativo" es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por otro lado, la otra cara de la moneda, que es precisamente cuando el acto sufre la patología de la invalidez, se ubica en el canon 158 de la LGAP, que dispone que "la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.
Será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico". Por su parte el artículo 166 de la citada Ley indica: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. De esta forma, la validez del acto se encuentra supeditada al cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen. Estos son precisamente los elementos que se mencionaron con anterioridad. Resta indicar que la Ley General de la Administración Pública positivizó un principio orientador en materia de nulidades que impide decretar la nulidad por la nulidad misma. El numeral 223 del cuerpo normativo mencionado dispone: "Artículo 223.-1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión." Expuesto lo anterior, será bajo esta óptica que se llevará a cabo el análisis de los ocho actos administrativos cuestionados en esta sede, pues así lo indicó la accionante en su demanda, para determinar si resultan inválidos y así lo deba decretar el Tribunal.
De una revisión pormenorizada de cada uno de estos actos el Tribunal discrepa que exista algún tipo de invalidez que deba ser decretada. En lo que respecta al oficio CN-URS-117-2011, que es el informe de inspección, como del mismo documento se desprende, fue dictado con fundamento en los artículos 4, 293, 302, 304 de la Ley General Salud, artículo 132 de la Ley de Vida Silvestre y el artículo 50 de la Constitución Política. Con base en lo anterior, resulta indubitable que el acto bajo examen cuenta con un fin que jamás podrá ser considerado como "desviado". Es posible desprender de la misma redacción del documento bajo examen, que se origina en denuncias presentadas por organizaciones sociales, empresas y personas físicas. Lo anterior, para el Tribunal, descarta la ausencia de un motivo, así como de una supuesta vía de hecho o actuación material, acusada como motivo de invalidez. A la vez, dicho informe pone de manifiesto entre otros, no sólo el tema de malos olores, sino toda una problemática de naturaleza ambiental comunitaria, de desfogue de aguas de la planta de tratamiento en un canal de riego, el mal manejo de materia prima dentro del establecimiento, la inoperancia de la planta de tratamiento de aguas residuales, el estado de abandono de la planta, el tiempo en que tenía la empresa Proave de recibir esas aguas residuales de la empresa actora para hacer mención a unas cuantas.
Conviene citar, en lo que interesa el contenido del informe, para precisar con exactitud los incumplimientos develados, que no sólo se referían a los olores: "[...] 5._ La actividad según CVO: reciclaje de subproductos cárnicos para la elaboración de materia prima de alimento para animales y cebo para la fabricación de jabón. [...] 7._ Almacenamiento de los desechos cárnicos: los reciben en estañones y se almacenan transitoriamente en una bodega cerrada antes de entrar al proceso de cocción. 8._ Proceso: los desechos cárnicos se cocinan en una autoclave, se procesan 35 toneladas por día y se trabaja las 24 horas. Cada tanda de cocción es de 4.5 toneladas y tarda en cocinarse 1,5 horas. La cocción de los desechos se hace con vapor generado de una caldera que opera con combustible búnker. El producto cocinado se somete a una operación de prensado para separar la grasa (cebo) y aceite, luego la torta pasa al molino donde se tritura para obtener la harina de carne. 9._ Sistema de control de olores: en la planta de proceso tienen un sistema de control de olores (scruber) que lava los gases provenientes del decantador, del filtro prensa y condensadores, luego de pasar a través de un biofiltro, los gases son expulsados al exterior.
Otros gases son direccionados mediante un sistema venturi y quemados en la caldera de generar vapor. A la fecha no han presentado el reporte operacional de emisiones atmosféricas. 10._ Por la intensidad olfateada de los malos olores en los alrededores de la planta procesadora de PRODECA, es evidente que el sistema de control de olores no está reteniendo el paso de los compuestos orgánicos volátiles (entre ellos las Diaminas y compuestos sulfurados) generados en el proceso de cocción de los desechos, liberándose hacia el ambiente lo que provoca las molestias denunciadas por los vecinos. La eficiencia de remoción del Sistema de Control de Olores, debería ser de tal modo, que retenga por lo menos el 98% de los compuestos orgánicos que se liberan en la cocción de los desechos cárnicos, responsables del mal olor, para evitar los efectos dañinos en el bienestar de las personas, situación que está plenamente regulada en los artículos: 294, 295, 296, 297, 302 y 304 de la Ley General de Salud. 11._ [...] Los camiones que transportan los desechos cárnicos hasta la planta procesadora no son refrigerados, los contenedores (estañones) en los que se almacenan los restos de animales para su traslado, son de metal o plástico. [...] 15._ Cuerpo receptor del vertido de la planta de tratamiento: lo hacen a un canal de riego que no es de caudal permanente, con la autorización de la asociación que lo administra.
O sea, la autorización para verter en este canal de riego la otorgó la Sociedad de Usuarios de Agua de los Llanos, Coyol de Alajuela. 16._ Este canal de riego es usado para riego y abrevadero de ganado, no es para uso público; además, no está autorizado por el Departamento de Aguas del MINAET. 17._ Resultados del análisis fisicoquímico del reporte operacional [...] Los anteriores resultados de los análisis químicos en las aguas vertidas al canal de riego, no cumplen con los límites máximos establecidos en el artículo 32 del Decreto 33601-S-MINAE "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", ya que las aguas de ese canal son usadas en riego y abrevadero de ganado. 18._ Actualmente las aguas residuales de Nombre113797 las están enviando a la planta de tratamiento de la empresa PROAVE S.A., en caminos cisterna, sin la autorización del Ministerio de Salud. 19._En la inspección física se observó un vertido de aguas residuales de Nombre113797 en el canal pluvial que corre paralelo a la carretera principal, al frente de la empresa. [...] 21._ En los patios posteriores de la empresa se observaron almacenados al aire libre y expuestos al sol, gran cantidad de estañones (aproximadamente 350), conteniendo material putrefacto y maloliente (mezcla de cebo con aceites grasos), que al parecer es material para reprocesar de nuevo.
El patio es de tierra y se observó la presencia de material derramado y escurrimientos a algunas cajas de registro de aguas pluviales ubicadas en este patio que conducen hacia el canal pluvial externo. 22._ La permanencia de los estañones y tanquetas en el patio de esta empresa, expuestos al sol y aire, oxidan con facilidad el material contenido en los mismos, aumentando la emisión de gran cantidad de sustancias orgánicas volátiles al ambiente, responsable de los malos olores, lo que se suma a los gases originados en el proceso de cocción de los desechos. 23._ La planta de tratamiento no está en funcionamiento al momento de la visita, se observó un estado de abandono, con acumulación de aguas y grasas, siendo otro factor que contribuye a la concentración de los malos olores en el ambiente circundante. 24._ En la empresa PROAVE S.A. se consultó la bitácora de control de aguas residuales y se constató que esta empresa ha recibido aguas residuales de Nombre113797 desde el 24 de agosto del 2009 hasta la fecha, en cantidades variables de 60 a 90 m3/día, sin la autorización del Ministerio de Salud.
II._ RECOMENDACIONES: [...] 1._ La industria Nombre113797 tiene un sistema de control de emisiones de olor que no alcanza la eficiencia requerida como para retener los malos olores producidos por el procesamiento de los desechos cárnicos, no pudiendo así evitar las incomodidades y molestias a los vecinos afectados; también por el incorrecto manejo y almacenamiento de productos de desecho semiprocesado en los patios posteriores y por la planta de tratamiento de aguas residuales, que tiene la descarga a un cuerpo receptor no autorizado por el Departamento de Aguas del MINAET; por lo tanto, debe proceder a la clausura de la actividad desarrollada por la empresa, conforme lo establece el artículo 363 de la Ley General de Salud. 2._ Clausurada la actividad, la empresa Nombre113797 debe presentar un plan de manejo de desechos, para eliminar de los patios el material para reproceso almacenado en los estañones y tanquetas, a un sitio autorizado por el Área Rectora de Salud.
De los patios se deben recoger todos los desechos derramados y disponerlos adecuadamente. 3._ Evacuar los lodos, grasas y aguas estancadas en la planta de tratamiento, limpiando por completo este sistema; estos desechos deben ser manejados de acuerdo con el plan a presentar. Se le prohíbe el vertido al canal de riego. 4.- Notificar a la empresa PROAVE S.A. con orden sanitaria para que no reciba aguas residuales de terceros, sin el permiso del Ministerio de Salud. Lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 4, 293 - 297, 302, 304 de la ley General de Salud; artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre; artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica." Se desprenden así los siguientes incumplimientos en materia de salud y ambiente: la actora desfogaba las aguas de la planta de tratamiento en un canal de riego, lo cual no estaba autorizado. Los reportes operacionales de vertido no cumplían con los parámetros máximos establecidos en el artículo 32 del Decreto 33601-S-MINAE, "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", ya que las aguas de ese canal son utilizadas en riego y como abrevadero del ganado.
Existía mal manejo de la materia prima dentro del establecimiento. La planta de tratamiento de aguas residuales, a la fecha en la cual se practicó la inspección no se encontraba funcionando, se observó además en estado de abandono, con acumulación de aguas y grasas, lo que aumenta la concentración de malos olores en el ambiente circundante. Las aguas residuales de la operación de la empresa PRODECA, cuando se practicó la inspección, eran enviadas a la planta de tratamiento de la empresa PROAVE, en camiones cisterna. Para proceder de esa forma, se requiere autorización del Ministerio de Salud, con la cual no se contaba en ese momento. De ese modo, el informe, como acto administrativo, contenía los elementos fácticos suficientes, para ser rendido que obviamente le daban validez. Lo anterior, descarta además, como ya se mencionó no sólo la existencia de una vía de hecho o actuación material, sino que excluye la existencia de una conducta arbitraria, como se alega.
Incluso el acto en cuestión, como se mencionó supra, fue claro en citar la normativa aplicable, para dar sustento al ejercicio de la competencia del Ministerio de Salud, entre ellas la cúspide del ordenamiento jurídico y la tutela a uno de los valores trascendentales como lo es el medio ambiente. Los argumentos de la parte accionante para pedir la nulidad de esta actuación no ahondan en un análisis profundo y convincente de la carencia de los elementos, necesaria para decretar cualquier invalidez de la conducta administrativa, dado que se centran en cuestionar la nulidad con un argumento débil e impreciso, como es indicar que el codemandado Wilberth Vázquez lo emitió utilizando su olfato. A este impreciso reproche, la parte actora, como parte de su teoría del caso, insiste, de manera estéril en extrapolar los informes emitidos con posterioridad a este acto, así como las manifestaciones del ingeniero químico Sergio Zamora Sauma en la evacuación de prueba ante el Tribunal de forma oral.
La sociedad demandante centra su argumentación únicamente en contra del supuesto error cometido al confundir los valores reglamentados de emisiones con los de inmisiones. Sin embargo, como bien lo afirman los codemandados, la única valoración que se realizó en el informe, es el análisis de los resultados del reporte operacional de las aguas vertidas al canal de riego. Aparte de este tema, como se acredita, subsisten el resto de los señalamientos hechos por el codemandado Wilberth Vázquez en su informe de inspección. Resulta evidente que la empresa pretende dejar de lado todos estos aspectos al introducir una discusión técnica de naturaleza química mediante valoración, medición y análisis de gases, sin embargo, no se puede soslayar que el origen de las denuncias que propiciaron la intervención del Ministerio de Salud, fueron las molestias causadas a los vecinos y empresas colindantes de la empresa actora por la generación de malos olores y los efectos que ello producía en las personas.
Fueron muchas las denuncias y muchos los estudios, inspecciones y actas levantadas que dan cuenta de esa situación, que no puede ser obviada. A la vez, la parte demandante, basa sus reproches de nulidad en que nunca fue emitida una orden sanitaria, en virtud de la cual, se le confiriera un plazo para corregir los incumplimientos señalados y que se procedió de inmediato al cierre de la empresa. No obstante, en el marco de los hechos que se tienen acreditados, que dan cuenta de los serios señalamientos y de las denuncias de los vecinos, el Ministerio de Salud con fundamento en las facultades que derivan de la misma Constitución, la Ley General de Salud y la Ley de Conservación de Vida Silvestre, encuentra el fundamento suficiente que le permita el cierre de una actividad que pone en grave riesgo la salud de las personas y en protección del medio ambiente. Bajo la misma línea de pensamiento, en lo que respecta al oficio CN-ARS-A2-247-2011, del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, del 14 de marzo del 2011, mediante el cual confirmó la clausura y declaró que fueran colocados los sellos de clausura en dos días, de una revisión de este documento, es posible apreciar que el mismo cuenta con el fundamento legal suficiente, fue dirigido al representante del actor y le adjuntó copia del informe de inspección CN-URS-117-2011 ya analizado.
El Tribunal no encuentra la ausencia de alguno de los elementos del acto administrativo ya mencionados, que le permitan considerar la existencia de una nulidad. En el orden que se sigue de la conducta administrativa impugnada, el 23 de marzo del 2011, mediante la resolución administrativa número DRCN-J-894-2011, de las diez horas y veinticuatro minutos, suscrita por la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Regional Rectoría de la Salud Central Norte del Ministerio de Salud, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria y remitió el asunto para ante el superior, a fin de que conociera del recurso de apelación. Además, suspendió la ejecución del acto administrativo impugnado en espera de la resolución del incidente de suspensión formulado por la empresa. Este acto tampoco refleja la inexistencia de alguno de sus elementos, dado que en el orden cronológico que se sigue, lo que la Administración hizo fue resolver un recurso con la motivación adecuada y los elementos del acto necesarios de ese momento.
Por su parte, el acto administrativo cuestionado de nulidad DM-J-1505-11, del Despacho de la Ministra de Salud, en el orden procesal temporal que se viene siguiendo, declaró sin lugar el Recurso de Apelación, así como los Incidentes de Suspensión del Acto Administrativo y Nulidad Absoluta, presentado por la empresa Nombre113797 contra el acto contenido en el oficio número CN-ARS-A2-247-2011 del 14 de marzo del 2011, de una revisión de este acto, tampoco es posible desprender el faltante de alguno de los elementos que sustentan la validez del acto administrativo, ni puede ser considerado como un acto arbitrario, que desvíe sus fines o que pueda ser considerado como una vía de hecho. Tampoco es posible considerarlo como transgresor del debido proceso, pues más bien resuelve los recursos e incidentes que presentó la sociedad accionante contra el oficio N-ARS-A2-247-2011, que a su vez, tuvo como sustento el informe de inspección CN-URS-117-2011 de lo cual se sigue, que ésta pudo ejercer su derecho de defensa.
Mediante el oficio interno CN-ARS-A2-705-11 de 23 de junio de 2011, del Técnico Danny García Mora le informó al Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, el resultado del informe de visitas así como la valoración de la memoria de cálculo que fue copiado al representante de la parte actora, mediante el en las conclusiones indicaba que debía procederse con la notificación del apercibimiento con un plazo de 48 horas. Por su parte, el oficio CN-ARS-A2-709-2011, cuestionado en esta sede del 28 de junio de 2011, Enrique Mora Solano y Danny García Mora basados en los oficios CN-ARS-A2-705-11, CRN-URS-423-11, así como las resoluciones RCN-AJ-169 2011 y DM-J-1505-2011, así como en los artículos 1, 4, 293, 294, 295, 297, 337, 355, 356, 363 de la Ley General de Salud, artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, 307 del Código Penal comunicaron la clausura del establecimiento en 48 horas.
Finalmente, el oficio CN-ARS-A2 -739-2011 de fecha 4 de julio de 2011, firmado por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, comunica a la empresa accionante el adendum del apercibimiento de cierre al oficio CN-ARS-A2-709-11. Los tres anteriores oficios se relacionan con trámite del cierre del establecimiento, que bajo la óptica de la concatenación de actos analizados, no se encuentra el faltante de los elementos constitutivos del acto. Finalizada la revisión individual de cada uno de los actos de la conducta administrativa de la que se pide sea declarada su disconformidad con el ordenamiento jurídico, resta hacer referencia a los aspectos que menciona la parte accionante para dar sustento a la nulidad de los actos que cuestiona en esta sede, de forma genérica. En primer término, la sociedad demandante en su teoría del caso pretende asimilar a la concatenación de actos revisada en esta causa, como un tipo de "vía de hecho" o "actuación material".
Según su teoría del caso, nos encontramos ante esta figura jurídica, por el hecho de que no se siguió el trámite de una orden sanitaria, por lo que alega indefensión. Debe recordarse que la vía de hecho en términos muy sencillos responde a aquella actuación de la Administración realizada sin competencia o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, sin fundamento alguno. En el caso bajo examen, como se ha indicado, las actuaciones no sólo tenían sustento en la cúspide del ordenamiento Jurídico, sino en la Ley General de Salud y la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Por otro lado, como se pudo constatar los actos cuestionados no reflejaron la supuesta patología alegada por la accionante, pues la parte accionante no logra demostrar que careciera de alguno de estos. En segundo lugar, como ya se indicó supra, aunque el Tribunal tiene claro que la única conducta que se cuestiona en esta sede es la emanada del Ministerio de Salud, resulta imposible soslayar, como pretende hacerlo la parte accionante, la existencia paralela a nivel de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental Tribunal Ambiental, de otro procedimiento relacionado con la problemática ambiental que presentaba la actividad desarrollada por la accionante.
Así las cosas, no sólo el Ministerio de Salud, sino también la SETENA, había ordenado la suspensión de las actividades de la empresa actora, lo que reafirma y pone de manifiesto de la necesidad de la medida adoptada. Como se tiene acreditado en el elenco de hechos probados de la presente sentencia, mediante resolución número 1164-2011-SETENA, de las 8:50 horas del 26 de mayo del 2011, Nombre113801 acordó: "PRIMERO: Se acoge parcialmente la denuncia únicamente en lo que respecto a la aplicación de medidas cautelares para la suspensión de la operación de la planta, hasta que las instituciones involucradas confirmen la correcta operación de la misma, ya que la falta de operación de la Planta de Tratamiento de aguas residuales y el manejo que se le está dando a las aguas servidas y jabonosas, no cumple con lo establecido en el expediente No. 1348-2004-SETENA, por lo que con base a lo expuesto en los artículos 11 y 109 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, se recomienda aplicar como medida cautelar la paralización del proyecto de proteínas de Centroamérica, con expediente administrativo FEAP-1348-2004-SETENA, hasta tanto cumpla con lo solicitado por la Nombre113801 y demuestre la correcta operación del proyecto y todos sus componentes." En tercer lugar, para el Tribunal, desde una perspectiva integral, como se indicó, nos encontramos frente a un conflicto de naturaleza ambiental comunitaria, que no puede ser obviado y que justifica la actuación del aparato administrativo que se cuestiona en esta sede.
El canon 50 de la Carta Magna contiene un mandato de protección inexorable, así como la aplicación derivada de los numerales 4, 293, 297, 302, 304 de la ley General de Salud y artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, resultan ser el marco legal en el que la Administración fundó sus actuaciones, de las que requiere la nulidad la accionante. Al momento de desplegar su actividad cuestionada en esta sede, el Ministerio de Salud tenía al frente un bien jurídico de preeminencia y preferencia, que basado en principios como el precautorio, preventivo, tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, sostenibilidad, debía ceder al interés particular. Así las cosas, la protección de la salud y el medio ambiente, cobran una importancia capital ante amenazas ciertas o incluso eventuales que podrían afectar el ambiente y a los seres humanos, lo que aconseja que en virtud del principio precautorio se tomen las medidas correspondientes, aún por extremas o drásticas que puedan resultar, sin perjuicio del control posterior que se realice tanto en la vía administrativa como judicial.
En cuarto lugar, refiere la parte actora en términos generales como motivo de nulidad de los actos que indica en su pretensión, una transgresión al debido proceso y el derecho de defensa. En igual sentido, acorde con los hechos probados de la presente sentencia, se ha logrado demostrar que la empresa actora, bajo una argumentación similar y con base en los mismos hechos, interpuso varios recursos de amparo ante la Sala Constitucional, los cuales descartaron cualquier violación al derecho de defensa. En ese sentido destaca la sentencia número 9367-2011 de las dieciséis horas cincuenta y siete minutos del 19 de julio de 2011, la Sala Constitucional descartó la violación alegada por la representación de la empresa actora, por la orden de cierre de sus instalaciones, al considerar: "El recurrente acusa que el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud ha violentado los derechos de la sociedad amparada al libre comercio y al debido proceso, pues por medio de la orden de cierre número CN-ARS-A2-709-2011 del 4 de julio de 2011, se dispuso la clausura irrevocable de la planta de la empresa Nombre113797 Sociedad Anónima.
Acusa que debido a una denuncia, funcionarios del Área Rectora recurrida se apersonaron en su planta y le giraron una serie de instrucciones para ajustar el proceso que realizaban a los requerimientos legales y reglamentarios para desempeñar la actividad; no obstante, de su parte dejaron pendiente el tema de los olores, el cual fue abordado en una reunión realizada en la Sede Regional Central Norte, en donde se conoció el informe número CN-URS-423-2011 del 20 de junio de 2011, con base en el cual se dispuso la clausura de su planta industrial. El informe mencionado contiene serias inconsistencias, pese a lo cual no le permitió refutarlo debidamente, pues pese a que presentó un recurso de revocatoria en su contra; su gestión no fue acogida y se les hizo caso omiso a sus peticiones, lo cual estima violatorio de sus derechos fundamentales, pues dicho cierre se ordenó sin que existieran razones técnicas para ello, y en consecuencia, se le imposibilitó ejercer su derecho de defensa.
En su criterio, esta Sala debe dejar sin efecto la orden sanitaria en disputa. No obstante, en reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado que la orden sanitaria que dicte, en los casos de su competencia el Ministerio de Salud, constituye el acto inicial del procedimiento administrativo, de manera tal que una vez notificado éste es que debe cumplirse con los requisitos del debido proceso y no antes. Será entonces a partir de ese momento procesal, cuando el gestionante podrá discutir la procedencia o no de la orden sanitaria impugnada, ante las instancias respectivas. El recurrente también tendrá la facultad de impugnar ante los Tribunales de Justicia, la decisión final que adopte el Ministerio de Salud, para lo que corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara." Con posterioridad, volvió a presentar recurso ante la Sala Constitucional, invocando nuevamente la violación al debido proceso, ocasión en la cual, el Tribunal Constitucional, en la sentencia número 11486-2011 de las once horas veinticinco minutos del 26 de agosto de 2011, manifestó: "IV.- CASO EN CONCRETO.
Del informe rendido por la autoridad recurrida dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se descarta la vulneración de las garantías al debido proceso, con fundamento en las razones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el 1 de marzo de dos mil once, la Asociación Conservacionista de los ríos y el ambiente de Ciruela y la Asociación de Desarrollo Integral de Ciruela, así como algunos empresarios que colindan con las instalaciones de la empresa Nombre113797 S.A. denunciaron los generación de malos y la contaminación de un canal de riego que genera dicha industria. En virtud de lo anterior, se realizó una inspección en la instalaciones de la empresa en cuestión con fundamento en la cual mediante oficio CN-URS-117-2011 del 4 de marzo de dos mil once, el Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud ordenó: “2.
Clausurar la actividad, la empresa Nombre113797 debe presentar un plan de manejo de desechos, para eliminar de los patios el material para proceso de almacenado en los estañones y tanquetas, a un sitio autorizado por el Área Rectora de Salud. De los patios se deben de recoger todos los desechos derramados y disponerlos adecuadamente. 3. Evacuar los lodos, grasas y aguas estancadas en el plan de tratamiento, limpiando por completo este sistema; estos desechos deben ser manejados de acuerdo con el plan a presentar. Se le prohíbe el vertido al canal de riego”. En contra de lo anterior, el representante legal de la empresa interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Por resolución DRCN-J-894-2011 del 23 de marzo de dos mil once, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria. En resolución DM-J-1505-11 del 28 de abril de dos mil once, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud declaró sin lugar el recurso de apelación, el incidente de suspensión del acto administrativo y de nulidad absoluta.
Posteriormente, en oficio CN-URS-423-2011 del 20 de junio de dos mil once, funcionarios de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte indicaron que en visitas realizadas el 31 de mayo y el 9 de junio de dos mil once se determinó la presencia de olores muy fuertes característicos del proceso que desarrolla la empresa PRODECA. Por lo anterior, en oficio CN-URS-709-11 del 28 de junio de dos mil once, se emitió apercibimiento de clausura contra dicha empresa. El 4 de julio se notificó el oficio CN-ARS-A2-739-2011, adendum al apercibimiento de cierre, brindando un plazo de 24 horas para que la empresa procediera al retiro de alimentos perecederos y tomen las medidas necesarias para evitar el riesgo de incendios u otros accidentes. Así las cosas, en el presente caso se acredita que las autoridades del Ministerio de Salud han atendido de forma diligente los problemas sanitarios que se presentan en la empresa Nombre113797 y con fundamento en la normativa sanitaria vigente han emitido una serie de ordenes sanitarias, las cuáles ha tenido la posibilidad de impugnar el representante legal de la empresa, motivo por el cual se descarta cualquier infracción a las garantías del debido proceso.
Finalmente, se acredita que al 16 de agosto de dos mil once –fecha en que la recurrida brindó el informe- la empresa Nombre113797 S.A. ubicada en Llano del Coyol de Alajuela se encuentra funcionando desobedeciendo con ello la clausura decretada por el Ministerio, motivo por el cual se han realizado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Adjunta de Alajuela. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso, como en efecto se ordena." Poco tiempo después, la actora recurrió ante la Sala Constitucional invocando la arbitrariedad de la orden de cierre, ante lo cual, se dictó el fallo 12223-2011 de las diez horas veinticuatro minutos del 9 de setiembre de 2011, en que se dispuso: "II.- Sobre el derecho. El acto objeto de impugnación del recurso, sea la orden de cierre del establecimiento en donde opera la empresa empresa Nombre113797 Sociedad Anónima, dedicada al procesamiento de desechos animales, no es arbitrario como lo pretende hacer ver el accionante, pues el mismo obedece a que no se han cumplido los requisitos que la ley señala al efecto, tales como el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y se ha confinado la contaminación ambiental que produce la actividad, pese a las advertencias hechas por la institución sanitaria.
Se acreditó que el recurrente inició las actividades de su empresa sin cumplir con los requisitos sanitarios, y por ello la intervención estatal en protección de la salud de las personas y el ambiente. Ahora bien, también se constató que la Administración le notificó las resoluciones al amparado para que ejerciera su derecho de defensa, tan es así que presentó gestiones recursivas que le fueron resueltas oportunamente. Si en la actualidad, como informan bajo juramento los recurridos, la empresa fue clausurada, y aun así se encuentra funcionando en abierta desobediencia a aquella orden, no puede válidamente argumentar el recurrente que se ha violado el debido proceso y derecho de trabajo. La libertad de comercio protegida por los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución, supone el cumplimiento de las normas y requisitos establecidos por ley para garantizar la seguridad de los demás, como lo son las disposiciones sobre contaminación ambiental y la operación de sustancias químicas, de forma que no estima la Sala que se haya actuado de forma arbitraria al clausurarse el negocio en la forma que se hizo." Por todo lo expuesto, el Tribunal descarta, como motivos de invalidez de los actos administrativos cuestionados la existencia de una vía de hecho o una actuación material.
Tampoco se ha producido la transgresión al debido proceso o la indefensión. Mucho menos se encuentra que pueda existir una conducta arbitraria o desviada de sus fines. Como se mencionó al revisar los recursos de revocatoria y apelación interpuestos por la parte actora contó con la posibilidad de recurrir la conducta administrativa del cierre. b) Sobre la responsabilidad del Estado. Inicialmente, la parte actora en su demanda indicó que los daños y perjuicios consistían en lo que la empresa dejó de percibir mientras estuvo cerrada y lo que tuvo que pagar, los clientes que perdió mientras estuvo sin funcionar, pues por la naturaleza de su materia prima los desechos animales deben ser tratados de inmediato, sin que nuestros clientes puedan reservarlos a la espera de que la empresa sea reabierta y pueda continuar operando. Añade que tuvo que continuar con el pago de planillas a sus trabajadores a pesar de que la empresa no estaba produciendo.
Estimó las pérdidas en la suma de ¢130.066.206. Posteriormente, cuando la sociedad accionante amplió hechos y pretensiones de su demanda, requirió los daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la empresa desde el día 20 de noviembre del 2012, al considerar ilegal el acto de clausura dictado contra la empresa Tanatún de la recepción de aguas de terceros. Al respecto el Estado afirma que lo cierto es que el cierre de la empresa no obedece a los actos administrativos que ahora se cuestionan en la ampliación. Considera más bien que en el fondo, lo que pretenden es ocultar las verdaderas razones del cierre. Afirma que la empresa actora pretende aprovecharse de la situación presentada con la empresa la Tuna Tun para imputarle al Ministerio de Salud la supuesta responsabilidad por el cierre de operaciones. No obstante insiste que dicho cierre se debe a su incapacidad para corregir y poner en pleno funcionamiento la planta de tratamiento que exige el ordenamiento jurídico.
Apunta además que aparte del cierre del establecimiento por contaminación ordenado por el Ministerio de Salud, otras instituciones, como la Municipalidad de Alajuela, SENASA Y Nombre113801 habían recomendado su cierre. Por ejemplo, Nombre113801, mediante resolución Nombre113803, de las 9:40 horas del 9 de mayo del 2012, lo recomendó. Considera que tanto Nombre113801 como el Ministerio de Salud, en aplicación de los principios protectores del ambiente han ordenado el cierre de la empresa, mal hizo el Tribunal Contencioso Administrativo en acoger la medida cautelar que le permitió a la empresa actora continuar con su actividad. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le impuso como contracautela, corregir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento dentro del plazo perentorio de 90 días naturales. Y al cumplirse dicho plazo, es lo cierto que la empresa no cumplió con la contracautela por lo que no puede seguir operando.
Rescata lo dispuesto por el canon 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, n.° 7317 del 30 de octubre de 1992, que obliga contar con la planta de tratamiento. Insiste en que si la empresa actora no fue capaz en corregir y poner en pleno funcionamiento la planta de tratamiento requerida para la actividad que desarrolla, ninguna responsabilidad le puede ser imputada al Ministerio de Salud, y, por ende, al Estado por el cierre de la empresa, lo cual, en todo caso, fue una decisión unilateral de la propia empresa actora. Criterio del Tribunal: Conforme lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, a partir de los artículos 190 y siguientes se regula el esquema de responsabilidad objetiva de la Administración que contiene una serie de elementos que deben configurarse para que pueda imponerse la obligación de responder en el ámbito patrimonial al Estado. De ese modo, debe existir una conducta a la que se le pueda atribuir un funcionamiento lícito, ilícito, normal o anormal.
Debe existir un nexo causal entre la conducta atribuida a la Administración y el daño que se alega. Por su parte, este daño debe ser evaluable, individualizable, real y efectivo. Bajo este esquema será analizada la responsabilidad objetiva del Estado que se pide en esta sede. Previo a resolver lo que corresponde, resulta importante destacar, con vista de las pretensiones que fueron ampliadas y aclaradas en dos ocasiones dentro de este proceso, que los actos de los que se requirió nulidad de manera expresa únicamente fueron los ocho actos que se ubican entre el 14 de marzo del 2011 al 4 de julio del 2011, cuya invalidez fue analizada en el apartado anterior. Por lo que resulta obvio, desde la perspectiva cronológica, así como con la pretensión material, que nunca fue requerida la nulidad de los actuaciones subsiguientes al cuatro de julio del dos mil once. Dicho en otras palabras, si bien la parte actora requirió la responsabilidad patrimonial por los hechos ocurridos con posterioridad al cuatro de julio del dos mil once, no invocó ninguna nulidad en sus pretensiones en contra de la concatenación de actos que configuran ese iter procedimental, que incluso desembocó en la vía cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo, no obstante, la parte accionante pretende de allí derivar responsabilidades patrimoniales, no sólo del Estado sino de los funcionarios co accionados.
El Tribunal considera esto de relevancia, pues el análisis de la conducta administrativa para determinar la responsabilidad patrimonial no puede soslayar esta concatenación de actuaciones que obedecen a la prolongación en el tiempo del conflicto ambiental, comunitario y social que se venía prolongando en el tiempo y que a su vez involucraba a varias instituciones públicas. Sin perjuicio de lo anterior, la teoría del caso de la parte accionante pretende soslayar todo este continuum para desprender la responsabilidad del Estado y de los funcionarios el cierre de sus operaciones por la situación presentada con la empresa la Tuna Tun. Del análisis basado en el esquema de responsabilidad, bajo los términos estrictos de la pretensión esgrimida, considera este Órgano Colegiado que no se ha demostrado la existencia de una conducta a la que se le pueda imputar un funcionamiento ilícito o anormal.
La teoría del caso que plantea la sociedad accionante, como ya se indicó se centra en establecer no sólo la causa eficiente, sino el funcionamiento ilegítimo administrativo, lo que ocasionó el cierre de su empresa y los daños y perjuicios que reclama en el marco de los acontecimientos ocurridos con Nombre113805 , así como lo acaecido en sede judicial, con el trámite de la medida cautelar que se presentó, pretendiendo extender dicha responsabilidad de forma completa no sólo al Estado, sino a todos los co demandados. La teoría del caso bajo examen pretende encuadrar el supuesto funcionamiento ilegítimo administrativo en la incidencia ocurrida con la empresa Nombre113805 , si no en el trámite de la medida cautelar, para culminar con la errada conclusión de que esta es la causa eficiente de los daños sufridos por el cierre de operaciones. Como ya se había indicado con anterioridad, el iter procedimental desplegado por la Administración, es el fiel reflejo de la reiterada conducta infractora del ordenamiento jurídico constitucional, administrativo y ambiental por parte de la sociedad accionante.
Por lo tanto, las actuaciones de la Administración no pueden ser vistas de manera aislada, si no que cada uno de los actos deben ser analizados bajo la perspectiva de su validez, en el motivo por el cual fueron emitidos, el contenido del acto y su fin, así como su motivación. Al igual que el resto de elementos formales que conforman cada acto administrativo. En el caso bajo examen la Administración tenía motivos fundados para intervenir, pues la problemática de este caso se venía prolongando en el tiempo. Se debe recordar que las intervenciones administrativas tenían sustento en la protección al medio ambiente, la salud y la vida misma, protegidos todos a nivel constitucional y legal. De igual modo, como se tiene acreditado, la parte accionante había incumplido con sus obligaciones y por esta razón el Ministerio de Salud había intervenido. Esta situación es palpable en el elenco de hechos probados a partir del hecho probado veinticinco de la presente sentencia, que ubica las actuaciones administrativas desplegadas después del cuatro de julio del dos mil once.
Precisamente en esta última fase, el oficio CN-URS-231-2012, del diecisiete de abril del dos mil doce, resulta de relevancia, pues los funcionarios Wilberth Vázquez Bustos y Humberto Espinoza Fonseca del Área Rectora de Salud Alajuela 2, en relación con el seguimiento al cumplimiento del por tanto de la sentencia 199-2012 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, le indican a la Doctora Karina Garita Montoya, en su condición de Directora Regional Central Norte, le indican que los incumplimientos persisten, al respecto el oficio en cuestión indica lo siguiente: "Se transcribe textualmente el punto
VII.Sobre los extremos indemnizatorios. Por la forma en la que se resuelve, al considerarse la inexistencia de responsabilidad objetiva y subjetiva de los accionados en esta sede, resulta innecesario referirse al reconocimiento de los daños y perjuicios alegados en esta sede que fueron modificados en las ampliaciones que siguieron a la presentación de la demanda inicialmente, por las supuestas pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la empresa Prodeca, desde el 20 de noviembre del 2012, a la fecha que se cuantificaran dichos menoscabos.
VIII.Sobre las pretensiones. Pretensión A): Esta pretensión indica lo siguiente: "La actora pretende que se declare que el Estado por actos y conductas imputables al Ministerio de Salud y personalmente a los funcionarios demandados la Doctora Karina Garita Montoya cédula CED90022, Directora de la Región Central Norte; 3) el Químico Wilberth Vásquez Bustos, carnet (sic…) 1055, cédula CED90023. 4) Dr. Ronald Enrique Mora Solano, cédula CED90020, vecino de Mercedes Sur de Heredia, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2; todos funcionarios del Ministerio de Salud Dirección Regional de Salud Central Norte, son responsables de haber emitido informes y órdenes de clausura ilegales, disconformes con el ordenamiento jurídico y absolutamente nulos contra la empresa, y que esa medida de clausura dictada desde el 4 de julio de 2011 era y es absolutamente nula." Conforme a lo expuesto en el considerando VI de la presente sentencia, debe ser rechazada.
Pretensión B): Esta pretensión indica lo siguiente: "B) Conforme a los artículo 42. a) b) y h) del Código Procesal Contencioso Administrativo, pedimos que se declare la disconformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico y la nulidad absoluta de los actos, la conducta o la actuación material, también constitutiva de una vía de hecho, causada por la conducta de cierre arbitrario de la empresa; cierre del que son responsables el Estado y los funcionarios demandados personalmente, la Doctora Karina Garita Montoya cédula CED90022, Directora de la Región Central Norte; 3) el Químico Wilberth Vásquez Bustos, carnet (sic…) 1055, cédula CED90023. 4) Dr. Ronald Enrique Mora Solano, cédula CED90020, vecino de Mercedes Sur de Heredia, director del Área Rectora de Salud Alajuela 2; todos funcionarios del Ministerio de Salud Dirección Regional de Salud Central Norte; quienes cerraron la empresa sin respetar el derecho de la empresa a un debido proceso legal, sin acto administrativo válido ni eficaz.
En consecuencia, que se declaren absolutamente nulos e ineficaces los actos atacados, que son: A. Oficio CN-URS-117-2011, del 4 de marzo del 2011, Informe de Inspección realizada en la Industria Prodeca, suscrito por Wilberth Vásquez Bustos, químico de la Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, Ministerio de Salud. Recomienda clausurar la empresa. B. CN-ARS-A2 -247-2011, del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, del 14 de marzo del 2011, mediante el cual confirmó la Clausura y declaró que colocará los sellos de clausura en dos días. C. DRCN-J-894-2011, 23 marzo 2011 Ministerio de Salud, Región Central Norte, suscrito por Dra. Karina Garita Montoya, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria presentado contra la clausura. D. CN-URS-423-2011 de 20 de junio de 2011 firmada por el químico Wilberth Vázquez Bustos, y el veterinario Humberto Espinoza F., del Ministerio de Salud, Región Central Norte, por el cual confundieron en el punto 8, los valores de emisiones con los valores reglados por el Reglamento de inmisiones.
E. CN-ARS-A2-705-11 de 23 de junio de 2011 por el cual el Técnico Danny García Mora se procedió a notificar a la empresa el apercibimiento de clausurar la empresa en 48 horas. F. CN-ARS-A2-709 -2011, del 28 de junio de 2011, por el que la Dra. Karina Garita advirtió a la empresa que se clausurará en 48 horas. G. CN-ARS-A2 -739-2011 de fecha 4 de julio de 2011, firmado por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, por el que tomó la decisión de clausurar la empresa." Esta pretensión debe ser rechazada con fundamento en lo expuesto en el considerando VI del presente fallo titulado: "Sobre el caso concreto", en el aparte a). Pretensión C: Esta pretensión indica lo siguiente: "C) Se declare que los daños y perjuicios ocasionados por el segundo cierre de Nombre113797 desde el día 20 de noviembre del 2012 a la fecha, son responsabilidad del Ministerio de Salud y responsabilidad personal y solidaria de los funcionarios demandados, por incumplir la medida cautelar otorgada y las resoluciones judiciales dictadas en ese proceso, y en consecuencia, dejar a Nombre113797 sin un lugar dónde tratar sus aguas residuales; hecho que causó la clausura de la empresa." Con fundamento en lo expuesto en el considerando VI, de la presente sentencia apartes b) y c), debe ser rechazada.
Pretensión D: Esta pretensión indica los siguiente: "D) Se condene a los funcionarios demandados y al Ministerio de Salud a sufragar todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la empresa Nombre113797 desde el 20 de noviembre del 2012 a la fecha en que se cuantifiquen los daños y perjuicios." Conforme a lo expuesto en el considerando VI del presente fallo titulado: "Sobre el caso concreto", en los apartes b) y c), debe ser rechazada esta pretensión.
IX.Sobre las excepciones: a) Defensas interpuestas por el Estado: i) falta de derecho: Debe ser acogida conforme se expone en el considerando VI de la presente sentencia. ii) cosa juzgada material en cuanto al alegato de violación al debido proceso: Sin perjuicio que se tiene acreditada la existencia de varios recursos de amparo presentados en sede constitucional relacionados con el caso que nos ocupa y fueron tomados como elementos que confirmaban la inexistencia de la violación al debido proceso, considera el Tribunal, que resulta imposible -desde la perspectiva competencial del canon 49 de la Constitucional- considerar la existencia de “cosa juzgada material”, en virtud de que los procesos se refieren a ámbitos distintos, uno el constitucional y el otro el contencioso administrativo, motivo por el cual debe ser rechazada. De ese modo, el ejercicio del control de legalidad derivado del numeral 49 de la Constitución Política conlleva el análisis del fondo del argumento relativo a la transgresión del debido proceso.
X.Sobre las costas: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo, salvo que apliquen las eximentes dispuestas en el mismo numeral, lo que en el caso bajo examen no se configuró, por lo que se condena a la sociedad actora al pago de ambas costas de este proceso.
Por Tanto
Se rechaza la defensa de cosa juzgada material. Se acoge la defensa de falta de derecho interpuesta por el Estado y los codemandados. En consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por la sociedad Nombre113797 S.A., en contra del ESTADO y los co demandados KARINA GARITA MONTOYA, WILBERTH VÁSQUEZ BUSTOS y RONALD ENRIQUE MORA SOLANO. Son ambas costas a cargo de la actora. NOTIFÍQUESE.
Sergio Mena García Ileana Sánchez Navarro Juan Luis Giusti Soto Constancia: Se hace constar que la co Jueza Ileana Sánchez Navarro participó en el juicio, deliberó esta sentencia y concurre con el voto unánime, el cual no firma por encontrarse ejerciendo su cargo como magistrada suplente en la Sala Constitucional.
*43HXFD4EFNJY61* Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.