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Res. 00084-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 11/02/2021
OutcomeResultado
The appellate court vacated the acquittal in its entirety, including the dismissal of the civil claim for damages, and remanded for a new trial before a newly constituted panel, due to serious evidentiary reasoning errors and contradictions in the judgment.El tribunal de apelación anuló la sentencia absolutoria en todos sus extremos, incluida la acción civil resarcitoria, y ordenó el reenvío a juicio con nueva integración, al encontrar errores graves en la valoración probatoria y contradicciones en el fallo.
SummaryResumen
The Cartago Criminal Sentence Appeals Court overturned the acquittal issued by the Pérez Zeledón Trial Court, which had absolved three defendants of charges for violating the Forestry Law (illegal logging, timber extraction, construction of logging roads in forest, and land-use change) and the Mining Code (illegal material extraction). The appellate court found that the trial judge committed procedural error by failing to properly evaluate decisive evidence, drawing erroneous logical conclusions from the proof, and producing a contradictory judgment. A key eyewitness, an indigenous Cabécar worker, provided direct testimony identifying the defendants and detailing the tree felling, the widening of a logging road using a tractor, and the use of river material for the path. A MINAE geologist clarified that 70 cubic meters of material were extracted, not 70 cubic centimeters, and established environmental harm. The court also overturned the dismissal of the State's civil claim for damages and ordered a retrial before a newly constituted tribunal.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago anuló la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, que había absuelto a tres imputados por delitos de infracción a la Ley Forestal (tala, aprovechamiento maderable, construcción de trochas en bosque y cambio de uso de suelo) e infracción al Código de Minería (extracción ilegal de material), en perjuicio de la Ley Forestal y el Código de Minería. El tribunal de apelación encontró que el juzgador de primera instancia incurrió en error in procedendo por indebida fundamentación al omitir prueba decisiva, realizar una derivación errónea de la prueba y motivar contradictoriamente el fallo. Se determinó que el testigo presencial identificó a los imputados y detalló las acciones ilícitas, que el geólogo del MINAE cuantificó el material extraído como 70 metros cúbicos (no 70 centímetros cúbicos) y que el daño ambiental fue acreditado. Además, se anuló la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria, ordenándose el reenvío para nueva sustanciación con diferente integración.
Key excerptExtracto clave
The arguments presented by the State Attorney and the Public Prosecutor indicate that the trial judge did not analyze the evidence gathered in the adversarial proceedings as a whole, but rather fragmented it arbitrarily. [...] There is an eyewitness to the events, not a hearsay witness as the trial court considered—namely the declarant [Name4], an indigenous Cabécar, who on the most important aspects of the case stated that the property is located in the southeast of the indigenous territory and belongs to [Name1], whom he identified in the courtroom. He added that [Name2] is the farm administrator, and that in March 2016 he went to ask for work as a laborer there and started the next day. He clearly stated that the tree felling was done by [Name2] on [Name2]'s orders, using chainsaws and heavy equipment. [...] Additionally, at the trial, José Luis Sibaja Herrera, a geologist from MINAE, testified that it was 70 cubic meters of material, which can harm the environment, and not 70 cubic centimeters as the judge recorded in the ruling. [...] The reasons the judge gave to artificially dissociate the defendants from the acts lack the weight to counterbalance the evidence and the indicia linking them to the charges; it is readily apparent that the companies are linked to the same owner, just like the two properties, which are really part of a single operation with the same proprietor. Thus, in criminal matters, the flaw in the lower court's logical reasoning is quite evident. Therefore, the two grounds of appeal raised by the State Attorney and the Public Prosecutor are declared with merit. The contested criminal and civil judgment, as well as the trial that preceded it, are annulled. A retrial is ordered before the court of origin with a newly constituted panel in accordance with law.Los alegatos que interpone el procurador, así como el representante del Ministerio Público, en los acápites indicados, señalan que el juzgador no analiza la prueba recabada en el contradictorio y que consta en el expediente como un todo, sino que la fragmenta de manera arbitraria. [...] Existe un testigo presencial de los hechos, y no referencial, como lo consideró el a quo, es decir, el declarante [Nombre4], indígena Cabécar, que en los aspectos más importantes y atinentes al caso manifestó que la propiedad se encuentra en el sureste del territorio indígena y que le pertenece a [Nombre1], a quien señaló en la sala de debates. Agregó que [Nombre2] es el administrador de la finca, y que en marzo de 2016 fue a pedir trabajo como peón a ese lugar, al día siguiente se presentó a trabajar. Fue claro en manifestar que la tala de los árboles la hizo [Nombre2] por encargo de [Nombre2], con motosierras y equipos grandes. [...] Adicionalmente, en el debate, declaró José Luis Sibaja Herrera, geólogo del MINAE, quien determinó que eran 70 metros cúbicos de material y que sí puede afectar el ambiente y no 70 centímetros cúbicos del mismo como asentó el juzgador en el fallo [...]. Las razones que da el juzgador para desligar artificialmente a los autores de los hechos con los mismos no tienen el peso para contrarrestar el peso de la prueba y los indicios que los vinculan con lo descrito en la acusación, se advierte con facilidad que las sociedades están vinculadas al mismo dueño al igual que los dos inmuebles, que en realidad son parte de una sola operación con el mismo propietario, por lo que, tratándose de materia penal, la fisura en el razonamiento lógico del a quo es bastante evidente. Por lo expuesto, se declaran con lugar los dos motivos indicados de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador y el Fiscal de Pérez Zeledón. Se anula la sentencia impugnada en lo penal y en lo civil, así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación a la oficina de origen con nueva integración conforme a derecho.
Pull quotesCitas destacadas
"Existe un testigo presencial de los hechos, y no referencial, como lo consideró el a quo, es decir, el declarante [Nombre4], indígena Cabécar, que en los aspectos más importantes y atinentes al caso manifestó que la propiedad se encuentra en el sureste del territorio indígena y que le pertenece a [Nombre1]."
"There is an eyewitness to the events, not a hearsay witness as the trial court considered—namely the declarant [Name4], an indigenous Cabécar, who on the most important aspects of the case stated that the property is located in the southeast of the indigenous territory and belongs to [Name1]."
Considerando I
"Existe un testigo presencial de los hechos, y no referencial, como lo consideró el a quo, es decir, el declarante [Nombre4], indígena Cabécar, que en los aspectos más importantes y atinentes al caso manifestó que la propiedad se encuentra en el sureste del territorio indígena y que le pertenece a [Nombre1]."
Considerando I
"Las razones que da el juzgador para desligar artificialmente a los autores de los hechos con los mismos no tienen el peso para contrarrestar el peso de la prueba y los indicios que los vinculan con lo descrito en la acusación, se advierte con facilidad que las sociedades están vinculadas al mismo dueño al igual que los dos inmuebles, que en realidad son parte de una sola operación con el mismo propietario, por lo que, tratándose de materia penal, la fisura en el razonamiento lógico del a quo es bastante evidente."
"The reasons the judge gave to artificially dissociate the defendants from the acts lack the weight to counterbalance the evidence and the indicia linking them to the charges; it is readily apparent that the companies are linked to the same owner, just like the two properties, which are really part of a single operation with the same proprietor. Thus, in criminal matters, the flaw in the lower court's logical reasoning is quite evident."
Considerando I
"Las razones que da el juzgador para desligar artificialmente a los autores de los hechos con los mismos no tienen el peso para contrarrestar el peso de la prueba y los indicios que los vinculan con lo descrito en la acusación, se advierte con facilidad que las sociedades están vinculadas al mismo dueño al igual que los dos inmuebles, que en realidad son parte de una sola operación con el mismo propietario, por lo que, tratándose de materia penal, la fisura en el razonamiento lógico del a quo es bastante evidente."
Considerando I
"Se declaran con lugar los dos motivos indicados de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador y el Fiscal de Pérez Zeledón. Se anula la sentencia impugnada en lo penal y en lo civil, así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación a la oficina de origen con nueva integración conforme a derecho."
"The two grounds of appeal raised by the State Attorney and the Public Prosecutor are declared with merit. The contested criminal and civil judgment, as well as the trial that preceded it, are annulled. A retrial is ordered before the court of origin with a newly constituted panel in accordance with law."
Por Tanto
"Se declaran con lugar los dos motivos indicados de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador y el Fiscal de Pérez Zeledón. Se anula la sentencia impugnada en lo penal y en lo civil, así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación a la oficina de origen con nueva integración conforme a derecho."
Por Tanto
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Appeals Court of Criminal Sentencing of Cartago Date of Resolution: February 11, 2021, at 11:00 a.m.
Case File: 16-001313-0219-PE Type of Matter: Criminal appeal Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER Case File: 16-001313-0219-PE* Against: [Name1] and others * Offense: Violation of the Forestry Law and another * Victim: The Forestry Law and another * Res: 2021-084* Appeals Court of Criminal Sentencing of Cartago, Second Section. At eleven hours on February eleventh, two thousand twenty-one.* * Appeal filed in the present case against [Name1] , of legal age, born on February tenth, nineteen sixty-three, with identity card number CED1 - - , [Name2] , of legal age, born on July thirtieth, nineteen fifty-nine, with identity card number CED2 - - , and [Name3] , of legal age, born on May sixth, nineteen eighty-four, with identity card number CED3 - - , for the offenses of Violation of the Forestry Law and Violation of the Mining Code, to the detriment of The Forestry Law and the Mining Code. Judges Jaime Robleto Gutiérrez and Marco Mairena Navarro and Judge Xiomara Gutiérrez Cruz participate in the decision of the appeal. Attorneys José Humberto Fernández González, Criminal Prosecutor, Miguel Brais Quirós, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), Andrés Pérez González, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name1] , and Eduardo Román Gómez, in his capacity as private defense counsel for the defendants [Name2] and [Name3] , appeared in the appeal.* Whereas:* * 1. That by means of judgment 0708-2019 at eight hours fifteen minutes on December third, two thousand nineteen, the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8, second paragraph, of the American Convention on Human Rights; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; numerals 1, 5, 6, 9, 12, 13, 22, 110 of the Criminal Code; Forestry Law number 7575 Article 58 subsection b, section 141 of the Mining Code, 6, 9, 142, 265 to 267, 360, 361, 363, 364, 365, 366 of the Code of Criminal Procedure, 1045, 1046 of the Civil Code, in application of the Universal principle In Dubio Pro-Reo, [Nombre1] , [Nombre2] and [Nombre3] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for an offense of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW in its modalities of LOGGING, TIMBER HARVESTING, CONSTRUCTION OF SKID TRAILS IN FOREST, LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO) and an offense of VIOLATION OF THE MINING CODE in the modality of ILLEGAL EXTRACTION OF MATERIAL that had been attributed to them as committed, in which they participated under the rules of Material Concurrence, to the detriment of the FORESTRY LAW and MINING CODE. The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) is declared without merit, with the right to litigate its exercise being declared plausible. The request for confiscation in favor of the State of the timber existing in what was designated as the corral area is rejected. As a precautionary measure, the immediate cessation of any type of work that may have been carried out on the strip of land established as a forest road is ordered, with the strip of land identified as a forest road having to be restored naturally to its original state. The immediate lifting of any precautionary measure that may have weighed upon those who appeared as defendants in this matter is ordered. Resolved without special award of costs, with the expenses of the criminal proceedings to be borne by the State. Once this judgment becomes final, the archiving of the case is ordered. NOTIFY by reading. Manuel Fallas Calderón Criminal Judge of the Trial Court.- (sic)." * * 2. That against the preceding ruling, attorneys José Humberto Fernández González and Miguel Brais Quirós filed appeals. * * 3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Code of Criminal Procedure, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Sentencing Appeal), the Court considered the issues raised in the appeal.* * 4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.* * Drafted by Judge Robleto Gutiérrez, and;* Considering:* * I.- Attorney José Humberto Fernández González, representative of the State, Direct Victim and Party, of the Office of the Attorney General, based on Articles 1, 3 subsection a), 21 of the Organic Law of the Office of the Attorney General; 103 and 1045 of the Civil Code and the norms on civil liability of the Criminal Code; 33, 34, 58 and 61 of the Forestry Law; 40, 116, 142, 368, 369, 422, 423, 424, 443, 444, 445, of the Code of Criminal Procedure; challenges the questioned judgment, in the first ground of the appeal designated as: error in procedendo.* Improper reasoning due to omission of evidence of decisive value, erroneous derivation, and defective intellectual probative reasoning. For his part, attorney Miguel Brais Quirós, representative of the Public Prosecutor's Office of Pérez Zeledón, based on sections 50 of the Political Constitution; 140, 369, 411, 443, 444, 445, 445 of the Code of Criminal Procedure; in the second ground of his appeal, alleges lack of intellectual reasoning and contradictory reasoning of the ruling. Both reproaches are directed against judgment number 0708-2019 issued by the Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, at 8:15 a.m. on December 3, 2019, a resolution by which, in application of the principle in dubio pro reo, the defendants were acquitted of the offenses attributed to them, as well as the civil action for damages brought by the Office of the Attorney General being declared without merit and the confiscation in favor of the State of the timber existing in what was designated as the corral area being rejected, with the cessation of any type of work that may have been carried out on the strip of land established as a forest road being ordered as a precautionary measure, and the natural strip identified as a forest road having to be restored naturally to its natural state. Resolved without special award of costs. The claims presented by both appellants are similar and therefore must be resolved jointly; they are set forth and granted: The oral hearing was held on June 12, 2020, in hearing room number 6 in the Cartago Courthouse building, starting at 9 in the morning; we, the undersigned judges, appeared at the site, and the parties connected through the Microsoft Teams application. The arguments put forth by the attorney, as well as the representative of the Public Prosecutor's Office, in the indicated sections, state that the judge does not analyze the evidence gathered in the adversarial proceedings and contained in the case file as a whole, but rather fragments it arbitrarily. From the documentary evidence admitted at the hearing, there is no doubt that the company owning the [Address1] , where the environmental damage occurs, belongs to UAKISI SOCIEDAD ANÓNIMA, whose legal representative is the defendant [Name1] , whose commercial activity is livestock farming. The trial court seemingly overlooks that the complaint originates from the CHINA KICHA Indigenous Development Association, with the property being situated on its boundaries and within a primary forest, with efforts by the CHINA KICHA Indigenous Development Association to recover that land, in the La Amistad sector, [Address2] , [Address3] . Taking that situation as a framework, there is an eyewitness to the events, and not a hearsay witness, as the trial court considered, that is, the declarant [Name4] , a Cabécar indigenous person, who, in the most important and pertinent aspects of the case, stated that the property is located in the southeast of the indigenous territory and that it belongs to [Name1] , whom he pointed out in the hearing room. He added that [Name2] is the farm administrator, and that in March 2016 he went to that place to ask for work as a laborer, and he started working the next day. He was clear in stating that the logging of the trees was done by [Name2] on behalf of [Name2] , with chainsaws and large equipment. He indicated that there were thirteen laborers; he said that this forest has not been touched for about 500 years and that the trees are 40 or 50 meters high. He declared that in the virgin forest there was logging of primary trees, which are 100, 150 years old or more; the species were Pilón and Ojoche. He also indicated that a skid trail (trocha) was made in the middle of the forest by order of *"[Name5] and [Name2] ” [sic], the skid trail existed, but it was not so wide; a yellow tractor was used; before it measured about 3 meters and now about 8 meters wide; he believes it was done to continue extracting timber and continue with the logging. The witness said that the environment was indeed damaged and they knocked down many secondary trees that were around the alley; the skid trail is about 300 or 400 meters long. There are deer, coatis, armadillos, iguanas, birds, among others. The color of the forest soil is black, but they threw river material, stones and sands, on it, so that vehicles could enter; that material comes from the other farm owned by [Name1] and was extracted near the General River. The declarant said that he observed [Name2] and two others cutting the trees, also that [Name2] obeyed [Name5] , and that his boss was [Name1] . Furthermore, that the vehicle was driven by [Name3] . He provided the information that the trees were sawn where they fell and that it seems to him the timber was used to build a corral at the entrance to the farm. Contrary to what the judge reasoned to establish a doubt in favor of the accused, since he said that the witness [Name4] , did not see any of the defendants carrying out any action described in the accusation, it is the opposite; the declarant stated that the one who gave the order to cut down the trees was the farm administrator, namely [Name2] , who in turn obeyed instructions from the owner, namely the defendant [Name1] , and the fact that he did not carry out a physical action in the charged illegal acts does not detach him, criminally and civilly, from his participation in them; furthermore, the declarant expressly pointed to the accused [Name3] as the person who drove the vehicle in these events, so there is a gross error in the logical derivation of the evidence, and both appellants so indicate. Additionally, during the hearing, José Luis Sibaja Herrera, geologist from MINAE, testified; he determined that it was 70 cubic meters of material and that it can indeed affect the environment, and not 70 cubic centimeters as the judge noted in the ruling; the essential point is that the expert established that the material from the General River is different from that of the Pacuare River, and that the General River passes through there. The declarant [Name6] , testified in his capacity as park ranger, that he determined that river material had also been used in the corral, in addition to the skid trail; that none of what was logged had forestry authorization; he explained the photographs from his report and mentioned a significant detail: when he arrived he did not observe cattle, but did see "cattle dung," this can be understood because the official's inspection was not a surprise, and his 34 years of experience at MINAE allowed him to answer a question from the representative of the Office of the Attorney General that the logged species had commercial value for construction and he also determined the environmental damage, additional to the logging, in the hummus in the soil. The reasons given by the judge to artificially detach the perpetrators from the acts do not have the weight to counteract the weight of the evidence and the indications linking them to what is described in the accusation; it is easily noticed that the companies are linked to the same owner, as are the two properties, which in reality are part of a single operation with the same owner; therefore, in criminal matters, the fissure in the trial court's logical reasoning is quite evident. On the other hand, the legal representative of the Office of the Attorney General also challenged the declaration without merit of the civil action for damages in favor of the State; when he filed it on January 14, 2019, the attorney expressly estimated the damages in the prudent and preliminary sum of one million colones plus interest from the moment of filing the civil action for damages and the procedural costs. And he indicated that he needed more evidentiary elements to specify the damages. According to the trial record of December 2, 2019, starting at 13:53, the representative of the Office of the Attorney General requests that the company UAKISI SOCIEDAD ANÓNIMA and [Name1] be condemned in the abstract regarding the Civil Action for Damages and costs; however, in the digital record of the hearing, it is not limited solely to those mentioned above, so it must be understood that it is directed against all. The defense counsel for [Name1] argued a tacit withdrawal of the Civil Action for Damages. From the foregoing, it is inferred that the Office of the Attorney General presented, in the concluding stage, its claim in the abstract against all the criminal and civil defendants,* and, unlike what the defense attorneys allege, this is not* a case of tacit withdrawal; so much so that the Court did not consider the civil action for damages withdrawn, but rather declared it without merit, because it considered that the causal link to establish extracontractual civil liability could not be proven; but that situation has changed according to what was resolved on appeal, and the civil aspects will be evaluated again in the retrial, so the Civil Action for Damages brought by the Office of the Attorney General will be the subject of the new hearing. On the other hand, despite the fact that the Prosecutor of Pérez Zeledón filed two atypical precautionary measures to avoid further damages in this case, the Court resolved them on the merits, which entailed a strange decision, where it acquitted the defendants due to doubt but ordered them (in some manner) to cease the harmful activities and restore things to their previous state, which generates a contradictory resolution; reading the ruling in another way would imply that the resolved matter is directed at no particular person, which would border on the absurd. For the reasons stated, the two indicated grounds of the appeals filed by the Attorney and the Prosecutor of Pérez Zeledón are granted. The challenged judgment is annulled in its criminal and civil aspects, as well as the hearing that preceded it. A remand for new proceedings is ordered to the office of origin with a new panel in accordance with the law. * THEREFORE* The two indicated grounds of the appeals filed by the Attorney and the Prosecutor of Pérez Zeledón are granted. The challenged judgment is annulled in its criminal and civil aspects, as well as the hearing that preceded it. A remand for new proceedings is ordered to the office of origin with a new panel in accordance with the law. Notify.* schaves* * JAIME ROBLETO GUTIERREZ - DECIDING JUDGE [Nombre8] MARCO MAIRENA NAVARRO - DECIDING JUDGE XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - DECIDING JUDGE Judicial Circuit of Cartago Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]* It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 00:00:13.
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL * Contra: [Nombre1] y otros * Delito: Infracción a la Ley Forestal y otro * Ofendido: La Ley Forestal y otro * Res: 2021-084* Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las once horas del once de febrero de dos mil veintiuno.* * Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el diez de febrero de mil novecientos sesenta y tres, con cédula de identidad número CED1 - - , [Nombre2] , mayor, nacido el treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, con cédula de identidad número CED2 - - , y [Nombre3] , mayor, nacido el seis de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, con cédula de identidad número CED3 - - , por los delitos de Infracción a la Ley Forestal e Infracción al Código de Minería, en perjuicio de La Ley Forestal y el Código de Minería. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro y la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz. Se apersonaron en apelación los licenciados José Humberto Fernández González, Procurador Penal, Miguel Brais Quirós, representante del Ministerio Público, Andrés Pérez González, en su condición de defensor particular del encartado [Nombre1] , y Eduardo Román Gómez, en calidad de defensor particular de los imputados [Nombre2] y [Nombre3] .* Resultando:* * 1. Que mediante sentencia 0708-2019 de las ocho horas quince minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; numeral 1, 5, 6, 9, 12, 13, 22, 110 del Código Penal; Ley Forestal número 7575 artículo 58 inciso b, ordinal 141 del Código de Minería, 6, 9, 142, 265 a 267, 360, 361, 363, 364, 365, 366 del Código Procesal Penal, 1045, 1046 del Código Civil, en aplicación del principio Universal In Dubio Pro-Reo, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre3] , de un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en su modalidad de TALA, APROVECHAMIENTO MADERABLE, CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS EN BOSQUE, CAMBIO DE USO DE SUELO y un delito de INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE MINERÍA en la modalidad de EXTRACCIÓN ILEGAL DE MATERIAL que se les venía atribuyendo como cometido, mismos que participaban bajo las reglas del Concurso Material, en perjuicio de LEY FORESTAL y CÓDIGO DE MINERÍA. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria impulsada por la Procuraduría General de la República, declarándose plausible para litigar su ejercicio. Se rechaza la solicitud de comiso en favor del Estado, de la madera existente en lo que se denominó área de corral. Cómo medida cautelar, se ordena el cese inmediato de tipo de trabajo que se hubiese efectuado en la franja de tierra establecida como camino de bosque, teniéndose que restablecer de forma natural a su estado original la franja de tierra identificada como camino de bosque. Se ordena el cese inmediato de toda medida cautelar, que hubiese pesado sobre quiénes figuraron como acusados en este asunto. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Una vez firme la presente sentencia se ordena el archivo de la causa. NOTIFÍQUESE mediante lectura. Manuel Fallas Calderón Juez Penal del Tribunal de Juicio.- (sic)." * * 2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados José Humberto Fernández González y Miguel Brais Quirós interpusieron los recursos de apelación. * * 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.* * 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.* * Redacta el Juez Robleto Gutiérrez, y;* Considerando:* * I.- El licenciado José Humberto Fernández González, representante del Estado, Ofendido Directo y Parte, de la Procuraduría General de la República, con base en los artículos 1, 3 inciso a), 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 103 y 1045 del Código Civil y las normas sobre responsabilidad civil del Código Penal; 33, 34, 58 y 61 de la Ley Forestal; 40, 116, 142, 368, 369, 422, 423, 424, 443, 444, 445, del Código Procesal Penal; fustiga la sentencia cuestionada, en el primer motivo del recurso de apelación denominado: error in procedendo.* Indebida fundamentación por omisión en la prueba de valor decisivo, derivación errónea y motivación probatoria intelectiva defectuosa. Por su parte, el licenciado Miguel Brais Quirós, representante del Ministerio Público de Pérez Zeledón, con fundamento en los ordinales, 50 de la Constitución Política; 140, 369, 411, 443, 444, 445, 445 del Código Procesal Penal; en el segundo motivo de su recurso de apelación, denuncia falta de fundamentación intelectiva y motivación contradictoria del fallo. Ambos reproches se dirigen contra la sentencia número 0708-2019 dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, de las 8:15 horas del 3 de diciembre de 2019, resolución mediante la cual, en aplicación del principio in dubio pro reo se absolvió a los encartados de los delitos que se les venía atribuyendo, así como se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República y se rechazó el comiso en favor del Estado, de la madera existente en lo que se denominó área de corral, dictándose como medida cautelar, el cese de todo tipo de trabajo que se hubiese efectuado en la franja de tierra establecida como camino de bosque, teniéndose que restablecer de forma natural a su estado natural la franja natural identificada como camino de bosque. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Los reclamos que presentan ambos impugnantes son similares y por ello deben ser dirimidos de consuno, se consignan y se declaran con lugar: La audiencia oral se realizó el 12 de junio de 2020, en la sala de debates número 6 en el edificio de los Tribunales de Cartago, a partir de las 9 de la mañana, los suscritos jueces nos apersonamos al sitio, las partes se conectaron a través de la aplicación Microsoft Teams. Los alegatos que interponen el procurador, así como el representante del Ministerio Público, en los acápites indicados, señalan que el juzgador no analiza la prueba recabada en el contradictorio y que consta en el expediente como un todo, sino que la fragmenta de manera arbitraria. De la prueba documental admitida en el debate, no cabe duda que la empresa propietaria del [Dirección1] , donde ocurre el daño ambiental, pertenece a UAKISI SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo representante legal es el imputado [Nombre1] , cuya actividad comercial es la explotación ganadera. El a quo pareciera soslayar que la denuncia proviene de la Asociación de Desarrollo Indígena CHINA KICHA, siendo que el fundo está situado en los límites de la misma y dentro de un bosque primario, con esfuerzos por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena CHINA KICHA para recuperar esa tierra, en el sector la Amistad, [Dirección2] , [Dirección3] . Teniendo como marco esa situación, existe un testigo presencial de los hechos, y no referencial, como lo consideró el a quo, es decir, el declarante [Nombre4] , indígena Cabécar, que en los aspectos más importantes y atinentes al caso manifestó que la propiedad se encuentra en el sureste del territorio indígena y que le pertenece a [Nombre1] , a quien señaló en la sala de debates. Agregó que [Nombre2] es el administrador de la finca, y que en marzo de 2016 fue a pedir trabajo como peón a ese lugar, al día siguiente se presentó a trabajar. Fue claro en manifestar que la tala de los árboles la hizo [Nombre2] por encargo de [Nombre2] , con motosierras y equipos grandes. Indicó que eran trece peones, dijo que esa montaña tiene como 500 años de no haberse tocado y que los árboles son de 40 o 50 metros de altura. Declaró que en la montaña virgen hubo una tala de árboles primarios, que tienen 100, 150 años o más, las especies eran Pilón y Ojoche. Indicó además que se hizo una trocha en medio de la montaña por orden de *“[Nombre5] y [Nombre2] ” [sic], la trocha existía, pero no era tan ancha, se utilizó un tractor amarillo, antes medía como 3 metros y ahora como 8 metros a lo ancho, él cree que se hizo para seguir sacando madera y continuar con la tala. El testigo dijo que sí se dañó el medio ambiente y tiraron muchos árboles secundarios que estaban alrededor del callejón, la trocha es como de 300 o 400 metros. Hay venados, pizotes, armadillos, iguanas, aves, entre otros. El color del suelo de la montaña es negro, pero le tiraron material del río, piedras y arenas, para que entren los carros, ese material viene de la otra finca que tiene [Nombre1] y se extrajo cerca del río General. El declarante dijo que observó a [Nombre2] y a dos más cortando los árboles, también que [Nombre2] obedecía a [Nombre5] , y que el jefe de este era [Nombre1] . Además, que el carro lo manejaba [Nombre3] . Suplió el dato de que los árboles los aserraban donde caían y que le parece que la madera fue empleada para hacer un corral en la entrada de la finca. Contrario a lo que razonó el juez para establecer una duda en favor de los sindicados, ya que dijo que el testigo [Nombre4] , no vio a ninguno de los imputados realizando ninguna acción descrita en la acusación, es lo opuesto, el declarante manifestó que quien dio la orden de talar los árboles fue el administrador de la finca, sea [Nombre2] , quien a su vez obedecía instrucciones del del dueño, sea el encartado [Nombre1] , y el hecho de que este no haya desplegado una acción física en los ilícitos acusados no lo desliga penal y civilmente de su participación en los mismos; además el declarante señaló expresamente al acusado [Nombre3] como la persona que manejaba el vehículo en estos hechos, de tal manera que existe un craso error en la derivación lógica de la prueba y así lo señalan ambos impugnantes. Adicionalmente, en el debate, declaró José Luis Sibaja Herrera, geólogo del MINAE, quien determinó que eran 70 metros cúbicos de material y que sí puede afectar el ambiente y no 70 centímetros cúbicos del mismo como asentó el juzgador en el fallo, lo esencial es que el experto estableció que el material del río General es distinto al del río Pacuare, y que por ahí pasa el río General. El declarante [Nombre6] , testificó en su condición de guarda parques, que determinó que se había utilizado material de río también en el corral, además de la trocha, que nada de lo talado, tenía autorización forestal, explicó las fotografías de su informe y dijo un detalle significativo, que cuando llegó no observó ganado, pero sí “boñiga de ganado”, esto se puede entender, porque la inspección del funcionario no fue sorpresiva, y sus 34 años de experiencia en el MINAE le permitieron contestar a una pregunta del representante de la Procuraduría que las especies taladas tenían valor comercial para la construcción y además determinó el daño ambiental, adicional a la tala en el hummus en la tierra. Las razones que da el juzgador para desligar artificialmente a los autores de los hechos con los mismos no tienen el peso para contrarrestar el peso de la prueba y los indicios que los vinculan con lo descrito en la acusación, se advierte con facilidad que las sociedades están vinculadas al mismo dueño al igual que los dos inmuebles, que en realidad son parte de una sola operación con el mismo propietario, por lo que, tratándose de materia penal, la fisura en el razonamiento lógico del a quo es bastante evidente. Por otra parte, el representante legal de la procuraduría también impugnó la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria en favor del Estado, cuando interpuso la misma el 14 de enero de 2019, el procurador estimó de manera expresa los daños en la suma prudencial y preliminar de un millón de colones más intereses desde el momento de la interposición de la acción civil resarcitoria y las costas procesales. Y consignó que necesitaba más elementos de juicio para concretar los daños y perjuicios. De acuerdo al acta de juicio de 2 de diciembre 2019, a partir de las 13:53 horas, el representante de la Procuraduría General de la República solicita se condene en abstracto en cuanto a la Acción Civil Resarcitoria y costas a la empresa UAKISI SOCIEDAD ANÓNIMA y a [Nombre1] , sin embargo en soporte digital de la audiencia no se limita únicamente a los aludidos supra, por lo que debe entenderse que se dirige contra todos . El defensor de [Nombre1] alegó un desistimiento tácito de la Acción Civil Resarcitoria. De lo anterior se colige que la Procuraduría General de la República, presentó en etapa de conclusiones su pretensión en abstracto contra todos los querellados y demandados civiles,* y, a diferencia de lo que alegan los defensores, no se* está en el supuesto de un desistimiento tácito; tanto es así que el Tribunal no tuvo por desistida la acción civil resarcitoria, sino que la declaró sin lugar, porque estimó que no se logró probar el nexo causal para establecer la responsabilidad civil extracontractual, pero, esa situación ha cambiado conforme a lo resuelto en apelación, y los aspectos civiles van a ser evaluados nuevamente en el juicio de reenvío, por lo que la Acción Civil Resarcitoria que planteó la Procuraduría General de la República será objeto del nuevo debate. Por otra parte, pese a que el Fiscal de Pérez Zeledón interpuso dos medidas cautelares atípicas para evitar mayores daños en esta causa, el Tribunal las resolvió con el fondo del asunto, lo que conllevó una decisión extraña, en donde absolvió a los imputados por duda pero les ordenó (de alguna manera) el cese de las actividades dañinas y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, lo que genera una resolución contradictoria, leer el fallo de otra manera implicaría que lo resuelto está dirigido a ninguna persona en particular, lo que rayaría en lo absurdo. Por lo expuesto, se declaran con lugar los dos motivos indicados de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador y el Fiscal de Pérez Zeledón. Se anula la sentencia impugnada en lo penal y en lo civil, así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación a la oficina de origen con nueva integración conforme a derecho. * POR TANTO* Se declaran con lugar los dos motivos indicados de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador y el Fiscal de Pérez Zeledón. Se anula la sentencia impugnada en lo penal y en lo civil, así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación a la oficina de origen con nueva integración conforme a derecho. Notifíquese.* schaves* * JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre8] MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]*
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